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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 113, de 26/03/2024
cve: BOCG-15-D-113
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de marzo de 2024
Núm. 113
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la conmemoración de los 20 años del atentado terrorista 11-M ... (Página7)
161/000491 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la reprobación del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos Tortajada ...
Comisión de Defensa
161/000477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer una senda de crecimiento del presupuesto de Defensa hasta alcanzar el 2 % sobre PIB ...
161/000486 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para acelerar la producción de los Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8×8 Dragón ... (Página12)
161/000497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reconocimiento a la labor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) como principal centro docente militar ...
161/000498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (FEINDEF)... (Página16)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000485 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar un análisis de la vulnerabilidad de toda la red de carreteras española, para cuantificar la amenaza real de los
impactos vinculados al cambio climático... (Página18)
161/000487 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso del proyecto de construcción de la nueva dársena en El Gorguel (Cartagena)... (Página19)
161/000507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar un corredor ferroviario entre
Andalucía y el Algarve a través de una línea de Alta Velocidad entre Sevilla-Huelva-Faro... (Página22)
161/000508 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para evitar el efecto barrera provocado por las vías de tren en la entrada de Totana ... (Página23)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000481 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para apoyar al deporte español con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 .... (Página24)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000482 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la democracia en el trabajo y los derechos de participación de las personas trabajadoras ... (Página25)
161/000502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre políticas de empleo innovadoras intergeneracionales y con perspectiva de género ...... (Página27)
161/000510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en defensa del empleo y en contra de la deslocalización industrial en el complejo industrial de SABIC en Cartagena ... (Página28)
Comisión de Industria y Turismo
161/000473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para desarrollar una planificación eléctrica que impulse al sector industrial ..... (Página30)
161/000474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas para solucionar los problemas que garanticen la continuidad de la factoría SABIC en la Región de Murcia ...
161/000489 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el estudio de la mejora y desarrollo de los Paradores de Turismo de España ... (Página36)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la inclusión financiera de las personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas ... (Página39)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la promoción del producto nacional en los mercados extranjeros tras la revisión del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión Europea ...
161/000480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la protección de los cítricos valencianos ... (Página45)
161/000503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el impulso de la reforma de la Política Pesquera Común para garantizar la viabilidad de las flotas pesqueras .... (Página47)
161/000506 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para revisar los niveles de sustancias no permitidas por la UE detectadas en alimentos procedentes de países terceros ...
Comisión de Política Territorial
161/000509 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reivindicar la solidaridad interregional como valor constitucional ... (Página51)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la rehabilitación y conservación de la Pontella da Ínsua do Maiordomo... (Página52)
161/000499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de medidas que ayuden a seguir mitigando la sequía que sufre nuestro país... (Página55)
161/000505 Proposición no de Le presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,y relativa a la cuantificación de los sedimentos fluviales en presas y embalses y la capacidad real de almacenamiento de recursos hídricos ...
Comisión de Cultura
161/000478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la rehabilitación y conservación de la Pontella da Ínsua do Maiordomo... (Página58)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000488 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar una protección más eficaz a todo ciudadano español respecto a sus datos de carácter personal y sobre la nueva política de cookies...
161/000490 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al uso de la inteligencia artificial y del contrato de empresas cómplices del genocidio que Israel está ejerciendo contra la población de
Gaza ... (Página62)
Comisión de Sanidad
161/000476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de avances reales en el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión pulmonar en el Sistema Nacional de Salud ...
161/000495 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, a la seguridad alimentaria y el consumo de insectos ... (Página68)
161/000496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección de la objeción de conciencia sanitaria ... (Página72)
161/000500 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prevención y atención de las infecciones por el VIH y las ITS ... (Página76)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar una universidad de excelencia, competitiva y de calidad formativa e investigadora en el nuevo modelo de promoción de los
cuerpos docentes universitarios ... (Página78)
161/000493 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el desarrollo de un entorno favorable a la innovación empresarial ... (Página79)
Comisión de Igualdad
161/000492 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la visibilidad, diagnóstico y tratamiento integral de la endometriosis ... (Página83)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000501 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal ... (Página83)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/000072 Pregunta formulada por los Diputados Fernando De Rosa Torner (GP), Huguet Tous, Pedro Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Moro Almaraz, María Jesús (GP), sobre previsiones acerca de cambiar el modelo de acceso a la carrera
judicial y fiscal ... (Página86)
181/000073 Pregunta formulada por los Diputados Fernando De Rosa Torner (GP), Huguet Tous, Pedro Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP) y Moro Almaraz, María Jesús (GP), sobre previsiones acerca de cesar al Fiscal General del Estado, don Álvaro
Ortiz, ante el incumplimiento de las funciones y según lo previsto en el artículo 31 d) del EOMF ... (Página87)
Comisión de Industria y Turismo
181/000079 Pregunta formulada por los Diputados Juan Luis Pedreño Molina (GP) y Guardiola Salmerón, Mirian (GP), sobre previsiones acerca de reunirse con el Gobierno de Arabia Saudí, propietaria mayoritariamente de SABIC, para impedir que se
produzca la deslocalización completa de la factoría SABIC en Cartagena, para un futuro inmediato ... (Página88)
Comisión de Sanidad
181/000074 Pregunta formulada por las Diputadas Ana María Pastor Julián (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre motivos reales por los que cumplidos cien días al frente del Ministerio de Sanidad, Mónica García no ha materializado
aún solución real alguna a los problemas y necesidades por las cuales los médicos iniciaron una huelga hace un año en Ceuta y Melilla ... (Página88)
181/000075 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Román Jasanada (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre fundamentación de la 'respuesta' comprometida por la Ministra de Sanidad a las 'guardias de 24 horas' en el Sistema
Nacional de Salud, así como consenso de dicha respuesta con las Comunidades Autónomas y los representantes de los profesionales sanitarios ... (Página89)
181/000076 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre motivos reales por los que cumplidos cien días al frente del Ministerio de Sanidad, Mónica García no ha
materializado aún solución real alguna a las elevadas demoras en el acceso a las innovaciones terapéuticas en todo el Sistema Nacional de Salud ... (Página89)
181/000077 Pregunta formulada por los Diputados Rafael Benigno Belmonte Gómez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas que va a diseñar e implementar el Ministerio de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al compromiso
adquirido por la Ministra el 04/03/2024 de hacer que el Sistema Nacional de Salud esté 'plenamente descarbonizado' de cara al 2050 ... (Página89)
181/000078 Pregunta formulada por las Diputadas Esperanza Reynal Reillo (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre redacción, recursos, plazos de presentación y otros elementos de los 'libros de buenas prácticas de gestión' o 'libros
blancos de gestión', comprometidos el 01/03/2024 por el Secretario de Estado de Sanidad para reducir las listas de espera en todo el Sistema Nacional de Salud ... (Página90)
181/000081 Pregunta formulada por las Diputadas Elvira Velasco Morillo (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones del Ministerio de Sanidad acerca de impulsar en algún momento alguna medida de utilidad real para 'que se
llegue hasta el final y caiga del primero al último' en relación con 'el negocio obsceno con las mascarillas de la trama socialista del caso Delorme, en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando todos los españoles estábamos con un nudo en la
garaganta y los profesionales sanitarios dejándose la piel y la vida', tal y como ha planteado la Ministra de Sanidad ... (Página90)
181/000082 Pregunta formulada por los Diputados María del Mar Vázquez Jiménez (GP) y Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), sobre medidas, en el contexto de las informaciones sobre las irregularidades en las compras de mascarillas realizadas
desde el Gobierno durante la pandemia de COVID-19, que va a implementar el Ministerio de Sanidad para dar cumplimiento efectivo a la idea planteada por la Ministra de Sanidad el 05/03/2024 de 'nunca más mordidas y comisionistas con el dinero de la
Sanidad' ... (Página90)
181/000083 Pregunta formulada por los Diputados María del Mar Vázquez Jiménez (GP) y Cavacasillas Rodríguez, Antonio (GP), sobre medidas, en el contexto de las informaciones sobre las irregularidades en las compras de mascarillas realizadas
desde el Gobierno durante la pandemia de COVID-19, que va a implementar el Ministerio de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al compromiso adquirido por la Ministra de Sanidad el 05/03/2024 de hacer del Ministerio de Sanidad 'un muro de
contención contra la corrupción sanitaria' ... (Página91)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/005277 Autor: Errejón Galván, Íñigo Micó Micó, Àgueda Santiago Romero, Enrique Fernando González López, Nahuel
Agresión ultra en las fiestas de la Magdalena (Castellón) el día 02/03/2024 ... (Página91)
184/005697 Autor: Velarde Gómez, Martina
Cambio de criterio del Gobierno en relación con las protestas de colectivos vinculados a la defensa de las pensiones, así como de otros colectivos, por no poder concentrarse frente al Congreso de los Diputados, ni poder atender allí a los
diputados y diputadas o a la prensa ... (Página93)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/000470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración de los 20 años
del atentado terrorista 11-M para su debate en la Comisión de Constitucional.
Exposición de motivos
Se cumplen el vigésimo aniversario de los atentados terroristas del 11 de marzo, el mayor acto de violencia en la historia de nuestro país y el segundo más devastador en Europa.
Entre las 7:36h y las 7:40h del jueves 11 de marzo de 2004, diez explosiones casi simultáneas sacudieron cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid, transportando a cientos de trabajadores y estudiantes. Estos actos cobraron la vida
de 193 personas, hirieron a más de 2.000 y dejaron a un centenar con secuelas incapacitantes de por vida.
El trabajo de los cuerpos sanitarios, bomberos y de seguridad, junto con el apoyo de los vecinos y vecinas de la zona fue ejemplar, lo que posibilitó la supervivencia de muchas de las víctimas, la rápida identificación de los fallecidos y
evitó una masacre mayor con la detonación de dos artefactos que no habían estallado, y que permitieron realizar las primeras pesquisas para la identificación de los autores.
Se calcula que fueron 11 millones de personas las que tomaron las calles de toda España el 12 de marzo. En Madrid, más de dos millones de personas; en Barcelona, millón y medio, un seguimiento masivo en todas las ciudades y pueblos de
España. Bajo el lema 'Con las víctimas, con la Constitución y contra el terrorismo', la ciudadanía salió a dar la cara a la barbarie del terrorismo tras la masacre sufrida. Además del apoyo internacional, como se pudieron apreciar en las
concentraciones de Berlín, frente a la Puerta de Brandeburgo hasta la Embajada española para expresar su solidaridad y condolencias, en París, en la plaza de la Bolsa en Bruselas, en Ginebra frente a la sede de Naciones Unidades, en Londres en la
céntrica Plaza de Trafalgar o en New York frente a la sede del Instituto Cervantes.
Sin embargo, el atentado yihadista fue más que una masacre; puso a prueba la democracia española. Los días que siguieron entre el 11 y el 14 de marzo de 2024, así como
los dos años posteriores, marcados por desinformación y mentiras, hasta la celebración del juicio, son cruciales para el análisis de la historia democrática de nuestro país.
Inicialmente, las miradas se dirigieron hacia ETA, pero las investigaciones judiciales y policiales, junto con la propia ETA en una rueda de prensa, descartaron su participación. El Ministerio del Interior y la Moncloa, presidida por José
María Aznar, estuvieron informados desde el principio, sin embargo, Aznar se aferró a la autoría de ETA, incluso presionando a los medios de comunicación para respaldar su teoría, según las informaciones publicadas. Unas presiones también ejercidas
hacia el director del CNI con el fin de que este no hiciera pública la información de la que disponía sobre la autoría, llegando a presentarse una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la versión conspirativa, manipulando
así las instituciones internacionales y al servicio exterior del estado.
Es importante recordar que el atentado del 11-M coincidió con el reciente apoyo del gobierno del Partido Popular a la invasión de Irak liderada por George W. Bush y Tony Blair. Bush informó en aquellos días que los servicios de inteligencia
estadounidenses sugerían otra autoría para los hechos.
Asimismo, es importante resaltar que el presidente del Gobierno rehusó a convocar a las diversas fuerzas políticas para informar sobre los acontecimientos. Muchos ciudadanos, al salir a las calles a protestar, manifestaron sentir que su
gobierno no les está comunicando toda la información disponible.
Tras la victoria electoral del 14 de marzo del Partido Socialista, se desató una teoría de conspiración para deslegitimar los resultados electorales. Durante años, medios de comunicación afines al Partido Popular, en colaboración con este,
promovieron esta teoría, generando una polarización y desconfianza en la sociedad.
Estas acciones de deslegitimación llevaron al cuestionamiento de jueces, fiscales, policías y periodistas, que se vieron atacados personal y profesionalmente.
La polarización y la desinformación también contaminaron el juicio, celebrado entre febrero y julio de 2007.
Sin embargo, el magistrado Gómez Bermúdez, presidente del Tribunal, ha destacado recientemente que algunos medios, junto con el Partido Popular, difundieron conscientemente falsedades, sin una base sólida que las respaldara.
En el vigésimo aniversario de este evento, es crucial reflexionar sobre estos acontecimientos, recordar a las víctimas y reconocer la importancia de la verdad y la transparencia en la preservación de nuestra democracia.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su firme compromiso y solidaridad con la memoria de las víctimas y sus familiares del ataque terrorista del 11-M.
2. Reconoce y enaltece la dignidad cívica y la eficiencia de los cuerpos sanitarios, policiales y judiciales, como un ejemplo destacado de la respuesta colectiva de nuestra nación ante la tragedia.
3. Rechaza de manera contundente cualquier tipo de teoría de la conspiración relacionada con los autores materiales e intelectuales del atentado terrorista. Asimismo, expresa su pleno respaldo a las víctimas del atentado, quienes han sido
revictimizadas injustamente. Además, se solidariza con los policías, jueces y periodistas que, durante años, han sido objeto de acoso y deslegitimación profesional'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la reprobación del presidente
del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos Tortajada, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Desde su nombramiento en 2018, el Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha estado rodeado por la polémica.
A su designación, que se produjo cuando era miembro de la ejecutiva federal del PSOE, se unió que era y aún es Presidente del Patronato de la Fundación SISTEMA del Partido Socialista.
Expresidentes del CIS, catedráticos de prestigio, politólogos y expertos del sector,mayoritariamente denuncian las apreciaciones de parcialidad y la ausencia de rigor científico que se han acumulado en el CIS desde el nombramiento de José
Félix Tezanos.
Los estudios del CIS desde su llegada constatan sus pronósticos siempre equivocados y siempre con un sesgo a la izquierda, sobrevalorando por sistema el voto de la izquierda en cada una de las encuestas que ha realizado y errando
estrepitosamente en sus predicciones demoscópicas con el único objetivo de crear un estado de opinión que movilice a los votantes de su partido.
Es enormemente grave el deterioro del prestigio del CIS, bajo la presidencia del Sr. Tezanos así como el sectarismo ideológico que ha impuesto en esa institución.
Pero tanto más grave es que sin la más elemental objetividad y neutralidad por el cargo que ostenta, se dedique a criticar e insultar por escrito a los dirigentes y votantes del Partido Popular.
Esta actitud no es aislada, ya es reiterada a lo largo de los últimos años. Desde llamar 'tabernarios' a los votantes madrileños, dudar de la capacidad de la presidenta Ayuso, pasando por equiparar al centro derecha y al Partido Popular con
el partido nazi. Pero esa actitud reprobable ha subido en su último artículo en la revista Temas correspondiente a marzo, titulado Nuevas encrucijadas y tendencias electorales, donde insulta a los gallegos en general, a las monjas y mariscadoras en
particular, -en clara actitud machista-, y acusa al Partido Popular, sin ninguna prueba que le respalde, de utilizar el Gobierno de la Xunta para obtener votos con prácticas irregulares o a cambio de gratificaciones o recursos.
Lejos de asumir su nueva predicción errónea, considera que la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular se debió a actuaciones tales como 'gratificaciones económicas extraordinarias a las mariscadoras, mensajes enviados al personal
sanitario prometiendo mejoras salariales y organizativas, monjitas organizando el voto de sus asilados e internos, etc'.
Acusaciones infundadas e intolerables contra el Gobierno de la Xunta vulnerando con ello de manera palmaria su obligación de mantener una actitud neutral, alejada de toda crítica política por respeto al cargo que ostenta.
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas ya hace tiempo que debería haber dimitido no sólo por su escandalosa e indisimulada vinculación partidista. También por su inaceptable falta de objetividad y neutralidad en su trabajo
y en su conducta dentro y fuera del CIS.
Este señor es el Presidente de una institución pública gestionada con fondos públicos y a quien el artículo 2 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas, exige que en el cumplimiento de
sus funciones se conduzca de acuerdo con los principios de objetividad y neutralidad en su actuación, de igualdad de acceso a sus datos y de respeto a los derechos de los ciudadanos.
Obligaciones que le acompañan y que le son exigibles en todo momento, ya sea en sus actuaciones públicas como privadas.
El Gobierno que le ha nombrado acumula suficientes motivos para cesarle, y, él carece de la dignidad necesaria para dimitir, por lo que es necesario, además de reiterar su obligada dimisión inmediata, que la Cámara, que representa a todos
los españoles, muestre su rechazo a mantener un día más a personas como el Sr. Tezanos al frente de instituciones democráticas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, por su gestión sectaria y partidista al frente de la institución, así como, por sus reiteradas críticas y ataques contra líderes
políticos del centro y la derecha de España y contra los ciudadanos que ejercen libremente su derecho de sufragio y que han tenido como última expresión, las acusaciones infundadas para intentar empañar la contundente victoria del Partido Popular en
las últimas elecciones autonómicas gallegas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja Gómez, Álvaro Pérez López, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Cristina Abades Martínez, Ana Belén Vázquez
Blanco, Rosa Quintana Carballo, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián, Irene Garrido Valenzuela y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/000477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a establecer una senda de
crecimiento del presupuesto de Defensa hasta alcanzar el 2% sobre PIB, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En el último debate de política general sobre el estado de la nación de los días 12 al 14 de julio de 2022, se aprobó una propuesta de resolución a instancias del Grupo Parlamentario Popular, en la que se instaba al Gobierno a seguir
promoviendo en la sociedad española el desarrollo de una conciencia de seguridad y defensa, asumiendo los costes asociados a ella como inherentes al mantenimiento de un adecuado estado de bienestar basado en el correspondiente nivel de seguridad.
Se acordó para ello, impulsar un escenario de incremento presupuestario de defensa para lograr el objetivo del 2% del Producto Interior Bruto fijado en la cumbre de Gales de 2014, que permita modernizar y mejorar las capacidades militares de
nuestras Fuerzas Armadas, a la vez que posibilitar el fortalecimiento de la Base Tecnológica e Industrial de Defensa favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo altamente cualificado. Este objetivo, recurrentemente citado como
necesario por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en las sucesivas cumbres de dicha Organización celebradas a lo largo del presente siglo, ha llegado a convertirse en una necesidad de cara a garantizar la cobertura de las necesidades de
la
Defensa desde una óptica meramente nacional. El porcentaje actual del entorno del 1 %, en el que nuestro Presupuesto de Defensa se viene moviendo, demuestra, año a año, ser insuficiente para afrontar los costes de las nuevas adquisiciones,
las actividades de adiestramiento, el sostenimiento del equipo y material en uso y las propias retribuciones de los militares profesionales de nuestras Fuerzas Armadas. Una revisión al alza del presupuesto de defensa aparece, por tanto, como
ineludible, desde todos los puntos de vista. Las recientes operaciones militares de carácter demandante, tales como la evacuación de compatriotas y de afganos con relaciones con España, desde Kabul, en el año 2021, así como la posterior invasión de
Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el vil ataque terrorista de Hamás perpetrado al pueblo israelí, o los crecientes desafíos en el entorno inmediato de nuestro país, con especial incidencia en la región del Sahel,
obligan a acometer con rigor y seriedad el esfuerzo de nuestro país en este ámbito de la Defensa y las capacidades operativas a él asociadas.
El propio Presidente del Gobierno ha manifestado formalmente el compromiso del Gobierno de la nación para acometer este proceso de revisión al alza que sitúe la inversión de España en Defensa en el nivel del 2 % del Producto Interior Bruto
antes de finalizar la tercera década del siglo XXI en la que nos encontramos, situando el horizonte del logro de este nivel de inversión en el año 2029. De acuerdo con los Presupuestos en vigor, la relación entre gastos relativos a personal y los
relativos a equipamiento y material se mantiene en un porcentaje relativo del 55 % para gastos de personal frente a un 45 % para los de equipamiento y material. La proporción deseable, a fin de mantener unas Fuerzas Armadas adecuadamente equipadas
y, consecuentemente, operativas, debería de ser de un 40% para gastos de personal frente a un 60 % para gastos de material y esta proporción no puede establecerse de manera conveniente debido a que los gastos de personal, altos en lo que se refiere
a términos relativos, no pueden situarse en niveles menores a los actuales en términos absolutos por mantenerse en un nivel de poder adquisitivo notablemente reducido por un período de tiempo que se prolonga ya por demasiado tiempo. Por otra parte,
el objetivo estipulado del 2 % del PIB incluye, asimismo, el dedicar, al menos un 20 % del total del presupuesto a gastos de modernización de armamento y material con un mínimo del 5% en l+d+i.
Habida cuenta del compromiso asumido por el Presidente del Gobierno de alcanzar el objetivo del 2 % antes de 2029, se considera necesario, establecer un compromiso de incremento progresivo de carácter anual, a fin de alcanzar progresivamente
y no de golpe el incremento citado para lo que se debería diseñar un programa plurianual de crecimiento sostenido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un programa plurianual de crecimiento sostenido, que permita alcanzar el objetivo final de un presupuesto de defensa del 2 % del PIB en el plazo de tiempo más breve posible y de una manera progresiva y en ningún caso más tarde
de 2029.
2. Informar al Congreso de los Diputados de la programación plurianual que se elabore.
3. Incluir en dicha programación el incremento progresivo, no solo en inversiones de equipamiento y material e l+d+i sino también de retribuciones de personal.
4. Acometer el primer plazo de dicha programación plurianual en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Alberto Teófilo, Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para acelerar la producción de los Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8×8 Dragón, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. La infrafinanciación del Ministerio de Defensa.
Las cifras de los Presupuestos Generales del Estado (en adelante, 'PGE') del año 2023 para el Ministerio de Defensa son ínfimas y no resuelven las dificultades que aquejan al departamento. Así, sobre el papel se presenta un aumento centrado
en el programa 122B 'Programas Especiales de Modernización', que aumenta en 2.050 millones de euros, hasta los 4.902.
No obstante, dicho incremento no se destina a liquidar la deuda contraída por el Ministerio de Defensa, que según la Intervención General de la Administración Estado ('IGAE') asciende a 31.197 millones de euros en compromisos de gastos
plurianuales 1. Este aumento se destina, en gran parte, a iniciar el pago de los nuevos programas -un total de 15 2 -, no de los ya existentes. Cabe señalar que el Ejecutivo ha retrasado el fin de 14 de los 21 Programas Especiales de Modernización
ya vigentes.
Por tanto, si se añaden los citados compromisos -a noviembre de 2023- con el coste total de los nuevos programas -20.197 millones-, el resultado es que el desfase entre ingresos y gastos del Ministerio de Defensa es superior a los 50.000
millones de euros.
Segundo. Los problemas con el vetusto blindado medio sobre ruedas ('BMR').
La sustitución del Blindado Medio sobre Ruedas ('BMR') es una añeja aspiración del Ejército de Tierra ('ET'). Con más de cuarenta años en servicio en el ET, los BMR han demostrado una serie de graves carencias, sobre todo en materia de
protección para el personal.
Son múltiples los desgraciados ejemplos en los que este extremo se ha corroborado. Este fue el caso de una soldado fallecida en 2007 a causa de la detonación de una mina contra-carro al paso de su BMR, en la zona occidental de Afganistán.
Ese mismo año, en Afganistán, perecieron dos soldados junto a su traductor, al ser alcanzado su BMR 'por la explosión de un artefacto activado por cable' 3.
En la misión de Naciones Unidas en Líbano ('UNIFIL'), el 24 de junio de 2007, seis militares de la Brigada Paracaidista fueron asesinados por terroristas mediante un coche bomba activado por radiofrecuencia 4.
1 Extracto de las estadísticas mensuales de ejecución del presupuesto, p. 14, octubre 2023, Intervención General de la Administración del Estado, 31.10.23. Disponible [en línea]:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/CPE/EjecucionPresupuestaria/Documents/EXTRACTO%2010-23.pdf.
2 Resulta oportuno señalar que dos de estos programas no son 'nuevos', pero no tenían fondos asignados en los PGE del ejercicio anterior. Éstos son: EUROMALE, y TIGRE. Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Tomo Verde, Anexo de
inversiones reales y programación plurianual, Sección 14 Ministerio de Defensa, Servicio 03 Secretaría de Estado de Defensa, Programa 122B 'Programas Especiales de Modernización', p. 76.
3 'Líbano. Los accidentes de vehículos BMR han causado quince bajas en las Fuerzas Armadas españolas', Europapress, 16.06.08. Disponible [en línea]:
https://www.europapress.es/nacional/noticia-libano-accidentes-vehiculos-bmr-causado-quince-bajas-fuerzas-armadas-espanolas-20080616201111.html.
4 Ibidem.
Así, y ante la evidente fragilidad de la protección de estos vehículos frente a proyectiles y minas, el 2 de noviembre de 2007 el Consejo de Ministros autorizó la adquisición, con carácter de urgencia, de 40 vehículos blindados en el marco
del plan de renovación del material de las Fuerzas Armadas impulsado por el Ministro de Defensa. Esta adquisición se incardinaba en un plan para la adquisición de un total de 575 vehículos 5.
No obstante, este Plan de Renovación de Vehículos Blindados no terminó por materializarse, debido a los constantes recortes presupuestarios que padeció el Ministerio de Defensa.
Tercero. El caso de los vehículos de combate sobre ruedas 8×8 Dragón.
Tras más de quince años paralizado, el proyecto de sustitución de los BMR se reinició y tomó cuerpo con la Unión Temporal de Empresas 'UTE' formada por Indra Sistemas, GEDELS-Santa Bárbara, Sapa Operaciones y Escribano. Ya desde sus
inicios, el programa ha acumulado una serie de retrasos.
Así, el pasado 10 de mayo de 2022 6, el Ejecutivo, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por diputados del Grupo Parlamentario VOX acerca de los calendarios de los pagos de los Programas Especiales de Modernización ('PEM'),
para el caso del programa VCR 8×8 refería lo siguiente: 'El retraso en el ritmo efectivo experimentado en la evolución de los contratos tecnológicos es consecuencia de que los objetivos pretendidos en las pruebas de aceptación de los demostradores
han precisado de mayor plazo de tiempo'.
En el mismo sentido, el pasado 27 de agosto de 2021 -número registro entrada 149025- el Ejecutivo afirmó lo siguiente: 'la UTE VCR 8×8 ha realizado cinco solicitudes de ampliación del plazo de ejecución del mismo y una solicitud de
prórroga, por ajustes en los plazos de entrega'.
Por otro lado, el Gobierno aumentó -vía acuerdo del Consejo de Ministros-, el techo de gasto de ese programa en 420 millones, que afectaba a las anualidades entre 2024 y 2028, debido a una nueva estimación de costes para, de esta forma,
poder afrontar el primer tramo de producción de los 348 vehículos de combate ruedas 8×8. Este aumento supone que, de momento, el coste total de este programa especial de modernización asciende a unos 2500 millones de euros y no a los 2100, como
estaba programado.
Con fecha 20 de abril del pasado año, diputados del Grupo Parlamentario VOX interpelaron al Ejecutivo sobre cuestiones relativas a este programa, a lo que el Gobierno respondió 7:
'En relación con el asunto interesado, se señala que con los nuevos fondos se va a completar la configuración de los últimos vehículos de la serie. Asimismo, se informa que no estaban incluidos porque se ha producido una reprogramación de
los programas especiales de modernización, de todos, de las Fuerzas Armadas. Por tanto, el programa Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8 está previsto que finalice en 2030'.
Parece, pues, que este aumento no ha sido suficiente para que la industria haya entregado los primeros treinta y cuatro vehículos en configuración completa para el año pasado.
Como consecuencia de todo ello, los BMR van a seguir desplegándose en las operaciones en el exterior, con el riesgo que ello conlleva para los militares españoles y, más concretamente, para los del Ejército de Tierra que constituyen el 70 %
de los efectivos totales que participan en las operaciones en el exterior.
Cuarto. Conclusión
En este nuevo contexto estratégico, caracterizado por el rearme global y la incertidumbre, resulta necesario que nuestras Fuerzas Armadas cuenten con todos los recursos -materiales, humanos y financieros-, que sean necesarios para poder
cumplir con su mandato constitucional. Así las cosas, el mantenimiento del presupuesto del
5 Referencia Acuerdo de Consejo de Ministros del 2 de noviembre de 2007. Disponible [en línea]: https://www.lamoncloa.gob.eS/consejodeministros/referencias/Paginas/2007/refc20071102.aspx#Blindados.
6 Número de registro de entrada 214146.
7 Número de registro de entrada 273390.
Ministerio de Defensa en niveles del 1% del Producto Interior Bruto no hace sino poner en riesgo la vida de los hombres y mujeres que forman nuestras Fuerzas Armadas.
Asimismo, como respuesta a los continuos retrasos y reprogramaciones que han experimentado todos los grandes programas de armamento del ministerio, y en este caso del programa Dragón, se requiere del departamento encabezado por la Sra.
Margarita Robles un impulso presupuestario mayor que el presentado hasta la fecha y una voluntad política que lo haga posible.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a tomar las medidas que sean necesarias al objeto de que el proceso de producción de los Vehículos de Combate sobre Ruedas 8×8 Dragón no registre más demoras y se cumpla con el
calendario de entregas previsto, con el objetivo de mejorar las condiciones de protección, seguridad y operatividad de los efectivos de la Fuerzas Armadas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Alberto Teófilo Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo VOX.
161/000497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
de reconocimiento a la labor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) como principal centro docente militar, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) constituye, desde su fundación en el año 1964, un Centro Militar de referencia no sólo dentro de las propias Fuerzas Armadas, sino también en el ámbito civil.
El Centro cuenta, además, con una acreditada proyección internacional.
El origen del CESEDEN se remonta al Decreto de Presidencia 69/1964, de 16 de enero, que, referido íntegramente a la enseñanza militar, y dando directivas para su organización, estableció en su epígrafe 6 que:
'Dependiente del Alto Estado Mayor se creará un Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, con la misión de preparar a los mandos y al personal del Estado Mayor en el estudio y planeamiento de operaciones conjuntas, realizar
estudios de carácter político y económico en relación con los problemas militares y cuantos se consideren convenientes en orden a la cooperación de los tres Ejércitos y al examen de las cuestiones referentes a la Defensa Nacional'.
El CESEDEN desarrolló los primeros cursos y actividades entre 1964 y 1970, hasta que el 30 de abril de 1970 se determinó una reorganización del Centro, definiéndolo como el Órgano Conjunto de Enseñanza Militar Superior de las Fuerzas Armadas
y de estudio de los problemas de la Defensa Nacional.
El artículo 52 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, encomendó al CESEDEN la misión de impartir cursos relacionados con la Defensa Nacional y la Política Militar y desarrollar tareas de investigación y docencia en
áreas de su competencia, impartiendo los cursos de Estados Mayores Conjuntos y de Alta Gestión y Administración de Recursos.
El Real Decreto 521/2020, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, en su exposición de motivos, se hace eco de la necesidad del replanteamiento del diseño de la estructura de las Fuerzas Armadas (FAS) de forma
que se incremente la eficacia en la gestión así como la simplificación de la organización y la racionalización de las estructuras orgánicas en que se integran, y que ha tenido su reflejo en el programa de reformas del Ministerio de Defensa realizado
por el Gobierno, entre cuyos ejes se establecen medidas de racionalización administrativa, de simplificación y eliminación de duplicidades y trabas burocráticas.
La Orden DEF/710/2022, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa, se hace eco la necesidad de simplificar las estructuras de las FAS, y define la estructura del Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN) el cual se articula en la Escuela Superior de la Fuerzas Armadas (ESFAS), el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC) y la Comisión Española de Historia
Militar (CEHISMI).
Los cursos que anteriormente venía desarrollando la Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) son competencia en la actualidad de la ESFAS.
Con esta nueva estructura, manteniendo en el mismo CESEDEN los cometidos que le son propios y aquellos que se puedan asignar, se siguen desarrollando todas las funciones con la misma efectividad y calidad, pero de un modo más eficiente.
El artículo 14 del referido Real Decreto 521/2020 define al Centro Superior de la Defensa Nacional (CESEDEN), como principal centro docente militar conjunto, y es el órgano al que corresponde impartir cursos de Altos Estudios de la Defensa
Nacional y otros estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado, así como los estudios militares de carácter conjunto que se determinen, y también puede llevar a cabo el desarrollo de tareas de investigación sobre temas relacionados con
Seguridad y Defensa, impulsar el estudio de nuevos conceptos doctrinales, contribuir al fomento y difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa, y promover y desarrollar estudios, investigaciones y otras actividades relacionadas con la historia
militar.
Para esta labor, el CESEDEN puede establecer colaboraciones con las universidades públicas, los centros universitarios de la defensa y otras corporaciones públicas y privadas mediante la suscripción de convenios de colaboración.
La requerida racionalización de estructuras y la eliminación de duplicidades en aras a una mejor eficiencia en el empleo de los recursos disponibles aconsejaron la nueva estructura para CESEDEN, contemplando una sola Escuela, la ESFAS, un
Instituto de investigación en los campos de la Defensa y Seguridad, el IEEE y un Centro para el estudio de nuevos conceptos operativos, el CCDC, además de la CEHISMI para el estudio de la Historia Militar.
Así, en su artículo 1.º la norma citada establece que el CESEDEN se articula en:
- La Escuela Superior de la Fuerzas Armadas (ESFAS), cuyo cometido es impartir cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional.
- El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), encargado de la investigación en temas de Defensa y Seguridad.
- El Departamento de Cultura y Diplomacia de la Defensa (DCDD)
- La Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI), cuya finalidad es promoción, impulso y desarrollo de actividades relacionadas con la Historia Militar
En el desempeño de sus actividades el CESEDEN depende funcionalmente de la Subsecretaría de Defensa y de la Secretaría General de Política de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Así las cosas, se considera llegado el momento de reconocer y poner en valor la labor llevada a cabo por el CESEDEN desde su fundación en 1964.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados muestra su reconocimiento a la importante labor que desempeña el CESEDEN, y en concreto el personal militar y civil que lo integra, en el ámbito de investigación, fomento y difusión de la Cultura de Defensa y
Seguridad en España, e insta al Gobierno a:
- Continuar implementando nuevas fórmulas y espacios, más allá de sus muros, donde el CESEDEN pueda continuar fomentando la difusión de la cultura de Defensa en la sociedad española.
- Continuar respaldando y potenciando la actividad del CESEDEN para que pueda continuar con su espléndida labor de investigación y de fomento y difusión de la Cultura de Defensa y Seguridad en España'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-María Carmen Sánchez Díaz, Sergio Carlos Matos Castro, José Antonio Rodríguez Salas, Caridad Rives Arcayna, Víctor Javier Ruiz de Diego, Javier Rodríguez Palacios, María Margarita
Adrio Taracido, Manuel Arribas Maroto, Obdulia Taboadela Álvarez, Luc Andre Diouf Dioh y Mercedes González Fernández, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
de apoyo a la F.E.I.N.D.E.F, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
España era uno de los pocos países de su entorno que no poseía una feria de defensa y seguridad, y por tanto la industria del sector carecía de un escaparate donde poder mostrar sus capacidades industriales, tecnológicas y de l+D+i, tanto a
Europa como al resto del mercado internacional.
Además, tampoco podía mostrar su potente cadena de suministro, integrada por una ingente red de pequeñas y medianas empresas de gran calidad y competitividad, así como enseñar la capacidad de nuestros centros de investigación, negando a la
vez la posibilidad del conocimiento de estos aspectos a la sociedad en general.
Por todo lo anterior, los principales actores de la industria del sector en España: las asociaciones TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa y Seguridad, Aeronáutica y Espacio) y AESMIDE (Asociación de Empresas
contratistas con las Administraciones públicas), junto con el Ministerio de Defensa prestando el incondicional apoyo institucional, decidieron organizar la primera edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (FEINDEF) en mayo
de 2019.
La primera edición de FEINDEF tuvo lugar en mayo de 2019, siendo los datos más relevantes:
- Asistentes: 12.873.
- Extensión comercial ocupada: 14.000 m2 (Pabellón 8 de IFEMA al completo).
- Delegaciones internacionales: 46 (30 países).
- Expositores totales: 134.
- Expositores nacionales: 108.
- Expositores internacionales: 26.
Esta primera edición de FEINDEF fue un éxito, ya que superó todas las expectativas de la organización. Ante este logro, se decidió seguir adelante y celebrar más ediciones.
Debido a la pandemia, no se celebró la Feria en el año 2020, retomándose en el 2021.
La segunda edición de FEINDEF, celebrada en noviembre de 2021, obtuvo los siguientes datos:
- Asistentes: 19.269.
- Extensión comercial ocupada: 28.000 m2 (Pabellón 10 de IFEMA al completo y la mitad del Pabellón 8).
- Delegaciones internacionales: 75 (38 países).
- Expositores totales: 311.
- Expositores nacionales: 256.
- Expositores internacionales: 55.
En cuanto a resultados económicos, en la segunda edición, hubo un saldo positivo de 578.600 .
La tercera edición de FEINDEF, celebrada en mayo de 2023, obtuvo los siguientes datos:
- Asistentes: 24.338.
- Extensión comercial ocupada: 40.000 m2 (Pabellón 10 y 8 de IFEMA al completo).
- Delegaciones internacionales: 92 (47 paises).
- Expositores totales: 438.
- Expositores nacionales 326.
- Expositores internacionales 112.
Una de las novedades para la edición del año 2023 fue la dedicación en exclusiva de un espacio a la innovación y el emprendimiento, Innova for Def & Sec, espacio que tuvo muy buena acogida no solo entre las instituciones de las distintas
administraciones, sino también entre las empresas y las organizaciones y agencias de la OTAN y de la UE.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Continuar apoyando institucionalmente a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad FEINDEF, de modo que continué siendo un referente internacional en el sector de la Seguridad y la Defensa, además de seguir ofreciendo oportunidades de
negocio a las empresas del sector de la Seguridad, Defensa y la Tecnología que en ella participan.
- Potenciar la Feria Internacional de Defensa y Seguridad FEINDEF como referente Nacional e Internacional en la innovación, cooperación y desarrollo tecnológico del sector de defensa y seguridad, buscando nuevos horizontes donde innovar,
cooperar internacionalmente y compartir el conocimiento entre empresas, instituciones, universidades y otros organismos, como respuesta global a la Seguridad'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-María Carmen Sánchez Díaz, Sergio Carlos Matos Castro, José Antonio Rodríguez Salas, Caridad Rives Arcayna, Víctor Javier Ruiz de Diego, Javier Rodríguez Palacios, María Margarita
Adrio Taracido, Manuel Arribas Maroto, Obdulia Taboadela Álvarez, Luc Andre Diouf Dioh y Mercedes González Fernández, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transportes y Movilidad sostenible
161/000485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
por la que se insta al Gobierno a realizar un análisis de la vulnerabilidad de toda la red de carreteras española, para cuantificar la amenaza real de los impactos vinculados al cambio climático, para su debate en la Comisión de Transportes y
Movilidad Sostenible
Exposición de motivos
El ODS nueve 'Industria, Innovación e Infraestructura' centra parte de sus objetivos en las infraestructuras. Cada vez, más infraestructuras se ven afectadas por las consecuencias derivadas del cambio climático, muchas de ellas,
infraestructuras críticas.
El cambio climático afecta con mayor frecuencia a más ámbitos de la vida en España y también a nuestras infraestructuras.
Los eventos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales, las olas de calor extremo, las sequías, inundaciones y las nevadas afectan hasta 800 kilómetros de toda la red nacional de carreteras que tienen consideración de vulnerable
debido a estos fenómenos extremos.
Temperaturas récord como las del agosto pasado, temporales con lluvias torrenciales u olas de calor son ejemplos, en España, de los efectos del cambio climático.
Más allá de los efectos y consecuencias económicas e inconvenientes sociales y de salud, las consecuencias del calentamiento global también dejan un poso, en este caso en el estado de las carreteras y de ferrocarril.
La Asociación Española de Carretera (AEC) cifra en 800 kilómetros los tramos de carretera vulnerables debido a fenómenos climáticos extremos.
Uno de los principales puntos en la agenda de la Cumbre del Clima COP28 que se celebra este año en Dubái es cómo medir la adaptación a los estragos del cambio climático en las infraestructuras.
Los impactos vinculados con el cambio climático que más afectan a las carreteras son el deslizamiento de laderas, caída de materiales y erosión de taludes o una ineficiente capacidad de drenar el agua debida en ambos casos a lluvias
intensas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un análisis de la vulnerabilidad de toda la red de carreteras española, ''para cuantificar la amenaza'' real de los impactos vinculados al cambio climático, para que la adaptación al
cambio climático sea un factor a tener en cuenta a la hora de planificar las infraestructuras, así como la apuesta por la permeabilidad de los firmes como medida de adaptación al cambio climático, recuperación hídrica y de seguridad vial con el
objetivo, además, de reducir accidentes'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.-César Joaquín Ramos Esteban y Daniel Senderos Oraá, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Lourdes Méndez Monasterio, Joaquín Robles López, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones respectivas de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso del proyecto de construcción de la nueva dársena en El Gorguel (Cartagena), para su
discusión en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Primero. Desarrollo de infraestructuras clave para el crecimiento de la Región.
Como parte del Arco Mediterráneo español, la Región de Murcia goza de una posición geoestratégica excepcional, sirviendo como un emplazamiento clave entre el Atlántico y el Mediterráneo, entre Europa y África, así como en las rutas
continentales entre América, Europa y Asia.
Su situación entre el estrecho de Gibraltar y el Canal de Suez es una ubicación privilegiada para el comercio marítimo, donde el Mediterráneo se erige como una de las principales vías, recibiendo entre veinte y treinta millones de TEU
-unidad de medida de capacidad expresada en contenedores-; siendo cuatro veces superior al tráfico del Atlántico, y se estima que esta cifra aumente en un 64 % en el año 2025 8. No obstante, en la actualidad los puertos de la Fachada Mediterránea
solo reciben el 23 % de este tráfico, frente al 77 % de los puertos del norte de Europa. Por ello, resulta prioritario potenciar los puertos españoles del Mediterráneo.
Sin embargo, el déficit de infraestructuras de transporte impide a la Región de Murcia aprovechar su posición estratégica, siendo las políticas de infraestructuras y transportes claves para la competitividad de una zona 9. En primer lugar,
en relación con las infraestructuras ferroviarias, la región de Murcia se sitúa como una de las regiones peor comunicadas de España, tanto por número de kilómetros como por tipología de vía, dado que son vías de ancho convencional 10.
En segundo lugar, en lo relativo a las infraestructuras portuarias, la capacidad del Puerto de Cartagena para contenedores es muy reducida, y 'la demanda de transporte marítimo en la Región supera con creces la oferta del Puerto de
Cartagena, viéndose obligada al uso de otros puertos para poder satisfacerla. Es una cuestión de capacidad y de falta de infraestructura, que se pone de manifiesto con claridad, en el caso del tráfico de contenedores' 11.
En resumen, la mejora y expansión de las infraestructuras marítimas en Murcia, concretada en la ampliación del puerto mediante la construcción de una nueva dársena en El Gorguel, se justifica con el objetivo de impulsar el desarrollo
económico, descongestionar el tráfico portuario, diversificar los puntos de entrada, fortalecer la conectividad regional y fomentar el comercio internacional. Estas acciones mejoran, sin duda, la competitividad de nuestro país al complementar y
potenciar los beneficios derivados de la recientemente aprobada ampliación del Puerto de Valencia 12.
Segundo. Importancia del Puerto de Cartagena en el Corredor Mediterráneo.
El Puerto de Cartagena se alza como una infraestructura clave para la generación de riqueza y crecimiento económico de la región. Con 700 metros de línea de atraque y un
8 https://murciaplaza.com/por-una-asistencia-sanitaria-digna-isla-orango-grande.
9 (2016) Cipoletta Tomassian, Georgina; Pérez, Gabriel; Sánchez, Ricardo Políticas integradas de infraestructura, transporte y logística: experiencias internacionales y propuestas iniciales.
https://repositorio.cepal.org/items/42c3eebb-385a-4392-bcce-al6aea2ac98c.
10 https://catedracompetitividad.com/wp-content/uploads/2022/11/DOCUMENTO-INFRAESTRUCTURAS-TRANSPORTE-2022.pdf (página 77).
11 Página 95 ibidem.
12 https://valenciaplaza.com/gobierno-aprueba-terminal-contenedores-ampliacion-puerto-valencia.
calado de 11,25 metros 13, no es capaz de recibir las escalas de los buques de mayor envergadura, con calados que superan los 12 metros; una situación que podría remediarse mediante la ampliación de la dársena de El Gorguel, un puerto con
un calado de aproximadamente 22 metros.
Asimismo, tal y como expone la Autoridad Portuaria de Cartagena, el puerto ofrece una explanada de más de 4.500 metros cuadrados y dos 'duques de alba', infraestructura portuaria que sirve como estructura de atraque y amarre a los barcos 14.
Además, cuenta con una terminal de embarque con capacidad para el control de 200 pasajeros y con el equipamiento necesario: escáner, arco de seguridad, oficinas de control de documentación relativas a fronteras y seguridad 15.
La importancia del puerto se pone de manifiesto en el análisis de los datos de pasajeros y de mercancías. Según las últimas estimaciones realizadas por la Autoridad Portuaria, el Puerto preveía cerrar el año 2023 con la visita de más de
180.000 pasajeros y con más de 37,5 millones de toneladas, incrementando en un 3,6 % las cifras de mercancías del año anterior 16. Asimismo, en importaciones el Puerto mantiene un nuevo año el liderato español con más de 27 millones de toneladas
descargadas.
Por otra parte, el Reglamento (UE) n.º 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2010 sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo instauró una serie de corredores europeos de
mercancías con el objetivo de incrementar la competitividad del ferrocarril respecto a otros medios de transporte. Estos corredores forman parte de la base de las Redes Transeuropeas de Transporte.
En este contexto, tanto para el puerto de Cartagena como para toda la Región de Murcia, son de especial relevancia las actuaciones que se van a realizar en Cartagena y en toda la región en el marco de los proyectos relativos al desarrollo y
ejecución del Corredor del Mediterráneo o Corredor Europeo de Mercancías.
No obstante, la posición del Puerto, contigua a la ciudad de Cartagena, impide realizar una ampliación, motivo por el que se acordó la construcción de una nueva dársena en El Gorguel. En ella, podrán operar los grandes buques
portacontenedores, convirtiendo al Puerto de Cartagena en un gran nodo de la cadena mundial de transporte en línea con los grandes puertos de transbordo del Mediterráneo.
Tercero. Dársena El Gorguel.
En el año 2010, la Autoridad Portuaria local presentó el Plan Director de Infraestructuras de la Nueva Dársena de Cartagena ('PDINDC' o el 'Plan') con el objetivo de descongestionar el referido puerto. En el Plan se planteaba la
construcción de una nueva dársena en la zona de El Gorguel destinado al tráfico de contenedores y al tráfico RoRo, roll-on/roll-in (carga rodada).
En abril de 2010 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental remitió al Instituto Geológico y Minero de España ('IGME') el referido Plan, con el fin de conocer la opinión de esta institución. En sus sugerencias e impactos del
Plan sobre el medio ambiente, El IGME concluyó 17 que existen diferentes elementos que pueden verse afectados, los cuales no han sido suficientemente considerados. Entre ellos encontramos el suelo, la vegetación y la hidrología superficial. No
obstante, aunque exige que el Informe de Sostenibilidad analice la articulación de las diferentes actuaciones sobre figuras relativas a la protección del medio natural y ordenación territorial, en ningún caso descarta el proyecto.
En consecuencia, en enero de 2013 la Autoridad Portuaria de Cartagena publicó el documento Asistencia Técnica para la Tramitación Ambiental Estratégica del Plan Director de Infraestructuras de la Nueva Dársena de Cartagena. Informe de
Sostenibilidad
13 https://www.apc.es/webapc/puerto/condgenaccess/puertoydarsenas/darsenaCartagena/da rsenacartagena-home#:~:text=ll%2C25%20m.%20de%20calado,Terminal%20de%20Pasajeros.
14 https://portusonline.org/las-infraestructuras-mas-caracteristicas-del-puerto/?pdf=19928.
15 https://www.apc.es/webapc/actAPC/cruceros/crucerosyturismo.
16 https://www.apc.es/webapc/publicaciones/noticias/detallenoticia/67e1512e-0e67-4b05-9d3c-8da235c417ae.
17 https://info.igme.es/SidPDF/167000/723/167723_0000001.pdf.
Ambiental, elaborado por la UTE Alatec-Foro 21-TAU Consultora Ambiental 18. En el citado informe se concluye, tras descartar otras alternativas, que el proyecto más viable es el de la construcción de una nueva dársena de contenedores en El
Gorguel.
Esta nueva dársena destinada al transporte de container y cargas RoRo, tendrá una capacidad para 3,5 millones de contenedores al año y un calado de 22 metros, que además permitirá el atraque de los megabuques 19. De este modo, la
construcción de esta nueva dársena del puerto de Cartagena, conformará una de las áreas portuario y logístico más importantes de Europa junto con los puertos de Valencia y de Algeciras, pues lejos de representar una competencia entre sí serán
totalmente 'complementarios' 20.
Cuarto. Conclusión.
La construcción de la dársena de El Gorguel permitiría ahondar en el desarrollo de las infraestructuras de la región aprovechando así su posición estratégica, al tiempo que se tendrá un impacto positivo en el empleo de la región, con un
crecimiento de entre 30.000 a 60.000 empleos 21. La promoción industrial en la Región de Murcia se revela como fundamental para mejorar sus indicadores económicos y, por consiguiente, contribuir al progreso general de España, al tiempo que puede
desempeñar un papel clave en la reducción de las tasas de desempleo en la zona. Esta construcción no solo beneficia a las empresas locales, sino que también puede proporcionar oportunidades para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas que
podrían convertirse en proveedores de la industria. Asimismo, se contribuirá al crecimiento de las exportaciones españolas, mejorando los ingresos y la balanza comercial del país.
Por todo ello, resulta de máxima urgencia que El Gorguel sea declarado de interés público de primer orden por el Gobierno de España, a fin de que se establezca las condiciones y medidas para su inmediata realización.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la declaración del proyecto de construcción de la nueva dársena en El Gorguel de interés público de primer orden, en el marco del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y del artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad debido a la trascendencia social y económica que dicho proyecto tendrá para
la Región de Murcia, así como por su importancia estratégica para el resto de infraestructuras portuarias españolas. Y ello con la finalidad de dotar al proyecto del reconocimiento necesario para poder llevar a cabo todas las acciones necesarias
para ejecutarlo.
2. Promover la remisión de los estudios ambientales a la Comisión Europea para su análisis por parte de la autoridad competente, con el firi de iniciar las obras de la dársena de El Gorguel en el menor plazo posible.
3. Fomentar e impulsar las actuaciones tendentes a la ejecución del Corredor del Mediterráneo en el tramo vinculado al Puerto de Cartagena'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías, Patricia Rueda Perelló, Lourdes Méndez Monasterio y Joaquín Robles López, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
18 https://docplayer.es/55762633-Asistencia-tecnica-para-la-tramitacion-ambiental-estrategica-del-plan-director-de-infraestructuras-de-la-nueva-darsena-de-cartagena.html.
19 https://murciaeconomia.com/archive/65980/el-nuevo-puerto-de-el-gorguel-una-infraestructura-necesaria-y-obligada.
20 https://murciaplaza.com/el-puerto-de-el-gorguel-fundamental-para-espana-y-vital-para-la-region-de-murcia.
21 Ibidem.
161/000507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un corredor ferroviario
entre Andalucía y el Algarve a través de una línea de alta velocidad entre Sevilla-Huelva-Faro, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Las regiones del Algarve y Andalucía están unidas por estrechos vínculos históricos, comerciales y emotivos. Se trata de dos territorios que comparten la singularidad de su posición geográfica al sur del sur de la Península Ibérica, así
como en la periferia de la Unión Europea. Una circunstancia que a lo largo de la historia les hizo ser protagonistas de las mayores gestas de la navegación mundial, como punto de partida de los grandes descubridores oceánicos, al tiempo que los
colocó como puerta natural de entrada del comercio con América o las grandes rutas atlánticas. Sin embargo, esa misma singularidad no se tradujo con la llegada del siglo XX en igual desarrollo con respecto a otros territorios. A pesar de ello, el
tesón y la entrega de sus habitantes les hicieron convertirse en dos regiones prósperas con un enorme futuro. Una circunstancia que no se ha traducido en el desarrollo de las infraestructuras acordes para dar respuesta a sus necesidades.
Se trata de dos territorios que carecen de una infraestructura férrea que permita consolidar el crecimiento que les facilite alcanzar los niveles de actividad que potencialmente les permiten sus condiciones, ya no solo naturales sino de su
infraestructura hotelera e industrial. La conexión ferroviaria entre el Algarve y Andalucía a través de una línea de alta velocidad que conecte Faro con Huelva y Sevilla supondría un hito en la conectividad entre dos territorios llamados a ser
protagonistas, y que comparten anhelos de integrarse así en las grandes autopistas ferroviarias de Europa. Se trata de una línea reivindicada por los ayuntamientos de Faro, Huelva y Sevilla reunidos por primera vez como prueba de su unidad de
acción, pero demandada igualmente por empresarios y agentes sociales en las dos orillas del Guadiana, un río que une dos territorios hermanos.
La localización periférica en relación con el centro económico europeo convierte a sus fachadas atlántica y mediterránea en estratégicas puertas de conexión de Europa con África y Latinoamérica. Sin embargo, la red ferroviaria no tiene
conexiones transfronterizas entre ambas regiones, lo cual se convierte en un hándicap especialmente para el desarrollo logístico del territorio, así como el transporte de pasajeros en dos zonas con una eminente vocación turística.
La vertebración de las regiones, especialmente periféricas como es el caso, es una de las prioridades territoriales de la Unión Europea. La filosofía comunitaria defiende que territorios vecinos pertenecientes a países diferentes avancen en
la cooperación transfronteriza estratégicamente desarrollada y orientada. Es por ello que la reivindicación de una línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla debe contar con el apoyo político y financiero de la Unión Europea, pero debe ser
reclamada, defendida e impulsada desde su origen.
La puesta en marcha de importantes líneas de ayudas por parte de las autoridades comunitarias es una oportunidad única que no debemos dejar escapar. Se trata de una ocasión histórica para acceder a los fondos necesarios para llevar a cabo
este proyecto. La alta velocidad ha servido de revulsivo para el desarrollo económico de ciudades o provincias que gracias a una moderna red ferroviaria han experimentado un notable crecimiento. El proyecto de la línea Faro-Huelva-Sevilla cuenta
con el respaldo firme de los ayuntamientos de las tres ciudades, la Junta de Andalucía y el gobierno regional del Algarve, así como del gobierno de Portugal. Una petición a la que se han unido todas las administraciones públicas, así como
representantes sociales y económicos.
Precisamente, el pasado 13 de febrero se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Huelva el I Encuentro Faro-Huelva-Sevilla por la alta velocidad, donde los tres alcaldes firmaron un manifiesto con la firme intención de unir fuerzas para que este
proyecto se lleve a cabo. En palabras del Sr. Presidente do Cámara do Faro (Alcalde de Faro): 'lucharemos por el avance de un enlace ferroviario de alta velocidad entre Faro, Huelva y Sevilla... conscientes de que el proyecto está contribuyendo
también a nuestro futuro y al desarrollo económico, social y ambiental de la Eurorregión (Andalucía-Algarve-Alentejo), así como la cohesión de nuestros territorios con el resto de la Península y de Europa'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adquirir un compromiso inequívoco en el desarrollo de una línea ferroviaria de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla.
2. Trasladar a la Unión Europea la necesidad de unir mediante un corredor ferroviario el Algarve con Andalucía, a defender su inclusión como obra prioritaria en la Red Transeuropea de Transporte y a dotar de los fondos necesarios para el
inicio de los trabajos previos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-Juan Bravo Baena, Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix, María Soledad Cruz-Guzmán García, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Ricardo Tarno Blanco, Héctor Palencia Rubio, José
Alberto Herrero Bono, Celso Luis Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, Esther Llamazares Domingo, Ana María Pastor Julián, Ana Martínez Labella, Cristina Teniente Sánchez, Luis María Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, Javier Merino Martínez y Juan
Antonio Rojas Manrique, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evitar el efecto barrera
provocado por las vías de tren en la entrada de Totana, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Las obras correspondientes al 'Proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería; Tramo Totana-Totana', incluye un terraplén (T-5 desde el PK228+20 al PK228+350) de grandes dimensiones que
cruza transversalmente la entrada principal de la población desde la Autovía A-7, provocando un efecto barrera que será permanente cuando concluyan las obras.
Pese a que se ha alegado en repetidas ocasiones la inconveniencia de ese terraplén para la población de Totana, y para el barrio de los Sifones en particular, en este proyecto ya se ha efectuado un Proyecto Modificado n.º 1 en el que no ha
sido incluida la sustitución del terraplén, denominado T-5, por un viaducto, cosa que sí se ha hecho en otros dos tramos respondiendo a alegaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, respecto a una supuesta inundabilidad que los que
conocemos el pueblo sabemos que nunca en la historia se ha producido ni se producirá.
La construcción del terraplén T-5 dificultaría el desarrollo urbano contemplado en la zona sur del municipio según el Plan General de Ordenación Urbana, impedirá la comunicación entre ambos márgenes del trazado y generará un punto de
inseguridad ciudadana que dificultará la acción de las fuerzas del orden público y la atención en caso de emergencias.
Además, supondrá una barrera arquitectónica y social que provocará un impacto visual de gran magnitud al no respetar la integración paisajística del territorio y dividirá el municipio, suponiendo -aquí sí- un cuello de botella para la
evacuación de aguas pluviales que puede provocar serias acumulaciones de agua en períodos de precipitación de carácter intenso, que además provocarán daños en multitud de inmuebles.
Igualmente, en el modificado n. °1 del Proyecto no ha sido incluido el proyecto de la rotonda de acceso al municipio de Totana, carretera RM609, a la altura del núcleo de Sifones, entendiendo que el desarrollo de un nudo de un tamaño más
reducido, además de suponer una menor afección a la zona residencial colindante, también supondría una mejora en los itinerarios peatonales y un mejor desarrollo al trayecto de los vehículos que circulan por la misma.
Tanto la sustitución del terraplén por viaducto como la modificación del proyecto de la rotonda de acceso por una de menor envergadura supondrían la reducción del tiempo de ejecución de la obra y simplificarían la reposición de servicios y
los desvíos provisionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La aceptación de las alegaciones formuladas en la exposición pública del modificado n.º 1 lo que conlleva la sustitución del terraplén T-5 desde el PK 228+20 al PK 228+350 en el Proyecto de construcción de plataforma del Corredor
Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería; Tramo Totana-Totana, por un viaducto.
2. Incluir el proyecto de rotonda de acceso al municipio de Totana, sobre la carretera RM609, solicitado por el Ayuntamiento de Totana, a la altura del núcleo de Sifones'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Violante Tomás Olivares, Mirian Guardiola Salmerón y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para apoyar al deporte español con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
París 2024, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El deporte español vive un momento crucial ante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Más de 230 deportistas se dan cita en ellos para dar lo mejor de sí mismos y así lo mejor de España. Unas olimpiadas generan una enorme
expectación mundial y social y, por eso, son una oportunidad para apoyar a las personas deportistas, proyectar la imagen de España a nivel internacional y promover el deporte en todos sus ámbitos, desde el deporte popular y de base hasta el deporte
de competición y de alto nivel.
El derecho al deporte está consagrado por la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte. Desde su entrada en vigor, España considera el deporte y la actividad física como un derecho y una actividad esencial para su ciudadanía, de forma
libre y voluntaria, en condiciones de igualdad, inclusión, participación, competitividad razonable y ordenada, ética, buen gobierno y juego limpio.
El deporte es un potente factor de cohesión social y un elemento básico para la salud y el desarrollo de la personalidad, en cualquiera de sus manifestaciones (popular, de base, profesional, no profesional, ocasional, de alto nivel o de alto
rendimiento) y fines (para el ocio, la salud, el bienestar o la mejora de la condición física).
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son un buen escaparate para mostrar los nobles valores del deporte a la sociedad, como el esfuerzo, la confianza o el trabajo en equipo, y para apoyar a las personas deportistas, verdadero sujeto
protagonista del nuevo marco legal, tanto en su preparación como en su vida posolímpica.
En este sentido, hay que reconocer el papel esencial de los Comités Olímpico y Paralímpico en el desarrollo del deporte y en la difusión de los ideales y valores asociados a los Movimientos Olímpico y Paralímpico, así como en el ejercicio de
las funciones de representación, inscripción y participación de las personas deportistas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos o eventos relacionados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las acciones necesarias de apoyo a las personas deportistas olímpicas y paralímpicas con iniciativas como el programa TEAM ESPAÑA para la preparación olímpica y paralímpica y la consecución de la excelencia deportiva.
2. Proyectar la imagen de España en el mundo a través de las disciplinas deportivas estratégicas.
3. Acompañar a las personas deportistas al finalizar el ciclo olímpico y paralímpico, a través de programas deportivos específicos y de instrumentos como el Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD) para una atención integral
que garantice tanto la continuidad de una buena carrera deportiva, así como una exitosa inserción socio laboral'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.-María Luisa García Gurrutxaga, Roberto García Morís, Mercedes González Fernández, Víctor Gutiérrez Santiago, José Losada Fernández, Amador Marqués Atés, María Luz Martínez Seijo,
Alberto Mayoral de Lamo, Valle Mellado Sierra, María Isabel Moreno Fernández y Ada Santana Aguilera, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Comisión de Trabajo y Economía Social relativa a la democracia en el trabajo y los derechos de participación de las personas trabajadoras.
Exposición de motivos
La libertad de reunión y asociación, el derecho a la información y consulta de las personas trabajadoras en su lugar de trabajo, y el derecho de negociación y acción colectivas están garantizados por los artículos 12, 27 y 28 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En desarrollo de tales principios, en el ámbito de la Unión Europea, se han adoptado diversas directivas en materia de información y consulta que, en su momento, fueron oportunamente traspuestas a
nuestro ordenamiento interno. En primer lugar, en la medida que establece el marco general mínimo en el que deben desarrollarse los derechos de información y consulta, la Directiva 2002/14/CE delimita ambos conceptos y establece derechos de
información y consulta sobre la evolución de la actividad de la empresa y, muy especialmente, sobre todo tipo de decisiones y circunstancias que pudieran provocar cambios relevantes en la organización del trabajo y a las condiciones de trabajo y
empleo. De manera más pormenorizada e incluyendo un mayor número de materias, el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores recoge la información que la empresa debe facilitar a la representación de las personas trabajadoras.
Esta regulación general se completa con otras dos normas específicas, que concretan los procedimientos de información y consulta que deben desarrollarse cuando la empresa se plantea acometer despidos colectivos (Directiva 98/59/CE) o
transmitir parte o la totalidad de la empresa (Directiva 2001/23/CE) ambas recogidas y desarrolladas, respectivamente, por los artículos 51 y 44 del Estatuto de los Trabajadores. A mayor abundamiento, nuestra legislación interna establece
procedimientos de información y consulta aplicables en otros supuestos de decisiones empresariales de carácter colectivo, como es el caso de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo (artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores), las suspensiones o reducciones de jornada (artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores) o la movilidad geográfica.
El ejercicio efectivo de estos derechos resulta fundamental para asegurar la democratización de los procesos de toma de decisiones en el ámbito de las empresas, con el objetivo de mejorar nuestro sistema de relaciones laborales incrementar
la productividad de las empresas y asegurar mejores condiciones de trabajo. La transición ecológica, energética y digital que las empresas deberán acometer en los próximos años aconseja extender y reforzar los procedimientos de información y
consulta sobre otras decisiones que puedan tener efecto, a corto o a medio plazo, en las condiciones de trabajo.
Por otra parte, la internacionalización de nuestras empresas debe ser acompañada por la extensión de los procesos de información y consulta a nivel transnacional. La versión refundida de la Directiva 2009/38/CE sobre los comités de empresa
europeos garantiza la participación de las representaciones de las personas trabajadoras en las empresas y grupos de empresa de dimensión comunitaria, tanto cuando la dirección central se encuentra en territorio español, como cuando se ubica en
territorio de cualquier otro Estado miembro. Como es conocido, esta normativa está en proceso de revisión, circunstancia que no debiera ser un obstáculo para acometer una mejora de los derechos reconocidos en tales ámbitos en la norma de
transposición de dicha Directiva a nuestro ordenamiento interno (Ley 10/1997).
Por último, las Directivas 2001/86/CE y 2003/72/CE sobre la implicación de los trabajadores en la Sociedad Anónima Europea y en la Sociedad Cooperativa Europea, y la norma que transpone ambas (Ley 31/2006) proporcionan un punto de partida
sólido para un marco normativo más garantista, aunque la limitada tradición española en la materia ha impedido un adecuado desarrollo del modelo de implicación centroeuropeo. Recuérdese que el artículo 129.2 CE ordena a lo poderes públicos
promover, de manera eficaz, las diversas formas de participación en la empresa. Por todo ello, resulta necesario, atendiendo a las singularidades del modelo social y del mercado laboral de nuestro país, continuar avanzando en el diseño e
implementación de mecanismos que garanticen la eficacia de los derechos de implicación de las personas trabajadoras en la empresa, en los términos en los que la normativa europea de referencia los ha definido, como derechos de información, consulta
y participación. Recuérdese que este último ha sido normativamente
definido como 'la influencia del órgano de representación de los trabajadores o de los representantes de los trabajadores en una sociedad mediante:
1. El derecho a elegir o designar a determinados miembros del órgano de administración o de control de la sociedad; o
2. El derecho a recomendar u oponerse a la designación de una parte o de todos los miembros del órgano de administración o de control'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Mediante la que se insta al Gobierno a:
Impulsar un funcionamiento más democrático de las empresas reforzando el marco normativo en relación con:
- Los mecanismos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y empleo y a la organización del trabajo en la empresa.
- El diseño e implementación de los instrumentos de control necesarios para asegurar que los derechos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras en la empresa resultan eficaces a tales fines.
- Extender y mejorar la cobertura de las representaciones de las personas trabajadoras en las empresas a nivel estatal y trasnacional.
- Establecer un sistema que permita la participación sindical en los Consejos de Administración de las empresas y grupos de empresas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.-Verónica Martínez Barbero, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Políticas de Empleo Innovadoras Intergeneracionales y con perspectiva de
género, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Euskadi entra en este año 2024 en unas condiciones de empleo ciertamente favorables.
Según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA), Euskadi cerró 2023 con una tasa de paro del 6,3 % frente al 11,8 % para el conjunto de España.
Por sexos, si bien el paro femenino es también en este caso superior al masculino, la brecha entre ambos resulta menor que en el promedio estatal.
Estas bajas tasas de desempleo son el resultado de una combinación provechosa entre un modelo productivo que ha apostado tradicionalmente por la industria, y más recientemente también por otras actividades innovadoras y de mayor valor
añadido, junto con el impulso de unas políticas públicas, desarrolladas de forma alineada por los distintos niveles institucionales, que han contado con el acuerdo y la implicación de los agentes sociales.
El menor nivel de desempleo en Euskadi se combina con récord en número de afiliaciones a la Seguridad Social. Una dinámica de crecimiento robusto del empleo que también se observa en el conjunto de España.
Pero los buenos resultados de estas políticas, lejos de llevarnos a un conformismo triunfalista, nos apela a continuar haciendo frente a una serie de retos aún pendientes: desempleo femenino, juvenil y de mayores de 45 años, cronificación,
que forman parte del reto demográfico al que nos enfrentamos.
Abordar todos estos requiere de un enfoque integral y no tanto de políticas aisladas en determinados tramos, que posibilite el desarrollo de políticas públicas innovadoras, en las que se incorpore una dinámica de evaluación rigurosa, que
permita evaluar los impactos de las actuaciones realizadas, tal y como ya se ha comenzado a realizar en programas promovidos por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y que en Euskadi va a tener reflejo con la creación de un Órgano
Independíente de Evaluación de Políticas Públicas de Empleo e Inclusión.
Es necesario seguir apostando, tanto en Euskadi como en el conjunto de España, por este tipo de políticas públicas integrales intergeneracionales, políticas que a su vez tengan como eje transversal la igualdad de género y el objetivo de
fomentar los empleos de calidad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar impulsando la colaboración entre Administraciones para hacer posible unas políticas que sitúen el empleo en el centro de las políticas públicas, y refuercen su relación con las políticas industriales, educativas y de inclusión
con el objetivo de procurar el acceso a un empleo digno.
2. Promover programas de apoyo a las pequeñas empresas para gestionar el relevo generacional, desde una perspectiva inclusiva, que combata el edadismo, en la línea de lo que se lleva desarrollando en los últimos años en el País Vasco.
3. Abordar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y desde el respeto a los ámbitos competenciales:
a. programas de sensibilización general y específica, dirigidas a los agentes económicos y sociales, que combatan la discriminación en el acceso al empleo por razón de edad.
b. monitorizar la detección temprana de ocupaciones en declive, de manera que se puedan focalizar con tiempo planes específicos de recualificación laboral y que permitan mantener población en el territorio, con especial atención a la
perspectiva de género, promoviendo programas de formación y de empleo, que incorporen el objetivo de incorporación de mujeres en ocupaciones masculinizadas y de hombres en ocupaciones feminizadas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-María Guijarro Ceballos, Esther Peña Camarero, Rafaela Romero Pozo, Daniel Senderos Oraá y María Luisa García Gurrutxaga, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Patxi López Álvarez,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz Adjunta, Ione Belarra Urteaga, miembro de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley en defensa del empleo y en contra de la deslocalización industrial en el complejo industrial de SABIC en Cartagena para su debate y aprobación en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
Exposición de motivos
La empresa General Electric se instaló en La Aljorra (Cartagena) en 1989. En el año 2007, fue adquirida por la multinacional saudí Sabic y a lo largo de estos años ha tenido un impacto económico muy importante para la Región de Murcia,
alcanzando hasta el 2 % del PIB regional y el 10 % de las exportaciones de esta CC.AA., llegando a tener 4 plantas en marcha (HPP, LEXAN 1 y LEXAN 2 y Compounding), mas de 700 empleos directos y mas de cuatro mil indirectos.
En el año 2020 SABIC lleva a cabo un ERE que afecta a 95 trabajadores y cierra la planta de HPP y en enero de 2023 paraliza 'temporalmente' la producción de la planta LEXAN 2 poniendo en marcha un primer ERTE que afecta a 106 empleados
directos y al que le sucede un segundo ERTE, en el mes de junio, que afecta a un número similar de empleados. Finalmente, en diciembre de 2023, SABIC pone en marcha un ERE para el despido de 137 trabajadores de los 600 con que cuenta actualmente.
De esta forma SABIC en Cartagena va a pasar en tres años de tener cuatro plantas operativas y 700 trabajadores directos a tener solo dos y menos de 500 empleos directos.
Y todo ello mientras en otros países como en Arabia o en China se amplía la capacidad productiva.
Es por ello que el Comité de Empresa lleva años advirtiendo, a la vista de la reducción progresiva de la carga de trabajo que viene haciendo la empresa en la planta de La Aljorra, que la intención de la empresa es llevar a cabo una
deslocalización encubierta de la actividad industrial hacia zonas y plantas de reciente creación en otros países como China y que pronto acabará con toda la actividad industrial en la comarca de Cartagena.
Urge, por tanto, una apuesta clara del Gobierno de España por el mantenimiento del empleo y velar por las máximas garantías para todos los trabajadores y trabajadoras, así como por el mantenimiento de la actividad industrial y económica de
la empresa, cuyo cierre total o parcial afectaría gravemente a Cartagena, su comarca y a toda la Región de Murcia.
Los objetivos legítimos de descarbonización que el Gobierno lleva persiguiendo desde hace años, no pueden perjudicar a empresas gas-intensivas como SABIC, que utilizan el gas natural no como combustible sino como materia prima y debe velar
por el mantenimiento de su actividad industrial y de su empleo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Mixto presenta para su debate y aprobación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España:
1. A manifestar la necesidad de evitar la deslocalización de las unidades de producción que se mantienen operativas en el complejo para salvaguardar el empleo y el tejido industrial.
2. A instar al Gobierno de la Región de Murcia, en colaboración con el resto de Administraciones, a poner en marcha un Plan Industrial con dotación presupuestaria suficiente y acordado con la empresa con el objetivo de establecer las
garantías para la continuidad de actividad industrial y el mantenimiento del empleo en el complejo industrial de Sabic en Cartagena. Asimismo, a requerir a la empresa a que exponga sus planes de futuro y los recursos que va a emplear para asegurar
la continuidad de la producción y que se prime la producción en España frente a otros emplazamientos europeos, dada la utilización de energías renovables, materias primas verdes y la descarbonización del proceso productivo'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria y Turismo
161/000473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para desarrollar una planificación
eléctrica que impulse al sector industrial, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El actual Plan de desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el período 2021-2026 fue aprobado el 22 de marzo de 2022, después de un proceso de tramitación iniciado en el año 2019.
Al respecto, la planificación eléctrica, de naturaleza vinculante, se configura como un instrumento normativo que establece los desarrollos necesarios de la red de transporte de electricidad para que el suministro eléctrico en España siga
siendo seguro, de alta calidad y cada vez más renovable.
Gracias a la planificación eléctrica, se dimensiona y se prepara a la red de transporte para que, además de atender la demanda actual, sea capaz de dar respuesta a nuevos consumos y para que sea facilitadora de la transición ecológica
haciendo posible la electrificación de procesos industriales hasta ahora atendidos con combustibles con emisiones, dando así cumplimiento a la política energética nacional y europea.
Asimismo, la red de distribución también debe atender al mismo objetivo de permitir la creciente electrificación de nuestra economía como parte de la estrategia de descarbonización, con arreglo a unos estándares previstos por el regulador.
Y aún más cuando se va generalizando el autoconsumo y la generación distribuida que obliga a contar con redes de distribución 'inteligentes', capaces de ordenar el tránsito de energía en sentido bidireccional, desde la aparición de la figura del
'prosumidor', el consumidor, que en determinadas horas del día es también productor de energía. Estas necesidades se van incrementando con la incorporación del sector industrial a las modalidades de autoconsumo, tanto individual como colectivo.
El boom del autoconsumo junto con la transformación digital que requieren las redes, están poniendo en evidencia que gran parte de la normativa reguladora se encuentra obsoleta, acumulando un gran retraso las reformas pendientes. Y la
consecuencia es que se ha producido una situación de insuficiencia de las redes y escasez de acceso y conexión, tanto para los generadores como para la demanda en general, y para la demanda industrial en particular. Esta situación pone en riesgo el
desarrollo de nuevas inversiones, miles de empleos y los propios planes de descarbonización de la industria.
El Grupo Parlamentario Popular viene advirtiendo desde hace tiempo que las actuales redes eléctricas y puntos de conexión no son suficientes para las nuevas necesidades surgidas de la nueva potencia renovable a instalar, pero también de la
nueva demanda fruto de la electrificación de la industria o de nuevas actividades como los Centros de Datos, electrolizadores para producir hidrógeno verde o carga para la movilidad eléctrica, lo que produce una ralentización de las inversiones e
incluso la fuga de éstas a otros países en los que conseguir que el acceso a la red sea más fácil, lo que pone en riesgo al crecimiento de la industria y, por tanto, de la economía del país.
Tanto la Unión Europea como recientemente la Agencia Internacional de la Energía han llamado la atención sobre la necesidad de incrementar la inversión en redes si se quieren alcanzar los nuevos objetivos de despliegue de renovables y la
electrificación de la industria.
Lamentablemente, las redes no tienen un papel protagonista en el borrador de revisión del PNIEC, pese a su papel crucial no sólo en el despliegue renovable sino en la
competitividad y electrificación de la industria y en la captación de nuevas inversiones industriales. En la pasada legislatura, fue aprobada por unanimidad una Proposición no de Ley de este Grupo Parlamentario Popular que instaba al
Gobierno a presentar un Libro Blanco sobre Industria y Energía, en el que se analizaran los impactos para el tejido industrial de las reformas regulatorias energéticas de los dos últimos años. El Gobierno nunca llegó a cumplir el mandato del
Congreso, que hubiera servido para identificar claramente las necesidades de red de la industria y las medidas más adecuadas para desarrollarla de manera eficiente.
Con su política energética, el Gobierno está penalizando la reindustrialización de nuestros sectores productivos, porque en lugar de ampliar red para acoger el mayor número de proyectos industriales posibles, y la inversión y empleo que lo
acompaña, opta por restringir y filtrar los proyectos con la excusa de la red existente. El Preámbulo del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, así lo declara cuando afirma textualmente que el gran número de proyectos es perjudicial:
'[...] Para la sociedad donde se ubica el proyecto porque se inician tramitaciones por un número de proyectos que ni la red, ni la zona, desde un punto de vista social y ambiental, pueden absorber.
Y para las administraciones, porque, en un momento en que estas se encuentran tensionadas por el elevado volumen de proyectos en tramitación, supone un empleo ineficiente de los recursos en proyectos que no podrán ser viables.
Lo anteriormente señalado hace que resulte necesario suspender las tramitaciones de aquellos proyectos que, pretendiendo evacuar en nudos de concurso, aún no dispongan de permisos de acceso y conexión'.
Ante la realidad de un contexto económico e industrial en pleno proceso de electrificación, el mismo Real Decreto-ley en su artículo 21.1 contemplaba entre sus medidas el lanzamiento de una nueva planificación de la red de transporte de
energía eléctrica para dar cabida a las necesidades de refuerzo de la red que se han identificado con posterioridad a la aprobación de la vigente Planificación eléctrica 2021-2026:
'Antes del 31 de marzo de 2023, el Gobierno iniciará una modificación de aspectos puntuales de los planes de desarrollo de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica, previstos en el artículo 4.4 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, para incluir aquellas actuaciones urgentes que sean estratégicas y prioritarias para la transición energética y que permitan desarrollar la cadena de valor industrial'.
Asimismo, y con el fin de evitar el impacto en los costes de los peajes para los consumidores, se establece la posibilidad de que dichas actuaciones sean financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas
actuaciones no computarán a la hora de calcular los límites máximos anuales de inversión en la red de transporte de energía eléctrica fijados por la normativa sectorial.
Un parche de última hora que evidencia la falta de reformas estructurales, reflexionadas, consultadas y consensuadas.
La revisión de la planificación aprobada ya se prevé en el artículo 4.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Este precepto legal establece que, excepcionalmente, por acuerdo del Consejo de Ministros, previo trámite
de audiencia, informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla afectadas y oído el operador del sistema, se podrá proceder a la modificación de aspectos puntuales de los
planes de desarrollo cuando se produjera alguna de las siguientes situaciones:
- Que se haya presentado un hecho imprevisto que pudiera afectar de manera significativa a la garantía y seguridad de suministro.
- Que surjan nuevos suministros cuya alimentación por motivos técnicos únicamente pueda realizarse desde la red de transporte y ésta no pudiera realizarse bajo la planificación de la red de transporte vigente.
- O que la construcción de determinadas instalaciones en la red de transporte resulte crítica para la transición energética y la electrificación de la economía y estas no estuvieran contempladas en el instrumento de planificación vigente.
Por lo tanto, al margen de que es necesaria una reforma profunda de la regulación relativa a las actividades de transporte y distribución, así como de los criterios relativos al derecho de acceso y conexión, abandonando la improvisación
permanente por parte del gobierno y el uso y abuso de los Reales-Decretos ley, distintas Comunidades Autónomas presentaron sus propuestas y necesidades, con fundamento el referido artículo 21.1 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre.
Actualmente, más de un año después, ya culminó el trámite para identificar esa inversión neta adicional, que vuelve a demostrar la mentalidad anti-industrial del MITECO y desliza las sospechas de favoritismo o no, según la región de que se
trate.
Tras las demandas realizadas por las diversas administraciones y los propios promotores de estas iniciativas industriales, el pasado 14 de diciembre de 2023 se publicó el documento de modificación de aspectos puntuales del Plan de Desarrollo
de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026.
Según la información facilitada por el Gobierno, estas modificaciones se nutren de una partida de la adenda del Plan de Recuperación de 931 M, si bien el total de las modificaciones contempladas en el documento ascendió a 321,2M, elevando
su cifra inversora en un 4,6% hasta los 7.285M sobre los 6.964M ya previstos en la Planificación eléctrica con horizonte 2026. La Comunidad Autónoma de Galicia, la Comunidad de Andalucía y la Comunidad Autónoma de Madrid lideran estas alegaciones
ya que entienden que el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 discrimina sus territorios y no atiende sus necesidades de red, poniendo en riesgo miles de millones de euros de inversión en electrificación de la
industria, en autoconsumo, en nuevo generación renovable, y en nueva demanda eléctrica necesaria para grandes consumidores, como los Centros de Datos.
El mismo día 14 de diciembre de 2023, se inició el trámite de audiencia e información pública de la propuesta de modificación de aspectos puntuales de la Planificación vigente, que permaneció abierto hasta el 12 de diciembre de 2024.
Aunque las modificaciones incluidas se consideran necesarias para el desarrollo energético e industrial de las diferentes Comunidades Autónomas, también es cierto que existen otros proyectos, en muchos casos declarados estratégicos por los
gobiernos autonómicos o por el propio gobierno central, cuyas necesidades no se ven atendidas con estas modificaciones a la planificación actual, a pesar de constituir proyectos fundamentales para garantizar el crecimiento económico, industrial y
posibilitar incluso la reconversión o reindustrialización de una zona.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la planificación ordinaria, fue muy penalizada respecto a planes anteriores, al asignársele tan solo 68 M, un 1 % del total de 6.964 M, un porcentaje muy inferior comparado con el 6,7 %
que representaron los 308 M del período 2015-20. Como consecuencia de las modificaciones publicadas en diciembre de 2023, el total de inversión prevista asciende a 190 M de un total de 7.285 M, es decir, un 2,6 %, un porcentaje que no se
corresponde con la aportación de energía renovable que hace la Comunidad Autónoma de Galicia a la red eléctrica.
En paralelo a la tramitación y aprobación de la Planificación Eléctrica de la Red de Transporte, se han ido promoviendo en Galicia una serie de proyectos industriales intensivos en energía que precisan conexión a la red eléctrica para su
consumo y para poder garantizar su viabilidad y competitividad, como son los casos de Altri, Resonac, Ignis, Triskelion, o P2X Europe, entre otros.
En previsión del cumplimiento de dicho precepto legal, la Xunta de Galicia remitió en tiempo y forma al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe sobre la solicitud de modificación de la Planificación Eléctrica
de la Red de Transporte 2021-2026 para atender la demanda de proyectos industriales en Galicia.
Sin embargo, de dicho inicio de la modificación de aspectos puntuales, nada se supo durante la primera mitad del año 2023.
En cualquier caso, y ante la importancia de que los diversos proyectos industriales contasen con el suministro eléctrico, siendo una cuestión que es determinante en la decisión de inversión de estos, en la reunión que tuvieron el Presidente
de la Xunta y el anterior Ministro de Industria y Turismo, Héctor Gómez, esta cuestión fue abordada.
Así, el entonces ministro en funciones defendió que el Gobierno central no pondría en riesgo ningún proyecto por este motivo. 'No va a haber un proyecto que no cuente con el respaldo de suministro eléctrico por parte del Gobierno de España
y por parte de Red Eléctrica', indicó tras la reunión.
La solicitud de modificación fue remitida formalmente al Ministerio de Industria y Turismo el pasado 16 de noviembre de 2023.
Del conjunto de modificaciones incluidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 64 modificaciones que suponen una inversión de 321 millones de euros para toda España, se estima que sólo 6 M corresponderán a
Andalucía, lo que apenas representa el 2 % del total, porcentaje que tampoco se corresponde con el peso poblacional de Andalucía (18 % del país) y con su posición como segunda comunidad por extensión geográfica. Además, Andalucía argumenta en sus
alegaciones que gestiona el 20 % de la potencia renovable en tramitación en España.
Por su parte, la Comunidad de Madrid denuncia que las modificaciones aceptadas al Plan vigente 2021-2026 no incluyen ningún cambio para la Comunidad Autónoma, pese a la falta de capacidad de acceso y conexión para una gran necesidad de
nuevos permisos de acceso, como muchos proyectos de Centros de Datos, que precisan de una gran cantidad de suministro eléctrico, -preferiblemente renovable-, para su operación y una localización en nudos estratégicos de la red de telecomunicaciones,
movilizando inversiones multimillonarias de multinacionales de telecomunicaciones y de plataformas digitales globales.
Así, nos encontramos con que en numerosos territorios del Estado, estas modificaciones no son suficientes para atender todas las necesidades de los proyectos viables que están próximos a ejecutarse.
En cualquier caso, es necesario que proyectos industriales que se consideran estratégicos para el conjunto del territorio español tengan certezas durante su desarrollo respecto a la viabilidad de su acceso a la red de transporte eléctrica
debido, entre otros, a los siguientes motivos:
- Para poder tomar la decisión de inversión se debe conocer y acreditar con antelación la viabilidad de la conexión eléctrica, pues en caso contrario imposibilita continuar adelante con los proyectos.
- La no acreditación de la viabilidad de conexión eléctrica impide a los proyectos acceder a ayudas y subsidios europeos, estando en consecuencia en condiciones de desigualdad y menor competitividad respecto de otros proyectos.
- La viabilidad de un proyecto depende también gran medida de los contratos correspondientes con los stakeholders o partners por lo que no tener acreditada la viabilidad de conexión eléctrica retrasa y dificulta las negociaciones.
Además, en muchos casos estamos hablando de proyectos industriales que pueden afectar de manera significativa a la garantía y seguridad de suministro, y que incluso su construcción puede ser crítica para la transición energética y la
electrificación de la economía.
Este sería, por ejemplo, el caso de Altri, un proyecto de economía circular consistente en una planta de producción de fibras textiles obtenidas a partir de celulosa soluble en Palas de Rei, Lugo, y que supondrá una inversión de 900 M y la
creación de 2.500 puestos de trabajo, y para el cual se ha requerido una solución a su conexión eléctrica en reiteradas ocasiones.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones del Ministro de Industria donde señala que no habrá un solo plan en España que se quede sin conexión eléctrica, la realidad es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
está mostrando una absoluta falta de coordinación y empatia con las necesidades de los diversos territorios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir nuevas modificaciones en la planificación de la red de transporte que den respuesta a las necesidades de los proyectos industriales intensivos en energía cuya viabilidad y competitividad dependen de la conexión eléctrica.
2. Adoptar las medidas necesarias para que se aceleren los plazos de tramitación y ejecución de estas infraestructuras, con el fin de que la puesta en marcha de los proyectos industriales no se vea retrasada por la falta de la interconexión
eléctrica.
3. Realizar una modificación de la Ley del Sector Eléctrico que permita introducir modificaciones de una manera ágil y sencilla en la planificación de la red de transporte y distribución para dar respuesta a las necesidades de conexión de
proyectos industriales que tengan una calificación de prioritarios o estratégicos por un gobierno autonómico o por el Gobierno central.
4. Establecer cauces de participación efectivos de los administrados ante el organismo regulador CNMC en relación con la declaración de prioritarias o estratégicas, considerando el conjunto del sistema energético, las necesidades de la
economía nacional y la retribución asignada a la inversión destinada a cubrir dichas necesidades.
5. Diseñar procedimientos de adjudicación y gestión de la escasez de capacidad en el corto plazo, que consideren entre los criterios de adjudicación el volumen de la inversión industrial, el grado de madurez y viabilidad técnico-económica
del proyecto y la generación de empleo local y nacional que producirá el proyecto y su cadena de suministro vinculada.
6. Ampliar los programas y normativa que favorezcan la digitalización de las redes, permitiendo un mejor aprovechamiento de los servicios que la industria puede ofrecer al sistema eléctrico tales como producción de excedentes de
autoconsumo, gestión de la demanda y servicios de flexibilidad y almacenamiento.
7. Elaborar el Libro Blanco sobre Energía e Industria, que quedó pendiente de la legislatura anterior, que incluya un análisis de los impactos en la industria como consecuencia de las reformas regulatorias en energía desde el 1 de enero de
2020 a la actualidad y, especialmente, de las necesidades de red de la demanda y las medidas que se recomiendan para que puedan ser cubiertas sin pérdida de proyectos industriales por falta de capacidad de acceso y conexión.
8. Abordar la reforma de los PERTES a fin de facilitar la conexión de aquellos proyectos industriales que se consideran estratégicos por los gobiernos autonómicos y por el Gobierno central, incluyendo la previsión de una mayor agilidad en
el desembolso de las ayudas con fondos Next Generation, que podrán contribuir a la inversión necesaria para desarrollar la red de distribución.
9. Desarrollar mecanismos de co-gobernanza real con las Comunidades Autónomas para el adecuado cumplimiento de las medidas anteriores, estableciendo criterios de inversión en redes para cada Comunidad Autónoma, de forma desagregada para
nueva generación y para nueva demanda, que considere prioritariamente el volumen de inversión industrial y empleo a generar y equitativamente, peso poblacional, relación de proyectos de nueva demanda en la Comunidad Autónoma respecto al total
nacional y relación de proyectos de nueva generación respecto al total nacional'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Francisco José Conde López, Juan Diego Requena Ruiz, Sergio Sayas López, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Maribel Sánchez Torregrosa, Esther Llamazares
Domingo, Silverio Argüelles García, Mirian Guardiola Salmerón, Laura María Lima García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, José Vicente Marí Bosó, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro
Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco Retamosa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas para solucionar
los problemas que garanticen la continuidad de la factoría SABIC en la Región de Murcia para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El complejo industrial de producción de plásticos de última generación de Sabic en Cartagena, se instaló en La Aljorra en 1989. En el año 2007, fue adquirida por la multinacional saudí Sabic y a lo largo de estos años ha tenido un impacto
económico muy importante para la Región, alcanzando hasta el 2 % del PIB regional y el 10 % de las exportaciones de nuestra Comunidad Autónoma. Estaba integrado por cuatro plantas, HPP, Lexanl, Lexan 2 y Compounding, y generaban cerca de 800
empleos directos y casi 4000 indirectos a través de las empresas auxiliares.
En el año 2020, la empresa decide cerrar la planta HPP, lo que supuso un ERTE que afectaba a 106 puestos y 268 personas. En enero de 2023 paraliza 'temporalmente' la producción de la planta LEXAN 2 poniendo en marcha un primer ERTE que
afecta a 106 empleados directos y al que le sucede un segundo ERTE, en el mes de junio, que afecta a un número similar de empleados. Finalmente, en diciembre de 2023, SABIC pone en marcha un ERE para el despido de 137 trabajadores de los 600 con
que cuenta actualmente dando por definitivo el cierre de la planta Lexan 2.
Esta paralización de actividad no solamente supone un inasumible coste en empleo local, sino que produce una pérdida de actividad de multitud empresas auxiliares, que tiene un gran impacto en la sociedad local y en la economía regional. Se
pierden empleos de forma directa, pero también se perderán de forma indirecta e inducida.
Además de manifestar el absoluto rechazo al cierre de la segunda planta de Lexan 2, y solicitar a la empresa que siga garantizando la recolocación de los trabajadores y la continuidad de la planta de Cartagena, el gobierno debería sumarse a
la declaración institucional aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, implicándose directamente en la protección y defensa de los trabajadores de este estratégico enclave industrial, de importancia nacional.
Igualmente, y considerando el carácter estratégico para Cartagena, para la Región de Murcia y para España, que tiene la planta de producción de plásticos de última generación de La Aljorra, el gobierno nacional, en el ejercicio de sus
funciones, debería asegurarse de que SABIC elabore y presente un plan de modernización y actualización de sus instalaciones, para que sigan estando a la vanguardia de la producción industrial, adaptándose a las nuevas demandas y manteniendo su
actividad y sus empleos. Este plan debería ir acompañado de una hoja de ruta que ofrezca a los trabajadores tranquilidad sobre su futuro laboral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Sumarse a las acciones emprendidas por el Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena, para buscar soluciones para la continuidad de la producción de la planta de SABIC en Cartagena, que garantice el mantenimiento de
los puestos de trabajo y la viabilidad futura de la factoría.
2. Que el Gobierno de España planifique de forma urgente una reunión con el Gobierno de Arabia Saudí, propietaria del 70 % de SABIC, para que no se produzca la deslocalización de la factoría de Cartagena, ofreciendo las garantías de apoyo a
esta industria y las posibilidades de realizar las innovaciones que precisa esta factoría, a través del PERTE de Descarbonización o de cualquier otra actuación que impida la reubicación de SABIC Cartagena fuera de España.
3. Solicitar a la empresa SABIC un plan de modernización y actualización de sus instalaciones, acompañado de una hoja de ruta que ofrezca a los trabajadores tranquilidad sobre su futuro laboral a medio y largo plazo.
4. Generar un clima de desarrollo de la actividad empresarial favorable y estable, enfocado al mantenimiento y mejora de la actividad de empresas estratégicas como SABIC, por su actividad y por su capacidad de generación de empleo, directo
e indirecto'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Violante Tomás Olivares, Juan Luis Pedreño Molina, Mirian Guardiola Salmerón y Francisco José Conde López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre el estudio de la mejora y desarrollo de los Paradores de Turismo de España, para su discusión en la Comisión de
Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. Introducción.
En el año 1928, el rey Alfonso XIII inauguró en Navarredonda de Gredos el primer parador nacional. Desde entonces y hasta la actualidad, la red de paradores ha trabajado con el objetivo de crear un producto turístico de calidad, que sea
referente de España en el exterior 22, bajo el paraguas de la sociedad pública Paradores de Turismo de España, S.M.E.S.A. ('Paradores').
Asimismo, Paradores ha contribuido a preservar, restaurar y difundir nuestra riqueza patrimonial. De hecho, los 97 establecimientos de la red de paradores nacionales han sido seleccionados por su interés histórico, artístico o cultural.
Por tanto, uno de sus grandes atractivos es el patrimonio inmueble con 45 edificios calificados como Bien de Interés Cultural 23 y 9 situados en ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad 24.
22 https://www.elindependiente.com/economia/2023/01/19/paradores-busca-disparar-un-20-su-cliente-extranjero-y-elevar-el-beneficio/.
23 https://paradores.es/sites/default/files/2022-11/EINF-2021-INFORME-DE-VERIFICACIoN.pdf
24 https://www.enciclofurgo.com/paradores/bic.pdf.
25 https://atlasnacional.ign.es/images/e/e4/Espana_Paradores_2015_mapa_14166_spa.jpg.
Además, Paradores cuenta con una importante colección artística formada por más de 9.000 piezas. Y, cabe destacar que un tercio de la red de Paradores se ubican en Reservas de la Biosfera, contribuyendo con ello a la conservación y
restauración de los bienes ecológicos. De esta manera, la localización de la gran parte de los edificios que albergan la red redunda beneficia a la España rural, fijando población y apoyando a la economía local. Este modelo de negocio debe
potenciarse en aras de la lucha contra la despoblación, aprovechando, entre otros aspectos, la amplia oferta gastronómica de Paradores 26, y convirtiendo su red en uno de los estandartes del patrimonio gastronómico de nuestra Nación.
Asimismo, muestra de la importancia que tiene Paradores para las cotas turísticas son sus cuentas anuales 27. Durante el año 2022, los ingresos totales superaron los 300 millones de euros, aumentando un 36% su cifra de negocio atrayendo a
cerca de 1,5 millones de turistas de los que 427.000 fueron clientes extranjeros.
Segundo. Problemas en la gestión de Paradores.
Pese a lo expuesto, la gestión operativa de esta empresa de carácter público ha sido objeto de críticas y controversias a lo largo de las últimas décadas, destacándose la existencia de proyectos fallidos, la mala gestión de fondos públicos y
el incumplimiento de los compromisos de inversión asumidos.
Un claro ejemplo de ello es el fallido proyecto de edificación de un Parador Nacional de Turismo en la localidad de Villablino, en León, conocido como el Parador Nacional de Turismo en Laciana. Desde que en 2004 el por entonces presidente
del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunciase 28 la intención de llevar a cabo el mencionado proyecto en un lapso de treinta meses, este ha transitado a lo largo de un prolongado período de veinte años sin avances significativos.
Posteriormente, en el año 2011, se iniciaron los trabajos de demolición de las estructuras preexistentes en los terrenos municipales de Sosas de Laciana, compuestos por antiguas escuelas y un matadero, cediendo el espacio resultante al Instituto de
Turismo de España ('Turespaña') con vistas a la construcción' del parador 29. No obstante, ni en los Presupuestos Generales del mencionado año ni en los sucesivos se destinaron recursos financieros para la consecución de este objetivo, culminando
finalmente con la paralización del proyecto y la devolución de los terrenos cedidos al Ayuntamiento, acompañada de una indemnización de 544.000 euros en concepto de daños ocasionados 30.
Otro ejemplo revelador de la ineficaz gestión del Gobierno se evidencia en el caso del Monasterio de Veruela, ubicado en Zaragoza, el cual, tras dieciséis años de demoras para su conversión en parador, aún carece de una fecha precisa para su
puesta en marcha 31. A pesar de que Turespaña ha acometido la ejecución de obras para transformar el complejo histórico en un espacio renovado con 85 habitaciones distribuidas en cinco plantas, los trabajos concernientes al equipamiento y
decoración de las habitaciones, bajo la responsabilidad de Paradores, aún no han sido realizados.
Por otra parte, en lo relativo al aspecto financiero, se constatan varios casos de uso inadecuado de los recursos públicos: i) el presupuesto final destinado a la creación de un parador en Molina de Aragón, én la provincia de Guadalajara,
ha experimentado un incremento hasta alcanzar los 19,7 millones de euros, un 10% más con respecto al proyecto inicial 32, ii) la segunda fase de la adecuación del Parador de San Marcos en León aún no ha sido ejecutada y el aumento en los costes de
su adecuación generó numerosos
26 https://www.eldebate.com/estilo-vida/recetas/20220901/aroma-cocina-espanola-paradores_57396.html.
27 https://paradores.es/es/transparencia-cuentas-anuales.
28 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/paginas/2004/r2307040.aspx.
29 https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/finaliza-derribo-antiguas-escuelas/201102210500001159137.html.
30 https://www.infobierzo.com/bierzo/alcalde-villablino-informacion-terrenos-indemnizacion-paradof_1001229_102.html.
31 https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2023/05/15/parador-veruela-continua-pendiente-puesta-punto-acumula-15-anos-retrasos-1651699.html.
32 https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-aprueba-gasto-adicional-17-millones-para-parador-molina-aragon-costara-casi-20-202203021353_noticia.html.
retrasos en la ejecución de sus obras 33, y iii) a pesar de los amplios beneficios obtenidos en los últimos dos años (11,1 millones en 2023 y 3 millones en 2022), el 90% de estos han sido destinados por los administradores para compensar
resultados negativos de ejercicios anteriores 34.
Por último, pese al anuncio realizado a principios del año 2023 por parte del entonces presidente de Paradores, Pedro Saura García, sobre la ampliación de la red de paradores con la apertura de Casa Atarfe (Aranjuez) y el Parador de Molina
de Aragón antes de finales del mismo año 35, la realidad a principios de 2024 indica que ninguno de estos dos emplazamientos se encuentra operativo.
Tercero. Conclusiones.
Paradores, como entidad de naturaleza pública, desempeña un papel esencial en el sector turístico nacional y en la preservación y difusión de nuestro acervo histórico, cultural, arquitectónico y gastronómico. Su relevancia queda probada por
su alta demanda tanto de turistas nacionales como extranjeros.
Además, la ubicación mayoritaria de los establecimientos de Paradores en áreas geográficas específicas los convierte en un generador significativo de riqueza y empleo en las regiones rurales de España. En este contexto, es fundamental
impulsar proyectos que, al ser implementados, actúen como catalizador en zonas de la España rural afectadas por la despoblación e inactividad económica.
En definitiva, Paradores posee la capacidad de convertirse en un centro de atracción para otras empresas y contribuir, de este modo, a la generación de empleo en áreas afectadas por la crisis demográfica, desempeñando así un papel relevante
en la lucha contra la despoblación de las zonas rurales de España.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España al estudio de la mejora y desarrollo de la red de Paradores de Turismo de España y, a tal efecto, adoptar las siguientes medidas:
1. Promover la adopción de acuerdos con las distintas administraciones públicas, así como convenios con las entidades privadas correspondientes, al objeto de identificar lugares y edificios singulares en desuso o que se encuentren en una
manifiesta situación de abandono, especialmente cuando estos se ubiquen en zonas de la España despoblada donde la actividad económica se haya reducido de forma exponencial.
2. Establecer estrategias de promoción turística para los Paradores, destacando no solo la excelencia de los servicios y productos proporcionados, sino también resaltando la experiencia enriquecedora de sumergirse en su riqueza histórica,
cultural y artística.
3. Apoyar la creación de productos turísticos y actividades específicas en los Paradores, orientados a explotar la experiencia histórico-cultural. En el caso de los establecimientos ubicados en entornos naturales con oportunidades
recreativas, deportivas y de turismo activo, se estimulará el desarrollo de ofertas que integren la estancia con la participación en dichas actividades.
4. Promover el uso de productos locales de proximidad en los espacios de restauración de Paradores, respaldando la adhesión a la tradición culinaria y artesanal local, contribuyendo así al desarrollo de las economías regionales.
33 https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/paradores-afronta-cuarta-presidencia-anos-san-marcos-olvido/202312290233172409391.html.
34 Página 18 de las Cuentas Anuales 2022.
35 https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/12178102/03/23/La-red-de-Paradores-alcanzara-el-numero-100-este-2023-con-200-millones-en-cartera-para-mejorar-la-red-actual.html.
5. Incentivar y respaldar la ejecución oportuna de proyectos Paradores ya iniciados, asegurando el cumplimiento de los plazos acordados desde su inicio. Se buscará la eficiencia en el gasto para optimizar los recursos destinados a la
realización de dichos proyectos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala y María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoces del Grupo Parlamentario
VOX.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión
financera de las personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas para su debate en instancia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Muchas personas refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes en situación administrativa regular deben superar una serie de obstáculos que les impide la apertura de cuentas bancadas, aunque la normativa exige que toda persona, con papeles
o sin, pueda acceder a cuentas de pago básicas. Esto los coloca en una situación de exclusión financiera que tiene consecuencias directas en sus vidas: no pueden contratar servicios básicos como la luz o el agua; recibir pagos; efectuar una
transferencia; dificultades a la hora de pagar el alquiler o no poder solicitar prestaciones sociales como el Ingreso Mínimo Vital. Todo por no disponer de una cuenta bancada. Son acciones fundamentales para la vida económica de una persona que
requiere ser titular de una cuenta bancada.
La exclusión financiera es un proceso por el cual la ciudadanía encuentra dificultades en el acceso o el uso de servicios y productos financieros en el mercado general, que sean apropiados a sus necesidades y les permitan llevar a cabo una
vida social normal en la sociedad a la cual pertenecen. Esta exclusión financiera tiene tres dimensiones diferentes: la dimensión social, no permitiendo la integración de la ciudadanía en una sociedad cada vez más 'financiarizada'; una dimensión
económica, no posibilitando el desarrollo de las capacidades de la persona y obtener valor en las transacciones económicas; y una dimensión legal, cuestionando el acceso bancario como un servicio básico que debe garantizarse en condiciones
adecuadas.
Es necesario mencionar que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos para todas las personas, independientemente de su situación administrativa, tal y como dicta la
legislación estatal y europea.
Estas personas se encuentran con toda clase de trabas para abrir una cuenta bancaria o directamente se les niega este derecho. La Directiva 2014/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, reconoce el derecho de
acceso a cuentas de pago básicas con independencia de las circunstancias financieras del consumido, de su situación laboral, del nivel de renta, el historial crediticio o la insolvencia. También hace referencia al hecho que estas cuentas básicas no
deben suponer una estigmatización de los consumidores, que muy probablemente ya se encuentren estigmatizados y discriminados por razones de etnia, origen, religión, etcétera. Aun así, esta Directiva
también reconoce el derecho a todo ciudadano a la apertura de una cuenta corriente y requiere que la banca de cada Estado ofrezca una oferta de servicios básicos suficientemente competitiva y accesible para cualquier persona,
independientemente de su nacionalidad y lugar de residencia.
Esta Directiva se transpuso mediante el Real Decreto-Ley 19/2017, de 24 de noviembre, de traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones con el objetivo de garantizar el acceso a este derecho financiero a personas en situación de
vulnerabilidad y exclusión social y para facilitar la inclusión y la cohesión social. Esta norma obliga a las entidades bancadas a ofrecer cuentas de pago básicas a potenciales clientes que sean personas residentes a la Unión Europea, incluyendo
personas sin domicilio fijo, solicitantes de asilo y sin permiso de residencia, pero que su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho.
No obstante esta normativa, algunas entidades bancadas vulneran sistemáticamente este derecho, como constatan las personas inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiadas u organizaciones de la sociedad civil. Un buen ejemplo de esto es que
algunos bancos continúan negando el acceso a estas cuentas a determinadas personas inmigrantes por su país de origen (independientemente de su situación administrativa) basándose en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo que establece que, para abrir una cuenta bancada se deben identificar a los clientes a partir de documentos fehacientes y probar la procedencia de los ingresos.
Esta práctica habitual de las entidades bancarias se puede comprobar en una serie de irregularidades como, por ejemplo, no informar de la existencia de las cuentas de pago básicas a las que tienen derecho las personas en situación de
vulnerabilidad social; no reconocer como válidos documentos de identidad, algunos expedidos por la Administración General del Estado (como el NIE, el resguardo de solicitud de protección internacional, la tarjeta oficial del solicitante de asilo, o
el pasaporte un país extranjero); la obligación de contratar seguros, depósitos u otros productos financieros; solicitar documentación adicional como un contrato de trabajo o detallar la fuente de ingresos, cosa de la que mancan las personas en
situación administrativa irregular. Estas prácticas arbitrarias causan divisiones injustas y obstaculizan la integración de las personas en la sociedad. Debemos añadir el bloqueo o congelación de las cuentas a consecuencia de la lentitud de la
Administración General del Estado en emitir y renovar la documentación de las personas en situación administrativa regular.
Además, impiden participar plenamente de la economía formal y acceder a oportunidades de desarrollo económico y social, perpetuando así la marginalización y exclusión social de las personas inmigrantes, solicitantes de asilo o refugiadas.
Por todo se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Desarrollar las modificaciones legislativas necesarias, en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación de la presente iniciativa, para reforzar los mecanismos de control y supervisión para hacer efectivo el derecho al acceso a
cuentas de pago básicas y evitar casos de exclusión financiera que agravan las situaciones de vulnerabilidad social.
2. Desarrollar un régimen sancionador para aquellas entidades o sucursales bancarias que apliquen prácticas arbitrarias para impedir la correcta aplicación del derecho de acceso a cuentas de pago básicas, en el plazo de seis meses desde la
aprobación de esta Proposición no de Ley.
3. Sensibilizar la sociedad sobre la importancia de la inclusión financiera de los inmigrantes en situación administrativa irregular y combatir la discriminación y estigmatización asociadas a su situación migratoria'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputat Jordi Salvador i Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la inclusió
financera de les persones immigrants, sol·licitants d'asil i refugiades per al seu debat a la Comissió de Drets Socials i Consum.
Exposició de motius
Moltes persones refugiades, sol·licitants d'asil i immigrants en situació administrativa irregular han de superar una sèrie d'obstacles que els impedeix l'obertura de comptes bancaris, tot i que la normativa exigeix que tota persona, amb
papers o sense, pugui accedir a comptes de pagament bàsics. Això els col·loca en una situació d'exclusió financera que té conseqüències directes a les seves vides: no poden contractar serveis bàsics com la llum o l'aigua; rebre un pagament;
efectuar una transferència; dificultats a l'hora de pagar el lloguer o no poder sol·licitar prestacions socials com l'Ingrés Mínim Vital. Tot per no disposar d'un compte bancari. Són accions fonamentals per la vida econòmica d'una persona que
requereix ser titular d'un compte bancari.
L'exclusió financera és un procés pel qual la ciutadania troba dificultats en l'accés o l'ús de serveis i productes financers en el mercat general, que siguin apropiats a les seves necessitats i els permetin portar una vida social normal en
la societat a la qual pertanyen. Aquesta exclusió financera té tres dimensions diferents: la dimensió social, no permetent la integració de la ciutadania en una societat cada vegada més 'financeritzada'; una dimensió econòmica, no possibilitant
el desenvolupament de les capacitats de la persona i obtenir valor en les transaccions econòmiques; i una dimensió legal, qüestionant l'accés bancari com un servei bàsic que ha de garantir-se en condicions adequades.
És necessari mencionar que les administracions públiques tenen l'obligació garantir un accés equitatiu als serveis bàsics per a totes les persones, independentment de la seva situació administrativa, tal com dicta la legislació estatal i
europea.
Aquestes persones es troben amb tota classe de traves per obrir un compte bancari o directament se'ls hi nega aquest dret. La Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, reconeix el dret d'accés a
comptes de pagament bàsics amb independència de les circumstàncies financeres del consumidor, de la seva situació laboral, del nivell de renda,
l'historial creditici o la insolvència. També fa referència al fet que aquests comptes bàsics no han de suposar una estigmatització dels consumidors, que molt probablement ja es troben estigmatitzats i discriminats per raons d'ètnia,
origen, religió, etc. Tanmateix, aquesta Directiva també reconeix el dret a tot ciutadà a l'obertura d'un compte corrent i requereix que la banca de cada Estat ofereixi una oferta de serveis bàsics prou competitiva i accessible per a qualsevol
persona, independentment de la seva nacionalitat i lloc de residència.
Aquesta Directiva es va transposar mitjançant el Real Decret-Llei 19/2017, de 24 de novembre, de trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions amb l'objectiu de garantir l'accés a aquest dret financer a persones amb situació
de vulnerabilitat i exclusió social i per facilitar la inclusió i la cohesió social. Aquesta norma obliga a les entitats bancàries a oferir comptes de pagament bàsics a potencials clients que siguin persones residents a la Unió Europea, incloent-hi
persones sense domicili fix, sol·licitants d'asil i sense permís de residència, però que la seva expulsió sigui impossible per raons jurídiques o de fet.
No obstant aquesta normativa, algunes entitats bancàries vulneren sistemàticament aquest dret, com constaten les persones immigrades, sol·licitants d'asil, refugiades o organitzacions de la societat civil. Un bon exemple d'això és que
alguns bancs continuen negant l'accés a aquests comptes a determinades persones immigrades pel seu país d'origen (independentment de la seva situació administrativa) basant-se en la Llei 10/2010,
de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme que estableix que, per obrir un compte bancari s'ha d'identificar als clients a través de documents fefaents i provar la procedència dels ingressos.
Aquesta pràctica habitual de les entitats bancàries es pot comprovar en una sèrie d'irregularitats com, per exemple, no informar de l'existència dels comptes de pagament bàsics als que tenen dret les persones amb situació de vulnerabilitat
social; no reconèixer com a vàlids documents d'identitat, alguns expedits per
l'Administració General de l'Estat (com el NIE, el resguard de sol·licitud de protecció internacional o la targeta oficial de sol·licitant d'asil o el passaport d'un país estranger); l'obligació de contractar assegurances, dipòsits o altres
productes financers; sol·licitar documentació addicional com un contracte de feina o detallar la font d'ingressos, cosa de la qual manquen les persones amb situació administrativa irregular. Aquestes pràctiques arbitràries provoquen divisions
injustes i obstaculitzen la integració de les persones en la societat. Cal afegir el bloqueig o congelació dels comptes a conseqüència de la lentitud de l'Administració General de l'Estat en emetre i renovar la documentació de les persones amb
situació administrativa regular.
A més a més, impedeixen participar plenament de l'economia formal i accedir a oportunitats de desenvolupament econòmic i social perpetuant així la marginalització i exclusió social de les persones immigrades, sol·licitants d'asil o
refugiades.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Desenvolupar les modificacions legislatives necessàries, en el termini màxim de sis mesos des de l'aprovació de la present iniciativa, per realitzar totes els canvis legals necessaris per reforçar els mecanismes de control i supervisió
per fer efectiu el dret a l'accés a comptes de pagament bàsics i evitar casos d'exclusió financera que agreugen les situacions de vulnerabilitat social.
2. Desenvolupar un règim sancionador per aquelles entitats o sucursals bancàries que apliquen pràctiques arbitràries per impedir la correcta
aplicació del dret d'accés a comptes de pagament bàsics, en el termini de sis mesos des de l'aprovació d'aquesta Proposició No de Llei.
3. Sensibilitzar la societat sobre la importància de la inclusió financera dels migrats en situació administrativa irregular i combatre la discriminació i estigmatització associades a la seva situació migratòria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de març de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputat.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ricardo Chamorro Delmo, Ignacio Hoces Íñiguez, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en sus condiciones respectivas de Portavoz,
Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción del producto nacional en los
mercados extranjeros tras la revisión del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión Europea, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. La grave situación del sector primario español.
Tal y como ha venido denunciando de manera reiterada el Grupo Parlamentario VOX, nuestros agricultores y ganaderos padecen la imposición de estándares medioambientales derivados del Pacto Verde Europeo, los altos costes de producción, la
burocracia y la hiper regulación, que nos sitúan en una clara desventaja competitiva respecto a países extracomunitarios, en detrimento del principio de reciprocidad. Esta situación se agrava por la sequía y otras adversidades climáticas, junto con
la limitada capacidad de almacenamiento de agua en gran parte del territorio nacional 36.
Por otro lado, según ha puesto de relieve el Informe sobre la evolución de los insumos agrarios de ASAJA, se han producido 'variaciones significativas en los precios de los insumos clave, lo que impacta directamente en la rentabilidad de las
explotaciones agrícolas y ganaderas' 37. Así, se ha registrado un incremento promedio del 128 % en los precios de los insumos en el período comprendido entre octubre de 2020 y mayo de 2023 38.
Por último, cabe destacar que, en los últimos meses de 2023, período en el que se concentra el desembolso de la mayoría de las ayudas de la Política Agraria Común ('PAC'), los agricultores y ganaderos españoles han experimentado una
reducción de 580 millones de euros en comparación con el ejercicio de 2022 39. Esta nueva PAC, aprobada a finales de 2021 40, contiene un 40 % de su presupuesto destinado a objetivos ambientales con metas en muchas ocasiones inalcanzables para los
agricultores y ganaderos españoles. Todo ello hace mermar sus expectativas económicas, reduce la empleabilidad del sector y, en definitiva, redunda en su inviabilidad; situación que justifica las legítimas protestas de los agricultores y ganaderos
acontecidas recientemente.
Segundo. Reducción de las partidas destinadas a la promoción de productos europeos en el marco financiero plurianual.
Desde la ratificación del Tratado de Lisboa en 2007, los Estados miembros de la Unión Europea ('UE') se adhieren a las disposiciones establecidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ('TFUE'). En este contexto, el artículo
312 del TFUE establece el Marco Financiero Plurianual ('MFP') como el mecanismo que define los límites máximos anuales de créditos para compromisos, categorizados por tipo de gastos, así como el límite máximo anual de créditos para pagos en el seno
de la UE, siendo su cometido 'garantizar la evolución ordenada de los gastos de la Unión dentro del límite de sus recursos propios' 41.
En este sentido, la Comisión Europea aprobó el pasado 27 de febrero la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2024, sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom)
2020/2093, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027.
Mediante esta revisión del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 se destinan 50.000 millones de euros para la reconstrucción de Ucrania. La necesidad de seguir apoyando a Ucrania ante la criminal agresión rusa, junto con las necesidades de
implementación de algunos programas, han materializado esta propuesta de modificación.
Atendido el anexo de la mencionada Resolución, en el cual se detallan las nuevas asignaciones, se observa que, respecto al MPF anterior, se acusa un descenso de 672 millones de euros para el título recursos naturales y medio ambiente
(pasando de 356.374 42
36 https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos.html.
37 https://www.asajajaen.com/actualidad/informe-sobre-la-evolucion-de-los-insumos-agrarios.
38 Ibidem.
39 https://www.larazon.es/economia/ayudas-directas-pac-han-bajado-580-millones-euros_20240108659b581a67d53e0001d5b380.html
40 https://www.mapa.gob.es/es/pac/pac-2023-2027/.
41 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/29/el-marco-financiero-plurianual.
42 https://www.boe.es/doue/2020/433/M00011-00022.pdf.
a 355.702 43 millones de euros). Asimismo, tal y como recoge la resolución legislativa, hay un compromiso político de no reducir las dotaciones nacionales preasignadas de la PAC, por lo que no se verán reducidos los pagos que recibirán los
agricultores españoles. No obstante, esa reducción afecta directamente a la parte gestionada por la Comisión Europea y que se dedica al fomento de productos agrícolas tanto en el mercado interior como en terceros países. De estos fondos, hay una
parte dedicada a la promoción de los productos agrícolas comunitarios al objeto de potenciar las exportaciones de nuestros agricultores y ganaderos.
Con el objetivo de calcular el impacto que tendrá esta medida sobre el sector agroalimentario español, cabe destacar que, de los 537.000 millones de euros en ventas totales del sector en Europa, la aportación española asciende a 63.000
millones, es decir, casi un 12 % del total 44. Así, se estima que la reducción presupuestaria tendría un impacto negativo de casi 80 millones de euros.
Por último, el Gobierno español tiene capacidad presupuestaria para establecer medidas de apoyo al objeto de que los productores españoles puedan contar con cierta garantía de que sus productos se promocionaran adecuadamente en mercados
extranjeros. A tal efecto, cabe mencionar las subvenciones estatales que percibieron los sindicatos en el año 2023, cuantía que asciende a 28,8 millones de euros según lo recogido en los Presupuestos Generales del Estado de dicho año.
Tercero. Conclusiones.
Si bien está justificada la necesidad de la Comisión Europea de reducir sus costes administrativos para hacer frente a los cambios geopolíticos ocasionados por la invasión de Rusia sobre Ucrania, el descenso en los gastos bajo el concepto de
recursos naturales y medio ambiente asociados a la promoción de los productos en los mercados extranjeros debe ser reparado.
Por ello, resulta imperativo poner en marcha medidas de apoyo ordenadas a la promoción de nuestros productos en mercados extranjeros, las cuales deben detraerse de las ayudas que perciben los sindicatos a nivel estatal con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la promoción de productos nacionales en mercados extranjeros tras las nuevas asignaciones del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Dichos fondos se detraerán de las subvenciones
estatales a las organizaciones sindicales'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos, Ricardo Chamorro Delmo e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala y María José
Rodríguez de Millán Parro, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
43 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0081_ES.html.
44 https://es.euronews.com/my-europe/2024/02/13/todo-lo-que-debe-saber-sobre-el-sector-agrario-de-la-ue#:~:text=Un%20sector%20peque%C3%B1o%20pero%20vital&text=En%201a%20actualidad**%2C%20el,PIB)%20del%20bloque%20en%202022.
161/000480
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley relativa a la protección de los cítricos valencianos.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicarla en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, en conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los cítricos valencianos para su debate en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El año 2024 ha empezando golpeando duramente el sector de los cítricos valencianos. La reciente llegada al puerto de Castelló de un envío que contenía cerca de 3.000 toneladas de naranjas egipcias en plena campaña de cítricos valencianos
así lo certifica. Así mismo, las bonificaciones en las tasas portuarias aplicadas a los cítricos importados de terceros países (bonificaciones del 40 % al Puerto de Castelló y 30 % al puerto de Valéncia) están provocando mucha incertidumbre e
inquietud entre las personas que viven y trabajan de los cítricos al País Valenciano.
Así mismo, teniendo en cuenta los diversos documentos de importaciones de cítricos por parte de la Unión Europea, elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las importaciones de naranjas egipcias han experimentado un
alarmante aumento desde 2014, llegando a cifras récord en 2023 con un total de 487.753 toneladas importadas (enero-septiembre). Este incremento supone un 109,1 % más respecto al año anterior y un 84 % en comparación con la media de los cinco años
anteriores.
Así las cosas, todo hace prever un aumento considerable en las importaciones durante el año 2024 por parte de empresas comerciales españolas. Todo apunta que las repercusiones para los citricultores valencianos serán dramáticas dado que muy
probablemente, verán disminuidos los precios de sus productos o, en el peor de los casos, tendrán que enfrentarse a la imposibilidad de vender sus cosechas a causa de un aumento no justificado de la competencia. En este aspecto, hay que recordar,
tal y como lo hacen varias organizaciones agrarias valencianas, que las empresas pueden utilizarlo, como así han hecho anteriormente, como una herramienta de presión para llevar los precios a la baja en la negociación de los contratos de
compraventa.
Adicionalmente, hay que destacar la presencia del temido hongo Phyllosticta citrícarpa en cítricos egipcios que provoca la enfermedad de la Mancha Negra (Citrus Black Spot), un hongo y una enfermedad ausentes en la Unión Europea. La
detección de este hongo en puertos europeos el pasado mas de julio, en un envío de naranjas procedente de Egipto, genera una preocupación legítima sobre la posible entrada de la enfermedad en los cítricos valencianos.
Además, Egipto ha tenido en 2023 un total de 81 alertas sanitarias, mientras que en 2022 tuvo 42; específicamente en el caso de cítricos, en 2023 ha tenido 32 alertas, frente a las 17 que tuvo en 2022. Estos datos revelan la necesidad de
extremar las precauciones para evitar la entrada de plagas que podrían tener consecuencias devastadoras para nuestras plantaciones.
Otro caso preocupante es el de Suráfrica, que además del hongo Phyllosticta citrícarpa, tiene la presencia de la falsa polilla Thaumatotibia leucotreta. Hasta noviembre de 2023, la Unión Europea registró 56 interceptaciones de este país con
la presencia de alguna plaga, mientras que en 2022 tuvo 33 interceptaciones.
Finalmente, a la importancia de la lucha biológica, hay que destacar las implicaciones que tiene sobre el medio ambiente una práctica comercial desmesurada como es el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y la Comunidad para el
Desarrollo de la África Meridional. Acuerdos que, entre otras cuestiones, entran en contradicción con el pilar prioritario de la Unión Europea de hacer frente al cambio climático y mitigar sus efectos, así como con las políticas y las estrategias
de sostenibilidad, 'De la granja a la mesa' y Biodiversidad que contempla el Acuerdo Verde Europeo.
Por todo el expuesto anteriormente, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso acuerda instar en el Gobierno del Estado a realizar las siguientes medidas:
1. Incrementar las inspecciones y los controles a las empresas citrícolas importadoras para evitar la presencia en cítricos importados de cualquier plaga o enfermedad procedente de las importaciones de cítricos de terceros países en plena
campaña citrícola valenciana.
2. Incrementar las inspecciones y los controles a las empresas cjtrícolas importadoras para evitar el reenvío con una etiqueta de procedencia de la fruta que no se corresponda con la realidad.
3. Instar a las Autoridades Portuarias de Castelló y Valencia a revocar las bonificaciones de las tasas portuarias a los cítricos procedentes de países con presencia de plagas o enfermedades de cuarentena.
4. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias desde el Gobierno de España para incrementar los controles e inspecciones a los puertos de Castelló y Valencia (incluyendo el
Puerto de Sagunto y el de Gandía) respecto a las importaciones de cítricos procedentes de Egipto y velo por la seguridad fitosanitaria de las plantaciones de cítricos.
5. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a defender al si del Consejo de la Unión Europea la aprobación de medidas que evitan la entrada de plagas procedentes de los productos importados desde terceros países.
6. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a defender al si del Consejo de la Unión Europea la aprobación de medidas que evitan el dumping ambiental y económico que se desprende de los Tratados Comerciales Internacionales
entre la Unión Europea y terceros países.
7. Dar cuenta de esta resolución en el plazo de tres meses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de la
reforma de la Política Pesquera Común para garantizar la viabilidad de las flotas pesqueras, para su debate en instancia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector pesquero en el litoral mediterráneo del Estado se encuentra en un momento crítico debido a la confluencia de varios factores. La pesca, no obstante, es un pilar de la economía azul sostenible del litoral y sostiene una economía
desestacionalizada basada en la producción de alimentos altamente nutritivos con una baja impronta de carbono. No se puede entender nuestro litoral mediterráneo sin la pesca. En este contexto, la pesca demersal (de especies de fondos),
particularmente con la modalidad del arrastre, constituye el eje vertebrador de todo el sector. Esta modalidad genera la mayor parte del valor de los desembarcos y sostiene la actividad de las lonjas y los puertos. La flota pesquera mediterránea
se ha reducido al 50 % en los últimos 20 años y hacen falta políticas valientes que aseguren la preservación de la flota actual de una manera compatible con la triple sostenibilidad: ambiental, social y económica. El sistema no se puede permitir
la destrucción de ninguna embarcación más.
El 2019 se aprobó un reglamento europeo (Reglamento EU 2019/1022: 'Reglamento del MAP') que establecía un plan de gestión plurianual para la pesca demersal mediterránea, el cual contemplaba un periodo inicial transitorio de 5 años (hasta el
primero de enero de 2025) para recuperar los stocks pesqueros mediterráneos hasta niveles de no sobreexplotación (técnicamente conocido como nivel del rendimiento máximo sostenible-RMS). Ya entonces, una mayoría de científicos advirtieron que la
situación de los recursos pesqueros mediterráneos hacía prácticamente imposible lograr este hito imprescindible en un periodo tan corto de tiempo, sin poner en riesgo la misma supervivencia del sector.
Durante estos cinco años transcurridos se han impuesto severas limitaciones de la actividad pesquera (con reducciones teóricas de los días de pesca anual de fines el 40 % respeto el inicio del plan), además de impulsar medidas de mejora de
la selectividad pesquera, creación de cotos permanentes y temporales, etc. medidas todas ellas que han llevado a una mejora muy remarcable en el estado de los recursos mediterráneos a pesar de no haber logrado encara el objetivo del RMS. El precio
pagado, no obstante, ha sido muy alto para la flota, que está sufriendo una tensión sin precedentes que posee en grave riesgo su viabilidad inmediata. A la finalización del periodo transitorio, el sector mediterráneo se enfrenta a la gran
incertidumbre que supondrá la plena aplicación del reglamento europeo, que contempla medidas tan duras como el cierre de la actividad pesquera si los stocks están todavía lejos del RMS.
Por otro lado, la flota de arrastre mediterránea se encuentra en una situación de elevada inseguridad jurídica debido a la imposibilidad material de tomarla regularización de su potencia sin tener que centrifugar su escaso capital en favor
del mercado especulativo externo de potencia motora de papel. Si bien el Estado no utiliza plenamente el tope total de potencia de flota que tiene asignado en el marco de la Política Pesquera Común (PPC), no tiene suficiente margen disponible como
para permitir la regularización de toda la flota sin coste, a su cargo. Esta situación es insostenible puesto que deja la flota en una situación de indefensión permanente.
En un momento en que la gestión de la actividad pesquera se regula vía limitaciones de capturas o de jornadas de pesca anuales ya no tiene sentido seguir limitando la capacidad de la flota mediante topes genéricos de potencia y tonelaje que
van en detrimento de las
posibilidades de regularización documental de la flota mediterránea y del resto del Estado, así como también de la necesaria descarbonización de la flota.
La solución a estas problemáticas recae en la reforma urgente de la normativa europea en el marco de la PPC.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Impulsar la reforma urgente del Reglamento (EU) 2019/1022 para alargar el plazo del periodo transitorio del plan de gestión hasta el 1 de enero de 2030, para permitir que las actuaciones de gestión adoptadas hasta ahora (y durante los
próximos años) puedan dar sus frutos en forma de recuperación de los stocks pesqueros, a la vez que permitan la viabilidad de las flotas pesqueras actuales.
2. Impulsar la derogación urgente de los límites máximos de capacidad por Estado miembro establecidos por el Reglamento (EU) 1380/2013, en la línea de reformar el paradigma actual de la gestión de la capacidad pesquera basado en la
limitación de la potencia (kW) y el tonelaje (TRB) de la flota.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentan Republicà, a instáncies de la Diputada Teresa Jordà i Roura, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglamentde la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre l'impuls de la
reforma de la Política Pesquera Comuna per a garantir la viabilitat de les flotes pesqueres per al seu debat a la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Exposició de motius
El sector pesquer al litoral mediterrani de l'Estat es troba en un moment crític degut a la confluència de diversos factors. La pesca, però, és un pilar de l'economia blava sostenible del litoral i sosté una economía desestacionalitzada
basada en la producció d'aliments altament nutritius amb una baixa empremta de carboni. No es pot entendre el nostre litoral mediterrani sense la pesca. En aquest context, la pesca demersal (d'espécies de fons), particularment amb la modalitat de
l'arrossegament, constitueix l'eix vertebrador de tot el sector. Aquesta modalitat genera la major part del valor deis desembarcaments i sosté l'activitat de les llotges i els ports. La flota pesquera mediterránia s'ha reduït al 50 % en els
darrers 20 anys i calen polítiques valentes que assegurin la preservació de la flota actual d'una manera compatible amb la triple sostenibilitat: ambiental, social i económica. El sistema no es pot permetre la destrucció de cap més embarcació.
El 2019 es va aprovar un reglament europeu (Reglament EU 2019/1022: 'Reglament del MAP') que establia un pla de gestió pluriennal per a la pesca demersal mediterrània, el qual contemplava un període inicial transitori de 5 anys (fins al
primer de gener de 2025) per tal de recuperar els estocs pesquers mediterrani fins a nivells de no sobreexplotació (tècnicament conegut com a nivell del rendiment màxim sostenible-RMS). Ja aleshores, una majoria de cientifics van advertir que la
situació dels recursos pesquers mediterranis feia pràcticament impossible assolir aquesta fita imprescindible en un període tan curt de temps, sense posar en risc la mateixa supervivència del sector.
Durant aquests cinc anys transcorreguts s'han imposat severes limitacions de l'activitat pesquera (amb reduccions teòriques dels dies de pesca anual de fins el 40 % respecte l'inici del pla), a més d'impulsar mesures de millora de la
selectivitat pesquera, creació de vedats permanents i temporals, etc. mesures totes elles que han dut a una millora molt
remarcable en l'estat dels recursos mediterranis malgrat no haver assolit encara l'objectiu del RMS. El preu pagat, però, ha estat molt alt per a la flota, que està patint una tensiò sense precedents que posa en greu risc la seva viabilitat
immediata. A la finalització del període transitori, el sector mediterrani s'enfronta a la gran incertesa que suposarà la plena aplicació del reglament europeu, que contempla mesures tan dures com el tancament de l'activitat pesquera si els estocs
són encara lluny del RMS.
D'altra banda, la flota d'arrossegament mediterrània es troba en una situació d'elevada inseguretat jurídica degut a la impossibilitat material d'entomar la regularització de la seva potència sense haver de centrifugar el seu escàs capital
en favor del mercat especulatiu extern de potència motora de paper. Si bé l'Estat no utilitza plenament el topall total de potència de flota que té assignat en el marc de la Política Pesquera Comuna (PPC), no té prou marge disponible com per a
permetre la regularització de tota la flota sense cost, al seu càrrec. Aquesta situado és insostenible ja que deixa la flota en una situació d'indefensió permanent.
En un moment en que la gestiò de l'activitat pesquera es regula via limitacions de captures o de jornades de pesca anuals ja no té sentit seguir limitant la capacitat de la flota mitjançant topalls genèrics de potència i tonatge que van en
detriment de les possibilitats de regularització documental de la flota mediterrània i de la resta de l'Estat, així com també de la necessària descarbonització de la flota.
La solució a questes problemátiques rau en la reforma urgent de la normativa europea en el marc de la PPC.
Per tot això, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés deis Diputats insta al governo espanyol a:
1. Impulsar la reforma urgent del Reglament (EU) 2019/1022 per tal d'allargar el termini del període transitori del pla de gestió fins al 1 de gener de 2030, per tal de permetre que les actuacions de gestió adoptades fins ara (i durant els
propers anys) puguin donar els seus fruits en forma de recuperado dels estocs pesquers, alhora que permetin la viabilitat de les flotes pesqueres actuals.
2. Impulsar la derogació urgent dels límits máxims de capacitat per Estat Membre establerts peí Reglament (EU) 1380/2013, en la línia de reformar el paradigma actual de la gestió de la capacitat pesquera basat en la limitació de la potència
(kW) i el tonatge (TRB) de la flota.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de març de 2024.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para revisar los niveles de sustancias
no permitidas por la UE detectadas en alimentos procedentes de países terceros, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Todos los productos alimenticios destinados al consumo humano en la Unión Europea (UE) están sujetos a un límite máximo de residuos (LMR) de plaguicidas con el fin de proteger la salud humana y animal. La legislación de la UE regula qué LMR
se aplica a los
distintos productos y establece un LMR por defecto cuando no se ha establecido un LMR específico.
El Reglamento (CE) 396/2005 establece los contenidos máximos de residuos de plaguicidas permitidos en los productos de origen animal o vegetal destinados al consumo humano o animal. Estos LMR, que son establecidos por la Comisión Europea,
incluyen: los LMR que son específicos para determinados productos destinados al consumo humano o animal; un LMR general que se aplica cuando no se ha fijado un LMR específico (un 'nivel por defecto' de 0,01 mg/kg). Los LMR de todos los cultivos y
plaguicidas figuran en la base de datos de plaguicidas de la UE de la Comisión.
El Reglamento comprende todos los productos destinados al consumo humano o animal, indicados en su anexo I.
Las autoridades nacionales pueden autorizar algunas sustancias indicadas por la Comisión (anexo Vil) aunque superen sus LMR, si los productos en cuestión no estén destinados al consumo inmediato; si se establezcan controles para evitar que
dichos productos se pongan a disposición del consumidor; siempre que los demás Estados miembros de la UE y la Comisión estén informados de dichas medidas.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es responsable de la evaluación de la inocuidad de las nuevas solicitudes presentadas relacionadas con los LMR y la revisión de los LMR existentes. Esto se basa en la toxicidad de cada
sustancia, los niveles máximos previstos en los alimentos y la dieta de los consumidores. Sobre la base del dictamen de la EFSA, la Comisión emite un Reglamento para establecer un nuevo LMR o para modificar o suprimir uno existente.
La UE cuenta con un programa de control plurianual coordinado que, cada año, exige a los Estados miembros que tomen muestras, analicen y prueben una serie de productos (importantes en la dieta) para una variedad acordada de plaguicidas. El
objetivo es garantizar el cumplimiento de los LMR de plaguicidas y evaluar el grado de exposición de los consumidores. La EFSA recopila estos resultados y los publica anualmente. Además del programa coordinado de la UE, los Estados miembros tienen
sus propios programas nacionales basados en el riesgo.
Es significativo que la UE haya prohibido el uso de materias activas en el ámbito de su territorio y sin embargo no haya eliminado o reducido hasta el nivel de detección el LMR autorizado de dichas materias activas.
Esta situación está provocando que entren en la UE productos de terceros países que sí contienen las materias activas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea y se saben perjudiciales para la salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar que la EFSA haga un estudio general sobre los productos que están llegando de países terceros teniendo en cuenta que son varios los productos cuyo límite máximo de residuos (LMR) superiores a los permitidos ya han sido
comprobados por laboratorios acreditados.
2. Que, entre tanto se conocen los resultados de este estudio, se activen los acuerdos internacionales de libre comercio a fin de limitar el acceso a España, y por tanto a Europa, de los productos procedentes de aquellos países donde ya se
han detectado productos con un LMR superior al permitido en Europa y que pueden afectar a la salud de los ciudadanos europeos.
3. Requerir a la Comisión Europea la activación de la medida de salvaguardia prevista en art. 194 del Reglamento 1308/2013, de Organización Común de Mercados y en concreto la recogida en el art. 7 del Acuerdo Unión europea-Marruecos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc,
Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/000509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reivindicar la solidaridad
interregional como valor constitucional, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La Constitución reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley, así como las mismas responsabilidades y derechos en cualquier lugar del Estado. En concreto, el artículo 138 establece que el Estado garantiza la realización efectiva
del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho
insular.
La solidaridad interregional es un valor constitucional que implica la cooperación y la corresponsabilidad entre las distintas administraciones públicas para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos
esenciales de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.
Ello supone también el reconocimiento de la diversidad territorial y cultural de España, dentro de la indisoluble unidad de la Nación, así como el respeto a las competencias y la autonomía de las comunidades autónomas y las entidades
locales.
Sin embargo, en los últimos tiempos se han producido desequilibrios y tensiones territoriales que han puesto en riesgo la cohesión social y la convivencia democrática. Las cesiones del Gobierno a formaciones políticas que no respetan la
Constitución ni el resto de la legislación vigente y el chantaje de estas hacia las instituciones democráticas de nuestro país han acabado agravando los desequilibrios económicos, territoriales y sociales, evidenciando así desigualdades en la
ejecución de políticas públicas, en la prestación de servicios públicos esenciales y hasta en los derechos y deberes de los ciudadanos ante la ley.
Por eso, resulta imprescindible que desde las Administraciones Públicas se promueva la cohesión territorial de España y se asegure que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a servicios públicos de calidad y posibilidades de
crecimiento profesional y personal en un contexto jurídico que garantice la igualdad entre todos.
Atendiendo a los preceptos constitucionales, se hace necesario reforzar el compromiso con la solidaridad interregional, como principio rector de la acción política y como instrumento para afrontar los retos y las oportunidades del futuro.
Para ello, es necesario impulsar el diálogo constructivo y la colaboración entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, así como entre estas y las entidades locales, en el marco del Estado autonómico y del respeto a la
Constitución. Asimismo, se precisa dotar de los recursos financieros suficientes y adecuados a las administraciones territoriales, para que puedan ejercer sus competencias y garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales con calidad
y equidad, reforzando los mecanismos de solidaridad que permitan compensar las distintas necesidades de financiación entre las regiones de España.
Esta igualdad y esta solidaridad entre territorios se rompe cuando se vulnera el marco constitucional y cuando se conceden privilegios a favor de unos pocos y en perjuicio del resto de comunidades autónomas. No son tolerables más
negociaciones bilaterales que prioricen intereses partidistas sobre intereses generales.
En este contexto, el Gobierno de España debe centrar sus esfuerzos en solucionar los problemas reales de los españoles y afrontar los desafíos que nuestra sociedad tiene por delante, garantizando un Estado del Bienestar de calidad y la
igualdad de todos ante la ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer y reivindicar la solidaridad interregional como un valor constitucional y como una garantía para la prestación de los servicios públicos esenciales, que contribuye a la cohesión social, al desarrollo sostenible y al progreso de
España.
2. Impulsar el diálogo y la colaboración entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, así como entre estas y las entidades locales, para coordinar y mejorar la prestación de los servicios públicos esenciales, especialmente en
materia de sanidad, educación y dependencia, respetando las competencias y la autonomía de cada administración.
3. Dotar de los recursos financieros suficientes y adecuados a las administraciones territoriales, para que puedan ejercer sus competencias y garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales con calidad, aplicando criterios de
equidad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
4. Fomentar la participación y la implicación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los sectores económicos en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas que afectan a los servicios públicos esenciales,
promoviendo la cultura de la solidaridad interregional y el sentido de pertenencia a España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, María Lourdes Ramírez Martín, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis María Beamonte Mesa,
Antonio Cavacasillas Rodríguez, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transicción Ecológica y Reto Demográfico
161/000479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa
a la rehabilitación y conservación de la Pontella da Ínsua do Maiordomo para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A Pontella da Ínsua do Maiordomo está situada en el río Miño a su paso por la parroquia de S. Pedro de Taboi en el Concello de Outeiro de Rei.
Esta estructura permite el acceso a la ínsua do Maiordomo -de la que recibe el nombre- y se compone de un pequeño puente de dos tramos con vigas de roble, que se posan en un pilar central, y tablas enclavadas.
El puente está precedido de una portada de acceso, una construcción en piedra que enmarca dos hojas de madera que permitían cerrar el paso. Esta puerta cuenta con una parte cubierta posterior en que se proporcionaba abrigo a personas y
animales. El techo de la estructura se cubre con pizarra del país asentada sobre un entramado realizado con cangos de madera.
Se trata de una construcción singular y con una tipología única en la comarca de A Terra Cha de Lugo, lugar en que nace el río Miño recogiendo las aguas que bajan desde las sierras que circundan su entorno. Se asienta cerca de un antiguo
puerto fluvial, situado en el camino que desciende desde Xigán (Taboi) y que permitía atravesar el Miño para acceder a las tierras de Sisoi en Cospeito. Una vía utilizada secularmente con anterioridad a la construcción de un puente que en la
actualidad existe aguas abajo.
Posee gran relevancia, tanto por su significado dentro de la cultura popular, como elemento arquitectónico, donde se observan conocimientos y materiales empleados durante siglos en el rural de Galiza, como por su relación con un modo de vida
tradicional basado en la ganadería y agricultura y que hasta hace algunos años poseía enorme incidencia.
Sin embargo, a pesar de la importancia de este elemento patrimonial, la construcción presenta un estado de deterioro muy elevado, viéndose agravado de forma alarmante en los últimos tiempos. De continuar la falta de atención para su
rehabilitación y conservación el puente podría desaparecer por completo. Una pérdida significativa dentro de nuestro patrimonio cultural.
A la Confederación Hidrográfica Del Miño-Sil, O.A. le corresponde, en el ámbito de su Demarcación Hidrográfica, la administración y protección del dominio público hidráulico, así como el proyecto, la construcción y explotación de las obras
realizadas, que puede realizar en solitario con cargo a sus fondos o establecer convenios con otras Administraciones Públicas como son las Entidades Locales que poseen competencias en materia de conservación de caminos y vías públicas así como el
patrimonio histórico-artístico.
Es preciso que desde la Confederación inicien los trámites y negociaciones precisos para acometer las necesarias obras de restauración y puesta en valor de la Pontella da Ínsua do Maiordomo en el Río Miño e impedir que continúe su deterioro.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a iniciar, a través de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, las acciones y negociaciones precisas para iniciar las necesarias obras de rehabilitación y puesta en valor de la
llamada Pontella da Ínsua do Maiordomo, elemento arquitectónico popular e singular, que cruza el río Miño en el Concello de Outeiro de Rei en la Terra Cha.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á rehabilitación e conservación da Pontella da Ínsua do Maiordomo para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A Pontella da ínsua do Maiordomo está situada no río Miño ao seu paso pola parroquia de S. Pedro de Taboi no Concello de Outeiro de Rei.
Esta estrutura permite o acceso á ínsua do Maiordomo -da que recibe o nome- e componse dunha ponte de dous tramos con trabes de carballo que pousan nun tallamar central e táboas encravadas.
A ponte está precedida dunha portada de acceso, unha construción en pedra que enmarca dúas follas de madeira que permitían fechar o paso. Esta porta conta cunha parte cubería posterior en que proporcionaba abrigo a persoas e animáis. O
teito da estrutura cóbrese con lousa do país asentada sobre unha armazón realizada con cangos de madeira.
Trátase dunha construción singular e cunha tipoloxía única na comarca da Terra Cha de Lugo, lugar en que agroma o río Miño recollendo as augas que baixan desde as serras que circundan a súa contorna. Aséntase cerca dun antigo porto fluvial,
situado no camiño que descende desde Xigán (Taboi) permitindo atravesar o Miño para acceder ás térras de Sisoi en Cospeito. Unha vía utilizada secularmente con anterioridade á construción dunha ponte que na actualidade existe augas abaixo.
Posúe grande relevancia tanto polo seu significado dentro da cultura popular como elemento arquitectónico, onde se observan coñecementos e materiais empregados durante séculos no rural da Galiza, como pola súa relación con un modo de vida
tradicional baseado na gandería e agricultura e que até hai algúns anos posuía enorme incidencia.
Porén, a pesar da importancia deste elemento patrimonial, a construción presenta un estado de deterioro moi elevado que se viu agravado de forma alarmante nos últimos tempos. De continuar a falta de atención para a súa rehabilitación e
conservación a ponte podería desaparecer por completo. Unha perda significativa dentro do noso patrimonio cultural.
Á Confederación Hidrográfica Do Miño-Sil, O.A. correspóndelle, no ámbito da súa Demarcación Hidrográfica, a administración e protección do dominio público hidráulico, así como o proxecto, a construción e explotación das obras realizadas,
que pode realizar en solitario con cargo aos seus fondos ou estabelecer convenios con outras Administracións Públicas como son as Entidades Locáis que posúen competencias en materia de conservación de camiños e vías públicas así como o patrimonio
histórico-artístico.
É preciso que desde a Confederación inicien os trámites e negociacións precisos para acometer as necesarias obras de restauración e posta en valor da Ponte á Ínsua do Maiordomo no Río Miño e impedir que continúe o seu deterioro.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a iniciar, a través da Confederación Hidrográfica Miño Sil, as accións e negociacións precisas para iniciar as necesarias obras de rehabilitación e posta en valor da chamada Pontella da
Ínsua do Maiordomo, elemento arquitectónico popular e singular, que atravesa o río Miño no Concello de Outeiro de Rei na Terra Cha.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa al impulso de medidas que ayuden a seguir mitigando la sequía que sufre
nuestro país, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España está sufriendo una sequía cada vez más pronunciada y que en el tiempo se presupone de una mayor prolongación a causa de los efectos del cambio climático. Por ello, es de especial relevancia seguir implementando medidas que afronten
los desafíos hídricos y que garanticen la seguridad hídrica a presente y futuro.
España está situada en una de las áreas geográficas más afectadas por las sequías. Son las cuencas mediterráneas las que están sufriendo de forma más persistente esta problemática. Durante el actual siglo se está observando un incremento
en la frecuencia de estos fenómenos extremos.
Según el Boletín Hidrológico publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con carácter semanal, la reserva hídrica española está al 52,1 % de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 29.182
hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 534 hectómetros cúbicos (el 1 % de la capacidad total actual de los embalses). Andalucía, Extremadura y Cataluña registran los datos más alarmantes en cuanto a la reserva hídrica,
situándose en un 20 % de media con respecto a sus capacidades.
Durante la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -en adelante, COP28- que tuvo lugar en diciembre de 2023 en Dubái, se expusieron los últimos datos relacionados con la sequía y la desertificación en el mundo.
Concretamente, durante la segunda jornada de la COP28, la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (CNULD) presentó en un informe los últimos datos relacionados con la sequía, los cuales apuntan a 'una emergencia sin precedentes a
escala planetaria, en la que los impactos masivos de las sequías inducidas por el ser humano apenas están empezando a manifestarse'.
El secretario ejecutivo de la convención, Ibrahim Thiaw, manifestó lo siguiente: 'El Retrato global de la sequía revela la urgencia de esta crisis y el imperativo de aumentar la resiliencia (...) en todo el mundo'. Y, continuaba así:
'Necesitamos una transformación profunda para hacer frente a sequías que cada vez son más frecuentes y graves, reduciendo los niveles de los embalses, hundiendo el rendimiento agrícola, afectando la diversidad biológica y extendiendo las hambrunas'.
Este informe mostraba las consecuencias en todo el mundo y con respecto a Europa, indicaba que la sequía del año pasado en Europa fue la más grave de los últimos 500 años.
El informe aborda soluciones que ayuden a mitigar esta grave situación. El documento destaca la restauración del suelo, la gestión sostenible de tierras y las prácticas agrícolas respetuosas con la naturaleza como aspectos críticos para
aumentar la resiliencia global al fenómeno. Medidas que el Gobierno de España lleva aplicando durante los últimos años.
El informe señala que se debe adoptar técnicas agrícolas como cultivos resistentes a la sequía, métodos de riego eficientes, labranza cero y otras prácticas de conservación del suelo, así pues, los agricultores podrán reducir el impacto de
la sequía en sus cosechas y en sus ingresos.
Por otro lado, la gestión eficiente del agua se sitúa como un elemento fundamental para paliar esta situación. Esto recomienda la inversión en sistemas sostenibles de suministro de este recurso, medidas de conservación y la promoción de
tecnologías eficientes para su uso.
La preparación ante los desastres y los sistemas de alerta temprana también son esenciales para la resistencia mundial a la sequía. Invertir en vigilancia meteorológica, recopilación de datos y herramientas de evaluación de riesgos puede
ayudar a responder rápidamente a las emergencias por la sequía y minimizar sus impactos.
El Gobierno de España ha desplegado medidas en este sentido para paliar los efectos de la sequía y mejorar la gestión del agua en nuestro país. En el Consejo de ministros de mayo de 2023, se aprobaron diferentes medidas para tratar de
mejorar la situación. Entre ellas ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70 % del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más
comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas hoy en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros. El decreto amplía la subvención a los seguros agrarios ya
contratados hasta cubrir el 70 % del coste de la póliza del seguro de sequía en los cultivos de secano.
En primer lugar, las iniciativas que se acordaron completaron el marco regulatorio para seguir incrementando la reutilización de aguas, en línea con la normativa europea. Si en 2023 fue del 10 % las aguas urbanas reutilizadas, el objetivo
es que ese porcentaje se duplique en el año 2027.
En segundo lugar, para apoyar a los regantes que veían reducidas sus dotaciones de agua, se les eximió del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. La exención es del 50 % si la dotación desciende entre el 40 y el 60 %, y
del 100 % si la reducción de la dotación es mayor.
En tercer lugar, se destinó 35,5 millones de euros a actuaciones de ejecución inmediata en las cuencas afectadas por la sequía para garantizar el suministro, como bombeos de emergencia o conexiones para el abastecimiento.
Y en esta línea, se priorizó 'obras de ejecución prioritaria' para construir desaladoras en Málaga y el Levante almeriense (200 millones de euros) y en Cataluña (220 millones) y para intensificar la reutilización del agua en la provincia de
Alicante (224 millones). Del mismo modo, el Gobierno anticipó obras muy relevantes que aparecían recogidas en los planes hidrológicas del Segura, el Júcar y el Tajo.
Por último, en ese Consejo de Ministros se aprobaron medidas de carácter laboral, destinadas a prevenir riesgos laborales asociados con las altas temperaturas. Así mismo, el texto incluía la prohibición de desarrollar determinadas tareas
durante las horas del día en que se produzcan esos fenómenos meteorológicos.
El Gobierno de España ha demostrado un firme compromiso con la lucha contra el cambio climático y, por ello, ha desplegado desde 2018 una serie de normas y medidas encaminadas a mitigar tales efectos. La sequía se sitúa como uno de los
principales problemas que, por nuestras condiciones geográficas, físicas y meteorológicas, nos afecta en mayor medida.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando normas y medidas que ayuden a paliar la sequía y la escasez de agua en nuestro país, así como las necesarias actuaciones para seguir mitigando las consecuencias del cambio
climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-María de las Nieves Ramírez Moreno, Cristina Narbona Ruiz, Juan Antonio González Gracia, María Isabel Pérez Ortiz, Arnau Ramírez Carner, Luis Alfonso Rey de las Heras y María
Araceli Poblador Pacheco, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la cuantificación de los sedimentos
fluviales en presas y embalses y la capacidad real de almacenamiento de recursos hídricos, para su debate en Comisión de Transición Ecológica y reto Demográfico.
Exposición de motivos
En un régimen hidrológico mediterráneo, caracterizado por la estacionalidad e irregularidad de las precipitaciones, las infraestructuras hidráulicas constituyen un elemento fundamental para regulación hidrológica, reduciendo el efecto de las
crecidas y garantizando la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente en momentos de sequía.
Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la actualidad el número de grandes presas supera las 1.200 con una capacidad de almacenamiento aproximada de 56.000 hm3. España es el país europeo con mayor número
de presas construidas y el quinto del mundo. De éstas, unas 450 son anteriores a 1960 y más de 100 ya existían en el año 1915. Hay motivos que justifican el auge en la construcción: demográficos, industriales,agrarios, el abastecimiento hasta los
domicilios...
España cuenta con una dilatada experiencia en construcción, explotación y normativa de presas, especialmente en materia de seguridad. Sin embrago, en la actualidad, la mayoría de los esfuerzos se centrar en realizar la conservación y
rehabilitación de todo este patrimonio inmovilizado que en ocasiones comparte su valor económico, social, cultural e histórico.
Las grandes presas y embalses permiten la laminación de las avenidas y el control de inundaciones, proporcionan energía hidroeléctrica, sirve como punto de toma para abastecimiento de agua potable y de riego y, a menudo, realizan varias de
estas funciones simultáneamente, además del uso recreativo.
No cabe duda de que las presas y los embalses realizan una función fundamental. Sin embargo, son elementos artificiales que interfieren en la dinámica natural de los ríos y, a su vez, se encuentran sometidos a su mecánica. Por ejemplo, la
llegada y depósito de sedimentos a los embalses es inevitable.
En este sentido, podemos considerar que el gran olvidado de la gestión fluvial quizás sean los sedimentos que transporta el río. El volumen de los mismo depende de las características de la cuenca: características geomorfológicas,
pendiente y sustratos, forma en la que llueve, tipo de cobertura vegetal y otras. Pero todas las cuencas, en mayor o menor grado, se ve afectada por la erosión.
Por este motivo, tras la evaluación (Fitness Check) de la Directiva Marco del Agua (DMA) de 2019, se ha reconocido ahora la importancia de gestionar adecuadamente los sedimentos, pero desde la perspectiva de su impacto en la naturaleza, las
dinámicas fluviales y costeras o la contaminación, pero la gestión de los sedimentos constituye también para España un asunto pendiente. En este sentido algunos procesos de planificación ya han empezado a incorporar criterios para cuantificar y
valorar los 'caudales sólidos' incluso existe proyectos piloto para liberar sedimentos y mejorar el depósito en los deltas fluviales.
Sin embargo, recientemente, con motivo de la sequía, se ha puesto de manifiesto una cuestión estructural. Desde la puesta en funcionamiento de embalses y presas los sedimentos se han ido acumulando en sus vasos reduciendo la capacidad de
almacenamiento real. Según algunas fuentes, se estima que la capacidad de almacenamiento de los embalses podría estar entre un 10 y 15 % por debajo de lo que reflejan de forma oficial.
Según un estudio de la Universidad de Naciones Unidas publicado el año pasado las estimaciones para España, una vez analizados 987 grandes presas, concluía que el almacenamiento de agua ya era un 18 % menor respecto a la capacidad inicial.
En momentos de sequía, el dato real de reserva hídricas es fundamental para hacer una estimación de la disponibilidad. Cuestiones como la activación de los estados de emergencia están vinculados con la escasez (también conocida como sequía
hidrológica) y los posibles problemas de atención de las demandas en relación con el porcentaje de agua embalsada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio sobre la capacidad real de los embalses españoles
2. Incluir las cuantificaciones reales de la capacidad de almacenamiento de los embalses en la Planificación Hidrológica, en los Planes de gestión de Sequía y en los Planes de gestión del riesgo de inundación
3. Diseñar proyectos piloto para la retirada de sedimentos y evitar la pérdida de capacidad para almacenar agua sin restringir el funcionamiento continuado para la que ha sido diseñada la infraestructura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, Raquel Clemente Muñoz, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas,
Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez Torregrosa, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya y Bella Verano Domínguez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/000478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la rehabilitación y conservación de la Pontella da Ínsua do Maiordomo para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
A Pontella da Ínsua do Maiordomo está situada en el río Miño a su paso por la parroquia de S. Pedro de Taboi en el Concello de Outeiro de Rei.
Esta estructura permite el acceso a la Ínsua do Maiordomo -de la que recibe el nombre- y se compone de un pequeño puente de dos tramos con vigas de roble, que se posan en un pilar central, y tablas enclavadas.
El puente está precedido de una portada de acceso, una construcción en piedra que enmarca dos hojas de madera que permitían cerrar el paso. Esta puerta cuenta con una parte cubierta posterior en que se proporcionaba abrigo a personas y
animales. El techo de la estructura se cubre con pizarra del país asentada sobre un entramado realizado con cangos de madera.
Se trata de una construcción singular y con una tipología única en la comarca de A Terra Cha de Lugo, lugar en que nace el río Miño recogiendo las aguas que bajan desde las sierras que circundan su entorno. Se asienta cerca de un antiguo
puerto fluvial, situado en el camino que desciende desde Xigán (Taboi) y que permitía atravesar el Miño para acceder a las tierras de Sisoi en Cospeito. Una vía utilizada secularmente con anterioridad a la construcción de un puente que en la
actualidad existe aguas abajo.
Posee gran relevancia, tanto por su significado dentro de la cultura popular, como elemento arquitectónico, donde se observan conocimientos y materiales empleados durante siglos en el rural de Galiza, como por su relación con un modo de vida
tradicional basado en la ganadería y agricultura y que hasta hace algunos años poseía enorme incidencia.
Sin embargo, a pesar de la importancia de este elemento patrimonial, la construcción presenta un estado de deterioro muy elevado, viéndose agravado de forma alarmante en los últimos tiempos. De continuar la falta de atención para su
rehabilitación y conservación el puente podría desaparecer por completo. Una pérdida significativa dentro de nuestro patrimonio cultural.
A la Confederación Hidrográfica Del Miño-Sil, O.A. le corresponde, en el ámbito de su Demarcación Hidrográfica, la administración y protección del dominio público hidráulico, así como el proyecto, la construcción y explotación de las obras
realizadas, que puede realizar en solitario con cargo a sus fondos o establecer convenios con otras Administraciones Públicas como son las Entidades Locales que poseen competencias en materia de conservación de caminos y vías públicas así como el
patrimonio histórico-artístico.
Es preciso que desde la Confederación inicien los trámites y negociaciones precisos para acometer las necesarias obras de restauración y puesta en valor de la Pontella da Ínsua do Maiordomo en el Río Miño e impedir que continúe su deterioro.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a iniciar, a través de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, las acciones y negociaciones precisas para iniciar las necesarias obras de rehabilitación y puesta en valor de la
llamada Pontella da Ínsua do Maiordomo, elemento arquitectónico popular e singular, que cruza el río Miño en el Concello de Outeiro de Rei en la Terra Cha.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á Rehabilitación e Conservación da Pontella da Ínsua do Maiordomo para o seu debate na Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
A Pontella da Ínsua do Maiordomo está situada no río Miño ao seu paso pola parroquia de S. Pedro de Taboi no Concello de Outeiro de Rei.
Esta estrutura permite o acceso á Ínsua do Maiordomo -da que recibe o nome- e componse dunha ponte de dous tramos con trabes de carballo que pousan nun tallamar central e táboas encravadas.
A ponte está precedida dunha portada de acceso, unha construción en pedra que enmarca dúas follas de madeira que permitían fechar o paso. Esta porta conta cunha parte
cuberta posterior en que proporcionaba abrigo a persoas e animais. O teito da estrutura cóbrese con lousa do país asentada sobre unha armazón realizada con cangos de madeira.
Trátase dunha construción singular e cunha tipoloxía única na comarca da Terra Cha de Lugo, lugar en que agroma o río Miño recollendo as augas que baixan desde as serras que circundan a súa contorna. Aséntase cerca dun antigo porto fluvial,
situado no camiño que descende desde Xigán (Taboi) permitindo atravesar o Miño para acceder ás terras de Sisoi en Cospeito. Unha vía utilizada secularmente con anterioridade á construción dunha ponte que na actualidade existe augas abaixo.
Posúe grande relevancia tanto polo seu significado dentro da cultura popular como elemento arquitectónico, onde se observan coñecementos e materiais empregados durante séculos no rural da Galiza, como pola súa relación con un modo de vida
tradicional baseado na gandería e agricultura e que até hai algúns anos posuía enorme incidencia.
Porén, a pesar da importancia deste elemento patrimonial, a construción presenta un estado de deterioro moi elevado que se viu agravado de forma alarmante nos últimos tempos. De continuar a falta de atención para a súa rehabilitación e
conservación a ponte podería desaparecer por completo. Unha perda significativa dentro do noso patrimonio cultural.
Á Confederación Hidrográfica Do Miño-Sil, O.A. correspóndelle, no ámbito da súa Demarcación Hidrográfica, a administración e protección do dominio público hidráulico, así como o proxecto, a construción e explotación das obras realizadas,
que pode realizar en solitario con cargo aos seus fondos ou estabelecer convenios con outras Administracións Públicas como son as Entidades Locais que posúen competencias en materia de conservación de camiños e vías públicas así como o patrimonio
histórico-artístico.
É preciso que desde a Confederación inicien os trámites e negociacións precisos para acometer as necesarias obras de restauración e posta en valor da Ponte á Ínsua do Maiordomo no Río Miño e impedir que continúe o seu deterioro.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a iniciar, a través da Confederación Hidrográfica Miño Sil, as accións e negociacións precisas para niciar as necesarias obras de rehabilitación e posta en valor da chamada Pontella da
Ínsua do Maiordomo, elemento arquitectónico popular e singular, que atravesa o río Miño no Concello de Outeiro de Rei na Terra Cha.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Nestor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Pedro Fernández Hernández, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al objeto de garantizar una protección más eficaz a todo ciudadano español respecto
a sus datos de carácter personal y sobre la nueva política de cookies para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La Constitución española reconoce en su artículo 18 la garantía del 'derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen', así como la limitación, por ley, 'del uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos'.
Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, define el consentimiento del afectado en los siguientes términos: 'toda manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen'. Asimismo, la norma señala que, cuando 'se pretenda fundar el
tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas'.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) actualizó la 'Guía sobre el uso de las cookies' 45 adaptándola a las Directrices 03/2022 sobre patrones engañosos en redes sociales 46 del Comité Europeo de Protección de Datos. En la nota
de prensa del 11 de julio del año 2023 de la AEPD se adelantaba que 'la nueva versión de la Guía aclara que dicha alternativa no tendrá por qué ser necesariamente gratuita' 47, aspecto que se está aplicando desde el 11 de enero del 2024.
Estas directrices establecen que las opciones para aceptar o rechazar cookies deben presentarse de manera destacada y equitativa, sin que una sea más compleja de realizar que la otra. Sin embargo, no abordan la cuestión del pago, una
adición unilateral por parte de la AEPD que introduce un elemento inédito en este contexto.
Actualmente, muchos son los portales de Internet que están solicitando a los usuarios el pago en caso de que no se acepte el consentimiento de registro de las denominadas cookies 48. Los portales de Internet y, más en concreto, las empresas
titulares, pueden utilizar dicha información para el estudio de comportamiento y preferencias del usuario en caso de aceptación y también para su venta a otras compañías nacionales o extranjeras dedicadas al análisis de datos 49. Ante la
preocupante transformación en la política de aceptación de cookies que está teniendo lugar en el ámbito digital, los españoles necesitan certidumbre en cuanto al uso que se da a sus datos por parte de los portales web y las condiciones que supone la
aceptación de cookies o el rechazo de estas mediante pago 50. La reciente normativa, vigente desde principios de este año, contempla como alternativa a la aceptación de cookies un 'muro de pago' 51. Esta dicotomía obliga a los usuarios a elegir
entre aceptar las cookies, permitiendo un seguimiento intrusivo de sus datos, o rechazarlas con la condición de abonar una cuantía económica por cada visita, y así poder salvaguardar su privacidad personal y familiar. Sin embargo, el pago tampoco
garantiza per se que no exista el rastreo de información personal, como con las cookies técnicas o necesarias.
Esta nueva política de aceptación de cookies ha generado un escenario donde la privacidad es, más que nunca, un bien de mercado. Muchos sitios web exigen tarifas mensuales para renunciar al rastreo de cookies, precios que no garantizan la
ausencia de publicidad dirigida 52 con fines comerciales ya que sigue existiendo la aceptación implícita de las cookies técnicas o necesarias. Esta situación, hace que la navegación sin
45 https://www.aepd.es/guias/guia-cookies.pdf.
46 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-032022-deceptive-design-patterns-social-media_en.
47 https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-actualiza-guia-cookies-para-adaptarla-a-nuevas-directrices-cepd.
48 https://www.rae.es/dpd/cookie.
49 https://telefonicatech.com/blog/sobre-cookies-y-sistemas-de-seguimiento.
50 https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/informe/cookies-pago-rechazo.
51 https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/vender-en-internet/paywall/.
52 Anuncios que varían en función del comportamiento on-Iine de los individuos.
seguimiento de cookies sea prácticamente inviable, poniendo en duda la verdadera protección de datos de carácter personal 53.
Más allá de las repercusiones económicas, esta medida cuestiona directamente los derechos fundamentales de los usuarios, planteando dilemas éticos sobre la legitimidad de condicionar el acceso a contenidos digitales básicos a expensas de la
renuncia a la privacidad. Esta ambigüedad deja a los usuarios españoles en la encrucijada de aceptar la invasión de cookies o afrontar costos elevados para preservar su privacidad, convirtiendo así la privacidad en un privilegio en lugar de un
derecho fundamental.
En resumen, la nueva política de aceptación de cookies incrementa la vulnerabilidad de los españoles y transgrede sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, así como la autonomía de la voluntad, al comercializar con su
privacidad a través del chantaje. VOX seguirá defendiendo los derechos de los españoles, proponiendo medidas que compensen a los propietarios de datos por su uso y que garanticen su protección frente a la expropiación digital.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar el establecimiento de una pasarela de datos de peaje obligatorio para las grandes empresas tecnológicas extranjeras que deseen transferir datos obtenidos en territorio español a sedes en el extranjero, con el objeto de compensar
a los individuos de quienes se obtienen los datos, además de cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.
2. Promover la protección de la soberanía de los datos de los ciudadanos españoles garantizando la máxima información y transparencia en la cesión de datos personales en línea, siempre y cuando no represente una amenaza para la seguridad
nacional, la defensa y el interés general'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala y María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/000490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Economía,Comercio y Transformación Digital relativa al uso de la Inteligencia Artificial y del contrato de empresas cómplices del genocidio que Israel está ejerciendo contra la población de Gaza.
Exposición de motivos
La masacre que está cometiendo Israel contra la población de Gaza desde el 7 de octubre arroja, por el momento, la cifra de más de 28.000 muertos. Y esto es posible, en buena parte, debido a la apuesta firme por el uso de la tecnología y la
Inteligencia Artificial (IA) con fines militares.
Las empresas que se dedican a la Inteligencia Artificial se han convertido en un atractivo para las inversiones mundiales. Clara evidencia de ello es el despliegue que está haciendo la empresa Microsoft en su apuesta por la tecnología que
desarrolla OpenAl, o el hecho de que en las negociaciones del Al Act algunos Estados presionaran para
53 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673.
asegurar una regulación más laxa en lo referente a la salvaguarda de los derechos humanos y la transparencia.
Tecnología al servicio del régimen de apartheid y la masacre gazatí.
En lo que se refiere al aumento de la 'eficiencia' en el campo militar, el sistema denominado Habsora (El Evangelio) que usan las fuerzas armadas israelíes sería el ejemplo paradigmático. Se trata de un conjunto algorítmico que permite
identificar y seleccionar los objetivos del bombardeo, infiriendo el número de personas que están en la zona. Es decir, se automatiza el genocidio y, a la vez, se utiliza de escudo para eludir la responsabilidad de un ataque. Según se revela en
una investigación llevada a cabo por la revista israelí +972 y Local Cali, se ha pasado de concretar 50 objetivos al año a 100 en un día, el 50% de los cuales acaban en ataque. Además, los expertos apuntan que tampoco es posible saber qué criterios
ha usado esta tecnología para sugerir un ataque, así como tampoco cuestionarlos, evitando la capacidad de evaluar el riesgo de daño a civiles.
Así lo explica un interesante artículo de Eurídice Cabañes y Judith Membrives i Llorens bajo el nombre El evangelio según Google: el rol de las tecnologías y las Big Tech en el genocidio palestino. En el texto se cita no únicamente la
inteligencia artificial aplicada a fines bélicos, también explica la utilización del reconocimiento facial y el big data para asediar a la población civil palestina, haciendo uso de la hipervigilancia y mecanismos de recopilación de datos usada para
el chantaje, una clara violación de los derechos humanos.
El papel de la tecnología civil.
Esto, sin embargo, no quiere decir que sea únicamente tecnología militar la que da servicio al Estado de Israel en su afán genocida. Los avances tecnológicos y la infraestructura digital civil es hoy también un elemento clave para sostener
el régimen de apartheid y la masacre.
La tecnología y la IA no son buenas o malas en sí, son herramientas que, como sociedades, tenemos la obligación de asegurar que se desarrollan al servicio del bien común y del interés general. Los mismos trabajadores de empresas
tecnológicas como Google y Amazon han impulsado una campaña llamada No Tech for Apartheid en la que piden a los dos gigantes de la tecnología que rompan relaciones con Israel, mientras éste siga usando su tecnología para la guerra, solicitan que se
rescinda el contrato del proyecto Nimbus (un acuerdo entre Google y Amazon para ofrecer servicios en la nube a Israel con contrato de 1,2 billones de dólares). A los más de 1000 trabajadores de ambas empresas que se han sumado ya a la campaña ha
recibido un amplio apoyo de la sociedad civil, convirtiéndose ésta en un espacio transversal de discusión sobre la intersección entre los crímenes cometidos en Palestina y otras violaciones de derechos humanos y la responsabilidad de estas empresas.
El manifiesto de la campaña reza 'siguiendo los pasos de quienes lucharon por desinvertir en la Sudáfrica del apartheid y ganaron, es nuestra responsabilidad alzarnos en apoyo de la libertad palestina [...] Al ampliar la capacidad de computación en
nube pública y proporcionar su tecnología punta al gobierno y al ejército israelíes, Amazon y Google están contribuyendo a que el apartheid israelí sea más eficiente, más violento e incluso más mortífero para los palestinos'.
Una de las últimas empresas en añadirse a la lista de contratos millonarios para ejercer el apartheid israelí ha sido Starlink, la compañía tecnológica de satélites del multimillonario Elon Musk. El servicio de internet satelital refuerza
la conectividad en las fronteras sur y norte de Israel, agilizando sus operaciones, pero no podrán tener acceso las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. Unas semanas antes de cerrar ese acuerdo, Musk manifestó que quería que su
servicio de internet asistiera a las organizaciones humanitarias.
El uso de la tecnología y la IA para condicionar el relato sobre la masacre y la denuncia de la misma.
Además, se pone en relieve también la utilización de los algoritmos para el control del relato por parte de Israel en la esfera digital, silenciando y señalando opiniones críticas con
las actuaciones israelíes y el silenciamiento del pueblo palestino. En este sentido, son múltiples las iniciativas y denuncias surgidas desde el inicio de la masacre que denuncian el shadowbanning practicado por empresas como Meta, se trata
del silenciamiento o la invisibilización de las publicaciones pro-palestinas, las cuales también ven limitada su capacidad de viralización. El estudio Human Rights Due Diligence of Meta's Impacts in Israel and Palestina realizado por la red BSR
encargado por la propia empresa Meta recoge la violaciones de derechos humanos en manos de esta empresa consecuencia de sobre-moderación de contenido palestino e infra-moderación de contenido israelí ya en mayo de 2021.
Al mismo tiempo, el uso de las redes sociales está siendo clave a la hora de dar a conocer al mundo la masacre que se está perpetrando en la franja de Gaza: estamos asistiendo por primera vez a la narración en directo por parte de las
víctimas de su propio exterminio. Y si la tecnología no es neutral, menos lo son las grandes empresas que dominan el panorama comercial del sector. En ese sentido, Meta (antigua Facebook) ha sido objeto de múltiples denuncias públicas por estar
silenciando las voces contra el genocidio palestino. Se trata de la vulneración del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información con un fuerte impacto en profesiones como las de periodismo o en los defensores de derechos humanos.
Una de las campañas más conocidas es Stop Silencing Palestino -liderada por la organización palestina 7amleh - la cual lleva más de dos años denunciando la censura de Meta al pueblo palestino, que restringe el contenido sobre el conflicto.
Esta iniciativa empezó a caminar en 2021, durante los desalojos forzosos de familias palestinas en Jerusalén, donde se sistematizó la censura generalizada al pueblo palestino en plataformas de Meta. Desde el 7 de octubre de 2023, esta coalición
global de organizaciones sigue denunciando las prácticas de moderación sesgadas de Meta, con eliminación de cuentas y censura de contenidos. El informe Meta's Broken Promises, de Human Right Watch, arroja datos preocupantes. Entre octubre y
noviembre de 2023 se documentaron más de 1.050 eliminaciones de contenido en Instagram y Facebook publicado por palestinos, inclusive mensajes sobre vulneración de derechos humanos. 1.049 de estos contenidos eran de contenido pacífico en apoyo a
Palestina, que provenían de más de 60 países del mundo.
Una de las 'novedades' (el fenómeno ya existía antes, pero ahora es exponencialmente más flagrante) de la situación actual es que las plataformas digitales no sólo contribuyen al silenciamiento de voces palestinas y pro-palestinas, sino
también a que circulen mensajes de odio e incitación al odio contra los palestinos (contenido que no es eliminado), algo que se ha demostrado que tiene impacto en la situación sobre el terreno, es decir, en la seguridad de las palestinas. 7amleh y
otras organizaciones acaban de sacar un comunicado sobre las obligaciones de Meta y otras compañías (X y Telegram son las peores en este caso) tras la sentencia provisional de la CU.
La necesidad de impulsar la soberanía tecnológica.
Tras la pandemia, las relaciones económicas entre España e Israel vinculadas al sector tecnológico han experimentado un notable crecimiento, reflejado en cifras concretas de flujo de inversiones. Según los datos del Ministerio de Economía,
Comercio y Empresa, en los primeros nueve meses de 2023 el flujo de inversión directa española en Israel relacionadas con la programación informática, consultoría de informática y bases de datos alcanzó los 8,5 millones de euros, casi el doble que
en 2019, y representando el 95% sobre el total de inversión. Por otro lado, Israel ha mostrado un interés mucho mayor en el mercado tecnológico español, con un flujo de inversión directa superior a los 70M en el mismo periodo, siendo el máximo de
la serie histórica y con una representación del 80% sobre el total de inversiones. Estas cifras no solo subrayan la creciente colaboración económica entre ambos países, sino también el marcado rumbo de las mismas hacia el sector tecnológico.
Es tal la velocidad de desarrollo y los intereses vertidos en estas nuevas tecnologías que las compañías se han encontrado sin respetar ningún marco regulatorio (como el UNGP -
Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas-) por parte de los poderes públicos que les impida cometer atrocidades como la que se están viendo en Israel. No se trata solo de cesar el comercio de armas con Israel
sino también de poner fin a los acuerdos, contratos... con las empresas que dan servicio, de manera directa o indirecta, al gobierno israelí en la masacre. Sin embargo, muchas de estas empresas ofrecen también servicio a las administraciones
públicas españolas para la gestión o almacenamiento de infraestructuras críticas como pueden ser los datos o los servicios de nube.
Por ello es necesario iniciar un proceso de impulso de infraestructuras digitales públicas que permitan a España desplegar una soberanía tecnológica plena sin dependencia de compañías que contribuyen a una guerra contraria a la legislación
internacional. A esta acción de obligada implementación, se suma la necesidad de desplegar líneas de financiación que fomenten y exploten el potencial del ecosistema español de empresas tecnológicas que puedan desarrollar soluciones para la
administración pública con una filosofía opensource que permita el control democrático de las mismas.
La necesidad de medidas extraordinarias.
No se trata pues únicamente de cesar la colaboración con las grandes empresas tecnológicas que con su tecnología civil dan servicio a la guerra y de cesar el comercio de armas con Israel siguiendo la Ley de comercio de armas 53/2007 y la
Posición Común Europea sobre Ventas de Armas 2008/944, debemos poner fin a la compra de tecnología israelí siguiendo el espíritu de ambos textos legales previamente citados, especialmente a aquella tested in combat. Israel es conocido como 'el
Silicon Valley de Oriente' por haber propiciado un contexto en el que el 5,4% del PIB se destina a inversión en l+D, en su gran mayoría para el desarrollo de tecnología militar. Evitar la complicidad con el genocidio nos obliga a cesar toda
relación comercial con este sector. Esto, además, en el caso de España, no ha de entenderse como una pérdida, sino como una oportunidad de potenciar un ecosistema de empresas propio, que actúen de acuerdo a los derechos humanos y una tecnología
netamente democrática.
La opinión pública española ha señalado en numerosas ocasiones la necesidad de cesar el comercio de armas con Israel. En un contexto en el que la tecnología ha ganado tanta importancia a la hora de decantar los conflictos bélicos, este cese
debe extenderse también a las empresas que proporcionan infraestructura tecnológica al Estado de Israel y que éste usa para perpetrar el apartheid y aumentar la 'eficiencia' de la ofensiva bélica que está perpetrando en Gaza.
España firmó y ratificó en 2013 el Acuerdo sobre el Control del Comercio de Armas (Arms Trade Treaty, ATT) con el cual se pretende regular el comercio internacional de armas convencionales para prevenir su desvío hacia actividades ilícitas,
incluyendo conflictos armados. También entra en juego en este ámbito el Reglamento (CE) n.° 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y
el tránsito de productos de doble uso, un reglamento de la Unión Europea que establece un régimen de control de las exportaciones de productos de doble uso (productos que tienen tanto aplicaciones civiles como militares) y tecnología relacionada,
con el objetivo de prevenir la proliferación de armas y tecnologías sensibles. Es en momentos como el actual, de crisis, conflicto y horror en los que es necesario apostar por avances tecnológicos que afiancen la democracia, y apuesten por una
tecnología al servicio del bien común y de los derechos humanos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cesar la compra de tecnología israelí 'probada en combate' o de uso militar, como el nuevo contrato de 4 millones con la empresa Elbit Systems para modernización y
mantenimiento de ciberseguridad de programas de defensa del pasado 15 de enero, e iniciar los cambios legislativos necesarios para que éste cese se vuelva permanente hasta el reconocimiento de los dos estados y el fin del apartheid
palestino.
2. Impulsar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información relativa a los contratos que tienen las diferentes administraciones públicas con empresas tecnológicas que ya han sido denunciadas públicamente por su complicidad
con el genocidio en Gaza y el apartheid perpetrado contra la población palestina. Incluido el Centro Criptológico Nacional en relación a cualquier programa informático israelí de posible doble uso.
3. Adquirir el compromiso de denunciar ante las instancias nacionales e internacionales pertinentes la complicidad de las empresas tecnológicas con el régimen de apartheid que vive la población palestina y el genocidio en Gaza.
4. Promover la modificación de la ley de contratación para impedir la contratación de dichas empresas.
5. Impulsar la creación de las infraestructuras digitales públicas opensource adecuadas que permitan alcanzar la soberanía nacional y dejar de depender de grandes empresas cómplices del genocidio palestino.
6. Asegurar las partidas presupuestarias para ello.
7. Impulsar la regulación adecuada con el fin de asegurar que el despliegue del Al Act en España se inserta en un marco garantista que pueda servir de guía al resto de países europeos.
8. Promover la aplicación de la Directiva (y sus sanciones) sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad acordada por el Consejo y el Parlamento europeo en 2023'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Gala Pin Ferrando, Francisco Sierra Caballero, Teslem Andala Ubbi, Eloi Badia Casas, Engracia Rivera Arias, Fèlix Alonso Cantorné, Júlia Boada Danés, Esther Gil de Reboleño
Lastortres, Gerardo Pisarello Prados y Candela López Tagliafico, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero y Aina Vidal Sáez, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Sanidad
161/000476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances
reales en el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión pulmonar en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La hipertensión pulmonar es una patología definida desde el Ministerio de Sanidad como un incremento anómalo en la presión pulmonar arterial que deteriora los vasos sanguíneos encargados de transportar la sangre del corazón a los pulmones.
Desde la Asociación Hipertensión Pulmonar España plantean que la propia hipertensión pulmonar es 'una enfermedad rara, grave, progresiva, crónica y de manejo complicado, pudiendo ser diversos mecanismos fisiopatológicos los que la
desencadenan'. Además, 'se asocia con un importante incremento del riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular' y genera un 'deterioro de la calidad de vida de los pacientes
que la padecen' por síntomas como disnea, fatiga, dolor opresivo en el pecho, debilidad, palpitaciones, edemas, mareos, hinchazón de piernas y tobillos, cianosis y, en algunos casos, síncopes y expectoraciones con sangre.
El mismo Ministerio de Sanidad clasifica la hipertensión pulmonar en cinco tipos en función de los procesos clínicos.
El primer tipo es la hipertensión arterial pulmonar, que puede ser idiopática y hereditaria, y estar asociada a enfermedades del tejido conectivo, a la infección por VIH, al consumo de fármacos y al síndrome de aceite tóxico, a cardiopatías
congénitas y a la hipertensión portopulmonar.
El segundo tipo es la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardiaca izquierda, que es la forma más común de la enfermedad.
El tercer tipo, la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad respiratoria y/o a hipoxemia, es la segunda variante más prevalente.
El cuarto tipo es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que suele producirse como una complicación de la embolia pulmonar y se caracteriza por hipertensión pulmonar persistente tras más de tres meses de anticoagulación correcta
tras el episodio agudo.
Y el quinto y último tipo tiene un origen multifactorial o provocado por mecanismos poco claros/frecuentes que en casos graves pueden requerir el manejo en centros y servicios de referencia, así como la inclusión de los pacientes en ensayos
clínicos.
Teniendo presente que suele transcurrir entre un año y medio y dos años desde el momento en el que el paciente presenta los primeros síntomas hasta que es diagnosticado de la enfermedad -lo que hace que en muchos casos la patología se
detecte y empiece a tratarse adecuadamente cuando está en estadios avanzados-, desde la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias se afirma que la hipertensión pulmonar 'afecta especialmente a
personas con edades comprendidas entre 30 y 45 años, y más a las mujeres que a los hombres'.
El Registro Español de Hipertensión Arterial Pulmonar contemplaba en mayo de 2023- con datos relativos a octubre del año 2021- a 4.424 pacientes en toda España -de ellos, 491 eran niños-, con una inclusión anual media de 291 pacientes, una
prevalencia de 1,5 casos por cada 100.000 habitantes al año y una incidencia de 0,3 nuevos casos por cada 100.000 pacientes, también al año.
En cuanto al tratamiento, la referida Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias explica que 'existen fármacos (anticoagulantes, vasodilatadores, diuréticos) que ralentizan la progresión de la
hipertensión pulmonar, palian los síntomas y mejoran la calidad de vida del paciente, aunque no revierten los daños vasculares' que causa, ni posibilitan su cura.
En el mismo sentido, la hipertensión pulmonar también es tratable, como se plantea desde la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, con la realización de ejercicio físico adecuadamente controlado, la aportación de oxígeno, con cirugía y
con la realización de trasplantes.
Aunque en el Sistema Nacional de Salud existen distintas unidades multidisciplinares -con Cardiología, Pediatría, Neumología, Radiología, Reumatología, Cuidados Intensivos, Anestesia y Reanimación, Cirugía Cardiaca, Cirugía Torácica y
Rehabilitación trabajando de forma conjunta y bajo un protocolo común- que posibilitan un abordaje transversal de la enfermedad, e incluso hay cuatro 'Centros, Servicios y Unidades de Referencia' designados para tratar la Hipertensión Pulmonar
Compleja -en los hospitales 12 de Octubre y la Paz de Madrid, y en el Vall d'Hebrón y el Clínic de Barcelona-, la realidad de los pacientes y sus familiares y cuidadores requiere medidas que mejoren su situación y favorezcan progresos tangibles en
el diagnóstico y en el cuidado de su salud y su bienestar.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno -al Ministerio de Sanidad- a trabajar desde el consenso con las Comunidades Autónomas y la coordinación con las asociaciones de pacientes, los profesionales sanitarios, la industria
farmacéutica y las empresas de biotecnología y tecnología sanitaria, para posibilitar avances reales en el diagnóstico temprano y preciso, así como en el tratamiento personalizado, humanizado, integral y multidisciplinar de la hipertensión pulmonar
en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Para tal fin, y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los propios pacientes, de sus familias y cuidadores, el Gobierno destinará todos los recursos humanos, estructurales, tecnológicos y económicos del ámbito sanitario y el social
que resulten necesarios; priorizará las inversiones en investigación y potenciará la donación y el trasplante de órganos relacionados con la enfermedad; desarrollará el funcionamiento de los centros, servicios y unidades de referencia implicados y
su coordinación con las Redes Europeas de Referencia, y materializará las acciones necesarias para agilizar la disponibilidad de innovaciones diagnósticas y terapéuticas para todos los pacientes'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Ana María Pastor Julián, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Carlos Hernández Quero y Tomás Fernández Ríos, en su condición de Portavoz del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Proposición no de Ley relativa a la seguridad alimentaria y el consumo de insectos, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Primero. La agenda 2030 o globalista pretende promover lo que llaman 'hábitos de consumo sostenibles' dentro de su política de criminalización del campo y su modo de vida tradicional. Así, apuesta por el destierro de la carne y su
sustitución en la dieta por insectos, bacterias encapsuladas o carne sintética. De hecho, en el libro que fundamenta esta agenda, llamado en inglés The Great Reset, se dice, en la sección 1.5.1.1, lo siguiente: 'Sólo la agricultura cubre más de un
tercio de la superficie terrestre y es la actividad económica que más perturba la naturaleza'. Esa afirmación se hace sin más evidencia científica. A pesar de tan poca base empírica, el enorme poder mediático, tecnológico y financiero que tiene el
Sr. Schwab, dueño del Foro de Davos, y sus aliados se emplean, entre otros fines, para culpar a la agricultura y la ganadería de todo tipo de males, y hacen probable que nuestra sociedad occidental sea forzada a adquirir hábitos alimentarios
propios de sociedades en las que han imperado la pobreza y la desnutrición. Obediente a estos grupos de presión, este Gobierno demuestra cada vez un mayor interés por potenciar y promocionar el consumo de insectos y gusanos, cuyo consumo implica
peligros potenciales para la salud.
Segundo. La influencia de esos lobbies se ha reflejado en autorización y comercialización de insectos en la Unión Europea (UE), que comenzó a aprobar esta fuente de proteína en el mes de mayo de 2018, con la entrada en vigor del Reglamento
(UE) 2015/2283 relativo a los nuevos alimentos, que deroga y reemplaza el Reglamento
(CE) N° 258/97 y el Reglamento (CE) N° 1852/2001, que estaban en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. Este Reglamento regula la comercialización de insectos para la alimentación humana, pero no regula la cría y producción.
La referida norma ha sido desarrollada por actos tales como el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2468, facilita 'las condiciones para que las empresas alimentarias puedan introducir alimentos nuevos e innovadores al mercado de la UE,
manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de seguridad alimentaria para los consumidores europeos' 54.
El órgano encargado de la aprobación de nuevos alimentos y garantizar la seguridad tras el consumo es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ('EFSA').
Tercero Actualmente, son cuatro los tipos de insectos aprobados por la EFSA 55:
i. Gusano de la harina (Tenebrio molitor): es el primer insecto autorizado por la EFSA para el consumo humano. Se puede comer entero y desecado -o emplearse como ingrediente de otros productos alimentarios-.
ii. Langosta migratoria (Locusta migratoria): consiguió su aprobación para el consumo humano en noviembre de 2021 y se encuentra disponible en formato congelada, seca y en polvo.
iii. Grillo doméstico (Acheta domesticas): se aprobó en febrero de 2022 y se puede consumir en seco o como ingrediente en otros productos alimentarios.
iv. Larvas de escarabajo del estiércol (Alphitobius diaperinus): en julio de 2022 se aprobó este último insecto como alimento seguro, que podrá ser empleado en preparaciones liofilizadas o congeladas para añadirse a otros productos de
alimentación. Sobre la base de la nota informativa de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ('AESAN'), actualizada a 17 de enero de 2023, respecto a la situación de los insectos en alimentación humana, 'cualquier operador que
quiera comercializar insectos para alimentación humana en la Unión Europea, debe presentar una solicitud de autorización o de notificación, en base a uno de los dos procedimientos. Una vez que la Comisión Europea lo incluya en la lista de la Unión,
tal y como prevé el Reglamento, se podrá iniciar su comercialización' 56.
En España existen ya empresas on-line comercializadoras de estos productos. Además, están proliferando las granjas de insectos, que 'utiliza[n] larvas como base de fabricación de las harinas necesarias para alimentar a pollos, cerdos y
conejos' 57.Asimismo, 'actualmente, se consumen más de 1.900 especies de insectos a lo largo del globo y forman parte de la dieta de 2.000 millones de personas aproximadamente, especialmente en el continente asiático, según señala la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)' 58.
Cuarto. En relación con los riesgos microbiológicos y alergénicos asociados al consumo de insectos, destaca un Informe del Comité Científico de la AESAN 59, de mayo de 2018, en el que se pone de relieve que 'los insectos son portadores de
una microbiota muy diversa. Algunos de estos microorganismos, tanto del contenido intestinal como de la superficie externa, son patógenos y pueden ocasionar enfermedades de transmisión alimentaria. Los tratamientos tecnológicos aplicados en la
industria alimentaria, principalmente los tratamientos térmicos (ebullición, fritura, tostado), provocan una reducción considerable en los recuentos microbianos. No obstante, las bacterias
54 https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/futuro_reglamento_nuevos_alimentos.htm.
55 Cfr. https://www.eldebate.com/salud-y-bienestar/bienestar/alimentación/20220715/estos-son-cuatro-insectos-podras-poner-plato-te-mueres-asco.html.
56 https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/INSECTOS_ALIMENTACION_.pdf
57 https://crea.ujaen.es/bitstream/10953.1/20481/1/TFG_GuillermoLe%C3%B3nPerag%C3%B3n_2023%20-%20Guillermo%20Le%C3%B3n%20Perag%C3%B3n.pdf.
58 https://www.abc.es/sociedad/admite-larvas-escarabajo-estiercol-insectos-aptos-consumo-20230117121847-nt.html.
59 https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2021/insectos_comestibles.htm?https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4094en/estibles.htm.
esporuladas patógenas podrían sobrevivir a estos tratamientos y crecer durante el periodo de almacenamiento previo al consumo' 60.
Asimismo, el referido informe expone que 'los riesgos de alergia asociados al consumo de insectos pueden estar relacionados con reacciones alérgicas primarias tras la ingesta o con reactividad cruzada a causa de la presencia de panalérgenos
en pacientes ya alérgicos a otros invertebrados. El tratamiento térmico disminuye, pero no elimina del todo la alergenicidad de, al menos, algunas de las proteínas responsables de riesgo alergénico' 61.
Así, vamos a enumerar solo algunos de los riesgos sanitarios que podría conllevar el consumo de insectos, ya que 'algunos compuestos presentes en los insectos son potencialmente tóxicos' 62:
1. Sustancias antinutritivas y tóxicas: 'Las sustancias antinutritivas son aquellas que impiden o dificultan la absorción de nutrientes. Destaca la quitina, el material principal del que está formado el exoesqueleto de los artrópodos. Se
ha estimado que el contenido en quitina en insectos oscila entre 2,7 y 49,8 mg/kg de peso fresco. Ejerce un efecto negativo en la digestibilidad de las proteínas y en su utilización. [...]. Lo mismo sucede con los taninos, fitatos, oxalatos y las
saponinas. También los alcaloides podrían, a partir de determinadas dosis, llegar a ser tóxicos para los consumidores. Algunos insectos, como las pupas del gusano de seda africano (Anaphe venata), contienen tiaminasa y su ingesta puede causar
deficiencia de tiamina (vitamina Bl)' 63.
2. Microorganismos patógenos (bacterias): 'Según informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y otros estudios, los insectos pueden ser reservorios de bacterias patógenas (como Salmonella, Campylobacter, Escherichia
coli y Bacillus cereus), especialmente los insectos no procesados que han sido producidos bajo ciertas condiciones (por ejemplo, cuando se usan como sustrato desperdicios de alimentación o estiércol)' 64.
La misma EFSA señala la importancia de realizar nuevas investigaciones dirigidas a evaluar mejor los riesgos asociados ya que no se dispone de suficientes datos.
3. Parásitos: 'en ocasiones los insectos sirven como vectores de determinados parásitos. Así, se ha detectado en el cuerpo de cucarachas y moscas la presencia de varios protozoos y helmintos en diferentes fases de desarrollo.
Algunos insectos actúan también como hospedadores intermediarios de ciertos parásitos. Por ejemplo, se han descrito infestaciones humanas por un nematodo (Gongylonema pulchrum) con numerosos hospedadores definitivos, siendo los hospedadores
intermediarios los escarabajos del estiércol y las cucarachas. La infestación en el hombre provoca un cuadro clínico con síntomas gastrointestinales. (...). Es importante estudiar la presencia de parásitos en los insectos silvestres, especialmente
en los países tropicales y subtropicales, dado que se trata de un mercado emergente' 65.
4. Contaminantes químicos: 'La presencia de contaminación química es uno de los mayores peligros asociados al consumo de insectos, principalmente de los de vida silvestre.
Entre los compuestos frecuentemente detectados se encuentran algunos metales pesados (cadmio, plomo o cobre, entre otros) y pesticidas. Cabe señalar, por ejemplo, un brote que afectó en 2007 a niños y mujeres embarazadas en una comunidad de
Monterrey (California), asociado al consumo de saltamontes (chapulines) con elevados niveles de plomo importados de Oaxaca (México)' 66
60 https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4094en/.
61 Idem.
62 https://theconversation.com/el-consumo-de-insectos-tambien-tiene-riesgos-para-la-salud-hace-falta-mas-investigacion-175479.
63 https://rica.chil.me/post/el-consumo-de-insectos-tambien-tiene-riesgos-para-la-salud-hace-falta-mas-invest-403709.
64 https://rica.chil.me/post/el-consumo-de-insectos-tambien-tiene-riesgos-para-la-salud-hace-falta-mas-invest-403709.
65 https://rica.chil.me/post/el-consumo-de-insectos-tambien-tiene-riesgos-para-la-salud-hace-falta-mas-invest-403709.
66 https://rica.chil.me/post/el-consumo-de-insectos-tambien-tiene-riesgos-para-la-salud-hace-falta-mas-invest-403709.
5. Alergias y reacciones alérgicas cruzadas: 'Otro peligro asociado al consumo de insectos de dimensiones desconocidas está en relación con las alergias.
Muchos artrópodos pueden inducir reacciones alérgicas en individuos susceptibles, principalmente causadas por la presencia de tropomiosina, arginina quinasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa o hemocianina.
Aunque no están bien estudiadas, se han identificado reacciones cruzadas, por ejemplo, entre crustáceos, cucarachas y ácaros. La sintomatología de la alergia a insectos es muy variada, pudiendo manifestarse desde una simple urticaria hasta
un choque anafiláctico. Es posible que el procesado reduzca la potencialidad alergénica de estos alimentos, si bien este punto necesita recibir más atención en futuras investigaciones.
Puesto que la exposición repetida a un potencial alérgeno incrementa el riesgo, los insectos deben consumirse con precaución cuando son introducidos en la dieta.
En cualquier caso, la comunidad científica coincide en que son necesarios estudios adicionales que permitan realizar una evaluación cuantitativa del riesgo de alergia alimentaria asociado a los diferentes tipos de insectos' 67.
Por último, es importante destacar que países de nuestro entorno se están dando cuenta de la importancia de proteger y promocionar los alimentos típicos nacionales que, avalados por años de consumo, cuentan con una población con tasas más
bajas de enfermedades cardiovasculares y de ciertos tipos de cáncer.
En España concretamente, la media de la población 'mantiene (...) elementos de la dieta mediterránea como el uso de aceite de oliva como principal grasa de adición o el consumo diario de cereales' 68.
Así, nos ha precedido ya Italia, con una normativa en la que se exige que los alimentos que contengan insectos se etiqueten con letras grandes y se muestren en estantes separados del resto de los alimentos, para que los consumidores no los
compren por error, sin conocimiento de lo que realmente están adquiriendo.
Además, la normativa italiana establece que los alimentos a base de insectos se etiquetarán con advertencias sobre los riesgos asociados con su consumo'.Y, sobre todo, se prohibirá que la comida tradicional italiana como la pasta y la pizza
contenga harina hecha de insectos' 69.
Así las cosas, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición de no Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover que, a la información obligatoria del etiquetado, se incorporen los riesgos asociados al consumo de insectos.
2. Promover y defender la cultura gastronómica tradicional española basada en productos típicos de la dieta mediterránea, siendo esta clave en la protección del modelo de producción español.
3. Realizar y promover estudios médico-científicos más profundos que permitan una valoración cuantitativa del riesgo para la salud del consumo de nuevos alimentos y que sirvan de aval para la actualización de las Guías nacionales de Buenas
Prácticas de Higiene de los alimentos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-Carlos Hernández Quero, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
67 https://rica.chil.me/post/el-consumo-de-insectos-tambien-tiene-riesgos-para-la-salud-hace-falta-mas-invest-403709.
68 https://www.20minutos.es/salud/nutrición/la-dieta-mediterranea-creada-en-los-anos-40-por-un-epidemiologo-sigue-vigente-se-come-en-espana-4832831/.
69 https://gaceta.es/europa/meloni-reduce-el-paro-en-mas-de-100-000-personas-tras-recortar-el-ingreso-minimo-vital-italiano-20240219-1026/?scroll-event=true.
161/000496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de la objeción de conciencia sanitaria, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Primero. Definición de la Objeción de Conciencia.
La objeción de conciencia es un concepto de innegables raíces filosóficas y consecuencias jurídico-políticas que cobra su máximo sentido cuando nos encontramos ante el fenómeno de una norma injusta, y que implica anteponer la obediencia a la
propia conciencia frente al cumplimiento de una obligación jurídica.
La generalidad de la doctrina entiende que, para que pueda hablarse de la objeción de conciencia en los términos expuestos, deben concurrir los siguientes elementos:
'- La existencia de una norma jurídica, con un contenido que pueda afectar a las creencias religiosas o morales de los individuos, cuyo cumplimiento no puede obviarse sin incurrir en sanción.
- La existencia igualmente de un dictado inequívoco de la conciencia individual opuesto al mandato jurídico.
- La ausencia en el ordenamiento jurídico de normas que permitan diluir el conflicto entre la norma y la conciencia individual.
- La manifestación del propio sujeto sobre el conflicto surgido entre la 2 norma y su conciencia' 70.
El objetor de conciencia 'ejerce un derecho fundamental, la libertad de conciencia, que como tal forma parte del ordenamiento jurídico, y que ocasionalmente puede conducir al incumplimiento de una ley' 71.
Segundo. Regulación legal e interpretación jurisprudencial de la objeción de conciencia.
A pesar de que existe una enunciación genérica del derecho a la objeción de conciencia en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ratificada por España a través de la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, no hay en nuestro
ordenamiento una norma que regule con carácter general el ejercicio de este derecho. Únicamente contamos con textos legales que se aplican a supuestos materiales concretos.
- Por un lado, la Constitución española ('CE') contiene dos reconocimientos explícitos de la objeción de conciencia:
La conocida como 'cláusula de conciencia' periodística, protegida con rango de derecho fundamental en el artículo 20.1.d.
70 Ortega Gutiérrez, D., 'La objeción de conciencia en el ámbito sanitario', Revista de Derecho Político, n.° 45, 1999, p. 110. En términos similares se pronuncian Aparisi Miralles, A., y López Guzmán, J., en 'El derecho a la objeción de
conciencia en el supuesto del aborto. De la fundamentación filosófico-jurídica a su reconocimiento legal', Persona y Bioética, vol. 10, n.° 1, enero-junio 2006, pp. 39-40, al afirmar que 'la objeción de conciencia viene caracterizada por las
siguientes notas: a) Presupone la existencia de una obligación legal de actuar en un determinado sentido. [...] b) La objeción de conciencia se fundamenta en razones religiosas, éticas, morales, axiológicas o de justicia. [...] c) El
comportamiento que demanda el objetor tiene un carácter omisivo. Por ello, con la objeción de conciencia se pretende abstenerse de llevar a cabo una acción que provocaría un grave daño moral al sujeto o un perjuicio serio al bien común, d) Con la
objeción de conciencia no se aspira a modificar ninguna norma. No se pretende obligar a la mayoría a revisar su decisión, obtener publicidad ni anular una norma. Por lo tanto, hay una ausencia de fin político, e) La objeción de conciencia es un
mecanismo que permite resolver, por vía de excepción, los conflictos entre mayorías y minorías existentes en toda sociedad democrática contemporánea'.
71 Navarro-Valls y Martínez-Torrón, 'Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia'. lustel.
El derecho a la objeción en materia de servicio militar obligatorio (inaplicado en la actualidad), reconocido en el artículo 30.2 CE y desarrollado en la Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la Objeción de Conciencia y dé la
Prestación Social Sustitutoria.
- Por otro lado, el derecho a la objeción de conciencia se reconoce expresamente en dos leyes:
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ('LO 2010') -artículo 19 bis y ter-, en redacción dada por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero.
La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia ('LO 3/2021') -artículos 3.f) 72 y concordantes-.
La posición del Tribunal Constitucional sobre la objeción de conciencia no es concluyente, e incluso es aparentemente contradictoria, tal y como se infiere de las disparidades en los fallos de las siguientes sentencias:
i. Por un lado, en la Sentencia del Tribunal Constitucional ('STC') 15/1982, de 23 de abril y la STC 53/1985, de 11 de abril se reconocía el derecho a la libertad de conciencia como un derecho contenido explícita e implícitamente en el
ordenamiento constitucional español 73 y se señalaba el vínculo existente entre la objeción de conciencia y la libertad religiosa e ideológica 74.
ii. Sin embargo, la STC 161/1987, de 27 de octubre contradecía las dos sentencias precedentes negando que el derecho a la objeción de conciencia estuviese reconocido en nuestro Derecho 75.
iii. No obstante, la STC 145/2015, de 25 de junio, reiteró que el derecho a la objeción de conciencia -en ese caso, respecto del aborto- existía y podía ser ejercido con independencia de que existiese interpositio legislatoris, esto es, de
que se hubiese dictado o no una ley reconociéndolo 76.
iv. Por último, en una sentencia más reciente, la STC 44/2023, de 9 de mayo de 2023, se pone de nuevo en evidencia la contradicción existente en la doctrina constitucional en tanto que la referida resolución reconoce, por un lado, que la
objeción de conciencia 'forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa' 77 y, por otro, reitera lo establecido en la STC 161/1987, de 27 de octubre, cuando señala que el derecho a la objeción de conciencia 'no
está reconocido, ni cabe imaginar que lo estuviera, en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado. Lo que puede ocurrir es que sea admitida excepcionalmente respecto a un deber concreto' 78.
Tercero. Especificidades de la objeción de conciencia sanitaria.
Sin duda, es el sanitario 79 uno de los ámbitos en que la objeción de conciencia juega un papel más relevante. Tanto es así, que la mayor parte de las sentencias a las que hemos hecho alusión se refieren precisamente a cuestiones de esta
índole. Concretamente, el aborto y la eutanasia han sido los dos núcleos temáticos en torno a los cuales se ha generado un mayor debate en relación con la objeción de conciencia.
72 ''Objeción de conciencia sanitaria'': derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones'.
73 https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/57.
74 https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/433.
75 https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/893.
76 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8639.
77 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-13955.
78 Idem.
79 Respecto de la objeción de conciencia sanitaria, afirma Seoane, J. A., en 'Objeción de conciencia positiva', Revista de Bioética y Derecho, n.° 32, septiembre 2014, p. 37: 'La objeción de conciencia sanitaria clásica es una objeción de
conciencia negativa, referida a mandatos o deberes jurídicos de hacer. El profesional asistencial se niega a realizar la acción -prestar asistencia, participar en una intervención- impuesta por la norma. Gran parte de las manifestaciones
consideradas objeción de conciencia no son casos de auténtica objeción de conciencia sanitaria, pues ésta sólo es admisible cuando afecta a valores socialmente controvertidos y existe posible afectación inmediata de terceros'.
Independientemente de la doctrina que se siga respecto de la naturaleza de la objeción de conciencia, lo cierto es que, tanto en el caso del aborto como en el de la eutanasia, ya ha habido una interpositio legislatoris 80. Por cuanto
respecta al aborto, la LO 2/2010 regula en sus artículos 19 bis y ter lo relativo al derecho a la objeción de conciencia y, en el caso de la eutanasia, este derecho se regula en los artículos 14 y 16 de la LO 3/2021. Las principales críticas que
podrían hacerse al tratamiento de la objeción de conciencia en las citadas normas son tres, referidas tanto a la reglamentación del derecho como de su ejercicio:
- En primer lugar, el artículo 19 bis.1 de la LO 2/2010 y el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 3/2021 limitan el ejercicio de la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados, respectivamente, en el aborto y la
eutanasia. Tal enunciación excluye, por tanto, el derecho a objetar de aquellos profesionales cuya implicación en estas prácticas no sea directa, pero sí necesaria.
- En segundo lugar, la objeción de conciencia se condiciona en ambas normas al hecho de que se garantice el 'derecho' al aborto y/o a la eutanasia, lo que se regula en el artículo 19 bis.1 de la Ley Orgánica 2/2010 y en el artículo 14 de la
Ley Orgánica 3/2021, respectivamente. Es decir, se reconoce a priori que pueda haber casos en que la objeción de conciencia de los sanitarios no se respete.
- En tercer lugar, el ejercicio de la objeción se articula en las dos leyes de un modo que vulnera claramente los derechos de los sanitarios en tanto que los artículos 19 ter de la Ley Orgánica 2/2010 y 16.1 de la Ley Orgánica 3/2021
establecen la obligatoriedad de crear un registro de objetores de conciencia. Dicho registro de sanitarios objetores ha sido objeto de rechazo por varias razones: produce discriminación 81; genera inseguridad en cuanto a las posibles
repercusiones laborales 82; entraña un riesgo -so pena de perder su eficacia 83 -, de vulnerar la legislación en materia de protección de datos 84, etcétera.
80 Navarro-Valls, R., considera, en 'La objeción de conciencia a la eutanasia', El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, n.° 92, p. 8, que 'la ''mala conciencia'' del poder sobre la eutanasia suele llevar a que - como ocurre
con el aborto - el propio legislador apruebe junto a ella una amplia objeción de conciencia a favor de médicos y personal paramédico. Como si, consciente de su propia inquietud, comprenda la de otros y los exonere de ejecutar el mandato de la ley.
Eso explica lo que he llamado en otro lugar el ''big-bang'' de objeciones de conciencia en materia de aborto, eutanasia, pena de muerte, tratamientos médicos de dudosa moralidad etc. Frente a la incontinencia normativa del poder y su tendencia a
dictar leyes que rozan los límites de la moral, ha estallado todo un universo de objeciones de conciencia'.
81 Medina Castellano, C. D., en 'Objeción de conciencia sanitaria en España. Naturaleza y ejercicio', Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho, n.° 69, julio-noviembre 2012, p. 223, plantea a este respecto que 'precisamente porque
la finalidad es organizativa, la nueva ley debería articular el procedimiento de declaración de la objeción de modo que se afectara lo menos posible el derecho a la intimidad del profesional y, para ello, bastaría con que el profesional comunicara a
su superior jerárquico jefe de servicio, enfermera supervisora, o similares) su voluntad de no participar en la práctica de abortos por razones de conciencia. Un registro general, de carácter público, no parece tener más sentido que el de exponer a
la vista al que no quiere obedecer la norma por ser contraria a sus convicciones. En definitiva, se trata de evitar la discriminación que podría producirse al alegar razones de conciencia'.
82 Ortega Gutiérrez, D., en 'La objeción de conciencia en el ámbito sanitario', Revista de Derecho Político, n.° 45, 1999, p. 134: 'Desde la posición del personal sanitario que objeta, no puede éste sufrir por el ejercicio de su derecho
ningún tipo de discriminación, perjuicio profesional u otros medios sutiles, como pueden ser las represalias de tipo socio-profesional'. Navarro-Valls, R., por su parte, en 'La objeción de conciencia a la eutanasia', El Cronista del Estado social y
democrático de Derecho, n.° 92, p. 12, sostiene: 'Que alguien sea titular de un derecho no siempre significa que exista un deber correlativo de hacer algo por parte de otro, pudiendo significar simplemente un deber de respeto. Por eso, no sería
correcto obligar a inscribirse en un registro de objetores como contempla el proyecto de ley aprobada, lo cual tendría otro inconveniente: en sistemas de vinculación laboral no estables, muy frecuentes en España, podría perjudicar las oportunidades
laborales del objetor para acceder a un puesto de trabajo'.
83 Así lo ha expuesto la Comisión de Ética y Deontología del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid: 'al derecho de objeción de conciencia no cabe aplicar límite temporal, como declara el código deontológico (artículo 34.2 del CD OMC 2011) y
también reconoce el propio decreto y el Manual de Buenas Prácticas publicado por el Ministerio de Sanidad por lo que, aunque pueda ser de ayuda la creación de un Registro, la única forma de garantizar la prestación será la identificación de aquellos
profesionales capacitados con los que pueda contar para proporcionar la prestación, en aquellos lugares donde sea solicitada'.
84 De hecho, para que tal instrumento sirviese a los fines para los que se diseñó, se necesitaría hacer abstracción de la legislación en materia de protección de datos, posibilidad que ya fue descartada por la STC 151/ 2014, de 25 de
septiembre.
Por otro lado, las conductas u omisiones a los que, en virtud de la Ley Orgánica 2/ 2010 y Ley Orgánica 3/2021, están obligados los sanitarios (médicos, enfermeros y auxiliares de Enfermería) contradicen abiertamente las normas 85 a las que
estos están sometidos en el ejercicio de su profesión. Este es uno de los motivos por los que el Grupo Parlamentario VOX ha promovido la derogación de ambas.
En definitiva, no es admisible que una norma que regula o garantiza un derecho lo haga obligando a otros a 86 poner fin a la vida de una persona. En el momento en que esto ocurre no cabe sino reconocer que, principalmente en virtud de sus
convicciones personales (ideológicas, morales, religiosas, etc.), pero también en atención a las leyes que rigen la profesión sanitaria y constituyen para ella fuente de obligaciones, pueda el sanitario objetar en conciencia de realizar ese acto,
sin que de ello se deriven consecuencias negativas para el objetor.
Por lo tanto, mientras no se deroguen las referidas leyes, es menester apuntalar las herramientas jurídicas precisas para asegurar que su ejercicio por parte de todos los sanitarios implicados en actos conducentes al aborto y la eutanasia,
tanto de forma mediata como inmediata 87, sea pleno. No existe obstáculo legal ni jurisprudencial al hecho de que tal objeción, que ya goza de un reconocimiento legal -aunque deficitario-, sea objeto de una más exhaustiva regulación que se aplique
con carácter general a todo el ámbito sanitario 88, y provea a este complejo campo una mayor seguridad jurídica. El objeto de la presente proposición no de ley no es, en conclusión, el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia
sanitaria, sino la garantía de su libre ejercicio.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la aprobación de una Ley Orgánica de objeción de conciencia sanitaria, en tanto no sean derogadas todas leyes contrarias al derecho a la vida, cuyas líneas generales serán las
siguientes:
a) Será aplicable a todos los sanitarios (médicos, enfermeros o auxiliares de Enfermería) que ejerzan su profesión en el territorio español, en centros públicos o privados.
85 El Código de Deontología Médica afirma, en su artículo 36,3, que 'el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este', y recoge la obligación del juramento
hipocrático de 'no dar a ninguna mujer un pesaje abortivo'. En cuanto a la objeción de conciencia, el artículo 32.2 establece que 'el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la
libertad e independencia en su ejercicio profesional'; y el artículo 35 dispone que 'de la objeción de conciencia no se puede derivar ningún tipo de perjuicios o ventajas para el médico que la invoca'. Por su parte, el Código Deontológico de
Enfermería Española establece, en su artículo 18, que, 'ante un enfermo terminal, la enfermera/ o, consciente de la alta calidad profesional de los cuidados paliativos, se esforzará por prestarle hasta el final de su vida, con competencia y
compasión, los cuidados necesarios para aliviar sus sufrimientos. También proporcionará a la familia la ayuda necesaria para que puedan afrontar la muerte, cuando ésta ya no pueda evitarse'. Y respecto de la objeción de conciencia, dispone que 'de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Constitución Española, la Enfermera/o tiene, en el ejercicio de su profesión, el derecho a la objeción de conciencia que deberá ser debidamente explicitado ante cada caso concreto. El Consejo
General y los Colegios velarán por que ningún/a Enfermero/ a pueda sufrir discriminación o perjuicio a causa del uso de ese derecho'. Por cuanto respecta a los técnicos en cuidados Auxiliares de Enfermería, si bien no cuentan con un código
deontológico propio, entendemos que les es de aplicación por analogía el referente a la profesión de Enfermería.
86 Como sostiene el Comunicado del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid de 27 de septiembre de 2021, 'el reconocimiento de la objeción de conciencia no es solo una exigencia ética sino también constitucional. La objeción siempre
debería quedar amparada por la posibilidad de acogerse a la no realización de actos gravemente contrarios a la propia conciencia. Reconocer esta primacía es también saber que la justicia es mucho más que las leyes y que hay derechosfundamentales
que toda norma debe siempre respetar'
87 En la línea que esboza Ruiz-Bursón, F. J., en 'La regulación de la objeción de conciencia en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo', Persona y Derecho, n.° 63, vol.
2, 2010, p. 188: 'En estos pronunciamientos judiciales late la idea de que el derecho fundamental de la objeción de conciencia al aborto no sólo exime de realizar materialmente la IVE, sino de colaborar con cualesquiera actos relacionados con ella'
88 De la misma opinión son Medina Castellano, C. D., en 'Objeción de conciencia sanitaria en España. Naturaleza y ejercicio', Derecho P UCP. Revista de la Facultad de Derecho, n.° 69, julio-noviembre 2012, p. 221, y Del Moral García, A.,
en 'Objeción de conciencia: líneas maestras de su regulación legal y jurisprudencial', en W. AA. (Coord. Tomás y Garrido, G.), 'Entender la objeción de conciencia', Jornadas de Bioética de la Universidad Católica San Antonio, 2011, Murcia, p. 30.
b) Permitirá la objeción de conciencia respecto de cualquier acto directamente relacionado o necesario para la práctica del aborto o la eutanasia.
c) No obligará a ningún profesional sanitario a inscribirse en un registro como conditio sine quae non para el ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia, sino que arbitrará un mecanismo para garantizar la libertad de dicho
ejercicio que asegure, en particular, la igualdad en el plano personal laboral y la protección de los datos personales de los objetores.
d) Asegurará que el sanitario que objete no sea privado de la posibilidad de continuar su labor de asistencia a todos sus pacientes, sino que pueda formar parte del proceso clínico-asistencial de estos hasta el final.
e) Garantizará que los sanitarios objetores no sean excluidos, por el ejercicio de dicha objeción, del derecho a formar parte de las instituciones sanitarias y de las comisiones y comités de los centros asistenciales'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la prevención y atención de las infecciones por el VIH y las ITS, para su
debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La infección por el VIH sigue siendo uno de los problemas de salud pública de mayor gravedad en todo el mundo, que ha supuesto la pérdida de 40,4 millones de vidas.
Según datos de ONUSIDA, desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH se han ido reduciendo alrededor de un 38 %, así como la mortalidad por el SIDA ha disminuido un 55 % entre las mujeres y niñas, y un 47 % entre hombres y niños.
Tal y como afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), 'el acceso a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención eficaces, han convertido el VIH en un problema de salud crónico, que permite a las personas que viven con
el virus llevar una vida larga y saludable'. Esto ha sido así, gracias a la disponibilidad de fármacos antirretrovirales y al inicio temprano del tratamiento.
Se estima que, en el año 2022, 39 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo, teniendo acceso a terapia antirretroviral 29,8 millones, frente a los 7,7 millones del año 2010.
En España, según el informe Actualización del continuo de atención del VIH en España 2021-2022, en 2021 había una prevalencia de VIH del 0,31 % respecto al total de la población. Desde 2013 se ha incrementado el número de personas con
tratamiento en un 11 % y las personas con supresión viral en un 10,9 %. Si bien, el 7,5 % de las personas con VIH en España no han sido diagnosticadas.
Resulta imprescindible continuar realizando esfuerzos para combatir la enfermedad y y epidemia del sida y así poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.
El objetivo es que el VIH/Sida deje de ser un problema de salud pública en 2030 y, para ello, se deberán cumplir los objetivos 95-95-95 de ONUSIDA (95 % de las personas con el VIH diagnosticadas, de las que el 95 % estén en tratamiento y al
menos el 95 % con carga viral indetectable) y del cuarto 95 para que las personas con el VIH tengan una buena calidad de vida y sufran cero discriminaciones. La discriminación de las personas con VIH es una vulneración de sus derechos humanos, que
continúa siendo una barrera de acceso a servicios de prevención y diagnóstico.
En este contexto, ha trabajado el Gobierno de España desde el año 2018, con medidas como la aprobación en noviembre de 2018 del Pacto Social por la No discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, y en el año 2019 la inclusión de la
profilaxis preexposición (PrEP) la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. La PrEP es la prescripción diaria de una sola pastilla en personas en riesgo de adquirir la infección, y forma parte de las medidas farmacológicas y no
farmacológicas dirigidas a la prevención del VIH, denominada estrategia de prevención combinada.
La prevención combinada es uno de los elementos más importantes de la Estrategia de ONUSIDA, definida como el conjunto de programas que promueven una combinación de intervenciones diseñadas con el propósito de satisfacer las necesidades de
prevención de la infección por el VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), de personas y comunidades específicas. Según datos del sistema de información SIPrEP, en una visita inicial, el 10 % de los usuarios de PrEP fueron
diagnosticados de sífilis y/o de gonococia.
Según la OMS, se estima que anualmente unos 374 millones de personas contraen alguna de estas cuatro ITS: clamidiosis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis.
Estas infecciones producen efectos graves en la salud sexual y reproductiva, y pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH. Por tanto, son un problema importante de salud pública, que requieren de un diagnóstico y tratamiento precoz para
prevenir complicaciones y secuelas graves.
Según el informe Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España 2021, actualizado por el Ministerio de Sanidad en febrero de 2023, persiste la tendencia creciente en nuestro país de la infección gonococia y de
la sífilis, observada a partir del inicio de la década de los 2000. Concretamente, en el año 2021, se notificaron 15.338 casos de infección gonocócica y 6.613 casos de sífilis, 5.055 y 1.619 casos más que el año anterior, respectivamente.
Cabe destacar, además, el aumento del número de casos de infección por clamidia. En el año 2021 se notificaron 20.507 casos, 5.768 casos más que el año anterior, lo que nos sitúa en una tasa por 100.000 habitantes de 48,36, cuando en el año
2016, se situaba en 18,06.
Por tanto, un enfoque integral de prevención se plantea como el más adecuado para la prevención de otras ITS, debido a los determinantes comunes compartidos con el VIH.
Con estos objetivos generales se aprobó en noviembre de 2021 el 'Plan Estratégico para la Prevención y Control de la Infección por el VIH y las ITS en España 2021-2030' por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(SNS), que recoge acciones dirigidas a los grupos de población clave o que presentan una mayor vulnerabilidad ante el VIH y otras ITS y, por otro, a población general, con una especial atención a la población joven y a las mujeres. Este plan ha
establecido como meta para el 2025, reducir un 90% las nuevas infecciones respecto 2015.
En esta senda debemos seguir avanzado como país, hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública, así como la reducción de la incidencia de las ITS en 2030.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y en el marco del Consejo Interterritorial del SNS:
1. Desarrollar el Plan Estratégico para la Prevención y Control de la Infección por el VIH y las ITS en España 2021-2030.
2. Potenciar la formación de los profesionales sanitarios de atención primaria y de atención especializada, para mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH y otras ITS.
3. Promocionar el uso del preservativo como método anticonceptivo y como prevención del VIH y otras ITS.
4. Trabajar por el acceso efectivo a los programas de PrEP de aquellas personas en riesgo elevado de infección por el VIH, aumentando su visibilidad y conocimiento y, seguir potenciando la implementación del Sistema de información de PrEP
en España (SIPrEP) en las diferentes Comunidades Autónomas.
5. Promocionar la realización de las pruebas diagnósticas del VIH y de otras ITS, así como incrementar y mejorar su accesibilidad, especialmente en las poblaciones más vulnerables a la infección por el VIH.
6. Seguir mejorando la calidad de vida de las personas con el VIH, alineado con los objetivos del Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH y a la Alianza Mundial de acciones para eliminar el estigma y
discriminación relacionada con el VIH de ONUSIDA.
7. Apoyar el liderazgo de las entidades locales en la respuesta y prevención del VIH y de las ITS, en el marco de la iniciativa FAST-TRACK Cities'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.-María Carmen Castilla Álvarez, Diputada.-Maribel García López y Montse Mínguez García .- Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar una
universidad de excelencia, competitiva y de calidad formativa e investigadora en el nuevo modelo de promoción de los cuerpos docentes universitarios, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Exposición de motivos
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobada el 22 de marzo de 2023 establece en su artículo 69 que el acceso a los cuerpos docentes universitarios exigirá, además del título de Doctor, la previa obtención de una acreditación
por parte de la ANECA que, valorando los méritos y competencias de las personas aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario en el conjunto del país. Y la disposición transitoria cuarta establece, por su parte, que
'La ANECA y las agencias de calidad autonómicas dispondrán de un periodo de un año desde la entrada en vigor de esta ley orgánica para adaptar los criterios de la acreditación'.
El pasado 8 de febrero la ANECA publicó el borrador de los nuevos criterios de evaluación y los requisitos mínimos de referencia de los méritos y competencias requeridos para obtener la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos
docentes universitarios, Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad, para el que se ha abierto un 'trámite de participación no vinculante' hasta el 29 de febrero. Los nuevos criterios empezarán a aplicarse a partir del próximo 1 de
abril.
De lo que se ha conocido hasta ahora se puede afirmar que con los nuevos criterios se cambia radicalmente los existentes hasta ahora, reduciendo la importancia de la investigación en la carrera universitaria y priorizando, en su lugar,
criterios de gestión y liderazgo, o incidiendo en criterios como el mero transcurso del tiempo, lo que perjudicará a los investigadores más brillantes, que se verán forzados a retrasar su promoción o buscarla fuera de España o la exigencia de
movilidad en la valoración de la internacionalización que obliga a una estancia de un año a todos los profesores para
promocionar, un criterio totalmente superado por vías alternativas y discriminatorio, especialmente para mujeres o personas con discapacidad.
Asimismo, no se ha tenido en cuenta los criterios por los que hasta ahora ha estado trabajando el profesorado estos últimos años, acumulando méritos conforme al modelo vigente, en particular de aquellos que estaban a punto de presentar su
candidatura, con la finalidad de conseguir una serie de méritos que se exigían en el actual sistema de acreditación y que ahora no serán evaluados de ninguna forma, por lo que verán truncada su carrera profesional.
Desde los diferentes sindicatos se ha reprochado el nuevo cambio de las reglas de juego para el PDI, que necesita adaptar sus estrategias al albur de la ANECA (CCOO), se ha denunciado el efecto claramente retroactivo y se ha manifestado que
no se puede consentir que cada vez que se produce un cambio de criterios en el ámbito universitario gran parte del trabajo de los últimos años se vea gravemente afectado (CSIF), y se ha declarado que se trata de unos criterios que cambian con
demasiada frecuencia ganando en subjetividad, lo que lleva a una mayor indefensión por parte del PDI (CSIF)
La ANECA cambió los criterios de la evaluación de los méritos científicos individuales (sexenios) a finales del año pasado, un cambio que ha generado una distorsión importante para muchos profesores. Se cambia la evaluación de indicadores
objetivos a indicadores subjetivos, encareciendo el proceso y reduciendo su transparencia.
El Grupo Popular, desde su tramitación parlamentaria, señaló que la LOSU no es la ley que necesitan las universidades españolas. El Gobierno debe adoptar a tiempo las medidas correctoras de su política universitaria para frenar los
despropósitos que se están llevando a cabo en la universidad española.
Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los nuevos criterios de evaluación y los requisitos mínimos de referencia en el acceso a los cuerpos docentes universitarios para la previa obtención de una acreditación por parte de
la ANECA, solo se incluyan indicadores de carácter objetivo y de excelencia, y asimismo se tenga en cuenta un periodo transitorio en la retroactividad de los nuevos criterios de evaluación de acreditaciones, con la finalidad de garantizar una
universidad de excelencia, competitiva y de calidad formativa e investigadora'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2024.-Pedro Navarro López, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, Jacobo González-Robatto Perote y José Ramírez del Río, en su condición de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de un entorno favorable a la innovación empresarial, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. El Régimen Constitucional y Legal de la Innovación en España.
El artículo 44.2 de la Constitución Española ('CE') dispone que 'los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés
general'. Por su parte, el artículo 20.1.b) ibidem consagra la libertad de investigación como un derecho fundamental. Asimismo, se atribuye la competencia sobre el 'fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica'
al Estado con carácter exclusivo (artículo 149.1.15.ª CE), mientras que se indica que las administraciones territoriales podrán asumir competencias en materia de 'fomento [...] de la investigación' (artículo 148.1.17.ª CE).
En este marco jurídico se dictó la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ('LCTI') 89, que señala como fin 'establece[r] el marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus instrumentos
de coordinación general, con el fin de contribuirá la generación, difusión y transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad. El objeto fundamental es la promoción de la investigación, el desarrollo experimental
y la innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social' (artículo 1). Efectivamente, la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) es crucial para el desarrollo
económico y social, así como para la mejora de la productividad a través de distintos vectores: la generación de conocimiento, el fomento de la competitividad, la creación de empleo y riqueza, la mejora en los niveles de productividad y en el
desarrollo de nuevas infraestructuras y capacidades.
1. La I+D+i implica la generación de nuevos conocimientos, descubrimientos y tecnologías. Estos avances generan un impacto directo en la sociedad 90.
2. Las empresas que invierten en I+D+i suelen ser más innovadoras y competitivas en el mercado. Esto no solo beneficia a las propias empresas, sino que también puede impulsar el crecimiento económico a nivel nacional e internacional 91.
3. La inversión en I+D+i puede crear nuevos puestos de trabajo en sectores de alto valor añadido. Además, las empresas innovadoras tienden a crecer más rápido y generar más ingresos, lo que contribuye a la creación de riqueza y al aumento
del empleo en la economía 92.
4. El desarrollo de tecnologías más eficientes o la optimización de procesos de fabricación pueden reducir los costos de producción y aumentar la producción por trabajador. Esto puede tener efectos positivos en toda la economía al impulsar
el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida 93.
5. La inversión en I+D+i también implica el desarrollo de infraestructuras de investigación avanzadas y la capacitación de profesionales altamente cualificados en campos científicos y técnicos 94.
Por otro lado, la referida norma configura el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, definido como'el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de financiación, de ejecución, o de coordinación en el
mismo, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para promover, desarrollar y apoyar la política de investigación, el desarrollo y la innovación en todos los campos de la economía y de la sociedad. Dicho
Sistema [...] está integrado, en lo que al ámbito público se refiere, por las políticas públicas desarrolladas por la Administración General de Estado y por las desarrolladas, en su propio ámbito, por las Comunidades Autónomas'.
89 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617.
90 'Sociedad del Conocimiento y la Economía'. Fabián Terán-Cano, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6778651.pdf.
91 'Manual de economía de innovación'. Joost Heijs y Mikel Buesa, https://www.ucm.es/data/cont/docs/588-2016-05-17-AAA%20%20Manual%20EDI%20%20(Parte%201)%20Versi%C3%B3n%20Final%20publicada.pdf.
92 Innovation for Development Impact, OCDE. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a9be77b3-en/index.html?itemld=/content/publication/a9be77b3-en.
93 'How does innovation lead to growth?', Banco Central Europeo.
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/growth.es.html#:~:text=Uno%20de%20los%20mayores%20beneficios,servicios%20y%20la%20econom%C3%ADa%20crece.
94 'El sistema nacional de innovación en España': un panorama. Mikel Buesa.
https://www.researchgate.net/profile/Mikel-Buesa/publication/28133647_EI_Sistema_Nacional_de_lnnovacion_en_Espana/links/58d958b992851ce5e92ba38c/EI-Sistema-Nacional-de-lnnovacion-en-Espana.pdf.
Para tal finalidad, la LCTI establece la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI), presentada su última versión por el Gobierno el 8 de septiembre de 2020 y con vigencia hasta 2027. Sus objetivos comprenden: (i)
abordar las prioridades del entorno; (ii) fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación junto a su transferencia; (iii) potenciar, atraer y conservar el talento; e (iv) impulsar la innovación y el liderazgo empresarial. Estos
objetivos se alcanzan mediante cuatro áreas de acción: (i) fortalecimiento de instituciones; (ii) colaboración con agentes investigadores e innovadores; (iii) mejora de relaciones entre entidades; y (iv) integración de la ciencia y la innovación
en la sociedad.
Segundo. Las debilidades y amenazas del sistema español de I+D+I.
El propio documento que presenta la EECTI 2021-2027 incluye entre sus páginas un análisis que enumera las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 95. Destacan las siguientes
debilidades:
- '2. Marco jurídico y administrativo inadecuado para la ejecución eficaz y competitiva de la I+D+I'.
- '4. Importante desigualdad territorial del esfuerzo de inversión en I+D+I' y, relacionado con ello, '5. Excesiva fragmentación de las ayudas en I+D+I, tanto regional como sectorialmente (especialmente tecnológicas)'.
- '7. Ineficiencia del esfuerzo presupuestario en créditos financieros destinados a I+D+I, desacoplado de las necesidades actuales de los agentes privados del SECTI'.
- '11. Baja capacidad innovadora de las instituciones y empresas españolas'.
- '13. Baja colaboración público-privada'.
- '14. Bajo nivel de transferencia del conocimiento al sector productivo y a la sociedad'.
- '16. Falta de capacitación en nuevas tecnologías en las empresas, especialmente en las pymes'.
Asimismo, destacan las siguientes amenazas:
- '3. Falta de visión estratégica de la inversión en I+D+I y menor peso del sector empresarial en el gasto interno, con relación a la media europea'.
- '4. Las barreras, en gran medida legislativas, a la movilidad de personal entre el sector público y el empresarial, incluso entre instituciones públicas'.
- '7. Baja capacidad de valorización de los resultados de I+D+I en patentes, situándonos entre los países con menor nivel de transferencia de conocimiento en la UE'.
Las debilidades y amenazas previamente mencionadas resaltan la dispersión en la formulación, concepción, ejecución y supervisión de las políticas públicas sobre investigación e innovación en España. Este fenómeno se manifiesta tanto a nivel
interno en la Administración General del Estado, caracterizado por una proliferación de entidades, comités, observatorios y órganos con funciones superpuestas y una supervisión limitada; como a nivel territorial.
Asimismo, la existencia de diecisiete políticas territoriales distintas, con leyes y organismos distintos, además de incurrir en un enorme gasto, lastran el desarrollo social, industrial y económico de toda la Nación.
En la misma línea, entidades privadas 96 han advertido sobre la brecha existente entre las administraciones territoriales, así como el desafío significativo que enfrenta la sociedad española ante la despoblación. Igualmente, se alerta, en
continuidad con años anteriores, sobre el riesgo de que el aumento reciente en los fondos públicos destinados a fomentar la innovación, sustentado con base en los fondos europeos, carezca de mecanismos para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
Efectivamente, el aumento reciente en los fondos
95 Páginas 20 y 21 de la citada estrategia. (https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/e8183a4d-3164-4f30-ac5f-d75f1ad55059).
96 https://cotec.es/Observacion/anuario-2023/0fd38c97-f8f0-5390-aa2d-d56cb508cc56.
públicos destinados a fomentar la innovación sustentados en fondos europeos supone una dependencia que entraña riesgos si estos fondos no se mantienen en el futuro o si disminuyen debido a cambios en las políticas de financiación europeas o
a otros factores externos. Además, los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) son un claro ejemplo la condicionalidad extranjera en cuanto a la recepción de fondos para proyectos de innovación, estando
dirigidos a cuestiones ideológicas y estanco basados en criterios ESG (ambiental, social y gobierno corporativo) sin atender al verdadero proceso de la innovación científica.
Tercero. Casos de éxito.
En el plano internacional podemos señalar casos de éxito y ejemplos en el estímulo a la inversión en innovación: el caso israelí con el programa Yozma 97 y el caso de Finlandia, que logró transformar de manera radical su modelo productivo,
revirtiendo una profunda crisis a principios de los años noventa, período durante el cual se experimentó una disminución del Producto Interno Bruto del 13% entre 1990 y 1993, para alcanzar una economía altamente competitiva y tecnológicamente
avanzada.
Asimismo, naciones como Japón, Corea del Sur, Singapur o Taiwán exhiben notables niveles de incorporación de la tecnología y la innovación en su estructura productiva. En estos contextos, la asistencia financiera estatal ha desempeñado un
papel determinante en la reconfiguración de sus modelos productivos hacia la innovación. El apoyo financiero proporcionado por la banca nacional surcoreana a los conglomerados empresariales, conocidos como chaebols 98 , es un claro ejemplo de esta
influencia.
Cuarto. Conclusión.
En definitiva, los problemas mencionados en la presente iniciativa impiden la construcción de un proyecto de investigación e innovación común para toda la Nación. Además, el propio sistema autonómico entorpece la creación de sinergias entre
territorios y la especialización y la búsqueda de la ventaja competitiva de cada región. Por ello, es necesario poner en marcha y reforzar medidas e instrumentos destinados a potenciar la participación del sector empresarial en la financiación de
las actividades de I+D+i. Y para ello es necesario abordar las reformas destinadas a incrementar el impacto de los resultados de las actividades de I+D+i, entre las que se incluyen las medidas normativas, administrativas, regulatorias y financieras
que es imprescindible introducir para dotar al Sistema de mayor flexibilidad y eficiencia.
Por lo anteriormente expuesto, es claro que una de las necesidades de España, que ha de abordarse prioritariamente, es la simplificación y reducción de su estructura administrativa de investigación e innovación. Esta tarea debe comenzar al
más alto nivel político y de la Administración. Asimismo, con el objetivo de aumentar la colaboración público-privada en el sector innovador, el Gobierno debe reducir la burocracia institucionalizada que desincentiva la consecución de proyectos con
financiación pública para las empresas privadas.
El futuro de nuestra nación, su crecimiento y competitividad estarán determinados por nuestra capacidad de innovar y de adaptarnos con todas las armas posibles a las dificultades que, como sociedad, habremos de arrostrar.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar y a materializar un ecosistema favorable a la innovación empresarial. Como punto de partida para la
97 'Iniciativa' en hebreo.
98 https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/295579/retrieve.
consecución de este entorno, se considera imprescindible la realización de las siguientes acciones:
1. En el ámbito económico y presupuestario, promover la consecución a la mayor brevedad de un porcentaje de inversión pública en I+D+I sobre el Producto Interior Bruto del 3%, potenciando las ayudas directas y, especialmente, los incentivos
fiscales.
2. En el plano institucional, fomentar la unificación de la multiplicidad de organismos e instrumentos del Estado en materia de investigación e innovación.
3. Impulsar la creación de una Oficina Estratégica para el interés nacional encargada de coordinar las iniciativas de apoyo a la innovación entre las diversas Administraciones.
4. Implementar procedimientos estandarizados y compatibles, incluyendo requisitos de acceso y criterios de selección armonizados. Esto tiene como objetivo disminuir el tiempo y los recursos dedicados por las empresas a labores
administrativas, abarcando todos los instrumentos de apoyo a la innovación, tales como ayudas directas y deducciones fiscales.
5. Promover el establecimiento de una ventanilla única de acceso a la financiación pública en materia de I+D+i.
6. Desarrollar un mecanismo de acreditación de la I+D+i rápido y semiautomático para empresas cuya inversión en este campo no supere un cierto límite. Para el resto de empresas, el procedimiento de acreditación debe simplificarse,
eliminando trabas burocráticas y requisitos administrativos.
7. Impulsar la ampliación de los incentivos a la contratación de personal investigador en el sector privado, mejorando cuantías y duración.
8. Favorecer la reforma de la estructura de los incentivos para superar el techo establecido actualmente en deducciones en el impuesto de sociedades, permitiendo la complementariedad entre diferentes tipos de incentivos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-Pedro Fernández Hernández, Jacobo González-Robatto Perote y José Ramírez del Río, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/000492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz adjunta, lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Igualdad relativa a la visibilidad, diagnóstico y tratamiento integral de la endometriosis.
Exposición de motivos
En la Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud publicada en 2003, el Ministerio de Sanidad define la endometriosis como 'la implantación y crecimiento benigno de tejido endometrial fuera del útero'.
La naturaleza benigna de estos tejidos, que diferencia a la endometriosis del cáncer, no implica que las mujeres afectadas por esta enfermedad no sufran importantes lesiones. Las localizaciones más frecuentes afectadas por la endometriosis son el
peritoneo pélvico y los ovarios, aunque tal y como reconoce la Guía del SNS, 'ocasionalmente pueden encontrarse (...) en otras muchas partes como el intestino, vejiga, estómago, pulmón, etc'., causando importantes lesiones y un dolor crónico.
Los síntomas más comunes de esta enfermedad son 'dismenorrea, dispareunia, infertilidad y dolor pélvico crónico'. Además, las mujeres que la sufren pueden presentar
síntomas no ginecológicos como 'el dolor abdominal o de espalda, dolor al orinar o defecar, hemorragias, etc'. Con respecto a la infertilidad, esta alcanza hasta a un 30-40% de las mujeres afectadas por endometriosis.
La incidencia de la endometriosis es enorme. Según la OMS afecta a un 10% de las mujeres en edad fértil, 176 millones de mujeres en todo el mundo y unos dos millones en toda España. Sin embargo, el tiempo medio desde la aparición de los
primeros síntomas hasta el diagnóstico de la enfermedad supera actualmente los cinco años y muchas mujeres no llegarán nunca a ser diagnosticadas, algo impensable en otras patologías. De ello es responsable un desconocimiento social generalizado,
desconocimiento que afecta también en parte al propio colectivo médico, así como la normalización social del dolor menstrual.
La invisibilidad de la endometriosis es una muestra más de violencia institucional contra la mujer y como tal debe ser abordada. Por ello esta proposición no de ley reclama la necesidad de dar a conocer la endometriosis y visibilizar a las
mujeres que la sufren, así como de incluir a la endometriosis en los planes de formación de nuestros profesionales sanitarios actuales y futuros.
A la situación de infradiagnóstico descrita anteriormente se une la ausencia de un tratamiento efectivo que a día de hoy pueda garantizar una cura para esta enfermedad. Que no exista una cura implica en primer lugar la necesidad de impulsar
la investigación en esta materia. Por otra parte, ello no implica que no se pueda mejorar sustancialmente la atención sanitaria recibida por las pacientes.
Aunque en los últimos años se han ido abriendo paso tratamientos cada vez menos agresivos y técnicas quirúrgicas menos invasivas como la laparoscopia, es necesario seguir avanzando hacia un protocolo de actuación unitario y específico para
las pacientes de esta enfermedad, centralizando la atención médica en una unidad especializada multidisciplinar, así como garantizar que esta atención integral queda cubierta íntegramente por el sistema público de salud. Se garantiza así que el
diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis no dependa del lugar de residencia de la paciente y que todas sus consecuencias, tanto físicas como psicológicas, se aborden de forma integral y coordinada.
Por todo lo expuesto se plantea la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trabajar, en colaboración con las Administraciones Autonómicas, para garantizar una atención integral e interdisciplinaria para la detección, diagnóstico, control y tratamiento de la endometriosis, incluyendo en su cobertura los
medicamentos y las terapias de apoyo que se prescriban en cada caso, así como todos los procedimientos y las técnicas necesarias, las cuales incluyen, pero no se limitan a examen pélvico, histerosalpingografía, ecografía y cirugía/s laparoscópica/s,
laparotomía e histerectomía y fármacos.
2. Realizar campañas de concienciación sobre la endometriosis para toda la población.
3. Garantizar la formación especializada en endometriosis de todo el personal sanitario y sociosanitario, especialmente de aquellos especializados en ginecología y obstetricia.
4. Impulsar la investigación científica para poder elaborar tratamientos efectivos contra la endometriosis.
5. Trabajar, en colaboración con las Administraciones Autonómicas, la creación de protocolos que garanticen que todas las mujeres que sufren endometriosis tengan acceso a los mismos tratamientos y que estos sean ofertados por los centros
médicos del Sistema Nacional de Salud'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-lone Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley relativa al Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, para su debate en la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Según datos del año 2020, tras una encuesta realiza por el INE sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de dependencia, en España había un total de 4,38 millones de personas que declararon tener algún tipo de discapacidad, de las
que el 58,6 % eran mujeres y el 41,4 % hombres. Y del total de personas con discapacidad, 1.929.400 se encontraban en edad laboral.
El 13 de diciembre de 2006, se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el texto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008 en los países que así lo
habían firmado, entre los cuales se encuentra España. Uno de sus principales objetivos a cumplir, entre otros, es la accesibilidad, además de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad
y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley.
En su artículo noveno, dicha convención promulga lo siguiente: a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales [...] además de adoptar medidas que aseguren su aplicación en las entidades privadas.
Teniendo en cuenta que se debe dar debido cumplimiento a los mandatos legales vigentes que fijaban el 2017 como año para que todos los entornos, productos, bienes, servicios, procesos y procedimientos sean universalmente accesibles, según
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, se hace indispensable el impulsar la creación del Fondo
Estatal para la Accesibilidad Universal.
El objetivo de este Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, además de dar cumplimiento legal, es el de financiar de forma total o parcial estrategias, iniciativas, programas, proyectos y acciones que fomenten entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como instrumentos, herramientas y dispositivos universalmente accesibles que garanticen a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos políticos, sociales, educativos, culturales y económicos.
Además de articular la financiación de proyectos procedentes de entidades privadas que se encuentren dentro de los objetivos marcados por dicho fondo.
Para establecer y dar forma a este Fondo Estatal, se debe contar con la participación activa de las asociaciones y colectivos que trabajan día a día y de forma directa en el ámbito de la discapacidad en todas sus formas y diversidad, ya que
ellos han sido y son quienes continúan reivindicando y velando por los derechos de las personas con discapacidad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la creación y puesta en marcha del Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2. Potenciar un marco donde Gobierno y representantes de asociaciones y colectivos implicados marquen la hoja de ruta y redacción de las bases del Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Emilio Sáez Cruz, Teresa Llorens Carbonell, Inés Plaza García, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Manuel Arribas Maroto, Lázaro Azorín Salar, Ana Cobo Carmona, María
Mercè Perea i Conillas, Esther Rodríguez Suárez, Luis Carlos Sahuquillo García y Margarita Martín Rodríguez, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Justicia
181/000072
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: De Rosa Torner, Fernando (GP) Huguet Tous, Pedro Luis (GP) Pérez Osma, Daniel (GP) Moro Almaraz, María Jesús (GP)
Previsiones acerca de cambiar el modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firmas contenida en el escrito número de registro 15852, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia. Asimismo,
dar traslado del
acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo los autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: don Fernando de Rosa Torner, don Pere Huguet Tous, don Daniel Pérez Osma y doña M.ª Jesús Moro Almaraz.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno cambiar el modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Fernando de Rosa Torner, Pedro Luis Huguet Tous, Daniel Pérez Osma y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.
181/000073
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: De Rosa Torner, Fernando (GP) Huguet Tous, Pedro Luis (GP) Pérez Osma, Daniel (GP) Moro Almaraz, María Jesús (GP)
Previsiones acerca de cesar al Fiscal General del Estado, don Álvaro Ortiz, ante el incumplimiento de las funciones y según lo previsto en el artículo 31 d) del EOMF.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firmas contenida en el escrito número de registro 15853, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia. Asimismo,
dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo los autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: don Fernando de Rosa Torner, don Pere Huguet Tous, don Daniel Pérez Osma y doña M.ª Jesús Moro Almaraz.
Texto:
Ante el incumplimiento grave y reiterado de las funciones y según lo previsto en el artículo 31 d) del EOMF, ¿tiene previsto el Gobierno cesar al Fiscal General del Estado don Alvaro Ortiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2024.-Fernando de Rosa Torner, Pedro Luis Huguet Tous, Daniel Pérez Osma y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.
Comisión de Industria y Turismo
181/000079
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: don Juan Luis Pedreño Molina y doña Mirian Guardiola Salmerón.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno reunirse con el Gobierno de Arabia Saudí, propietaria mayoritariamente de SABIC, para impedir que se produzca la deslocalización completa de la factoría SABIC en Cartagena, para un futuro inmediato?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2024.-Juan Luis Pedreño Molina y Mirian Guardiola Salmerón, Diputados.
Comisión de Sanidad
181/000074
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: doña Ana María Pastor Julián y doña María del Mar Vázquez Jiménez.
Texto:
¿Cuáles son los motivos reales por los que cumplidos cien días al frente del Ministerio de Sanidad, Mónica García no ha materializado aún solución real alguna a los problemas y necesidades por las cuales los médicos iniciaron una huelga hace
un año -en marzo de 2023- en Ceuta y Melilla, gestionados desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.-Ana María Pastor Julián y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas.
181/000075
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado: don Antonio Román Jasanada y doña María del Mar Vázquez Jiménez.
Texto:
¿En qué va a consistir exactamente -recursos, cambios organizativos y estructurales, plazo de tiempo para el cambio...- la 'respuesta' comprometida por la ministra de Sanidad a las 'guardias de 24 horas' en el Sistema Nacional de Salud -que,
según la propia ministra, 'son un anacronismo que pone en riesgo el descanso, la conciliación y la salud mental de nuestros profesionales sanitarios'- y cómo va a consensuar dicha respuesta con las Comunidades Autónomas y los representantes de los
profesionales sanitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.-Antonio Román Jasanada y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000076
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: don Antonio Cavacasillas Rodríguez y doña María del Mar Vázquez Jiménez.
Texto:
¿Cuáles son los motivos reales por los que cumplidos cien días al frente del Ministerio de Sanidad, Mónica García no ha materializado aún solución real alguna a las elevadas demoras en el acceso a las innovaciones terapéuticas en todo el
Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000077
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: don Rafael Benigno Belmonte Gómez y doña María del Mar Vázquez Jiménez.
Texto:
¿Qué medidas -en que consistirán exactamente, cuántos recursos se invertirán y de qué tipo, cómo se consensuarán con las Comunidades Autónomas y los representantes de los pacientes y los profesionales sanitarios, y en qué plazos reales de
tiempo serán tangibles- va a diseñar e implementar el ministerio de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al compromiso adquirido por la ministra de Sanidad el 4 de marzo de 2024 de hacer que el Sistema Nacional de Salud esté 'plenamente
descarbonizado' de cara al 2050?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.-Rafael Benigno Belmonte Gómez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000078
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: doña Esperanza Reynal Reillo y doña María del Mar Vázquez Jiménez.
Texto:
¿En qué consistirán exactamente los 'libros de buenas prácticas de gestión' o 'libros blancos de gestión' -quiénes los redactarán, criterios objetivos considerados para su redacción, recursos que se invertirán, consenso con las Comunidades
Autónomas y representantes de profesionales y pacientes, plazos de tiempo reales para su presentación- comprometidos el pasado 1 de marzo de 2024 por el secretario de Estado de Sanidad para reducir las listas de espera en todo el Sistema Nacional de
Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2024.-Esperanza Reynal Reillo y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas.
181/000081
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas: doña Elvira Velasco Morillo y doña María del Mar Vázquez Jiménez.
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad impulsar en algún momento alguna medida de utilidad real para 'que se llegue hasta el final y caiga del primero al último' en relación con 'el negocio obsceno con las mascarillas de la trama
socialista del caso Delorme (en el contexto de la pandemia de COVID-19) cuando todos los españoles estábamos con un nudo en la garganta y los profesionales sanitarios dejándose la piel y la vida', tal y como ha planteado la ministra de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-Elvira Velasco Morillo y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas.
181/000082
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: doña María del Mar Vázquez Jiménez y don Antonio Cavacasillas Rodríguez.
Texto:
¿Qué medidas -en el contexto de las informaciones sobre las irregularidades en las compras de mascarillas realizadas desde el Gobierno de España durante la pandemia de COVID-19- va a implementar el ministerio de Sanidad para dar cumplimiento
efectivo a la idea planteada por la ministra de Sanidad el 5 de marzo de 2024 de 'nunca más mordidas y comisionistas con el dinero de la Sanidad'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-María del Mar Vázquez Jiménez y Antonio Cavacasillas Rodríguez, Diputados.
181/000083
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: doña María del Mar Vázquez Jiménez y don Antonio Cavacasillas Rodríguez.
Texto:
¿Qué medidas -en el contexto de las informaciones publicadas sobre las irregularidades en las compras de mascarillas realizadas desde el Gobierno de España durante la pandemia de COVID-19- va a implementar el ministerio de Sanidad para dar
cumplimiento efectivo al compromiso adquirido por la ministra de Sanidad el 5 de marzo de 2024 de hacer del Ministerio de Sanidad 'un muro de contención contra la corrupción sanitaria'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-María del Mar Vázquez Jiménez y Antonio Cavacasillas Rodríguez, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/005277
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Errejón Galván, Íñigo (GSUMAR) Santiago Romero, Enrique Fernando (GSUMAR) Micó Micó, Àgueda (GSUMAR) González López, Nahuel (GSUMAR)
Agresión ultra en las fiestas de la Magdalena (Castellón) el día 02/03/2024.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Íñigo Errejón Galván, diputado por Madrid; Àgueda Micó i Micó, diputada por València; Enrique Santiago, diputado por Córdoba y Nahuel González, diputado por Valencia, miembros del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para la que solicita respuesta por escrito.
El pasado 2 de marzo, durante las tradicionales fiestas de la Magdalena en Castellón de la Plana, el colectivo La Cosa Nostra Castelló Antifa Social Club fue objeto de una agresión violenta perpetrada por un grupo de aproximadamente 30
individuos en su sede social. Los agresores, armados con hierros y bates de béisbol, irrumpieron en el recinto y procedieron a agredir a los asistentes, resultando en heridas y contusiones para al menos doce personas, incluyendo a un joven de 32
años que requirió hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Se ha señalado públicamente que entre los agresores se encontraban individuos identificables como miembros del grupo ultra del club deportivo Castellón, Frent Orellut, e incluso se ha mencionado la presencia de uno de los condenados por los
sucesos del 9 de octubre de 2017 en Valencia.
El colectivo antifascista atribuye la responsabilidad política, de estos hechos, al concejal de Vox, Antonio Ortolá, concejal de Seguridad y Emergencias y cuarto teniente de la alcaldía que dirige Begoña Carrasco, del Partido Popular, quien,
a pesar de ostentar dicho cargo, se le ha podido ver en la grada del grupo de ultras Frente Orellut, tal y como publicaron varios medios recientemente.
Asimismo, el colectivo ha destacado la falta de actuación policial, no solo para impedir los hechos ocurridos, sino también por la falta de asistencia a los agredidos, habiéndose impedido que la ambulancia pudiese entrar en el recinto,
obligando a los propios asistentes a trasladar a los heridos.
Al mismo tiempo, este lunes hemos conocido nuevas noticias sobre las investigaciones de las agresiones del 9 de octubre en Valencia. El responsable del grupo especializado en movimientos de extrema derecha de la Brigada de Información de
Valencia ha reconocido que la Policía no detectó el peligro que acechaba a la tradicional marcha, en la que decenas de ultras agredieron a manifestantes y periodistas. Además, destaca que no fue un hecho espontáneo que 500 personas se concentraran
en la Plaza de San Agustín de Valencia para impedir la marcha.
Ante los sucesos mencionados, se solicita respuesta para las siguientes preguntas:
- ¿Qué datos tiene el Gobierno sobre esa agresión ultra y grupal durante el inicio de las fiestas de la Magdalena en Castellón?
- ¿Cuál ha sido el número de heridos como consecuencia de dicha agresión y cuál la gravedad de sus heridas?
- ¿Qué actuaciones e investigaciones se han puesto en marcha ante las denuncias de las personas agredidas por ese grupo de ultras en las fiestas de la Magdalena?
- ¿Están identificados ya los agresores? ¿Forman parte de grupos neonazis o fascistas organizados o son miembros de grupos ultras de fútbol?
- ¿Cuál es el número de detenciones que se han producido por los hechos denunciados?
- ¿Le consta a la Brigada de Información un salto cualitativo de las agresiones ultras de la extrema derecha, como acaba de reconocer uno de sus miembros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Íñigo Errejón Galván, Àgueda Micó Micó, Enrique Fernando Santiago Romero y Nahuel González López, Diputados.
184/005697
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Velarde Gómez, Martina (GMx)
Cambio de criterio del Gobierno en relación con las protestas de colectivos vinculados a la defensa de las pensiones, así como de otros colectivos, por no poder concentrarse frente al Congreso de los Diputados, ni poder atender allí a los
diputados y diputadas o a la prensa.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en la segunda pregunta de la presente iniciativa, solicitar a la Sra. Diputada que haga constar el previo conocimiento de su Grupo Parlamentario, según establece el citado artículo 7 del
Reglamento.
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los DiputadosDoña Martina Velarde Gómez, Diputada del Grupo Mixto integrante de Podemos, al amparo de lo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Hace varios meses que nos están llegando protestas de colectivos vinculados a la de defensa de las pensiones, así como de otros colectivos por no poder concentrarse frente al Congreso de los Diputados, ni poder atender allí a los diputados y
diputadas o a la prensa, siendo desplazados cerca de la fuente de Neptuno, por parte de los miembros de los cuerpos y fuerza de seguridad del Congreso.
Ante esta situación anómala, que nunca tuvo lugar en la anterior Legislatura, y ante las protestas de los distintos colectivos que llevan años concentrándose frente al Congreso de los Diputados para hacernos llegar sus reivindicaciones,
Se pregunta:
- ¿Cuál ha sido el motivo de este cambio de criterio por parte del Gobierno actual?
- ¿Existe alguna orden, protocolo o resolución que avale dicha decisión? [...].
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2024.-Martina Velarde Gómez, Diputada.