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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 517
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ
Sesión núm. 9
celebrada el martes,
26 de octubre de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. (Número de expediente 121/000070):
- Del señor secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones (Arroyo Martínez). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001874); Plural (número de expedientes 212/001474 y 212/001934); VOX (número
de expediente 212/001608); Popular en el Congreso (número de expediente 212/001723), y Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podemos-Galicia en Común (número de expediente 212/001815) ... (Página2)
- De la señora secretaria de Estado de Función Pública (Sánchez Milán). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001833); Plural (números de expediente 212/001459 y 212/001915); VOX (número de
expediente 212/001530); Popular en el Congreso (número de expediente 212/001661), y Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podemos-Galicia en Común (número de expediente 212/001748) ... (Página23)
- Del señor secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (Sánchez Sánchez). A solicitud de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/001908); Ciudadanos (número de expediente 212/001841); VOX
(número de expediente 212/001526); Popular en el Congreso (número de expediente 212/001618), y Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podemos-Galicia en Común (número de expediente 212/001796) ... (Página36)
- Del señor secretario de Estado de Memoria Democrática (Martínez López). A solicitud de los grupos parlamentarios VOX (número de expediente 212/001587); Popular en el Congreso (número de expediente 212/001638), y Socialista y Confederal
de Unidas Podemos-En Comú Podemos-Galicia en Común (número de expediente 212/001781) ... (Página48)
- De la señora secretaria general de Financiación Autonómica y Local (Olóndriz de Moragas). A solicitud de los grupos parlamentarios Plural (número de expediente 212/001445); VOX (número de expediente 212/001524); Popular en el Congreso
(número de expediente 212/001663), y Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podemos-Galicia en Común (número de expediente 212/001746) ... (Página60)
- De la señora secretaria general de Fondos Europeos (Caballero Fernández). A solicitud de los grupos parlamentarios VOX (número de expediente 212/001529), y Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podemos-Galicia en Común (número
de expediente 212/001975) ... (Página70)
- Del señor secretario general del Tesoro y Financiación Internacional (Cuerpo Caballero). A solicitud de los grupos parlamentarios VOX (número de expediente 212/001523); Popular en el Congreso (número de expediente 212/001621), y
Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podemos-Galicia en Común (número de expediente 212/001794) ... (Página81)
- Del señor presidente del Instituto de Crédito Oficial, ICO (García de Quevedo Ruiz). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001850); VOX (número de expediente 212/001559); Popular en el Congreso
(número de expediente 212/001624), y Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podemos-Galicia en Común (número de expediente 212/001798) ... (Página89)
- Del señor presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS (Tezanos Tortajada). A solicitud de los grupos parlamentarios VOX (número de expediente 212/001583); Popular en el Congreso (número de expediente 212/001640), y
Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podemos-Galicia en Común (número de expediente 212/001783) ... (Página96)
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022. (Número de expediente 121/000070):
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (ARROYO MARTÍNEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/001874); PLURAL (Número de expedientes 212/001474 y 212/001934); VOX (Número
de expediente 212/001608); POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001723), Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/001815).
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías, vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de la Comisión de Presupuestos. En primer lugar, quería hacer un aviso -aunque lo hice ayer, lo reitero por si era ya era tarde y faltaba algún
portavoz-, y es que después de esta comparecencia haremos una reunión rápida de Mesa y portavoces, justo al finalizar esta comparecencia.
Doy de la bienvenida al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, el señor Israel Arroyo y, sin más, le doy la palabra para que empiece la comparecencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): Muchas gracias. Buenos días.
Voy a proceder a comentar brevemente, con ayuda de una presentación (apoya su intervención en un powerpoint), los principales elementos del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para este ejercicio 2022, y luego, por supuesto, quedo
a su disposición para contestar las preguntas. No hace falta que les explique que venimos de una situación muy anómala, de una situación en la que las principales magnitudes, especialmente en una secretaría de Estado como la de Seguridad Social, se
vieron enormemente alteradas, tanto los ingresos como los gastos, en parte simplemente por el comportamiento del ciclo económico -hubo una caída muy fuerte de ingresos por la disminución de la actividad económica- y de manera también cuasi
automática por un aumento de los gastos, especialmente en algunas partidas, como la incapacidad temporal. Pero adicionalmente a esto, que es, ya les digo, algo automático -y como ya saben de sobra-, hubo muchas políticas que a su vez tuvieron un
impacto muy importante en ingresos y gastos de la Seguridad Social, fundamentalmente políticas basadas en exoneraciones de cotización a determinados colectivos, fundamentalmente a los trabajadores en ERTE y autónomos en prestación extraordinaria por
cese de actividad; muchas políticas de ingresos -que no hace falta que les explique- y, por supuesto, la introducción de una nueva política social, como fue el ingreso mínimo vital, que ha venido desplegándose en estos dos años.
Después de ese ejercicio tan tumultuoso de 2020, que se ha trasladado también a 2021, en 2021 estamos viendo ya una fase de acelerada recuperación, me atrevo a decir, donde el empleo está recuperando niveles medios a la pandemia, donde
muchas de las medidas de carácter coyuntural o de ayuda contra la crisis económica derivada de la pandemia aún se mantienen pero se van reduciendo, se van extinguiendo, como es el caso de los ERTE, que en las sucesivas prórrogas que hemos ido
aprobando han ido reduciendo su impacto presupuestario, básicamente al reducirse el número de trabajadores sujetos a los mismos. Lo que proyectamos para el ejercicio 2022 es una continuación de esta recuperación, incluso una aceleración que yo creo
que está claramente sustentada por el comportamiento de los indicadores de alta frecuencia que tenemos ese momento -datos de empleo y otros- y también por una incorporación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La principal partida de gastos, lógicamente, va a ser -como no puede ser de otra manera- la de pensiones, que introduce en este ejercicio una novedad muy significativa, que es la aplicación por primera vez de la nueva fórmula de
revalorización acordada con los agentes sociales en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo de indexación con el IPC, con el índice de precios al consumo, de manera que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones. Se ha presupuestado con una previsión pero, lógicamente, cuando se tenga el dato definitivo del IPC en 2021 será el que se aplique. Partimos de una previsión de cierre de 178 000 millones que en términos homogéneos, es decir, si no
tenemos en cuenta los gastos directamente achacables al COVID, serían 173 000 millones. Eso supone un crecimiento del 4,2 respecto al gasto no extraordinario de 2021, en términos homogéneos una vez más. El gráfico de la derecha es simplemente para
que seamos conscientes, como lo son ustedes, de la magnitud del presupuesto de la Seguridad Social en términos del conjunto de la Administración.
Como les decía, la previsión es que en 2022 el impacto de la pandemia, que hasta ahora todavía era muy importante en el presupuesto, se reduzca enormemente. Yo creo que de una manera consistente con los datos que ya estamos observando, pero
también con las previsiones de evolución de la pandemia y, por lo tanto, de la crisis, que no hay que olvidar que es una crisis fundamentalmente derivada de la situación sanitaria, vemos cómo los distintos elementos se reducen de manera muy
significativa. Esto, lógicamente, no quiere decir que si hubiera que aumentar el gasto en alguna de estas partidas no se hiciera, como se ha hecho en otras ocasiones. Recordemos que cuando se hizo el presupuesto del año 2021 tampoco contemplábamos
la posibilidad de que hubiera sucesivas olas durante este ejercicio -que se han producido- y el gasto se ha adaptado de una manera automática, como no puede ser de otra manera. En 2022 no lo prevemos, pero si fuera así, naturalmente el gasto se
adaptaría.
En cuanto al presupuesto de ingresos, como les decía, contemplamos una fuerte recuperación de las cotizaciones sociales, con un crecimiento de alrededor del 7 %. Esto es consistente, como les decía, con el buen comportamiento del mercado de
trabajo, que está recuperando empleo y afiliación a un ritmo muy elevado. De hecho, estamos en niveles de afiliación superiores a los anteriores a la pandemia y con tasas de crecimiento al alza. Asimismo, hay un aumento importante de las
aportaciones del Estado, también en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo que, como recuerdan, contemplaba que a final de 2023 debía haberse completado la financiación por parte del Estado de aquellos gastos de naturaleza
no contributiva que durante años ha venido financiando la Seguridad Social con cotizaciones. Esto es una profundización en esa separación de fuentes que es una recomendación tradicional del Pacto de Toledo y que tiene como principal razón
de ser el poner negro sobre blanco cuál es la verdadera situación financiera del sistema de Seguridad Social, que a día de hoy es bastante más solvente de lo que la imputación de estos gastos podía hacer pensar.
En cuanto a la distribución por gastos -no me voy a entretener mucho en el detalle-, básicamente las cotizaciones sociales crecen al 7 %, como les decía, y la aportación del Estado -en esta línea que es la más relevante, donde ponemos 'en
cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo'- aumenta en 4467 millones, desde los 13 900. Esta es una transferencia del Estado nueva, que apareció por primera vez en el presupuesto de 2021 y que se mantiene en el presupuesto de
2022 y aumenta en casi 4500 millones. La previsión es que esto en 2023 aumente una vez más y se complete y se cierre definitivamente ese gap de financiación que mantiene todavía el sistema de Seguridad Social con el Estado. En su conjunto, esto
daría un crecimiento de los ingresos no financieros del 3,37, con toda la parte financiera del 4,38, pero lo relevante son los ingresos no financieros. Aquí podemos ver cómo los ingresos por cotizaciones sociales con este crecimiento del 7 %
aumentan de manera significativa, lógicamente, respecto a los de 2020, en que hubo una fuerte caída, pero también respecto a los de 2021. Si trazáramos la línea imaginaria que une todas estas barras, podríamos ver que prácticamente estamos
recuperando ya la tendencia previa a la pandemia. Es decir, si se cumplen las previsiones de 2022 no solamente habríamos superado ya ese bache, con el matiz de que lógicamente esa falta de ingresos ha habido que cubrirla con transferencias del
Estado, sino que estaríamos ya recuperando una situación prepandemia en tendencia, no solo en nivel; en nivel se recuperó hace ya tiempo.
Este es un gráfico interesante porque podemos ver cómo la descomposición del crecimiento de los ingresos por cotizaciones entre empleo y bases de cotización, es decir, entre empleo y salarios ha variado bastante a lo largo del ciclo. Me
gustaría, quizás, detenerme un poco en el ejercicio 2020-2021, porque en el ejercicio 2020, lógicamente, hubo un desplome del empleo, pero hubo un crecimiento muy significativo de los salarios medios. Esto que puede parecer llamativo, si lo
reflexionamos un momento, no es ni más ni menos que un efecto composición que se produjo porque la gente que perdió su empleo fueron aquellos trabajadores de salarios más bajos, que estaban con contratos temporales y, en muchos casos, eran
trabajadores jóvenes. Cuando analizamos las cifras de empleo durante la crisis, la caracterización que se puede hacer de la gente que perdió su empleo es esa, es decir, gente joven, con contratos temporales, que fueron los que quedaron fuera de los
ERTE porque en los primeros días de la pandemia no tuvieron ocasión de entrar en un ERTE. Lógicamente, eso hizo que la gente con salarios más bajos saliera, que quedaran los trabajadores indefinidos de mayor edad con salarios más altos, y la media
de los salarios de los trabajadores afiliados, de esa manera automática, aumentó. En 2021 se ha iniciado la recuperación de todo ese empleo destruido en esos primeros, prácticamente, quince días de pandemia, y ha hecho que el crecimiento de los
salarios vuelva a ser más moderado por este efecto puramente estadístico, pero que refleja una realidad un poco dramática en nuestro mercado laboral. En 2022 prácticamente volvemos a una situación más normal de crecimiento fuerte del empleo, pero
de un crecimiento de los salarios que acompaña a este crecimiento del empleo, más en línea con un comportamiento más saludable de la economía.
Aquí podemos ver, como les comentaba, el comportamiento de la afiliación en estos dos últimos años. Podemos ver el desplome de la afiliación en los primeros días de la pandemia, que fue incluso más pronunciado que en la última crisis, la de
la construcción financiera del año 2009, en términos absolutos, en volumen. Pero es verdad que el comportamiento posterior en rebote fue rapidísimo. Hubo una salida muy rápida de la destrucción de empleo para comenzar a crear empleo -que podemos
ver en esa segunda caja del gráfico-, que luego se frenó; y se frenó, fundamentalmente, a la vuelta del verano del año pasado con la segunda ola y con una enorme incertidumbre, yo no diría tanto por el impacto directo de la pandemia como por la
enorme incertidumbre que se creó o que se generó en la economía respecto a cuál iba a ser la evolución de la pandemia. Un primer escenario, que creo que muchos manejábamos, era que la pandemia iba a tener un impacto rápido, pero iba a ser limitado,
muy transitorio, y que íbamos a salir rápidamente, con un rebote fuerte. Pero cuando apareció la segunda ola, la duda era si esto iba a ser permanente, si iba a haber sucesivas olas con un impacto similar a la primera. Creo que eso generó una
enorme incertidumbre en la economía, las decisiones de inversión y de contratación se frenaron, y eso hizo que, básicamente, lo que viéramos es esa parte central del gráfico, donde el comportamiento del empleo fue totalmente átono.
Básicamente, a partir de la primavera de este año, coincidiendo con la vacunación, con la aparición de las primeras vacunas y con las campañas de vacunación, y creo que ya sí con un horizonte definitivo de vuelta a la normalidad -a una
normalidad algo alterada, pero normalidad al fin y al cabo- se han retomado todas esas decisiones de inversión y de contratación que se habían frenado durante esos meses. Entonces, lo que estamos viendo en estos meses desde la primavera es un
crecimiento del empleo muy acelerado, muy fuerte, comparable a los primeros meses tras el desplome de la afiliación, que no solamente no tiene atisbos de frenarse, sino que incluso la previsión es que en el mes de octubre -esto es una previsión del
mes de octubre que creo que está hecho con los datos hasta mediados de mes- el crecimiento del empleo sea todavía mayor que en agosto y septiembre. O sea, estaríamos encadenando tres meses con un crecimiento cercano a cien mil afiliados, como les
decía, nos estamos situando ya en niveles de empleo superiores a antes de la pandemia, y creo que una cosa muy importante es que estamos con niveles de trabajadores en ERTE y en prestación extraordinaria por autónomos en mínimos. ¿Cuál es la
conclusión que creo que cabe sacar de esto? Que los ERTE y las prestaciones de autónomos han cumplido su función, que ha sido la de mantener a los trabajadores vinculados al mercado de trabajo, mantenerlos en una situación de actividad, en
hibernación si queremos, pero con una situación de actividad durante estos meses para permitir que la recuperación después sea más rápida, que la salida de esa situación al mercado de trabajo fuera más rápida, que pudieran volver a su empresa de una
manera casi directa. Y eso creo que ha funcionado, porque lo que no estamos viendo es que esta salida de los trabajadores de los ERTE coincida con una reducción de la creación de empleo, sino que, al revés, está coincidiendo con una creación de
empleo acelerada.
Una conclusión que tenemos es que este miedo -que muchos tenían, y nosotros podíamos compartir en parte la duda, pues esto es un instrumento muy novedoso- de que a lo mejor los ERTE podían estar contribuyendo, en parte, a esto que se ha
llamado una zombificación de las empresas, es decir, mantenerlas en una situación no viable, pero tampoco lo suficientemente perjudicial como para que se vean obligadas a cerrar, no ha ocurrido. Las empresas, realmente, no han aumentado sus
despidos. Lo que estamos viendo es una recuperación prácticamente total del empleo en ERTE al empleo activo, y eso creo que son muy buenas noticias. Si recuerdan, de hecho, en la última prórroga de los ERTE lo que hemos intentado -ya fijándonos en
el colectivo que quedaba, en los últimos trabajadores que permanecían en ERTE y que, de una manera casi natural, serán los que tengan mayores dificultades para volver al mercado de trabajo porque son los que han pasado más tiempo, son los que quizás
han tenido una mayor erosión en su capacidad productiva o están en sectores que tienen una situación peor o tienen que hacer algún tipo de reconversión o de adaptación- es vincular la prórroga del ERTE a la obligación o a la necesidad de formarse.
Creo que es un aspecto muy importante, porque eso va a permitir que esos trabajadores si no pueden volver a trabajar en la empresa en la que estaban, por lo menos tengan una salida a otra empresa relativamente fácil y directa.
Esto es de corolario de lo que les decía. Estamos en niveles superiores a los prepandemia, incluso teniendo en cuenta que hay una parte todavía de trabajadores en ERTE.
En cuanto al presupuesto de gastos, lógicamente, el grueso en relación con la totalidad de nuestro presupuesto se destina al pago de prestaciones: a prestaciones contributivas; también a las prestaciones de incapacidad temporal, que son
quizás las que han funcionado de una manera más directamente relacionada con la pandemia, porque han aumentado de una manera muy significativa por el COVID. Es lógico, pero paradójicamente se han reducido durante estos meses las prestaciones de
incapacidad temporal no COVID. Si lo pensamos, también es normal, porque, primero, había menos gente trabajando y, segundo, la gente que cogía el COVID no cogía otra cosa. Entonces, ha habido una cierta sustitución entre patologías. También aquí
esperamos una cierta vuelta a la normalidad en la distribución de las prestaciones.
En cuanto a las pensiones de funcionarios, aquí nos estamos refiriendo al Régimen de Clases Pasivas que, como saben, es competencia de este ministerio desde comienzo de legislatura.
Este es el presupuesto por capítulos del Sistema de Seguridad Social. No me voy a entretener mucho. Creo que aquí lo más relevante es el gasto en transferencias corrientes que, como saben, incluye todo el gasto en prestaciones, y que
experimenta un crecimiento de apenas el 0,66 %. Esto tiene que ver con un crecimiento significativo en el gasto en pensiones, pero con una disminución muy importante del gasto en incapacidad temporal, sobre todo el que se ha producido a través de
las mutuas y el gasto en prestaciones de autónomos a través de las mutuas por el COVID. Es decir, el peso del gasto vuelve a ser el gasto ordinario. Hay una reducción importante del gasto COVID y esa compensación hace que el gasto en este
ejercicio, en agregado, crezca muy poquito. Esto, unido a un fuerte crecimiento de los ingresos, como les decía, es lo que lleva a una reducción importante del déficit en el ejercicio 2022.
Respecto al mantenimiento de poder adquisitivo y a la indexación de las pensiones, como saben ustedes mejor que yo, es una norma que ahora mismo está en tramitación en el Congreso. Fundamentalmente, creo que es el objetivo de todos que
tengamos una fórmula estable que dé tranquilidad a los pensionistas para que, una vez jubilados, no pierdan poder adquisitivo y su pensión se ajuste a la evolución de los precios de manera que no pierdan capacidad de compra. Esto lo queremos
aplicar ya, incluso antes de la aprobación de la ley, porque, por un tema de plazos, queríamos estar seguros de que, aunque la ley no estuviese aprobada antes de final de año, la fórmula ya fuera la aplicada, y por eso se ha introducido ya en este
proyecto de ley de presupuestos.
Este gráfico es una visión histórica de cuál ha sido el comportamiento de las revalorizaciones o de la indexación de los precios en nuestra economía. Como ven, yo creo que ha tenido más cambios de los deseables. Hemos pasado de una época
en la que había una vinculación al IPC, que yo creo que también tenía sus defectos, porque, si hacemos memoria, se utilizaba el IPC de un mes concreto, que creo que no es lo ideal porque aumentaba la volatilidad de las revalorizaciones y eso podía
hacer que si, por lo que fuera, había habido un fenómeno -una guerra en determinado país- que hiciera que subieran mucho los precios ese mes o al revés, eso podía hacer que la subida de las pensiones, aplicando el IPC de ese mes concreto, no
respondiera realmente a cuál había sido el crecimiento de los precios durante todo el año. Yo creo que eso era un defecto, pero, bueno, era un defecto menor. Posteriormente, hubo una desvinculación respecto al IPC y se creó un nuevo índice. No
voy a entrar aquí en debate sobre el índice de revalorización de las pensiones, pero, básicamente, al final, ha provocado que se hayan revalorizado las pensiones en los últimos años con decisiones ad hoc, que yo creo que no es beneficioso para
nadie, no es necesario en la práctica y, sobre todo, produce mucha intranquilidad en los pensionistas.
En la fórmula pactada con los agentes sociales hay un cumplimiento de la recomendación del Pacto de Toledo. Lo que se ha acordado es que la fórmula se hará con el índice de precios al consumo, se utilizará una media en lugar del dato de un
único mes, para corregir este efecto que comentábamos antes, y se aplicará la media del año cerrado, con lo cual, ya no habrá necesidad de hacer previsiones, sino que se utilizará un dato real.
Y en la parte derecha del esquema podemos ver el comportamiento de las pensiones no contributivas, que, en general, en la mayor parte de los años, tiene una tendencia a crecer algo por encima de las pensiones contributivas, como parece
razonable si tenemos dentro de nuestros intereses la reducción de la desigualdad.
Este gráfico es interesante pero no es muy informativo, porque, básicamente, nos viene a decir que el gasto en pensiones durante la pandemia subió mucho en proporción del PIB, pero eso no tiene que ver con que subiera mucho el gasto en
pensiones, tiene que ver con que bajó el PIB. Realmente, lo que estamos viendo es un gráfico del PIB al revés; tiene su interés, pero yo creo que no es muy relevante. Lo importante aquí es que estamos en porcentajes de gasto en pensiones
relativamente bajos para lo que es la media de nuestros socios, de nuestros vecinos, lo cual no quita que la previsión sea que este porcentaje vaya a crecer, lógicamente, con la evolución de nuestra demografía.
Y lo mismo sucede, pero todavía de una manera más aguda, con las cotizaciones. Aquí, una vez más, hay un efecto importante del PIB, pero también hay un efecto de las propias cotizaciones que también se han visto afectadas por la pandemia.
Aquí sí hay un efecto en el numerador y denominador de este ratio. En cualquier caso, prevemos para 2022 un porcentaje de cotizaciones sobre el total de pensiones de cerca del 90 %; es decir, el 90 % del gasto en pensiones se estaría financiando
con cotizaciones, que es un nivel muy alto, prácticamente dobla la media de la Unión Europea, con lo cual, tenemos un sistema fuertemente contributivo.
Aquí se muestran algunos elementos que están en el proyecto de ley de pensiones, que conocen de sobra, y tienen que ver con intentar que la edad efectiva de jubilación, es decir, la edad a la que los trabajadores se jubilan en la práctica,
pueda aumentar de manera voluntaria a través de mecanismos de incentivos. No esperamos que ninguna de estas cuestiones tenga gran impacto en el corto plazo; desde luego, no en el 2022. Las reformas de pensiones se tienen que hacer siempre con un
horizonte amplio, con luces largas. En concreto, nuestro horizonte, fundamentalmente, es el 2050, que es cuando vamos a tener un porcentaje de gasto en pensiones más elevado, porque será el pico de gasto derivado de las jubilaciones del baby boom.
A partir de ese momento, el gasto en pensiones va a caer de manera muy precipitada, con lo cual, nuestro horizonte es ese. Tenemos que garantizar la sostenibilidad del sistema y
tenemos que hacerlo con un horizonte de medio y largo plazo. La reforma que se ha traído al Congreso yo creo que apunta a eso, que busca eso, y se ha hecho con unos periodos transitorios relativamente amplios, de manera que no tenga un
impacto demasiado traumático en ninguno de los colectivos afectados. Yo creo que esto es lo razonable en cualquier reforma de pensiones y es lo que se hace en general, y es la tradición de nuestro sistema de reformas. Con esto, me anticipo a la
pregunta de si la reforma de pensiones está contemplada en el presupuesto. Está contemplada, pero va a tener un impacto muy muy menor.
En esta diapositiva aparece algún detalle interesante de cómo está funcionando otro de los instrumentos que se han aprobado durante esta legislatura, que es la modificación del complemento de brecha de género. Como saben, tenía un problema
derivado de su diseño previo, un diseño que pretendía premiar la contribución demográfica o la aportación demográfica de las madres. Hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se decía que la contribución demográfica es
tanto de las madres como de los padres y que, por lo tanto, había que reconocer el complemento también a los padres. Esto, lógicamente, ni era el diseño que se pretendió cuando se introdujo ni tenía mucho sentido desde un punto de vista de brecha
de género, porque lo que haría esa aplicación doble sería aumentar la brecha de género. Entones, se rediseñó el complemento de manera que lo que hubo fue un complemento que se aplicaba a hombres o mujeres indistintamente, pero a aquel padre que
efectivamente hubiera experimentado una reducción en sus ingresos como consecuencia de haber ejercido la crianza, de manera que, simultáneamente, compensábamos e introducíamos un incentivo a la corresponsabilidad en la crianza. Esto, además, con el
diseño que se hizo, que era una cuantía fija por hijo, con algún matiz, convertía un diseño muy regresivo en un diseño bastante más progresivo, en el que las familias de menos ingresos recibían proporcionalmente un complemento mayor que las de más
salario. Entonces, aquí podemos ver cómo el antiguo complemento, básicamente el grueso del gasto, iba al 10 % de pensiones más altas y el 10 % de pensiones más bajas recibían una parte muy pequeña del complemento, y aquí prácticamente se han
equilibrado. O sea, era un poco lo pretendido esta equiparación, porque al final aquí no podemos olvidar que si lo que se premia de alguna manera es la contribución demográfica, esta es igual para una persona de pensión alta que para una persona de
pensión baja. Si ha contribuido con un hijo, el hijo puede tener salarios muy altos, salarios muy bajos, contribuir mucho en el sistema o contribuir poco en el sistema, pero no lo sabemos por la pensión del padre o de la madre.
Esto es llamativo. Para la prestación por nacimiento de hijo tenemos un presupuesto muy elevado, que ha crecido mucho, fundamentalmente porque tenemos un número de semanas cubiertas que en la actualidad supera a muchos de los países de
nuestro entorno, incluso a algunos que tienen una tradición de protección a la familia muy acentuada. Yo creo que es llamativo, que es destacable y que es algo por lo que nos tenemos que felicitar todos.
Me referiré a la incapacidad temporal. Quizás es mal año para hacer grandes reflexiones porque, como les decía, lo que vamos a ver en este ejercicio es un importante descenso de la incapacidad temporal COVID y una normalización del gasto de
incapacidad temporal no COVID. Pero si ponemos un poco más el foco sobre la serie histórica, realmente tenemos un problema con la incapacidad temporal, y me atrevo a decirlo así, fundamentalmente porque la incapacidad temporal aumenta con el ciclo
y disminuye con el ciclo, pero aumenta y disminuye no en proporción al ciclo, sino bastante más. O sea, tenemos una incapacidad temporal que cuando la situación económica va bien aumenta muchísimo y cuando la situación económica va mal cae
muchísimo; es decir, parece que hay fuerzas ahí que están haciendo que la incapacidad temporal se comporte de una manera algo anómala y que no responda estrictamente a lo que uno esperaría de una prestación que debería ser relativamente estable
como proporción del número de trabajadores.
Con los instrumentos normativos que tenemos en vigor a día de hoy estamos intentando hacer, en la medida de lo posible, alguna acción relacionada fundamentalmente con la colaboración con las comunidades autónomas, que lógicamente son las que
tienen la competencia para dar bajas y altas. Es un problema muy interesante pero muy complejo, que tiene que ver también con la capacidad de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas y con la capacidad operativa, con la capacidad de dar
una prueba diagnóstica, de las listas de espera, etcétera. Tiene que ver fundamentalmente con eso, con la capacidad operativa de las administraciones autonómicas, que tiene también que ver con lo que en economía se denomina el problema del
principal agente, que es cuando la decisión sobre una materia no la toma el directamente afectado, sino que la toma una persona interpuesta al que se le encarga algo. Aquí de lo que estamos hablando es que la decisión sobre el gasto en incapacidad
temporal, que es un
gasto de la Seguridad Social, la decide en este caso un médico, un servicio público de salud, y entonces puede haber ahí un problema también de no perfecta alineación de los incentivos.
Desde hace años, existen en Seguridad Social una serie de instrumentos, que son los convenios de colaboración en la gestión de la IT con las comunidades autónomas, que precisamente lo que buscan es reforzar ese vínculo entre los sistemas
públicos de salud y la Seguridad Social. En el último ejercicio se ha realizado una modificación de estos convenios porque tocaba, básicamente porque los convenios se renuevan cada cuatro años, y se han intentado reforzar estos elementos de
vinculación y de unión entre los distintos intereses de unos y otros. Igualmente, se está reforzando el uso de herramientas predictivas de tecnología y estamos aumentando los medios materiales que estamos destinando a la gestión de la incapacidad
temporal, porque pensamos que, más allá de un problema endógeno, yo creo que hay elementos técnicos que se pueden mejorar. Esto no es óbice para que quizás en el futuro convenga hacer una reflexión más profunda sobre esta materia.
Respecto a las aportaciones del Estado para la financiación de la Seguridad Social, les diré que estos 18 400 millones de euros que aparecen en el presupuesto de 2022 hace dos años eran cero euros; eso quiere decir que había 18 000 millones
de euros de déficit de la Seguridad Social que venían directamente provocados por una insuficiencia de financiación del Estado, porque se estaban pagando cosas de naturaleza no contributiva con cotizaciones sociales. Esto tenía muchas
consecuencias, los déficits de la Seguridad Social aparecían de manera inflada sistemáticamente porque se estaba achacando este volumen a su presupuesto, y eso, a su vez, se traducía en unas noticias que todos hemos escuchado de que la Seguridad
Social está en quiebra, cuando nadie puede decir nada remotamente semejante en este momento.
La Seguridad Social tiene un nivel de cotizaciones elevado, tiene un nivel de gasto comparativamente bajo y está en una situación favorable comparada con nuestros pares; otra cosa es que, efectivamente, como todos los países desarrollados,
tiene un reto demográfico ante sí al que tiene que adaptarse, pero la situación de partida era buena. Entonces yo creo que la no aportación de estos ingresos lo que hacía era que la Seguridad Social apareciera con una imagen peor de la que tenía.
Yo creo que aquí hay que felicitarse, y nos tenemos que felicitar todos, fundamentalmente ustedes, en la medida en que el Pacto de Toledo es una comisión parlamentaria, por haber reconocido este problema y por haber pedido que se solucione.
Me gustaría, desde aquí, dar las gracias al Ministerio de Hacienda, pues yo creo que este es un tema que no es fácil poner sobre la mesa, reconocer este problema y asumir que tienen que financiar estas políticas. Además, son políticas que
no han decidido ellos; muchas de estas políticas no contributivas que estaba ejerciendo la Seguridad Social, que nadie cuestiona, realmente eran políticas decididas por Gobiernos anteriores. Y cuando hablamos de no contributivas, me gustaría
precisar a qué me refiero. Cuando hablo que una política de Seguridad Social tiene una naturaleza no contributiva en cuanto a su financiación, me refiero a que se introduce una política de gasto para la que no se introduce una financiación a la
vez; o sea, se introduce una política de gasto, un nuevo subsidio, una nueva prestación o una política activa de empleo, pero no se contempla si esa financiación va a tener una cotización adicional, por ejemplo, que sería a lo mejor como yo
financiaría una prestación contributiva nueva. Si yo esa prestación no la financio de manera expresa, al final va a venir financiada por el resto de ingresos, que fundamentalmente, como hemos visto, son las cotizaciones sociales en un 90 %.
Entonces, en ese sentido, son no contributivas; o sea, no son necesariamente no contributivas porque no estén calculadas las prestaciones en función de la base de cotización, pues pueden ser una proporción de la base de cotización, y de alguna
manera eso también sería una contributividad, pero no están financiadas con un tipo específico, y yo creo que eso es aquí lo relevante. Entonces, durante muchos años -y esto yo creo que hay que admitirlo así, pues durante muchos años la situación
de solvencia en la Seguridad Social era muy buena-, quizás resultaba muy fácil ir metiendo políticas que tenían un impacto a lo mejor pequeño pero creciente, o no tan pequeño, pero se iban acumulando unas sobre otras y al final esto lo que ha
generado es un problema de falta de ingresos importante, pues yo creo que, por primera vez en el presupuesto del año pasado y de manera más importante en este, esto se reconoce y se soluciona en una parte muy importante.
Con este escenario, la previsión que tenemos es que, a finales de 2023 o 2024, de acuerdo con las sendas que controla el Gobierno, al cierre de la Seguridad Social prácticamente haya desaparecido el déficit; para el año 2022 el déficit se
reduciría a un 0,5 % del PIB. Estamos hablando del sistema de la Seguridad Social, que, como saben, incluye también al SEPE y Fogasa, en términos de fondos de la
Seguridad Social. En 2023 podríamos estar hablando de un déficit prácticamente de cero; y, en 2024, incluso, un ligero superávit. Esto es consecuencia de que tenemos un nivel de cotizaciones, como les decía, relativamente elevado, un
gasto en pensiones alto y creciente, pero relativamente más bajo que el de nuestros pares, y de esta asunción por parte del Estado de estos gastos no contributivos.
En cuanto a otros elementos que se incluyen en el programa de presupuestos -como les habrán contado todos los comparecientes que hayan pasado por aquí o que les contarán los que aún quedan por pasar-, hay un elemento muy relevante en este
presupuesto, que es la aparición del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es un proyecto que tiene una voluntad transformadora, que creemos que encaja muy bien con la filosofía de la Administración de la Seguridad Social, puesto que
tenemos también un carácter transformador; históricamente ha sido así, ya que hemos sido una de las administraciones más avanzadas en la utilización de tecnología y en avance tecnológico, y, en la medida en la que podamos, tenemos la intención de
aprovecharlo, para crear un sistema más eficiente y moderno. Como les decía, la Seguridad Social es un ente fuertemente transformador, fuertemente tecnológico desde su origen. La Seguridad Social ya prácticamente nació como un centro de proceso de
datos enorme; Es una de las formas que podríamos utilizar para hablar de lo que es un sistema de Seguridad Social, un centro de proceso de datos y de administración de registros, y esto no ha hecho más que acrecentarse con el tiempo.
En estos años, se han dado algunos pasos importantes. De lo que aparece ahí, el más relevante es el Importass, que no sé si lo conocen; es una nueva aplicación que ha creado la Seguridad Social para la gestión de algunos trámites. Es muy
sencillo; les animo a probarlo y a descubrirlo, porque permite hacer algunos trámites, por ejemplo, la gestión de los empleados de hogar, el alta, la baja y las modificaciones de una manera muy sencilla, como estamos todos acostumbrados a trabajar
con nuestro banco a través del móvil, etcétera. La idea que tenemos es que este sea un poco el futuro de la gestión de la Seguridad Social para muchos trámites que no necesitan una atención presencial, entre otras cosas. Este es uno de los
elementos que queremos potenciar. Ya estamos trabajando con las distintas asociaciones de autónomos en el futuro sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos. La idea que tenemos es que un trabajador autónomo pueda
realizar prácticamente todas sus gestiones -ya puede realizar algunas, como son las de alta y baja- a través de esta aplicación, de Importass. Esta es una aplicación muy relevante, que todavía está un poco en fase de crecimiento, pero me atrevo a
decir que va a ser el núcleo de la gestión de la relación de la Administración de la Seguridad Social con el ciudadano en los próximos años.
Adicionalmente, también hay un elemento en la ley de pensiones que se está tramitando, que también responde a una recomendación del Pacto de Toledo, que era la creación de una agencia de la Seguridad Social, que tendría la función de unir en
una sola entidad a las distintas entidades gestoras que ahora mismo están separadas, con la idea fundamentalmente -creo que esto ya se lo conté en la anterior comparecencia- de aprovechar las sinergias que se pueden producir, de generar aumentos de
eficiencia, porque es verdad que hay muchas cosas que, a día de hoy, en la Seguridad Social se hacen por duplicado, porque si tenemos dos entidades, también hay dos gestiones de recursos humanos, dos gestiones de contratación, etcétera, que con una
entidad se solucionaría. Pero, sobre todo, hay cuestiones que son muy difíciles de separar, como es la cotización o afiliación del cálculo de prestaciones, y que tiene mucho más sentido que estén unidas y no que estén separadas. Esto es algo que
todo el mundo ve claro cuando se le explica y creo que la Comisión del Pacto de Toledo así lo vio también. Yo creo que es un proyecto muy bonito para toda la Administración de la Seguridad Social.
Este es el mapa de los centros de la Seguridad Social de toda España. Como pueden ver, somos una Administración absolutamente descentralizada, repartida por todo el territorio. Tenemos centros en todas las provincias, en muchísimas
localidades y pueblos, y para mucha gente somos la cara de la Administración en su territorio. Yo creo que un elemento muy importante del diseño de esa Seguridad Social del futuro, de esa futura agencia, tiene que ser mantener y no perder esta
riqueza. Tenemos que conseguir que la Seguridad Social se mantenga con esta presencia territorial lo más amplia posible, lo cual cada vez es más difícil por la reducción en el número de funcionarios que, lamentablemente, estamos experimentando en
los últimos años, ya muchos años. Alguna vez les he contado que hemos perdido un 20 % del número de trabajadores en los últimos años, y esto va a ir a más, ya que tenemos una plantilla muy envejecida y cuesta mucho mantener una red tan amplia con
un número de trabajadores menguantes. Esto va a obligarnos, por un lado, a un replanteo técnico y tecnológico de nuestra forma de trabajar, pero la voluntad de este ministerio, de esta secretaría de Estado, es mantener esta estructura, mantener
esta
presencia territorial, continuar siendo una Administración que acompañe a los ciudadanos en todo el territorio, y, en la medida de lo posible, también contribuir a la lucha contra la despoblación; que no parezca que todas las
administraciones tengan que estar concentradas en dos o tres capitales, sino que también podría haber administraciones relevantes en todo el territorio.
Como les comentaba, algunas de las inversiones vinculadas al Plan de recuperación, fundamentalmente en sus aspectos más técnicos, es donde se concentra el grueso de las inversiones del plan para esta secretaría de Estado. Es muy
significativo y relevante el data center que se está construyendo en la provincia de Soria, que, como ya les comenté en mi anterior comparecencia, tiene algunos elementos muy novedosos e importantes, y que tiene también que ver con esa lucha contra
la despoblación, contra esa concentración de las administraciones en muy pocos sitios. Yo creo que una de las formas de luchar contra ello es aprovechar las ventajas comparativas de los distintos territorios. En este caso, la ventaja comparativa
de Soria -y permítanme la broma- respecto a otros territorios sería el frío, y es que la menor temperatura de Soria permite reducir los costes energéticos de mantener un data center, que genera un enorme calor y que para mantener los datos se
requiere una refrigeración constante, pues cuanto más frío sea el entorno, más barato resulta y más fácil es. De hecho, es la tendencia que están siguiendo todas las grandes empresas tecnológicas, que están trasladando sus data center a sitios del
norte de Europa y a sitios más fríos. Yo creo que es un proyecto muy bonito en el que tenemos mucha ilusión.
Concluyo. Lo más relevante es que el año 2022 lo visualizamos ya como un año de salida, de recuperación de la normalidad, de importante crecimiento, de una importante reducción del déficit, como consecuencia de la disminución de los gastos
derivados del COVID, una recuperación de los ingresos consistente con un fuerte crecimiento del empleo y con una normalización de los salarios. Y el otro elemento fundamental es que las políticas adoptadas durante la pandemia relacionadas con el
mercado de trabajo pero también directamente con la protección de determinadas contingencias han funcionado muy bien, y en la medida de lo posible deberíamos ser capaces de convertir los aspectos que mejor han funcionado en elementos estructurales
de nuestro sistema de protección social.
Muchas gracias, señorías. Quedo a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arroyo.
Pasamos al turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta. Buenos días y bienvenido, señor Arroyo.
Voy a partir de una foto general; le hablaré de presupuestos y pensiones, de planes de pensiones públicos y privados, de empleo, también de autónomos, y le haré una serie de preguntas. Y ya le pido disculpas si antes de que usted me pueda
contestar he tenido que salir, porque compagino esta Comisión de Presupuestos con otras. De todas maneras, veré interesada la respuesta telemáticamente por vídeo.
Le decía que iba a hacer una foto general, porque cuando hablamos de pensiones hablamos de justicia social, suficiencia económica y solidaridad intergeneracional, porque el sistema de pensiones es uno de los mecanismos más importantes para
reducir la pobreza y también la desigualdad, y solo trabajando bien y en profundidad podremos garantizar la cuantía de las pensiones y la sostenibilidad del sistema. Partiendo de esta premisa, nos encontramos en la tramitación presupuestaria, y,
como ya nos advirtió el gobernador del Banco de España ayer a primera hora y confirmó o se sumó a esas previsiones la AIReF a última hora, estos presupuestos generales, que son la base sobre la que cada ministerio elabora sus previsiones, nacen
obsoletos. Los datos de crecimiento que se prevén son mucho menores que los que anuncia el Gobierno y en los que se basan estos presupuestos. Hay un exceso de optimismo sobre la recaudación y estos presupuestos no resuelven desequilibrios ni
sectoriales ni intergeneracionales ni territoriales. Le decía que esto lo dijo el gobernador del Banco de España por la mañana y a ello se sumó la AIReF a última hora. Por tanto, partimos de unos presupuestos que no son creíbles por la parte de
los ingresos.
Además, el gobernador del Banco de España dijo claramente en su exposición que la política económica debería gestionarse de forma adecuada en un contexto que confirma ese repunte inflacionista, y se estaba refiriendo a evitar indexaciones
generalizadas en partidas de gasto. Concretamente, se estaba refiriendo a que en estos presupuestos ustedes han decidido aplicar de forma anticipada la revalorización de esa reforma de las pensiones a dos tiempos, en dos fases, que está en
tramitación, es decir, la tienen ustedes incluida en los presupuestos, la van a aplicar sin ni siquiera haberse aprobado esa
primera fase. Pero tampoco sabemos nada de ese llamado mecanismo de solidaridad intergeneracional que debería garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Usted ha hablado de luces largas, de 2050, y yo le quiero
preguntar en esta primera parte si a ustedes les parece responsable, no solo porque no se ha aprobado, sino porque no sabemos qué recursos habrá y, sobre todo, no tienen en cuenta la parte de la sostenibilidad ni la solidaridad intergeneracional.
Le quiero preguntar si ya nos puede adelantar algo acerca de ese mecanismo de solidaridad intergeneracional, sobre cómo funcionará y cómo se va a garantizar la sostenibilidad del sistema.
Por otro lado, en estos presupuestos se habla de impulsar los planes de pensiones públicos de empleo. Mi grupo parlamentario está de acuerdo en la conveniencia de impulsar estos planes públicos de empleo, pero también creemos que debe
promocionarse y protegerse cualquier forma de ahorro individual para el futuro, máxime teniendo en cuenta la situación actual del sistema público de pensiones, la ausencia de regulación hasta la fecha sobre el modo de garantizar la sostenibilidad y
el diseño de ese mecanismo que permita garantizar las pensiones en el futuro, como ya le he dicho. Entonces, estos presupuestos, como ya hicieran los del año pasado, los del 2021, vuelven a minorar el límite de reducción de la base imponible del
impuesto de la renta de las personas físicas por aportaciones a planes de pensiones privados, dejándolos solo a un máximo de 1500 euros anuales, desde los 8000 en que se encontraban en 2020. El Gobierno dice que quiere impulsar los planes de
empleo, pero solo y exclusivamente eso, o sea, únicamente los planes de pensiones de empleo, ese segundo pilar, castigando al ahorro privado, el tercer pilar. Le pregunto si esta es forma de garantizar la sostenibilidad y si cree que la coyuntura
económica realmente indica que es el momento de poner más pegas al ahorro.
Finalmente, en cuanto a los autónomos, ustedes prevén en los presupuestos una subida para los más de tres millones de autónomos de nuestro país tanto del tipo de cotización, que pasa del 30,6 % al 30,9 %, como de la base de cotización mínima
hasta los 960,60 euros. Esto supondrá una subida de en torno a ocho euros al mes para los casi dos millones de autónomos que cotizan por base mínima, un aumento de entre 96 y 225 euros más al año, dependiendo de su tipo de cotización, en una nueva
muestra de olvido y de ignominia a la que este Gobierno tiene sometidos a nuestros empresarios. Le reitero que cuando aún no hemos salido de la crisis económica es momento en el que se necesitan políticas fiscales expansivas, y no poner más trabas
a los autónomos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario de Estado, por su intervención.
Aunque la parte del equilibrio del sistema me ha parecido interesante y sobre la cual me consta que se está trabajando, y también en esta Cámara, hoy me voy a centrar en tres temas que afectan directamente al presupuesto y su inmediatez, a
ver si podríamos obtener alguna clarificación.
Quería empezar por los autónomos, a quienes, como ahora se ha recordado, se les va a someter a un incremento de sus cotizaciones, cuando, teóricamente, están esperando una modificación del régimen de cotización. Pero, cuando uno mira los
presupuestos, ¿qué aprecia? Observa que en los ingresos previstos por las cotizaciones por el régimen especial de autónomos se está presupuestando un 12,89 % más que en el ejercicio pasado. Me gustaría saber a qué corresponde este aumento. Según
el nuevo sistema de cotización de autónomos, de acuerdo con los ingresos, ustedes hacían una estimación de una cantidad muy importante de autónomos que iban a cotizar menos, por lo que nos gustaría que nos desglosase este aspecto. ¿Por qué someten
a los autónomos, que están en una situación complicada a casusa de muchos más temas adicionales que simplemente sus cotizaciones, a esta situación, en la que ven cómo ha de incrementarse su cotización, especialmente aquellos que están en cotización
mínima, que en muchos casos son los que van a ver rebajada su cotización cuando se aplique el nuevo sistema?
En cuanto al ingreso mínimo vital, si uno aprecia los presupuestos, ve que la cantidad que se presupuesta para este año es prácticamente la misma, creo que solo hay cinco millones de diferencia respecto a la del año anterior, y, sin embargo,
dicen ustedes que incorporan un 3 % de incremento para las prestaciones del mismo. Entonces, de los 3017 millones que tenían presupuestados para 2021 por el ingreso mínimo vital, ¿qué cantidad tienen previsto liquidar? Intuyo que va a ser una
cantidad inferior; no lo sé, nos gustaría que lo confirmase. Pero, si es así, ¿qué valoración hacen de la implementación de este ingreso mínimo vital? Y si es una cantidad inferior a estos 3000 millones, ¿por qué vuelven a presupuestar
estos 3000 millones adicionales? ¿Piensan hacer cambios sustanciales en la gestión del ingreso mínimo vital para que esto tenga una explicación?
En tercer lugar, a raíz de este mapa de centros que nos ha expuesto, la verdad es que no sé si son conscientes, pero se lo digo porque recibimos muchísimas quejas, de que en este momento la Administración de la Seguridad Social es la peor en
cuanto a atención al público en relación con el tiempo anterior a la pandemia. ¿Por qué le digo esto? La verdad es que el sistema de atención telefónico o telemático, no presencial, ha deteriorado muchísimo muchísimo el servicio que están
prestando estas oficinas, cuando algunas de ellas están prácticamente cerradas o semicerradas y es un meritable hito conseguir una cita previa. Y eso no puede ser simplemente por un tema de personal, cuyas partidas este año se mantienen
prácticamente igual que el año anterior. Pero si es un tema de personal, ¿por qué no priorizan la contratación de nuevo personal? En referencia a cuando ustedes hablan de prestigiar la Administración de la Seguridad Social, esta atención resulta
muy importante no solo entre los administrados, sino también entre los profesionales que hacen uso de la misma, pero le repito que la sensación que existe en estos momentos -hable con los diferentes colectivos, con los graduados sociales, los
abogados, los economistas- es que el nivel de prestación es muy inferior al que había antes de la pandemia.
Por último, respecto a los escenarios que nos plantean los diferentes expertos, ayer el gobernador del Banco de España coincidía en que este episodio inflacionista va a ser coyuntural pero se puede extender durante un tiempo. ¿Pone este en
peligro el sistema? ¿Les preocupa un escenario inflacionista desde la óptica de la Seguridad Social?
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, la señora doña Isabel Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta.
Gracias también, señor Arroyo, por las explicaciones que ha dado sobre el presupuesto de la Seguridad Social. No me voy a centrar en el ingreso mínimo vital porque ayer en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya
estuvimos hablando largo y tendido al respecto. Por tanto, permítanme que me centre en otras cuestiones.
En referencia a las cuestiones consideradas, sobre los autónomos, creo que hablar de fatalismos no es lo más conveniente. Como bien saben todos los grupos parlamentarios, en estos momentos el Gobierno está trabajando junto con las
organizaciones de autónomos para abordar este nuevo sistema de cotizaciones según los ingresos reales, que, por cierto, es algo que venían pidiendo los autónomos y las autónomas de nuestro país, poder cotizar según lo que cobran, según sus ingresos,
y no en función de una cuota fija, que en muchos casos es injusta, sobre todo para quienes tienen menores ingresos. Por tanto, se está en fase de negociación y aún está por desarrollarse este nuevo sistema.
Dicho esto, quería continuar hablando del proyecto más importante en el ámbito de la Seguridad Social, el referido a las pensiones. Estamos hablando de un aumento de 7778 millones de euros y un total de 171 551 millones de euros, y ello no
solamente para nuestros actuales pensionistas, ya que también pone las bases para nuestras pensionistas y nuestros pensionistas futuros y, por supuesto, supone la mayor medida social para las personas de nuestro país. Hay que recordar que son las
pensionistas y los pensionistas los que han aguantado el peso de la crisis de 2008 y en los peores momentos desde 2012, cuando más desempleo teníamos y durante esa recuperación tan lenta, que todavía seguimos teniendo a nuestras espaldas por las
políticas de recorte y precariedad del Partido Popular. Fueron nuestros pensionistas los que echaron sobre sus espaldas no solamente sus gastos, sino también los de nuestras familias, manteniendo este país. Y esto hay que decirlo claro: los
pensionistas de nuestro país han mantenido la economía en los peores años tras la crisis de 2008.
En 2018, el Partido Popular, en el proyecto de presupuestos que finalmente no se llegó a aprobar por lo que todos sabemos, por la salida de Mariano Rajoy gracias a... (Rumores). Si me permiten, decía que se le echó gracias a la moción de
censura, y no incluyó el 1,6 % de revalorización de las pensiones que había negociado con el PNV, que era el que iba a conseguir que los pensionistas no cobrasen ese año un incremento del 0,25 % sino conforme a la subida del IPC; esa no era su
propuesta, sino la del maldito 0,25 %. Pero incluso hay que ir más allá, porque ahora, que estamos en pleno proceso de negociaciones de una nueva ley de pensiones, al Partido Popular no se le ocurre otra cosa que decir que
hay que seguir con la reforma de 2013, que recordemos que llevaba el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, y hay que decir que este Gobierno, gracias al diálogo social y al buen hacer, va a derogar el factor de
sostenibilidad y el índice de revalorización, para que, como bien dice nuestro artículo 50 de la Constitución española, los pensionistas cobren en función de la carestía de la vida, y, por tanto, indexándolo al IPC. El PP intentó volver atrás,
intentó volver a precarizar a nuestros pensionistas y se quedó solo con la ultraderecha de VOX. Se prevé un aumento del 2,2 % del IPC y este Gobierno lo que está haciendo es aumentar las pensiones mínimas y no contributivas al 3,5 % y al 3 % el
ingreso mínimo vital. ¿Y por qué esta subida? Claramente, porque las pensiones en nuestro país han sufrido un inmenso recorte y una pérdida de poder adquisitivo de alrededor de mil euros, 4,65 puntos durante los años 2011 a 2014.
Respecto a esos mensajes agoreros con los que siempre que se habla del aumento del salario mínimo interprofesional dicen que se va a destruir empleo, lo que se ha hecho con el aumento del salario mínimo interprofesional ha sido subir las
cotizaciones, lo que va a permitir mantener una mejor hucha de las pensiones. Cuando se habla de derogar la reforma laboral para ir hacia leyes que acaben con la precariedad, de lo que hablan es de seguir con la precariedad. Cuando hablamos de
derogar el factor de sostenibilidad de la reforma del Partido Popular, de lo que hablan es de seguir precarizando a nuestros pensionistas. Sin embargo, este Gobierno lo que está haciendo es aumentar los salarios y promover leyes de empleo que
acaben con la precariedad y, por tanto, sigan aumentando las cotizaciones, como ya estamos viendo con el fin de la crisis, y está separando el sistema de fuentes, que, como bien ha dicho el secretario de Estado, lo que ha provocado es que los gastos
impropios vayan a los presupuestos generales del Estado y, por tanto, se acabe con el déficit en la hucha de las pensiones, que, como siempre hemos dicho, ese déficit no era por las pensiones, sino por otras políticas que el Partido Popular
financiaba con la hucha de las pensiones y, por tanto, acabando con estas, para conseguir una privatización de las mismas.
Creo que estamos en el buen camino, aunque pueden faltar todavía algunas cosas. Quería pedir al secretario de Estado que hiciese una valoración o nos hablase sobre qué piensa acerca de acabar con la penalización a los pensionistas que han
cotizado durante más de cuarenta años de vida laboral y sobre poder destopar las cotizaciones más altas para seguir financiando la sostenibilidad de nuestras pensiones.
Gracias.
La señora PRESIDENTA. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Pablo Sáez.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario de Estado, por su exposición.
Es importante remarcar, y lo venimos diciendo en todas las comparecencias y Plenos, que cuando se analizan los presupuestos generales del Estado podemos ver que el de la Seguridad Social no es un presupuesto independiente, que se tenga que
analizar por separado, sino que estamos hablando del capítulo VI de aquellos. Eso muestra que, al consolidar todos los capítulos y eliminar, por tanto, las transferencias, que no suponen más que traspasar los déficit de unos capítulos a otros del
presupuesto, las cuentas de la Seguridad Social no están equilibradas -es contabilidad básica-, ya que para cubrir los 181 000 millones de gastos son necesarias trasferencias por 36 200 millones de euros y préstamos por 7000 millones de euros, un
nivel de transferencias que -lo venimos repitiendo en muchas ocasiones- será difícil mantener en el futuro, a la vista del déficit previsto del 8,4 % del PIB para este año, del 5 % en 2022, 4 % en 2023 y 3,2 % en 2024, o sea, hablamos de más de
cinco años y con un plan de recuperación financiado por la Unión Europea para bajar del 3 % del déficit público -yo a esto lo llamaría falta de competencia en la gestión de las cuentas públicas-; una deuda pública en niveles superiores al 121 % del
PIB. Seamos conscientes de que debemos más de lo que somos capaces de generar en un año, es inaudito. Pensar que con este escenario podemos mantener en el futuro este nivel de transferencias a la Seguridad Social sin reducir otros gastos es
sencillamente una ingenuidad. Pero no le quepa duda de que en VOX sabemos qué gastos hay que reducir, que no son más que los gastos políticos.
Una serie de preguntas. Las cotizaciones sociales son inferiores a las pensiones contributivas en 13 651 millones de euros, y también ocurrió lo mismo en años anteriores. ¿Considera el secretario de Estado que, a la vista de la actual
pirámide poblacional y ante la pronta jubilación del baby boom, se van a equilibrar las cifras de cotizaciones con pensiones contributivas? ¿Nos puede informar algo acerca del mecanismo de equidad intergeneracional y su impacto en las pensiones
futuras? ¿Nos puede informar
acerca de los tramos de cotización de los autónomos? ¿Se ha valorado si serán capaces de pagar cualquier subida en sus cotizaciones? Se ha presupuestado un importe de 2966 millones de euros por el ingreso mínimo vital, un 0,7 % inferior al
de 2021. A la vista de que al cierre del tercer trimestre de este año el ingreso mínimo vital solo ha llegado a un 37,18 % de los hogares y a un 34,78 % de las personas inicialmente previstas, y la pregunta es si ello se debe a problemas en la
gestión o por haber hecho un presupuesto no realista. Existe un incremento de 900 000 euros en el programa 291.M, principalmente en gasto de personal. Me gustaría que me indicara las razones y cuánto personal se va a incorporar.
En fin, estamos ante un presupuesto que no es creíble desde el lado de los ingresos, ya que plantea un incremento de las cotizaciones sociales del 9 % y vincula ese crecimiento -lo dice el libro amarillo- a la elevación de las bases máximas
de cotización al 1,7 % y a la recuperación del PIB para 2022, estimado en un 7 %. Dado que no es creíble esta recuperación del PIB, -tanto el Banco de España, como la AIReF y el Fondo Monetario Internacional reducen el crecimiento del PIB, el
primero de ellos a un 5,9 %-, tampoco puede ser creíble la recuperación de los ingresos por cotizaciones sociales. Y es un presupuesto que tampoco es creíble desde el lado de los gastos. Hablamos de riesgos probables de desviación al alza, puestos
de manifiesto también por el gobernador del Banco de España, de 3500 millones de euros en mayor gasto por el impacto de la inflación y la compensación de pensiones del año 2021. Presupuestar, señor secretario de Estado, es un ejercicio de
responsabilidad, y un presupuesto tiene que ser realista. De lo contrario, perdemos credibilidad, no atraemos inversión, se resentirá el crecimiento de las empresas y perjudicará la creación de empleo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Tomás Cabezón.
El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que no sé cómo iniciar esta comparecencia, si haciendo de interpelado o haciendo la interpelación al secretario de Estado después de la intervención de la portavoz de Podemos. Creo que se ha retratado claramente diciendo que
los presupuestos de 2018 no se aprobaron. No solo se aprobaron, sino que han sido los presupuestos más largos que ha tenido este país en la democracia. Por tanto, refresque los datos y empiece a dar certeza también con ellos, porque, si no, toda
su intervención cae en vacío.
Señor Arroyo, hoy ha venido casero, y no solo para el Gobierno, sino también para el Partido Socialista, como demuestra en su diapositiva número quince, en la que habla de fórmulas de revalorización de las pensiones y ha considerado cómo se
ha ido indexando o quitando el IPC de las pensiones. Pero se le ha olvidado un dato muy relevante, y es que en 2010 hubo un Gobierno socialista que congeló las pensiones, el mayor recorte a los pensionistas que se ha producido en toda la
democracia, y eso es relevante que se ponga en una diapositiva en la que se ha de demostrar cuáles han sido las fórmulas de revalorización de las pensiones.
También ha mostrado una diapositiva sobre el equilibrio del sistema que quiero contrastar con lo que ayer nos decía la AIReF -muestra un gráfico-, la cual afirmaba que hay una desviación del gasto de 2,5 puntos de aquí a 2050, mientras que
usted ha dicho que se equilibra dentro de pocos años. Señor Arroyo, son datos que hoy nos sorprende escuchar de su boca, y reconozco que su comparecencia nos deja preocupados. ¿De verdad piensa que son las previsiones macroeconómicas adecuadas?
Nos traen unos presupuestos que son una mezcla de novela de ficción y carta a los reyes magos. Cuando estas ilusiones nos las venden el ministro Escrivá o Pedro Sánchez no nos extrañan, y sabemos que su palabra ofrece poca confianza y mucho
eslogan, pero confiábamos más en lo que usted nos iba a decir. Usted, que es funcionario de la Seguridad Social y ha desempeñado cargos relevantes en la Tesorería en materia de presupuestos, lo que hoy nos presenta nos asusta si cabe todavía más.
Y tenemos muchas preguntas. La primera de todas, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Cuál es su plan para recaudar lo que quieren? Estiman ingresar 181 000 millones de euros, un 5 % más que en 2021, y sus cálculos dicen que aumentarán un 9 % los
ingresos por cotizaciones sociales. Señor secretario, su presupuesto está sentenciado de muerte antes de nacer, y no es el malvado PP el que lo dice, que también, son todos los organismos más serios los que les tiran de las orejas. Ayer el
gobernador del Banco de España y la AIReF les alertaban de su optimismo en este punto concretamente, y ya van siete organismos independientes avisándolos de que no van a ser capaces de cumplirlo. También el Fondo
Monetario Internacional avisa de que es difícil a medio plazo que nuestro mercado laboral registre grandes avances.
Ustedes mismos creen que el empleo repuntará en 2022 un 2,7 %, pero lo que no tienen en cuenta es qué empleo están creando ustedes. El contrato temporal creció siete veces más que el indefinido en el último año y el parcial tres veces más
que el completo. ¿En serio creen que con estos datos les van a salir las cuentas? Además de todo lo anterior, no tienen en cuenta las consecuencias de su escudo social: empresas que cierran por la subida de la luz y un aumento de los ERTE por
desabastecimiento. Ustedes miran para otro lado, pero en alguno de los principales sectores industriales los ERTE han aumentado ya un 15 %. Con todo esto, ¿de verdad creen que las cotizaciones aumentarán un 9 %? De verdad, ¿lo creen?
Por otro lado, para lograr que las cuentas ficticias cuadren aumentan las transferencias del Estado un 16,4 %. Es verdad que esto es gracias a la recomendación 1 del Pacto de Toledo y es cierto que puede ser un ingreso para la Seguridad
Social, pero todos sabemos que es un gasto considerable para el conjunto de las cuentas públicas. ¿Qué impuestos van a subirnos para cuadrar las cuentas, señor Arroyo? ¿Han escuchado ustedes a los españoles? ¿Por ejemplo, a los autónomos?
¿Prevén estos presupuestos el nuevo sistema de cotización de autónomos ya comprometido con Bruselas? Ya de digo que subir cuotas y cargas a los autónomos, lejos de ayudar, complica el cumplimiento de sus previsiones. Más cargas al empleo autónomo
suponen más paro y menos cotizaciones.
Otra cuestión que nos preocupa enormemente es su trato desigual a los españoles según dónde vivan y quiénes los gobiernen. ¿Es que también quieren tratar diferente a las personas que perciben el ingreso mínimo vital si lo reciben en un
territorio independentista y el PSOE necesita sus votos? Si lo recibes en un territorio independentista y el PSOE necesita sus votos, ¿va a tener mayor cuantía que si eres de Soria, mi tierra? Ustedes quieren que País Vasco y Navarra no solo
gestionen el ingreso mínimo vital, sino que en estos presupuestos les transfieren también el pago a través de sus propios sistemas de financiación. ¿No le indigna, como español, este trato discriminatorio a los que vivimos en los territorios leales
a España? ¿No cree que todos los españoles somos iguales? ¿No le hierve la sangre, señor Arroyo, como funcionario de la Seguridad Social, con el hecho de romper la caja única para comprar los votos de quienes quieren destrozar España? Le aviso
que el PP no permitirá tratos desiguales ni el quebranto de la caja de las pensiones.
Son muchas nuestras dudas y preocupaciones. A lo largo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado las expondremos, especialmente en el trámite de enmiendas, pero le avanzo algunas de ellas. ¿Estos presupuestos contemplan
algo para la creación del superfondo de pensiones? ¿Cómo será? ¿Van a culminar su estocada a quienes quieren ahorrar de manera privada para su jubilación? ¿Cómo van a favorecer este ahorro reconocido en la Constitución? ¿Estos presupuestos nos
avanzan algo del mecanismo de equidad? ¿Van a ser capaces de ponerlo encima de la mesa algún día? Le recuerdo que mañana se acaba el plazo de presentación de enmiendas a la Ley General de la Seguridad Social y todavía no la han presentado ni al
diálogo social. ¿Prevé este presupuesto el incremento de 3500 millones de gasto en pensiones por inflación? ¿Tiene previsto introducir mejoras para largas carreras de cotización?
Voy concluyendo. Señor Arroyo, creo que usted está en contra de muchas de las cosas que contempla este proyecto y ya le adelanto que en mi grupo lo estamos también. Por supuesto, queremos unos presupuestos sociales para atender más y sobre
todo mejor, pero también queremos unos presupuestos realistas que garanticen el Estado del bienestar y no lo comprometan con más deuda por políticas irresponsables, deuda que tendrán que pagar nuestros nietos o nuestros biznietos. Queremos unos
presupuestos que ayuden y no empeoren, que cumplan con la suficiencia y sostenibilidad que pide Europa.
Concluyo, señora presidenta. Se dice que el socialismo fracasa cuando se le acaba el dinero de los demás. Pues, eso es lo que pensamos de este proyecto, que les queda poco para fracasar porque cada vez nos queda menos dinero a los
españoles, y con este proyecto nos quedará un poco menos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mercè Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.
Se inicia el libro amarillo diciendo: El presupuesto general del Estado de la Seguridad Social para 2022 adquiere un protagonismo especialmente significativo como motor de crecimiento del gasto social en
apoyo, tras la crisis provocada por la pandemia, de los sectores más vulnerables. Aquí alguien se ha olvidado de que hemos pasado un año y medio terrible por la salud, por la muerte de mucha gente, por un incremento brutal del gasto en
sanidad y por un incremento brutal del escudo social. Hay quien tiene memoria de pez. Discúlpenme que lo digan de esta manera, pero me parece indignante que haya intervenciones que se arrogan el 'nosotros decimos sí al gasto social', pero luego
cuestionan, por ejemplo, el hecho de las transferencias del Estado.
A partir de la afirmación anterior, con la que el presupuesto de la Seguridad Social viene a decir que vamos a proteger, a mantener y a consolidar este escudo social, se desgranan una serie de medidas que vienen a cumplir el acuerdo en el
diálogo social y el acuerdo en el Pacto de Toledo como, por ejemplo, la revalorización de las pensiones, una revalorización que se hará con una fórmula nueva, una fórmula acordada en el diálogo social. Ya ha dicho el secretario de Estado -por
cierto, señor secretario, bienvenido, porque no le he dado la bienvenida- que es una fórmula que viene de un acuerdo y una fórmula clara sobre datos ciertos, porque se cerrará sobre los datos del año que finaliza -ya no irá sobre previsiones- y eso
genera seguridad y certeza. Además, supondrá la consolidación de las ayudas a familias con un incremento proporcional al IPC que se verá en mayor medida en el caso de las mínimas y también en el ingreso mínimo vital.
Y hago un apunte. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, si vuelve a confrontar territorios con cuestiones que son de Estado, demuestra la poca altura política que tiene su partido. Punto, es así. No puede confrontar territorios
otra vez. Eso es lo que ustedes quieren para ganar votos, pero son cuatro míseros votos. Eso no sirve para dar seguridad a la ciudadanía y ahí el Partido Socialista no va a entrar.
Por tanto, consolidamos, en primer lugar, el mantenimiento del poder adquisitivo con una fórmula cierta y con seguridad y, en segundo lugar, hacemos las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social porque,
como todos sabemos, el presupuesto general de la Seguridad Social no tiene margen de maniobra para según qué políticas se vayan acordando desde otros ministerios. Se ha hablado aquí vastamente sobre los gastos impropios en el sentido de que son
políticas necesarias, pero que no corresponde soportarlas a la Seguridad Social, y hablamos de un importe de 36 276 millones de euros.
En tercer lugar, políticas de corresponsabilidad para acabar con la brecha de género. Este presupuesto consolida esas políticas con el complemento a las pensiones por maternidad y, desde luego, con la equiparación a dieciséis semanas de los
permisos de los dos progenitores.
En cuarto lugar, hay una especial protección a las pensiones no contributivas, dando cumplimiento, por tanto, a un principio básico de nuestra Seguridad Social, que es la solidaridad. Por mucho que al Partido Popular y a VOX les duela en el
alma esta palabra, esta palabra está interiorizada en este sistema y desde luego los progresistas la vamos a preservar.
En quinto lugar, continúo hablando de la especial cobertura de los autónomos y especialmente -nadie lo ha dicho- de los trabajadores autónomos de La Palma. Desde aquí, el Grupo Parlamentario Socialista quiere dar todo el apoyo del mundo a
las familias, a los trabajadores autónomos y a los trabajadores por cuenta ajena que están pasando por momentos muy complicados en su vida. (Aplausos).
En sexto lugar, hay un impulso muy importante de la Ley de dependencia. Se da cobertura al nivel mínimo y también al convenido. Se quieren acortar las listas de espera y, evidentemente, mejorar las cuantías. Eso también es consolidar
políticas para las familias.
Otro punto al que ningún portavoz ha hecho mención es al préstamo. Estamos reduciendo la dependencia del préstamo de la Seguridad Social mejorando la sostenibilidad del sistema.
Se han dicho muchas cosas por parte del resto de portavoces. Sobre las previsiones o las predicciones de algunos organismos, como las del gobernador del Banco de España, les recuerdo que en 2018 el gobernador del Banco de España puso el
grito en el cielo porque incrementábamos el SMI en un 22 %, pero resulta que hubo el mayor incremento de ingresos en la recaudación de la Seguridad Social, que fue del orden del 8 %. En aquel momento, el gobernador dijo que aquello era un desastre,
pero se demostró que la mejora en la sostenibilidad de las cuentas dio un paso adelante muy importante. Por tanto, me centraría más en los datos ciertos históricos que en las predicciones de bolas de cristal. Y hago un apunte. La frase concreta
que dijo ayer la presidenta de la AIReF fue: A diferencia de años pasados, la previsión de ingresos y cotizaciones sociales está en línea con la del Gobierno. A mí que me lo expliquen, pero hubo gente que estuvo en otra comparecencia.
Acabo. Seguridad y certidumbre. El IPC y las transferencias del Estado dan seguridad y certidumbre. La fórmula es clara y sobre datos ciertos, pactada con los agentes sociales y con mecanismos vinculados
otra vez al IPC. Por otra parte, equilibrio financiero. Como ha dicho el secretario de Estado, hay que dar las gracias también por su esfuerzo a la ministra de Hacienda. Es un esfuerzo colectivo, de todo el Gobierno, es voluntad política.
Acabo definitivamente. Señor de VOX, es voluntad política hacer sostenible el sistema. Ustedes, quitando los gastos políticos que mencionan, lo que están diciendo es que se cargarían la Seguridad Social, pero si algo sostiene la Seguridad
Social es precisamente la voluntad política de un Gobierno progresista que quiere que el escudo de protección que hemos tenido durante más de cuarenta años se continúe manteniendo y nos proyecte como una sociedad cohesionada y, desde luego, moderna.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Ahora tiene la palabra para contestar el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Arroyo Martínez): Muchas gracias a todos.
Varios grupos se han referido al optimismo o no optimismo de la previsión de ingresos y voy a agrupar la respuesta y les contesto al final.
Voy a comenzar contestando a la representante de Ciudadanos, doña María Muñoz, que ha hecho una mención a si es buen momento para indexar con la inflación este año, porque la inflación muy alta. Tengo que decirle que es el mejor momento, es
para lo que lo hacemos. De lo que se trata es de que el crecimiento de precios no lo tengan que soportar los pensionistas. Lo que teníamos aquí con el IRP era un sistema absolutamente anómalo con el que al final se hacía soportar a los
pensionistas -y no solo a los pensionistas, sino incluso de una manera creciente con la edad- la desviación de gastos del sistema. Por lo tanto, yo creo que no es que sea el momento, sino que es el mejor momento. Si realmente hay un repunte en la
inflación este año -aunque yo creo que será transitorio-, lógicamente, queremos proteger a los pensionistas ante esa subida.
Respecto al mecanismo de equidad generacional, efectivamente, este es un elemento que está comprometido en el acuerdo de pensiones. Hay que negociarlo con los agentes sociales y se está trabajando todavía en él. Somos conscientes de que
los plazos avanzan, pero nuestra intención es alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales en la medida de lo posible antes de presentarlo. Yo creo que hay una muy buena base para el acuerdo, porque lo que contempla ya esa primera fase del
acuerdo de pensiones está lo suficientemente detallado como para que no pueda haber grandes ámbitos de discrepancia, aunque evidentemente el diálogo está en los detalles y tenemos que cerrar todo con ellos todavía.
Respecto a los planes de empleo como forma de ahorro, este es un debate que ya tuvimos el año pasado. Aquí hay que poner sobre la mesa que por primera vez -y nosotros, desde la responsabilidad de este ministerio, lo agradecemos- hay un
mandato claro y nada ambiguo del Pacto de Toledo sobre qué hay que hacer con el ahorro complementario. Tradicionalmente, el Pacto de Toledo siempre ha hecho una recomendación que hablaba de fortalecer los sistemas complementarios, pero era una
recomendación con la que se ha ido dando bandazos y no se ha apostado decididamente por los sistemas colectivos o por los sistemas individuales. Había de facto unos incentivos fiscales a los sistemas de ahorro individual, aunque todas las
evidencias y los análisis más serios -me referiré aquí al estudio realizado por la AIReF, entre otros- demuestran que esos incentivos a los planes individuales no aumentan el ahorro a largo plazo. Es decir, el Estado está gastando dinero en forma
de incentivos fiscales para conseguir un resultado, que es aumentar el ahorro a largo plazo. Todo el mundo puede ahorrar -es perfectamente legítimo y deseable-, pero el Estado no tiene por qué gastarse dinero en eso necesariamente, ya que tiene
muchas cosas en las que gastar dinero. Si se gasta dinero en eso es para fomentar el ahorro a largo plazo, pero si resulta que este instrumento no cumple ese objetivo porque está muy sesgado a las rentas y a los patrimonios más altos y lo único que
consigue es que lo que una persona ahorraría en un fondo de inversión lo ahorre en un plan de pensiones individual porque tiene un ahorro fiscal -es decir, hay una sustitución de un instrumento por otro- el Estado está gastando mal. Como digo, es
totalmente legítimo y deseable que una persona ahorre, pero lo que ya no es tan legítimo es que el Estado tenga que incentivarlo. Partiendo de esa evidencia de base, el Pacto de Toledo ha hecho una recomendación muy clara: los incentivos al ahorro
y el desarrollo de los sistemas complementarios tienen que venir del lado de los planes colectivos, es decir, de los planes de empleo, que es lo que existe prácticamente en todo el mundo. Es decir, todos estos países con los que se nos quiere
comparar porque tienen sistemas más
desarrollados tienen planes de empleo. Los planes de empleo tienen muchas ventajas, entre otras que son mucho más igualitarios, porque al final en la empresa las aportaciones no dependen de cuánto se gana, sino que están vinculadas a la
negociación colectiva y suelen estar más repartidas. Yo creo que esta es una forma de favorecer el ahorro bastante más eficaz y más homologable con nuestros pares, y hay que celebrar que el Pacto de Toledo así lo haya recomendado. Lo que estamos
intentando hacer es avanzar en esa línea, aunque lógicamente es complicado porque tenemos una industria de planes de empleo en este momento muy poco desarrollada; entre otras cosas, porque el sistema financiero estaba muy interesado en potenciar
los planes individuales frente a los planes de empleo, porque los planes individuales tienen comisiones mucho más altas. Los planes individuales tienen comisiones cuatro o cinco veces más altas de media que los planes de empleo. ¿Por qué? Porque,
lógicamente, el poder de negociación de un ahorrador individual es mucho menor que el que puede tener una empresa, una asociación que agrupe a empresas o el plan colectivo de un sector determinado de una industria. El poder de negociación es menor
y, por tanto, el intermediario financiero ejerce la capacidad que tiene de dirigir ese ahorro a productos con comisiones más altas. El impacto de que la comisión que te está cobrando tu instrumento de ahorro sea del 0,2 %, como es la media en
muchos planes de empleo, o sea del 1 o poco más del 1 %, como es la media en muchos planes individuales, en un año puede parecer menor, pero en instrumentos que están pensados para ahorrar durante veinte o treinta años, capitalizando eso -y aquí hay
gente que conoce bien la industria y que sabe lo que es-, podemos estamos hablando de muchísimo dinero. Podemos estar hablando de que al final cuando te jubilas puedes tener ahorrado un 20 o un 30 % menos, simplemente porque se te ha ido en
comisiones. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad del Pacto de Toledo -que nosotros hemos tomado al vuelo porque nos parece muy buena recomendación y muy buena idea- derivar los incentivos de un tipo de ahorro al otro. Eso respecto a este
punto.
Respecto a los autónomos, ha habido una subida del tipo que está comprometida en un acuerdo con los autónomos, vinculada a la extensión del cese de actividad de 2018 y que se suspendió durante la pandemia. Durante la pandemia se suspendió
ese aumento del tipo del 0,3 % y se ha retomado ahora. Por otro lado, las bases de cotización mínimas se aumentan con la previsión de IPC, es decir, en términos reales se mantienen fijas, no se aumentan; insisto, en términos reales se mantienen
fijas. La propia señora Muñoz nos ha dicho lo que supone en euros y es una cantidad a la que no quiero poner adjetivos pero que no parece muy grande; me parece que ha dicho 8 euros. Lo que no me parece de recibo es que se diga que este Gobierno
ha abandonado a los autónomos -y se ha dicho por parte de varios intervinientes-, cuando el volumen de ayudas destinadas a los autónomos durante la pandemia ha ascendido a más de la recaudación total del régimen durante un año. No quiero comparar
con otras crisis, pero hemos volcado en ayudas más que el volumen de la recaudación del régimen de un año. ¿Y eso qué supone? Pues eso ha supuesto, por ejemplo, que la afiliación de los autónomos lleve ya bastantes meses por encima de la
afiliación antes de la pandemia; prácticamente la afiliación de los autónomos no se ha visto afectada por pandemia. Los autónomos lo han pasado muy mal, sería estúpido decir lo contrario, pero desde este ministerio y desde esta Secretaría de
Estado de Seguridad Social se han puesto medidas en el ámbito de sus competencias que han contribuido a que por lo menos se palíe esta situación. Al inicio de la pandemia desde ciertos ámbitos se nos pedía reducir las cotizaciones de los autónomos.
El Gobierno no solo ha reducido las cotizaciones de los autónomos, sino que además ha introducido una prestación extraordinaria, una prestación nueva para los autónomos que no pudieran trabajar o que se hubieran visto obligados a reducir su
actividad -o sea, les hemos dado, por así decirlo, una paga de desempleo-, y eso ha supuesto un volumen de gasto muy importante. Yo creo que la protección que han tenido los autónomos durante este periodo no tiene parangón en la historia de nuestro
sistema de protección social. No me parece aceptable que se diga que se ha olvidado a los autónomos porque les subimos 8 euros la base de cotización, que es la previsión de la subida del IPC.
Al señor Ferran Bel, siguiendo con el tema de los autónomos, le explico la subida del 12 %. La subida del 12 % tiene que ver con el hecho de que con la desaparición de las ayudas o la disminución de la prestación desaparece la exención de
cotización que tenían muchos; lo que había era una eliminación de la cotización que ahora ya no hay. Esa es la cuestión, más luego el efecto de la subida de la base y de la subida de la afiliación. El efecto grande de ese 12 % del que me habla
usted fundamentalmente viene por ahí. Sabe que en los autónomos, aparte de la prestación, había porcentajes muy importantes, porque lo que tienen es una exención de cotización total o parcial como consecuencia de la prestación extraordinaria, y
según iba acabando la prestación pasaban a la exención. En 2022 no contemplamos que vaya a ser esta la situación, con lo cual desaparece. Es un efecto estadístico.
Respecto al IMV, efectivamente, la previsión de liquidación que manejamos en 2021 va a ser inferior a lo presupuestado. Yo creo que va a haber una previsión de liquidación de 2100 o 2200 millones, que es una previsión de liquidación ya de
cierta importancia. Aquí yo creo que siempre hay que poner sobre la mesa que esta es una prestación absolutamente nueva, una prestación con la que nos estamos dirigiendo a colectivos francamente desatendidos. Es verdad que por parte de algunas
administraciones autonómicas había ayudas que funcionaban más o menos bien, pero en otras no había nada y en otras había algunas que funcionaban muy mal. Había muy poca experiencia de cómo iba a funcionar esta prestación. Yo creo que se hizo algo
que es muy inhabitual, que es una evaluación ex ante de cuál podría ser el impacto de esta medida. Me atrevo a decir que es la política social con una memoria económica más detallada, más trabajada y más académica que se ha realizado nunca en este
país. Se estudió y se analizó con cruces de datos masivos de la Seguridad Social, de Hacienda y del INE cuál podría ser el número de los potenciales beneficiarios y quiénes cumplían los requisitos y, a partir de ahí, se hizo esa estimación que en
cuantía son los famosos 800 000 hogares beneficiarios y que en importe ascendía aproximadamente a esos 3000 millones. Es evidente que la realidad ha quedado por debajo de esa previsión. La buena noticia es que no ha quedado por debajo porque la
gente no haya llegado o porque la tramitación no se haya producido. Es verdad que durante los primeros meses que coincidieron con lo peor de la pandemia hubo cierta congestión en la tramitación de la prestación, pero inmediatamente la Seguridad
Social -en concreto, el INSS- volcó una cantidad muy importante de recursos; se automatizaron un montón de procesos que hasta ahora no se habían automatizado, incluso en algún caso con las haciendas forales; se crearon ex profeso procedimientos
que no existían para esto, que luego han utilizado también las haciendas forales para lo mismo, y se consiguió que más de un millón de solicitudes que se habían presentado en poquísimo tiempo fueran tramitadas. Es decir, todas las solicitudes que
se han presentado se han procesado.
Ha habido un porcentaje importante de prestaciones que se han rechazado, fundamentalmente por no cumplir requisitos de ingreso o de patrimonio. Es decir, se han rechazado solicitudes de gente que, de acuerdo con los criterios del IMV, no
cumplen este requisito de pobreza severa, por lo cual ahí yo creo que no debería haber gran preocupación por parte de nadie. El problema lo podemos tener con gente que habíamos detectado en ese análisis ex ante que, cumpliendo esos requisitos, no
ha venido. La pregunta es por qué no han venido. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, que nos hemos hecho y que nos estamos haciendo. Yo no sé si ayer la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión les avanzó algo de esto
-yo creo que en algún momento se contará-, pero el ministerio está realizando una evaluación de dónde están esas discrepancias entre lo analizado ex ante y el resultado ex post para, con esa mentalidad inquisitiva que nos caracteriza, intentar
averiguar qué ha fallado e intentar corregirlo. Vamos a intentar, primero, que con las modificaciones del ingreso mínimo vital que se hagan se reduzca esto que en la terminología académica se llama el non take up -es decir, que alguien tiene
derecho a una prestación pero no la pide- y, luego, en el caso concreto de esta gente que ya hemos detectado que en principio cumpliría esos requisitos, veremos por qué no lo ha pedido. Hay una previsión de actuar sobre este aspecto; ya le digo
que no es estrictamente algo que yo esté haciendo, pero creo que es muy relevante que se ponga de manifiesto. El ingreso mínimo vital ha venido para quedarse y es una política para la que tenemos que poner todos los medios, todos los recursos y
toda nuestra capacidad, nuestro trabajo y nuestra inteligencia, porque si hay alguien que lo requiere son los beneficiarios del ingreso mínimo vital: la gente con menos recursos, más necesitada y a la que tenemos que atender de una manera más
decidida.
La verdad es que me da pena eso que me ha dicho usted de que somos la Administración peor valorada durante la pandemia. Yo creo que quizá, como hemos sido la frontera y la primera trinchera de defensa social frente a la pandemia en muchos
casos -nosotros, el SEPE y una serie de instituciones-, cuando tienes que ir a un sitio al que no estás acostumbrado a ir lógicamente te quejas. La queja es absolutamente legítima y creo que parte de esa queja responde a una realidad, pero debemos
tener en cuenta los datos: el número de prestaciones que se han concedido y los tiempos de tramitación. Han aumentado muchísimo las solicitudes, ha aumentado muchísimo la demanda de nuestros servicios en un momento en el que esto tenía que ocurrir
pero que ha coincidido con una situación en la que los funcionarios no podían estar presencialmente o tenían que estar por turnos o con jornadas reducidas por cuestión sanitaria y, aun así, hemos conseguido que los porcentajes y los plazos de
tramitación no se vean afectados significativamente. Al contrario, a mí me gustaría felicitar al personal y a la plantilla de la Seguridad Social -y lo extiendo al personal del SEPE, del Fogasa y de otras instituciones-, porque han
tenido una labor extraordinariamente exigente durante estos años. Lógicamente, no quiero que esto me haga caer en la complacencia. Creo que tenemos problemas importantes, fundamentalmente derivados -y ahí sí que se lo tengo que reconocer-
de la cuestión del personal. Tenemos una plantilla que se está reduciendo enormemente por las jubilaciones; aunque se incorpora mucha gente, se jubilan muchos más. Se nos están jubilando del orden del 5 % de la plantilla cada año, lo que es una
auténtica barbaridad. Es una cuestión que tenemos que abordar y yo creo que es el momento de abordarlo. El Pacto de Toledo lo ha apreciado así y ha hecho una recomendación también muy clara en ese sentido: los medios tienen que ser los adecuados
para poner en marcha todas estas políticas y la demanda tiene que ir acompañada de una oferta adecuada.
En paralelo a esto, lo que estamos haciendo es poner todo tipo de medios tecnológicos en la medida de nuestras posibilidades, y algo de esto he esbozado. Vuelvo a mencionar el Import@ss, porque creo que verdaderamente va ser una aplicación
que va a funcionar muy bien y que va ayudar a mucha gente, pero, lógicamente, eso no quiere decir que vayamos a dejar de tener una atención presencial. De hecho, nuestra voluntad es tener una atención presencial proporcional a la demanda que
tenemos y, además, creemos que debe ser una atención presencial de calidad. Ese es nuestro objetivo. Mencionaba el señor Cabezón que soy funcionario de la Seguridad Social. Yo soy funcionario de Seguridad Social, de lo que me siento muy
orgulloso, y por supuesto que quiero que la sociedad tenga la mejor imagen de los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social y del servicio que prestamos. Es algo que llevamos muy adentro, y por eso me duele que me haya dicho usted
esto, pero no se preocupe, que estamos decididos a trabajar en favor de ello.
En cuanto a la pregunta de si el escenario inflacionista pone en peligro el sistema, me remito a mi respuesta de antes: el escenario inflacionista es para lo que tiene que estar preparado el sistema, y fundamentalmente tiene que estar
preparado para dar cobertura a aquellas personas que están indefensas ante un aumento de la inflación, como son los pensionistas. Creo que este es el mejor momento para que empiece a funcionar la nueva fórmula que el Pacto de Toledo ha recomendado.
En cuanto a la señora Franco, le agradezco sus palabras iniciales. Con respecto al destope de cotizaciones más altas, hay un elemento en las medidas acordadas con la Comisión Europea en el seno del componente 30 que no habla de destope,
pero que forma parte del segundo paquete de medidas a negociar con los agentes sociales, que está relacionado, más que con la subida de la base máxima, con una reflexión sobre esa relación entre la base máxima y la pensión máxima desde el punto de
la sostenibilidad y de la equidad del sistema. Creo que esto sí que es un elemento que tendremos que trabajar con los agentes sociales y, aunque en estos momentos no estoy en disposición de dar grandes detalles, es una preocupación que tenemos en
mente porque es un elemento muy importante de nuestro sistema. Les ponía antes una diapositiva en donde se veía que tenemos un sistema muy contributivo, en el que gran parte de los gastos se financian con cotizaciones, pero eso no quiere decir que
sea un sistema neutral. Es decir, un sistema en el que las cotizaciones tienen topes, en el que las pensiones tienen topes, tiene efectos distributivos que a veces no son transparentes ni inmediatos de deducir a partir de la grandes cifras.
Entonces, una cosa que queremos hacer es un análisis no solo de agregados, sino también de los microdatos y de los efectos distributivos del sistema, de la cotización, de la financiación con impuestos, porque la financiación con impuestos de una
parte de los gastos tampoco es neutral desde el punto de vista distributivo. Los impuestos, fundamentalmente, son más progresivos que las cotizaciones sociales, por lo que también hay un elemento de redistribución en el que parte de los gastos se
están financiando con impuestos. Todo este análisis, que es muy interesante, que creo que no se ha hecho y falta por hacer, lo queremos incorporar en el diseño de nuestras medidas y, sobre todo, en el diseño de estos elementos de largo plazo del
sistema.
En cuanto a lo que me comentaba usted respecto a los pensionistas con más de cuarenta años, pues pensionistas con más de cuarenta años hay muchísimos, de hecho, creo que el 55 % de las altas de jubilación que tenemos cada año son con gente
con más de cuarenta años. O sea, no es algo excepcional, y yo diría que, por suerte, la gente trabaja mucho y puede hacerlo. Pero, efectivamente, el proyecto de norma que está en el Congreso contempla distintos elementos, no hay solo uno, hay un
mosaico de elementos que no quiero llamar premio, pero que, de alguna manera, sí premian esas carreras largas de cotización y favorecen comparativamente a trabajadores con carreras más largas, que en la definición no es exactamente de cuarenta años,
sino que fijamos el umbral un poco más alto con respecto al resto de pensionistas.
Al señor Sáez le quiero recordar, en relación con esta enmienda a la totalidad -y contesto a la vez al señor Cabezón- sobre el realismo de los ingresos, que el año pasado por estas fechas usted me estaba diciendo que la previsión de ingresos
que presentaba aquí era absolutamente irreal, imposible de cumplir y fantasiosa, y vamos a tener una liquidación de cotizaciones 2000 millones por encima de la previsión. Todos nos podemos equivocar, yo el primero, esto es muy difícil. Yo he
trabajado muchos años haciendo previsiones y por eso soy consciente de que lo normal es no dar una. Aunque no conocía esas palabras de ayer de la presidenta de la AIReF que ha comentado la señora Perea, me satisface mucho y me alegra saber que
coincido con los modelos de la AIReF. Creo que son muy defendibles y respetables los modelos que utilizan el Banco de España y los modelos que utiliza la AIReF. Yo los conozco, en parte por mis anteriores responsabilidades, y sé que son modelos
muy buenos, están en la frontera de la tecnología, pero son falibles y, sobre todo, en unas situaciones como las presentes son muy muy falibles, entre otras cosas, porque en parte algunos de los inputs que reciben esos modelos son datos que
provienen de encuestas, y en la situación actual estamos viendo que muchos datos de encuestas están teniendo unos niveles de volatilidad muy grandes y no son tan fiables como en otras situaciones. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho la revisión
de la contabilidad trimestral que hizo el INE, a mí y a mucha gente, porque no es habitual una revisión de esa cuantía. Nosotros, lógicamente, atendemos al cuadro macro, atendemos a los indicadores macroeconómicos del INE y a los indicadores
financieros. Hay una serie de indicadores que seguimos, pero, fundamentalmente, a efectos de nuestras previsiones, nos fiamos sobre todo de nuestros datos de afiliación y de nuestros datos de bases de cotización. Esto es hard data, aquí no hay
encuesta, esto es contante y sonante. Además, el que se me afilia, me paga, o sea, le cuesta dinero estar afiliado. Por lo tanto, hay poco margen ahí para que haya errores.
Estos datos van extraordinariamente bien, lo cual no quiere decir que esto pueda cambiar. Confiamos en que no, pero hoy en día, con la información que tenemos y con los últimos datos que van entrando, la previsión de ingresos no me parece
para nada poco realista. Aquí pueden pasar mil cosas. Nadie preveía en el presupuesto de 2020 que iba a haber una pandemia. Lógicamente, incluso sin haber una pandemia, los presupuestos pueden errar y pueden hacerlo por el lado de las
cotizaciones. En ese sentido, estoy relativamente tranquilo, porque creo que la previsión es realista y que se ha hecho con la mejor información disponible. Le reitero el emplazamiento, el año que viene nos vemos, y a ver cómo ha ido la cosa.
En relación con la otra enmienda a la totalidad que me hacía usted respecto a la estructura del sistema, sobre que los ingresos por cotizaciones no financien totalmente las prestaciones, a ver, esto es lo común en todo el mundo. En ningún
sitio todo el gasto del Sistema de Seguridad Social se financia solo con cotizaciones. Nosotros estamos en la parte alta de ese rango, es decir, tenemos un porcentaje muy elevado del sistema que se financia con cotizaciones. Creo que aquí -y el
Pacto de Toledo así lo ha reconocido- lo que estaba ocurriendo es que estaba habiendo un deslizamiento de gasto que no se estaba viendo acompañado. Aquí podemos hacer dos cosas: podemos aumentar el gasto y aumentar las cotizaciones para mantener
esa estructura, o podemos reconocer que ese gasto a lo mejor tiene una naturaleza no contributiva y financiarlo con impuestos. Eso es lo que se ha decidido por el Pacto de Toledo. A nosotros nos parece que es lo razonable y nos parece que no
desnaturaliza el sistema para nada, sino que mantenemos un sistema fundamentalmente contributivo, perfectamente sostenible y que, lógicamente, exige que allí donde se generan los ingresos también se haga un ejercicio de sostenibilidad fiscal como se
está haciendo. En ese aspecto, esta estructura de gastos e ingresos me parece perfectamente homologable a la mayor parte de los países de nuestro entorno. Trasladar la imagen de que esto no es sostenible -porque los ingresos, de alguna manera,
tienen un origen fiscal frente a un origen en cotizaciones- es irreal. O sea, tan sostenible es el gasto en carreteras que se financia con impuestos como el gasto en pensiones que se financia en parte con impuestos y en gran parte con cotizaciones
sociales.
Contesto al señor Cabezón. Empezando por lo que dice de que no es coherente un equilibrio del sistema en 2023-2024 con un aumento del gasto en 2050, creo que me he explicado muy mal. ¡Es perfectamente coherente! O sea, nosotros tenemos un
sistema que está muy cerca del equilibrio en el presente, tenemos un sistema con un volumen de cotizaciones elevado, tenemos un sistema con un volumen de pensiones ligeramente por debajo de la media, y eso no quita que tengamos una pirámide
demográfica que va a hacer que aumente mucho el gasto de aquí al 2050, como le está ocurriendo y le va a ocurrir a prácticamente todo Occidente. Es perfectamente coherente. Además, usted está en la Comisión del Pacto de Toledo, sabe perfectamente
los debates que ha habido allí y lo que se ha hablado sobre este tema.
Ustedes tenían un problema muy grave, que era que estaban tratando de aportar recomendaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, cuando teníamos un problema de déficit enorme en el corto plazo, que, entre otras
cosas, introducía un enorme ruido a la hora de tomar medidas respecto al largo plazo. Yo no quiero ser mal pensado. Creo que esto, en parte, tiene que ver posiblemente con que las malas noticias siempre son más poderosas que las buenas y no
ayudaba nada el estar debatiendo sobre la sostenibilidad del sistema a 2050 cuando tenías un problema de déficit que parecía gravísimo en el corto plazo. Entonces, cuando se ha visto que ese problema de déficit en el corto plazo no era gravísimo,
que se podía solucionar con una ordenación de dónde estaban los gastos, cuál era su origen, cómo se tenían que financiar, cuando hemos reducido el problema y hemos puesto cada gasto y cada ingreso en su sitio y partimos de una situación -yo creo-
más racional, ahora tenemos que atender a la situación de largo plazo. Y ese trabajo nos lo han dado ustedes hecho, de lo cual estamos muy agradecidos.
Ahora, en la situación de largo plazo, es cuando hay que tomar medidas y ver qué tipo de medidas se adoptan para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema. Se han adoptado ya muchas y están en ese proyecto de ley que está ahora
mismo en el Congreso. De hecho, se han adoptado medidas que responden al grueso del impacto de la revalorización, de acuerdo con nuestros cálculos, con los cálculos de Economía y con los cálculos de Logging Working Group. El mayor impacto sobre la
sostenibilidad a largo plazo lo produce el aumento de la edad efectiva de jubilación, que es donde se vuelca el grueso de la reforma que ahora se está tramitando.
El factor de sostenibilidad es un elemento que también tiene un impacto en el gasto mucho menor. De hecho, yo creo que el gran éxito -alguna vez me lo habrá oído usted decir- del factor de sostenibilidad fue un éxito de branding -de ponerle
el nombre-, porque vincular ese factor con la sostenibilidad lo hace aparecer como mucho más importante de lo que cuantitativamente es, como todos los modelos reconocen. El impacto sobre la reducción de la pensión que tenía el factor de
sostenibilidad era como un tercio del impacto del IRP. O sea, el IRP reducía la pensión tres veces más que el factor de sostenibilidad. Los dos lo hacían, pero el IRP más. El factor de sostenibilidad probablemente no contribuía gran cosa a la
sostenibilidad del sistema, pero se le puso un nombre muy afortunado y hemos puesto todos mucho el foco en esto. Yo creo que es un elemento importante, por supuesto, y nosotros estamos trabajando en un mecanismo de equidad generacional para que
tenga unos efectos semejantes a los que tenía el factor de sostenibilidad, pero que no tenga los problemas que aquel elemento tenía.
No sé cómo contestarle a esto, pero pensar que va a haber un trato desigual a los pensionistas... Sabe usted que eso no es así. Eso, directamente, es imposible con la legislación actual. En ningún caso va a ser así y es una auténtica
barbaridad. Existe un precedente, que conoce usted muy bien, que son las pensiones no contributivas que paga el País Vasco. Son pensiones financiadas con impuestos y en los territorios forales ya son pagadas directamente por la Administración
territorial. Eso no quita que la normativa sea nacional y que, por supuesto, la cuantía sea nacional. O sea, ustedes han gestionado estas prestaciones, no debería sorprenderles. El pago, al final, no deja de ser un acto administrativo más. Yo
creo que es un auténtico disparate decir que esto tenga ninguna incidencia sobre el importe de las pensiones.
Me ha hecho muchas preguntas al final y la mayor parte no tienen mucho que ver con la cuestión de presupuestos. Con respecto a la creación del fondo de pensiones, lógicamente, continuamos con la previsión. Este es un elemento que ya se
incorporó a la Ley de presupuestos del año pasado, que es el compromiso de traer al Congreso una ley con la creación de un fondo público de pensiones. Del fondo público de pensiones me atrevo a decir que realmente es un elemento secundario del
esquema que tenemos pensado respecto al ahorro complementario. Lo que les he explicado es que queremos potenciar los planes de empleo frente a los planes individuales y eso, como tenemos un sistema de planes de empleo muy poco desarrollado -como
les decía-, requiere de algunos elementos para que esto pueda funcionar. Entendemos que es introducir un elemento de oferta de planes de empleo -en este caso, de fondos y de planes de empleo simplificados- y creo que ese elemento es el fondo
público, un fondo que incremente, por un lado, la competencia en el sector, que introduzca una opción adicional para determinados colectivos y, por otro, que facilite la creación de esos planes de empleo en las empresas que no lo tienen. Lo
fundamental es que los planes de empleo se creen a nivel de empresa, que los autónomos tengan acceso a ellos. Esto para nosotros es lo más relevante. Y respecto al fondo, sí, tendrá que existir un fondo, porque creemos que también es necesario,
pero nos parece casi un elemento secundario. Es verdad que a lo mejor ha sido muy llamativo, pero el diseño institucional que estamos pensando tiene más que ver con cómo se introduce la creación de estos planes de empleo en
la negociación colectiva, cómo se facilita la creación de planes de empleo en un entorno que a lo mejor no está acostumbrado a ello, en el que no hay experiencias. A esto le estamos dedicando más trabajo ahora, al diseño de estos elementos.
Señora Perea, absolutamente de acuerdo: el tema de la separación de fuentes es claramente una decisión política. Hay una decisión política de que el sistema sea sostenible y que los recursos que lo hagan sostenible puedan venir de
cotizaciones o de impuestos; o sea, el mix es muy variado. Yo se lo recomiendo, hay un informe de la Comisión Europea -creo que es del año 2017- que habla de las fuentes. Es un documento un poco técnico, pero es muy legible. Habla de las
distintas formas de financiar los sistemas de Seguridad Social en Europa. Entonces, el mix es enorme: tenemos desde sitios donde se financia casi todo con cotizaciones -nosotros estamos más cerca de esos-, hasta sitios donde se financia todo con
impuestos. Luego, por el lado del gasto, son muy parecidos. O sea, tenemos sistemas muy parecidos desde el punto de vista del gasto y muy distintos desde el punto de vista de cómo se financian esos gastos. Ahí la decisión es absolutamente
política, yo creo que no todas las formas tienen los mismos impactos distributivos, como decía, y ese es un elemento a considerar; no todas las formas tienen los mismos impactos sobre la eficiencia, hay impuestos que son más ineficientes que otros.
Yo creo que ese es un debate muy técnico, pero la decisión es perfectamente legítima y, sobre todo, de lo que se trata es de transmitir certidumbre y tranquilidad a los pensionistas. O sea, ustedes no se preocupen por el gasto, que el gasto se va a
financiar, y ya veremos cómo lo hacemos de la mejor manera posible.
Y me gusta referirme al Pacto de Toledo como ese cuerpo bipartisano que adopta decisiones mirando a largo plazo y no tanto al debate del día a día. Yo creo que se tomó la decisión de que esto es financiable, queremos que las pensiones estén
garantizadas y queremos revalorizarlas con el IPC. Creo que esos mensajes son inequívocos. Por eso me sorprende que ahora se reabran determinados temas, cuando parecía que había unanimidad en ese aspecto. De hecho, lo que se está haciendo con la
financiación de estos gastos impropios no es ni más ni menos que profundizar en el concepto de separación de fuentes, que ha estado entre las recomendaciones del Pacto de Toledo desde su primera encarnación. La separación de fuentes tiene muchas
ventajas y yo creo que aquí lo que estamos haciendo es culminarla. Igual que había una voluntad política de sostener el sistema, puede que en algún caso haya habido una voluntad política de hacerlo insostenible. No me atrevo a decir tanto, pero
hay determinadas decisiones que son difícilmente entendibles desde el punto de vista de la sostenibilidad. Ha habido decisiones que han sido muy irresponsables, como todas estas de cargar el sistema de gastos no propios del Sistema de Seguridad
Social sin garantizar la financiación de los mismos y que, al final, se iban a traducir en el debate público en que el sistema tiene un déficit enorme y un déficit creciente. Creo que esto no ayudaba en nada al sistema, entre otras cosas, porque
después favorecía que el autónomo, que a lo mejor estaba decidiendo sobre qué base iba a cotizar, eligiera una base menor, que no se correspondía estrictamente con sus ingresos, porque pensaba: si, total, esto es insostenible... Al final, esas
cosas que parecen intrascendentes tienen consecuencias reales. Entonces, les tengo que felicitar como miembros del Pacto de Toledo, porque por fin han puesto negro sobre blanco una serie de cosas, y yo creo que hacía falta esa actitud decidida. Lo
que nosotros ahora estamos intentando es legislar sobre esa base.
Y creo que, más o menos, he contestado a todo. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus explicaciones.
Vamos a hacer una parada, y en este intermedio realizaremos la reunión de Mesa y portavoces. (Pausa).
- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (SÁNCHEZ MILÁN). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/001833); PLURAL (números de expediente 212/001459 y 212/001915); VOX (Número de
expediente 212/001530); POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001661), Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/001748).
La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a esta segunda comparecencia.
En primer lugar, cómo no, quiero darle la bienvenida a la secretaria de Estado de Función Pública, doña Lidia Sánchez Milán. Sin más, le doy la palabra para que empiece con la primera exposición.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Sánchez Milán): Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.
Señorías, para mí es un honor comparecer por primera vez en esta Comisión de Presupuestos, para una actuación tan relevante como compartir los aspectos más importantes del presupuesto 2022, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Función
Pública. Tenemos por delante -como tendré ahora ocasión de compartir- mucho camino por recorrer, y ya les adelanto mi colaboración y mi disposición a atender cualquier cuestión que planteen, porque todas las aportaciones serán siempre bienvenidas y
contribuiremos entre todos a avanzar.
Como digo, voy a hacer una exposición previa sobre esos aspectos relacionados con el presupuesto en el ámbito de la secretaría de Estado. No me voy a extender en la parte relacionada con el contenido general de los presupuestos, sino que me
voy a centrar en su relación con la Administración pública y el empleo público, que son los aspectos relacionados con mi competencia.
En estos momentos, una vez que se ha superado la fase más aguda de la pandemia, nos encontramos en una etapa en la que no solo hemos de centrarnos en la recuperación, sino que tenemos que salir de esta recuperación mucho más robustos, mucho
más reforzados y mejores. Por tanto, estamos en la dinámica fundamental de abordar un proceso de reforma y de transformación de la Administración pública, un objetivo que, en este momento de recuperación de la pandemia, también nos exige la
Comisión Europea. Para llevar a cabo ese proceso de transformación, contamos con un instrumento que consideramos que es más que una oportunidad, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un instrumento imprescindible, que
posibilitará y ayudará en este proceso de transformación. Saben que dentro de las diez políticas palanca que contiene y que vertebran el plan, hay una, la cuarta, denominada Administración del siglo XXI, que es la que, concretamente en el
componente 11, contiene el grueso de esta actuación. Ese componente lleva un conjunto de reformas, un conjunto de inversiones que se encuadran en la modernización y digitalización de la Administración, con ocho líneas de actuación para la reforma,
de las cuales cinco competen directamente a la Secretaría de Estado de Función Pública. La inversión 3, de Transformación Digital y Modernización, afecta muy especialmente al desarrollo de las actuaciones del propio ámbito de la secretaría de
Estado, pero también de manera muy importante a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Para llevar a cabo todas estas líneas de actuación se han fijado unas fechas, unos hitos, unos objetivos, y es necesario llevar a cabo su
cumplimiento. Pero aunque el soporte inversor sea muy relevante, quiero poner de manifiesto que las reformas que conlleva el Plan de recuperación son las que van a posibilitar los verdaderos cambios a los que nos orientamos.
La Secretaría de Estado de Función Pública es la responsable de la dirección y gestión de la Administración pública y del empleo público -como les decía antes, los dos focos, administración y empleo-, y el objetivo principal es la mejora de
la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Para el ejercicio de estas competencias, la secretaría de Estado cuenta con una serie de centros directivos y, sobre todo, al frente de los mismos hay grandes profesionales que ponen sobre la
mesa todos los días el apoyo y el compromiso para llevar a cabo este objetivo. El presupuesto global contenido en la ley de presupuestos 2022 asciende a 2282 millones de euros, lo que supone un incremento de 101,9 millones de euros y un porcentaje
de crecimiento del 10,03 %. Este presupuesto está integrado en siete programas, de los cuales dos son específicamente de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Voy a cortar un poco la intervención y no voy a citar esos programas ni cuál es su importe, porque es una información que creo que todos tienen y no quisiera extenderme demasiado, pero me van a permitir, señorías, que me detenga puntualmente
en lo que hay detrás de las cifras, de los porcentajes, de los grandes números de los que venimos a hablar aquí, que son las personas, por la especial relevancia que tienen. Las administraciones públicas son personas que cuidan y atienden las
necesidades de otras personas. Por eso, quiero destacar que el alma y el motor de los servicios públicos son sin duda las trabajadoras y los trabajadores del sector público. Ellos son la garantía de calidad que conlleva el Estado de bienestar.
Desde aquí quiero reconocer y reivindicar el papel que desempeñan, cuya importancia se pone de manifiesto todos y cada uno de los días, aunque se ha mostrado especialmente en el peor momento de la pandemia.
Voy a detallarles ahora las cifras más relevantes que presento, pero lo voy a hacer agrupadas en los tres ejes sobre los que estamos pilotando todo este proceso de transformación. Estos ejes son: la ciudadanía, el conjunto de los empleados
y empleadas públicas y la organización, los procesos, la institución en definitiva. Estas cifras que voy a compartir no agotan todas las actuaciones que llevamos a
cabo en el ámbito de la secretaría de Estado, porque la secretaría ejerce funciones y ostenta competencias que muchas veces no tienen reflejo presupuestario en el propio presupuesto del Ministerio de Hacienda y Función Pública, sino en otros
departamentos ministeriales, incluso en otras administraciones, dado el carácter de competencia básica de muchas de las actuaciones que llevamos a cabo.
El primer eje que he citado, la ciudadanía, tiene como objetivo central situar a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la gestión pública. Esto lo estamos haciendo reforzando el valor de lo público, fomentando el ejercicio efectivo
del derecho democrático a la participación, actualizando los procesos de acceso al empleo público y poniendo en marcha medidas para atraer a los y a las mejores profesionales. ¿Cuáles son las líneas presupuestarias que sustentan estos objetivos del
primer eje? Serían, en primer lugar, apostar de manera decisiva por la transparencia, para lo cual el programa 921.X, que gestiona el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -autoridad independiente que tiene sus presupuestos incardinados en el
ámbito de la Secretaría de Estado de Función Pública, aunque, por supuesto, es independiente- tiene una dotación de 3 millones de euros, con un incremento de 617 000 euros. Lo más relevante es que representa la política que más crece de las que se
gestionan dentro de la secretaría de Estado, con un crecimiento del 25,86 %. Esta mayor subida va a posibilitar que aborde de una manera suficiente los recursos humanos necesarios para llevar a cabo su cometido con eficacia. El incremento también
permitirá el desarrollo y actualización de un novedoso sistema informático que va destinado a enriquecer la metodología de evaluación y seguimiento de la transparencia de la actividad pública.
En segundo lugar, estamos en pleno desarrollo del IV Plan de Gobierno Abierto y del Plan de Captación de Talento de la Administración General del Estado. Para esto, el presupuesto contiene una serie de inversiones, una serie de actuaciones
contenidas -algunas de ellas, como digo- en el Plan de recuperación. Es destacable el Proyecto de Gobierno Abierto Inclusivo en el Entorno Digital o el Proyecto de Atracción de Talento Digital en las Administraciones Públicas, de manera que vayamos
acompañando todo el proceso de digitalización de la Administración con la atracción de ese talento y con la formación y la capacitación adecuada de los empleados y empleadas públicos.
Me voy a referir, en tercer lugar, dentro de este capítulo de la ciudadanía, a uno de los aspectos más relevantes de la ley de presupuestos en el ámbito de la secretaría de Estado, que es el de la tasa de reposición. Precisamente con el fin
de incorporar nuevo personal a la Administración, en el año 2021 hemos aprobado una oferta de empleo público histórica, con 30 455 plazas ofertadas. En esta misma línea y con esta misma finalidad, en el proyecto de ley de presupuestos para 2022 la
tasa de reposición ordinaria alcanza el 110 % como norma general y el 120 % para los sectores prioritarios, que son la educación, la sanidad, los servicios de empleo y los servicios sociales, que constituyen además el grueso de la actuación. Lo
prioritario domina cuantitativamente también la definición de los sectores y, por tanto, ese 120 %. Seguimos manteniendo una especial atención a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las policías autonómicas y locales, con una tasa de
reposición del 125 %. Todo ello es un paso más en la defensa del empleo público, reforzado ya desde la Ley de presupuestos de este año vigente, la de 2021, que ya elevó como mínimo al 100 % la tasa de reposición. Además, algo muy relevante que
incorpora la ley de presupuestos para el año de 2022 es que hemos previsto una serie de reglas de flexibilización que tienen como finalidad mejorar la gestión y hacerla más atractiva y que, en el fondo, junto con la tasa de reposición, constituyen
un nuevo modelo de gestión de la tasa. Yo solamente les voy a enunciar esos elementos novedosos, que han sido muy demandados por las organizaciones sindicales, por la Administración local y por las comunidades autónomas. Esas reglas de
flexibilización, que suponen una tasa de reposición más alta aun que la que ya acabo de enunciar, son las siguientes. En primer lugar, la de los nuevos servicios. Cuando haya que poner en marcha nuevos servicios, los recursos necesarios para
hacerlo no se detraerán, no computarán de la tasa de reposición aprobada, serán un plus -además de- para poder llevar a cabo esa prestación con los recursos suficientes. En segundo lugar, aquella Administración que lleve a cabo un proceso de
internalización y asuma la prestación directa de servicios públicos tampoco consumirá tasa de reposición para llevar a cabo la prestación de esos servicios. En tercer lugar, se permite también, para llevar a cabo una llamada a la agilización de los
procesos, que se pueda acumular la tasa de reposición, que, como saben, proviene del cómputo del ejercicio anterior, con la que se genere dentro los seis primeros meses del ejercicio corriente, de manera que pueda hacer una gestión mucho más amplia,
más atractiva y que facilite esa gestión que les digo. En cuarto lugar, quiero citar también que todas aquellas plazas que no se cubran antes de los tres años de haberlas incorporado a una oferta empleo público podrán incorporarse a la nueva oferta
de empleo público, sumando a la que ya conlleve la oferta de empleo público de la que se trate. Lo último que voy a citar dentro de esta regla
de flexibilidad es que también establecemos una tasa adicional, basada solamente en la suficiencia financiera -si hay recursos se podrá llegar hasta donde sea necesario- en el ámbito de la prevención y la extinción de incendios. Como decía
antes, esta tasa de reposición y sus reglas de flexibilidad, junto a la tasa de reposición extraordinaria de los procesos de estabilización suponen un considerable incremento y una creación neta de empleo público.
Cierro este eje citando dos proyectos de inversión relevantes dentro del Plan de recuperación, como son la modernización del Catálogo de Procedimientos para la Transformación Digital o el Proyecto de Mejora y Refuerzo en los Registros
Electrónicos, todos ellos como inversiones específicas contenidas en los presupuestos.
El segundo eje que había citado es el del conjunto de los empleados y empleadas públicos. Este eje se orienta a reforzar las competencias profesionales de los empleados, apostando por el talento interno, garantizando la protección social a
través de mutualismo administrativo, así como fomentando la igualdad y la diversidad como rasgos diferenciadores del trabajo en la Administración pública. Las líneas presupuestarias que sustentan estos objetivos son otro de los elementos más
relevantes que contienen las leyes de presupuestos, en este caso la del año 2022.
La primera medida es, en este caso, la subida salarial del 2 % de las retribuciones de los 2,7 millones de empleados y empleadas públicos, que tiene por objeto mantener el poder adquisitivo del conjunto de empleados y que ha supuesto, desde
el año 2018, una recuperación del poder adquisitivo de 3,7 puntos.
La segunda medida es la formación del personal de las administraciones públicas. Siempre nos pareció una política imprescindible, pero ahora es especialmente necesaria, y el programa 921.O, que gestiona el Instituto Nacional de
Administración Pública, asciende a 108 millones, lo que supone un incremento de 12,3 millones de euros. Quiero llamar especialmente la atención sobre una partida de 7 millones de euros especial que tiene el INAP, dirigida a un plan de impulso
focalizado en la realización de actuaciones de mejora en varias áreas de la innovación, el aprendizaje, la selección, la transformación digital y los recursos humanos. Dentro de ese plan de impulso, voy a citar la creación de un laboratorio de
innovación, como punto de encuentro, debate y experimentación del paquete de medidas de transformación de la Administración General del Estado.
La tercera de las actuaciones de este eje que he citado antes es la protección de los mutualistas y la prestación de la asistencia sanitaria que gestiona Muface a través de dos programas, el 222.M y 312.E. El presupuesto de Muface asciende
a un total de 1906 millones de euros. Es el programa más potente de los que se gestionan en el ámbito de la secretaría de Estado y supone un incremento neto de 91 millones de euros. También a Muface llega el Plan de recuperación, y citaré solo dos
de los proyectos relevantes de inversión que contiene el presupuesto para la evolución de la actuación de Muface, como son: el proyecto de la historia clínica digital para los mutualistas y la eliminación de los partes de incapacidad temporal en
formato papel y su sustitución por un parte electrónico.
Cerramos este eje con un punto muy relevante, y es que nos encontramos en pleno desarrollo del III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, que se contiene también como una línea de actuación de las más relevantes del Plan
de recuperación.
En último lugar, citaré el tercer eje de actuación, que les decía que estaba centrado en los procesos, en la institución y en la organización. Los objetivos de este tercer eje son: avanzar en un empleo público estable y de calidad,
reforzar los sistemas de integridad y ética pública, impulsar la evaluación de las políticas públicas y trabajar para liderar una Administración pública innovadora.
Las líneas de actuación recogidas en los presupuestos son, en primer lugar, como he citado, la reducción de la temporalidad, que es uno de los objetivos más importantes asociados a este eje. Está incluido en la reforma 1 del componente 11
del Plan de recuperación, y su primer hito se ha cumplido ya con la aprobación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, que, como ustedes saben, señorías, se está tramitando en estos
momentos como proyecto de ley. Esta medida implicará que a 31 de diciembre de 2024 se habrá dado carácter estable a más de 300 000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal desde hace más de tres años. Además, como he citado, es un
objetivo comprometido en el Plan de recuperación, y estamos convencidos de que lo podremos cumplir con la colaboración de todos y de todas.
En segundo lugar, otro aspecto muy relevante de este paquete de actuaciones es la elaboración de la ley de Función Pública de la Administración General del Estado, cuyo anteproyecto de ley está ya muy avanzado y prevemos que vea la luz a
finales de 2022. Se trata de una de las acciones también comprometidas en el paquete de reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y
contendrá aspectos tan importantes como la revitalización de los instrumentos de planificación. Creo que la planificación de los recursos humanos es uno de los elementos más potentes del anteproyecto de ley, como lo son también la
ordenación y la gestión de recursos humanos, el desarrollo de la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y la regulación del personal directivo público profesional. Todo esto, además, nos permitirá incorporar a la Administración del Estado
todo el potencial innovador del EBEP que aún no se había producido.
En tercer lugar, tenemos un paquete normativo muy potente en el ámbito de la secretaría de Estado y la tercera línea asociada a este eje sería la modificación de la regulación de incompatibilidades y conflicto de intereses de empleadas y
empleados públicos para adaptarla a las necesidades de la Administración actual y a los valores de integridad que la sociedad demanda. Asociada a esta línea, también en el Plan de recuperación, en el programa 92KC, tenemos dos proyectos de
inversión, como son la digitalización de los expedientes de gestión de estas incompatibilidades y la creación del portal de la oficina de conflicto de intereses.
En cuarto lugar, la reforma y transformación de la Administración también conlleva reforzar el sistema público de evaluación en las administraciones públicas, para lo cual estamos trabajando en la elaboración de la ley de
institucionalización de la evaluación de las políticas públicas, que también está muy avanzada y coincide con la de Función pública en que la intención es que entre en vigor a finales del año 2022.
Gran parte de las actuaciones de este eje se financian a través del programa 921.N, que es el programa propio de la secretaría de Estado y de sus centros directivos dependientes con rango de dirección general, y tiene como finalidad dotar a
la Administración de los recursos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos. Para conseguir ese buen funcionamiento de los servicios públicos queremos destacar también la importancia del diálogo social, la
importancia de impulsarlo como elemento indispensable para poder avanzar, manteniendo abiertos, además, todos los ámbitos de la negociación tanto de personal funcionario como de personal laboral, con el fin de crear las condiciones necesarias para
que el ejercicio del derecho a la negociación sea efectivo. Para ello, continuamos incorporando al presupuesto una subvención en 2022 dotada con 1 218 000 euros.
Ya termino, y lo hago un poco como empecé. Los presupuestos del año 2022 son los presupuestos de la recuperación económica, porque es en 2022 cuando tanto el Gobierno como los organismos internaciones prevén que España recupere los niveles
de actividad económica y supere los índices de empleo. También son las cuentas de la recuperación justa, puesto que el proyecto de presupuestos procurará que todos los colectivos sociales cuenten con más recursos y mejores servicios públicos. Son
las cuentas, además, con el mayor gasto social de la historia, gasto social en el que nosotros incluimos el relativo a los empleados y empleadas públicos, porque son la garantía de calidad de los servicios que presta el Estado del bienestar, que,
como he dicho al principio, no son otra cosa que personas que cuidan y atienden las necesidades de otras personas. Nosotros seguiremos, con diálogo social y con la negociación colectiva, protegiendo a los trabajadores y trabajadoras del sector
público y apostando por un empleo estable y de calidad, avanzando en el resto de materias contempladas en el EBEP y las que redunden en la mejora de las condiciones de trabajo, de acuerdo, además, con el compromiso que tenemos adquirido con los
sindicatos mayoritarios de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: CCOO, UGT y CSIF.
Por mi parte, no me queda nada más que agradecer mucho su atención. Quedo a su disposición para responder a las cuestiones que estimen convenientes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención y también por el esfuerzo en ser breve; se lo agradecemos de verdad.
Paso la palabra a los grupos parlamentarios. Empezamos por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra José María Espejo.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Muchas gracias, presidenta, y gracias también, señora secretaria de Estado, señora Sánchez, por su comparecencia.
En primer lugar, como consideraciones generales, nosotros pensamos que estos presupuestos están basados en un optimismo y en unas previsiones que realmente no creemos que se correspondan con la realidad, y esto es algo que ayer tuvo ocasión
de exponer el gobernador del Banco de España. Además, están negociados con los peores socios posibles y saldrán aprobados por los peores socios posibles, a los que, de hecho, no les importa tanto el fondo como que Netflix se haga en catalán, por
ejemplo. Ese
tipo de cosas son las que condicionan los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, nosotros, como siempre hemos hecho, vamos a intentar mejorarlos en la medida de lo posible con las enmiendas parciales que presentaremos los próximos
días.
En relación ya con las cuestiones que usted ha comentado, nosotros creemos que, a pesar de que lo ha mencionado casi de pasada, en el ámbito de la Función pública el principal asunto pendiente por parte del Gobierno es la solución del
problema de la temporalidad en la Administración. Usted ha venido a decir que ya se ha solucionado o que se ha dado un paso con el real decreto que se aprobó en este Congreso. Además, usted citaba que lo más importante son las personas, pero,
sinceramente, creo que aquí se están olvidando en gran medida de las personas. Está ya en marcha, como usted bien ha dicho, la ponencia, pero, claro, esa ponencia se ha suspendido precisamente o no se puede poner en marcha y a trabajar por el
trámite de los presupuestos, lo cual provoca que no pueda articularse una solución para las ofertas públicas de empleo que están actualmente en curso y que pueden dejar fuera de la solución definitiva que se adopte sobre esta cuestión a muchísimos
trabajadores temporales de la Administración. Me gustaría saber si ustedes tienen pensada una solución para eso, porque podemos llegar a una solución o intentarlo entre todos, ya veremos, para los trabajadores temporales en situación de abuso, pero
todos los que están saliendo ahora mismo de sus puestos de trabajo o pueden salir porque se lleven a término esas OPE se van a quedar sin solución. Y, dada esta solución, como usted llama al real decreto que se aprobó y que tiene que materializarse
en la tramitación de un proyecto de ley que puede -y espero- que conlleve determinadas mejoras y reformas sobre esa solución inicial, quería saber si tienen previstos en los Presupuestos Generales del Estado los gastos derivados de las
indemnizaciones que haya que pagar a los trabajadores temporales y qué van a hacer si el importe de esas indemnizaciones que se deban pagar a los trabajadores temporales en situación de abuso, derivado del real decreto que se aprobó y de su
tramitación como proyecto de ley, se ve incrementado significativamente por esa regulación definitiva que salga de la tramitación como proyecto de ley.
Igualmente, no nos ha aclarado -y le pido que lo haga- el impacto que la situación inflacionaria que tenemos ahora mismo pueda tener en el gasto en Función pública y en las administraciones públicas en general, pero sobre todo en lo que es
su competencia, en Función pública. Nos ha hablado del incremento salarial de los funcionarios, pero no sé si tiene una previsión sobre el impacto de la inflación en el gasto de la Función pública. Yendo un momento atrás, relacionado con el tema
de los interinos y del impacto presupuestario que puedan tener esas indemnizaciones que se les deben pagar por su situación de abuso de temporalidad, nosotros vamos a proponer que se incluya la previsión de la responsabilidad contable de aquellos
responsables públicos que hayan causado la situación de abuso, lo cual también, evidentemente, podría ser al menos un alivio para la situación presupuestaria que supondría tener que pagar todas estas indemnizaciones. Me gustaría saber cómo ve el
Gobierno, y en concreto su secretaría de Estado, esta cuestión.
Usted se ha referido a que están en la elaboración del anteproyecto de ley de la Función pública, que desarrolla el EBEP. Hace exactamente un año también dijo esto su antecesor en el cargo. Ahora usted lo remite a finales de 2022. Me
gustaría saber en qué basan esas previsiones y por qué llevamos ya tanto tiempo con un anuncio que no se acaba de materializar y que usted difiere todavía un año más, porque además proponían regular la carrera vertical y horizontal, la evaluación
del desempeño -usted lo ha nombrado- y algo muy importante, el estatuto del directivo, que es algo que tenemos pendiente y en lo que mi grupo ha insistido mucho. Por tanto, me gustaría que nos explicase, si es posible, por qué esa tardanza, porque
esto no es un proyecto nuevo, esto es algo que viene de hace bastante tiempo.
Para acabar ya, me gustaría que me dijera qué medidas tiene pensadas su secretaría de Estado para la atracción del talento no solo digital, al que usted se ha referido, sino del talento joven, porque tenemos un problema de relevo
generacional en la Administración y no he oído en su intervención nada respecto de la atracción de talento joven para nuestra Administración pública, para nuestra Función pública.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Plural, el señor Ferran Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Pido disculpas por no haber podido seguir toda su intervención, pero los grupos pequeños estamos haciendo multitarea a lo largo de esta semana. En todo
caso, le voy a trasladar las cuestiones que me gustaría plantearle y después voy a leer toda su intervención con mucha atención.
Con carácter previo, simplemente hacerle constar al señor Espejo-Saavedra que yo entiendo que usted no condicione no la ley de presupuestos, sino ninguna ley a que el catalán esté presente no en Netflix, sino en todas las plataformas
audiovisuales. Es que usted está a un tris de hacer exactamente lo contrario. Si por ustedes fuera, prohibirían el catalán no de Netflix, sino de todas las plataformas audiovisuales, cerrarían TV3 y prohibirían hablar a los catalanes en su propia
lengua. (Rumores.-El señor Espejo-Saavedra Conesa: Yo hablo catalán). Que habla catalán yo lo sé perfectamente, lo que no quiere es que los niños haben catalán en la escuela, que escuchen catalán en la televisión... (El señor Espejo-Saavedra
Conesa pronuncia palabras que no se perciben).
En todo caso, vamos a seguir con la cuestión, señora secretaria de Estado. El artículo 20 de la ley que regula las tasas de reposición hace un avance, y se lo voy a reconocer, respecto a leyes de presupuestos anteriores, e incluso llega a
establecer esta tasa de reposición en algunos casos al 120 %. Lo que le quería plantear es si es razonable mantener esta tasa de reposición en la coyuntura actual para determinadas situaciones. Me explico. Un caso que no es generalizado pero que
se está produciendo en estos momentos. A un ayuntamiento sin deuda ustedes le dejan establecer una tasa de reposición del 120 %. Con esto no recupera todos los ejercicios en que han tenido tasa de reposición cero o tasa de reposición inferior a
uno, o incluso no les han dejado crecer en incorporar personal aunque su situación económica se lo permitiera. En la actual coyuntura, en la que el año pasado y este año están suspendidas las reglas fiscales, no tiene ningún inconveniente este
ayuntamiento en poder incrementar el capítulo 2 no un 120 %, sino un 140 % o un 150 %. No tienen inconveniente en que, si se tiene que incorporar personal, se pueda subcontratar a través de una empresa sin ningún tipo de límite -que se va a
consolidar igual en el presupuesto- y en cambio no se puede incrementar la tasa de reposición no ya más de un 120 %, sino que en determinados casos, con determinadas administraciones que están absolutamente saneadas y que quizá han hecho el esfuerzo
de sanearse a lo largo de los últimos diez o quince años y que han estado haciendo una política de contención de contratación de personal en el plan de saneamiento, ahora no pueden contratar libremente. Nos gustaría saber cuál es el motivo de que
en determinados casos todavía estemos hablando de una tasa de reposición de personal. Le he puesto un ejemplo de la Administración local, pero en determinados casos y en determinados sectores, algunos de los que después están incluidos como
sectores prioritarios, no tendría sentido mantener la tasa de reposición, igual que no tiene sentido mantener la regla de gasto, y ya verán que, cuando se reformulen las reglas fiscales a nivel de la Unión Europea, la regla de gasto como estaba
planteada no se va a mantener. Nos gustaría conocer su opinión en torno a este tema de la tasa de reposición y por qué en estos determinados casos no se ha eliminado completamente.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Pedro Honrubia.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora secretaria, por la comparecencia y por la explicación que ha dado. Bienvenida a esta casa por primera vez. Le traslado el apoyo de nuestro grupo parlamentario a las cifras que usted ha explicado detalladamente. Creemos que
se está haciendo una apuesta ambiciosa y clara por el fortalecimiento de la Función pública y de los servicios públicos, entendiendo todo lo que ha venido sucediendo, especialmente a partir de la irrupción de la pandemia, y el mensaje claro que se
ha dado de la importancia de los servicios públicos a nivel social y a nivel de funcionamiento del Estado. Prácticamente todas las partidas presupuestarias que afectan a materias de Función pública han aumentado, como usted bien ha explicado. El
presupuesto global aumenta un 5 %; el programa de dirección y organización, el 921.M que usted ha explicado, aumenta un 2,20 %; los programas de formación del personal que están vinculados al INAP aumentan un 12,87 %. También ha planteado y
explicado las cuestiones del mutualismo administrativo, que en sus dos programas también aumentan, respectivamente, el 222 un 8,6 % y el 312 un 4,14 %. Como usted sabrá, nuestro grupo parlamentario es crítico con este modelo. Entendemos que, de
cara al futuro, habría que modificarlo, que sería importante que el personal público, el funcionario que se incorpore en adelante a trabajar en la Administración pública pase a formar parte del régimen general de la Seguridad Social y no se mantenga
este sistema, pero mientras sea el que existe entendemos que
es positivo que se le dote convenientemente de presupuesto para cubrir sus necesidades y, por tanto, hacemos también una valoración positiva de que así se haga en estos presupuestos.
Por otro lado, la semana pasada se debatió en la Comisión de Hacienda y Función Pública la cuestión de la financiación y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Una vez más, se está haciendo una apuesta importante, con un crecimiento
del 25 %. De hecho, es el crecimiento más alto de todos los programas que se contemplan vinculados a su secretaría de Estado. Si lo comparamos con el presupuesto que había en el año 2018, cuando gobernaba el Partido Popular, supone un aumento de
más del 30 %. Por tanto, es evidente que este Gobierno está haciendo una apuesta clara en materia de trasparencia y para dotar al Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno de los recursos que necesita para su correcto funcionamiento, tal y como viene
demandándonos su presidente cuando ha comparecido en esta Cámara. También es positivo en la parte que tiene que ver con la modernización de la Administración vinculada al componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el
que se destinan prácticamente 250 millones de euros, que es la inversión plurianual para los años 2021 a 2023. Se distribuye en dos programas diferentes, uno dotado con 239 millones para transferencias a las comunidades autónomas y otro dotado de
10 millones para actuaciones en el ámbito propio de la secretaría de Estado, entendiendo la importancia de que estos fondos se utilicen para llevar a cabo esta necesaria modernización de la Administración.
Por otro lado, compartimos plenamente, como no puede ser de otra manera, la visión que usted ha trasladado sobre la Función pública, que tiene que ver con un servicio a la ciudadanía y, por tanto, con los derechos de la ciudadanía, con la
capacidad que tenga el Estado de dar de manera eficiente este servicio para cumplir con los derechos que se derivan de ello. Y entendemos también que un factor central en el funcionamiento es el personal que trabaja en las administraciones
públicas. Por tanto, se tiene que hacer un esfuerzo importante para que este personal trabaje en buenas condiciones laborales, en condiciones de estabilidad y con capacidad de dar el mejor servicio posible para, precisamente, cumplir con eso que
decíamos de dar buena cobertura al derecho que suponen los servicios públicos para la ciudadanía.
Se valora positivamente el incremento que se hace para cubrir los gastos de personal con el aumento retributivo del 2 % para los empleados públicos. Y sobre la tasa de reposición, es cierto que nuestro grupo, en línea con lo que han venido
reivindicando históricamente sindicatos, administraciones públicas varias y especialmente las comunidades autónomas, es más partidario de que, si en algún momento tuvo sentido -nosotros creemos que no-, probablemente ha dejado de tenerlo y somos
partidarios directamente de su eliminación. Pero una vez más, en tanto que eso todavía no se da, es verdad que tenemos que reconocer que se está haciendo un esfuerzo importante para que aquello que ya nos anunció en su momento el ministro Iceta
-una flexibilización de la tasa- se lleve a cabo; de facto, ya se está estableciendo -desde el punto de vista nominal; solo desde el punto de vista nominal- la tasa de reposición más alta de los últimos once años. Ha habido un crecimiento
importante respecto del año pasado, que a su vez ya había crecido respecto de años anteriores. Por tanto, solo por eso ya sería para estar satisfechos con lo que se propone en estos presupuestos, pero además, como usted ha explicado perfectamente,
se establecen una serie de criterios de flexibilidad sobre cómo se va a aplicar esa tasa de reposición que hacen que la tasa nominal no sea el tope, sino que la tasa de reposición efectiva que se vaya a poder aplicar sea todavía mayor y, por tanto,
se adapte mejor a la situación en la que nos encontramos y a las necesidades de personal que puedan tener las administraciones públicas para dar solución a determinadas coyunturas en las que nos podemos ver insertos y que, por desgracia, no siempre
podemos saber con exactitud cuáles pueden ser. Por tanto, es bueno que exista esta flexibilidad para poder hacerles frente.
En cuanto a la negociación sobre el proyecto de ley de temporalidad en la Administración pública, es verdad que nosotros también entendemos que lo que se ha hecho hasta ahora...
La señora PRESIDENTA: Señor Honrubia, tiene que ir acabando.
El señor HONRUBIA HURTADO: Voy terminando. Simplemente, quiero decir que creemos que lo que se ha hecho hasta ahora en relación con ese aspecto es un marco de negociación, pero todavía no se puede plantear que eso sea la solución
propiamente dicha y animamos, tanto a usted como al ministerio en su conjunto, a que se haga un esfuerzo en este proceso de tramitación para que se pueda llegar a una solución que cuente con el aval del mayor número de grupos posible de esta Cámara,
especialmente nuestro grupo y el Grupo de Esquerra Republicana, con el que se firmó el acuerdo para la convalidación del decreto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rubén Manso.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señora secretaria de Estado. La verdad es que usted viene a hablar de algo que tiene una importancia económica capital en los presupuestos. Yo sé que no se le asignan a usted, pero todo el funcionariado nos cuesta 25 859
millones, eso es lo que está presupuestado. Ya sé que no se le han asignado a usted, que usted viene a hablar de su partida, pero al final, le guste o no, nos está hablando de una partida presupuestaria que nos cuesta 25 859 millones, es decir, la
tercera partida, porque la primera es trasferencias corrientes, la segunda es intereses -ya sabe usted que nos gastamos más en intereses que en pagar al personal- y, luego, el personal.
Usted nos ha hablado de ciudadanía, de funcionarios, del centro de la ciudadanía, pero no, usted se ha centrado en hablarnos de los funcionarios; perdóneme usted, pero solamente nos ha hablado de los funcionarios, probablemente porque usted
realmente se siente como lo que es, la jefa de personal o directora de recursos humanos de la Administración General del Estado. Se ha preocupado de su selección y de su formación -por cierto, quisiera saber si en la nueva ley de Función pública
van a ser cambiadas-; se ha preocupado de su cobertura social, perfecto; se ha preocupado de su remuneración, que va a subir un 2 %, con lo cual perderán poder adquisitivo; se ha preocupado de la estabilidad del empleo público y de su calidad -yo
creía que el empleo público era de calidad ¿o es que ahora ustedes, como son adanistas, nos están descubriendo que los funcionarios no tenían un empleo de calidad?- y nos ha hablado de la reducción de temporalidad; es decir, usted se ha centrado
básicamente en las necesidades de los funcionarios. Nos habla mucho de digitalización, que está muy bien y nosotros somos grandes partidarios -creo que nadie aquí es contrario a la digitalización de la Administración pública-, pero la
digitalización de la Administración pública conllevaría que nos tengamos que plantear muchas cosas, porque en los empleos burocráticos la digitalización lo que ha provocado -en otros sectores, lógicamente- es la reducción de las plantillas. No
tiene sentido que las plantillas no paren de crecer, y le recuerdo que las plantillas públicas han crecido en 192 000 empleados al cierre del segundo trimestre del año 2021, cuando en el sector privado han caído en 244 000. Es verdad que a la
Administración central no podemos criticarle nada, pero sí a las administraciones autonómicas, que han crecido en 194 000 o a las corporaciones locales, que han crecido sus empleados en 23 000. Es poco razonable pensar que con la digitalización que
estamos produciendo cada vez necesitemos más gente, por lo menos en algunas áreas de la Administración. Habrá otras en que sí, como bomberos; a lo mejor hacen falta bomberos porque, claro, eso se digitaliza mal, ¿pero burócratas? Algo nos
tendremos que plantear porque no es muy razonable lo que estamos viendo.
Pero quería volver sobre el tema de la digitalización, porque me parece que la digitalización está muy bien, se viene digitalizando hace mucho tiempo, simplemente WordPerfect, por decir algo, una cosa sencillita. Ya no hace falta, como
cuando yo entré en la Administración, escribir las cosas a mano y dárselas a un administrativo para que te las pasara. Pero de la digitalización, lo que más me preocupa es que empieza a ser una digitalización excluyente. Hay un montón de
ciudadanos españoles que empiezan a tener la sensación de que les cuesta mucho mucho acceder a los servicios públicos -por mucho que estén centralizados y digitalizados- porque los van mareando por teléfonos, por páginas web que no siempre
funcionan. Además, hay que reconocerlo, tenemos una población que no es letrada en ofimática. Es que parece que gobernamos para urbanitas letrados en ofimática, y no es así, tenemos un montón de gente que no es urbanita y que no es letrada en
informática o en ofimática y la estamos dejando fuera. Eso no es un mal solo de ustedes, le pasa también a la banca, les pasa a los proveedores de suministros, etcétera. Es decir, bien está que digitalicen, que mejoren los servicios del ciudadano,
pero, oiga, que el ciudadano pueda seguir accediendo a los servicios, porque empieza a haber muchos ciudadanos que no pueden hacerlo.
Vuelvo al tema de las tasas de reposición y le repito lo que vengo diciendo: si estamos digitalizando, lo que nos tenemos que plantear es cuál es la productividad de los funcionarios en las áreas burocráticas para que la Administración no
deje de crecer.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Llanos de Luna.
La señora DE LUNA TOBARRA: Muchas gracias, presidenta. Gracias también, secretaria de Estado, por sus explicaciones en materia de Función Pública.
Quiero iniciar mi intervención felicitando y expresando el reconocimiento de mi grupo a todos los empleados públicos por su vocación de servicio y sobre todo por su profesionalidad, porque además se ha visto muy claro durante la pandemia que
eso es lo que ha permitido el funcionamiento de los servicios públicos.
Una vez dicho esto, empezaré con el tema de los gastos, y quiero comentar que el importe total de los presupuestos generales para el gasto de personal de este año asciende a más de 19 000 millones y, de ellos, más de 83 millones los acaparan
los nada menos que 551 altos cargos. Solo en altos cargos, el Gobierno de Sánchez nos cuesta 108 millones de euros más que el último Gobierno del Partido Popular. Mientras las familias, los autónomos y las empresas tienen que ajustarse el
cinturón, pagando más impuestos, con un precio inasumible de la luz, la subida de la cesta de la compra, etcétera, el Gobierno sigue burlándose de los españoles, sin hacer el más mínimo ajuste en los gastos improductivos. Pero no solo es
desorbitado el número y el gasto en altos cargos, es que en lo que se refiere al personal eventual el gasto asciende a más de 65 millones de euros. Esto es lo que nos cuesta a los españoles la escandalosa cifra de los 1252 asesores de este
Gobierno. De estos 1252 asesores, hemos de señalar que la tercera parte -400 asesores- no tienen ningún tipo de titulación, ni de grado medio ni superior. Es decir, los méritos para ser contratados son: la afinidad ideológica, el carné del
partido y en algún ministerio, además, el haber sido condenado judicialmente. El número de asesores y también el gasto destinado a ellos es el más alto de la democracia. Ahora entendemos el eslogan de Sánchez de 'No va a quedar nadie atrás'.
Desde luego, se han convertido ustedes en una agencia de colocación de amiguetes a costa del erario público. Ustedes han creado la Administración pública más mastodóntica de la democracia: 22 ministros, de los cuales hay 3 vicepresidentes -hasta
hace poco 4-, 31 secretarios de Estado, 50 subsecretarios o cargos con rango equivalente, 54 directores de gabinete, 136 directores generales, etcétera. Todo ello en unos momentos en que, tras la salida de la pandemia, aún quedan por incorporar al
mercado laboral 239 000 trabajadores en ERTE y 226 000 autónomos en cese de actividad, a los que además hay que sumar los 178 000 parados más que en septiembre de 2019. Según datos de Cáritas, ya son 11 millones de personas las que se encuentran en
exclusión social en España. Con este panorama, le pregunto, secretaria de Estado, ¿por qué no se han valorado estas cifras y por qué no han tenido el gesto de renunciar a la subida de sueldos los altos cargos y los asesores, como se ha hecho
recientemente por otro año consecutivo por los diputados de esta Cámara?
Los gastos de personal que recogen los presupuestos aumentan un 3,4 %, fundamentalmente por el incremento del 2 % de la retribución de los empleados públicos, un incremento que los sindicatos de la Función pública han considerado
insuficiente debido al fuerte incremento del IPC. Lo mismo ocurre respecto a la oferta de empleo público, que los sindicatos consideran que estos incrementos de las tasas de oferta, así como de las otras administraciones públicas, son
decepcionantes al no permitir cubrir las vacantes presupuestadas de sus plantillas.
También me gustaría que me respondiera cuáles van a ser las actuaciones estratégicas para racionalizar de forma eficiente y eficaz la asignación y distribución del personal al servicio de la AGE.
Respecto al Portal de la Transparencia, que usted también ha mencionado, las memorias de los objetivos señalan que se elaborará una normativa para impulsar la transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno. Le pregunto:
¿tiene algún mecanismo su ministerio para conminar a los distintos órganos de la Administración pública a publicar lo que por ley están obligados a publicar en el portal? ¿Qué piensa hacer su secretaría de Estado para establecer un procedimiento
eficiente y eficaz de tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos?
Ahora le lanzo otra pregunta respecto a otra competencia, el INAP, ¿Cómo se ha hecho la valoración de las necesidades formativas de la Administración pública? ¿Podría explicar, en lo concerniente a la formación, en qué consistirá la
revisión de las acciones de apoyo a la promoción interna, a la que usted también se ha referido, y al subprograma del desempeño directivo, al que se refieren en la memoria de los objetivos del INAP?
Y, ya por último, respecto a la Oficina de Conflictos de Intereses, nos gustaría saber cuándo estima que estará implantado un portal que permita la publicidad en materia de gestión de los conflictos de intereses, las incompatibilidades y el
control de los altos cargos y empleados públicos.
Gracias por su atención. Quiero también comunicarle que, aparte de estas preguntas, dado el poco tiempo que tenemos para la intervención, hemos registrado una serie de preguntas relacionadas con sus competencias y, por supuesto, en materia
de los Presupuestos Generales del Estado de su secretaría.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor José Luis Aceves.
El señor ACEVES GALINDO: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Quería, en primer lugar, agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a la señora Sánchez Millán su comparecencia y también su primera visita a esta Comisión, que es la suya. Estamos encantados de su presencia y, desde luego,
dispuestos a trabajar para entre todos avanzar, como yo creo que estos presupuestos dicen claramente, en un tema tan importante para nuestro país como es la Función pública. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos alegramos de que las
reivindicaciones, las peticiones, los avances que durante estos últimos meses hemos trasladado tengan reflejo, y un reflejo contable, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
En cuanto al catastrofismo que vemos en esta Comisión -porque la verdad es que la portavoz del Grupo Popular ha marcado un hito y yo creo que hoy se ha convertido en esta Comisión en más populista que incluso la ultraderecha-, lo lamento de
verdad porque yo creo que estamos ante unos presupuestos que son históricos, también para la Función pública. Y escuchaba a algún portavoz -seguramente de forma sesgada- plantear si estos presupuestos atienden a la ciudadanía. Pero, ¿de verdad hay
que explicar todavía en este Parlamento lo que supone para todos y cada uno de los españoles tener unos servicios públicos cercanos, de calidad y que puedan dar respuesta a su día a día? ¿Es que no sabemos lo importante que es para cada uno de
nosotros una buena atención sanitaria, unos buenos recursos educativos para ir fomentando que nuestro país se convierta en uno de los garantes, en Europa también, de una formación superior y una formación profesional que dé respuesta a las
necesidades de nuestra empresa? ¿Es que hay que explicar la importancia que tienen los empleados públicos en la dependencia o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? ¿Todavía hay que explicarlo en esta Comisión, señorías? Pues esos son los
empleados públicos, a los que este grupo siempre, por encima de todo -y ahora en pandemia más aún-, quiere agradecer su labor diaria, que ha sido constante para poder salir de la situación más complicada que ha tenido nuestro país en los últimos
años y seguramente la más complicada que todos hemos conocido.
Son unos presupuestos -y lo ha explicado con detalle la secretaria de Estado- que vienen a intentar con recursos -no con discursos sino con recursos- avanzar en la modernización, en la formación de los empleados públicos, porque eso servirá
para dar un mejor servicio a la ciudadanía, servirá para que la gente encuentre más cercana esa ayuda que necesita cuando se relaciona con las administraciones públicas. Además, que avanzan en algo que se puede negar -seguramente los negacionistas
de todo ahora también lo niegan-: en la digitalización de las administraciones para que sean más eficaces, para que sean más efectivas, para que sean más rápidas y para que den cada vez mayor respuesta a los retos que tiene nuestro país, que son
muchos. Pero estos presupuestos reflejan algo a lo que yo me quiero referir ahora, porque me parece fundamental. Hablamos de empleo público. Miren, hay una gráfica muy clara que recoge los presupuestos, en los que dice claramente qué hacía el
Partido Popular apostando por lo público y qué hace este Gobierno de coalición. Claramente, señorías, por darles algunas cifras, en los tres años que lleva el presidente Sánchez al frente del Gobierno de nuestro país, 109 718 empleos públicos
puestos a disposición de la mejora de los servicios y de la atención a la ciudadanía. Por el contrario, el señor Rajoy, del año 2012 al 2017 -es decir, seis años, el doble de tiempo-, 63 394. Es decir, 73 % más de incremento de ese talento tan
importante que tenemos que intentar entre todos -y debería ser atención de todo el mundo- aportar a la Administración y, por lo tanto, a la ciudadanía.
Si avanzamos en datos de las tasas de reposición, que también son muy curiosos, fíjense: cuatro años consecutivos, desde el año 2012, el Gobierno del Partido Popular, tasa de reposición, cero. Cero, repito, señorías. En este año se avanza
en lo que este grupo ha defendido en esta Comisión, que había que hacer un esfuerzo para recuperar ese empleo, porque significa recuperar puestos de trabajo que atienden día a día a las personas, a los españoles, en todo el territorio, y que tienen
que llegar a todas y cada una de las comarcas y de las poblaciones de nuestro país. Pues bien, se avanza en el 110 % de tasa general; 120 % para los sectores prioritarios: sanidad, educación, servicios sociales, etcétera, y 125 % para las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, tanto las del Estado como las autonómicas y las locales. Por lo
tanto, un ejercicio de seguir avanzando. Hay que seguir haciéndolo, por supuesto, señorías, este grupo lo ha manifestado en esta Comisión; tenemos que seguir avanzando en esa aportación necesaria para suplir lo que en el pasado el Gobierno
de la derecha, del Partido Popular, sometió a los empleados públicos.
Señorías, en esta Comisión estamos hablando de que todas las partidas de este presupuesto de secretaría de Estado aumentan; que la de transparencia aumenta un 25 %, siguiendo también las pautas que desde este grupo defendimos y el propio
presidente del Consejo de Transparencia nos trasladó en esta Comisión, y donde nos comprometimos a que habría que seguir avanzando. Como en todas las cuestiones alguien puede pensar que no es suficiente, pero nadie puede negar que es un profundo
cambio, que es la apuesta de este Gobierno por ese avance: en la formación de los empleados públicos, en los temas relacionados con el mutualismo, en la aportación a las comunidades autónomas y entidades locales para esa modernización y
transformación. Pero, ¿alguien puede negar que estos presupuestos deben ser apoyados? ¿Que son positivos para la Administración pública, para los empleados y, por lo tanto, para los españoles? ¿Alguien lo puede negar con estas cifras? Se pueden
buscar apariciones estelares, queriendo aparecer como los adalides no sé de qué, pero yo cuando escucho a la portavoz del Grupo Popular hablando de asesores, etcétera -termino, presidenta, es el cierre-, yo le diría que se lo miren, porque eso de
'consejos vendo que para mí no tengo' es muy adecuado a sus políticas, porque allí donde gobiernan precisamente es todo lo contrario, generan chiringuitos incluso, como hemos visto en la Comunidad de Madrid, para decir que hay que impulsar al
español, con sueldos casi millonarios. Por lo tanto, poquitos consejos pueden dar cuando lo que realmente hacen es todo lo contrario.
Así que muchas gracias por su comparecencia, por sus cifras y el apoyo, señora Sánchez Milán, del Grupo Parlamentario Socialista a estas cuentas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra ahora la secretaria de Estado de Función Pública para responder.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Sánchez Milán): Gracias, presidenta.
En primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas porque sin duda todas estas aportaciones enriquecen el debate. Yo voy a intentar, de manera efectiva pero breve, responder a todo; creo que en mi primera vez debo estar muy adaptada a
las demandas que la presidenta ha tenido.
Empiezo por el tema del EBEP, por el que se habían interesado el señor Manso y el señor Espejo. Quiero decirles que, efectivamente, no hay tardanza en esta fase de este anteproyecto. Mi predecesor cuando lo expuso, cuando habló de ese
propósito, habló del inicio de ese recorrido; ya tenemos el anteproyecto, incluso tenemos su inclusión, como ya he comentado antes -que me parece algo muy relevante-, en el programa de reformas del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, que conllevará además su entrada en vigor a finales del año que viene. Esa es la previsión, porque además está sujeto a compromisos de desembolso de aportaciones, con lo cual con más razón aún lo llevaremos a efecto. Ahí, como he
citado también, estará incorporado el estatuto del directivo público para garantizar la profesionalización de los directivos, su estabilidad, objetividad, independencia y eficiencia.
También se interesaba el señor Espejo por el talento joven. Dentro del Plan de Captación del Talento uno de los temas en los que estamos trabajando ya de manera muy activa es en un repensar la selección, en un adaptar los temarios a lo que
son los requerimientos que hoy por hoy requiere la Administración, pero también a los perfiles de la juventud, para que especialmente nos adaptemos también a las habilidades, a las competencias que el sistema universitario, que el sistema de
formación profesional está ofertando, está llevando a cabo, y que tiene que tener reflejo también en el ámbito de la Administración.
En cuanto a la digitalización, creo que no debe tener preocupación el señor Manso más allá del análisis que ha hecho de la necesidad de reducir plantillas. Nosotros no apostamos por la reducción de plantillas, apostamos por un refuerzo de
las plantillas; un refuerzo de sus perfiles, un refuerzo de sus competencias, un refuerzo de sus habilidades que puedan dar respuesta a lo que son las necesidades sociales que se producen. Y a su vez, somos conscientes de que hay un sector de la
población que, aunque trabajemos en la capacitación digital, no podemos permitir que no seamos un Gobierno y una Administración inclusiva y, por tanto, siempre garantizaremos la presencialidad en la prestación de los servicios públicos. Ahí tiene
que haber una adecuada combinación entre el acceso telemático, entre la digitalización, entre todas las oportunidades que conlleva, pero también con el que nadie se quede atrás y con que atendamos a todas aquellas personas que necesitan y requieren
de nuestros servicios presenciales.
Respecto a la cuestión del incremento de retribuciones, nos parece muy importante que el capítulo 1 del presupuesto del Estado -yo creo que lo manifestamos con orgullo- suponga un incremento superior a la media de lo que supone el incremento
del presupuesto, porque es una apuesta por el empleo público y es una apuesta por la prestación pública de los servicios públicos. Ese crecimiento del capítulo 1 viene también motivado por esa subida del 2 %, en la que nosotros consideramos que el
alza de la inflación que se está produciendo es transitoria, que tenderá a moderarse en los próximos meses, que incluso la inflación subyacente se sitúa en el 1 %, lo que demuestra que no hay un crecimiento generalizado de precios. Entendemos que
será suficiente para lo que es el compromiso del mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicos.
Hablaba también la señora De Luna del exceso de altos cargos que había. Yo creo que los datos demuestran un planteamiento completamente diferente. Si nosotros atendemos a la media de altos cargos que hay por ministerios, ha habido una
importante contención del gasto. ¿Por qué? Porque la forma de gestionar que está teniendo este Gobierno es mucho más eficiente. Por ministerios, en el Partido Popular había 51,6 de media de altos cargos frente a los 33,5 que hay ahora mismo.
(Rumores). Además de reivindicar la importancia y la relevancia del trabajo de los asesores y del personal eventual, creo que también hay que destacar que en esa contención y en esa gestión eficiente de los recursos públicos este Gobierno ha
determinado que el número de asesores tiene que estar limitado y, si se da la coincidencia de que hay un ministerio que a su vez ostenta una vicepresidencia, solamente se tendrán los eventuales correspondientes al ministerio. Por tanto, es también
una cuestión que no venía produciéndose hasta la fecha.
El Portal de Transparencia creo que es un buen ejemplo del trabajo eficiente. En el Portal de Transparencia están ahora mismo resueltas y contestadas más del 96 % de las consultas que se formulan.
En cuanto a la tasa de reposición, ha sido también objeto de una intervención intensa por parte de prácticamente todos los grupos. Nosotros hacemos una apuesta clara por el empleo público. Creo que estamos en el momento económico del
inicio de la recuperación, y tenemos que ir a una recuperación progresiva. Ya en el año 2022 se producirá una altísima ampliación de esa tasa de reposición, porque, insisto, es la suma de un nuevo modelo, de un nuevo concepto a la hora de abordarla
en el que no podemos dejar atrás la tasa de reposición extraordinaria propia de la estabilización. Hay, por tanto, un cambio radical en ese planteamiento para esa creación neta de empleo público, y, como bien nos recordaba el portavoz socialista,
el señor Aceves, los datos no permiten la comparación entre esa apuesta por las ofertas de empleo público y por la no limitación de su producción.
Termino hablando del tema de la temporalidad, al que he hecho alusión en mi primera intervención, y del que prácticamente todos también han hablado. En ningún caso he planteado que hayamos terminado, ni muchísimo menos; lo que hemos hecho
ha sido seguir tomándonoslo en serio, haciendo un planteamiento no puntual dedicado a la reducción cuantitativa de la temporalidad, sino a su reducción cualitativa. ¿Por qué digo eso? Porque hemos llevado a cabo una regulación sistemática en la
que se tiene en cuenta no solamente el carácter preventivo para evitar que vuelva a producirse en el futuro, de ahí la importancia y la necesidad de haber modificado el EBEP, sino que también tiene un plan de choque extraordinario para poder atender
a esa situación y una serie de medidas sancionadoras y disuasorias por si, a pesar de ese carácter preventivo de que no se evite, se cae en esas tentaciones y se lleva a efecto. Ahora, en la tramitación como proyecto, nosotros confiamos y estamos
convencidos de que, en cualquier caso, se producirá un enriquecimiento del texto, en la línea en la que hemos trabajado y que conllevará, en definitiva, una mejora.
Concluyo diciendo que en esta regulación de la temporalidad, aparte de ser una exigencia del TUE, una exigencia del Tribunal Supremo y una exigencia de la nuestra propia concepción de lo público y de la calidad y la dignidad del empleado
público, no se producen despidos en el sector público. No es ese el planteamiento. Se convocan y hay tantas plazas como puestos estén ocupados de manera temporal. El problema de la temporalidad es, además, un problema que ha sido fruto de las
políticas presupuestarias restrictivas implantadas especialmente desde el año 2012, y de la falta de regularidad de las convocatorias, que nos han llevado a este momento. Como he dicho antes, a diferencia de otros Gobiernos, hemos decidido acabar
con esta temporalidad modificando esa normativa básica del Estado y haciendo todo el paquete de medidas que conlleva: el Real Decreto-ley 14/2001 que ahora se está tramitando como ley. En definitiva, seguridad jurídica, respeto a la Constitución y
apuesta por el empleo estable y de calidad.
Por mi parte nada más que reiterar mi agradecimiento por su atención y sus intervenciones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus explicaciones. Lo dejamos aquí. En unos minutos seguimos con la siguiente comparecencia. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES (SÁNCHEZ SÁNCHEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (Número de expediente 212/001908); CIUDADANOS (Número de expediente 212/001841); VOX
(Número de expediente 212/001526); POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001618), Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/001796).
La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a esta tercera comparecencia. Ruego que los diputados y diputadas vayan tomando asiento.
Damos la bienvenida al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, don Roberto Sánchez Sánchez. Sin más, le doy la palabra para que haga la primera intervención.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES (Sánchez Sánchez): Buenas tardes, señora presidenta, señorías.
Es un honor acudir de nuevo a esta Cámara para informar sobre las previsiones presupuestarias de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en el siguiente ejercicio.
Permítanme, primero, un recuerdo para los habitantes de La Palma que desde hace ya más de un mes vienen sufriendo los desastres ocasionados por las erupciones del volcán, y creo que es bueno que digamos aquí que sepan que seguimos estando
con ellos.
Como sin duda saben, esta secretaría de Estado se adscribe al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y, junto con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial -que ha comparecido aquí ayer, si no me
equivoco-, aglutinan las competencias relevantes para impulsar y coordinar la transformación digital de nuestro país.
En el ámbito concreto de esta secretaría, nuestra vocación, nuestros objetivos y nuestro quehacer diarios se centran en impulsar el sector de las telecomunicaciones, el de los servicios de comunicación audiovisual y, lógicamente, desplegar
las infraestructuras y los servicios que garanticen la conectividad de todos los ciudadanos y de las empresas en todo el territorio, impulsando la productividad y el crecimiento económico. La transformación digital, como la entendemos, no puede
generar o agrandar brechas sociales o económicas, y por eso, una parte muy importante de los presupuestos que hoy les voy a presentar está dedicada a continuar con nuestro objetivo de eliminar las brechas en el acceso a la conectividad.
Los resultados de ese trabajo que estamos realizando para extender la cobertura de banda ancha señalan que estamos en la dirección correcta. Mientras que en 2018 la diferencia de cobertura a 100 megabytes por segundo entre las zonas rurales
y las urbanas era de 42 puntos porcentuales, en 2020 -última cifra consolidada- ya era solo del 25 %. Y por ese camino es por el que vamos a continuar en estos presupuestos.
Los presupuestos del 2022 son unos presupuestos para una recuperación justa que no deje a nadie atrás, transformadora, consolidando la inversión social y productiva. Son, por tanto, unos presupuestos destinados a fortalecer el Estado del
bienestar, apoyados en el aprovechamiento de las oportunidades que brinda la transformación digital, un eje central del Plan de Recuperación que dedica a ello casi el 30 % de su presupuesto.
La hoja de ruta de la transformación digital -como saben- es la Estrategia España Digital 2025, a partir de la cual se ha impulsado el Plan de Recuperación. Las prioridades y los objetivos de esta agenda digital se han integrado plenamente
en el Plan de Recuperación, actuando como palanca para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, hacer frente al reto demográfico y acompañar la transición verde.
Por parte de esta secretaría de Estado hemos desarrollado un plan de actuaciones concretas que desarrollan los ejes de la España Digital 2025 y que se refieren especialmente a tres ámbitos: conectividad digital, impulso de la tecnología 5G
y desarrollo de España como un polo de atracción de inversiones y talento en el sector audiovisual. Como decía, estos planes se incardinan en el Plan de Recuperación y, por lo tanto, en los presupuestos 2022 -que ahora les voy a exponer- lo que
hacemos es dar continuidad al desarrollo de estos planes que ya iniciamos en el 2021.
Precisamente, por hacer un poco de referencia y tener la perspectiva completa, me voy a referir a lo que hemos hecho en el 2021, puesto que estos van a continuar esas líneas. En el 2021, en el ámbito de conectividad y 5G, hemos creado un
nuevo programa que se llama Único -proviene de universalización de las infraestructuras para la conexión-, en el que enmarcamos todas nuestras actuaciones. En el caso de Único-banda ancha el objetivo es, como hemos comentado en otras ocasiones,
alcanzar el cien por
cien de la cobertura poblacional en 2025 con redes de banda ancha -redes de más de 100 megabytes por segundo-; y en el ámbito del 5G, mantenernos entre los países que están liderando el despliegue o desarrollo de la tecnología 5G en Europa.
Dentro de Único-banda ancha, en el año 2021 ya publicamos una convocatoria con el mayor presupuesto anual que se ha dedicado nunca a la extensión de banda ancha -a la extensión de la conectividad-, con un importe de 250 millones de euros.
Los datos que tenemos se resolverán estos días -están pendientes de resolverse-. Agotarán ese presupuesto, según los datos provisionales que tenemos ahora mismo -como digo, resolveremos esta convocatoria en los próximos días-, y desde luego va a
llevar la banda ancha a un entorno que estará por encima, seguramente, de otras 750 000 personas. Además, hemos iniciado el desarrollo de cuatro convocatorias de este Programa Único, en colaboración con las comunidades autónomas, con un presupuesto
total de 360 millones de euros, 205 de ellos en el año 2021. Estas son las convocatorias dedicadas a servicios públicos, a industria y empresas, a un bono social y a edificios para mejorar las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios,
que son la puerta de entrada de las redes de banda ancha en los mismos.
En el ámbito del despliegue de 5G -también en el año 2025-, hemos iniciado la preparación de una convocatoria que denominamos Único-5G Redes, y otra, mirando al futuro, que es Único-5G I+D. Esta convocatoria tiene un presupuesto de 90
millones de euros; la anterior tiene un presupuesto de 150 millones de euros aproximadamente en el 2021. Y la de Único-5G I+D está alineada con el Programa Europeo de I+D Horizonte Europa, y pretende desarrollar en España capacidades de la propia
tecnología de I+D, no solamente de los usos del 5G, sino generar capacidades para el desarrollo de la propia tecnología del 5G.
También algunos elementos notables en el ámbito de 5G que se han desarrollado en el 2021 -como saben- han sido la adjudicación de las bandas preferentes para el despliegue de esas redes y la prestación de servicios, que son las de 700 y 3,5
gigahercios. Con ello, ahora ya los operadores disponen de todos los recursos de espectro para poder atender los compromisos derivados de estas convocatorias, de estas adjudicaciones de bandas de frecuencias, en las que -como saben- se imponía como
obligación alcanzar los principales nudos de comunicación en carreteras y los núcleos de población con más de 20 000 habitantes. El resto se cubrirá con ayudas, como veremos posteriormente.
Por último, en el 2021 también se ha avanzado en el impulso a España como hub audiovisual. Se ha hecho una solicitud de manifestaciones de interés y, con las aportaciones que hemos recibido en esas manifestaciones de interés, estamos
terminando una convocatoria de ayudas por importe de 30 millones de euros. También, estamos articulando con el ICEX y con la Spain Film Commission mecanismos de colaboración público-privada que faciliten la atracción de inversiones en este ámbito
-en el ámbito audiovisual-, y reforzar las capacidades para internacionalizar la actividad de nuestras productoras, de nuestras empresas.
Entrando ya directamente en el proyecto de presupuestos para el año 2022, el importe total asciende a más de 1422 millones de euros, lo que supone un incremento del 23 % sobre el presupuesto del ejercicio actual. Al igual que ya sucediera
el año pasado, este año está dividido en dos grandes bloques: el presupuesto ordinario, que se corresponde con el servicio 12, y el presupuesto para ejecutar las acciones del Plan de Recuperación, que están dentro del servicio 50. En concreto,
presentamos un presupuesto de 55,36 millones de euros para el servicio 12 y de 1367,3 millones de euros dentro del servicio 50. Les desglosaré un poco cómo están repartidos. Con el servicio 12 -presupuesto ordinario- es con el que, lógicamente,
desarrollamos las funciones de gestión de las telecomunicaciones y las funciones habituales o base de la secretaría de Estado, tanto en telecomunicaciones como en el sector audiovisual. Estas abarcan desde la gestión y planificación del espectro
radioeléctrico, hasta el seguimiento e inspección de las redes, la atención a los usuarios y consumidores de los servicios de telecomunicaciones o el seguimiento y control de los servicios audiovisuales, entre otros. También hemos incluido en el
servicio 12 para este presupuesto del 2022 algunas pequeñas partidas para continuar desarrollando el Plan del Sector Audiovisual en actuaciones que no están contenidas en el Plan de Recuperación, por la naturaleza de las mismas.
Yo creo que para tener una mejor idea de qué es lo que se hace con este presupuesto del servicio 12, quizá merezca la pena enumerar, aunque sea muy brevemente, algunas de las actuaciones que hemos realizado en los tres primeros trimestres de
este año, que es la cifra que tengo consolidada. En ese sentido, se han aprobado más de dos mil proyectos de infraestructuras, como las de telecomunicaciones y de redes en los edificios; se han estudiado y evaluado unos 54 000 proyectos de
estaciones de emisoras
de diversos servicios, como telefonía móvil, televisión digital terrestre o frecuencia modulada, emisoras de FM; se han autorizado y certificado más de 32 000 estaciones de emisoras; se han atendido 46 000 consultas de usuarios de
telecomunicaciones y tramitado 17 000 reclamaciones. Y, como saben, en el ámbito regulatorio, hemos ultimado -y presentaremos brevemente en el Parlamento- los proyectos de ley que trasponen, tanto el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas
como la Directiva Audiovisual, y posteriormente la Ley de Ciberseguridad 5G, que no es trasposición de directiva. También, en el marco de la Unión Europea hacemos seguimiento de las actuaciones regulatorias que vienen de allí. En estos momentos,
como cosa en curso que tenemos en este ejercicio, que está empezando en este ejercicio y que continuará en el 2022, está, dentro del Consejo Europeo, el reglamento del cargador único para los dispositivos electrónicos, que ha salido en los medios.
Me gustaría finalizar esta parte de a qué nos dedicamos en la actividad ordinaria hablando un poquito de lo que son las jefaturas provinciales de inspección de telecomunicaciones. (El señor vicepresidente, Meijón Couselo, ocupa la
Presidencia). Saben ustedes que nosotros tenemos estructura periférica, que tenemos jefaturas en cada una de las provincias y en las ciudades de Ceuta y Melilla, tenemos una Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, y este es uno de
los medios más importantes de los que nos valemos y con los que cuenta esta secretaría de Estado para realizar su labor, ya que son ellos sobre el territorio los que realizan este tipo de mediciones, detectan interferencias perjudiciales... Para
que se hagan una idea, las jefaturas provinciales en lo que va de año han realizado 56 000 medidas de niveles de exposición de emisiones radioeléctricas de todas las estaciones que despliegan los operadores y los radiodifusores. Un ejemplo también
de la importancia de las jefaturas provinciales es lo que se ha estado haciendo ahora en la isla de La Palma. A través de la Jefatura Provincial de Tenerife se ha estado haciendo el seguimiento de las estaciones móviles afectadas, directa o
indirectamente, por la erupción. Hasta ahora, solamente han estado afectadas 14 de las 665 desplegadas. Y con esto se entra en contacto permanente con los operadores de telefonía móvil para mantener el servicio en condiciones especialmente
complicadas.
De manera un poco detallada, en el ámbito más cuantitativo, en este servicio 12 el total asciende a 55,36 millones de euros y eso supone una reducción del 67 % respecto del año anterior. Este descenso no va en detrimento de la operatividad
de la secretaría de Estado, sino que se debe principalmente a la reducción de la previsión de préstamos y consecuente eliminación del presupuesto ordinario de los excesos de pasivos financieros. Esto venía porque antiguamente teníamos algunos
programas de ayudas en formato préstamo que ahora no tenemos y, por lo tanto, esa parte desaparece. Descontando el efecto de esa adecuación presupuestaria, los fondos públicos destinados al servicio ordinario de la secretaría de Estado reflejan el
compromiso con la estabilidad presupuestaria, incrementándose globalmente solo en un poquito más de un 1 %. En el capítulo 1, los gastos de personal ascienden a 19,61 millones de euros, con un incremento del 3,24 %. En el capítulo 2, el incremento
es de 1,15 millones de euros. Son los gastos corrientes en bienes y servicios, y se destinan principalmente a desarrollar acciones de difusión de las actuaciones del Plan de recuperación para que, digamos, todos los ciudadanos y las empresas
conozcan las distintas convocatorias y las distintas medidas a las que pueden tener acceso. El capítulo 4, transferencias corrientes, asciende a 2,8 millones de euros, con un ligero incremento del 3,53 %, algo menos de 100 000 euros, que viene
motivado por el incremento de la contribución a actuaciones en el campo de la normalización técnica y de fomento del desarrollo tecnológico en los distintos institutos internacionales en los que participamos. En el capítulo 6, inversiones reales,
el presupuesto asciende a 17,9 millones de euros, con un decremento del 6,54 %. En este capítulo es donde se encuentran presupuestadas asistencias técnicas destinadas a la gestión de los programas financiados por los fondos europeos. El capítulo
7, de transferencias, se mantiene estable en 8,35 millones de euros. Como decía, en buena parte se dedicará a subvenciones de apoyo al desarrollo y digitalización en el ámbito del sector audiovisual. Y por último, en el capítulo 8 se han incluido
5 millones de euros para complementar las convocatorias con líneas de préstamo del Plan audiovisual, la mitad de ellas gestionadas por Enisa y la otra mitad para dotar el fondo Ibermedia.
Paso ya a lo que es la parte del Plan de recuperación, el servicio 50, que es el grueso de nuestro presupuesto. Como ya he comentado, aquí tenemos tres grandes bloques de actuación: acciones destinadas a extender la conectividad de alta
velocidad para empresas y personas, impulsar el despliegue de la tecnología 5G y promover España como polo de atracción de inversiones en el sector audiovisual. Nuestro presupuesto del servicio 50 en el 2022 sirve fundamentalmente para financiar
actuaciones relativas a los dos primeros bloques, ya que en este año 2021 es donde se están ejecutando todas las
actuaciones del Plan España Hub Audiovisual financiadas con el Plan de recuperación. En su conjunto, el presupuesto de 2022 asciende a 1367,3 millones de euros en transferencias del capítulo 7: 736 millones de euros para conectividad y
631,3 millones de euros para impulsar la tecnología 5G.
Introduzco ahora, brevemente también, las actuaciones que vamos a realizar con ellos. El primer bloque, que está incluido en el Plan para la conectividad de las personas, empresas y territorios, que se presentó en el 2020 y que, como decía,
desarrolla la estrategia España Digital 2025, tiene como objetivo principal garantizar una conectividad digital adecuada a 100 megabits/segundo, por lo menos, para el cien por cien de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital
entre zonas rurales y urbanas. El año pasado ya subrayé que este objetivo, aunque es muy ambicioso, lo consideraba realista y alcanzable, y la verdad es que los datos que vamos teniendo siguen avalando esa consideración. En cobertura poblacional
de fibra óptica hemos alcanzado ya el 86,3 % y nos mantenemos como tercer país de la Unión Europea, solo superados por países con mucha menos superficie y población, como pueden ser Letonia y Lituania. En la cobertura rural de fibra óptica somos ya
líderes absolutos en la Unión Europea, con un 60,5 %, y estos son los últimos datos que tenemos consolidados, que son del verano del 2020. Obviamente nuestro objetivo, como decía, es alcanzar ese cien por cien. Con la convocatoria Único-Banda
Ancha, que hemos realizado en este año 2021, ya mencionada, vamos a conseguir avanzar mucho más en ese proceso; los resultados de las evaluaciones de los proyectos que nos han presentado, desgraciadamente no los tenemos todavía hoy, pero los
tendremos seguramente a finales de esta semana o de la semana que viene. Y, además, vamos a destinar para el año que viene otros 256 millones de euros para desarrollar nuevas medidas para avanzar en la extensión de la banda ancha. Con lo cual, yo
creo que estamos en una muy buena posición para alcanzar ese objetivo de que todos los proyectos para alcanzar ese cien por cien de conectividad en banda ancha estén aprobados en el 2023, y luego ya su periodo de ejecución, como muy tarde, sea en el
2025.
También hemos incluido en los presupuestos financiación para actuaciones de la inversión que denominamos C15 y 2 del Plan de recuperación, y que está destinada a mejorar la conectividad de las empresas y a fortalecer los servicios públicos
tanto en polígonos industriales como en centros logísticos y otros tipos de áreas de concentración empresarial. Una parte de esas actuaciones las desarrollamos en colaboración con las comunidades autónomas a través de la convocatoria
Único-Empresas, a las que en el 2022 destinamos 25 millones de euros. Por otra parte, la secretaría de Estado va a gestionar directamente proyectos de conectividad puntuales para dar soporte a la digitalización sectorial, con un presupuesto para el
año que viene de 125 millones de euros. Estos son proyectos especiales que requieren de una conectividad normalmente fuera de lo que son las ofertas comerciales de los operadores. Un ejemplo de esto es el proyecto que vamos a hacer con el
Instituto de Astrofísica de Canarias, que implica tanto una conexión de muy alta capacidad con el mismo y algunas conexiones en el ámbito de cables submarinos que sirven al Instituto de Astrofísica y al conjunto de las islas.
Asimismo, dentro del ámbito del Plan de conectividad y con este presupuesto se sitúa la inversión para la mejora de conectividad de las pymes y de colectivos vulnerables. Obviamente esas mejoras de conectividad son en formato de bonos
adecuados a cada uno de los grupos. También aquí, en colaboración con las comunidades autónomas, vamos a dar continuidad presupuestaria al programa Único-Bono Social que hemos iniciado ya en este año 2021 y lo vamos a hacer con otros 10 millones de
euros. También desde la conectividad, apoyaremos la transformación digital de las pymes, porque si bien las acciones de mayor calado en este ámbito son las que se desarrollan con el Plan de digitalización de las pymes que, como saben, se gestiona
en la Secretaría de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial, hay determinados necesidades de conectividad para bloques de determinado tamaño de pymes en los que para facilitar esa transformación es necesario que accedan a estos bonos
de conectividad, y hemos hecho un diseñado de unos bonos específicamente para ellos.
En el ámbito del Programa Único-Edificios, los edificios en España posteriores al 1 de enero de 2000 tienen que contar con infraestructuras comunes de telecomunicaciones, pero los anteriores no; y una instalación de comunicaciones en el
edificio es una condición necesaria para poder hacer llegar la banda ancha a las distintas viviendas, a los distintos pisos que hay en el edificio. Para eso hemos propuesto para el año 2022 la continuidad del programa de 2021, con una dotación de
40 millones de euros, que también hacemos en colaboración con las comunidades autónomas.
Por último, y concluyendo con las acciones del Plan para la conectividad que desarrollaremos con los presupuestos, vamos a impulsar, dentro de la inversión C15 y 5, el desarrollo y la participación de España en los proyectos europeos de
interés común de carácter disruptivo. Esto se refiere especialmente a los
ámbitos de comunicaciones satelitales seguras, microprocesadores, infraestructuras digitales para servicios en la nube, que son necesarios para cimentar la soberanía digital europea que, como saben, es uno de los elementos principales
planteados, entre otros, por el comisario Breton, como una necesidad para Europa; y a esto le vamos a dedicar una financiación de 250 millones de euros.
Pasando ahora al ámbito del 5G, en el servicio 50 hemos incluido también el presupuesto de las acciones destinadas a acelerar el despliegue de la tecnología 5G en nuestro país. Como ya saben, la quinta generación de telefonía móvil dispone
de unas características de alta capacidad, baja latencia y alta densidad de dispositivos conectados, que la convierten en un factor clave de la transformación digital que ya estamos viviendo. En el presupuesto de 2021 hemos incluido 260 millones de
euros, que estamos empleando en convocatorias para impulsar la innovación e iniciar el despliegue en los corredores ferroviarios, y en el año 2022 queremos consolidar los resultados de este esfuerzo con un presupuesto de 631,3 millones de euros.
Dado el potencial transformador de esta tecnología, lo que queremos es impulsar los despliegues en aquellas áreas en las que los operadores, con sus modelos de despliegue convencionales, tardarían en llegar varios años, de tal modo que, el
despliegue de 5G financiado o apoyado con estos presupuestos, permita obtener los beneficios transformadores también en estas zonas desde un primer momento. Ese será el objetivo de las convocatorias Único-5G Redes, con un modelo ambicioso de
impulso del despliegue del 5G en el ámbito rural. Si la pasada década, o hasta este momento, hemos sido muy ambiciosos diseñando planes de extensión de banda ancha para hacer más efectivo el despliegue de las redes en el ámbito rural, ahora
queremos hacer eso mismo con el 5G.
Dentro de ese modelo de despliegue que se quiere impulsar, un elemento muy importante es el de los corredores de transporte, tanto los viales como los ferroviarios. En particular, dado que el objetivo principal de financiación de la Unión
Europea son los grandes corredores transfronterizos, nosotros lo que vamos a hacer va a ser complementar esos grandes corredores transfronterizos con actuaciones para los despliegues de 5G en las vías secundarias. También, con las lecciones que
hemos aprendido de los distintos proyectos piloto que hemos ido financiando desde Red.es, lo que queremos es poner en marcha programas que promuevan el uso del 5G en proyectos tractores de digitalización sectorial; y ese va a ser el foco de una de
las convocatorias que estamos preparando para el año que viene, que se llama Único-5G Servicios, que abarcará tanto casos de uso en el sector público como en el sector privado, pero ya con despliegues operativos.
Concluyo. Yo creo que la crisis sanitaria aceleró el proceso de digitalización en nuestro país. Hemos convertido en urgente aquello que ya era prioritario, extender la conectividad a todos y a todas. Yo creo que ya estamos respondiendo de
manera eficaz a la creciente demanda de ciudadanos y empresas, para que nadie se quede atrás. En este año 2021 hemos iniciado actuaciones clave en el ámbito de la conectividad, que reducirán aún más la brecha digital territorial, y lo que vamos a
hacer en el año 2022 es darle continuidad con una dotación presupuestaria mayor a esas actuaciones. También se han reforzado las bases de nuestra posición avanzada en el despliegue 5G, y hemos preparado el terreno para un despliegue temprano de
esta disruptiva de tecnología en el ámbito rural en el año 2022. Por último, el Plan de Impulso del Sector Audiovisual, que también está ya en marcha, y que, tras concluir con las actuaciones financiadas por el Plan de recuperación en 2021, las
complementaremos con nuevas actuaciones financiadas con recursos propios, servicio 12, en el año 2022.
En definitiva, yo creo que el proyecto de presupuestos que presentamos prevé nuevas actuaciones en estos ámbitos, que, de alguna manera, están ya definidos, porque al final van a ser palanca para la inversión social, productiva, impulsores
del empleo y contribuyen a combatir la despoblación. Como decía al principio, son unos presupuestos para una recuperación justa, transformadora y que no deje a nadie atrás.
Muchas gracias.
El señor VICERESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Sánchez.
Pasamos ahora a los turnos de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Plural, el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias al secretario de Estado por su comparecencia, por su explicación y también -por lo que me ha parecido entender- por su ejecución presupuestaria. Me ha parecido entender que, prácticamente, en los presupuestos de 2021 hay
una ejecución presupuestaria en torno al 100 % en muchos de los programas, cosa que merece mi felicitación, y lo único que le puedo decir es que hable con
otros secretarios de Estado a ver si son capaces de establecer la misma ejecución presupuestaria. Es más, yo creo que se debería primar aquellos ámbitos donde son capaces de agotar el presupuesto, sobre todo en el ámbito de las inversiones.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La segunda cuestión, ayer, por motivos que ahora no vienen al caso, no pude estar en la comparecencia de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; por tanto, no sé si le correspondía más a ella que a usted, pero
le traslado mi preocupación en el ámbito de las inversiones. Los temas de ciberseguridad son temas que cada vez nos deben tener mucho más alerta y nos deben preocupar, y no solo en el ámbito de cada uno, sino en el ámbito general. Nos gustaría
saber si se están planteando inversiones en el ámbito de la ciberseguridad y en el de las diferentes redes de comunicación.
Una última cuestión que le quería comentar -que es colateral, pero usted también lo ha sacado en su intervención- no es estrictamente presupuestaria, sino de aquellos elementos legislativos que, desde su secretaría, están trabajando. Y como
no se le escapa, uno de los que ha nombrado es la trasposición de la Directiva audiovisual, que es un anteproyecto que se debe convertir en un proyecto. No hace falta que le recuerde que, para nosotros, para el Partit Demòcrata -pero no solo para
el Partit Demòcrata, yo me atrevería a decir que para la mayoría de los partidos catalanes y los partidos vascos o el Partido Nacionalista Galego-, es fundamental que en la ley audiovisual se establezcan cuotas específicas para, en nuestro caso, el
catalán. No es un capricho, no es una singularidad que se tenga que establecer en España; es una posibilidad que establece la directiva, que en otros países se ha establecido y deben entender que es una prioridad. Yo no le voy a decir que va a
condicionar nada en relación con los presupuestos, o sí, pero, en todo caso, yo se lo he recordado en diferentes ocasiones y quiero aprovechar esta ocasión para hacérselo llegar a usted, que no se lo he hecho llegar en ningún caso. Si ustedes se
fijan en las mayorías parlamentarias que hay en estos momentos en el Congreso, la ley audiovisual ustedes la van a poder aprobar con los partidos nacionalistas catalanes y vascos o con el Partido Popular. El Partido Popular, no sé si lo habrán
apreciado, no les da ni agua en ningún momento. Por tanto, uno podía pensar: bueno, estemos tranquilos porque lo van a aprobar con los partidos nacionalistas catalanes y vascos y, por lo tanto, ya vamos a tener que llegar a un acuerdo. Puede
pasar que el Partido Popular, que tiene su estrategia, pueda pensar: bueno, voy a ofrecer casi mis votos gratis al Partido Socialista y al Gobierno para que aprueben la ley audiovisual porque así voy a abrir una crisis de estabilidad parlamentaria
importante. Sepan que si lo hacen, acertarían, van a tener una crisis de estabilidad parlamentaria importante. No se dejen encantar por los cantos de sirena del Partido Popular porque, normalmente, no son sirenas, son otra especie. (El señor
Guijarro García pronuncia palabras que no se perciben). Yo ya no digo tanto, en todo caso, no son sirenas.
Una reflexión final, señor secretario de Estado. Sean sensibles, no se está pidiendo nada que no se pueda hacer; no se está pidiendo nada que no se esté realizando en otros Estados de la Unión Europea, y no se está pidiendo nada que no sea
necesario e imprescindible para la defensa de un medio, el audiovisual, que es muy necesario para nuestra lengua. También, esto es condición necesaria, no suficiente, para que nuestra lengua tenga una gran implantación en nuestro país. Para
nosotros, para el Partit Demòcrata, y para otros es un tema importantísimo.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Sánchez, un gusto tenerle nuevamente en la Comisión de Presupuestos un año más.
Yo creo que con la exposición que usted ha hecho y dados los números que estamos manejando para esta rúbrica, ciertamente hay poco que discutir porque creo que los números están lo suficientemente claros y la gestión que se ha hecho hasta la
fecha en muchos sentidos yo creo que ha sido ejemplar. El hecho de que se estén cubriendo determinados plazos y objetivos que, como usted decía, son ambiciosos pero son factibles es una buena noticia para todos los españoles. Lo que pasa es que su
presentación ha sido tan transparente y tan plana que da lugar a que saquemos otros temas. Aprovechando ya que el Pisuerga pasa por Valladolid y que el señor secretario de Estado pasa por el Congreso, le planteamos también algunas otras cuestiones.
Una de las cuestiones que más me preocupa a la hora de plantear el despliegue de infraestructuras es, en primer lugar, hasta qué punto permitimos que, en esta nueva fase histórica que estamos abriendo, pequeños operadores, operadores locales de
menor tamaño, etcétera,
puedan también hacerse un hueco en esta nueva fase. Lo digo porque hay una tendencia natural a que los grandes operadores copen el mercado, no tanto por una mala voluntad, sino por las propias barreas de entrada que tiene el sector y por
otras dinámicas más o menos perversas que ha tenido la economía española en estos últimos años. Pero creo que es importante asegurarnos de que se reserva siempre un espacio a esos operadores locales, sobre todo porque creo que es importante
asegurar también que funcione una cierta competencia. Para eso, yo creo que es fundamental asegurar que en ningún momento hay un secuestro, por decirlo de algún modo, de una cuota de mercado lo suficientemente grande como para generar efectos
adversos sobre los consumidores. La primera cuestión tendría que ver con eso. Le hago esta pregunta, señor secretario de Estado, precisamente en el contexto de que un rápido despliegue, como el que se está produciendo, genera un cierto calor, por
una cuestión casi física, y eso anima a otras empresas a poder entrar. Creo que sería bueno también hacer este tipo de salvedades para asegurarnos de que los mecanismos de mercado realmente funcionan. Esa sería, como decía, la primera
preocupación.
Una segunda preocupación, señor Sánchez, tiene que ver con la ciberseguridad, algo que ya le planteaba el señor Bel antes que yo, pero que creo que es muy importante. Actualmente, hay un anteproyecto de ley de ciberseguridad 5G, no sé si
nos puede anticipar alguno de los detalles, en primicia, como se dice en la tele. Lo digo porque este es un asunto especialmente preocupante en esta nueva ola de despliegue de redes 5G. Creo que tenemos que estar muy atentos precisamente a esa
ciberseguridad. Tradicionalmente y hasta ahora -digamos las verdades-, la seguridad de las redes ha dependido básicamente de un país que se llama Estados Unidos, que es en gran medida el que concentra una parte muy importante del tráfico de
Internet, pero no solo eso, es el que tiene los protocolos, el inventor de los protocolos, pero también el que dispone de una serie de tecnologías, según las cuales, y por lo que supimos hace años gracias al señor Edward Snowden, a determinadas
autoridades norteamericanas les da por vigilarnos, así no estemos en Estados Unidos y así no se esté desarrollando ningún tipo de actividad que tenga que ver con ellos. Pero estas revelaciones de hace años me siguen generando bastante inquietud y
le querría preguntar si, con el despliegue de estas nuevas redes 5G y asumiendo que es una tecnología que ya no es exclusivamente norteamericana y que está mucho más globalizada, vamos a aprovechar la oportunidad para mejorar la ciberseguridad de
nuestro país y de sus ciudadanos.
No quería preguntarle nada más porque estoy seguro de que ese rápido despliegue que usted ha desgranado hoy aquí va a ser también uno de los factores fundamentales para que la tecnología y las telecomunicaciones nos ayuden a reducir brechas
y desigualdades antes que a aumentarlas. Es verdad que cuando no hay una acción de un Estado responsable detrás las mismas pueden tender a aumentar las desigualdades. Confío en que este no es el caso de este Gobierno. Por lo demás, le agradezco
sus respuestas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidenta. Señor Sánchez, bienvenido, muchas gracias.
Ha empezado usted, si me lo permite, mal, porque ha dicho que son unos presupuestos que no van a dejar a nadie atrás. Desde luego, detrás de nosotros, que estamos los últimos, no hay nadie, está claro. Además, utilizan siempre ese eslogan
y sabe que España es el país de la Unión Europea que más cayó el año pasado. Por otro lado, ha dicho que son unos presupuestos justos. Justos no sé para quién, porque cuando el Gobierno está negociando en cuartos oscuros con independentista y
bilduetarras, permítame que lo dude. Luego, es verdad que ya se ha metido en materia y ahí ya ha mejorado su exposición.
Para facilitar el acceso inalámbrico a la banda ancha y descongestionar las redes móviles el anteproyecto de telecomunicaciones promueve la instalación de sistemas de acceso inalámbricos complementarios como las redes de área local
radioeléctrica a los puntos de acceso inalámbrico de acceso restringido y baja potencia para pequeñas áreas. Estas actuaciones van a tener un papel determinante en el lanzamiento del 5G. Aquí es donde entra nuestra preocupación. El proyecto de
ley sitúa el 5G como una pieza clave para cumplir con los ambiciosos objetivos de descarbonización y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, alegando que la sustitución de determinadas actividades físicas por otras virtuales evitará
desplazamientos innecesarios y contribuirá a la implantación de nuevas fuentes de energía limpias y renovables. Señor secretario, ¿han estimado ustedes la pérdida de empleos, a corto y medio plazo, que originaría la implantación masiva del 5G?
Este punto para este
grupo parlamentario es importante ya que España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea en capital humano, que tiene en cuenta indicadores sobre competencias digitales, graduados y especialistas en tecnologías de la información y
comunicación. Además, la excelencia académica en el ámbito tecnológico sigue siendo un reto para España. Esto ya se lo dije en mi última intervención en su última comparecencia en esta casa. No hay ninguna universidad que figure en los rankings
mundiales y europeos donde destacan países como Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Por lo tanto, se hace vital incrementar los conocimientos tecnológicos de los estudiantes y profesionales para que puedan adaptarse a los profundos cambios en el
mercado laboral y propiciar que la revolución tecnológica cree empleo de alta cualificación y no, como ocurriría en el estado actual, lo destruya.
Como he dicho, la implantación del 5G traerá consigo el reto de la seguridad, ya lo han dicho otros diputados anteriores, al incrementarse exponencialmente el tráfico de datos y aumentará las brechas de seguridad en la red, con lo que los
ciberataques se multiplicarán. Este impulso de la conectividad y del 5G hará que la ciberseguridad se vuelva indispensable, debido a este impulso de la digitalización en todos los sectores, mostrando también que es una asignatura pendiente para un
gran número de organizaciones en las que conceptos como delincuencia informática, ciberdelito o brechas de seguridad se han colado en su vocabulario. El aumento de esas amenazas hace necesario que se incrementen los presupuestos destinados a la
defensa de estos ataques y que se impulse el conocimiento ciudadano de los riesgos existentes.
Por otro lado, este grupo parlamentario presentó en la pasada semana en la Comisión de Hacienda una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a la creación de una red de conexión ultrarrápida que se nutra de fibra óptica oscura
que contiene los cables de líneas cercanas como son los de Red Eléctrica, facilitando su acceso y conexión. En mi última intervención, cuando usted estuvo aquí, yo se lo comenté. Me estoy refiriendo a un pueblo de Segovia, que a través de una
plataforma que se llama Nordesnet ha conseguido mediante Red Eléctrica coger la fibra óptica y de esta manera permitir a los vecinos ser propietarios de la infraestructura que dota una conexión de 100 megabytes. Fuimos criticados por presentar esta
proposición no de ley, porque alguien sugería que esto lo que hacía era desgastar al Gobierno, y nosotros lo vemos como un instrumento más para que al final a la población le llegue esa fibra óptica.
Usted ha dicho aquí que se llegará al cien por cien de fibra óptica de 100 megabytes por segundo y que lo considera realista y alcanzable. Pues permítame que le pregunte, no a usted sino a su secretaría, si me puede usted confirmar que eso
será así, es decir, que realmente llegará a todas las poblaciones la fibra óptica y no habrá incomunicación en determinados sitios. Digo esto -si me lo permite, le pongo un ejemplo- porque hoy miles de habitantes de comarcas rurales sufren la falta
de Internet y telecomunicaciones. Un ejemplo es que hoy miles de viviendas no tienen teléfono fijo porque hay poblaciones que no están habitadas todo el año y no sale a cuenta, con lo que ahora con el móvil se está menos comunicado que cuando había
fijo. Otro ejemplo, si me lo permite, es en un pueblo de León en Soto de Sajambre, de cincuenta habitantes, que siguen teniendo el mismo problema y tuvieron que poner un punto de cobertura en lo alto de una piedra, y actualmente quien quiera llamar
por teléfono tiene que subirse a esa piedra para hacer llamadas.
Por último -algunos compañeros también han hablado de ello-, me gustaría hablarle de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, en primer lugar -termino, presidenta-, fuera de plazo, como de costumbre, la trasposición de la directiva,
y en segundo lugar, menuda audiencia pública del anteproyecto porque no deja contento a casi nadie. Y le voy a poner dos ejemplos, entre otras lindeces. Primero, perjudican a los llamados productores independiente con respecto a las cadenas de
televisión públicas y, por supuesto, a A3Media y Mediaset. Y segundo, también prohíbe en las plataformas como YouTube la publicidad de bebidas espirituosas en determinados horarios, pudiendo hacerlo solo en horario de madrugada, cuando la propia
plataforma de YouTube tiene sus filtros para menores en publicidad. Esto, le aseguro -y así nos lo han confirmado-, provocará la salida de empresas extranjeras, ya que es la muerte publicitaria para ellas.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mario Cortés.
El señor CORTÉS CARBALLO: Buenos días, señor secretario. Le agradezco su intervención y su claridad de exposición, no esperaba menos teniendo en cuenta su trayectoria y su capacidad, pero sí
tengo que decirle que hace un año en esta misma Comisión le mostré mi preocupación por que fueran capaces de ejecutar el programa en 2021 y lamentablemente no me he equivocado.
Antes de comenzar, quería contestar al señor Bel. El Partido Popular cree realmente en la potencia de las redes de telecomunicación, cree realmente en el revulsivo que va a suponer para la economía española el 5G y cree también en el
revulsivo de la actividad audiovisual. Por tanto, apoyaremos cualquier iniciativa que vaya en pos de estos tres campos sin aplicar sectarismo ni ideología. Por tanto, si las leyes que ustedes van a tramitar van por esa línea contarán con nuestro
apoyo, al margen de las preocupaciones que puedan tener los partidos nacionalistas. Digo esto por dar claridad al posicionamiento del Partido Popular.
Le decía que hace un año creía que iba a ejecutarlo por plazos y porque la creación de la secretaría de Estado de la señora Ortigas le dejó a usted en cuadros. Me apena mucho ver que solo van a incrementar el capítulo 2 un 2 %. Ya sabe
usted que las jefaturas provinciales están en mínimos y prueba de ello es que, a pesar de los datos que usted ha intentado aquí dar de gestión de expedientes -algo que alabo porque con la capacidad operativa que tiene es un mérito-, viene a contarme
que ha sacado una convocatoria que aún no ha resuelto. Lógicamente si sumamos a esto los datos que dio la señora Ortigas ayer -que sin despeinarse dijo que solamente habían comprometido el 80 % de fondos y que la ejecución ya sería para el año que
viene-, como comprenderá, no podemos estar contentos.
Y le voy a poner un símil: imagine usted que tiene una emergencia y necesita ayuda; llama al teléfono de emergencia y le dicen que tiene medios disponibles el servicio, que están preparados, pero que por incompetencia no van a poder
ayudarle este año, sino que van a ayudarle el año que viene, pero que no se preocupe, que los servicios y los recursos los tienen comprometidos. Usted comprenderá que no es lo mismo comprometer que ejecutar y no es lo mismo hacer transferencias a
comunidades autónomas a final de año que ejecutar esos programas, puesto que las comunidades autónomas tienen que recibir esos fondos y hacer las convocatorias. Por lo tanto, un año 2021 totalmente perdido. En esa línea, le pregunto: si hemos
perdido un año, ¿en qué va a afectar eso a su planificación del despliegue de banda ancha para 2025 del cien por cien del territorio rural? Entiendo que en algo afectará, porque, como bien reconoce usted, no ha podido resolver la convocatoria de
este año.
Al final convendrá conmigo en que esto un caos operacional de todo el Gobierno porque solo creamos ministerios, secretarías de Estado y direcciones generales sin atender realmente a las capacidades operativas de cada uno de esos servicios, y
encima, cuando llega la hora de hacer los presupuestos, en este caso la sección 12, le dejan a usted con el mismo personal, si no se le ha jubilado ya alguno, con lo cual más complicado lo tiene usted en ese reto que le planteamos la sociedad y,
sobre todo, el sector para poder ejecutar esos fondos tan necesarios. Y luego, para colmo, otro ejemplo de este caos es que la señora Calviño les pide a las comunidades autónomas ahora en octubre que le prioricen tres presupuestos. ¿No ha tenido
todo el año 2021 para definir las inversiones prioritarias con los fondos de reconstrucción? Es otro ejemplo de a qué se dedica realmente este Gobierno.
Entrando en su secretaría de Estado ya concretamente, tiene pendiente sacar adelante las tres leyes: telecomunicaciones, ciberseguridad y audiovisual. Todas fuera del plazo marcado por las directivas europeas. Le voy sugiriendo que vaya
poniendo una partida en su secretaría de Estado para asumir las sanciones que van a venir de la Unión Europea por incumplimiento de los plazos. Le recuerdo que fueron casi 32 millones lo que pagó el Ministerio del Interior por no trasponer a tiempo
el tratamiento de datos personales, así que le sugiero una partida similar en cuanto a cuantía. Tal es la prueba de que tiene poca capacidad de gestión que tienen que coger y derivar contratos a Isdefe. Le están pidiendo a Isdefe que les eche una
mano para poder tramitar licitaciones y, sin embargo, solo le incrementan un 2 % de nuevo la partida de capítulo 2 de su secretaría de Estado.
En cuanto a la ejecución de los programas, ya se lo decía, eso va a suponer un retraso en todas las planificaciones que usted tenía. Sin embargo, ya ha visto que no ha tenido ningún problema en poder licitar la subasta de 5G. Para eso sí
ha contado con toda la maquinaria el ministerio, porque, claro, se jugaban 1000 millones de euros de las operadoras para los ingresos del Estado. Ahí sí hay predisposición y es un ejemplo más de realmente cuáles son las prioridades de este
Gobierno, que no es precisamente ejecutar los fondos de reconstrucción.
Quería preguntarle sobre el programa único. Hablaba de los bonos de Internet y de edificios, me gustaría que nos comentara un poco las condiciones de estos dos programas. También tengo otra cuestión: ¿no cree que a estas alturas, hablando
de edificios antiguos, el que más y el que menos ya se ha buscado la solución en su vivienda para tener Internet? Una subvención que se supone que ejecuta
el 50 % y, por tanto, tiene que ejecutar el otro 50 % el propietario, dígame usted qué interés tiene para un propietario gastar ahora cuando realmente ya tiene acceso a la red en su vivienda. ¿No le parecería quizá mejor cambiar las bases y
que fuera del cien por cien esa subvención? Ahí daríamos un impulso a la edificación, porque si alguien tiene que hacer una inversión en un servicio que ya tiene, me temo que va a tener pocas peticiones por parte de los vecinos de los edificios de
este país, a pesar de que lo van a gestionar, como decía, también las comunidades autónomas.
Hay una problemática que nos ocupa, que precisamente el señor Bel trajo a Comisión hace unos meses, que es el cableado aéreo. En este país tenemos cobre lanzado por todas las fachadas y todas nuestras calles que está totalmente obsoleto e
inútil. Sin embargo, casualmente tenemos un problema porque la bobina de cobre como materia prima es la más cara de la historia. Vamos a presentar una enmienda en esa línea, pero ¿no cree que sería interesante poner un programa para ayudar a los
ayuntamientos, en este caso, en colaboración lógicamente con las distintas operadoras, a retirar todo ese cobre que tenemos en las ciudades, que no tiene ningún uso y que realmente es un problema para el ayuntamiento?
Por último, está el Hub Audiovisual. Ha dicho que en la convocatoria han dado muestras de interés, por tanto, no hemos ejecutado nada. Le iba a preguntar cuánto se había dado y en qué líneas, pero veo que tenemos que esperar al año que
viene. No he visto reflejado en los presupuestos una iniciativa que se aprobó en Comisión de Industria en la que, por unanimidad de todos los grupos -y es importante-, hablábamos de reconocer el sector audiovisual con las mismas condiciones
fiscales que el sector de las producciones cinematográficas.
La señora PRESIDENTA: Señor Cortés, tiene que acabar.
El señor CORTÉS CARBALLO: Termino ya.
No hay nada de este tema en los presupuestos y me gustaría saber si se ha hecho algo en esta línea.
Agradezco su intervención, le deseo mucha suerte y mucho ánimo, que será la suerte del sector y del país, a pesar de las limitaciones que a ustedes les han impuesto en su secretaría de Estado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ángeles Marra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta.
Bienvenido a esta Comisión, señor Sánchez, muchas gracias por su comparecencia. Corresponde a su departamento impulsar y coordinar la transformación digital de nuestro país, junto con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial. Entre sus competencias, como bien señaló, está la política de impulso al sector de telecomunicaciones y servicios necesarios para garantizar la conectividad para toda la ciudadanía y todas las empresas en todo el territorio, la
planificación y gestión del espectro radioeléctrico, el despliegue de infraestructuras digitales y de telecomunicaciones y la ordenación de los servicios de comunicación audiovisual, impulsando así la productividad y el crecimiento económico, y
además en un momento excepcional, porque hoy las circunstancias son bien diferentes a las de hace un año, tanto en el contexto sanitario como económico y social. Hoy tenemos 37 millones de personas vacunadas, más del 90 % de la población con pauta
completa, nuestra economía crece y crea empleo, y una muestra de que avanzamos en la buena dirección es que, mientras que con los Gobiernos del Partido Popular se tardó doce años en superar la crisis financiera de 2008, con el Gobierno socialista de
Pedro Sánchez se han recuperado los niveles previos a la pandemia, y digo bien, los niveles previos a la pandemia, en menos de un año y medio. Esto es un éxito de este Gobierno, un éxito de la política de este Gobierno y de las medidas que se han
venido desplegando por parte de este Gobierno a lo largo de este año y medio de pandemia.
Por eso, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, queremos expresar nuestro reconocimiento a usted, a todo su equipo, por el buen trabajo realizado, por la ejecución presupuestaria realizada a lo largo de este año tan complicado y
también por la apuesta firme y decidida de este Gobierno en la digitalización como instrumento transversal para la transformación y modernización de España, para la vertebración económica, social y territorial de nuestro país y, como bien señaló el
secretario de Estado, como un instrumento fundamental para reducir brechas sociales, brechas digitales como las de género o las territoriales, o bien para hacer frente al problema de despoblación en nuestro país.
En particular hoy España dispone de uno de los mayores despliegues de redes de alta capacidad de Europa, y eso es gracias a la apuesta firme de este Gobierno, con una inversión que ha crecido exponencialmente en los dos últimos años, con una
apuesta sin precedentes, en este caso por parte del departamento del secretario de Estado, en el despliegue de la conectividad digital y el impulso del 5G. Por ello han hecho posible un presupuesto realista, responsable, ejecutado prácticamente en
el cien por cien, que prima la eficiencia y que prioriza la transformación y modernización del tejido productivo y el crecimiento con el impulso sin precedentes a la transformación digital en España. De hecho, por primera vez en diez años contamos
con una hoja de ruta clara, contamos con la estrategia España Digital 2025, aprobada por el Gobierno en 2020, como una de las palancas fundamentales para reducir la desigualdad, para relanzar el crecimiento económico, el aumento de la productividad,
el aprovechamiento de las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. Por tanto, unos presupuestos, los de su departamento, secretario de Estado, que apuestan firmemente por medidas encaminadas a desarrollar los ejes de conectividad digital
con el impulso a la tecnología 5G, haciendo de España un polo de atracción de inversiones y de talento del sector audiovisual.
De hecho, en este presupuesto se contemplan las mayores inversiones sin precedentes de nuestra historia. Si en 2021 se multiplicó por tres el presupuesto anterior, pasando de 338 millones de euros -estoy hablando del presupuesto prorrogado
del Partido Popular- a 1161 millones de euros en 2021, con estos presupuestos se alcanza la cifra a ejecutar por su departamento de 1428 millones de euros, esto es, 262 millones de euros más. Esta cantidad de dinero procede en su mayor parte del
Mecanismo de Transformación, Recuperación y Resiliencia, es decir, de la oportunidad que nos brindan los fondos europeos a España, con el objetivo prioritario de que en 2025 el cien por cien de la población tenga cobertura de redes de 100 megabytes,
eliminando por completo brechas territoriales, impulsando la tecnología 5G, contribuyendo al progreso social y a la vertebración territorial, con la meta de que el 75 % de la población tenga disponible servicios 5G en bandas de frecuencia
preferente.
Quiero hacer unas comparativas con respecto a lo que hizo el Partido Popular durante sus años de Gobierno, y voy a dar datos. Dos tercios de las dotaciones del Plan PEBA, precisamente los que extienden la banda ancha por todo el territorio,
se concentran en estos dos últimos años de Gobierno de Pedro Sánchez. Estoy hablando de que de los 621 millones de euros del PEBA, 450 millones se ejecutaron en estos dos últimos años. Por tanto, el compromiso de este Gobierno es firme y decidido
por la conectividad digital.
Pero tengo también una pregunta para usted, señor Cortés: ¿por qué el Gobierno del Partido Popular no impuso obligaciones de cobertura de los operadores durante el Gobierno del señor Rajoy cuando estas ya quedaron aprobadas en el año 2011?
¿Saben por qué, señor Cortés? Pues porque no querían ejecutar el Plan PEBA y dar soluciones a mejorar la conectividad, en especial a la España despoblada. Frente a este abandono del Partido Popular a la España interior, con este Gobierno se está
acelerando como nunca el despliegue de la conectividad de la banda ancha en zonas rurales. Para ello se aprobó por parte del Gobierno la mayor convocatoria de la historia para extender la banda ancha ultrarrápida al cien por cien del territorio
español, el Programa Unico en sus distintas convocatorias, con una cifra sin precedentes, 250 millones de euros, la mayor inversión de la historia de nuestro país.
Por tanto -finalizo, presidenta-, estos son unos presupuestos realistas, viables y consistentes, que marcan una hoja de ruta clara y una voluntad política férrea por parte del Gobierno de convertir a España en un país digital. Son unos
presupuestos de la recuperación económica y social justa y para la transformación y modernización de nuestro tejido productivo, para hacerlo más competitivo y generador de valor añadido, sobre la base de la digitalización, para afianzar el
crecimiento económico, el empleo, pero sobre todo son los presupuestos de las personas, y digo bien, son los presupuestos de las personas para que nadie se quede atrás.
Hago, por tanto, un llamamiento a la responsabilidad y al sentido de Estado, un llamamiento a todos los grupos políticos para trabajar, para contar con unos presupuestos que hoy por hoy son imprescindibles. Hagamos lo posible en esta Cámara
por construir un país mejor para todas y todos, hacer una España más verde, más digital, más cohesionada social y territorialmente y con mayor igualdad. Esa es nuestra tarea, la tarea del Grupo Parlamentario Socialista, y también debería ser la
suya.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Para contestar ahora tiene la palabra el señor Sánchez Sánchez.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES (Sánchez Sánchez): Primero, muchas gracias por sus intervenciones y por el tono de las mismas. Voy a intentar dar respuesta a los distintos comentarios
formulados, agrupándolos en los temas que se han ido suscitando.
En primer lugar, el tema de la ejecución presupuestaria de 2021. Estamos confiados, hay que tener en cuenta que estamos todavía a dos meses vista de fin de año y también que es habitual -no de ahora, de siempre- que muchos programas, muchas
de nuestras actuaciones y muchas convocatorias se acaben resolviendo en el último periodo del año. Creo que vamos a llegar a una ejecución presupuestaria notable, aceptable. No sé si será al cien por cien hasta la última coma, pero será notable.
Desde luego, muy lejos de catastrofismo presentado por usted, señor Cortés, permítame que se lo diga. Yo creo que avanzamos, aunque iremos viendo resultados ahora, porque es justamente en estos meses donde se van produciendo esos resultados de las
actuaciones que se han venido desarrollando a lo largo del año. También en ese sentido de la ejecución, quiero recordar que los reglamentos del Plan de recuperación se han aprobado este verano y, por tanto, es un ejercicio presupuestario un poco
singular. Sí que habíamos anticipado temas, pero hay actuaciones a las que hay que darles una cierta seguridad jurídica y, por lo tanto, hasta que no tienes cerrado el reglamento correspondiente no puedes terminar esa actuación, por muy bien que lo
hubieses planificado.
Otro tema que se ha suscitado ha sido el de la ciberseguridad, que obviamente es muy importante. Creo que todos nosotros, cada vez más, somos conscientes de que vivimos en un mundo completamente digital, cada vez es más digital, cada vez
hay más datos de todos, cada vez hay más frentes de ataque. En ese sentido, sí que somos muy conscientes, sensibles, susceptibles y trabajamos por poner esto en marcha. Es un tema que es verdad que se lleva más desde la otra secretaría de Estado,
pero nosotros en la parte 5G, sobre todo por las características especiales que tiene esta tecnología, en el sentido de que van a funcionar muchos sistemas máquina a máquina, sin intervención humana, hace que los frentes de ataque -sí me permiten
esta expresión- sean mucho mayores y, por lo tanto, requieren una sensibilidad especial o una actuación especial en el ámbito de la ciberseguridad 5G, además de la general, para la que hay destinado un presupuesto de actuaciones de concienciación
que ya se viene realizando este año. Incibe, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha realizado muchas campañas para que tengamos en cuenta este efecto en nuestra vida profesional, en las empresas, en la vida real. Esto es algo que hay seguir
haciendo, no podemos conformarnos con lo que está hecho, hay que seguir trabajando en ello.
En ese sentido, la Ley de Ciberseguridad 5G, por la que también me preguntaban, los principios básicos de esa ley son los que se sometieron audiencia pública y hay que ir adaptándola. En este caso, no hay trasposición de directivas, sino
adecuación de algunas recomendaciones que se han formulado en el contexto europeo y en esas estamos. Nosotros mismos fuimos parte ese trabajo con la Comisión y con el resto de Estados miembros para definir esos posibles riesgos en el ámbito de la
ciberseguridad 5G y las posibles soluciones o cómo minimizar esos riesgos. Agradezco las palabras de gestión ejemplar y cumplimiento al cien por cien, se lo agradezco mucho, pero seguramente ni somos del todo ejemplares ni alcanzaremos a cumplir el
cien por cien del todo, aunque se lo agradezco muchísimo.
Hay un tema que se ha mencionado, creo que ha sido el señor Guijarro, que era la preocupación por los pequeños operadores locales. Hay una cosa a tener en cuenta, cuando hablamos de que haya una cierta competencia, porque justamente donde
estamos actuando con estos programas de ayudas es donde no hay competencia porque no hay mercado. Hacemos medidas de financiación pública, justamente porque el sector privado no es capaz de atender esas necesidades. Por lo tanto, es difícil
conseguir al mismo tiempo que haya competencia, lo que hace falta es que haya alguien que por lo menos se dedique a llevar la red allí y ya estará bien. Dicho esto, no estamos dejando fuera a los operadores pequeños, ni muchísimo menos. De hecho,
a esta última convocatoria se han presentado creo que unos treinta o cuarenta operadores, más o menos, muchos de ellos pequeños operadores de ámbito local, igual que en las convocatorias anteriores del PEBA.
Aquí hago referencia también a la intervención del señor Jiménez, ya que todos podemos poner el ejemplo de un pueblo que no tiene cobertura en este momento, eso es verdad, porque si estuviese el cien por cien ya cubierto no necesitaríamos
estar trabajando para cubrirlo en 2023, 2024 y 2025. Efectivamente, durante estos años siempre vamos a poder poner un ejemplo de un sitio que tenga algún problema y vamos a intentar atenderlo lo más rápidamente posible. Ese es un poco el sentido
de estas actuaciones que estamos realizando.
Se ha mencionado la ciberseguridad y además el tema de la utilización de fibra oscura o de otras infraestructuras que existen en el país. Se han mencionado las de Red Eléctrica, pero también la tienen ADIF y otros más. Obviamente, nosotros
propugnamos, por supuesto que sí, que en los despliegues de redes se utilicen todos aquellos recursos que hagan fácil o que permitan que se puedan alcanzar los objetivos de llegar a dar servicio a la población de la manera más rápida posible. Por
supuesto, eso lo hacemos, lo que pasa es que lo tenemos que hacer de manera ordenada. ¿Por qué? Porque si no muchas veces las actuaciones voluntaristas que se han producido en algún momento lo que hacen es que eliminan la posibilidad de obtener
ayudas europeas para desplegar las redes convencionales. Solamente lo digo como un ejemplo de que es verdad que se utiliza todo, pero tenemos que hacerlo de una manera ordenada.
Como decía antes, en términos de ejecución no sería tan catastrofista, creo que estamos razonablemente bien. En términos de recursos propios de la secretaría de Estado para atender la demanda que nos supone este incremento en la actividad,
derivada de poner en marcha el Plan de recuperación, creo que lo tenemos razonablemente resuelto, en el sentido de que hemos acudido, por una parte, a un incremento de funcionarios interinos que se nos ha facilitado, que es el que aparece reflejado
con ese pequeño incremento en el capítulo 1, y por otra, a las asistencias técnicas externas que, efectivamente, en nuestro caso la mayor parte de ellas las hemos realizado a través de una entidad pública también, Isdefe, con la que esta secretaría
de Estado -lo que era la dirección general antiguamente porque la secretaría de Estado es reciente- ya venía colaborando, porque nos proporciona un elemento de aseguramiento de la confidencialidad muy importante por la propia naturaleza de la
entidad a la que le estamos haciendo este tipo de encargos.
No estoy nada de acuerdo en que los edificios no necesiten estas ayudas. En el conjunto del territorio, sí que hay un porcentaje razonablemente alto de edificios que necesitan actualizar sus infraestructuras de telecomunicaciones anteriores
al año 2000, que no lo han hecho, y esa es la idea de este programa en parte.
Por último -ya termino, presidenta-, se ha mencionado varias veces el anteproyecto de ley de comunicación audiovisual. Me van a permitir decir -más allá, por supuesto, de que este Gobierno no solamente no tiene nada en contra de ninguna de
las lenguas oficiales del Estado, faltaría más, no creo que sea necesario ni decirlo- que además propugnamos que haya producción en estas lenguas oficiales y así estaba escrito en el anteproyecto de ley. Eso sí, les voy a hacer un ruego para que,
por favor, en vez de atender solo a lo que se dice, se atienda también a lo que está escrito. Me voy a quedar aquí.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Terminamos aquí esta comparecencia. En unos minutos vendrá el siguiente compareciente. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA (MARTÍNEZ LÓPEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VOX (Número de expediente 212/001587); POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001638), Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL
DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/001781).
La señora PRESIDENTA: Retomamos la sesión. Damos la bienvenida al secretario de Estado de Memoria Democrática, don Fernando Martínez López, al que doy la palabra para que haga la primera exposición.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA (Martínez López): Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Señorías, comparezco ante ustedes para dar a conocer los presupuestos destinados a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Como señalamos en la exposición de motivos del proyecto de ley de memoria democrática, actualmente en
tramitación parlamentaria, 'desde el fin de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron Europa en el siglo XX y, especialmente, desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un imperativo
moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El firme compromiso de la pedagogía del 'nunca más' se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las
sociedades democráticas en todo el mundo'. Se sigue afirmando en la exposición de motivos que
'para ello, las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda
forma de violencia intolerante y fanática. La memoria se convierte así en un elemento decisivo para fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, plenamente conscientes de su propia historia, capaces de detectar y desactivar las
derivas totalitarias o antidemocráticas que crecen en su seno'. Cierro comillas.
Precisamente, para impulsar las políticas públicas de memoria en España, el presupuesto asignado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en los Presupuestos Generales de 2022 asciende a 11 826 300 euros, que servirán para consolidar
la puesta en marcha de medidas relativas a la reparación de las víctimas y a la conservación, defensa, fomento y divulgación de la memoria democrática. Es un presupuesto histórico, el mayor de los que se hayan destinado nunca antes a esta política,
pues se incrementa en 469 770 euros, es decir, un 4,14 % más que en el ejercicio anterior. Hay que recordar que ya en 2021 el presupuesto fue un hito muy significativo en lo que se refiere al compromiso con la memoria democrática, ya que supuso un
incremento del 83 % sobre el que mayor dotación tuvo durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y casi quintuplicó el presupuesto residual del único ejercicio en el que los Gobiernos presididos por Mariano Rajoy previeron alguna partida,
como la de 2,5 millones de euros en 2012.
Con estos presupuestos que hoy presentamos se da cumplimiento efectivo al compromiso manifestado por el presidente del Gobierno en la sesión de investidura de impulsar las políticas de recuperación de la memoria democrática, que se
materializa y visualiza con claridad en los siguientes datos consignados en el presupuesto: un 22,2 % de partidas irán destinadas a financiar actuaciones directas de la secretaría de Estado a través de estudios y trabajos técnicos, más un 7,4 %
destinado a la celebración de reuniones y conferencias; un 27,6 % a actuaciones a desarrollar mediante transferencias a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla; un 14,8 tendrá como destinatarios finales a las entidades locales, un 5 % a
entidades e instituciones sin ánimo de lucro y un 4 % a universidades y centros de investigación, y un 10 % a inversiones reales. Como puede observarse, con estos 11 826 300 euros estamos ante un inequívoco compromiso y una apuesta firme con las
políticas de memoria democrática, que da un sólido respaldo a las mismas en un periodo de transición entre la aplicación de los objetivos de la vigente Ley de Memoria Histórica y los retos que conlleva la futura ley de memoria democrática.
A lo largo de los últimos años, como conocen sus señorías y tuve la oportunidad de comentar cuando defendí el presupuesto de 2021, los distintos organismos internacionales de carácter humanitario han venido requiriendo al Estado español que
diera cuenta de las medidas adoptadas en materia de memoria histórica y regeneración democrática. El informe de julio del año 2014 presentado por el relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, concluyó con una serie de recomendaciones al
Estado español y solicitando información sobre la puesta en marcha de medidas para implementar esas recomendaciones y asistir a las víctimas del franquismo. El nuevo presupuesto de 2022 viene a dar respuesta a estas necesidades y requerimientos
plasmando distintas políticas que consolidan y dan nuevo impulso a la ya iniciada en el año anterior.
Las actividades las concretamos en diez grandes epígrafes. En primer lugar, este presupuesto contempla las actuaciones de la segunda anualidad del plan cuatrienal de fosas o de exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y de la
Dictadura. Como saben ustedes, la búsqueda e identificación de los desaparecidos constituye una obligación y responsabilidad del Estado y, por tanto, se configura en una política pública que ha de impulsarse y acometerse desde el Gobierno de una
manera directa. En cumplimiento del compromiso del presidente del Gobierno en la investidura de impulsar las exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes, se implementó un plan de choque de exhumaciones a través de
subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro, 750 000 euros, y otros 750 000 euros, en este caso a través de la FEMP, dedicados a exhumaciones por parte de los ayuntamientos. Es un plan de choque que se está ejecutando y cuyos resultados,
conforme a la normativa que lo regula, empezarán a presentarse en los próximos meses. Asimismo, se elaboró un plan cuatrienal de fosas con las comunidades autónomas y con las entidades locales, cuya primera anualidad, como saben sus señorías, contó
con partidas específicas en el presupuesto del año 2021. En este plan, la Administración General del Estado, conjuntamente con las comunidades autónomas y entidades locales, es decir, con el Estado, asume el liderazgo de las exhumaciones, tal y
como nos planteó el relator de Naciones Unidas. Las asociaciones sin ánimo de lucro, universidades, OPIR y reales academias tienen también un importante espacio de colaboración con la realización de estudios históricos y localizaciones
de fosas. En relación al año 2022, he de señalar que, de todas las partidas presupuestarias de la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática, el plan para las exhumaciones del año 2022 supone cerca de un 60 % del presupuesto de
actividades y se corresponde con la segunda anualidad del plan cuatrienal de exhumación de fosas. Estamos hablando, por tanto, de que casi el 60 % del presupuesto de actividades está destinado directamente al plan de exhumaciones.
¿Cómo distribuimos este dinero? En primer lugar, se va a potenciar significativamente la colaboración con las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática y se van a producir transferencias por
valor de 3 millones de euros, de la misma manera que en el año 2021. En segundo lugar, se va a potenciar significativamente la colaboración con las entidades locales, por una doble vía: por una parte, se da continuidad e impulso a la actuación de
entidades locales, es decir, de ayuntamientos y diputaciones, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la misma manera que este año, y se le asigna 1 millón de euros; por otra parte, se contemplan partidas especiales, en
este caso nominativas, que están destinadas directamente a municipios que, por las informaciones que tenemos, tienen grandes fosas. Cuando hablo de grandes fosas me refiero a las que pueden tener más de mil cadáveres. Aquí se van a realizar, por
tanto, de la misma manera que estamos haciendo con Pico Reja, con la colaboración de todas las instituciones. En el caso de Pico Reja, las instituciones que colaboran son la Junta de Andalucía, la diputación, el ayuntamiento y la Administración
General del Estado. De la misma manera, vamos a transferir, en este caso, partidas al Ayuntamiento de Córdoba para actuar en las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael por valor de 275 000 euros. Estamos hablando de dos fosas
que, según todos los estudios previos, pueden contener entre cuatro mil y cinco mil cadáveres. Esto lo vamos a hacer mediante un convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba, la diputación provincial, la Junta de Andalucía y la Administración General
del Estado. Una segunda subvención nominativa al Ayuntamiento de Huelva se sitúa en este presupuesto con unos 100 000 euros, para que en colaboración con el resto de administraciones actúen en una fosa que puede tener más de mil cadáveres. Una
tercera subvención de carácter nominativo va al Ayuntamiento de Ciudad Real, en cuyo cementerio municipal se sitúa una fosa también con más de un millón de cadáveres, así como una asignación para la colaboración con el resto de las administraciones
de 100 000 euros. Y una subvención nominativa al Ayuntamiento de Jaén, en cuyo cementerio de San Eufrasio, según los estudios previos de la fosa 702, existen 1081 cadáveres, que, evidentemente, habrá que extraer de esa fosa. A todo ello hay que
añadir que, una vez aprobada la ley de memoria democrática, la Administración General del Estado impulsará un proyecto para la contratación directa de exhumaciones en fosas que no hayan sido cubiertas por otras administraciones. Se va a continuar
con las actuaciones de exhumación en el Valle de los Caídos, que van a permitir proceder a la identificación del mayor número posible de los restos allí depositados. Asimismo, en este capítulo del plan de exhumaciones, una vez aprobada la ley de
memoria democrática definitivamente se va a impulsar el banco nacional de ADN. Esta es una medida que, como todos ustedes saben, está destinada, fundamentalmente, a la identificación genética en relación con los familiares, y es algo que
normalmente nos lo vienen pidiendo tanto las recomendaciones de Naciones Unidas como todas las comunidades autónomas que están participando en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática y las asociaciones memorialistas. Hasta ahí el primer
gran epígrafe: en torno al 60 % del presupuesto destinado a la segunda anualidad del plan cuatrienal de fosas.
En segundo lugar, el presupuesto de 2022 contempla la convocatoria de subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, universidades, OPIR, para actividades relacionadas con la memoria democrática. ¿Cuáles son las líneas que se
van a potenciar en este marco de subvenciones? En primer lugar, estudios e investigaciones sobre búsqueda y localización de fosas y sobre el conjunto de la temática de la memoria democrática. En segundo lugar, organización de cursos, jornadas,
conferencias, exposiciones y demás acontecimientos de carácter científico o divulgativo sobre la materia y también publicaciones. Y, en tercer lugar, recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral,
audiovisual e intelectual de la memoria democrática. El presupuesto asciende a 1 000 087 euros, lo que supone un incremento de 192 000 euros con respecto al año 2021, exactamente un 21 % más que en el presupuesto de 2021.
El tercer gran epígrafe del presupuesto contempla la elaboración de un censo de víctimas. Ya lo contemplábamos en el año 2021 y, ahora, lo seguimos contemplando, porque seguimos trabajando en el proceso de la elaboración del censo de
víctimas. Hemos dado los primeros pasos en el año 2021, tendremos que seguir en el año 2022 y continuaremos, porque es un censo de víctimas que queremos hacer con todas las instituciones, tanto universitarias como comunidades autónomas,
ayuntamientos,
investigadores, etcétera, y que no se hace en un año. Ya saben ustedes que el gran problema que tenemos en el Estado español es que no tenemos cifras oficiales. Todos los historiadores nos estamos moviendo con estimaciones, y es preciso
que el Estado tenga, de una vez por todas, un censo oficial de todas las víctimas, tanto víctimas de la represión, en una zona o en otra, como víctimas en combate.
En cuarto lugar, respecto al censo de edificaciones realizadas con mano de obra forzada, recogido en la Ley de 2007, hemos firmado un convenio con la Universidad Complutense para realizarlo. Vamos a continuar este año y el año que viene
hasta que tengamos el censo de ese tipo de edificaciones.
En quinto lugar, y en relación con la resignificación del Valle de los Caídos, en el presupuesto de 2022 se contempla, en primer lugar, la convocatoria de un concurso de ideas a escala internacional para el centro de interpretación que se
instalará en el recinto del monumento; en segundo lugar, el impulso de varios proyectos de investigación sobre la arquitectura del Valle de los Caídos, en el marco comparado de la arquitectura totalitaria europea, o también un proyecto sobre el
traslado de los 33 800 cadáveres allí inhumados desde todas las provincias españolas. Asimismo, como indicaba antes, vamos a continuar con las actuaciones de intervención, con la finalidad de realizar las tareas de exhumaciones que permitan
proceder a la identificación, de la manera que sea posible, de los restos allí depositados. Todo esto será con el objetivo de impulsar un proceso didáctico y pedagógico que permita explicar el monumento en su contexto y resituarlo como lugar de
memoria democrática, en homenaje y reconocimiento a todas las víctimas allí inhumadas.
Asimismo, en el sexto epígrafe, el presupuesto del año 2022 contempla dar los primeros pasos para la creación de un centro nacional de memoria democrática.
En séptimo lugar, a lo largo del próximo año se llevará a cabo un conjunto de actuaciones para conocimiento y divulgación de la memoria democrática. Este año pretendemos hacer la exposición de La Desbandá, que con motivo de la pandemia no
hemos podido realizar en el año 2021. Como saben ustedes, La Desbandá no es otra cosa que el gran éxodo masivo, se calcula que de más de cien mil personas, que se produjo desde Málaga hasta Almería en el año 1937. Es algo que están solicitando
muchísimo todos los ayuntamientos de la zona, evidentemente, pero también las asociaciones de carácter memorialista. Este año mismo año se va a producir la conmemoración del 50.º aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. Haremos una
exposición en la Biblioteca Nacional a partir del mes de junio y todo un conjunto de actividades paralelas en relación con Clara Campoamor. Entre otro tipo de exposiciones y actividades que vamos a realizar, en este caso en contacto con la
Comunidad de Aragón, está el 40.º aniversario de la muerte de Ramón J. Sender. Es interesantísimo trabajar con la comunidad para llevarlo a cabo. Vamos también a conmemorar, a finales de mayo del próximo año, el bicentenario del Trienio Liberal.
Como saben ustedes, el Trienio Liberal es uno de los periodos históricos donde por primera vez se empieza a concretar el proceso de una Constitución, en este caso, la Constitución de 1812, y un crisol de todo lo que sería posteriormente la
generación de los nuevos partidos políticos, pero también de todas las medidas de reforma que después hemos conocido durante toda la etapa liberal y la etapa democrática. También vamos a conmemorar el 60.º aniversario del llamado contubernio de
Múnich. Como saben ustedes, en pleno franquismo, los demócratas españoles que estaban aquí y en el exterior se reunieron en Múnich. Vamos a continuar con la itinerancia de la exposición de Manuel Azaña, intelectual y estadista. Ya hemos tenido
esta exposición en la Biblioteca Nacional y en Alcalá de Henares y, en este momento, la exposición está en la Universidad de Granada y pasará por Barcelona y también, en principio, por Zaragoza. Del mismo modo, vamos a rendir homenajes. Este año
hemos rendido homenaje a Eduardo Dato y vamos a rendir homenaje a Niceto Alcalá Zamora, con motivo del 90.º aniversario de la proclamación como presidente de la Segunda República. El próximo año rendiremos homenaje a figuras como Diego Martínez
Barrio, José Canalejas, porque se cumple el 110.º aniversario de su asesinato, Carmen de Burgos Seguí, porque se cumple el 90.º aniversario de su muerte o Mariano José de Larra, con motivo del bicentenario de su obra El pobrecito hablador. Por lo
tanto, todo este tipo de actividades están en el marco del presupuesto del año 2022.
En octavo lugar, se prevé la promoción y declaración de lugares de memoria. Lo haremos con ayuntamientos y con distintas comunidades. Pero quiero detenerme en explicar el enfoque territorializado que hemos intentado dar este años a las
políticas de memoria. Además de las distintas colaboraciones que vamos a tener con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en relación con Belchite, en Aragón, con el columbario de Paterna y con el Arco de la Victoria en Madrid,
destacaríamos la inclusión del Centro de Recuperación de la Memoria de la Guerrilla Antifranquista, en San Agustín de Moya (Cuenca), realizado conjuntamente con el Ayuntamiento y la Diputación de Cuenca y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, así como la inclusión del proyecto Fronteras de Hormigón, en Navarra. Este último proyecto -me detengo en él- se sitúa dentro de las medidas sobre el reconocimiento a las víctimas de trabajo forzado y la
revelación pública de la verdad de los acontecimientos del pasado en lo relativo a las vulneraciones de los derechos humanos. Por ello, en la secretaría de Estado prevemos durante el año 2022 colaborar en el proyecto Fronteras de Hormigón, del
Gobierno Foral de Navarra y de varios municipios de esta comunidad, cuyo objetivo es divulgar el proyecto de fortificación de la frontera pirenaica que llevó a cabo la dictadura franquista, para intentar evitar una posible invasión aliada, y que el
régimen nazi continuaría hacia el norte del Atlántico, donde fueron explotados muchísimos exiliados y refugiados españoles. Se trata de poner en valor este patrimonio histórico para fomentar la cultura de los derechos humanos y un firme compromiso
con el proyecto de una Europa unida, próspera y democrática.
En noveno lugar, y siguiendo el mandato de la Ley 52/2007, se procederá a la actualización del censo y retirada de simbología franquista, a la actualización del mapa de fosas y a la actualización permanente de nuestra página web y la página
web del Valle de los Caídos.
En décimo y último lugar, una vez aprobada la ley de memoria democrática, se contempla la creación de un consejo general de memoria democrática.
Señorías, la memoria de las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra Civil y la Dictadura, su reconocimiento, reparación y dignificación representan un inexcusable deber moral en la vida política y son signo de la calidad de la democracia.
El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir los errores del pasado. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad
y la justicia sobre nuestro pasado. El olvido, señorías, no es opción para una democracia.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pasamos al turno de los grupos parlamentarios. Creo que por Ciudadanos no hay nadie. Por lo tanto, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Martina Velarde.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta. Muchas gracias también, secretario de Estado.
Celebramos el aumento en esta partida de memoria democrática respecto a lo que se destinaba en 2021 y también con lo que se destinó en 2021 respecto a los años anteriores gobernados por el Partido Popular. Es verdad que es el mayor
presupuesto en esta materia durante este tiempo, pero creemos que se puede quedar corto, porque nosotras siempre vamos a pedir más, sobre todo por ese respaldo que van a necesitar todas las medidas que vamos a tomar en la ley de memoria democrática
que ahora se está tramitando en el Congreso. Creemos, dentro de ese margen, que los presupuestos son ambiciosos y que vienen a consolidar muchos cambios estructurales que en temas de memoria se están realizando. Para nosotras, es infame -la
verdad- escuchar durante todo este tiempo cómo el Partido Popular o cómo VOX reniegan continuamente del refuerzo democrático que suponen estas medidas de justicia y de reparación tan necesarias que está impulsando su ministerio. Nosotros tenemos
clarísima la importancia del trabajo de memoria histórica que desarrolla su secretaría y, además, somos conscientes del momento histórico por el que transitamos. Esto, aunque a algunos les pese, entendemos que ya es irreversible.
También somos conscientes de la relevancia de las acciones que se han realizado hasta ahora y de que este presupuesto respalda también esta ley de memoria democrática. Por contra de lo que estamos haciendo aquí, de lo que se está haciendo
aquí y de lo que se está haciendo por este ministerio, en Andalucía, por ejemplo -donde vivo-, todas las asociaciones y todas las plataformas de memoria democrática se van a concentrar y a manifestar el día 13 de noviembre en contra de las políticas
de la Junta de Andalucía. Por eso, me alegro de que por lo menos aquí estemos en otro camino. Todas estas acciones previstas entendemos que son claves para avanzar en la mejora de la calidad democrática de nuestro país.
Con respecto a las fosas y a las exhumaciones, desde nuestro grupo también queremos darle la enhorabuena por el trabajo realizado durante este año. Además, no es un gesto menor haber destinado casi un 70 % del presupuesto de memoria a las
exhumaciones y es muy buena noticia. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero estamos en el camino.
Como usted ha indicado, los proyectos pendientes más importantes se encuentran en Andalucía -en mi tierra-: quedan fosas en Córdoba, en Málaga y en Jaén. También nos alegramos muchísimo de esos convenios con el ayuntamiento y con la
diputación provincial y, sobre todo, esas exhumaciones en los cementerios de la Salud y de San Rafael.
También nos gustaría manifestar que una de las cuestiones de la memoria que nos afecta directamente a Andalucía tiene que ver con divulgar, exponer y enseñar lo que significó esa masacre conocida como la Desbandá en Andalucía. Me gustaría
que me informara sobre esa cuestión y de cómo lo tienen previsto. También me gustaría saber si en la nueva ley de memoria hay alguna partida para sacar a Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Además, me gustaría recordar aquí que se
aprobó una proposición no de ley para anular la sentencia a Blas Infante.
Desde Unidas Podemos, nosotras entendemos que todas estas cuestiones tienen que ser, lo están siendo y espero que lo sigan siendo, una prioridad para la secretaría de Estado y que las acciones dedicadas a las exhumaciones se realicen
apoyando a las entidades locales, que, en última instancia, son las que tienen la mejor noción de lo que ha sido el terror franquista dentro de los territorios.
Tenemos dudas sobre si con el presupuesto asignado para la reparación de las víctimas será suficiente. Y lo decimos porque a este respecto necesitaríamos que se extendieran los presupuestos destinados a las actuaciones para la reparación de
las víctimas en el marco de la ley de memoria. También nos gustaría saber un poquito más sobre los presupuestos dedicados a proyectos como el banco de ADN, al centro estatal de memoria y al registro de víctimas. Por ejemplo, si este recogerá al
personal de la Administración General del Estado que se había purgado durante el franquismo, o si este año, finalmente, tienen pensado hacer inversiones para respaldar acciones en el marco de la ley de bebés robados, que, por supuesto, tiene que ver
con la memoria y tiene también que ver con la reparación de las víctimas.
Y para finalizar, queremos agradecer su presencia y desearle suerte en la aplicación de este presupuesto, que sentimos que es robusto, aunque mejorable, como siempre. Siempre que trabajen para avanzar en la reparación, el esclarecimiento y
el refuerzo de la memoria histórica nos van a encontrar a su lado, porque esto repercute en nuestra calidad democrática y en las garantías de no repetición.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Voy a dar la palabra ahora al Grupo Plural -que creo que me lo había saltado-, al señor Josep Pagès.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes ya a los miembros de la Mesa.
Señor secretario de Estado, muchas gracias por su comparecencia. Yo le voy a plantear no tanto una cuestión sobre la falta de previsión de inversión, sino sobre una previsión de inversión, que no está precisamente referida a este ámbito de
su competencia, sino de Interior. En concreto, está previsto en estos presupuestos que el Ministerio del Interior invierta casi 9 millones de euros en el edificio de la comisaría de Via Laietana, en Barcelona, desde el año 2022 al 2025. No solo a
los independentistas catalanes, sino a la mayoría de fuerzas democráticas de Cataluña nos sorprende esta previsión, porque en el año 2017 se aprobó en este Congreso una PNL por la que se cedía el edificio a las administraciones catalanas para
destinarlo a un centro para la recuperación de la memoria histórica. Entonces, yo le quería preguntar cómo interpreta usted esta inversión de 9 millones de euros, que es contraria directamente a la proposición no de ley aprobada en este mismo
Congreso de los Diputados, y si no hay una contradicción en ello.
Nosotros, Junts per Catalunya, vamos a presentar, junto con otros partidos, una enmienda en la tramitación de la ley de memoria histórica, solicitando precisamente que se firme un convenio de cesión del espacio y dependencias de la
Prefectura Superior de Policía de Catalunya en Via Laietana, 43. Para nosotros es una cuestión determinante para la historia de la memoria democrática en nuestro país. Por ello le quería preguntar concretamente sobre esta cuestión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Francisco José Contreras.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor secretario general, por su comparecencia hoy. Ha explicado usted que crece en un 4 % el presupuesto dedicado a memoria histórica. Es conocido que nosotros somos totalmente opuestos a esta ley de memoria histórica, tanto a la
de 2007 como a la que ahora se pretende aprobar.
En un momento de grandes apuros económicos, se van a dedicar 12 millones de euros a la creación de un banco de ADN, pero parece que solo de ADN de las víctimas de un bando, y hasta un 60 % del presupuesto se va en la excavación de fosas,
pero solo fosas con víctimas de un bando, a la resignificación
democrática del Valle de los Caídos -me alegra aprender que solo va a consistir en la instalación de carteles y tal, y no, por ejemplo, en el derribo de la gigantesca cruz o en la expulsión de los benedictinos-, o en la conmemoración de la
Desbandá, es decir, la huida de tropas republicanas mezcladas con población civil de Málaga, en febrero de 1937; una huida que fue hostigada, efectivamente, por la aviación de Franco. Entonces, como quiera que solo se excavan fosas de un bando,
solo se conmemoran figuras históricas de un bando, ¡pues qué quiere que le diga! La gente tiene la impresión de que lo que importa realmente no es honrar a las víctimas, sino imponer un relato histórico sectario que atornille en el inconsciente de
todos la ecuación según la cual izquierda es igual a libertad y democracia, y derecha es igual a fascismo.
Dese cuenta que la ley está configurada de tal forma que son invisibilizadas o ignoradas todas las víctimas que no quepan en el patrón maniqueo: victimario de izquierda, victimario de derechas. Por ejemplo, ¿por qué tomar como punto de
partida del periodo histórico contemplado por la ley precisamente el 18 de julio de 1936? ¿Por qué no haber incluido también los cinco años anteriores -del 31 al 36-, durante los cuales se produjeron unas 3000 víctimas de violencia política, una
violencia protagonizada mayoritariamente por la izquierda y una violencia que precisamente fue el antecedente y, probablemente, la causa principal de la guerra posterior?
Usted ha citado a Clara Campoamor. Pues bien, como muestra de imparcialidad, sería una buena iniciativa -por ejemplo- hacer una edición masiva del libro de Clara Campoamor La revolución española vista por una republicana, editado en 1937, y
que cuenta precisamente la recrudescencia de esa violencia política de izquierdas la primavera de 1936, con ocupaciones de fincas, asesinatos selectivos, quema de iglesias, etcétera.
La ley está configurada de tal forma que son invisibilizadas, son ignoradas no solo las aproximadamente sesenta mil personas de derechas, católicas, etcétera, asesinadas en el campo republicano durante la Guerra Civil, sino también víctimas
de izquierdas eliminadas por otros izquierdistas. Es conocido que tuvieron lugar dos miniguerras civiles intraizquierdistas en campo republicano en aquellos años. La primera de ellas la de Barcelona, en mayo de 1937, que opuso a los anarquistas y
a los militantes del POUM contra los comunistas y las fuerzas regulares de la República -por cierto, fue relatada magistralmente por George Orwell en su obra Homenaje a Cataluña- y produjo cientos de muertos no solo en combates callejeros, sino
también en la implacable represión posterior contra el POUM y los anarquistas; por ejemplo, el pobre Andrés Nin fue desollado vivo por agentes soviéticos. Y la segunda, la que tuvo lugar en Madrid, ya en las postrimerías de la guerra, en marzo de
1939, entre una de las fuerzas del Consejo de Defensa de Casado y Besteiro contra los comunistas que querían prolongar la guerra a toda costa. También produjo cientos de muertos, y no solo en combates callejeros -por cierto, de tanques en medio de
la Castellana, a cañonazo limpio-, sino también en fusilamientos recíprocos, por ejemplo, el de tres jefes del Estado Mayor de Casado que fueron fusilados por los comunistas en El Pardo el 7 de marzo. También las víctimas del Maquis en los años
cuarenta, que es presentada por algunos como una guerrilla antifascista, heroica y romántica, pero en realidad hacían acciones terroristas en las que murieron cientos de personas, o las víctimas de la ETA incipiente, entre 1960 y 1978, por
limitarnos al periodo contemplado por la ley, pues la ETA ya mató a decenas o centenares de personas en esos años.
Entonces, para que la gente no piense que lo que desean ustedes realmente es volver a dividir a los españoles y ganar votos en 2021 con los muertos de 1936, yo les sugiero dos efemérides posibles -ahora que se acerca noviembre- que sería
bueno conmemorar para desmentir esta impresión de sectarismo. La primera de ellas podría ser la conmemoración del bombardeo de Cabra, que tuvo lugar el 7 de noviembre de 1938, cuando ya la guerra estaba casi decidida. Cabra era una localidad sin
ningún interés militar, porque estaba alejada del frente. La aviación republicana hizo un bombardeo terrorista gratuito que produjo 86 muertos y 114 heridos, casi todos mujeres y niños, porque los hombres estaban movilizados en el frente. Y la
otra -ahora también que se acerca noviembre- podría ser el fusilamiento de veintitrés monjas adoratrices de la casa-convento de las Adoratrices, en Madrid, la noche del 9 de noviembre de 1936, muchas de ellas eran mujeres, jóvenes novicias, y además
estoy seguro de que a un Gobierno tan feminista como este le habrá de interesar especialmente esta efeméride. Además, contamos con el testimonio de uno de los milicianos que las llevaron a fusilar a la tapia del cementerio de la Almudena, que
confirmó que muchas habían muerto con sonrisas en los labios y alabando a Dios.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jaime Mateu.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, presidenta.
Don Fernando, muchas gracias por su comparecencia nuevamente en esta Comisión de Presupuestos.
Yo he escuchado muy atentamente primero a usted y luego a mis compañeros de Unidas Podemos, a los independentistas y al señor Contreras, de VOX, y evidentemente me reafirmo en lo que iba a decir para iniciar mi intervención: estos
presupuestos nuevamente rezuman ideología sectaria y frentista, no puedo decir otra cosa. Podría repetir, por eso, la intervención que efectúe en los presupuestos del año 2021, puesto que esa situación, con la actividad que ustedes pretenden
nuevamente de confrontar y dividir, permanece igual, diría yo siendo muy generoso. ¡Pero qué va! Todo lo contrario, se ha aumentado. Ustedes siguen echando leña al fuego de la confrontación, azuzando el espíritu del guerracivilismo y como
exponente del mismo tenemos un claro ejemplo, que es la presentación del proyecto de ley de memoria democrática, que, desgraciadamente, vuelve a reabrir las heridas causadas por una lamentable guerra acaecida hace ochenta y dos años, y evidentemente
ese frentismo es lo que este presupuesto del programa 925.M tratará de realizar.
Permítanme que les diga los fines que persigue la ley de memoria democrática, reproduciendo unas acertadísimas palabras que tuvo mi compañera, Macarena Montesinos, en el debate de totalidad en el Pleno sobre el proyecto de ley de memoria
democrática, y es que calca perfectamente lo que ustedes pretenden tanto con el presupuesto como con el proyecto de ley. Como decía mi compañera Macarena, es un intento de inocularnos una memoria colectiva al dictado del Gobierno más radical de la
historia de la democracia. Por cierto, olvidándose de las víctimas de los terroristas supuestamente antifranquistas, en realidad simples asesinos de la extrema izquierda más radical de ETA y otros movimientos y grupos terroristas durante la
Dictadura. También se han olvidado de los 369 asesinatos de ETA sin resolver, a los que este Gobierno ha abandonado hasta el punto de que el Parlamento Europeo ha tenido que iniciar una investigación. Es tremendo, tremendo, tremendo oír en esta
sala nuevamente aspectos de asesinatos de un lado y asesinatos del otro.
Entro ya en los presupuestos de este programa. Podemos decir que los presupuestos de un programa no dicen lo que significa el presupuesto global. Nosotros, evidentemente, tenemos un mal juicio de estos Presupuestos Generales del Estado.
¿Por qué? Porque no van a cumplir ni el cuadro macroeconómico, ni el concepto de los ingresos. Evidentemente, están totalmente desfasados, tal y como se lo han corregido ya tanto la AIReF -y ayer el gobernador del Banco de España muy acertadamente
lo dijo-, como el BBVA Research y el INE. Evidentemente, corríjanlos, porque lo único que van a generar es más paro y más agobio entre las clases españolas.
En definitiva, qué le puedo decir yo, señor secretario de Estado; en algo tendremos que estar de acuerdo, digo yo. Nosotros siempre estamos con las manos abiertas para ofrecer pactos y condiciones buenas para todo el mundo, para mejorar el
bienestar de los españoles. Bueno, pues aquí nosotros sí que le podemos decir una cosa, señor secretario de Estado, que estamos absolutamente de acuerdo en que todas las víctimas han de tener un lugar de reposo adecuado para que sus familiares
puedan ir a honrarles acabando con la angustia de no saber dónde reposan. Eso sí, sin que ello signifique una oportunidad para financiar a afines del socialcomunismo, como ha venido sucediendo hasta ahora con muchas convocatorias y muchas
adjudicaciones que han hecho ustedes de subvenciones. Y, sobre todo, un tema que es capital y fundamental, a nuestro entender, que ustedes parece que lo han desatendido, que es llevar un control riguroso de los cuerpos exhumados, aspecto del que
ahora, insisto, nos hemos enterado por una contestación del Portal de Transparencia a un periodista muy metido en estas lides, como es Pedro Corral. Por eso nosotros, frente a este presupuesto que nos ha esbozado, únicamente vamos a mantener todas
las partidas económicas relativas a la investigación, búsqueda, hallazgo, exhumación y entrega final de los restos a los familiares. Todo ello lo plasmaremos, evidentemente, en las enmiendas que presentaremos al programa 25.M de estos Presupuestos
Generales del Estado. Usted se ha referido a que el 60 % de este presupuesto está dedicado a exhumaciones, y permítame que le corrija, porque yo voy a algo más en términos comparativos de cuantías. Evidentemente, aquí tenemos que de los casi 11
800 000 euros que tiene este presupuesto, prácticamente 3 millones se dedican específicamente a las exhumaciones, cuando el resto, los otros 9 millones, entre gastos de personal, transferencias corrientes, etcétera, se dedican a hacer una política
que a ustedes les conviene, esa política sectaria y frentista que les mantiene vivos en el sentido de que ustedes se manejan muy bien en lo que es confrontación. Nosotros, evidentemente, por ahí no vamos a pasar, y de ahí vendrán nuestras propias
enmiendas.
Además, le digo una cosa, señor secretario de Estado, y es que en la memoria del programa 925.M no se ha cumplido prácticamente ninguno de los objetivos del año 2021. Se presupuestó agregar mil
víctimas en el censo nacional de víctimas y, según este proyecto, se han añadido cero. También se esperaba recoger material genético de quinientas personas para ese banco de ADN, con el cual nosotros, como punto de partida para localizar e
identificar los restos que podamos exhumar, estamos totalmente de acuerdo. Y desde luego la previsión del sistema informático, que es fundamental para este tema y que ustedes todavía dicen que está pendiente de comprarse. Con lo cual, ya sabe cuál
es nuestra filosofía: sí a las exhumaciones, pero no a esa política con dinero público de sectarismo o frentismo y para contentar a sus socios de Gobierno. Por eso le voy a formular unas preguntas que no le va a dar tiempo a contestar, pero que
sepa la Mesa que las he pasado ya por escrito y estarán registradas. Así que, si es usted tan amable y si quiere, procederá a contestarlas en los términos oportunos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don Fernando. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Valentín García.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Es cuestión de memoria, pero luego hablaré de memoria democrática, ahora voy a hablar de memoria presupuestaria. Dice el portavoz del Grupo Popular que no se van a cumplir ni el cuadro macroeconómico ni los ingresos, y lo dice con mucha
autoridad, sin duda, ya que su grupo parlamentario tiene mucha autoridad porque apoyaba al Gobierno de Rajoy, que durante siete años hizo presupuestos y nunca cumplió ni los ingresos, ni la deuda, ni el déficit que presupuestaba. Por tanto, deben
de haber hecho un gran cursillo, deben de tener una autoridad moral importante para decir que estos no se van a cumplir. Pero, desde luego, como adivinos tampoco es que ustedes se vayan a ganar la vida, porque adivinaban para España en el 2021
todos los males habidos y por haber y que íbamos a estar en quiebra, y, por supuesto, la situación puede ser mejorable, pero está a años luz de lo que ustedes decían en el debate presupuestario del año 2021.
Señor secretario de Estado, gracias por presentar los presupuestos de memoria democrática. Saludamos que crezcan un 4,14 % en el conjunto de la secretaría de Estado, pero nos alegra fundamentalmente porque el gran esfuerzo de crecimiento
presupuestario tiene que ver con las transferencias corrientes, que son las actividades relacionadas con la memoria, que crecen casi un 17 %. Es decir, el compromiso del Gobierno con la memoria se plasma en los presupuestos y no solo en las
declaraciones, y aquí tenemos unos presupuestos que dan respuesta a las demandas que hacen las asociaciones memorialistas y que cumplen con el compromiso del programa conjunto del Gobierno de coalición. Y saludamos también que la anualidad de este
plan cuatrienal para 2022 de exhumación de fosas recoja el 60 % del presupuesto. Esta es una apuesta clara por que la exhumación de fosas sea una política pública y, desde luego, es de agradecer en un año que va a ser transición entre la aplicación
de la Ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática.
Después de lo escuchado aquí, es más evidente que nunca que España necesita hacer un gran esfuerzo en memoria democrática para que las nuevas generaciones de españoles, lejos de acoger con tanto agrado los valores totalitarios de la
Dictadura, puedan ejercer una crítica democrática del periodo más negro de nuestra historia pero, sobre todo, se comprometan con esos valores democráticos en la no repetición de una experiencia tan nefasta para los españoles y las españolas.
Hay quien se sorprende y dice que en este proyecto presupuestario y en la ley de memoria se honra a una parte de las víctimas, pero no se han leído la ley de memoria, porque esta ley afecta a todas las víctimas de la Guerra Civil y del
franquismo. Y lo que no reconocen estos grupos parlamentarios tan afines al totalitarismo de la Dictadura es que a aquellas víctimas que el franquismo ya honró no es necesario que ahora las honremos de nuevo, porque ya tuvieron su reconocimiento y
su honor. Lo que hacemos con la ley de memoria es un acto de reconocimiento a las víctimas que no fueron honradas y reconocidas todavía. Y lo que tienen que hacer los demócratas de verdad es reconocer el dolor de la Guerra Civil y de todas las
víctimas, pero tenemos que tener el compromiso de que vamos a honrar a todas. Unas ya fueron honradas por la memoria del franquismo y ahora lo que tenemos que hacer es honrarlas con la memoria democrática, y la ley que está en discusión en esta
Cámara finalmente lo llevará a cabo.
Saludamos que el presupuesto siga apostando por la exhumación de las grandes fosas y por el esfuerzo que hace, fundamentalmente, con cinco nuevos ayuntamientos para dar digna sepultura a quienes están enterrados en estas grandes fosas. Y
también creemos que es para destacar lo que acaba de comentar en su intervención sobre la resignificación del Valle de los Caídos y, finalmente, su transformación en un lugar de memoria. Nosotros, los demócratas, tenemos una deuda de gratitud con
estas víctimas que vamos a honrar y, desde luego, lo más importante de todo lo que ha contado, aparte de que la exhumación de fosas sea una política pública, es el conjunto de actividades para la formación de los españoles en general y de
las nuevas generaciones de españoles en particular, porque es la mejor medida -la formación, la enseñanza y la educación en valores- para que no se vuelva a repetir. Por tanto, le agradezco, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, su
exposición y, sobre todo, su compromiso, el compromiso del Gobierno de coalición con la memoria democrática.
Muchas gracias, señor secretario de Estado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Ahora paso la palabra al secretario de Estado de Memoria Democrática, para que pueda contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA (Martínez López): Muchas gracias, presidenta.
Muchísimas gracias, señorías, por sus intervenciones, que yo creo que siempre son de gran interés. Desde luego, voy a contestar en el espacio de tiempo que tengo a lo que me sea posible.
Muchas gracias, por tanto, a la responsable de Unidas Podemos por su intervención. Quiero agradecerle que haya valorado positivamente estos presupuestos y la apuesta clara y decidida que tiene el Gobierno de España en relación con las
políticas públicas de memoria; políticas públicas de memoria que en este país empezaron a hacerse realmente a partir de 2007 con la Ley de memoria histórica, porque antes hubo políticas parciales de memoria, como fueron las reparaciones de carácter
económico, pero las políticas públicas de memoria empezaron en el año 2007 y seguirán aumentando, evidentemente, con la nueva ley de memoria democrática.
Se comenta la situación de las prioridades. Efectivamente, son una prioridad del Gobierno las actuaciones en el plan de subvenciones. Es algo que nos está pidiendo la ciudadanía, nos lo está pidiendo la gente que tiene todavía a muchos
familiares enterrados en esas fosas comunes. Y le puedo indicar que, en relación con Andalucía, en este plan de choque y en la primera anualidad del plan cuatrienal, se están produciendo 95 actuaciones: 8 por las asociaciones, 81 por los
ayuntamientos y 6 por la comunidad autónoma; en total, 95 actuaciones. No podemos olvidar que Andalucía -yo la conozco bien, tuve la oportunidad de coordinar el mapa de fosas de Andalucía en su momento desde todas las universidades- es una de las
comunidades en las que existe mayor número de fosas comunes.
Me plantea la salida de Queipo de Llano de la Macarena. Es una cuestión que, evidentemente, en función de la Ley de 2007 no se podrá acometer. Otra cosa es que con la ley andaluza sí que se podría acometer, y eso es cuestión de voluntad de
la Administración, en este caso, de la Junta de Andalucía. Pero sí que le indico que una vez que aprobemos la ley de memoria democrática están puestas todas las condiciones para que este tipo de anomalías que tiene la vida democrática no vuelvan a
producirse ni que estén en esos lugares públicos.
Me plantea también el tema del banco de ADN. El banco de ADN lo tenemos concertado ya con todos los laboratorios especializados al respecto, de cara a la identificación genética. Lo tenemos también muy avanzado con una universidad
holandesa en el programa Bonaparte, y vamos a destinar más de 350 000 euros para la adquisición del software que nos lo va a permitir. Ya está todo preparado, ¿pero qué es lo que nos falta? Nos falta la ley. Hasta que no tengamos la ley, no
podemos crear el banco nacional de ADN. Lo digo también en relación con la interrogante que planteaba el portavoz del Partido Popular. Don Jaime, hasta que no tengamos la ley, no podemos avanzar. Lo tenemos todo preparado y, si hubiéramos tenido
antes la ley, ya tendríamos el banco nacional de ADN.
En relación con el tema de bebés robados, esta ley lo que contempla fundamentalmente es situarlos como víctimas, e irán al censo de víctimas. Ya sabemos que hay en tramitación una ley de bebés robados. Concretamente, desde diversos ámbitos
nos han planteado que no introduzcamos ningún elemento más en la ley de memoria democrática en relación con bebés robados, porque hay una ley específica que lo va a sustanciar.
Muchas gracias, representante del Grupo Plural, de Junts. Usted me plantea un tema que no está dentro de mi ministerio y, por tanto, no está dentro de la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Desconozco en qué
se van a invertir los 9 millones de euros por parte del Ministerio del Interior. Me imagino que será en infraestructuras y en arreglar situaciones que no estén en condiciones. Aunque también tengo que decirle que esa comisaría de la Via Laietana,
sin lugar a dudas, es un espacio de memoria de la gente que fue represaliada y fue torturada en esos calabozos, y en esa línea, evidentemente, nosotros trabajaremos también desde nuestras competencias. No es una competencia
que tengamos nosotros, en este caso. Esa es la pregunta que me formulaba; para que vea cuál es el posicionamiento.
En relación con el portavoz de VOX, Francisco José Contreras, paisano y también colega de universidad, comentaré varias cuestiones que me parece que son indicativas al respecto. La primera cuestión que nos plantea es el tema de las
víctimas. Tanto la ley como yo, cuando he hablado o me he dirigido a todos ustedes desde esta tribuna, nos referimos a todas las víctimas. La ley contempla a todas las víctimas. Léase el artículo 3.a): Todas las víctimas de la Guerra Civil y de
la Dictadura. En relación con las vinculadas con temas religiosos, todos los que fueran víctimas por persecución de carácter religioso. Y va a haber un día, el 31 de octubre, en recuerdo de todas las víctimas. Me comenta también algo que la
verdad es que no entiendo. Usted, que derrocha conocimientos históricos siempre que interviene, no sé cómo me plantea que vamos a exhumar de un bando y del otro no. Dígame una fosa en zona franquista o en zona republicana, que fusilaran o
asesinaran en zona republicana, que no esté exhumada. Dígame una, y si me dice una plantéelo y exhumamos también esa fosa. Todas las fosas. Por lo tanto, no me plantee que vamos a exhumar una y que la otra la dejamos olvidada. Usted sabe
perfectamente, porque parece que es leído en temas de historia, que todas las fosas -podría quedar alguna- fueron exhumadas, además con rigor científico -cosa que en otro momento no se hizo-, en la posguerra. Usted lo sabe bien. No venga a
plantearme en este momento que exhumamos solamente las que quedaron, las del bando republicano; no, porque no es así. Además, le vuelvo a reiterar que si hay una sola fosa, una, que esté sin exhumar, dígamelo usted, haga la propuesta que de la
misma manera la exhumamos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí ha habido muchas cosas y hay que decir la verdad, hay que conocer toda la verdad de lo que ocurrió, y toda la verdad de lo que ocurrió es que unas víctimas -como muy bien
señalaba el portavoz del Partido Socialista- fueron reparadas y otras no. Pero no solamente fueron reparadas, fueron reparadas económicamente, fueron exhumadas y fueron reparadas moralmente. Todos los 20 de noviembre, todos, se recordaba a los
caídos por Dios y por España. Usted lo recordará, como yo también recuerdo en mi pueblo los actos que se hacían el 20 de noviembre. Y mientras tanto las otras víctimas, las víctimas republicanas, ¿dónde estaban? Estaban criminalizadas, estaban
estigmatizadas y estaban invisibilizadas, fuera absolutamente del espacio público. Esa es la realidad. ¿De qué se trata? Se trata de que la ley acoge a todas las víctimas, pero, evidentemente, trata de reparar lo que no se ha reparado, y esto es
una cuestión de humanidad, esto es una cuestión de derechos humanos, esto es lo que nos están planteando los organismos internacionales de derechos humanos a escala europea y a escala internacional y esto es lo que hace el Gobierno de España; esto
es lo que hace el Gobierno de España. Por lo tanto, me parece que es importante situar bien las cuestiones históricas porque si no sí que hacemos un planteamiento sesgado, en primer lugar, de la ley y, en segundo lugar, de la historia. Llevo
muchos años dando clase de Historia Contemporánea, muchos años estudiando esto y muchos años también encima de las fosas, y conozco exactamente cuál es la situación. Dígame, vuelvo a reiterarlo, alguna.
De la misma manera, para que usted vea lo que es la sensibilidad y cómo esto ancla en derechos humanos y en humanidad, y usted es una persona con sensibilidad de carácter humanitario, recuerdo que en mi anterior comparecencia le di un
consejo, por si usted me lo quería admitir, que se acercara a la fosa de Pico Reja, en su ciudad, cementerio de San Fernando. Allí, en este momento, hay exhumaciones de más de 2000 cadáveres, de los cuales de violencia política hay más de 500, es
decir, con tiros en la nuca. Vaya allí, acérquese a las mujeres vestidas de negro, de luto a lo largo de tanto tiempo, que no se lo han quitado, y pregunte usted qué es lo que están esperando. Están esperando que les den precisamente a su padre, a
su hermano o a su marido para darles digna sepultura. Esto es lo que pretende la ley y este presupuesto, en casi un 60 %, está destinado a ese tipo de exhumaciones para, si tenemos la suerte de encontrarlos y si tenemos la suerte de vincular la
identificación genética con los familiares, poder entregárselos a sus familiares. Haga ese ejercicio, por favor, porque creo que esto es importante para lo que es la convivencia y la democracia.
Vamos a conmemorar a todas las víctimas. Esta ley no ancla en el 18 de julio, esta ley va mucho más atrás. Si es que el problema es que no se leen las leyes. Esta ley ancla directamente, ¿dónde? Artículo 1.1: en todas las luchas
individuales y colectivas por la conquista de los derechos y las libertades fundamentales. ¡Léanse la ley! Artículo 1.1. Esto es así. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a conmemorar, lógicamente, el bicentenario del Trienio Liberal este
año. Estamos dentro del bicentenario y lo vamos a conmemorar. De la misma manera que lo vamos a hacer con Mariano José de Larra para hablar de las libertades y del papel de los partidos políticos en el planteamiento liberal. Lo mismo que
cuando llegue el aniversario le haremos un homenaje a Melquíades Álvarez, que fue fusilado y asesinado en Paracuellos. De la misma manera lo haremos, de la misma manera, porque contemplamos -y este es el gran planteamiento que tiene esta
ley- a todas las víctimas en el marco de los derechos humanos y en el marco humanitario.
En relación con lo que me plantea el portavoz del Partido Popular... No sé si tengo tiempo todavía.
La señora PRESIDENTA: Sí, un poco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA (Martínez López): Termino. En relación con lo que me plantea don Jaime Mateu, quiero decirle, en primer lugar, que con la ley no hacemos ideología. Esto no es ideología. Yo creo que lo
que tienen que hacer ustedes es un poco separarse -inténtenlo- de una vez por todas de VOX. Ese no es el camino; ese no es el camino. ¿Cuál es el camino? El camino son sus homólogos europeos, democráticos, que la verdad es que no entienden de
ninguna de las maneras cómo el Partido Popular, que es un partido democrático, no está apoyando una ley de memoria democrática que ancla precisamente en las recomendaciones de las organizaciones internacionales de carácter humanitario. No es la
primera vez que se lo digo. He tenido ocasión de decírselo en privado. Yo creo que harían un buen servicio a la democracia y se harían un buen servicio a ustedes mismos y a este país en lo que es el imperativo ético y categórico de que nunca más
vuelvan a suceder los hechos traumáticos que han asolado este país a lo largo de bastante tiempo. Porque, don Jaime, no tratamos de abrir heridas ni de dividir, tratamos de cerrar las que hay abiertas; de cerrar las que hay abiertas, usted lo
sabe. Usted me decía que está de acuerdo con el 60 % del presupuesto. El 60 % del presupuesto está destinado a víctimas. (El señor Mateu Istúriz hace signos negativos). Sí, ahora le voy a contar cuáles son. No me diga usted que tan solo hay 3
millones; son 3 millones de transferencia a las comunidades, pero no me ha escuchado bien porque son 3 millones de transferencia a las comunidades para exhumaciones y dignificación de fosas, primero; un millón para la Federación Española de
Municipios y Provincias para exhumaciones de fosas; 750 000 euros también para esas fosas nominativas, las grandes fosas -Ciudad Real, Jaén, Córdoba, Huelva, etcétera-; evidentemente, el marco del ADN, el Banco Nacional de ADN está en el marco
global de toda esta situación de exhumaciones porque, si no, no se puede identificar de ninguna de las maneras, y son 350 000 euros para el Banco de ADN; 500 000 euros para el Valle de los Caídos, para seguir exhumando, y luego tenemos el censo de
víctimas, al que también se destina una parte, y una parte de subvenciones a las asociaciones para búsqueda y localización, no para exhumación, porque la exhumación la hace directamente el Estado, que es lo que nos han venido planteando
sistemáticamente los organismos internacionales de carácter humanitario. Entonces, si usted está de acuerdo con el 60 % de este presupuesto, valórelo positivamente, no me diga que faltan cosas. La verdad es que el Banco Nacional de ADN es algo
fundamental. Lo tenemos todo prácticamente preparado para que, una vez que tengamos la ley -y le tiendo la mano para que valoren exactamente el apoyo a la ley-, inmediatamente el banco pueda entrar en funcionamiento.
Se nos dice que no entramos en las cuestiones de ETA. Las víctimas de ETA tienen su propia ley. Cuando alguien ha planteado por qué no están en la ley de memoria democrática, las propias asociaciones de víctimas del terrorismo han dicho:
cuidado, nosotros no queremos estar ahí, que ya tenemos nuestra propia ley. No mezclemos cosas; no mezclemos tirios con troyanos. No mezclemos cosas porque eso da lugar a posiciones demagógicas que evidentemente no son buenas en el marco de lo
que es la vida política española; no son buenas. Lo importante aquí es el rigor; lo importante es la seriedad; lo importante es si estamos o no estamos con lo que nos están planteando los organismos internacionales de carácter humanitario. Y
tanto la ley como este presupuesto engarzan precisamente en ese marco de recomendaciones; y como la ley engarza en ese marco de recomendaciones es algo que evidentemente se está valorando muy positivamente por todos los organismos internacionales
de carácter humanitario.
Presidenta, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han intervenido por sus aportaciones y, desde luego, reitero lo que decía al principio de mi intervención: el olvido es incompatible con una sociedad democrática.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus explicaciones. Cerramos aquí esta comparecencia y enseguida empezaremos la siguiente. (Pausa.-El señor vicepresidente Meijón Couselo ocupa la Presidencia).
- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (OLÓNDRIZ DE MORAGAS). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PLURAL (Número de expediente 212/001445); VOX (Número de expediente 212/001524); POPULAR EN EL CONGRESO
(Número de expediente 212/001663), Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/001746).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Señorías, a continuación pasamos a la comparecencia de la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, doña Inés Olóndriz de Moragas.
Ahora hemos cambiado el sistema y son los grupos los que preguntan; antes era al contrario y empezaba la compareciente, pero ahora no. Por lo tanto, por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Ferran Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias a la secretaria general de Financiación Autonómica y Local por su comparecencia en este trámite presupuestario.
Voy a ser muy escueto en los planteamientos. Primera cuestión. En los presupuestos incorporan una reivindicación que habíamos planteado desde el Partit Demòcrata, que habíamos conseguido que la Comisión de Hacienda votase favorablemente
una PNL, y no es ningún reproche, pero la ministra nos dijo que eso no tocaba, y es el tema de la compensación del IVA por la implantación, en su momento, del sistema de suministro inmediato de información del IVA. No obstante, estamos estudiando
la fórmula que ustedes proponen de compensación aquí para los ayuntamientos pero también para las comunidades autónomas, porque parece que se les va a exigir desistir de cualquier otro procedimiento. Por tanto, queremos analizar exactamente cómo se
efectúa esto.
Segunda cuestión. El Gobierno tiene pendiente la reforma de la financiación autonómica y la reforma de la financiación local. Lo tiene pendiente este Gobierno, el Gobierno anterior y el anterior del anterior. En todo caso, quisiéramos
saber ¿estos presupuestos contemplan alguna asignación extraordinaria?
Finalmente, las aportaciones que se hacen a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas, especialmente a las corporaciones locales, no se las voy a criticar porque yo creo que son las adecuadas en este momento; no quiero decir
que sean generosas, pero son las justas. En relación con las comunidades autónomas, ha habido una aportación de unos fondos extraordinarios COVID. El COVID, desgraciadamente, no ha desaparecido y en determinados sectores, como en el ámbito
sanitario, esto se junta con un déficit estructural del propio sistema de financiación de la sanidad. ¿Contemplan ampliar estos fondos extraordinarios para 2022, que son absolutamente necesarios para todas aquellas comunidades autónomas con
competencias en el ámbito sanitario?
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Bel.
Tiene ahora la palabra el portavoz de Compromís, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.
Seré muy muy breve. Voy a hacer dos preguntas. Primero, la ministra se comprometió en el Congreso de los Diputados a que el mes que viene presentaría el primer documento para comenzar la discusión sobre la financiación autonómica. ¿Piensa
presentarlo?
Segundo. ¿El documento será sobre la base de la discusión sobre la población ajustada?
Tres. Coincido con la pregunta que ha hecho el señor Ferrán Bel en cuanto a la importancia que han tenido este año los fondos extra para las comunidades autónomas, sobre todo para las comunidades autónomas peor financiadas. ¿Se han
planteado que estos fondos puedan seguir llegando durante este año?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Gracias, señor Baldoví.
Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Cinco minutos, ¿verdad? Gracias.
Yo quería preguntarle por los tres temas a tratar: sistema de financiación autonómica, la financiación de los ayuntamientos y, por último, la compensación del IVA de 2017. En cuanto al sistema de financiación autonómica, todos sabemos -ya
se ha dicho aquí y es una demanda reiterada- que es un sistema obsoleto, caduco e injusto, que debería haberse renovado hace más de siete años. Este sistema produce
notables diferencias entre españoles y necesita de una reformulación porque también afecta a la financiación local. Los dos grandes partidos del bipartidismo, PP y PSOE, no han hecho nada durante años, siempre han estado bloqueando esta
reforma del sistema regando de millones a los nacionalistas. Nosotros llevamos proponiendo mucho tiempo que se presentara antes del final de este ejercicio presupuestario una reforma del sistema que garantizara la financiación justa, que se
reconocieran las medidas transitorias de carácter temporal como el fondo de nivelación hasta que se apruebe un nuevo sistema y que se reconocieran los déficits de financiación acumulados. Entonces, yo quiero preguntarle cuándo va este Gobierno a
afrontar el reto de la reforma del sistema de financiación territorial, porque, como ya ha dicho mi compañero Baldoví, la ministra dijo recientemente que se presentaría un informe, una propuesta, en noviembre y noviembre es la semana que viene, así
que no sé cuándo podemos esperar este informe y no sé si ustedes han esperado adrede, de manera premeditada, la tramitación de estos presupuestos antes de abrir el melón de la financiación territorial para tener amarrados los apoyos a estas cuentas
sin herir sensibilidades. Le pregunto también cómo tiene pensado el Gobierno resolver el problema de la deuda acumulada, que en sitios como mi comunidad, la Comunidad Valenciana, o Murcia es en parte debido a esa infrafinanciación.
Sobre la financiación de los ayuntamientos, después del varapalo que supuso para el Gobierno el año pasado ver decaer su decreto para incautarse los remanentes de los ayuntamientos, el Gobierno decidió no aprobar un fondo que los
ayuntamientos venían reclamando de manera urgente y recurrente para hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia. Hoy no vemos en estas cuentas ningún fondo adicional para ayudar a los ayuntamientos a afrontar los enormes gastos que han
tenido en pandemia. Se prometieron el año pasado 5000 millones a fondo perdido, a semejanza del fondo de 16 000 millones que se concedió a comunidades autónomas en un acuerdo al que se llegó entre el Gobierno y la Federación de Municipios y
Provincias, pero ese fondo nunca se ha creado y se sustituyó por determinadas ayudas al transporte, por la suspensión de reglas de gasto y el uso del remanentes. ¿Me puede contestar usted a la pregunta de si al Gobierno le parece que los
ayuntamientos han tenido una financiación justa, suficiente y adecuada durante la pandemia?
Respecto al último punto, sobre la compensación del IVA de 2017, celebramos la consignación presupuestaria para compensar a las comunidades y a los entes locales por la implantación del sistema de suministro inmediato de información del IVA
de 2017 que consta en los presupuestos, pero no podemos dejar de poner de manifiesto que el Gobierno se ha visto obligado a ello porque así se lo han impuesto los tribunales. Por tanto, no quiero dejar de mencionar que celebramos esta consignación
presupuestaria, pero este pago se realiza tres años tarde y porque así se lo ha impuesto la justicia. ¿A usted le parece que esto es aceptable?
Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señora Olóndriz. La verdad es que yo también voy a hacer una intervención breve porque a estas alturas, avanzadas las comparecencias, ya vamos un poco a tiro hecho.
A mí lo que me interesa de lo que nos pueda usted aportar, aparte de una valoración general sobre los recursos asignados a su negociado, que, por cierto, entiendo, como decía el señor Bel, que son suficientes -no son descollantes pero creo
que sí son suficientes y, sobre todo, vienen con una, digamos, senda del año pasado complementaria-, le querría preguntar, digo, por la reforma del sistema de financiación autonómico, que es claramente lo que más nos preocupa a muchos de nosotros,
sobre todo porque esa reforma, que evidentemente aquí no está plasmada, salvo en algún elemento que usted nos quiera indicar, llegará en un momento en que se va a dar una reforma del sistema fiscal, cosa que lo va a complicar todo y, como digo, está
llamada a resolver un problema que se viene acumulando ya desde el año 2014, que es cuando se tenía que haber reformado ese sistema. A nuestro modo de ver, es un sistema que se ha ido corrigiendo con parches a lo largo de estos últimos años, se han
ido añadiendo fondos y más fondos o elementos para tratar de completar los fallos que se han ido viendo a lo largo de los años, pero es verdad que sí hacía falta o se echa de menos una revisión en general. Y la pregunta del millón: ¿cómo se
inserta esta revisión dentro de esa reforma fiscal que entiendo que el Gobierno está planificando? Lo digo porque, al final, cuando llegamos al debate sobre la financiación autonómica, señora Olóndriz, me da la sensación de que o planteamos una
reforma del sistema fiscal o necesariamente siempre va a ser un juego de suma
cero donde muchas autonomías o corporaciones locales se van a ver agraviadas o se van a ver perjudicadas precisamente por el hecho de que compensar a uno implicaría descompensar a otro si no crece la bolsa en general, esto de desvestir un
santo para vestir a otro. Por eso le insisto en la importancia de incardinar esa reforma del sistema de financiación autonómica en la reforma del sistema fiscal. Todo lo que nos pueda anticipar sobre esta cuestión, se lo agradecería porque, como
le digo, es lo que más nos llama la atención.
Por último, y aun subrayando el carácter notablemente bueno que creo que tienen estos presupuestos para nuestras corporaciones locales y autonomías, sí le querría decir, como alicantino, que nos hemos sentido algo agraviados en comparación
con otras provincias -no ya por los ránquines de provincias, donde siempre alguien tiene que salir perdiendo, siempre alguna provincia tiene que salir por debajo de la media; en cualquier indicador esto es algo natural- no le digo tanto por los
ratings relativos, sino más bien por ratings absolutos. En la provincia llevamos más de quince años esperando una serie de desarrollos de infraestructuras ferroviarias que no se dan. Todos los años cuando llega la fecha de presupuestos es como que
llegara Papá Noel porque es como escribirle la carta a un ser imaginario porque nunca nos contestan. Le decía también antes a alguna compañera que no podría volver a Alicante si no le traslado esta queja/pregunta. Por lo tanto, me doy por
satisfecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Sáez tiene la palabra.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora secretaria general, por la comparecencia. En el libro amarillo de los Presupuestos Generales del Estado, capítulo 7, financiación de los entes territoriales, se menciona que el desarrollo del Estado de las autonomías ha
supuesto un intenso proceso de descentralización administrativa. Es una afirmación francamente incompleta. Lo que se ha producido es un extraordinario incremento del gasto político, de las ineficiencias, de la burocracia, de la insolidaridad y de
las duplicidades. Una consecuencia es que a su comparecencia, señora secretaria general, no atienden representantes del partido que gobierna en la Comunidad Autónoma de Cataluña ni tampoco en el País Vasco.
Es bueno recordar que entre los años 2005 y 2020, mientras el PIB de España crecía un 20,98 %, el presupuesto de gasto de las comunidades autónomas lo hacía en un 45,8 %. Recordemos que las comunidades autónomas, de acuerdo al programa de
estabilidad 2016-2019, debían haber llegado en 2019 al déficit cero. No obstante, numerosas comunidades autónomas siguen manteniendo un importante desequilibrio en sus cuentas públicas. Es el caso de la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, por
citar algunas de las más importantes, cada una gobernada por un partido político diferente, pero coincidentes en gestionar negligentemente las cuentas públicas. No es casualidad que Cataluña sea la comunidad autónoma, de las diez que están
adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que más dinero ha recibido en el presente año. En concreto, entre los tres primeros trimestres del año, ha recibido un 38,97 % del importe asignado a este fondo. Tampoco es casualidad que
también se encuentren adscritas a este fondo la Comunidad Valenciana y Murcia. No podemos olvidar, para tener una idea completa de la situación financiera de las comunidades autónomas, el importe de la deuda que arrastran, que asciende, al cierre
del mes de junio, a 312 000 millones de euros, de los que 176 000 millones son con el Estado. A la cabeza de la deuda sobre el PIB la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. Vemos cómo muchas de ellas repiten en el pelotón de
cola de cualquier dato que revisemos. La pregunta es: ¿hay comunidades autónomas que no pueden colocar su deuda en el mercado, ya que no ofrecen confianza en los inversores? Creo que todos sabemos la respuesta. La verdad es que no entiendo por
qué no se realizan análisis comparativos de la gestión de las comunidades autónomas para detectar las mejores prácticas y poder extender el modelo al resto. No logro entender tampoco la obcecación en destruir las sinergias y crear duplicidades al
no centralizar ciertas competencias.
Con respecto a los entes locales, vemos que los fondos de financiación, si atendemos al presente año, se destinarán a ayuntamientos que se encuentran en riesgo financiero y a otros que no se han podido financiar en condiciones de prudencia
financiera. A propósito, los entes locales de la comunidad autónoma se llevan en 2021 el 56 % de estos fondos. Me gustaría que la secretaria general nos comentase si existe correlación entre los entes locales que aplican esos fondos y aquellos que
salen en los informes del Tribunal de Cuenta por sus numerosas incidencias en la gestión, tales como la existencia de pagos pendientes de ejecución presupuestaria, falta de transparencia o incidencias en la contratación pública.
Para terminar, me gustaría conocer su opinión sobre un tema: ¿cuáles son las razones por las que el Gobierno considera, según el programa de estabilidad, que las comunidades autónomas seguirán con déficit, aunque sea pequeño, 0,2 % del PIB,
en 2024?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Sáez.
Pasamos ahora al Grupo Parlamentario Popular. El señor González Terol tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Muy buenas tardes, señora secretaria general de Financiación Autonómica y Local.
La verdad que es una pena que venga usted en el día de hoy, porque yo tenía aquí una intervención para preguntarle por muchas cosas, alguna de estas preguntas las haré, pero le tengo que hacer una primera pregunta: ¿qué han hecho ustedes en
estos últimos años? El Tribunal Constitucional acaba de anular el impuesto de plusvalía municipal. Acaban ustedes de destruir los presupuestos del conjunto de los 8131 ayuntamientos de España. Hace dos años el Partido Popular dejó una reforma que
estaba ya en trámite de alegaciones de enmiendas en el Senado. ¿Qué han hecho ustedes en estos dos años? Han hecho imposible que puedan aprobar en tiempo y forma los ayuntamientos sus presupuestos. ¿Sabe lo que supone el impuesto de plusvalía
para un ayuntamiento como el de Zaragoza? 36 millones de euros. ¿Sabe lo que supone para el Ayuntamiento de Santander? 12,6 millones de euros. Y va a ser uno detrás de otro, ayuntamientos de todo signo político, de Esquerra, de Compromís, de
Podemos, del Partido Popular, los que supongo que llamarán a la puerta de la secretaría general de Financiación Autonómica y Local y de la Ministra la Hacienda, la misma que quiso incautar los ahorros de los ayuntamientos con el derrotado Real
Decreto 27/2020, para preguntarle qué han hecho los dos últimos años. Ya le anuncio que el Grupo Popular va a pedir, inmediatamente, la celebración de la Comisión Nacional de Administración Local; por supuesto, la celebración de una junta
extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias, y la comparecencia de la señora ministra para que dé contadas explicaciones sobre por qué hay, nuevamente, un desaguisado en este Gobierno que se ha visto incapaz de aprobar una
normativa que dé seguridad jurídica al conjunto de los ayuntamientos de España de todo signo político. Créame que es lo más preocupante -y se lo digo como exalcalde-, lo más preocupante que se ha visto aquí en mucho tiempo en el Congreso de los
Diputados. Espero que pueda darnos algunas explicaciones.
Pero esto es un suma y sigue, señora secretaria general. Ustedes mantienen prácticamente igual la financiación prevista para comunidades autónomas y entidades locales. Lo cifran en algo más de 70 000 millones de euros pero, en realidad,
hay una reducción del 2,9 % porque ustedes están incrementando la participación de ingresos del Estado que va a ayuntamientos y comunidades autónomas, sabiendo ya como saben -después de haber venido aquí el gobernador del Banco de España- que sus
previsiones de ingresos son falsas. Ustedes este año han tenido que condonar la deuda de la liquidación negativa de los adelantos a cuenta de 2020. ¿Qué va a ocurrir en el 2021, señora secretaria general? ¿Qué va a ocurrir con estos presupuestos
para el 2022, pan para hoy y hambre para mañana, señora secretaria general? Incluyen ustedes en estos presupuestos los 4150 millones de euros del IVA que tienen que devolver ustedes a comunidades autónomas y ayuntamientos y, como ha dicho alguno de
mis compañeros, no ha sido por voluntad, porque la ministra no quería, a pesar de que el Grupo Popular le dijo una y otra vez que debía devolver el IVA debido de diciembre de 2017: 753,4 millones de euros a los ayuntamientos. Siguen sin contestar.
Lo han incluido en presupuestos, han incluido 496 millones de euros y dicen que son con créditos ampliables para llegar a la cuantía final. Espero que nos dé explicaciones de si esto va a ser así.
Estos son los presupuestos de la mentira. Seguimos sin un fondo COVID para los ayuntamientos. La ministra, cuando le derrotamos su real decreto para robar los ahorros de los ayuntamientos, dijo que habría un fondo de 3000 millones de euros
para los ayuntamientos. La FEMP le pedía 4000 millones y le pedía un fondo de transportes de 1725 millones de euros. Creó uno de 433 millones de euros para este año 2021, que desaparece en el presupuesto del año 2022. ¿De verdad cree que los
ingresos de los consorcios de transporte municipales han mejorado sustancialmente como para liquidar y dejar otra vez en 50 millones de euros una partida incrementada, desde nuestro por punto de vista insuficientemente, pero que era un punto de
partida para mejorarlo también en este año 2022? Sinceramente, señora secretaria general, creo que tiene usted un papelón.
Vayamos a la inversión territorializada. ¿Podría explicarnos por qué la Comunidad de Madrid recibe un 8,4 % menos de fondos en 2021? ¿Podría explicarnos por qué una comunidad autónoma que
representa el 14 % de la población española y el 19 % del PIB ve reducidas sus inversiones territorializadas del 10,3 % en el 2021 al 8,9 % en el 2022? ¿Podría explicar por qué las inversiones en Cataluña en el mismo periodo se incrementan
un 6,1 % suponiendo el 17,4 % del total? ¿O por qué en la Comunidad Valenciana, gobernada por ustedes, donde se pedía un impuesto de capitalidad para la Comunidad de Madrid, se incrementan las inversiones un 3,7 %, representando el 9,3 % del total?
Y si vamos a los datos de inversión por habitante, ¿podría explicar usted por qué un madrileño va a tener 170 euros de inversión territorializada por parte del ministerio y, sin embargo, en Cataluña son 287 euros o en Valencia 239,36? ¿Podría
explicarlo? ¿Podría explicar por qué las entidades locales no tienen un impuesto de plusvalía o garantía jurídica sobre ella? ¿Podría explicar por qué ahora los alcaldes tienen que elegir sobre si encienden la caldera o si enciende la luz de la
guardería o de la escuela infantil o del instituto o del colegio, porque el ministerio ha decidido no dar un solo euro de dinero público nuevo, habiendo asumido el conjunto de los ayuntamientos de España los costes de la batalla en primera línea
contra la COVID-19 y, sobre todo, las consecuencias económicas que ha detraído, precisamente, esa crisis sanitaria? ¿Querría explicar el ministerio, sobre todo la secretaria general de Financiación Local, cuál va a ser la respuesta el ministerio?
Porque yo no la encuentro en este presupuesto.
Tampoco veo que se hayan atendido las solicitudes de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde están ustedes y nosotros y todos los aquí presentes. ¿Dónde están los 300 o 400 millones de euros para los ayuntamientos sin
remanentes de tesorería que dijo la ministra que estudiaría? ¿Dónde está el 15 % de los fondos europeos -señora secretaria general, le pido que mire esta noticia- que dijo la señora Montero que llegaría a los ayuntamientos? Yo veo en el
presupuesto, pintados 2050 millones de euros que, sumados a los 1483 millones de este año, apenas suman el 2,5 % del total. Si es el 15 %, que estamos de acuerdo con las palabras de la señora Montero, ¿dónde están los 20 000 millones de euros que
deberían estar yendo a los ayuntamientos durante estos tres años? ¿Dónde están, señora secretaria general?
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Tiene que finalizar ya, señor portavoz.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Creo que son muchas las cuestiones pero me gustaría centrarme, especialmente, en el impuesto de plusvalía y qué garantías y qué certezas le da, y espero cumplidas explicaciones por parte del Gobierno de España,
tanto en la Comisión de Administración Local como en el conjunto de instituciones en las que el Partido Popular exigirá la comparecencia de la ministra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Luis Ramos.
El señor RAMOS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora secretaria general, le agradezco su presencia en esta Comisión.
Una reflexión previa. Yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia, y también nos va a dejar la pospandemia, es la necesidad de fortalecer la descentralización de nuestro país, de fortalecer el sistema de cogobernanza,
de coordinar y colaborar el conjunto de las administraciones. Y pasamos de unos presupuestos de contención a unos presupuestos de recuperación. Creo que estos son unos presupuestos que garantizan la capacidad y suficiencia, tanto de las
comunidades autónomas como de los ayuntamientos. Señor Terol, ¡qué difícil tienen ustedes explicarle estos números a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos donde ustedes gobiernan! Se lo dije el año pasado. No pueden dar lecciones de
financiación local. Señor Terol, le voy a dar dos datos que son contundentísimos: 2014 a 2017, 360 000 millones para las comunidades autónomas, y 2019 a 2022, 490 000. Señor Terol, 130 000 millones más que cuando ustedes gobernaban; 130 000
millones más. No un 5 ni un 10, un 35 % más para las comunidades autónomas. Explíquenselo a los presidentes de sus comunidades autónomas a los que en privado les gustan estos presupuestos, explíquenselo. Y explíquenles también a los
ayuntamientos, señor Terol, los que limitaron su autonomía, los que les hicieron planes de ajuste, los que están pagando ahora los planes a proveedores y los que paralizaron un impuesto de plusvalía, 16 000 millones de euros paralizados en los
ayuntamientos de este país, señor Terol, por su gestión. ¿Y viene a hablarme usted del impuesto de plusvalía? Se ha agarrado esta mañana al impuesto de plusvalía, que era a lo que le quedaba agarrarse esta mañana.
Son unos presupuestos que cumplen, que cumplen con las comunidades autónomas, que fortalecen la capacidad de las comunidades autónomas, que crecen en las entregas a cuenta más de un 6 %, que compensan las liquidaciones del año 2020 en una
cantidad importante, más de 3000 millones, que compensan, efectivamente, como han dicho otros portavoces, el tema del IVA de 2017 reclamado unánimemente por las comunidades autónomas, que tienen una participación en los fondos europeos, que a
ustedes luego se les vuelve a olvidar. El año pasado decían que los fondos europeos no llegaban, este año ni los mientan. Más de 8000 millones en inversión de los fondos europeos para las comunidades autónomas y más de 2000 millones para los
ayuntamientos. Yo vengo de un pueblo de 2000 habitantes, de 2000 habitantes, y he sido dieciséis años alcalde, nunca hemos tenido más recursos que en los últimos tres años, nunca. Y le voy a dar un dato: once convocatorias en apenas un mes en
diez áreas distintas: rehabilitaciones de vivienda, depuradora, saneamiento, movilidad... ¿Le parece poco, señor Terol? En apenas un año y medio para los ayuntamientos. Y le hablo de ayuntamientos de menos de 5000 habitantes, señor Terol. Por
eso le digo que a ustedes se les acaban los argumentos; se les acaban los argumentos. Por primera vez los ayuntamientos se han sentado en la mesa de los fondos europeos, por primera vez. Por primera vez, señor Terol, en la mesa de los fondos
europeos. Y creo que esto es lo que tenemos que comprobar. Y, como digo, antes de hacerle unas preguntas en las que me gustaría que profundizase la secretaria general, me parece que son unos presupuestos que cumplen, como digo, con esa
cogobernanza, con esa colaboración que entendemos que son necesarias en estos presupuestos de recuperación.
Me gustaría hacerle unas preguntas muy rápidas. En primer lugar, ¿qué transferencias extraordinarias, señora secretaria general, han recibido las comunidades autónomas en estos últimos años? ¿Qué han representado estas trasferencias en
términos de PIB de las comunidades autónomas en estos dos últimos años? ¿Qué incremento se ha producido en 2021 en la recaudación de los tributos cedidos a las comunidades autónomas y cuál es la previsión de incremento para 2022? También, coincido
con otros portavoces, ¿cuándo se va a cometer la reforma del sistema de financiación autonómica y local, y si se van a hacer de forma simultánea las dos, tanto la autonómica como la local? También, ¿qué medidas se han previsto en los presupuestos
generales de 2022 para mejorar la financiación de las entidades locales y, sobre todo, qué novedades y qué medidas contempla para aquellas corporaciones locales con problemas financieros que, desgraciadamente, por la herencia recibida de esos cuatro
años del Partido Popular, se ven asfixiados, ahogados y sin la posibilidad de acceder a muchos recursos? ¿Qué novedades podríamos darles en estos presupuestos ante esos problemas financieros?
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Gracias, señor Ramos.
Señora Olóndriz, tiene usted la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Olóndriz de Moragas): Muchas gracias a todos por sus cuestiones; intentaré agruparlas en la medida de lo posible.
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 verán que las medidas que se han tomado para comunidades autónomas y entidades locales este año son muy similares. Primero, hablaré de las comunidades autónomas; luego, de las
entidades locales, y, haciendo esa transición, en medio explicaré la reforma del sistema de financiación autonómico porque no está en los presupuestos, pero entiendo que es un aspecto que es de interés de todos los que están en esta sala.
En cuanto a las comunidades autónomas, lo que nos encontramos es que, una vez más, el Gobierno en el presupuesto para el año que viene incorpora unas aportaciones adicionales y ajenas al sistema de financiación autonómico para reforzar la
financiación de las comunidades autónomas. La financiación de las comunidades autónomas en global se puede dividir en tres grandes bloques: el sistema de financiación autonómico propiamente dicho, las aportaciones adicionales, y las aportaciones
que vienen de los fondos europeos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Cuando miramos lo que es el sistema de financiación autonómico propiamente dicho, allí nos encontramos con dos componentes: las entregas a cuenta del año,
que crecen un 6,27 % debido a la mejora en el crecimiento económico, que es cierto que está compensado negativamente por la liquidación del sistema del 2020, que, como ustedes saben, se ejecuta dos años más tarde, y en conjunto el sistema de
financiación autonómico cae un 4,25 % respecto a 2021, lo que viene a ser unos 4824 millones de euros. Consciente de esta situación, el Gobierno hace unas aportaciones adicionales en 2022 por importe de 7000 millones de euros -7004, pero grosso
modo 7000 millones-, que tienen a su vez dos componentes. Uno es una aportación a
aquellas comunidades autónomas que van a tener una liquidación negativa del sistema de financiación autonómico del 2020, cuyo objetivo únicamente es que no tengan el impacto en su tesorería y, por lo tanto, en su déficit y en su deuda de
2022 por tener que devolver ese dinero al Estado. O sea, las comunidades autónomas devolverán el dinero y, en paralelo, el Estado les va a dar una transferencia por igual importe. Y, luego, otra partida que está estimada en 3100 millones de euros,
que es para la cuestión de la devolución del SII IVA. Con respecto a la devolución del SII IVA, ustedes conocen bien que en el año 2016 se aprobó un real decreto a final de año que modificaba y establecía unas reglas para el suministro de
información en el IVA que tenían que mejorar el sistema del IVA, o sea, nosotros ahí no nos metemos, pero ese sistema lo que hizo fue desplazar una mensualidad del IVA que se hubiese tenido que recaudar en el año 2017 y pasarlo al 2018. Eso tuvo un
impacto en la liquidación del sistema de financiación autonómico de 2017 que se practicaba en 2019, porque, como dice la ley y como vienen a afirmar las dos sentencias del Tribunal Supremo, la liquidación se hizo correctamente, porque se basa en el
dinero efectivamente entrado en caja en el año 2017. Todos éramos conscientes de que eso provocaba un desfase en los presupuestos de las comunidades autónomas, porque en sus presupuestos de 2019 esperaban recibir una liquidación como si hubiese
habido doce mensualidades de IVA en 2017, cosa que no fue el caso, y, si no recibían ese dinero, iban a ejecutar el gasto equivalente y les iba a provocar un déficit. El Gobierno lo que propuso en el proyecto de presupuestos generales de 2019 fue,
precisamente, revertir la decisión tomada en 2016 para poder subsanar ese impacto financiero, y que se pudiesen contar trece mensualidades de IVA en el año 2019 y, de esta manera, compensar el desajuste que había provocado el real decreto del
sistema de información.
Ustedes ya saben que los presupuestos decayeron. Esa medida no se pudo llevar a cabo, y lo que hizo la ministra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 7 de febrero de 2020 fue comunicar que, cuando se fuese a evaluar el
cumplimiento de los objetivos de déficit del año 2019, no se tendría en cuenta ese déficit generado por la falta de esa mensualidad de IVA. Así se hizo y, además, se comprometió -y así también se hizo- a financiar ese defecto, esa falta de
financiación, con el Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas, los mecanismos de liquidez, a un tipo de interés del 0 %. En este tiempo, varias comunidades autónomas han interpuesto recursos ante los tribunales de justicia reclamando ese SII
IVA que consideraban que les pertenecía.
Ha habido ya dos sentencias dictadas por el Supremo. La primera es la 528/ 2021 de Castilla y León y la segunda es la 553/2021 de Galicia. En ambas sentencias el Tribunal Supremo dice que la liquidación de 2017 está bien realizada,
conforme a derecho, y lo que dice -leo textualmente-es: el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real Decreto 596/2016 determinó la vulneración del derecho a la autonomía de la comunidad autónoma. Es decir,
donde está el defecto no es en la liquidación practicada, sino en el real decreto que aprobó el Gobierno en 2016. En cualquier caso, con estas sentencias el Gobierno entiende que la medida de compensación que establece el Supremo tiene que
aplicarse a todas las comunidades autónomas y a todas las entidades locales. No tendría sentido únicamente compensar por este defecto provocado por el real decreto de 2016 únicamente a aquellas entidades que hubiesen interpuesto un recurso ante la
justicia. Este es el objetivo.
Uno de ustedes ha dicho: pero es que esto ya llega tres años tarde, o el tiempo que sea. Se van a pagar los intereses de demora desde el momento en que se han hecho los requerimientos. En el caso de las comunidades autónomas, la partida
inicialmente prevista, pero que es ampliable, es de 3100 millones de euros, y en el caso de las entidades locales la partida es de 496 o 492 -no recuerdo-.
Aquí aprovecho para hacer un inciso, y ya me cuelo con el tema de las entidades locales, porque, si no estoy equivocada, el diputado del Partido Popular dice que el importe debería ser de 753 millones de euros, si le he entendido bien.
Nosotros no sabemos muy bien de dónde sale esa cifra de 753 millones de euros, aunque, si me permite la explicación, podemos intuir de dónde viene. Eso puede venir de una reclamación que hizo, me parece que fue, la Federación de Municipios de
Canarias -es el único dato que tengo yo-, y en ese análisis de los 753 millones lo que nosotros vimos fue que había un error en el cálculo que hacía esta federación del ITE. Saben que el ITE es el índice de actualización de los recursos que hay en
el sistema de financiación local. Ahí el defecto que había, o que nosotros entendemos porque los detalles del cálculo no los tenemos, fue que lo que se hizo fue coger una mensualidad de IVA del año 2017, ver cuál era la mensualidad del IVA y hacer
el cálculo con esa mensualidad del IVA incluida. Lo que nosotros decimos es que, como ustedes saben, el 50 % del IVA está cedido a las comunidades autónomas. Por tanto, a la hora de hacer el cálculo no se puede incluir una mensualidad de IVA
entera ahí. Ese es el único indicio que tenemos. Nosotros hemos hecho los cálculos, los estamos acabando de
elaborar porque tenemos que comprobar con la Agencia Tributaria que todos los datos se ajustan al céntimo, y nos salen los cuatrocientos y pico millones de euros. Si ustedes tienen otro cálculo me lo pueden enviar y lo analizaremos con todo
detenimiento. En cualquier caso, lo que nosotros estamos haciendo es coger las sentencias del Supremo, que está diciendo: usted calcule la liquidación de 2017 aplicada a 2019 como si hubiese habido las doce mensualidades de IVA en 2017. Este
cálculo es el que estamos haciendo. Si lo tenemos que hacer con luz y taquígrafos, lo haremos en su momento con luz y taquígrafos. En cualquier caso, las partidas son ampliables, y tanto para comunidades autónomas como para entidades locales se
van a pagar los intereses correspondientes.
Volviendo a centrarme en comunidades autónomas, tenemos esa caída del sistema de financiación autonómico de 4824 millones, 7000 millones más por aportaciones adicionales, y además las comunidades autónomas van a recibir 8712 millones que a
su vez vendrán financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En cualquier caso, consideramos que esta financiación debería ser suficiente para que las comunidades autónomas puedan seguir prestando los servicios con garantías a sus
ciudadanos. Adicionalmente, como viene siendo tradicional desde el año 2012, en que se crearon los mecanismos de liquidez para las comunidades autónomas, se hace una aportación patrimonial al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de 18 000
millones de euros, que servirá, junto con las amortizaciones que van haciendo las comunidades autónomas de los préstamos que están hoy vigentes con el fondo, para financiar las necesidades de las comunidades autónomas, y cuando me refiero a las
necesidades de comunidades autónomas estoy hablando de la referencia de déficit que se les ha asignado para 2022 del 0,6 % del PIB, estoy hablando de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 que todavía están devolviendo, porque se aplazaron
veinte años, y estoy hablando de las amortizaciones de deuda que tienen. Lo digo porque cuando se compara -me parece haber entendido que alguno de ustedes lo ha mencionado- la cantidad del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que se lleva
Cataluña, eso no solo tiene que ver con el déficit que pueda presentar Cataluña, sino también con las amortizaciones de deuda que tiene cada comunidad autónoma. En general esta es, grosso modo, la parte de financiación de comunidades autónomas que
se lleva desde la secretaría general que dirijo. Es verdad que luego las comunidades autónomas reciben fondos de las conferencias sectoriales de cada uno de los ministerios en función de la materia.
El diputado del Partido Socialista preguntaba, ¿y todo esto cuánto ha supuesto? ¿Con todas estas aportaciones que está haciendo el Estado a las comunidades autónomas, en términos de PIB y también en términos absolutos, de qué estamos
hablando? Antes de nada me gustaría contextualizar un poco la situación, porque ahora en 2021, ya entrando en 2022, parece que nos olvidamos cuando analizamos los Presupuestos Generales del Estado. Los años 2020 y 2021 son años absolutamente
excepcionales por una crisis provocada por una pandemia, una crisis totalmente distinta a todas las crisis que hemos vivido todos los que estamos en esta sala, y que esperemos no tener que volver a vivir en el futuro, pero una crisis provocada por
un virus que ha desembocado en una crisis económica. Me gustaría que las medidas se contextualizaran en este ámbito para no llegar a conclusiones equivocadas. En cualquier caso, contestando al diputado del Partido Socialista, en el año 2020 se
aportaron 16 000 millones de euros a fondo perdido, es decir, esto equivale al 1,4 % del PIB de 2020. Luego hubo otras aportaciones de menor cuantía, tanto del presupuesto de Sanidad como de Servicios Sociales, pero son de menor cuantía. Esto
quiere decir que el Estado decidió financiar con deuda ese dinero que necesitaban las comunidades autónomas para seguir prestando en sus territorios los servicios públicos fundamentales. Pero como le digo, en el año 2020 fueron 16 000 millones; en
este año 2021 son 13 486 millones, de los cuales el 70 % ya se abonaron el día 10 de septiembre y el 30 % restante se va a abonar el 5 de noviembre, a finales de la semana que viene. Eso equivale al 1,1 % del PIB, es decir, una vez más las
comunidades autónomas no van a ver aumentada su deuda en ese 1,1 %, porque reconocemos que en las comunidades autónomas el volumen de deuda es elevado -muy elevado si a alguno le gusta poner adjetivos más intensos-, pero en cualquier caso eso es lo
que se quería evitar. Es verdad que en el año 2021 también hay otra aportación a las comunidades autónomas de 7000 millones de euros, pero esa sí que está condicionada, porque es la que se deriva del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas de apoyo a la
empresa. Por lo tanto, si también incluyésemos esos 7000 millones el importe de las ayudas ya estaría en el 1,7 % del PIB y para el año que viene los 7000 millones que les comentaba ya equivalen al 0,5 % del PIB.
Antes de hablar del sistema de financiación autonómico, quiero comprobar que no me he dejado ninguna pregunta relevante. Hay una pregunta que también ha realizado el Partido Popular sobre inversión territorial. La verdad es que quien le
puede dar más detalles es la secretaria de Estado de Presupuestos
y Gastos, porque la inversión territorializada no se lleva desde mi secretaría general. Lo que sí que puedo explicar es que, primero, cuando se habla de inversión territorializada se incluye aquella inversión que claramente se puede
identificar con una comunidad autónoma en concreto, porque el impacto es, por ejemplo, en el Principado de Asturias o es en la Comunidad de Andalucía. Del conjunto de inversiones que hay en los Presupuestos Generales del Estado, las que se pueden
territorializar son el 60 %, luego hay otro 40 % de inversiones que también se hacen en el territorio, lo que pasa es que ya son proyectos que no se pueden identificar con un territorio en concreto; esa es una cuestión que creo que debería tenerse
en cuenta. Ya que les gusta tanto poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid, como nudo de comunicaciones gran parte de la inversión no territorializada se da en la Comunidad de Madrid, porque hay centros de decisión, porque están los ministerios,
porque si un organismo hace las compras centralizadas desde Madrid la inversión se computa aquí. Lo digo porque a la hora de analizar temas de inversión hay que tener en cuenta esto. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). También hay que
tener en cuenta otra cosa: el volumen de las inversiones no se puede analizar de año en año. ¿Por qué? Porque los proyectos de inversión suelen durar más de un año, suele tener un carácter plurianual. Uno se puede encontrar con que haya un
proyecto nuevo que ese año afecte a una comunidad autónoma en concreto, lo compare con la inversión del año anterior y parezca que sube un montón y, el año que se acaba ese proyecto, al año siguiente cae y entonces parece que se pierde un montón.
Agradecería que los análisis de inversión se hicieran en un marco temporal un poco más amplio. En cualquier caso, la inversión no se lleva desde la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Paso a hablar de qué vamos a hacer con el sistema de financiación autonómico, que sé que los diputados y diputadas que están en esta sala están muy interesados y algunos tienen un especial interés, lo comprendo. Lo primero que tengo que
decir es que no es cierto que la reforma esté pendiente desde el año 2014. Para que nadie se me eche a la yugular, lo primero que voy a decir es que creo que en estos momentos todo el mundo está de acuerdo en que la reforma del sistema de
financiación autonómica es necesaria, eso no lo ha discutido nadie. No podemos confundir a la gente diciendo que la reforma se hubiese tenido que hacer en 2014, porque lo que dice la disposición adicional séptima de la Ley de financiación es que a
los cinco años el Comité Técnico Permanente de Evaluación valorará los resultados y deberá proponer su reforma o no. Lo digo porque en eso tenemos que ser cuidadosos, pero en cualquier caso creo que a estas alturas -y yo soy la primera que estoy
convencida- el sistema de financiación autonómica actual tiene unas carencias que es necesario corregir, ajustar o eliminar.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 7 de febrero de 2020, la ministra se comprometió -y se ha comprometido varias veces- a presentar esta reforma. Hemos tenido la pandemia en medio, ustedes lo entenderán o no, pero nos hemos
tenido que focalizar y enfocar todos los esfuerzos en salir de esta situación, pero no hemos abandonado en ningún momento el tema del sistema de financiación. Llevamos ya semanas, si no meses, analizando en profundidad la población ajustada. Hemos
hecho un análisis de todos los componentes que están actualmente en la población ajustada; hemos visto y hemos intentado incorporar nuevos elementos para enriquecer ese análisis de la población ajustada; hemos tenido reuniones técnicas con cada
una de las comunidades autónomas, porque nosotros somos conscientes de que desde la visión central uno se hace un esquema de por dónde pueden ir las cosas, se hace un análisis, pero nos parece muy interesante explicar el planteamiento que estábamos
haciendo a cada una de las comunidades autónomas para que ellas también nos diesen elementos de valoración, elementos que pudiesen mejorar el trabajo que estábamos haciendo. Este trabajo lo estamos ultimando. Confío -y de hecho he tenido reuniones
en las últimas semanas y volveré a tenerlas si no es en esta semana, la semana que viene para ver si ya le damos forma a este elemento de la población ajustada- en que la ministra lo pueda presentar antes de que finalice el mes de noviembre. En eso
no hemos dejado de tener mucho interés y dedicarle muchos esfuerzos.
Es cierto que con eso no se acaba todo. Luego tendremos que analizar los siguientes elementos del sistema, que son todos los fondos que hay actualmente en el sistema. A mí me parece que es un sistema en el que hay demasiados fondos y que
complican el análisis global, pero lo que sí les pido es que nos dejen hacerlo paso a paso. La verdad es que hemos estado teniendo contacto con las comunidades autónomas a nivel técnico y tengo que agradecérselo a todos los técnicos que han
participado, porque todos han aportado y todos han tenido una posición muy constructiva y, por lo tanto, espero que ese siga siendo el camino. El objetivo que tenemos en la secretaría general es ir haciendo planteamientos que técnicamente sean
solventes de cada uno de los componentes. Luego, evidentemente, habrá un proceso de discusión política que pertenece ya al Congreso y al Senado, donde se tendrá que ver si somos
capaces de encontrar un punto de consenso para tener un sistema que sea razonable, suficiente y explicable. Yo reconozco que cuando uno analiza el sistema de financiación actual y ve las diferencias entre comunidades autónomas no parece que
responda a ninguna lógica. Yo sé que el sistema que vayamos a plantear a algunos les gustará más y a otros les gustará menos; estoy convencida de que al final todo el mundo le van encontrar un pero, pero encajar los deseos de quince comunidades
autónomas, con distintas posiciones, con distintos tamaños, con distintas situaciones, no es fácil. Yo cuando hablo con las comunidades autónomas siempre les digo: entiendo que cada comunidad autónoma plantee sus máximos, pero también espero que
comprendan que es obligación del Estado encontrar el equilibrio. Lo que sí quiero dejar claro hoy es que estamos trabajando y lo estamos haciendo intensamente. Yo espero que en breve podamos dar un pasito más; soy consciente de que cada uno de
los pasos per se no es suficiente, porque al final todas las piezas tienen que encajar. Hay una pieza -me parece que ha sido usted el que lo ha comentado- que es qué relación o cómo lo vinculamos con la reforma tributaria, la reforma fiscal que
debe plantearse o que tenemos que analizar. Ahí, como ustedes saben, está el comité de personas expertas que se constituyó en abril de este año y que tiene que presentar sus conclusiones, su libro blanco, en febrero de 2022. Evidentemente, en
función de qué reformas salgan a partir de las conclusiones de ese libro blanco se verá si somos capaces entre todos de tener un sistema fiscal más eficiente y ver cómo se reparten las figuras tributarias y los rendimientos entre comunidades
autónomas y el Estado y, por consiguiente, también después qué parte hay para poder reformar el sistema de financiación local que, evidentemente, tiene que ir a continuación. No diré en paralelo porque primero tenemos que solventar comunidades
autónomas, ver qué es lo que queda en el presupuesto del Estado y a partir de ahí reformar el sistema de financiación local, que creo que también necesita una puesta al día. No puedo anticipar qué es lo que va a decir el libro blanco, porque esto
es un trabajo del comité de personas expertas, pero lo que sí que se les ha pedido es que busquen cómo podemos mejorar la eficiencia del sistema fiscal actual.
Intentaré pasar, porque creo que no me queda mucho tiempo...
La señora PRESIDENTA: Diez minutos
La señora SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Olóndriz de Moragas): Diez minutos.
Bueno, quiero hacer referencia a las entidades locales, porque no por hablar de ellas en segundo lugar son menos importantes. Aquí también su financiación se divide en tres bloques. El sistema de financiación propiamente dicho en la
participación en los tributos del Estado crece el año que viene un 11 % y viene de dos componentes también: las entregas a cuenta que crecen un 13,4 % y la liquidación que, como es mucho menor que la del año anterior, hace que el conjunto crezca un
11 %. Luego están las aportaciones adicionales que, como les decía, son espejo de las de las comunidades autónomas. Se les va a compensar por el SII IVA, y para aquellas entidades locales que tengan una liquidación negativa del sistema se va a
hacer lo mismo que para comunidades autónomas. Ellas van a hacer la devolución de esos importes y en paralelo, en el mismo mes, se les va a dar una transferencia por igual importe. Con el sistema de financiación local y con las aportaciones
adicionales los recursos de las entidades locales crecen más del 17 %. Aparte de esto, el año que viene hemos incluido un mecanismo de pago a proveedores, porque es cierto que en conjunto el sector local es solvente. De hecho, en el año 2020 han
presentado un superávit del 0,26 % del PIB, si no me equivoco. Pero es verdad que hay un subconjunto de entidades que tienen problemas financieros, que se manifiestan sobre todo en elevados plazos medios de pago a proveedores y lo que queremos es
financiarles en esa parte.
Alguien de ustedes ha preguntado con respecto al SII IVA -antes me he olvidado- que si eso quiere decir que las comunidades autónomas tienen que renunciar a presentar recursos ante las instancias judiciales que consideren. Nosotros lo que
estamos diciendo es que si usted sigue con un recurso ante las instancias judiciales lo que no le vamos a hacer es la compensación como la tenemos diseñada actualmente. Ahora, cuando haya la sentencia del tribunal correspondiente atenderemos lo que
diga, obviamente. ¿Por qué estamos diciendo esto? Para reducir la litigiosidad. Si nosotros ahora ya estamos atendiendo, o vamos a atender, esos pagos del SII IVA conforme a lo que dicen dos sentencias - que dicen lo mismo- de cómo tenemos que
calcularlo, creemos que si hacemos el mismo cálculo para todo el mundo ahí se tendría que dejar de litigar. Pero, bueno, alguien puede tener una visión distinta porque crea que un tribunal les pueda decir que a ellos les tienen que dar más por lo
que sea, no lo sé. Entonces,
si alguna comunidad autónoma sigue litigando nosotros no vamos a pagar hasta que sepamos lo que dice el juez. Así de claro.
Hay una cosa sobre entidades locales que quería aclarar, porque lo han dicho en dos ocasiones. El real decreto que no convalidó el Congreso en el año 2020 en ningún momento hablaba de incautar los remanentes de tesorería para gastos
generales. Les pido un poco de seriedad, porque lo que dice ahí es que voluntariamente las entidades locales que quieran pueden prestar sus remanentes de tesorería para gastos generales al Estado. Y estamos hablando en un momento de mucha
incertidumbre por una situación excepcional derivada de la pandemia. Eso permitiría a esas entidades locales que están haciendo un esfuerzo -acordémonos que en aquel momento las reglas fiscales no estaban suspendidas- que se les dé vía
transferencia para que puedan hacer el gasto. No se aceptó y lo admito, no tengo nada que decir al respecto, pero no es incautación de remanente de tesorería para gastos generales, es un préstamo. El tesoro además publicó las condiciones de esos
préstamos, que podían ser a diez o a quince años. Lo acepto, eso no gustó al Congreso, muy bien. En octubre se suspendieron las reglas fiscales cuando en septiembre la Comisión Europea confirmó que las reglas estarían suspendidas el 2021. Yo lo
único que les pido es que hagan un análisis de cómo está evolucionando la liquidez de las entidades locales. Lo digo porque la suspensión de las reglas fiscales quiere decir que Gobiernos tanto locales como autonómicos que tengan remanentes de
tesorería para gastos generales los pueden utilizar para financiar sus gastos. Señores, a finales del año 2018, la liquidez -son datos del Banco de España- de las entidades locales era de 27 655 millones de euros; a finales de 2019 era de 28 427;
a finales de 2020, cuando ya se han suspendido las reglas fiscales y por lo tanto hay libertad para gastarse ese dinero -o parte de ese dinero, entendemos que todo no porque hay cosas que están comprometidas-, es de 31 430 millones.
Yo acepto que las entidades locales no quisieran prestar parte de esa liquidez al Estado. Lo acepto. ¿Se prefiere que esté en los bancos? Ningún problema. Pero es que a junio de 2021, con las reglas fiscales suspendidas ya más de ocho o
nueve meses, siguen manteniendo la misma liquidez. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Capacidad de gastar mucho más de lo que tienen? (El señor González Terol: Ha condonado usted la deuda).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la compareciente.
La señora SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Olóndriz de Moragas): En cualquier caso, diputado del Partido Popular -y se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto-, yo sé que, venga a explicar aquí lo que venga a
explicar, a usted no le parecerá bien. De entrada, vengo con esa frustración, la asumo, es parte de mi trabajo, pero lo que pido es que ustedes... (El señor González Terol: ¿Y la plusvalía?) Un superávit del 0,26 % del PIB. (El señor González
Terol: ¿La plusvalía?) Ah, ¿la plusvalía?
La señora PRESIDENTA: No, no entremos en diálogo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Olóndriz de Moragas): No me dejan.
Nada más. Les agradezco la atención y buenas tardes. Doy por concluida mi intervención. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Cerramos aquí la comparecencia y enseguida empezará la siguiente. (Pausa).
- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS (CABALLERO FERNÁNDEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VOX (Número de expediente 212/001529), Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número
de expediente 212/001975).
La señora PRESIDENTA: Retomamos las comparecencias. Doy la bienvenida a la secretaria general de Fondos Europeos, doña Mercedes Caballero Fernández.
En este caso cambiamos el formato de intervención y, como sabéis, empezamos por los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Plural, interviene, en primer lugar, Mariona Illamola.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Buenas tardes.
Yo le quería plantear cuatro cuestiones muy concretas en relación a los fondos europeos. Una de ellas es cómo piensan solucionar el problema de la baja tasa de absorción que tiene España. En los últimos datos de la Comisión Europea salía
que España tiene un 49 % de absorción, y ese es un problema que se lleva arrastrando desde hace muchos años. Una segunda cuestión se refiere a que buena parte de los fondos Next Generation parece que van a ir a grandes empresas, en lugar de ir a
pequeñas y medianas empresas, a las pymes, que es la mayor parte del tejido empresarial que tenemos, al menos en Cataluña, y que podría servir para estas empresas. Entonces, ¿cómo piensan solucionarlo? Y esta es una queja que hemos reivindicado en
Junts per Catalunya desde el inicio. Otra cuestión es que se ha conocido hace poco que ADIF ha presentado más de 130 licitaciones a los fondos europeos, acaparando el 70 % de la cantidad destinada a las empresas públicas. Por ejemplo, se ha
conocido, hoy o ayer, que una parte ha ido a la estación de Chamartín. Desde Junts per Catalunya pensamos que la finalidad de los fondos europeos no es financiar proyectos que ya existían. Entonces, nos gustaría que si puede nos aclarase este
tema.
Por último, quisiera referirme a una cuestión que afecta al sistema sanitario catalán, al modelo de salud que nosotros tenemos. Esto es porque buena parte del servicio público en sanidad que se da en Cataluña no está dado solo por
organismos públicos, sino también por la concertada -pero todo esto conforma el Siscat-, y esto hace que, según las convocatorias de los fondos europeos, una parte de los que proveen el servicio público en Cataluña quede excluida, provocando una
discriminación, porque son entidades que no son públicas pero prestan servicio público. Nos gustaría saber también si piensan tener en cuenta esta particularidad del sistema de salud de Cataluña, que ya le digo que es distinto al del resto del
Estado español.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra ahora el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Muchísimas gracias a la secretaria general de Fondos Europeos por su comparecencia aquí y por las respuestas que espero nos pueda ir dando.
Una primera reflexión. Cuando presentaba los presupuestos del año pasado, en ellos se establecía -al igual que en estos- una singularidad y una excepcionalidad, que es la incorporación de los fondos europeos. Efectivamente, se incorporaban
en los presupuestos 27 000 millones de euros, aproximadamente los mismos que van a incorporar este año.
En aquel momento, desde el Partit Demòcrata les dijimos -y yo mismo se lo dije- que nos parecía muy exagerado incorporar 27 000 millones, porque era materialmente imposible poder ejecutarlos. Me dijeron que sí y que, además, esto tendría un
impacto prácticamente de 1,2 puntos en el crecimiento del PIB. Según las estimaciones recientes -me gustaría que usted me pudiese dar exactamente el dato-, al final de este ejercicio, en el mejor de los casos, se van a ejecutar sobre unos 11 000
millones. Me gustaría que me diese, si puede, esta cifra. En todo caso, es el 40 %, cifra que no es una mala en sí misma porque, evidentemente, durante este año se han tenido que poner en marcha todas las convocatorias, todas las medidas. Esto
era obvio que pasaría y así se lo dijimos.
Ahora, esta puesta en marcha teóricamente ya está hecha. Vuelven a presupuestar 27 000 millones. Si yo le pregunto qué estimación piensan realizar de ejecución de estos 27 000 millones, supongo que me va a decir que el cien por cien,
porque si no, no los presupuestarían. Esto ya lo estuvimos hablando el año pasado. ¿Piensan realmente que se van a poder ejecutar estos 27 000 millones en el año 2022? Porque, de hecho, con la planificación que ha hecho España, ha concentrado
muchos de estos fondos en los primeros años del programa y podía haberlo extendido posteriormente sin ningún otro problema.
Hay una segunda cuestión que le quería plantear. Ustedes dicen que de estos fondos europeos habrá aproximadamente 8000 millones que los gestionarán las comunidades autónomas y 2000 que irán a las corporaciones locales. ¿Aquí con qué nos
encontramos? Con que, en el mejor de los casos, estas comunidades autónomas son meramente una gestoría de estos fondos, ya que no tienen capacidad de decidir los criterios, cómo se van a aplicar estos fondos en su comunidad autónoma. De acuerdo
con el principio de subsidiariedad, seguramente las necesidades de las comunidades autónomas son asimétricas y las conocen mejor las comunidades autónomas que la propia Administración General del Estado.
Por tanto, ¿qué les pedimos? No solo que las comunidades autónomas hagan de gestoría de estos fondos, que al fin y al cabo facilitan el trabajo a la Administración General del Estado, que es la que establece los criterios, sino que les den
capacidad de decisión a las comunidades autónomas sobre qué ámbitos, qué sectores, qué líneas deben priorizar y cómo se deben repartir, los criterios, dentro de cada una de ellas. Por tanto, me gustaría que me dijera por qué no se les da a las
comunidades autónomas más margen de maniobra en la capacidad de decidir la finalidad y los objetivos de los fondos.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, secretaria general. Perdone, pero no he tomado nota de su nombre. Yo también me quería centrar en preguntarle sobre los fondos europeos, en concreto, sobre los fondos Next Generation. Somos todos conscientes de la
oportunidad que supone este Mecanismo de Resiliencia y Recuperación para transformar el tejido productivo español, para acometer las reformas necesarias, para hacer que la economía española sea más competitiva y resistente a futuras crisis, así como
para tener una senda de crecimiento mayor que garantice un futuro laboral mejor para los ciudadanos que hoy se encuentran en situación precaria. Esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar.
A nosotros nos hubiera gustado que España -al igual que otros países de nuestro entorno- hubiese seguido ese modelo, por ejemplo, que tiene Italia, en el que figura esa agencia independiente que lidera una personalidad o un conjunto de
personas de reconocido prestigio para la gestión de los proyectos, que estudie las fortalezas y debilidades de la economía para proponer los proyectos más estratégicos que aprovechen esa ventaja comparativa, que publique los proyectos y las
condiciones, que reciba las candidaturas, que evalúe esas candidaturas sobre la base de criterios objetivos y técnicos y que permita la participación de todas esas mejores candidaturas en la ejecución de los proyectos, y además, que dé el apoyo
técnico y logístico necesario a las pequeñas y medianas empresas y que haga un seguimiento, así como una evaluación de las inversiones que se están realizando y los resultados obtenidos.
Esto es lo que realmente nos preocupa. Ha dicho el portavoz anterior que en estos presupuestos se vuelve a recoger una partida de 27 000 millones y yo le querría hacer una serie de preguntas en relación con nuestra preocupación y con la
dotación que se recoge en estas cuentas que estamos tramitando. ¿Qué criterios van a seguir ustedes para asegurar que los fondos se dedican a los proyectos de mayor rentabilidad social? ¿Qué criterios, por ejemplo, se están utilizando ahora para
aprobar unos Perte frente a otros? ¿Qué mecanismos de evaluación ex ante y ex post -dado que no tenemos esa agencia de evaluación independiente- se van a poner en marcha para saber que estamos utilizando bien esos fondos?
Quería preguntarle particularmente por qué la ONE, la Oficina Nacional de Evaluación, sigue prácticamente sin actividad y qué pasará con todas aquellas candidaturas que se presenten para los fondos europeos que requieren de un informe
preceptivo, que perfectamente la ONE les podría realizar y, sin embargo, sabemos que sigue sin actividad. Vistos los precedentes -y también se ha dicho ya aquí- de esa infraejecución de los fondos que había presupuestados el año pasado, ¿cómo van a
garantizar que los proyectos y esos fondos se ejecuten en su totalidad?
También sabemos que los fondos europeos no son para financiar gastos corrientes y, sin embargo, en los presupuestos se imputan fondos europeos a algunos de estos gastos, cuando están pensados para reformas e inversiones estructurales. No sé
qué me puede contestar al respecto.
Hay algunas partidas como, por ejemplo, la de fomento del empleo joven, que tiene previsión de gastos solo para 2022 y 2023, que corren a cargo de los fondos europeos. Y yo le pregunto, igual que hice ayer con el secretario de Estado de
Empleo, si solo está este fomento del empleo joven estudiado o plasmado para 2022 y 2023, qué va a pasar con este tipo de programas, como políticas activas de empleo, que deberían ser estructurales. Si ustedes los presupuestan solo para el 2022 y
para el 2023, qué va a pasar cuando se acaben los fondos. ¿Vamos a cambiar el paradigma del fomento del empleo joven? ¿Expira? ¿Qué pasa? ¿Pasará a cargo de los presupuestos generales ordinarios, sin tener en cuenta los fondos? Y, finalmente,
¿cómo van a garantizar que la ejecución de los proyectos a cargo de los fondos europeos sea homogénea en todo el territorio nacional? ¿Su secretaría supervisará de alguna forma la labor de ejecución por parte de las comunidades autónomas? ¿Y con
qué mecanismos?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Txema Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señora Caballero, es un gusto tenerla aquí en el Congreso de los Diputados. Yo también voy a hacer una intervención muy breve, porque el plan remitido por el Gobierno a las instituciones europeas, fue finalmente ya aprobado
por el Ecofin el pasado día 13 de julio. Entonces, la Comisión nos dio una respuesta, yo diría que muy esperanzadora, pues otorgó la máxima calificación posible al plan, y no solo eso, sino que señaló que el mismo responde de una forma integral y
equilibrada a la situación económica que está viviendo nuestro país, así como al contexto social. Dicen que tendrá un impacto duradero, que es precisamente lo que estamos esperando, y que incrementará la cohesión social en la productividad. Con lo
cual, no podemos estar más de acuerdo, al menos, con ese desiderátum.
Mi pregunta se centra, sobre todo, en la ejecución. Ejecución, ejecución, ejecución, señora Caballero, que me imagino que será la obsesión que se habrá encontrado usted en estos últimos meses. Y se lo digo, también, porque recuerdo que
hace un poquito más de un año, debatiendo sobre estos fondos antes de que se hubieran concretado muchas de las cuestiones que ahora sabemos, hablábamos de ese dilema, por un lado, de la capacidad que históricamente ha tenido el Estado español -una
capacidad históricamente baja- para ejecutar presupuestos, y por otro, que también estamos viviendo un episodio extraordinario y por tanto hay que hacer una serie de modificaciones para adaptar la propia estructura del Estado a estos requerimientos.
Es evidente -yo creo que queda reflejado en estos presupuestos- que hay un esfuerzo por parte del Gobierno para aumentar la plantilla de los ministerios y, por lo tanto, para aumentar las capacidades de gestión que tiene ahora mismo la
Administración General del Estado.
Por lo tanto, yo no le voy a preguntar sobre si creen que van a cumplirlo o no, yo asumo que se va a cumplir. La pregunta que yo le haría, más bien, es cómo, es decir, cómo vamos a compaginar esa necesidad perentoria de gastar y de gastar
rápido con la otra necesidad irrenunciable, que es la de gastar bien y gastar transparentemente. Lo digo porque, aparentemente, podría haber una contradicción en la medida en que si uno implementa mecanismos de transparencia y de auditoría, pues
eso podría potencialmente retrasar las ejecuciones. Entonces, ante este dilema, porque no se me ocurre otro nombre, cómo lo está resolviendo su secretaría y, en cualquier caso, cómo cree que desde el Congreso, desde el Parlamento, podemos ayudar
también a esa ingente tarea.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo de VOX, tiene la palabra la señora Inés Cañizares.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señora secretaria, bienvenida a esta casa. Desde mi grupo parlamentario, tras un análisis no apasionado pero sí concienzudo, le voy a manifestar las consideraciones o las conclusiones a las que nos llevan los datos sobre el
mecanismo y sobre la estrategia del Gobierno para manejarlo, ya que entendemos que lejos de orientarse como una estrategia o proyecto para España, parece ser más bien un proyecto ideológico del Gobierno que tendrá dificultades, en lo que se refiere
a la ejecución y que no obtendremos los resultados que ustedes venden. Hablamos de los riesgos sobre el cumplimiento de este plan.
Se ha dicho ya aquí que en 2021 se dotaron presupuestariamente 27 000 millones de euros de gasto, sin una certidumbre en cuanto a la recepción de los fondos en tiempo y forma. Hasta agosto se han ejecutado, según nos consta y dice la IGAE,
5641 millones de euros, es decir un 20 %, y se prevé que estas cifras no mejoren sustancialmente en el tercer trimestre. Si esto no es así, me gustaría que nos lo aclarase.
La primera recepción de fondos, como sabemos, llegó en julio, 9000 millones de euros, y lo que vemos es que para el 2022 se vuelven a dotar otros 27 000 millones y que hay un desfase entre la previsión del calendario de recepción de estos
fondos en el conjunto de los dos años, entre la recepción de fondos y lo presupuestado, de 14 700 millones de euros. En este sentido, nosotros podríamos pensar que el Tesoro realizaría la gestión necesaria para la financiación de lo presupuestado
con cargo a los desembolsos pendientes del mecanismo. Sin embargo, entendemos que los riesgos derivados de la falta de prudencia en adelantar unos gastos triunfalistas pueden poner en serio riesgo la ejecución de los proyectos empresariales, es
decir, por un lado, las decisiones, y por otro, la confianza empresarial.
En segundo lugar, también queremos destacar que, si no se cumple con las reformas comprometidas, España corre el grave riesgo de no recibir los fondos o de recibirlos con retraso, afectando a las principales magnitudes de los presupuestos de
los subsectores de las administraciones públicas. Le leo, literal, el Diario Oficial de la Unión Europea, que dice: 'La liberación de los fondos en el marco del mecanismo depende del cumplimiento satisfactorio por parte de los Estados miembros de
los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperación y resiliencia cuya evaluación debe haber recibido la aprobación del Consejo'. El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de febrero de 2021, por el que se
establece el mecanismo, habla claramente de la condicionalidad con respecto a la consecución de los hitos.
Por otro lado, la secretaria general de la Comisión Europea advirtió el 6 de octubre en el Congreso sobre la necesidad de cumplir con las reformas comprometidas, así como con el equilibrio presupuestario a medio plazo para no sufrir retrasos
en los desembolsos de los fondos y, concretamente, reveló su preocupación por la esperada reforma del mercado laboral; una reforma que el Gobierno no sabe ni cómo ni por dónde, ya que enfrentan dos posiciones claras: aquella que, a pesar de
demonizar la última reforma laboral, en conciencia saben que no pueden ir a contracorriente con lo que Europa les pide, es decir, la flexiseguridad, y la otra facción del Gobierno que pretende implementar una mayor rigidez al mercado laboral,
incrementando los costes no productivos, lastrando el crecimiento de la economía y perjudicando la productividad del empleo con el fin de estatalizar la economía y expulsar al sector privado. Ese es un asunto, y otro asunto que preocupa a la
secretaria de la Comisión es la reforma de las pensiones, otro nuevo punto controvertido entre los ministros de Trabajo y de Seguridad Social, porque el comunismo y la econometría pues parece que tampoco se llevan bien.
Hemos visto publicaciones recientes que abordan los desafíos a los que se enfrenta el Gobierno en cuanto a la eficacia en la absorción de los fondos que nos preocupa, como han dicho ya las personas que me han precedido en la palabra, por los
cuellos de botella que existen. Y otro de los factores que consideramos de importancia capital también es la dificultad de acceso de las pymes y autónomos a esos fondos, porque, sin contar con estos agentes, entendemos que cualquier medida de
política económica sería un fracaso. Consideramos que son riesgos para la eficacia en la ejecución por lo siguiente, en cuanto a lo que acabo de decir: por la complejidad de la regulación establecida y las condiciones impuestas por el Gobierno
para acceder a los fondos. Esto dificulta al extremo poder acudir por sí solas a estas ayudas a estas pymes y autónomos, porque el coste podría resultar inasumible o inviable para la rentabilidad de los proyectos, ya que la gran mayoría de estos
autónomos y pymes quizás tendrían que acudir a consultorías especializadas. Además, hay una encuesta -esto no lo digo yo, son las encuestas y los datos- realizada por gestores administrativos que arroja que solamente el 14 % de las pymes tendrán
intención de acudir a la solicitud de fondos. Asimismo, un segundo riesgo, como le he dicho antes, tiene que ver con la reforma laboral.
Por tanto, el despliegue de las 102 medidas o reformas estructurales comprometidas y aprobadas finalmente por la Comisión Europea el 3 de julio requiere aproximadamente 60 normas con rango de ley. Y estas normas están sujetas, lógicamente,
a la aprobación que corresponde a las Cortes Generales, y esto dependerá de la voluntad de los partidos políticos, si bien el desafío lo entrañan los propios socios del Gobierno, que a día de hoy no tienen claro si les aprobarán estos presupuestos.
Por ello, entendemos que este Plan de recuperación debería ser un proyecto de país por su marco temporal, que afectará a varios Gobiernos, y por su impacto presupuestario, a varias generaciones -y voy terminando-. Sin embargo, entendemos que el
Gobierno está presupuestando lo antes posible todo lo que puede, sin disponer de la liberación de los fondos, para que este proyecto sea solo suyo poniendo en riesgo la credibilidad de España ante los españoles, Europa y el resto del mundo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Víctor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, presidenta.
Señora secretaria general, bienvenida. Muchas gracias por su presencia aquí hoy porque para nuestro grupo es fundamental, es muy importante. Mi grupo ha intentado desde el principio que los fondos europeos -le hablo también de los
presupuestos de 2021- estuvieran presentes en este debate parlamentario y lo estuvieran a su máximo nivel. Nosotros hemos pedido la comparecencia aquí del jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, porque al final era el aparato político
encargado de estos nuevos fondos europeos. Queríamos que él nos contestara, por lo que usted, hoy a lo mejor se lleva algo
que no le pertenece directamente. Le pido disculpas por anticipado, pero para nuestro grupo es fundamental esta comparecencia, porque estos presupuestos y los anteriores no se entienden sin los fondos europeos.
La diferencia que va a haber -que ayer le valió al Gobierno que se llevara puestas el primer día las dos primeras enmiendas a la totalidad que le hicieron tanto la AIReF como el gobernador del Banco de España- se refiere precisamente, en
gran parte, por la no ejecución de los fondos europeos y los problemas que esto ha generado en el cuadro macro de nuestro país. En la situación actual que tenemos, esta ejecución se torna como importante.
A nosotros nos preocupan los fondos europeos por nuestro propio histórico como país. Sé que a usted no le corresponde, porque tomó posesión no hace ni un año, pero España solo gasta el 34 % de los fondos europeos 2014-2020. Sí, le estoy
leyendo la noticia (muestra un recorte de prensa). España es el país más retrasado en la ejecución de los fondos estructurales del antiguo presupuesto de la Unión Europea; el más retrasado, no el penúltimo, aquí somos los campeones. Por tanto,
créanos que a nosotros nos preocupa que no seamos capaces de ejecutar estos fondos europeos y lo que hemos visto en 2021 tampoco es que nos lleve al optimismo. Nos preocupan muchísimo los fondos porque en este trámite presupuestario son
fundamentales, para que, al menos, la realidad de lo que pase en nuestro país tenga algo que ver con lo que plantean estas cuentas que estamos debatiendo.
El año 2021 ha sido un desastre sin paliativos. Aquí hemos escuchado en esta Comisión en dos días muchas justificaciones de todo tipo. Lo que sabemos es que se presupuestaron 27 000 millones de euros para este ejercicio 2021, y los
españoles no han visto ni un euro invertido en sus entornos. No se ha generado ningún empleo, no se ha hecho nada; 27 000 millones, pero no se ha hecho nada. Se lo dijimos hasta la saciedad en el trámite presupuestario del año pasado. Era una
temeridad vincular unas cuentas, como las de 2021, a una recepción o a una ejecución de unos fondos de unos 27 000 millones de euros que aparecían en los presupuestos de 2021. Era una moneda al aire en pleno vendaval y el vendaval se ha llevado la
moneda, no sabemos ni qué ha salido, una irresponsabilidad mayúscula.
A pesar de que la Comisión Europea ha cumplido, el Gobierno de España no lo está haciendo. El agujero provocado en el tejido económico por la COVID ha sido sin precedentes y, en lugar de actuar con diligencia, la ejecución real de los
fondos asignados a España hoy no llega ni al 5 %. No se ha contado con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos para el diseño de los objetivos; las adjudicaciones se hacen con opacidad y guiados por el amiguismo político; el Ministerio
de Trabajo, por ejemplo, ha concedido 9 millones en subvenciones directas, excluyendo a las autonomías que gobierna el Partido Popular, y se han adjudicado exclusivamente a autonomías que gobierna el Partido Socialista. Todo muy curioso, muy
objetivo el sistema de reparto.
El año pasado estuvimos semanas debatiendo sobre multiplicadores fiscales de los fondos. Más que eso, nosotros hablábamos sobre cuánto reportaría en el crecimiento del PIB, y siempre dijimos que no se iba a ejecutar nada. Lo dijimos el año
pasado y es lo que está pasando. Pero, nada es nada. Señora secretaria general, a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Soy extremeño y los extremeños decir a las cosas como se les llama. Yo sé que las comisiones sectoriales están
repartiendo muchísimo dinero y se están comprometiendo fondos, pero mire fijamente a la cámara -no sé cuál la está enfocando- y dígales a los españoles que sí, que de los 27 000 millones de euros aprobados para 2021 hay hasta un 60 % ejecutados,
como dijo ayer en esta sede parlamentaria la secretaria de Estado de Presupuestos. Eso se dijo ayer en esta sede parlamentaria: ejecutados. ¿Qué necesidad hay de tomar a los españoles por tontos?
Le quiero hacer varias preguntas. Conocemos el grado de ejecución real que es inferior al 5 % y siendo muy generoso en torno al 20 %. Si incluimos las transferencias de otros fondos, ¿cuál es la estimación final prevista -ya se lo han
comentado algunos de mis compañeros- para este año? Los proyectos presupuestados y no ejecutados, por hacernos una idea, es por disciplina presupuestaria nuestra, se han vuelto a incluir en 2022 los de 2021. ¿Qué medidas se han adoptado para que,
en 2022, la ejecución pueda ser mayor que en 2021, y sobre todo quisiera saber, si no se ejecutan en 2022, si los volverán a meter en 2023, por no perder mucho tiempo en analizar de nuevo los mismos proyectos que ya vienen del año 2021. ¿Por qué no
coincide el calendario de desembolsos con las inversiones presupuestadas? ¿Por qué no quiere hacer público el Gobierno el operation arrangement, firmado con Bruselas? ¿Se han detallado y concretado ahí los hitos y reformas de los que el Gobierno
no quiere hablar, pagos por carreteras, impuesto al diésel, etcétera? ¿Qué pasaría si los fondos se paralizasen por incumplir algún objetivo?
Voy acabando, señora presidenta. Señora secretaria general, ayer el Banco de España nos volvió a alertar de lo clave que es la selección adecuada de proyectos, para maximizar el impacto en crecimiento económico de estos fondos. ¿De verdad
ustedes rechazan la ayuda de todo el mundo? ¿De verdad no les parece que 140 000 millones de euros no es motivo suficiente para acordar una agencia independiente que seleccione los mejores proyectos, como le hemos ofrecido hacer desde el Grupo
Popular?
Acabo hablando de transparencia, porque si algo es importante en estos fondos y, en general, en la vida política es la transparencia. El Gobierno ha afirmado que no publicará el operation arrangement para el Plan de Transformación y
Resiliencia. ¿Por qué, señora secretaria general? ¿Qué tenemos que esconder? ¿Por qué no podemos conocer esa condicionalidad negro sobre blanco? Decía el señor Guijarro: gastar rápido versus gastar bien. Gastemos rápido, gastemos bien, pero
gastemos con transparencia. Digámosles a los españoles en qué vamos a gastar, optimicemos ese sitio donde vamos a gastar; busquemos el acuerdo, busquemos el pacto, busquemos que una autoridad independiente nos ayude a seleccionar esos proyectos de
forma eficiente para que maximice nuestra economía.
Gracias, señora secretaria general. Gracias, señora presidenta, por su tiempo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Montse Mínguez.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Muchas gracias y buenas tardes, secretaria general.
Señora Caballero, permítame, antes de entrar a las preguntas que a mi grupo le gustaría realizarle, que conteste al señor Píriz. Dice que el Partido Popular ha ofrecido algo al Gobierno. ¿De verdad ha dicho esto? Lo único que le ha
ofrecido el Partido Popular -si quiere que le llamemos a las cosas por su nombre- son piedras en el camino, todas, y además un boicot extremo que ha llegado a hacer cada día que su jefe viajaba a Bruselas a hablar mal de España y a hablar mal del
Gobierno. (Aplausos). Eso es lo que le ha ofrecido el Partido Popular. (Rumores.-El señor Píriz Maya pronuncia palabras que no se perciben).
Señor Píriz, me toca a mí ahora. Yo creo que es curioso -yo entiendo también su postura- por el papelón que les toca hacer como grupo delante de la Secretaría General de Fondos Europeos. Se demuestra una enmienda total a todo su discurso
del año pasado, en el que no creían e hicieron lo posible por que estos fondos europeos no llegaran a España, igual que una enmienda a la totalidad a todo su discurso sobre la hipérbole negativa del negro futuro económico de nuestro país. Ayer
ustedes pudieron ver la gráfica de recuperación rápida que está en estos momentos en nuestro país; una gráfica en forma de uve, cuando el año pasado ustedes mismos cuestionaban esa recuperación, incluso se hablaba de otras formas de recuperar
nuestro país. Por lo tanto, enmienda a la totalidad a todo su discurso desde ya hace un año.
¿Quiere que llamemos a las cosas por su nombre, señor Píriz? Pues el Plan español de reformas e inversiones fue aprobado con diez sobresalientes y un notable. Diez sobresalientes y un notable: 112 inversiones, 102 reformas. Ya sé que a
ustedes no les gustan las notas, ustedes son más de los másteres regalados, pero a nosotros nos gustan las notas. Tenemos un buen plan, vino aquí la presidenta de la Comisión Europea a felicitar al Gobierno por el buen plan que hay encima de la
mesa. (Rumores).
Les veo muy nerviosos. Es normal, es muy contradictorio. (El señor Píriz Maya: Es una falta de respeto.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Espere, señora Mínguez.
A ver, ¿guardamos silencio y escuchamos? Gracias.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Les veo muy nerviosos y es normal, porque es muy contradictorio decir una cosa y después la otra. Es muy contradictorio exigir que ahora se cumplan unos fondos europeos que ustedes hicieron lo posible y lo
imposible porque no llegaran a este país.
Queríamos preguntarle sobre la cogobernanza de estos fondos europeos, y le realizamos esa pregunta porque -no sé si lo ha podido apreciar como nosotros- siempre hay en el ambiente esta percepción de mal uso, de falta de transparencia o de
falta de ejecución de los fondos europeos. A mí me gustaría dejar claro y meridiano que los fondos europeos se gestionan en cogobernanza con las comunidades autónomas y que, por lo tanto, cuando hablamos de la gestión, de la ejecución de estos
fondos europeos también deberíamos mirar cuál es la ejecución de los fondos europeos que ya ha transferido el Gobierno a esas comunidades autónomas. Bruselas ha hecho entrega de 9400 millones de
euros y están previstos a finales de año 10 000 millones de euros más. El Gobierno, en esta gestión compartida, ha asignado durante 2021 en la conferencia sectorial 6500 millones de euros a las comunidades autónomas y se han aprobado reales
decretos de concesión directa por 1500 millones más. En esta conferencia sectorial participa el Ministerio de Hacienda, participan las comunidades y las ciudades autónomas y también la Federación Española de Municipios y Provincias. Cuando
determinados grupos hablan de malgastar o de falta de transparencia, también me gustaría recordar que las presidencias de las diferentes comunidades autónomas están representadas por diferentes partidos políticos. Por tanto, cuando hablamos de
transparencia y de exigencia de ejecución, todos deberíamos hacer ese ejercicio. Así que, volviendo a saludarla, le pedimos que nos dé más detalles de este sistema de información, de esta herramienta de análisis, de control de las desviaciones;
cuál será, cómo será, cómo se ejecutará y, como decía antes el diputado Guijarro, qué es lo que podemos hacer nosotros, en el Congreso los Diputados, para facilitar que esta información sea transparente y conocida por todos, para acabar con este
ambiente negativo o que algunos intentan negativizar en relación con la consecución de los fondos europeos.
Por nuestra parte, estamos muy satisfecho con la gestión, estamos muy satisfechos con el Plan de recuperación y, evidentemente, satisfechos de que se pueda ejecutar en la medida de lo que sea posible. Quiero recordar el dato: el 40 %
ejecutado. El plan se aprobó el 12 de julio y pienso que se ha hecho un enorme esfuerzo desde el Gobierno para que todo el mecanismo se ponga en funcionamiento y para que estos fondos de recuperación lleguen a la mayoría de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra ahora la secretaria general para contestar a las cuestiones.
La señora SECRETARIA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS (Caballero Fernández): Muchísimas gracias, presidenta.
Muchísimas gracias, señorías, por la invitación a comparecer en esta Comisión. Intentaré dar respuesta a las preguntas que me han formulado y, sobre todo, dar claridad en el diseño y ejecución de este plan.
Permítanme explicarles, en primer lugar, cuál es el rol que tiene la secretaría general en este ámbito, cuestión que creo que es relevante. La función fundamental que tenemos atribuida es la de coordinación en la ejecución del plan;
coordinación en la ejecución del plan e interlocución con Bruselas respecto a dicha ejecución. Por eso somos la autoridad responsable, en el sentido de responsable de la coordinación con Bruselas, e internamente, respecto del suministro de
información. En este sentido, les voy a dar una serie de datos que a lo mejor no conocen y que yo creo que pueden ayudarles a entender cómo funciona este sistema.
En primer lugar, permítanme que les diga -muchos de ustedes lo han señalado- que este plan es un plan país. De verdad que no es un eslogan; cada vez que tengo ocasión de decirlo, lo digo. No es un eslogan porque todas las administraciones
públicas, absolutamente todas, están implicadas en la ejecución del plan, y junto con ellas, las entidades locales. Por tanto, Gobiernos de todos los colores políticos de las comunidades autónomas y de las entidades locales van a participar en la
ejecución del plan. La finalidad de esta secretaría general, como órgano responsable y perteneciente al Ministerio de Hacienda, no es otra -de verdad, no es otra- que intentar ayudar a todo el mundo, proporcionando los instrumentos para que esa
ejecución sea más fácil, sea llevadera y encaje. Esa es nuestra misión fundamental.
¿Cómo se crea la secretaría general? Lo digo porque ha habido varias preguntas en este sentido, por ejemplo, acerca de la creación o no de una agencia. Son planteamientos diferentes. Cada uno de los países de la Unión Europea tiene un
modelo diferente, ninguno es igual. ¿Por qué surge esta secretaría general y por qué el Gobierno la crea en el Real Decreto-ley 36/2020? Por una cuestión que es fundamental, y paso al siguiente elemento. A diferencia de lo que sucede con los
fondos estructurales, que son una subvención de la Comisión al Estado miembro en régimen de gestión compartida -me van a perdonar la technicality, pero se la explico-, el régimen de gestión compartida entre la Comisión y el Estado miembro es un
régimen de subvención directa de la Comisión al Estado miembro. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre lo que sucede con los fondos estructurales y lo que sucede aquí? Y respondo a la pregunta que me hacía el señor Bel. Pues la diferencia
fundamental es que en un régimen de gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros, en una política que es de carácter regional, como es la política de cohesión, que es la que corresponde al Feder y al Fondo Social Europeo, caben
programas operativos regionales, programas operativos regionales en los que una asignación que se le da a ese programa funciona como una pseudoenvolvente en la que, dentro de un menú de actuaciones, la comunidad autónoma, en colaboración
estrechísima con el ministerio, elige. Esto ha pasado siempre, técnicamente siempre y con los diferentes Gobiernos, y es una labor fundamental y una encomienda del Gobierno que tenemos establecida como una labor de coordinación enorme. Nosotros
intentamos establecer qué menú de prioridades es mejor para cada una de las regiones, y la región, dentro de su programa operativo, selecciona. El ámbito de funcionamiento del Plan de recuperación es diferente. ¿Cómo funciona? Al ser una
subvención directa de la Comisión al Estado miembro, lo que se establece -pero no solo para España, sino para todos los países de la Unión Europea- es una configuración de un plan país que se negocia con la Comisión Europea y se ejecuta internamente
por todos los niveles de administración existentes. ¿Hay margen para que las comunidades autónomas decidan? Pues lo hay, en el ámbito de las conferencias sectoriales, en la definición de los hitos y objetivos. Es ahí donde está, no es en la
configuración y en el diseño del programa operativo, como sucede en los fondos estructurales. La diferencia fundamental, además, es que en el ámbito de los fondos estructurales lo que hacemos de certificar gasto. Aquí, no; aquí lo que tenemos es
una presupuestación vinculada a objetivos. Como muchos de ustedes han señalado, tenemos que cumplir con los hitos y objetivos pactados, porque esa es nuestra obligación, ese es nuestro compromiso con la Unión Europea.
Junto con ello y con carácter general, permítanme que les diga cómo funciona, dado este esquema, la cogobernanza que se ha establecido. Se crea una conferencia sectorial para el Plan de recuperación, donde están sentadas las consejerías
-normalmente Hacienda, pero puede haber otras- responsables del Plan de recuperación, y hay directores generales y secretarios generales responsables de los fondos que dependen de dichas secretarías y con los que tenemos una interlocución continua y
directa para intentar, insisto, ayudar a poner en marcha y asesorar, desde nuestra experiencia, en la ejecución del plan. (El señor vicepresidente, Meijón Couselo, ocupa la Presidencia).
Vuelvo al punto inicial: ¿Por qué se configura la secretaría general así? Mire usted, dado este planteamiento de gestión de fondos vinculado al cumplimiento de hitos y objetivos, que es absolutamente nuevo en todo el panorama comparado
europeo -absolutamente nuevo, esto no se había hecho nunca-, ¿qué es lo que se hizo? Pues partir de la experiencia enorme que había dentro de este país en la gestión de fondos europeos. ¿Dónde estaba esa experiencia fundamentalmente? En la
Dirección General de Fondos; lo que gestiona, fundamentalmente, son fondos estructurales, pero el know-how estaba allí, estaba allí desde los años noventa. Por tanto, con ese conocimiento técnico profundo que ya existía, se crea otra dirección
general, que es la del plan. Le puedo garantizar, porque dirijo las dos -yo entonces era directora general de Fondos-, que hacemos sinergias continuas entre las dos porque es un proceso de diseño continuo que hay que elaborar en colaboración con la
Comisión Europea. Les puedo garantizar que este diseño es adecuado. ¿Que uno tiene ventajas y otro tiene inconvenientes? Seguro que sí; si nos ponemos a debatir, todo presenta ventajas e inconvenientes, pero créanme que este modelo es un modelo
adecuado para optimizar en un plazo superrápido el mejor conocimiento técnico que tenía el Ministerio de Hacienda. Esa fue la idea por la que surgió de esta manera y de esta manera estamos trabajando. Estamos trabajando, como les decía, para
llegar al cumplimiento de hitos y objetivos en colaboración con las comunidades autónomas y con las entidades locales. La FEMP forma parte de la Conferencia Sectorial para el Plan de recuperación y resiliencia. También colaboramos con la FEMP para
poner en marcha todo este proceso que va a afectar a muchos de los 8000 ayuntamientos de España, a muchos.
Permítanme, a partir de aquí decirles -y voy a ir respondiendo- cuál es el papel que tienen las comunidades autónomas en todo esto. Pues, miren, en este año las comunidades autónomas han recibido del orden de 9270 millones de euros en
conferencias sectoriales y en reales decretos de concesión directa, y los ayuntamientos, si no me equivoco, del orden de 2000 millones, más o menos. Para el año 2022, lo que está previsto es que las comunidades autónomas reciban del orden de 7400
millones, y las entidades locales, 1842. Por tanto, la cogobernanza en el plan es una exigencia y es una realidad, y no puede ser de otra manera porque muchas de las competencias, muchas de las funciones, de las actuaciones que se están ejecutando
en el plan son competencia de las propias comunidades autónomas y de las propias entidades locales. Por tanto, la cogobernanza es una realidad, es una exigencia, porque hay que hacerlo en colaboración con ellas, y la forma de hacerlo va a ser a
través de las conferencias sectoriales que definen los hitos y objetivos y en una colaboración técnica de diseño del plan a través también de las direcciones generales.
Por último -antes de entrar a responder, porque también es una cuestión de carácter horizontal-, está la selección de los proyectos. La selección de los proyectos se va a hacer por cada ministerio, donde le puedo garantizar que hay toda una
expertise técnica capaz de seleccionar perfectamente los proyectos y de evaluarlos. De cara a dotar de transparencia al sistema, les puedo garantizar que muchas de esas cosas que se han oído, como adjudicación sin control... Que no, que eso no es
posible. Yo les invito a que, por favor, echen un vistazo -es tedioso, ¿eh?, porque es muy técnico- a las dos órdenes ministeriales que recientemente ha sacado el Ministerio de Hacienda, una relativa a la conformación del sistema de gestión y otra
al suministro de información contable y de cumplimiento de hitos y objetivos que tienen que rendir todas las administraciones públicas, y verán ustedes que el proceso es complejo, pero de un rigor enorme, porque ese sistema de gestión en el que
nosotros nos basamos tiene que estar aprobado por la Comisión Europea, que les puedo garantizar que no puso ni una coma.
Y a partir de aquí, permítanme que les vaya respondiendo. ¿Qué tenemos dotado en el año 2022? Pues en el año 2022, como ustedes me decían, teníamos 26 000 millones de euros. ¿Y en qué se concentran? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Les doy
las cifras más relevantes, pero fundamentalmente permítanme destacar, por ejemplo, que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene 5876 millones para actuaciones vinculadas sobre todo al transporte urbano y a medidas de
modernización del transporte desde el punto de vista digital; que el Ministerio de Industria tiene 4876 para todo su grupo de actuaciones; que solo el componente de transformación verde, uno de los ejes fundamentales que tiene que guiar la
transformación del tejido productivo y económico de este país, tiene dotados 9000 millones de euros, y que todas las actuaciones de carácter digital suman más de 6000. Y a partir de ahí, les voy respondiendo. Espero haber anotado todo y poder
hacerlo.
El Grupo Parlamentario Plural me decía: baja tasa de ejecución de fondos que es común a todos. Miro al señor del Grupo Popular. ¿Sabe?, es que yo también soy extremeña (risas), así que lo voy a decir con la misma claridad: Claro que
hemos alcanzado un 61 % de ejecución de los fondos, pero verá, ¿dónde está la diferencia? Se está confundiendo la ejecución de los fondos estructurales con la ejecución del plan. En el ámbito de la ejecución de los fondos estructurales tengo que
decir que históricamente, históricamente, desde los años noventa, en ningún periodo de programación, en ningún marco financiero plurianual este país se ha quedado por debajo del 99 % de ejecución. Y lo digo porque como estamos implicados Estado,
comunidades autónomas y entidades locales, sinceramente, creo que es un éxito de todos, y siempre ha sido así. En un momento determinado alguno de ustedes me leía el dato del 34 %. Bueno, pues eso es porque en una noticia de prensa aparece un dato
que, sinceramente, creo que estaba mal leído. Si en estos momentos saco datos de ejecución -a día de hoy seguro que son más altos, pero los últimos que miramos hace aproximadamente un mes-, la tasa de ejecución de los fondos estructurales está en
la media de la Unión Europea. De hecho, en el fondo social está un poco más alto, está en torno al 77 %, y en el resto está casi al 61 %, y ya le digo yo que de aquí a que finalice el año esa tasa va a ser muchísimo más alta. Cuando miraron ese
número, ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucede -y esto me va a valer para hablar de la presupuestación- es que eso lleva una curva de aprendizaje hacia arriba. En los primeros años tú lo que tienes que hacer es establecer la dotación para arrancar,
y el ritmo de ejecución va cogiendo velocidad de crucero a medida que el periodo avanza; eso es lo que sucede. Por eso ahora la ejecución va más rápida, exactamente igual que en los periodos anteriores, porque hay ámbitos donde los proyectos no
duran un año, sino que duran uno, dos o tres años, y eso no computa como ejecutado hasta que se certifica, lo cual no significa que no se haya comprometido el gasto o que no se esté ejecutando.
Ahora me voy al otro lado, me voy al ámbito del Plan de recuperación. En estos momentos, de lo que llevamos comprometido -no pagado, el pago es otro momento; lo que verdaderamente adquiere compromisos con la economía e incidencia directa
económica es el compromiso, porque ya existe, esa actuación ya está en marcha, eso es así-, ya tenemos cerca del 50 % ejecutado. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes dirán: Pero le falta otro 50 %. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa de aquí a final
de año. Pero es que, además, como les digo, el primer año tú lo que necesitas es tener el crédito reconocido. Tú tienes que tener ese crédito incluso para poder jugar con anualidades futuras; tú necesitas ese reconocimiento del crédito. A partir
de ahí vas diseñando, organizando, transfiriendo a las comunidades autónomas, que tienen que hacer otro tanto, y te vas poniendo a ejecutar, y eso es lo que está sucediendo. Como puede haber cosas que estén en fase de autorización, de
reconocimiento de la obligación, que hayamos llegado al comprometido o que no hayamos llegado, que estemos todavía en esa fase, como ustedes sabrán, porque conocen el proyecto de ley de presupuestos, la disposición adicional vigesimosexta a), si no
me
equivoco, ya establece una flexibilidad enorme, y ahí es donde puede ayudar la Cámara. Ustedes me decían: ¿Cómo puede ayudar la Cámara a la ejecución del plan? Por favor, apoyen en esta línea. ¿Cómo puede hacerlo? Pues porque esta
disposición adicional lo que va a hacer es facilitar la incorporación de los remanentes de los planes que han arrancado este año para que se puedan ejecutar correspondientemente al año siguiente por sus comunidades autónomas y sus entidades locales.
Insisto porque me han preguntado varios: ¿Qué podemos hacer? Por favor, apoyen en esta línea; aprueben esta medida porque es necesaria para la ejecución del plan. ¿Vamos a coger velocidad de crucero en el año 2022? Pues estoy convencida de que
sí.
Otra pregunta que me hacía el Grupo Parlamentario Plural, pero que me ha preguntado alguno más, no recuerdo quién, perdónenme, era la relativa a la participación de las pymes. Aquí hay otra confusión con este tema. El plan tiene un montón
de medidas específicamente para el ámbito de las pymes; de hecho, solamente en el año 2022 está prevista una digitalización del orden de 300 000. Pero, permítanme que se lo diga porque esto es importante saberlo, no van a participar solo las
grandes empresas. Los proyectos que contiene el plan son muy variados, y hay algunos que por su naturaleza serán más propios de las grandes empresas; las pequeñas siempre pueden hacer una UTE, eso está claro, pero por sus características pueden
ser de una gran empresa, pueden serlo. Pero permítanme que les diga: componente 9, hidrógeno renovable, medidas de apoyo a las pymes. En ese componente hay un total de 1555 millones, muchos son para pymes. Componente 11, dotado con 4239
millones, contiene la mejora de acceso a las pymes. Componente 13, específicamente impulso a la pyme, 4894 millones solo para pymes, solo para pymes. Componente 15, conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G; pues
también hay programas de subvenciones y apoyo a las pymes. El conjunto del componente son casi 4000 millones y hay una parte importante que también es para pymes. Componente 16, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial; también hay pymes
ahí incluidas: 500 millones. Componente 17, reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema de ciencia; hay un programa específico de ayuda a pymes. Puedo seguir así, en el 19, Plan Nacional de Competencias Digitales; en
el 27..., en todos. Hay todo un elenco. Lo que tenemos que conseguir entre todos es que las pymes participen, que se dinamicen, que haya suficientes proyectos que se puedan presentar. Los proyectos se van a seleccionar con transparencia, como no
puede ser de otra manera, como en todas las convocatorias públicas. Créanme que las exigencias de control y transparencia de las órdenes ministeriales son duras, son grandes. ¿Que puede haber problemas? Pues el mundo es el mundo, pero es
complicado que con esa regulación los haya. La voluntad del Gobierno es establecer todos los mecanismos -en ello estamos- para que esto funcione de manera correcta, porque nosotros queremos y porque Bruselas nos lo exige, las dos partes, pero los
primeros interesados somos nosotros.
¿Que más les contesto? Lo de la agencia independiente creo que se lo he señalado antes. La selección de proyectos la hará cada ministerio, y creo que tiene competencia para poder hacerlo. Otra de las preguntas que ustedes me hacían -creo
que se estaba refiriendo al plan de empleo juvenil la señora de Ciudadanos- es cómo se va a articular esto. Una de las cuestiones fundamentales que plantea el plan es la complementariedad con otros fondos, con lo cual, lo que tenemos ahora en
marcha es la negociación del acuerdo de asociación de la política de cohesión de 2021-2127, y probablemente algunas de estas medidas, por su propia naturaleza, acabarán siendo financiadas como continuación por el Fondo Social Europeo, pero vamos a
esperar a ver cómo marcha y realizaremos todo un diseño entre los dos ámbitos para optimizar los fondos que nos llegan de Europa de la manera más eficiente posible. Esa es la idea y es también un planteamiento que hace la propia Comisión Europea.
Esto ya se está haciendo; existe en este periodo un programa de garantía juvenil que ya busca la inserción en el mercado de trabajo.
Me preguntaba su señoría de Unidas Podemos cómo vamos a conseguir ser ágiles con los mecanismos de control. Yo creo que la agilidad y el control no tienen que estar reñidos. Tenemos que conseguir que las dos cosas vayan de la mano, porque,
si no, corremos, pero al final nos tropezamos. Las dos cosas tienen que ir de la mano y de esa manera lo hemos diseñado. ¿Cómo? Si ustedes se fijan en las órdenes ministeriales -ha sido comentado en prensa por algún catedrático de universidad al
que no conozco, sinceramente, pero en cuanto al enfoque pensé: sí esa era la idea-, la idea fundamental es que el enfoque sea proactivo. No se trata solo de perseguir en plan policía al que lo hace mal. Yo estoy convencida de que la mayor parte
de las administraciones públicas quieren hacerlo bien. El tema es explicarles cómo lo tienen que hacer. Esa es la finalidad que está en la orden ministerial, con un enfoque que es pedagógico, de autoevaluación y de intentar asesorarles y
autoevaluarse acerca de cómo lo tienen que hacer para garantizar que el funcionamiento de todos los criterios en el sistema de gestión es el
adecuado. Por tanto, como les decía al principio, la labor fundamental de la secretaría general es apoyar y engrasar la coordinación. En esa idea hemos regulado las órdenes ministeriales.
En cuanto al riesgo de incumplimiento que me decía la señora Cañizares, creo que se lo he contestado. El cumplimiento de hitos y objetivos, también. Consultoría especializada en pymes. Créame que no hace falta. Las convocatorias son las
que existen encima de la mesa. Si tienen que hacer algún tipo de declaración de buena gestión, está dentro de la orden hasta prácticamente cómo hacerlo, y, si no, intentaremos sacar -también estamos trabajando en ello- algún tipo de manual de
procedimiento que indique a la gente de manera clara cómo proceder, pero nada más lejos de nuestra intención que intentar complicar la vida de las pymes, en absoluto.
En cuanto a la financiación de los presupuestos, se lo decía antes, es una curva ascendente. La dotación de este año tiene que estar ahí incluso para poder proyectar hacia el resto de los años, y la disposición adicional vigesimosexta va a
ayudar. Luego, permítanme que les explique, respecto a la ejecución y al gasto, que aquí rige en principio la neutralidad presupuestaria, es decir, se apunta como ingreso lo que se va ejecutando, con lo cual en ese sentido no tendría que haber
mayor problema.
Por último, y permítanme, voluntad total y absoluta de transparencia, de rigor y sobre todo de que consigamos entre todas las administraciones de verdad, como plan país, transformar de una vez el tejido productivo. Esto es una oportunidad
que nos hemos dado toda Europa, esto no había sucedido con anterioridad. La respuesta de Bruselas en este caso entre los veintisiete Estados miembros fue diferente. ¿Que tenemos un reto por delante? Claro que sí, pero entre todas las
administraciones y en cooperación continua, también en colaboración con el sector privado, con las pymes, con las grandes, tenemos que ser capaces de ponerlo en marcha, y desde la secretaría general, desde el Ministerio de Hacienda, intentaremos
ayudar en todo lo que podamos para que el plan sea un éxito.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias.
Hacemos un descanso de un par de minutos y seguimos con la siguiente comparecencia. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL (CUERPO CABALLERO). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VOX (Número de expediente 212/001523); POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001621), Y
SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/001794).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Señorías, reanudamos la sesión.
Empezamos esta comparecencia con el señor Ferran Bel, que tiene el uso de la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias al secretario general del Tesoro y Financiación Internacional por su comparecencia. Le quiero plantear varias cosas brevemente. Cuando uno ha hecho presupuestos -y yo fui alcalde durante muchos años-, siempre tenías que
vigilar no ser excesivamente optimista en los ingresos y en los gastos había la tendencia, sobre todo en los gastos corrientes, a presupuestar de forma muy ajustada. En lo que le concierne a usted, después de la intervención de ayer del gobernador
del Banco de España, no le tengo que decir nada más. Ustedes han presupuestado incluso al alza el coste de la deuda y, según las estimaciones del Banco de España, estaríamos por debajo de esta cantidad; por tanto, ningún reproche. Yo creo que
será la única partida de gasto corriente que estará ajustada al alza, por tanto, felicidades; en todo caso, va a contribuir a mejorar los objetivos de déficit, que no van a ser fáciles de cumplir.
Quisiera hacerle una pregunta en relación con la deuda pública. La deuda pública, según también pudimos comprobar ayer, de acuerdo con los presupuestos se establece que en porcentaje del PIB va a verse reducida, esencialmente por un
crecimiento del PIB que después habrá que ver si se cumple o no se cumple. Si este crecimiento es inferior a lo previsto en los presupuestos, como está pasando en el ejercicio 2021, evidentemente esta disminución no se va a producir. Pero ante un
escenario, que no digo que no sea probable -incluso en estos momentos le diría que es poco probable y más después de escuchar ayer al gobernador del Banco de España-, pero en todo caso en un escenario con inflación poco controlada, que no fuese de
carácter coyuntural o que fuese de carácter coyuntural, pero que se acabase alargando en el tiempo y que repuntaran los tipos de interés, ¿deberíamos preocuparnos con el actual nivel de endeudamiento que tiene el sector público español en general?
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señor secretario general. Yo también hoy voy a hacer una intervención muy breve, solo me voy a centrar en dos asuntos que me interesan especialmente de los temas que usted viene gestionando. Una de las cuestiones que más
hemos discutido en la Comisión de Hacienda y también de Economía es sobre la carga financiera que tiene ahora mismo el Estado debido a nuestra deuda pública. Efectivamente, la deuda pública está en niveles de máximos y eso nadie lo puede negar.
Sin embargo, la carga financiera ahora mismo desciende un 4,35 %, estamos hablando de unos 30 000 millones de euros según los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Entendemos que esto se debe, sobre todo, a la baja rentabilidad del
bono español, pero le querría preguntar sobre qué espera usted que ocurra con esta carga financiera a lo largo de los próximos meses y quizá hasta años, porque el riesgo que tenemos a medio largo plazo es el que ya vienen advirtiendo algunos
analistas, que es la posible subida de tipos a medio plazo que tendría un efecto muy negativo para nosotros. En todo caso, entiendo que la vida media de la deuda ahora mismo está en torno a los ocho años, quizá ligeramente por arriba, y quisiera,
si puede ser, algún comentario de su parte para ver cómo vamos a gestionar esto a medio y largo plazo. Evidentemente, uno de los elementos centrales de esa respuesta intuyo que serán las políticas del Banco Central Europeo, sin el cual seguramente
nos hubiéramos visto abocados a una catástrofe similar a la que nos vimos abocados en mayo y junio del año 2012. Gracias a la experiencia acumulada, podemos decir que la actitud del Banco Central Europeo en esta crisis ha sido diametralmente
opuesta y, por lo tanto, nos ha permitido financiarnos a un coste asumible, pese a que la deuda pública, como decía, está en niveles muy altos.
La segunda cuestión a la que le quería hacer referencia, y que me interesa especialmente, tiene que ver con el funcionamiento de nuestro bono verde, puesto que se hizo una primera emisión este mismo año. Entiendo que había generado unas
ciertas expectativas y querría conocer su opinión al respecto, cómo cree usted que ha venido funcionando ese bono y si del comportamiento de los agentes hacia el mismo se puede deducir una cierta confianza en la política económica que está llevando
a cabo este Gobierno. Lo digo también, entre otras cosas, porque -¡fíjese usted qué cosas!- leía la semana pasada que el líder de la oposición, el señor Casado, había declarado que España estaba en quiebra y abocada al rescate. Así lo dijo,
literalmente. No sé si tiene usted alguna opinión al respecto.
Por lo demás, muchas gracias y buenas tardes.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo VOX, el señor Manso Olivar tiene la palabra.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor secretario general.
Realmente dirige usted, o bajo su paraguas queda, la segunda mejor dirección general de este país, porque la primera es la de la Guardia Civil, como usted sabe. (Risas). Yo les admiro profundamente, de verdad, porque ustedes nos permiten
vivir por encima de nuestras posibilidades a un coste barato. Eso es así. En cuanto a la reducción del coste que vamos a tener este año, como le ha felicitado el señor Bel, yo ahí no. Yo creo que ustedes gestionan muy bien la deuda pública, lo
demuestran un año tras otro, no hay más que leerse todos los meses -yo lo hago todos los meses, pero por otros motivos- el magnífico informe que publican para darse cuenta de lo bien que ustedes gestionan la deuda. Han vuelto a alargar los plazos
medios, cosa por la que les felicito, y no han caído en la tentación de vamos a endeudarnos a corto plazo por aquello de que sacamos tipos negativos. Probablemente, se va a seguir produciendo una rebaja del tipo medio de la deuda, con independencia
del movimiento de los tipos -y ahora vamos a hablar de ello- y usted sabe por qué, por el efecto sustitución; le están venciendo emisiones de bonos con cupones muy altos y las nuevas las va a practicar a tipos más bajos. ¿Que puede que sean más
altos que los de ahora? Puede que sean más altos, pero van a ser más bajos de los que vencen y, por lo tanto, el tipo medio le va a ir cayendo y, en ese sentido, vamos a ir rebajando el coste medio. Otra cosa es que lo rebajemos tanto como
presupuestan o más, como ha pasado este año, porque -y esa es la parte en la que yo le doy la razón al señor Bel- ustedes se han encontrado con una facilidad por parte del Banco Central. Luego es verdad que ustedes colocan muy bien, aprovechan muy
bien, estructuran muy bien.
Pero, fíjese, ayer pasó totalmente desapercibido a la Comisión. Uno tiene el tiempo que tiene, me di cuenta pero se me pasó comentarlo, y casi fue mejor porque así se lo comento a usted porque cae en su negociado. El tipo de la deuda del
bono a diez años ha subido fuertemente, usted lo sabe. Cerramos el año con un marginal de 0,016 tipos negativos. Creo que el día 21 se ha cerrado la última subasta con 0,456 tipos positivos, es decir, una subida de casi medio punto. Es verdad que
las emisiones a corto han subido un poquito, la parte media de la curva ha caído, pero tal vez el referente más grande, que es el de diez años, empieza a ponerse ya en el medio punto. Esto lo indicó ayer el gobernador y a mí, y creo que a todos los
que estamos en esta sala, nos preocupa porque puede ser el indicador de que las cosas pueden empezar a cambiar. Es verdad que, como ustedes han estructurado muy bien la deuda, la tienen colocada a ocho años y, por lo tanto, las renovaciones se
pueden producir -así, a lo grueso- por octavas partes, el impacto no es inmediato. Ya ve usted por dónde voy. Es decir, ¿piensa usted que empezamos a ver el fin, sobre todo vistas las tensiones inflacionistas, de la política de tipos bajos, a
pesar de lo que dice el Banco Central Europeo?
Por otro lado, es verdad que pagamos 30 000 millones. Hemos llegado a pagar 28 000 en los últimos años, luego subió un poco; el año pasado subió un poquito más porque nos tuvimos que endeudar muchísimo con el COVID. Yo vengo diciendo hace
varios años que estamos en 30 000 millones a cambio de barra libre de liquidez; uno pone 30 000 millones todos los años sobre la mesa y barra libre de liquidez. Porque en esa media llevamos prácticamente seis o siete años. Pero de lo que no nos
damos cuenta -lo digo por el señor Guijarro- es que debemos mucho, pero, como siempre nos cobran 30 000, pues estupendo. Ya, pero el volumen es importante, aquí el tamaño importa. Es decir, el día que suben gira sobre un volumen muchísimo más
elevado. No me vale decir: de qué me sirve deber la mitad si pago lo mismo; no, lo único bueno que tiene deber la mitad pagando lo mismo, porque el tipo de interés sería el doble en ese caso, es que en caso de movimiento de tipos me afecta menos.
Eso es lo que yo quería decirle.
Vamos a preguntarle como todos los años, primero, sobre la evolución de tipos con este indicador que nos señaló ayer el gobernador: 0,456 el marginal de la última subasta el 21 de octubre. El año pasado cerramos con menos 0,016. Segundo,
el problema del volumen, que ya sabemos que nos afecta mucho; dónde estaría el volumen máximo que debería tener España simplemente por prudencia, con independencia de que le presten muy barato. Nos pueden prestar muy barato, pero hay volúmenes que
no interesan porque cualquier movimiento te genera un daño elevado.
Por lo demás, mis felicitaciones a la Dirección General del Tesoro y a su secretaría general porque hacen un trabajo magnífico. Siempre lo digo, si no fuera por ustedes no habríamos podido financiar este vivir por encima de nuestras
posibilidades.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias.
Pasamos ahora la palabra al señor Miguel Ángel Paniagua, del Grupo Popular.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario general, por su asistencia y por su trabajo.
El interés de nuestro grupo va en el sentido de lo que han anticipado los portavoces anteriores. Uno es el horizonte a medio y largo plazo, y la posible evolución de los tipos de interés. La AIReF, que usted conoce tan bien, en el informe
sobre la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 nos decía varias cosas. Nos decía que un aumento de 100 puntos básicos en los tipos de interés supondría un aumento del gasto en intereses superior a los 15 000 millones de euros durante
el periodo del programa. Asimismo, que tenemos varios retos y riesgos futuros, entre ellos, y sobre todo, el riesgo de envejecimiento. Su previsión, con una actualización de las pensiones al IPC, situaría la ratio de deuda en el 165 % del PIB en
el año 2050 y si añadimos la eliminación del factor de sostenibilidad se situaría en el 175 en el mismo año. También nos decía que el crecimiento económico estimado para los próximos años será el principal factor en la reducción y estabilización de
la ratio de la deuda. Por otro lado, que el entorno de bajos tipos de interés ayudará a la contención de esta ratio, mientras que los amplios déficits primarios proyectados en el periodo seguirán empujando en la dirección contraria, y que en el
largo plazo un aumento de los tipos de interés acabará teniendo un impacto muy significativo superior a un punto del PIB. Es decir, nos interesa crecimiento económico, pero seremos el último país de Europa en recuperar los niveles prepandemia. Nos
interesa reducir los déficits primarios, pero los incrementamos año tras año, y nos interesa un factor externo, el mantenimiento de los tipos interés, y lo estamos dejando todo a un factor externo en vez de trabajar en lo que podemos influir. Para
nuestro grupo es una gestión nefasta.
En tan solo tres años -2020, 2021 y 2022- el Gobierno del señor Sánchez va a acumular un déficit cercano a los 300 000 millones de euros, que estamos pagando en parte las familias, los autónomos y las empresas a través de la subida continua
de impuestos y cotizaciones, pero que, sobre todo, pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, en palabras de la señora Calviño. Y lo más importante, ¿para qué? ¿Para ser el país al que mejor le va? No, somos el peor país de Europa en salir de la
crisis. ¿Para no dejar a nadie atrás? Tampoco, los datos de personas en situación de pobreza y exclusión social y los cierres de empresas y autónomos son terribles. El resultado es que en 2022 será necesario volver a emitir 80 000 millones de
deuda neta, casi 243 000 millones de deuda bruta y se fía todo a mantener una financiación tan baja como la actual, cosa que cuando menos es discutible. En primer lugar, porque el BCE ya ha anunciado que va a rebajar las compras bajo el programa de
emergencia del COVID y es posible que siga con un tapering suave en la misma línea que están haciendo el resto de banco centrales. Recordemos que el Banco Central compró la totalidad de la emisión neta de deuda española en 2020, más de 120 000
millones de euros. Probablemente usted nos pueda confirmar qué porcentaje de la emisión neta de 2021 ha comprado y si el ritmo de compras se ha reducido en la segunda mitad del año respecto a la primera, y más importante aún, cómo piensa el Tesoro
que van a evolucionar sus compras en el año 2022.
En segundo lugar, porque el repunte de la inflación hasta el 4 % en septiembre puede hacerse estructural si se mantiene el elevado precio de la energía, si el resto de las empresas aplican a los precios los incrementos de costes y si se
incrementan los salarios. Todas estas posibilidades son factibles, y dos consecuencias: la subida de tipos y la subida del gasto estructural por la indexación de más de la mitad de los presupuestos a la evolución del IPC.
Quiero preguntarle también dos cosas sobre cómo nos perciben los inversores extranjeros. ¿Entienden, por ejemplo, que en un contexto de recuperación económica no solo no se reduzca el gasto público sino que se aumente ligeramente,
sustituyendo gasto coyuntural asociado a la pandemia por un gasto electoral y posiblemente estructural? También le pregunto si cree que sería importante, de cara a la credibilidad de nuestra economía que el Gobierno aprobase un plan de reequilibrio
fiscal, tal y como le obliga el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y le han pedido reiteradamente tanto la AIReF como el Banco de España, y como nuestro grupo.
Permítame acabar dándole la enhorabuena por la acertada estrategia del Tesoro Público que lleva alargando la vida media de la cartera desde el año 2014, aprovechando el contexto de reducción de tipos de interés desde ese año, que se ha
acelerado y se ha mantenido de forma artificial -con la ayuda inestimable, si me permite, en 2020 y 2021-, por las compras masivas del Banco Central. Este agradecimiento tiene una razón principal: su buen hacer nos ha creado un margen que auguro
va a ser muy necesario ante el previsible aumento de los tipos de interés. Este Gobierno, lo cual no es habitual, ha mantenido la estructura del Tesoro del Gobierno anterior, que tan bien estaba funcionando, y eso debemos agradecérselo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Paniagua.
Pasamos ahora la palabra el señor Miguel Ángel González, por parte del Grupo Socialista.
El señor GONZÁLEZ CABALLERO: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor secretario general del Tesoro Público. Me gustaría empezar poniendo en valor estos presupuestos, que son los de la recuperación, unos presupuestos con una inversión pública histórica en la democracia, necesarios para este
difícil momento postpandemia, y en los que se sigue moderando la deuda pública desde la sostenibilidad, la credibilidad y la justicia social. Desde la sostenibilidad y la credibilidad, continuando la reducción del déficit mientras profundizamos en
la recuperación después del parón de la actividad. Este crecimiento hoy es posible gracias al salvavidas que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha en formas de ERTE, ICO y medidas de apoyo a los empresarios, empresarias y trabajadores. Y
desde la justicia social, porque el Grupo Socialista defiende una salida social a la crisis, con impulso económico, reduciendo la deuda y poniendo en marcha medidas como los bonos verdes que nos ayudan en la transformación del país. Digo esto
porque hubo otra crisis y otros Gobiernos, que bajo el sofisma de una austeridad mal entendida, llenaron nuestro país de recortes y dolor, mientras la deuda pública se disparaba; durante los Gobiernos del señor Rajoy, un aumento del 58 %.
Hoy los mismos partidarios de los recortes y del aumento de la deuda pública, ante una situación de crisis de la que estamos saliendo, vienen a pintar un escenario catastrofista, que no se sostiene por varias razones. Fuera de la calle
Génova, o en la calle en donde paren ustedes en su eterna mudanza, la
sostenibilidad de la deuda pública tiene pilares fuertes. El primer hecho de la credibilidad es que la emisión de la deuda bruta de deuda pública caerá un 10 %, amortizando la deuda de hace ocho años, cuyos títulos soportaban intereses
mucho más altos que los actuales. El segundo hecho que refuerza la credibilidad de nuestro país es que la prima de riesgo sigue manteniéndose estable, casi seis veces más baja que cuando gobernaba el señor Rajoy. El tercer hecho que afianza la
credibilidad de nuestro país es que todas las agencias de calificación crediticia han mejorado su valoración sobre España, sobre nuestra deuda, desde 2019, ya con un Gobierno socialista. Por cierto, para los abonados al discurso del contubernio de
Múnich, versión 2.0, las agencias de calificación no son sospechosas de formar parte de la Tercera Internacional ni de ninguna confabulación socialcomunista. Las agencias de calificación independientes mantienen la nota de la deuda a España, pese a
la pandemia. La política económica del Gobierno de España goza de credibilidad y confianza. Cuarto hecho que afianza la credibilidad de nuestro país: después de la pandemia, el déficit público se seguirá reduciendo. En solo dos años reduciremos
el déficit a la mitad, previsiones de reducción de déficit, por cierto, avaladas ayer mismo por la AIReF.
Les pido que dejen de sembrar incertidumbre, que dejen de sembrar desinformación, pues no hacen daño a este Gobierno, hacen daño al país. Miren, ustedes pueden pintar un escenario catastrofista, pero aquí hay varias realidades que indican
una mejora de la recuperación, apuntalando la moderación de la deuda pública, una reducción de la deuda que ya se ha comprobado en los últimos datos conocidos para el segundo trimestre, que se han moderado en comparación con los inmediatamente
anteriores. Esta es la realidad, optimista, mejorable, pero dura, en todo caso, para los dogmáticos de la austeridad, pues lo que demuestran estos datos es que la política de recuperación del Gobiern0o de Pedro Sánchez es la correcta para salir de
la crisis sin romper la cohesión social de país, porque se demuestra que no hay una salida unívoca de recortes y austeridad, como nos vendió el Gobierno del Partido Popular, y que hoy VOX, bajo ese mantra que utilizaron de vivir por encima de sus
posibilidades, aplicaron en nuestro país antes de aplicar duros recortes.
Este Gobierno demuestra que es posible combinar reducción de déficit, moderación de la deuda con políticas que estimulen a los sectores económicos, que impulsen los servicios públicos sin limitar las posibilidades de la ciudadanía de este
país y, además, poniendo en marcha transformaciones necesarias con fondos europeos conseguidos por este Gobierno, pese a las maniobras en Bruselas del señor Casado.
Para terminar, me gustaría incidir en una pregunta que ha hecho el señor Guijarro en relación con los bonos verdes. Me gustaría que profundizase en este tema.
Quiero terminar apelando nuevamente a la derecha, a que deje ese: que caiga España, que ya la levantaremos -o, en su caso, ya la recortaremos-, y se sumen a esa labor de reconstrucción de país que defendemos los socialistas. Nos sumamos
también a las felicitaciones del portavoz de VOX, a su dirección general, que no es otra cosa que una felicitación al Gobierno de Pedro Sánchez por unos buenos presupuestos. (El señor Manso Olivar: No. Es una felicitación al señor secretario
general...).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Por favor, por favor, no entren en diálogo. Para usted significa una cosa y para él significa otra. Siga usted.
El señor GONZÁLEZ CABALLERO: Estoy en mi turno, veo que...
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Sí, pero le quedan veinte segundos.
El señor GONZÁLEZ CABALLERO: ... hay cuestiones como la ironía, que no se entienden en el caso del portavoz de VOX. Lo que sí les reitero y les pido es que se sumen a estos presupuestos de la recuperación, a los que no hay motivos para
aplicar una enmienda a la totalidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias.
A continuación, le damos la palabra al secretario general del Tesoro y Financiación, al señor Cuerpo Caballero.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL (Cuerpo Caballero): Antes que nada, quería decir que para mí es un orgullo estar aquí hoy. Esta es mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados y tengo que
decir que me llena de orgullo. Es un paso importante y creo que también es un hito importante para el Tesoro venir aquí.
A partir de ahí, agradezco las palabras y las preguntas. Yo creo que todas tenían un vector común y me permiten dar a conocer lo que yo creo que son las líneas principales de la evolución de nuestro programa de emisión, de la evolución de
nuestros costes de financiación y también de la discusión, que yo creo que es fundamental, y es la que algunos de ustedes han estado mencionando sobre la sostenibilidad de nuestra deuda, y que quiero dejar clara desde el principio.
Para este tipo de temas creo que es muy visual preparar material gráfico. Entonces, he preparado material gráfico anticipándome a las preguntas. (Apoya su intervención en un powerpoint).
Empiezo por las previsiones de nuestro programa de financiación. Evidentemente, el diseño del programa de financiación en origen se hace atendiendo a las previsiones de las necesidades de financiación de los distintos subsectores y a los
vencimientos que tenemos dentro de nuestra cartera. El borrador, como bien saben, de Presupuestos Generales del Estado, el envío a Bruselas del plan presupuestario y, anteriormente a un horizonte más amplio, el programa de estabilidad de abril,
tienen una previsión de una reducción sustancial del déficit público. Como tienen aquí en el gráfico, en nuestro caso, hasta el 5 % en el año 2022 y hasta el 3,2 % en el año 2024. Como pueden ver, esta reducción es comparable con la de otros
países europeos.
Tenía también una separación del ajuste por subsector -yo creo que esto no han entrado a comentarlo-, donde vemos que, en general, este ajuste está más centrado en lo que sea de Administración central y la Seguridad Social, sobre todo, en
los primeros años.
Más allá de esto, yo creo que lo importante es señalar que esta política, diríamos esta reducción progresiva de déficit, lo que permite es continuar con la reducción de las necesidades de financiación netas. Tras el incremento sustancial
que fue necesario para hacer frente a la pandemia -como pueden ver en la línea azul, en esta barra azul-, la emisión neta prevista para 2022 es de aproximadamente 80 000 millones, que es igual que la estimada para el año 2021. Como bien han
comentado anteriormente, nosotros normalmente nos regimos por una política de estimación prudente en cuanto a la evolución de nuestras necesidades y, como pueden ver de nuevo, en los últimos años hemos ido ajustando, afortunadamente a la baja, las
necesidades que íbamos anunciando en función de las circunstancias de forma flexible. Si ven las barras verdes, el último anuncio que hicimos con esta primera revisión del programa antes de verano fue una reducción de un 20 % hasta los 80 000
millones, y esto se basaba en las buenas condiciones de financiación existentes en el año 2021, la aprobación del Plan de Recuperación y la recepción de la prefinanciación de 9000 millones que entraba en agosto, así como el mayor acceso a los
mercados que tuvieron las comunidades autónomas, que permitió que preamortizaran parte de los préstamos con el Estado. Pues bien, esto sería como marco inicial de la estimación de nuestras necesidades de financiación. En términos brutos diríamos
que, de la suma de estas necesidades de financiación y las amortizaciones previstas, resultan unas emisiones brutas previstas para este año de 242 846 millones, como pueden ver aquí, aproximadamente un 10 % menos que para el ejercicio de 2021. Y,
como pueden ver de nuevo, al igual que en los últimos años, la emisión bruta se concentra en letras, bonos y obligaciones, mientras que las netas, como pueden ver también, se cubrirán con instrumentos a medio y largo plazo, y esto veremos ahora que
tiene unas consecuencias inmediatas en cuanto a la evolución del plazo de la cartera.
Pues bien, antes de concluir la parte de necesidades de emisión, hay algunos elementos adicionales respecto al programa en 2022. A diferencia de lo que ocurrió en 2020 y 2021, en el próximo ejercicio las emisiones de valores del Tesoro no
se verán complementadas con los préstamos del Programa SURE, el programa de mitigación de los riesgos de desempleo que procedía de la Unión Europea para ayudar precisamente a la situación de desempleo provocada por la pandemia. España, como saben,
ha recibido ya todos los préstamos, todos los fondos disponibles en el marco de este instrumento, de manera que en 2022 no se recurre a este programa. No obstante, desde el año 2021, como ya he comentado, venimos recibiendo un elevado volumen de
transferencias procedentes de los fondos Next Generation, y estas se utilizarán en el desarrollo de las diversas medidas que están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que creo que ya han tenido una sesión intensa con
la secretaria general del plan, con Mercedes Caballero. Por lo tanto, como les comentaba, estamos ante un programa flexible que va adaptando los calendarios de desembolso a las distintas circunstancias, tanto financieras como económicas, que van
aconteciendo. Y aquí me gustaría señalar también una novedad del programa de emisión de 2021, sobre la cual han preguntado dos de ustedes, y es la emisión del primer bono verde. En este caso, una emisión -tengo que decir- con gran éxito en cuanto
al apetito que tuvimos y en cuanto al hecho de que va a contribuir a la financiación que tenemos de proyectos relacionados con la transición ecológica. Este elemento del marco de bonos verdes del Reino de España obtuvo, como saben, la mejor
calificación medioambiental posible, con la nota máxima dada por una agencia independiente que también ha realizado una evaluación de emisores importantes, como son la Comisión Europea, por ejemplo, o Francia. Pues bien, nosotros seguimos
estando en el primer puesto de la calificación de los programas de bonos verdes. Y esta primera emisión, como saben -por darles algún dato-, se realiza con un vencimiento a veinte años y por un volumen de 5000 millones. Este volumen se
sobresuscribió doce veces con una demanda de 60 000 millones. Y esta gran demanda, este apetito, lo que nos permitió es lo que se denomina un greenium, una especie de prima -diríamos- de emisión por el hecho de haber emitido en verde debido a la
gran demanda de estos elementos. Esto no es otra cosa que un ahorro para el contribuyente, de lo cual nos debemos congratular todos.
A partir de aquí, yo quería incidir en el elemento de la estimación de la carga financiera, que ha suscitado también bastantes preguntas. En este caso, como pueden ver aquí, diríamos que el contexto en el que se está enmarcando la evolución
de nuestros costes de financiación se caracteriza por unos tipos de los principales países soberanos europeos en niveles relativamente reducidos y en línea con los niveles previos a la pandemia. Como pueden ver aquí, el bono español a diez años
cotiza en torno al 0,5 %, como decíamos, con un diferencial frente a Alemania muy estable, en el entorno de los 65 puntos básicos. En este contexto, la previsión de gastos financieros que se deriva en los presupuestos es de 30 223 millones de
euros, ligeramente por debajo de los 31 675 millones de euros que se presupuestaron el año pasado, en torno a un 5 % menos. No obstante, como también señalaban antes, es habitual que estas cifras se revisen conforme va avanzando el ejercicio. De
hecho, nuestra expectativa es que para 2021 la cuantía se sitúe por debajo de la presupuestada inicialmente. Del mismo modo, la cifra recogida en los presupuestos del 2022 está basada en una estimación bajo unos supuestos prudentes. La carga
financiera asumida por el Estado incluye la derivada del programa de emisiones actual y, también, la correspondiente a la deuda emitida, por supuesto, en ejercicios anteriores. Por este motivo, como también se comentaba anteriormente, está sujeta a
una fuerte inercia a la baja, incluso bajo un escenario de incremento de tipos de los próximos años. Esperamos que la carga siga reduciéndose mientras el coste de las nuevas emisiones siga siendo inferior al coste promedio de la deuda que va
venciendo cada uno de los años. Por eso -y aquí quería poner este gráfico, que yo creo que es la clave-, mientras tengamos necesidades de emisión nuevas, donde el coste promedio está por debajo de cero, aquí en negativo, y muy por debajo del coste
medio de la cartera, seguiremos teniendo una inercia descendente en el coste medio de la deuda. Ahora mismo, nos situamos en un mínimo histórico, en el 1,63 %, como ven en la diapositiva, y se espera que esta tendencia continúe incluso si los
costes de emisión empiezan a aumentar en los próximos años, de tal forma que lo que yo suelo decir en este caso a inversores, periodistas o a quien quiera que pregunte, es que el Tesoro está preparado para la normalización de la política monetaria
por parte del BCE. Pues bien, a partir de aquí, un ejemplo también que suelo dar, y al cual han aludido ustedes, es que a finales de enero del 2022 nos vencen cerca de 23 000 millones de euros en una obligación a diez años emitida en 2011, con un
cupón del 5,85 %. Para que nos demos cuenta de la gran inercia que va a tener esta carga financiera a medio plazo y, por lo tanto, la tranquilidad en ese sentido que esto supone con el nivel de tipos que tenemos actualmente.
Esto sí que lo quiero enlazar con el elemento relacionado con la sostenibilidad de la deuda. Aquí, como vemos claramente, la crisis de la pandemia supuso un cambio brusco, con un incremento inicial de la deuda, donde pasamos de cerrar el
2019 con un 95,5 % a acercarnos en el 2020 al 120 %. A partir de aquí, lo que prevemos es que ya en el año 2021 tengamos una reducción de la senda de la ratio de deuda respecto a déficit, teniendo de nuevo una senda decreciente de aquí al final del
periodo de previsión hasta 2024. Es cierto que estamos en unos niveles de deuda elevados y, precisamente por ello, yo creo que es importante reparar en todos los elementos cuantitativos y cualitativos del análisis de sostenibilidad. Hay que poner
en contexto, como hemos hecho ya, la deuda con respecto a otros países de nuestro entorno. En Europa tenemos países de nuestro entorno con ratios superiores o similares al nuestro y, además, en este caso también las proyecciones que tenemos
nosotros de reducción de la deuda, ya desde el año 2021, en este caso demuestran un compromiso con la consolidación de la ratio deuda/PIB, y en este sentido cabe destacar -y nos lo dicen también cuando tenemos las reuniones con los organismos
internacionales y, particularmente, la Comisión- el esfuerzo de reducción de la senda desde el año 2021.
La tendencia decreciente del coste de la deuda es una de las señales clave de su sostenibilidad -es uno de los elementos que acabamos de ver- y la carga financiera en términos absolutos, que muestra una tendencia claramente decreciente pese
al mayor volumen de circulación, como hemos comentado, es un elemento a considerar de cara a la sostenibilidad de la deuda. Pero también hay aquí
elementos adicionales. No solo es la reducción de la carga en términos absolutos, en miles de millones, sino también cuando lo miramos con respecto al denominador. Es decir, la carga de la ratio de intereses con respecto a PIB o con
respecto a los ingresos, que es otra de las ratios que se suele mirar para valorar la sostenibilidad de este tipo de indicadores. En términos de PIB podríamos decir que la carga financiera está en torno al 2 % y esto, dado un crecimiento potencial
de la economía a medio plazo que podría estar en ese entorno, nos debería permitir en el medio y largo plazo una senda de sostenibilidad -un R-G, como lo denominamos en términos analíticos- estable y sostenible. En términos de ingresos, la
tendencia es todavía más positiva. La mejora de la recaudación que se ha experimentado este año, acompañada de los menores costes financieros, ha hecho que la ratio, que estaba en el 8,9 % en 2013, se haya situado en el 5,4 % de los ingresos. Los
menores costes de financiación, por lo tanto, son un factor muy positivo para la sostenibilidad. Pero hay más, en segundo lugar, tenemos el denominador. Como ya hemos comentado anteriormente, es muy importante y un factor clave a corto plazo para
la sostenibilidad que consigamos una recuperación sostenible, un crecimiento sostenible a medio plazo. Por lo tanto, no solo tenemos que conseguir esta senda decreciente de deuda a través de un esfuerzo de consolidación, sino también a través de
las medidas necesarias para llegar a un crecimiento sostenible a medio y largo plazo. Este es uno de los consensos respecto de las lecciones aprendidas de la anterior crisis: no retirar las medidas de política acomodaticia, tanto fiscal como
monetaria, demasiado rápido, antes de que la recuperación haya cogido tracción. Aquí hay una apuesta clara y decidida por el crecimiento favoreciendo, como hemos dicho anteriormente, una retirada progresiva -lo que se denomina como phasing out- de
las medidas, pasándolo a unas medidas concentradas en aquellos sectores y aquellos agentes económicos que estén más afectados o que se hayan visto más afectados por la crisis.
Uno de los elementos clave también a la hora de conseguir un mayor crecimiento económico y hacer esto compatible con una reducción de las ratios tanto de deuda como de PIB, es el Plan de recuperación. Un elemento diferencial con respecto a
crisis anteriores es la capacidad de tener un plan de inversión pública muy determinante y en línea con lo que teníamos antes de la crisis financiera, a la vez que somos capaces de reducir la carga de deuda. Esto, evidentemente, es posible gracias
a los fondos, a las transferencias recibidas por parte de la Unión Europea.
Por último, otro de los elementos principales, que ya hemos comentado anteriormente, en la estrategia de financiación es el alargamiento de la vida de la deuda. Los menores costes de financiación han sido posibles a la vez que estábamos
aumentando la vida media de la cartera, situándola en torno a los ocho años. Como ven, la tendencia es claramente creciente ya desde 2014 llegando este último año, como decía, a unos niveles de máximos en torno en este caso a los ocho años, y para
2022 esperamos que se mantenga también en ese entorno. El alargamiento de la vida media ha supuesto uno de los elementos, una de las patas estratégicas fundamentales en nuestra estrategia de deuda a medio y largo plazo para ser capaces también de
hacer frente al coste, a los riesgos de refinanciación ante la normalización progresiva de la política monetaria.
Respecto al tema de la política monetaria, que también hemos comentado y al que han aludido en diversas intervenciones, está claro que la política monetaria ha jugado un papel fundamental en el buen comportamiento de los mercados de deuda y
que ha contribuido a la buena marcha de todas las métricas comentadas, más allá del buen trabajo -permítanme que lo diga- que ha realizado el tesoro en términos de prudencia. En efecto, como podemos ver en esta imagen, el BCE implementó un programa
de compra de activos en respuesta a la crisis que ayudó a evitar problemas vividos en crisis anteriores, y esto lo hizo para todos los países. Aquí, por ejemplo, tenemos la proporción de deuda pública emitida por los grandes países del área euro
que está en manos o adquirida por el Banco Central Europeo. Como vemos, es una respuesta a un elemento generalizado. Más allá de esto, es un hecho que sigue existiendo un apetito generalizado por la deuda española, como son un ejemplo claro los
bonos verdes, aunque también podemos ampliarlo al resto de la cartera. Otro ejemplo es la rentabilidad de la deuda, que no está dentro del programa de compras del BCE, como es por ejemplo la deuda a cincuenta años, que cotiza a niveles
históricamente bajos también.
Respecto a las preguntas, no querría dejarme nada. Déjenme que repase, aunque creo que he contestado a todo. Les puedo poner las estadísticas o las características del marco de bonos verdes, donde tenemos lo que les he comentado
anteriormente: el ahorro de uno de los puntos básicos que tuvimos en la emisión por el exceso de demanda y, sobre todo, un tema que no he comentado y que es importante en el ámbito de los bonos verdes, que están para quedarse en la estrategia de
financiación del tesoro, que es la importancia de la calidad en la selección de los proyectos que se financian con los bonos
verdes, que nos dio la máxima cualificación por parte de la agencia independiente y que asegura que, en un marco en el que cada vez vaya a haber más competencia en términos de emisión verde, tanto pública como privada, podamos seguir
manteniendo la demanda o el apetito de los inversores.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Le damos las gracias al secretario de Estado y en dos minutos comenzaremos la siguiente comparecencia. Muchas gracias. (Pausa).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, ICO, (GARCÍA DE QUEVEDO RUIZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/001850); VOX (Número de expediente 212/001559); POPULAR EN EL CONGRESO
(Número de expediente 212/001624), Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/001798).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): En primer lugar, quiero saludar al señor García de Quevedo. Muchas gracias por estar aquí.
A continuación, paso a dar la palabra a los distintos grupos parlamentarios. La señora Martínez, del Grupo Ciudadanos, será la primera en tomar la palabra.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Sabemos que la relación entre el ICO y estos presupuestos es mínima, aunque es muy relevante ya que el ICO no consolida sus cuentas en los Presupuestos Generales del Estado. La relevancia de estos Presupuestos Generales del Estado para la
entidad pública es el establecimiento del límite de endeudamiento y las posibles aportaciones del Estado como accionista de la entidad. El límite de endeudamiento se repite y se sitúa en 5900. En un momento en el que la labor del ICO es más
importante que nunca, nos gustaría saber si este límite de endeudamiento es suficiente para cubrir las necesidades de crédito que tendrá la economía española durante el próximo año. Además, en relación con la labor del ICO durante la crisis, el
pasado 15 de octubre expiraron los plazos de carencia y amortización de los créditos avalados por el Estado, que han sido un salvavidas para muchos pymes y autónomos, principalmente para aquellas que no podrían haber sobrevivido de no ser por estos
créditos. Dada la ralentización de la recuperación económica, recientemente confirmada por la revisión a la baja del INE, nos habría gustado que este periodo de carencia hubiera sido más generoso, más largo. Como sabe, esta es una demanda del
sector empresarial y nos consta que el sector financiero podría estar a favor de una medida de estas características. Además, las entidades financieras tienen la información necesaria para decidir sobre la viabilidad de las empresas que pidieran
esta ampliación. En mi grupo parlamentario entendemos la disyuntiva entre el apoyo a las empresas y el riesgo del sistema financiero y el coste para el Estado si estos créditos se impagan de forma significativa. Dicho de otra forma, los riesgos
que supone el incremento de la tasa de mora y el impago de estos créditos para el sector financiero, así como para las cuentas públicas. Por eso, nos parece una buena idea utilizar la información que el sector financiero tiene sobre las empresas
para garantizar la supervivencia de aquellas que tienen los pilares más fuertes para recuperarse tras la pandemia.
Quiero aprovechar también para preguntarle datos más específicos sobre el uso de las líneas de crédito avalado, como el tamaño medio de la empresa, el importe medio del préstamo, el periodo medio de pago y el número medio de trabajadores de
las empresas. Estos datos nos ayudarían mucho a hacernos una idea del tipo de empresas que han recibido estos préstamos. También nos gustaría preguntarle si están llevando a cabo algún proceso de aprovisionamiento para cubrir las pérdidas
derivadas de estos créditos, qué tasa de mora prevén, en qué niveles estiman la demanda de crédito por parte de nuestro tejido empresarial. ¿Cuáles cree que van a ser los sectores, según los datos, que mayor apoyo van a necesitar? ¿Está el ICO
diseñando mecanismos y productos especiales para estos sectores? También nos consta la importante labor que ha tenido el ICO en la canalización de fondos europeos procedentes principalmente del BEI. ¿Tiene previsto seguir canalizando los fondos,
ahora que se va a articular el mayor importe en préstamos tanto a través de la Unión Europea como del BEI?
Finalmente, creo que la situación de La Palma merece una mención especial y queríamos preguntarle si cree que el ICO puede o, incluso, debe jugar un papel importante y relevante en la ayuda a los ciudadanos y empresas afectados por la
erupción.
Muchísima gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora Martínez.
Ahora le tocaría al señor Bel, que no sé si vendrá. En todo caso, si viniera, si no les importa, le daríamos la palabra posteriormente. Por lo tanto, ahora el señor Guijarro toma la palabra por parte del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
El señor Bel tiene casi casi el don de la ubicuidad, pero todavía no lo ha logrado, así que ningún problema por mi parte.
Lo primero de todo, muchas gracias por su comparecencia, presidente del ICO. La verdad es que teníamos ganas de hablar, en esta tramitación de Presupuestos Generales del Estado, no solo sobre cómo ha funcionado el instituto en este año tan
extraordinario, sino también cómo va a funcionar en el próximo año y sucesivos. Básicamente, tengo dos preguntas que le quiero plantear y, finalmente, un comentario. Está claro que el papel del ICO en estos últimos meses ha sido clave. Yo creo
que el apoyo que se ha destinado a familias, autónomos, etcétera, ha sido fundamental para explicar por qué la crisis no ha tenido un efecto tan trágico como podía llegar a haber tenido. Es verdad, además, que esa línea de créditos ha nutrido a
alguno de los sectores más golpeados por la propia crisis: hostelería, turismo, comercio, transporte, etcétera, pero precisamente por esa ayuda tan pertinente yo le querría preguntar ¿cuál es la estimación que maneja el ICO de créditos que van a
sufrir algún tipo de impago o de reestructuración? Imagino que esto lo habrán valorado y no sé si usted me podría ofrecer algunos comentarios al respecto.
La segunda pregunta tiene que ver con el hecho de que la CNMC, el pasado mes de junio, inició un expediente sancionador contra cuatro entidades bancarias por posibles prácticas restrictivas en la comercialización de las líneas de avales ICO.
Estamos hablando, particularmente, del Sabadell, del Santander, CaixaBank y Bankia; por cierto, cuatro de las cinco entidades más grandes de nuestro país. La investigación tenía que ver con las posibles vinculaciones de distintos productos que los
bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a estas líneas de avales. Nos gustaría saber si el ICO tiene constancia de estas prácticas y qué tipo de incidencias sobre la comercialización de los créditos ICO ha
recibido, así como las medidas que se han adoptado para solucionar este tipo de irregularidades. Hasta aquí serían mis preguntas.
Para terminar, sencillamente, quiero hacer un último comentario a propósito de la valía y de la pertinencia de tener una entidad bancaria de carácter público, sobre todo para enfrentar situaciones extraordinarias como las que estamos
enfrentando actualmente, y también para que se tomen decisiones políticas desde el mundo de las finanzas porque no todo es maximizar beneficios, de vez en cuando también hay que pensar en el bienestar de las personas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Manso.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente. Bienvenido, presidente del ICO.
A nosotros nos preocupa lo que a casi todos los grupos, lo que pasa es que en las cuentas que ustedes cerraron a 31 de diciembre de 2020 todavía no se refleja, y mucho menos después de la ampliación de los plazos de carencia que se concedió
a mediados de este año o un poquito antes de mediados de este año, en torno a abril y mayo. Por lo tanto, creemos que es muy posible que tengan ustedes una morosidad encubierta en su balance. Entonces, en ese sentido, yo le querría preguntar dos
cositas: ¿Ustedes han hecho algún tipo de aproximación de cálculo de pérdida esperada, utilizando lo que sería la normativa que utilizan las entidades financieras, básicamente el 1009, para el cálculo de los avales concedidos a las entidades por
los créditos? Es decir, me gustaría saber qué pérdida esperada tienen ustedes y si la tienen ya incorporada a su cuenta de resultados.Yo entiendo, viendo su cuenta de resultados, que no, aunque es verdad que he visto que este año ya han dado 22
millones de pérdidas por deterioro cuando el año pasado daban incluso una reversión.
En segundo lugar, ustedes funcionan con unas ratios de solvencia francamente elevadas, más o menos el doble de lo que se les exige. En el caso de que pasado este periodo de carencia, que puede estar enmascarando -no digo que enmascare, pero
podría estar enmascarando- una posible insolvencia posterior de los deudores, ¿cree usted que con las ratios de solvencia que manejan, que ya sé que son
elevadas, prácticamente el doble de lo que necesitan, serían capaces de aguantar? Se lo digo porque el volumen de créditos avalados por ustedes es realmente muy elevado, muy elevado, y si pasáramos a una fuerte pérdida realizada, yo no sé
si podrían ustedes aguantar ese escenario.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias.
Damos la palabra al Grupo Popular, señor Suárez.
El señor SUAREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.
Me alegro de verle aquí, ya que el año pasado, por circunstancias ajenas a la normalidad, usted no puede comparecer.
Al final es verdad que el ICO no consolida con el presupuesto y que su relevante papel está casi más fuera del presupuesto que en el propio presupuesto; llama la atención. Por hacer algún comentario de las cifras, el resultado neto
positivo de este año disminuye, cae un 70 %, como el Ebitda, el resultado bruto de explotación, que también cae un 70 %. Coincido con los que ya han intervenido; es verdad que se han movilizado unos 131 000 millones de euros. No son los 200 000
que a bombo y platillo anunció el presidente del Gobierno, pero en cualquier caso es una cantidad importante.
Le quiero hacer algunas reflexiones. Según algún informe que hemos leído en los últimos días, uno sobre la encuesta de préstamos bancarios, el flujo de crédito a los representantes de las pequeñas y medianas empresas ha caído nada más y
nada menos que un 38 %. Decían que era por dos cuestiones: una la aversión al riesgo de las entidades financieras y la otra, evidentemente, porque también hay una pérdida de confianza de las empresas en un entorno económico -no se le voy a
discutir- que ya era complejo, que da bandazos, pero, qué duda cabe, que a esa complejidad ayuda bastante este Gobierno con una toma de decisiones en la que se dan bandazos importantes en función de lo que los socios condicionan. Por eso, creemos
que ha sucedido lo que ya le anunciamos a la persona que compareció el año pasado, realmente acertamos: ha sido mucho más aplicada la línea de liquidez que la línea de inversión. Ya le dijimos que en España no había un problema de posición de
solvencia o de liquidez de los bancos; esto no es una crisis como la del año 2008. Los bancos tenían recursos económicos y, por lo tanto, no era ese el problema, sino -vuelvo a insistir- la incertidumbre y sobre todo la inestabilidad de un
Gobierno. Creo que ese escenario de incertidumbre permanece estos días. Llevamos dos días encerrados aquí, en esta sala, y evidentemente determinados precios de las energías, precios de materias primas -luego me referiré a los fondos europeos;
alguien ha preguntado- hacen que se genere cierta incertidumbre sobre la economía. Al final, esto genera una situación en la que evidentemente aquellas personas que tienen que pedir créditos lógicamente se lo estén pensando, y le voy a decir por
qué. Muy bien, se han movilizado 131 000 millones y esas cantidades ya están en los balances de las empresas, les ha aportado liquidez, pero la viabilidad de muchas de ellas queda en entredicho, y queda en entredicho fundamentalmente porque no se
sabe qué va a pasar en el futuro. Se ha extendido el plazo por dos años y el calendario de amortización y la vida total de los préstamos por diez, lo que ya genera un problema al Estado en el pasivo, pues lógicamente esas cantidades van a
permanecer más en el tiempo. Los bancos van a seguir cobrando intereses, es decir, es el negocio de los bancos y tienen cubiertas sus espaldas por el aval de los ICO. Me detengo aquí porque, si no, se me olvidará la pregunta: ¿le da usted
credibilidad al informe del Banco de España que pone en evidencia la posibilidad de que hasta un 35,8 % de los créditos del ICO sean impagados? Es decir, serían más de 35 000 millones de euros que, desde luego, es una cantidad nada desdeñable.
Además, a mí me sorprende que hasta ahora ninguno de los comparecientes -esta es una pregunta ya casi por curiosidad- hacen una valoración de un posible rebote o rebrote del coronavirus, es decir, que las cosas fueran a peor. Eso, unido al
escenario económico que antes le dibujaba, lógicamente puede provocar mucha inestabilidad y muchos problemas. Yo le pregunto si ustedes sencillamente, como hacen previsiones, han contemplado esa posibilidad, es decir, que en algún momento la
situación económica empeore.
Alguien le ha preguntado sobre los fondos y yo también tenía interés. El año pasado se contestó: Seremos un agente fundamental para ayudar a los ministerios a canalizar los fondos europeos. A la vista de la escasa ejecución, por mucho que
se hayan empeñado aquí antes en decirnos que no, ¿cuáles han sido los problemas, a su juicio, para esa escasa ejecución? ¿Les han dejado a ustedes ayudar al Gobierno? Y ese tapón que da la sensación que hay, ¿a su juicio como se resolvería?
Otra de las cuestiones que le planteo, esta es casi de estudiante de Economía o de MBA...
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Le ruego que vaya acabando.
El señor SUÁREZ LAMATA: Sí, acabo ya.
La pregunta es un clásico: cómo financiar las pérdidas. Hay varias soluciones: fondos propios, ampliaciones de capital, subvenciones o, como se ha hecho, préstamos o avales a través del ICO o ayudas a fondo perdido. Yo sé la que no se
recomendaba cuando yo estudiaba. Sé lo que han hecho otros países como Alemania, que han movilizado 50 000 millones en ayudas directas; Francia, 40 000; España, 7000 millones y tarde. ¿Cree usted que era la solución más correcta la que ha
adoptado el Gobierno de España o había otras opciones para solventar el problema?
Le reitero la pregunta que le ha hecho el señor Guijarro: ¿le consta a usted denuncias ante la CNMV por parte de demandantes de crédito del ICO?
Le iba a preguntar sobre la burbuja verde. Ustedes niegan que puede haber una burbuja verde, me puede responder en qué se fundamentan a la vista, sobre todo, de lo que está pasando.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Suárez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Señor Suárez, yo le pediría a usted que no sea tan cenizo porque le escucho y, la verdad, es que se pone usted en las situaciones más dramáticas que pueden ocurrir. Esperemos que no, señor Suárez; esperemos que se equivoque como se han
venido equivocando hasta ahora.
Yo quiero empezar mi intervención haciendo un reconocimiento; un reconocimiento justo al ICO y a sus empleados. Creo que este año y medio, que ha sido un auténtico calvario para todos, el Gobierno ha abordado una pandemia histórica y,
desde luego, ha puesto los medios necesarios para que en año y medio las perspectivas sean bastante distintas a las que ha señalado el señor Suárez. Evidentemente, el sistema sanitario ha funcionado; estamos muy satisfechos, es un orgullo.
Reconocemos el trabajo del SEPE y de la Seguridad Social para proteger el trabajo, el empleo y las rentas de los trabajadores, pero también hay que reconocer que, desde luego, si no hubiera estado el ICO ahí miles de empresas hubieran caído. Por
tanto, el sostén de la empresa, del tejido empresarial, ha sido el ICO. Y tengo que decir que las líneas de avales han sido una fórmula colaborativa de éxito, reconocido a nivel internacional.
Me gustaría que nos hablase de la impresión que se llevó ayer el comisario europeo de Economía, cuando vino a interesarse precisamente por estas dos líneas de avales: una, de liquidez, y la otra, de inversión y actividades. Han sido 700
000 las empresas que se han acogido a estas líneas ICO, han sido 100 000 millones de euros de avales, ha habido una colaboración de 109 entidades, en este caso, con el ICO, y la financiación entre las dos líneas asciende a 150 000 millones de euros,
un éxito colaborativo y un éxito del ICO reconocido a nivel internacional. Los datos en este presupuesto son muy claros: 5900 millones de euros de endeudamiento máximo, que sigue siendo la tónica de los últimos presupuestos, sobrado el
endeudamiento máximo establecido, 40 millones de beneficios para el 2022 y 7,1 millones de consignación presupuestaria, que me imagino que serán remanentes para líneas de mediación de ministerios.
Por otra parte, me gustaría conocer las líneas de actuación directa que ustedes vienen desarrollando y que están significando un montante de hasta 22 000 millones de euros, así como las líneas de mediación, que funcionan ya desde hace muchos
años y que significan un apoyo fundamental para la internacionalización de las empresas. Asimismo, se han desarrollado políticas muy claras de sostenibilidad mediante la emisión de bonos sociales y bonos verdes, por lo que me gustaría conocer la
evolución de estas emisiones, al igual que el desarrollo que hacen ustedes como agencia financiera del Estado gestionando hasta 200 000 millones de euros para las comunidades autónomas, entidades locales y otros menesteres.
Hay una gran variedad de actividades que resulta increíble que se desarrollen por una entidad, en este caso un banco público, que ejerce también como agencia financiera y también como instrumento de política económica con los medios que
ustedes tienen. Por tanto, creo que es de agradecer y hay que reconocer su trabajo, así como el de los empleados del ICO, y les deseamos que sigan haciendo esa magnífica labor.
Ahora, tienen ustedes un reto que quiero poner de manifiesto, un reto muy importante, que es la colaboración con los fondos europeos. Recientemente, han sido ustedes acreditados como una entidad que gestiona el InvestEU, que va significar
que van a tener un protagonismo importante en estos fondos europeos en el marco plurianual. También me gustaría conocer cuál va a ser su papel en los fondos Next Generation, importantísimos para la economía y para la sociedad española. Son 140 000
millones de euros bien luchados por este Gobierno, bien atraídos en beneficio de nuestro país, pero que algunos han denostado en Bruselas. Por tanto, nos interesaría conocer esa labor que ustedes van a seguir desempeñando en cuanto a la
colaboración, a la gestión y a la ejecución de esos fondos europeos.
Concluyo mostrando mi agradecimiento y deseándole el mejor futuro, que es nuestro mejor futuro, y animando a todos los empleados del ICO a que sigan garantizando la labor encomiable que vienen desarrollando.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Hurtado.
Tiene la palabra ahora el señor García de Quevedo. Cuando quiera.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, ICO (García de Quevedo Ruiz): Muchas gracias, señorías, por todas las cuestiones, que voy a tratar de ordenar y atender en la medida de lo posible con el mayor detalle. Está bien dicho
-lo reconocen sus señorías- que el ICO no consolida con las cuentas del Estado, nuestra interacción en los presupuestos es mínima y lo importante es lo que hacemos fuera de los Presupuestos Generales del Estado como entidad de crédito, que no
dejamos de ser un banco sujeto a la supervisión del Banco de España y, por tanto, a la suficiencia y equilibrio financiero.
Dentro del grupo ICO tenemos a AXIS y a la fundación, como conocen. Nuestros objetivos y funciones están reflejados en los estatutos y tenemos una triple naturaleza: como banco nacional de promoción, en línea con nuestros homólogos de la
Unión Europea y el BEI, con cargo a nuestro balance -hacemos muchas de las actividades que han apuntado sus señorías y a las que me referiré posteriormente-; como instrumento financiero de política económica colaborando con otros ministerios, pero
la verdad es que, como me referiré, la interacción en los Presupuestos Generales del Estado es mínima porque hay otros instrumentos, otras leyes, otras normas, otros convenios, que nos permiten canalizar recursos, siempre en colaboración público
privada con el resto del sector financiero y el sector empresarial; y después como agencia financiera del Estado. Muchas de las cuestiones por las que han preguntado sobre la incidencia de las líneas ICO COVID sobre el balance de ICO no han lugar,
puesto que está fuera de nuestro balance y pertenece a los reales decretos-leyes que tampoco figuran en Ley General de Presupuestos porque ya fueron acogidos en las partidas presupuestarias correspondientes y están ahí.
Dicho esto, en aportaciones al capital, que ha habido alguna pregunta, no se prevé que el accionista aporte, como viene sucediendo desde el año 2017. Nuestros fondos propios de capital social son 5391 millones de euros, con una ratio de
solvencia -era una de las cuestiones- del 36 %, muy superior a la media del resto del sector financiero, más que suficiente, pero muy en línea con la de otros homólogos -BEI, KfW, la Cassa Depositi e Prestiti, BPI-, que en general están rondando el
29, 30 o 31 %, y nosotros tenemos el 36 %. Como instrumento financiero de política económica va a ser importante en la articulación de los fondos de la Unión Europea a los que nos hemos referido anteriormente.
En cuando al límite de endeudamiento, los 5900 millones de euros, teniendo en cuenta que es endeudamiento neto, si vemos las amortizaciones pendientes, nuestra capacidad de captación de fondo supera los 12 500 millones de euros, más que
suficiente para el nivel de actividad, porque el mérito del ICO es especialmente todo lo relacionado con la colaboración público-privada y la capacidad de movilización. En este endeudamiento le hemos prestado especial atención a la emisión de bonos
sostenibles, tanto bonos sociales como bonos verdes, por unos 5000 millones de euros, que han permitido movilizar más de 15 000 millones de euros de inversión sostenible. No hay una burbuja, hay demanda, hay apetito, porque cuando una entidad como
ICO va a captar fondos sostenibles lleva un pipeline de proyectos donde probablemente se materializarán, y los inversores lo ven. Por eso el valor en libros aumenta tanto, como también ha explicado el secretario general del Tesoro en lo que se
refiere a la emisión de los bonos verdes.
Como agencia financiera del Estado jugamos un papel muy importante en la colaboración al desarrollo, con una gestión de saldo vivo de 700 millones de euros. Aquí sí hay interacción con los Presupuestos Generales del Estado -en fondos de
internacionalización, el FIEM y el CARI, tenemos un saldo vivo
de 7000 millones de euros- y también hay interacción en los fondos autonómicos, a los que se han referido, que son 188 000 millones de euros a septiembre de este año.
Muchas de las cuestiones relacionadas por sus señorías se refieren a la línea de avales COVID. En este sentido las características de las empresas son el 98 % pymes y autónomos. Cuando nos referimos a autónomos es un empleado, cuando son
micropymes son entre uno y diez empleados y la financiación media está entre 27 000 euros en el caso de los autónomos y 33 000 euros en el caso de las micropymes, y va aumentando a medida que aumenta el tamaño de la empresa. Digamos que
aproximadamente el 90 % de las operaciones son préstamos inferiores a 100 000 euros en general y los plazos son bastante largos a este respecto. Hemos hecho un monitoring entre los sectores más afectados, especialmente turismo y actividades
conexas, que han absorbido prácticamente el 20 % de las operaciones y casi el 15 % de la financiación. Se ha mencionado en algún caso la situación en La Palma por el volcán. En Canarias hay 44 000 operaciones de línea de aval del COVID, 4200
millones. Estamos hablando con los bancos la posibilidad de aplicar carencias dentro de lo que es la normativa de ayudas de Estado en el marco de la Unión Europea.
En lo que se refiere a los impagos, a las previsiones y a los periodos de carencia y amortización, hay que tener en cuenta que hasta muy recientemente estaba en vigor la posibilidad de solicitar ampliaciones de carencia adicionales y de
prorrogar la amortización, y se acogieron el 43 % del total de las empresas. Es decir, que dada la intensidad de la recuperación, que era y sigue siendo muy positiva, y la aceleración de la misma, que afectaba prácticamente a todos los sectores -en
menor medida al sector turístico, que también se empezaba a recuperar-, el 55 % de las empresas que pudiéndose haber acogido a ampliaciones de plazo y carencia, que era obligatorio para el banco, no lo hicieron, solo hicieron el 43 % y, de estas, la
mayoría, aproximadamente un 82 %, con periodos de carencia adicionales. Estamos hablando de doce meses más otros doce meses, de acuerdo con el marco temporal, es decir, que estamos extendiendo la carencia casi hasta abril del año que viene. Esto
ha permitido diluir la carga financiera que estimamos por sectores -sector turístico, retail y pequeño comercio- entre el 35 y el 40 % a partir de la carencia, es decir, que facilitaba que el proceso de recuperación económica que se estaba
comenzando ya a detectar a finales del pasado año y principios del siguiente, a medida que se ha ido acelerando, la situación y la capacidad financiera de las empresas ha ido mejorando, y así lo estamos haciendo.
ICO no tiene datos oficiales de morosidad. Los datos oficiales de morosidad los provee el Banco de España. La última tasa de morosidad es de agosto y es del 4,43 %. Esa parece ser la proyección que dio ayer la AIReF en relación con lo que
se prevé para el conjunto de los 132 000 millones; la AIReF apuntaba 6000 millones de euros, aproximadamente, y en esos rangos nos estamos moviendo. Hay que tener en cuenta que son las entidades financieras, en un ejercicio de colaboración
público-privada sin precedentes, aquellas que están dando la admisión de las políticas de riesgo, y algunas entidades financieras están marcando que no hay un problema de morosidad, como lo hubo en la crisis del 2008, ni esperan que lo haya.
Ha habido algunas preguntas en relación con las prácticas de la línea de avales COVID y el expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Estas prácticas se pusieron fin prácticamente al empezar la comercialización de
la línea de avales COVID y me van a permitir que respete el procedimiento instructor de la CNMC. Aquellas quejas que nosotros hemos recibido las hemos tramitado con las entidades financieras y no eran especialmente relevantes; en nuestra memoria
tienen algunos datos al respecto. Es verdad el esfuerzo que se ha hecho y de ahí que agradezca y muestre mi reconocimiento por el trabajo que han hecho todos los profesionales del ICO, porque las instituciones no son nada sin los profesionales y
las personas que trabajan en ellos. Seguiremos trabajando para mantener y reforzar el tejido empresarial, que creo que se ha hecho bastante bien.
En cuanto al grado de ejecución de la línea de avales COVID Inversión y Liquidez, la gestión del ICO ha sido del cien por cien en la línea de avales Inversión y Liquidez y está siendo bastante importante y elevada, ya que hablaríamos de una
media de implementación del 85 % entre las dos líneas, que es la más alta de la Unión Europea con diferencia, tanto en términos absolutos como en términos relativos, cualquiera que sea el indicador que cojamos. Lo que se ha anunciado, se ha
implementado y ha dado resultado a este respecto.
Ha habido alguna otra cuestión en relación con las actividades que lleva a cabo el ICO fuera del balance, que es lo relevante, con más de 26 500 millones de euros. Somos simplemente un partner desde diciembre de 2020 para la gestión de
fondos de la Unión Europea. Hemos empezado ya con el Connecting
Europe Facility en temas de sostenibilidad, de cargadores de vehículos eléctricos. Hemos firmado también un acuerdo para la nueva facilidad financiera de energías alternativas, que se está desarrollando. Hemos presentado una call con
InvestEU con otro programa de garantías, lo que ocurre es está en vigor el marco temporal -que ha habido alguna pregunta sobre si se puede ampliar-, esto es normativa comunitaria. Hay una consulta pública de la Comisión Europea, que se va a
ampliar, pero seremos especialmente activos en la movilización de recursos de la Unión Europea, tanto directamente en la medida que podamos, como colaborando con algunos otros ministerios en esto.
Ya tenemos -y es público porque están en la normativa correspondiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- dos iniciativas de movilidad sostenible: por un lado, con ayuntamientos, y por otro, para viviendas de
particulares con una línea de avales de 1100 millones de euros. Con otros muchos ministerios llevaremos a cabo este tipo de actuaciones en la implementación de fondos de la Unión Europea.
Nos estamos focalizando en las empresas con carácter tractor y también en las pequeñas y medianas empresas para crecer, porque nuestro marco de referencia a futuro no es otro que, por un lado, el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Gobierno, y por otro, el Marco Financiero Plurianual y los fondos Next Generation. Hay cuatro ejes estratégicos que conciernen a la actividad y competencia del ICO: primero, crecimiento empresarial y competitividad y generación de
empleo de calidad, que es lo que determinan nuestros estatutos; segundo, sostenibilidad; tercero, digitalización, y por último, gobernanza corporativa. Se desplegará todo el catálogo de productos de líneas ICO de mediación, vamos a darle una
visión más a largo plazo en esta línea, con condiciones más favorables que ya empezamos a introducir, pero que vamos a reforzar, con una financiación directa centrándonos en la colaboración público-privada, que tanto éxito ha dado con la banca, y
también con asociaciones sectoriales, con determinados tipo de iniciativas para hacer crecer a estas empresas y con la financiación complementaria, con nuevos programas de pagarés MARF, bonos corporativos, bonos proyectos, etcétera, así como con
AXIS, nuestra filial de capital riesgo, que es muy importante. Hemos lanzado FondICO Next Tech, a la que probablemente se refirió la secretaria de Estado de Digitalización, con 4000 millones de euros en colaboración público-privada -2000 millones
ICOAXIS y otros 2000 millones del sector privado en función de su capacidad de resolución- y hemos sacado la convocatoria FondICO Consolida, que esperamos cerrar antes de finales de año, que ha sido la más importante y la que más fondos ha permitido
presentar con unas condiciones más relevantes.
En nuestras prioridades de financiación en digitalización, también vamos a hacer un esfuerzo en la implementación de fondos europeos con la secretaría de Estado y el sector financiero para movilizar las ayudas a la digitalización. En cuanto
a sostenibilidad, estamos previendo una referencia del 40 % de toda la nueva producción en materia sostenible. Con el BEI tenemos una especial relación como financiador, pero también estamos trabajando a nivel europeo para que las empresas
españolas, en la internacionalización que se ha apuntado, jueguen un papel relevante no solo en la Unión Europea, sino en Latinoamérica y en otras zonas geográficas en las que tenemos que prestar especial atención en esta materia.
No sé si me he dejado alguna cuestión. (El señor Hurtado Zurera: El comisario Gentiloni). Sí, hemos estado con el comisario, hemos estado hablando de InvestEU. No le he adjudicado ningún comentario que hizo porque era una reunión
privada, pero he trasladado a sus señorías los elementos de la comparativa de la actividad de España con otros países de la Unión Europea que hicieron en su día anuncios más importantes, pero su grado de implementación es más reducido en términos
relativos y absolutos que el español. Pero eso es público, hay estudios Bruegel, etcétera. Son datos que no necesariamente se derivan de las reuniones. Son muchos los retos que tenemos, creo que estamos trabajando en la dirección correcta.
Quiero insistir, sobre todo, en la colaboración público-privada con el conjunto del tejido empresarial y las asociaciones. Ha funcionado la línea ICO, la banca ha contribuido con su capilaridad y conocimiento de las empresas y especialmente
de las pymes, pero también las asociaciones empresariales y de autónomos han estado encima de las características y la problemática de cada uno de los sectores. Con esto creo que habría tocado todas las preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor García de Quevedo. Le despedimos ahora y en dos minutos comenzaríamos la siguiente y última comparecencia del día.
Muchas gracias. (Pausa).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, CIS, (TEZANOS TORTAJADA). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VOX (Número de expediente 212/001583); POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001640), Y
SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/001783).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Ruego a sus señorías tomen asiento.
Vamos a comenzar la última comparecencia de la tarde, a cargo del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el señor Tezanos. Damos paso a los distintos portavoces parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Ciudadanos,
tiene la palabra el señor Bal.
El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Tezanos, por su comparecencia. Le pido disculpas -los portavoces de los grupos pequeños andamos siempre volando de Comisión en Comisión- porque le voy a hacer las preguntas y me voy a tener que ir, pero no se preocupe
que escucharé sus respuestas esta noche cuando llegue a mi casa a través de la web del Congreso.
Su presupuesto es un presupuesto sencillito, como todos los años. Me permitirá decirle que no sé si sería conveniente que en su presupuesto hubiera alguna partida destinada a paliar el descrédito y el desprestigio en el que ha caído el
Centro de Investigaciones Sociológicas desde que usted está al mando de esta entidad. En fin, es un clamor cuando uno se mete en Internet y ve todos los despropósitos que ha habido en la gestión durante esta época en el Centro de Investigaciones
Sociológicas que llama mucho la atención. Usted me imagino que dirá -ya se lo habrá escuchado decir otras veces a mi compañera, María Muñoz- que denostamos a los funcionarios que trabajan en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ni muchísimo
menos, los funcionarios son gente que tienen que trabajar incluso a pesar de usted, a pesar de la dirección que tienen en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Alguno ya le digo que además es amigo mío, no le voy a decir el nombre no vaya a
ser que lo represalie.
La culpa, en definitiva, de lo que ocurre en el Centro de Investigaciones Sociológicas es enteramente suya, porque la verdad es que no se recuerda ningún caso como el suyo, un miembro de la ejecutiva del partido que sostiene al Gobierno que
sea el que gestiona el dinero de todos los españoles, con el que se hacen las encuestas que se supone que deberían reflejar la realidad de la intención de voto, pero que desde luego en su caso parece que van más bien dirigidas a motivar, a dirigir a
esa intención de voto. Ha roto usted la metodología en varias ocasiones a conveniencia del Gobierno, ha roto la continuidad de la serie histórica, como denuncia la mayor parte de las personas que se dedican a la sociología -como comprenderá, no soy
un experto pero sí que me gusta leer y leo muchas opiniones de algunos sociólogos reputados-. No sé, espero que algún día vea que al PSOE le va mal en las encuestas que hace el señor Tezanos, si es que la realidad así lo impone aunque lo dudo
muchísimo.
Luego nos encontramos con aquellos errores groseros que sufrimos los que nos presentamos a las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, no se sabe si intencionados o por simple negligencia, sobre cuál era el reparto de los escaños.
Señor Tezanos, yo creo que lo que va a hacer falta en los próximos presupuestos, en los que sean, va a ser mucho dinero para reparar los desaguisados que usted ha cometido al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas.
En fin, el dinero del Centro de Investigaciones Sociológicas es de todos los españoles, no es del PSOE y debe ser dedicado o dirigido a satisfacer los intereses generales, y no los intereses de un partido. Como ejemplo, la verdad es que
usted ha recibido ya un avisito, aunque le hayan sobreseído la querella ha tenido que ir a declarar por malversación de caudales públicos. Desde luego yo me fijaría en lo que le ha pasado al canciller austriaco, que ha tenido que dimitir como
consecuencia, precisamente, del falseamiento de ciertas encuestas dirigidas a potenciar a su propio Gobierno. La verdad es que si se aplicaran en España las reglas de la ética política que rigen en Austria, usted habría tenido que dimitir ya hace
mucho tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Por el Grupo de Unidas Podemos, señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señor Tezanos. Como siempre, es un gusto tenerlo en el Congreso de los Diputados. Como habrá usted comprobado es difícil tener un debate de presupuestos con usted en esta sala, siempre parece que se deriva a un debate más de
tipo -permítame la expresión- folclórico, porque no estamos
-entiendo yo- en un debate sobre las virtudes o defectos que pueda tener el CIS, en lo que afecta a la metodología sociológica que emplea, si no que entiendo yo que estamos aquí para discutir cómo se ha venido gastando el dinero y qué es lo
que se piensa hacer en un futuro. Digo también todo esto porque yo le diría al señor Bal que hable con sus amigos sociólogos, que hable bien, que se siente con ellos y que les pregunte por la calidad del dato que se viene manejando en España en los
últimos años y lo que ha representado el CIS para muchas generaciones de estudiantes de sociología, de politología y de otras ciencias sociales que se siguen nutriendo de esa información y que sigue teniendo la máxima calidad con respecto a
cualquiera de las otras encuestas.
Pero bueno, yo voy a intentar centrarme, señor Tezanos, y a riesgo de ser algo heterodoxo, en el debate que nos pide la Cámara que es el debate presupuestario. Si le soy sincero tengo básicamente tres cuestiones que le querría trasladar
para ver si me puede usted hacer algún comentario, arrojar alguna luz al respecto. Son tres cuestiones que casi son tres obsesiones y que tienen que ver con la gestión del CIS a lo largo de los últimos años. La primera tiene que ver con las
facilidades o las políticas que se han podido llevar a cabo en el instituto para difundir la información. Es cierto que la calidad de la información que se produce yo creo que es históricamente muy buena, pero también históricamente se había venido
echando en falta una mayor facilidad de acceso a toda la información ingente que produce el CIS. Me consta que su equipo ha intentado avanzar en un asunto tan crucial como este, y no sé si nos puede dar algún detalle al respecto.
El segundo tiene que ver los trabajadores de campo. Esta es una de las cuestiones que históricamente también creo que han lastrado al instituto. Es decir, que un organismo público tuviera tradicionalmente, como ha tenido durante tantos
años, a trabajadores y trabajadoras de campo en precario es algo que, sencillamente, no logro entender. Yo sé que usted también ha venido haciendo un esfuerzo en este sentido, y me gustaría saber en qué punto estamos actualmente y si cree que hemos
logrado solucionar ese problema atávico que se venía arrastrando.
Finalmente, una de las cuestiones que me interesan desde hace tiempo son las becas de formación que tiene el CIS. Esas becas habrían permitido que un buen número de sociólogos y de politólogos se formaran en las filas del instituto, y no
solo para facilitar información a la ciudadanía, sino también para formar a toda una generación de científicos sociales. Lo que pasa es que, tradicionalmente, estas becas han tenido una cierta limitación. No sé si durante su ejercicio se ha podido
avanzar y en qué sentido. Le agradecería que hiciera algún comentario al respecto.
De nuevo muchas gracias y buenas tardes.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Tezanos.
Hemos pedido su dimisión en varias ocasiones. También hemos manifestado muchas veces que desde que el PSOE decidió que el CIS fuera dirigido por un miembro de su ejecutiva este centro ha perdido la autonomía, la objetividad, el rigor
científico, la profesionalidad y la neutralidad que predica la memoria de su programa 462.M.
Sigo con la memoria y apunto un par de detalles. Vemos que apuestan por las encuestas telefónicas y que pretenden aumentar las entrevistas para obtener estimados más estables. No sé si esto es reconocer en cierta manera los problemas que
han tenido a la hora de mostrar los resultados de sus estudios. Y aquí hay un parrafito que me gustaría que me explicase. En el párrafo se dice que para calibrar adecuadamente la fiabilidad de los datos se realizarán encuestas paralelas de los
estudios ordinarios del CIS, de tal forma que pueda compararse la selección de muestras del CIS y la de las empresas privadas. Espero que me lo pueda explicar. Por supuesto, aplaudo las becas del CIS y las demás ayudas, incluso en relación con
cursos posgrado. Con un Gobierno que lo que crea es miseria y necesidad, qué menos que ayudar a los jóvenes económicamente a acceder a una formación en la profesión.
Desconfiamos de usted como director del CIS y, por tanto, tiene que entender que también de este programa que se encuadra en los Presupuestos Generales del Estado, que ya por sí mismos crean gran desconfianza, con pagos al año de más de 30
000 millones de intereses y más de 200 000 millones de emisión bruta de deuda pública, y porque recientemente el Banco de España y la AIReF han rebajado las previsiones propias del Gobierno. Por lo tanto, le hago una segunda pregunta. Si este año
-Dios no lo quiera-tenemos problemas con los tipos de interés, ¿qué partidas desde el punto de vista económico considera usted que serían prescindibles de este presupuesto? Fíjese que en el año 2020
algún medio ya decía que al fin le había tocado el Gordo, porque se aumentó el presupuesto un 13,2 %. Este año se ha aumentado un 21,5, gracias a las transferencias, evidentemente, porque el CIS no produce, simplemente gasta.
Por otro lado, sabemos que el Partido Popular y el PSOE están negociando cambio de sillones, cambio de direcciones en distintos organismos, en un mercadeo que quizá sea del estilo de los hermanos Marx -ya no distinguimos quién es la primera
parte, la segunda parte contratante o la segunda parte de la primera parte-. Me gustaría saber si tiene usted noticia de que el Partido Popular y el Partido Socialista estén hablando de cambiar o de no cambiar la dirección del CIS.
Hemos analizado las partidas concretas de su presupuesto y vemos que, básicamente, destaca el aumento de material y suministros, que pasa a un 148,41 % y, especialmente, la partida de trabajos realizados por otras empresas y profesionales,
que pasa a un 155,59 %, un aumento mayor que el de la partida anterior. A ver si nos puede explicar y ampliar este concepto. A la vista de que en dos años ha aumentado mucho el presupuesto, no sé si usted sabe algo que nosotros no sepamos. ¿Será
que el Gobierno tiene prevista la convocatoria de algún tipo de proceso electoral y necesita de los servicios del CIS para que el PSOE vaya más respaldado desde el punto de vista electoral a unas elecciones? ¿O será algo parecido? Porque lo que
vemos es que se dota al CIS para que trabaje más y haga más. Fíjese que el total de gastos corrientes en bienes y servicios pasa a ser un 137,89 % en comparación con el presupuesto anterior, que, como ya le digo, a su vez ya había sido aumentado el
año anterior.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Zambrano.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Buenas tardes, señor Tezanos.
Comenzaba usted su comparecencia de presupuestos el pasado año afirmando que le producía cierta frustración no ser capaz de explicar de manera suficientemente clara y correcta determinadas cuestiones. Pues imagínese la frustración que nos
produce a nosotros observar cómo cada mes, y de forma reiterada, las estimaciones de voto del CIS van en dirección contraria a la de las demás encuestas publicadas, siempre con el mismo perjudicado y siempre con el mismo beneficiado, el partido del
que es usted militante, que siempre sale sobrevalorado en las encuestas. Ese es su CIS, señor Tezanos. ¿De verdad piensan que, salvo el CIS, todas las demás encuestas están equivocadas? Yo creo que, en su fuero interno, no lo cree; dudo que lo
crea, como creo que tampoco lo cree el propio CIS, porque en la memoria de este presupuesto se afirma que las empresas privadas tienen más facilidades para contactar con los encuestados que el CIS y que por eso van a realizar encuestas paralelas
para comparar sus muestras con las de dichas empresas. ¿Eso significa reconocer que las muestras de las empresas privadas tienen más fiabilidad que las del CIS? ¿Nos lo podría explicar?
De otro lado, entiendo que el CIS haya abandonado, con carácter definitivo, el método presencial para hacer encuestas y que a partir de ahora vaya a hacer solo encuestas telefónicas. ¿Nos podría informar con quién ha formalizado el encargo
a medio propio que les está permitiendo, según dicen en su memoria, consolidar una estructura estable de 132 puestos de trabajo para hacer encuestas telefónicas? ¿Eso está dentro de la partida 227, que absorbe casi la mitad del presupuesto del CIS?
¿Nos lo podría desarrollar después, en su intervención?
Señor Tezanos, más allá de los números, lo que a nuestro grupo le preocupa son sus políticas, porque si algo viene caracterizando su trayectoria al frente del CIS, y siento volver a reiterarlo, es su falta de neutralidad y su falta de
imparcialidad y objetividad, sobre todo en lo relativo a las encuestas electorales. Es algo que lamentamos por los magníficos profesionales que tiene dicho organismo y por la alta valoración que nos merece el resto de estudios y actuaciones de
dicho centro, que queremos dejar a salvo de su controvertida gestión.
Ya se ha dicho que usted es el responsable de haber cambiado a su antojo la metodología de campo de los barómetros, desde el método de estimación de voto a los cambios en la periodicidad o en los puntos de muestreo de los barómetros, también
en los cambios en el tamaño de la muestra, y lo ha hecho dos veces: primero, de 2500 a 3000 entrevistas y, ahora, a 4000. Por cierto, ¿me puede decir por qué en el barómetro de octubre la muestra ha sido de 4300 entrevistas? ¿En qué criterio
científico se ha basado el aumento en ese mes del tamaño de la muestra y quién lo ha decidido? En definitiva -no tengo tiempo- son continuos los cambios y los vaivenes que han desconcertado a la comunidad científica y que le han valido un buen
número de críticas.
Pero lo peor, como le decía, son sus encuestas electorales, cuyas muestras tienen un claro sesgo a la izquierda, que nunca se corrige y que, en algunos casos, es escandaloso, tanto en la autoubicación ideológica como en el recuerdo de voto
de los entrevistados. En autoubicación ideológica de los entrevistados -se lo he dicho muchas veces-, siendo uno la extrema izquierda y diez la extrema derecha, el porcentaje medio del último año es de un 64 a 25 a favor de los entrevistados que se
autoubican en la izquierda. (Muestra un gráfico). Y lo mismo ocurre con el recuerdo de voto de los entrevistados, porque mientras que el resultado electoral de las pasadas elecciones generales, de noviembre de 2019, la distancia del PSOE respecto
del Partido Popular fue de 6,9 puntos, la media que reflejan los barómetros en el último año en recuerdo de voto es de 15, es decir, más del doble. Lo tengo aquí y se lo daré. Así salen luego las encuestas.
Señor Tezanos, me puede intentar convencer de que ese sesgo ideológico siempre ha existido -lo hizo en su última comparecencia en esta casa-, aunque no creo que tanto. O me puede intentar convencer de que hay votantes del PP que se
autoubican en el centro izquierda, que puede ser. Pero de lo que no me va a convencer es de que los que dicen en las encuestas que votaron al PSOE en realidad votaron al Partido Popular. Ya sé que muchos pueden estar arrepentidos, pero eso no se
lo cree nadie, señor Tezanos. Y, claro, luego vienen los errores de bulto en sus estimaciones, como ocurrió en las elecciones de Madrid, donde dieron once escaños menos al Partido Popular y hasta catorce escaños más al Partido Socialista de los que
realmente obtuvo, un patinazo mayúsculo que usted intentó justificar sobre el argumento de que, según sus datos, el 35 o el 36 % de los madrileños tomaron su decisión de a quién iban a votar en la propia jornada electoral o en la jornada de
reflexión, algo que, por cierto, desmintió la encuesta poselectoral de las elecciones en Madrid, en la que la respuesta a la pregunta veinte decía que solo el 8 % de los madrileños reconocía haber decidido su voto en la jornada de reflexión o en la
propia jornada electoral.
Por todas esas cosas, señor Tezanos, usted no nos ofrece ninguna credibilidad. Para que haga eso no vamos a dar apoyo y respaldo a su presupuesto. Usted está convirtiendo el CIS en un instrumento al servicio de la propaganda del Gobierno,
y eso no puede ser. Es un organismo -con esto termino- que debe recuperar cuanto antes el prestigio perdido, y lamento decirle, una vez más, que nosotros pensamos que con usted al frente eso no será posible.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Casares.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Tezanos, por su comparecencia y bienvenido a esta casa, la suya, al Congreso de los Diputados.
Me va a permitir, señor Tezanos, que empiece mi intervención de una forma distinta a la que suelo hacer en estas comparecencias de los presupuestos. Quiero empezar agradeciendo su generosidad, su honorabilidad, su compromiso y su enorme
vocación de servicio público con el organismo que preside y con este país. Muchísimas gracias, señor Tezanos, por su trabajo y por su enorme profesionalidad. También quiero dar las gracias a todos los profesionales, funcionarios, autónomos,
científicos y expertos que trabajan en el CIS, en la institución que usted preside. Trasládeles, por favor, todo nuestro cariño.
Asimismo, quiero poner en valor el trabajo que han hecho por mejorar especialmente este año las condiciones laborales de todos los encuestadores que lo hacen para el CIS. La mayor parte del incremento presupuestario que su institución va a
tener en 2022, señorías, es para a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, para que tengan derechos y una vida digna. Y también, señor Tezanos, quiero darle las gracias por su trabajo continuo para tratar de
mejorar la calidad del servicio público que prestan, por mejorar las encuestas y el número de entrevistas que permiten a su institución seguir reduciendo los márgenes de error (la señora presidenta ocupa la Presidencia) y por todo el trabajo que
están haciendo en su institución, porque no solo realizan encuestas políticas, sino estudios sobre violencia de género, sobre fiscalidad, sobre sanidad o, especialmente este año terrible de pandemia, cinco estudios sobre las consecuencias y efectos
del coronavirus o el estudio sobre el bienestar emocional de los españoles. En definitiva, gracias por ese trabajo serio, riguroso y responsable, como no puede ser de otra manera en un organismo público como el que usted preside.
Siento, señor Tezanos, las barbaridades que ha tenido usted que escuchar hoy en esta casa, en la sede de la soberanía nacional, especialmente de algún partido político, que tan poco contribuyen a la
mejora de una sociedad democrática. Como ve, señor Tezanos, algunos representantes públicos ni entienden ni comprenden ni saben de lo que están hablando. Especialmente lo ha demostrado hoy el señor Bal. No entiendo por qué le preocupan
tanto las encuestas. Lo que le debería preocupar son los resultados electorales de su partido, porque la realidad es que hoy son prácticamente irrelevantes en este país. Al señor Bal debería preocuparle el porqué de esos resultados y no las
encuestas Le debería preocupar por qué han desaparecido de la Asamblea de Madrid, por qué los ciudadanos de Madrid le han quitado la confianza a su partido político o por qué Ciudadanos ha pasado de ser la primera fuerza política en Cataluña a ser
hoy prácticamente testimoniales y se ha dejado por el camino más de treinta escaños. Deberían preocuparse, señorías, más por los resultados y menos por las encuestas.
Las señorías del Partido Popular también persisten en esas críticas fáciles a los organismos y a las instituciones del Estado. Probablemente, con esas críticas quieren cambiar la opinión de los españoles, la opinión mayoritaria de la
ciudadanía que ha respaldado, entre otros, a este Gobierno, al Gobierno socialista, y cambiar la opinión -es lo que deberían- que los españoles tienen sobre ustedes, sobre el Partido Popular. Eso es lo que les debería preocupar. Pero les digo que
no lo van a hacer, no la van a cambiar con su actual estrategia. ¿No se dan cuenta de los resultados electorales que tienen? ¿O es que les molesta la realidad de lo que opinan los hombres y mujeres de este país? ¿No se han dado cuenta de que el
Partido Socialista, señorías, ha ganado todas las elecciones que se convocaron en el año 2019, dos elecciones generales, las elecciones europeas, las elecciones municipales o las elecciones autonómicas? ¿O es que a ustedes también les molesta la
opinión que tienen los españoles y también, por ejemplo, lo que votaron en 2021los ciudadanos de Cataluña? ¿Saben lo que pasó en todos esos procesos electorales? Que la institución que más se acercó a los resultados que se produjeron en las urnas
fue el CIS. Sí, señorías del Partido Popular. Les molesta, pero no los resultados del CIS -insisto-, sino la opinión de los hombres y las mujeres de este país, y eso -insisto- no se cambia con su actual posición.
De eso se trata, señor Tezanos. Váyase usted tranquilo hoy de esta Comisión del Congreso de los Diputados, porque, en definitiva, no están poniendo en duda su trabajo, lo que están poniendo en duda es la opinión de las gentes de este país,
que le puedo garantizar que no van a cambiar, y menos viendo la derecha tan irresponsable que tenemos en este Congreso de los Diputados, capitaneada por el Partido Popular, pero siguiendo los pasos de la extrema derecha de VOX.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Tezanos.
El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, CIS (Tezanos Tortajada): Perdón por hablar sin mascarilla, pero tengo cierta dificultad para hablar con ella. Por lo tanto, para poder contestar a todas las cuestiones que han
planteado, permítanme que durante este tiempo, como hay distancia suficiente, lo haga sin mascarilla.
Déjenme empezar dedicando una parte de mi intervención a lo que nos reúne hoy, que es exactamente el presupuesto. El presupuesto que presentamos este año tiene tres objetivos primordiales. El primero de ellos es digitalizar o completar el
proceso de digitalización del CIS. El CIS había empezado ya un proceso de digitalización antes de la pandemia, pero la pandemia precipitó notablemente la situación. Entonces, desde el primer momento, desde el mes de abril y mayo, preparamos toda
la organización del CIS para poder seguir trabajando online. Es una de las instituciones que puede trabajar perfectamente online y, por tanto, durante todo este tiempo el CIS no ha hecho menos encuestas ni ha tenido menos actividad que antes de la
pandemia, sino que, incluso, ha hecho más y ha funcionado perfectamente online. Esto era algo necesario. Cuando yo fui nombrado presidente del CIS se continuaban haciendo las encuestas -pocos sitios quedaban en el mundo- con papel y lápiz; se
fotocopiaba, se computaba a mano y se mandaba a una empresa externa. Era un proceso muy lento y previo -digamos- a lo que es propio en las empresas privadas y otros institutos en la era digital. Eso se ha completado. Ha habido que adquirir
software y hardware, necesarios para ese proceso de digitalización. Asimismo, la plantilla del CIS estaba muy envejecida y con poco grado de especialización, así que ha habido que incorporar en los concursos correspondientes a personal técnico. No
había, por ejemplo, ningún TIC, ningún ingeniero informático, y ahora los hay, ni había estadísticos, y ahora los hay, o solo había uno. Es decir, que se ha completado y modernizado muy notablemente toda la estructura funcional de la organización
del CIS.
El segundo objetivo del presupuesto para las encuestas que se prevén para el próximo año tiene que ver también con la mejora de la calidad de las encuestas. Pero no es una cosa fija, no es una cosa del azar, sino que la calidad de las
encuestas depende de la amplitud de las muestras. Todas las muestras, todas las encuestas tienen unos márgenes teóricos de error. Yo no quiero dejarme llevar por mi situación de profesor -he explicado muchas veces esto-, pero para tener alguna
noción general sobre cuál es la representatividad y la calidad de unas encuestas y la reducción de los márgenes teóricos de error hay que tener en cuenta dos criterios básicos, dos factores. En primer lugar, la amplitud de la muestra: una muestra
de mil entrevistas tiene un margen muy amplio de error y una encuesta de cuatro mil entrevistas tiene un margen menor de error; es decir, cuantas más encuestas se realicen en una investigación empírica, mayor es la representatividad. El segundo
criterio, que es muy importante, es el carácter aleatorio de la selección de las personas entrevistadas. Es decir, lo óptimo en ese sentido es que todos los ciudadanos españoles mayores de dieciocho años tengan la misma probabilidad de ser
encuestados. Cuando eso no existe, cuando la encuesta no es aleatoria, los que hablan de márgenes teóricos de error están haciendo una invención, porque no existe ese cálculo; ese cálculo se basa en la ley de los grandes números, unas fórmulas
estadísticas y demás. Esos son, pues, los dos elementos.
Dense cuenta -quería separar la parte de la contestación de lo que algunos de ustedes han comentado- de que la evolución de la situación de la sociología y la popularización, tantas publicaciones y tantas encuestas, ha dado lugar, no solo en
España sino en todo el mundo, a que no se respeten las muestras, a que muchas veces lo que se estén haciendo no sean encuestas aleatorias y a que, además, las muestras sean muy pequeñitas, y con esas muestras, en las que en muchas provincias
españolas no se entrevista absolutamente a nadie, luego se hacen estimaciones de escaños. Eso es un disparate metodológica y científicamente; eso sí que es un disparate. Aquí estamos ante una inversión de los debates muy notable, que en su
momento yo creo que quedará suficientemente clarificada.
Por lo tanto, como digo, el segundo elemento es implementar y mejorar la calidad de los estudios, de las investigaciones y poder poner estas investigaciones -lo preguntaba también el señor Guijarro- con una instantaneidad muy inmediata en la
página web del CIS, para que sea accesible a todos los ciudadanos, a los especialistas, a los expertos en comunicación, a los partidos políticos, etcétera. Es decir, ahora se está publicando inmediatamente la información que se tiene en el CIS, se
está dando acceso a ella sin mayor retraso, sin mayor dilación.
El tercer objetivo del presupuesto de este año es dar cumplimiento a los mandatos del Parlamento, a los informes del Tribunal de Cuentas y a lo que se ha comentado en esta misma Comisión en otras ocasiones. El señor Guijarro nos ha hablado
hoy y en alguna otra ocasión de los becarios del CIS. Pues, efectivamente, la beca del CIS tiene mucho prestigio. El que pasa por una encuesta del CIS generalmente ni siquiera agota los diez meses que dura la beca y obtiene puestos de trabajo
rápidamente de alto nivel en la universidad, de becarios FPU y otros elementos, porque, efectivamente, el periodo que están allí les permite aprender bastante en la práctica, un proceso de investigación que siempre se hace con total transparencia.
¿Qué ocurría con las becas? Hay que decir que son becas con be mayúscula, es decir, becas con calidad, con servicios sociales, con todos los derechos sociales y demás, no es una forma de explotación ni mucho menos. Pues ocurría que las
becas se mantenían -estaba en algo más de 1000 euros- y, con el paso del tiempo, se estaban quedando desfasadas. Por tanto, hemos hecho una previsión de incremento de las becas del 3 % en el próximo presupuesto y otro 3 % en el siguiente
presupuesto, de forma que el becario pasa de cobrar algo más de 1100 euros a cobrar algo más de 1200 euros en los diez meses que dura la beca. Por lo tanto, ya tiene un cierto ingreso y, aunque es un ingreso muy bajo para lo que es la realidad
económica de este país todavía, es un proceso de enseñanza y de aprendizaje que le permite seguirlo con bastante dignidad.
¿Y cuál es el elemento fundamental del informe del Tribunal de Cuentas de auditoría del CIS del año 2016 y de otros informes y dictámenes que se han realizado y que se nos han transmitido el 25 de enero de este año? Pues una cuestión que el
CIS requería afrontar y solucionar, una cuestión que está desde los propios inicios del CIS. Yo he encontrado las actas del CIS de los años sesenta y tantos en las que se hablaba de cómo se hacían las encuestas. Entonces había dos posturas, la de
que tenía que ser personal fijo del CIS y la de que tenía que ser personal externo. Por tanto, el encuestador ha tenido históricamente una relación con el CIS esporádica y de carácter comercial, es decir, que en el CIS había alrededor de
trescientas y pico personas que realizaban encuestas de manera discontinua, no todos los días de la semana ni con continuidad. ¿Esto a qué daba lugar? A que esa relación mercantil exigía hacer
un contrato menor mercantil cada vez que un encuestador hacía encuestas para el CIS. Fíjense ustedes en la complejidad del proceso y, también, de la situación de inestabilidad de aquellos encuestadores que estaban haciendo del hecho de
encuestar su propia profesión. Como yo he hecho encuestas y, por tanto, sé lo que es esa realidad -yo creo que es una parte del aprendizaje del sociólogo-, mi primera preocupación cuando llegué al CIS fue intentar solucionar esto. Y hemos estado
viendo distintas fórmulas. La Administración pública no reconoce la figura del fijo discontinuo, que es la situación del encuestador, ni tiene tampoco cuerpos de encuestadores ni hay un sistema de oposiciones o de selección para eso. Entonces,
ante el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el periodo anterior, el año 2016, y el dictamen aprobado por esta Cámara, nosotros inmediatamente desarrollamos la solución que nos parecía más razonable, y es hacer una selección de 135
encuestadores a través de la empresa pública Tragsatec, con la que se ha hecho contrato de investigación, y estos encuestadores, utilizando el sistema CATI, que es el que usa el CIS en este momento, trabajan online con ordenadores que les ha puesto
la propia empresa y demás y en este momento tienen ya un contrato estándar, vacaciones pagadas, seguros sociales, seguro de enfermedad, vacaciones en periodos determinados y un sueldo mínimamente digno que hemos establecido ya desde el mes de
septiembre de este año; pero es un sueldo solamente de tres semanas, porque el presupuesto anterior del CIS permitía jornadas de cinco horas y media y solamente tres semanas de trabajo, con posibilidad de horas extraordinarias fuera de esa jornada.
En este momento, tengan ustedes en cuenta que este año el total del incremento presupuestario respecto al año pasado, el 95,3 %, como usted muy bien veía en la aplicación presupuestaria 227, va destinado a pagar ese sueldo razonable. No va a ser el
sueldo que a todos nos gustaría, pero está en algo más de 1000 euros, que es un sueldo razonable, y van a poder hacer su trabajo en condiciones de dignidad. Porque antes esa relación mercantil a lo que daba lugar era a que, si se ponían enfermos
durante un mes, no podían hacer encuestas, y cobraban por las encuestas Por tanto, se creaban situaciones que yo creo intolerables en un país serio, en un país civilizado y con una economía que es bastante avanzada.
Esa es fundamentalmente la variación presupuestaria de este año. Los demás elementos de incremento de gastos van orientados a incremento de las becas y a cubrir las vacantes. Las vacantes de personal no especializado que se producen en el
CIS, como en toda la Administración, están siendo reemplazadas por personal altamente cualificado. A lo que estamos aspirando y lo que se está construyendo en el CIS es una estructura investigadora muy potente. En este momento el CIS tiene una
capacidad de encuestación muy grande: hemos llegado en alguna ocasión a superar la cifra de las 1700 entrevistas en un solo día. Además, en este momento las entrevistas están siendo monitorizadas en tiempo real y supervisadas por un equipo de
supervisión de quince personas, todo a través de la empresa Tragsatec.
Tengan ustedes en cuenta en este momento que las encuestas del CIS se hacen con muestras amplias que ya garantizan márgenes teóricos de error menores; siempre hay un margen teórico de error y depende del porcentaje de estimación, pero eso
siempre hay que tenerlo en cuenta. La sociología, que tiene que ver con el comportamiento humano, que es algo sutil, complejo y variable -todos cambiamos-, no es una ciencia que permita la adivinación ni este tipo de cuestiones. Todo se produce en
términos relativos, proporcionales y siempre teniendo en cuenta que existe esa variación. Pero sí nos permite, digamos, una rapidez de encuestación que nos ha posibilitado hacer la encuesta flash, que es algo que está haciendo la sociología más
avanzada en este momento: en muy poco tiempo, en 24 o 48 horas como máximo, recoger una opinión que se produce en un mismo tiempo y poder proporcionar los datos inmediatamente. Los datos los tenemos también en tiempo real y en este momento existe
una supervisión exhaustiva. Es decir, los encuestadores -yo no sé incluso si eso es un poco obsesivo- están siendo continuamente supervisados por esa estructura. Incluso cuando se equivocan en una pregunta o en una respuesta, se identifica eso y
se modifica. Esa información no se puede tocar, queda grabada desde el primer momento, queda grabada a través de un procedimiento en el que es imposible que nadie meta la mano ni introduzca ninguna distorsión, ni yo ni nadie puede introducir
distorsiones.
Esa selección de los encuestados se produce por el método más aleatorio que existe. En este momento tenemos el sistema, el ordenador, que genera números aleatorios de nueve cifras, empezando por los prefijos de las provincias que
corresponden a cada uno de los tamaños de la muestra y por teléfonos móviles que empiezan por los prefijos que están atribuidos en España. Entonces, eso es como el bombo de la lotería de Navidad: todos los números están incluidos, toda persona
puede ser realmente encuestada por el CIS en este momento. ¿Qué ocurre? Que muchos de los números de nueve cifras no se corresponden, no están asignados, entonces hay un robot que
inmediatamente hace la verificación para comprobar si, por las respuestas, son números de usuarios que están en activo y que hay alguien realmente que puede contestar. Si a una persona no se le contacta la primera vez, en ese momento, se le
pregunta cuándo se le puede llamar y se le llama una segunda y hasta una tercera vez. Por lo tanto, nadie queda desechado en esa muestra. Fíjense ustedes que antes, por el sistema de rutas aleatorias, a las que se iba en determinados puntos de la
geografía española, se lograba hacer una encuesta después de hacer entre veinticinco y veintinueve contactos. En este momento solamente hacen falta seis contactos para hacer una entrevista. Por lo tanto, la calidad de la investigación es mucho
mayor.
Luego, estamos identificando por qué no se contesta. Si esos seis que no contestan son, digamos, sectores que son votantes del PP o votantes de otro partido y quedan desechados automáticamente, estaríamos engañándonos como centro de
investigación y no tendría ningún sentido que dedicáramos esfuerzo y tiempo a eso. Entonces, lo que también estamos haciendo es una verificación de los motivos por los que no se contesta. Los motivos por los que no se contesta son muy variados.
Son personas que no atienden llamadas por teléfono ni de publicidad ni de nada, personas que se niegan porque no contestan nunca encuestas, personas que tienen una circunstancia que les impide en ese momento contestar y, fíjense ustedes, también hay
un porcentaje de personas que no contestan porque dicen que no tienen confianza política en el CIS. Ese fenómeno existe y representa un 0,6 % de las respuestas. Les parecerá a ustedes que es muy poco pero eso puede llegar a suponer un punto de
intención de voto real. Eso está calibrado. El CIS, un centro de investigación serio, lo que hace es tomar los datos y calibrar sus posibles errores. La idea del calibraje, que está presentada en el presupuesto y que se ha hecho ya este año, es
algo propio de toda institución que intenta medir algo. Si tú tienes un instrumento de medida que no está midiendo bien, que está produciendo una distorsión, pues, bueno, no es que intentes engañar a otro, es que eres tonto porque te intentas
engañar a ti mismo. Eso puede ocurrir y todo instituto de investigación tiene que calibrar, lo mismo que se calibran todos los aparatos de medida. ¿Cómo se hace eso? Se hace con un concurso público como hicimos este año, el año pasado y el
próximo lo haremos también, porque podemos no tener un error en este momento pero puede surgir a lo largo del tiempo. Entonces, lo que calibramos es ese posible error. ¿Qué hicimos? Sacar un concurso público, como se ha hecho en la historia del
CIS otras veces, con las especificaciones de cuatro encuestas de calibraje, dos barómetros y dos índices de confianza del consumidor, que son los que se hacen regular y continuamente.
El concurso fue absolutamente público; hubo una empresa que lo ganó, que es una empresa que también trabaja para otras instituciones, otros periódicos y demás, e hicimos, durante esos dos meses, dos encuestas en paralelo, que se llaman a
veces encuestas sombra: cada día se entrevista a la misma cantidad de personas y con los mismos parámetros. Los parámetros es lo mismo, es el sistema CATI, con selección aleatoria con generación de números aleatorios de nueve cifras. Entonces,
¡qué casualidad!, con esa comprobación, durante dos meses, lo que pudimos verificar -y lo tenemos todo publicado en la página web para que lo pueda consultar cualquier especialista- es que los datos eran exactamente iguales y que las variaciones
estaban por debajo del margen teórico de error, no solo en intención de voto y otras variables, sino otras variables sociológicas. En ese sentido, sinceramente les digo a ustedes -si están dispuestos a dedicarme el tiempo suficiente, se lo explico-
que no existe ningún sesgo en este momento, ningún error metodológico en las encuestas del CIS. Las encuestas del CIS en este momento son las más fiables que se pueden utilizar, sobre todo, por esas dos razones, amplitud de la muestra y carácter...
Entonces, ¿es el CIS una institución solvente? Yo creo que totalmente. Dese usted cuenta de que, con estos muestreos recurrentes, los que manifiestan en nuestras muestras desconfianza política al CIS están entre el 0,4 y el 0,6 de la
población; que puede existir y, sin duda, existe, pero si ustedes quieren verificar los datos, hay personas que votan a VOX y contestan perfectamente al CIS, y luego dicen el partido por el que van a votar. No hay una distorsión.
Créanme que muchas veces oigo las críticas que ustedes hacen, como científico social y persona que lleva toda su vida trabajando en investigación empírica, y me cuesta trabajo pensar que puede haber alguien que quiera engañar o engañarse.
¿Qué ventaja piensan ustedes que tiene que el CIS diga que va a ganar o no va a ganar el PSOE? Cuando se da un partido tan seguro como ganador, fíjense que el efecto -que está muy estudiado internacionalmente- es que, generalmente, provoca efectos
contraproducentes para ese partido. Primero, porque una parte de sus votantes, si están seguros de que va a ganar, dejan de acudir a votar, no tienen motivación: Va a ganar, ¿para qué voy a ir? Segundo,
moviliza a todos los que no quieren que ese partido gane, que no iban a votar en otras condiciones. Es decir, que los fenómenos esos tienen una complejidad.
Señores del PP, sinceramente, yo lo siento, porque han tenido a lo largo de su historia especialistas extraordinarios, magníficos en el tema de la prospectiva y del análisis -en su momento, el profesor Díez Nicolás o, sobre todo, Pedro
Arriola, últimamente- que nunca han caído en ese tipo de cuestiones. Yo entiendo que a ustedes no les guste, como cuando se miran en el espejo; es como la historia de la madrastra del cuento, que quería que le dijera que ella era la más guapa.
Ustedes ven unas encuestas que, en este momento, no les son favorables y entiendo que eso les haga sentir malestar, pero eso no se debe a la maldad ni a la manipulación de un perverso catedrático de Sociología, como yo, sino que, en realidad, es que
no ganan. (Rumores).
Bueno, es que no están ganando; es que dicen: ¿qué pasó? Si ustedes tuvieran razón en eso mismo que están diciendo desde antes de tomar yo posesión como presidente del CIS, lo que hubiera ocurrido en las elecciones legislativas ¡es que
ustedes habrían ganado! Continuamente es un proceso de intoxicación informativa en el que algunos insisten machaconamente. El señor Bel decía: hombre, es que ustedes en las asociaciones de Madrid dijeron que no acertaron... ¡Pero si es que
Ciudadanos en nuestra encuesta salía que no tenía ningún escaño! Eso fue lo que ocurrió; eso fue exactamente lo que ocurrió. Esto nos está pasando continuamente, elección tras elección. Yo pensaba al principio que ustedes se cansarían de insistir
en eso.
Dense cuenta de que, incluso, tiene cierta lógica, porque la política se produce no de manera espontánea, sino, generalmente, en torno a ciclos políticos, y hay ciclos políticos en los que ha habido mayoría conservadora; en este país ganaba
el PP y las encuestas reflejaban que también el partido mayoritario era el PP. En este momento, estamos en un ciclo de carácter más socialdemócrata, más de izquierdas, y entonces en las encuestas ahora hay mayoría sociológica que se decanta por
esas opciones. Pero es que una cosa se relaciona con la otra, no es un efecto raro; es como decir que el perro de Pávlov estaba sorprendido porque cada vez que él tenía hambre y segregaba jugos gástricos el señor Pávlov tocaba una campana. No, lo
que ocurría allí es que se generó un movimiento de reacción reflejo asociado a la campana. Pero es que están invirtiendo la realidad. De verdad, les digo que no soy capaz de explicarlo como profesor, pero si me dieran tiempo y pudiéramos hablar de
estas cosas con tranquilidad... Yo les invito al CIS y estoy dispuesto a hacer una sesión ahí y a explicarle... (El señor Bermúdez de Castro Fernández muestra una gráfica). No, eso está equivocado, los que le están asesorando y haciendo esos
gráficos se equivocan, eso no es así. Efectivamente, en este momento hemos pasado la evolución, pero esto ya no es de presupuestos, es de otra cosa. La evolución de la sociedad española es notable también en la dimensión política.
Hace no mucho tiempo la gran mayoría de la población votaba siempre por el mismo partido y tenía decidido por quién iba a votar antes de que empezara la campaña electoral. Usted daba ese dato -que se lo han pasado mal- del 35 %; el 35 %
decide recurrentemente, en todas las elecciones, en la última semana de las elecciones, entre la jornada de reflexión y el mismo día de la votación. Ese es el periodo en el que un 35 % de la población se decide. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos la
mayor parte de las encuestas ese 35 % de la población no sabe todavía por qué partido votar y muchos incluso no dudan entre un único partido, sino que dudan entre dos. Ya no existe el viejo modelo del votante de un único partido -siempre PSOE, o
siempre PCE, o siempre Izquierda Unida, o siempre PP-, ahora hay distintas opciones que muchos ciudadanos valoran hasta el último momento. Por eso, algunos que sabemos algo de esta profesión sabemos que cuando ni siquiera el propio ciudadano sabe a
quién va a votar, es un poco narcisista -yo lo califico así-, un poco extraño intentar pretender que tú, como sociólogo, lo vas a adivinar. Por lo tanto, nosotros siempre decimos cuando publicamos encuestas que la validez de esa encuesta es para el
momento en que se hace la encuesta, porque esas mismas personas van a variar.
¿Qué ocurre aquí? Que se han desarrollado modelos, porque cambios metodológicos no ha habido ninguno. La metodología es la misma -no se empeñe-, está en la página web del CIS y en cada una de las encuestas se publica la nota metodológica.
Descúbranme una nota metodológica en la que hayamos introducido cambios de metodología y yo les invito a un cocido en Lhardy. Muéstrenlo, compruébenlo. No es cierto. ¿Qué ha habido? Una ampliación de la muestra y eso no es un cambio
metodológico, es una mejora cuantitativa. Lo que estamos haciendo es mejorar la calidad. En segundo lugar, ¿qué ha habido? Hemos desarrollado modelos de estimación de voto, seguimos utilizando los mismos históricos y comparando los del CIS que
consideran más variables. Algunos de esos modelos son muy complejos, son
modelos que consideran muchas variables, algunos están publicados en la página web del CIS y explicados.
Díganme ustedes que no, pero realmente en todas las elecciones que se han celebrado desde que yo estoy al frente del CIS como presidente se ha acertado exactamente con el partido que ha ganado esas elecciones. En las elecciones catalanas
casi nadie decía en las encuestas que las ganaba el PSC, que era el primer partido, como así fue, y que el segundo era Esquerra. Decían que no y me pusieron verde. Esos mismos escribieron artículos verdaderamente difamatorios y cuando se
produjeron las elecciones el primero fue el PSC, el segundo Esquerra Republicana y el tercero Junts per Catalunya. Eso es evidente que lo pronosticaba el CIS, pero nadie rectificó posteriormente. Y así sucedió con las elecciones vascas, lo mismo
con las gallegas, las europeas y las generales. Efectivamente, si los datos del CIS estuvieran equivocados, nosotros estaríamos en la oposición y el Partido Popular y VOX o VOX y el Partido Popular -depende la ecuación que resultase en su momento-
estarían gobernando, pero eso no está siendo así. Es decir, ustedes están metidos en este momento en una especie de ciclo que les lleva a contradecir la realidad de los hechos.
Yo creo que el CIS fácticamente no ha perdido credibilidad ni muchísimo menos, por mucho que algunos se empeñen. Los que se están empeñando son sectores muy concretos de la opinión política, no de la opinión científica. Probablemente no
conocen el CIS y por eso me gustaría invitarles un día y que lo vieran. Ahora, que ha pasado ya la pandemia y se puede ir allí, incluso podemos hablar con más gráficos y demás, y ver ustedes todas las instalaciones. Fíjense ustedes que en este
momento en el CIS están colaborando, en distintas actividades, el 78 % de todos los catedráticos de Sociología y Ciencia Política, somos trescientos y pico en este momento. El CIS es en este momento, y lo ha sido siempre, la casa común de la
sociología y de la ciencia política, todos nos hemos sentido partícipes allí y hay debates. Cuando a mí se me intentó meter en la cárcel porque se discrepaba de los datos que sacábamos en las elecciones -cosa curiosa- y porque decían que no me
atenía a un consenso, como Galileo que no se atenía al consenso que se establecía en su momento, ustedes no se imaginan la cantidad de cartas, no cartas de adhesión, sino cartas de catedráticos certificando y dando fe de que el CIS ni hace cambios
metodológicos ni comete irregularidades metodológicas. Yo creo que es un empeño baldío el suyo. No sé si conseguirán ponerme de mal humor. No lo van a conseguir, ya se lo digo; los del norte tenemos tesón y aguantamos lo que nos echen. De
verdad, señor Bermúdez de Castro, que me gustaría, en un momento determinado, poder convencerle a usted. Estoy convencido -le tengo por persona honesta- de que cuando vea todos los datos y demás, no le quedará más remedio que reconocer que eso es
así. Y el CIS se puede equivocar, no lo duden ustedes.
Yo siempre digo que las encuestas -si me permite, señora presidenta, con esto termino- son instrumentos que hay que tomarse de manera muy relativa. En una realidad tan cambiante y en un mundo tan fluido como el actual, no hagan ustedes
mucho caso de las encuestas, no se creen usted tan mala sangre con ese tema. Si van a ganar en algún momento, seguro que ganarán y no será porque las encuestas les den mejor o peor; estén ustedes convencidos de eso, son otras variables las que
intervienen en ese asunto.
No sé si me he dejado algo sin contestar de lo que me han comentado, en la medida en la que me ha sido posible en este tiempo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención y aquí damos por cerrado el debate.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: El artículo 73, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Pero si no ha habido ninguna alusión.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: El señor Tezanos ha dicho que yo me he referido a él dando un porcentaje que era falso y quiero leer lo que él dijo en sede parlamentaria para demostrar que es verdad. Se lo pido al señor letrado
porque, en este caso, es clarísima la aplicación del artículo 73.
Señora presidenta, seré brevísimo, son veinte segundos.
La señora PRESIDENTA: Pero no hay ninguna alusión personal.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Sí, sí, ha dicho que era falso lo que él había dicho, que me habían pasado mal los datos. Le puedo leer lo del 35 % en Madrid. (El señor Tezanos pronuncia palabras que no se perciben). Usted lo dijo
en la Comisión Constitucional. Dijo exactamente: ¿Cuándo
toman la decisión? Pues fíjese, cada vez se toma más cerca del momento de votar en la urna. Incluso en la última, en la campaña de Madrid, realmente la proporción de los que han tomado la decisión en el último día, durante la jornada de
reflexión es nada más y nada menos que de un 35 %.
El señor TEZANOS TORTAJADA: Como cosa curiosa. (Muestra un gráfico).
La señora PRESIDENTA: Bueno, damos por cerrada la discusión. Si ustedes quieren hablar y discutir, yo no tengo ningún problema, pero se levanta la sesión. (Risas).
Eran las ocho de la noche.