Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 102, de 25/09/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2002 VII Legislatura
Núm. 102
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 25 de septiembre de 2002
ORDEN DEL DIA:
Primero Preguntas:
--De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación actual del proyecto de desvío de la carretera nacional N-332, a su paso por Sueca (Valencia). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000885).
--De D. HILARIO CABALLERO MOYA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los tres proyectos de construcción de la autovía entre Ciudad Real y Puertollano (Ciudad Real), cuya asistencia técnica se adjudicó en julio del año
2001. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000886).
--De D. ENRIQUE FAJARNES RIBAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados de la aplicación del Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de las motos
náuticas, tras la finalización del verano.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000896).
--De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones que justifica el Gobierno para el incremento de las tarifas telefónicas anunciado por el Ministro
de Ciencia y Tecnología. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000848).
--De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que se vienen adoptando y, en su caso, las correcciones disciplinarias incoadas para corregir el incumplimiento en la
colaboración de las Administraciones Públicas con el Defensor del Pueblo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000874).
--De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si tiene previsto el Gobierno la creación de un Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) en la isla de Fuerteventura (Las Palmas).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000877).
--De Dña. MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, sobre la valoración del Ministerio de Administraciones Públicas con respecto a la creación de la ventanilla única empresarial. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I,
número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000893).
--De D. PEDRO JOSE PEREZ RUIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno en relación al fenómeno del transfuguismo en las corporaciones locales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000894).
--De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la justificación del Gobierno en relación al retroceso experimentado por España en el índice del desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
respecto al año 1995. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000870).
--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la importancia que tiene para España formar parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el período
2003?2004. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000876).
--De Dña. ROSA MARIA POSADA CHAPADO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones de la política exterior española respecto a Iberoamérica. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I,
número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000895).
--De D. RAMON RODRIGUEZ ARES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas esenciales del discurso de la Ministra de Asuntos Exteriores ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000897).
--De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si tiene previsto intervenir el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para evitar que los precios de la leche en origen continúen descendiendo.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000878).
--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si tiene previsto el Gobierno llevar a cabo el acuerdo aprobado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de impulsar la colaboración necesaria entre
las distintas administraciones y organizaciones afectadas, para actualizar el Sistema de Información Geográfica (SIG) Oleícola. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de
2002). (Número de expediente 680/000879).
--De D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si puede el Gobierno asegurar que las obras hidráulicas se realizan con las debidas garantías de racionalidad, eficacia y seguridad.
(Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000887).
--De D. JOKIN BILDARRATZ SORRON, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los planes del Gobierno en relación con el embalse de Ibiur (Guipúzcoa) y el calendario previsto con respecto a los trámites necesarios para el
comienzo de las obras. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000888).
--De D. JESUS FERNANDEZ LOPEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente en materia de saneamiento y depuración de las poblaciones del Alto Duero. (Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000891).
--De D. JOSE MANUEL RUIZ RIVERO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación de las actuaciones previstas en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional (PHN), en materia de desalación. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000892).
--De Dña. INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre si piensa el Gobierno realizar un debate previo en relación con el proyecto de ley de calidad y coordinación sanitaria. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000875).
--De Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene conocimiento el Gobierno del incremento de venta de la hormona de crecimiento. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000884).
--De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si piensa el Gobierno actualizar las normas de reproducción asistida para adecuarlas a las posibilidades que permiten los avances de las técnicas de
congelación. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000889).
--De Dña. MERCEDES AROZ IBAÑEZ y D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno para financiar el mayor coste que las nuevas prestaciones sanitarias van a representar para las
Comunidades Autónomas, cuyas competencias en sanidad fueron transferidas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000890).
--De D. MARIA CURTO FORES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas adoptadas y previstas por el Gobierno para reformar el marco jurídico de la actividad contable y de auditoría en nuestro país.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000873).
--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre el significado de la acción militar desplegada en el islote de Lobos en Fuerteventura (Las Palmas). (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000853).
--De D. JOSE MARIA ROMERO CALERO, sobre la valoración del Gobierno acerca del informe «El empleo en Europa 2002», publicado por la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000881).
--De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para el cumplimiento del compromiso del ex Ministro de Asuntos Exteriores, D. Josep Piqué i Camps, respecto a la solución, en el
plazo de seis meses, del conflicto laboral de los trabajadores de la base naval de Rota (Cádiz). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente
680/000882).
--De D. ARTURO GONZALEZ LOPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si piensa el Gobierno tomar alguna medida para evitar el retraso en el pago de las indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico.
(Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 680/000883).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general y las medidas a desarrollar para promover el uso de los biocombustibles, así como sobre las conclusiones de la
Comisión Interministerial para el estudio de su uso. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 670/000149).
--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno relativa a las medidas previstas para combatir la crisis que atraviesa el sector turístico en España. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 670/000150).
--De D. CRISTOBAL JOSE LOPEZ CARVAJAL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de contención del gasto farmacéutico y de promoción del uso racional del medicamento. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 499, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número de expediente 670/000152).
Tercero
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.648.044,15 euros, para el pago de indemnizaciones derivadas del cumplimiento de distintos autos dictados en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 20 de octubre de 1997, en los que se reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados por los daños ocasionados por la rotura de la presa de Tous. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 88, de fecha 4 de julio de 2002).
(Número de expediente S. 621/000088). (Número de expediente C. D.
121/000091).
Cuarto
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del
procedimiento abreviado. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 8, de fecha 20 de septiembre de 2002). (Número de expediente S. 624/000007). (Número de
expediente C. D. 122/000199).
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados
delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 9, de fecha 23 de septiembre de 2002). (Número
de expediente S. 624/00008). (Número de expediente C. D. 122/000227).
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 5, de fecha 20 de
septiembre de 2002). (Número de expediente S.
624/000004). (Número de expediente C. D. 122/000216).
Quinto
Mociones:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la realización de diversas actuaciones contenidas en el convenio conocido como de las «Dos Bahías», firmado en 1994 entre el Gobierno de la Nación, la Diputación
Provincial de Cádiz y la Junta de Andalucía.
--Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por la que se insta al Gobierno a que se lleven a cabo, a la mayor brevedad posible, el estudio informativo y los demás trámites que prolonguen la autovía de la Plana por
la provincia de Tarragona.
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 6092)
De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación actual del proyecto de desvío de la carretera nacional N-332, a su paso por Sueca (Valencia) (Página 6092)
El señor Lerma Blasco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lerma Blasco. En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. HILARIO CABALLERO MOYA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los tres proyectos de construcción de la autovía entre Ciudad Real y Puertollano (Ciudad Real), cuya asistencia técnica se adjudicó en julio del año 2001
(Página 6093)
El señor Caballero Moya formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Caballero Moya. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. ENRIQUE FAJARNES RIBAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados de la aplicación del Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de las motos
náuticas, tras la finalización del verano (Página 6094)
El señor Fajarnés Ribas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones que justifica el Gobierno para el incremento de las tarifas telefónicas anunciado por el Ministro de Ciencia y Tecnología
El señor Albistur Marin formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Albistur Marin. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps).
De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que se vienen adoptando y, en su caso, las correcciones disciplinarias incoadas para corregir el incumplimiento en la
colaboración de las Administraciones Públicas con el Defensor del Pueblo (Página 6096)
El señor Capdevila i Bas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Arenas Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Capdevila i Bas. En turno de dúplica,
lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Arenas Bocanegra).
De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si tiene previsto el Gobierno la creación de un Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) en la isla de Fuerteventura (Las Palmas)
La señora Morales Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Arenas Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Morales Rodríguez. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Arenas Bocanegra).
De Dña. MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, sobre la valoración del Ministerio de Administraciones Públicas con respecto a la creación de la ventanilla única empresarial (Página 6098)
La señora Díaz Villegas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Arenas Bocanegra).
De D. PEDRO JOSE PEREZ RUIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno en relación al fenómeno del transfuguismo en las corporaciones locales (Página 6099)
El señor Pérez Ruiz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Arenas Bocanegra).
De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la justificación del Gobierno en relación al retroceso experimentado por España en el índice del desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto
al año 1995 (Página 6100)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi).
De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la importancia que tiene para España formar parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el período 2003-2004
(Página 6101)
El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez.
De Dña. ROSA MARIA POSADA CHAPADO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones de la política exterior española respecto a Iberoamérica (Página 6102)
La señora Solana Barras formula la pregunta de la señora Posada Chapado.
En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi).
De D. RAMON RODRIGUEZ ARES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas esenciales del discurso de la Ministra de Asuntos Exteriores ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
El señor Rodríguez Ares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi).
De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si tiene previsto intervenir el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para evitar que los precios de la leche en origen continúen descendiendo
El señor Quintana González formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Quintana González. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).
De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si tiene previsto el Gobierno llevar a cabo el acuerdo aprobado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de impulsar la colaboración necesaria entre
las distintas administraciones y organizaciones afectadas, para actualizar el Sistema de Información Geográfica (SIG) Oleícola (Página 6106)
El señor Cabrero Palomares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabrero Palomares. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).
De D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si puede el Gobierno asegurar que las obras hidráulicas se realizan con las debidas garantías de racionalidad, eficacia y seguridad (Página
6107)
El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).
De D. JOKIN BILDARRATZ SORRON, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los planes del Gobierno en relación con el embalse de Ibiur (Guipúzcoa) y el calendario previsto con respecto a los trámites necesarios para el
comienzo de las obras (Página 6108)
El señor Bildarratz Sorron formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bildarratz Sorron. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).
De D. JESUS FERNANDEZ LOPEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente en materia de saneamiento y depuración de las poblaciones del Alto Duero (Página
6109)
El señor Fernández López formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fernández López.
De D. JOSE MANUEL RUIZ RIVERO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación de las actuaciones previstas en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional (PHN), en materia de desalación
El señor Ruiz Rivero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).
De Dña. INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre si piensa el Gobierno realizar un debate previo en relación con el proyecto de ley de calidad y coordinación sanitaria
La señora Loroño Ormaechea formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Loroño Ormaechea. En turno de dúplica, lo hace
la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián).
De Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene conocimiento el Gobierno del incremento de venta de la hormona de crecimiento (Página 6112)
La señora Aránega Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aránega Jiménez. En turno de dúplica, lo hace
la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián).
De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si piensa el Gobierno actualizar las normas de reproducción asistida para adecuarlas a las posibilidades que permiten los avances de las técnicas de
congelación (Página 6114)
El señor Espasa Oliver formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Espasa Oliver. En turno de dúplica, lo hace la
señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián).
De Dña. MERCEDES AROZ IBAÑEZ y D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno para financiar el mayor coste que las nuevas prestaciones sanitarias van a representar para las
Comunidades Autónomas, cuyas competencias en sanidad fueron transferidas (Página 6115)
La señora Aroz Ibáñez formula la pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián) En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aroz Ibáñez. En turno de dúplica, lo hace la señora
Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián).
De D. MARIA CURTO FORES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas adoptadas y previstas por el Gobierno para reformar el marco jurídico de la actividad contable y de auditoría en nuestro país
La señora Curto Forés formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).
De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre el significado de la acción militar desplegada en el islote de Lobos en Fuerteventura (Las Palmas).
Esta pregunta ha sido retirada.
De D. JOSE MARIA ROMERO CALERO, sobre la valoración del Gobierno acerca del informe «El empleo en Europa 2002», publicado por la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para el cumplimiento del compromiso del ex Ministro de Asuntos Exteriores, D. Josep Piqué i Camps, respecto a la solución, en el plazo
de seis meses, del conflicto laboral de los trabajadores de la base naval de Rota (Cádiz).
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. ARTURO GONZALEZ LOPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si piensa el Gobierno tomar alguna medida para evitar el retraso en el pago de las indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico.
Esta pregunta ha sido aplazada.
INTERPELACIONES (Página 6118)
De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general y las medidas a desarrollar para promover el uso de los biocombustibles, así como sobre las conclusiones de la
Comisión Interministerial para el estudio de su uso (Página 6118)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). Vuelve a intervenir
el señor interpelante. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).
De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno relativa a las medidas previstas para combatir la crisis que atraviesa el sector turístico en España (Página 6125)
El señor Cámara Fernández realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). Vuelve a intervenir el señor
interpelante. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).
De D. CRISTOBAL JOSE LOPEZ CARVAJAL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de contención del gasto farmacéutico y de promoción del uso racional del medicamento (Página 6133)
El señor López Carvajal realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián) Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate la señora Ministra de Sanidad
y Consumo (Pastor Julián).
Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6139)
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.648.044,15 euros, para el pago de indemnizaciones derivadas del cumplimiento de distintos autos dictados en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 20 de octubre de 1997, en los que se reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados por los daños ocasionados por la rotura de la presa de Tous (Página 6139)
No se consumen turnos a favor, en contra ni de portavoces. Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6140)
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del
procedimiento abreviado. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 6140)
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos
y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 6140)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta los dictámenes de ambas proposiciones de ley.
Se abre debate de totalidad.
No se consumen turnos a favor ni en contra. Abierto el turno de portavoces, renuncian al mismo, posponiendo la exposición de sus argumentaciones al momento de la defensa de sus enmiendas, la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y
los señores Acosta Padrón, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Molas i Batllori sí hace uso del turno de portavoces dando al mismo tiempo por defendidas las
enmiendas de su Grupo Parlamentario, Entesa Catalana de Progrés, números 87 y 89 a la proposición de ley y 2 a la proposición de ley orgánica, y retirando las números 72 a 75, 77 a 82, 85 y 89 a la proposición de ley, y 3 y 4 a la proposición de ley
orgánica. Asimismo intervienen en este turno el señor Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y las señoras Martínez García, por el Grupo Socialista, y España Moya, por el Grupo Popular.
Comienza el debate del articulado.
La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 50 a 71 a la proposición de ley. El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 8 a 49 a la proposición de ley. El señor
Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 1 a 7 a la proposición de ley y 1 a la proposición de ley orgánica, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Capdevila i Bas defiende las enmiendas números 145 y 146 a la proposición de
ley y retira las números 123, 128, 129, 132, 134, 135 y 137 a la proposición de ley, así como la número 9 a la proposición de ley orgánica, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Martínez García defiende las enmiendas
números 98, 109 y 117 a la proposición de ley, así como las números 5 a 7 a la proposición de ley orgánica, y retira las números 93 a 96, 99, 100, 105 a 108, 112, 116, 119 y 120 a la proposición de ley, del Grupo Socialista. La señora España Moya y
el señor Iribas Sánchez de Boado consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, quien retira en este acto las enmiendas números 53 a 56, 60, 61 y 66 a la proposición de
ley, y los señores Acosta Padrón, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que retira las números 5 y 6 a la proposición de ley, y 1 a la proposición de ley orgánica; Molas
i Batllori por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que retira la número 146 a la proposición de ley; la señora Martínez García, por el Grupo Socialista, que retira las
números 6 y 7 a la proposición de ley orgánica, y el señor Iribas Sánchez de Boado, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 50 a 52, 58 y 59 a la proposición de ley, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 121 en contra y 68 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 62 a 65 y 67 a 71 a la proposición de ley, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 120 en contra y 68 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 57 a la proposición de ley, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 120 en contra y 67 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 8 a 49 a la proposición de ley, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 120 en contra y 75 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1, 3, 4 y 7 a la proposición de ley, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 8 votos a favor, 120 en contra y 69 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 2 a la proposición de ley, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 119 en contra y 66 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 76, 83, 84, 86 y 87 a la proposición de ley, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 60 votos a favor, 120 en contra y 17 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 145 a la proposición de ley, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 77 votos a favor y 120 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 98, 109 y 117 a la proposición de ley, del Grupo Socialista, por 60 votos a favor, 118 en contra y 19 abstenciones.
Se aprueban las propuestas de modificación relativas a los artículos 795, 800.2, 800.5 y 766.1 de la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban el párrafo segundo del artículo 786.1 del artículo primero; el artículo 800.5 del artículo segundo y el apartado 1 de la disposición adicional primera de la proposición de ley por 136 votos a favor, 1 en contra y 58
abstenciones.
Se aprueba el artículo 770.4ª del artículo primero de la proposición de ley por 190 votos a favor y 7 abstenciones.
Se aprueba el resto del dictamen de la proposición de ley ordinaria por 196 votos a favor de los 196 emitidos.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se rechaza la enmienda número 2 a la proposición de ley orgánica, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 60 votos a favor, 113 en contra y 21 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 5 a la proposición de ley orgánica, del Grupo Socialista, por 60 votos a favor, 117 en contra y 19 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación relativa al artículo 801 del artículo primero de la proposición de ley orgánica por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el resto del dictamen de la proposición de ley orgánica por unanimidad.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad (Página 6161)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
La señora Mora Devis consume un turno a favor. No se hace uso del turno en contra ni del de portavoces.
Comienza en debate del articulado.
El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 18 a 30. Se dan por defendidas las enmiendas número 11 a 17, de señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto. El señor Acosta Padrón defiende las
enmiendas números 1 a 7, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 8 a 10, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Cardona i Vila da por defendidas las enmiendas números 31
a 42, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Marin Rite defiende las enmiendas números 43 a 54, así como la presentada «in voce» en Comisión, del Grupo Socialista. La señora Navarro de Paz consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y la señora Mora Devis, por el Grupo Popular. El señor Molas i Batllori interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 22 y 29, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 62 votos a favor, 120 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 120 en contra y 62 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 11, 13, 14, 15 y 17, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 12, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 60 votos a favor, 121 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 16, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 119 en contra y 64 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 4, 5 y 7, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 6 votos a favor, 121 en contra y 62 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 62 votos a favor, 121 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 61 votos a favor, 121 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 8 y 9, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 6 votos a favor, 120 en contra y 63 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 63 votos a favor, 121 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 31, 32, 34, 38, 39 y 40, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 9 votos a favor, 121 en contra y 58 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 33, 36, 37, 41 y 42, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 64 votos a favor, 121 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 35, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 9 votos a favor, 178 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 43 a 54, así como la transaccional «in voce» presentada en Comisión, del Grupo Socialista, por 63 votos a favor, 121 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba la proposición de ley, según el texto del dictamen, por 120 votos a favor, 1 en contra y 68 abstenciones.
La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
MOCIONES (Página 6172)
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la realización de diversas actuaciones contenidas en el convenio conocido como de las «Dos Bahías», firmado en 1994 entre el Gobierno de la Nación, la Diputación Provincial
de Cádiz y la Junta de Andalucía (Página 6172)
El señor Carracao Gutiérrez defiende la moción. El señor Fernández Sánchez defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Carracao Gutiérrez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. El señor Fernández
Sánchez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Carracao Gutiérrez, por el Grupo Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 54 votos a favor y 116 en contra.
Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por la que se insta al Gobierno a que se lleven a cabo, a la mayor brevedad posible, el estudio informativo y los demás trámites que prolonguen la autovía de la Plana por la
provincia de Tarragona (Página 6179)
El señor Beguer i Oliveres defiende la moción. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Herranz Martínez, por el Grupo Socialista, y Murria Climent, por el Grupo Popular. Los señores Beguer i Oliveres, Murria Climent y
Sabaté Borrás intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 51 votos a favor y 116 en contra.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON JOAN LERMA BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DE DESVIO DE LA CARRETERA NACIONAL N-332, A SU PASO POR SUECA (VALENCIA) (680/000885).
La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Han sido aplazadas las preguntas de los senadores Romero Calero, Carracao Gutiérrez y González López, y la pregunta del senador Victoriano Ríos Pérez ha sido retirada.
Pregunta de don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación actual del proyecto de desvío de la carretera nacional 332 a su paso por Sueca, Valencia. Tiene la palabra el senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.
Señor Ministro, como usted sabe, la carretera nacional 332 a su paso por Sueca ha tenido un largo proceso de información, del que nos gustaría que usted nos anunciara ya el final.
Nada más y gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora Presidenta.
Señor senador, la variante de Sueca está en fase de proyecto.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Senador Lerma, tiene la palabra.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.
Yo no he venido aquí a relatar todos los antecedentes de este proyecto, sino simplemente a que el Ministerio en este
caso tome constancia de la importancia de la variante de la nacional 332 a su paso por Sueca.
Sé que el Ministerio ha anunciado en repetidas ocasiones el proyecto, sé que a su vez ha sido solicitado también en numerosas ocasiones, pero quiero
recordar a todos los miembros de esta Cámara que éste es un proyecto que se inicia con el mandato de ejecución del proyecto en el año 1989 --creo recordar-- y que se ha insistido sobre la importancia del mismo. Y una vez más quiero hacer hincapié
en la relevancia de dicho proyecto y no un relato de todas las vicisitudes del mismo, aunque he de manifestar que es una constante peregrinación pasar por Sueca no solamente en las temporadas de verano, sino cualquier día del año, ya que el tráfico
está absolutamente paralizado y pasa por el centro de la ciudad.
Podemos justificarnos probablemente en los gobiernos anteriores --siempre tenemos ocasión de decir estas cosas--, pero lo cierto es que la gente no entenderá que ni gobiernos
anteriores ni el Gobierno actual hayan impulsado un proyecto que tenía que haberse iniciado en el año 1989 y esté todavía en fase de proyecto.
No quiero insistir en buscar responsabilidades. Quiero simplemente llamar la atención sobre que el
proyecto de la variante de Sueca es muy importante porque en estos momentos nos encontramos diariamente con el tráfico absolutamente colapsado y, por consiguiente, la fase de proyecto no puede durar más.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Lerma.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señora Presidenta, señor senador, coincido con su señoría en que sin paliativos la variante de Sueca es una de las variantes prioritarias en la red de carreteras del Estado. No le
hablo ni de la provincia ni de la comunidad autónoma. Le hablo de la red de carreteras españolas.
Si en estos momentos la variante de Sueca no está ya en fase de obras o incluso ejecutada es como consecuencia de las vicisitudes de su tramitación,
sobre las cuales yo querría hacer alguna reflexión de común interés para todos en este tipo de cuestiones.
Según los antecedentes que obran en mi poder, la orden de estudio inicial se puso en marcha en el año 1992 y salió a información pública en
el año 1995. En 1996 se solicitó la declaración de impacto ambiental, que se obtuvo en 1997, lo cual permitió aprobar el trazado, es decir, el estudio informativo, con el rechazo de todos los ayuntamientos afectados.
Yo creo que ésa es la gran
conclusión de este tipo de preocupaciones. No se puede pedir urgencia y pedir particularismos, porque el ayuntamiento de Fortaleny rechazaba esta solución porque decía que debería afectar sólo a Sueca, el ayuntamiento de Riola decía que había que
liberalizar el peaje de la A-7 y el propio ayuntamiento de Cullera, también afectado, prefería trazados más cortos en la parte que incumbía a su municipio.
Todo esto llevó a una solución que yo creo que era razonable en la pasada legislatura:
anular el estudio informativo, rechazar el trazado e iniciar de nuevo la tramitación.
Hoy se ha llegado, después de repetir todo, información pública y declaración de impacto ambiental, a una solución de consenso con estos ayuntamientos, y creo que
esto es lo que ha permitido que el estudio informativo se pudiera aprobar en enero pasado. En los presupuestos generales de este año ya estaba la partida del proyecto y a lo largo de este año espero que pueda su señoría comprobar la licitación de
la asistencia técnica en el «Boletín Oficial del Estado».
Quiero asegurarle, de cara al futuro inmediato, lo siguiente. En coherencia con el reconocimiento de la prioridad, le garantizo plazos mínimos para la redacción del proyecto
--siempre reconociendo que los plazos mínimos los marca la técnica, no los marca la política--, proyecto que una vez redactado y supervisado nos permitirá pasar a la fase de programación de las obras y su licitación, que yo, señoría, me
gustaría que se pudiera hacer dentro del año 2003 si el proyecto técnico es entregado al Ministerio de Fomento por la asistencia técnica adjudicataria dentro del citado año.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON HILARIO CABALLERO MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACION DE LOS TRES PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA ENTRE CIUDAD REAL Y PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), CUYA ASISTENCIA TECNICA SE ADJUDICO EN JULIO DEL AÑO
2000 (680/000886).
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es del senador don Hilario Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los tres proyectos de construcción de la autovía entre Ciudad Real y Puertollano, cuya
asistencia técnica se adjudicó en julio del año 2001.
Tiene la palabra el senador Caballero Moya.
El señor CABALLERO MOYA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el 20 de julio del pasado año el «Boletín Oficial del Estado» publicaba la adjudicación de la asistencia técnica para la redacción de los tres proyectos de
construcción de la autovía entre Ciudad Real y Puertollano, con un plazo de redacción de doce meses.
Quisiera conocer, señor ministro, si están disponibles los tres proyectos técnicos, si están en supervisión y en qué condiciones están para
licitarse las obras.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Como ya tuve ocasión de contestar en el mes de junio a preguntas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, le reitero la información que dí hace tres meses.
De los tres
proyectos, de acuerdo con los plazos de contratación de los mismos, uno de ellos, el Miguelturra-Poblete ha sido ya entregado a la Dirección General de Carreteras y, por lo tanto, está en fase de supervisión. De los otros dos, Poblete-Argamasilla
ha tenido una prórroga como consecuencia de una consulta medioambiental y estará entregado al Ministerio, si cumple la asistencia técnica, el mes que viene, y Argamasilla-Puertollano también vence su terminación y su entrega el mes que viene.
Esa
es la situación de los proyectos en función de los plazos con que fueron adjudicados a las asistencias técnicas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
El senador Caballero tiene la palabra.
El señor CABALLERO MOYA: Gracias, señor Ministro.
Habían transcurrido los doce meses desde que apareció en el «Boletín Oficial del Estado» y estábamos apreciando un cierto retraso.
Usted sabe perfectamente que la preocupación por este
tramo de autovía ha sido traída repetidamente a esta Cámara en distintas ocasiones, tanto por parte del senador que le habla como por parte de algún otro de su propio grupo parlamentario --ha hecho referencia a una pregunta en concreto en el mes de
junio--, lo cual indica la necesidad de las obras y la inquietud de un importante número de ciudadanos de mi provincia.
Se han producido distintas declaraciones de representantes del Partido Popular afirmando --faltando a la verdad, a mi juicio--
que hasta 1996 no existía nada sobre este tema. Se vienen sucediendo una y otra vez, la última hace escasos meses, en la fecha que usted decía, en este salón, en su presencia y con su tolerancia, cuando usted sabe que este tramo figuraba en el Plan
Director de Infraestructuras 1993--2007 y conoce cómo en el Boletín del 30 de diciembre de 1994 se licitaba la asistencia técnica para la declaración del estudio informativo y el tiempo que media entre esta fecha y marzo de 1996.
No es un proyecto
alumbrado, en expresión de un representante de su Grupo, por el Gobierno de José María Aznar. Está documentado quién comenzó la planificación.
Ciertamente, señor Ministro, en marzo de 1996 no se había producido la aprobación de los estudios
informativos, pero si quiere le puedo citar encargos de estudios informativos de su Departamento que atañen a esta circunscripción, que es la mía, donde ha transcurrido mayor lapso de tiempo y no han sido aprobados. Por ejemplo, el tramo entre
Badajoz y Ciudad Real de la carretera A-42 o la autopista Toledo-Ciudad Real, de la carretera nacional N-IV, y supongo que usted no debería tener dos varas de medir.
Señor Ministro, el comienzo de las obras ya ha sido anunciado repetidamente por
representantes del Gobierno del señor Aznar y del Grupo Parlamentario que lo sustenta para 1999, 2000 y 2001. Espero que los proyectos estén terminados y que pueda licitarse esta obra que tanto necesita mi provincia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señor senador, es una pena que su señoría haya estropeado la segunda parte de su pregunta ya que ello me obliga a reponer la verdad. La orden de estudio informativo se firmó en el
año 1994, pero en mayo de 1996
aún no había sido adjudicado ese estudio. ¡Fíjese si yo le dijese al señor Lerma que vamos a tardar dos años en adjudicar un proyecto! Pues ustedes tardaron más de dos años; y si hubieran estado gobernando cuatro, eso es lo que habrían
tardado en adjudicarlo. El estudio informativo lo adjudicó este Gobierno, y el resto de los trámites los puso en marcha este Gobierno. En noviembre de 2000 yo fui a Puertollano, me reuní con los agentes sociales y comprometí un calendario,
señoría, el cual está a falta simplemente de que en los meses que faltan para que termine este año se licite el proyecto Miguelturra-Poblete, primero entregado, porque hasta ahora, salvo esa ampliación de plazo del segundo tramo Poblete-Argamasilla,
las asistencias técnicas han respetado los plazos contractuales de adjudicación. Su señoría habla de la publicación en el BOE de los concursos, pero el plazo cuenta a partir de la firma del contrato con la asistencia técnica. Por tanto, señoría,
como Ministro de Fomento me quedan tres meses para cumplir mi palabra, que es enviar al «Boletín Oficial del Estado» la licitación del tramo Miguelturra-Poblete.
A mi compañero en el Senado le dije que esperaba hacerlo antes de final de año y hoy
se lo reitero a su señoría. En todo caso, de aquí a entonces cuento con su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2003, porque sin la inclusión de la financiación de este tramo va a ser muy difícil que su señoría pueda exigirme el
cumplimiento antes de esa fecha.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON ENRIQUE FAJARNES RIBAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS RESULTADOS DE LA APLICACION DEL REAL DECRETO 259/2002, DE 8 DE MARZO, POR EL QUE SE ACTUALIZAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACION DE LAS MOTOS
NAUTICAS, TRAS LA FINALIZACION DEL VERANO (680/000896).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Enrique Fajarnés Ribas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados de la aplicación del Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las medidas de seguridad en
la utilización de las motos náuticas tras la finalización del verano.
Tiene la palabra el senador Fajarnés.
El señor FAJARNES RIBAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se renueva completamente el régimen de utilización de las motos
náuticas con el objetivo de hacer compatible el incremento de su uso tanto con fines de salvamento como deportivos o de ocio con unas mayores garantías de seguridad en las playas y fundamentalmente para los usuarios de las motos náuticas, y tras la
finalización del verano, la pregunta es, señor Ministro, cuáles son los resultados y el balance de esa obligación.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señora Presidenta, señor senador, ésta es una iniciativa que entra plenamente en el objetivo explícito de garantizar la seguridad en los sistemas de transporte y en las
infraestructuras, primera prioridad de este Ministerio.
El pasado año quedó patente la necesidad de suplir la laguna legal que existía en relación con la regulación del uso de este tipo de embarcaciones, que a pesar de su potencia no tenían ningún
tipo de restricciones en relación con el resto de embarcaciones deportivas al uso. Eso llevó al Ministerio a aprobar el Real Decreto que su señoría ha citado y que tiene dos grandes apartados, refiriéndose uno de ellos a las nuevas exigencias a las
empresas de alquiler. Quiero recordarle a su señoría que de los ocho fallecidos en accidente de moto náutica en el año 2001, cinco murieron en motos náuticas de alquiler.
Pues bien, las nuevas exigencias sobre ubicaciones --ya no se pueden
instalar negocios en las playas, liberándose así las zonas de baño--, sobre limitación de potencias al objeto de no poner en manos de personas inexpertas motos con potencias excesivas, sobre controles remotos por parte de los responsables de las
empresas, así como la necesidad de dar cursos de formación a quienes alquilan una moto náutica, han tenido como consecuencia inmediata --ojalá sea definitiva-- que en el año 2002 no haya habido ningún accidente mortal por uso de motos náuticas de
alquiler.
En el apartado de uso de las motos por particulares debo reconocer que hasta ahora las disposiciones no han conseguido efectos en términos comparados puesto que en 2001 se han producido dos accidentes con tres fallecidos, es decir,
exactamente el mismo número de muertos que hubo en 2001. Esto tiene mucho que ver con que las motos de propiedad particular crecieran, desde el año 1999, hasta 8.300, en el 2000 hasta 12.600, en el 2001 hasta15.800, y creo que al final del año 2002
habrá 20.000 motos náuticas.
Se han exigido nuevos requisitos sobre titulaciones y autorizaciones, pero a pesar de eso, como digo, no se ha reducido el número de accidentes. Yo creo que ahí es donde tenemos que insistir más; no basta sólo con
regular la posesión de títulos, sino que hay que insistir mucho más en la concienciación de los particulares a la prudencia en el uso de este tipo de embarcaciones. En todo caso, señoría, el primer paso está dado. Creo que mientras no consigamos
el cien por cien de seguridad no lo consideraremos definitivo, pero creo que las nuevas disposiciones marchan en la dirección adecuada.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS RAZONES QUE JUSTIFICA EL GOBIERNO PARA EL INCREMENTO DE LAS TARIFAS TELEFONICAS ANUNCIADO POR EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
(680/000848).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del senador Albistur Marin, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones que justifica el Gobierno para el incremento de las tarifas telefónicas anunciado por el Ministro de
Ciencia y Tecnología.
Tiene la palabra el senador Albistur Marin.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como el objetivo es conocer los criterios del Gobierno, doy por formulada la pregunta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, recojo el tono de su intervención y, efectivamente, a principios de este mes, en Santander, anuncié que se iba a producir una revisión
del llamado sistema «Price Card», que es el que fija las tarifas máximas del operador dominante, de Telefónica, en telefonía fija. En ningún momento hablé de incremento de tarifas, aunque así se interpretó. Por tanto, hoy le puedo decir que no va
a haber incremento de tarifas, que, al contrario, van a seguir bajando, y que por lo tanto vamos a seguir con una evolución que, en términos reales, ha permitido que desde el año 1996 las tarifas, en promedio, sean un 70 por ciento más bajas, lo que
corresponde aproximadamente a un 50 por ciento nominal.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo creo que es una buena noticia la que nos da el Gobierno, fundamentalmente porque las noticias de prensa --no tenemos otras-- que han ido apareciendo ponían el acento en el
incremento de costos que iban a tener los usuarios, y sobre todo en aquello que significa el uso frecuente y cotidiano de la telefonía, como es el incremento de la cuota por conexión y además las llamadas urbanas.
Si esto es así, me alegro, señor
Ministro, pero el objetivo de nuestra pregunta era realmente conocer esos criterios, ya que queríamos asegurarnos de que los usuarios no fueran los paganos de esta situación.
Entendemos perfectamente que hay que mantener un equilibrio entre
competencia y saneamiento de las empresas de telefonía, pero no quisiéramos que los consumidores fueran los paganos, sean quienes sean: no sólo los consumidores domésticos o familiares, sino también las pequeñas y medianas empresas, que se iban a
ver de alguna forma afectadas.
Supongo que esto también significará que no se incrementa la tarifa de Internet para los servicios que cada vez se utilizan más, como son los dedicados a la enseñanza, a la sanidad, etcétera, y que incluso afectan a
la propia tecnología.
Espero que esto sea así y que verdaderamente se cumpla el marco tarifario anterior, donde todavía queda pendiente una rebaja cercana al 2 por ciento en el año 2003.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señoría, por su pregunta, porque me permite precisar. Es evidente que tenemos que buscar un equilibrio en la continuidad de la
capacidad de generar inversión, que la necesitamos, por parte del sector de las telecomunicaciones, que está pasando por una crisis en todo el mundo, y que no es un caso específicamente español, al contrario, sino que España está resistiendo en
términos relativos mejor que otros países; estamos viendo noticias en ese sentido todos los días; por tanto, hay que buscar un equilibrio entre esa continuidad en el proceso inversor, que para la sociedad de la información en España es
absolutamente fundamental, pero también para que los servicios que reciben los consumidores, tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista doméstico, sigan siendo cada vez mejores y cada vez más accesibles.
Es evidente que
el proceso de rebaja de tarifas que hemos vivido en estos últimos seis o siete años no puede continuar al mismo ritmo, porque si continuara al mismo ritmo por reducción al absurdo llegaríamos a que las tarifas dentro de poco serían gratis, y está
claro que esto no puede ser así, aunque todavía hay margen para seguir bajándolas. En lo que estamos trabajando, y lo digo con la prudencia de aquello que todavía no está definitivamente aprobado, es en lo siguiente: en base a acuerdos previos con
la Comisión Europea, va a subir la cuota de abono en porcentajes que ya estaban previamente fijados con la Unión Europea. Y esta cuota de abono sale del sistema de la cesta de tarifas, que es la base para aplicar el «price card»; el resto, es
decir, todas las tarifas, desde las urbanas a las interprovinciales, las internacionales, las provinciales y las de acceso de Internet, van a seguir bajando de acuerdo con lo previsto: la tasa de inflación prevista como objetivo por el Banco
Central de Europeo, el dos por ciento, menos un cuatro.
Por tanto, en términos nominales las tarifas en su conjunto van a bajar a lo largo del año 2003 un dos por ciento nominal, a lo que habrá que añadir la inflación que realmente se ve para saber
cuál va a ser la bajada en términos reales. Ahí cada compañía y evidentemente Telefónica, que es a la que se le asigna el sistema, puede distribuir esa
rebaja promedio en función de sus intereses. Creo que es importante anticipar que casi con toda seguridad se va a congelar y, por lo tanto, va a haber una bajada en términos reales de acuerdo con la inflación de las tarifas urbanas, y el
resto pueden bajar más de ese dos para ciento en promedio, en función de cómo lo quiera distribuir la compañía y de sus planteamientos comerciales. Pero en conjunto, la factura global telefónica va a seguir bajando.
Otra cosa es la percepción que
tienen los consumidores de cómo evoluciona el coste del teléfono. Y le puedo dar un dato que creo que es muy ilustrativo de lo que ha sido la gran revolución de estos últimos años.
En el año 1996 había 400.000 móviles y ahora tenemos 31 millones
de móviles. ¿Qué ha pasado? Que a pesar de que las tarifas en términos reales han bajado más de la mitad, el consumo telefónico ha subido más del doble porque todos utilizamos muchísimo más el teléfono y porque hay muchos más accesos a Internet
que, efectivamente, antes no existían, con lo cual la factura global prácticamente se mantiene estable en términos reales. Pero es un fenómeno que refleja esa gran revolución tecnológica por la que debemos seguir apostando.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON SALVADOR CAPDEVILA I BAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE SE VIENEN ADOPTANDO Y, EN SU CASO, LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS INCOADAS PARA CORREGIR EL INCUMPLIMIENTO EN LA
COLABORACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO (680/000874).
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es del excelentísimo señor don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que se vienen adoptando y, en su caso, las
correcciones disciplinarias incoadas para corregir el incumplimiento en la colaboración de las Administraciones Públicas con el Defensor del Pueblo.
Tiene la palabra el senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, señor Ministro.
La pregunta, tal como ha sido formulada por la señora Presidenta, va encaminada a intentar paliar estos efectos nocivos, que también padecen algunas
administraciones públicas en sus relaciones con la institución del Defensor del Pueblo. Quiero recordar simplemente que el artículo 19 de la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, que regula la institución del Defensor del Pueblo, establece la
obligación de todos los poderes públicos a auxiliar con carácter preferente y urgente al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones. A su vez, el artículo 18.2 de la propia ley establece que la negativa o negligencia de funcionarios
o de sus superiores responsables respecto al envío del informe pericial solicitado podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo como hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndolo público en su informe anual, o especial en su caso, en las
Cortes Generales. Esto es lo que ha venido sucediendo en los dos últimos ejercicios, en los que incluso la institución del Defensor del Pueblo dedica un capítulo entero, con cerca de veinte páginas, pormenorizando con cierto detalle todas estas
administraciones públicas, instituciones y órganos que no han procedido a esta colaboración con el Defensor del Pueblo. De ahí que se le pregunte concretamente qué medidas vienen adoptándose y, en su caso, correcciones disciplinarias, si hubiere,
para solucionar este vicio o incumplimiento por parte de las administraciones públicas.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Capdevila.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Presidenta, aunque ya he tenido la ocasión de comparecer en esta Cámara en la Comisión correspondiente, en primer lugar quiero
expresar la satisfacción que me produce someterme por primera vez al control de los senadores como Ministro de Administraciones Públicas.
Señoría, tal como ha expresado usted muy bien, tiene que ser una obligación permanente de todas las
administraciones públicas incrementar su colaboración con el Defensor del Pueblo, si bien es cierto que las medidas disciplinarias o de otro orden que se puedan adoptar son precisamente responsabilidad del propio Defensor del Pueblo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Senador Capdevila, tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, eso ya lo sabíamos, pero ustedes tienen pleno conocimiento de esta relación de las administraciones que, no sólo en el último informe anual, sino en los
anteriores, han obstaculizado esta colaboración. Creo que el Gobierno tendría que adoptar las medidas necesarias para evitarlo porque la institución se está esforzando por tener una credibilidad en la ciudadanía española y, sin embargo, cuando
superen ciertos pormenores se encuentra con una pared, chocando la credibilidad con la efectividad de la propia institución.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero trasladar al senador Capdevila que comparto su preocupación.
En segundo lugar, como sabe muy bien, la
Administración General del Estado no puede adoptar medidas que afecten a las comunidades autónomas o a las administraciones locales.
En tercer lugar, sabe muy bien el senador, conforme a los artículos que nos ha citado de la Ley Orgánica que regula
el Defensor del Pueblo, que a éste le corresponden los procedimientos para instar el cumplimiento desde la calificación de hostilidad a la que ha hecho alusión en su primera intervención; segundo, al ejercicio de oficio de la acción contra
autoridades o funcionarios y, tercero, incluso a la instancia de la aplicación del Código Penal.
En consecuencia, tenemos que mejorar desde todas las administraciones públicas nuestra colaboración con el Defensor del Pueblo, pero en materia de
instancia de medidas concretas es éste el que interviene.
Asimismo, señoría, quiero señalarle que si analiza a fondo los informes del Defensor del Pueblo --nosotros lo hemos hecho, especialmente los últimos--, apreciará una calificación positiva en
términos globales de lo que significa la colaboración de las distintas administraciones. Y si podemos acudir a un dato porcentual, hay que señalar que de todas las quejas recibidas en el año2001 se han tratado 22.863, de las que tan sólo cinco no
han sido contestadas al tercer requerimiento en el ámbito de la Administración General del Estado. En el caso de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales han sido 50. No obstante, tanto en uno como en otro supuesto las cifras son
alentadoras en el sentido de poder mantener la calificación de positiva como la relación global.
De todas formas, señoría, le traslado que haremos todo lo que podamos para que cada día sea más ejemplar la relación de las administraciones con una
figura tan importante en una sociedad democrática, como lo es la del Defensor del Pueblo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO LA CREACION DE UN PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF) EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA (LAS PALMAS)
(680/000877).
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de doña Claudina Morales Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si tiene previsto el Gobierno la creación de un puesto de inspección fronterizo en la isla
de Fuerteventura.
Tiene la palabra la senadora Morales.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, le doy la bienvenida al plenario de este Senado.
Desde hace ya algunos años las diferentes administraciones de Canarias, tanto el Cabildo Insular de
Fuerteventura como el Gobierno de Canarias, han planteado al Estado la necesidad de la creación de puestos de inspección fronteriza en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.
Desde la entrada en la Unión Europea dichos puestos deben ser
propuestos por los Estados Miembros de la Unión Europea, puesto que ésta es la que autoriza definitivamente su creación si se cumplen los requisitos contemplados en la Directiva del Consejo, 90/675, de 10 de diciembre de 1990.
En contestación a una
pregunta escrita formulada por esta senadora se me informaba sobre los trámites administrativos necesarios para la implantación de los PIF. En concreto el 8 de marzo de 2002 se informaba que la Comisión Interministerial Porturaria tenía que emitir
antes del día 10 de marzo un informe al Ministerio de Administraciones Públicas como paso previo al dictamen final y que, en todo caso, permitiría proseguir con la tramitación si éste fuera favorable.
En estos momentos no sabemos cuál ha sido el
dictamen de la Comisión ni el trámite administrativo en el que actualmente se encuentra la creación del puesto de inspección fronteriza.
Por ello, le planteo si tiene previsto el Gobierno, una vez conocidos los informes, la creación de un puesto de
inspección fronteriza en la isla de Fuerteventura.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señora Presidenta.
Agradezco la pregunta de la señora senadora porque
no siempre se pueden dar buenas noticias, pero en este caso sí que es una buena noticia. La Comisión Interministerial Portuaria ya ha dado su visto bueno al proyecto de implantación del puesto de inspección fronteriza en Puerto del Rosario y, a
partir de ahí, estamos ya desarrollando todos los trámites que se consideran necesarios para la aprobación definitiva. Tenemos que hacer una comunicación a la delegación del Gobierno de Canarias; la Delegación del Gobierno de Canarias tiene que
trasladar al puerto esa comunicación para que se produzca el dictamen definitivo; después tenemos que hacer una dotación económica y una dotación de personal para ese puesto de inspección fronteriza; a continuación, nos tenemos que dirigir a la
Comisión Europea y, finalmente, el Colegio de Comisarios tiene que dar su aprobación definitiva al puesto de inspección fronteriza. Pero le quiero decir que voluntad política nítidamente existe en cuanto a
ese puesto de inspección fronteriza; los trámites administrativos están muy adelantados, y yo, desde luego, tendré el honor de informar a su señoría, aunque no me formule preguntas sobre este tema de todos los pasos que vayamos dando.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Senadora Morales tiene la palabra.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero agradecer, ¡cómo no!, la sensibilidad del Gobierno a este respecto porque Fuerteventura nos preocupa bastante y no me queda más que decir que esperamos que todos estos
trámites que ha nombrado ahora mismo se lleven con la mayor celeridad posible porque nos gustaría que Fuerteventura contara lo más rápidamente posible con este servicio que permitiría a las islas importar productos procedentes de terceros países sin
necesidad de que tengan que pasar por las islas capitalinas Gran Canarias y Tenerife, lo cual va a suponer, desde luego, un abaratamiento de los costes de los productos, así como el acceso a unos productos perecederos, a los que no tenemos
posibilidad de acceder en estos momentos.
Además de la información de la Isla de Fuerteventura, nuestros compañeros nos han preguntado también si tiene algún conocimiento de cómo están los trámites en La Palma y Lanzarote, y, si fuera posible, me
gustaría que nos informara en este trámite. Quiero agradecerle, como decía al principio, esta sensibilidad y esperaremos que todo esto se haga con la mayor celeridad para que Fuerteventura pueda contar con este servicio.
Muchas gracias, señora
Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señora Presidenta.
Esta tarde o mañana por la mañana le mandaremos la información relativa a las otras islas que no estaban contenidas en la pregunta.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, SOBRE LA VALORACION DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS CON RESPECTO A LA CREACION DE LA VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL (680/000893).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta de doña María Gema Díaz Villegas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Ministerio de Administraciones Públicas respecto a la creación de la ventanilla
única empresarial.
Tiene la palabra la senadora Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, también el Grupo Parlamentario Popular se alegra muchísimo de tenerle de nuevo en esta Cámara con nuevas responsabilidades.
Desde que en el año 1996 el Partido
Popular asumió responsabilidades de Gobierno, ha tenido y sigue teniendo permanentemente y como objetivo básico la consecución del pleno empleo. Desde este empeño el Gobierno de José María Aznar ha sido consciente de la necesidad de un entorno
favorable, en el que pueda desarrollarse este espíritu emprendedor de la sociedad española, y facilitar y fomentar así la actividad empresarial generadora de empleo. A lo largo de estos seis años se ha consolidado un escenario de economía saneada y
de estabilidad, que ha logrado obtener la confianza de los empresarios a la hora de invertir en la modernización y en la creación de nuevas empresas.
El Gobierno del Partido Popular ha desarrollado una política económica presupuestaria y fiscal,
favorecedora de mayor competitividad, de mayor inversión y generadora de puestos de trabajo, y ahí están, señorías, esos casi tres millones de nuevos puestos de trabajo y el incremento en casi cuatro millones de nuevos afiliados a la Seguridad
Social.
Además, a tal fin, en 1999 se puso en marcha la ventanilla única empresarial para dinamizar y facilitar la labor a los nuevos empresarios a la hora de realizar los diferentes trámites que condicionan el inicio de su actividad empresarial,
con el objetivo de agilizar y simplificar la burocracia y el papeleo, siendo posible realizar en un sólo lugar, en un solo espacio físico gestiones que corresponden a las distintas administraciones, central, autonómica y local, y esto es posible sin
duda apoyándose en la aplicación de las nuevas tecnologías.
Pensamos que estas facilidades han de animar a personas que estén valorando la posibilidad de crear una empresa, personas interesadas en la forma de poner en marcha un proyecto empresarial
y sin duda también pensamos que favorece la aparición de nuevas vocaciones empresariales.
Tras estas medidas que van en la línea del Gobierno de acercamiento de la Administración a los ciudadanos y transcurrido ya un tiempo desde su puesta en
marcha, señor Ministro, deseamos conocer cuál es la valoración que hace el Ministerio de Administraciones Públicas respecto a los resultados de la ventanilla única empresarial.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señora Presidenta.
Sé que no la sorprendo, senadora, si le digo que la valoración que hace nuestro Departamento es muy positiva. Cualquier esfuerzo de colaboración entre las administraciones pensando en los ciudadanos es positivo y, en este caso, como ha
señalado su señoría, se trata de un esfuerzo conjunto de la Administración General del Estado, de la Administración autonómica, de la Administración local, con el impulso del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
En segundo lugar, el hecho de
que las administraciones se pongan de acuerdo para afrontar algo básico para la creación de empleo, que es la primera preocupación de los ciudadanos, es un elemento positivo.
En tercer lugar, se está poniendo de manifiesto la eficacia del
instrumento porque en estos momentos las ventanillas únicas empresariales, que ya son 17 --hemos tenido la ocasión de inaugurar recientemente la de Zaragoza y la de Avila--, han recibido en torno a 40.000 consultas. A través de las ventanillas
únicas empresariales se han venido a crear 14.000 empleos y han sido 9.000 sociedades las que se han constituido.
Es un balance francamente positivo, teniendo en cuenta, señorías, que las ventanillas únicas empresariales empiezan a funcionar en el
año 1999. Y, sobre todo, estamos consiguiendo algo que es esencial: simplificar la burocracia para que un emprendedor pueda constituir su empresa, incluso que la ubicación física, utilizando todos los elementos de las nuevas tecnologías, se halle
en el mismo departamento --la Seguridad Social, la Agencia tributaria, la Administración local, la Administración autonómica-- está animando a muchos creadores de empleo a utilizar las ventanillas únicas empresariales.
Puesto que se ha revelado
como un instrumento eficaz, tengo la intención de que en esta legislatura puedan estar en marcha todas las ventanillas únicas empresariales en cada una de las provincias de España porque me parece que todo lo que sea eliminar burocracia --insisto--
para facilitar y permitir la creación de empleo es un paso extraordinariamente importante y que se está valorando muy bien por el conjunto de la sociedad.
Finalmente, señoría, le informo de que está muy avanzado el proyecto de la ventanilla única
virtual y que espero que el próximo día 10 de octubre podamos hacer efectiva esa presentación porque todos los días estamos hablando de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, y resulta absurdo no aplicar todas esas nuevas
tecnologías a técnicas que faciliten la creación de empleo y la creación de empresas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON PEDRO JOSE PEREZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO EN RELACION AL FENOMENO DEL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES LOCALES (680/000894.
La señora PRESIDENTA: Pregunta del
excelentísimo señor don Pedro José Pérez Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la valoración del Gobierno en relación al fenómeno del transfuguismo en las corporaciones locales.
Tiene la palabra el senador Pérez Ruiz.
El señor PEREZ RUIZ: Buenos días, señora Presidenta.
Señor Ministro, bienvenido nuevamente a esta su Casa para ejercer sus funciones de Ministro de Administraciones Públicas que tanto nos afectan a esta Cámara de representación territorial
y que para nosotros es importante.
Como bien sabe, señor Ministro, hay un fenómeno que desde el inicio de la democracia va creando un problema cada vez mayor en las corporaciones locales, pues resulta rota muchas veces la voluntad del pueblo debido
a las situaciones que personas que de una forma indigna, a veces de una forma poco catalogable, provocan en las corporaciones locales. Hablo del transfuguismo político.
Si nuestra Constitución da la representación a las personas elegidas dentro de
una formación política, realmente esa representación se rompe cuando los intereses bastardos, muchas veces económicos, otras veces inconfesables se producen en las corporaciones locales.
Por eso, este senador quiere saber qué opina el Gobierno, qué
valoración hace del fenómeno del transfuguismo en las corporaciones locales que está creando esa desazón en nuestros municipios sean de la ideología o del signo que sean. Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Publicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señora Presidenta.
Coincido con el señor senador en que hay determinadas conductas que, desde luego, no son un incentivo ni a la participación política ni
tampoco redundan en el prestigio de nuestra democracia a la que tenemos que mimar y cuidar todos los días. Hay una serie de conductas que se vienen calificando de transfuguismo político, que son bastante más usuales, aunque luego diré que el
balance es positivo en el ámbito de las corporaciones locales.
La primera cuestión a la que quiero contestarle es que ésta no es una decisión que afecte al Gobierno sólo ni al partido que tiene la mayoría, sino que ha de ser una colaboración
permanente del conjunto de las fuerzas políticas porque, al final, estamos hablando del prestigio de la democracia y eso nos afecta a todos exactamente por igual.
Sabe el señor senador que en el año 1998 se constituyó una Comisión por parte de
todos los partidos políticos de seguimiento al amparo de un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Precisamente en el día de hoy, dentro de unos minutos, celebraremos una Comisión de Seguimiento.
Yo creo que el balance que pueden presentar los
partidos políticos democráticos en este momento es un balance
alentador, porque fíjense sus señorías que desde que tuvimos elecciones municipales se han producido 153 mociones de censura. De esas 153 mociones de censura sólo 54 se pueden calificar como casos de transfuguismo, y esas 54 vienen a
representar un 0,64 del total de los municipios, de los más de 8.000 municipios que tenemos en España. Este es un asunto que siempre tiene un tratamiento informativo muy destacado en los medios de comunicación, pero que podamos decir que sólo hay
conductas de tránsfugas en un 0,64 del total de los municipios creo que es un balance positivo, si bien hay que advertir que la inmensa mayoría de estos casos se dan en municipios de menos de 5.000 habitantes, el 72 por ciento, cuestión a la que hay
que prestar especial atención.
Esta mañana quiero ofrecer alguna propuesta al resto de los grupos parlamentarios, quiero que analicemos si nos parece viable o no limitar la presentación de mociones de censura al segundo y tercer año del mandato, no
pudiéndose hacer en el primero y el cuarto año del mandato.
Si hay consenso lo sacaremos adelante, y quiero que estudiemos también la posibilidad de crear una nueva figura que sea la del concejal no adscrito porque en muchos casos, señorías, la
persona que ha sido protagonista de una conducta que puede calificarse como de tránsfuga, al final, por los avatares de los reglamentos municipales, termina beneficiándose en muchos términos de esa conducta que ha protagonizado y que ciertamente no
es una conducta ejemplar. Ambas cuestiones las sacaremos adelante si existe el mínimo consenso entre las principales fuerzas democráticas, y si en la reunión de hoy hay alguna propuesta de otra formación política, también la estudiaremos en
profundidad. Yo creo que no hay mal balance en este asunto, pero seguiremos estando muy pendientes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA JUSTIFICACION DEL GOBIERNO EN RELACION AL RETROCESO EXPERIMENTADO POR ESPAÑA EN EL INDICE DEL DESARROLLO HUMANO DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
RESPECTO AL AÑO 1995 (680/000870).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la justificación del Gobierno en relación al retroceso experimentado por España en el índice de desarrollo humano de
la Organización de Naciones Unidas.
Tiene la palabra el señor Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Ante todo, señora Ministra, quiero darle la enhorabuena y la bienvenida a esta Cámara.
El índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, como usted sabe, mide el progreso y
prosperidad de las naciones. Este índice es, por ahora, el más complejo, completo y fiable para reconocer la realidad socioeconómica de las diferentes naciones. En él se recogen las dimensiones sobre la longevidad, los conocimientos, los niveles
de vida y educación, los ingresos, el poder adquisitivo, la riqueza por habitante, etcétera.
España, en el año 1990, con datos del año 1987, ocupaba el puesto número 15 entre los países del mundo, según el índice, y en el informe realizado por la
ONU en el año 1995 sobre datos de los años 1992 y 1993, los españoles ocupábamos el noveno lugar entre los 173 países clasificados.
Los miles de datos que maneja el indicador de desarrollo humano se sintetizan en tres indicadores: esperanza de
vida al nacer, nivel de educación medio y producto interior bruto real por habitante. En el «ranking» de 1995 sólo de los países más grandes y potentes del planeta estaban por delante de España Canadá, Estados Unidos, Japón y Francia, quedando por
debajo Alemania, Reino Unido e Italia, que aunque son más ricos están peor situados globalmente en el índice indicado.
España, en estos análisis, participaba entre los primeros puestos del mundo y era considerada humana, social, cultural y
educativamente como uno de los países más desarrollados que había. Se puede hablar sin ningún rubor ni megalomanía de una España justa, humana y solidaria. Estábamos en una situación inmejorable para seguir avanzando. Pero, ¿qué ha ocurrido seis
años después? El informe del año 2002 de las Naciones Unidas, recientemente publicado, indica que España ocupa los últimos lugares de la Unión Europea. Después de ser en los años 1995/1996 el noveno país del mundo, según el índice de desarrollo
humano, de ser considerado el tercer mejor país para vivir o el séptimo en la libertad política y el decimotercero en el Estado de bienestar, de ser en 1996 la España con menos desigualdades de la historia, de tener la cuarta mejor tasa de
escolarización del mundo, de estar entre los diez países mejores culturalmente, de ser el séptimo país del mundo en producto interior bruto, de ser el octavo país con mejor producción industrial y el tercer país turístico internacional, hemos
llegado hoy, al cabo de seis años de Gobierno del Partido Popular, a ser el país donde el gasto de protección social ha disminuido 1,8 puntos sobre el PIB (datos de Eurostat), estando 7,6 puntos por debajo de la media europea comunitaria, siendo el
último país de los Quince en gasto de protección social por habitante.
En apoyo a las familias, España gasta 6,4 puntos menos que la media europea. España muestra hoy un peor reparto de la riqueza. Las diferencias entre ricos y pobres aumentan,
cuando antes éramos el país más igualitario de Europa. Hay 20 países más igualitarios que España. El 20 por ciento más rico de los españoles controla el 40 por ciento de la riqueza. El 10 por ciento de la población se considera que está en los
índices de la pobreza, al cobrar menos de la mitad del salario medio nacional. También somos uno de los países más inseguros de Europa.
En definitiva, de ser los novenos y mejor considerados del mundo en los años 1995 y 1996 según la ONU, hemos
bajado al puesto 21 en el «ranking» publicado recientemente. Las esperanzas y previsiones que se apuntaban hace seis años se han perdido.
El fracaso de la política del actual Gobierno es patente internacionalmente. La consideración que
teníamos como país en el mundo ha bajado y el resultado es que aquella España justa, humana y solidaria que Aznar recibió se ha quedado en la España insegura, desigual, injusta e insolidaria que hoy deja.
La señora PRESIDENTA: Senador Castro Rabadán, su tiempo ha concluido.
El señor CASTRO RABADAN: Por ello, señora Ministra, le formulo la pregunta en los términos ya expuestos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Gracias, señora Presidenta.
Quiero empezar diciendo que es para mí un honor comparecer hoy por primera vez ante el Senado.
Dicho esto, me permitirá el senador Castro
Rabadán que, ante esta avalancha de datos, de cifras, le recuerde que ha olvidado quizá la más significativa. Y la más significativa es que España en el año 2000 puntuó 0,913 en la serie histórica del Indice de Desarrollo Humano que usted ha
referido, cuando por primera vez hemos superado la escala del 0,800.
Concretamente, en el año 1995 --año de referencia que usted ha indicado varias veces--, España puntuaba el 0,895.
Las cifras --todos lo sabemos-- son los datos más engañosos. Se
pueden interpretar de una manera y de otra. Pero creo que este dato, que probablemente es el más relevante, puesto que es el dato concreto, es un complemento importante a los que el senador ha dado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA ESPAÑA FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) EN EL PERIODO
2003-2004 (680/000876).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la importancia que tiene para España formar parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas en el período 2003-2004.
Tiene la palabra el senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señora Ministra. Nuestro Grupo también le reiteramos la bienvenida.
Si mi información es correcta, ayer estuvo en el Congreso de los Diputados, por la tarde noche en
París, cenando con el Ministro de Asuntos Exteriores francés, y hoy está en el Senado. Indudablemente, le damos la enhorabuena por su capacidad por el esfuerzo que está realizando.
El próximo día 27 de septiembre van a ser elegidos los nuevos
miembros del Consejo de Seguridad para el bienio 2003-2004. Aunque no es oficialmente una candidatura, porque no son esos los modos y las formas del Consejo de Seguridad, es posible que España sea elegida como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad. Así, sería la cuarta vez que España pertenece a ese importantísimo organismo de las Naciones Unidas.
Por eso, la pregunta que le formulo concretamente es: ¿Qué importancia especial tendría para España en esta ocasión formar parte del
Consejo de Seguridad? Muchas gracias, señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señora Presidenta.
Podría contestarle resumiendo que lo importante es participar en el foro más notable que
existe en estos momentos en el mundo, en el que se debaten las cuestiones que nos afectan a todos y, sobre todo, al concierto internacional de naciones.
Sin lugar a dudas, el reto de fondo del siglo XXI es conseguir que las relaciones
internacionales se rijan por el Derecho y su sede natural es Naciones Unidas, cuyo órgano privilegiado es el Consejo de Seguridad.
Por tanto, la elección de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, que esperamos se confirme el
próximo día 27 de septiembre, ha sido una prioridad de la política exterior de los sucesivos gobiernos del Partido Popular; prioridad en la que el Gobierno del Partido Popular trabaja desde el año 1997 y que ha recogido su primer fruto en la
confirmación de nuestro grupo regional para formar parte de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.
Como sus señorías saben, además de los 5 miembros permanentes es importantísima la participación de los 10 miembros no permanentes,
participación que además incrementa su importancia habida cuenta de que hay dos miembros europeos con carácter permanente y que habrá otros dos, junto con España y Alemania, con carácter no permanente; de acuerdo con el Tratado de la Unión existe
un mecanismo de concertación entre todos ellos en aras de conseguir una proyección en el mundo de la Unión Europea en materia de política exterior.
Por ello, tenemos ese primer reto de los grandes conflictos, las grandes cuestiones que concitan la
atención del mundo pero, además, nuestra pertenencia al Consejo de Seguridad en el bienio 2003-2004 permitirá a España expresar de forma privilegiada los principios e intereses esenciales de nuestra política exterior y tomar en consideración las
cuestiones geográficas fundamentales de las que
viene ocupándose el propio Consejo, particularmente cuestiones africanas y mediterráneas a las que está dedicando una parte sustancial de su trabajo, por citar algunos de los expedientes más relevantes.
Existen igualmente numerosos comités
creados «ad hoc» para llevar a cabo el seguimiento de los regímenes de sanciones o de otras cuestiones concretas; así, España podrá seguir de cerca los trabajos en materia de lucha contra el terrorismo prioritariamente, en los que el Consejo se ha
mostrado particularmente activo, tras la histórica Resolución 1373 de 2001, que origina la creación del Comité contra el terrorismo. Se seguirán también con atención las cuestiones horizontales como prevención de conflictos, asuntos humanitarios, o
los debates generales sobre los cuestiones de desarrollo en la medida en que tienen influencia en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional.
Señora Presidenta, señorías, el Consejo desempeña otras importantes funciones como el
establecimiento y el seguimiento de relaciones de mantenimiento de la paz; esta función presenta particular interés para España pues somos cada vez más activos en estas operaciones a través de la participación de nuestras Fuerzas Armadas.
El
Consejo de Seguridad tiene también protagonismo en la creación y desarrollo de los tribunales penales internacionales de la antigua Yugoslavia y para Ruanda. Durante el próximo bienio...
La señora PRESIDENTA: Señora Ministra, ha consumido ya su tiempo.
Concrete.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Perdone, señora Presidenta.
Creo que lo puedo dejar aquí. Ya he visto que me he pasado de tiempo.
Perdóneme, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
El senador Ríos desea intervenir. Tiene la palabra.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
Mis primeras palabras son para solicitar a la señora Presidenta que permita volver a a contestar a la señora Ministra a algunas cuestiones que ahora voy a indicar.
Los acontecimientos
recientes matizan de forma especial la pregunta que he formulado, por los múltiples contenciosos abiertos en el mundo (el problema palestino, el efervescente Irak), y uno de ellos, la autodeterminación del Sahara Occidental, se resolverá casi con
seguridad dentro de los mandatos de estos dos años que corresponde a España en 2003 y 2004.
Como se sabe, el Consejo de Seguridad es el único órgano cuyos acuerdos son de obligado cumplimiento; lo demás son recomendaciones, aunque para el Estado
de Israel al parecer son siempre meras recomendaciones.
Este contencioso nos afecta directa y especialmente a la comunidad canaria y desde la perspectiva del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria deseamos toda clase de éxito para la
Presidencia de España en este Consejo de Seguridad y a la señora ministra en especial, con su deseo de diálogo, flexibilidad, paciencia y tenacidad que ya ha demostrado en su quehacer ministerial aunque lleve muy poco tiempo.
Específicamente
respecto a los problemas de la inestabilidad de la zona noroeste africana, de la que geográficamente el archipiélago canario forma parte, creemos que ya es hora de llevar a cabo una política activa después de la aberrante postura en la denominada
Marcha Verde y los veintisiete años de actitud pasiva.
Estamos de acuerdo con lo que manifestó usted ayer, señora ministra, en el Congreso, en el sentido de que es urgente la definición de las aguas de soberanía en el Atlántico, y nosotros creemos
que también la delimitación de las aguas del archipiélago canario.
Igualmente es urgente la intervención de la Unión Europea para resolver y disolver las mafias de la inmigración clandestina, y es una exigencia clamorosa, pues se están vulnerando
los derechos humanos más elementales.
Reitero el apoyo de Coalición Canaria para sus actividades en la zona que tengan como fin la paz, la justicia y la estabilidad, y hacemos voto de que sus esfuerzos se vean coronados por el éxito.
Muchas
gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Ministra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Ríos.
Su señoría sabe perfectamente que no puedo acceder a sus deseos. No en vano tuvo el honor de compartir tareas de la Mesa de la Cámara en la pasada legislatura.
--DE DOÑA ROSA MARIA POSADA CHAPADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DE LA POLITICA EXTERIOR ESPAÑOLA RESPECTO A IBEROAMERICA (680/000895).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, que fue formulada por la senadora doña Rosa Posada pero va a intervenir la senadora María José Solana Barras. La pregunta versa sobre las previsiones de la política exterior española
respecto a Iberoamérica.
Tiene la palabra la senadora Solana.
La señora SOLANA BARRAS: Gracias, señora Presidenta.
Señora ministra, señorías, Iberoamérica constituye un eje esencial de la política exterior de España como reflejo de un vínculo que se basa en una historia compartida, en una cultura, en
una lengua común y fundamentalmente en afectos. Pero además de ser una comunidad de afectos hoy somos también una comunidad de intereses; intereses derivados de importantes relaciones económicas, de un creciente intercambio cultural, así como de
un conocimiento mutuo de nuestras sociedades.
España está interesada en sustituir progresivamente un discurso, en ocasiones excesivamente retórico y carente de sentido práctico, por unas propuestas que permitan una política
de Estado hacia Iberoamérica, y esta Cámara, el Senado, es un reflejo de esa nueva perspectiva, pues en ella reside la única Comisión parlamentaria dedicada exclusivamente a los asuntos iberoamericanos.
Señora ministra, nuestra política
exterior ha estado definida por tres vocaciones: la europea, la iberoamericana y la africana. Usted en su intervención sobre la NEPAD en la Asamblea General de las Naciones Unidas ya ha mostrado su interés sobre el desarrollo económico de Africa.
Por ello, ahora le pregunto cuáles son las previsiones de la política exterior de España con respecto a Iberoamérica.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Senadora.
Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señora Presidenta.
Me va a permitir la señora senadora que empiece haciendo una puntualización. Yo no creo que en España podamos decir que tenemos una
vocación europea, africana e iberoamericana. Tenemos una pertenencia geopolítica al Mediterráneo y eso nos condiciona históricamente. Tenemos un ser europeos, pero realmente nuestra vocación es la vocación atlántica y, en particular,
iberoamericana.
Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo con la señora senadora en que esa comunidad de afectos es también una comunidad de intereses y que nuestra política tiene que responder a este criterio.
Ella ha señalado muy bien que la
política iberoamericana es una prioridad de la política exterior española y, en este sentido, es política de Estado, y yo entiendo que es y seguirá siendo una prioridad de nuestra política que, por cierto, se concretará de nuevo en la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el próximo mes de noviembre en la República Dominicana y que para nosotros, a partir de ese ser europeos, tiene hoy en día un reto muy particular en el fortalecimiento del diálogo
birregional Unión Europea-América Latina.
En particular, tras el éxito que ha supuesto el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Méjico, España se marcó como objetivo durante su Presidencia la conclusión del acuerdo con Chile. Este, que es
el acuerdo de asociación más amplio suscrito por la Unión Europea, se pudo rubricar durante la segunda Cumbre Unión Europea-América Latina, celebrada en Madrid durante los pasados días 17 y 18 de mayo. Por otro lado, es propósito del Gobierno
seguir trabajando de manera firme para impulsar las negociaciones con Mercosur y el resto de los grupos regionales, tal como se acordó en la Cumbre de Madrid de 18 de mayo de 2002, así como fortalecer en el más amplio sentido cultural, sociológico,
etcétera, los ámbitos de ese diálogo birregional.
En materia de cooperación, a la que también ha hecho referencia indirecta su señoría, y sobre la que versó mi intervención en el Foro NEPAD y posteriormente en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la política exterior de España defiende que no se puede penalizar en política de desarrollo a aquellos países llamados de rentas intermedias, calificación correspondiente a muchos países de América Latina, limitando la política de ayuda al
desarrollo a los llamados países más pobres. Porque esos países de renta intermedia, que están consolidando estructuras e instituciones y vertebrando la sociedad todavía están sujetos a los vaivenes de la economía global y además tienen grandísimas
bolsas de pobreza. Por tanto, la política exterior de España en el contexto de la Unión Europea consiste en apoyar decididamente que la política de cooperación al desarrollo tenga una distribución razonable, en la que se tome en cuenta a los
citados países de renta intermedia.
Este planteamiento es el mismo que se refleja en la ley recientemente aprobada en España, que recoge las grandes áreas, sobre las que me propongo dar algunos datos. Así, durante 2001...
La señora PRESIDENTA: Señora Ministra, debe concluir.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Otra vez me he excedido, señora Presidenta. Tengo que aprender a controlar mejor los tiempos. Le pido perdón.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON RAMON RODRIGUEZ ARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS LINEAS ESENCIALES DEL DISCURSO DE LA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) (680/000897).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Ramón Rodríguez Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas esenciales del discurso de la Ministra de Asuntos Exteriores ante la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Ares.
El señor RODRIGUEZ ARES: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, recientemente ha pronunciado usted un interesante discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dijo su señoría que el siglo XXI empezó el 11 de septiembre,
para acto seguido hablar del gran reto colectivo en las relaciones internacionales para conseguir los grandes objetivos de la paz, el imperio de la ley y el mantenimiento del orden internacional. Mencionó también la candidatura de nuestro país a un
puesto de miembro no permanente del Consejo de Seguridad. También habló del ataque a los derechos humanos en lo que a la violencia familiar
se refiere; de los retos derivados de las nuevas tecnologías en materia de biotecnología; de la erradicación de la pobreza allí donde se encuentre, y del problema que crea Irak incumpliendo las resoluciones de las Naciones Unidas. Y
respecto del Oriente Medio, decía la señora Ministra: ¿Cuántos muertos palestinos e israelíes y cuántas resoluciones internacionales necesitaremos todavía para que Palestina e Israel convivan como Estados de paz y respeto mutuo? También se ha
referido a nuestras relaciones con el Magreb y a la cuestión de Gibraltar, mencionando el intenso esfuerzo negociador con avances sustanciales hacia la solución.
¿Podría usted, señora Ministra, ampliarnos el contenido de los variados temas de su
discurso, es decir, facilitarnos las líneas esenciales de los mismos? Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Rodríguez Ares.
Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Gracias, señora presidenta.
Para evitar sobrepasar el tiempo reglamentario yo resumiría esa intervención en Naciones Unidas en dos ideas fuerza. Efectivamente entiendo,
como también el Gobierno y la política exterior del mismo, que el gran reto del siglo XXI comenzó el día 11 de septiembre de 2001 cuando el mundo toma conciencia de que el terrorismo es un problema de todos y de que sólo si lo abordamos con ese
carácter transnacional conseguiremos atajarlo. El terrorismo ha dejado de ser una cuestión de policía interna para convertirse en uno de los veneros importantes de la política internacional. Nuestro reto para el siglo XXI es dar a esa nueva
configuración de la comunidad de naciones un sustrato juridificado y judicializado. De ahí la importancia de iniciativas como el Tribunal Penal Internacional.
El otro eje de mi discurso, permítame que lo diga, señora presidenta, es la importancia
de la mujer en el siglo XXI. Si queremos atajar el gran problema que supone el subdesarrollo, la pobreza, tenemos que apostar de forma decidida por la mujer. Mejorar la condición de la mujer en términos generales, y en particular en las sociedades
más subdesarrolladas, no es sólo algo que nos viene dictado por razón de los derechos humanos más elementales, sino que probablemente es la mejor apuesta de inversión de futuro que sociológicamente podemos hacer.
Y éstos serían los dos ejes
fundamentales. Por supuesto he mencionado las crisis regionales, y lo hice con dos tonos diferentes. Así, por un lado están las que tienen un grado de complicación y que, además, debo decir que tras mi intervención en Naciones Unidas se han
complicado todavía más, como ocurre con aquélla a la que se refería su señoría, la crisis de Oriente Medio, y por otro, algunas otras que apuntan ciertos perfiles esperanzadores, y me refiero sobre todo a Africa. Así, en cuanto a Africa considero
que debemos tomar la iniciativa NEPAD como lo que es, la gran apuesta que hace Africa, desde Africa y por Africa; y cuando digo por Africa no me refiero a que ésta sea el objetivo, sino a Africa por los africanos. La iniciativa NEPAD --y me limito
a ello porque mi tiempo está finalizando-- plantea el protagonismo de los africanos para resolver sus problemas.
Evidentemente también abordé los grandes ejes de la política española y me referí a Iberoamérica. Además no podíamos dejar de hacer
alusión al Mediterráneo, y en particular al Magreb, a Ceuta y Melilla, dada la situación actual que venimos arrastrando con Marruecos, y por supuesto a Gibraltar.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI TIENE PREVISTO INTERVENIR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, PARA EVITAR QUE LOS PRECIOS DE LA LECHE EN ORIGEN CONTINUEN DESCENDIENDO
(680/000878).
La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del excelentísimo señor don Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si tiene previsto intervenir el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar que los
precios de la leche en origen continúen descendiendo.
Tiene la palabra el senador Quintana.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, usted conoce la importancia que el sector lácteo tiene para Galicia como sector estratégico dentro de nuestra comunidad, sector que ha sufrido en los últimos tiempos
diferentes avatares que han dificultado su desarrollo y su estabilidad. Ahora dicho sector tiene que enfrentar un nuevo problema con la bajada de los precios del producto en origen que, desde el mes de diciembre, se cifran entre siete y diez
pesetas por litro, lo que supone una reducción del 17 por ciento respecto del precio que el productor estaba recibiendo en diciembre del pasado año.
Por este motivo, señor Ministro, le preguntamos qué actuaciones tiene previstas su Ministerio, en
colaboración con la comunidad autónoma, para atajar y solucionar, en la medida de lo posible, esta situación.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Quintana.
Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
Como sabe perfectamente su señoría, los precios en el sector lácteo se establecen mediante libres acuerdos entre
compradores y productores, es una relación de libre mercado en la que el Gobierno no puede establecer precios fijos y conoce muy bien su señoría que la situación actual se debe a un exceso de oferta en el mercado comunitario de materias
primas.
El Gobierno es consciente de esa situación, pero nuestros datos son levemente distintos de los de su señoría. Desde comienzos de 2002, los precios que los primeros compradores pagan a los ganaderos han registrado una tendencia descendente,
con una pérdida cercana a las tres pesetas/litro, si tomamos como referencia el mes de diciembre del año 2001, ya que en las comparaciones son importantes los puntos de referencia. En 2001 se alcanzaron cotizaciones históricas, casi seis pesetas
por encima de los precios medios de 2000 y cuatro pesetas por encima de los precios de 1998, que a su vez fue el año en el que se registraron los precios más altos de la pasada década. Creemos que es pronto para saber cómo se van a comportar los
precios en los próximos meses. Según datos que tiene el Ministerio, habrá una estabilización en torno a las 47,50 pesetas litro, lo cual situaría el precio de la leche por encima de los niveles medios del año 2000. A lo largo de este año la media
se situaría en torno a las 47,50 pesetas/litro, nivel superior a la de los últimos diez años, a excepción de 1998, muy similar a la del actual y del precio del año 2001, un máximo histórico, como he comentado.
El Gobierno ya ha actuado, ha
convocado la interprofesión. Yo lamento que la interprofesión del sector lácteo no llegue a acuerdos, como los hay en otras interprofesiones de otros países que han sido capaces de actuar.
Les hemos convocado en dos ocasiones, pero además hemos
actuado en el ámbito de todas nuestras competencias. El organismo de intervención estatal ha comprado 22.000 toneladas de mantequilla y 3.500 de leche desnatada en polvo para apoyar los precios internos. Hemos puesto en marcha un plan integral
para implantar los sistemas de trazabilidad de la leche líquida que permita conocer los flujos de leche en nuestro país, permitiendo a los ganaderos conocer mejor el sistema de formación de precios para que haya más trasparencia en el sector. Hemos
puesto en marcha un proyecto para aumentar la calidad de la leche y, por otra parte, hemos trabajado en lo que es nuestra competencia: extremar los controles que se realizan sobre la aplicación del sistema de cuota láctea para reducir el riesgo de
fraude, aumentar la información al productor y simplificar el sistema.
Hasta el momento hemos remitido a los tribunales de justicia nueve informes de denuncia relativos a nueve compradores intermedios, ante la posible existencia de fraudes contra
el presupuesto de las comunidades europeas tipificados en el Código Penal. Estamos desarrollado un convenio con la Agencia Tributaria para intercambiar información y poder detectar aquellos supuestos de compradores intermedios que compran leche
fuera de cuota y llegar a la máxima colaboración entre organismos de intervención y la Agencia Tributaria. Y estamos, sobre todo, elaborando un proyecto para que todos los ganaderos tengan una tarjeta electrónica provista de un «chip» para hacer
unos seguimientos de entregas, con lo cual podremos completar el sistema de trazabilidad.
En definitiva, el seguimiento y trazabilidad de la leche, la lucha para mantener la defensa y la calidad con controles en grandes superficies y centros de
distribución, las denuncias ante el fiscal y la puesta en marcha de procedimientos de colaboración con la Agencia Tributaria son los sistemas de que dispone el Gobierno para que haya transparencia en el sector y que aquellos ganaderos que han hecho
un esfuerzo por modernizar sus explotaciones y tener cuota láctea no se vean afectados por bajadas de precio producidas por aquellos que están fuera de los circuitos tradicionales de producción y de formación de precios con transparencia.
Muchas
gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Quintana, tiene la palabra.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Debíamos tener siempre presente que las actuaciones tendentes a garantizar la calidad del producto no son incompatibles con actuaciones de la Administración para impedir que en la
práctica se instauren monopolios que controlan el precio de ese mismo producto, y a eso es a lo que se refiere hoy la pregunta y no tanto a lo que el ministro contestó amablemente.
Hay que tener en cuenta que en los últimos meses ha habido una
actitud homologada y coordinada entre diferentes empresas, que es lo que posibilita que el precio se estipule a la baja y los productores puedan contemplar estupefactos cómo cuando esa bajada en su producción llega hasta el 17 por ciento con
respecto a diciembre del año pasado, el producto en el mercado para el consumidor alcanza los precios más altos de los últimos 20 años.
Desde esa perspectiva, a nosotros nos parece que es necesario no sólo que se tramiten denuncias judiciales, sino
que la Administración, el Ministerio, en colaboración con la comunidad autónoma, atienda también a lo que son ya sentencias del tribunal de la competencia y actúe en consecuencia. No se trata de esperar a ver lo que ocurre, sino más bien estar
atentos a lo que las propias empresas dicen, y las empresas ya han anunciado a los productores una nueva bajada para el mes de diciembre, situación que haría muy difícil el sostenimiento de alguna explotación.
Es por eso que nosotros solicitamos
una acción decidida por parte de la Administración para intentar paliar este problema o solucionarlo si es posible.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Quintana.
Señor Ministro, no le queda tiempo, pero le daremos 20 segundos.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, Presidenta, porque me interesa mucho la pregunta y está muy bien planteada por el senador Quintana.
El Gobierno entiende que hay un exceso internacional de
oferta y por eso los productores, ante una oferta internacional en un mercado libre, anuncian este tema. No obstante,
vamos a analizar si hay concertación entre empresas para aplicación de precios y solicitaremos a los servicios de defensa de la competencia que hagan los estudios pertinentes.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE CABRERO PALOMARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO LLEVAR A CABO EL ACUERDO APROBADO POR LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, DE IMPULSAR LA COLABORACION NECESARIA
ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES Y ORGANIZACIONES AFECTADAS, PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) OLEICOLA (680/000879).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si tiene previsto el Gobierno llevar a cabo el acuerdo aprobado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de impulsar
la colaboración necesaria entre las distintas administraciones y organizaciones afectadas para actualizar el Sistema de Información Geográfica, SIG, Oleícola.
Tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.
El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, con esta iniciativa pretendemos obtener información suficiente por su parte que explique cómo está el proceso de verificación-resolución de los errores detectados en
el SIG oleícola antes de su homologación por parte de la Unión Europea, si los plazos que tiene previsto el Ministerio serán efectivamente los que en ese marco se resuelvan o si, por el contrario, tiene previsto una ampliación de dicho plazo, tal y
como están planteando todas las organizaciones agrarias, por las dificultades que hay en el proceso. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Señor Ministro, también queremos conocer la información dirigida a las garantías que
su Ministerio tiene previstas para que antes de la puesta en marcha definitivamente de los datos del SIG no haya problemas para el cobro de las ayudas comunitarias por parte de los oleicultores.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cabrero Palomares.
Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor Presidente.
Dando cumplimiento a la normativa comunitaria, España ha trabajado para la puesta el marcha de un Sistema de Información Geográfica
Oleícola, que es un mecanismo obligatorio para ajustar las declaraciones de cultivo a la realidad de la situación olivarera no sólo en España, sino en toda la Unión Europea.
Con fecha 13 de junio de 2001 el Ministerio de Agricultura ya aprobó una
orden ministerial donde recogía el procedimiento para la elaboración y las normas del SIG, dando entrada a organizaciones de productores y sus uniones así como a los servicios correspondientes de las comunidades autónomas. Hubo comunidades
autónomas que desde junio colaboraron con la Administración, no así la Administración autonómica andaluza, que sólo hasta junio de este año ha empezado a colaborar con la Administración.
En el mes de julio de 2001 ya firmamos convenios entre el
Ministerio y las organizaciones de productores y sus uniones para realizar los procesos de verificación, que se han desarrollado desde junio de 2001 hasta junio de 2002. Asimismo, los ministerios de Agricultura y de Hacienda tienen establecidos
mecanismos de coordinación para introducir modificaciones y revisiones catastrales periódicamente.
Desde el comienzo estamos trabajando desde la coordinación y pidiendo la colaboración de todos los agentes implicados y de las administraciones
autonómicas, incluso con anterioridad a la aprobación de la moción a que hace referencia su señoría.
El Ministerio ha dispuesto los medios técnicos, humanos y financieros para hacer este trabajo. Los medios técnicos han pasado por programas
informáticos de diverso tipo --en Andalucía 60 ordenadores y reproductores-- y se han impartido cursos de formación para manejar la información y para orientar. En cuanto a medio humanos, hemos destinado a este trabajo 548 personas, con técnicos
destacados durante todo este tiempo para asesorar y ayudar a las organizaciones de productores sobre el terreno. En cuanto a medios financieros, el coste que hemos puesto encima de la mesa ha sido de 55 millones de euros, de los cuales el FEOGA ha
aportado 30 millones de euros.
Señoría, se han incorporado al SIG nada menos que 200.000 modificaciones a otras tantas parcelas incluidas en él; o sea, de casi 900.000 parcelas oleícolas declaradas en Andalucía 200.000 tenían modificaciones.
El
proceso de verificación del SIG en Andalucía se dio por finalizado en el mes de mayo pasado, no obstante, a raíz de un nuevo cruce de datos con la Junta de Andalucía el volumen total de discordancias ascendía a 112.317, de las cuales, a fecha de
hoy, señoría, se han resuelto 66.240.
Es decir, vea usted el volumen de trabajo ingente: de 112.000 discordancias hemos resuelto 66.000 durante el verano; hay 41.710 que están en proceso de análisis, que finalizará el 30 de septiembre, y sólo
quedan pendientes de comprobación contradictoria 4.350.
Quiero destacar, señoría, que en la primera semana de agosto, es decir, totalmente fuera de plazo, la Junta de Andalucía suministró un nuevo fichero del que se deducen alrededor de 19.000
nuevas discrepancias más, hecho este
que ha obligado al Ministerio de Agricultura a remitir nuevas comunicaciones a los interesados para resolver esta tardía comunicación de discrepancias. No obstante ese volumen ingente, el Ministerio ha dedicado todos los medios materiales y
personales para que el próximo 15 de octubre se presente el SIG oleícola ante la Unión Europea para solicitar su homologación, la cual es fundamental si queremos que se puedan pagar las ayudas.
Tenga usted la seguridad de que en el Ministerio de
Agricultura hemos hecho y seguiremos haciendo todo lo necesario al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Agricultura.
Tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.
El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor Ministro.
Los datos que usted aporta efectivamente coinciden con la información que nosotros tenemos respecto de los errores detectados y de su grado de resolución. Todavía quedan muchas
reclamaciones por resolver y asimismo están pendientes una serie de procesos.
Usted está confirmando en esta sesión plenaria que el día 15 de octubre se presentará en Bruselas el SIG para que en el plazo previsto de un año se homologue, pero a
nosotros nos parece muy precipitado el que mantenga usted esa fecha para que se resuelvan todos los errores que aún quedan, incluidas las 19.000 nuevas discrepancias que ha enviado la Junta de Andalucía después de agosto, lo que se debe a la
complejidad de toda esta cuestión pero en ningún caso es imputable a los agricultores ni productores ya que los plazos han estado muy ajustados.
De todos modos, a la vista de cómo está usted está planteando el asunto, quiero que quede claro en esta
sesión plenaria que cuando lleguen las solicitudes de pagos de las ayudas comunitarias a los agricultores, no debería haber problemas derivados de la homologación por parte de la Unión Europea. Si usted quiere correr mucho para cumplir el plazo
previsto al objeto de evitar la sanción de la Unión Europea por la tardanza del Gobierno de España en la presentación del SIG, ése es un problema suyo, pero espero que de ahí no se deriven retrasos en el cobro por parte de los agricultores, retrasos
en la resolución de problemas relacionados con pagos solicitados con anterioridad o incluso impagos por problemas de los agricultores relacionados con declaraciones de cultivos y con los datos que se aporten en el Sistema de Información Geográfica.
Hay que tener mucho cuidado con todo eso; podemos encontrarnos con ese problema en la campaña 2003-2004, cuando entre en funcionamiento el nuevo SIG. Por eso queremos alertar desde aquí de esa situación. Sería conveniente estudiar la posible
ampliación del plazo que las asociaciones agrarias plantean.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Señor Ministro, ya ha consumido su tiempo pero le doy veinte segundos.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Señoría, el Gobierno tiene prisa
puesto que si no tenemos el SIG no se pagan las subvenciones. Si no cumplimos los trámites que exige la Unión Europea el problema lo tienen los agricultores. Por eso hemos puesto todos los medios materiales para cumplirlos. Debo decirle que cada
agricultor ha dispuesto de tres oportunidades a lo largo de dos años para corregir los errores, pero hay agricultores que no se han molestado en corregirlos, y tenemos toda esa información a su disposición. Si usted quiere, yo le organizo una
visita a Tragsatec, que es la compañía que está trabajando para el Gobierno en esa cuestión, y verá que hay agricultores que no contestan a los requerimientos. Ese es el problema.
Nosotros hemos hecho todo lo necesario para solucionarlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro.
--DE DON PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI PUEDE EL GOBIERNO ASEGURAR QUE LAS OBRAS HIDRAULICAS SE REALIZAN CON LAS DEBIDAS GARANTIAS DE RACIONALIDAD, EFICACIA Y SEGURIDAD (680/000887).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del Senador Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si puede el Gobierno asegura que las obras hidráulicas se realizan con las debidas garantías de racionalidad, eficacia
y seguridad.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, su respuesta no es creíble, y le voy a decir por qué.
Desde 1996 la administración hidráulica que usted dirige sufre un progresivo deterioro en su organización,
con graves pérdidas de medios personales y materiales para desarrollar la función y la labor que usted afirma que hay que hacer. Esa administración hidráulica se debate en la indefinición de sus competencias, en cuanto a supervisión de proyectos y
prescripción de los contratos de auditoría, con lo cual se facilita que se aprueben proyectos sin las garantías de racionalidad, de eficacia y de seguridad. Y esa administración hidráulica que usted dirige padece el vaciado de competencias en favor
de las sociedades estatales de agua, con lo cual, la gestión y el uso de fondos públicos deja de ser transparente.
El Gobierno del señor Aznar no sólo carece de una política de aguas moderna y estructurada, sino que además ha vaciado la
administración hidráulica de competencias y de medios, imposibilitando que ejerza la función de control, y en consecuencia ejecutando obras sin las garantías, insisto, de racionalidad, de seguridad y de eficacia. Y esto que le digo, no es una
apreciación personal; no es algo subjetivo; es algo que denuncian y afirman los técnicos adscritos a la Dirección General de Obras Hidráulicas de su Ministerio
en carta abierta de fecha 28 de junio, y esa carta usted la conoce, señor Ministro, porque usted ha demostrado su habilidad para conocer el correo de otros, (El señor Martínez Oblanca: ¡Haga el favor, hombre!) y, en consecuencia, señor
Ministro, (Rumores.) repito, su respuesta no es creíble.
Desde 1996 el Gobierno del señor Aznar desmantela la Dirección General de Obras Hidráulicas y las Comisarías de Aguas; impide, en consecuencia, que ejerzan la función de control que tienen
encomendada, y lo hace porque ustedes están empeñados en hacer que el agua sea un negocio. Y, señor Ministro, le voy a decir dos cosas, para terminar. Ese empeño mercantilista es incompatible con la función que una política de aguas moderna y
estructurada ha de cumplir, que no es otra sino la de equilibrar y cohesionar el territorio. Le digo más...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Termine, señoría.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Termino, señor Presidente, en un segundo.
Ese mismo empeño mercantilista puede inducir a actuaciones que rayen en lo delictivo. (Rumores.) Le recuerdo Santa Liestra, decrecimiento de Yesa, y el encausamiento
que tienen hoy un secretario general, un secretario de estado de aguas y un director general de la Dirección General de Obras Hidráulicas de su Departamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Rodríguez Cantero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, dejando de lado acusaciones que no demuestran más que su cobardía para hacerlas en público y en el lugar donde corresponda, (El señor Romero
Calero: ¡Más público que el Senado!), su cobardía, repito, (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) la ejecución y control de las obras lleva aparejada la redacción de proyectos por profesionales cualificados y competentes, y
estos proyectos y estas obras son sometidos, tal y como establece la legislación, a mecanismos de control y supervisión por parte de los técnicos de la Administración, que son profesionales cualificados, y yo creo que usted no debería poner en tela
de juicio esta cualificación y esta competencia, como ha hecho también de una forma velada, porque sigue sin atreverse a decirlo como procede. (El señor Rodríguez Cantero muestra un documento.) Las empresas que son seleccionadas para la ejecución
de las obras deben acreditar su capacidad y ofrecer las vías pertinentes. Además, la ejecución de las obras va acompañada de la correspondiente dirección, inspección y control. Y todos estos procesos, tal como establece la normativa vigente, están
sometidos a las prescripciones administrativas en materia de seguridad y a las prescripciones técnicas de cada tipo de obra. Esto es lo que se hace y lo que la ley establece y, naturalmente, toda la ampliación de medios que podamos llevar a cabo en
la Administración será bienvenida, pero yo creo que esto no es óbice para que usted se permita, insisto, poner en tela de juicio la cualificación de estos funcionarios y de todo este personal del Ministerio. Pero usted acostumbra a tirar la piedra
y esconder la mano, y yo le incito a que cambie de actitud.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
--DE DON JOKIN BILDARRATZ SORRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL EMBALSE DE IBIUR (GUIPUZCOA) Y EL CALENDARIO PREVISTO CON RESPECTO A LOS TRAMITES NECESARIOS PARA
EL COMIENZO DE LAS OBRAS (680/000888).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): La siguiente pregunta es del excelentísimo señor don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los planes del Gobierno en relación con el embalse de
Ibiur (Guipúzcoa) y el calendario previsto con respecto a los trámites necesarios para el comienzo de las obras.
Tiene la palabra el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor Presidente.
El objetivo de la pregunta es obtener la mayor información posible en torno al embalse de Ibiur, con lo cual doy por formulada la pregunta en sus justos términos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, usted recordará que el 6 de febrero pasado ya tuvimos ocasión de contestar a esta pregunta, y hoy aprovecho la ocasión para reiterarle un poco
la contestación. En aquel momento necesitábamos la ocupación de los terrenos para reiniciar este proceso. Es cierto que en estos momentos ya hemos recibido la documentación que acredita la conformidad de los ayuntamientos interesados en la
ejecución de las obras y, en consecuencia, ahora ya estamos procediendo a tramitar este proyecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
Tiene la palabra el Senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que no ha contestado a la pregunta. No voy a entrar en los antecedentes que rodean al proyecto ni a valorar la pregunta y la respuesta que obtuvimos el 6 de febrero, pero es una obra que debería estar terminada. Hoy es el día en que
el procedimiento administrativo parece que no ha comenzado, a pesar de que tenemos proyecto, existe presupuesto, tal como se dijo el 6 de febrero y, además, tenemos una importante necesidad. Nos preocupa verdaderamente el retraso de las obras
porque estimamos que deberían estar terminadas.
También voy a mencionar la pregunta que le hice al señor Secretario de Estado de Aguas y Costas el 28 de mayo en la Comisión de Medio Ambiente y la respuesta que me dio. Tal como usted ha dicho, ya
se enviaron por parte de los ayuntamientos al Ministerio las licencias pertinentes. Y como respuesta el Secretario de Estado me dijo: «Puesto que la obra tiene un coste superior a 2.000 millones de pesetas tendrá que pasar por el preceptivo
trámite de autorización para su licitación por parte del Consejo de Ministros, proceso que prevemos realizar a lo largo del mes de junio, e inmediatamente se remitirá al «Boletín Oficial del Estado» para su licitación. Si no ocurre nada, y no tiene
por qué ocurrir, lo razonable es que la construcción de la presa de Ibiur esté licitada antes del verano, es decir, a finales de junio.» Esto no se ha producido, cuando el Secretario de Estado dijo que si no ocurre nada y no tiene por qué ocurrir
--y parece que no ha ocurrido-- antes del verano la obra ya debiera estar licitada.
Me gustaría saber, por una parte, cuál es el calendario que prevén puesto que no se ha podido cumplir el que el señor Secretario de Estado nos transmitió y, por
otra, cuáles han sido las razones por las que el Gobierno no ha podido cumplir el calendario que en su momento anunció.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señor Presidente.
Creo que, efectivamente, sí han sucedido cosas. Comparto su criterio y nuestro deseo es que ya estuviese realizada, porque, exactamente igual que para todas
las demás obras que se incluyen en el Plan Hidrológico Nacional, defendemos que son obras que tienen que solucionar estos problemas.
¿Qué ha pasado? Hemos tenido un problema con los terrenos --usted lo sabe perfectamente-- y el hecho de tener que
contar con la conformidad de los ayuntamientos para la ocupación de los terrenos lógicamente nos ha retrasado. No era una responsabilidad nuestra pero tampoco es ningún consuelo. La obra no está hecha y nuestra voluntad es que ya estuviera
realizada. La ocupación de los terrenos por parte de las autoridades competentes es lo que ha retrasado este proceso.
El calendario es el mismo, incluso el mismo que el de febrero. Estamos tramitando ya el proyecto, muy pronto se va a proceder a
la licitación, una vez que ya se han solucionado --ahora sí definitivamente-- estos problemas de ocupación de los terrenos, y seguimos con el mismo calendario para que a mediados de 2003 aproximadamente, una vez que hayamos licitado el proyecto, se
puedan iniciar las obras.
Sinceramente, la voluntad de ejecutar este proyecto es una prioridad que compartimos absolutamente y, por tanto, una vez que se han solucionado estos problemas referentes a los terrenos, esperamos que se puedan resolver
estos trámites con la máxima celeridad posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
--DE DON JESUS FERNANDEZ LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LAS POBLACIONES DEL ALTO DUERO (680/00891).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Siguiente pregunta, de don Jesús Fernández López, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente en materia de saneamiento y depuración de las
poblaciones del Alto Duero.
Tiene la palabra el Senador Fernández López.
El señor FERNANDEZ LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, doy por formulada la pregunta en los mismos términos expuestos por el señor Presidente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el Ministerio de Medio Ambiente incluyó precisamente en el Plan Hidrológico Nacional las estaciones depuradoras y emisarios de las poblaciones
del alto Duero como la principal obra de saneamiento y depuración en la provincia de Soria, que tenía que ser declarada de interés general y, por lo tanto, llevada a cabo por la Administración.
El correspondiente anteproyecto para materializar
estas infraestructuras ha sido sometido ya a trámite de información pública y será resuelto en las próximas semanas para su aprobación definitiva y para su licitación.
Las obras consisten en la construcción o mejora de estaciones depuradoras de
aguas residuales y emisarios en seis núcleos de población del alto Duero, aguas arriba del embalse de la Cuerda del Pozo. Comprende las poblaciones de Vinuesa, Covaleda, Turuelo, Abejar, Salduero y Molinos de Duero, con una población de 22.500
personas, y supone casi nueve millones de euros, unos 1.500 millones de pesetas.
Una vez que se ha resuelto el expediente de información pública y se han realizado los trámites de aprobación y licitación del proyecto, se prevé que las obras puedan iniciarse en el segundo semestre del próximo año, con una duración de unos
18 meses y, posteriormente, 12 meses de período de pruebas de funcionamiento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
Tiene la palabra el senador Fernández López.
El señor FERNANDEZ LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde luego, yo no voy a poner en duda sus palabras, señor Ministro, ni voy a decir que sus manifestaciones son falsas; esté usted tranquilo. Lo que sí voy a hacer es darle las
gracias por toda la explicación que nos ha expuesto sobre las obras a realizar en ese tramo del alto Duero dentro de la Comunidad de Castilla y León, así como animar al Ministro y, por consiguiente, al Ministerio en ese esfuerzo inversor que está
haciendo en la depuración de las aguas de este río, rogándole también que este mismo esfuerzo se traslade a todos los ríos de España y especialmente del alto Ebro, que es la zona que a mí me toca más directamente.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
--DE DON JOSE MANUEL RUIZ RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA SITUACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ANEXO DE INVERSIONES DEL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL (PHN) EN MATERIA DE DESALACION (680/000892).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Siguiente pregunta, de don José Manuel Ruiz Rivero, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación de las actuaciones previstas en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico
Nacional en materia de desalación.
Tiene la palabra el Senador Ruiz Rivero.
El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, antes de dar por formulada la pregunta en sus justos términos, quisiera expresar dos reflexiones que creo que son importantes y que además justifican la pregunta que
se realiza.
La primera es que nace del obligado cumplimiento que tenemos los senadores de conocer en todo momento el grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en aspectos tan relevantes como los que afectan directamente al
bienestar de nuestros ciudadanos, como puede ser --supongo que nadie lo dudará-- el suministro de agua potable.
Segundo, y lejos del acaloramiento del debate político producido en esta Cámara con ocasión de la aprobación del Plan Hidrológico
Nacional en junio del año pasado, quiero destacar nuevamente el valor estratégico tan importante de esas plantas desalinizadoras.
Señor Ministro, me alegró coincidir con usted cuando afirmaba de manera absolutamente contundente que esas obras que
se construirán van a dotar de 450 hectómetros cúbicos de agua potable a la costa del Mediterráneo en nuestro país.
No tengo otra opción, señor Ministro, que pedirle que siga en ese camino abierto con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, y
se lo dice quien no ve otra alternativa a la solución definitiva de aportación de agua potable a comunidades insulares, como puede ser la mía o la del archipiélago canario.
Muy al contrario de aquellos que intentaron demonizar dicho Plan,
justamente por incorporar en su plan de inversiones instalaciones de este estilo, ya nadie parece dudar, afortunadamente, de la virtudes y bondades de esas infraestructuras.
Por tanto, señor Ministro, y agradeciéndole de antemano su respuesta, que
será del todo tranquilizadora para este senador y para la totalidad de la ciudadanía, doy por formulada la pregunta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidente.
Señoría, el Plan Hidrológico Nacional en las zonas en las que resulta estrictamente necesario contempla el aprovechamiento del agua procedente de la
desalinización, como recurso básico o como complemento de otros recursos obtenidos.
Por tanto, en el anexo se recoge el conjunto de inversiones más importantes de infraestructuras de desalinización realizadas en España, principalmente en las zonas
estructuralmente deficitarias, como la provincia de Almería, en el ámbito de la Confederación del Sur, determinadas zonas de Murcia y Alicante y de las cuencas internas de Cataluña, archipiélagos de Baleares, Canarias y en la ciudad de Melilla.
Se
ha construido en Almería --y se sigue construyendo-- la desaladora más importante de Europa, con un capacidad de 120.000 metros día, ampliable a 240.000, con una inversión de 90 millones de euros, 15.000 millones de pesetas y, además, se contempla
otra en el Campo de Dalías.
En Murcia y Alicante, así como en determinadas zonas de Cataluña, se han previsto diversos proyectos con una inversión de alrededor de 420 millones de euros, aproximadamente 70.000 millones de pesetas.
En Las Palmas de
Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, donde el agua desalada es un recurso básico, se están llevando a cabo inversiones por 115 millones de euros, 19.000 millones de pesetas, y otros proyectos se encuentran en tramitación.
En Melilla se está tramitando el proyecto de construcción y explotación de la desalinizadora, con una inversión de 19 millones de euros, 3.200 millones de pesetas. Y en la islas Baleares, donde el agua desalada supone un complemento
necesario a los recursos procedentes de otras fuentes, se han previsto inversiones en el Plan Hidrológico Nacional por 100 millones de euros, 16.500 millones de pesetas, algunas de las cuales ya se encuentran en proceso de tramitación administrativa
y ambiental.
Por tanto, en estos momentos prácticamente el 40 por ciento de las inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional en materia de desalinización ya están en marcha, ya están en fase de ejecución.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
--DE DOÑA INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO REALIZAR UN DEBATE PREVIO EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE CALIDAD Y COORDINACION SANITARIA (680/000875).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): La siguiente pregunta es de la excelentísima señora doña Inmaculada Loroño Ormaechea, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre si piensa el Gobierno realizar un debate previo
en relación con el proyecto de ley de calidad coordinación sanitaria.
Tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero iniciar mi intervención dando la bienvenida a la señora Ministra en su primera intervención en esta Cámara y voy a dar por formulada la pregunta en los
términos expuestos desde la Presidencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, me van a permitir que en mi primera intervención en una sesión de control al Gobierno les transmita mi permanente disposición para
responder a cuantas cuestiones consideren todos ustedes de interés en el ánimo de ofrecerles la información del Departamento que dirijo.
Respecto a la pregunta de la senadora Loroño Ormaechea, presentada el día 19 de septiembre, quiero contestarle,
en primer lugar, que esta pregunta se realizó justo al día siguiente de mi intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. En esa mi primera intervención ya tuve oportunidad de compartir la disposición del Ministerio hacia una
continua búsqueda del consenso en todas las iniciativas legislativas que pongamos en marcha. Este grupo y el Gobierno, como sabe por experiencias recientes como son las proposiciones tanto de la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y
de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, como la resolución del problema de consolidación de empleo de todo el personal estatutario del sistema nacional de salud, ha dado muestras de apoyo y, sobre todo, de
consenso entre todos los grupos.
Entendemos la coordinación, señoría, como un instrumento mediante el cual el protagonismo que hoy tienen las comunidades autónomas en la configuración de las políticas públicas que afectan al conjunto de los
ciudadanos se acompañe de una mayor presencia y participación de las mismas en la adopción de decisiones que afecten a todos los niveles territoriales.
Desde el inicio de mi mandato he intensificado la colaboración institucional, reuniéndome con
los consejeros de todas las comunidades y he tomado buena nota de sus comentarios concernientes al desarrollo del sistema nacional de salud y de la política de coordinación.
En mi comparecencia del día 18 tuve la oportunidad de dar cuenta
exhaustiva de las líneas generales de actuación del Ministerio de Sanidad hasta el final de la legislatura, en concreto describí un total de 13 actuaciones prioritarias; la primera actuación que nos hemos marcado como objetivo prioritario es la
presentación antes de final de año de la ley de calidad y coordinación sanitaria. Como afirmé ante la Comisión, y con ello respondo a la pregunta que formula su señoría, la ley tiene que unir esfuerzos y voluntades en la consecución de objetivos
comunes que nos interesan a todos. Con este fin también son múltiples los encuentros efectuados con los agentes sociales, y sus recomendaciones son siempre tenidas en cuenta por este Ministerio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señora Ministra de Sanidad y Consumo.
En turno de réplica, tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a la señora Ministra su respuesta, pero la formulación de la pregunta de mi grupo no se hizo sólo en base a su comparecencia en el Congreso, el
pasado día 18 de septiembre, en la que, como bien ha dicho usted misma, anunció que remitiría la ley al Congreso antes de finalizar este año y que para su aprobación desde luego buscaría el mayor consenso posible. También esbozó los ejes
principales de dicha ley, centrándose en el desarrollo de prestaciones sanitarias, en el sistema de información y en las actuaciones en materia de calidad, dado que ésos iban a ser los ejes principales de la ley.
Pero, señora Ministra, si
formulamos la pregunta es porque entendemos que todas estas cuestiones ya son desarrolladas en estos momentos y de forma positiva por las
comunidades autónomas en el ejercicio de la competencia que ostentan en materia sanitaria. No estamos en contra de la coordinación; la coordinación es del todo necesaria y es efectiva incluso, dado que en estos momentos las comunidades
autónomas ya han venido coordinándose entre sí y con la administración del Estado de forma satisfactoria, y han ejercido para ello herramientas básicas, como son la voluntad junto con el diálogo, que han conducido a consensos muy positivos.
Desde
la discrepancia respetuosa que este grupo mantiene con respecto a la necesidad de coordinar por ley y reconociendo así mismo que el artículo 149.1.16 de la Constitución otorga al Estado la materia exclusiva en bases y coordinación general sanitaria,
discrepamos de las formas en que se puede hacer uso de esta competencia, máxime si su ejercicio se limita y delimita el ejercicio de la competencia por parte de las comunidades autónomas.
Señora Ministra, creemos que el Ministerio juega en estos
momentos un papel importante como aglutinador de esfuerzos, conciliador de intereses, colaborador y cooperador de las comunidades autónomas y para con las comunidades autónomas y como fomentador e impulsor de la misma.
Puede coordinar sin necesidad
de una ley. Debe hacer avanzar hacia las mismas cotas y niveles asistenciales en sanidad a aquellas comunidades autónomas que más dificultades tengan, prestándoles apoyo y colaboración y fomentando el intercambio de experiencias positivas entre
comunidades autónomas a través de una cooperación fluida, abierta y estable, que es la esencia misma de un Estado de autonomías.
Hace falta que el Gobierno dialogue más y tenga voluntad para alcanzar acuerdos y consensos. Voy a concluir, señora
Ministra, porque se me acaba el tiempo, planteándole en concreto una serie de cuestiones.
¿Va a haber posibilidad de conocer y debatir la tan anunciada Ley antes de su aprobación por el Consejo de Ministros para su posterior remisión a las Cortes
Generales? ¿Se va a tener en cuenta a las comunidades autónomas y se va a establecer un mecanismo y plazo para que puedan hacer sus aportaciones, sugerencias y alegaciones previas a la ley? ¿Qué papel va a desempeñar el Consejo Interterritorial de
Salud? Concluyo, señor Presidente, brevemente. ¿Se va a tener en cuenta a los grupos parlamentarios y a esta Cámara como Cámara de representación territorial? ¿De qué forma? ¿En qué momento? Máxime teniendo en cuenta que el Grupo Parlamentario
Popular recientemente rechazó una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a este respecto y enmendada desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señoría.
Me gustan sus palabras, señoría. Usted ha hablado del 149.1 que refleja claramente de qué estamos hablando. Estamos hablando de un debate que si, me lo
permite, comenzó ya hace muchos años. El debate de la coordinación está abierto desde que en el año 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad y se ha reanudado en este momento con vigor. Le agradezco a su señoría que ustedes desde su grupo quieran
que se aglutinen esfuerzos.
No le quepa la menor duda a su señoría de que estamos para eso, para aglutinar esfuerzos. El Sistema Nacional de Salud es uno de los bienes más preciados por todos los ciudadanos de nuestro país.
El otro día decía en
mi comparecencia en el Congreso que el Sistema Nacional de Salud refleja nuestros valores, los valores de los españoles, nuestro interés por mejorar los resultados en salud --que es a lo que nos dedicamos todos--, la equidad y la cohesión social
como bien fundamental, nuestra defensa de la diversidad y nuestra determinación para crear oportunidades a todos los ciudadanos.
Eso, señoría, sólo lo lograremos desde el consenso porque sólo desde el consenso y desde los acuerdos uno refuerza los
principios y los valores de todos los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señora Ministra de Sanidad y Consumo.
--DE DOÑA ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI TIENE CONOCIMIENTO EL GOBIERNO DEL INCREMENTO DE VENTA DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO (680/000884).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Siguiente pregunta de doña Antonia Aránega Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene conocimiento el Gobierno del incremento de venta de la hormona de crecimiento.
Tiene la palabra
la Senadora Aránega Jiménez.
La señora ARANEGA JIMENEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero darle la bienvenida a esta Cámara y desearle éxito en la gestión social de su Ministerio. Doy por formulada la pregunta en los términos que ha expresado el Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señoría, por sus palabras. En primer lugar, me gustaría, si me lo permiten y de una forma rápida, hacer una serie de consideraciones
previas antes de entrar en el fondo de la cuestión.
Los medicamentos que contienen somatotropina se utilizan para el tratamiento de los niños con deficiencia de crecimiento debido a una secreción inadecuada de la hormona GH y en el tratamiento de adultos con deficiencia marcada de esta
hormona.
La inclusión de las especialidades farmacéuticas --como sus señorías conocen-- en un régimen determinado de prescripción es competencia de la Agencia Española del Medicamento, que en este caso ha elegido un régimen restrictivo,
precisamente el régimen de diagnóstico hospitalario que requiere, además de la receta, un visado de inspección.
Por lo tanto, para comenzar un tratamiento con una especialidad farmacéutica que contenga somatotropina se requiere el informe detallado
de un especialista en endocrinología.
Asimismo, la prescripción de estas especialidades requiere el cumplimiento de ciertos trámites previos que aseguran y refuerzan el principio de fiabilidad en su prescripción. Existen en las comunidades
autónomas, como conocen, comités de expertos de hormona del crecimiento, que se encargan de valorar los informes de especialistas de acuerdo con los criterios de uso racional de somatotropina. El Comité de la hormona del crecimiento, procedente del
antiguo Insalud, sigue evaluando las prescripciones de todas las comunidades que todavía, por cierto, no tienen creado este comité. Gracias a estos dos órganos puedo asegurarles que disponemos de un sistema garantista en la prescripción de la
somatotropina.
A continuación me voy a referir, señorías, de forma muy breve a la cuantificación. En el año 1997 se vendieron con cargo a la Seguridad Social 82.462 envases por un importe de 6.168 millones de pesetas. Si nos fijamos en el número
de envases, se produjo un aumento del 7 por ciento en 1999; del 18 por ciento, en el 2000, y de un 3,13 por ciento en el 2001. Sin embargo, en cuanto al importe la tendencia es distinta. En 1998 se produce un aumento de 5,78 y se alcanzan los
6.500 millones de pesetas; en 1999, con un 3,98, se consigue una disminución, y en el 2001 es de un 3,16. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los crecimientos en el consumo de 1998 y de 1999 se deben a la autorización de la identificación terapéutica
para adultos, que comenzó a ser efectiva a partir de septiembre de 1997, pero la contención real del consumo que se inicia ya en 1999 se explica por el ajuste en la venta hacia envases de menor precio y de menor formato, a mi juicio y a juicio del
informe detallado que me han elaborado.
Podemos, por tanto, concluir que el programa de control que decidió la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 1999, conjuntamente con el trabajo de las inspecciones
de las comunidades autónomas, y sin duda la toma en conciencia de los médicos han llevado a un uso racional de la hormona del crecimiento dentro del Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Gracias, señora Ministra de Sanidad y Consumo.
Tiene la palabra la senadora Aránega Jiménez.
La señora ARANEGA JIMENEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, su respuesta no abarca
todos los conceptos en los que incluía mi pregunta y la formulé en su momento porque, evidentemente, la prescripción de la hormona del crecimiento está indicada fundamentalmente en niños con trastornos del crecimiento. Ahora bien, actualmente su
venta se están incrementando de una forma exponencial porque también se utiliza incorrectamente en el culturismo para incrementar la masa muscular y en estética para retrasar los procesos de envejecimiento. Esta venta, para mayor preocupación
ciudadana, se está realizando no sólo en farmacias sino en el mercado negro y en Internet. Muchas de estas hormonas son importadas ilegalmente, también se adquiere en algunos gimnasios y, según los farmacéuticos, se están detectando numerosas
recetas falsas incluso visadas. Pero de esta venta indiscriminada, la más preocupante es la que se está produciendo en las páginas de la red por su facilidad, convirtiéndose en un problema que yo quiero denunciar y que su Ministerio debe
solucionar.
Señorías, la vigorexia es una patología cuyo incremento es preocupante y básicamente se constituye en un culto enfermizo al cuerpo que afecta a aquellos adictos a la musculación que hacen del gimnasio su casa y del aspecto fornido su
meta sin límites. Es el reverso de la anorexia nerviosa, con la especificidad de que ella, la vigorexia, afecta fundamentalmente a varones, y en nuestro país, desgraciadamente, a adolescentes. El problema se agrava porque este compulsivo deseo de
un musculoso aspecto físico lo consiguen no sólo dedicando al gimnasio seis horas de media al día, sino con policonsumo de fármacos, con preferencia de la hormona del crecimiento, y ese cóctel molotov lo unen a los anabolizantes.
Se estima que en
nuestro país esta patología afecta a más de 70.000 personas. El pasado mes de mayo ya la Comisión Europea advirtió del dopaje con estos fármacos en el culturismo, y en otros países de nuestro entorno, como son Bélgica, Alemania, e incluso Portugal,
se han preocupado por el tema y han detectado que entre el 6 y el 10 por ciento de los adictos o de las personas que frecuentan el gimnasio manifiestan públicamente que consumen la hormona del crecimiento.
Señorías, usted sabe que los científicos
vienen advirtiendo a la sociedad y a los dirigentes políticos de los trastornos tan adversos y las consecuencias tan desfavorables que tiene concretamente el uso indiscriminado de la hormona del crecimiento.
Señorías, por ello, en nombre de mi
grupo parlamentario, manifiesto nuestra preocupación por este problema social que no se limita sólo a unos profesionales. Los datos están ahí, hablan del incremento del consumo de la hormona y la venta incontrolada.
En nuestro país existen
multitud de páginas en la red mediante las cuales se puede obtener libremente esta hormona del crecimiento. ¿Sabe usted cuántas? ¿Qué piensa hacer al respecto? Actuemos pronto e instalémonos en el debate del sentido común para evitar lo que está
sucediendo con la anorexia y la bulimia...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Señora Ministra, no le queda tiempo. Tiene su señoría veinte segundos.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Gracias, señor Presidente.
Voy a procurar contestar en veinte segundos. Señoría, la hormona del crecimiento es un medicamento esperanzador que posiblemente demuestre eficacia en el
futuro en nuevas situaciones clínicas, como usted bien sabe, como la caquexia severa, los procesos oncológicos o el sida.
Continuamos investigando.
El uso de la hormona por deportistas para la mejora de su rendimiento no está autorizado porque
acarrea riesgos serios contra la salud de las personas. Por ello, la Administración central mantiene el régimen más estricto de prescripción, como ya le he indicado. Asimismo, es bueno recordar que las tareas de control e inspección de asistencia
sanitaria, tanto de la prescripción médica como de la prestación farmacéutica, son competencia de las comunidades autónomas. Serán los inspectores de las diferentes comunidades autónomas los responsables de la labor de vigilancia y supervisión.
Señoría, en conclusión, los datos justifican nuestra gestión ya que no se puede decir que se esté produciendo en el marco del sistema sanitario público un incremento de la hormona del crecimiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señora Ministra.
--DE DON RAMON ESPASA I OLIVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO ACTUALIZAR LAS NORMAS DE REPRODUCCION ASISTIDA PARA ADECUARLAS A LAS POSIBILIDADES QUE PERMITEN LOS AVANCES DE LAS TECNICAS DE
CONGELACION (680/000889).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Siguiente pregunta, del excelentísimo señor don Ramón Espasa i Oliver, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si piensa el Gobierno actualizar las normas de reproducción asistida
para adecuarlas a las posibilidades que permiten los avances de las técnicas de congelación.
Tiene la palabra el senador Espasa i Oliver.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor Presidente. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Señora Ministra, naturalmente, como representante de mi grupo, quiero darle la bienvenida a esta su primera comparecencia en el Senado.
Dando por formulada mi pregunta quiero hacer una consideración previa.
Usted ha afirmado hace muy pocos días en el Congreso de los Diputados que no modificar las leyes de reproducción asistida no planteaba problemas jurídicos ni éticos. Señora
Ministra, como le demostraré después de escuchar sus fundados argumentos, es falso; es falso jurídicamente, es falso éticamente y es falso en el plano de la ciencia; además, puede hacer verdad aquel aforismo romano del «summum ius, summa iniuria».
Pero, en definitiva, espero sus argumentos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señoría, por sus palabras. En primer lugar, me gustaría recordar mis palabras, y paso rápidamente a contestarle, que son exactamente:
justificaciones científicas, jurídicas y éticas.
Señoría, contestando a su pregunta, he de decir que la Ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida, como usted conoce, constituyó una valiosa aportación para el desarrollo de estas técnicas
en nuestro país.
Sin embargo, le quiero destacar que fue el Gobierno del Partido Popular, tras el silencio guardado durante la época del Gobierno socialista, el que en el año 1997 la desarrolló, creando mediante real decreto la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida.
En coordinación con esta Comisión, el Ministerio de Sanidad y Consumo está estudiando en profundidad la oportunidad y el calado de la modificación de la normativa sobre reproducción asistida. A esta Comisión de
carácter multidisciplinar le corresponde asesorar al Gobierno y a las administraciones competentes, no sólo acerca de la definición de los límites éticos de la investigación y aplicación de estas técnicas a la luz de los avances científicos
contemplados desde el pluralismo social sino que, además, señoría, se pronuncia sobre la mejor utilización de las técnicas de reproducción asistida y su adecuación a las necesidades de nuestra sociedad.
No sé si sus señorías conocen la composición
de la Comisión. En todo caso, por si cupiera alguna duda de su capacidad y nivel técnico a la hora de pronunciarse sobre esta cuestión tan delicada, les recordaré que forman parte de dicha Comisión las comunidades autónomas, las sociedades
científicas, bioética médica, representada, y la de ginecología. En ellas están presentes además personas con conocimientos sobre aspectos éticos, sociales, jurídicos, designados por el Consejo General del Poder Judicial; los consumidores y
usuarios; asociaciones, etcétera.
Perdonen que me haya extendido, mi pretensión no es otra que hacerles ver que el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la actitud responsable de quien debe velar por el interés general y la salud de nuestros
ciudadanos, antes de sacar a la luz cualquier proyecto de modificación normativa está recabando a los sectores implicados toda la información necesaria para adoptar las mejores conclusiones, que serán las más adecuadas para los ciudadanos, no le
quepa la menor duda.
Señoría, en último término, el Gobierno está previendo --así lo ha presentado a la Comisión de Reproducción Asistida en su reunión de julio-- un borrador de real decreto en este sentido.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señora Ministra.
Usted ha dicho, leyendo informe que le han preparado, no contestando usted misma, lo que en el Ministerio quieren que diga.
Claro que conocemos la composición de la Comisión Nacional de
Reproducción Asistida, y usted como yo sabemos que en 1998, hace cuatro años, ya proponía que se modificase la normativa para que se pudiesen utilizar los óvulos congelados. Señora Ministra, cuatro años. No es responsabilidad suya, sí del
Ministerio y de su Gobierno.
El Gobierno del Partido Popular no tolera ni respeta la propia pluralidad social que sí produjo en la composición de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Es verdad, es una Comisión plural, pero ustedes no
hacen nada de lo que dice la Comisión.
¿El informe de 1998? En el cajón. ¿El informe de 2001? En el cajón. Y mientras tanto ya ha nacido un niño en España de un óvulo congelado.
¿Qué vamos a hacer? ¿Mandar a la policía? ¿Proponer una sanción
económica a la clínica que ha infringido la ley? Quien tiene la responsabilidad de adecuar las leyes al progreso jurídico, al progreso ético y al progreso científico de la realidad social de nuestro país es usted ahora, es su Gobierno, es su
partido que tiene la mayoría absoluta en este país.
Y ustedes no hacen esto, hacen como la mujer de Lot, miran para atrás y se quedan en estatua de sal. Ustedes están congelados legislativamente en materia de reproducción asistida. Lo último que
se hizo en España fue en 1988, ustedes crearon la Comisión, les felicito por ello, pero después no han hecho nada más, están tan congelados como los óvulos que no quieren descongelar.
Señora ministra, señores del Partido Popular, de tanto mirar
para atrás y de tanto querer congelar todo igual resulta que cuando quieran ustedes ir a descongelar al candidato futuro, al tapado, lo encuentren tan crioconservado que no le sirvan ni para las próximas elecciones. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la Ministra de Sanidad y Consumo. Tiene diez segundos, señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señoría.
Lo de Lot ya se lo he leído yo a usted hace varios años. Nosotros, señoría, miramos hacia adelante. (Risas.) Me gusta una cosa que ha dicho, y es que lo
basemos todos ustedes y nosotros en los avances científicos y tengamos en cuenta el área jurídica y el área ética.
También debo decirle que a mí las preguntas claro que me las escriben, pero yo soy la que hablo y la que digo el contenido de mis
discursos. No lo olvide usted, señoría, porque soy yo la responsable, no el Ministerio, es la Ministra, humildemente, la responsable de sus palabras. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Pues bien, señoría, con todo mi
respeto hacia usted, yo he conocido el texto íntegro de los informes, del que usted hace mención, de las Comisiones que ha habido, y le puedo asegurar que de la lectura detallada --que yo le pido que si quiere lo lea--, la Comisión valoró la
situación en los términos que le he descrito, considerando que no existían en marzo de 1999 garantías científicas suficientes. Este mismo criterio lo ratificó de nuevo la Comisión en su última reunión, hace algo más de dos meses, al tiempo que
informaba sobre el real decreto que llevó el Gobierno, el Ministerio de Sanidad y Consumo a la Comisión. Y ellos hicieron aportaciones técnicas que son las que se están recogiendo, y el decreto supone mirar, señoría, hacia adelante, si me lo
permite, y con humildad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra de Sanidad y Consumo.
--DE DOÑA MERCEDES AROZ IBAÑEZ Y DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA FINANCIAR EL MAYOR COSTE QUE LAS NUEVAS PRESTACIONES SANITARIAS VAN A REPRESENTAR PARA
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, CUYAS COMPETENCIAS DE SANIDAD FUERON TRANSFERIDAS (680/000890).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña María Mercedes Aroz Ibáñez y del excelentísimo señor don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno para
financiar el mayor coste que las nuevas prestaciones sanitarias van a representar para las comunidades autónomas, cuyas competencias de sanidad fueron transferidas.
Tiene la palabra la senadora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, también yo le doy la bienvenida, y doy por formulada esta pregunta en sus propios términos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, tal como expuse en mi comparecencia, el ministerio establecerá las líneas generales de desarrollo de las prestaciones sanitarias en lo referente
a su contenido, el procedimiento de actualización y garantías, de modo que se salvaguarden los derechos de los ciudadanos por lo que respecta al alcance de la asistencia sanitaria y se establezcan las consiguientes obligaciones de las instituciones
sanitarias.
El objetivo no es otro que conseguir que el sistema sanitario cumpla el principio de igualdad efectiva en lo que se refiere al acceso a los servicios, y que ante una misma necesidad todos los ciudadanos españoles reciban el mismo servicio
con independencia del lugar donde vivan. En consecuencia, no estamos hablado de tratar prestaciones de un modo discrecional, antes al contrario. No queremos prestaciones que entren en contradicción con el marco de estabilidad financiera actual,
sino buscar la equidad en las prestaciones de los servicios que integran el Sistema Nacional de Salud. Por ello, nos proponemos establecer tanto en la ley como en su desarrollo un contenido más detallado de las prestaciones que consideramos básicas
para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Estamos seguros de que al normalizar el procedimiento de inclusión de nuevas terapias o de métodos diagnósticos vamos a contribuir decididamente a mejorar la situación actual de la cobertura y de la
calidad de las prestaciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la senadora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, le agradezco su respuesta. Aunque no hace falta que se lo indique, quiero resaltar que recientemente ha culminado el proceso de transferencia del servicio sanitario a las
comunidades autónomas, iniciado en 1981, con lo que hemos pasado a tener un servicio completamente descentralizado.
Pero descentralización no significa, evidentemente, inhibición para la Administración central, que continúa teniendo las
responsabilidades que le atribuye la legislación; entre ellas, la coordinación general, que implica acordar en el Consejo Interterritorial de Salud nuevas actuaciones sanitarias cuando sean de carácter general, así como establecer la financiación
correspondiente. Sin embargo, parece que la Ministra de Sanidad no es consciente de esta realidad cuando toma decisiones y las anuncia al margen de las administraciones que tienen competencia en esta materia.
Además, el nuevo modelo de
financiación hace responsables a las comunidades autónomas del presupuesto sanitario, por lo que el Gobierno no puede tomar decisiones unilaterales sobre el catálogo de prestaciones, que comporta, como es lógico, gasto.
Este anuncio del Gobierno ha
puesto también de manifiesto que el vigente sistema de financiación autonómica hace aguas, puesto que no existe un mecanismo automático para afrontar esta situación. Y lo que no sería de recibo es imponer a las comunidades autónomas --y lo ha oído
ya de responsables de las distintas comunidades-- una nueva obligación de gasto sin nuevos recursos. Podría hacerse si no tuvieran restricciones en su capacidad fiscal --pero la tienen; incluso en el nuevo impuesto finalista de las gasolinas-- y
dispusieran de una capacidad fiscal, como la del Estado, en los tributos de gran capacidad recaudatoria. No siendo así, consideramos que la vía sería dotar adecuadamente el fondo de suficiencia o aumentar los porcentajes de participación en el IRPF
o el IVA, sobre todo, señoría, porque estamos hablando de prestaciones como la bucodental, muy cara, y eso lo sabemos bien todos los ciudadanos, que en estos momentos tenemos que costearnos esa asistencia. En cualquier caso, señora ministra, nuevas
prestaciones y su financiación deberían ser acordadas con las comunidades autónomas y hacerlo a través de los cauces que prevé la propia Ley General de Sanidad.
Señoría, el nuevo modelo sanitario deriva de la descentralización política contemplada
en el bloque constitucional y afecta a un servicio esencial para los ciudadanos, como es el de la salud. Estas son dos razones de peso para que en nombre de mi grupo le pida que el Gobierno central cumpla mejor con su responsabilidades y actúe con
mayor lealtad institucional que la que ha demostrado en esta cuestión con las administraciones autonómicas, que son las que tienen la responsabilidad de gestionar este importante y complejo servicio del Estado del bienestar.
Gracias, señora
Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aroz.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Señoría, en relación con las prestaciones básicas que pretendemos llevar a cabo se van a establecer, en primer lugar, las prestaciones que garantiza el Sistema Nacional de Salud en
todo el territorio nacional, y en segundo lugar, y tras su valoración en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y mediante reales decretos de desarrollo, se regulará de forma detallada qué es lo que se facilita, a quién,
qué requisitos deben cumplir los pacientes, quién puede indicarlos y en qué condiciones de accesibilidad y calidad se van a dar dichas prestaciones.
La Ley 21/2001, reguladora del nuevo modelo de financiación, presenta a mi juicio un horizonte de
suficiencia, de estabilidad, de autonomía y de sostenibilidad como nunca antes lo había hecho una ley de financiación del modelo sanitario de este país. Como su señoría sabe, por ser economista, la financiación sanitaria se enmarca en este modelo
porque en este momento está descentralizada y hay mayor autonomía y corresponsabilidad financiera. La suficiencia dinámica --seguro que usted comparte esto conmigo-- se garantiza mediante la vinculación del crecimiento de los recursos destinados a
la asistencia sanitaria al crecimiento del ITE garantizándose durante los tres primeros años del modelo que el índice de evolución de la financiación asignada será igual al del PIB nominal a precios de mercado. Y no lo tengo escrito, pero las
cuentas me dicen que hay una financiación que va creciendo en unos términos que yo consideraría más que razonables para la financiación del sistema sanitario.
Lo único que podemos hacer quienes tenemos la responsabilidad de llevar a cabo un Sistema
Nacional de Salud de calidad es priorizar las necesidades y poner a nuestros ciudadanos las mejores condiciones de servicio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON MARIA CURTO FORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA REFORMAR EL MARCO JURIDICO DE LA ACTIVIDAD CONTABLE Y DE AUDITORIA EN NUESTRO PAIS
(680/000873).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Marià Curto Forés, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas adoptadas y previstas por el Gobierno para reformar el marco jurídico de la actividad contable y
de auditoría en nuestro país.
Tiene la palabra el senador Curto.
El señor CURTO FORES: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, como usted sabe perfectamente, nuestro sistema económico actual se basa, entre otras, en determinadas reglas del juego conocidas por los agentes económicos que intervienen
mediante decisiones racionales y libres, a través de un conjunto de valores éticos que la sociedad imprime en cada momento histórico, y también, y fundamentalmente, de la confianza de inversores y consumidores.
Los recientes escándalos financieros
en Estados Unidos protagonizados por grandes empresas como Enron o WorldCom, así como los de España, donde han aflorado diversas irregularidades en empresas y entidades financieras de prestigio, están poniendo en entredicho la moralidad, la
transparencia, la bondad de las prácticas de buen gobierno de las empresas y el marco jurídico en el que se desenvuelve la actividad empresarial en nuestro sistema económico. Como usted sabe, la falta de credibilidad en la información contable y
financiera de las empresas genera desconfianza en los inversores que, como es lógico, se traslada a los mercados financieros y de éstos a la economía real, generando inestabilidad y crisis.
Con la nueva ley de medidas de reforma del sistema
financiero se introducen en nuestro país, entre otras, medidas que refuerzan la protección del inversor en los mercados de capital, impulsando normas de transparencia en el funcionamiento de los mismos. Por otra parte, la elaboración del libro
blanco sobre la reforma contable supongo que será un buen instrumento para abordar ésta, así como la ley de auditoría en España, de acuerdo con la recomendación comunitaria que resulte del debate que se lleva a cabo actualmente en la Unión Europea.
Ante esta situación de desconfianza e incertidumbre que en los últimos tiempos planea sobre el funcionamiento de nuestro sistema económico, nuestro grupo le traslada una pregunta muy concreta, con la que intenta conocer qué medidas ha tomado el
Gobierno o, lo que es más importante, qué medidas piensa adoptar en el futuro y con qué calendario para reformar el marco jurídico en el que se desenvuelve la actividad contable y de auditoría en nuestro país, de cara a devolver la confianza de los
consumidores y de los inversores y reforzar así el funcionamiento del propio sistema económico.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Curto.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta y señor senador.
En primer lugar, coincido plenamente con su señoría en la importancia que están
teniendo en estos momentos, no sólo en Europa sino en el conjunto de la comunidad internacional, las cuestiones relacionadas con la fiabilidad de los datos contables de las empresas y también las actuaciones de colectivos profesionales tan
importantes como los auditores o los bancos de inversión y, a su vez, las medidas de buen gobierno de las empresas que cotizan en mercados organizados.
Quisiera distinguir claramente que los escándalos contables, es decir, la falta de credibilidad
de las cifras presentadas a los inversores es una realidad en algunos casos puntuales en Estados Unidos y que en ningún caso en nuestro país se ha producido ningún hecho de relevancia en esa dirección. Otra cosa es que hayan podido producirse
actuaciones individuales que están siendo investigadas en unos casos por las autoridades y en otros por los tribunales, pero que en nada están afectando a la credibilidad de los datos contables de las empresas.
España se anticipó, a parte de estas
cuestiones, con el impulso, por parte del Gobierno, de una comisión para el buen gobierno de las empresas, presidida por el profesor Olivencia, la pasada legislatura y en ésta el Congreso de los Diputados instó al Gobierno por unanimidad a que
volviera a convocar una segunda comisión, que ha sido constituida en el mes de septiembre y presidida por el señor Aldama, no ya tanto para revisar los criterios de la comisión Olivencia, sino para ampliarlos a otras materias importantes y, en
cualquier caso, hacer un análisis sobre las consecuencias de las recomendaciones de hace dos años.
Al mismo tiempo, en el ámbito comunitario y ya en el aspecto contable, como sabe su señoría el 19 de julio se tomó el acuerdo de modificar directivas
anteriores y se aprobó la directiva que va a suponer la aplicación de las normas internacionales en contabilidad en las compañías europeas, con un plazo del año 2005. En el caso de España, ya en el año 2001 una orden del ministerio de Economía
convocó una comisión de expertos para elaborar un libro blanco sobre la reforma de la contabilidad, que ha sido presentado públicamente en el mes de septiembre y sobre cuya base, y después de debatirlo tanto desde el punto de vista político como
técnico y con los sectores, el Gobierno tomará las decisiones oportunas, de las cuales será informada la Cámara. Las recomendaciones de este libro están principalmente en la normalización contable de nuestra contabilidad, en la dirección de las
decisiones europeas de integrarnos en un sistema internacional, en el sistema IASB, que conoce su señoría, y también en un proceso de gradual y continua reforma del derecho contable y, al mismo tiempo, las recomendaciones indican la necesidad de
tener obligaciones contables menos onerosas en el caso de las pequeñas empresas.
Desde el punto de vista del papel de las auditorías de cuentas, creo que somos todos conscientes de que en esta misma Cámara se está debatiendo un proyecto de ley, al que su señoría ha hecho referencia, que en puntos esenciales supone:
aumentar el acceso al contenido de los papeles de trabajo por parte de los organismos reguladores, me refiero a los papeles de trabajo de los auditores; la obligatoriedad de las sociedades que cotizan en un mercado secundario oficial o que están
sometidas a supervisión pública de tener comités de auditorías, también el deber de independencia de los auditores y su obligatoriedad de rotación cada siete años; un examen único para el acceso al registro oficial de auditores de cuentas; una
nueva definición de las infracciones y, por enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, aumentar las capacidades del Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas, financiados con una tasa para un mayor control de calidad de las
auditoras españolas.
La señora PRESIDENTA: Termine, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Todo esto indica que nuestro país está claramente a la cabeza en medidas de garantía, de transparencia y fiabilidad de
nuestras empresas, especialmente las que cotizan en Bolsa.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Señorías, son las 12. Vamos a suspender la sesión para salir fuera y guardar cinco minutos de silencio en memoria del cabo de la Guardia Civil, Juan Carlos Beiro, que fue asesinado ayer.
(Pausa.) La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
INTERPELACIONES:
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA POLITICA GENERAL Y LAS MEDIDAS A DESARROLLAR PARA PROMOVER EL USO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES, ASI COMO SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LA
COMISION INTERMINISTERIAL PARA EL ESTUDIO DE SU USO (670/000149).
La señora PRESIDENTA: Punto segundo: Interpelaciones. Interpelación del excelentísimo señor don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general y las medidas a
desarrollar para promover el uso de los biocombustibles, así como sobre las conclusiones de la Comisión Interministerial para el estudio de su uso.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.
El señor
GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, efectivamente, nuestro grupo parlamentario quiere conocer la opinión y la posición política del Gobierno, qué es lo que está haciendo, en definitiva, respecto al fomento de los
biocarburantes.
La Ley 34/1998 define los biocarburantes como aquellos alcoholes de origen agrícola susceptibles de ser utilizados como carburante, bien directamente o mezclado con otro tipo de carburantes de origen convencional. (El señor
Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) El Gobierno, en el ejercicio de sus facultades constitucionales aprobó un decreto-ley, del que fue usted impulsor, el Decreto-ley 6/2000, por el que en su artículo 1 se compromete a la promoción de
los biocarburantes como política de esta legislatura. Se crea a tal efecto una comisión interministerial --comisión interministerial de las previstas en la LOFAGE, Ley 6/1997--, que es presidida por el ministro de Economía, también vicepresidente
del Gobierno, y que tenía como función la elaboración de un informe para elevarlo a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, la cual tenía un plazo de seis meses que ya han transcurrido.
Pues bien, queremos conocer todos los aspectos de este
tema, todos esos compromisos desde el punto de vista medioambiental, agrícola, energético, fiscal, que el Gobierno tiene en la materia.
¿Cuáles son los parámetros en los cuales se mueve esta política? En primer lugar tenemos el Libro Verde sobre
la seguridad en el abastecimiento energético de la Unión. La Unión aprobó hace tres años, como elemento primordial de su política energética, la necesidad de garantizar el abastecimiento energético.
En segundo lugar tenemos la estrategia europea
de desarrollo sostenible, aprobada recientemente en la Cumbre de Barcelona, y el VI Programa comunitario de medio ambiente, que en este momento está en procedimiento de aprobación después de haber pasado por el Consejo de Ministros y en codecisión
con el Parlamento.
Asimismo, está en marcha la Agenda 2000 y su reforma, la reforma de la PAC y, fundamentalmente, tenemos un texto internacional de enorme envergadura, ratificado por las Cortes, que es el Protocolo de Kioto, parte especial del
Convenio sobre cambio climático de 1992, aprobado también por las Cortes Generales.
Con respecto a los biocarburantes, decía que son alcoholes de origen agrícola susceptibles de ser utilizados como tal. En este momento el origen puede ser
fundamentalmente de dos tipos: de oleaginosas, como el girasol, la colza y la soja, que producen biodiésel, o de la remolacha, cereales o cardo, que producen bioetanol. Igualmente hay algunas experiencias interesantes que han surgido en la
geografía española, como la reutilización de aceites de frituras de restaurantes, que están sirviendo también para la producción de biocombustible.
Hay un compromiso político de la Unión y del Gobierno, derivado de esos documentos europeos e
internacionales en el que se establece la adopción de medidas de carácter económico, de carácter tributario, mezcladas con
medidas dirigidas a la mejora técnica en cuanto a la utilización de los biocarburantes, fundamentalmente en cuanto a la compatibilidad de éstos con los carburantes de origen convencional, los derivados del petróleo, que están siendo ya
objeto de mezcla y de experiencia en algunos sitios de la geografía española.
Además del Decreto-ley 6/2000 al que he hecho referencia, el Gobierno ha aprobado el Plan de fomento de las energías renovables, del que usted también fue impulsor.
Dicho Plan establece que el Gobierno tiene como objetivo para el año 2010 que el 12 por ciento de la energía generada en España sea de energías menos contaminantes, de energías renovables. De hecho, esta materia de los biocarburantes tiene
diferentes visiones.
Tiene una visión, como le decía anteriormente, energética, acorde con los principios del Libro Verde sobre la seguridad del abastecimiento energético, que es fundamental para el mantenimiento y para el crecimiento de la
economía europea, pero sobre todo para el crecimiento de la economía española. Este crecimiento ha originado --y lo vinculo con los efectos medioambientales-- que se haya disparado la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de
carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, porque la economía española, el tejido industrial español, necesitaba crecer más que el de otros países aliados de la Unión Europea, como el Reino Unido, Holanda o Alemania.
En ese escenario
que establece el Protocolo de Kioto de reducción de los gases de efecto invernadero, la Unión Europea tiene el compromiso de una reducción del 8 por ciento, pero dentro de lo que se denomina la burbuja comunitaria el reparto interno entre los quince
Estados le supone a España que pueda crecer un 15 por ciento en la emisión de gases. Si tomamos como referente del año 1990 al año 2000, que son los datos que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho públicos y luego los ha interrelacionado y
compendiado la Agencia Europea del Medio Ambiente, España ha crecido en la emisión de gases de efecto invernadero en un 33,7 por ciento, lo cual es preocupante. Es preocupante, pero por un lado tenemos que poner en un lado de la balanza que nos
encontramos ante un problema de enorme envergadura, ante el problema ambiental más importante que actualmente tiene el Planeta, que es, en definitiva, el cambio climático, poniendo a la vez en el otro platillo de esa balanza la necesidad que existe
de que la economía tiene que funcionar, de que el tejido productivo debe seguir creciendo. Por tanto, se nos presenta esta disyuntiva que se ha originado al haberse disparado la emisión de gases de efecto invernadero.
Señor Presidente, es sabido
que la emisión de gases en el caso de los biocarburantes es neutra. La utilización de carburantes de origen vegetal no produce ningún efecto pernicioso como el que producen los gases de efecto invernadero. Su único efecto es previo, y es que la
utilización de cosechas con una finalidad de producción no alimentaria, ello unido a su tratamiento industrial para la producción de biocombustible sí genera gases de efecto invernadero, pero si los combustibles convencionales generan 3,2 millones
de toneladas por cada 1.000 litros de gasóleo utilizado, con un biocombustible como pueden ser el bioetanol o el biodiesel el ahorro de la emisión sería de dos millones. Es decir, no sería un ahorro total pero sí lo sería de dos millones de
toneladas, por lo que la emisión de gases de efecto invernadero se reduciría a 1,2 millones. Por tanto, desde ese punto de vista es muy importante teniendo en cuenta, además, que éste es el problema ambiental más importante que en estos momentos
tiene la humanidad. De hecho, los diferentes grupos parlamentarios tuvimos la ocasión de aprobar el Protocolo de Kioto por unanimidad en el anterior período de sesiones.
Junto con ello, señor Presidente, señor Ministro, sabe su señoría que en el
ámbito de la economía agraria, en el segmento de reforma de la Agenda 2000 y en la actual reforma de la PAC, hay un régimen de retirada de tierras, un barbecho, el «set aside» obligatorio y el voluntario, que hasta ahora permiten generar una riqueza
complementaria: los agricultores pueden utilizar esas tierras retiradas de la producción con finalidad alimentaria para producir cosechas con finalidad no alimentaria recibiendo, por tanto, una prima. Eso supone, evidentemente, una sustancial
mejora sobre el modelo de entender la economía agraria que existía hasta la reforma de la PAC que hizo en 1992 el Comisario McSharry. Actualmente la Unión Europea plantea también el impulso de los biocombustibles de origen agrícola en el ámbito de
la reforma de la PAC, eso sí, con una limitación, ya que se establece un número determinado de hectáreas cultivables en los países de la Unión Europea con finalidad no alimentaria susceptibles de recibir también esa prima. Pro tanto, ahí podemos
ver un compromiso europeo importantísimo desde el punto de vista del Libro Verde de abastecimiento energético, de las estrategias de desarrollo sostenible medioambientales de la Agenda 2000 y de la actual reforma de la PAC, en este momento en debate
entre los diferentes Estados miembros. Y, señor Ministro, el impulso de los biocombustibles tiene también un efecto fundamentalmente de desarrollo rural importantísimo.
El asentamiento de industrias transformadoras a lo largo y ancho de la
geografía española, por ejemplo en Castilla y León, es importantísimo en lo referido al cultivo del cereal y de la remolacha, experiencias éstas muy novedosas, lo cual en definitiva supone un instrumento de desarrollo rural puesto que afinca
industria en zona rural. Además, el desarrollo rural requiere dos elementos: que exista una zona agrícola rica pero que ese asentamiento de la zona agrícola lleve consigo el mantenimiento de la población y que éste a su vez esté interrelacionado y
complementado con otra serie de elementos, como pueden ser la industria en zonas rurales, los polígonos industriales, inversiones y, por tanto, riqueza y creación industrial y mejora para el sector agrícola. Hay una interconexión fundamental en
todo ello.
Por ello, señor Ministro, el Gobierno elaboró un informe aunque no tengo un conocimiento detallado del mismo. Espero que en su respuesta dé usted información sobre las conclusiones generales de ese informe. Yo tengo una serie de
informaciones complementarias en relación a respuestas que el Gobierno ha remitido a esta Cámara. Lo importante son las medidas económicas, pero sobre todo las de orden tributario que es necesario adoptar.
En este momento, después de los efectos --como hemos visto-- beneficiosos que tiene el uso de los biocombustibles, para que sean competitivos en el mercado hay un elemento primordial, y es que además de las mejoras técnicas en cuanto a la
producción y a la utilización en los motores, en el ámbito de los diferentes medios de transporte, es fundamental la utilización de los instrumentos fiscales, en definitiva, de la política tributaria. La política tributaria del Gobierno juega con
un impuesto indirecto que va a gravar el consumo sin tener en cuenta la capacidad de renta o la capacidad adquisitiva económica del contribuyente: a todos nos cuesta lo mismo la adquisición de un litro de gasolina, independientemente de la
capacidad económica del adquirente de la misma.
Por tanto, estamos hablando de la imposición indirecta que juega en dos planos: la imposición indirecta del IVA, donde el IVA y el precio conforman la base imponible de un impuesto especial, que es
el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que se suma a esa base imponible, y una cantidad fija, que no juega como en el IVA, que es un porcentaje sobre el precio, determinado en la Ley 38/92, sobre Impuestos Especiales. La semana pasada el
Gobierno ha anunciado que en esta ley incluirá --ley que se adapta también a las directivas de la Unión Europea, concretamente a la Directiva 92/81--, cuando el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado, una política tributaria consistente en una exención en el uso de los biocarburantes, que desde nuestro punto de vista es el elemento crucial en esta materia, porque a lo largo de la Presidencia española de la Unión Europea,
¿qué es lo que se ha logrado? Se ha logrado --es cierto, señor Ministro-- un hecho importante, que es caminar a través del procedimiento de codecisión --puesto que todavía se está en esa fase-- para la aprobación de una directiva sobre la
fiscalidad de los carburantes, que modifica puntualmente la Directiva 92/81.
Me imagino que como soporte a esa modificación de la directiva es en virtud de lo que el Gobierno presentará en el proyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos
Generales del Estado esta modificación fiscal. ¿Por qué? Porque se ha suscitado un enorme problema en Europa.
Sabe usted que los franceses han sido los pioneros en la utilización de los biocombustibles, e incluso solicitaron de la Comisión
Europea la concesión de una exención, ya generalizada, para algunas industrias comercializadoras de carburantes de origen agrícola. Los competidores de carburantes de origen convencional apelaron a la Comisión y dijeron que se trataba de una
competencia desleal, porque no eran proyectos piloto o iniciativas experimentales los que se estaban poniendo en marcha. Ante esa nueva creación que se produjo en el Tratado de Amsterdam, el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, el 27
de septiembre del año 2000, declaró contraria a la directiva esa decisión francesa de generalizar el otorgamiento de exenciones en el uso de los biocarburantes, aunque hay que decir que también había residenciadas en la Comisión en aquel momento
peticiones del Reino Unido y de Italia dirigidas en ese sentido.
En consecuencia, el que se haya alcanzado un acuerdo en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, en el Ecofin, el pasado 20 de junio de 2002, es importante, porque va a suponer
un soporte. Dentro de las conclusiones a las que usted hará referencia de esa Comisión Interministerial hay una que es esencial, que es la política fiscal, y como se ha producido un avance importantísimo en la materia, esas experiencias que tiene
el Ministerio...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Gatzagaetxebarría, le ruego concluya.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy concluyendo.
Esas experiencias que tiene el Ministerio de las autorizaciones a Abengoa, referidas a la utilización del biocarburante, a quien la Agencia Tributaria ha concedido una exención total, o
a Biocarburantes de Cataluña, en el caso del bioetanol, pueden generalizarse. Es una cuestión que nuestro grupo parlamentario viene reiterando desde antiguo; sabe usted que la comisaria anterior en materia de fiscalidad, la francesa Scrivanner, ya
tenía el documento presentado a la Comisión, que aunque ha dormido en los laureles durante diez años, felizmente se ha desatascado, y reconozco que durante la Presidencia española se ha llegado a un consenso importante.
Por eso nos gustaría, señor
ministro, conocer qué medidas concretas se van a utilizar, además de ésta fiscal que es importante, complementarias a ella, en aplicación de las conclusiones que la Comisión Interministerial, que usted presidió, dictaminó y elaboró para el
sometimiento a la Comisión Delegada de Asuntos del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA ( De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la iniciativa que plantea el Senador del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sin duda, tiene una gran importancia desde el punto de vista de la estrategia energética española, porque como él ha puesto de manifiesto, después de un incremento importante a lo largo de los últimos años del consumo
energético hace que se haya planteado cada vez con mayor interés una política de eficiencia o ahorro energético y de utilización de lo que se llama comúnmente energías limpias o renovables. En ese sentido, no sólo por razones de dependencia
energética, sino también por razones medioambientales, es un momento especialmente relevante para plantear debates de este tipo que, además, vienen acompañados de medidas tanto a nivel europeo como a nivel nacional. No es menos importante, como ha
puesto de relieve su señoría, las consecuencias que determinadas medidas de estrategia energética pueden tener para determinados cultivos agrícolas.
Como sabe la Cámara, la Ley de 1998 del sector de hidracarburos consideraba biocombustibles los productos que se destinen a su uso como carburantes directamente o mezclados con carburantes tradicionales, y entre ellos se encuentran el
alcohol etílico o metílico y demás aceites vegetales. Bajo esta denominación hay dos líneas de productos: el bioetanol y el biodiésel. El primero se obtiene a partir de la remolacha, los cereales y el alcohol vínico o biomasa, y tiene claramente
consecuencias muy importantes desde el punto de vista de una mejor contribución al medio ambiente, ya que tiene un menor índice de contaminación y una mayor eficacia en la combustión de la gasolina.
Además, el propio bioetanol tiene otra ventaja
importante, y es que tiene un calor de vaporización más elevado que la gasolina y, por lo tanto, redunda en una mayor eficiencia. El otro producto, el biodiésel, se obtiene a través de aceites vegetales o grasas animales, como la colza, el girasol
o la soja, y tiene ventajas similares a las que acabo de mencionar. Entre las ventajas, además de una mayor eficiencia y mejores contribuciones al medio ambiente, hay que mencionar una desde el punto de vista de la seguridad del abastecimiento, ya
que no son productos que tengamos que comprar en mercados internacionales, permite incrementar la diversidad de suministros y, además, tiene efectos positivos para la política medioambiental; cuestión especialmente importante, ya que los
compromisos de Kioto, que España ha asumido, empiezan a ser una realidad clara en el análisis energético español, habida cuenta del incremento en los últimos años de consumo energético. También la dependencia energética española, claramente
superior al nivel medio de la Unión Europea, que se sitúa aproximadamente en un 50 por ciento mientras que en España es de un 72 por ciento, aconseja que estas cuestiones de energías renovables se estudien con el mayor detenimiento.
En este
contexto los biocarburantes claramente van a tener un papel, como se estableció en la planificación energética que el Gobierno acaba de remitir al Parlamento, donde se ha debatido, y que fue aprobada por el Consejo de Ministros hace 15 días en un
horizonte de diez años 2002-2011, y en el que el consumo energético de energías renovables en la fecha final del proceso, 2011, se sitúa en el 12 por ciento, que es aproximadamente el doble de lo que hoy sucede en nuestro país. En este sentido,
estamos estableciendo que en una medición de toneladas equivalentes de petróleo, en el año 2000 el sector del transporte, que sería el que más utilizaría estos dos productos, estaría consumiendo aproximadamente 32.272 toneladas equivalentes de
petróleo, que se deberían incrementar en ritmos de casi el cinco por ciento y casi el cuatro por ciento hasta el 2011. Esto vendría a decir que estaríamos en un crecimiento medio en el periodo de planificación contemplado, es decir, en diez años,
del 4,27 por ciento, frente al crecimiento total que se va a producir en la utilización del transporte del 3,48 por ciento.
También se produce una clara mejora en el medio ambiente, que es la sustitución de las fuentes de energía fósiles por
materias renovables y que, como he dicho, produce una mejor política energética en reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, el Libro Verde de la Comisión Europea indica que el uso de biocombustibles puede reducir
entre un 40 y un 80 por ciento los gases invernaderos. A su vez, la utilización de este tipo de productos tiene efectos en las zonas rurales y permite aumentar o mantener el empleo en las mismas y preservar el tejido rural y hay cultivos
energéticos que afectan a las regiones que su señoría ha mencionado.
En la actualidad, los biocombustibles procedentes de cultivos agrícolas --biomasa o residuos agrarios-- o industrias agrarias, tanto en la modalidad de biodiésel como de bioetanol
y sus derivados, se encuentran en una situación en la que, si no plantea grandes desafíos tecnológicos respecto a los productos tradicionales, probablemente su punto más débil es su rentabilidad económica. El principal inconveniente es claramente
el alto coste de producción. Mientras que el coste de fabricación de la gasolina sin plomo en refinerías se sitúa en torno a 25 céntimos de euro por litro, el coste de obtención del bioetanol es alrededor de 47 céntimos de euro por litro, es decir,
entre el 75 y el 90 por ciento más que la gasolina, y para el caso de biodiésel estamos hablando de un mayor coste de producción, entre el 25 y el 45 por ciento respecto al de obtención de los carburantes equivalentes por procedimientos
convencionales. Si a estos costes añadimos la carga fiscal, obtenemos que la producción de biocarburantes claramente no resulta rentable.
¿Cuál es el marco normativo internacional y nacional? Muy brevemente, por un lado, tenemos decisiones a
nivel mundial, de la ONU, que nos indican que hay que garantizar la viabilidad de sistemas energéticos menos contaminantes y más sostenibles; acercándonos más a nuestra realidad, el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 6, hace referencia a
la aplicación de políticas que fomenten el desarrollo sostenible; y ya más concretamente, el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre energías renovables, que es del año 1997, fija como objetivo que en el año 2011 estas fuentes de energía alcancen
el 12 por ciento del consumo energético de la Unión Europea y, para el caso de biocarburantes, el objetivo se ha situado en 18 millones de toneladas equivalentes de petróleo en cultivos energéticos. En este sentido, el programa comunitario Energía
Inteligente para Europa 2003-2006, que sustituye al anterior para el periodo 1998-2002, contempla igualmente en sus áreas de acción el desarrollo y la promoción de energías renovables y existen dotaciones presupuestarias en los programas europeos de
86 millones para unos y 36 millones de euros para otros. Asimismo, para acercarnos a posiciones más recientes, diré que se ha producido una reunión en el grupo de energía del Consejo el día 10 de septiembre de este año --por lo tanto, hace menos de
dos semanas-- sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo para la promoción del biocombustible y en ella se contemplan unos objetivos indicativos del dos por ciento a 31 de diciembre de 2005 y del seis por ciento en diciembre de 2010 en
porcentajes referidos al combustible destinado al transporte en los periodos mencionados.
¿Cuál es la situación en España? El Plan de Fomento de Energías Renovables que se aprueba a finales de 1999 establece, coincidiendo con lo que establece
también la planificación
energética que acaba de aprobar el Gobierno, como he dicho, que en el año 2010 España tenga un 12 por ciento de consumo de energías renovables. El Instituto de Desarrollo de Alternativas Energéticas da como previsión de fabricación de
biocarburantes para el año 2010 una cifra comprendida entre las 300 y 500 toneladas equivalentes de petróleo, de las cuales el 80 por ciento serían de bioetanol y el resto de biodiésel. Esto representaría aproximadamente un dos por ciento de la
demanda prevista de gasolina y gasóleo en el sector del transporte en el año 2010.
Hasta el año 2001, hasta el año pasado, se había cubierto sólo el 20 por ciento de los planes establecidos en el año 1999. En el año 2000 entraron en funcionamiento
las siguientes plantas de biocarburantes: Una de bioetanol, en Cartagena, con capacidad de 80.000 toneladas anuales; otra en La Coruña, con 100.000, que entrará en funcionamiento a finales del próximo mes de octubre; dos plantas en fase de
construcción, una en la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, y otra en Cataluña, concretamente en Tarragona, que entrarían en funcionamiento en el año 2003, y una nueva en estudio en Salamanca.
Todas permitirían elevar la producción de
bioetanol hasta las 350.000 toneladas al año, es decir, ya en línea con las previsiones que estaba planteando, y las de biodiésel hasta las cincuenta mil.
En ese sentido, y dentro del biodiésel, me gustaría destacar la planta piloto que hay en
Sondica, lo biocarburantes vascos. Es la única experiencia en planta piloto con tecnología propia y con una producción de 500 toneladas al año.
El resto de los proyectos se han llevado a cabo en flotas de transporte público en Cataluña, País
Vasco, Castilla y León y Madrid, todas con carácter experimental.
Como ha hecho referencia su señoría, el Gobierno aprobó al principio de esta legislatura, en junio de 2000, una serie de medidas de liberalización energética en las que incluía la
obligación del Gobierno de promover la utilización de biocombustibles y crear una Comisión Interministerial, la cual elaboró un informe que fue objeto de debate por el Gobierno en el verano de 2001.
Las recomendaciones de dicha Comisión que se
pueden destacar a nivel general para impulsar el desarrollo del mercado de transformación de biocarburantes son las siguientes: Uno, incentivos fiscales. Dos, ayudas a la inversión a través de incentivos regionales. Tres, ayudas en el marco de la
política agrícola común e innovación y desarrollo.
La situación fiscal que su señoría ha descrito estaba enmarcada en la definición de que las ayudas fiscales sólo eran compatibles con la legislación europea si nos encontrábamos ante los
denominados proyectos piloto para el desarrollo tecnológico de productos menos contaminantes.
En la actualidad en España la Ley de Impuestos Especiales contempla en su artículo 51.3 una exención del Impuesto sobre Hidrocarburos para biocarburantes
empleados en el marco de proyectos piloto, siguiendo la recomendación europea. Y esta limitación de la exención al ámbito de proyectos piloto viene impulsada por la normativa comunitaria que acabo de mencionar. Además, según sentencias del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se aplica con un criterio relativamente restrictivo.
Me parece significativo que ya en noviembre del año 2001 la Comisión presentó un paquete de dos propuestas de directiva en materia de
hidrocarburantes, una relativa al fomento del uso de biocarburantes en el transporte, y otra que contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido de impuestos especiales a los hidrocarburantes o productos que los contengan.
El Ecofin, celebrado
en Madrid el 20 de junio, bajo Presidencia española, previo a la Cumbre de Sevilla, celebrado en el Palacio de La Moncloa, adoptó un acuerdo político sobre el contenido de la propuesta fiscal que ha resultado más amplio que la propuesta inicial de
la Comisión. Y, efectivamente, la única condición que deberá reunir la exención o tipo reducido, incluso tipo 0, que se aplique, es que no suponga una sobrecompensación al mayor coste de producción. Es decir, que no compense más allá del
sobrecoste de producción.
Por otra parte, en el marco de ese acuerdo político de 20 de junio de este año se contempla la vigencia de esta exención de tipo único hasta el año 2012, y para el 2009 la Comisión tendrá que presentar un nuevo informe.
Como su señoría ha mencionado, el Gobierno está estudiando incluir en la Ley de acompañamiento, en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para el año 2003 una nueva política fiscal, que se articulará en forma de tipo 0 por
razones técnicas y que se extienda a otros supuestos de producción y utilización de biocarburantes, que no se limiten exclusivamente al campo de los llamados proyectos piloto.
Ello encaja plenamente en lo que va a ser la nueva directiva
comunitaria, pero hemos de ser conscientes de que se adelanta a ella y, por tanto, España va a ir más deprisa que su aprobación. Pero entendemos que verá la luz y que, por tanto, no tendremos problemas con el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas.
Dentro del segundo objetivo que fijaba el estudio realizado por el Gobierno y que fue debatido por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el pasado verano, se encontraba la utilización de los incentivos regionales a la localización
industrial. Como su señoría sabe, los objetivos generales de dichos incentivos son, por un lado, la viabilidad económica de los proyectos y, por otro, el carácter de las zonas como Objetivo 1.
La viabilidad económica de los proyectos está
íntimamente ligada a lo que acabamos de explicar, es decir, la exenciones fiscales, habida cuenta de las diferencias de coste. En ese sentido, hasta la fecha se han evaluado, por el Consejo Rector de Incentivos Regionales, cuatro proyectos de
inversión, tres de ellos promovidos por la empresa Abengoa, a la que su señoría ya ha hecho referencia, cuya finalidad es la producción de bioetanol, que es un producto utilizado, como he dicho antes, como aditivo en las gasolinas sin plomo. Las
plantas de la citada empresa que ya existen en Galicia, en Castilla y León y en Murcia son las justificaciones dadas por la misma para obtener sus incentivos regionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Vicepresidente, le ruego que vaya concluyendo, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Voy terminando ya, señor Presidente.
Y es intención del Gobierno mantener esta política dentro de las especificidades de esa
cuestión.
Ya muy brevemente diré que en la política agrícola común hay diversos reglamentos comunitarios que prevén ayudas para los cultivos herbáceos, los llamados «non food», no destinados a la alimentación, y en la campaña 2002-2003 se han
concedido ayudas por importe de 9 millones de euros; la superficie para la producción de bioetanol es de aproximadamente un poco más de 42.000 hectáreas de cebada y 387 hectáreas de trigo, lo cual supone casi más de 42.500 hectáreas, y para
biodiésel es de 14.300 hectáreas de girasol y 345 de colza, que llegan a 14.655 hectáreas de oleaginosas.
Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, en estos momentos el Programa Nacional de Energía del Programa de Fomento de la
Investigación Técnica es el centro de nuestro impulso a la investigación tecnológica, y hay tres convocatorias habidas hasta el momento, entre los años 2000 y 2002, con 19 proyectos, con un presupuesto total de 62.000 euros, entre los que destacan
por su tamaño una planta piloto de etanol, en la que participa la Administración General del Estado, una planta de biodiésel a partir de aceites usados y varias plantas de biocombustibles.
A escala nacional se ha creado una Asociación Española de
Biocarburantes, que defiende, como es natural, los intereses del sector, y también existen una serie de centros de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en el Ciemat y en Zaragoza, así como en Cádiz y en Córdoba.
Creo que con eso
he podido manifestar ante el Pleno del Senado, a requerimiento de la interpelación de su señoría, cuál es en este momento la política del Gobierno y la situación en España de este tipo de carburantes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el senador interpelante, el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, básicamente estamos de acuerdo. Hay un tema esencial en esta cuestión que es, como le he dicho anteriormente, la política fiscal de impulso de los
biocombustibles. De esas cuatro conclusiones principales a las que usted hacía referencia, todas tienen su importancia, pero, como se decía, sin viabilidad económica no hay posibilidades de inversión industrial para producción energética renovable.
Por lo tanto, es necesario para esa viabilidad económica el marco fiscal, la imposición indirecta especial tiene que modificarse. Por lo tanto, estamos ante una buena noticia que esta Cámara, las Cortes en general vienen reclamando desde hace diez
años y que este Gobierno y el anterior se encontraron con una limitación importante, que era la Directiva 92/1981, que imposibilitaba a los gobiernos la adopción de estas medidas. En este momento la Directiva está en trance de modificación
definitiva, procedimiento de codecisión, y desde ese punto de vista no tenemos más que congratularnos de que usted me ratifique que, efectivamente, el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos va a contener, con carácter general, el
establecimiento de esta exención mediante la técnica del tipo cero.
Yo le quería hacer una reflexión de lo que decía, señor Ministro, en un doble sentido. En primer lugar, se ha referido usted a la gran dependencia energética, y eso es un elemento
esencial; es decir, en el contexto internacional en el que nos encontramos ¿qué va a ocurrir? ¿Vamos a tener un conflicto bélico internacional? ¿Qué va a ocurrir con el coste de los carburantes en la medida en que son de origen petrolífero? Eso
preocupa desde el punto de vista económico porque sabe usted la crisis que sufrimos el año 2000 y tenemos un riesgo importantísimo de lo que pueda ocurrir porque, como decía usted, energéticamente tenemos una dependencia exterior importantísima. El
contexto internacional es preocupante si hay un conflicto bélico con Irak. Este es uno de los grandes países exportadores de petróleo, sin perjuicio de esas restricciones que los países de la OPEP internamente le han impuesto a Irak, y no podemos
olvidar los intereses de diferentes entidades multinacionales que existe sobre la explotación del petróleo iraquí.
En segundo lugar, señor Ministro, está el tema del impacto sobre el medio ambiente. Usted como responsable del área económica del
Gobierno, del cual dependen los Ministros de Economía, de Hacienda, de Sanidad, de Medio Ambiente, es consciente de un problema humano que es el cambio climático. El cambio climático está produciendo tanto en las sociedades desarrolladas, pero
sobre todo en las sociedades en vías de desarrollo, efectos devastadores con sequías prolongadas, inundaciones imprevistas, huracanes. Hemos visto el pasado fin de semana lo que estaba ocurriendo en aguas del Atlántico, en aguas del Pacífico, en el
centro de Europa.
Tenemos un problema de sensibilidad humana importantísimo con toda la humanidad, pero en especial con los países en vías de desarrollo.
Por lo tanto, nos tenemos que congratular por ese avance para la ratificación del Protocolo
de Kioto. Ese es un tema en el que Europa y España están dando el ejemplo de ser pioneros a escala mundial en la puesta en marcha de los mecanismos. Ahora, el problema, señor Ministro, y usted como responsable de este área en el Gobierno, es ¿cómo
vamos a concienciar a las empresas, a las comunidades autónomas, a los sectores productivos, de la aplicación del Protocolo de Kioto? Esa es una labor del Gobierno que usted que impulsa el área económica debe conocer porque no es responsabilidad
del Gobierno central exclusivamente. El Gobierno central, efectivamente, tiene esa coordinación y esa representación internacional, pero las comunidades autónomas tienen una responsabilidad importante, así como los sectores económicos.
Por lo
tanto, que el Gobierno impulse y coordine con los diferentes entes políticos, comunidades autónomas y
organizaciones económicas, sindicales y empresariales, la interiorización de lo que supone Kioto es fundamental. Esa es la clave porque no sabemos cómo van a funcionar los mecanismo de desarrollo limpio, cómo va a funcionar el comercio de
las emisiones de efecto invernadero. Hay un proyecto de directiva.
Todo eso no lo conocemos todavía los responsables políticos que estamos trabajando y que estamos funcionando en el tema. Por lo tanto, le quería decir, señor Ministro, que
fomentara en el Gobierno la interiorización en la sociedad española, en la economía española, en el tejido industrial, en los entes políticos, de la aplicación de Kioto; todas las consecuencias que Kioto tiene y que, en definitiva, hemos de poner
en marcha a escala, en este caso estatal, pero también europea y mundial.
Hay una cuestión más --y con ella termino, señor Presidente-- a la que usted también hacía referencia, el tema de la PAC. La PAC en este momento está debatiéndose y vamos a
tener unos debates muy profundos. Ayer tuvimos un debate larguísimo en la Cámara instando al Gobierno a que formule una alternativa. La PAC prevé el impulso de los cultivos energéticos. Es importante, porque cuando se produjo entre la Unión
Europea y Estados Unidos el acuerdo de la Casa Blanca del año 1992, complementario a la Ronda Uruguay del GATT...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor, Gatzagaetxebarría, le ruego concluya.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino en dos minutos, señor Presidente.
Decía que cuando tuvo lugar ese acuerdo, en él se establecía una contingentación de las oleaginosas, y de las oleaginosas obtenemos el biodiésel. En este
momento eso ha desaparecido en la medida en que las ayudas a las oleaginosas se han equilibrado a las de los cereales. Pero tenemos unas limitaciones --decía usted también-- en cuanto al cultivo en estas tierras. Por lo tanto, yo le requeriría que
sensibilice a la representación española que va a gestionar estas modificaciones de la economía agrícola, sobre todo el Ministro de Agricultura, estas mejoras en cuanto al uso de los cultivos energéticos, que no haya esta limitación que contiene la
reforma de la PAC y que incluso esa ayuda por hectárea se pudiera incrementar.
Esa es la petición que, desde el punto de vista de la economía agraria, le haríamos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor senador. Sólo quiero ratificar lo que he intentado decir en mi primera
intervención y muchas de las cosas que acaba de decir el senador. La primera es que desde la punto de vista del objetivo de una mayor diversificación de fuentes energéticas, estamos ante un proceso lento en el que indudablemente estos dos productos
no van a tener una consistencia inmediata, pero como el plazo de 10 años en política energética no es excesivo, sí podemos tener una desviación importante de una parte de nuestro consumo de transporte hacia energías más limpias.
Hemos de ser
conscientes, y con esto entro en la segunda cuestión, de que el principal problema desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos medioambientales que tenemos planteados va a estar relacionado con el transporte, que es sin duda el
elemento que puede contribuir más a una contaminación,que afecta a los objetivos de Kioto. Por tanto, todo lo que sean políticas que hagan que los combustibles utilizados en el transporte sean más eficientes y más limpios desde el punto de vista
ecológico son políticas imprescindibles, aparte de que redundan en lo que su señoría ha planteado inicialmente, en una menor dependencia energética, que es claramente uno de los problemas de la política energética española.
En segundo lugar, y
dentro del debate sobre las consecuencias del medio ambiente y de los compromisos de Kioto, España ya no se enfrenta a un horizonte muy largo para llegar a los umbrales de Kioto, sino que está prácticamente en esos umbrales como consecuencia del
avance económico y de un mayor consumo energético por parte de la sociedad española. En ese sentido, creo que el debate no sólo sobre la planificación energética que el Gobierno ha planteado, que creo que se ha hecho razonablemente y nos ha dotado
de unos instrumentos de seguimiento de las perspectivas de construcción de grandes redes y de generación eléctrica, ese debate no sólo sobre planificación va a permitir que el Parlamento, el Gobierno y la sociedad española puedan analizar sus
necesidades energéticas con un mapa de seguimiento, sino que además hay que incluir una nueva perspectiva, que es la que su señoría plantea, la de la eficiencia energética desde el punto de vista de la utilización económica de la energía y de la
eficiencia medioambiental de la energía. En ese sentido, en el pasado debate del estado de la Nación, el Presidente del Gobierno se comprometió a que el Gobierno analizaría y presentaría un plan de eficiencia y ahorro energético, en el que estamos
trabajando, y esperamos que en este período de sesiones o al principio del siguiente pueda ser conocido y analizado por la Cámara.
Pero yo creo que es muy importante que la sociedad española vaya siendo consciente de los esfuerzos que tiene que
realizar para cumplir los objetivos medioambientales que ella misma se ha planteado, y una parte de la sociedad española son las industrias, pero también las familias y el conjunto de los consumidores.
Indudablemente, desde el punto de vista de una
nueva política agrícola en la que se transforme la PAC con los debates que se están produciendo y que está liderando el Ministerio de Agricultura, y que la Cámara es plenamente consciente de ello, una parte, sin duda, son los productos o
cultivos no destinados a la alimentación, y en ese sentido la derivada energética de determinados productos agrícolas no cabe duda de que puede tener un gran interés como alternativa de política agrícola, y creo que en ese sentido
coincidimos también. Al estar ante productos que responden a estrategias de interés general merece una especial atención la financiación pública, pero además, como su señoría ha puesto de manifiesto y yo he intentado también decirlo, la realidad de
esos productos es que sin una financiación pública, ya sea vía exenciones fiscales o vía ayudas compatibles con la Unión Europea, como son los incentivos regionales, no tienen viabilidad económica, y creo que en ese sentido la puesta en marcha de un
tipo cero, además de la política de incentivos regionales, puede ser muy positiva y en cualquier caso, el Gobierno, como es natural, se ofrece, como en todos los temas, pero en éste en especial, a mantener a la Cámara informada y a colaborar con la
misma donde puedan producirse alternativas desde el punto de vista energético o medioambiental.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Vicepresidente.
--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO RELATIVA A LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA COMBATIR LA CRISIS QUE ATRAVIESA EL SECTOR TURISTICO EN ESPAÑA (670/000150).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Interpelación del excelentísimo señor don Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno relativa a las medidas previstas para combatir la crisis que atraviesa
el sector turístico en España.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador interpelante, señor Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, para debatir sobre temas y contenidos reales, de entrada voy a admitir que la interpelación, tal como está formulada, no es exactamente como yo la quería plantear
en el sentido de la crisis que atraviesa España en el terreno del turismo.
No podemos decir que estamos en crisis, entendida ésta de forma más clásica, pero sí podemos decir que el modelo turístico en España tiene, efectivamente, algunos problemas
que es conveniente atajar. Además, es un modelo en algunos aspectos agotado y, por otra parte, existen rasgos coyunturales de la situación actual que hacen necesarias, lógicamente, medidas al respecto.
Señor ministro, existe, efectivamente una
situación de recesión económica mundial, lo que junto a la crisis del 11 de septiembre y la crisis de demanda tiene importantes repercusiones en el sector turístico en un país que en buena medida depende de la visita de otros europeos que, como en
Alemania, van mal en estos momentos debido fundamentalmente a su crecimiento económico, al aumento del paro, etcétera.
Señor Ministro, hablamos de un sector estratégico para la economía española que supuso en el año 2000 el 10,4 por ciento del
producto interior bruto. No en vano España es el segundo destino turístico mundial, después de Francia, y creo recordar que es el segundo en ingresos y no sé si hemos mejorado; por tanto, estamos en muy buena situación a nivel internacional en el
ámbito turístico.
Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo mundial descendió en 2001 el 1,5 por ciento. No es sólo el 11 de septiembre, ya en los primeros ocho meses de 2001, según la propia OMT, el contexto internacional de
desaceleración económica se había hecho ya patente con el enfriamiento del crecimiento de viajes al extranjero de países como Alemania, Japón y los Estados Unidos.
Señor Ministro, también hay otros efectos disuasorios porque lo primero que hace una
familia es recortar unas vacaciones. Según la OMT, influyen asimismo los excesivos controles aeroportuarios y en particular la subida cuantiosa de las tarifas aéreas a nivel general, que en Baleares conocemos perfectamente bien, porque esos
aumentos han invalidado prácticamente los descuentos por residencia para los que somos de allí.
El bajón turístico internacional prácticamente afecta a todos los destinos, y solamente se salvan algunos como Bulgaria y Croacia.
Usted ha presentado
en estos días, fundamentalmente a través de Frontur, los datos de entrada de turistas en España y efectivamente son datos esperanzadores; por eso he corregido el término de crisis para hablar sobre el modelo. Y no me importa corregir, lo
importante es que todos lo hagamos en función del debate político existente con respecto a esta cuestión.
Efectivamente, y aunque las fuentes son distintas y se dan aspectos distintos, la entrada de turistas en España alcanza un 4,2 por ciento con
respecto al mismo período del año 2001. Reino Unido y Francia son los principales emisores, con el 6,4 y el 20 por ciento respectivamente.
Sobre estos datos que nos ha proporcionado, lógicamente podemos afirmar que en términos generales tenemos
buena salud, a pesar de la coyuntura desfavorable así como, insisto, de los efectos internacionales y la crisis económica anteriormente descrita, que afecta a países emisores importantes como Alemania. Incluso han aumentado ligeramente las entradas
por aeropuertos y han crecido enormemente las entradas por carretera, así como por vía marítima.Por tanto, crecen tanto unas como otras, aunque algunas con mucha intensidad como en el caso de entrada por carretera.
Efectivamente, la entrada de
turistas extranjeros supone un 4,2 por ciento respecto del mismo período del pasado año y en lo que respecta a mi comunidad autónoma, Baleares, los ratios son los que son, Baleares ha sido durante el mes pasado --dicen ustedes-- y durante el
conjunto de los tres meses transcurridos de la temporada estival el segundo destino en importancia con el 21,8 por ciento; en el mes de agosto hemos crecido el 0,2 por ciento y todo ello dentro de una crisis general que afecta a unos destinos más
que a otros, fundamentalmente por el peso específico de algunos países emisores como Alemania o la caída del turismo familiar que se hace patente en el conjunto del Estado, porque se incrementan los turistas pero también hay que ver cuáles
son los segmentos de los mismos para cifrar y conocer exactamente de qué estamos hablando.
Con relación a los datos de Baleares me alegro porque se han dado augurios malos sobre el futuro. Ustedes plantean cuestiones que comparto pero habría que
complementarlas lógicamente para, insisto, conjurar elementos de crisis del modelo, aspectos que sería conveniente plantearse. Por ello, me alegra que se esté trabajando con destinos a fin de plantear una cooperación más intensa en el ámbito
publicitario, etcétera, en combinación con las comunidades autónomas; diferentes medidas que no voy a relatar porque usted conoce perfectamente ya que así lo han anunciado.
En relación con un destino tan importante como es el de Baleares en el
conjunto del Estado, permítame hacer referencia a otros datos también de mi comunidad autónoma de los que es conveniente hacer propaganda, un poco de patria, porque hasta ahora ha habido un mensaje negativo por parte de diferentes responsables
políticos del Gobierno y de su propio Ministerio.
Los datos últimos que han aparecido es que los hoteles de Baleares registraron en agosto los índices más elevados de ocupación hotelera de España, con el 88,29 por ciento de las plazas ofertadas, lo
que supone un descenso del 3,5 por ciento respecto de agosto del año 2001. Tras Baleares se situaron Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana, con ocupaciones próximas al 79 por ciento.
Según esta encuesta de ocupación de establecimientos
turísticos del Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto del país el grado de ocupación en agosto fue del 74,72 por ciento, lo que supuso un descenso de casi un 2 por ciento respecto del mismo mes del año 2001.
Por zonas, los niveles de
ocupación más elevados de España se localizaron en Baleares: Menorca, el 94,14 por ciento, Ibiza y Formentera, el 92,67por ciento, que lideraron el «ranking» durante el mes de agosto del conjunto del Estado.
En términos absolutos, efectivamente
Cataluña fue la Comunidad que recibió mayor número de turistas, superando 1.300.000; en Andalucía, un 1.200.000 y Baleares 1.065.000 aproximadamente.
Las pernoctaciones de extranjeros en Baleares descendieron un 4,9 por ciento, mientras que las
pernoctaciones de españoles aumentaron un 15 por ciento. Estos son algunos rasgos de la datos de la actual coyuntura.
Pues bien, otro elemento positivo de los resultados de la temporada turística en Baleares es que en agosto registró la estancia
media más elevada, con 8,16 días por turista, tiempo que sólo Canarias consigue equiparar, con 8,14 por ciento.
Señor Ministro, el turismo constituye la actividad económica fundamental y principal de nuestro país, cualquiera que sea el indicador
que se utilice, bien el PIB, bien el empleo generado, bien los ingresos y pagos por turismo.
El ritmo de crecimiento de los ingresos en España, hasta ahora al menos, es más elevado que el crecimiento por el número de turistas, dato que hay que
tener en cuenta y es conveniente seguir en la senda de conseguir más ingresos por encima del crecimiento del número de turistas.
España, según la Organización Mundial del Turismo, ocupa actualmente, insisto, el segundo puesto en cuanto a la
recepción de turistas. En los estudios comparativos de todos estos datos se observa que estamos creciendo no sólo en cifras totales sino también en rentabilidad, al menos hasta ahora, independientemente de esos rasgos de crisis o de modelo.
Pero,
señor Ministro, España también ha conocido etapas difíciles de drástica pérdida de importancia de este sector. En concreto, la crisis económica que se produjo como consecuencia de la elevación de los precios del petróleo del año 1986, unida a la
falta de ajuste de los costes internos que reaccionaron hacia una tendencia inflacionista y, por lo tanto, con pérdida de competitividad y que trajo como consecuencia una grave recesión de los ingresos por turismo en la economía española, agravando
así los problemas de la balanza de pagos. Todo ello son datos y elementos a tener en cuenta para el futuro.
Esta situación en su momento se empezó a corregir, porque se abordó con prontitud, a partir del año 1992, el esfuerzo sostenido del sector
para crear una nueva oferta y modernizar la existente, así como la importante inversión en infraestructuras públicas como razones fundamentales para la recuperación del sector turístico español en la crisis que antes he mencionado.
Señor Ministro,
de todas formas, más allá de la dimensión económica, que es muy importante, el turismo debe ser concebido como una realidad que debe analizarse y abordarse desde perspectivas diversas que tengan presentes los aspectos --y quiero centrarme aquí--
medioambientales, sociales y culturales que lo acompañan y no exclusivamente desde perspectivas economicistas que, aunque sin duda son fundamentales para entender buena parte del desarrollo de nuestro país, pueden conducir al establecimiento de
políticas miopes de corte incrementalista que miden los resultados presentes en función de los impactos de ingresos y del número de turistas sin evaluar, de cara al futuro, esos aspectos negativos que la actividad puede generar y que a medio y largo
plazo están suponiendo, insisto, el agotamiento y destrucción de recursos, con la pérdida de competitividad de numerosos destinos de la geografía española, porque hoy en día la competitividad es un elemento esencial y fundamental a tener en cuenta
para el futuro de la principal industria de nuestro país en cuanto a ingresos, que es el turismo.
Por tanto, señor Ministro, los récords cuantitativos como parámetros únicos de la solidez de nuestra industria no pueden convertirse en el único
referente para medir la salud del tema que ahora nos ocupa.
Decía antes que a finales de los años ochenta el sector turístico español se sumergía, sin capacidad de reaccionar, en un progresivo estado de inmadurez. Y a partir del año que antes he
mencionado, se puso en marcha un ambicioso plan marco de competitividad del turismo español, Futures,
que desde el consenso y el pleno compromiso entre los agentes turísticos públicos y privados tenía por objeto contribuir a la mejora de la competitividad de los destinos y las empresas turísticas españolas a través de medidas tendentes a
diversificar la oferta turística, reforzar la identidad y la singularidad de los productos y destinos, incorporar las innovaciones tecnológicas de los procesos de producción y la comercialización para incrementar la cooperación empresarial,
etcétera.
Así pues, existen retos. Porque, si no hay crisis en lo que a la llegada de turistas se refiere --siguen llegando más--, al menos hay algunos hechos a tener en cuenta ya que estamos en un momento similar a aquél, o por lo menos algunas
cosas no se han superado hasta la fecha.
Todos estamos de acuerdo en que el turismo es una industria potente y estratégica y una fuente importante de creación de empleo, pero eso no significa, señor Ministro, que no padezca amenazas o
desequilibrios básicos. Un mínimo sentido de la estrategia y la previsión aconseja que seamos capaces de resolver estos problemas si queremos reforzar nuestra posición frente a otros países competidores. Un nuevo mercado se vislumbra, en el que la
calidad se convierte en la principal exigencia de una demanda turística cada vez más segmentada, con una mayor diversidad en sus hábitos y preferencias viajeras y para la cual la preservación del paisaje, patrimonio cultural, tradiciones y medio
natural son aspectos esenciales en la elección de un destino turístico.
El turismo no se puede definir unívocamente, sino que puede explicarse y entenderse como una realidad compleja que potencia el intercambio cultural, desarrolla la solidaridad
entre los pueblos y la tolerancia entre las personas, la aceptación de la diversidad, permitiendo al mismo tiempo el desarrollo económico y social equilibrado y la creación de rentas y empleo en nuestro país. Un modelo de desarrollo equivocado
puede generar resultados completamente opuestos a los que se persiguen: los impactos de la actividad sobre el territorio, el carácter determinante del mismo en el devenir de la actividad, las consecuencias del modelo de desarrollo turístico que
contribuya a la cohesión interterritorial, etcétera.
Mientras tanto, estamos asistiendo al proceso de transformaciones en que se encuentra inmerso el sector turístico, reclamando una política eficaz que permita abordar con éxito los retos del
futuro y la sostenibilidad y adaptabilidad a las innovaciones tecnológicas en los cambios en la demanda. Por ello, señor ministro, los poderes públicos deben asumir su responsabilidad en relación con el desarrollo de la actividad turística, y deben
hacerlo sobre la base de cuatro grandes pilares que deben orientar y sustentar el conjunto de las políticas públicas en todos los ámbitos.
En un documento que estoy leyendo aparecen diferentes ejes. Y quiero pararme en este punto para decirle que
este documento, cuya lectura le recomiendo --porque en el Senado se hacen cosas que después no se divulgan de forma conveniente--, es resultado de una Ponencia que por acuerdo elaboramos un grupo de senadores que forman parte de una futura ponencia.
Dicho documento plantea una serie de ejes esenciales que guardan relación --ahí está el reto polémico de debate político-- con lo que voy a manifestar a continuación. Estoy de acuerdo con ese documento, que es interesante...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Cámara, le ruego vaya concluyendo.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Sí, señor Presidente.
Decía que es un documento interesante, cuyo contenido conviene considerar para que a través de esos ejes de orientación de políticas podamos situarnos en condiciones óptimas para abordar
estos problemas, que insisto nos aquejan desde el punto de vista del modelo, etcétera.
Señor Ministro, termino planteándole algunas cuestiones. Si es cierto que estamos en buenas condiciones --en todo caso tenemos problemas--, le pediría que en
esta interpelación nos diera usted alguna explicación respecto de aquello de la colaboración institucional, de la concordancia de objetivos y todo lo demás que dice el documento que antes mencionaba, con independencia de las diferencias puntuales
que podamos tener. ¿Cómo es posible --y me gustaría que me respondiese-- que en diferentes declaraciones suyas, del señor Güemes, del señor Matas, del señor Costa y de otros respecto del turismo se ataque a Baleares? Se trata de una comunidad
autónoma que efectivamente tiene unos índices de entrada inferiores, pero que es muy sólida desde el punto de vista turístico, tal y como lo demuestra tanto la ocupación como el resto de los datos que he mencionado. ¿Cómo es posible, entonces, que
incluso en foros como Fitur, en lugares donde la promoción es un hecho fundamental, ustedes, señor Ministro, su Gobierno y responsables de su Ministerio ataquen de forma increíble, utilizando cualquier cosa, como por ejemplo, la ecotasa --y le reto
a que también me conteste a esto-- para dar una imagen pésima del turismo en Baleares? Señor Ministro, no es necesario dar una imagen pésima del turismo en Baleares, porque la imagen es buena...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Cámara, le ruego que concluya.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Lo importante es que todos contribuyamos a que la imagen y el futuro del turismo como principal fuente de la economía de España y de Baleares sea cada vez mejor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, le agradezco que matice, aunque sea verbalmente, el tema de la crisis que atraviesa el
sector turístico en España, porque creo sinceramente que ésta no existe,
aunque hay determinados sectores, y lamentablemente también determinadas comunidades autónomas --usted me ha preguntado por ello y yo le respondo--, que tienen un comportamiento distinto al de otras. Y que conste que ha sido su señoría
quien me ha planteado esta pregunta, pues yo no venía a dar esos datos, pero no voy a tener con usted la descortesía de no responderle.
En primer lugar, hemos de ser conscientes de que no estamos en una situación de crisis como la que sin duda
sufrió el sector turístico a finales de los años 80, cuando experimentó una crisis de modelo. En aquel momento la respuesta de las autoridades turísticas españolas fue la adecuada, como también lo fue la del sector, y el hecho es que una industria
que era y es muy importante para nuestro país --y para algunas comunidades autónomas como Baleares constituye prácticamente un monocultivo-- fue capaz de reaccionar y convertirse en la segunda industria turística del mundo. Esto es algo notable
para un país de las dimensiones de España, puesto que estamos compitiendo con industrias turísticas como las de Francia o Estados Unidos, países mucho más importantes que nosotros en términos económicos y en muchos casos también de población.
El
comportamiento de la industria turística española en los dos últimos años --el 2000 fue extraordinariamente bueno para la misma-- indican una capacidad de reacción muy considerable. En esos dos años, en los que se está produciendo una caída del
turismo mundial --en su conjunto el año 2001 fue el peor desde 1982--, el sector turístico español ha sido capaz de experimentar crecimientos positivos de más del 3 por ciento en 2001 y mantener tasas de crecimiento estables en 2002; y todo ello
teniendo en cuenta que en los años 1998, 1999 y 2000 el crecimiento turístico español fue extraordinario. Por tanto, y para que todos seamos conscientes de ello, debo decir que estamos manteniendo unas bases que nos sitúan en 50 millones de
turistas, cifra ésta que para un país de 40 millones de habitantes supone un incremento muy notable de población.
Estamos asistiendo, además, no sólo a una crisis coyuntural del turismo que puede estar ligada a situaciones económicas de países
emisores, sino a un cambio de las actitudes de los turistas. En ese sentido hay claramente un retraso en la realización de reservas, algo que estamos viendo se materializa año tras año, un acortamiento de las distancias, una mayor capacidad de
atracción de turismo en temporadas tradicionalmente no turísticas y una mayor atención de los gastos por parte de los turistas, y por tanto, un mayor efecto del factor precio sobre el turismo, algo que sí tiene que ver con la actual coyuntura
económica mundial, aunque ésta es probablemente una reflexión que debe hacer el sector turístico.
En ese sentido, tampoco hemos de ocultarlo, frente a una industria turística de excelentes resultados como la española en los últimos años se han
producido muy importantes incrementos de precios, como lo indica claramente el índice de precios al consumo, y no todos ellos están ligados a incrementos de márgenes, sino que muchos de ellos están ligados a incrementos de calidad, también hemos de
reconocerlo, pero también se han producido incrementos no sólo desde el punto de vista de los precios de los hoteles, sino de lo que se llaman servicios complementarios, que se han incrementado, probablemente, a ritmos más intensos. Aprovecho esta
ocasión una vez más para hacer una reflexión a la industria y al sector turístico español, y es que la relación calidad precio, que siempre es importante, lo va a ser todavía más en este sector en los próximos años en España y en el resto del mundo.
Estamos ante un sector absolutamente liberalizado y además globalizado y, por lo tanto, la competencia no es sólo europea sino mundial.
Como he dicho, España como destino ha tenido un mejor comportamiento que los demás destinos en esta crisis y,
según los últimos datos de Frontur, que es la encuesta de movimientos de fronteras y que está elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos y que no siempre es exactamente coincidente con los trabajos del Instituto Nacional de Estadística pero
que indudablemente indica una tendencia, en el período de enero a agosto de 2002 el número de turistas extranjeros se incrementó un 2,3 por ciento, llegando a los 36,2 millones de turistas. En ese sentido, han sido los meses de verano (junio, julio
y agosto) los que han permitido mejorar el ritmo de crecimiento del año pasado, porque en esos tres meses el ritmo de turistas ha crecido al 4,2 por ciento, lo cual supone aproximadamente 780.000 turistas más y eso indicaría una recuperación de la
tendencia de los primeros meses del año, que indicaba prácticamente un crecimiento cero, un 0,2. En concreto, en el mes de agosto se ha producido una muy importante aceleración del incremento de turistas, con un aumento de casi el 11 por ciento.
España recibe sólo en el mes de agosto casi ocho millones de turistas, lo cual indica la potencialidad de la industria.
Como su señoría ha dicho, y lo vimos el lunes pasado en la Comisión de Economía del Senado, el dinamismo de las entradas está
muy centrado en las entradas por carretera y también una cierta recuperación de la vía aérea. En el período de enero a agosto las entradas por carretera han crecido casi un 20 por ciento y los vuelos internacionales, de acuerdo con los datos
registrados por AENA, han caído un 1,7 por ciento, pero en el mes de agosto han modificado esa tendencia con un crecimiento del 2,8.
Este crecimiento del número de pasajeros aéreos se traduce en un aumento de la llegada de turistas en avión en
agosto de casi el 2 por ciento.
Señoría, nos equivocaríamos si pensáramos que a todos los destinos turísticos en España les va igual, porque no es así. Por lo tanto, yo creo que es bueno, independientemente de los debates parlamentarios que se
hagan en las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias sobre determinadas materias, que el Gobierno dé los datos tal y como son.
Los destinos más dinámicos en agosto han sido Cataluña y la Comunidad Valenciana, y éstos son dos
destinos que están mejorando a lo largo del año. En agosto Cataluña se consolida ya como el primer destino de España, con una cuota de casi el 28 por ciento y que acumula un crecimiento de casi el 20 por ciento en lo que va de año. Si está
creciendo el turismo por carretera, Cataluña tiene una indudable relación con ello, pero también lo tiene parte de la
política que está realizando. Andalucía crece casi el 2,5 por ciento y es un destino cada vez más atractivo para el mercado británico y para el turismo aéreo, mientras que la Comunidad Valenciana tiene un crecimiento acumulado del 6,4 por
ciento. Canarias tiene un ligero retroceso del 1 por ciento, principalmente relacionado con el mercado británico, y las Islas Baleares registran en el mes de agosto un modesto crecimiento del 0,2 por ciento, pero que no puede compensar las intensas
caídas de los últimos meses, y si bien ha tenido un comportamiento positivo de los turistas británicos de un 4,6, estamos hablando de más de 630.000 turistas británicos, no ha podido compensar la caída de los turistas alemanes en 430.000 turistas,
es decir, un 6,6 por ciento menos que en agosto de 2001.
Como he dicho, el dinamismo e importancia según mercados está centrado en el mercado británico, que ha crecido un 1,8 por ciento, y en el mercado francés, que ha crecido más de un 20 por
ciento; eso ha beneficiado claramente los destinos del litoral mediterráneo. Hay una recuperación en agosto del mercado alemán, pero en el conjunto del año desciende todavía un 7 por ciento; el resto de los mercados cercanos presentan, en
términos generales, comportamientos positivos y sin embargo no es así en los mercados más lejanos, principalmente los norteamericanos.
Respecto a los alojamientos, se observa un fuerte crecimiento de los turistas extranjeros alojados en
establecimientos no hoteleros: vivienda propia o en alquiler, «camping», casas rurales, y en vivienda propia, como es natural, la multipropiedad empieza a ser un elemento cada vez más dinámico.
Los datos de Frontur --sigo con los datos del
Instituto de Estudios Turísticos-- en el período enero/agosto del año 2002 muestran que el 64,5 por ciento de los turistas extranjeros que llegaron a España se alojaron en establecimientos hoteleros --que es un 1 por ciento menos que el año
anterior--, frente a un 35 por ciento que lo hizo en alojamientos no hoteleros y que es casi un 10 por ciento más que el año anterior. Por lo tanto estamos ante una tendencia importante y que sin duda tiene ventajas e inconvenientes, depende del
lado de la oferta en que uno se encuentre.
Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros ha superado los 32 millones --lo que supone un incremento del 1 por
ciento y estamos hablando sólo del mes agosto--, y este aumento es el primero que se produce desde el año 2001. Por lo tanto, estaríamos ante el hecho de que dos fuentes de información, el Instituto de Estudios Turísticos y el INE --que no siempre
son coincidentes--, coinciden en que en agosto ha habido una recuperación del turismo en España, lo cual creo que es una buena noticia.
Durante los ocho primeros meses del año las pernoctaciones de residentes aumentan un 1,6 por ciento --estamos
hablando ya de españoles--, mientras que las de no residentes registran un descenso --todos éstos son datos del Instituto Nacional de Estadística--. Luego tanto el aumento del número de turistas alojados en hoteles como de las pernoctaciones por
ellos realizadas reflejan, asimismo, un mayor dinamismo del sector de alojamiento hotelero en el mes de agosto. Sin embargo este crecimiento --y éste sí es un dato que debe merecer la reflexión de la industria y de las autoridades turísticas
autonómicas-- no es suficiente para compensar el incremento de la planta hotelera. Por tanto, hay un debate que, en mi opinión, debemos afrontar en España y que algunas comunidades autónomas ya lo han hecho, como en Canarias y en Baleares, que es
cómo va a crecer la planta hotelera y ver qué tipo de medidas incentivadoras deben hacer las autoridades autonómicas a una planta hotelera de mayor calidad y probablemente con otros servicios y otras orientaciones. La encuesta de ocupación hotelera
realizada por la Administración, por el Instituto de Estudios Turísticos, muestra que debido al incremento de las plazas ofertadas en agosto de un 3 por ciento --que son unas 40.000 camas-- el grado de ocupación desciende casi un 2 por ciento y se
sitúa en el 74,7 por ciento.
Es bueno subrayar que el turismo nacional, el turismo realizado por los españoles, continúa siendo muy dinámico y tiene un comportamiento mejor que el de los extranjeros tanto en agosto como en el conjunto de los
primeros ocho meses del año.
En lo que se refiere a ingresos turísticos se está produciendo una moderación de los ingresos. El ritmo de crecimiento de los precios de los hoteles se ha reducido notablemente en comparación con los fuertes
incrementos de los últimos años. El índice de precios hoteleros ha aumentado el 2,3 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año 2001 y ésta es una variación cinco puntos inferior a la que se produjo en agosto del año pasado. Pero hay que
hacer una reflexión: para un sector que se enfrenta a una importante crisis internacional todavía estamos con incrementos de precios del 2,3 por ciento, que se suman a incrementos de precios de más del 7 por ciento del año anterior y de más del 7
por ciento del año anterior; por lo tanto, los márgenes empresariales continúan siendo considerablemente importantes, lo cual no es una cuestión que debamos criticar pero sí decir que hay que tener en cuenta la relación precio-calidad.
Hago gracia
de más detalles sobre esta cuestión y paso a analizar el aspecto al que su señoría ha dado mayor carga política: la situación turística en Baleares, en la que al parecer su señoría se resiente de las opiniones del Gobierno sobre determinados
aspectos decididos por el Gobierno balear.
Hay que hacer una reflexión --que su señoría puede plantearse en términos más o menos dramáticos pero que a mí me parece obvia--, y es que entre enero y agosto han entrado en Baleares 550.000 turistas
extranjeros menos. A lo mejor eso es un objetivo político y aquellos que lo defienden deben decir qué es lo que querían; en cualquier caso es un dato que después cada cual valorará en sus estrategias como le parezca conveniente, pero es un dato
concreto: hay 550.000 turistas extranjeros menos frente a un conjunto de más turistas extranjeros en el conjunto de España. Por lo tanto, si ese es el objetivo que se buscaba, el Gobierno balear debe decir que los medios que ha puesto en marcha
han permitido cumplirlo. Lo que puede
suceder --y no es la primera vez que le ocurre a las ideologías que su señoría representa-- es que no se sabe si es mejor que no cumplan sus objetivos o que los cumplan. (Risas.) Esa es una cuestión distinta que dejo para otro momento del
debate.
De los cinco grandes destinos turísticos españoles, Baleares es el que tiene el peor comportamiento en afluencia de turistas extranjeros. En ese sentido, comunidades autónomas gobernadas por partidos muy distintos, como Cataluña,
Andalucía, Comunidad Valenciana, tienen crecimientos.
Es verdad que Canarias ha tenido un comportamiento negativo, pero creo que ahí las comparaciones no son homogéneas, habida cuenta de que el turismo canario tiene que ver mucho con el turismo de
invierno, y el 11 de septiembre ha sido un elemento definitorio. Esa es una apreciación subjetiva que a lo largo de este ejercicio veremos si se cumple o no, e indudablemente las autoridades canarias tienen que tener en cuenta que su evolución
turística no ha sido positiva. Vuelvo a repetir que en ese sentido tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones.
Todos los grandes destinos españoles se comportan mejor con respecto a Alemania, que sería la explicación básica. El mercado
balear es líder en Alemania y este país ha tenido un comportamiento negativo en su turismo este año. Sin embargo, deben ustedes ser conscientes --y el debate en Baleares debe serlo-- de que el turismo alemán hacia Baleares ha caído casi un 16 por
ciento entre enero y agosto, y eso representa una caída muy superior a la que ha ocurrido en Andalucía, donde ha caído un cero por ciento, lo cual indicaría que una parte de los turistas alemanes que no han ido a Baleares han ido a Andalucía, sobre
lo cual, en términos agregados de la política turística del Gobierno, prefiero no opinar porque es obvio. (Risas.) En cuanto a sus electores, ustedes se lo explicarán. No cabe duda de que los electores andaluces lo verán de otra manera.
De hecho,
el descenso de la comunidad autónoma explica por sí solo la caída de casi el 68 por ciento del turismo alemán en España, y Baleares es el único destino turístico que ha tenido una caída de entrada de turistas extranjeros en dos años consecutivos.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Vicepresidente, le ruego que vaya concluyendo, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Voy concluyendo.
Por tanto, señoría, en turismo hay un consenso entre las Administraciones Públicas muy importante y muy
saludable. Además, hay un consenso y una coincidencia en objetivos. La única Administración turística con la que no hay una coincidencia en objetivos es con el Gobierno balear, pero eso es legítimo. Ustedes pueden tener un objetivo distinto y aún
así que sigamos colaborando, habida cuenta de que ustedes tienen su propio objetivo, que puede ser la reducción del número de turistas. Yo creo que ustedes, si eso es lo que buscaban, es lo que han conseguido, pero a partir de ahí deberíamos
meditar seriamente si ése debe ser el objetivo o no. Sobre todo deben ustedes debatirlo en el parlamento autonómico balear, porque conseguirlo lo han conseguido.
Desde el punto de vista de los planes --indudablemente estudiaré con todo detalle la
propuesta que usted me ha hecho-- existe ya un documento, aprobado, si no me falla la memoria, en el año 2000, de todas las comunidades autónomas con el Gobierno central sobre el plan de calidad turística, y ese es un documento que seguramente
coincide con lo que ustedes plantean. Es el documento de trabajo que estamos siguiendo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos turísticos.
En cuanto a las medidas del gobierno ante esta coyuntura, utilizaré mi segundo turno para
poder explicitarlas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el senador Cámara por tiempo de cinco minutos.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Señor Ministro, usted ha hecho alguna broma, sobre todo cuando se ha referido a si el interés de Baleares, de su Gobierno, de sus autoridades, es pretender que vengan menos turistas.
Dicho de esa manera es
demagógico. En cualquier caso, no podemos decir esto ni pensar de esa manera porque el 84 por ciento de la riqueza de Baleares depende de una forma u de otra del turismo. Y porque, además, hemos tenido un crecimiento del producto interior bruto
realmente espectacular: el 11,3 por ciento de 1997 a 1999.
En cuanto a afluencia de turismo --Baleares es líder en ello-- en sólo tres años, entre 1997 y 2000, ha sido de un 16,4 por ciento.
Baleares tiene casi 11 millones de visitantes, lo que
supone un gasto turístico de más de un billón de pesetas. Su industria turística es fundamental para el empleo, para su desarrollo, para su bienestar, etcétera. Vaya por delante que allí preferimos potenciar y ayudar al turismo de hotel, dado que
genera empleo, antes que al residencial. En términos globales, un modelo de política turística podría ser perfectamente el que se dio el año pasado: aumentó la visita de turistas a las islas y creció el gasto turístico en la misma proporción
porque hubo un 2,5 por ciento menos de extranjeros que se compensó con el turismo peninsular que acudió a Baleares. Por tanto, aunque perdiéramos un 1,5 por ciento de turistas --por cierto, eso ha sido confundido de forma demagógica--, siempre y
cuando aumente el gasto turístico estaremos equilibrando una situación. Por eso mismo he hecho referencia a ese documento sobre la calidad respecto de otra oferta diferente puesto que ya está agotado el turismo estrictamente de sol y playa.
Señor
Ministro, en Baleares el nivel de extracción de aguas subterráneas bajó 90 metros entre 1975 y 1999. Allí se han consumido con una voracidad impresionante muchas cosas. Por poner un ejemplo diré que la producción de
residuos domésticos es la más alta de España y el doble de la media nacional. En cuanto al consumo eléctrico, ha aumentado sólo en la isla de Mallorca un 37 por ciento entre 1993 y 1998, y existen amenazas para un futuro inmediato de países
competidores de la cuenca mediterránea como Túnez, Croacia, Egipto, etcétera.
Señor Ministro, el 34 por ciento de las quejas de los turistas vienen motivadas por la masificación y el medio ambiente. El Gobierno de las Islas Baleares considera
necesario y oportuno preparar a Baleares para el futuro mediante un cambio de modelo turístico por una serie de razones: por las condiciones de bonanza económica del sector, porque nos lo podemos permitir, por la situación de liderazgo como destino
vacacional de Europa y porque muchas empresas turísticas de Baleares tienen mucho que decir al respecto puesto que están presentes en todo el mundo y son referente obligado de experiencia y de calidad. De ahí la famosa ecotasa que ustedes discuten
y critican cuanto pueden.
La crítica que yo le he hecho, señor Ministro, no es que usted esté o no esté de acuerdo ni tampoco que lo pueda manifestar, porque eso me parece muy bien. Lo que le digo es que en la última parte de mi anterior
intervención --que he hecho al galope puesto que el tiempo me comía-- le he mencionado algo importante sobre lo que le pido explicaciones, permítame que lo diga así. Quiero saber si en las ferias donde se promociona el turismo de todas las
comunidades autónomas de España se dedican ustedes de una u otra forma a hablar de las maldades --tengo aquí recortes de prensa sobre esto-- del destino turístico de Baleares, si hablan de una imagen negativa de las islas o de la ecotasa como una
profunda equivocación del Gobierno balear. Yo le pregunto esto por si tiene usted responsabilidad en la promoción a través de Turespaña, por ejemplo. Le pregunto si ésa es su política en relación con la promoción turística de nuestro país en el
exterior en ferias donde lo que se tiene que procurar es precisamente esa promoción. O si es la política del señor Costa, secretario de Estado, en cuyas ruedas de prensa mensuales aprovecha para atacar a Baleares utilizando los datos según le
parece.
Porque, efectivamente, hay un color político distinto al de antes, señor Rato. Y podríamos hablar de un montón de cosas, de muchos elementos de discriminación y de ataque político, sean éstos justos o injustos, sean de una forma u otra,
por parte de ustedes contra las políticas del Gobierno de mi comunidad autónoma.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Cámara, le ruego concluya.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Termino, señor Presidente.
Señor Ministro, nosotros vemos los rasgos que usted ha comentado aquí y es conveniente reflexionar sobre ellos, por ejemplo, sobre el aumento de la oferta de plazas turísticas, que ha
aumentado en Baleares, pero también en otros lugares. También queremos mejorar el sector, con la colaboración de todos y también con la de ustedes, para lo que tienen que respetar ciertas políticas que, aunque equivocadas, se tendrá que demostrar
en el futuro que lo son, porque creo que están encaminadas a la mejora del producto turístico de Baleares, y a los retos de futuro: conseguir equilibrar el bienestar entre los residentes, asegurar el futuro de nuestra comunidad autónoma, ya que
tenemos recursos limitados, junto al mantenimiento de la principal fuente de riqueza para Baleares, que es el turismo. Eso es lo que queremos, y por tanto el tema de la ecotasa...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Cámara, concluya, por favor.
El señor CAMARA FERNANDEZ: En el tema de la ecotasa --y termino con esto, señor Presidente-- está demostrada la aceptación del turismo extranjero, a través de encuestas y opiniones, por ejemplo, de turistas alemanes --cuya ausencia de
Baleares obedece a causas distintas que para el turismo de la península al ser turismo familiar--, ya que el turismo alemán repercute más en Baleares que en otros destinos. No voy a discutir esto, pero la ecotasa pretende financiar todo lo que
indicaba el documento que aprobamos aquí, por consenso de todas las fuerzas políticas, y que trataba de orientar el turismo hacia la calidad, la preservación del medio ambiente y la economía no retórica, no de buenas palabras, sino haciendo política
práctica para la sostenibilidad de nuestra economía, porque insisto en que tenemos un territorio medido por la superficie del archipiélago y limitado en recursos naturales.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Cámara, concluya, por favor.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Por tanto, políticas de futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Ustedes, en todo caso, pueden practicar --y también se lo va a demandar el resto-- políticas antiguas y pasadas, pero nosotros sinceramente creemos que es conveniente que reflexionen.
(Rumores.) Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cámara.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor senador, si me lo permite, viniendo de la ideología que usted tiene y después de la
caída del muro de Berlín, no me diga su señoría que los demás somos antiguos, porque su señoría es prácticamente --se lo digo con todo mi cariño-- prehistórico. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Risas.)
Señoría, yo no estoy en el debate de la comunidad autónoma ni debo estarlo, pero, si le he entendido bien a su señoría, el objetivo --que su señoría dice que tiene el Gobierno; no sé si su señoría tiene capacidad para decirlo, pero lo ha
dicho-- (El señor Cámara Fernández: Hablo en nombre propio.) es que no se reduzca el número de turistas. Entonces, tenemos un problema, porque sí se está reduciendo dicho número. Eso tiene consecuencias, por ejemplo, para el empleo ya que, frente
a un aumento del empleo en el sector de 3.000 empleos en el conjunto de España, concretamente en hoteles, en Baleares se ha producido justamente lo contrario: se han perdido 2.698 empleos. Además, es la única comunidad autónoma en la que en el mes
de agosto no crece el número de afiliados al régimen general de la Seguridad Social. Por tanto, en ese sentido habría que hacer una reflexión.
En segundo lugar, su señoría me pide que le dé una explicación de por qué nosotros nos pronunciamos en
las reuniones internacionales o nacionales sobre la ecotasa. Se la doy: Porque, señoría, nos preguntan si va a ser una política nacional; los turoperadores nos preguntan si esa medida, que ustedes toman legítimamente --aunque nosotros creemos que
política y jurídicamente equivocada-- y bajo su responsabilidad, es una medida que el Gobierno va a impulsar y si otras comunidades autónomas la piensan tomar en España. Por tanto, tengo que opinar, señoría; lo siento. Pero su señoría no me puede
pedir a mí que yo no dé la opinión del Gobierno sobre una decisión que los turoperadores más importantes del mundo le plantean al Gobierno español. No le piden ya su opinión sobre la política del Gobierno balear --que no les gusta--, sino sobre si
otros gobiernos autonómicos españoles o sobre si el Gobierno nacional la va a impulsar.
Yo lo lamento mucho, señoría.
Quizá han descubierto ustedes algo que va a tener unos efectos magníficos, pero va a ser en el medio plazo, por lo que no sé si
se cumple aquella frase, que creo que era de Keynes --y aquí hay ilustres economistas que me corregirán si no es así--, de que el medio plazo es una distancia un poco larga muchas veces, desde el punto de vista económico. Desde luego en el corto
plazo los efectos que está produciendo son otros, y no es aquí donde debemos debatirlos, pero su señoría me pregunta y yo le contesto.
Me parece importante saber, no digo que sea lo más importante, qué está haciendo el Gobierno desde el punto de
vista turístico. Nosotros creemos que el año 2002, y los datos de agosto vendrán a asegurar que eso es posible, vamos a tener un comportamiento del sector turístico en el que las cifras van a ser similares a las del período 2000-2001. Esto
indicaría que España en el conjunto de dos años, en los que el crecimiento turístico del mundo va a ser negativo, tendría un ligero incremento. Y a mí me parece que es una noticia razonable para una industria tan importante en un contexto tan
relevante, y con crecimientos en los últimos tres y cuatro años tan considerables como los que hemos tenido. Si no me falla la memoria, en el año 1996 había 36 millones de turistas y ahora hay 50 millones. Y vuelvo a repetir, además desde finales
de los ochenta ha habido una transformación, como consecuencia de la gestión de las autoridades turísticas en España en la primera parte de la década. Por lo tanto, en ese sentido las administraciones públicas en general y el Gobierno de la nación
en particular, durante varias legislaturas y con distintos gobiernos, han obtenido resultados satisfactorios en la política turística.
¿Qué es lo que estamos haciendo de cara al futuro? A corto plazo estamos realizando un esfuerzo inversor en
promoción internacional y una mayor coordinación y, a medio plazo, entendemos que debemos continuar en el Plan de Calidad Turística que, como le he mencionado, es el eje sobre el que estamos trabajando con las administraciones territoriales.
En los
presupuestos que entran hoy en la Cámara se recoge un crecimiento de la inversión en promoción por parte de la Administración General del Estado del diez por ciento, que supone unos 45 millones de euros, a lo que hay añadir casi cinco millones de
euros de fondos europeos. Por tanto, estamos hablando de más de 50 millones de euros para el año 2003, que suponen un incremento de casi el 10 por ciento (el 9,38 por ciento) con respecto al año 2002. Esta cifra representa, además, un importante
esfuerzo en promoción turística. Solamente en la campaña de publicidad internacional la inversión total del año 2003 supera todo el presupuesto de Turespaña promoción del año 2001. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo muy considerable en el
presupuesto turístico de la Administración del Estado.
Lo que es más importante es que estamos asentando un principio de cooperación de campañas de publicidad internacional, no sólo nacional, con otras administraciones turísticas e incrementos de
más del 30 por ciento para el año que viene. Y eso supone que estamos haciendo promoción conjunta y análisis conjuntos. De los análisis se derivan algunos problemas, y es bueno que la sociedad española tenga conciencia de ello.
Nuestros clientes,
los turistas, advierten cada vez más un problema de relación calidad-precio, y ésa es una cuestión a la que sector dice sí, y un deterioro de la capacidad de acogida.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Vicepresidente, vaya concluyendo, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Termino.
Capacidad de acogida que, como es natural, es un término que debemos ser capaces de definir con más sentido.
Los
objetivos del Plan de Marketing para el 2003 que aprobó el Consejo Promotor de Turismo el pasado lunes para la tarde son varios: la recuperación de los mercados emisores europeos afectados, entre ellos, sin duda, el alemán, el mantenimiento de los
mercados emisores lejanos, un esfuerzo en el turismo cultural, un elemento que siendo el año 2002 un año de turismo cultural está teniendo muy buenas manifestaciones, como el caso del Año Gaudí en Cataluña, y el necesario refuerzo de la acción
promocional del turismo de sol y playa. Ya sé que todo el mundo, menos los que se dedican a esto, dicen que hay que superar el turismo de sol y playa, pero los que se dedican a esto llaman la atención sobre este tipo de turismo que, al parecer, es
suficientemente
importante y, desde luego, ésa es la conclusión de los responsables de turismo de comunidades autónomas y del Gobierno el pasado lunes.
En ese sentido, creo que se está trabajando con elementos presupuestarios nuevos muy importantes. Y
estamos realizando nuevos convenios de promoción conjunta de marcas turísticas culturales y de naturaleza, que van a permitir cerrar con todas las comunidades autónomas, y estoy convencido de que con Baleares también, planes en su conjunto. Además,
tenemos la aplicación de nuevas tecnologías, sobre todo de Internet, al mercado turístico, con un portal de turismo español que se ha puesto en marcha este verano; el impulso al turismo idiomático junto con el turismo cultural; la necesidad de
diversificar nuevos mercados abriendo nuevas consejerías de turismo en destinos nuevos para nosotros, como pueden ser China o los países del Este, así como profundizar en nuevos tipos de productos ligados al Patrimonio Histórico-Artístico español.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Señor Vicepresidente, le ruego que concluya, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Termino, señor Presidente.
Asimismo, el Congreso Internacional de Turismo que se celebrará en Salamanca en noviembre creo que
será una buena oportunidad para que todos podamos reflexionar.
Por último, insisto en la aplicación de nuevas tecnologías, que no sólo se refieren al portal de turismo español sino a la colaboración que estamos imprimiendo junto con el Ministerio
de Ciencia y Tecnología para desarrollar una central de reservas orientada a Internet.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor
Vicepresidente.
--DE DON CRISTOBAL JOSE LOPEZ CARVAJAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO DE CONTENCION DEL GASTO FARMACEUTICO Y DE PROMOCION DEL USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (670/000152).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Interpelación del excelentísimo señor don Cristóbal José López Carvajal, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de contención del gasto farmacéutico y de promoción del uso
racional del medicamento.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador López Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Ante todo, permítame, señora Ministra, que le dé la bienvenida al Senado, una Cámara que, en mi opinión, usted deberá frecuentar de manera especial a tenor de la nueva etapa que se
ha abierto en el Ministerio como consecuencia del fin de las transferencias sobre asistencia sanitaria a las comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución.
También quiero expresarle en nombre del Grupo Parlamentario Socialista mi
felicitación por su nombramiento y deseamos que sea beneficioso para el Sistema Nacional de Salud. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Entrando ya en materia, le diré que estuve presente, señora Ministra, en su
comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde usted se declaró, como no podía ser menos, continuadora de las políticas sanitarias del Gobierno desde el año 1996. Hago esta alusión porque éste es un argumento que legitima esta interpelación
toda vez que podría considerarse que es algo precipitada a tenor de que lleva usted muy poco tiempo en el ejercicio de su cargo. Pero, evidentemente, el Partido Popular gobierna desde el año 1996 y, específicamente, desde el año 2000, que es lo que
en última instancia pretendo analizar: el impacto de las medidas que sobre el gasto farmacéutico y el uso racional de los medicamentos viene aplicando el Gobierno desde el año 2000.
Creo que es conocido por todos los estudiosos de la salud que las
partidas del gasto farmacéutico en toda la Unión Europea evolucionan con unos incrementos anuales superiores al resto de los componentes de la sanidad. Por citar algunos datos, en el año 2000 y en referencia al año 1999, en Italia este incremento
del gasto sanitario supuso un 15,4 por ciento, en Francia supuso un 10 por ciento y nosotros tuvimos una tasa del 7,5 por ciento.
Como quiero rentabilizar el tiempo de mi intervención, trataré muy genéricamente las razones de este problema y me
centraré fundamentalmente en aquellas que suscitan unanimidad en los analistas de la economía sanitaria.
Creo que hay unas razones de infraestructura sanitaria que inciden en este asunto, como son el escaso tiempo de consulta en atención primaria
o, por ejemplo, las listas de espera, que son excesivamente largas, y hay también otro problema importante, cual es el incremento de la población mayor de 65 años. En el caso específico de nuestro país, para el año 2000 la factura de los
pensionistas supuso un 77,5 por ciento del total de la factura del gasto sanitario público. También hay un incremento paulatino de los precios de los medicamentos, de forma tal que, por ejemplo, la gama de los medicamentos que se incluyen entre las
1.000 y las 5.000 pesetas a precio de venta de laboratorio subió entre los años 1995 y 1998 del 18 al 25 por ciento ,es decir, siete puntos.
Pero, junto a este dato, también hay que tener en cuenta que el peso relativo que tiene el gasto
farmacéutico en el conjunto del gasto sanitario es diverso y desigual en el conjunto de la Unión Europea. Por ejemplo, en Alemania supone un 14 por ciento del gasto sanitario, en Francia un 19 por ciento, en Italia un 17 y en España --uno de los
países con la cifra más elevada-- supone el 22 por ciento.
Pero esta importante pregunta que podríamos hacernos sobre si gastamos mucho o poco en medicamentos en nuestro país tiene una respuesta que en cualquier caso no es única ni unidireccional, sino que se trata de una respuesta compleja y
diversa, en la que intervienen variables como el gasto total en sanidad, el nivel de infraestructuras, la cobertura farmacéutica, etcétera.
No obstante, en cualquiera de los casos, las autoridades sanitarias, todas, tienen la obligación de fomentar
el uso racional de los medicamentos y tratar de que la evolución de dicho gasto no se convierta en una amenaza para la debilidad del Sistema Nacional de Salud, porque en España hay indicadores que evidentemente así lo muestran. Por ejemplo, el
consumo de medicamentos en España expresado en unidades por habitante es uno de los más altos de la Unión Europea o el más alto --posiblemente sólo nos supere Francia--, y las proyecciones de crecimiento de la población mayor de 65 años para los
próximos 25-50 años situarán a España también en uno de los países más envejecidos de Europa, con una tasa del 43 por ciento de población mayor de 60 años.
El Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha una serie de medidas que, desde el año
1996 se proyectan sobre los márgenes comerciales de los mayoristas, de las farmacias, el precio de los medicamentos, que se redujo en un 6 por ciento, y han introducido correctamente los precios de referencia y estimulado, en mi opinión de manera
bastante leve, el mercado de genéricos.
Pero la medida fundamental que ha tomado este Gobierno desde el año 2000 ha sido, indiscutiblemente, la promulgación del Real Decreto-Ley 5/2000 que, como usted bien sabe, se aprobó con carácter de urgencia.
Ustedes impusieron un margen fijo de 5.580 pesetas para todos los medicamentos cuyo precio de venta por laboratorio fuese superior a las 13.035 pesetas.
Asimismo, aplicaron descuentos progresivos, según el volumen de facturación a las oficinas de
farmacia e impusieron un margen fijo de 1.384 pesetas para los medicamentos con precio de venta de laboratorio superior a las 13.000 pesetas, en este caso para los mayoristas.
¿Cuál ha sido la incidencia de estas medidas en estos dos años? Según
los datos y la información que he estudiado, en el caso específico de los márgenes comerciales de las oficinas de farmacia, ha supuesto en el año 2001 una minoración del gasto público sanitario de 7.000 millones de pesetas. En el caso de los
descuentos progresivos de las farmacias, tuvo una incidencia más significativa, que se cuantifica en 32.000 millones de pesetas. Ha sido menor el esfuerzo realizado por los mayoristas.En el año 2001 la minoración del gasto sanitario público,
solamente supuso, por las medidas que aplicaron, que afectaban a ese sector, 1.750 millones de pesetas.
Asimismo, han ampliado y actualizado los precios de referencia, lo que ha tenido, en mi opinión, una proyección del siguiente tenor: se han
frenado los ritmos de crecimiento del costo medio por receta --es cierto--, pero para compensarlo, desgraciadamente, las fuerzas de promoción de los laboratorios han inducido a una mayor prescripción en el número de recetas, de forma tal que puede
calcularse que un 1 por ciento de freno en el precio medio de las recetas induce a un 1,5 por ciento en el número de recetas. Así, por ejemplo, en el año 2001 este número creció en un 4 por ciento respecto al año anterior y este año --con datos de
julio porque, los de agosto han salido hoy y no los he podido recoger-- tenemos una evolución del 7 por ciento.
En definitiva, creo que el balance que se puede hacer de las medidas que han adoptado, lógicamente, tiene luces y sombras. Han mejorado
los parámetros del crecimiento económico, de tal forma que en los últimos dos años nos estamos moviendo en unas cifras que no alcanzan los dos dígitos, lo cual es positivo, aún cuando seguimos estando por encima del crecimiento del PIB nominal, que
es siempre una preocupación que compartimos.
En cualquier de los casos hay un estancamiento significativo, incluyendo, incluso, los datos que han salido del mes de agosto, sobre la evolución del presente año del gasto farmacéutico, que estaba
situado en el 10,2 por ciento hasta el mes de julio y si incluimos los de agosto, en el 9,7 por ciento. No hay un despegue significativo de los medicamentos genéricos, de manera deliberada, en mi opinión, y como consecuencia, como luego explicaré,
de los acuerdos pactados con Farmaindustria.
Sin embargo, considero que hay dos carencias muy importantes. Una de ellas es que no se ha actualizado el Decreto 1416/94, que actualiza la publicidad de los medicamentos, y la más importante y
fundamental es que ustedes no han sabido incorporar a las comunidades autónomas en la estrategia de uso racional del medicamento y en el control del gasto farmacéutico, una necesidad que es obvio reiterar, que es la más significativa, en el contexto
sanitario actual.
¿Por qué el Gobierno no ha cumplido lo que prometió y lo que legalmente está obligado, como consecuencia de la promulgación del Decreto 5/2000, que es, como usted bien sabe, señora Ministra, la actualización de los artículos 17 y
18, que hacen referencia a la publicidad de los medicamentos de uso humano? Constituye un problema de especial significación porque, usando argumentos de la anterior Ministra de Sanidad y con cifras relativas al año 2000, el costo de la publicidad
en España estaba situado en 350.000 millones de pesetas, lo cual significa que el impacto de estas medidas en el precio de venta de los laboratorios está entre el 12 y el 16 por ciento, que es indiscutiblemente la cifra más alta de la Unión Europea.
El Gobierno no ha cumplido esta medida, que tenía por objeto regular dos aspectos de la promoción farmacéutica en los que se vienen produciendo excesos conocidos por todos, y que no voy a detallar, que son los incentivos a las personas facultadas
para prescribir (que evidentemente no son otros que los médicos) y el patrocinio de las reuniones científicas. El Gobierno se ampara en el marco normativo europeo, que evidentemente es un marco ineludible, pero también se convierte, por voz de la
anterior Ministra --lamento tener que citarla-- en un proyecto formidable para esconder razones que, en mi opinión, son bastantes más prosaicas. Una de las causas fundamentales es que ustedes han firmado en los dos últimos años unos pactos con
Farmaindustria que les han coartado, les han impedido, han limitado
su autonomía política, y esto es especialmente significativo. Es significativo y es grave porque, en primer lugar, los acuerdos firmados con Farmaindustria, contemplados en la perspectiva de los últimos seis años, porque se vienen firmando
acuerdos desde el año 1995, han sido los acuerdos menos beneficiosos para el Sistema Nacional de Salud y, en segundo lugar, porque el esfuerzo que ha hecho Farmaindustria en los últimos años, comparado con el esfuerzo del sector de distribución,
tanto mayorista como farmacéutico, es indiscutiblemente el de menos envergadura; baste para ello el dato de que la facturación de Farmaindustria sigue creciendo por encima del 10 por ciento, lo cual es un dato que contrasta claramente con la
reducción del valor añadido que han tenido los mayoristas y también, por supuesto, las oficinas de farmacia.
Quiero, de todas formas, hacer un pequeño paréntesis en este punto. Yo no quiero en ningún momento demonizar a Farmaindustria; no creo
que sea un adversario, indiscutiblemente es un aliado necesario. Lo que es preciso, en mi opinión, es ponderar el equilibrio que Farmaindustria tiene que tener en este esfuerzo que precisa hacer el Sistema Nacional de Salud para racionalizar y
someter el crecimiento del gasto farmacéutico dentro de unos límites que no resulten realmente preocupantes, y tenemos un arma muy poderosa. Usted sabe perfectamente que España es el séptimo mercado mundial y que el Sistema Nacional de Salud es
indiscutiblemente un cliente excepcional, y a partir de ahí tenemos que tener y poner en marcha una serie de medidas, que no son solamente la financiación de los centros de investigación, que ustedes han creado, sin las suficientes garantías
presupuestarias, como es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el Centro de Investigaciones Cardiovasculares, objetivos necesarios, pero que precisan de un respaldo mucho más sólido de los presupuestos públicos y no que tengan que
estar financiados básicamente con la aportación de Farmaindustria.
El último punto en el que quiero detenerme, antes de que se me agote el tiempo, y políticamente el más significativo de mi interpelación es el fracaso en la participación de las
comunidades autónomas en la contención del gasto farmacéutico. Ustedes han tenido un instrumento inmejorable del que no ha dispuesto ningún Gobierno, y ha sido una moción aprobada por el Congreso de los Diputados, en diciembre del año 2000, en la
cual se instaba al Gobierno para que, conjuntamente con las comunidades autónomas y a través del Consejo Interterritorial de Salud, elaborase un plan integral de medidas sobre el tema que nos ocupa. Lo más significativo de este acuerdo es este
énfasis que yo a usted le he dicho, la participación de las comunidades autónomas. Hubo graves defectos en la firma de este convenio porque no se consultó suficientemente, no se debatió de forma extensa y detenida el contenido de estos acuerdos en
el Consejo Interterritorial. Se creó una crisis importante porque las comunidades autónomas --como usted bien saben-- impugnaron este acuerdo. Las comunidades autónomas en el ejercicio de sus funciones, y porque no hubo un consenso sobre este
particular, impusieron visado, concretamente a Andalucía, en la prescripción de determinados medicamentos que usted conoce perfectamente que fueron recurridos en su momento por el Ministerio. Luego, el Ministerio, falto de perspectivas, tuvo que
volver a reconocer que este visado era necesario para la expedición de estos medicamentos. En definitiva, se ha creado un clima político que es preciso recomponer.
Más allá de este problema específico del pacto con Farmaindustria hay una serie de
retos importantes que usted tiene como ministra con respecto a la participación de las comunidades autónomas y que yo quiero enumerarle.
Por ejemplo, usted tiene que incorporar indiscutiblemente a las comunidades en la Comisión Nacional para el Uso
Racional de los Medicamentos, y ustedes no solamente no las han incorporado, sino que las han excluido.
Si usted se lee la Ley de Medidas Fiscales del año 1996 verá que la participación de las comunidades autónomas en esta Comisión fue sustituida
sólo y exclusivamente por una Comisión de técnicas, una Comisión fundamental cuyas competencias yo no voy a recordarle, pero que son tan fundamentales como las de poder dar su informe preceptivo, aunque no vinculante, para la exclusión de
determinados medicamentos del Sistema Nacional de Salud. Un tema que evidentemente hay que restituir.
Pero hay otros asuntos de gran significación y que afectan, por ejemplo, a la Agencia Española del Medicamento. ¿Cómo se explica, señora
Ministra, que en los comités de evaluación de los medicamentos de uso humano o veterinario haya representantes de los colegios de médicos y farmacéuticos e, incluso, de los usuarios y no los haya de las comunidades autónomas? ¿Por qué no participan
las comunidades autónomas en condiciones similares a las de estos comités de evaluación, pero en los comités de seguridad tanto de los medicamentos de uso humano, como de uso veterinario? ¿Cuál es la razón profunda para ello? ¿Por qué no
participan las comunidades autónomas en la fijación de los precios de los medicamentos? ¿Usted considera oportuno que los representantes de las comunidades autónomas estén presentes en la Comisión? No me refiero a la Comisión Interministerial de
precios de los Medicamentos, en la que por su propia definición no podrían estar, pero usted tiene la capacidad de transformar esa Comisión y crear una Comisión de carácter nacional donde las comunidades autónomas puedan participar y puedan,
indiscutiblemente, intervenir en la definición de los precios de los medicamentos que se financian con cargo a los presupuestos públicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senador, López Carvajal, vaya terminando, por favor.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Acabo en un minuto, señor Presidente.
Quiero concluir diciéndole, señora Ministra, de forma sintética algunas cuestiones. Su antecesora dilapidó una confianza política inmejorable en el Congreso de los Diputados
que yo le invito a que usted restituya.
Tiene usted la obligación, y puede hacerlo jurídicamente sin que se lo impida la normativa de la Unión Europea, de actualizar los dos artículos del Real Decreto sobre promoción de los medicamentos a los que
le obliga el Real Decreto 5/2000. Lo
puede hacer. Y después en el turno de réplica le daré algunos argumentos.
Debe usted reforzar la autonomía de su Ministerio respecto de Farmaindustria, con la que debemos contar, pero evidentemente hay que ponderar de manera distinta su
esfuerzo en esta materia, es decir, con el objetivo de garantizar un crecimiento sostenido del gasto farmacéutico público.
Tiene usted fundamentalmente que definir una nueva política en este campo, y en otros también, pero me refiero a éste que es
el objeto de la interpelación, de participación de las comunidades autónomas. Porque, aunque es verdad que el Ministerio tiene competencias para legislar básicamente sobre este asunto, políticamente usted no puede seguir un camino distinto, en mi
opinión, que aquel que se derive del consenso en el Consejo Interterritorial en todas aquellas políticas que impliquen realmente algún tipo de estrategia respecto de la contención del gasto público y uso racional de los medicamentos.
Quiero acabar
diciéndole, señora Ministra, que si usted se adentra por este camino va a tener el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, y si no se adentra, va a tener nuestra oposición y, lo que es más importante, va a tener un conflicto abierto con las
comunidades autónomas, pues, independientemente del signo político que las gobierne, usted que lee la prensa especializada, sabe que están diariamente reivindicando cuestiones como las que yo le he planteado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador López Carvajal.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor López Carvajal, gracias por la felicitación y por sus buenos deseos, se lo agradezco.
Voy a empezar mi contestación a su interpelación,
señoría, diciéndole que muchas de las cosas que aquí se han oído coinciden con el análisis que le voy a exponer, pero antes de entrar en ese análisis, tal vez más numérico o más estratégico, me van a permitir sus señorías que dé unas cuantas notas
que a mi juicio son importantes antes de hablar de medicamentos.
Los medicamentos han conseguido importantes éxitos en la prevención y en la lucha contra el dolor y la enfermedad en nuestro país. Los beneficios de los medicamentos no sólo se
expresan en términos de vidas salvadas y sufrimientos evitados sino también en términos de enfermedad y hospitalización acortados, lo cual también implica ahorros económicos importantes. Además, los medicamentos incorporan de manera permanente los
resultados de un importantísimo esfuerzo de investigación y desarrollo que hay que tener siempre en cuenta en todos los análisis coste/beneficio que, como usted sabe, señoría, no siempre se hace.
Tiene que ser un marco el que regule el sector
farmacéutico, por tanto, que ofrezca garantías de solidez a las políticas que van a influir directamente en los retos sanitarios y económicos que se plantea la sanidad pública.
Quiero manifestarle que el primer objetivo del Gobierno, como sabe, es
contribuir a la existencia de medicamentos seguros, correctamente identificados y con información apropiada.
Dicho esto, me gustaría señalar algunos datos respecto al gasto económico en materia de productos farmacéuticos en los últimos años. Mire
usted, señoría, entre el año 1986 y 1996, el gasto de este capítulo experimentó en España un incremento del 256,13 por ciento, y una tasa acumulativa anual del 13,54 por ciento, registrándose periodos con incrementos anuales próximos al 20 por
ciento, como el comprendido entre los años 1987 y 1990.
Frente a estos datos, cabe señalar que la tasa acumulativa anual del periodo 1997-2001 fue de 8,97. En el año 2000, el gasto farmacéutico público, a través de oficinas de farmacia, representó
para el Sistema Nacional de Salud un incremento del 7,46, situándose muy por debajo de la tendencia observada en los últimos 15 años.
Esta moderación, señoría, es consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno, que quiero recordar
someramente: primero, introducir en el mercado especialidades farmacéuticas genéricas de incentivación de su prescripción; segundo, impacto residual de la bajada de los márgenes de distribución del 11 al 9,6; tercero, reducción de los precios
industriales máximos de las especialidades farmacéuticas en un 6 por ciento de promedio; cuarto, modificación de los márgenes de las oficinas de farmacia; quinto, aplicación de los descuentos por márgenes del Real Decreto 5/2000, como se ha dicho,
y sexto, implantación efectiva del sistema de precios de referencia.
Esta situación, por tanto, ha continuado manifestándose durante el año 2001, donde el gasto sanitario público en farmacia, ha presentado una tasa de un 7,93. Aún así, el gasto
farmacéutico en nuestro país sigue teniendo un incremento por encima del PIB nominal, como usted ha señalado.
En cumplimiento del mandato del Congreso de los Diputados de 19 de diciembre, el Gobierno puso en marcha una serie de acuerdos y de
medidas.
Es de señalar que la pretensión común de todos los acuerdos que puso en marcha el Gobierno, y así queda literalmente expresada en todos ellos, es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud a través del incremento de los niveles de
calidad en atención sanitaria, de un mayor aprovechamiento de los recursos existentes y sobre todo de dotar de un impulso decidido a la promoción del uso racional del medicamento.
A este respecto, se hace necesario resaltar los beneficios que
mediante la ejecución de estos acuerdos se logran para el sistema y por tanto para los ciudadanos.
En el acuerdo firmado, Farmaindustria ha logrado por primera vez incorporar al erario público --y después me referiré más detenidamente a esta
cuestión-- una aportación económica sustancial que nunca se había producido en este país, cifrada, como usted sabe, en 300,51 millones de euros para el periodo 2002-2004, con la finalidad de financiar proyectos de investigación de interés general
que se harán efectivos a través del Instituto de Salud Carlos III
y, como bien conoce, se han puesto ya en marcha convocatorias para la creación, entre otros asuntos, de las redes de investigación científica, que son compartidas por nuestros vecinos europeos y por todos los países punteros en el mundo en
cuanto a la investigación.
La industria farmacéutica asume también el compromiso de incrementar sus inversiones de investigación, desarrollo e innovación en un porcentaje superior al del crecimiento del PIB nominal y que se cifra en el periodo
mencionado en un montante de 1.352,28 millones de euros.
Puedo decirle que es la primera vez que el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) firman en este país un acuerdo
conjunto. La colaboración entre estas organizaciones está permitiendo una dispensación de medicamentos más racional que incide en la promoción de la salud, la educación y en la correcta utilización de los medicamentos. Igualmente, esta
colaboración está dando sus frutos en el área de la consolidación del mercado de especialidades farmacéuticas genéricas, así como la puesta en marcha de la receta electrónica.
Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos se ha
comprometido mediante la firma del acuerdo suscrito a colaborar en el fomento y desarrollo del mercado de especialidades farmacéuticas genéricas, así como en una función fundamental que usted conoce bien, que es la de fármaco vigilancia, y en la
colaboración y cooperación para la puesta en marcha de la receta electrónica.
Como he señalado en mi comparecencia, el sector de la distribución farmacéutica es estratégico para garantizar el adecuado acceso a los medicamentos, y ha realizado una
aportación estimada en 48,85 millones d euros para financiar, igual que la industria, los proyectos de investigación canalizados a través del Instituto Carlos III.
Por último, las asociaciones de consumidores y usuarios que forman parte del Consejo
de Consumidores y Usuarios han firmado un acuerdo para contribuir a proporcionar a los pacientes una educación sanitaria adecuada en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la misma línea auspiciada por la OMS que usted
conoce.
Señoría, para concluir, quiero decirle que esa actuación integral en el ámbito farmacéutico, con la colaboración de todos los sectores implicados en la cadena del medicamento, va a seguir siendo impulsada desde el Ministerio de Sanidad y
Consumo, dinamizando al máximo el funcionamiento de las omisiones de seguimiento y grupos de trajo establecidos, que han tenido hasta el momento 68 reuniones.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupos Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el senador López Carvajal por un tiempo de cinco minutos.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, le ha sobrado tiempo y hay muchas preguntas que le he formulado a las que no ha dado ninguna respuesta, lo que me parece un poco preocupante, sobre todo por lo que se
refiere a la cuestión del papel de las comunidades autónomas. Por tanto, me veo en la obligación de reiterar algunos asuntos por entender que quizá en su próxima respuesta tenga más fortuna.
Antes de hacerle algunas pequeñas precisiones, he de
decir que es verdad que el gasto farmacéutico público durante la etapa del Gobierno del Partido Socialista, a la que ustedes aluden con tanta frecuencia, evidentemente fue alto, aunque no tanto como usted dice. El pico más alto estuvo en el año
1992 ,en el que se alcanzó un 17 por ciento. Pero existe una razón de base profunda y es que la ley de Sanidad del año 1986 universaliza el derecho a la asistencia sanitaria, que antes constituía una prestación derivada del trabajo mientras que en
la actualidad es un derecho por le simple hecho de ser ciudadano de este país. Esto es fundamental y tiene un impacto significativo.
En cualquier caso, hay algunas cuestiones que usted ha abordado y que hay retomar.
El pacto con Farmaindustria.
En mi opinión, desde el punto de vista económico, no es el pacto más rentable que ha obtenido este Ministerio, si es que queremos medir con ese parámetro exclusivamente los pactos. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) En el
año 1995, que fue el primer año de los pactos, ya se obtenían unos retornos de 9.000 millones de pesetas anuales. Ese pacto fue firmado por el Gobierno anterior en el año 1995 y ustedes, cuando llegaron en 1996 lo modificaron positivamente porque
lo incrementaron.
Por lo tanto, analicemos lo que nos va a aportar Farmaindustria desde el punto de vista económico, porque usted me habla de los objetivos finales, pero esos objetivos están en función de que el crecimiento del gasto farmacéutico
público no se mueva dentro de la escala que usted sabe que está establecida en el convenio. Cuando esa escala se modifique --por ejemplo, este año está modificada hasta el mes de agosto--, la escala se rompe y hay que empezar a revisar todo. Por
lo tanto, desde el punto de vista económico, es relativo.
Desde el punto de vista de la participación --aunque es verdad que Farmaindustria va a dar dinero para la investigación, no se define qué tipo de investigación-- y se reserva el derecho a
crear una fundación --usted lo sabe--, y a través de esa fundación canalizará los fondos, sin que esté claro si va a investigar en fase clínica, que interesa a los laboratorios, si va a apoyar la investigación básica o qué tipo de papel va a jugar
Carlos III a la hora de definir los proyectos estratégicos que tengan que financiarse. Otro punto que está abierto.
Pero también ha conseguido farmaindustria otras cosas muy importantes.
Por ejemplo, ha conseguido un doble precio para los
productos farmacéuticos en España. Y usted sabe que, en este caso concreto, para la balanza de pagos es desfavorable a los intereses económicos españoles y ha sido recurrido por los mayoristas, porque el comercio paralelo está consagrado en la
Unión Europea. Y ha conseguido restricciones al desarrollo de los medicamentos genéricos,
porque ustedes se han comprometido a una ampliación del período de protección de datos incluido en el Registro de Medicamentos de hasta diez años, y tienen, por si fuera poco, información privilegiada sobre la facturación del Sistema
Nacional de Salud, donde se le incluye mensualmente el tipo de facturación, el número de recetas por laboratorio, por grupos terapéuticos y por comunidades autónomas.
Consiguen mucho.
Hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Repito, a mí me
apasiona que haya gente que dedique su dinero a investigar en medicina. Lo aplaudo como ciudadano y si tuviera dinero, que no lo tengo, posiblemente también lo dedicaría a ese tipo de actividad, pero hay que ponderar la cuestión.
Usted no me ha
hablado para nada --y repito, señora Ministra que le ha sobrado tiempo--, de lo que he planteado con respecto a las comunidades autónomas, ni me ha hablado de por qué ustedes no desarrollan el Real Decreto 5/2000 cuando lo pueden hacer. Por
ejemplo, en Inglaterra está fijado un porcentaje máximo en publicidad del cual no pueden pasar los laboratorios, y están sujetos, como nosotros, a la legislación europea.
En Francia, por ejemplo, existe un impuesto que grava los ingresos de
promoción en publicidad.
¿Por qué no puede este Gobierno, desarrollar, como se ha comprometido, el artículo 17 y 18 del Real Decreto...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador López Carvajal, le ruego vaya concluyendo.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Gracias, señor Presidente. Concluyo en menos de un minuto.
Farmaindustria ha conseguido una autorregulación que es un poco una impostura, y no lo es desde el punto de vista conceptual --yo estoy a favor de la
autorregulación en muchos campos--; pero si la autorregulación lo que hace es trasladar lo que ya está escrito en la normativa vigente, realmente suena un poco ridículo.
Finalmente, quiero concluir diciéndole que tiene usted un reto con las
comunidades autónomas, señora Ministra. No es complejo, no merma la autonomía del Ministerio --cosa que nosotros compartimos--, sino que define un nuevo estilo de gobernar. Ese es su reto.
Le reitero una vez más: si lo intenta, tendrá nuestro
apoyo; si no lo intenta, va a tener un escenario conflictivo y malo para el Sistema Nacional de Salud en los próximos dos años.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador López Carvajal.
Para finalizar la interpelación, tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Señor Presidente, señorías, quisiera únicamente decir que lo que uno es capaz de decir no depende del tiempo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Una señora
Senadora: ¡Muy bien, muy bien!). Por supuesto voy a contestar a todas las preguntas que me ha formulado su señoría, pero pensaba que usted ya conocía la postura del Gobierno respecto de muchas de ellas.
Usted se ha referido a varios aspectos; ha
reconocido que en la política farmacéutica del Gobierno hay luces y sombras; ha reconocido que la investigación biomédica es importante, algo que como sabe ha constituido uno de los pilares de la comparecencia de la Ministra, porque en un sector
como el sanitario la innovación tiene que ser permanente, y no sólo en materia de farmacia, sino también de nuevas tecnologías. Nosotros --y es lo que he querido transmitirle-- vamos a seguir apostando por el futuro y por un plan de política
farmacéutica que el otro día describí en el Congreso de los Diputados. Este plan se refiere al buen uso del medicamento, y no le he oído decir a usted, señoría, aunque estoy segura de que no es porque no esté de acuerdo con ello, sino porque no lo
ha mencionado, que el punto central lo constituye el hecho de que todos los pacientes tengan acceso a los mejores medicamentos, de mayor calidad y más seguros. Pero, como digo, estoy segura de que ambos compartimos esta opinión. Yo presenté un
plan que, entre otras cosas, requiere el análisis, la evaluación de los pactos a final de este ejercicio y las mejoras de todos estos pactos, y además, con la intervención en cada caso de las comunidades autónomas.
En primer lugar, dije que para el
Gobierno es importante que la industria farmacéutica aumente su contribución al I+D y que hay que realizar políticas de investigación --y esto constituye una de las preguntas que usted me formulaba-- aplicadas a las patologías que motivan la mayor
morbilidad y mortalidad. Si me permite decirlo, señoría, en mi opinión el planteamiento es impecable. Es la primera vez que en esta Cámara o en el Congreso de los Diputados se habla de orientar la investigación en I+D en materia de biomedicina a
las patologías prevalentes, tal y como se hace en otros países del mundo.
En segundo lugar dije algo que considero tiene cierta relevancia y que viene a responder a algunos de los elementos que usted planteaba con bastante claridad en su
intervención, y es el hecho de que vamos a ordenar y dotar de coherencia las decisiones que afectan a la autorización de medicamentos, así como a la regulación de sus precios, estableciendo un procedimiento normalizado para su autorización. Y no se
preocupe usted, pues en todo aquello que las comunidades autónomas tengan competencia vamos a contar con su colaboración, pero también en materia de consulta y diálogo permanente, porque con independencia del ordenamiento jurídico de nuestro país y
de lo que establece nuestra Constitución y los estatutos de autonomía, nosotros estamos siempre abiertos a hablar de lo que considero son temas absolutamente técnicos de mejora de los medicamentos. Asimismo, hablé de potenciar la política de
promoción de los medicamentos genéricos, impulsando la progresiva incorporación de nuevas moléculas con incidencia relevante en el consumo, algo en lo que también entiendo que este discurso es cualitativamente diferente. Hablé de que se revisará,
con el fin de hacer más eficaz los efectos de la contención del gasto farmacéutico público, la configuración de los conjuntos
homogéneos correspondientes al actual sistema de precios, que como sabe son más de 100 en este momento, tema éste trascendental y con el que seguro que usted estará de acuerdo. Hablé de potenciar la fármaco-vigilancia siguiendo las
recomendaciones de la Comisión para la Mejora de la Seguridad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud. Hablé del decreto 711/2002, que regula la fármaco-vigilancia y del programa de tarjeta amarilla, programa que es preciso modernizar. Hablé de
actualizar las fichas técnicas de las especialidades farmacéuticas con el fin de mejorar el uso racional. Así, vamos a revisar todo aquello a lo que de tiempo con los recursos necesarios de los que disponemos e intentando mejorar esos 9.276
medicamentos autorizados en nuestra farmacopea y los 7.420 financiados. Y también hablé de promover la formación de los médicos sobre un uso adecuado de los medicamentos, que lo haremos --y lo dije-- en colaboración con las comunidades autónomas,
que son las que en este momento, como saben, tienen en cierto modo una de las responsabilidades, que es la demanda en materia farmacéutica. Lo vamos a hacer y así estará reflejado en los presupuestos generales del Estado para el Ministerio.
También dije que vamos a proporcionar y a promover paulatinamente la instauración de la correspondencia entre la prescripción y la dispensación, que es un asunto sobre todo de educación sanitaria en el que tienen que intervenir los farmacéuticos.
También hablé de la revisión de las plantas medicinales, que es un asunto fundamental. Hablé --con estos términos-- de que las comunidades autónomas desarrollarán sus sistemas de gestión de la prescripción y a través del consejo interterritorial se
buscará el consenso en los criterios de organización de la visita médica y control del «marketing» farmacéutico, de acuerdo con el Real Decreto 5/2000 y la directiva comunitaria en revisión. Es decir, no sólo es que hablara del Decreto 5/2000, sino
que además dije cómo pensamos abordarlo, y estoy segura, señoría, de que las comunidades autónomas en este punto se van a poner de acuerdo, porque el sentir de todos es el mismo. Y hablé de los distribuidores y de que es necesario que éstos
aseguren el abastecimiento permanente del mercado español --y en ese sentido vamos a seguir trabajando con ellos--. También dije que los profesionales de la medicina deben realizar evaluaciones permanentes de sus prescripciones con el fin de
adaptar el perfil terapéutico a un uso racional del medicamento.
En definitiva, señoría, con todas estas medidas, que contestan a esa colaboración y coordinación de la que usted me habla y que tocan todos los aspectos de esa cadena tan importante
que es el buen uso --me gusta más llamarlo buen uso que uso racional-- de los medicamentos, yo creo que vamos a contribuir entre usted, su grupo --me consta-- y el resto de los grupos parlamentarios a conseguir la eficiencia en la utilización del
dinero público, que es de todos, en el gasto farmacéutico en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señora ministra de Sanidad y Consumo.
Señorías, se suspende la sesión hasta esta tarde
a las cuatro.
Eran las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, se reanuda la sesión.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 4.648.044,15 EUROS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE DISTINTOS AUTOS DICTADOS EN EJECUCION DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCION SEXTA, DE 20 DE OCTUBRE DE 1997, EN LOS QUE SE RECONOCE EL DERECHO DE LOS RECLAMANTES A SER INDEMNIZADOS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA ROTURA DE LA PRESA DE TOUS (S. 621/000088) (C. D. 121/000091).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto tercero del orden del día: Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario por importe de 4.648.044,15 euros, para el pago de indemnizaciones derivadas del cumplimiento de distintos autos dictados en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 20
de octubre de 1997, en los que se reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados por los daños ocasionados por la rotura de la presa de Tous.
No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley dentro del plazo que, al efecto, se
señaló. En consecuencia, procede pasar al debate.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.648.044,15 euros, para el pago de indemnizaciones derivadas del cumplimiento de distintos autos dictados en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 20 de octubre de 1997, en los que se reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados por los daños ocasionados por la rotura de la presa de Tous.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS DELITOS Y FALTAS, Y DE MODIFICACION DEL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 624/000007) (C. D. 122/000199).
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS
DELITOS Y FALTAS, Y DE MODIFICACION DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 624/00008) (C. D. 122/000227).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto cuarto del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con la proposición
de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. Se tramita por el procedimiento de
urgencia.
De la Comisión de Justicia en relación con la proposición de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados
delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. Igualmente, se tramita por el procedimiento de urgencia.
Los dos dictámenes, por acuerdo de la Junta de Portavoces, se debatirán conjuntamente. Comenzamos con la presentación de los
dictámenes. Para ello, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, el Presidente de la Comisión de Justicia, excelentísimo señor don Juan Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Las proposiciones de ley que se someten en este acto a la consideración del Pleno se tramitan por el procedimiento de urgencia y tuvieron su entrada en esta Cámara el 6 de
septiembre, fecha en que se publicó en el «Boletín Oficial de las Cortes», terminando el plazo de enmiendas para ambas el día 12 del presente mes.
A las proposiciones de ley se presentaron 159 enmiendas para la primera de ellas, distribuidas de la
siguiente manera: 42 de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares; 22 de la senadora De Boneta y Piedra; 7 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 24 de Entesa Catalana de Progrés; 26 del Grupo Catalán de
Convergència i Unió; 25 del Grupo Parlamentario Socialista y tres del Grupo Parlamentario Popular.
A la segunda, a la proposición de ley orgánica se presentaron nueve enmiendas distribuidas de la siguiente manera: una del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos; tres de Entesa Catalana de Progrés; una del Grupo Catalán de Convergència i Unió; tres del Grupo Socialista y una del Grupo Popular.
Las ponencias han informado ambas proposiciones de ley y han estado integradas
por los senadores don Salvador Capdevila i Bas, doña Inmaculada España Moya, don José Iribas Sánchez de Boado, don José Antonio Marín Rite y doña María Antonia Martínez García. La Ponencia se reunió el 17 de septiembre, se emitieron los
correspondientes informes en los que se incorporaron a los textos de ambas iniciativas legislativas diversas enmiendas de los grupos parlamentarios de Entesa Catalana de Progrés, Catalán de Convergència i Unió, Socialista y Popular, así como la
modificación surgida en el seno de la propia ponencia.
Posteriormente, el 18 de septiembre se reunió la Comisión para dictaminar. En ella se introdujeron nuevas modificaciones al texto de la proposición de ley como consecuencia de la aceptación de
diversas enmiendas de los grupos parlamentarios Catalán de Convergència i Unió y Socialista. Sin embargo, en la proposición de ley orgánica se mantuvo como dictamen el texto propuesto por la Ponencia.
La proposición de ley, tal y como se somete a
debate y votación del Pleno de la Cámara, consta de cinco artículos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, precedida de una exposición de motivos.
Por su parte,
la segunda proposición de ley orgánica consta de dos artículos y una disposición final, asimismo precedida de una exposición de motivos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Moya.
Comienza el debate a la totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Pasamos, en consecuencia, al debate del articulado.
Corresponde el turno de defensa de las enmiendas. (La señora Martínez García pide la palabra.) Tiene la palabra la senadora Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista entendía que tendría lugar un debate de totalidad, por lo menos un turno de portavoces antes de entrar estrictamente en la defensa de las enmiendas.
Dado que es un proyecto compartido, entendíamos que el turno a favor sería de todos los grupos parlamentarios,
pero podríamos sustituirlo, tal y como viene ordenado por el Pleno, como un turno de portavoces de diez minutos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Como su señoría desea.
En consecuencia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, en turno de portavoces, entramos en el debate a la totalidad.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, por abreviar este turno, esta senadora tenía intención de hacer una introducción general y utilizar a la vez el turno de defensa de las enmiendas parciales para fijar su posición. Por lo
tanto, si al señor Presidente le parece bien, lo haremos en ese momento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Acosta.
El señor ACOSTA PADRON: También renunciamos a este turno para intervenir al final en el turno de portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.
Lo haremos igualmente en el turno de defensa de las enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Señor Presidente, señores senadores.
Intervengo en esta fase del debate y en esta exposición daré por defendidas las enmiendas que mantendré para la votación final; por tanto no intervendré en el turno
siguiente.
Esta reforma que tenemos entre las manos es una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y es, por lo tanto, una ley procesal, adjetiva --como decían cuando yo estudiaba--, que afecta al juicio rápido, una especialidad del
procedimiento abreviado, y como no se trata de un procedimiento especial es lógico que también afecte al procedimiento abreviado. Por lo tanto el punto central es el tema de la justicia rápida, lo que nos lleva a realizar algunas modificaciones.
La eficacia irregular de los juicios rápidos hasta este momento aconseja realizar una nueva formulación y mejorar el procedimiento establecido para unos juicios destinados a penas privativas de libertad que no excedan de cinco años o cualquier otra
pena que no exceda de 10, que afecte a delitos flagrantes o a delitos de lesiones, coacciones, amenazas, violencia física o psíquica habitual, hurto y robo de vehículos, contra la seguridad del tráfico y, como ustedes saben, que tengan una facilidad
instructora.
El origen de esta reforma es una proposición de ley conjunta con voluntad de llegar a un texto legislativo que sea eficaz y que al mismo tiempo signifique fundamentalmente un gran acuerdo sobre algo que debe modificarse, aunque luego
en la práctica no siempre es fácil llevar a los actores a tener la dinámica suficiente para poder operar en esta dirección.
El propósito de introducir enmiendas ha seguido abierto en el Senado y se han producido mejoras en el texto inicial. El
Senado ha introducido mejoras y ha mostrado que existía un talante abierto con una capacidad de integración de enmiendas, aunque debo decir que subsiste alguna discrepancia; pero ese talante debe subrayarse y el carácter positivo global del
proyecto tal como va a ser votado también debe destacarse.
Se trata, por tanto, de un texto legislativo positivo, que mejora la tutela judicial efectiva porque hace posible una justicia más rápida en caso de pequeños delitos -- como los cometidos
en ocasiones contra extranjeros en los que hay dificultad de que llegue a buen puerto su castigo, delitos que son frecuentes sobre todo en zonas de grandes concentraciones urbanas donde además existe turismo; es allí donde esta necesidad de reforma
es más acuciante-- , pero es una ley procesal que permite abordar mejor la defensa de los derechos de los ciudadanos, y una ley procesal no es -- al menos es mi opinión-- un instrumento frontal de lucha contra la delincuencia, aunque sus efectos
positivos en este campo deben hacerse notar.
Por tanto, desde la moderación y desde mi experiencia personal, conviene no exagerar los posibles defectos, aunque, al mismo tiempo, hay que decir que es un paso adelante importante. Y también desde la
moderación y desde mi experiencia personal, quiero manifestar a la Cámara mi creencia de que las leyes buenas dependen de los recursos empleados, de su forma de aplicación y, por lo tanto, en buena parte del cambio de costumbres que se opere en la
Administración de Justicia. Costumbres y medios, humanos y materiales. Decía que es positivo que los juicios rápidos se regulen mejor, y ahora depende --como decía antes-- de los sujetos, de los medios y de las políticas sustantivas de lucha
contra la delincuencia.
Voy a poner dos ejemplos del carácter positivo del diálogo: en primer lugar, que la conformidad con la pena sea posible aunque el acusado no tenga derecho a la suspensión de la condena --y quiero subrayarlo--; y, en
segundo lugar, que cuando el fiscal no diga nada sobre la acusación, el juez se dirija obligatoriamente a los afectados para que éstos, si lo desean, puedan seguir el procedimiento. Eso sí, mantenemos el criterio de que para que se produzca el
sobreseimiento debería existir la obligación de una manifestación
explícita del fiscal desistiendo de la acción, no únicamente el silencio; sin embargo, tengo que reconocer que estamos de acuerdo en que el paso que se ha dado es positivo.
¿Cuáles son las discrepancias que mantenemos con la ley? Voy a
mencionar tres. En primer lugar, y como acabo de citar, el sobreseimiento negativo, aunque ha mejorado al hacer preceptiva la consulta al afectado.
Nuestra segunda discrepancia es que la sentencia de conformidad la dicte el instructor. Aunque he
dicho discrepancia, a lo mejor debería hablar de la necesidad de una nueva reinterpretación de la sentencia porque, ¿acaso una sentencia es siempre producto de una decisión del juez? ¿Pueden existir --y van a existir-- sentencias que son una
validación de la conformidad, que adopta la forma y tiene los efectos de una sentencia? Seguramente, llegados a este punto deberíamos iniciar un debate doctrinal sobre la cuestión y, en este sentido, quiero señalar que seguimos creyendo que hubiera
sido una solución mejor, desde el punto de vista de las garantías procesales, el hecho de que el juez que dictase la sentencia fuese distinto del instructor.
Nuestra tercera discrepancia se basa en que la ley no habla de los recursos necesarios
para su financiación. Es fundamental, casi diría que es un elemento racional, la existencia de un acuerdo con las comunidades autónomas, para las cuales va a implicar un aumento del gasto. Si las Cortes Generales encargan más actividad a las
comunidades autónomas y, por tanto, son necesarios mayores medios materiales y personales, todos estaremos de acuerdo en que deben preverse los recursos económicos para que los hagan posible. Cuando se incrementa la necesidad de medios materiales y
personales por efecto de una ley, aquel que la dicta debe asegurar los recursos suficientes; es decir, debe procederse a una valoración económica y a la formalización de los acuerdos para su financiación, tal y como proponemos en la enmienda número
87. Nos parece que es una cuestión de lógica porque el carácter positivo de la ley puede encontrarse con un carácter negativo en cuanto a la ejecución y la regulación económica de la misma, de manera que una ley positiva, una buena ley puede
convertirse en ineficaz, frustrada y perder su capacidad para resolver las cuestiones.
Por todo ello, porque estamos de acuerdo con el carácter positivo de esta ley y porque pensamos que supone un avance en este terreno, mi grupo parlamentario va a
retirar en este acto las enmiendas números 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 89 y, en la ley orgánica, las enmiendas números 3 y 4. Ahora pasaré a los servicios de la Cámara el detalle de las enmiendas retiradas que acabo de mencionar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
Mi grupo parlamentario va a utilizar también este turno para hacer una valoración positiva de las dos proposiciones de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ley
ordinaria, y de la ley orgánica de acompañamiento a la anterior.
Al hilo de lo que ha manifestado el Senador Molas, les recuerdo que la iniciativa que hoy debatimos se originó --y no es que queramos atribuirnos su paternidad-- a partir de dos
iniciativas de nuestro Grupo Catalán de Convergència i Unió, tanto por sus aportaciones al Pacto de Estado por la Justicia, como por su aportación en la comisión de seguimiento de dicho Pacto. Hay dos puntos cruciales que llevan posteriormente a
esta iniciativa, que reconocemos que es de todos los grupos parlamentarios. Me estoy refiriendo a la necesidad del enjuiciamiento inmediato para los delitos menos graves y para las faltas, y a la adopción de modificaciones procesales y sustantivas
para contribuir eficazmente a la lucha contra la pequeña delincuencia en los delitos contra la propiedad y las faltas contra las personas.
Hemos dicho que, del conjunto de estas aportaciones, nació un texto único cuya paternidad sí que es de todos
los grupos parlamentarios, y durante la tramitación en el Congreso de los Diputados ese texto fue enriqueciéndose hasta llegar al que entró tal cual en el Senado para su debate.
Hemos de destacar --ya lo hicimos en la Comisión y debemos repetirlo
aquí, porque es de justicia y esta es la mejor cancha para decirlo-- el grado de consenso conseguido, tanto en el Congreso de los Diputados como incluso durante la tramitación de estas propuestas de ley en el Senado.
Cabe decir que, en el caso del
Congreso de los Diputados, se adoptó la tesis de ir consensuando un texto, dejando para un debate posterior las discrepancias, y la prueba está en que, en todas las intervenciones de los diputados en el Congreso, se decía: Esto ya lo discutiremos
en su tramitación en el Senado. Prácticamente todos los grupos hicieron hincapié en la importancia de su debate durante la tramitación en esta Cámara. Por consiguiente, los ponentes, e incluso los senadores que participaron en la Comisión, hicimos
un doble esfuerzo. En primer lugar, porque se trata de dos iniciativas que entraron aquí con carácter de urgencia, por lo que apenas tuvimos veinte días para debatir estas enmiendas. En segundo lugar, porque debimos debatir aquellas discrepancias
que se dejaron de lado en el Congreso de los Diputados.
Por consiguiente, creo que hemos de congratularnos todos los grupos porque, dentro de estas discrepancias a las que ha aludido el senador Molas, había otras, y hemos sabido continuar en el
Senado este diálogo de negociación que veníamos arrastrando desde el Congreso de los Diputados, y lo hemos logrado gracias a la generosidad del Grupo Parlamentario Popular y a sus ponentes, que han contribuido con su sensibilidad a ir acotando este
texto consensuado, lo cual nos ha permitido llegar aquí con un bagaje muy ligero de las enmiendas que habíamos presentado todos los grupos. Deseo mostrar nuestro agradecimiento al grupo mayoritario y a todos los grupos, porque, de todas formas,
hemos sabido consensuar este texto que hoy debatimos en este acto.
Evidentemente se trata de unas reformas de todos los grupos, y se ha logrado --repito-- gracias a los esfuerzos de los grupos parlamentarios, pero también de ambas cámaras. Tanto monta, monta tanto. Tanto monta el Congreso de los Diputados
como el Senado.
Hemos conseguido llenar un vacío legal que la sociedad nos reclamaba. Es un instrumento eficaz en la lucha contra la inseguridad ciudadana y para la consecución de una justicia penal rápida, eficaz y garantista para el justiciable.
Es una ley que, como decía nuestro portavoz en el Congreso de los Diputados, beneficia a todos, beneficia a la sociedad porque tendrá la percepción de que poseemos un sistema judicial que funciona. Al propio tiempo, beneficia al delincuente por
cuento lo normal es que si una persona ingresa en la prisión lo haga por sentencia firme y después de que se haya celebrado el juicio contradictorio correspondiente, y no por un auto provisional de prisión preventiva. También supone un beneficio
para las víctimas --el Senador Molas también ha aludido a ello--, para los turistas. Aquí hay un colectivo importante de extranjeros que, en un 99 por ciento de los casos, a las denuncias que presentan nunca ven culminadas las diligencias. Como
tienen que volver a su país de origen, se celebra el juicio sin su personación, lo que conlleva la imposibilidad de una acusación formal de la parte perjudicada, que transforma el proceso en un simple juicio de faltas pues, al no estar presente, la
mayoría de las veces, desgraciadamente, concluye con una sentencia absolutoria.
Con esta reforma que proponemos y que hoy debatimos aquí, y que con toda probabilidad vamos a aceptar, se van a evitar estas disfunciones.
Incluso hay una serie de
enmiendas que procedemos a retirar. Se han firmado ya las transacciones que nos propuso el Grupo Parlamentario Popular, y ha sido gracias a esta sensibilidad de todos los grupos lo que hoy nos ha llevado aquí a limitar el debate a una serie de
enmiendas que luego tendremos oportunidad de defender en el correspondiente trámite.
Botón de muestra de las transacciones logradas y obtenidas en este tramo final de las negociaciones son las transaccionales a las enmiendas números 82 y 105 del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Socialista en torno al artículo 795 sobre el ámbito de aplicación de los juicios rápidos; la admisión de nuestro planteamiento al artículo 800 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal propugnado en nuestra enmienda número 135 mediante la transaccional de las enmiendas números 86 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y 109 del Grupo Parlamentario Socialista, y concretamente el mejor redactado del párrafo
quinto del citado artículo 800.
También se refleja en la admisión de nuestras enmiendas números 124, 125, 126 y 130 para una mejor distribución de las funciones del juez y del secretario, y en especial con la admisión de nuestra enmienda número
144, que fue incorporada con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios a la ley orgánica de acompañamiento a la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que debatimos y que abarca la cobertura --en una laguna legal de la que tuvimos
suerte de percatarnos a tiempo-- del régimen de provisión temporal de las secretarías vacantes o que resulten desiertas por el transcurso de los traslados. Evidentemente, unos juicios rápidos sin secretario serían un fracaso seguro.
Por
consiguiente, la valoración que hace nuestro Grupo de ambas proposiciones de ley, la ordinaria y la orgánica, es positiva y, evidentemente, dejando a salvo estas discrepancias a que aludíamos anteriormente, y que nosotros vamos a defender mediante
las enmiendas oportunas, nuestro voto va a ser favorable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Capdevila.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la senadora Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Estamos, sin duda, señorías, debatiendo dos proposiciones de ley --una con carácter orgánico, complementaria de la primera-- que vienen a modificar parcialmente la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para los procedimientos abreviados y para el procedimiento de juicios rápidos e inmediatos. Se trata de una tramitación singular e importante --tal vez de la importancia derive su singularidad--. La singularidad estriba en que estamos
debatiendo dos proposiciones de ley que han sido suscritas por todos los grupos parlamentarios. Por tanto, en la tramitación tanto en el Congreso como en el Senado no hemos hecho sino intentar mejorar y profundizar en conseguir técnicamente los
objetivos que la exposición de motivos de ambas leyes reflejan y que todos compartimos, con una salvedad en la proposición de ley con carácter orgánico.
Y digo que esta singularidad sin duda se deriva de la importancia de la Ley. En el último
Pleno tuvimos ocasión de escuchar en boca del Ministro del Interior, en respuesta a una interpelación, la importancia que tenían estas proposiciones de ley que él, fundamentalmente, restringía al ámbito de ser un instrumento esencial en la lucha
contra la delincuencia.
Sin duda no voy a quitarle valor a esa afirmación, pero creo que esta proposición de ley también obedece a la intención de conseguir principios tan relevantes e importantes como los que el Ministro señalaba aquí. Sin duda
es importante avanzar en el cumplimiento de lo que prevén los artículos 24 y 25 de nuestra Constitución, el derecho de todos los ciudadanos, sean imputados o víctimas, a poder tener un procedimiento público ágil y sin dilaciones pero también con
todas las garantías. En eso hemos centrado nuestro trabajo todos los grupos parlamentarios --creo que con bastante acierto-- en intentar hacer más preciso ese equilibrio que debe existir entre la agilidad y la prisa que siempre subyace en el
procedimiento abreviado y especialmente en el procedimiento rápido en relación con delitos y faltas y en intentar conseguir que a lo largo de ese procedimiento se mantengan las garantías necesarias.
Por tanto, señorías, he de manifestar, sin ningún tipo de duda o abstracción, el apoyo total del Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y asimismo a la proposición de ley
orgánica complementaria, porque deriva esta ley del Pacto por la Justicia que suscribimos con los grupos mayoritarios y con el Gobierno y también porque obedece a esa vocación de todos los gobiernos socialistas, primero, y del Grupo Socialista
siempre, de avanzar para conseguir ese equilibrio y esas garantías que exige la Constitución. De ahí que abordásemos las reformas, también parciales, que se produjeron en 1988 y de 1992 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con ocasión de los Juegos
Olímpicos.
Quiero resaltar el esfuerzo que hemos hecho todos los grupos parlamentarios, pero también quiero hacer una referencia expresa a quienes han colaborado en ese trabajo junto con dichos grupos.
Si hemos sido capaces de autoenmendarnos, y
no de una forma poco significativa ya que en el Congreso de los Diputados a esta ley se presentaron más de 200 y aquí hemos rebasado las 150, ello obedece, sin lugar a dudas, a esas colaboraciones externas de casi todos los agentes que intervienen
en el proceso penal, quienes con sus informes nos han orientado e ilustrado trayéndonos hasta las mesas de nuestros despachos la realidad de los juzgados de guardia y la realidad de todas esas diligencias que tienen que hacerse con agilidad, pero
sobre todo nos han informado de esas dificultades que impiden que los juicios rápidos --que ya existían-- así como los abreviados --que también existían-- no hayan tenido el éxito que se había previsto.
A los secretarios judiciales, a los decanos
jueces y magistrados, a los fiscales de distintos órdenes y categorías queremos dejarles constancia, tanto mi Grupo Parlamentario como yo, de nuestro agradecimiento a su trabajo y esfuerzo no sólo por provenir de los órganos de que provienen sino
por haber dedicado a esta materia su tiempo y su esfuerzo. Todo ello nos da un avance del entusiasmo, de la satisfacción y de las expectativas que todos los agentes que intervienen en el proceso penal esperan de una ley de estas características.
Hemos avanzado mucho a lo largo del trabajo en el Congreso y en el Senado. Sé que ha habido muchas limitaciones y que en el trámite del Congreso quedaron para su votación en Pleno muy pocas enmiendas con el propósito de que en el Senado tuviésemos
oportunidad de seguir profundizando en un intento de acercar posiciones entre todos los grupos parlamentarios. Hemos tenido algunas limitaciones, como son las propias del procedimiento de urgencia con que hemos tramitado esta proposición de ley,
pero he de decir que lo hemos suplido con buena voluntad y con lealtad en el trabajo cotidiano de todos los grupos. Creo que hemos avanzado mucho, y buena prueba de ello son las enmiendas que permanecen vivas para debatir en este Pleno. De las 31
que presentó el Grupo Parlamentario Socialista quedan vivas 18 en las condiciones a que luego me referiré, y de las 13 que presentó el Grupo Popular ninguna permanece viva puesto que tienen mayoría y las han incorporado todas al dictamen, pero he de
señalar que de las 13 nueve han sido apoyadas total o parcialmente por el propio Grupo Parlamentario Socialista y algunas por otros grupos. Por tanto, creo que ha sido interesante el trabajo, y que hemos avanzado.
Quiero hacer una breve referencia
a cuáles fueron los propósitos y las preocupaciones que el Grupo Parlamentario Socialista expuso cuando se abordó por primera vez la toma en consideración de esta proposición de ley en el Congreso de los Diputados, y cuál es el estado, al día de
hoy, de esas preocupaciones que entonces teníamos, fecha en que vamos a concluir prácticamente el debate de la proposición de ley porque, como saben, el Congreso de los Diputados sólo podrá entrar a conocer de las enmiendas que hayamos incorporado
aquí. Tres eran fundamentalmente las preocupaciones que expresó nuestro portavoz de Justicia en el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, nos preocupaban los medios. Sabemos, por todos esos informes y por los contactos personales que hemos
tenido con los grupos parlamentarios y con los distintos estamentos judiciales, que hacen falta muchos medios; hacen falta medios, tanto personales como materiales como infraestructuras, ¡cómo no!, y sin duda que se cuente con los medios necesarios
va a ser un requisito importantísimo para el éxito de esta ley, para que de verdad las expectativas sociales y judiciales que existen en torno a ella sean una realidad.
En cuanto a la preocupación manifestada en el trámite de toma en consideración,
he de decir honestamente que el Grupo Parlamentario Socialista, al día de hoy, en que vamos a finalizar el debate, sigue teniendo la misma, yo diría que incluso con alguna interrogante nueva.
El segundo motivo de inquietud que exponíamos en aquel
momento era la manera de abordar las transferencias de estas nuevas cargas por las Comunidades Autónomas, de estas nuevas responsabilidades materiales y personales que se les imponen, incluso, como digo, de determinadas infraestructuras. Por ello,
no sólo no nos encontramos igual, sino un poco más preocupados, y esto lo digo mirando directamente al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Iribas, ya que precisamente a través de estos contactos de trabajo cordiales que hemos mantenido
estos días, hemos podido comprobar cómo desde el Gobierno se tiene una idea muy preconcebida de quién tiene que sufrir el gasto que soporta el esfuerzo de la aplicación y puesta en marcha de esta proposición de ley.
Precisamente por sustentar
alguna de las enmiendas que vamos a mantener ante el Pleno, dejo para una reflexión más en profundidad este extremo.
Por último, mostrábamos un paquete de preocupaciones, relativas todas ellas a mejoras técnicas en la ley, ya que no puede hablarse
de otro tipo de mejoras en una ley de procedimiento, pero que sin duda van mucho más allá que el mero tecnicismo, ya que el procedimiento, por ser formal, tiene siempre razones de fondo, como que se infrinja una forma o que se disminuyan las
garantías en relación a una forma en un proceso penal. En este sentido, tengo que decir, sin ninguna duda, que se ha avanzado bastante a nivel técnico.
Creo que a lo largo de los trámites que se han hecho en el Congreso de los Diputados y en el
Senado hemos conseguido
dar más papel, dilucidar y acotar mejor el papel relevante del juez en todo el proceso. También hemos mejorado --aunque no nos sentimos satisfechos totalmente-- el papel principal que en el proceso penal la Constitución Española y las
propias leyes que lo regulan confieren al Ministerio Fiscal. También hemos perfilado mejor las funciones de los secretarios judiciales, así como algunos condicionamientos con que deben regirse las propias actuaciones judiciales. Pero, como digo,
existen todavía una serie de cuestiones en las que entendíamos que podíamos haber avanzado más, aunque el balance de la mejora de la ley es satisfactorio.
En este primer trámite, que tiene que ser de apoyo y que ha de servir para poner de
manifiesto las preocupaciones que seguimos teniendo, voy a terminar...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora Martínez, le ruego vaya concluyendo, por favor.
La señora MARTINEZ GARCIA: Termino inmediatamente, señor Presidente.
Finalizo haciendo una apelación al Gobierno. Creo que el trabajo de los grupos parlamentarios termina hoy, aquí en el Senado, muy pronto en el Congreso de los Diputados,
y ahora comienza de verdad el del Gobierno, por eso entiendo necesario que el Gobierno inicie rápida, urgentemente un proceso de diálogo, de negociación con las comunidades autónomas que tienen competencia en estos momentos en materia de Justicia, y
también con las que pronto las van a tener, puesto que está pendiente de transferirse esta competencia a todas las comunidades autónomas del 143.
Por tanto, quiero mostrar mi agradecimiento y también la satisfacción por el grado de consenso y
acuerdo alcanzados en el día de hoy.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Martínez.
Pasamos al Grupo Parlamentario Popular, y tiene la palabra la senadora España.
La señora ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando se produzca la aprobación por el Pleno de este texto y las enmiendas introducidas en la proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
la ley orgánica complementaria se va perfilando la recta final de uno de los más destacables frutos o desarrollos del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que responde a una reiterada demanda social. Mediante esta reforma parcial se
pretende, como establece su propia exposición de motivos, la agilización de los procedimientos, la mejora de los procedimientos abreviados, el enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves y flagrantes y la simplificación de la Justicia, es
decir, que realmente haya una tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas, que la Justicia sea justicia, pero sin merma, por supuesto, de ninguna garantía.
Esta proposición de ley acomete la reforma y la agilización de tres procedimientos
penales: el procedimiento abreviado, que es el cauce procesal por el que se han venido tramitando las causas penales en su mayor parte; la regulación de un nuevo procedimiento, el de los juicios rápidos, que enjuicia los delitos menos graves con
una pena privativa de libertad hasta cinco años o cualesquiera otras penas cuya duración no exceda de diez años; y, por último, la reforma de la tramitación de los juicios de faltas.
La revisión de la regulación actual del procedimiento abreviado
realiza una serie de cosas como acentuar la información que los perjudicados y víctimas deben recibir de los órganos judiciales que conocen cada asunto, realiza un tratamiento completo de la conformidad para agilizar los trámites judiciales y la
agilización de la justicia, simplifica el régimen de los recursos, actualiza la normativa sobre la policía judicial y amplía la posibilidad de celebrar el juicio en ausencia del acusado cuando la pena sea hasta dos años --antes sólo se podría
realizar en el caso de que fuera un año--, siempre constando, por supuesto, la advertencia previa de poderlo celebrar en ausencia y la citación del mismo.
Este nuevo procedimiento para el enjuiciamiento rápido se asienta sobre todo en dos aspectos
fundamentales: se reduce el voluntarismo de la aplicación de la norma que quiere decir que se establecen supuestos tasados para la aplicación de este tipo de procedimiento, se aplica a delitos que tienen especial incidencia en la seguridad
ciudadana, como pueden ser los robos, los hurtos, las sustracciones de vehículos, delitos contra la seguridad en el tráfico, la violencia doméstica --donde tan necesarios son los juicios rápidos para evitar que la víctima sufra presiones y luego no
comparezca en el acto del juicio-- o se da también este enjuiciamiento rápido para los delitos flagrantes en general y aquellos cuya instrucción se presuma que va a ser sencilla.
En segundo lugar, como características especiales de este juicio
rápido se concentran todas las actuaciones judiciales, señalándose que la instrucción deberá --¡fíjense qué importante es la instrucción de estos juicios rápidos!-- concluirse en el plazo de 24 horas, y para la totalidad del juicio se establece un
plazo máximo de quince días, cuando antes los plazos eran mínimos, de diez días; todo esto, por supuesto, respetándose las garantías constitucionales de nuestro sistema procesal.
La reforma de los juicios de faltas introduce la regulación
inmediata para los supuestos de violencia doméstica, hurtos de menos de 50.000 pesetas o equivalente en euros, daños o lesiones que requieran una primera asistencia facultativa, es decir, las faltas. Se podrán celebrar en poco tiempo, incluso en
menos de 24 horas, y en aquellos casos en que no sea posible un juicio inmediato, el órgano de guardia procederá a la citación de las partes para el juicio que se celebre en breve plazo.
Durante la tramitación en el Senado ha habido importantes
mejoras en el texto que ha sido enviado por el Congreso y quiero destacar algunas. La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular al artículo 783 trata de solucionar un problema suscitado por el Grupo Parlamentario
Socialista consistente en que si se ha producido acusación por parte del Ministerio Fiscal o la acusación particular, únicamente el juez de instrucción puede denegar la apertura del juicio oral en dos ocasiones, cuando el hecho no es
constitutivo de delito o no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado, a diferencia de lo que ocurría anteriormente.
Otro aspecto relevante de estas mejoras en el Senado es el mejor tratamiento de la prueba preconstituida y
anticipada. La nueva redacción que se ha realizado con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular al artículo 777 y 797 permite solucionar y enjuiciar determinados hechos delictivos cometidos contra turistas que permanecen en nuestro país un
breve período de tiempo e, incluso, a veces, solamente están unas pocas horas. Así, cuando no puedan asistir al juicio oral por su residencia en el extranjero u otras circunstancias, en esta nueva redacción se dirá que se reproduzca la declaración
de este extranjero, o persona que esté de paso aquí, bien como testigo o bien como víctima. Y esto es muy importante porque, si hay contradicciones entre las partes, los juicios no se suspenderán sino que se realizarán de inmediato.
Asimismo, en
el marco del procedimiento abreviado se han producido importantes mejoras gracias a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista o el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió referidas a la actuación de los
secretarios judiciales, que permiten una mejor distribución de competencias, un mejor reparto racionalizado de tareas entre el juez y los secretarios.
En lo que se refiere a los juicios rápidos, las enmiendas que se han aprobado en el Senado
sientan las bases de un elemento esencial para el buen funcionamiento de los juicios rápidos, y es la coordinación en las citaciones y los señalamientos.
Por último, considero que por todas estas razones nos encontramos ante una futura ley que
permitirá, después de anteriores intentos legislativos que han tenido un éxito desigual, la aplicación de los juicios rápidos en todo el territorio nacional, permitiendo que la justicia penal resuelva con agilidad los asuntos penales que afectan más
al ciudadano.
Doy las gracias a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios por la retirada de sus enmiendas, por el enriquecimiento que se ha producido en la proposición de ley con la incorporación de las distintas enmiendas y las
transaccionales y por el clima de acuerdo y diálogo que ha habido entre los portavoces. Podemos felicitarnos todos por el trabajo que hemos desarrollado y por las aportaciones técnicas que se están realizando en esta Cámara Alta. (La señora
Presidenta ocupa la Presidencia.) Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora España.
Terminado el debate de totalidad procede pasar al debate del articulado.
Comenzamos por los votos particulares. En primer lugar, el de la senadora De Boneta y Piedra para la defensa
de las enmiendas números 50 a 71.
Tiene la palabra la senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, tal como he indicado al hacer uso de la palabra en el turno anterior, en esta intervención voy a
hacer una breve referencia global a la posición que, en nombre de Eusko Alkartasuna, mantengo ante la proposición de ley que estamos debatiendo sobre reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, llamada popularmente de juicios rápidos, y
ante su orgánica complementaria.
Voy a hacer este planteamiento global y algunas referencias a las enmiendas puesto que éstas están revelando muy bien esta misma posición global a la que me voy a referir. No creo que debamos pasar sin hacer una
referencia a la finalidad de la reforma y manifestar el acuerdo total con la necesidad de esta reforma que se ha propuesto, porque disponer de una justicia ágil y rápida para dar respuestas al ciudadano es un objetivo irrenunciable de todas las
instancias, y especialmente de aquellas ligadas directamente al servicio público de la justicia. Por tanto, como no podía ser de otra forma, existe una coincidencia básica, tal como manifestamos en el Congreso, tal como hemos manifestado en el
trámite en Comisión y tal como queremos dejar patente hoy, sin perjuicio del mantenimiento de las enmiendas, existe una coincidencia en el objetivo perseguido por la reforma del procedimiento penal de prestar ese servicio público esencial y dar
respuesta a las demandas de tutela de los ciudadanos denunciantes en el plazo estrictamente necesario, el más breve plazo posible para la realización de las diligencias policiales y penales y no en un tiempo superior.
La reforma del procedimiento
abreviado, una vez comprobadas sus ventajas para ajustar las mejores prácticas, también es muy oportuna, como lo es especialmente la inserción de los derechos de las víctimas en el procedimiento, algo por lo que la formación que represento, Eusko
Alkartasuna, siempre ha abogado.
No obstante, en este momento es necesario mencionar los graves problemas que afectan a la justicia penal y creemos que no todos se han puesto en vías de solución en esta reforma. No sólo no se han solucionado sino
que entendemos que ni siquiera se han abordado. De ahí las enmiendas que mantenemos. Esperamos que dichos problemas se afronten bien por la vía de otra próxima reforma legal o por la de la implantación de medidas que permitan la eficacia de las
acciones judiciales; por ejemplo, la pronta adopción de medidas cautelares sobre los bienes de los presuntos infractores para poder asegurar los derechos de los víctimas, para lo que procede averiguar cuáles son los bienes; los problemas de
inejecución de las sentencias en los aspectos indemnizatorios, que es un auténtico motivo, es un motivo bastante importante de la falta de confianza de los ciudadanos y la dificultad o imposibilidad de aplicar medidas alternativas previstas en la
legislación sustantiva penal por falta de medios. Yo creo que algunas de estas cuestiones total o parcialmente han quedado pendientes y no debe pasar mucho tiempo sin que las abordemos.
Dicho lo anterior, y en paralelo con estas premisas
irrenunciables, creemos que debemos tener siempre presente dos aspectos muy importantes: la preservación del derecho
de defensa y un proceso con todas las garantías, y asegurarnos también de que el procedimiento penal o los procedimientos penales así diseñados sean factibles de implantar.
De ahí el mantenimiento de algunas de nuestras enmiendas, porque
gran parte de los problemas de implantación vendrán derivados --ya se ha hecho referencia a este problema por la portavoz socialista en el anterior turno-- de la falta de medios suficientes, de la falta de personal o medios en los juzgados. Por
ejemplo, salvo en los partidos judiciales en los que existe más de un juez de guardia, la concurrencia de diligencias urgentes durante la guardia con detenidos o levantamientos de cadáver puede impedir gran parte de los días que el juez de guardia
pueda celebrar juicios rápidos señalados. Este es un problema que hay que abordar. Además, en los partidos judiciales con jurisdicción mixta sería imposible que el juez atendiera la guardia y celebrara juicios rápidos, con lo que al final se
pondrá de manifiesto una justicia de dos velocidades en función del lugar.
Los fiscales están concentrados en las capitales --es otro problema que puede ocurrir-- y no es en absoluto habitual que se encuentren en los juzgados de guardia de los
pueblos, lo que podría impedir la celebración de juicios rápidos en dichos partidos judiciales.
En los supuestos de violencia doméstica --ésta es una cuestión que me interesa remarcar-- se intentará agilizar el proceso mediante los juicios rápidos,
pero ha de tenerse presente que un enjuiciamiento precipitado podría ocultar muchas de las secuelas psíquicas que presentan las víctimas con posterioridad a los hechos; son cuestiones que habrán de tenerse muy en cuenta para no causar
indirectamente un perjuicio a las víctimas. Por ello, debemos estar atentos a lo que digan los médicos forenses a este respecto.
Por tanto, entendiendo que existe esa falta de medios materiales y personales en muchos lugares a los que he hecho
referencia, consideramos importante la existencia de una memoria económica que hubiera acompañado a estas proposiciones mediante la cual se hubiera garantizado esta cobertura de medios. Pensamos que no es la letra de la de ley sino la falta de
medios en determinados lugares la que puede impedir su correcta implantación y efectividad.
Respecto a la tramitación de la proposición de ley, he de decir que en el Congreso de los Diputados presentamos 27 enmiendas y en el Senado mantenemos 22;
de las inicialmente presentadas en el Congreso dejamos 11 vivas para el Senado y hemos presentado 11 nuevas. En ningún caso, ni en los trámites de Ponencia, ni en Comisión, ni en Pleno se ha tenido en cuenta ninguna de las 22 enmiendas de Eusko
Alkartasuna, como ha ocurrido con otras de algunos grupos minoritarios de la oposición.
En este sentido, y con respecto a este trámite, tengo que decir que hace unos momentos hemos tenido ocasión de firmar unas enmiendas transaccionales, y lo hemos
hecho por cortesía y porque consideramos que el acuerdo entre otros grupos representa una mejora, pero ni siquiera hemos tenido tiempo de comprobar la incidencia que producen en nuestras propias enmiendas, puesto que son varias, y no se ha podido
comprobar en qué medida podían modificar o estar de acuerdo con algunos aspectos parciales de reforma que nosotros hemos propuesto como, por ejemplo, en el caso del artículo 800. No tenemos constancia de hasta qué punto esas enmiendas
transaccionales pueden afectar a las que nosotros aún mantenemos.
Sin embargo, es importante remarcar nuestra posición en relación con los artículos 779 y 800 de la proposición de ley -- a esto me refería cuando hablaba de las enmiendas
transaccionales-- sobre la idea de que no debe ser imposible para el acusado presentar recursos de apelación contra las resoluciones judiciales dictadas por el instructor antes del juicio, en contradicción con la situación actual. Por ello,
consideramos que esta cuestión nos sitúa más cerca de la justicia expedita pero limitada de garantías.
Hay que eliminar la separación entre el juez instructor y el juez sentenciador, acuñada por la doctrina y la jurisprudencia, ya que dicha
separación supone insertar un elemento anómalo en una cultura jurídica ya asentada justificadamente; el reforzamiento de la autoridad de la policía judicial y del juez instructor en las citaciones a los testigos --artículo 796.1 que también hemos
enmendado-- podría ser un buen instrumento para asegurar la colaboración de aquéllos. Nosotros hemos presentado 11 nuevas enmiendas, todas estrictamente técnicas, que pretenden afianzar la posición de la policía judicial, los forenses, etcétera.
En este sentido, consideramos necesario el reforzamiento del papel de los médicos forenses y de los institutos de medicina legal en la recogida de vestigios biológicos que sustentan la investigación criminal. Por lo tanto, hubiera sido necesario
incorporar o al menos estudiar algunas de las enmiendas que manteníamos a este respecto.
Por eso, mantenemos las veintidós enmiendas presentadas y no podemos sumarnos al resto de los portavoces que han hecho referencia al consenso que ha presidido
los trámites en el Senado, y ello porque estimamos que nuestras propuestas --que por supuesto pueden ser discutibles y discutidas-- podrían haber mejorado la efectividad de la ley y de las reformas legales que pretenden implantar.
Sin embargo,
insisto, ninguna de ellas ha sido considerada, incluso las que pretendían esta mejora técnica basada en la experiencia de los que han sugerido estas mejoras, que son fundamentalmente la propia policía judicial y los médicos forenses.
Estas
enmiendas nuevas a las que hago referencia son las números 50, 51, 52, 53,54, 55, 56, 57, 61, 63 y 71. De las veintidós enmiendas que mantenemos, las números 50, 52, 53, 54, 55, 56 y 63 pretenden, mediante la adición de nuevos puntos a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal o a la propuesta de modificación que hemos tramitado, la actualización de la cuantía de las multas que se imponen para asegurar la finalidad y la efectividad de las normas. Todas estas enmiendas nuevas venían sugeridas por
los técnicos que, entendían, podían coadyuvar a la efectividad de la ley.
El resto de las nuevas enmiendas, como la número 57 al artículo 770.4, pretende mejorar la redacción dejando claro que no sólo deben adoptarse como medidas excepcionales la
exigencia de la presencia del forense de guardia para el traslado del lugar de los hechos del cadáver o cadáveres que constituyen una prueba imprescindible de carácter biológico para la posterior aclaración de la investigación
y, en definitiva, de los hechos. Estimamos que esta situación no debe ser excepcional, sino que debe producirse en todos los casos. En este sentido, no somos los únicos que pensamos esto, puesto que hay otras enmiendas de otros grupos que
coinciden con este planteamiento.
De igual importancia nos parece, y por ello la remarcamos, la enmienda número 61 al artículo 776.6 en relación con la intervención de los Institutos de Medicina Legal, de Toxicología o, en su defecto, del
Laboratorio Territorial de Drogas en el análisis de las pruebas.
Seguimos pensando, tal y como planteábamos en el Congreso, y mantenemos en nuestra enmienda número 65 al artículo 800.1, que el acto de decisión de apertura de juicio oral, realizado
de forma oral, debe ser susceptible, como el resto, de recurso. No creemos que en este caso se pueda privar de recurso.
La enmienda número 66, última a la que me voy a referir, sin perjuicio de seguir manteniendo todas las demás, pretende que se
tenga en cuenta no sólo al Ministerio de Justicia sino también a la comunidad autónoma con competencias asumidas en materia de Justicia en lo que se refiere a la atribución de funciones, que tiene que ser responsabilidad de los propios jueces de
guardia y de la administración con competencias y no sólo del Ministerio de Justicia.
En definitiva, señora Presidenta, señorías, mantenemos los temores que expresábamos al principio en relación con las cuestiones que han quedado pendientes o que
no han sido abordadas en esta reforma y que consideramos que habría sido necesario abordar. Mantenemos también los temores sobre la efectividad en relación con los medios y recursos que van a tener un protagonismo esencial en la efectividad de la
aplicación de la ley.
Por eso creemos que es muy importante trasladar a la ciudadanía una imagen de transparencia y rapidez --creemos que es así--, que esto va a coadyuvar a esa mejora de la confianza de la ciudadanía, pero también hemos de evitar
trasladar sólo eso, imagen, porque lo importante es plantear proyectos que sean viables, respetuosos con los derechos de todas la partes y susceptibles de una ordenada aplicación, asentados en la realidad para asegurar que no sea una cuestión que
pueda crear unas expectativas o que sean noticia de un día, sino que sean algo que coadyuve a la mejora y al bienestar de la ciudadanía previniendo y consiguiendo que se alcancen menores índices de delincuencia o una actuación más rápida en relación
con esa misma delincuencia.
Tras lo dicho sobre nuestras enmiendas --ninguna de las cuales, insisto, ha sido considerada, o al menos no hemos tenido constancia de que haya habido alguna transacción que afecte directamente a las mismas--, les
anuncio que nuestra posición, por supuesto favorable a la oportunidad y necesidad de estas leyes, en estos momentos no puede ser totalmente favorable al conjunto de su contenido, por lo que nuestro voto no puede ser positivo, aunque tampoco
negativo. Con su falta de interés en nuestras aportaciones nos obligan a la abstención por los problemas que en nuestra opinión se mantienen con este texto; y esta actitud no se debe a que ustedes no nos hayan hecho caso, sino a que realmente
creemos que estas proposiciones de ley podrían haberse mejorado también con el necesario consenso de los grupos pequeños de la Cámara o de las senadoras y los senadores que, a título individual --en mi caso, en nombre de Eusko Alkartasuna--, hacemos
aportaciones positivas, o al menos ésa es nuestra intención.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora De Boneta.
El resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, números 8 a 49, a la primera proposición de ley han sido originariamente presentadas por los senadores Cámara y Cabrero.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
En el trámite parlamentario en su conjunto de esta ley, es decir, también en el Congreso, se han asumido pocas enmiendas de Izquierda Unida, bien directamente, bien parcialmente, por
coincidir con enmiendas de otros grupos. Sin embargo, otras no ha sido asumidas. En cualquier caso, el debate se ha realizado. Por estas dos razones, y como quiera que me gustaría estar presente durante la votación de estas dos proposiciones de
ley y mi avión despega dentro de un rato, doy por defendidas --me imagino que con cierta alegría para ustedes-- las enmiendas números 8 a 49.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Cámara.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 1 a 7.
Para su defensa tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señora Presidenta.
Nuestro grupo parlamentario ha participado y participa de la idea y el objetivo --uno de ellos-- que se establece en el denominado Pacto de Estado para la Justicia de que una futura
ley de Enjuiciamiento Criminal consiga la agilización de los procedimientos, la mejora de los procedimientos abreviados, el enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves y flagrantes y la simplificación de trámites en las grandes causas.
Pero éramos y somos conscientes de que ese objetivo no admitía más demora, de que no se podía esperar hasta estar en disposición de debatir y aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, por consiguiente, se debía acometer con la misma
prontitud mediante una reforma parcial de la ley actual.
Por ello, y junto al resto de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja, fuimos proponentes convencidos de esta iniciativa, cuya tramitación hoy culminamos aquí, para dar paso a su
aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados previsiblemente la próxima semana.
El debate, justo es reconocerlo, ha sido profundo y sincero.
Numerosísimas fueron las enmiendas presentadas en
el Congreso de los Diputados --hasta 204--, y no pocas las aquí también presentadas: 160 enmiendas a la proposición de ley matriz, y nueve, a la proposición de ley orgánica complementaria. Muchas también han sido las variaciones que se han
ido introduciendo en el texto originario merced a la aceptación de enmiendas propiamente dichas o a la aprobación de transaccionales; y con ello han quedado corregidos buena parte de los defectos que a nuestro juicio contenía la proposición de ley
inicial.
En cualquier caso, nos ha parecido oportuno seguir insistiendo en algunos aspectos que consideramos no son menores a través de la presentación de las enmiendas números 1 a 7, ambas inclusive, a la proposición de ley de reforma parcial de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como de la enmienda número 1 a la proposición de ley orgánica complementaria.
Con cierta celeridad me referiré a todas y cada una de ellas. La enmienda número 1 al artículo 768 pretende aclarar por qué se
hace de condición distinta a las distintas partes en el proceso en cuanto a representación y defensa. El artículo 768 señala en su redacción actual que el abogado designado por la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de
su defendido, no siendo necesaria la intervención de procurador hasta el trámite de preparación del juicio oral, si bien es cierto que tras la incorporación de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular ya no se habla de preparación sino de
apertura. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Por qué el abogado de la acusación particular o de la acción popular no ostentan la misma habilitación para representar a la parte a la que defienden hasta ese mismo momento, es decir, el
de trámite y apertura del juicio oral? Nos preguntamos el porqué de ese tratamiento diferente. No entendemos, salvo que se nos explique, por qué no se concede a estos últimos el mismo régimen con la única justificación que hasta ahora hemos
escuchado de la diferente situación del acusador particular o popular respecto de la del imputado.
La enmienda número 2 lo es al artículo 770, y más concretamente a la diligencia cuarta que debe realizar la policía judicial al acudir al lugar de
los hechos. Conforme reza la actual redacción, si se hubiere producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía pública, en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, la policía judicial lo trasladará al lugar próximo que
resulte más idóneo..., etcétera. Señorías, se quiera o no se quiera --y seguro que no se quiere--, esto puede resultar a todas luces perjudicial o dificultar la investigación médico-legal en determinados supuestos, de ahí que a través de nuestra
enmienda exceptuemos los casos de atentados u homicidios, y en definitiva todos aquellos en los que la alteración de la escena del crimen dificulte dicha investigación.
Tratamos de cerrar la actual redacción para que no se permita movilizar y
alterar la escena en todo supuesto, y subrayo lo de todo supuesto por mucho que posteriormente el mismo precepto trate de suavizarlo o matizarlo hablando de situaciones excepcionales. Pero no hay situaciones excepcionales, porque el precepto dice
estrictamente «... y el cadáver se hallare en la vía pública, en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte más idóneo...», no dice en un caso excepcional, dice siempre que eso ocurra. Es evidente, pues,
que el término «excepcional» está de más, tal y como apuntaba acertadamente el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en una enmienda que posteriormente ha sido retirada.
En la misma línea con nuestra enmienda, aunque con
soluciones diferentes, han sido presentadas la enmienda número 11 de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, y la número 57 y posteriores de la senadora De Boneta, enmiendas que también haríamos nuestras con el permiso de sus señorías.
La enmienda número 3 al artículo 771 es ya conocida de trámites anteriores, pero nos parece oportuno incidir en ella. Señorías, el artículo 775 recoge expresamente en su actual redacción que, tanto antes como después de prestar declaración ante el
juez, se permitirá al imputado entrevistarse de forma reservada con su abogado. Esto es algo que está realmente bien, ¿pero por qué no recoger tal derecho también de forma expresa en el artículo 771, es decir, que el imputado podrá entrevistarse de
forma igualmente reservada con su abogado en sede policial, tanto antes como después de su declaración, o negarse en su caso a realizarla? ¿Qué sentido tiene que se recoja expresamente la existencia de tal derecho en sede judicial si no se hace de
la misma forma en sede policial, máxime cuando éste es un derecho previsto con carácter general en la Ley de Enjuiciamiento Criminal? La enmienda número 4 tiene un sentido más técnico. Pretendemos la supresión del número 3 del artículo 776. Decir
como se dice que los que se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga, acordando el Juez lo procedente en orden a la práctica de estas diligencias no es
aportar nada nuevo respecto a lo ya establecido con carácter general en los artículos 302 y 311 de la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se sostiene por el grupo mayoritario que este apartado clarifica la redacción; bien al contrario, nosotros
entendemos que su reproducción aquí y ahora puede suscitar dudas respecto a la aplicación en ese tipo de procedimientos y otras previsiones igualmente generales pero no recogidas de forma expresa en esta proposición de ley.
Hasta aquí, señorías,
las enmiendas relacionadas con lo que sería el Título I, referido al procedimiento abreviado. Las dos enmiendas siguientes, las números 5 y 6, lo son al procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Son enmiendas encaminadas
a dejar meridianamente claro que los supuestos de reconocimiento de hechos están incluidos en el ámbito de aplicación de los juicios rápidos.
Debo admitir que hemos tenido muchas vacilaciones respecto a estas enmiendas y la redacción originaria y
la actual de la proposición, y también debo reconocer que, tras examinar la nota que amablemente nos ha hecho llegar el Director General para la modernización de la Administración de Justicia y viejo amigo Alberto Dorrego, estoy prácticamente
convencido de que es así, porque el juego de la resolución que el juez puede adoptar por auto, y que se
establece en el artículo 779.5ª, con remisión a los trámites previstos en los artículos 800 y 801, parece dar satisfacción a lo que nuestras enmiendas propugnan. Si desde el Grupo Parlamentario Popular el señor Iribas o la señora España me
incitan o empujan un poco más en tal argumentación, estaría incluso en disposición de retirar estas dos enmiendas.
La última, señora Presidenta, de nuestras enmiendas a esa proposición de ley lo es a la disposición adicional cuarta, que establece
en su actual redacción un plazo de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en vigor de la ley, para que el Gobierno remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la regulación de la prisión provisional. No, señorías, no
nos parece correcto ceñir la regulación en este plazo de seis meses a la prisión provisional. Ya manifestamos en el propio debate de toma en consideración de la proposición de ley inicialmente presentada que nos gustaría que la reforma estuviera
vinculada a la idea de garantía, a la idea de tutela. Manifestamos también que con la reforma entonces emprendida no se hipotecara el futuro y dejaran de abordarse otras partes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal igualmente importantes, y
terminábamos expresamente señalando algo que la sociedad está demandando: que se aborde el tema relativo a la tutela cautelar en materia penal y no sólo lo relativo a la prisión preventiva.
De ahí precisamente nuestra enmienda, que se remita a las
Cortes Generales un proyecto de ley orgánica de regulación de la tutela cautelar penal y no un proyecto de ley de modificación de la regulación de la prisión provisional. Hay tiempo para ello, no en vano el plazo de seis meses lo es desde la fecha
de entrada en vigor de la ley y este --recuerdo a sus señorías-- no lo será hasta los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», es decir, que el Gobierno dispone de un plazo de un año para hacerlo.
Para terminar, quiero
indicar con toda brevedad que la única enmienda presentada a la proposición de ley complementaria está en línea con lo ya indicado sobre el reconocimiento de hechos como supuesto de enjuiciamiento rápido y a lo anteriormente dicho me remito.
En
definitiva, señora Presidenta, señorías, muchas son las novedades que con esta proposición se incorporan a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
No todas ellas nos parecen del todo felices, pero reconocemos el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho.
Asumimos el compromiso que adquirimos al suscribir esta iniciativa y lo mantenemos con nuestro voto favorable a la reforma que ahora culmina en esta Cámara. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Dice la exposición de motivos
que esta nueva regulación legal nace con vocación de producir un giro en los hábitos de nuestra Administración de Justicia, en la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la lentitud de la persecución penal y en la aparente impunidad de los
delincuentes. Sólo nos queda desear que así sea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Zubia.
¿Se dan por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (El señor Molas i Batllori: Las damos por defendidas.) Gracias, señoría.
Corresponde, ahora, la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que no han sido retiradas en la anterior intervención y que, por lo tanto, se mantienen vivas. Tiene la palabra el senador
Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Las voy a defender muy brevemente. Como he anunciado en mi anterior intervención, durante el debate de las dos proposiciones de ley ya fuimos retirando una serie de enmiendas
conforme avanzaban las negociaciones que mantuvimos todos los grupos y se admitían varias enmiendas transaccionales A resultas de las enmiendas transaccionales que esta tarde se han firmado, en total cinco, nuestro grupo está en disposición de
anunciar la retirada de otras enmiendas, en concreto de las números 123, 128, 129, 132, 134, 137, 135 y 9; esta última era una enmienda a la Ley Orgánica complementaria. Se mantienen vivas, por el momento, las enmiendas números 145 y 146.
Dado
que hemos procedido a retirar estas enmiendas, es justo al menos dejar constancia del contenido de la enmienda número 128, que hace referencia al párrafo tercero del artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con ocasión de su debate en la
Comisión de Justicia ya comentamos que el redactado presentaba ciertas deficiencias porque, si bien es cierto que el juez o tribunal se encuentra vinculado con los hechos imputados y la calificación jurídica que figura en los escritos de acusación,
la determinación de la pena a imponer --si hacemos caso del texto del articulado-- no entraría dentro de la competencia del juez, sino que éste se vería prácticamente vinculado con la conformidad de las penas solicitadas por la parte acusadora.
Creo que concebir esta tesis supondría casi obtener la permisión de las partes a la derogación de la ley penal en cada caso, ya que el juez o tribunal podría verse obligado a dictar una pena legal o ilegal que podría vulnerar los principios
constitucionales de la legalidad y, por tanto, el sometimiento exclusivo del juez a la ley. Este era nuestro temor, y por eso quisimos dejar constancia entonces y lo repetimos en este acto, a pesar de que, evidentemente, nuestro grupo ha retirado
la enmienda número 128.
En cuanto a la enmienda número 135, cabe decir que el artículo al que está referida ya soportó una transaccional en el debate en el Congreso de los Diputados, a través de una enmienda presentada por nuestro grupo. Se supera
el planteamiento del efecto del sobreseimiento inicial cuando el Ministerio Fiscal no formulara escrito de acusación en el plazo establecido mediante el añadido «es requerido el superior jerárquico del Fiscal para que formule, a su vez, el escrito
de acusación y explique las causas por no formular escrito de acusación en dicho plazo».
Hoy, a través de nuestra olvidada enmienda y gracias a la transaccional a que dio lugar, se ha mejorado en cierta manera la redacción del texto, ya que, en
todo caso, es el
juez el que debe notificárselo, a los efectos oportunos, a los directamente ofendidos y perjudicados, superando los trámites del fiscal, fiscal jefe y las partes, aunque no estuvieran personadas. Creemos que este «ius puniendi» a que se ha
hecho referencia en alguna intervención, y que corresponde al Estado a través del ministerio público, queda salvado, porque incluso aunque la parte ofendida o perjudicada no hubiere comparecido es emplazada a dichos efectos por el juez instructor.
Quedan las dos enmiendas base que tienen carácter autonómico, las números 145 y 146. La número 145 es una enmienda complementaria a la disposición adicional primera del texto, es decir, es una enmienda que va por separado ya que se insta la
creación de una disposición adicional nueva que trata de que por la Administración del Estado se proceda a efectuar las transferencias de medios suficientes a las comunidades autónomas con competencias en la materia para garantizar ese correcto
funcionamiento de la justicia rápida e inmediata. Como ya se comentó en el Congreso, estos medios personales y materiales son sumamente importantes e imprescindibles. En el transcurso de su tramitación en el Senado hemos tenido un largo debate
sobre el particular, tanto en la Ponencia como en la Comisión, sin que por el momento se haya llegado a un común denominador que concilie o aglutine las diversas enmiendas que sobre el particular han presentado tanto el Grupo Entesa como el Grupo
Socialista y nuestro propio Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Confiamos en que de aquí a la votación final podamos transaccionar, como se han logrado esas cinco transaccionales esta tarde.
La enmienda número 146 ha
sido aceptada en parte también por dos enmiendas de Entesa y del Grupo Socialista, pero entendemos que nuestra enmienda es un poco más amplia. Nosotros perseguimos quitar esta limitación de los 10 juzgados de primera instancia e instrucción como
requisito imprescindible para que se puedan separar los juzgados de primera instancia de la sección de instrucción, y que la solicitud parta de las salas de gobierno de los respectivos tribunales superiores de justicia y además con el informe previo
de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia. De no ser así las comunidades autónomas se verían afectadas por una decisión en cuya adopción no habrían tenido ninguna participación, lo que supone un
desconocimiento de sus competencias ejecutivas y reglamentarias en materia de justicia, sin perjuicio, claro está, de las competencias que obviamente tienen el Consejo General del Poder Judicial y las propias salas de gobierno de los tribunales
superiores de justicia. No obstante, de aquí a la votación final también estaríamos dispuestos a retirar dicha enmienda, pero mantendríamos en todo caso la enmienda número 145.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Capdevila.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista. La senadora Martínez tiene la palabra.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Como he
dicho en mi intervención anterior, de las 31 enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presentó a la proposición de ley ordinaria y a la orgánica han quedado vivas hasta este momento, en el Pleno, 18. El resto de ellas han sido incorporadas
al dictamen en Ponencia o en Comisión o han sido retiradas por haber sido asumido su contenido a través de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular e incluso del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, como es el caso de
nuestra enmienda número 92 y la suya número 124.
Señorías, en el contenido de estas 18 enmiendas hemos intentado acercar al máximo nuestras posiciones, fundamentalmente con el grupo mayoritario --aunque también con el resto de los grupos de la
Cámara-- porque entendíamos que su aceptación podía suponer una mejora técnica importante para la proposición de ley en su conjunto.
Sin embargo, como decía anteriormente, hoy hemos llegado al fin del proceso de debate; lo que acordemos hoy será
lo que salga adelante, ya que el Congreso de los Diputados sólo podrá conocer de las enmiendas que aprobemos en la sesión plenaria de hoy. Por tanto, entendiendo que hemos llegado a ese proceso final y que hemos hecho lo posible por lograr el
máximo acercamiento --aunque nos hubiera gustado que fuera superior--, quiero decir que el Grupo Parlamentario Socialista estaría en disposición de retirar un volumen importante de enmiendas. He dicho que estaría en disposición porque sólo lo haré
en el último momento, por si acaso el grupo mayoritario nos da una grata sorpresa y acepta alguna de ellas, dado lo que suponen de mejora para la ley. Para su mejor comprensión, voy a enumerar las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista
estaría dispuesto a retirar: las números 93, 94, 95, 96, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 112, 116, 119 y 120. Por tanto, sólo quedarían vivas tres.
Señorías, permítanme que a pesar de anunciar la retirada de estas enmiendas, haga un repaso breve de
su contenido y de lo que supondría su aceptación e incorporación a la proposición de ley que estamos debatiendo.
Las enmiendas números 94 y 96, a los artículos 781.2 y 784.1, nos parecen importantes puesto que nos acercan más a la realidad del
trabajo en los juzgados y hacen posible el cumplimiento de determinados trámites. Desde nuestro punto de vista, sería necesario prorrogar hasta un mes los plazos establecidos al Ministerio Fiscal y a las defensas, por razón del volumen o
complejidad de las causas.
La enmienda número 99, al artículo 786.3 (nuevo), propone la incorporación a la documentación de las actas del procedimiento penal las nuevas tecnologías introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente en su
artículo 187.
Con la enmienda número 93, al artículo 779 apartados 1.1ª y 2, pretendíamos determinar que frente a cualquiera de las resoluciones contenidas en dicho artículo debería existir la posibilidad de interponer recurso de apelación, con
carácter suspensivo, en el caso de la resolución número cuatro, porque entendemos que así lo exige el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Igualmente,
en el caso de la enmienda número 108, al artículo 798.2.1º, nos parece una merma de garantías improcedente que el auto tampoco sea recurrible.
Actualmente lo es, y así lo pone de manifiesto y de relieve el informe elaborado por el Consejo
General de Poder Judicial sobre esta proposición de ley.
Sobre las enmiendas números 105, al artículo 795 apartados 1 y 4, y la número 106, en lo que afecta al artículo 796, he de decir que aunque entendemos que se ha mejorado su contenido y alguno
de los condicionamientos sobre lo relativo a los plazos --como en el caso de las actuaciones de la policía judicial--, nos sigue pareciendo incompleto. En este sentido, estimamos que las diligencias enumeradas como 1ª y 8ª, en el apartado 1, sólo
deberían practicarse en caso de que lo requiriera el juez o el Ministerio Fiscal.
Respecto a la enmienda número 107, al artículo 797, párrafo primero y 9ª diligencia, entendemos que dicho precepto no diferencia convenientemente el tratamiento de
las distintas diligencias, siendo preciso que, en cumplimiento del principio de contradicción, las enumeradas en ese artículo con los números 3ª, 4ª, 6ª y 7ª, se realicen no sólo con participación activa, como dice el artículo del Ministerio Fiscal,
sino en su presencia y también con el resto de las partes.
La modificación que pretendemos de la diligencia 9ª es coherente con la posición constitucional, legal y estatutaria que corresponde al Ministerio Fiscal, como bien se especifica en el
informe del Consejo General del Poder Judicial a esta proposición de ley.
Por otra parte, señorías, he de decir que mantenemos las enmiendas números 98, 109 y117, formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Creemos que tienen cierta
importancia, y deseamos que quede constancia no sólo en el «Diario de Sesiones» sino también a efectos de votación, y pediremos votación separada de los artículos de la proposición a los que afecten estas enmiendas.
En concreto, en la enmienda
número 98 al artículo 786, apartado 1, párrafo segundo, el propósito fundamental que nos anima es también la de limitar los supuestos en que puede celebrarse el juicio oral en ausencia en el procedimiento abreviado, limitándolo a aquellos supuestos
en que la pena solicitada no excede de un año de privación de libertad, dado que, como bien dice el Tribunal Constitucional, la presencia del acusado es una regla esencial en el desarrollo del proceso.
Es de todos conocido que el Tribunal
Constitucional no proscribe que se puedan celebrar en ausencia determinados juicios, sino que eso sí lo considera como una excepción y determina, por tanto, la exigencia de que la efectividad de la condena que pueda sufrir ese juicio celebrado en
ausencia se supedite a la posibilidad de que pueda haber una impugnación posterior. El recurso que se prevé, precisamente en este juicio oral, es limitado y, por tanto, procede que volvamos a la redacción originaria que tenía la proposición de ley
antes de ser modificada en el Congreso, que es a la limitación de un año. Proponemos sustituir en el texto del dictamen la expresión «cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad» por «cuando la pena solicitada no exceda
de un año de privación de libertad».
La enmienda número 109 al artículo 800, apartados 1, 2, 4 y 5, referida a la preparación del juicio oral, es también de singular importancia para nosotros. Apreciamos y valoramos en su justa medida la
transacción que soporta dicho artículo. Nos parece importante, sobre todo la mejora sustancial que se hace a su apartado 5. Sin embargo, para nosotros sigue habiendo dos cuestiones vivas, de relevancia, que queremos poner de manifiesto. En primer
lugar, nos sigue resultando de todo punto contrario al principio acusatorio del proceso penal que el juez abra el juicio oral sin que exista acusación, ya que serán precisamente los términos de dicha acusación los que se deriven del contenido del
auto que abre el procedimiento. Nos sigue pareciendo una previsión absolutamente insalvable. En segundo lugar, el texto transaccionado introduce, sin duda, alguna garantía previa a que se decrete el sobreseimiento libre, tal como está previsto,
cuando el Ministerio Fiscal y su superior no presenten escrito de acusación. Tal garantía consiste en que el juez emplace de forma preceptiva, no potestativa, en estos juicios rápidos a los directamente ofendidos o perjudicados los conocidos, en
los términos previstos para el procedimiento abreviado, en el artículo 782.
Pero se persiste en establecer la presunción legal de que, si ni el Ministerio Fiscal ni su superior jerárquico formulan escrito de acusación, no solo se entiende que no se
pide la apertura del juicio oral, sino que, además, se considera procedente el sobreseimiento libre, lo cual nos parece de todo punto inadmisible porque pensamos que también es contrario al principio acusatorio.
La modificación que proponemos,
señorías, pretende dar coherencia a este trámite en el procedimiento de los juicios rápidos con el que está previsto para el procedimiento abreviado contenido en el artículo 781.3, que en ningún momento prevé las consecuencias nefastas que contiene
el apartado 5 de este artículo. En todo caso, como he dicho, en el procedimiento abreviado se requiere la actuación del Ministerio Fiscal.
El mantenimiento de este texto supone introducir un plazo de caducidad para el ejercicio de la acción penal,
agravada por el hecho de que esto puede ser frecuente dada la escasez de plantilla con que en este momento se cuenta en el Ministerio Fiscal, de tal forma que quedaría este Ministerio desplazado, como titular que es, de la acción pública en el
proceso penal, pudiendo, además, generarse una situación de impunidad que razonablemente puede determinar graves responsabilidades entendemos que no solo disciplinarias, sino también penales.
El sobreseimiento libre en el procedimiento penal sólo
puede acordarse por las causas previstas en el artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los tres apartados que prevé ese artículo contienen razones de fondo.
Por otra parte, en el artículo 130 del Código Penal se encuentran de forma
tasada las causas de extinción de la responsabilidad criminal. Por tanto, nosotros entendemos inadmisible otorgar al incumplimiento de un plazo los efectos extintivos de la responsabilidad criminal y el cierre definitivo del proceso, aunque sea un
juicio rápido, con el efecto de cosa juzgada.
Nosotros entendemos, señorías, que debe exigirse el cumplimiento de los trámites y plazos y pedir responsabilidades
no sólo al Ministerio Fiscal, sino también a los jueces, pero nunca que el incumplimiento por jueces --que no lo prevé la ley, aunque en este caso sí para los fiscales-- de un plazo traiga consigo efectos liberatorios o extintivos de la
responsabilidad penal.
En cuanto a la enmienda número 117, a la disposición adicional primera, como he anunciado en el turno de portavoces anterior, constituye uno de los motivos de preocupación que ya exponíamos desde el principio de la
tramitación de la ley y que hoy sigue viva, tal vez con alguna cierta incertidumbre añadida a lo largo de la tramitación de esta ley.
El contenido de esta disposición, tal y como queda en el texto, supone un incumplimiento flagrante de lo acordado
por el Gobierno central con las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de justicia en la conferencia sectorial que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria en mayo del año pasado. En dicha reunión, salvo que tengan mejor
información de la que yo dispongo, se convino en que se realizaría una valoración global de la reforma junto con acuerdos para su correcta financiación, y que los proyectos legislativos que implicaran un aumento de gasto incluirían una memoria
económica y la forma de financiación. Pues bien, señorías, dado que estamos tramitando una proposición de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios y que entrará en vigor a los seis meses de su publicación, lo que pretendemos con esta
enmienda a esa disposición adicional primera es que el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia, en el plazo de tres meses procedan a hacer esa valoración económica porque, al ser una
proposición de ley, no la lleva acompañada como si fuera un proyecto de ley del Gobierno; y no sólo que procedan --sabemos que el Ministerio está trabajando en ello-- a hacer esa memoria económica de lo que supone la implantación de la reforma que
conlleva esta ley, no sólo que se valore el coste, sino también que se formulen acuerdos de cómo se va a proceder a su financiación a fin de dotar a la Administración de Justicia de los medios necesarios que, grosso modo, se enumeran en esa misma
disposición adicional y que afectan tanto a los medios materiales y personales de los juzgados de guardia como a adecuar la plantilla de médicos forenses y del personal del que disponen las administraciones públicas tanto para análisis toxicológicos
como para peritos o expertos que puedan prestar de una forma permanente su asistencia a los juzgados de guardia.
En resumen, señorías, de todos cuantos contactos hemos tenido e informes hemos podido analizar procedentes tanto del Consejo General
del Poder Judicial como de los distintos estamentos de jueces, magistrados y secretarios, se ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer un gran esfuerzo económico, complementario a lo que es la Administración de Justicia, para que esta ley se
pueda poner en marcha con eficacia y cumpla los objetivos que todos esperamos y por los que todos hemos trabajado durante estos meses.
En ese sentido, la previsión del texto nos parece un brindis al sol. Y digo que a la preocupación inicial viene
a sumarse otra nueva porque en los diferentes encuentros que hemos tenido durante la tramitación de esta proposición de ley hemos podido comprobar precisamente, no que el Gobierno haya cometido algún error o haya improvisado a la hora de redactar
esta disposición adicional, sino todo lo contrario. Hemos comprobado que es una disposición querida en la que se dice aquello de que cada palo aguante su vela, es decir, que aquello en que se vean implicadas las Comunidades Autónomas con motivo de
esta ley lo costeen ellas, y aquello en que se vea afectada la Administración del Estado lo costee la propia Administración.
Señorías, nosotros entendemos que eso sigue siendo un abuso del ejercicio de la competencia exclusiva del Estado y que las
Cortes Generales, mediante sus facultades exclusivas legislativas, están atribuyendo nuevas obligaciones, nuevas cargas y gastos a las Comunidades Autónomas, tema éste que está siendo muy cuestionado por ellas y que afecta a las relaciones entre el
Estado y las Autonomías.
Señorías, quiero recordarles, sin repetir de nuevo el debate, por supuesto, que ya tuvimos ocasión de ver todo esto con detenimiento cuando en la Comisión General de las Comunidades Autónomas discutimos el proyecto de ley
de responsabilidad penal del menor. Nosotros entendíamos que se imponían obligaciones nuevas, nuevos medios y nuevos recursos que debían ser asumidos en parte por la Administración del Estado, que es la que en ejercicio de su soberana competencia
está imponiendo nuevas obligaciones y cargas. Y recordaba yo entonces --hago mención de ello sólo de pasada-- que del artículo 150.2 y del 158.1 de la Constitución se derivan exigencias de transferencias de medios financieros.
Nosotros no estamos
hablando de dinero en este momento. A través de los medios de comunicación hemos sabido que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio contempla unos 22 millones de euros para la aplicación de la ley de
juicios rápidos, pero vuelvo a repetir que en esta disposición adicional nosotros no hablamos de dinero. Nosotros instamos al Gobierno central y a las Comunidades Autónomas a que lleguen a acuerdos sobre cuánto cuesta la aplicación de la ley y cómo
se va a financiar, sin entrar en cómo se haga. Queremos un acuerdo y un diálogo entre ambos.
En este sentido lamento que el trámite de urgencia, al que su señoría hacía referencia, no haya permitido que con motivo de esta proposición de ley
podamos mantener un debate como el que tuvimos cuando se tramitó la Ley de responsabilidad penal del menor concretamente en relación con las competencias que tiene la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la cual, según el artículo 56 b)
del Reglamento de esta Cámara, como saben sus señorías, se le atribuye la competencia de informar sobre el contenido autonómico de las iniciativas legislativas que hayan de ser tramitadas en el Senado. Señorías, entendemos que esto es importante y
que de esta disposición adicional depende en gran medida que la ley tenga el éxito que todos deseamos.
Termino, señor Presidente, haciendo una referencia a las enmiendas que mantenemos vivas en relación con la proposición de ley orgánica
complementaria de la anterior
proposición de ley. Hemos mantenido vivas para este Pleno tres enmiendas.
Una de ellas es la número 5, al artículo 801, relativo a las sentencias de conformidad, y retiramos el resto.
También quiero señalar que el contenido del artículo
801 ha sido muy mejorado por la enmienda transaccional que soporta sobre la base parcial de esta enmienda número 5, pero fundamentalmente por la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En lo que a esta
transaccional se refiere, nos satisface que se haya desvinculado definitivamente el hecho de que tenga que haber conformidad y suspensión automática de la pena. Que se desliguen sentencias de conformidad y supresión de la pena nos parece
importante; eso se ha conseguido suprimiendo el apartado 4. Pero no estamos en absoluto de acuerdo en que sea el juez de guardia y no el de lo penal quien adopte la sentencia de conformidad. Consideramos que dicho precepto violenta el texto
constitucional ya que el juez que dicta el auto de apertura del juicio oral es el mismo que dicta la sentencia de conformidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Concluya, por favor, señoría.
La señora MARTINEZ GARCIA: Este extremo también ha sido puesto de manifiesto por el informe del Consejo General del Poder Judicial. Por eso, señor Presidente, como antes he anunciado, pido votación separada de los artículos del dictamen
que afectan concretamente a estas tres últimas enmiendas. El acto de retirada formal del resto de nuestras enmiendas lo haré después de escuchar, por cierto con sumo gusto, al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senador Iribas, o a doña
Inmaculada de España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Martínez.
En turno en contra tiene la palabra la senadora De España por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo al objeto de establecer la posición de nuestro grupo parlamentario respecto a las diferentes enmiendas que se han presentado por los distintos grupos parlamentarios, pero
anuncio que voy a compartir mi tiempo con el senador don José Iribas, y que yo contestaré a las enmiendas presentadas al Título II de la proposición de ley que estamos debatiendo, es decir, hasta el artículo 795, excluido.
Respecto a las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, de la senadora De Boneta, que van de la número 50 a la número 60, he de decirle que muchas de ellas van a ser rechazadas porque ya han sido incorporadas. Por ejemplo, las números 54, 55 y 56 son
rechazadas porque ya han sido incorporadas, dado que la actualización de la cuantía se contempla en el artículo cuarto. También se ha referido a la enmienda número 60, cuya finalidad ya se contempló durante la tramitación en el Congreso de los
Diputados: al no estar exceptuado el recurso de apelación, cabe el recurso contra el auto de procedimiento abreviado.
Por lo que respecta a la enmienda número 57, he de decir que se trata de una actuación de excepción, aunque ya contestaré más en
profundidad cuando me refiera a la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Como su señoría no ha entrado a hacer mayor defensa de sus enmiendas, simplemente le comento, a nivel general, que serán rechazadas. Sí
le diré que para que haya consenso y diálogo, sin ánimo de crítica, tiene que producirse por ambas partes y explicar las argumentaciones que cada grupo tiene para mantener las enmiendas. Para eso no está el trámite de ponencia, en el que además
usted no ha intervenido, sino el trámite de Comisión. De todas formas, quiero que considere que en mi ánimo no ha estado no debatir con usted, sino que quizá hubiera sido mejor que nos hubiéramos acercado más las dos partes.
Por lo que se refiere
a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, se rechazan en su totalidad, muchas de ellas también porque fueron aprobadas en el Congreso de los Diputados. No entro en ellas porque no quiero que el senador Cámara pierda su avión, ya que son
muchas.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la número 1 es al artículo 768, y se va a rechazar porque sólo el abogado de la defensa tiene habilitación para la representación de quien defiende, no
siendo necesaria la intervención de procurador hasta la apertura del juicio oral, y así se recoge en el texto, como en la anterior regulación. Esto nos parece coherente por la diferente situación en la que se encuentra el acusador particular
respecto al detenido.
La enmienda número 2, al artículo 770.4ª; también se rechaza, porque el traslado del cadáver de una persona que se encuentra en vía pública, férrea o tránsito a un lugar próximo más idóneo es una situación absolutamente
excepcional, y además previamente se toman una serie de cautelas, como es señalar el lugar que ocupa y tomar fotografías. Por otro lado, consideramos que técnicamente no se trata de un levantamiento de un cadáver, sino del traslado a un lugar más
próximo. Además, el juez quizá, por la urgencia de la situación, no puede estar en ese momento presente, y por eso la policía realiza el traslado del cadáver, pero siempre a un lugar próximo.
La enmienda número 3, al artículo 771, se rechaza
porque la distinta valoración que tiene la declaración judicial respecto de la declaración policial justifica una diferenciación con respecto a la entrevista entre el abogado y su cliente. La entrevista del abogado con el detenido, antes de tomarle
declaración ante la policía, podría perjudicar gravemente las investigaciones, sobre todo si se trata de delitos muy graves.
La enmienda número 4, al artículo 776.3, la rechazamos y no estamos de acuerdo con el senador Zubia porque consideramos
que, aunque él no lo piense así, nuestra enmienda lo que hace precisamente es clarificar la redacción, aunque sea reiteración de los artículos que su señoría ha enunciado.
Como el portavoz de Convergència i Unió ha retirado sus enmiendas, como él ha hecho referencia a la 128, sólo quiero comentarle nuestra argumentación. Consideramos que resulta razonable mantener en beneficio del acusado que el límite máximo
de la pena que se le pueda imponer sea la solicitada en los escritos de acusación. El acusado tiene derecho a saber qué pena máxima es la que se le va a imponer; eso es lo que realmente sabe, pues cuando está en el juicio oral él oye la acusación
del acusador particular y oye la acusación del Ministerio Fiscal y no sabe de tecnicismos. Precisamente por eso, en beneficio del acusado y en relación a lo que oye en el juicio, es por lo que mantenemos nuestra enmienda. El juez no debe
convertirse aquí en acusador, pues no es su función y, además, si el juez considera que hay un error, también podría pedir que se le ilustrara jurídicamente, tal y como establece el artículo 788, párrafo tercero.
Con respecto a las enmiendas del
Grupo Entesa Catalana de Progrés, de quien sólo queda viva la 76, quiero comentarle que la rechazamos. Es muy parecida a nuestra enmienda 150, que nos parece más razonable, ya que la prórroga por un mes en el plazo de presentación del escrito de
defensa nos parece un alargamiento excesivo. Tiene diez días para presentar el escrito de defensa y nos parece suficiente.
Las enmiendas que han quedado vivas del Grupo Parlamentario Socialista se rechazan. Como su portavoz ha hecho mención a una
serie de enmiendas, así voy a hacerlo yo.
Con respecto a la enmienda 93, la modificación que se propone a la regla primera, en cuanto a la notificación del auto a las partes, resulta innecesaria, pues todos los autos, como es lógico, deben
notificarse a las partes y el artículo, en concreto, recoge que se notificará la resolución de sobreseimiento a quienes pudiera causar perjuicio, aunque no se hayan mostrado parte en la causa. O sea, que el mismo artículo ya entiende que también se
incluye la notificación a las partes.
La modificación que se propone en el apartado 2 sobre el carácter suspensivo del recurso nos supone un mayor retraso en la tramitación de los procedimientos. Se trata de prorrogar el plazo al Ministerio
Fiscal.
Consideramos que tiene suficiente con una prórroga de 10 días y no es necesario dar una prórroga de un mes, puesto que ya ha tenido anteriormente 10 días; o sea, que tiene 10 días más 10 días.
La modificación que propone la enmienda 94
supone un alargamiento excesivo de los plazos procesales.
Respecto de la enmienda número 98, la fijación del plazo de dos años para la celebración del juicio en ausencia se adecua al plazo en que se puede acordar la suspensión de la condena. Por
eso es por lo que se establece el juicio en ausencia hasta dos años a diferencia de antes que era uno.
Hemos de recordar que debe de constar la advertencia de poderlo celebrar en su ausencia , así como la citación.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora España, está llegando al limite de la mitad del tiempo. Yo se lo recuerdo a efectos de que el senador Iribas no tenga problemas con el tiempo.
La señora ESPAÑA MOYA: Muchas gracias.
Termino. La enmienda número 99 se refiere a aspectos que debieran ser objeto de una modificación general de las normas penales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora España.
Para el resto del turno en contra, tiene la palabra el senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Con la venia, señor Presidente, quiero dejar claro, en primer lugar, a la Mesa que existen efectivamente cinco transaccionales, concretamente una enmienda transaccional al 766, apartado primero, otra al
795, otra al 800.2, otra al 800.5 y otra al 801 de lo que es la Ley Orgánica y que han sido presentadas en registro de entrada. Por lo tanto, obran a disposición de la Mesa.
Quiero comenzar por la ley ordinaria . Voy a intentar convencer a la
senadora De Boneta, en la confianza de que el debate sea útil y sirva para que no existan posiciones preconcebidas, de que debería votar favorablemente no a un proyecto de ley del Gobierno, sino a una proposición de ley que suscribió su grupo al que
prestó apoyos en la Cámara, que es también suya, en la que ha incorporado importantes y valiosas propuestas y en la que ustedes, como nosotros, como ellos, como todos, hemos tenido que dejar sin introducir algunas cuestiones que nos hubieran gustado
en aras a conseguir ese consenso por el que hemos apostado y que creemos que es precisamente uno de los factores más enriquecedores de esta proposición.
Sé que es posible, a través de este debate y de este diálogo, facilitar la oportunidad para que
se replantee la única posición de abstención que, en principio, se ha comentado. Comparto con usted que se trata de una ley oportuna. He visto que su señoría ha centrado el problema en los medios.
Los legisladores hemos cumplido. Nosotros vamos
a terminar de hacer bien nuestra tarea. Serán los gobiernos los que deberán aportar los medios a través de sus presupuestos. Sabemos que se está trabajando intensamente y que se está negociando con las comunidades autónomas con competencia en la
materia a través de la conferencia sectorial.
La actitud de diálogo y de compromiso se ha evidenciado a través de las numerosísimas enmiendas que se han incorporado en el trámite de Congreso y de Senado. Confiamos en que hayan visto que las
cuantías a que se referían las enmiendas 54 , 55 y 56 están ya actualizadas en la redacción del artículo cuarto, que la enmienda 61 esté ya recogida en nuestra enmienda número 152, que se ha incorporado al texto de la proposición, que la finalidad
de la enmienda 60 se ha contemplado y valorado en la tramitación del Congreso, que se contemple, por lo que se refiere a la enmienda 62, la citación ante el juzgado; que, por lo que respecta a la enmienda 63, también esté regulada claramente la
sanción por incomparencia en el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; que hay un esfuerzo importante en la enmienda 66 con una incorporación
a través de la enmienda 154, que se asumió en su momento; que la enmienda número 68 tiene un plazo máximo señalado para la vista, que ya está concretado en el artículo 791, que es de aplicación supletoria, según el artículo 795.2, con lo
cual también le estoy dando respuesta favorable al senador Zubia, en lo que me planteaba y, en fin, que la referencia a los institutos de medicina legal, esa aportación importante que hacía a la disposición adicional primera ha sido ya incorporada
en el artículo 796, lo que hace innecesario su plasmación en una disposición adicional.
Yo confío en que, dada la importancia de en un tema que dimana de un pacto de Estado en una materia en la que todos los ciudadanos están sustancialmente
anhelantes y afectados, sea viable que una proposición de ley que nació de todos, que se trabajó por todos, que se gestionó con renuncias de todos y que se va a aprobar, pueda aprobarse también con el respaldo de todos los grupos.
Respecto a las
enmiendas del senador Cámara y el senador Cabrero, me remito a la defensa que él ha realizado para señalarle que nosotros, en idénticos términos a los que manifestamos en trámites precedentes, entendemos que hemos incorporado muchas de las enmiendas
que en este acto se plantean, no sólo a esta ley, sino incluso que se ha hecho una reforma importante, seria y consensuada a la ley orgánica y que esperamos que ello sea suficiente.
Quiero agradecer expresamente al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos el voto favorable. Quiero felicitarme y felicitarnos todos por la participación en ese objetivo de agilización y de enjuiciamiento inmediato. Comparto con ellos que no podía esperarse a una reforma global de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que además vamos a intentar que sea consensuada, lo cual, evidentemente, da un resultado, sin duda, mucho mejor, pero también es más complejo en cuanto a los tiempos que precisa. Valoro igualmente su manifestación de que
ésta es su proposición de ley, también nuestra, porque es una proposición de ley de todos, y no sólo les agradezco el voto favorable, sino que les agradezco que han sido proponentes convencidos, que han realizado un debate profundo y que además han
facilitado un debate fructífero de enmiendas importantes respecto de las cuales la mayoría de la Cámara, y en muchos casos la unanimidad, ha reconocido su valía e incorporado.
Efectivamente, respecto al problema que tenía con referencia a la
constatación del reconocimiento de hechos, si quería el reconocimiento, nosotros entendemos que la relevancia al reconocimiento de hechos para la tramitación como juicio rápido se contempla en el artículo 779.1.5º.
Respecto a la enmienda 7, nos
encantaría lo mejor, pero tenemos miedo de que pueda ser enemigo de lo bueno. Nosotros creemos que es importante la reforma que plantean, creemos que debe valorarse en una reforma seria, global y, a ser posible, consensuada. Nos gustaría que,
cuando menos, en este tema de la prisión provisional, que afecta a la garantía más vital, como es el propio derecho de libertad y que requiere prioritariamente una nueva regulación para su adecuación a la doctrina del Tribunal Constitucional, tal y
como se recoge en el pacto de Estado para la reforma de la justicia y como ha reconocido la Comisión de Seguimiento, pueda facilitar el que su señoría también posponga su planteamiento al objeto de valorar una posible iniciativa, también, por qué
no, conjunta de todos.
Al senador don Isidre Molas le contestaré en el momento en que haga alusión a las múltiples enmiendas que comparte con el grupo parlamentario de senadores socialistas, sin perjuicio de agradecerle su ánimo dialogante y su
espíritu de transacción, de acuerdo y de entendimiento que considero ha sido muy positivo y ejemplar.
El representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha dejado vivas dos enmiendas, si no he entendido mal.
Con
respecto al sistema de financiación, me voy a permitir contestarle, senador Capdevila, en la respuesta global que intentaré dar a esta materia en relación con nuestra posición.
Sí quiero agradecerle su actitud, su apoyo y compromiso y,
fundamentalmente, las aportaciones de su grupo, que han sido muy importantes tanto en el Congreso como en el Senado, a través del trámite legislativo, y quiero manifestarle --aunque después entraremos en esa cuestión-- nuestro compromiso de diálogo,
el de este grupo y sin duda el del Gobierno al que sustenta, para que tal y como se plantea en la exposición de motivos, se produzca una adecuada y necesaria dotación de medios sin los cuales, evidentemente, nuestra proposición de Ley no sería
inútil pero cojearía de manera flagrante.
Nosotros apostamos por el diálogo, queremos que el diálogo no se imponga desde una ley --y anticipo mi criterio-- a los consejos de gobierno, a las comunidades autónomas y al propio Gobierno, sino que se
fortalezca y se lleve a cabo a través de las instituciones «ad hoc», en este caso, a través de la Comisión sectorial que como sabemos se reúne el próximo viernes. Sabemos que se está trabajando intensamente desde el Ministerio y quiero pedirle, con
la misma generosidad con la que ha actuado y con la que he intentado reconocerle su trabajo que, habida cuenta de la enmienda número 118 del Grupo Socialista, muy positiva e interesante que afectaba a la disposición adicional segunda, incorporada
porque entendimos que era una aportación, considere satisfecha su pretensión, en los términos en que todos podemos sentirnos satisfechos cuando alcanzamos un acuerdo entre todos.
Quiero confirmar al Grupo Parlamentario Socialista que efectivamente
compartimos la sensación de que se trata de una cuestión importante, diríamos esencial, para el buen funcionamiento y garantías de nuestros ciudadanos, para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, para la seguridad jurídica y, en
definitiva, para la seguridad pública.
Compartimos el balance satisfactorio que ustedes han formulado por el hecho de que, a través de un importante esfuerzo entre todos, se hayan admitido autoenmiendas mediante las cuales hemos podido mejorar lo
realizado en fases anteriores.
Apostamos por ese derecho ágil que es necesario, sin dilaciones, con garantías, y agradecemos como todos ustedes --porque lo consideramos de justicia-- la generosidad
demostrada no sólo por los grupos parlamentarios sino por todos los agentes que intervienen en el proceso penal y en el mundo de la justicia y que han aportado su experiencia técnica y su colaboración.
Mantenemos, ratificamos y reiteramos
nuestra actitud de diálogo comprometido, de cumplimiento constitucional, como no podía ser de otra manera. Pienso que ha utilizado usted mal una expresión porque ha afirmado que parece que en la proposición de ley se pretende que cada palo aguante
su vela. Aunque parezca una expresión dura, cada palo debe aguantar su vela. Lo que tenemos que ver es de quién es la vela para cada palo, pero lo justo es que cada uno se haga cargo de aquello que deba.
¿Cómo? A través del acuerdo, del
compromiso y de la negociación.
Centrándome en algunas de las enmiendas que su señoría ha manifestado, le agradezco enormemente el esfuerzo de retirada de las que ha citado y me centro en la enmienda número 119.
Reitero un poco lo que he comentado
al senador Zubia. Entendemos que la reforma de la prisión provisional que viene contemplada en el Pacto de Estado para la reforma de la justicia es vital, que hay que adecuarlo a la doctrina del Tribunal Constitucional y que conviene hacerlo cuanto
antes. Si somos capaces de llegar a un acuerdo, a un consenso, a un tratamiento adecuado en relación con todo tipo de tutelas, mejor que mejor.
Sólo me resta contestar a algunas cuestiones que se han suscitado en relación con la financiación.
Con
respecto a los medios, el Ministerio está trabajando en ello. Hay reuniones previstas y concertadas de la Conferencia Sectorial. Existen las previsiones de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Existen acuerdos de traspaso
de competencias. Existe el principio de corresponsabilidad, en el que creemos. Nosotros sí discrepamos de una cuestión, de la posibilidad de que las Cortes Generales obliguen imperativamente al Consejo de Gobierno de una determinada comunidad
autónoma con competencias en materia de justicia a que alcance, imperativa e ineludiblemente, un acuerdo, en todo caso, con el Gobierno de la nación, en materia de financiación en el plazo de tres meses.
Dos cuestiones más que creo que son
importantes; la primera, el sobreseimiento libre. Creo que son de aplaudir las mejoras que se han producido a través de las diferentes aportaciones, por las cuales en una cuestión en la que va a haber escasísima incidencia práctica, puesto que el
fiscal va a calificar en este tipo de juicios rápidos, de manera inmediata, en lo que son los juicios rápidos, existen garantías a través del fiscal que en el acto puede calificar o a través del plazo que se le otorga y, si no lo hace, se le va a
emplazar preceptivamente al ofendido y al perjudicado y, además, se le va a manifestar al superior jerárquico que debe calificar.
Evidentemente, nosotros creemos que la confianza en la profesionalidad constatada del Ministerio Fiscal y de todos sus
miembros evitará que se produzca situación alguna, por mínima que sea, de impunidad. Por ello, nos satisfacemos también de que haya desaparecido lo que se venía denominando en el Congreso la llamada prisión por deuda, de que no se haya vinculado
conformidad y suspensión y de que el enjuiciamiento se pueda producir de forma inmediata y con múltiples mejoras técnicas.
Sí debo decir una cuestión que me parece esencial, y es que nosotros hacemos una valoración de la sentencia en el sentido de
reinterpretación --si sus señorías quieren-- que ha manifestado el senador don Isidre Molas. Entendemos que en absoluto está comprometida por la instrucción la imparcialidad del juez sentenciador; que si hay conformidad no hay debate
contradictorio en actividad probatoria, no hay juicio oral y que, por lo tanto, el juez no está contaminado. Pero es más, estamos seguros, constatamos, que el juez tiene mecanismos, a través del artículo 219...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Iribas, le ruego vaya concluyendo.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: ... de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que, si por cualquier circunstancia concreta, específica, aislada o puntual, en un determinado momento se sintiera comprometido, pueda abstenerse o incluso ser
recusado.
Comparto con el Grupo Socialista y le agradezco que se valore como altamente mejorado el artículo 801.1.3ª por la transaccional, por la enmienda número 9 de Convergència i Unió y, en definitiva, por la separación de la conformidad, la
suspensión y la desvinculación en la que también sus señorías han aportado mucho para esta cuestión.
Agradezco enormemente las posturas de todos los grupos y nos podemos felicitar todos porque dentro de un tiempo, la «vacatio» que se prevé en la
Ley, los españoles tendrán una ley aprobada a través de una proposición de ley que ha sido todo un ejercicio de responsabilidad, de actitud generosa y de ánimo de entendimiento por parte, espero, de la totalidad de los grupos de la Cámara.
Nada más
y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Iribas.
Abrimos el turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Los portavoces del Grupo Popular van a comprobar que la explicación de sus posturas ha llevado al acercamiento que la senadora España indicaba que debía producirse entre las dos
partes. Así, comprobando que de una u otra manera están recogidas varias de las cuestiones contenidas en algunas de las enmiendas presentadas por esta senadora en nombre de Eusko Alkartasuna, les anuncio que en este momento retiro las números 53,
54, 55, 56, 60, 61 y 66. Como digo, las retiro porque han sido aceptados parcialmente los conceptos o principios contenidos en dichas enmiendas, e incluso el aumento de las cuantías de las multas que se solicitaba.
En segundo lugar, el esfuerzo de
acercamiento realizado durante la tramitación de esta ley y las aportaciones
de todos desde el inicio, como bien ha señalado el señor Iribas --a este respecto ya he indicado que presentamos 27 enmiendas en el Congreso, de las cuales sólo se mantenían 11, todas ellas más bien técnicas, motivo de que las hayamos
presentado en esta Cámara--, han mejorado sustancialmente el texto. Por ello, voy a responder positivamente a la petición que me han hecho y no me voy a abstener en la votación del conjunto de la ley.
Sin embargo, pido votación separada del
artículo 770.4ª, porque sigo pensando que esa diligencia en concreto entraña un grave peligro al incorporar un concepto jurídico indeterminado, al señalar que hay una serie de situaciones excepcionales en las cuales se han de adoptar determinadas
medidas, sin precisar cuáles son esas situaciones. En nuestra opinión, esas medidas deberían adoptarse en todo caso, razón que nos parece lo suficientemente importante como para mantener un planteamiento contrario. En cualquier caso, repito que
eso no va a conllevar que nos abstengamos en la votación del conjunto del texto, aunque seguimos pensando que nuestras aportaciones no admitidas hubieran mejorado la ley que hoy vamos a aprobar.
Insisto, pues, en nuestra votación favorable,
salvando lo que se refiere al artículo 770.4ª, por lo que ruego a la Presidencia tenga en cuenta que se vote por separado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Acosta.
El señor ACOSTA PADRON: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente en el turno de portavoces para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria respecto de ambas proposiciones de ley, ya que no intervinimos en el
trámite de enmiendas al no haber mantenido ninguna en esta Cámara.
Es un hecho lo suficientemente contrastado que en la mayoría de las ocasiones la tramitación de los procesos penales se prolonga en el tiempo mucho más de lo que sería aconsejable.
Esta situación es aprovechada en diversas ocasiones por los imputados para situarse fuera de alcance judicial. Por ello, se impone la tramitación rápida de los procesos judiciales, para así evitar la sensación de indefensión por parte del ciudadano
ante cierto tipo de delitos. Asimismo, entendemos que en esos juicios rápidos se deben garantizar los derechos de los ciudadanos y, al mismo tiempo, como consecuencia, la disminución de los delitos de violencia.
Con la presente ley se pretende
introducir los denominados juicios rápidos, abreviando el procedimiento judicial y acelerando las instrucciones y los juicios orales. Por ello es preciso realizar esta reforma legal, así como que los mecanismos de aceleración de los procesos por
delitos sean regulados detalladamente al tiempo que se crean nuevos expedientes procesales de aceleración de la justicia penal.
Por lo que se refiere a las enmiendas, la número 2, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos y que se refiere a la retirada de los cadáveres en vía pública, nos ha parecido bastante interesante y contará con nuestro apoyo, ya que en su momento nosotros defendimos la audiencia en los servicios judiciales. Al mismo tiempo, la enmienda
número 145 de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió contará con nuestro apoyo, pues supone un aumento de presupuesto a las comunidades autónomas para el desarrollo de esta ley.
Finalmente, nuestro Grupo votará a favor de
esta iniciativa dado que así lo hizo en el Congreso de los Diputados, y por tanto, ambas proposiciones contarán con nuestro apoyo.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Acosta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra su portavoz, el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo no con la intención de incidir en el debate, puesto que por nuestra parte entendemos que el mismo ya ha concluido, sino simplemente a los efectos de dejar claro que en mi
intervención anterior solicité al Grupo mayoritario que tratara cuando menos de conseguir de nuestro Grupo que realmente retiráramos parte de nuestras enmiendas. Debo reconocer que el señor Iribas así lo ha hecho, nos ha incitado a ello, y como lo
prometido es deuda, sólo me resta decir que en este momento procedo a retirar nuestras enmiendas números 5 y 6 a la proposición de ley matriz, así como la única enmienda presentada a la proposición de ley orgánica complementaria, la número 1,
coherente con las anteriores.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra su portavoz, el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor Presidente.
De forma absolutamente breve sólo me queda reiterar la actitud que adoptamos en nuestra primera intervención. Me reafirmo totalmente en ella, y por tanto, expresaremos el sentido de
nuestro voto será coherente con la misma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
Intervendré también de forma muy breve y comenzaré agradeciendo las palabras del senador Iribas. Evidentemente
vamos a retirar en este momento la enmienda número 146, manteniendo viva única y exclusivamente la enmienda número 145.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Sin pretender reabrir el debate y dando cumplida respuesta al portavoz del Grupo mayoritario, quisiera decir que en este acto el Grupo Parlamentario Socialista mantiene las enmiendas
números 98, 109 y 117 a la proposición de ley, retirando las 15 enmiendas restantes, y mantenemos la enmienda número 5 a la ley orgánica complementaria, retirando las dos restantes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Martínez.
Para finalizar el turno de portavoces tiene la palabra el senador Iribas Sánchez de Boado.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para manifestar mi gratitud por el talante de entendimiento que no sólo se ha producido en Ponencia y Comisión, sino también en Pleno. Manifiesto a
todos mi felicitación y agradezco la actitud de los grupos intervinientes.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Iribas.
Finalizado el debate vamos a proceder a la votación. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar, señorías, votando las enmiendas a la proposición de ley ordinaria de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido. Votamos las enmiendas de
la senadora De Boneta en tres bloques.
En primer lugar, de la 50 a la 52, la 58 y la 59.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, ocho; en contra, 121; abstenciones, 68.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de la 62 a la 65 y de la 67 a la 71.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, ocho; en contra, 120; abstenciones, 68.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Finalmente, se vota la enmienda 57.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 10; en contra, 120; abstenciones, 67.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Otras enmiendas del Grupo Mixto. Votamos todas juntas, de la 8 a la 49.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, dos; en contra, 120; abstenciones, 75.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Se someten a votación enmiendas números 1, 3, 4 y 7, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, ocho; en contra, 120; abstenciones, 69.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 11; en contra, 119; abstenciones, 66.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas de Entesa números 76, 83, 84, 86 y 87.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 60; en contra, 120; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 145, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 77; en contra, 120 .
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 98, 109 y 117.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 60; en contra, 118; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos, ahora, las propuestas de modificación del dictamen. Como están firmadas por todos los grupos, si sus señorías están de acuerdo, pueden ser aprobadas por asentimiento. Se trata de las
propuestas de modificación al artículo 795 con el número de registro 40.803, al artículo 800.2 con el número 40.804, al artículo 800.5 con el número 40.805 y al artículo 766.1 con el número 40.806.
¿Pueden entenderse aprobadas por asentimiento?
(Pausa.) Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, vamos a votar el texto del dictamen. En primer lugar y en un mismo bloque, votamos del artículo primero el párrafo segundo del artículo 786.1, del artículo segundo el artículo 800.5 y el
apartado 1 de la disposición adicional primera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 136; en contra, uno; abstenciones, 58.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Ahora, votamos el artículo 770.4ª. (La señora Martínez García pide la palabra.) Senadora Martínez, tiene la palabra.
La señora MARTINEZ GARCIA: Quiero aclarar una cuestión para cerciorar el sentido del voto, como es mi obligación. ¿Vamos a proceder a votar otro bloque dentro de la proposición de ley ordinaria?
La señora PRESIDENTA: Señoría, estamos votando el dictamen del proyecto de ley ordinaria. Lo vamos a votar en tres bloques; uno lo acabamos de votar, ahora pondremos a votación el artículo 770.4ª --fue la senadora De Boneta la que
solicitó la votación separada del mismo-- y luego el resto del dictamen.
Votamos, entonces, el artículo 770.4ª.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 190; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el artículo 770.4ª, según el texto del dictamen.
Ahora vamos a votar el resto del dictamen
de la proposición de ley ordinaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 196.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos.) Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la
sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Pasamos a la votación de la parte orgánica de la proposición de ley.
En primer lugar, votamos la enmienda número 2, presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia
la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 60; en contra, 113; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 5 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 60; en contra, 117; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Hay una propuesta de modificación del dictamen al artículo 801, con el número de registro 40.807, que si a sus señorías les parece bien puede darse por aprobada por asentimiento puesto que está
firmada por todos los grupos (Asentimiento.) Queda aprobada por asentimiento la propuesta de modificación al artículo 801.
Ahora vamos a votar el dictamen de la parte orgánica de la proposición de ley (La señora Martínez García pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senadora Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista había pedido que el dictamen de la proposición de ley orgánica se votara en dos bloques. Le pido la palabra para anular esa separación, ya que el
Grupo Socialista está de acuerdo en votarla en un solo bloque.
La señora PRESIDENTA: ¿Hay algún grupo que desee que se vote separadamente? (Pausa.) ¿Se puede votar el dictamen en un solo bloque? (Pausa.) Votamos el dictamen de la proposición de ley en la parte orgánica en un solo bloque.
Se inicia
la votación (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; votos a favor, 197.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos.) Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado al Congreso de los Diputados de las enmiendas aprobadas por el Senado para que éste las ratifique y se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL EN MATERIA DE NACIONALIDAD (S. 624/000004) (C. D. 122/000216).
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con la proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante que ha
designado la Comisión, en este caso su Presidente don Juan Moya.
Tiene la palabra el Senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Gracias, señora Presidenta, señorías.
La proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad que se somete ahora a la consideración del Pleno de la Cámara tuvo su entrada en el Senado el
pasado 3 de junio, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes, terminando el plazo de enmiendas el 14 del presente mes. A esta proposición de ley se presentan 54 enmiendas, que corresponden siete a los señores Cámara Fernández y
Cabrero Palomares, 13 al señor Quintana González, siete a Coalición Canaria, tres al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 12 al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 12 al Grupo Parlamentario Socialista.
La Ponencia estuvo integrada por don Salvador Capdevila i Bas, don Joaquín Jesús Galán Pérez, don José Antonio Marín Rite, doña María José Mora Devis y doña María Australia Navarro de Paz.
La Ponencia se reunió el día 9 y emitió informe en el que
acordó no incorporar ninguna de las enmiendas presentadas y mantener, en todos sus términos, el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
La Comisión se reunió para dictaminar el pasado día 18 de septiembre y aceptó como dictamen el texto
propuesto por la Ponencia que, como decía antes, no introduce modificación alguna al remitido por el Congreso de los Diputados.
Esta proposición de ley, tal como se somete a debate y votación en el Pleno del Senado, consta de un artículo único, dos
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, una disposición final y está precedida por un preámbulo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Moya.
Terminada la presentación del dictamen, comienza el debate de totalidad.
¿Desea intervenir algún portavoz en el debate de totalidad? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Mora, en turno a favor.
La señora MORA DEVIS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, muy buenas tardes. Como todos ustedes saben, hoy nos convoca la Cámara para posibilitar al Estado a dar un paso adelante acerca de la nacionalidad española, ese vínculo
que une a una persona física --vínculo político y jurídico-- con el Estado.
Partimos de dos apoyos legales: por un lado, el artículo 42 de la Constitución Española, que encomienda al Estado «... la salvaguarda de los derechos económicos y
sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia el retorno»; y, por otro lado, el artículo 149.1.2ª de la Constitución Española, que otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de nacionalidad.
¿Qué
es lo que se propone a la Cámara? ¿Qué alcance tiene? ¿En cuánto y en qué modifica nuestra legislación vigente? La aprobación de la proposición de ley que estamos debatiendo va a modificar la legislación vigente en dos aspectos básicos: en un
aspecto circunstancial o sustancial y en otro de carácter temporal. El primero de ellos, da respuesta a la pregunta sobre quiénes podrán optar a la nacionalidad española, es decir, aquellas personas cuyos progenitores --uno o ambos-- fueran
españoles de origen, en virtud de la modificación del apartado 1.b) del artículo 20 del Código Civil. El segundo aspecto da respuesta a la pregunta sobre cuándo podrán optar a la nacionalidad española: podrán hacerlo durante toda la vida. Este es
el primer ejemplo de política orientada hacia el retorno, tal y como aconseja el artículo 42 de la Constitución Española.
Quiero elevar ante sus señorías una reflexión, ¿a quién incumbe esta medida? Esta medida incumbe exactamente a aquellos que
han mostrado su interés ante el Consejo de la Emigración por la desaparición de los plazos establecidos en las leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995. Señorías, el transcurso del tiempo en materia de nacionalidad determina varios tipos de acción: en
primer lugar, una acción negativa. En la casi vieja ley sólo el transcurso del tiempo producía de forma automática la pérdida de la nacionalidad española; el transcurso de tres años desde que se hubiera adquirido otra nacionalidad o la
emancipación, tal y como reza el artículo 24.2 del Código Civil.
De aprobarse la proposición que nos ocupa, quedará desvirtuado ese automatismo de la ley en posible perjuicio de algún español que no estuviera interesado. Y salgo al paso de
cualquier objeción diciendo que esta ley no da nada que alguien no quiera, ni quita nada a quien no quiera ser desposeído. La característica de esta ley es precisamente no involucrarse en el ámbito personal y privado de las personas.
¿Qué otras
trabas se eliminan? Se elimina la exigencia para los ciudadanos iberoamericanos de renunciar a la nacionalidad anterior que ostentaran aquellos que quisieran recuperar la nuestra. Se incorporan mejoras técnicas que clarifican o evitan en otros
casos que se caiga en la confusión acerca de la interpretación del requisito del concepto residencia, como ha ocurrido, al parecer, con algunas de las enmiendas, en concreto la número 10, del BNG, de cuya literalidad se desprende que se pueda
legitimar la residencia ilegal cuando es seguro que no se pretendería. Lo explico.
Las pretensiones del BNG en cuanto a la reducción de plazos, tres años por residencia legal y continuada, puesta en relación con otras de sus enmiendas referidas a
los plazos --la reducción de 10 a 5-- por el solo vínculo de la residencia
en España, deja vía libre a la adquisición de la nacionalidad por el transcurso de cinco años de residencia ilegal y contradice la ley de 1982. Lo mismo que la nacionalidad por matrimonio, que se interesa en un plazo de seis meses cuando
realmente se está fomentando la realización de los matrimonios en fraude de ley y, además, contradice la legislación vigente respecto de los divorcios, que no se permiten en España salvo transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.
Quisiera destacar ante sus señorías las características de esta nueva ley que se propone. En primer lugar, está dentro del contexto europeo como una de las más pioneras respecto de los países de la Unión Europea. En concreto, atendiendo al tema
anteriormente tratado respecto de la adquisición por matrimonio, en el Reino Unido se requieren tres años de matrimonio; en los Países Bajos se requieren al menos tres; en Francia se requiere uno año y formular declaración; en Portugal se
requiere en los mismos términos, y en Alemania se requieren dos años.
También se procura en esta proposición de ley actualizar el texto con las precisiones que contienen las recomendaciones de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de
1999, en cuanto al concepto residencia. También la pérdida de la nacionalidad, habida cuenta de que ha desaparecido de nuestro sistema penitenciario español, aconseja adecuar la regulación civil, y esto es lo que hace la proposición de ley.
El
requisito previo de la habilitación del Gobierno para recuperar la nacionalidad española a los que no hubieran cumplido el servicio militar o la prestación civil sustitutoria también es objeto de eliminación.
Quisiera dar brevemente una visión del
Derecho Civil comparado respecto de la regulación de la nacionalidad. En España, en Italia, en Portugal, en el Reino Unido, la adopción de un nacional por un extranjero constituye un supuesto de potencial doble nacionalidad, o sea, que el país
extiende la nacionalidad del menor a aquel lugar donde vaya, y lo mismo a la inversa en los mismos países, incluida España, evidentemente.
También la adquisición voluntaria de la nacionalidad extranjera por un nacional puede ser causa de doble
nacionalidad en todos estos países que he mencionado antes, pero no en Suiza. Y en los mismos países, salvo en Alemania y en los Países Bajos, la adquisición de la nacionalidad por extranjeros puede ser causa de doble nacionalidad. El matrimonio,
como camino para adquirir la nacionalidad tiene los mismos efectos para los españoles que para el resto de los ciudadanos de otros países que estamos comentando.
Tras la aprobación de esta proposición de ley que se presenta al Pleno, solo en
Holanda quedará regulada la nacionalidad de origen para los casos de acumulación de nacionalidad.
¿Y qué ocurre respecto a la adquisición de la nacionalidad por parentesco en segundo grado? En el Derecho Civil comparado no existe ninguna
legislación al respecto. Por eso, señorías, y muy brevemente, aunque quedan cosas en el tintero, sí deseo adelantar que nuestro grupo parlamentario no encuentra justificación ni acepta calificativos como los de: lastimoso trámite, inseguridad
jurídica, o como aquellos que tuvieran que pasar por esos penosos años de residencia. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Salgo al paso, porque aquí se va a debatir esta tarde el sistema para adquirir la nacionalidad de
los nietos y repito que esta proposición de ley no da nada ni obliga a tomar nada que no quiera una persona, ni le obliga a renunciar a nada que no quiera renunciar.
Creemos que esta proposición de ley viene en sus justos términos y atiende tanto a
la actualidad legal, a las personas que han mostrado su interés, como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha elevado sus recomendaciones y, sobre todo, salvaguarda la defensa y el orgullo de ser español, y la única manera de querer ser
español es demostrarlo. Nos parece que ese plazo mínimo de un año es condición sine qua non, necesario para demostrar fehacientemente que se quiere ser español porque realmente se tiene ese orgullo de ser español.
Nada más y muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Mora.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Pasamos al debate del articulado.
En primer lugar
corresponde el voto particular número cuatro, del senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas números 18 a 30.
Para su defensa tiene la palabra el senador Quintana.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como ya tuvimos ocasión de explicar en la Comisión que se encargó del estudio previo de esta proposición de ley, consideramos desde el Bloque Nacionalista Galego consideramos
que se está perdiendo una oportunidad de oro para debatir hoy una auténtica ley de nacionalidad. No consideramos que la modificación del Código Civil sirva como instrumento único ni, desde luego, el mejor, desde nuestro punto de vista, para encarar
tan importante tema.
Además, consideramos que en la modificación que hoy se nos presenta del Código Civil en materia de nacionalidad perdemos también la oportunidad de dar respuesta a lo que viene siendo una reivindicación histórica del Consejo
General de la Emigración. Consejo General que no pide en ningún caso disminución de plazos, sino que viene a solicitar ni más ni menos que se considere como lógico, justo, legal y necesario el acceso a la nacionalidad de aquellos que, desde nuestra
consideración, son ya gallegos y españoles por ser nietos de quienes lo son y lo siguen siendo.
Esto es lo que a nosotros nos distancia de la proposición de ley que hoy se presenta. Nos distancia fundamentalmente porque, aunque consideramos que en
la proposición de ley se dan pasos adelante, algo tan importante y sustancial para un número ingente de personas gallegas que no tienen que demostrar su pertenencia a Galicia ni a España,
hoy se les impide acceder, a través de esta proposición de ley, directamente a la nacionalidad.
Por eso hemos manifestado nuestra disconformidad con la propuesta y también por eso hemos presentado una serie de enmiendas que paso a defender
con la mayor brevedad. Son las enmiendas números 18 a 30.
En la enmienda número 18 hacemos mención especial a la modificación que proponemos para el artículo 20.1, apartado b), en la que pretendemos que los nietos de aquellos originarios españoles
puedan acceder directamente a la nacionalidad.
No podemos argumentar bajo ningún concepto que aquellas personas que un día se tuvieron que marchar y cuyo trabajo en el exterior ayudó en parte al progreso del país que dejaban, unas personas cuyos
hijos y a veces sus nietos se encuentran hoy en día en situaciones auténticamente calamitosas como por desgracia podemos comprobar a diario en países como Argentina y otros, decía que no podemos argumentar en modo alguno que para que hoy puedan
volver de nuevo a su país de origen tengan que ser considerados como inmigrantes e incluso tengan que demostrar, ellos, que ya lo demostraron todo, que pertenecen al país del que nunca quisieron salir.
Eso es algo con lo que no podemos estar de
acuerdo ni ahora ni nunca.
Nosotros pensamos que con la modificación que proponemos en el artículo 20.1 se podría dar respuesta a una demanda de hace mucho tiempo del Consejo General de la Emigración, restituyendo así una deuda histórica que
tenemos contraída con toda esta gente.
Con la enmienda número 19 intentamos acortar los plazos para la adopción de la nacionalidad por residencia. También hacemos mención especial a la necesidad, desde nuestro punto de vista, de que todo lo
concerniente a la República Arabe Saharaui pueda ser incluido dentro de los beneficios que el artículo 22.1 pudiera dar al resto de personas.
En la enmienda número 20 proponemos el acortamiento de los plazos para la adquisición de la nacionalidad
por matrimonio, e incluimos --como no podía ser de otra manera--, a quienes conviven en pareja de hecho dentro de las posibilidades de obtención de nacionalidad con el mismo rigor que en el caso de los matrimonios.
También proponemos en una serie
de enmiendas, de la número 24 a la 30, diferentes modificaciones de las disposiciones adicionales así como la adición de alguna disposición adicional nueva. En la número 24 solicitamos más medios a través de la modificación de la disposición
adicional para agilizar los trámites necesarios para la adquisición de nacionalidad por residencia.
Con la enmienda número 25 pretendemos eliminar trabas para acceder a determinados subsidios de prestación social.
Con la número 26 pretendemos la
universalización de la prestación sanitaria para las personas que se encuentran en los casos y vicisitudes que estamos estudiando en esta proposición de ley.
En la enmienda número 30 proponemos una nueva disposición adicional con la que queremos
dar una nueva oportunidad a la mayoría de esta Cámara caso de no aceptarse la enmienda número 18, con la que se reconocería la nacionalidad directa a los nietos de nuestros emigrantes. Proponemos que, cuando menos, a través de una nueva disposición
adicional se establezca una modificación en la popularmente conocida como ley de extranjería para evitar que tengan que pasar por el mal trago de ser considerados extranjeros en su propio país, y asimismo que las trabas a las que de entrada les
somete esta ley sean nulas de pleno derecho para aquellas personas a las que en ningún caso podemos considerar como extranjeros y a las que, desde luego, el Bloque Nacionalista Galego nunca considerará así.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Quintana.
Las enmiendas números 11 a 17 del senador Cámara, que se corresponden con el voto particular número 3, se dan por defendidas.
Pasamos al voto particular número 2, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, que se corresponde con las enmiendas números 1 a 7.
Tiene la palabra el senador Acosta.
El señor ACOSTA PADRON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad ha sido una cuestión ampliamente solicitada por un inmenso número de descendientes de españoles en diferentes partes
del mundo que tuvieron que emigrar cuando la situación social, política y económica en España era muy diferente de la actual.
En este sentido nuestro Grupo de Senadores de Coalición Canaria, actuando de portavoces de numerosos descendientes de
canarios que se encuentran fundamentalmente en diversos países de Sudamérica, sobre todo en Venezuela, Cuba y Argentina, presentó en esta Cámara una proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
No obstante, dado
que al mismo tiempo se iniciaba en el Congreso de los Diputados el trámite de modificación del Código Civil, también en materia de nacionalidad por parte de tres grupos parlamentarios, optamos por enmendar el proyecto del Congreso de los Diputados,
que al final continuó el trámite, donde se nos aceptaron algunas enmiendas.
El Grupo de Senadores de Coalición Canaria ha mantenido, para la defensa ante este Pleno, un total de siete enmiendas que, a nuestro modo de entender, de ser aceptadas,
producirían una mejora importante en el texto, y resolvería su situación de nacionalidad a numerosos descendientes de españoles que se encuentran distribuidos por diversas partes del mundo; y al mismo tiempo nos hacemos eco de numerosas solicitudes
de descendientes de emigrantes españoles que aún no tienen resuelta su situación de nacionalidad, cuestión por otra parte ampliamente reiterada y demandada por el Consejo General de la Emigración.
La enmienda número 2 es de adición al artículo 17.1
del Código Civil, y define a los españoles y españolas de origen.
Esta redacción está en mayor consonancia con el artículo 14 de la Constitución Española, según el cual los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Con la enmienda número 3 queremos destacar el hecho de que también podrá optar por la nacionalidad española de origen el hijo mayor de edad de quien haya recuperado la
nacionalidad española.
La enmienda número 5, al artículo 20, punto 1 es de modificación; es una enmienda muy interesante para nosotros y a cuyo tenor se propone el siguiente texto, como apartado b): «Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela
hubieran sido originariamente españoles». Con esta enmienda queremos hacernos eco del hecho de que muchos hijos de emigrantes españoles, que aunque no han nacido en España, sus descendientes deben optar a poder ser considerados como españoles. Por
ello, nos parece necesario obviar la condición de ser nacido o no en España para facilitar realmente la conservación y transmisión de la nacionalidad española.
Asimismo, se pretende permitir la opción de ser español o española a los hijos y nietos
de españoles de origen, nacidos en España, pero que han tenido que emigrar, y en el país de destino tuvieron que optar por una segunda nacionalidad, antes del nacimiento de sus hijos. De igual forma, los hijos de éstos, los nietos, dado que sus
padres no obtuvieron la nacionalidad, tampoco podrán optar por ella, aspecto ampliamente solicitado y que hasta ahora no se ha recogido, pero de gran importancia, obligando a tener un año de residencia legal en España, situación que por otra parte
ya estaba recogida en la Ley de Extranjería, donde se aplican dos años de residencia. En este proyecto se rebaja a un año de residencia legal, pero creemos que es insuficiente.
En el Grupo de Senadores de Coalición Canaria creemos que estamos ante
una gran oportunidad para la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad, y que no debemos dejar sin resolver un aspecto muy importante para los nietos de canarios, de españoles, en definitiva, que en estos momentos se encuentran en
situaciones difíciles en diversos países, especialmente de Iberoamérica, sobre todo en Venezuela, Cuba o Argentina.
Con estas enmiendas que presentamos el Grupo de Senadores de Coalición Canaria pretende hacerse eco, como indiqué al principio, de
las reivindicaciones de los descendientes de nuestros emigrantes, que espero que sean atendidas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Acosta.
Pasamos a continuación al voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números 8 a 10. Para su defensa
tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Si el Grupo Parlamentario Popular no lo remedia --y nada parece indicar que lo vaya a hacer--, la proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad
va a salir de esta Cámara tal y como entró, es decir, sin haberse aceptado, ni por vía de transacción, una sola enmienda de las 54 que los distintos grupos parlamentarios tuvimos la osadía de presentar.
Una vez más --y son unas cuantas en los
últimos tiempos-- el trámite del Senado va a ser absolutamente baldío, y esto es algo que podrá o no gustar, pero no por eso es menos real.
En cualquier caso, lo cierto es que se va a aprobar un texto, el que vino del Congreso de los Diputados,
que, como ya dijimos la semana pasada en Comisión, mejora la normativa actualmente vigente en materia de nacionalidad, pero que no da respuesta suficiente a las lógicas y fundadas demandas planteadas y a las expectativas creadas.
No podemos olvidar
que en el origen de esta proposición están hasta tres iniciativas presentadas, primero, por el Grupo Parlamentario Socialista, poco después, por el propio grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno y, más tarde, por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. Las tres coincidían en la necesidad de modificar el Código Civil en materia de nacionalidad y todos los grupos de la Cámara baja coincidimos también a la hora de dar nuestro voto a la toma en consideración de tales iniciativas;
éramos conscientes ya de origen de que tres textos distintos admitidos a un trámite conjunto constituían un complicado puzzle a la hora de elaborar un único texto, pero había que hacerlo, y había que hacerlo con esfuerzo, con generosidad, pero,
sobre todo, con voluntad de llegar al máximo consenso, dado lo sensible de la materia a regular. Sin embargo, el consenso no fue posible. Por razones que desconocemos se decidió hacer una atropellada tramitación en el Congreso y en un tiempo
récord de cuatro días, del 20 al 23 de mayo, se emitía dictamen por la Comisión y se aprobaba en Pleno el texto que el día 3 de junio tenía entrada en esta Cámara. Desde ese 3 de junio hasta hoy, 25 de septiembre, se ha dispuesto de un tiempo más
que suficiente y nada frecuente, por cierto, en el Senado, siquiera para haber logrado un acercamiento de posiciones entre los distintos grupos y principalmente para haber flexibilizado su postura el grupo mayoritario tanto en la concesión de la
nacionalidad a los inmigrantes como en su devolución --digo devolución entre comillas-- a los hijos y nietos de emigrantes y exiliados españoles que perdieron este derecho porque tuvieron que irse de España, pero, salvo milagros de última hora,
tampoco será posible ahora el acuerdo. Lo sentimos muy de veras por los muchos afectados y nuevamente frustrados.
Así las cosas, a nosotros no nos queda más que seguir manteniendo nuestras enmiendas, solicitar que se sometan a votación e indicar
que nuestro grupo no va a apoyar el texto de la modificación, aunque tampoco va a rechazarlo por las razones ya apuntadas de que, si bien no es exactamente la respuesta esperada y demandada, las modificaciones que se introducen van a permitir
realmente dar solución a determinadas situaciones.
En cuanto a las enmiendas propiamente dichas son de todos conocidas, ya nos referimos a ellas de una manera más pormenorizada la pasada semana en Comisión, y son, además, de una u otra manera coincidentes, todas ellas, con otras presentadas
por distintos grupos parlamentarios de la Cámara.
Terminaría, por tanto, señor Presidente, señalando telegráficamente la pretensión última de las mismas: En primer lugar, considerar español de origen y no de opción a los nacidos fuera de España y
que uno de sus progenitores hubiera sido originariamente español.
En segundo lugar, reducir los plazos requeridos para la concesión de la nacionalidad por residencia.
En tercer lugar, asimilar la condición de asilado a la de refugiado a los
efectos de la concesión de nacionalidad por residencia.
En cuarto lugar, no excluir a los saharauis a los mismos efectos de la concesión de la nacionalidad por residencia.
En quinto lugar, contemplar junto a las figuras del casado, viudo o viuda,
la de la convivencia o relación de hecho, con la lógica advertencia de que ésta deberá estar suficientemente acreditada en cuanto a su permanencia e inscrita, por supuesto, también en registros públicos.
En sexto lugar, posibilitar también la
obtención de la nacionalidad con un tiempo de residencia de un año a quien hubiera obtenido una prestación de invalidez permanente como consecuencia de enfermedad profesional o accidente de trabajo, contraída o acaecida, según los casos, en
territorio español y, en séptimo y último lugar, suprimir el requisito de ser residente legal en España para poder recuperar la nacionalidad, posibilitando así que puedan solicitarlo quienes residan en el extranjero y declaren su voluntad de
recuperación, declaración, por otra parte, que en virtud de nuestra enmienda consideramos debería poderse hacer sin tener que trasladarse de país, es decir, bien ante el encargado del registro consular del Estado de su residencia o bien mediante
documento auténtico dirigido al encargado del Registro Central.
Señor presidente, señorías...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Zubia, le ruego termine, por favor.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Termino, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Este es el contenido principal de nuestras enmiendas y ésta es, en definitiva, la posición que nuestro Grupo sostiene respecto de esta proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de
nacionalidad que para muchos --y nos incluimos entre ellos-- culmina con auténtica decepción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Zubia.
Pasamos, a continuación, al voto particular número 5 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que corresponde a las enmiendas números 31 a 42.
Para
su defensa, el senador Cardona tiene la palabra.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor presidente.
Las doy por defendidas en sus propios términos y con las argumentaciones que el senador Capdevila hacía la semana pasada en el trámite de Comisión.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Cardona.
Finalmente, el voto particular número 6 del Grupo Parlamentario Socialista que corresponde a las enmiendas números 43 a 54 y enmienda transaccional «in voce»
presentada en Comisión.
Para su defensa, el senador Marín Rite tiene la palabra.
El señor MARIN RITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, hay una diferencia fundamental con la ley que anteriormente hemos examinado y aprobado en la Cámara. La anterior fue fruto del esfuerzo, del consenso, de la voluntad de acuerdo y
de la voluntad de solucionar problemas importantes de la Justicia española, como son siempre las que hacen referencia a la tutela judicial efectiva.
En esta otra norma ni siquiera hemos tenido la posibilidad de ponernos de acuerdo. El Partido
Popular , el Grupo Parlamentario Popular, ha preferido una reforma en solitario, corta y, efectivamente --coincido con los senadores anteriores--, que defrauda las esperanzas de mucha gente.
Es frecuente, señorías, que cuando los portavoces estamos
en la tribuna, en ésta y en otras, hablamos siempre de la importancia de la ley. También se ha hecho en la anterior. No voy a hacer comparaciones sobre la importancia de las distintas normas. No tendría sentido. Baste decir, señorías, que la que
nos ocupa, cuando estamos regulando la nacionalidad, cuando estamos reformando el Libro I del Título I del Código Civil, artículos 17 y siguientes, lo que estamos haciendo, en definitiva, es definir quien es español y quien no, ni más ni menos que
eso.
Estamos, además, determinando la aplicación o no de una parte muy importante del ordenamiento jurídico. No de todo el ordenamiento porque no todo depende de la nacionalidad, pero sí de una parte muy importante del ordenamiento jurídico
español.
Decíamos nosotros en el debate en Comisión que no perdíamos la esperanza de que el Grupo Parlamentario Popular intentaría al menos una aproximación a las posiciones de la oposición, intento que, por otra parte, como acabo de mencionar,
venía exigido por la propia naturaleza de la materia que estamos examinando.
En todo el trámite parlamentario, señorías, no se ha hecho este intento.
No se ha hecho tampoco en el Senado. Y la verdad es que no sabemos por qué, porque tampoco se
nos ha indicado. No se nos ha dado explicación de por qué no se ha hecho ese intento. Y hablo de intento, a pesar de
que desde mi grupo parlamentario y desde los demás hemos manifestado siempre una posición de acuerdo, a pesar de que tratamos de huir de cualquier dogmatismo.
Señorías, sabemos que ésta es una materia sensible, sabemos que ésta es una
materia delicada y que hay que actuar con el máximo rigor, lo sabemos. Sabemos también que nuestras enmiendas, y lo decíamos en Comisión, son perfeccionables, de la misma manera que es perfeccionable el texto, pero hay que hacerlo porque no se ha
intentado.
El Grupo Parlamentario Popular se ha quedado solo modificando el Código Civil en materia de nacionalidad, y constatamos como un hecho relevante, políticamente significativo, la frecuencia en la que últimamente el Grupo Parlamentario
Popular queda solo defendiendo posiciones que afectan a un gran número de ciudadanos.
Señorías, nuestro Grupo ha presentado una serie de enmiendas con un objetivo fundamental. Se trata de producir una adaptación de la regulación de la nacionalidad
en nuestro Código Civil a la situación de la realidad del mundo actual. Estamos en un mundo que ha cambiado, que es distinto al mundo que nos contemplaba cuando se reguló la nacionalidad, a pesar de que ha habido una serie de modificaciones; un
mundo globalizado, un mundo en el que grandes zonas de territorio, como es el caso de la Unión Europea, no tienen ya fronteras; un mundo en el que la emigración se ha convertido en un fenómeno que va a determinar las diferencias que se producen
entre nosotros, entre los partidos y entre las propias ideologías, en definitiva, un fenómeno fundamental del siglo en el que vivimos, y se trata de procurar la adaptación que debe ser una adaptación consensuada. Nunca hemos tenido la pretensión de
que esto no se hiciera a través de una posición de acuerdo y de consenso, y de eso, en definitiva se trata.
Señorías, parece razonable forzarnos en adaptar esa regulación a esta nueva realidad, y por eso hemos presentado una serie de enmiendas en
este sentido. La enmienda al artículo 17, por ejemplo, trata de conceder la nacionalidad española a los nacidos en España de padres extranjeros cuando al menos uno de ellos fuera residente legal en España. Se trata, en definitiva, de producir la
integración, esa integración a la que continuamente hacemos referencia en nuestras intervenciones públicas, esa integración de la persona que vive legalmente en España, que colabora en la construcción de nuestro país, que paga impuestos, que paga
cuotas de la Seguridad Social y que cuando tiene un hijo en España quiere que su hijo sea español. Debemos facilitar esa nueva situación, que hoy, antes lo era menos, es muy frecuente.
Reducimos también en una serie de enmiendas los plazos
exigidos para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. La enmienda número 46, señorías, trata de conceder la opción de la nacionalidad española, sin sujeción a plazo alguno, al hijo mayor de edad de quien haya recuperado la
nacionalidad española.
A la enmienda número 3, de Coalición Canaria, Grupo al que quiero agradecer la aceptación y la hospitalidad que nos brinda, presentamos una transaccional que trata de ofrecer una vía intermedia, requerida desde todo el orbe,
a la situación de muchos nietos de españoles. En esta transaccional se plantea la posibilidad de que el hijo cuyo padre haya optado por la nacionalidad española, porque a su vez el abuelo fuera originariamente español, pueda a su vez optar por la
nacionalidad. No englobaría todos los casos, pero a un número importantísimo de ellos les daría sin duda alguna satisfacción.
Señorías, en la adquisición de la nacionalidad por residencia de un año introducimos el supuesto de las parejas de hecho
sin consideración de su condición sexual, es decir, aquellas parejas que viven juntos, con una serie de requisitos que les proporcionan estabilidad, como puede ser la inscripción en el Registro público, la publicidad, la notoriedad, en definitiva,
una serie de garantías que en modo alguno pueden perjudicar la institución de la nacionalidad.
Hay otra serie de enmiendas en las que no me voy a detener porque ya lo hicimos en Comisión y como ni siquiera hemos recibido respuesta no parece que
tenga mucho sentido insistir demasiado en ellas.
Señorías, para terminar, quiero puntualizar alguna cuestión. El Grupo Parlamentario Socialista ha cumplido con el compromiso de provocar el debate de la reforma de la nacionalidad, y lo ha hecho de
dos maneras: por una parte, registrando en el Congreso --como ha reconocido el senador Zubia-- la primera proposición de ley de reforma, a la que siguieron después otras varias, y, por otra, utilizando su propio cupo de iniciativas parlamentarias
para dar entrada en el debate a esta materia.
Son las dos formas en que hemos planteado y mantenido una iniciativa en esta cuestión que queda acreditada clara y documentalmente. Y hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Primero, mantener esa
iniciativa con un contenido, como he dicho anteriormente, que procura adaptar la regulación de la nacionalidad a la situación actual y al mismo tiempo dar cabida a expectativas que nos llegaron desde el Consejo General de la Emigración, desde todas
las partes del mundo, y una oferta continuada de consenso al grupo mayoritario y al resto de los grupos parlamentarios.
Esta ha sido nuestra posición. Pues bien, no ha sido posible porque el Grupo Parlamentario Popular ha preferido realizar una
reforma corta, en solitario, sin tener en cuenta las expectativas de miles de personas que tanto desde dentro como desde fuera de España desean participar en el proyecto común, que es la construcción de este país, y que quieren hacerlo como
españoles, bien porque en algunos casos lo han aprendido de sus padres o bien porque en otros conviven con nosotros, porque ya están participando en realidad de ese esfuerzo de construcción de nuestro país y quieren hacerlo también como españoles.
Señorías, hoy esas expectativas han sido defraudadas. Mucha gente ha quedado hoy defraudada. Cada uno debe asumir su responsabilidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Marín Rite.
Turno en contra. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Navarro de Paz.
La señora NAVARRO DE PAZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, tras haber analizado detenidamente todas las enmiendas presentadas, el Grupo Parlamentario Popular mantiene íntegramente el texto de la proposición de ley que
nos ocupa y consiguientemente rechaza todas y cada una de tales enmiendas por las razones que voy a exponer seguidamente.
Senador Marín, espero que esta vez consiga hacerme entender, y quiero señalar que, por seguir una sistemática más ordenada de
exposición, comenzaré por abordar tales enmiendas a partir de la que afecta al artículo 15 del Código Civil y así sucesivamente, artículo por artículo y siguiendo el orden numerario, hasta completar la totalidad de los preceptos contenidos en las
diferentes enmiendas presentadas; además, para evitar reiteraciones innecesarias, voy a dar una respuesta única a las enmiendas coincidentes de los distintos grupos parlamentarios.
En lo que se refiere a la reforma del artículo 15.1.c del Código
Civil, enmienda número 31 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, se rechaza por coherencia con el rechazo de la enmienda siguiente, la número 32 del mismo grupo, que abordaré seguidamente.
En relación con la reforma
del artículo 17, la enmienda número 2, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, número 8 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, número 11 del Grupo Mixto, Izquierda Unida, números 32 y 33 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y 44
del Grupo Socialista, que proponen la modificación de los supuestos de la adquisición automática de la nacionalidad española de origen en beneficio de los nacidos de hijos de emigrantes que hubieran sido originariamente españoles, a los nietos de
quienes también originariamente fueron españoles y a los nacidos de padre extranjero que residan en España, se rechazan todas ellas por los siguientes motivos.
El rechazo a la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, viene
dado, por una parte, porque su pretensión de modificar el apartado 1 letra a) del mismo apartado 1 de ese artículo 17, sustituyendo la actual expresión «españoles de origen» por la de «españoles o españolas de origen» no puede sostenerse en modo
alguno, señoría, por cuanto que en castellano el plural puede englobar, y en este caso es así, ambos géneros.
Por otro lado, rechazamos también esta enmienda porque los hijos de emigrantes disponen siempre de la posibilidad de adoptar la
nacionalidad española conforme al artículo 20.1 letra b) sin necesidad, como se pretende con esta enmienda, de recurrir al artificio de otorgar la nacionalidad española de origen y sin haberlo solicitado a los hijos de aquellos españoles que en el
momento de su nacimiento habían abandonado temporalmente la nacionalidad española y que, por lo tanto, no eran españoles.
La enmienda número 8, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, se rechaza, en primer término, por cuanto que los hijos
nacidos en el extranjero de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles carecen de vínculos con España como para concederles automáticamente la nacionalidad de origen, siendo más que razonable, señoría, el que se les exija un año de
residencia en nuestro país para que puedan adquirir la nacionalidad española.
En segundo término, también se rechaza esta enmienda porque su pretensión de atribuir la nacionalidad española de origen a los nacidos en España de padres extranjeros con
residencia legal en España viene a suponer la introducción del «ius soli» en nuestro sistema legal de nacionalidad sin ninguna justificación, algo que no ocurre en ninguno de los países de nuestro entorno.
Además, los nacidos en España tienen la
posibilidad de obtener la nacionalidad española con tan sólo un año de residencia en nuestro país, lo que significa que este colectivo ha de considerarse como privilegiado y esta situación como suficientemente amparada en nuestra legislación.
La
enmienda número 11, del Grupo Mixto, Izquierda Unida, idéntica en cuanto a contenido que la primera parte de la enmienda anterior, se rechaza por los mismos motivos que ésta, pues la falta de vinculación con España hace más que razonable que se
exija a los hijos nacidos en el extranjero, de padre o madre españoles de origen, un año de residencia en España para concederles la nacionalidad española.
La enmienda número 32, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
se rechaza porque pretende ampliar la atribución de la nacionalidad española de origen de los hijos a los nietos de españoles, lo cual resulta excesivo, pues implica que los padres sean extranjeros, ya que de ser españoles estarían comprendidos en
el supuesto previsto ya en la actual redacción de este artículo 17. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) La enmienda número 33, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la número 44, del Grupo
Parlamentario Socialista, resultan plenamente coincidentes con la segunda parte de la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pues pretenden la introducción, reitero, del principio «ius soli», por lo que se
rechaza por las mismas razones ya expuestas al referirnos a esta última enmienda, al tiempo que conviene precisar que las consecuencias de la introducción de este principio, no lo olvidemos, serían imprevisibles en cuanto al número de extranjeros
que por esta vía podrían ser considerados españoles de origen.
En cuanto a la reforma del artículo 18, sobre la adquisición de la nacionalidad por posesión de estado, las enmiendas número 12 del Grupo Mixto, Izquierda Unida, y 45 del Grupo
Socialista, que coinciden ambas en la reducción del plazo para esta forma de adquisición española de diez a 5 años, se rechazan igualmente por cuanto que los tres fundamentos en los que se apoya este supuesto --no olvidemos: buena fe, inscripción y
reconocimiento por parte de la sociedad española-- exige un plazo más que significativo y en casos análogos, como es el caso de la vecindad civil, se sigue ese mismo plazo en el artículo 14 del mismo cuerpo legal.
La enmienda número 3 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y la 46 la del Grupo Parlamentario Socialista al artículo 19, ambas plenamente coincidentes y que propugnan la posibilidad de
optar por la nacionalidad española del hijo mayor de edad de quien recupera la nacionalidad de origen, independientemente de que las mismas no tienen encaje alguno en este artículo que versa sobre la adopción de extranjeros menores o mayores
de edad por parte de españoles, se rechazan porque otorgan la posibilidad de optar por la nacionalidad española a personas que pueden carecer de todo vínculo o relación con España, exigiéndoles como único requisito el que alguno de sus padres haya
recuperado la nacionalidad española.
Por lo que respecta a las enmiendas números 5 de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, 18 del Grupo Parlamentario Mixto y 34 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y en las que
parecen que basan nuestra falta de sensibilidad con los españoles que han emigrado, debo decirles que rechazamos su pretensión de extender el derecho de opción a los nietos de españoles por excesiva, toda vez que la relación con España a través de
los abuelos difícilmente puede tener la misma intensidad que cuando ésta se desarrolla a través de los padres.
Las enmiendas números 35 y 36, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, referidas asimismo a este
artículo 20 que pretenden la supresión del plazo del opción para todos los supuestos previstos en dicho precepto se rechazan, ya que no es admisible dar el mismo tratamiento que a los hijos de emigrantes a los restantes casos de opción. La enmienda
número 47 del Grupo Parlamentario Socialista, referida igualmente al artículo 20, que propugna la supresión del requisito de que el padre o madre del optante haya nacido en España se rechaza como las anteriores dado que se considera necesaria tal
restricción, sin que los hijos de españoles de origen que no hayan nacido en España se vean desamparados, pues pueden solicitar la nacionalidad española con tan solo un año de residencia en España conforme al artículo 22 f) de esta disposición.
En
cuanto a la reforma del artículo 22, las enmiendas números 9 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 13 a 16 del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, 19, 20 y 21 del Grupo Parlamentario Mixto, BNG, 37 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 48 del Grupo Parlamentario Socialista, que pretenden la reducción de los plazos señalados en dicho artículo para adquirir la nacionalidad por residencia y la extensión de los plazos
privilegiados a distintos colectivos tales como las parejas de hecho, europeos o saharauis, se rechazan por las razones que seguidamente y de forma muy breve paso a exponer. En primer lugar, señorías, las precitadas enmiendas 9, 19, 37 y 48 a las
que he hecho referencia coinciden en alguna de sus partes en la reducción del plazo general de residencia de diez a cinco años, algo que se rechaza dado que tal disminución resulta excesiva, pues nos hallamos ante personas que no tienen ningún otro
vínculo con España que la mera residencia.
En segundo lugar, las citadas enmiendas números 9, 19, 37 y 48 completan igualmente en otra de sus partes la reducción de cinco a dos años de residencia en los casos de apátridas, aislados y refugiados,
rechazándose las mismas porque estas situaciones, por muy especiales que sean, señorías, no pueden justificar la adquisición de la nacionalidad española en un plazo de residencia tan breve que no permita el grado de integración que se requiere para
todo extranjero que pretenda adquirir la nacionalidad española.
En tercer lugar, las enmiendas antedichas coinciden en alguna de sus partes respecto de la reducción del plazo de residencia de dos años para los saharauis, los súbditos de países de
la Unión Europea, para lo que incluso la enmienda número 37 de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió pide una reducción a cinco años al igual que para los desplazados y los nacionales de origen de países de lengua
castellana, catalana, gallega o vascuence. Pues bien, todas ellas se rechazan debido a que en el primer caso, que nosotros sepamos, no está reconocida internacionalmente la existencia de la república árabe saharaui democrática. En el segundo,
porque no existe con los países de la Unión Europea la integración y los vínculos históricos, lingüísticos y culturales que tiene España con los países a los que se aplica este plazo reducido y porque, en cualquier caso, se están realizando
proyectos conjuntos, como bien saben sus señorías, para una ciudadanía europea y carece de sentido que en estos momentos nosotros demos un tratamiento privilegiado, mientras que la situación de desplazado, como su nombre indica, es meramente
temporal. Y en el tercer caso, señorías, el rechazo viene dado por la inexistencia de países o territorios de lengua catalana, gallega o vascuence, mientras que los de lengua castellana están ya recogidos en el texto vigente.
En cuarto lugar, la
enmienda número 9 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la 20 del Grupo Parlamentario Mixto, BNG, y la 48 del Grupo Parlamentario Socialista pretenden la asimilación de las parejas de hecho a los matrimonios a efectos de la
concesión de la nacionalidad española con tan sólo un año de residencia, mientras que la reseñada enmienda número 20 incluso va más allá al recoger una disminución del plazo tanto para los matrimonios como para las parejas de hecho de un año a seis
meses, las rechazamos todas ellas, en primer lugar, señorías, porque las parejas de hecho no tienen una regulación legal general en la que se establezca qué efectos del matrimonio les son aplicables y cuáles no mientras que, en segundo lugar, la
reducción a seis meses, coincidirán conmigo, no haría más que fomentar la celebración de matrimonios en fraude de ley.
En quinto lugar, la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y la 16 del Grupo Parlamentario
Mixto, Izquierda Unida, pretenden extender en algunas de sus partes la reducción de la residencia a un año o incluso en la última de ellas basta comprobar la mera residencia sin plazo alguno a quienes hubieran obtenido una prestación de invalidez
permanente como consecuencia de una enfermedad profesional o accidente de trabajo contraído o acaecido respectivamente en territorio español, obviamente se rechaza por cuanto que un suceso desgraciado, eso sí, de tal naturaleza no supone en ningún
caso una mayor vinculación con España.
En sexto lugar, la enmienda número 13 del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, se rechaza porque su pretensión de no exigir ningún requisito a la residencia, especialmente que tal residencia haya de ser legal, fomenta, qué duda cabe,
señorías, la inmigración ilegal y alimenta a las mafias que viven de ella. La enmienda número 14 del mismo grupo parlamentario se rechaza por indefinición de los grupos residentes, que se verían favorecidos, al tiempo que la enmienda número 15 del
mismo grupo se rechaza por cuanto que la separación de hecho debe en estos puntos producir los mismos efectos que la separación legal.
La enmienda número 19 del Grupo Parlamentario Mixto, BNG, que reduce el plazo general de residencia de diez años
a cinco y después incluso a tres en los casos en que tal residencia sea legal y continuada, se rechaza por cuanto su admisión equivaldría, senador Quintana, a fomentar la inmigración ilegal. La enmienda número 21 del mismo grupo parlamentario, que
propone suprimir el requisito de la residencia para los extranjeros casados con españoles o que convivan con ellos tras tres años de matrimonio, se rechaza porque --creo, senador Quintana, que usted también lo tendrá claro-- el matrimonio por sí
solo, cualquiera que sea la duración, no es suficiente para adquirir la nacionalidad española y además, como ya he indicado anteriormente, las parejas de hecho no son equiparables con los matrimonios a efectos de la adquisición de la nacionalidad.
En octavo y último lugar, la enmienda número 48 del Grupo Parlamentario Socialista, que pretende la supresión del requisito de acreditar buena conducta cívica, se rechaza porque entendemos que no sería razonable conceder la nacionalidad española a
personas que no hayan observado una buena conducta durante su residencia en España.
En relación con la reforma del artículo 23, la enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, que pretende una mayor precisión en cuanto a la
redacción de su apartado a), se rechaza por cuanto que no se estima en modo alguno justificado el cambio propuesto, mientras que la enmienda número 49 del Grupo Parlamentario Socialista, que propone suprimir la letra b) de este artículo, se rechaza
igualmente por cuanto que la renuncia a la anterior nacionalidad a la que el mismo se refiere debe seguir exigiéndose, máxime en orden a la aplicación del nuevo artículo 25.1, letra a), que se incluye en el texto de la proposición de ley.
En lo
concerniente a la reforma del artículo 24, las enmiendas números 38 de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 50 del Grupo Parlamentario Socialista, plenamente coincidentes, se rechazan por cuanto que el texto de las
mismas propone una redacción que favorece --permítanme decirles, señorías-- de forma extraordinaria la doble nacionalidad de facto, lo que vulneraría lo establecido en el artículo 11.3 de la Constitución.
Doble nacionalidad que también se pretende
extender a los casos de adquisición de la nacionalidad de algunos de los países miembros de la Unión Europea, al tiempo que la precitada enmienda número 38 pretende, además, ampliar de tres a cinco años el plazo de pérdida de la nacionalidad, lo que
no se justifica en modo alguno pues entendemos que los tres años son más que suficientes para expresar la voluntad de conservar la nacionalidad española.
En cuanto a la reforma del artículo 25, las enmiendas números 22 del Grupo Parlamentario
Mixto, BNG, y 51 del Grupo Parlamentario Socialista se rechazan porque la supresión que se propone en dichas enmiendas se basa en la improbabilidad del supuesto contemplado en sí misma.
Entendemos que, mientras exista la posibilidad, no hay
argumentos suficientes para acceder a la supresión propuesta por esta enmienda.
En lo relativo a la reforma del artículo 26, las enmiendas números 10 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 52 del Grupo Parlamentario Socialista,
que propugna la supresión total del requisito de residencia legal en España, se rechazan por cuanto que no tiene sentido extender este beneficio de no tener que residir en España a otras personas distintas de los emigrantes y sus hijos.
Mientras
que las enmiendas números 23 del Grupo Parlamentario Mixto, BNG, y 40 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que plantean la extensión de la excepción del requisito de residencia a los nietos de los emigrantes, se
rechazan porque al tratar el artículo de la recuperación de la nacionalidad española es necesario para ello haberla tenido en algún momento y es imposible que los nietos de emigrantes hayan tenido la nacionalidad española y la hayan perdido sin que
sus padres, además de sus abuelos e incluso ellos mismos, tengan la condición de emigrantes.
En cuanto a las reformas propuestas de las disposiciones adicionales de la proposición de ley que nos ocupa, la enmienda número 7 del Grupo Parlamentario
de Senadores de Coalición Canaria se rechaza por coherencia con el rechazo a sus enmiendas anteriores a los artículos 17, 19 y 20, mientras que las enmiendas números 25 a 30 del Grupo Parlamentario Mixto, BNG, se rechazan por ser ajenas al objeto y
finalidad de esta proposición de ley.
Igualmente, la enmienda número 24 del Grupo Parlamentario Mixto, que propone la reducción del plazo de que dispone la Administración para resolver los expedientes de adquisición de la nacionalidad por
residencia y dispensa del requisito de residencia para la recuperación de la nacionalidad española de un año a seis meses, se rechaza porque tal reducción no implica ninguna ventaja para el administrado, ya que la expiración del plazo sin haber
recaído resolución implica, señorías, la desestimación de la solicitud correspondiente por la aplicación --como bien saben-- del silencio administrativo negativo.
La enmienda número 27 del citado Grupo Parlamentario Mixto, que pretende introducir
una reglamentación sobre los derechos políticos de la doble nacionalidad cuando tenga su origen en convenios internacionales, se rechaza por cuanto que no puede introducirse ninguna modificación con rango legal dado que, conforme dispone el artículo
26 de la Constitución Española, los tratados internacionales tienen rango superior a la ley.
La señora PRESIDENTA: Senadora Navarro, le ruego que vaya concluyendo.
La señora NAVARRO DE PAZ: Termino, señora Presidenta.
Creo que ha quedado suficientemente demostrado con argumentos que el Grupo Parlamentario Popular rechaza todas y cada una de las enmiendas que en este momento estamos debatiendo.
Nada
más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Navarro.
Terminado el turno en contra, comienza el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo en este momento porque no he tenido ocasión de hacerlo anteriormente.
He escuchado las razones y argumentos por los que el Grupo Parlamentario Popular rechaza todas
las enmiendas. No digo que no sean razones, pero no sé si todas las razones tendrán otras distintas al lado para ser escuchadas.
Así como en la ley anterior he tenido que decir que el talante y la forma de llevarla era una vía que sumaba, en esta
ocasión es al revés: la falta de diálogo, el mantenimiento de posiciones, la argumentación para que se sepa que tienen argumentos --y supongo que tienen argumentos-- y la no búsqueda de algún punto de contacto en algún momento en el Senado hacen
que esta ley tenga para mí una valoración distinta y peor que la anterior.
Efectivamente, en la ley hay un cierto paso hacia las expectativas creadas, pero es muy lejano. Por tanto, la posición de este grupo parlamentario --creo que debo decirlo
ahora ya-- será la abstención; no votaré en contra porque algo ha avanzado, pero me abstendré para mostrar también una actitud de rechazo hacia una forma de efectuar el debate legislativo en el seno de esta Cámara. Es necesario hablar y
escucharse, después se pueden exponer las razones cuando se rechazan, pero antes, a corto y a medio plazo, deben oírse las razones y argumentarse contradictoriamente con todos los grupos parlamentarios. Esta es la base de lo que yo entiendo que
puede hacer una Cámara de segunda lectura. Yo no podría dar un voto afirmativo porque me separa algo --bastante-- de lo que va a ser aprobado como ley, pero es que además discrepo de la forma como se ha efectuado, el no diálogo respecto al
contenido de la ley.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Molas.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Tiene la palabra la
senadora Mora.
La señora MORA DEVIS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo a los efectos de contestar al único senador que ha hecho uso de la palabra en el turno de portavoces, el señor Molas, y expresarle la desilusión de este grupo en atención
a sus palabras dado que ni en Comisión ni en el Pleno hemos tenido ocasión de disfrutar de los argumentos de alguna de sus enmiendas. Como usted comprenderá, sin enmiendas tampoco podemos saber el contenido y la proposición que usted desea.
Muchas
gracias. (El señor Molas i Batllori pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Mora.
Senador Molas, ¿pide la palabra por el artículo 87?
El señor MOLAS I BATLLORI: Sí, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por un minuto.
El señor MOLAS I BATLLORI: Con suma brevedad porque no pretendía iniciar ahora el debate sobre ese tema.
Estaba hablando del procedimiento legislativo y de la actitud del grupo con mayoría suficiente en la Cámara respecto a los grupos que
sí han presentado enmiendas. Respecto a ellos debo manifestarlo en el momento en que puedo manifestarlo, y no puedo manifestar la defensa de unas enmiendas propias que no he presentado. Quería manifestar una actitud general de carácter político, y
frente a ella creo que debo confirmarme en las palabras que he pronunciado anteriormente.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Desea intervenir la portavoz del Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Señorías, vamos a votar la proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
En primer
lugar, votamos las enmiendas números 22 y 29 del senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 62; en contra, 120; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, seis; en contra, 120; abstenciones, 62.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, números 11, 13, 14, 15 y 17.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, cuatro; en contra, 178; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 60; en contra, 121; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 16.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, cuatro; en contra, 119; abstenciones, 64.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 16.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 1, 2, 4, 5 y 7.
Se inicia
la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, seis; en contra, 121; abstenciones, 62.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos de la enmienda número 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 62; en contra, 121; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Finalmente, votamos la enmienda número 3.
Se inicia la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 61; en contra, 121; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Enmiendas números 8 y 9.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 189; a favor, seis; en contra, 120; abstenciones, 63.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 63; en contra, 121; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Se votan en tres bloques. Primero, las números 31, 32, 34, 38, 39 y 40.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, nueve; en contra, 121; abstenciones, 58.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 33, 36, 37, 41 y 42, del mismo grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 64; en contra, 121; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 35.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, nueve; en contra, 178; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números 43 a 54 y enmienda transaccional «in voce» que se presentó en Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 63; en contra, 121; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el dictamen de la proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 120; en contra, uno; abstenciones, 68.
La señora PRESIDENTA: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
MOCIONES :
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTUACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO CONOCIDO COMO DE LAS «DOS BAHIAS», FIRMADO EN 1994 ENTRE EL GOBIERNO DE LA NACION, LA DIPUTACION
PROVINCIAL DE CADIZ Y LA JUNTA DE ANDALUCIA (662/000236).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la realización de diversas actuaciones contenidas en el convenio conocido como de las «Dos
Bahías», firmado en 1994 entre el Gobierno de la Nación, la Diputación Provincial de Cádiz y la Junta de Andalucía.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta moción.
Para la defensa de la moción en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Carracao.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, ya han sido varias las ocasiones en las que, desde esta tribuna, he expuesto la situación en la que se encuentran las infraestructuras de transporte en la provincia de
Cádiz y cómo ello pesa como una losa impidiendo el mejor desarrollo de sus extraordinarias potencialidades.
En esta oportunidad, fuera del calor de los debates, y por qué no decirlo, de la vehemencia que sus señorías saben que pongo en aquello que
considero de justicia, quiero decirles que les agradezco muy sinceramente la atención que siempre me prestan y que lo hago independientemente de la posición que adopten respecto al apoyo que les solicito.
Muchas de sus señorías tienen conocimiento
de esta situación por sí mismos, porque la provincia tiene atractivos suficientes, a pesar de las incomodidades y riesgos que supone la situación del tráfico, y otros, cosa que también me produce satisfacción, están teniendo conocimiento de esta
situación por los debates que estamos manteniendo en la Cámara.
Por ello les prometo que voy a ser conciso a la hora de formular argumentos para recabarles el apoyo a mi moción.
Seguro que recuerdan que el pasado mes de abril, aunque también lo
hice en el Pleno el 14 de junio de 2000 y en Comisión el 25 de junio de 2001, tuve el honor, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, de interpelar al Ministro de Fomento don Francisco Alvarez-Cascos sobre diversos asuntos, entre otros
con el objetivo de que el tramo de la carretera nacional N-340 Algeciras-Vejer se incluyese en el Plan de Infraestructuras 2000-2007, único que no está incluido pese a la intensidad de los tráficos que soporta, el alto índice de accidentes y los
riesgos e incomodidades que supone para los usuarios atrapados en interminables caravanas de vehículos. Como consecuencia de aquella interpelación defendí una moción que no obtuvo el apoyo necesario debido a la posición que mantuvo el Grupo
Parlamentario Popular.
Hasta el mediodía mantenía las esperanzas de que el Grupo Popular, que apoya al Gobierno, en esta oportunidad iba a darme el apoyo a mi moción, fundamentalmente porque el Grupo Popular es conocedor de lo que el señor Ministro
expresó durante el debate de mi interpelación.
Sus señorías recuerdan que en el transcurso de aquel debate el señor Ministro de Fomento ofreció tres alternativas. Una de ellas, la primera, decía que se debería dejar sin efecto el convenio que en
el año 1994 firmaron don Josep Borrell, Ministro entonces de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, y don Manuel Chaves, Presidente de la Junta de Andalucía. Se acordaba que el Gobierno de Andalucía devolviese al Ministerio de Fomento las
cantidades que ha transferido para la ejecución de la autovía A-381, tal y como establecía aquel convenio, y que la Junta de Andalucía hiciera, por lo tanto, el desdoble de la carretera Jerez-Los Barrios y el Ministerio de Fomento haría íntegramente
la autovía de Chiclana a Algeciras.
Así, señorías, queda recogido literalmente en el «Diario de Sesiones».
Palabras del señor Ministro.
Según las propias palabras del señor Ministro, cada uno hacemos lo nuestro y, según decía, se comprometía a
incorporar y a poner en marcha la autovía Chiclana-Algeciras con el tramo Vejer-Algeciras.
Luego ofreció dos fórmulas más y dijo que, de ser aceptada cualquiera de ellas, le comprometían igualmente. No las voy a especificar en aras a la brevedad
porque constan igualmente en el «Diario de Sesiones» que sus señorías habrán podido comprobar.
Pues bien, dado que la carretera nacional 340 es uno de los ejes de comunicación de mayor importancia en Andalucía entre la Bahía de Cádiz y la de
Algeciras --estamos hablando de la conexión de dos zonas que engloban aproximadamente un millón de habitantes con dos importantes puertos del Estado, el de Algeciras y el de Cádiz, con dos grandes zonas industriales, las más importantes de
Andalucía, con un extraordinario potencial de desarrollo turístico sostenible en su litoral--, la respuesta del Presidente de la Junta de Andalucía no se hizo esperar, y el pasado 1 de agosto el Presidente Chaves trasladó personalmente al Ministro
de Fomento su voluntad de negociación en relación con la primera de las propuestas que formulara en esta Cámara respecto del convenio denominado «Dos Bahías» en el sentido de que cada Administración asuma la totalidad de las obras y su financiación
en la carretera de que es titular. Es decir, que el Gobierno de la nación asuma la realización y la financiación de la autovía nacional 340 a su paso por la provincia de Cádiz, conservando así su titularidad, y que la Junta de Andalucía haga lo
propio con la A-381.
Señorías, esta alternativa tiene la virtualidad de garantizar el desdoble integral de la carretera nacional 340 incluyendo
el tramo Vejer-Algeciras, actuación que hasta ahora no es contemplada por el Ministerio de Fomento a pesar de que las peticiones de las instituciones y de las entidades sociales son innumerables. También terminaría con un debate estéril
sobre la responsabilidad de cada Administración en la ejecución del desdoble de los diferentes tramos que sólo ha conseguido trasladar confusión y frustración a los ciudadanos.
Quiero decirles que ese acuerdo verbal entre el Presidente Chaves y el
Ministro de Fomento ha sido acogido con alegría y satisfacción por todos los agentes económicos y sociales e instituciones gaditanas, acuerdo que, de plasmarse en la realidad, dará respuesta al clamor social que el propio Ministro ha podido
comprobar a favor del desdoble integral de la nacional 340 entre Chiclana y Algeciras. Además, quiero que sepan ustedes que ese clamor es especialmente intenso en relación con la urgencia que requiere dicha actuación en los tramos entre Chiclana y
Vejer, Tarifa y Algeciras y en la circunvalación de Algeciras, evidentemente por razones de intensidad de los tráficos, accidentes, riesgos e incomodidades que ya les he señalado.
También quiero decirles que esa respuesta del Presidente Chaves
demuestra una vez más amplitud de miras y un enorme sentido de la responsabilidad y de Estado, como ya he dicho, cuando firmó en 1994 el convenio que convertía una carretera comarcal, la de Jerez-Los Barrios, en una carretera transeuropea que va a
canalizar los tráficos pesados y peligrosos provenientes del puerto de Algeciras para dejar las del litoral a Cádiz y a Málaga para el desarrollo turístico. El tomar esa decisión ha supuesto para el Gobierno de Andalucía una inversión de 77.000
millones de pesetas. Una carretera comarcal sin más de esas características habría supuesto una inversión del 50 por ciento de lo que en la actualidad cuesta. Creo honestamente que sería justo que el Ministerio de Fomento, en contrapartida,
hiciese al menos un esfuerzo similar en la nacional 340.
Señorías, a partir de este momento yo no debería exponer nada más. Los argumentos que demuestran la necesidad de esta petición ya los he formulado en muchas oportunidades. Pero es que
además han sido aceptados, implícitamente, por el Ministro de Fomento, y también implícitamente al formular hasta tres alternativas para ello.
Señora Presidenta, señorías, esta iniciativa no pretende sino traer al ámbito parlamentario un acuerdo
entre el Ministro de Fomento y el Presidente de la Junta de Andalucía, basado en un compromiso expresado por el propio Ministro en esta Cámara. Creo honradamente que deberíamos ser capaces de abstraernos a cualquier consideración de carácter
partidista; reflexionar de manera sosegada sobre lo que la moción pretende, e independientemente de nuestras legítimas posiciones políticas, que cada cual defiende con ahínco y con pasión cuando se debate algo relativo a ellas, en esta oportunidad
actuar con coherencia y en beneficio de los ciudadanos. Si lo logramos, no va a resultar difícil que la pantalla de votación se ilumine de verde de forma unánime.
Un ruego a los señores del Grupo Parlamentario Popular. No teman que su apoyo a mi
moción vaya a suponer un premio a mi constancia; el premio, en cualquier caso, sería al sentido común de todos y también a las ciudadanas y a los ciudadanos que se ven involucrados en atascos insufribles, interminables, que provocan accidentes,
riesgos y enormes incomodidades.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Carracao.
Para la defensa de la enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Carracao, en principio quisiera aclararle que, cuando estaba escuchándole desde mi escaño, parecía que la propuesta era suya y que el señor Ministro de Fomento
nada hubiese tenido que ver con lo que aquí se va a decidir hoy. Comparto con su señoría que efectivamente nuestra carretera N-340 --tan importante-- es necesaria, soporta infraestructuras, y todo lo que se pueda decir sobre ella lo conocemos
perfectamente, al menos quienes circulamos casi a diario por aquella zona. Pero nosotros no somos culpables del convenio que en 1994 se hizo por el entonces Ministro Borrell y el Presidente Chaves --al que usted aludía recientemente, y que parecía
estar satisfecho de algo nuevo, cuando fue el responsable de aquella campaña de humo de 1994, con aquel convenio que también firmó la Diputación Provincial de Cádiz--; no somos responsables de que tres Administraciones socialistas, a sabiendas de
que no se iba a cumplir, firmaran un convenio leonino, lleno de características, pero nosotros vamos a soportar hoy de alguna forma un convenio inconcreto, un convenio que cuando empieza a cumplirse, señoría, es precisamente cuando llega el partido
Popular al Gobierno.
Señoría, hasta tal punto no se hizo nada que si nos remitimos de alguna forma a los compromisos de finalización de la autovía 381, en principio se prometió que iba a estar concluida en 1998; después se prometió que se
finalizaría en el año 2000; el señor Chaves prometió su finalización para el año 2003, y luego el señor Zarría le corrigió, en una visita al Campo de Gibraltar, y la prometió para el año 2004. Señorías, ha sido una acumulación de inconcreciones,
una acumulación de falta de compromisos, hasta que el Ministro de Fomento, el señor Alvarez Cascos, no toma con criterios firmes y serios lo que significa esa N-340. Por tanto, habría que refrescar la memoria muchas veces y recordar esa serie de
situaciones que se han creado, porque parecía que si su señoría podía decir que lo que hoy pretendemos tratar y debatir aquí era algo que se había iniciado a partir de una moción presentada por su señoría.
Hay que tener memoria política para decir
que nada se hizo sobre la N-340 con respecto al acondicionamiento de la carretera 346 de Medina Sidonia a Chiclana; nada se hizo concretamente en la N-343 entre Medina y Vejer de la Frontera y nada se hizo en la carretera 2012 Medina-Vejer. Por lo
tanto, señoría, el Partido Socialista Obrero Español no solamente no ha cumplido con su financiación, sino que nosotros nos hemos limitado a financiar el 50 por ciento, tal
y como estaba previsto de la autovía 381 y hemos llegado a financiar algunos momentos hasta el 70 por ciento del coste de esa autovía. Le voy a dar un dato concreto que creo que además es incuestionable, señoría: el 31 de diciembre del año
2001 los certificados de esa obra eran exactamente 99,98 millones de euros, de los que lógicamente corresponderían al Gobierno central el 50 por ciento, es decir, el equivalente a prácticamente 49,5 millones de euros. Señoría, ¿sabe usted lo que
hemos puesto nosotros al cierre del 31 de diciembre del año 2001? Exactamente más de 83 millones de euros, en vez de los 49,5 millones que nos hubiese correspondido. Me parece que sus señorías no podrán quejarse de que hemos financiado y pagado no
sólo el 50 por ciento, sino que encima hemos incrementado esa financiación en más de 22,5 millones de euros, que le correspondían al Gobierno que sustenta y representa a sus señorías en el Partido Socialista. Pero no solamente hemos hecho eso,
hemos hecho muchísimas cosas más en relación con ese convenio: se ha duplicado la N-340 al paso de la variante de Chiclana; están licitadas las obras de la variante de Chiclana y están licitadas también las obras del tramo Chiclana-Conil, que
correspondía al Gobierno central en una extensión de 18,74 kilómetros, por un importe de 55 millones de euros y 36 meses de plazo para su ejecución y conclusión. Señoría, le puedo recordar que, pese a las críticas que un compañero socialista en el
parlamento ha hecho recientemente, hemos hecho el paso superior de La Lobita, hemos realizado el acceso al Colorado, hemos realizado los cruces de Bolonia, La Lobita, etcétera. Creo, señoría, que por nuestra parte todo lo que corresponda a esa
carretera lo estamos cumpliendo con creces y me parece que ya de ello es conocedora la propia Consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
Por ello, nuestra enmienda de sustitución, señorías, no puede ser más clara y tajante: por encima
de todo queremos que se cancele el convenio de 1994, firmado por el entonces Ministro, señor Borrell, por el Presidente Chaves y por el Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz; que la Junta de Andalucía asuma la realización y financiación
de la Autovía 381, conservando así su titularidad; que el Gobierno de la nación asuma la realización y financiación de la autovía nacional 340 a su paso por la provincia de Cádiz, conservando, así también, su titularidad; que la Junta de Andalucía
devuelva al Ministerio de Fomento los 83,17 millones de euros que fueron transferidos en concepto del 50 por ciento de las inversiones ejecutadas en la autovía Jerez-Los Barrios; que a partir de aquí el Ministro de Fomento licite el tramo
Conil-Vejer, cuyo proyecto fue enviado el 25 de julio de 2002 a la Junta de Andalucía; por último, que el Ministerio de Fomento proceda a sustituir los proyectos de acondicionamiento de Vejer hasta Algeciras por la redacción de proyectos de
autovía, previos los trámites administrativos y medioambientales correspondientes.
Como verá, señoría, nuestra propuesta, nuestra enmienda de supresión es perfectamente clara. No sé dónde está la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista, si
inclusive su señoría lo acaba de referenciar hace unos minutos: ha dicho que había un acuerdo tácito entre el Presidente Chaves y el Ministro señor Alvarez-Cascos sobre esta situación. Nosotros tenemos que cumplir y queremos que se cumpla el
convenio que se ha firmado, para lo cual el Ministerio de Fomento ha terminado ya la variante de Chiclana; ha visitado el tramo Chiclana-Conil y ha enterado a la Junta de Andalucía que para que licite la obra correspondiente a la trama autovía
Conil-Vejer además tiene que poner en marcha los proyectos de acondicionamiento de los tramos Vejer-Algeciras.
Y estamos al día en el pago del 50 por ciento de las cantidades que nos corresponden por Jerez-Los Barrios.
Estamos dispuestos a
continuar, señorías, pero ahora la licitación de la obra le corresponde a la Junta de Andalucía. En este supuesto, si la Junta, como así nos lo ha hecho llegar el propio Presidente, señor Chaves, está dispuesta a estudiar la alternativa que nuestro
Ministro le ha ofrecido, estaríamos en condiciones de aceptar la cancelación del convenio. Eso sí, cancelar el convenio significa retrotraer las cantidades entregadas en virtud de dicho convenio. A partir de la devolución de las cantidades
entregadas, el Ministerio de Fomento licitaría inmediatamente el tramo Conil-Vejer y cambiaría los acondicionamientos de Vejer-Algeciras por estudios informativos y proyectos de tramo de autovía entre Vejer y Algeciras.
Señoría, mejor resultado en
su propuesta y mejor respuesta del Grupo Parlamentario Popular, como es la que le hemos dado, difícilmente puede encontrarla. Queremos el consenso. Queremos el acuerdo. Queremos todo aquello que sea bueno para nuestra provincia. Pero, señoría,
usted entenderá que nuestro grupo parlamentario tiene que cumplir un convenio.
Tenemos firmado un convenio. No lo hicimos casualmente nosotros. Lo firmaron sus señorías en aquel entonces cuando gobernaban en el Gobierno central, en la comunidad
autónoma y en la Diputación. Ahora que gobierna el Partido Popular en el Gobierno central si se quiere cumplir el convenio de alguna forma tendrán que devolvernos lo que se transfirió en concepto de inversión en aquella autovía.
Ese es nuestro
parecer. El tono con que usted lo ha planteado ha sido perfectamente consecuente. Todo esto se trasluce en que su Grupo, permítame que se lo diga, no está actuando de una forma firme, puesto que somos como el Guadiana, salimos y entramos en una
situación a veces dudosa, porque se ha planteado esta situación en todas las Cámaras, incluso en los propios ayuntamientos de nuestra provincia.
Señoría, nuestra enmienda de sustitución es seria, es coherente. No le decimos que no a usted. Le
estamos diciendo que sustituya lo que queremos sustituir para que se cumpla. Sepa usted que nuestro Ministerio está cumpliendo y ahí están los hechos. Nos hicimos cargo de la variante de la N-340 y ahí está. Los ciudadanos de nuestra provincia
pueden recordar perfectamente lo que era antes esa nacional y lo que es ahora.
Efectivamente, en el convenio no se contemplaba lo que su señoría pide y solicita. Se habla del convenio y se dice claramente lo que es la circunvalación de Algeciras,
pero sepa su señoría que si el convenio se lleva a cabo y se cumple lo que se dice, el Ministerio cumplirá perfectamente
porque así lo está haciendo, así lo va a hacer y somos nosotros los parlamentarios los que estaríamos dispuestos a apoyarle en todo aquello que pueda salirse de las características propias de una provincia como la nuestra que necesita más
que nunca esa infraestructura.
Pero le digo más, señoría, la infraestructura que necesita la provincia de Cádiz tuvo que haberla pensado el Gobierno socialista en el año 1994 cuando hizo el convenio y no hoy, porque parece que el convenio que
estamos regulando hoy es algo nuestro. No es nuestro, señoría. Es un convenio de ustedes, del año 1994. ¿Cuándo se empieza a trabajar en la N-340? Cuando precisamente el Gobierno popular empieza a actuar y a hacer las cosas. Por lo menos
permítame el derecho a decirle que lo que estamos haciendo lo hacemos bien y ahí están los hechos.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Fernández
Sánchez.
El senador Carracao puede intervenir para manifestar su postura respecto a la enmienda?
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Fernández, don José Blas, usted no ha prestado atención a mi intervención. Usted se ha anclado en un discurso ya superado. Usted viene a atacar, a decir que el
convenio que firmaron Chaves y Borrell no era adecuado. Pues sí, fue un convenio adecuado, con un objetivo principal que era la conexión de dos puertos y también con el objetivo de articular internamente la provincia e integrarla en las redes
transeuropeas de transporte.
Pero, insisto, es un debate superado. Es muy añejo lo que usted está aquí hablando. Está usted justificando que el Gobierno, el Ministerio de Fomento actual, ha invertido en no se qué. Eso no se lo ha discutido
nadie. Yo he dicho en sede parlamentaria en más de una ocasión que el convenio se estaba cumpliendo de manera satisfactoria por las partes, nadie ha dicho lo contrario.
A partir de 1994 surgen unas necesidades a todas luces obvias, que el propio
Ministro reconoce, y yo lo único que quiero decir es que para que el tramo Vejer-Algeciras, de la N-340, se incluya en el Plan de Infraestructuras del Gobierno, el Ministro ha dicho: sí, pero bajo estas premisas; y el señor Chaves ha dicho el 1 de
agosto: de acuerdo, con la premisa que usted señala. Lo que quiero es que ese principio de acuerdo lo elevemos en ámbito parlamentario. Usted sabe el esfuerzo de negociación que yo he tratado de hacer con usted y con el propio Ministro esta
mañana, en presencia de algunas de sus señorías del Grupo Parlamentario Popular le he dicho al Ministro de Fomento: Ministro, lo único que nos separa para poder llegar a un acuerdo en esta moción es la necesidad de circunvalar Algeciras, porque no
es admisible que tú vayas a asumir la responsabilidad como titular de la carretera N-340 y que la autovía que ejecute desemboque en el centro de una ciudad.
La Junta de Andalucía, en la enmienda transaccional que he preparado y que su señoría y el
propio Ministro conocen, asume que va a devolver las cantidades que el Ministerio ha transferido a la Junta para la autovía A-381. El propio Chaves la semana pasada le ha dirigido una carta al Ministro diciéndole: «Estos son mis interlocutores del
acuerdo verbal al que hemos llegado el 1 de agosto. Nombre usted a los suyos para que se sienten a trabajar en los términos del acuerdo: Tengo ya buscada la fórmula para devolverle las cantidades que usted me ha transferido». Es más, la cantidad
que está reflejada en los presupuestos para el año 2002 no nos la transfiera, quédesela usted para que pueda licitar el tramo de Conil a Vejer. El tramo Conil a Vejer, por si su señoría no lo sabe, cuesta unos 4.000 millones de pesetas, y lo
consignado para transferir a la Junta son 3.800 millones. El Ministerio de Fomento podría estar ya licitando ese tramo Vejer-Conil.
¿Qué va a hacer el Ministerio con el dinero que le va a devolver la Junta? Me parece que a todas luces sería obvio
que intentara reinvertirlo en la N-340, pero que haga será su responsabilidad. Lo que queda claro es que si se acepta la propuesta del Ministro, cada Administración asumirá la financiación de las obras de la carretera que es titular, y lo que
estamos diciendo, señorías, es que todas las enmiendas que usted ha presentado están recogidas en la transaccional que yo le he ofrecido, con la única salvedad de que quien quiere cancelar el convenio, quien quiere que le devuelvan las cantidades,
que además se ha aceptado, quiere hacer ahora un nuevo convenio con la Junta de Andalucía para la circunvalación de Algeciras. Cuando se ha ejecutado la N-340 a la altura de Málaga y se ha circunvalado Málaga, ¿la Junta de Andalucía ha tenido que
aportar algo a ese convenio? ¿Cuando se ha hecho en Chiclana, por ejemplo, la Junta de Andalucía ha tenido que aportar algo a ese convenio? Cuando se está haciendo ahora en Jerez por necesidades de esa carretera nacional de la que es titular el
Ministerio, ¿hay alguna Administración que aporte algo? Y si aporta algo, será a cambio de que esa otra Administración aportara también alguna obra competencia de la Administración que participa en el convenio.
No, ustedes lo están enredando.
¿Qué ocurre? Que nunca pensaron, cuando el Ministro de Fomento formulaba esta alternativa en sede parlamentaria ante mi interpelación, que sólo tres meses después el Presidente Chaves iba a decir: La acepto. No piensen que el convenio que yo
firmé era una bicoca, era un convenio de responsabilidad, y ahora, si por el bien de la provincia de Cádiz, de las infraestructuras del transporte tengo que renunciar a esas cantidades que el Gobierno me ha transferido y las tengo que devolver, las
devuelvo pero haga usted lo que es necesario hacer en la N-340. Eso era una jugada de farol, y ustedes ahora enredan para proteger al Ministro, porque estamos diciéndole al Ministro que lo que ha dicho lo aceptamos, no le decimos nada más. Una
salvedad única: Ministro, ¿no es razonable que si tú aceptas esta propuesta y vas a ejecutar la autovía hasta Algeciras, cuando llega Algeciras tenga que ser una circunvalación? Sí, claro que es razonable. A mí lo que me interesa --me ha dicho el
Ministro esta mañana en presencia de sus señorías-- es que la Junta nos devuelva el dinero. Aceptado está, recogido está en la enmienda. Escrito del Presidente Chaves al Ministro
diciéndole que le devuelve el dinero. Vamos a discutir de eso, señor Fernández, no venga usted ahora aquí con discursos añejos de ataques viscerales a la gestión de los gobiernos socialistas que, por cierto, en obras de infraestructura, de
comunicación y de transporte hicimos muchísimas cosas, quizá cometimos errores en otras, pero desde luego nadie nos puede negar que modernizamos este país con las inversiones en materia de infraestructura y transporte. Eso sería negar la evidencia,
es decir, si quiere atacar por ahí a los gobiernos socialistas pincha usted en hueso. Es verdad que todo no se pudo hacer. Hay cuestiones que deben seguir ustedes realizando, como la nacional 340, a su paso por la provincia de Cádiz.
No voy a
entrar al trapo en los intentos de descalificación de los gobiernos anteriores. Reconozco que el Gobierno actual está haciendo lo que puede en materia de infraestructuras. Ustedes deben reconocer que en lo que respecta a la nacional 340 no se ha
hecho mucho y me refiero a la provincia de Cádiz donde hay un peaje para poder salir en dirección a Málaga, construido por una empresa privada, que ha realizado el desdoble de un tramo con 70.000 rotondas, que va a ser lenta y peligrosa y, como
consecuencia, el tráfico se tendrá que desviar inexorablemente por la autopista.
Pero, insisto, no quiero caer en descalificaciones. Señor Fernández Sánchez, simple y llanamente quiero decirle a usted como portavoz del Grupo Parlamentario Popular
que el Grupo Parlamentario Socialista acepta la propuesta que realizó en sede parlamentaria el Ministro de Fomento. El Presidente Chaves ha llegado a un acuerdo verbal con él. Trasladémoslo al ámbito parlamentario y después se deberá reflexionar,
porque hay que hacer la circunvalación a Algeciras, ya que no puede desembocar la autopista en el centro de la ciudad.
Usted considera esto razonable pero viene a esta Cámara y hace un discurso de ataque a las gestiones de justificación de
inversiones porque no quiere dar respuesta a la cuestión que le estoy planteando. Ahora tiene la oportunidad. Si no es cierto, usted conoce la enmienda transaccional que le he ofrecido. Usted mismo se la ha enviado al señor Ministro y éste ha
dicho que la acepta en su totalidad salvo el hecho de que la circunvalación a Algeciras se realice por medio de un convenio con la Junta de Andalucía.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Turno en contra. Tiene la palabra el senador Fernández Sánchez. (El señor Carracao Gutiérrez pide la palabra.)
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Señora Presidenta, ahora corresponde el turno de portavoces.
La señora PRESIDENTA: Señor Carracao, está la posibilidad del turno en contra antes del turno de portavoces. De acuerdo con el Reglamento, primero corresponde la defensa de la moción, después la defensa de la enmienda, posteriormente la
intervención del representante del autor de la moción para confirmar si acepta o no la enmienda y por último el turno en contra. Muchas veces no se hace uso de él pero el Reglamento cuenta con ello. El señor Secretario me dice que su señoría tiene
razón en el sentido de que es la primera vez que el enmendante utiliza el turno en contra. Está previsto en el Reglamento. Pero voy a rogar a su señoría que abrevie todo lo que pueda.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Señora Presidenta, señorías, voy
a ser muy breve. Señor Carracao, ha hecho su exposición inicial con mesura pero usted no quería que yo comentase los precedentes de su moción porque lógicamente no le interesaba.
Usted ha dicho que yo he venido a hacer un ataque a su grupo y me ha
lanzado no sus debilidades sino sus grandes obras en el equipo socialista cuando gobernaba este país. Pues yo puedo decirle a usted muchísimas y si afirma que se ha hecho poco en la provincia de Cádiz, que venga Dios y lo vea.
Si nos atenemos a la
propuesta clarísima de su moción, he de decirle que nos vamos a ajustar a lo que efectivamente afirma nuestra enmienda de sustitución en el punto 4. Dice que el Ministerio de Fomento proceda a sustituir los proyectos de acondicionamiento desde
Vejer hasta Algeciras por la redacción de proyectos de autovía, previos los trámites administrativos y medioambientales correspondientes. Está muy claro, señoría, usted quiere salir de aquí hoy con la mano grande y limpia diciendo que ha conseguido
que la circunvalación de Algeciras se haga por Algeciras, y entiendo cuál es su papel de oposición, pero creo que lo que dice nuestra enmienda está clarísimo. Señor Carracao, usted no puede llevarse más de lo que ya se lleva, porque, además, no
tiene usted razón.
Cuando se construya todo el tramo de autovía el Ministerio redactará los proyectos, tal y como se dice aquí. Una autovía va necesariamente por la vía que debe cederse, y en ningún momento intentamos decir lo contrario.
Yo le
entiendo a usted, señoría, y efectivamente hoy hemos tenido el momento más intenso del orden del día dedicado a hablar con el Ministerio, y lo sabe. Sabe que esta tarde he hablado directamente con el señor Ministro, y me ha dicho muy claramente lo
que acaba de manifestar usted aquí en público, que se cumpla el convenio. Cuando éste se cumpla, que nos devuelvan lo que ya ha pagado el Ministerio y actuaremos. No olvide usted que tenemos que hacer el tramo de acondicionamiento final, que
posiblemente costará más de 3.800 millones. Usted está exponiendo algo que no sabía, es decir, el importe que dice su señoría que vale el tramo. Seguro que son más de 3.800 millones, porque estamos hablando de un proyecto de 1994, y no quiero
entrar ni salir en cómo se hizo entonces.
Pero, señor Carracao, yo le debo decir lo que le debo decir en un supuesto como este, que el Ministerio de Fomento está cumpliendo con algo que ni siquiera nosotros firmamos, con un convenio de 1994
elaborado por usted con el Ministro Chávez. Ahora el señor Chávez tiene un enorme interés en salir de todo esto y correr, y le debo decir que el señor Chávez debería haber corrido antes, porque posiblemente tendría los tiempos mucho más
conseguidos. Lo que sucede es que en el momento en el que se firmó dicho convenio no había un duro en el Ministerio de
Fomento y el señor Borrell vendió humo, pretendiendo lanzar una patata caliente a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
Estos son, señor Carracao, los problemas de hoy.
Considero que nuestro Grupo ha presentado una
enmienda de sustitución consecuente, lógica y acorde con lo que dijo el señor Ministro. Y yo le pregunto: ¿Por qué en abril no aceptó usted la propuesta del señor Ministro? Usted votó en contra y nos negó el que pudiésemos entrar en aquello que
hoy estamos debatiendo. Esa es la propuesta, señor Carracao; esto es un trámite parlamentario y esto es el Parlamento, y así se debe llevar a cabo. Y lo que hoy no le gusta a usted, mañana me gustará a mí todavía menos, pero debo decirle que
nuestro Grupo ha actuado consecuentemente y hemos agotado todo lo agotable, y hasta el final le diremos que el punto cuatro de esta enmienda es muy claro: el proyecto del tramo de Vejer hasta Algeciras se va a realizar con la redacción de todos los
proyectos de autovía. Ahí entra todo, señor Carracao, lo demás es querer llevarse algo importante para Algeciras, y siento decirle que no lo va a conseguir, pues en este supuesto se lo va a llevar el Ministerio de Fomento.
Muchas gracias, señora
Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Fernández Sánchez.
Comienza el turno de portavoces. ¿Grupos que desean intervenir? (El señor Carracao Gutiérrez pide la palabra.--El señor Molas i Batllori pronuncia palabras que no se perciben.)
Este es un turno de portavoces y el senador Molas me dice que no pueden intervenir los mismos senadores en tres turnos, pero el Reglamento lo autoriza y, por tanto, tiene la palabra su señoría.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señora Presidenta. Entiendo que no puede ser de otra manera; no se me está haciendo ninguna concesión. En cualquier caso se lo agradezco, pero, insisto, no se trata de ninguna concesión, sino que se
trata de algo que contempla el Reglamento.
Voy a ser muy breve porque entiendo que muchas veces este debate puede incluso incomodar a alguien, pero a mí no me incomoda en absoluto. Señor Fernández, yo no trato de impedir que su señoría se exprese
como quiera.
Si usted desea venir aquí a hacer un cántico sobre lo mal que lo hizo el Gobierno socialista de Felipe González y lo bien que lo está haciendo el señor Aznar me parece muy bien; dedique usted toda su intervención a ello, es su
problema, pero desde luego no es la respuesta que están esperando los ciudadanos de Cádiz que, según dice, usted conoce, pero lo cierto es que su señoría se acerca poco por el Campo de Gibraltar. En cualquier caso, no le negaré que alguna vez pueda
haber ido allí, y si así ha sido, se habrá encontrado en innumerables atascos que sin duda le producen graves riesgos de sufrir muchos accidentes, muchas incomodidades y un perjuicio tremendo para la economía de nuestra provincia.
Yo creo que aquí
estamos para intentar corregir esa situación. Aquí no estamos para descalificar a un anterior Gobierno y dar alabanzas a otro, que en algunos casos pueden ser correctas pero en otros no, desde mi punto de vista, no proceden. Honestamente, a mí me
entristece comprobar que usted sólo insiste en descalificar y no quiere avanzar.
Es más, si el problema que tenemos ahora fuera consecuencia, como usted dice, del convenio de 1994 --que no lo es, pero si lo fuera, si su señoría estuviera en lo
cierto--, ahora tenemos la oportunidad de corregirlo, ahora es el momento preciso porque el propio ministro de Fomento ha dicho que cancelemos el convenio. Ha dicho: Junta de Andalucía, devuélvame el dinero que le he transferido y haga la A-381.
Por cierto, está casi culminada, para el 2004 estará finalizada. La Junta tendrá que hacer las conexiones con Conil y con Chiclana financiándolo al cien por cien, con exigencias del Ministerio de Fomento. Y ustedes se empavonan cuando hablan de
las cantidades que el ministerio ha transferido a la Junta de Andalucía. ¿De dónde provienen esas cantidades? Lo vamos a comprobar todo, vamos a comprobar las cantidades que el Ministerio ha transferido a la Junta, vamos a ver de dónde proviene
ese esfuerzo presupuestario que usted dice que ha hecho el Ministro de Fomento.
No se trata de eso. Aquí usted puede llevar la discusión a donde quiera, pero lo que yo le pregunto a usted y no me da respuesta es lo siguiente: ¿Ustedes están de
acuerdo con lo que el ministro dijo cuando le interpelé? ¿El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con la propuesta que el ministro formuló? Asienten algunas de sus señorías con la cabeza. Pues trasladémoslo al ámbito parlamentario. (El
señor Sanz Pérez: ¡La enmienda!) Aquí está la transaccional donde se recogen literalmente las enmiendas que propone el Grupo Parlamentario Popular.
(El señor Fernández Oblanca señala al señor Fernández Sánchez.) No señale usted al señor Fernández
porque no lo ha leído, usted no lo ha leído ni siquiera. Yo sé que usted no se ha molestado en leerla, es normal, no le puedo afear que no lo haya hecho porque es normal. El señor Fernández sí que la ha leído y sabe que es exactamente lo que él
propone, con una única cuestión racional: la circunvalación. ¿Cómo puede ejecutarse una autovía que desemboque en el centro de una ciudad, una carretera nacional que atraviese una ciudad? Simplemente es eso. Quien les habla acepta todo lo demás
de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en todo lo demás coincidimos, absolutamente en todo.
Pero ¿sabe cuál es la cuestión? Que no pueden consentir que el senador Carracao se vuelva a Cádiz con la moción apoyada por el Grupo
Parlamentario Popular. Usted lo ha dicho. ¡Eso lo tiene que capitalizar el ministro! Yo a estas alturas de mi vida política no necesito rentabilizar políticamente esa cuestión. Los ciudadanos saben el trabajo que unos y otros hacemos desde
nuestras distintas opciones políticas y seguramente aprecien el suyo igual que el mío. Usted lo hace desde una perspectiva y yo lo hago desde otra. No se trata de eso. En cualquier caso, la rentabilidad inmediata puede conseguirla un determinado
senador porque consiga un resultado positivo para su moción, pero a medio y largo plazo lo va a hacer el Gobierno, el Ministerio, la Administración que invierta y que lo haga y lo del senador se va a olvidar. Yo no caigo en ese error tan
simple de pretender un resultado positivo para mi moción porque pueda tener una repercusión mediática favorable de horas o de días; en absoluto. ¡Pero a usted sí se le ha visto el plumero! ¿Que el señor Carracao se va a ir para abajo
felizmente a vender en Algeciras que ha conseguido este asunto? Si ése es el problema, apaga y vamonos.
Supongo que el sentido común, a partir de que esta moción sea rechazada, imperará en las dos administraciones, ya que aquí los grupos
parlamentarios no hemos sido capaces de concitar un acuerdo. Las dos administraciones lo harán y lo harán porque usted igual que yo hemos estado en contacto con las administraciones, que a fin de cuentas serán quienes tengan que aportar el dinero a
estas obras y hemos aceptado las recomendaciones que nos han formulado a usted y a mí. Por lo tanto, si usted y yo no somos capaces ahora de ponernos de acuerdo, seguramente lo conseguirán mañana la Junta de Andalucía, el presidente Chaves, y el
ministro de Fomento porque no hay otra opción, no hay otro camino. Ya no se puede volver atrás. Aquí no hay un camino de vuelta atrás. El Ministro, consta en el «Diario de Sesiones», ha formulado una propuesta y el Presidente, el señor Chaves, le
ha dicho que aceptaba, y ahí no hay vuelta de hoja.
Usted y yo no somos capaces de concitar aquí un acuerdo, porque no quieren la circunvalación de Algeciras; ése es el pretexto para que el señor Carracao no salga airoso de esta moción. Lo
lamento, don José Blas, y es triste reconocer --y usted lo ha dicho aquí-- que el motivo fundamental de su negativa es que yo no vaya mañana a Algeciras vendiendo que el Senado ha aprobado algo para nuestra provincia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Carracao.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Creo que al final ha perdido un poco los papeles, señor Carracao. Usted se pregunta, ¿cómo me voy a ir yo a Algeciras sin nada en las manos? A mí me da igual, márchese usted
como quiera o pueda, en tren o como sea.
El AVE funciona muy bien gracias a que se hizo en tiempos de Felipe González, pero se están haciendo muchos más AVE gracias a don José María Aznar, y posiblemente se viaje mejor que en el que va usted.
Lo
curioso, señoría, es que hace dos meses nuestro grupo presentó una enmienda como la de hoy pero no la aceptó porque en aquel momento consideró más interesante la suya. Hoy, curiosamente, le traemos una enmienda de sustitución que recoge todo lo que
usted pretende, y usted tampoco quiere aceptarla. ¿Por qué? ¿O lo suyo o nada?¿O todo o nada? Eso no puede ser, señor Carracao.
Le he expuesto los razonamientos y le he explicado los precedentes de esta N-340 y todo el trámite parlamentario que
conlleva. Hoy parecía que eran ustedes los que habían hecho la N-340 y nosotros los que la habíamos parado. No, señor Carracao. Desgraciadamente, la N-340 estaba hecha una porquería cuando la encontramos y sólo desde la llegada de don José María
Aznar y del ministro de Fomento, el señor Alvarez-Cascos, hemos empezado a trabajar en ella.
Usted dice que la A-381 va a estar terminada dentro de un año. ¿No será dentro de diez? El convenio es del año 1994, señor Carracao. Así no se hacen
infraestructuras en el país, así no se funciona. Lo que pasa es que ustedes hicieron un convenio de humo, desgraciadamente. El señor Borrell, por una parte, la Junta de Andalucía, por otra, y la Diputación, por otra. ¿Para qué? Para no vender
nada, y cuando llegamos nosotros al Ministerio encontramos un cajón lleno de papeles pero vacío de contenido.
¿Por qué? Porque nada más había unos proyectos con mucha parafernalia pero sin nada.
Casualmente, eso es lo que hicieron ustedes, les
duela o no, en infraestructuras, en AVE, en trenes de vía estrecha y ancha y en todo lo que usted quiera. Nosotros estamos por encima de ustedes, señor Carracao, pero no quiere la enmienda porque quiere llegar a Algeciras diciendo que la
circunvalación va a entrar por allí. Pero aquí se dice claramente que la autovía entrará según los proyectos que haga el Ministerio de Fomento.
Usted lo sabe, señor Carracao. Lo que ocurre es que usted quiere irse con algo que no ha podido
conseguir, a pesar de lo que usted se ha movido hoy y de haber hablado con todo el mundo, hasta con el sursuncorda. Señor Carracao, no puede ser. Siento mucho que usted no se vaya contento, lo siento de verdad, pero creo que nuestra enmienda es
seria y coherente, y es la que tenemos que apoyar porque estamos diciendo aquí lo que dijo el ministro y no lo contrario.
Le voy a decir algo, señor Carracao, estamos haciendo infraestructuras en este país por encima de todo, y usted lo sabe. Lo
que pasa es que usted ha dicho una cosa en Algeciras, otra aquí y otra en la Junta de Andalucía, y así no se puede ir. O juega todo el mundo a la misma bola o se deja de jugar.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Fernández Sánchez. (El señor Carracao Gutiérrez pide la palabra.) Ahora ya no hay más turnos, senador Carracao. Ha tenido tres turnos su señoría y otros tres el senador Fernández Sánchez.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Dos precisiones nada más, señora Presidenta.
Sólo dos.
La señora PRESIDENTA: Senador Carracao, no me pida tiempo para dos precisiones a las nueve y diez de la noche y tras más de cinco horas de Pleno. Todavía tenemos por delante una moción y su señoría ha tenido tres turnos. Además, si se lo
doy a su señoría, se lo tengo que dar también al senador Fernández Sánchez.
Le ruego, senador Carracao, que renuncie al turno. Es muy tarde, señoría.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Sólo le pido diez segundos para una precisión.
La señora PRESIDENTA: Señoría, no existe un turno para hacer precisiones.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Por el artículo 87. Le prometo que sólo serán diez segundos.
La señora PRESIDENTA: Yo creo que la asamblea de senadores me apoyaría a mí si no le diera el turno, incluso los de su grupo.
Señorías, vamos a votar la moción puesto que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular no ha sido
aceptada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 170; a favor, 54; en contra, 116.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Señorías, el Pleno tiene que autorizar que continúe. (Fuertes rumores.--Varios señores Senadores: ¡No, no!--Risas.) Si no lo autorizan sus señorías levantamos la sesión y continuamos mañana por la
mañana. Esta Presidenta no tiene inconveniente. (Risas.) El Senador Zubia hace gestos claramente de que sí; menos mal que está el Senador Ríos detrás que dice que no. (Risas.) ¿Autoriza el Pleno a que continuemos? (Asentimiento.) Gracias,
señorías.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE LLEVEN A CABO, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, EL ESTUDIO INFORMATIVO Y LOS DEMAS TRAMITES QUE PROLONGUEN LA AUTOVIA DE LA PLANA POR
LA PROVINCIA DE TARRAGONA (662/000233).
La señora PRESIDENTA: Siguiente moción, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a que se lleven a cabo a la mayor brevedad posible el estudio informativo y los demás
trámites que prolonguen la autovía de la Plana por la provincia de Tarragona.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta, señorías.
Lo avanzado de la hora y la petición de algunos de mis compañeros me obliga a abreviar sobre la argumentación de la moción que teníamos previsto llevar a cabo.
La
carretera N-340, de Cádiz a Barcelona, es una importantísima y antigua vía de comunicación española, la más larga de la Península Ibérica, en algunos de sus tramos es la continuidad de la Vía Augusta y comunica dos ciudades con importante historia
en el Imperio Romano, como son Cádiz --ciudad y provincia que tan reiteradamente defiende el senador Carracao-- y Barcelona.
La carretera en cuestión se inicia en Cádiz, junto al Altántico, discurre hacia el este y el sur hasta llegar a la Punta de
Tarifa y asciende por el Mediterráneo comunicando Algeciras, la Costa del Sol, Málaga, Almería y Murcia; en esta comunidad autónoma se aleja de la costa, pasa por Xixona y Alcoy, reencontrando el mar en las proximidades de Valencia.
Tras su paso
por Sagunto y Castellón cruza el Ebro por Amposta en el Montsià, se adentra en la comarca del Baix Ebre, Costa Dorada, Tarragona y finaliza en Barcelona después de más de 1.000 kilómetros, diría que con la satisfacción del deber cumplido pese a las
caravanas que indefectiblemente se originan a diario en Vallirana, en Cervelló y en otras poblaciones de la Sierra del Ordal en la provincia de Barcelona.
La carretera N-340 tiene en la Comunidad Valenciana una intensidad media diaria ponderada de
más de 17.000 vehículos, cifra ciertamente elevada pero que se incrementa todavía más al adentrarse en Cataluña, donde alcanza los 21.438 vehículos diarios, es decir, cerca de ocho millones de vehículos al año. No es de extrañar, por tanto, que se
produzcan colapsos circulatorios con frecuencia, ya que el tráfico es realmente intenso a todas las horas del día y de la noche. Es la vía de comunicación comercial, industrial y turística de todo el arco mediterráneo. Es una vía de tránsito
internacional, múltiples camiones se dirigen desde Andalucía a Francia, a Centroeuropa, a los países escandinavos. Turismos con cualquier matrícula de distintas provincias españolas se alternan con italianos, franceses, alemanes y de otros países.
En definitiva, la carretera N-340 forma parte de nuestra esencia y de modo muy especial de quienes vivimos cerca del Mediterráneo.
Señorías, esta carretera se encuentra en estado de saturación, como ya se ha dicho. A la vista del volumen de
tránsito existente entre Valencia y Vinaròs, en la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Fomento, en comunicación con el Gobierno autónomo, se ha planteado la realización de una vía alternativa a esta carretera N-340, entre Sagunto y el límite
norte de Castellón, independiente o complementariamente de las acciones que convenga llevar a cabo en la mencionada vía. Esta alternativa es lo que se denomina autovía de la Plana, fruto de un convenio entre la Administración central y la
autonómica.
La citada autovía aprovecha en parte el trazado de la CV-10 y, desde Sagunto --al norte de Valencia-- hasta la La Jana, población próxima al límite entre Castellón y Tarragona, tiene definido o ejecutado buena parte del trazado. El
tramo Sagunto-Almenara tiene en redacción el proyecto de construcción; ya está aprobado el proyecto de variante de Almenara; la variante de La Vall d'Uixó está en servicio, al igual que la de Nules; el tramo La Vall d'Uixó-Nules-La Vilavella está
en obras, al igual que la variante de Almassora; falta definir el tramo final en su parte norte, hasta La Jana.
En tal estado de cosas, la misma Generalitat Valenciana ve normal y lógica la prolongación de la autovía hasta l'Hospitalet de
l'Infant, en la provincia de Tarragona. Así, el propio Consejero de Obras Públicas de la Comunidad Valenciana,
señor García Antón, en la inauguración de la variante de La Vilavella preconizaba dicha continuación, argumentando que al ir hacia el interior estaría desarrollando una zona importante del interior, comunicada también perfectamente con la
costa. El Consejero añadía que tanto la Generalitat como el Ministerio de Fomento estaban de acuerdo con la ampliación, pero que había que estudiar varias alternativas, como demanda la legalidad.
Lógicamente, esta autovía no puede finalizar en La
Jana, población que no llega a los 1.000 habitantes y que está situada 25 kilómetros al interior de la carretera nacional, sino que debe tener una continuidad. La propuesta de la prolongación de esta autovía se enmarca perfectamente en esta nueva
etapa que al finalizar el Plan de Infraestructuras 2000-2007 se va a llevar a cabo; Plan de Infraestructuras que, como sus señorías conocen, tiene una inversión global de 102.869 millones de euros, de los cuales 43.000 millones de euros se han de
invertir ya, es decir, en el período 2000-2004.
Dentro de este Plan de Infraestructuras, evidentemente, las carreteras constituyen un punto esencial y, así lo ha entendido el Ministerio de Fomento que está llevando a cabo un importante volumen de
obras en autovías y en carreteras --también algo en autopistas--, de forma que en el pasado año se licitaron 360 kilómetros de autovías y 139 kilómetros de carreteras convencionales. Es decir, es un plan de inversiones que no se detiene.
No es mi
propósito hacer un repaso de las inversiones que está realizando el Ministerio porque aunque ciertamente son importantes también puede argumentarse que son insuficientes, dadas las necesidades generales. En cualquier caso, con los datos que he
señalado someramente, quiero acercar el agua a nuestro molino; es decir, mostrar que el Plan de Infraestructuras está invirtiendo en carreteras, pero que muchas han de tener continuidad y la autovía de la Plana debe tenerla porque forma parte de
los diez ejes principales de inversión en carreteras, uno de los cuales es el Mediterráneo.
No quiero negar tampoco que dentro de los diez ejes en los que está invirtiendo el Gobierno, algunas de las inversiones se están ya llevando a cabo en
Cataluña, tanto en la misma autovía del Mediterráneo como en comarcas de Lleida, en la N-II, en comarcas de Barcelona, en el eje pirenaico, etcétera. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el Plan de Infraestructuras 2000-2007 finalizará y
deben emprenderse nuevas carreteras, continuar algunas de ellas y, en definitiva, prever las necesidades.
En resumen, dentro de este amplio programa de infraestructuras, mi Grupo Parlamentario entiende que con los datos que brevemente he aportado
--ya que debido a la falta de tiempo no lo he podido hacer de manera más extensa-- la continuidad de la autovía de la Plana, por la provincia de Tarragona, en Cataluña, está justificada por varias razones.
Primero. Es la lógica continuación de
dicha autovía desde La Jana para seguir mejorando la comunicación por el arco mediterráneo.
Segundo. Descongestiona la carretera N-340, comunicando las comarcas próximas al litoral, cuyo núcleo principal gira en torno a la ciudad de Tortosa.
Tercero. El Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana ven favorablemente la continuidad de esta vía y, por descontado, lo haría la Generalitat de Catalunya.
Cuarto. Encaja perfectamente en los principales ejes inversores del Ministerio.
Quinto. En su momento constituirá un costo perfectamente asumible en el programa inversor del Gobierno.
Por estas razones solicitamos en el Pleno del Senado que apoyen la moción por la que se insta al Gobierno a que, en coordinación con la
Generalitat de Catalunya, se lleve a cabo a la mayor brevedad posible el estudio informativo y demás trámites que prolonguen la autovía de la Plana por la provincia de Tarragona.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Beguer.
A esta moción no se han presentado enmiendas.
¿Turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo de Coalición Canaria? Tiene la palabra el
Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En Coalición Canaria nos parece que la moción de CIU, autoenmendada para coordinar con la comunidad catalana la decisión del Gobierno central, es una solicitud razonable para mejorar
la conexión entre la Comunidad Valencia y la catalana, entre ambos territorios colindantes, por lo que apoyaremos la puesta en marcha de los estudios informativos para la prolongación de la autovía de la Plana por la provincia de Tarragona.
Muchas
gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señora Presidenta.
Entre la hora y la argumentación, debo reconocer que el senador Beguer me ha convencido, y consiguientemente anuncio el voto favorable de nuestro grupo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Zubia.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Sabaté.
El señor SABATE BORRAS: Gracias, señora Presidenta, señorías.
Intentaré ser breve también por lo avanzado de la hora, pero me veo en la obligación de fijar la posición de nuestro grupo y exponer nuestras razones.
De entrada, senador Beguer, le anuncio el voto positivo de Entesa para que no haya ninguna duda. Vaya esto por delante.
Pero permítame que, con toda cordialidad y con la amistad que tenemos, le recomiende su retirada, porque entiendo que
podía ser incluso contraproducente, y le explicaré por qué.
Creo en la buena intención de la propuesta, en la buena intención hacia el territorio del que nosotros somos ciudadanos, pero también creo que hay una cierta confusión en el planteamiento
de los ejes viarios, del eje del Mediterráneo, del que forma parte la N-340, y lo que viene representado, como usted ha explicado muy bien, la autovía de la Plana.
Supongo que conoce perfectamente que hay toda una propuesta, que está ejecutada en
parte y que se ejecutará de inmediato en otros tramos, de desdoblamiento de la N-340 realizada por el Ministerio de Fomento, y cuyo estudio informativo, en el caso del tramo que nos ocupa, entre Castellón de La Plana y l'Hospitalet de l'Infant, ha
estado adjudicado por el Ministerio y ha sido publicado en el BOE el 17 de junio de este año 2002.
Por tanto, está en marcha la solución, al menos parcial y alternativa, al peaje de la autopista en cuanto a la N-340.
Entiendo que buena parte de su
argumentación, que en ese sentido es coherente. Se ha remontado a la historia hablando incluso de la Vía Augusta, como es lógico y correcto, y ha señalado la densidad de tráfico que hay en esta vía. Como es evidente, el desdoblamiento, sin que sea
una solución definitiva, va a mejorar sensiblemente esta circunstancia.
Ante esto, debo decirle que no sé si su señoría sabe que existe una propuesta formulada por los ayuntamientos de Tortosa y Roquetas ante el Departamento de Política Territorial
de la Generalitat de Catalunya. Yo mismo tuve la oportunidad de presentársela al propio presidente de la Generalitat, el señor Jordi Pujol.
Esta propuesta pretende orientar estratégicamente la continuidad de esta autovía interior del país
valenciano, la autovía de la Plana, para ser conectada con la carretera C-42 del eje del Ebro.
Esta posibilidad, que pasa por el desdoblamiento del eje del Ebro por parte de la Generalitat de Catalunya y la construcción de la variante que tiene que
construirse a su paso por Tortosa (que como usted conoce ha habido distintas alternativas desplazando esta variante pero siempre, de alguna forma, con el inconveniente de confluir con el crecimiento urbano del municipio de Roquetas) pasaría por una
variante desde el municipio de Cherta prácticamente hasta Traiguera-La Llana y de esta forma, siguiendo prácticamente el recorrido del canal Cherta-Càlig, enlazaría y haría confluir estas dos vías con lo que a nuestro entender es la gran virtud
estratégica de la propuesta de servir para dar salida a lo que podría ser, de alguna forma, la variante sur o la pata sur de la autovía que, viniendo desde San Sebastián, va a salir al Mediterráneo por Lérida, Mont-Blanc, Valls y Tarragona. Con la
opción del eje del Ebro desdoblada y convertida en una autovía, iríamos a dar continuidad en dirección al país valenciano y enlazando con esta autovía que se está construyendo por convenio de la Generalitat valenciana y el Ministerio de Fomento.
Entendemos que con esta solución se recupera el carácter de zona internodal de la zona del Bajo-Ebro Montsià y permite que la zona continúe siendo un punto estratégico comunicado a través del eje del Mediterráneo a norte y sur y a través del eje del
Ebro y de la autovía de La Plana también a norte y sur hacia el interior, hacia el valle del Ebro y hacia el interior del país valenciano. Evidentemente, esto comporta las necesarias conexiones con las poblaciones y, evidentemente, con Tortosa y
con Amposta, si procede, y es lo que debería establecer el estudio.
Por tanto, entendemos que corresponde al Ministerio de Fomento sobre todo desdoblar la carretera N-340, tal como está en estos momentos haciendo el estudio de información y, a su
vez, que la Generalitat de Catalunya asuma el desdoblamiento del eje del Ebro hasta la conexión con la autovía de la Plana, si es posible, como hizo la Generalitat valenciana, con un convenio con el Ministerio de Fomento.
Creo que ésta es una
propuesta que deberíamos estudiar, intentar avanzar por la vía de consenso entre las distintas administraciones para acabar de perfilarla y que juegue el papel estratégico que debería jugar.
¿Por qué le pido que la retire? Entiendo la voluntad
positiva de su moción y, por tanto, tampoco es que en sí misma sea negativa, pero creo que si el Ministerio de Fomento avanzase en la línea que usted propone de conectar la autovía de la Llana con la carretera N-340, de alguna forma no atenderíamos
esta necesidad de comunicación estratégica con el valle del Ebro y dar esa salida hacia el Mediterráneo por el eje del Ebro y, por otra parte, esa confluencia, como no se le escapa a usted, sería dentro de la trama de tejido urbano residencial e
industrial del propio municipio de Tortosa, y si me permite la anécdota, al ayuntamiento de Tortosa han llegado e-mail de algunos vecinos del núcleo de Campredò, que usted como yo conocemos perfectamente, preocupados por el posible traslado de esta
conexión entre la autovía de la Plana y la carretera N-340 porque, evidentemente, levantaría una barrera y un obstáculo importante.
Hay buena intención por su parte, pero creo que deberíamos avanzar, como le digo, en la colaboración entre
administraciones para intentar desarrollar, si es posible, esta área internodal entre toda esta serie de comunicaciones mirando sobre todo por atender a la necesidad de las comunicaciones exteriores de las propias comarcas del Baix Ebre-Montsià en
la línea de lo que le vengo exponiendo.
En cualquier caso, y tal y como le he dicho al principio de mi intervención, sepa que el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés en ningún caso va a votar en contra una propuesta que viene con buena
intención hacia el territorio y por tanto nuestro voto, como he dicho, va a ser favorable.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Sabaté.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: No ha habido turno en contra y, por lo tanto, ignoro cuál será, aunque lo intuyo, el posicionamiento del Grupo Popular.
En cualquier caso, agradezco las sugerencias del Senador Sabaté como portavoz de la Entesa,
pero es evidente que lo que propone es diferente, teniendo en cuenta sobre todo que en los ayuntamientos siempre hay muchas propuestas --por cierto muy lícitas todas ellas-- de líneas de ferrocarril y de carreteras. Cada propuesta debe formularse
donde corresponde, y en este caso consideramos que la autovía de La Plana no puede finalizar en La Jana; los estudios dirán dónde debe acabar, pero desde luego no puede terminar en un pueblo de 900 habitantes. Es evidente que esta autovía no puede
acabar en la nada, en el campo --dicho con todos los respetos--. El que protesten los vecinos de algún pueblo es algo que ocurre con todas las carreteras y autovías en el momento en que hay expropiaciones. El bien común indicará en su momento el
trazado que mejor convenga y eso es lo que habrá que hacer cuando el estudio se lleve a cabo, cosa que estoy seguro va a ocurrir.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beguer.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Después del debate las cosas se van aclarando. En principio el Grupo Parlamentario Socialista va a estar a favor de todas aquellas infraestructuras --en este caso autovías--
que mejor articulen el territorio porque sabe que con ello se lleva el desarrollo y se produce riqueza. Ahora bien, no hay que olvidar que la autovía de La Plana nació como un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas --hoy de Fomento-- y el
Gobierno de la Generalitat porque, como ha dicho el Senador Beguer, era necesario dar una alternativa a una carretera saturada como es la nacional 340. Pero resulta que esta autovía discurre por una carretera comarcal y es fruto de un convenio.
Por tanto, si como es lógico y razonable ha de continuar por la provincia de Tarragona, deberá firmarse un convenio entre la Generalitat y el Ministerio de Fomento para articular también el interior de la provincia de Tarragona.
Nosotros vamos a
votar a favor de esta moción puesto que cumple ese objetivo, pero el Grupo Parlamentario Socialista mantiene --lo digo para evitar la confusión-- que es importantísimo sobre todo desdoblar la nacional 340, ya que en este momento el único eje que
articula el Mediterráneo y vertebra el territorio es una autopista de peaje, la A-7.
Por tanto, es necesario que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y los de Cataluña tengan una alternativa de autovía a esa autopista de peaje, función que
cumple en este momento la nacional 340. Como ha dicho el Senador Sabaté, el estudio informativo de la nacional 340 ya está licitado desde Castellón a Hospitalet. Esto tendremos que defenderlo esencialmente, independientemente de que se haga la
autovía de La Plana en la provincia de Tarragona, eso sí, sin confundir los términos ya que entonces estaríamos planteando que en la provincia de Castellón la autovía de La Plana sería la que sustituiría a la nacional 340 para después tener que
volver a Cataluña hacia la costa para que se continuara por la nacional 340. Eso lo tenemos claro.
Vamos a votar a favor de esta moción pero entendemos que no podemos perder de vista su objetivo esencial, porque está recogido en el Plan de
infraestructuras que el eje del Mediterráneo se debe hacer a lo largo de la nacional 340.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Herranz.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Murria.
El señor MURRIA CLIMENT: Señora Presidenta, señorías, mis predecesores me han quitado argumentos, pero comparto totalmente los que han manifestado.
Dos frases: Señor Beguer, retire la moción; todo está ya solucionado. Ni éste es el
huerto ni la fruta está madura; el huerto es otro, como le han dicho antes; retírela. Además le digo otra cosa: ni Puebla Tornesa, donde está ahora la autovía, ni La Jana son finales de carrera. Son simples finales de etapa que lógicamente
tienen que tener su prolongación; está en estudio --como muy bien ha dicho-- la redacción del estudio informativo 1-E 143, autovía 340, tramo Castellón-L'Hospitalet del Infant, y dentro de ese estudio se acoge también la posibilidad de desdoblar
por dentro, por el interior --como usted pide--, la autovía. La solución está ya, es cuestión de tiempo. Yo le pido que retire la moción; si la retira, perfecto; si no, obviamente no le apoyaremos, porque estamos haciendo ya lo que usted pide.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Murria. (El señor Beguer i Oliveres pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Beguer por el artículo 87.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
En todo caso, Senador Murria, ha habido otro senador que me ha pedido que retirase la moción, pero que si no lo hacía, votaría a favor; su grupo me parece que no tiene esa
disposición, porque evidentemente no la voy a retirar.
Usted sabe muy bien que una autovía no puede finalizar en una población de 900 habitantes, a 25 kilómetros de la otra carretera; usted lo sabe perfectamente. Usted sabe que cuando una autovía
o una carretera cuando llega a un río, lo atraviesa con un puente, y cuando llega a una montaña se hace un túnel o se circunvala la montaña; no se acaba en la montaña.
Las carreteras, y mucho menos las autovías, no se acaban en el campo; usted lo
sabe perfectamente y lo sabía el Consejero de Obras Públicas de la Comunidad Valenciana cuando preconizó su continuidad en un acto al
que asistía también el señor Ministro de Fomento. Usted lo sabe. Lo que ocurre es que es una fruta que madurará; ahora no está totalmente madura, pero lo estará el día que el Partido Popular decida hacerlo como iniciativa propia, y no
como iniciativa de otro grupo. Es posible.
Yo no creo que el Gobierno sea tan torpe como para mantener un tiempo --el que sea-- una autovía al final de un pueblo sin que tenga continuidad, porque esto no descongestionaría la N-340, como pretende
el señor Consejero de Obras Públicas de la Comunidad Valenciana; esto no descongestionaría nada. Por tanto, es evidente que tendrá continuidad.
¿No lo quieren aprobar ustedes en este momento? De acuerdo. En algún momento tendrá continuidad;
quizá cuando lo propongan ustedes o cuando nosotros lo reiteremos en alguna ocasión, porque no se puede acabar en La Jana. Ustedes quieren entorpecer nuestras iniciativas; es perfectamente lícito que ustedes voten lo que estimen conveniente, pero
esta iniciativa algún día será realidad. Tenga la convicción de ello, señor Murria. Hoy le ha tocado comerse un marrón, pero otro día estoy seguro de que se comerá el verdadero dulce.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra, Senador Murria, también por el artículo 87. (El señor Carracao Gutiérrez: Eso es una arbitrariedad.)
El señor MURRIA CLIMENT: Señoría, el marrón glasé estupendo; cuando quiera me manda unos cuantos, que yo me los como; son excelentes. Este titular, Senador Beguer, se lo di yo a usted, y dice lo siguiente: García Antón, Conseller de
Obras Públicas de la Generalitat Valenciana opta por prolongar la autovía hasta Tarragona. Quien mejor se lo ha dicho ha sido el señor Sabaté, que es también de Tortosa. Esto está ya a punto de caramelo; retire la moción.
Además, la disciplina
presupuestaria está para cumplirla. ¿Sabe lo que cuesta el estudio que se está haciendo para el desdoblamiento de la 340? Cuesta una pasta gansa; en estos momentos no se puede tirar el dinero por la ventana. ¿Que usted la tiene? Bien, pero
espere, por favor; de momento mantenemos nuestra postura. (El señor Carracao Gutiérrez: Sólo el cansancio justifica la arbitrariedad, señora Presidenta.--Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Murria. (El señor Sabaté Borràs pide la palabra.--Rumores.) Tiene la palabra el Senador Sabaté por dos minutos.
El señor SABATE BORRAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
No les voy a entretener más, pero quiero contestar al Senador Beguer cuando ha insistido, después de mi intervención, en que una autovía no puede acabar en medio del campo. Eso lo
compartimos. Yo lo que le pido es que el Gobierno de la Generalitat desdoble la C-42, eje del Ebro, la lleve hasta el río de la Cenia para que, con un acuerdo con el Ministerio, pueda llegar a conectar con la autovía de la Plana. Esa es realmente
el interés estratégico del territorio y eso es lo que realmente deberíamos hacer con la autovía de la Plana, y no apostar por conectarla con la N-340 que, como ya se ha dicho, evidentemente el Ministerio piensa desdoblarla.
Muchas gracias, señora
Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Vamos a votar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en sus propios términos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 167; a favor, 51; en contra, 116.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.