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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 148, de 27/06/2003
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2003 VII Legislatura Núm. 148
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA
Sesión núm. 21
celebrada el viernes, 27 de junio de 2003,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
Elección del vicepresidente primero. (Número de expediente del Senado 571/000004 y número de expediente del Congreso 041/000031.) Debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Socialista: - Relativa a
la creación de centros especiales de internamiento para hijos e hijas menores de madres privadas de libertad. (Número de expediente del Senado 663/000065 y número de expediente del Congreso 161/001433.) ... (Página
3628)
- Sobre la realización de un estudio para conocer cual ha sido el desarrollo de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
(Número de expediente del Senado
663/000075 y número de expediente del Congreso 161/001647.) ... (Página 3632)
- Por el que se insta al Gobierno a mejorar la situación de las mujeres en el medio rural. (Número de expediente del Senado 663/000093 y número de expediente del Congreso 161/001844.) ... (Página 3636)
- Sobre la Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad. (Número de expediente del Senado 663/000107 y número de expediente del Congreso 161/002098.) ...
(Página 3643)
Debate y aprobación, en su caso, del Informe elaborado por la Ponencia sobre el tráfico internacional de mujeres, niños y niñas, constituida en el seno de dicha Comisión. (Número de expediente del Senado 573/36431 y número de expediente del
Congreso 154/36431.) ... (Página 3648)
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar, quiero hacer un comentario para que quede constancia en el Diario de Sesiones.
En la última reunión de Mesa y Portavoces acordamos celebrar esta reunión el día 27 de junio, viernes, a las diez horas, porque entendíamos que el informe elaborado por la Ponencia sobre el tráfico internacional de mujeres, niños y niñas,
podría estar ya acordado y consensuado por todos los grupos -que es la manera correcta de hacerlo- y, por tanto, quedaría aprobado en este período de sesiones con el fin de que cuanto antes las cuestiones reflejadas en el mismo pudieran llevarse a
cabo. La Ponencia todavía no ha llegado a un acuerdo. Por tanto, yo quiero excusarme por el día y la hora de la sesión que estamos celebrando, ya que su objetivo principal que era el debate y aprobación de dicho informe, no va a ser posible
realizarlo, aunque con toda seguridad se hará en el próximo período de sesiones.
Por todo ello, quiero solicitar a los señores portavoces la retirada del último punto del orden del día: debate y aprobación, en su caso, del Informe elaborado por la Ponencia sobre el tráfico internacional de mujeres, niños y niñas.
(Pausa.)
Por tanto, queda retirado.
- ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO. (Número de expediente del Senado 571/000004 y número de expediente del Congreso 041/000031.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a la elección del vicepresidente primero de esta comisión, pues la diputada doña María Isabel Díez de la Lastra Barbadillo, que hasta ahora ostentaba dicho cargo, se ha incorporado a otra comisión y ha
abandonado ésta, aunque antes quiero darle a la misma las gracias por su trabajo, por su buen hacer, por su compañerismo, y recordarle que siempre que quiera puede venir a esta comisión a trabajar y a compartir nuestro trabajo.
Por tanto, quiero preguntar a los señores portavoces si podemos acordar la sustitución de la vicepresidenta primera, doña María Isabel Díez de la Lastra Barbadillo, por doña María José González del Valle García de la Peña, cuyo nombre ha
llegado a la Mesa como sustituta de la anterior.
(Pausa.)
Queda acordado. Invito a la señora González del Valle a que suba a la Mesa, a que trabaje mucho, a que venga con ganas y a que sea una generosa y estupenda vicepresidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (González del Valle García de la Peña): Muchas gracias, señora Presidenta.
Espero responder con todo mi empeño.
La señora PRESIDENTA: Pregunto a los señores portavoces si se puede aprobar el acta de la sesión anterior. (Pausa.)
Muchas gracias, queda aprobada.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA:
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE INTERNAMIENTO PARA HIJOS E HIJAS MENORES DE MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD. (Número de
expediente del Senado 663/000065 y número de expediente del Congreso 161/001433.)
La señora PRESIDENTA: A continuación, empezamos el debate y votación de la primera proposición no de ley, relativa a la creación de centros especiales de internamiento para hijos e hijas menores de madres privadas de libertad, que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Riera Madurell.
La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, con esta proposición no de ley que hoy traemos a esta comisión para su debate y aprobación el Grupo Parlamentario Socialista quiere llamar la atención una vez más sobre la difícil situación que afecta a las mujeres privadas de
libertad que tienen hijos e hijas menores a su cargo. Desde esta comisión pedimos a sus señorías que se inste al Gobierno a que asuma su responsabilidad y dé una solución clara a este conflicto, una solución que permita un total respeto a los
derechos de los niños y niñas, a la vez que también permita salvaguardar las medidas de seguridad a las que necesariamente la madre se ve sometida en su condición de privada de libertad, ya sea de forma preventiva o como penada.
Señorías, como ustedes saben, tanto la vigente Ley Orgánica Penitenciaria en su artículo 38, como el Reglamento en su artículo 17, prevén que las mujeres privadas de libertad, ya sean preventivas o penadas, puedan tener en su compañía a los
hijos e hijas que no hayan alcanzado la edad de tres años. Para ello en algunos centros penitenciarios de nuestro país, especialmente en los construidos al amparo del plan de amortización de centros penitenciarios, se crearon departamentos o
unidades de madres con un espacio habilitado para guardería y separados arquitectónicamente del resto de los departamentos a fin de facilitar las especificidades regimentales, médico-sanitarias y de salidas que la presencia de menores en el centro
hiciese necesarias.
Hay que decir, señorías, que las unidades de madre supusieron un avance importante en el tratamiento de la problemática que hoy nos ocupa, pero no hay que perder de vista que, a pesar de la ubicación especial de estas unidades, los menores
que están en compañía de sus madres en estos departamentos se encuentran en el interior del centro penitenciario y sometidos durante su permanencia en él a unas medidas de seguridad y regimentales que no constituyen el entorno más adecuado para
estos niños y niñas que a menudo sufren un retraso en su desarrollo, lo que les coloca en una posición de desigualdad respecto de los demás menores de su misma edad que no se encuentran en su situación.
Es mucho lo que le falta a un niño o a una niña menor de tres años que se ve obligado u obligada a vivir en una unidad de madres de un centro penitenciario para poder desarrollarse plenamente en todos los aspectos.
Dicen los profesionales
expertos que a estas edades los niños y las niñas llevan a cabo la integración de conocimientos. Es la etapa de la integración corporal, sensorial, de experiencias, afectiva, y es fácil comprender que, por sus limitaciones, el entorno de un centro
penitenciario no es el más adecuado para que los niños y las niñas puedan desarrollarse con todo su potencial. En la unidad de madres, señorías, faltan colores, sonidos, distancias, paisajes, imágenes, etcétera. No existe, por ejemplo, el hábito
de mirar en la lejanía con el correspondiente truncamiento de la perspectiva. En consecuencia, estos niños y niñas sufren una evidente falta de estimulación sensorial e intelectual.
Asimismo les faltan vivencias. Su hogar está reducido a la celda y su barrio al módulo. Viven en un mundo irreal que, sobre todo, les intimida, con voces agresivas, ruidos de cerrojos e imposiciones inevitables de los sistemas de
seguridad. Viven en un ambiente autoritario que, en el mejor de los casos, puede ser considerado disciplinario, pero, en cualquier caso, ése es un ambiente más potente que el afectivo.
Los hijos e hijas de madres privadas de libertad tienen derecho a otro tipo de vida y, por tanto, es fundamental que el Gobierno establezca los mecanismos necesarios para dar solución a este conflicto. El punto crucial radica en
salvaguardar satisfactoriamente los derechos de los niños y de las niñas, manteniendo las necesarias medidas de seguridad a las que la madre debe estar sometida en su condición de preventiva o penada. Recuerden también, señorías, que la permanencia
de los menores en prisión está, además, en contradicción con la Ley de Protección del Menor, que recientemente entró en vigor y que establece taxativamente que los menores hasta 18 años, incluso siendo responsables de una acción delictiva, no podrán
entrar en prisión, y ello con más razón, señorías, si se trata de menores de tres años de edad.
Además, se ha dado el caso de que mujeres de provincias en cuyas cárceles no hay unidades de madres separadas del resto de la prisión se ven obligadas a cumplir su privación de libertad en un centro penitenciario alejado de su lugar de
procedencia para poder estar con sus hijos o con sus hijas, lo que provoca el correspondiente y natural desarraigo. Por tanto, señorías, es necesario que desde el Gobierno se dote a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de los medios
y equipamiento necesarios para dar solución a este conflicto, una solución, que como he dicho, debe mantener el necesario equilibrio entre los intereses del menor en relación a su madre y las medidas de seguridad a las que ésta debe estar sometida,
algo que puede conseguirse mediante la creación de centros especiales de internamiento separados de la prisión a
modo de unidades dependientes, como las ya previstas en los artículos 165, 166 y 167 del vigente Reglamento penitenciario, para que las mujeres privadas de libertad que tengan consigo a sus hijos e hijas menores de tres años puedan vivir, y
donde estos niños y niñas puedan desarrollar su convivencia en igualdad de derechos, comenzando -y así lo pedimos- por aquellos centros penitenciarios que todavía no disponen en la actualidad de departamentos o unidades de madres separados del resto
de la prisión.
Asimismo pedimos que se promueva a su vez la correspondiente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Reglamento penitenciario, si fuera el caso, para que una madre en situación de prisión provisional que tenga hijos o hijas
menores pueda cumplir su privación de libertad en dichos centros especiales de internamiento y no en una prisión ordinaria, ya que de este modo los menores también verían salvaguardados sus derechos.
Esto es, pues, lo que pedimos en nuestra proposición no de ley, señorías, y para ello les pido su voto favorable.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
He recibido un telegrama según el cual la senadora Morales, portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, no recibió la convocatoria, y por tanto, la damos por excusada. Asimismo la senadora De Boneta ha pedido que por favor
excusáramos hoy su presencia en esta comisión.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. Conciliar los distintos aspectos que recoge la proposición y que están contemplados en su exposición de motivos y en su parte resolutiva, con la legislación vigente, Ley Orgánica General Penitenciaria y su
correspondiente Reglamento, así como Ley General de Protección del Menor, es complejo y complicado. Sin embargo, creo que se puede hacer el esfuerzo de conseguirlo, pues merece la pena. Privar a una madre de sus hijos e hijas no es idóneo, y aún
diría más, es una barbaridad, sobre todo cuando éstos más la necesitan por tratarse de las etapas de su vida en las que se configuran y desarrollan aspectos personales fundamentales que pueden condicionar su posterior desarrollo de manera crucial.
Este desarrollo se da en condiciones idóneas cuando esa madre se encuentra rodeada de sus hijos e hijas en un ambiente adecuado, y la verdad es que las circunstancias que se describen en la proposición no de ley planteada por el Grupo
Parlamentario Socialista no son nada adecuadas para permitir el desarrollo motriz, psicológico, afectivo, emocional e incluso físico del menor, dadas las condiciones hostiles y adversas que se plantean en el entorno propio de la madre en estas
circunstancias al estar ésta privada de libertad.
De alguna forma no estamos haciendo todo lo posible para conseguir que se cumpla el derecho del menor a desarrollarse en un entorno adecuado y no de riesgo para su futuro. Por ello decía al principio que es difícil y complejo conciliar con
garantías adecuadas el mantenimiento del menor en su entorno familiar y la protección que el mismo requiere para evitar situaciones de riesgo cuando se dan las circunstancias que nos ocupan en la proposición no de ley.
Por un lado es importante y necesario avanzar en la línea planteada por la proposición, crear centros especiales de internamiento separados de la prisión para mujeres privadas de libertad que tengan consigo hijos e hijas menores mediante la
dotación de medios y equipamiento necesario a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y por otro, promover una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que estas madres puedan cumplir la pena en esos centros especiales.
Con respecto a este segundo aspecto, convendría matizar que esta medida sería adecuada en tanto no alejemos a las mujeres en esta situación de su lugar de procedencia o de su entorno familiar. Hay que evitar incurrir de nuevo en las
situaciones que el grupo proponente plantea en la exposición de motivos cuando hace referencia a aquellas madres que han sido trasladadas a un centro penitenciario alejado de su lugar de procedencia y, por tanto, de su entorno a fin de que puedan
estar con sus hijos e hijas en un departamento separado arquitectónicamente del resto.
Quizá por ello, y es una propuesta que someto a la consideración del grupo proponente de la proposición no de ley y al resto de los grupos parlamentarios, se debería explicitar: '... siempre y cuando no suponga un importante alejamiento de
su lugar de procedencia y entorno familiar.'
Ejercer de madre es un deber y una obligación para con el hijo o hija, y hacerlo en condiciones adecuadas e idóneas para el menor supone actuar en interés del menor, protegerlo y evitar riesgos y situaciones indeseadas para el mismo. Por
tanto, creemos que es importante la proposición no de ley que debatimos en estos momentos, a la que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a prestar su apoyo por entender que merece la pena.
Quiero hacer una consideración final, la necesidad de que se tenga en cuenta que algunas comunidades autónomas tienen competencias asumidas en materia de instituciones penitenciarias. Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Loroño.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Mercé Pigem.
La señora PIGEM PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, a la señora González del Valle, a quien deseamos muchos éxitos y felicidad en esta nueva responsabilidad.
Entrando en el contenido de la iniciativa que estamos debatiendo, quiero decir que desde Convergència i Unió compartimos la preocupación que queda reflejada en la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista; iniciativa que hacemos
nuestra, por no reiterar todos los argumentos aquí dados tanto por la señora Riera como por la señora Loroño, y que pretende salvaguardar el supremo interés del menor en estas difíciles circunstancias de privación de libertad de sus madres.
Compartiendo, pues, el objetivo de la iniciativa socialista y todas las precisiones técnicas que de manera tan brillante, como siempre, ha expuesto la señora Loroño, queremos decir que nosotros daríamos nuestro voto afirmativo a esta
iniciativa. Nos parece muy bien la precisión que, en forma de enmienda in voce, ha realizado la señora Loroño. Tal y como ella ha expuesto, Cataluña, por poner un ejemplo, tiene competencias transferidas en esta materia y, por lo tanto, en
Cataluña es el Gobierno de la Generalitat el que tiene la responsabilidad de instituciones penitenciaras.
Por ello y para respetar esta organización competencial del Estado, proponemos una enmienda in voce para, después de 'dotar a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias', añadir: '... o, en su caso, a las comunidades autónomas con
competencias en la materia, de los medios y equipamientos necesarios...', etcétera. Por lo tanto, ruego al grupo proponente que admita esta enmienda y anunciamos, en caso de que así sea, nuestro voto afirmativo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pigem.
¿Quiere hacer uso de la palabra la señora Riera? (Asentimiento.) Tiene su señoría la palabra.
La señora RIERA MADURELL: Gracias, señora presidenta.
Evidentemente, aceptamos la enmienda in voce del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Sin embargo, no me ha quedado muy claro el texto de la enmienda que ha propuesto la anterior portavoz, y me gustaría conocerlo
literalmente.
La señora PRESIDENTA: Si le parece a su señoría, como vamos a votar las cuatro proposiciones no de ley al terminar la mañana, podemos hacer en ese momento un receso; si prefieren, coméntenlo entre ustedes en el transcurso de otras
intervenciones y, después, transmiten a la Mesa y a esta Presidencia lo que corresponda.
Señora Aguado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
La señora AGUADO DEL OLMO: Muchas gracias, señora presidenta.
De igual manera, queremos felicitar a la señora Del Valle, a la que deseamos grandes éxitos en su nuevo cargo.
Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar nuestra posición respecto a esta proposición no de ley. Esta proposición no de ley insta al Gobierno a dotar a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de los
medios y equipamientos necesarios para poder crear centros especiales de internamiento separados de la prisión, para las mujeres privadas de libertad que tengan consigo a sus hijos menores, donde estos niños y niñas puedan desarrollar su convivencia
en igualdad de derechos, comenzando por aquellas prisiones cuyo centro penitenciario dispone de un departamento de madres separadas del resto de la prisión.
Pues bien, el pasado 19 de junio de 2002 se debatió en la Comisión de Justicia una proposición no de ley sobre la situación de las mujeres con hijos en las cárceles españolas, instando al Gobierno a fomentar, incrementar y diversificar el
progresivo desarrollo de las unidades dependientes dentro del territorio nacional. Básicamente, se trata de la misma propuesta que hoy debatimos como primer punto y que se corresponde con la proposición que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista. Hemos de decir que, desde su aprobación en la Comisión de Justicia, el Gobierno ha ido tomando las medidas necesarias para incrementar el número de unidades dependientes externas en los centros penitenciarios.
La Ley Orgánica 1/1979, de 19 de diciembre, General Penitenciaria ya establecía la posibilidad de que las internas pudieran convivir en el centro penitenciario con sus hijos hasta que éstos cumplieran tres años.
En este sentido, existen
ocho centros penitenciarios con unidades de madres que acogen a 146 niños y, con el fin de posibilitar la adecuada atención formativa a los niños que se encuentran en las unidades de madre, en cada una de ellas existe una escuela infantil atendida
por personas especializadas. Además, con el fin de facilitar la integración social de los niños, la administración penitenciaria intenta, en colaboración con las administraciones educativas, que los niños con más de 20 meses puedan asistir a las
escuelas infantiles de la red pública.
Además, con el objetivo de integrar socialmente a estos niños y paliar en lo posible los efectos negativos
que el internamiento pueda generar, la administración penitenciaria, a través del organismo autónomo de trabajo y prestaciones penitenciarias, convoca anualmente subvenciones para financiar la realización de programas de integración social
dirigidos a colectivos de niños por parte de entidades especializadas. Incluyen salidas programadas destinadas a favorecer su integración en el entorno social, vacaciones programadas para los niños y sus madres, salidas de fin de semana para los
niños, celebración de festividades para favorecer la relación grupal en un clima lúdico y festivo.
Por otra parte, en cuanto a las unidades dependientes externas a los centros penitenciarios ubicados en viviendas ordinarias, que son gestionadas en colaboración con otras entidades, en este momento hay seis, dos más tras la aprobación de la
proposición presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Justicia a la que antes he hecho referencia. Cabe destacar y es necesario comentar que estas unidades dependientes son para penadas que reúnen los requisitos que prevé el
Reglamento penitenciario en sus artículos 165, 166 y 167; este último establece que la selección de los internos que hayan de ser destinados a una Unidad Dependiente se llevará a cabo por la Junta de Tratamiento, atendiendo a los criterios
generales para la clasificación en tercer grado y a los perfiles preferentes existentes en cada una de ellas. Por lo tanto, consideramos innecesario la creación de otro tipo de establecimiento o dependencia para las penas privativas de libertad, ya
que creemos que la normativa penitenciaria contiene recursos suficientes para conciliar la ejecución de la medida de privación de libertad de las madres y los intereses del menor que con éstas convive.
Por otro lado, no compartimos el argumento esgrimido en la motivación de esta iniciativa en referencia a la Ley de protección del menor, puesto que estamos -como bien saben- ante legislaciones diferentes. La Ley Orgánica 5/2000, que regula
la responsabilidad penal de los menores, es una disposición de naturaleza sancionadora que se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas. Por
lo tanto, no guarda ninguna relación con las circunstancias que puedan afectar a los niños que se encuentran en internamiento únicamente como consecuencia de las medidas judiciales adoptadas en relación con sus madres.
Por el contrario, sí es necesario -y se está realizando- un estudio de evaluación para conocer de forma precisa de qué manera influye la cárcel en el desarrollo de estos menores, así como el perfil de estos niños cuando van siendo mayores.
Dicho estudio se está realizando, tanto desde el Ministerio del Interior como desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y se está valorando la posibilidad de limitar el tiempo de permanencia de los niños en cautiverio en aras de un interés
fundamental, el interés superior de la infancia.
Por otro lado, respecto al segundo punto de su proposición no de ley, en el que insta al Gobierno a promover una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que una madre privada de libertad que tenga hijos menores pueda cumplir su
privación de libertad en los centros explicitados en el punto primero, hemos de decir: primero, que habría que señalar que estamos ante una materia cuya regulación es propia de la legislación penitenciaria, no teniendo encaje en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, cuyo objeto es regular los procedimientos judiciales penales.
Por tanto, sería la Ley Orgánica General Penitenciaria la que, en todo caso, habría de ser reformada; y si se pretende una reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal tendría que ponderar otros principios para evitar que el menor pudiera ser eventualmente instrumentalizado para suavizar el régimen de reclusas pertenecientes a la delincuencia organizada.
Por tanto, la dificultad estriba más bien en establecer las condiciones precisas para compatibilizar el desarrollo de la relación materno-filial, el desarrollo integral del menor lejos de un régimen penitenciario ordinario, y la adecuada
custodia de la interna. En la búsqueda de la mejor solución y el necesario equilibrio de esas condiciones, se propuso en el segundo punto de la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Justicia, la
elaboración de un estudio para conocer de forma objetiva de qué manera influye en el desarrollo del menor su estancia en prisión. Cuando se conozca este estudio se podrán conocer los pasos legislativos que deben darse con el fin de mejorar la
situación del menor y de la madre y garantizar al mismo tiempo las medidas judiciales a adoptar.
Lamentamos no aprobar esta proposición no de ley, pero es evidente que con la misma sensibilidad con la que se plantea esta proposión se presentó otra por parte del Grupo Parlamentario Popular, para que las mujeres privadas de libertad con
hijos menores tengan mejores condiciones y sean cada vez más las prisiones que cuenten con unidades de madre y unidades dependientes externas en los centros penitenciarios, cumpliendo los artículos 165, 166 y 167 del Reglamento penitenciario, que es
lo más importante.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aguado.
- SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PARA CONOCER CUÁL HA SIDO EL DESARROLLO DE LA LEY 39/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, PARA PROMOVER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.
(Número de expediente del Senado
663/000075 y número de expediente del Congreso 161/001647.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley que figura en el orden del día sobre la realización de un estudio para conocer cuál ha sido el desarrollo de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su presentación, tiene la palabra doña Carmen Olmedo.
La señora OLMEDO CHECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intentar ser breve.
Voy a explicar el motivo de la presentación de esta proposición no de ley que, como dice su título, trata de aprobar la realización de un estudio para conocer cuál ha sido el desarrollo de una ley para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral.
¿Por qué presentamos esta proposición no de ley? La proposición no de ley tiene fecha de septiembre de 2002, se presentó hace más de un año, pero su necesidad sigue vigente.
No me cabe la menor duda de que cuando se aprobó esta ley en 1999 tenía muy buenas intenciones y su objetivo era positivo. Pero presenté la proposición porque consideraba conveniente realizar una investigación para ver qué está pasando con
el desarrollo de esta ley, en dos líneas fundamentales.
Cuando se presentó la ley, en 1999, yo no era miembro de esta comisión mixta, estaba en otros quehaceres, pero me preocupó en aquel momento que la ley pudiera tener efectos no deseados. ¿A qué efectos no deseados me refiero? Aunque la ley
establecía que tanto los hombres como las mujeres pudieran solicitar los permisos para cuidar hijos y para cuidar enfermos, me preocupa que finalmente quienes solicitaran estos permisos fueran en su gran mayoría las mujeres. Por los datos que me ha
facilitado el Gobierno, hoy puedo decir que la preocupación que me planteó la aprobación de esta ley se ha hecho realidad y, por tanto, tendríamos que analizar si hay que cambiar algunos de los planteamientos de esta ley.
Voy a dar algunos datos de los permisos retribuidos. Según la contestación del Gobierno, el 99 por ciento de los permisos los han solicitado las mujeres y sólo el uno por ciento los hombres.
Mi compañera Carmen Sánchez solicitó al Gobierno, ministerio por ministerio, datos sobre las excedencias. En la Administración pública, generalmente, hay menos problema a la hora de solicitar la excedencia y volver a reincorporarse, con lo
cual yo pensaba que, al menos en la Administración pública, los hombres iban a hacer uso de estos permisos.
Según los datos de que dispongo, en el ministerio de Sanidad, por ejemplo, por el nacimiento de hijos, lo han solicitado 16 mujeres, cero
hombres; por lactancia, siete mujeres, cero hombres; por niños menores de seis años, dos mujeres, cero hombres. En el Ministerio de Justicia, en total lo han solicitado algo más de cien mujeres, cero hombres. Estoy poniendo ejemplos de los
ministerios porque ni siquiera en la Administración, donde generalmente no suele haber represalias y donde es más fácil pedir estas excedencias, el hombre ha hecho uso de este derecho que concedía la ley.
En la misma línea, al margen de esta ley, el Gobierno ha aprobado posteriormente algunas medidas que están de alguna manera ayudando a que el reparto de responsabilidades se vaya afianzando cada vez más en las mujeres y no en los hombres, y
voy a poner dos ejemplos.
Primer ejemplo, el Gobierno establece la ayuda de cien euros por hijos menores, pero para que una familia se beneficie de estas ayudas la mujer tiene que trabajar. Da la casualidad, además, de que en España el porcentaje más alto de mujeres
que no trabajan se da precisamente en las mujeres con hijos pequeños, con lo cual estos cien euros van a beneficiar realmente un número muy pequeño de mujeres. Cuando se presentó, el Gobierno hablaba de 500.000 mujeres; yo he preguntado a cuántas
ha beneficiado, pero todavía no me han contestado.
Por otra parte, la mujer no sólo tiene que trabajar, sino que debe tener un contrato y cotizar a la Seguridad Social, al menos por esa cantidad.
Quedan excluidas, por tanto, de estas medidas todas aquellas familias cuyas mujeres están en
paro o tienen un contrato temporal insuficiente para alcanzar la cotización necesaria, o están en el empleo sumergido, entre otras muchas más del 70 por ciento de las empleadas de hogar.
Tampoco creemos que esté ayudando mucho al espíritu de esta ley el que se haya establecido en su momento un salario para cuidar a los mayores sólo para las amas de casa. Yo he preguntado al Gobierno a cuántas mujeres ha beneficiado y la
cuantía de este salario. No me ha contestado todavía, así que no sabemos si ha sido una, ninguna o 42.000 mujeres las beneficiadas, no sabemos cuántas se han beneficiado de este salario.
Pero sí hay algo que dejan claro estas dos medidas y es que, aunque sabemos que pocos hombres se dedican a cuidar a sus mayores, aunque sólo existiera uno, debería tener el mismo derecho a recibir el salario que una mujer. Esa es la postura
de mi grupo. Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista ambas medidas, si no se cambian los criterios, son injustas y discriminatorias. ¿Por qué? Porque al establecer las ayudas por hijos únicamente a las mujeres trabajadoras, y
las ayudas por cuidar mayores únicamente a las mujeres amas de casa, se les está atribuyendo en exclusiva a las mujeres la responsabilidad del cuidado familiar, lo que es totalmente opuesto a una política que promueva de verdad el reparto de las
responsabilidades.
Ese es un argumento que hay que analizar.
Un segundo argumento a analizar es que no tenemos todavía muchos datos de cómo se está desarrollando la ley de conciliación y cómo está afectando.
Yo he preguntado al Gobierno cuántas mujeres y cuántos hombres han solicitado una excedencia
para el cuidado familiar; cuántas mujeres y cuántos hombres han solicitado el permiso retribuido, y cuántos hombres han solicitado la reducción de jornada laboral.
Contestación del Gobierno: El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no dispone de datos cuya explotación estadística permita dar contestación adecuada a la petición de información solicitada por su señoría. El Grupo Parlamentario
Socialista plantea la necesidad de un estudio al respecto porque han transcurrido cuatro años, porque el Gobierno no dispone de datos, porque no sabemos si este asunto está afectando positiva o negativamente al reparto de responsabilidades,
etcétera. Mi opinión es que hay más elementos negativos que positivos y, por tanto, consideramos que un estudio bien analizado nos podría ofrecer en primer lugar, un mayor conocimiento de lo que está sucediendo y, en segundo lugar, comprobar dónde
se están cometiendo los errores, porque esta ley pretendía compartir responsabilidades entre hombres y mujeres y sin embargo no está produciendo los efectos deseados, ya que las únicas que están compatibilizando estas tareas son las mujeres, para lo
cual tampoco era necesario una ley porque es el papel que llevan haciendo toda la vida.
Para no extenderme mucho, sólo quiero decir que la propia Unión Europea ya está avisando del peligro de que se pongan en marcha esta serie de medidas para solicitar permisos y que sea la mujer la que lo solicite exclusivamente porque están
teniendo un efecto perverso a la hora de plantear sus objetivos.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Olmedo.
Tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señora presidenta.
Quiero sumarme al inicio de mi intervención a la felicitación que otras portavoces han transmitido a la nueva vicepresidenta y desearle también éxito en su trabajo como miembro de la Mesa, porque ello redundará en beneficio de los objetivos
de esta Comisión.
Dicho esto, la propuesta que realiza el Grupo Parlamentario Socialista en esta iniciativa nos parece lógica, dado que desde la entrada en vigor de la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral aprobada en el año 1999 no
conocemos la efectividad de las distintas medidas que han sido adoptadas en el marco de dicha ley ni las dificultades que entraña su cumplimento, si es que las hay; el grado de aceptación entre las mujeres que deben conciliar su vida familiar con
la vida laboral, así como de los hombres que en el marco de la ley han accedido a distintos permisos en la línea de corresponsabilidad de tareas familiares y que tradicional y generacionalmente se han ido asignado a la mujeres como tareas propias de
su sexo. Por tanto, todo lo que ha expresado la diputada Olmedo a lo largo de su intervención nos parece adecuado y consideramos que lo que plantea la proposición no de ley que estamos debatiendo va en esa línea. Como grupo parlamentario pensamos
que la proposición no de ley tiene lógica y sentido y que, además, a través de los datos que de dicho estudio se deriven, se podrán obtener conclusiones que permitirán adoptar la continuidad de las medidas ya adoptadas, dado que éstas son efectivas,
y a la vez la posibilidad de plantear la adopción de otras medidas que mejoren su efectividad y logren el objetivo pretendido por la ley que, en definitiva, aspiraba a ser un instrumento más en la consecución de esa igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, algo que todos los miembros de esta Comisión perseguimos.
Para concluir, señora presidenta, vamos a votar afirmativamente la proposición no de ley por entender que puede suponer una mejora en la ejecución de esta ley y la puesta en marcha de medidas que logren el objetivo final, que al menos a
juicio de este grupo parlamentario no es otro que avanzar en la línea de esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Loroño.
Tiene la palabra el senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora presidenta.
La cuestión que ha planteado la diputada Olmedo es muy interesante y los motivos ya expuestos con su brillantez habitual nos han convencido totalmente. Estoy seguro de que el Grupo Parlamentario Popular estará de acuerdo con estos
argumentos y si no lo está sería decepcionante porque, como ha dicho la diputada Olmedo, este estudio no solamente sería conveniente sino necesario; por tanto, nuestro grupo parlamentario apoyará esta proposición no de ley.
El otro día tuve la oportunidad de leer un comentario de la abogada María José Varela que me preocupó porque afirmaba que los juicios rápidos han sido contraproducentes para atajar la violencia doméstica; no sé si tendrá o no razón, pero lo
que quiero decir es que en ocasiones medidas que parecen apropiadas para un objetivo, finalmente, tienen efectos no deseados, aunque, insisto, no se si dicha abogada tendrá o no razón pero era una opinión interesante. Por el mismo motivo, sería
interesante ver cómo se ha aplicado la ley en estos cuatro años y también si ha tenido efectos no deseados, y los ejemplos que ha puesto la diputada Olmedo de las
mujeres trabajadoras y las amas de casa son aplastantes; es decir, algo habrá que hacer en este ámbito.
En cuanto a la respuesta del Gobierno de que no dispone de datos es poco aceptable y, en todo caso, debería decir que dispondrá de ellos en algún tiempo, cosa que no creo que haya dicho porque usted nos lo hubiera comentado.
Por tanto, la proposición no de ley es absolutamente necesaria, estamos de acuerdo con ella, y esperamos que el Grupo Parlamentario Popular la apoye, no solamente para un mayor conocimiento y para comprobar donde se cometen los errores, sino
por un tercer punto que consistiría en plantearse qué se puede hacer de manera legislativa para cambiar la situación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Varela.
Tiene la palabra la señora Olmedo en turno de portavoces.
La señora OLMEDO CHECA: Gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer las intervenciones de los grupos parlamentarios y al senador Varela su propuesta de una nueva actuación para una posible propuesta de reforma de la ley.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Olmedo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Hoy debatimos una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que en su exposición de motivos propone la realización de un estudio para conocer el desarrollo de la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras que, cito textualmente, consideran que es una ley para que las mujeres que trabajan también se hagan cargo del cuidado de las familias. Su señoría reconocerá conmigo que no es así, y el Grupo Parlamentario Popular no comparte esa
opinión precisamente porque esta ley que fue aprobada en 1999 incorporó al ordenamiento jurídico unas medidas que hicieran compatible el trabajo con el cuidado familiar; por tanto, no estamos hablando de una norma aislada que introduce cambios
legislativos en el ámbito laboral sino que forma parte de un conjunto de leyes cuyo objetivo principal es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y lograr con ello un reparto más equilibrado de responsabilidades entre hombres y mujeres,
ya sea en la vida profesional como en la familiar.
Esta ley, sin precedentes en el Estado español, recoge una serie de medidas, como el disfrute del permiso de maternidad a tiempo parcial, la excedencia y reducción de jornada por cuidados familiares, no sólo de hijos sino de ascendientes que
no puedan valerse por sí mismos, o también contempla la eliminación del despido por embarazo, paralelas a las impulsadas por el Gobierno del Partido Popular desde el año 1996 y cuyo fin es la incorporación de la mujer al mercado laboral para con
ello erradicar esa discriminación que existía hasta estos momentos.
Esas medidas puestas en marcha por el Gobierno han sido acertadas, según demuestran los datos de la EPA y el Inem, que indican que la población ocupada en España ha aumentado entre 1996 y 2002 en tres millones y medio de personas o, lo que
es lo mismo, en un 28 por ciento, de las que un millón 800.000 son mujeres. Por tanto, hemos pasado de cuatro millones 400 mujeres ocupadas en el mercado laboral en 1996 a las seis millones 300.000 del año en curso. Por otro lado, el aumento del
trabajo de la mujer ha sido superior porcentualmente hablando al del hombre. Así, entre 1999 y 2002 se ha producido un incremento del 18 por ciento del trabajo femenino frente a un 9 por ciento del masculino, lo que indica, repito, que la mujer se
está incorporando en mayor medida al mercado laboral.
También debemos reconocer que las mujeres partían de una tasa de desempleo en 1996 de un 30 por ciento, porcentaje absolutamente impresentable. En consecuencia, las medidas entradas en vigor
desde noviembre de 1999 contienen mayores incentivos para las mujeres, con el fin, como he dicho, de corregir ese paro histórico.
En relación con los datos correspondientes al permiso por maternidad, partíamos de un 14 por ciento en 1996, mientras que según las cifras del año 2002 estamos en un 22 por ciento. También este es un dato positivo y coincidente con las
medidas adoptadas.
Y otro dato a nuestro juicio digno de destacar es el incremento desde 1999 de las personas ocupadas que comparten su actividad laboral con las tareas del hogar. En aquel año partíamos de tres millones 600.000 personas, mientras que en estos
momentos son cinco millones las que compatibilizan las tareas del hogar con el trabajo, cantidad que todavía consideramos insuficiente, pero estaremos todos de acuerdo en que estamos en la línea adecuada para conseguir el objetivo que perseguimos.
En cuanto al resto de las medidas específicas, como, por ejemplo, la utilización de los permisos paternales, debo decirle a la señora Olmedo que dispongo de los datos correspondientes a 2001 y 2002, que indican lo siguiente. En 2001 los
permisos por maternidad disfrutados por la madre fueron 205.000, frente a los ridículos -permítanme la expresión- 2.729 disfrutados por el padre. Pero en 2002 son ya 221.000 los permisos utilizados por la madre y 3.312 los solicitados por el padre,
es decir, que estos últimos se han incrementado en un año un 21 por ciento. (La señora Olmedo Checa: ¡Estamos que nos salimos!) ¡Claro que es
ridículo! Pero acuérdense de los datos correspondientes al paro de la mujer en 1996 y consideren los actuales, que, evidentemente, siguen siendo altísimos, pero hay que tener en cuenta que partíamos de cero, señorías. Por tanto, creo que en
este punto tendríamos que felicitarnos.
Por lo que se refiere a los permisos paternales de reducción de jornada por obligaciones familiares y reparto de tareas domésticas en el hogar, el comportamiento masculino no ha variado. En este sentido, esta ley supuso un indudable avance
en las posibilidades de incrementar la compatibilidad entre trabajo y familia, y no a la inversa, como ha manifestado el grupo proponente. Y, señora Olmedo, todos estaremos de acuerdo en que una ley por sí misma no puede cambiar los roles, formas y
actitudes ancestrales de nuestra sociedad, pero también estará de acuerdo en que esta ley ha sentado una base sólida y sin precedentes para corregir todas esas desigualdades. Por otro lado, se trata de una ley en cierta forma adelantada, ya que
entró en vigor en 1999, mientras que no fue hasta el año 2000 cuando el Consejo de Europa celebrado en Lisboa dictó una resolución relativa a la participación equilibrada de los hombres y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar, es
decir, un año después de que el Gobierno de España hubiera puesto en marcha esa medida. También en este caso debemos felicitarnos por haber sido pioneros, ya que esta ley no tiene precedentes, y además, repito, nos hemos adelantado a lo que
acordaron los ministros de Trabajo de Europa.
Esta norma está contemplada en el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004, cuyo objetivo es impedir obstáculos que afecten a la familia en lo que a su calidad de vida y autonomía se refiere. Por tanto, no puede someterse a una
evaluación aislada, sino atendiendo al conjunto de todas las normas aprobadas desde 1999 que afectan directamente a las relaciones laborales de los trabajadores.
Como sería largo enumerar todas las iniciativas puestas en marcha desde ese año, me van a permitir que cite sólo unas cuantas, como son los sucesivos y recientes programas de fomento del empleo aprobados por la Ley de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social; el real decreto sobre medidas urgentes para la reforma en el empleo; el real decreto que introduce el coste cero en las cuotas empresariales; el real decreto que también introdujo
bonificaciones de cuotas empresariales, y el más reciente, el real decreto de 25 de abril, de medidas de reforma económica, que incorpora una nueva medida al programa de fomento de empleo con el fin de facilitar la reincorporación de las mujeres a
su trabajo tras la maternidad o excedencia. Por último, también hay que destacar la ampliación de las bonificaciones existentes o, por qué no -aquí todo el mundo lo calla-, el que se haya eliminado el mínimo de cotización para percibir la baja por
maternidad.
Señorías, además de estas medidas, en el capítulo IV del Plan Integral de Apoyo a la Familia, dedicado al seguimiento, que supongo habrán leído, está previsto que se realice una evolución del plan en el marco de la comisión interministerial
técnica sobre la familia y que cada año se elabore una memoria de seguimiento sobre las acciones iniciadas o realizadas durante el año anterior. Asimismo, se incluye la elaboración de un balance sobre los recursos utilizados en apoyo de esas
acciones, al igual que del número de beneficiarios.
Así pues, como la realización de esos estudios ya se contempla en el capítulo IV del citado plan integral, no podemos admitir aquellos que solicita la representante del Grupo Socialista. (La señora Olmedo Checa: Lo que abunda no daña.) En
su opinión quizá sea así, pero el Grupo Popular opina lo contrario.
También me gustaría hacer una observación al señor Varela. Señoría, hemos estado juntos muchos años en esta Cámara, aunque ahora me encuentre en el Congreso, y considero que usted es un hombre riguroso. Por ello, debo decirle que una cosa
es que el Partido Popular no esté de acuerdo con esta propuesta y la rechace, y otra, que el Partido Popular haya hecho un trabajo histórico proponiendo una serie de normas y medidas que hacen posible la equiparación de la mujer al hombre en el
ámbito laboral y familiar. Eso es indiscutible.
Por todo ello, anuncio que el voto del Grupo Popular estará en contra de esta moción, ya que el hecho de que se efectúen o no unos determinados estudios en nada empaña los propósitos de la citada ley, que, repito una vez más, ha supuesto una
mejora indudable que posibilita una mayor conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, ley de la que todos, independientemente de nuestro color político, aunque a algunos les cueste reconocerlo públicamente, nos sentimos
satisfechos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día me gustaría saber si la señora Riera, que antes ha consultado a la Presidencia, quiere que sigamos el orden previsto o desea hacer alguna propuesta.
La señora RIERA MADURELL: Podemos seguir el orden previsto, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MEDIO RURAL. (Número de
expediente del Senado 663/000093 y número de expediente del Congreso 161/001844.)
La señora PRESIDENTA: Punto quinto del orden del día: proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista por la que se insta al Gobierno a mejorar la situación de las mujeres en el medio rural.
Para su defensa tiene la palabra la señora Torrado.
La señora TORRADO REY: Gracias, señora presidenta.
Hoy vamos a hablar de la situación de las mujeres del ámbito rural en España y de las medidas que desde esta comisión se pueden incentivar para lograr una mejora de su vida cotidiana y perspectivas de futuro. Es importante saber hasta qué
punto los intereses de las mujeres están siendo tenidos en cuenta en los procesos de desarrollo y reactivación económica de nuestros pueblos y es importante porque es muy difícil que se produzca un verdadero proceso de desarrollo sin contar con las
mujeres, sin tener en cuenta sus intereses y sus aspiraciones. El problema es que esos intereses permanecen en muchos casos ocultos y latentes.
En consecuencia, encontramos que las mujeres en el ámbito rural siguen estando prácticamente ausentes en los órganos de la toma de decisiones y su contribución económica y social no se contabiliza, lo que las convierte en trabajadoras
invisibles, ya que el trabajo que realizan en el campo, en el sector pesquero o en el agroalimentario lo hacen desde un papel secundario y desde la subordinación, aun cuando se trate de su propio patrimonio. En general, se acepta que la falta de
remuneración del trabajo en la explotación familiar se extiende a la mujer cónyuge y a las ayudas familiares porque hay una caja común. Uno de los factores de estabilidad y perduración de la empresa agraria familiar radica en no considerar el coste
del trabajo familiar y, en consecuencia, se acepta que la remuneración del titular es para el conjunto del grupo familiar.
Los estudios que tratan de analizar la remuneración del trabajo de cada uno de los componentes de la familia agraria son más bien reducidos, dado que prevalece, como hemos dicho, el enfoque de la caja común en los ingresos y de la no
contabilidad del tiempo de dedicación, lo que de alguna manera se considera base de la fortaleza de las explotaciones agrarias. En diciembre de 1996 fue modificada la directiva europea 86/613, que se refería al trabajo de los cónyuges colaboradores
y autónomos. Una de las modificaciones es que la directiva incluye el registro obligatorio de las cónyuges colaboradoras para que dejen de ser invisibles. Este reconocimiento de su trabajo pasa por la consecución de un estatuto profesional, del
que se deriva un estatuto jurídico, económico y social. Las agricultoras de Europa apoyaron estas modificaciones para que se introdujera una cotización única para los autónomos y sus ayudantes, calculada sobre la base de los beneficios de la
explotación. Creemos que sería bueno que España se hiciera eco de esta demanda, que sacaría de la invisibilidad el trabajo familiar, y especialmente el trabajo de las mujeres en las explotaciones agroalimentarias.
Además, las mujeres que trabajan en la agricultura lo hacen frecuentemente en dedicación discontinua y estacional. Sus ingresos son mucho más reducidos que los de los varones agrarios porque ocupan categorías laborales más bajas y sobre
todo porque trabajan durante menos meses. El salario medio anual de una mujer es el 48 por ciento del salario medio en la agricultura y el 40 por ciento del de los varones. Las mujeres agrarias viven, como sabemos todas, una doble desigualdad
respecto a sus homónimos varones y respecto a las mujeres que viven en las áreas urbanas. A pesar de ello, las mujeres rurales aprovechan hasta las últimas oportunidades de trabajo que les ofrece la estructura económica, aunque éstas se
caracterizan por su brevedad y su precariedad. Sólo una de cada cuatro mujeres rurales trabajan durante todo el año, pero las que no tienen empleo, no por eso se quedan de brazos cruzados. Las trabajadoras sin empleo tienen una larga jornada en la
que la escasez de ingresos fuerza a que las casas estén equipadas con escasez y también tengan un escaso nivel de servicios, con lo cual se prolonga el número de horas que estas mujeres tienen que trabajar para ofrecer a los miembros del hogar unos
servicios de aceptable calidad.
Otra realidad que se impone a estas mujeres es la mayor proporción de mayores de 65 años en zonas rurales, lo que nos lleva a la responsabilidad que estas mujeres adquieren en la atención al resto de los miembros del hogar. En Castilla y
León tiene que atender además de a sí mismas a 2,63 personas como promedio; las de Galicia a 3,04 y las de Andalucía a 3,05, con la particularidad de que en Galicia atienden en su misma casa a la generación anterior en una proporción casi tres
veces más alta que en Andalucía, donde atienden, en cambio, a un mayor número de niños.
De la encuesta CIRES sobre el uso del tiempo que hacen las mujeres que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes podemos sacar algunas conclusiones: estas mujeres dedican casi tres cuartas partes de sus días laborales al ámbito
privado y sólo un 28 por ciento a actividades fuera de casa, aproximadamente cinco horas y media al trabajo doméstico -limpieza, cocina, cuidado de niños y enfermos-, una hora y media a descansar, poco más de una hora a comer y media hora a higiene
y aseo personal. Y en las actividades fuera de casa dedican hora y media al trabajo profesional, tres cuartos de hora a la compra de bienes, media hora a ocio y relaciones interpersonales y, señorías, al estudio dedican 11 minutos, sólo 11 minutos,
la quinta parte del tiempo que las mujeres de las grandes ciudades y la mitad que los varones rurales, lo que tiene unos efectos a corto y medio plazo sobre el tipo de trabajo al que podrán acceder más tarde.
En definitiva, constatamos que pese a algunas mejoras este colectivo tiene todavía muchos frentes por cubrir y estamos en la obligación de hacer un esfuerzo mayor por él, porque a pesar de que el tercer plan de igualdad especificaba las
actuaciones dirigidas a mujeres rurales, desde el Grupo Socialista consideramos que ha quedado mucho por hacer, a pesar de que las actuaciones estaban bien definidas y eran adecuadas. No se ha conseguido aún, aunque era un objetivo, que las
estadísticas reflejen los trabajos que realizan las mujeres rurales y cuál es su aportación a la economía. No hemos conseguido favorecer el asociacionismo de mujeres en el medio rural, porque los proyectos han sido de poca entidad y a veces con
objetivos distintos al marcado por la actuación. No se ha editado ningún resultado de los estudios destinados a buscar nuevos yacimientos de empleo que afectan a mujeres rurales para que puedan ser consultadas por las interesadas. No se puede
potenciar la capacitación profesional de las mujeres para gestionar las explotaciones agrarias con sólo seis cursos impartidos durante el período de vigencia del plan y, por último, no es de recibo decir que se van a fomentar los equipamientos
sociales en el medio rural para facilitar el acceso a las mujeres a la formación y al empleo y financiar actuaciones únicamente en el año 1998. Todas estas afirmaciones están basadas en las respuestas que hemos ido recopilando del Gobierno en los
años de vigencia del plan y aunque hay otros objetivos que hemos de reconocer que han estado bien ejecutados, los que he nombrado siguen siendo un déficit que esperamos sea mejor ejecutado por el plan que lo ha sustituido.
Para concluir, señorías, hemos de tomar conciencia de la importancia que tiene para toda la sociedad que los pueblos no pierdan sus recursos humanos y que la juventud más cualificada no se vea obligada a abandonar su medio natural ante la
incapacidad de rentabilizar en él su formación.
Para ello es imprescindible la participación de las mujeres en la construcción de este nuevo modelo de desarrollo rural, en el que abandonen la situación de debilidad, desigualdad y discriminación
descrita. Para conseguir estos objetivos es necesario que las administraciones públicas sean capaces de dar respuesta a las expectativas de estas mujeres y esta proposición no de ley, si es aprobada, puede ser un pequeño paso para conseguirlo.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torrado.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señora presidenta.
Estamos debatiendo una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a mejorar la situación de las mujeres en el medio rural. De hecho, el día 2 de octubre de 2002 esta comisión
mixta aprobó una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que fue transaccionada durante su debate, en la cual se instaba al Gobierno a que en el plazo de seis meses presentase un plan estratégico que incluyese previsiones económicas, tanto para
las competencias transferidas a las comunidades autónomas como las atribuidas a la Administración del Estado, cuyos objetivos fueran seguir fomentando la participación y formación de las mujeres rurales en la conservación del medio ambiente para la
utilización sostenible de los recursos naturales y la gestión de residuos, seguir ofreciendo y promocionando asistencia técnica a las iniciativas empresariales de las mujeres relacionadas con el medio ambiente, recuperación y reciclaje, agricultura
biológica, productos ecológicos y biodiversidad y que se asumieran, por otro lado, las conclusiones en política medioambiental del III Congreso Mundial de Mujeres Rurales.
La iniciativa que en estos momentos estamos debatiendo concreta acciones y avanza en el sentido de plantear la puesta en marcha de medidas, programas y actuaciones que permitan hacer realidad la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres,
incidiendo de forma particular y especial en el ámbito rural, dado que las dificultades que entraña, de hecho, para las mujeres rurales el acceder a programas, recursos y medios son grandes en estos momentos. El caso es que, como bien decía la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, son más accesibles para otras mujeres, y lo que estamos haciendo de esta forma es establecer diferencias entre las mujeres y no ir a esa verdadera y real igualdad entre mujeres y hombres, con
independencia del lugar donde la mujer desarrolle su vida. De ahí que sea necesario prestar especial atención a la mujer rural, tal como lo hacíamos en la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y aprobada en esta misma
comisión en octubre de 2002, para evitar crear diferencias y desigualdades entre las propias mujeres y por no tratar de forma particular, en el diseño de los planes de igualdad y correspondientes programas de las distintas instituciones con
competencias propias en la materia, la particularidad y la peculariedad de la situación de la mujer rural.
Incluir estas actuaciones que en estos momentos plantea el Grupo Parlamentario Socialista en los planes de igualdad, teniendo en cuenta, además, que estamos hablando incluso de competencias de las comunidades autónomas junto con competencia
estatal, es tener en cuenta a la mujer en igualdad, como decía, con independencia del lugar en el que viva y por el que haya optado para desarrollar su vida.
La mujer, señorías, ha desempeñado un importante papel en el medio rural, y eso hay que reconocerlo. Sin
embargo, el papel y la consideración, como bien decía la portavoz socialista que ha presentado esta proposición no de ley, no están aún a la par, y considerarla es lo que pretende esta iniciativa a través de medidas, actuaciones y
planteamientos concretos para que esta mujer, la mujer rural, sea valorada por las aportaciones que ha hecho a lo largo de su vida y con su trabajo, para que no nos veamos en la situación en la que nos encontramos en estos momentos.
Por tanto, consideramos importante esta proposición no de ley. Entendemos incluso que complementa una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en esta comisión y aprobada después de ser transaccionada durante su
tramitación en octubre de 2002. Como también he hecho referencia a que las comunidades autónomas tienen competencias en materias que se plantean en la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, hay que tener en cuenta el actual
reparto competencial.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Loroño.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera i Ben.
La señora RIERA I BEN: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley en favor de la mujer rural. Ante todo, queremos dejar bien claro que es una proposición bienintencionada y, por lo tanto, a pesar de discrepar en algunos aspectos de las
seis recomendaciones que hace, compartimos, como no podría ser de otra manera, el objetivo que pretende, que es no excluir a la mujer rural, por el hecho de vivir en este ambiente, de las oportunidades y del derecho a ser tratada en igualdad de
hechos, no de leyes -ya lo estamos las mujeres vivamos donde vivamos- que los hombres.
No obstante, esta proposición no de ley, al ser generalista, incurre, seguro que involuntariamente, en agravios comparativos. ¿Qué quiere decir? Pues que es muy probable -y que no se entienda mi intervención como prepotente porque hay
comunidades en las que ya no tenemos ningún problema- que la mujer rural que vive en Cataluña tiene que ver poco o nada con la situación de la mujer rural que pueda vivir en otras partes de España, y si se me permite, afirmaría incluso que la mujer
rural en España tiene poco o nada que ver con las mujeres que viven en el medio rural en el resto de los países de Europa, y más si hablamos de esta Europa que va creciendo cada día, que, por lo tanto, cada vez será más diversa en su composición y
con la que resultará aún más difícil establecer comparaciones homogéneas. En consecuencia, nosotros, valorando las buenas intenciones y compartiéndolas, quisiéramos introducir algunas matizaciones a estas propuestas.
La primera de ellas, como también decía la senadora Loroño, es una cuestión competencial. Aquí se insta a que las mujeres del medio rural tengan acceso a la educación, a la formación y a los beneficios sociales de la sanidad y a las
prestaciones sociales. Estos aspectos son claramente competencia de las comunidades autónomas, la sanidad ya lo es en todas y la educación en muchas, por lo que me parece que es imprescindible, y mi grupo así lo solicita, que constase que: 'La
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer insta al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas...'. Si la proponente admitiese este párrafo se salvaría esta cuestión competencial que, como comprenderán sus señorías, no es baladí,
sino de principios y de concepto de Estado.
Otro aspecto que también quisiéramos matizar es el que hace referencia al punto tres, el que habla de un registro obligatorio de cónyuges. Este punto busca transponer una directiva europea que pensamos que en este momento ha quedado
superada y, por tanto, obsoleta. Seguro que esta directiva, que es del año 1986, era en su momento muy adecuada, pero desde entonces ha llovido mucho y en todas partes como para que un texto correcto en el año 1986, en este momento esté desfasado.
¿Qué quiere decir un registro de cónyuges, de mujeres que trabajan en el campo? Pues que habrá cónyuges, habrá parejas de hecho y habrá otras realidades sociales que se correspondan con el año 2003, y seguro que la voluntad de la proponente es
adaptarse a la realidad de ese año 2003 y de los siguiente, y no ceñirse a un pasado que ya no se corresponde con aquélla.
Sería más adecuado ceñir este punto tres al establecimiento de una cotización única para los autónomos y sus ayudantes,
calculada sobre la base de los beneficios de la explotación. ¿Qué conseguiríamos con esta apreciación, que es distinta de lo que se deduce en el punto tres, tal como estaba redactado? Primero, no discriminar la realidad social sobre la base de si
están casados o no, y constatar que en el medio rural existen situaciones de hecho, de familias o no, donde a veces cotiza uno pero trabajan dos o tres, y lo que todos pretendemos es que todo aquel que trabaje, cotice, y que lo haga en función de
los beneficios de esta explotación.
En Cataluña, señorías, y lo digo con toda sinceridad, hemos avanzado muchísimo en este aspecto, y afortunadamente sería más difícil encontrar personas que estén trabajando y que no estén cotizando. En todo caso serían personas muy mayores,
que considerarían el trabajo en el campo casi como un entretenimiento más que como una actividad laboral. Creemos que lo realmente adecuado es potenciar el que las personas que están trabajando de forma colectiva, porque son familia o simplemente
porque son una realidad social de hecho, de convivencia, coticen todos como autónomos.
Esa es la mejor manera de reivindicar la igualdad de derechos y la más objetiva.
Los demás puntos, con la salvedad que hemos dicho de que se entienda siempre en colaboración con las comunidades autónomas, nos parecen oportunos, y no tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario, en votar a favor.
Como en mi grupo sabemos que a esta iniciativa se ha presentado una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular que tampoco coincidía exactamente con lo que estoy diciendo, nuestra solicitud es que, si nos avenimos y llegamos a un
acuerdo, mi grupo celebraría que en un tema tan importante, en el que es seguro que todos coincidimos, como es el de desear que la igualdad también se dé en el medio rural, donde aún no se da, se llegase a un amplio consenso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Torrado.
La señora TORRADO REY: En principio, todavía tenemos que terminar de definir con el Grupo Parlamentario Popular el texto transaccional que se está elaborando, pero estoy segura de que llegaremos a un consenso sin ningún problema.
La señora PRESIDENTA: Yo estaré encantada de que así sea.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Borrego.
La señora BORREGO IZQUIERDO: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero felicitar especialmente a la señora Del Valle por su nombramiento. Espero que su trabajo sea una respuesta a la necesidad de todas las mujeres y, como es mujer rural, doblemente felicitaciones.
Asimismo, también quiero agradecer, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la sensibilidad demostrada por todos los grupos hacia la mujer rural. En este momento me gustaría que sintieran lo mismo que el Grupo Parlamentario Popular para
mejorar la situación del mundo de la mujer. De verdad que lo digo con cariño.
Quiero dar comienzo a mi intervención suponiendo que la mayor parte de sus señorías tendrán sus orígenes en pueblos que, estoy segura, les traerán en ocasiones hermosos recuerdos y quizá la imagen de sus abuelos o madres que les harán
comprender las necesidades de las mujeres rurales, aunque algunas de nosotras vivimos en zonas rurales y conocemos perfectamente los problemas que existen.
En los últimos años se han apreciado progresos, aumentando el número de mujeres que hacen valer sus derechos laborales y que se incorporan a la formación profesional. Los cambios sociales que comportan la emancipación femenina se producen
en el medio rural con lentitud. En una sociedad todavía demasiado rígida y patriarcal, son casi siempre los hijos varones los herederos de las explotaciones agrícolas y ganaderas, dejando a un lado a las hijas, quienes generalmente emigran a las
ciudades en busca de una salida profesional más prometedora.
Evidentemente, las jóvenes que ya acceden a una formación más sólida no quieren empeñar su futuro en una situación de dependencia como ésta y persiguen otras alternativas más justas que, necesariamente, implican la búsqueda de su propio
empleo.
Para contestar a los puntos uno y dos de la proposición no de ley voy a referirme tanto a los programas que se están realizando como a los problemas que existen en las zonas rurales, donde hay mayor dificultad para acceder a la formación.
Un primer problema obedece a tener que reunir a un número de mujeres con los mismos niveles educativos en zonas rurales donde apenas hay habitantes y, en segundo lugar, la dificultad de encontrar profesores con especialidades que estén dispuestos a
desplazarse durante el tiempo de duración del curso. De esto no tiene culpa el Gobierno porque hay una política de acción bastante buena donde existen programas de formación, y quiero recordar a sus señorías, por ejemplo, el programa plurirregional
de formación del Ministerio de Agricultura, que tanto por los sindicatos agrarios, organizaciones agrarias y organizaciones no gubernamentales de mujeres rurales están realizando durante años consecutivos cursos específicos para las mujeres del
medio rural.
En el Plan de acción para el empleo del Reino de España se hace constar que el colectivo de mujeres constituye un objetivo prioritario y que, en los últimos años, del total de desempleados formados dentro del Plan de formación e inserción
profesional, el 63 por ciento fueron mujeres.
Por otra parte, el Instituto de la Mujer, en colaboración con las comunidades autónomas, llevó a cabo el proyecto RED-GEA 1998-2000, que estaba encuadrado en el marco de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, Iniciativa
Comunitaria de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos en el NOW, destinado a fomentar las iniciativas de mujeres emprendedoras en el medio rural.
Dada la acogida tan positiva que tuvo este proyecto con la creación de puestos de trabajo y empresas, y como efecto derivado del mismo, han continuado funcionando diversas actividades de formación para mujeres emprendedoras.
Además, el Instituto de la Mujer tiene otras actividades con objeto de favorecer la inserción laboral y mejorar la actividad empresarial de las mujeres a las que tienen acceso las mujeres del medio rural. Las actividades son las siguientes.
Cursos de formación ocupacional. Oferta formativa destinada a mujeres desempleadas con diferentes perfiles
formativos que se realiza en colaboración con ayuntamientos, diputaciones y asociaciones de mujeres en especialidades adaptadas a las demandas locales.
Proyecto Clara. Este proyecto, como saben sus señorías, va dirigido a mujeres en riesgo de exclusión social. También pueden optar las mujeres del medio rural. En este proyecto, como modelo de integración sociolaboral, junto a formación
ocupacional, se desarrollan habilidades sociales, autoestima, técnicas de búsqueda de empleo, orientación para el empleo e información sobre recursos sociales.
Programa de apoyo a mujeres empresarias y emprendedoras (PAEM). Se trata de un programa que se desarrolla en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y 58 Cámaras de Comercio, en el que se ofrece información,
asesoramiento, orientación y apoyo a la gestión de empresas lideradas por mujeres, tanto en los gabinetes ubicados en las Cámaras como a través de un servicio on-line de información rápida las 24 horas.
Programa de formación en gestión empresarial, con acciones de formación y tutoría individualizada para mujeres con un proyecto empresarial, que se desarrolla por la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) en colaboración con el
Instituto de la Mujer, así como a través del Instituto Cameral para el Desarrollo Empresarial.
Apoyo económico para el fomento del empresariado femenino con las siguientes medidas:
'Emprender en Femenino'. Se ofrecen subvenciones a fondo perdido de hasta 6.010 euros destinadas a mujeres que se han establecido como trabajadoras autónomas o han optado por crear su propia empresa en actividades encuadradas en los
denominados nuevos yacimientos de empleo o en aquellas profesiones o sectores en que se encuentran sobrerrepresentadas.
'Programa de Microcréditos'. El objetivo de este programa es financiar a las mujeres emprendedoras sus proyectos empresariales a través de microcréditos con condiciones ventajosas y sin necesidad de avales. Con este fin la Caixa ha creado
una línea de crédito a través de un convenio de colaboración con el Instituto de la Mujer.
Por otra parte, con cargo a la convocatoria de ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado social, y a través de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se vienen
concediendo subvenciones para el colectivo de mujeres para desarrollar programas que tienen como objetivo apoyar a las mujeres del medio rural y del ámbito marítimo-pesquero a través del fomento del empresariado, así como programas de formación y de
empleo, comercialización de productos, creación y gestión de cooperativas, gestión de recursos naturales y medio ambiente, mediante acciones destinadas a facilitar la incorporación de las mujeres a procesos de formación y de acceso al empleo.
Las políticas, por lo tanto, son eficaces, y el Gobierno es plenamente consciente de la necesidad de impulsar el empleo autónomo y de apoyar a las pequeñas empresas, que también existen en las zonas rurales, mayoritariamente de mujeres y que
constituyen un eje esencial de nuestro tejido económico y cuyo impulso es decisivo para el crecimiento económico y la creación de empleo, y lo será de forma cada vez más intensa en el futuro.
Saben, señorías, que existen medidas concretas para la reducción de los costes de Seguridad Social de los autónomos que se den de alta por primera vez en dicho régimen y tengan una edad inferior a treinta años.
Asimismo, existe una
reducción de la base mínima de cotización de las mujeres mayores de 45 años que se establezcan como autónomas y la exención de cotizaciones de los trabajadores autónomos mayores de 65 años.
Otra de las medidas necesarias a adoptar para evitar la discriminación de la mujer agraria y favorecer así su afiliación a la Seguridad Social sería flexibilizar el régimen de acceso al Régimen Especial Agrario, del que se podrían beneficiar
5.000 mujeres agrarias al año.
Señora presidenta, como tengo que defender tantos puntos le ruego que sea benevolente con mi tiempo.
Por lo que se refiere al tercer punto, elaborar un estudio y análisis fiable de la situación de las mujeres en el sector agrario donde conste las profesionales de la agricultura. Como esto ya lo tenemos consensuado, sólo diría a todas sus
señorías que existen estudios sobre la mujer en el tema rural y la agricultura, entre ellos, por ejemplo, la formación para la mejora de la posición de la mujer en el sector agrario; nuevos yacimientos de empleo; orientaciones para su actividad
por mujeres en el ámbito rural; estudios completos socioeconómicos del Ministerio de Agricultura, donde ya existe un estudio sobre mujer, agricultura, pesca y alimentación, y en el Libro Blanco de la Agricultura y Desarrollo Rural se ha dedicado un
capítulo especialmente a la mujer en el sector agrario, en el mundo rural, basándose en los últimos datos del censo, aunque como saben sus señorías existen varios censos, por lo que habría que ver cómo se analiza la situación socio-profesional de
las mujeres agricultoras, tanto en lo que afecta al trabajo familiar como al trabajo asalariado, situaciones que en dicho libro blanco se especifican claramente.
También se ha utilizado una explotación específica llevada por una mujer para realizar una investigación sociológica sobre condiciones de vida y trabajo de los agricultores españoles, donde se ve claramente un centro de los agricultores y
agricultoras profesionales a título principal, y una explotación de personas afiliadas al REASS, sobre la que también existe esa estadística.
Por otro lado, quiero decir que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Federación Española de Municipios y Provincias tienen firmado
un convenio para facilitar un uso directo y poder así realizar programas específicos por Internet.
En cuanto al punto quinto de esta propuesta, que es muy especial, diría que en lo que respecta a las personas mayores, si bien las competencias de servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas, siendo éstas las que deben
abordar la planificación y estrategias globales y específicas de intervención en el citado medio rural, el Gobierno a través del Imserso promueve programas dirigidos directamente a personas mayores en el mundo rural. Puedo enumerar, por ejemplo,
subvenciones del Régimen General a entidades de personas mayores, de ámbito estatal, que desarrollen programas de integración en el ámbito rural. Prioridad en la asignación tributaria del 0,52 del IRPF para programas de centros y servicios que se
desarrollan en el ámbito rural.
Convenios de colaboración con las comunidades autónomas para la aplicación de presupuestos para el desarrollo de servicios. Convenios de teleasistencia con diputaciones provinciales para municipios de menos de
20.000 habitantes, y específicamente municipios de tipo rural. Programas de turismo de naturaleza rural para colaborar con el desarrollo de los municipios de ámbito rural. Programas de termalismo social, que suelen ser en pequeños municipios de
ámbito rural. Formación de profesionales, a través de cursos de posgrado sobre servicios sociales en el medio rural, como el que se realiza conjuntamente entre el Imserso y la Universidad de Valladolid. Difusión de información de interés para las
personas mayores, a través de la revista del Imserso Sesenta y más, que se distribuye en todos los clubes y hogares, y que también llega a las zonas rurales. Y un portal de mayores en Internet, con acceso gratuito a la información para recursos y
servicios sociales.
En el borrador del plan de acción para personas mayores -de donde han podido sacar ideas, por lo cual les felicito-, que se está elaborando en estos momento, se incluyen medidas concretas para la atención de las personas mayores que viven en
el medio rural, y en particular a las mujeres.
Por otro lado, también se está elaborando el programa de acción socio-sanitario, donde se hace especial referencia al medio rural, por sus particularidades, necesidades y carencias. Además, tenemos las distintas ayudas y subvenciones que
concede el Gobierno, tanto a las comunidades autónomas como a las asociaciones o federaciones, a través de convenios y programas...
La señora PRESIDENTA: Senadora Borrego, ¡ánimo! (Risas.)
La señora BORREGO IZQUIERDO: Como se comenta que el Gobierno no está haciendo una política activa, yo quería explicar qué es lo que se está haciendo desde el Gobierno (Rumores.) porque hay muchos programas, y no lo hago con ánimo de cansar
a sus señorías. (La señora Olmedo Checa: ¡Pase unos papelitos!) ¿Paso el papelito?
La señora PRESIDENTA: Señoría, puede usted seguir en el uso de la palabra, pero si lo prefiere, puede hacer llegar a la Mesa sus opiniones, su experiencia y su trabajo, que con mucho gusto se lo haremos llegar a las señoras portavoces.
La señora BORREGO IZQUIERDO: Finalmente, señora presidenta, sobre el punto número seis me gustaría hacer constar que se están llevando a cabo acciones, aunque hay que seguir haciéndolas, y estoy de acuerdo con las demás señorías que han
presentado la proposición no de ley. Las políticas actuales del Gobierno son de apoyo al colectivo de mujeres que, por determinadas circunstancias, tienen especial dificultad en acceder al mercado de trabajo y van orientadas a impulsar la
utilización de las nuevas tecnologías como sistema de trabajo, familiarizándose con este tipo de herramientas.
La mujer del mundo rural, dada su dificultad de acceso a grandes poblaciones donde existe mayor oferta de servicios y mercado de trabajo, es uno de los colectivos a los que se destina de forma especial este tipo de actuaciones, facilitando
así poder trabajar desde sus localidades y ciudades y evitando la despoblación del mundo rural.
El Instituto de la Mujer viene trabajando en esta línea, y tiene programas dirigidos a aumentar el empleo de la mujer y su incorporación al mercado laboral. Estos programas, entre los que se encuentra C-Test, Centro Virtual de Teleservicios
de Nuevas Tecnologías, tienen como objetivo prioritario fomentar mediante el trabajo y la teleformación el empleo de las mujeres, y crear espacios para el desarrollo de estas actuaciones, a través de centros de servicios. Existen en este momento
trece de estos centros.
Saben ustedes, señorías, que también hay cursos sobre cómo gestionar la problemática de compras y almacenes, sobre cómo aplicar la informática a su negocio, sobre cómo fidelizar a su clientela, y otros cursos como Windows 98-2000 e Internet;
creación de páginas web; diseño gráfico; diseño publicitario...
La señora PRESIDENTA: Senadora Borrego, tal vez convendría que su señoría aportara esa documentación, y yo con mucho gusto la haría llegar a los grupos.
La señora BORREGO IZQUIERDO: Muchas gracias, señora presidenta, pero voy a terminar.
El día 3 de abril de este mismo año, hace muy poquito, los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Ciencia y Tecnología firmaron un protocolo que permitirá desarrollar las actuaciones necesarias para la ejecución de programas
específicos, entre los que se encuentra 'Puntos de acceso público rurales', así como un acuerdo marco de colaboración para
la puesta en marcha de estos puntos, y poder disponer de Internet en las zonas rurales. En el acuerdo marco participaron de manera muy especial la entidad pública Red.es y la Federación Española de Municipios y Provincias. Podría haber
dicho mucho más, señora presidenta, (Varias señoras senadoras y diputadas: ¡No! ¡No!) pero creo que es suficiente para que sus señorías tengan una idea de la cantidad de acciones que está llevando a cabo el Gobierno en estos momentos.
Agradezco a todas las portavoces su buen talante, su buena voluntad y la paciencia que han tenido, pero como se ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, si es posible y si llegamos a un acuerdo
a través de una transaccional, yo propondría el siguiente texto: La Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer insta al Gobierno y con las Comunidades Autónomas, con arreglo a sus competencias...
La señora PRESIDENTA: Senadora Borrego, yo entiendo que el grupo parlamentario que ha presentado esta proposición no de ley y todos los grupos parlamentarios que han intervenido, mientras debatimos la siguiente proposición no de ley, último
punto del orden del día, podrían negociar, llegar a un acuerdo y hacerlo llegar a esta Mesa, para posteriormente votarlo.
- SOBRE LA RESOLUCIÓN 1.325, DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) SOBRE LA MUJER Y LA PAZ Y LA SEGURIDAD.
(Número de expediente del Senado 663/000107 y número de expediente del Congreso 161/002098.)
La señora PRESIDENTA: Entramos en el punto sexto del orden del día, proposición no de ley sobre la Resolución 1.325, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la mujer, la paz y la seguridad, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra doña Teresa Riera y Madurell.
La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Para empezar mi intervención, señorías, me gustaría leer un fragmento de un texto de Nuria Varela, porque creo que, de forma resumida, expresa muy bien de dónde nace esta proposición no de ley que vamos a debatir. El texto de Nuria Varela
dice así: Las guerras siembran cosechas de odio que las posguerras recogen. El abuso de poder y la injusticia son las semillas de ese odio. Las mujeres somos doblemente víctimas de esta violencia y de todas las violencias. Las mujeres siempre
perdemos las guerras, todas las guerras, los embargos y las posguerras.
Señorías, esta proposición no de ley fue presentada con gran preocupación a principios del mes de abril. En esas fechas asistíamos al fin de la primera guerra preventiva, apoyada de forma incondicional por el actual Gobierno, bajo la
consabida excusa de que Iraq poseía armamento de destrucción masiva. En la actualidad nos seguimos haciendo las mismas preguntas que entonces: ¿Dónde están las armas? Lo dijimos antes de empezar la guerra y los hechos nos han dado la razón y nos
la siguen dando de forma lamentable. Las peores consecuencias de esta guerra infame e ilegal, como siempre sucede en las guerras, las ha sufrido y las sigue sufriendo la población civil, y muy en especial las mujeres, los niños y las niñas.
Si la situación en Iraq ya era mala antes de la guerra, el retroceso que están sufriendo millones de mujeres en Iraq es verdaderamente alarmante.
Las noticias que nos llegan ofrecen un resultado escalofriante de lo que ha supuesto este
conflicto bélico y la terrible posguerra que se están viviendo en todo el país. La absoluta falta de medios materiales en los hospitales, la insalubridad del agua, e incluso su falta, están provocando una catástrofe humanitaria que, junto a la
inseguridad y a la violencia, hacen casi imposible una vida mínimamente normalizada pese a los grandes esfuerzos de las mujeres que intentan sacar adelante a sus familias para liberarlas de tan terrible situación, pues precisamente son ellas, las
mujeres, las encargadas del cuidado y de la atención a sus familias. Tenemos noticias de que actualmente las mujeres iraquíes embarazadas están dando a luz en sus casas debido a la inseguridad reinante, como también las tenemos de que las amenazas
a las mujeres que no llevan velo o que visten a la occidental van en aumento. El chador negro que cubre el cuerpo de las mujeres hasta los pies está a la orden del día. De las ya pocas mujeres que trabajaban antes de la guerra, son aún menos las
que han vuelto después a sus empleos, y además, las que lo han hecho deben estar acompañadas en todo momento por sus maridos o por algún hombre de su familia que las tiene que llevar a su lugar de trabajo y esperarlas hasta la salida.
Señorías, también nos llegan llamamientos desesperados de organizaciones de mujeres pidiendo apoyo y decisión en las actuaciones de reconstrucción que se están llevando a cabo. Reivindican tener derechos, ni más ni menos derechos que los
hombres, pero temen un retroceso en sus derechos todavía mayor que el que estaban padeciendo en la época de Sadam Husein.
Organizaciones de mujeres que se están formando y también otras que estuvieron prohibidas durante la dictadura, organizaciones
con las que se debería contar ahora para el proceso de reconstrucción del país. Son mujeres que ya han sufrido de forma desproporcionada las consecuencias del embargo y los bombardeos continuos. Han padecido sufrimiento en forma de hambre, de
graves enfermedades, privación de libertad y de sus propiedades, y deberán una vez más reconstruir sus hogares intentando transmitir otros valores diferentes a sus hijos y a sus hijas, valores diferentes de los que les
ha tocado vivir, valores contra la guerra y a favor de la paz.
En estos tiempos posbélicos es urgente, señorías, que las reivindicaciones de las mujeres y el avance en la consecución de sus derechos vuelvan a aparecer en todas las agendas. Esperamos, y sobre todo deseamos poder impedir que queden
borrados en esta circunstancia que estamos viviendo.
Cualquier solución política en Iraq tiene que pasar por contar con las mujeres. En estos momentos en que se habla de alternativas al régimen anterior reivindicamos la presencia de las mujeres en las mesas de negociación políticas. Sin
ellas no es posible encontrar una solución democrática para ese castigado país. Las organizaciones de mujeres, que fueron perseguidas y prohibidas, están ahora luchando por la defensa de los derechos humanos, la paz y el restablecimiento de las
libertades en Iraq. Los países que en estos momentos están ocupando Iraq tienen la obligación de garantizar la seguridad y el funcionamiento de los servicios, y tienen una gran responsabilidad para alentar la formación de un nuevo gobierno que sea
capaz de sacar de ese agujero negro a la población de Iraq, y también para dar cumplimiento a las diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Por estos motivos, señorías, presentamos esta proposición no de ley para que se dé cumplimiento a la Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad. Y dado el
especial papel que ha jugado el Gobierno de nuestro país en este conflicto bélico, España debe adoptar una posición firme en el cumplimiento de esta resolución en lo que a su propia acción se refiere, pero además también debería promover su
cumplimiento entre los demás países ocupantes.
Señorías, en este punto me gustaría resaltar algunos aspectos de esta proposición no de ley, fundamentales en mi opinión para la consecución de una paz verdadera en Iraq, y con los que España debería comprometerse.
España, señorías, como Estado que participa en la negociación y aplicación de los acuerdos de paz, debe promover entre los demás Estados miembros y adoptar una perspectiva de género en la que se tenga en cuenta y se incluyan, entre otras
cosas, las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas y niños durante la repatriación y el reasentamiento, y también tener en cuenta las necesidades de las mujeres para la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción que hay que
llevar a cabo después de los conflictos bélicos. Se tienen que incluir también medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales y los procesos autóctonos de solución de conflictos para hacer participar a las mujeres en todos los
mecanismos de aplicación de los acuerdos de paz.
También deben tenerse en cuenta e incluirse medidas que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y niños, particularmente en lo relativo a la
Constitución, al sistema electoral, a la policía y al sistema judicial. Esto es lo que pedimos en el punto tercero de nuestra proposición no de ley.
El Gobierno debe comprometerse plenamente, y también debe instar a todas las partes en conflicto, a que se respete plenamente el Derecho Internacional, aplicable a los derechos y protección de las mujeres y de las niñas en tanto que civiles,
y en particular las obligaciones correspondientes en virtud de los numerosos convenios y convenciones de Naciones Unidas, tal y como pedimos en el punto cuarto de nuestra proposición no de ley.
Deberá también adoptar medidas especiales para proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia por razones de género, y particularmente de las violaciones y de toda forma de abuso sexual. Esta es nuestra propuesta en el punto quinto.
En el punto sexto, señorías, subrayamos la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la
violencia sexual y de cualquier tipo contra las mujeres y las niñas. A este respecto, señorías, destacamos la necesidad de excluir esos crímenes, siempre que sea viable, de las disposiciones de amnistía.
Además, en otro orden de cosas, y ya termino, señorías, España debería solicitar de las Naciones Unidas un estudio sobre los efectos que tienen los conflictos armados en las mujeres y en las niñas, un estudio que incluyese un análisis del
papel de las mujeres en la consolidación de la paz y en qué medida se tiene en cuenta la perspectiva de género en los proceso de paz y en la solución de conflictos. También se debería invitar al Consejo de Seguridad a presentar un informe sobre los
resultados de este estudio poniendo dichos resultados a disposición de todos los Estados miembros de Naciones Unidas.
Señorías, esperamos que con esta proposición no de ley podamos aportar algo a los procesos de paz entre los pueblos y en particular al pueblo de Iraq, pues trabajando por las mujeres trabajamos por una verdadera democracia.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Loroño en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora presidenta.
La proposición no de ley que estamos debatiendo y que considero ha sido expuesta de forma clara y concisa por la diputada señora Riera, tiene en estos momentos una importancia crucial dado que recientemente
hemos asistido a un conflicto armado en Iraq. Dado que la señora Riera ha hecho amplia mención de todo ello, yo no me voy a extender en esa cuestión. Pero sí hay que resaltar, en concreto, que lo que se plantea en la proposición no de ley
es, en definitiva, adoptar la resolución 1.325, aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213a celebrada el 31 de octubre de 2000 y aplicarla directamente en aquellas recomendaciones que se hacen en la misma para que Estado español pueda
intervenir e incidir en el papel que desempeña la mujer en los conflictos armados.
Esta resolución a la cual hace referencia la proposición no de ley y en la que se basan precisamente los 10 puntos de acuerdos concretos que plantea, recoge, por un lado, los compromisos enunciados ya en la declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, así como los contenidos en el documento final del 23o período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas titulado 'La mujer en el año 2000, igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI', y en
referencia de manera especial a lo relativo a la mujer y los conflictos armados.
Particularmente en los conflictos armados todos reconocemos que las mujeres y los niños son los que en su inmensa mayoría se ven más perjudicados no sólo en el momento del propio conflicto armado, sino, como bien decía la diputada Riera, en
la situación generada posteriormente, una vez finalizado ese conflicto armado y cuando ha de procederse de nuevo a esa reconstrucción y a la resolución definitiva de ese conflicto.
Hay que tener en cuenta también que estas mujeres y estos menores, incluso en calidad de refugiados y personas desplazadas internamente, son de nuevo víctimas y de nuevo, diría yo, sufren una segunda vulneración de los derechos humanos que
les asisten y que están reconocidos en la Convención Universal de Derechos humanos.
Por ello, entendemos que en estos momentos se plantee esta proposición no de ley porque, de hecho, podemos intervenir de forma directa y efectiva en un conflicto armado reciente y, por tanto, ayudar a muchas mujeres y a muchos menores que se
han visto involucrados en ese conflicto armado, previamente a su inicio, durante el desarrollo de ese conflicto y posteriormente en los momentos en los cuales se plantea un proceso de reconstrucción en el que entendemos -y así lo considera este
grupo parlamentario- que deben participar también las mujeres adoptando decisiones y siendo arte y parte en el planteamiento de soluciones definitivas para que un nuevo conflicto no se vuelva a dar en ese país, para que se respeten sus derechos como
personas integrantes de ese país, al igual que a los hombres y, por tanto, avanzar para conseguir que la participación plena de la mujer en los procesos en los que se da un conflicto armado sea real y efectiva.
Compartirán conmigo, señorías, que las mujeres juegan un papel importante tanto en la prevención como en la solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, pero parar ello hay que articular los mecanismos necesarios para que
puedan tomar parte en los ámbitos de decisión.
La proposición no de ley insta a que en este caso concreto un Estado miembro de la Unión Europea, como es España, cumpla determinados puntos de esa resolución y ello se hace a través de esta comisión y se insta a la Asamblea de Naciones
Unidas y a su Secretario General. Pero me surge la duda de si tenemos capacidad como comisión mixta para instar a la Asamblea General de Naciones Unidas, a las propias Naciones Unidas o a su Secretario General. Esta es la duda que humildemente
esta portavoz traslada al conjunto de esta comisión.
Lo único que hace la proposición no de ley es recoger explícitamente puntos concretos de la recomendación y que no son otros más que el punto 1 de dicha recomendación, que es el punto 1 de la proposición no de ley; el punto 7 de la
recomendación, que es el punto 2 de la proposición no de ley, el punto 8, que es el punto 3 de la proposición no de ley; el punto 9, que es el punto 4 de la proposición no de ley; los puntos 10 y 11 que no son otros que los puntos 5 y 6 de la
proposición no de ley, y así sucesivamente. Es decir, que lo que hace la proposición no de ley es adaptar aspectos recogidos en la resolución del Consejo de Seguridad para una intervención directa por nuestra parte cara a participar directamente en
la resolución de ese conflicto, pero haciendo partícipes a las mujeres y a los menores, teniendo en cuenta que forman parte de esa sociedad, pero, a su vez, para que determinadas situaciones no se vuelvan a producir ni en ese país ni en ningún otro.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
La señora Pigem tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La señora PIGEM PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde Convergència i Unió queremos dar una especial bienvenida a esta iniciativa. En primer lugar, porque nos parece que es un claro exponente de la transversalidad de esta comisión, una comisión donde vemos como ahora una iniciativa, que
es general, es global, diría yo que es casi institucional y en la que también vemos iniciativas que se refieren a temas muy concretos, como puede ser el tipo de vestimenta que tienen que llevar las mujeres en determinados medios de comunicación.
Bienvenida sea esta iniciativa porque de alguna manera es exponente de que en esta comisión nada que afecte a las mujeres nos es ajeno.
Si entramos en lo que es la materia concreta, la señora Riera ha centrado su exposición en el tema de la guerra que tenemos más reciente que es la de Iraq. Desde Convergència i Unió compartimos, desde luego, buena parte de los argumentos
que aquí ha dado. Únicamente queríamos añadir que no nos tenemos que olvidar de otras situaciones bélicas. Me refiero, por ejemplo, a Afganistán.
Cuando se produjo el conflicto de Afganistán, esta comisión tomó un interés activo. Pedimos la comparecencia a través de mi grupo parlamentario de una persona bien enterada de cuál era la situación de las mujeres en ese proceso de
reconstrucción de la paz. Analizamos la situación. Y yo creo que éste es también un buen momento para seguir impulsando, para seguir solicitando al Gobierno que tenga una postura activa no sólo con respecto a la perspectiva de género, a la
implicación de las mujeres en la reconstrucción de la paz en Iraq, sino también en Afganistán y en otros lugares del mundo donde desgraciadamente se producen conflictos bélicos.
En cuanto a la parte más sustantiva de esta iniciativa, si se me permite un símil, yo diría que el objetivo del Grupo Parlamentario Socialista es que si esta resolución de Naciones Unidas, la 1.325, fuera una directiva, en definitiva,
estarían solicitando su transposición al derecho interno.
Solicitan un pronunciamiento activo del Gobierno de España implicándose en primera persona en todo aquello que recoge la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1.325.
Nosotros compartimos absolutamente el contenido de esta iniciativa porque se refiere a temas tan importantes como al papel de las mujeres tanto en los procesos bélicos como en los procesos de reconstrucción de la paz, algo que preocupó y que
fue objeto ya de la Conferencia Especial de Naciones Unidas del año 1995 en Pekín y de la revisión de estas conclusiones que tuvo lugar en Nueva York 'Beijing + 5'.
En ellas se ponen de manifiesto dos aspectos muy importantes, primero que hay que tener en cuenta que los conflictos bélicos y la construcción de la paz afectan de manera distinta a los hombres y a las mujeres. Hay un denominador común muy
triste y es la pérdida de vidas humanas, la pérdida de sus casas, de los sitios donde viven, tener que desplazarse, etcétera, pero hay aspectos que afectan de distinta manera a los hombres y a las mujeres; se ha aludido ya a las violaciones, la
esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazados forzados, el que las mujeres muchas veces sean objeto y sean botín de guerra y se las torture y se las humille para conseguir el rendimiento de los hombres de su familia. Por tanto, al
aplicar las normas internacionales de Derechos Humanos es importante que se tengan en cuenta estas diferencias. Por consiguiente, una primera vertiente es que afecta de manera desigual.
Una segunda vertiente, que también se recalca en todas estas resoluciones, es que hay que reconocer en mayor grado la contribución de la mujer en las esferas de consolidación de la paz, el establecimiento de la paz y la resolución de los
conflictos. A esto va encaminado el contenido de las Resolución 1.325 y el contenido de la iniciativa que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, a la que anuncio nuestro voto afirmativo.
Únicamente me gustaría, mediante una enmienda in voce hacer una pequeña contribución del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, simplemente introduciendo en el texto de la iniciativa algo que está en el propio texto de la
Resolución de Naciones Unidas y que también nos parece de especial relevancia. Además de reconocer en mayor grado la contribución de la mujer en las esferas de consolidación de la paz, etcétera, la Resolución 1.325 pide a los Estados miembros que
presenten al Secretario General candidatas para que se las incluya en la lista centralizada que se actualizará periódicamente. Por lo tanto, si esto nos lo pide Naciones Unidas, nosotros podríamos añadir -después del primer punto- que el Gobierno
de España se comprometa a facilitar al Secretario General de Naciones Unidas el nombre de candidatas para que se las incluya en una lista centralizada que se actualice periódicamente.
Por otra parte, la Resolución de Naciones Unidas recalca también la importancia de que todo el personal de mantenimiento de la paz que envían los gobiernos tenga adiestramiento especializado sobre la protección, las necesidades especiales y
los derechos humanos de las mujeres y los niños en las situaciones de conflicto. Recogiendo también el contenido de la propia resolución, pediríamos que al final del apartado 3 a), después de que se tuvieran en cuenta las necesidades especiales
etcétera, se dijera que se impartiera a todo el personal de mantenimiento de la paz adiestramiento especializado respecto de estas necesidades.
Finalmente acabo, señora presidenta, salgo al paso de lo que ha manifestado la portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, señora Loroño, acerca de que dudaba que nosotros tuviéramos competencias para instar a las Naciones Unidas.
Si no he leído mal la propuesta, no somos nosotros los que instamos; nosotros instamos al Gobierno para que este a su vez inste y, naturalmente, tiene todas las competencias.
Por lo tanto, rogando que se admitan estas enmiendas bienintencionadas in voce, que formula mi grupo parlamentario, anuncio nuestro voto a favor.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Tiene la palabra la señora Riera Madurell.
La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero agradecer a los grupos que han intervenido su apoyo a nuestra proposición no de ley.
Respecto a las enmiendas in voce que ha presentado la señora Pigem, le diré que el Grupo Parlamentario Socialista tiene presentada otra proposición no de ley que hace referencia directa a la participación de las mujeres en la toma de
decisiones en política exterior y de seguridad, que contemplaría los aspectos aludidos por su señoría, pero en absoluto nos importa incluirlos aquí y, por tanto, aceptamos su enmienda.
También quiero decirle que nos parece muy bien que desde esta Comisión se siga haciendo un continuo seguimiento de las situaciones post-conflicto en países donde ha habido un conflicto grave, como se hizo en el caso de Afganistán.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Do Campo, en nombre del Grupo Parlamentario Pupular.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora presidenta.
Diputada Riera, desde el Grupo Parlamentario Popular no vamos a entrar en afirmaciones y argumentos acerca de la Guerra de Iraq y cuál es la situación actual de reconstrucción de ese país, porque es un tema lo suficientemente importante que
sería cuestión de otro debate. Nosotros consideramos que debemos de entrar directamente en lo que es el contenido de esta proposición no de ley, que coincide también ya en parte con una propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la
Comisión de Cooperación Internacional de Desarrollo, aprobada por unanimidad, en la que se instó al Gobierno para que las mujeres también estén presentes en la reconstrucción de los países después de una guerra.
Dicho esto, desde el Grupo Parlamentario Popular anunciamos, en primer lugar, nuestro voto favorable a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que contempla una serie de medidas dirigidas a garantizar la
seguridad de las mujeres en los conflictos armados. Desde el Grupo Parlamentario Popular no podemos hacer objeciones a esta iniciativa, dado que la misma recoge medidas dirigidas a los Estados miembros contempladas en la Resolución número 1.325,
aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el 31 de octubre del año 2001. También en principio nos parecen positivas las dos propuestas presentadas por la Diputada Pigem, pero nos gustaría que, por favor, nos
hiciese llegar directamente esa propuesta para ver la forma de incluirles en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, históricamente y como ya se ha recordado, se ha demostrado que las mujeres y también los niños y niñas en una situación de conflicto armado representan uno de los colectivos de personas en situación de mayor indefensión por el
simple hecho de ser mujeres. Como ustedes saben en 1993 el Consejo de Seguridad estableció el Tribunal Internacional Criminal para la ex Yugoslavia y en 1994 el Tribunal Internacional para Ruanda, y por primera vez la violación y la esclavitud
sexual durante la guerra han sido calificadas de forma explícita como crímenes contra la humanidad.
Más adelante, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, acordado en Roma, incorporó la perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de los crímenes previstos en el Derecho Internacional.
Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos recordar cómo nuestro país, España, ha apoyado siempre cualquier iniciativa para la prevención de estas situaciones y ha participado en los diversos foros internacionales de estudio y de debate
del problema. Hemos de destacar también cómo recientemente el Gobierno de España, a través del Instituto de la Mujer, estuvo presente en la V Conferencia Ministerial europea sobre la igualdad entre mujeres y hombres; la participación de las
mujeres en la prevención, gestión y solución de conflictos, celebrada en la ciudad de Skopje en enero del 2003. En dicha Conferencia, el Instituto de la mujer recalcó la importancia del papel de la mujer en la democratización, prevención de
conflictos y consolidación de la paz, y quedó patente de la misma manera el compromiso del Consejo de Europa con el desarrollo de estrategias para la erradicación de las causas de los conflictos y su aplicación efectiva en relación con las mujeres.
Desde este grupo parlamentario vemos muy positivo también la propuesta de este organismo como estrategia clave para la erradicación de las causas que originan gran parte de los conflictos derivados de diferencias religiosas, raciales o
ideológicas; la promoción activa de una cultura y una práctica de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos económico, cultural, político y social. Está claro que la educación en el respeto de los derechos humanos de todas las
personas, la resolución pacífica de todas las controversias y el diálogo son los instrumentos clave en los que tenemos que trabajar para superar las tensiones que se producen en una sociedad.
También desde el Grupo Parlamentario Popular, y dentro de lo que es el ámbito internacional, consideramos necesario consolidar la perspectiva de género a través del aumento de la participación de las mujeres en los programas de asistencia
técnica y humanitaria de consolidación de la paz, así como en los procesos de negociación y acuerdos y de poner fin a los conflictos. Así, nos parece muy positivo el que en los últimos años España haya ido incrementando la participación de las
mujeres españolas en las actuaciones internacionales dirigidas a estos fines, por ejemplo, en los contingentes militares que participan en misiones de paz, como observadoras internacionales en los procesos electorales,
-y me estoy refiriendo a procesos electorales de centro-América, de Bosnia-Herzegovina, de Kosovo y de otros países- y como cooperantes en los procesos de reconstrucción posteriores a los conflictos armados.
Si bien, como he expuesto anteriormente, desde el Grupo Parlamentario Popular no hacemos objeción al contenido específico de la proposición no de ley, hemos de insistir en que la posición del Gobierno ha sido siempre la de que la actuación
coercitiva llevada a cabo por las fuerzas de la coalición internacional en Iraq estaba plenamente amparada por la Resolución 1.431. Me voy estoy refiriendo en concreto al párrafo segundo de la exposición de motivos, párrafo que desde nuestro grupo
considerábamos innecesario.
Dicho esto reiteramos el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, insistiendo en la necesidad de continuar con las políticas de conceder una importancia de primer orden a las cuestiones de género planteadas en la
misma y poniendo sobre todo un acento particular en lo tocante a la prevención de conflictos y consolidación o mantenimiento de la paz, y como no podía ser de otra manera, a la reconstrucción de los países.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Do Campo.
¿Señorías, estamos en condiciones de iniciar las votaciones de estas proposiciones no de ley? (Pausa.)
Votamos en primer lugar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la creación de centros especiales de internamiento para hijos e hijas menores de madres privadas de libertad, que tiene una enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 21; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la realización de un estudio para conocer cuál es el desarrollo de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de
la vida familiar y laboral. A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda in voce del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 21; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la tercera proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a mejorar la situación de las mujeres en el medio rural. A esta proposición se ha presentado una enmienda transaccional del Grupo
Parlamentario Popular.
¿Ha sido la mencionada enmienda transaccional aceptada por todos los grupos e incorporada al texto? (Pausa.)
La señora PIGEM PALMÉS: Señora presidenta, ¿le importaría leer a su señoría el texto de la enmienda transaccional que hemos de votar?
La señora PRESIDENTA: Leo a continuación el texto de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular con unas introducciones realizadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió: La Comisión Mixta de
los Derechos de la Mujer insta al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas, con arreglo a sus competencias, en primer lugar, continúe e intensifique la acción formativa en favor de la mujer rural, cuidando de que se adopten las
necesidades y condiciones del medio rural; continuar y potenciar las políticas de fomento al empleo y autoempleo femenino rural; estudiar cómo establecer una cotización única para los autónomos y sus ayudantes calculada sobre los beneficios de la
explotación; actualizar los estudios existentes para analizar la situación de la mujer rural y que se haga constar las profesionales de la agricultura, pesca y alimentación; potenciar las políticas de bienestar social dirigidas a la atención
sociosanitaria, intensificando y facilitando la conciliación entre la vida familiar y laboral en el medio rural, en especial el fomento de la atención a la primera infancia y a las personas mayores; aumentar la oferta del programa de formación
flexible a través de Internet para conseguir una amplia disponibilidad, contenidos de formación a las mujeres del medio rural y facilitarles el conocimiento al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación.
¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
Por último votamos la proposición no de ley sobre la Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la mujer y la paz. A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas in voce del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió que han sido aceptadas por el grupo proponente. (La señora Sainz García pide la palabra.)
Tiene usted la palabra señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Hemos intentado conocer el texto de dichas enmiendas a través de la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y creo que se introdujo un pequeño matiz en la redacción propuesta.
En lugar de un punto y
aparte en el primer apartado,
habría una coma seguida de un gerundio. Es decir en lugar de 'Facilitar...' figuraría '..., facilitando...'
Ésta es, pues, la modificación introducida en cuanto a la redacción, que así ha sido asumida por nuestro grupo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda, pues, aprobada.
Antes de terminar recuerdo a sus señorías que a continuación se celebrará una reunión de Mesa y portavoces de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. Asimismo, y desde el recuerdo a la señora Martín Vigil, excelente compañera y mejor
persona, les informo que se han incorporado a la comisión doña Lourdes Muñoz Santamaría, doña María de Gracia Hernanzsanz Ruiz y doña Belén Ruiz a quienes damos la bienvenida y deseamos desarrollen un buen trabajo.
Por otra parte, la señora vicepresidenta me pide que les retransmita su agradecimiento por todas las muestras de solidaridad y cariño que ha recibido de sus señorías.
Dado que entiendo que de momento no habrá ninguna otra reunión de comisión durante este período de sesiones, les deseo que tengan unas felices vacaciones.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y veinte minutos.