CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 28

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS

Sesión plenaria núm. 26

celebrada el jueves,

29 de febrero de 2024

ORDEN DEL DÍA:


Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria.


- Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2024. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 92, de 23 de febrero de 2024. (Número de expediente 430/000004) ... (Página4)


Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.


- Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 92, de 23 de febrero de 2024. (Número de expediente 430/000003) ... (Página34)


Debates de totalidad de convenios internacionales.


- Denuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 7, de 12 de enero de 2024. (Número de expediente 110/000001) ... (Página34)


Decaído del orden del día ... (Página30)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas.


- Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 7-1, de 9 de febrero de 2024. (Número de
expediente 121/000007) ... (Página30)

Página 2

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página31)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página32)


Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página33)


Debate relativo al plan de reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Votación) ... (Página34)


Debates de totalidad de convenios internacionales. (Votación) ... (Página34)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página34)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página4)


Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2024 ... (Página4)


Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página4)


Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página34)


En nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) expone a la Cámara la información sobre los puntos de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX, y Martín Urriza, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; las
señoras Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano, y Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rego Candamil y la señora Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto; y el señor González Gracia,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Debates de totalidad de convenios internacionales ... (Página22)

Página 3

Denuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994 ... (Página34)


En defensa de la propuesta que tiene la consideración de enmienda a la totalidad interviene el señor Requena Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Boada Danés, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y los señores Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo
Parlamentario VOX; Mercadal Baquero, del Grupo Parlamentario Socialista.


Hace uso de la palabra el señor Tellado Filgueira, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Decaído del orden del día ... (Página30)


La Presidencia informa de que ha decaído el punto del orden relativo a los debates de totalidad de iniciativas legislativas, debido a que han sido retiradas las dos enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al Proyecto de Ley por la
que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.


Asimismo, informa de que se someterá a votación la solicitud y avocación a Pleno presentada a esta iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Republicano.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página31)


Sometida a votación separada por puntos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a impulsar proyectos de transformación económica y social de nivel regional, son rechazados todos.


Sometida a votación separada por puntos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Belarra), relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania, se aprueba el
número 3 y se rechaza el resto.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página32)


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Catalán), sobre las medidas que va a adoptar el ministro del Interior para acabar con los actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a
los terroristas, se rechaza por 171 votos a favor y 175 en contra.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre la situación del Delta del Ebro, se aprueba por 314 votos a favor y 33 en contra.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la escasez de medios para hacer frente al narcotráfico y la responsabilidad del Gobierno en el asesinato de dos
guardias civiles en Barbate, se aprueba por 171 votos a favor, 165 en contra y 11 abstenciones.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para garantizar la
independencia del Poder Judicial se rechaza por 171 votos a favor y 175 en contra.

Página 4

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página33)


Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el
límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024, se aprueba por 176 votos a favor y 171 en contra.


Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Votación) ... (Página34)


Sometida a votación el acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se aprueba por 176
votos a favor y 171 en contra.


Debates de totalidad de convenios internacionales. (Votación) ... (Página34)


Sometida a votación la propuesta con consideración de enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la denuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994, se
rechaza por 137 votos a favor, 176 en contra y 34 abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página34)


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se creía la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Pública, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, se aprueba por 346 votos a favor.


Se levanta la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:


- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 2024-2026 Y EL LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL AÑO 2024. (Número de expediente 430/000004).


DEBATE RELATIVO AL PLAN DE REEQUILIBRIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:


- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE REMITE A LAS CORTES GENERALES EL PLAN DE REEQUILIBRIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 430/000003).


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señoras y señores diputados. Vayan ocupando sus escaños, por favor.


Se reanuda la sesión. (Rumores). Por favor, pido un poco de silencio.

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Continuamos con los puntos del orden del día relativos al acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores
para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024 y al acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se debatirán de forma acumulada conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces.


Para presentar los acuerdos, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero. Cuando quiera.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.


Efectivamente, comparezco de nuevo ante la Cámara para presentar los objetivos de estabilidad presupuestaria, también de deuda pública, para el conjunto de administraciones y de cada uno de los subsectores en el periodo 2024-2026;
igualmente, informaré del límite de gasto no financiero y del Plan de Reequilibrio; todos ellos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 13 de febrero.


Como recordarán seguramente sus señorías, estos mismos objetivos ya tuvieron el apoyo mayoritario de este Congreso de los Diputados el pasado 10 de enero, y, en cambio, sufrieron el veto del PP y de VOX en el Senado el pasado 7 de febrero.
Por ello, dando cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, nuevamente traemos los objetivos de estabilidad para someterlos a votación por segunda vez.
Porque, como ya tuvimos ocasión de comentar, con este acuerdo, las comunidades autónomas contarían para este año con una décima más de margen en el objetivo de déficit, y los ayuntamientos, con dos décimas más. Por tanto, señorías, los grupos
parlamentarios que se posicionan en contra realmente lo que están haciendo es perjudicar directamente a los ciudadanos, que son los destinatarios de los servicios públicos que se gestionan en las administraciones territoriales. (Aplausos).


Tengo que decir que me parece triste que el único objetivo del Partido Popular con esta política de bloqueo sea intentar dilatar, demorar la actuación del Gobierno de cara a la presentación y a la tramitación de los presupuestos generales
del Estado. En realidad, al Partido Popular ni le importa el interés general ni le importa el bienestar de la ciudadanía. Porque, repito, con esta actitud, lo único que demuestran es que no quieren permitir que las comunidades y los ayuntamientos
tengan mayor capacidad de actuación para mejorar los servicios públicos en los próximos tres años, algo totalmente incomprensible y que se aleja de la lógica tanto política como económica. Lo podrán disfrazar como quieran, pero lo que están
haciendo es, ni más ni menos, impedir que las administraciones territoriales tengan mayor espacio fiscal y, por tanto, tengan más recursos. Porque, en el caso de que esta senda no salga adelante, operaría la prevista en el programa de estabilidad
del mes de abril, que ya cuenta con el aval de las instituciones europeas.


Y, señorías del Partido Popular, como saben perfectamente que esta estrategia es dañina, en los territorios donde ustedes gobiernan han intentado disfrazar su negativa con una oferta engañosa de diálogo. Dicen que quieren negociar con el
Gobierno cuando en realidad pretenden lo de siempre: una rebaja indiscriminada de impuestos, que beneficia fundamentalmente a rentas altas y grandes patrimonios, que es lo que hacen en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular.
Porque no es igualdad lo que hacen en Andalucía al perdonar -escuchen- 6000 euros al año al 0,2 % a los contribuyentes que son -evidentemente- más ricos, cuando eliminan el impuesto sobre el patrimonio. Y porque no es igualdad lo que sucede en la
Comunidad de Madrid, donde paga más impuestos el trabajador que gana 1500 euros al mes que el que hereda, por ejemplo, 2 millones por ser rico de cuna. Y tampoco es igualdad lo que ha sucedido en Extremadura, donde, al mismo tiempo que suprimen el
impuesto de patrimonio, se elimina la gratuidad universal de los comedores escolares. Esta política no es compartida, evidentemente, por mi formación política. Por cierto, tampoco se entiende muy bien que quienes protagonizaron la mayor subida del
IVA de la historia de nuestra democracia ahora pidan rebajar el IVA a ciertos productos, voten en contra de la bajada del IVA de la luz o de los alimentos y, a continuación además, reclamen al Estado por estas partidas compensación económica por una
caída de la recaudación. (Aplausos). Puro cinismo, hipocresía. Hipocresía política la del Partido Popular a la que ya estamos acostumbrados, por desgracia.

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Señorías, vuelvo a recordar que todo este debate se produce en un contexto de retorno de las reglas fiscales de la Unión Europea, que han permanecido suspendidas estos años como consecuencia de la pandemia. Lo que se pretende ahora en la
Unión Europea es dotarnos de un sistema más equilibrado, más realista, para reducir la deuda de manera compatible con el impulso a la inversión productiva y al crecimiento inclusivo y sostenible. En todo caso, saben que en el Gobierno de España
hemos mantenido nuestro compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Siempre, y hay que repetirlo para que, aquellos que no quieren que la realidad sea esta, aprendan a objetivarla, hemos cumplido con
el objetivo de reducción del déficit en estos últimos tres años. Siempre hemos defendido que la mejor manera de preservar un Estado del bienestar fuerte, sobre todo para las siguientes generaciones, y tener una cierta autonomía es garantizar la
sostenibilidad de los servicios públicos en el medio y en el largo plazo. Por ello hemos aplicado, durante todo este tiempo, una estrategia fiscal prudente, a pesar de un contexto -lo saben- muy complejo que hemos vivido en los últimos años.
Además, esto nos ha permitido adoptar medidas focalizadas en los colectivos vulnerables, en las rentas medias y, por tanto, hemos demostrado que es posible una política fiscal más eficaz, más redistributiva que la que se practicó en la crisis
financiera que gestionó el Partido Popular.


Pero, si alguien no cree en las palabras del Gobierno, yo les invito a comprobar estas cuestiones a través de los datos oficiales. Porque España ha crecido un 2,5 % en 2023; un crecimiento, fíjense, cinco veces superior al de la media de
Europa, que supera todas las previsiones de organismos internacionales, pese a un contexto de subida de tipos de interés. El año pasado, se crearon más de 780 000 empleos. Cuatro de cada diez nuevos empleos de la Unión Europea se crean en nuestro
país, en España; un 40 % de la totalidad de ese nuevo empleo. La reforma laboral ha reducido la temporalidad de forma significativa hasta el 16,5 %, lo que sitúa a España prácticamente en la media europea. Dos millones y medio de trabajadores se
han beneficiado de la subida de un 54 % del salario mínimo interprofesional, de 736 a 1134 euros. La pensión media se ha incrementado un 29 % y hemos aliviado cargas tributarias de quien menos gana. En definitiva, señorías, todas son medidas que
han logrado favorecer un crecimiento económico vigoroso, reducir la pobreza, reducir la desigualdad; y, por tanto, se ha demostrado que los colectivos vulnerables han podido enfrentar mucho mejor la situación, a pesar del contexto de incremento de
los precios. Y todo ello lo hemos hecho reduciendo el déficit público prácticamente a la mitad y bajando 17 puntos porcentuales la ratio deuda-PIB en tan solo tres años desde el comienzo de la pandemia.


Yo comprendo, señorías, que la gestión que hemos hecho de la economía y la política fiscal no sea compatible con ese relato catastrófico que quiere instalar la derecha en la opinión pública; pero de verdad que hemos demostrado que hay otra
forma muy distinta de enfrentar la crisis económica y, por tanto, de proteger el tejido productivo y a la ciudadanía. Nos hemos enfrentado, desde luego, a una crisis económica sin precedentes y lo hemos hecho sin aplicar ningún tipo de recorte en
los servicios públicos. Todo lo contrario, ha habido una mayor presencia del Estado para proteger el empleo, la renta o el tejido empresarial. Para la política económica de la derecha esto es difícil de asimilar, porque cuestiona todos los mantras
neoliberales, ya que da unos resultados que no son los que les gustaría. Pero la experiencia demuestra que las políticas de apoyo a este Estado del bienestar contribuyen a un crecimiento inclusivo, también sostenible, y dejan atrás esa austeridad
suicida que se practicó durante la pasada crisis financiera. (Rumores). Señora presidenta, el murmullo realmente dificulta continuar el debate. Se lo pido a sus señorías.


No voy a explayarme, en esta parte que queda ya de mi intervención, en contar de nuevo la senda que planteamos, la conocen perfectamente. Lo que proponemos es un objetivo de déficit del 3 % del PIB para este año, del 2,7 % en 2025 y del 2,5
% en 2026. El mayor esfuerzo para alcanzar ese objetivo del 3 % lo realiza la Administración central, que se queda en el 2,7 % a cambio de flexibilizar la senda de comunidades autónomas y de entidades locales; un margen adicional que se une al
incremento de los recursos procedentes del sistema de financiación. Han sido, en este apartado de recursos para administraciones territoriales, casi 20 000 millones de euros más -escuchen, 20 000 de euros más- que en 2023, un 15 % más de ingresos
procedentes del sistema de financiación. En el caso de entidades locales, serán 27 885 millones, un 29,3 % más que los de 2023. (Aplausos). De esta manera, las administraciones territoriales más próximas a la vida cotidiana de los ciudadanos van
a poder contar con mayor margen de maniobra, con más recursos, que podrán utilizar, si así lo deciden sus gobiernos, para mejorar servicios que son parte de sus competencias: la sanidad, la educación, la ayuda a la dependencia, la vivienda, que son
fundamentalmente aquellos que pretenden la mejora del bienestar de los ciudadanos. Por ello, reitero que resulta incomprensible que el Partido Popular rechace estos objetivos que, insisto, son mejores que los que se contemplaban en el programa de
estabilidad de abril para las comunidades autónomas y

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ayuntamientos donde gobiernan y que son los que entrarán en vigor si continúan con esa estrategia de bloqueo. Y voy a repetirlo las veces que haga falta: actuar en contra de los propios intereses de las comunidades autónomas donde se
gobierna no tiene absolutamente ningún sentido, porque sería renunciar a mejorar los servicios públicos de los ciudadanos, algo totalmente incomprensible si las políticas públicas se orientan al interés general.


Bloquear los objetivos de estabilidad, créanme, no tiene pies ni cabeza, salvo que el único interés que les dirige sea seguir poniendo palos en las ruedas a este Gobierno, como llevan haciendo más de cinco años, por ejemplo, con la
renovación del Consejo General del Poder Judicial, sin importar lo más mínimo el cumplimiento de la Constitución, el buen funcionamiento de las instituciones, el bienestar de los ciudadanos o su propia coherencia interna. Porque si rechazan esta
senda que propone el Gobierno, ¿me quieren decir, señorías del Grupo Popular, qué van a hacer en Andalucía, que ha hecho su presupuesto con una décima de objetivo de déficit, que es el que proponemos a votación? ¿Qué van a hacer en Castilla y León,
que también acaba de presentar su presupuesto el pasado día 22 con un déficit de una décima, que es la que propone este Gobierno? ¿Encuentran sus señorías alguna lógica a lo que está haciendo el Partido Popular? ¿Cómo se le explica esto a la
gente?


Además, quiero dejar claro que, aunque se vete, aunque crean que vetando estos objetivos de estabilidad el Gobierno no va a poder aprobar los presupuestos para 2024, se equivocan, porque no imaginan el alcance que podría tener esa hipótesis
en otras administraciones -hipótesis que el Gobierno no comparte-, si ustedes consideran que votando en contra de los objetivos de los subsectores no se pueden formular propuestas de presupuesto. ¿Qué pasaría en los ayuntamientos, en comunidades
autónomas que sí han formulado propuesta de presupuesto? Según su hipótesis, no podrían hacerlo. ¿Qué ocurriría, señorías? Desde luego, es una hipótesis que no comparte este Gobierno; es evidente que con los objetivos del plan de estabilidad se
pueden formular estos proyectos de presupuesto. Pero estaría bien que el Partido Popular explicara, por una vez, las contradicciones en las que incurre al votar en contra de esos intereses, sobre todo, al hacer una hipótesis que no tiene ni pies ni
cabeza para sus propios intereses.


Hablando de deuda pública, quiero desterrar también esa idea que la derecha quiere instalar sobre el aumento de la ratio de endeudamiento, porque hay que ser rigurosos, señorías del PP. España sigue reduciendo a un ritmo importante la deuda
pública en porcentaje del PIB; es decir, la ratio que mide el endeudamiento. En poco más de tres años, la deuda se ha reducido en 17,6 puntos porcentuales desde el máximo que alcanzó en la pandemia, gracias al crecimiento de la economía española y
a la ejecución de una política fiscal responsable. Este fuerte crecimiento ha posibilitado el empleo de calidad, la mejora de los ingresos públicos y el uso eficiente de estos nuevos ingresos; esas son las tres causas fundamentales de la reducción
de la deuda pública. Además, se ha llevado a cabo por parte de este Gobierno una financiación prudente por parte del Tesoro, que se traduce en un alargamiento de la vida media de la deuda de hasta ocho años, lo cual suaviza el impacto de la subida
de los tipos de interés al tener mayor margen de maniobra para nuestros intereses. De cara a los próximos años, vamos a continuar con ese compromiso de reducción con el objetivo de llegar al 106,3 del PIB este año; al 105,4 en 2025 y al 104,4 en
2026. Y ello sin comprometer ámbitos estratégicos de inversiones para el futuro como la política verde, la digital o las políticas sociales o de otros sectores. Por subsectores -para que quede constancia en el Diario de Sesiones-, las comunidades
situarán la deuda en el 21,7 en 2024, en el 21 en 2025 y en el 20,3 en 2026. Las entidades locales -también para su reflejo en el Diario de Sesiones- llegarán al 1,4 en 2024 y al 1,3 en 2025 y 2026.


Y, finalmente, respecto al Plan de Reequilibrio, tampoco me voy a detener más de lo que lo hice en la anterior sesión, más allá de recordar que es la primera vez que se aprueba en este país un plan de reequilibrio sin recurrir a la política
neoliberal de recortes indiscriminados de gasto público, que tanto daño hizo en la anterior crisis financiera. Quizá por eso, el Partido Popular no quiere hablar de la gestión de este Gobierno y, por eso, intenta que la crispación, que la
polarización lo tape todo y no se hable justamente de parámetros económicos y maneras de afrontar la crisis. Porque, señorías, el Gobierno va a seguir apostando por un modelo de crecimiento transformador, equilibrado, inclusivo, sostenible desde el
punto de vista medioambiental, social y fiscal. Tenemos el aval de la Comisión Europea. El programa de estabilidad del mes de abril se evaluó positivamente, y la Comisión ha confirmado que las proyecciones fiscales de nuestro país para este año
están alineadas con las recomendaciones fiscales de la propia Unión.


Termino refiriéndome de forma breve al límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2024, lo que llamamos techo de gasto, que asciende -también a efectos de que conste en el Diario de Sesiones- a 199 120 millones, un 0,5 %
más que en 2023. Si se descuentan los fondos europeos, el

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límite queda en 189 215, lo que supone un aumento del 9,3 %. Tienen ya las cifras en su poder y, como saben, este último parámetro no se somete a votación. Se trata de un límite de gasto prudente, claramente coherente con la senda de
consolidación fiscal del medio plazo que votamos, y que permite tener un colchón en caso de que tuviéramos que recurrir a él ante cualquier eventualidad, conociendo la incertidumbre internacional en la que estamos en el entorno europeo y en el
entorno global.


Señorías, voy a apelar de nuevo a la responsabilidad. Hay grupos parlamentarios aquí presentes que han demostrado mucha más altura de miras al aprobar estos mismos objetivos el pasado 10 de enero en el Congreso y el 7 de febrero en el
Senado, y quiero agradecerles a estos grupos, públicamente desde esta tribuna, el apoyo a que efectivamente las administraciones territoriales puedan mejorar. Han demostrado que, aunque podamos tener -y las tenemos- discrepancias ideológicas,
sabemos identificar cuándo un elemento es de verdad importante para el bienestar de la ciudadanía. Al Partido Popular le vuelvo a emplazar a que sea coherente, que se implique con el interés general. Señorías, dejen atrás la política de
confrontación o de tierra quemada, hagan una política útil para el país, y, si no son capaces de hacer esto, al menos no perjudiquen a los territorios donde gobiernan. Señorías, pido que, con su voto, aprueben de nuevo estos objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones y cada uno de los subsectores e, igualmente, el Plan de Reequilibrio que acabo de presentarles. Todo ello será, ni más ni menos, señorías, en beneficio del
bienestar general y de los ciudadanos y ciudadanas de este país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta primera.


En turno de fijación de posiciones, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Marí Bosó por un tiempo de diez minutos.


El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora presidenta.


Defender mi honor desde el Grupo Mixto, me permitirá asistir al final de esta partida, obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara. Señora Montero, ¿ha mirado ya a la cara
al señor Ábalos? (Aplausos.-La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien, muy bien!). ¿Ha interpretado usted en la cara del señor Ábalos la aceptación o el rechazo de la senda de estabilidad que hoy nos trae de nuevo? (Rumores). Señorías, cien
días de Gobierno, cien días de escándalos y cien días de descomposición. Su Gobierno, señora Montero, depende cada vez de más gente. Depende de los intereses particulares de los señores Puigdemont, Junqueras, Otegi; depende de la señora Belarra y
de la señora Montero; del PNV, y, ahora, depende del señor Ábalos. Si no ha mirado aún a la cara del señor Ábalos, debería. Pero, en todo caso, mírenos a nosotros a la cara y díganos: ¿a qué se ha dedicado estos cinco años? ¿A mirar hacia otro
lado, como hizo con los ERE? ¿Dónde estaba usted, señora Montero, cuando las tramas de comisionistas campaban a sus anchas -y no sabemos si aún siguen campando a sus anchas- en los ministerios del Gobierno del señor Sánchez? ¿Dónde estaba usted?
(Aplausos). ¿Y los fondos europeos, qué control ha establecido como responsable de fondos? ¿Qué evaluaciones ex post o ex ante ha hecho respecto de la gestión de fondos en su Gobierno? ¿Qué control ha ejercitado? ¿Y en el resto de
administraciones? ¿Usted se quita de en medio los fondos y ya está? Señora Montero, mírenos a la cara y conteste. ¿Qué responsabilidades ha tenido usted en el festival de contrataciones irregulares del Gobierno del señor Sánchez? ¡Conteste!
(Aplausos).


Es usted la vicepresidenta primera de un Gobierno descompuesto y cosido por corruptelas, es usted la vicepresidenta de un Gobierno al que respalda una mayoría en desbandada al Grupo Mixto y hoy no puede venir aquí a contarnos la senda de
futuro ni a contarnos sus políticas económicas equivocadas; hoy tiene que venir usted aquí a dar explicaciones cumplidas del caso Sánchez (protestas) y a explicarnos qué medidas ha adoptado ante comportamientos deshonestos de su Gobierno y de su
partido. (Aplausos).


En estas condiciones, vuelve hoy con un acuerdo de senda de estabilidad y plan de reequilibrio, el mismo acuerdo de senda de estabilidad y plan de reequilibrio que ya le rechazaron ampliamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos,
el mismo acuerdo que le rechazaron las Cortes Generales, porque el Senado le rechazó el acuerdo. Hoy viene aquí con el mismo acuerdo: así entiende usted la democracia. Hoy estamos de nuevo aquí porque usted no ha sido capaz de cambiar la ley en
cinco años y, afortunadamente, porque no ha podido silenciar al Senado. Hoy estamos aquí por todo eso, señoría. Estamos aquí porque usted no atiende a ninguna razón. Usted dice que son ofertas engañosas de negociación. Compruébelo, señoría,
siéntese a negociar. Sin embargo, usted no es capaz de negociar

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nada en beneficio del conjunto de los españoles, ni la rebaja del IVA a la carne, al pescado, las conservas, ni siquiera la redistribución de déficit entre las administraciones. ¿Algo que beneficie a los españoles? No, usted solo lo que
beneficie los intereses particulares de los separatistas: amnistías, derechos de independencia... En eso sí, ahí usted se pone firme y enseguida va a negociar. (Aplausos). Es el mismo acuerdo: así entiende usted la democracia.


Pero la ley dice que, si el Congreso o el Senado rechaza los objetivos, en el plazo de un mes el Gobierno remitirá un nuevo acuerdo, que se someterá al mismo procedimiento. ¿Nos quiere contar qué procedimiento ha seguido usted? ¿Nos quiere
contar, sobre ese nuevo acuerdo, qué pronunciamiento ha hecho el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la Comisión Nacional de Administración Local? Nosotros ya sabemos que para usted lo de cumplir la ley es como pedir peras al olmo. Pero,
oiga, no es tan difícil, ni siquiera requiere un informe de abogacía de esos que necesitan; se someterá al mismo procedimiento. ¿Qué parte de que se someterá al mismo procedimiento no entiende, señora Montero? Creo que usted es inteligente y, con
respeto, sé que entiende lo que lee. Por tanto, lo que pienso es que a usted le dan igual los objetivos, le dan igual los procedimientos; usted lo único que quiere es el regate en corto, seguir montando lío. Señora Montero, hay que adoptar
objetivos, distribuirlos mejor, negociarlos y no saltarse la ley. ¡Así entiende usted la democracia!


Y en estas condiciones, señorías, ante un Gobierno débil, descompuesto, cosido por las corruptelas y que no entiende la democracia, nos hemos de preguntar qué votamos hoy. Y, señorías, en nuestra opinión, hoy no votamos una décima más o una
décima menos de déficit; no, hoy votamos la intención de la señora Montero de quedarse con 40 000 millones de déficit público para su descontrol y para pagar precios políticos. Eso es lo que votamos hoy, señorías. (Aplausos). Y además votamos
hoy una política económica y presupuestaria, la de su Gobierno, claro, porque nos ha dicho que todo va muy bien, y, en particular, nos ha dicho que usted todo lo hace muy bien. Pero la realidad es muy distinta, señorías. Nosotros votamos hoy una
política económica y presupuestaria que ha aumentado la presión fiscal más que nadie en la Unión Europea, que ha aumentado el gasto público más que nadie en la Unión Europea, un 80 % más que la media europea, y que ha desperdiciado los fondos
europeos más que nadie en la Unión Europea. Esa es su política económica y presupuestaria. Hoy votamos eso, señorías. Y nosotros votamos no. Votamos en contra porque el resultado de esa política, de ese gran esfuerzo exigido a los españoles ha
sido un completo desastre, ha supuesto empobrecer más a los españoles. Fuimos los peores en la pandemia y fuimos los peores en la recuperación. Hemos sido los penúltimos en recuperar la riqueza prepandemia y somos los únicos de la Unión Europea a
quienes les ha caído la renta per cápita desde 2019; los únicos, señora Montero, nos han empobrecido.


Según la encuesta de condiciones de vida de los españoles, el 6 % no puede hacer dos comidas de proteínas a la semana, el doble que en el peor año de la crisis financiera; lo digo por eso que usted expresa acerca de que estamos saliendo de
forma diferente. No, señora Montero, ustedes están haciendo lo mismo que hicieron entre 2008 y 2011, es decir, perjudicarnos y agravar la situación. Y no pueden permitirse vivir a una temperatura adecuada casi el 21 % de los españoles, el doble...
(La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, hace signos negativos). Sí, señora Montero, está en la encuesta de condiciones de vida del INE. Es el doble de cuando el señor Sánchez exigía responsabilidades al señor
Rajoy por la pobreza energética. ¡Qué cara, señora Montero! (Aplausos). Y tenemos unos empleos precarios, cada vez con más parcialidad y pluriempleo. Somos el cuarto país en ratio de pobreza, señora Montero.


El resumen de su política económica es que, en las dos horas que dura este debate, sus políticas equivocadas envían a ciento cincuenta españoles a la pobreza. Ese es el resumen de su política económica, cada dos horas ciento cincuenta
españoles van a la pobreza. (Aplausos). Por eso votamos no, señorías, a una política económica y presupuestaria que empobrece a los españoles. Y votamos sí a una alternativa de política económica mejor, que genere crecimiento, que genere empleo,
que mejore la calidad del empleo que creamos. Votamos sí a una mejor política económica, que es la que hacen las comunidades autónomas y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, ampliando derechos, mejorando políticas públicas,
reduciendo burocracia y ajustando la presión fiscal. Decimos sí también, señora Montero, a la igualdad entre españoles, a hacer una política económica y presupuestaria que vele por la igualdad entre todos y que no pague precios políticos
territoriales.


Hay una alternativa mejor, señorías, y nuestra responsabilidad es ofrecerles esa alternativa, volver a ofrecer, sin engaños, mejores políticas para llegar a mejores acuerdos, claro que sí, aunque ustedes lo rechacen siempre. (Aplausos).
Hay una alternativa mejor, sí, una alternativa de futuro,

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pero también una alternativa de presente, porque ni siquiera ya el presente de nuestro país, señora Montero, pasa por ustedes.


Muchas gracias, señora presidenta. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-Algunas señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso: ¡Bravo!).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marí.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer por un tiempo de diez minutos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora vicepresidenta primera, mis primeras palabras como vallisoletano son para condenar el asesinato de Sergio Delgado tan solo por ser de Valladolid.


Volvemos a debatir hoy el compromiso de este Gobierno con la inestabilidad presupuestaria, el aumento de la presión fiscal, el crecimiento de la deuda pública y la irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas.


En primer lugar, hablamos de su compromiso con la inestabilidad presupuestaria, compromiso que se evidencia por el déficit preocupante de nuestras cuentas públicas; un déficit estimado por la AIReF en el 4,1 % para el año 2023, uno de los
más elevados de la zona euro; un déficit que, en opinión de la AIReF, se estancará en el 3,2 % del PIB hasta el año 2028, en ausencia de medidas adicionales; un déficit del 3 %, previsto para el año 2024 que no se cree ni el Banco de España ni la
Comisión Europea ni la OCDE ni dieciséis de los diecinueve panelistas de Funcas.


Segundo, hablamos de su compromiso con el aumento de la presión fiscal, compromiso que se evidencia en datos como los siguientes: desde el año 2017 los españoles han sufrido un incremento de la presión fiscal del 32,7 %; entre los años
2019 y 2023, España ha sido el segundo país de la Unión Europea con mayor incremento de la presión fiscal; el esfuerzo fiscal de los españoles se encuentra un 52,8 % por encima de la media de la Unión Europea, un aumento de la presión fiscal que
continuará en el año 2024, con la retirada de bonificaciones de impuestos, que perjudicará especialmente a las rentas más bajas, aumentando también los costes al empleo, y que reducirá las oportunidades de quienes se encuentran en paro. Es una
completa irresponsabilidad aumentar los costes al empleo cuando somos el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, 2,5 puntos por encima del segundo país, que es Grecia.


Tercero, hablamos de su empeño en endeudar a los españoles, empeño que se evidencia en que nuestro endeudamiento alcanza cifras récord, cifras de 1,57 billones de euros -reitero, 1,57 billones-. Es un endeudamiento que ha crecido en más de
371 000 millones de euros desde que llegaron los socialistas al poder, lo que significa que, gracias a los socialistas, cada español debe 6000 euros más. Es un endeudamiento que, según estima la AIReF, se mantendrá en niveles del 105 % del PIB en
el medio plazo en ausencia de medidas adicionales. Recordemos que tan solo seis países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, tienen una deuda superior a su producto interior bruto y recordemos también que, desde finales del año
2019 hasta el tercer trimestre del año 2023, por cada euro de deuda emitida tan solo se han generado 0,53 euros en términos de PIB nominal.


Cuarto, hablamos de irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas, irresponsabilidad que se evidencia al proponer aumentar el techo de gasto no financiero, descontando los fondos del plan de recuperación, en un 9,3 %. Y es que
aumentar los gastos sin realizar previamente un análisis de su eficiencia y sin tener un plan para reducir el gasto político y eliminar duplicidades es una completa irresponsabilidad. (Aplausos).


Señorías, tenemos un Gobierno irresponsable, que desconoce la realidad económica española, y les citaré tan solo cinco datos: primero, la liquidez de los hogares españoles se ha visto reducida un 7,2 % y la de las empresas un 11,2 %, según
menciona un informe del Banco de España; segundo, respecto a la ratio de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, hemos pasado de estar a nueve puntos de la media de la Unión Europea en el año 2018 a catorce puntos en el año 2022; tercero,
en el año 2023 ha aumentado el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social y también el porcentaje de personas en situación de carencia material y social severa; cuarto, casi un tercio de las empresas españolas, según datos de
la Central de Balances del Banco de España, tienen dificultades a la hora de generar beneficios suficientes para cubrir los costes y un 24 % presentan un endeudamiento que amenaza su supervivencia, y, quinto, la tasa anual del índice de cifra de
negocios empresarial cayó un 3,1 % en el mes de diciembre de 2023 y el índice general de cifra de negocios en la industria cayó un 4,4 %.

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Señorías, estamos ante un Gobierno incompetente, un Gobierno que ignora que una creciente deuda pública hace más vulnerable al sector público y al conjunto de la economía, socava el crecimiento general de la productividad y supone una
amenaza cierta al crecimiento económico; un Gobierno que ignora que los países que han logrado un crecimiento sólido y sostenido en el tiempo lo han hecho precisamente mediante ganancias en la productividad; un Gobierno que ignora que la
productividad total de los factores de España, según un reciente estudio publicado por la Fundación BBVA, ha acumulado un retroceso del 7,3 % entre los años 2000 y 2022; un Gobierno que ignora que la productividad por puesto de trabajo descendió en
tasas interanuales un 1,8 % en el año 2023 y la productividad por hora trabajada un 0,8 % en el cuarto trimestre de 2023; un Gobierno que ignora la advertencia de la Comisión Europea, que habla de un débil apoyo gubernamental a las empresas para
I+D y que España invierte tan solo un 1,44 % del PIB en I+D, frente a una media del 2,24 % de la Unión Europea; un Gobierno instalado en la pura propaganda, que presume de solidez de la economía, mientras que la OCDE nos recuerda que la baja
productividad impide que los españoles disfruten de una mayor prosperidad económica. (aplausos), que España será el tercer peor país de los cuarenta y seis analizados en crecimiento de capital tanto físico como intangible por trabajador y que
España seguirá perdiendo peso en la economía mundial y cada vez más países nos adelantarán en la ratio de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo.


El problema es que tenemos un Gobierno que no entiende la importancia de incrementar la productividad. El problema es que tenemos un Gobierno que no entiende que cuando un país en épocas de crisis registra caídas de PIB superiores a los
países de su entorno y tarda más en recuperar los niveles previos es que tiene importantes problemas estructurales en su economía. El problema es que tenemos un Gobierno cuyas políticas hacen retroceder a nuestro país en los índices de libertad
económica, índices como los elaborados por el Instituto de Estudios Económicos o por The Heritage Foundation.


Señorías, porque creemos en la estabilidad presupuestaria, votaremos en contra. Porque el plan de reequilibrio no contiene medidas serias que sustenten la reducción del déficit, votaremos en contra. Porque han sido incapaces de redactar un
nuevo plan de reequilibrio siguiendo las recomendaciones de la AIReF, votaremos en contra. Porque creemos que hay que reducir impuestos a todos los españoles, votaremos en contra. Porque sabemos que subir el coste del trabajo supone perjudicar a
quienes están en paro, votaremos en contra. Porque creemos que hay que reducir el importe de la deuda pública, votaremos en contra. Porque creemos que es necesario llevar a cabo un ambicioso plan de reducción de gasto político y de eliminación de
duplicidades, votaremos en contra. Porque sabemos que el único objetivo de este Gobierno es mantenerse en el poder a toda costa, votaremos en contra. Y, como dije en el Pleno anterior, votaremos en contra porque la condición indispensable para
asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas es que ustedes se vayan.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sáez.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene ahora la palabra el señor Martín Urriza también por un tiempo de diez minutos.


El señor MARTÍN URRIZA: Buenos días, presidenta.


Señorías, parece un poco el día de la marmota porque esta Cámara por tercera vez discute nuevamente el mismo tema, el de la senda de objetivos de déficit y deuda pública, y el motivo es porque el Partido Popular nos ha metido en este bucle
obstruccionista para evitar que los presupuestos generales del Estado lleguen a esta Cámara y que, a través de ellos, podamos seguir impulsando la transición digital, la revolución verde y, al fin y al cabo, que podamos mejorar el nivel de vida de
los españoles y españolas.


Pero no hay mal que por bien no venga, y yo voy a aprovechar la oportunidad para hablar de economía y tratar un tema económico clave que está relacionado con esta senda de objetivos, que es el acuerdo alcanzado recientemente a nivel europeo
entre el Consejo y el Parlamento que tiene que ver con las normas fiscales europeas. Como ustedes saben, las normas fiscales europeas es algo que afecta a todo, o, por lo menos, a todo lo importante, y de su lectura devienen no buenas noticias para
nuestro país. Desgraciadamente, nuevamente vuelve una austeridad 2.0. Esta austeridad implica para nuestro país que aumenta el riesgo de que nos quedemos descolgados del progreso, de las importantes transformaciones a las que nos enfrentamos.
Como saben ustedes, el enfoque que finalmente ha ganado en el acuerdo europeo ha sido el de la sostenibilidad contable, frente al de la sostenibilidad económica y social, que, como ustedes saben igualmente, es aquel que defiende unas cuentas
públicas saneadas pero mediante

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el aumento del tejido productivo, la reducción del paro y el fomento de un crecimiento inclusivo. (Aplausos). Nuestra economía funciona mejor cuando funciona para todos y para todas. Y permítanme ponerles un ejemplo próximo para que se
entienda mejor qué es esto de la sostenibilidad contable. La reforma de pensiones del Partido Popular del año 2013 precisamente aplicó este enfoque, el de la sostenibilidad contable, y planteaba conseguir el equilibrio del sistema público de
pensiones recortando un 30 % el poder de compra de las pensiones. Efectivamente, se conseguía la sostenibilidad contable, pero a costa de tirar por el sumidero la función social que tiene nuestro sistema de pensiones, que no es otra que proveer de
una pensión suficiente a las personas que están jubiladas.


Pero, señorías, ¿por qué digo que el nuevo acuerdo de reglas fiscales descuelga o aumenta el riesgo de que nuestro país se descuelgue del progreso? Como ustedes saben, nos enfrentamos a grandes transformaciones. La transición verde y la
revolución digital van a requerir cantidades ingentes de inversión no solo privada sino también pública. Como ya nos dijo el comisario Gentiloni, la transición verde va a requerir de más de 360 000 millones de euros que se van a tener que invertir
de aquí al año 2030 para alcanzar los objetivos medioambientales, y la revolución digital va a requerir un volumen de recursos incluso superior porque Europa está en una situación de desventaja con respecto a otros bloques con los que competimos.
Por tanto, todos esos recursos que vamos a necesitar a nivel de España desgraciadamente no los vamos a poder proveer en la cuantía necesaria como consecuencia del corsé fiscal que nos viene de Europa. Ya le ha puesto números la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal. Este martes tuve la oportunidad, junto con otras señoras y señores diputados, de tener una reunión en la AIReF, y su presidenta nos trasladó que las nuevas normas fiscales exigen para España una reducción
del gasto neto de casi 10 000 millones de euros cada año durante los próximos cuatro años. Es verdad que el plazo lo podemos ampliar a siete y algo bajaría la factura, pero, en total, ya sean cuatro o siete años, vamos a tener que dedicar casi 40
000 millones de euros, que vamos a tener que recortar del aumento de los ingresos o de la inercia del gasto para poder cumplir con las normas europeas.


Permítanme que les dimensione estas cifras en algo más próximo o cercano. Casi 10 000 millones de euros es nuestro presupuesto en el Ministerio de Industria y 40 000 millones de euros, ya sea en cuatro o en siete años, son la suma del
presupuesto del Ministerio de Industria, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura y del gasto que realizamos al año en investigación y desarrollo. Como ven ustedes, va a ser un esfuerzo considerable, muy
importante, que vamos a tener que hacer colectivamente y que, en última instancia, nos va a limitar las posibilidades de no descolgarnos de ese progreso.


Señorías, ¿había una alternativa a este corsé fiscal? Desde luego que la había. El Gobierno de España, el Gobierno de coalición la ha defendido a nivel europeo junto a la Comisión Europea, aunque, finalmente, los intereses de Alemania,
aliado con algunos países frugales, han impuesto su criterio. Pero había alternativa. Una de ellas era una regla de oro para la inversión, y es que las inversiones en digitalización y transición verde no estuvieran sujetas al corsé fiscal.
Igualmente, que los Next Generation EU se convirtieran en una facilidad permanente y estuvieran financiados de manera mutualizada, como ocurre ahora, para equiparar los distintos espacios fiscales que tienen los países miembros.


Señorías, los shocks a los que nos hemos enfrentado en el pasado han sido fundamentalmente de demanda, pero los shocks económicos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro van a ser fundamentalmente de oferta porque el mundo se está
recomponiendo en nuevos bloques. De hecho, la guerra de Ucrania y el genocidio de Palestina son resultados de esa tectónica de nuevos bloques. Frente a esos shocks de oferta, que ya los estamos viendo, como ha sido la guerra de Ucrania, el
instrumento económico para responder a los mismos no es la política monetaria; la política fiscal es la que resulta más efectiva y eficaz para hacer frente a los mismos. Nos esperan más shocks de oferta y, por lo tanto, más política fiscal. Por
eso yo predigo que estas normas no van a durar, lo mismo que no duró la reforma de pensiones del Partido Popular, cuyo contenido ya se le ha olvidado hasta al líder de la oposición. (Aplausos).


Y, señorías, ¿qué podemos hacer mientras tanto, puesto que mientras tanto nos van a aplicar el corsé fiscal? Es verdad que hasta 2026 todavía tenemos fondos europeos y algún respiro vamos a tener para no quedarnos descolgados de esa
transición verde y revolución digital, pero tenemos que afrontar este futuro incierto a través de una profunda reforma fiscal -que está pendiente- que aproxime nuestro nivel de contribución fiscal a la media europea, o incluso que la supere en algo,
y reconfigure nuestro sistema fiscal para hacerlo más justo y progresivo, como ya ha empezado a hacer el Gobierno de coalición rebajando los impuestos que pagan las personas que ganan menos salarios o quedando exentos

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completamente si ganan el salario mínimo interprofesional y, en cambio, elevar la contribución fiscal para aquellos que obtienen sus rentas de las rentas de capital. Asimismo, tenemos que evitar a toda costa el despilfarro o realizar
infraestructuras caducas, para lo cual debemos extender la contabilidad de costes y la evaluación de políticas a todos los niveles de la Administración pública.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene ahora la palabra la señora Jordà i Roura, por un tiempo también de diez minutos.


La señora JORDÀ I ROURA: Molt bon dia a totes i a tots. Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, bon dia.


Diputades, diputats, avui debatem i votem ja per segona vegada, com s'ha dit, els objectius d'estabilitat pressupostària i el deute públic per a les administracions públiques per al 2024 i el 2026. De fet, el Gobierno, doncs, ha de repetir
l'operació després que, com bé se sap i també s'ha dit, el passat 7 d'abril la majoria absoluta del Partit Popular rebutgés aquests objectius. Una possibilitat que també, val a dir, pot tornar-se a repetir si l'exèrcit Popular al Senat torna a
vetar aquests objectius.


En tot cas, tot apunta, però, i després d'escoltar la vicepresidenta, doncs, es reafirma, que la Moncloa té pla B i que aquest passa, doncs, per abraçar aquest informe de l'Advocacia de l'Estat que va avalar fixar l'estat de dèficit remès a
Brussel·les a l'abril en el marc del Programa d'Estabilitat. Un informe que a priori se sustenta en l'article 135.2 de la Constitució, per evitar el bloqueig de la capacitat pressupostària del Govern central.


Sigui com sigui, i passi el que passi, sempre n'hi ha uns -sempre, sol passar així- que hi perdem més que els altres. I el que pot passar és que els territoris tinguem menys capacitat de despesa i, en definitiva, menys recursos per millorar
la vida dels nostres conciutadans i conciutadanes. Perquè al final va d'això, de millorar la vida dels nostres conciutadans.


Avui, doncs, aprofitem que aquest debat torna a la cambra baixa per tornar a denunciar -i avanço que no deixarem de fer-ho- que una vegada més el bipartidisme espanyol, aquests que avui es tiren els plats pel cap una vegada més, hagi tingut
qui hagi tingut les claus de la caixa, ja sigui el PSOE o el PP, han compartit sempre un denominador comú absolutament inqüestionable, que és un desequilibri absolutament vertical entre l'Estat i la Generalitat i Catalunya, en aquest cas. Des de
l'any 2009, que es va posar en marxa l'actual sistema de finançament, l'Estat ha anat acaparant recursos del sistema i ho ha fet en detriment dels territoris. Ho ha fet en detriment de les comunitats autònomes, que any rere any han anat perdent pes
en el repartiment d'aquests recursos. Una dada, bàsicament només una, els recursos de l'Estat han crescut un 90 % i els recursos de les comunitats autònomes han crescut només un 40 %.


Diputades i diputats, Catalunya suporta un dèficit fiscal sostingut en el temps i que ha arribat a duplicar. I també val a dir que en alguns moments, i no pocs, a triplicar els nivells que en l'experiència comparada constitueixen la norma
de solidaritat entre territoris que formen part d'un mateix Estat. El més important de tot això és que aquest dèficit fiscal té un impacte negatiu i directe sobre el benestar dels i les catalanes. En definitiva, té un impacte negatiu contra els
ciutadans i ciutadanes. Aquesta és la realitat. Una realitat, val a dir, també carregada de greuges, de deslleialtats institucionals per part del Govern central i centralista, a banda que centrifugació. Greuges com els incompliments reiterats en
el temps, o la disposició, per exemple, addicional tercera de l'Estatut de Catalunya del període 2009 al 2013, el finançament estatal de la Llei de dependència o els deutes del Fons de Cohesió Sanitària i el Fons de Garantia Assistencial, o el
personal dels nous tribunals de justícia, entre un llarg i inacabable etcètera. I deslleialtats tals, per exemple, com els canvis normatius -molt importants- de l'IRPF o la disminució dels tipus i de l'impost a l'electricitat, els també canvis
normatius en l'impost sobre les transmissions patrimonials i els actes jurídics documentals, canvis normatius reiterats en la resta de tributs cedits, deslleialtat en la cartera de serveis de salut, per exemple. En definitiva, un autèntic
despropòsit.


Però a més a més de tots aquests desequilibris, la situació de pròrroga pressupostària a l'Estat provoca que encara avui no s'hagin actualitzat les bestretes del model de finançament. És a dir, avui estem rebent els impostos que rebíem el
2023 sense aplicar-se als increments corresponents a l'any 2024. Per tant, estem rebent uns imports que es van determinar l'estiu de l'any 2022, moment en què es va aprovar o es van aprovar les bestretes per al 2023. M'explico. Entre mig d'aquest
període han passat moltes coses. Segurament n'han passat massa i no massa de bones, però en qualsevol cas, el que sí que ha passat és que l'economia, per exemple, ha mostrat un millor comportament del previst i, per tant, els ingressos que
corresponen a les comunitats autònomes necessàriament han de ser superiors als que estem rebent.

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Senyora vicepresidenta, nosaltres entenem que no és en cap cas admissible que l'actualització d'aquestes bestretes depengui de si l'aritmètica parlamentària permet o no permet aprovar pressupostos. Jo li recordo que l'any 2019 ja es va
donar aquesta situació, una situació similar, i finalment van decidir aprovar l'actualització de les bestretes via decret llei. Aprofito, doncs, per reclamar que ara facin el mateix, tinguin un precedent. De fet, tenim un precedent que avala la
viabilitat d'aquesta via. No facin pagar als i a les ciutadanes, una vegada més, el bloqueig parlamentari que els pugui generar el Partit Popular, i menys sabent que existeix una solució i que aquesta solució es va demostrar en el seu moment
ràpida, es va demostrar efectiva.


I senyora Montero, tampoc entenem ni compartim, i ja li avanço també que combatrem la decisió del seu ministeri d'abandonar la publicació de les dades d'execució de la inversió estatal territorialitzada, dades que s'haurien de publicar
semestralment i que no s'actualitzen i que no s'actualitzen des de l'octubre de l'any 2022, i que ara han desaparegut també del Pla Estadístic nacional. Això ho combatrem.


Mirin, nosaltres estem plenament compromesos amb la sostenibilitat de les finances públiques, però defensem que el retorn de les regles d'estabilitat es faci i es faci de manera coherent, i això vol dir que l'esforç que faci cada
administració ha de ser -i no demano res anormal- proporcional a la despesa que fan els estats i que fan les seves administracions.


Els republicans independentistes -i vaig acabant- treballem sempre per la defensa de Catalunya. Aquest és el nostre interès, és el nostre únic interès. Ens devem a la defensa dels interessos dels catalans i les catalanes. I intentem
fer-ho sempre amb coherència i amb força, bàsicament perquè creiem que hi ha dos elements que són clau per aconseguir els nostres objectius. Per això, justament ahir el Govern de Catalunya aprovava els pressupostos per a l'any 2024. Uns comptes
que, malgrat el dèficit fiscal que arrosseguem, que és moltíssim, ens permetran deixar enrere les retallades i ens permetran també posar al servei del país, posar al servei de Catalunya, més de 43 000 milions d'euros. Uns recursos que reforçaran i
que alhora muscularan l'estat del benestar, que muscularan la sanitat, que muscularan l'educació i la protecció social, entre d'altres. Això ho hem fet assumint aquest dèficit fiscal permanent que ens ofega.


Nosaltres som molt conscients que només la consecució d'un Estat propi podria garantir que Catalunya disposés de tots els recursos que genera, ho tenim clar, bàsicament per revertir-los a la ciutadania, que és pel que serveixen els recursos,
però també som els que aprofitarem totes, absolutament totes les finestres d'oportunitats que tinguem per millorar el finançament del nostre país.


Per això avui torno a recordar que els acords assolits en el marc, vicepresidenta, de les negociacions per a la formació de govern de l'Estat espanyol recullen aspectes clau en matèria de finançament i execució d'inversions i que requereixen
també, com vostè bé sap, el desplegament, en aquest cas, corresponent a mitjans de diferents comissions de treball entre els governs per un finançament, en aquest cas singular, per a Catalunya i altres actuacions estratègiques de caràcter financer i
de caràcter patrimonial.


Avui, doncs, farem una altra vegada un sí als objectius d'estabilitat pressupostària, però és un sí condicionat. De fet, m'atreveixo a dir absolutament condicionat, a l'espera que el seu executiu presenti el projecte de pressupostos, uns
comptes que exigim que prevegin tot allò subscrit en l'acord d'investidura. Uns comptes que siguin bons, uns comptes que siguin útils per a la ciutadania i, sobretot, per al seu benestar, perquè va d'això. I també uns comptes que portin com a
mínim un 19 % de les inversions a Catalunya, a favor dels catalans i les catalanes.


Res més, vicepresidenta. Ànims. Els acords són per complir. Nosaltres en tenim un amb Catalunya i vostès el tenen amb nosaltres. Això no em cansaré de repetir-ho. Molt bon dia a totes i a tots i gràcies.


Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, presidenta, vicepresidenta. Buenos días, diputadas, diputados.


Hoy debatimos y votamos por segunda vez, como se ha dicho, los objetivos de estabilidad presupuestaria y la deuda pública para las administraciones públicas de cara a 2024 y 2026. El Gobierno, por lo tanto, debe repetir la operación después
de que, como ya se ha dicho, el pasado 7 de abril la mayoría absoluta del Partido Popular rechazara dichos objetivos; una posibilidad que también puede repetirse si el ejército popular en el Senado vuelve a vetar esos objetivos.


En todo caso, todo apunta, sin embargo, después de escuchar a la vicepresidenta, a que se reafirma que la Moncloa tiene un plan B y que pasa por abrazar ese informe de la Abogacía del Estado que avala fijar la senda de déficit remitida a
Bruselas en abril, en el marco del programa de estabilidad, un informe que, a priori, se sustenta en el artículo 135.2 de la Constitución para evitar el bloqueo de la capacidad presupuestaria del Gobierno central.

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Sea como fuere y suceda lo que suceda, algunos -siempre siempre sucede así- perdemos más que los demás, y lo que puede ocurrir es que los territorios tengamos menor capacidad de gasto y, en definitiva, menos recursos para mejorar la vida de
nuestros conciudadanos y conciudadanas; porque, al fin y al cabo, de eso se trata, de mejorar la vida de nuestros conciudadanos.


Aprovechamos, por lo tanto, que hoy este debate vuelve a la Cámara Baja para volver a denunciar -y adelanto que no vamos a cejar en nuestro empeño- que, una vez más, el bipartidismo español -estos que hoy van tirándose los platos a la
cabeza, sea quien sea el que haya tenido las llaves de la caja, sea el PSOE o el PP- ha compartido siempre un denominador común absolutamente incuestionable, que es un desequilibrio absolutamente vertical entre el Estado y la Generalitat, y
Catalunya, en este caso. Desde el año 2009, que echó a andar el actual sistema de financiación, el Estado ha ido acaparando recursos del sistema y lo ha hecho en detrimento de los territorios, en detrimento de las comunidades autónomas, que, año
tras año, han ido perdiendo peso en el reparto de esos recursos. Un dato, uno tan solo: los recursos del Estado han crecido en un 90 % y los recursos de las comunidades autónomas han crecido tan solo un 40 %.


Diputadas y diputados, Cataluña soporta un déficit fiscal sostenido en el tiempo, complicado y que ha llegado a duplicar y -es importante remarcarlo-, en algunos momentos, no pocos, a triplicar los niveles que en la experiencia comparada
constituye la norma de solidaridad entre territorios que forman parte de un mismo Estado. Lo más importante de todo ello es que este déficit fiscal tiene un impacto negativo y directo sobre el bienestar de los y las catalanas. En definitiva, tiene
un impacto negativo contra los ciudadanos y ciudadanas. Esa es la realidad, una realidad cargada de agravios y deslealtades institucionales por parte del Gobierno central y centralista, amén de centrifugador; agravios como los incumplimientos
reiterados en el tiempo o, por ejemplo, la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña del periodo del 2009 a 2013, la financiación estatal de la ley de dependencia, las deudas del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía
Asistencial o el personal de los nuevos tribunales de Justicia, entre un largo e inacabable etcétera. Y deslealtades tales como, por ejemplo, los cambios normativos muy importantes en el IRPF, en la disminución de los tipos y del impuesto de la
electricidad; también, los cambios normativos del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados, cambios normativos reiterados en los demás tributos cedidos; deslealtad, también, en la cartera de servicios de
salud, por ejemplo. En definitiva, un auténtico despropósito.


Pero es que, además de todos esos desequilibrios, la situación de prórroga presupuestaria en el Estado provoca que aún hoy no se hayan actualizado los anticipos del modelo de financiación. Es decir, hoy estamos recibiendo los impuestos que
recibíamos en 2023 sin que se apliquen los incrementos correspondientes al año 2024. Por lo tanto, estamos recibiendo unos importes que fueron determinados en el verano de 2022, momento en el que se aprobaron los anticipos para el 23. Y me
explico. En este periodo han sucedido muchas cosas, seguramente demasiadas y no demasiado buenas. Pero, sea como fuere, lo que sí ha ocurrido es que la economía, por ejemplo, ha mostrado un mejor comportamiento de lo previsto y, por ende, los
ingresos que corresponden a las comunidades autónomas necesariamente deben ser superiores a los que estamos recibiendo.


Señora vicepresidenta, nosotros entendemos que en ningún caso es admisible que la actualización de estos anticipos dependa de si la aritmética parlamentaria permite o no permite aprobar presupuestos. Yo le recuerdo que en el año 2019 ya se
dio esta situación, una situación similar, y al final decidieron aprobar la actualización de los anticipos vía decreto ley. Y aprovecho, por lo tanto, para reclamar que ahora hagan lo propio. Tenemos un precedente que avala la viabilidad de esa
vía. No hagan pagar a los y las ciudadanas una vez más el bloqueo parlamentario que les pueda generar el Partido Popular, menos aún sabiendo que existe una solución, una solución que en su momento se demostró rápida y eficaz.


Señora Montero, tampoco entendemos ni compartimos -y ya le adelanto que la vamos a combatir- la decisión de su ministerio de abandonar la publicación de los datos de ejecución de la inversión estatal territorializada, datos que deberían
publicarse semestralmente, que no se actualizan desde octubre del año 2022 y que ahora han desaparecido también del Plan Estadístico Nacional. Esto lo vamos a combatir.


Nosotros estamos plenamente comprometidos con la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero defendemos que el retorno de las reglas de estabilidad se haga y, además, se haga de forma coherente. Esto significa que el esfuerzo que haga
cada Administración debe ser -y no estoy pidiendo nada anormal- proporcional al gasto que hagan los Estados y sus administraciones.


Los republicanos independentistas -y voy terminando- trabajamos siempre por la defensa de Cataluña. Es nuestro único interés. Nos debemos a la defensa de los intereses de los y las catalanas, y esto intentamos hacerlo siempre con
coherencia y fuerza, básicamente porque consideramos que hay dos

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elementos que son clave para alcanzar nuestros objetivos. Por ello, justamente ayer, el Gobierno de Cataluña aprobó los presupuestos para el año 2024, unas cuentas que, a pesar del déficit fiscal que arrastramos, que es muchísimo, nos van a
permitir dejar atrás los recortes y también poner al servicio del país, de Cataluña, más de 43 000 millones de euros, unos recursos que reforzarán y, a la vez, muscularán el Estado del bienestar, que muscularán la sanidad, muscularán la educación y
la protección social, entre otros. Esto lo hemos hecho asumiendo ese déficit fiscal permanente que nos ahoga.


Nosotros somos muy conscientes de que tan solo la consecución de un Estado propio podría garantizar que Cataluña dispusiera de todos los recursos que genera -lo tenemos claro- para revertirlos a la ciudadanía, que es para lo que sirven los
recursos; pero también somos los que vamos a aprovechar todas, absolutamente todas las ventanas de oportunidad que tengamos para mejorar la financiación de nuestro país. Y, por ello, hoy, vuelvo a recordar, vicepresidenta, que los acuerdos
alcanzados en el marco de las negociaciones para la formación del Gobierno del Estado español recogen estrictas claves en materia de financiación y ejecución de inversiones y que requieren, como usted sabe, el despliegue correspondiente mediante
distintas comisiones de trabajo entre los gobiernos para impulsar una financiación singular, en este caso para Cataluña, y otras actuaciones estratégicas de carácter financiero y patrimonial.


Hoy, por lo tanto, una vez más vamos a dar un sí a los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero es un sí condicionado, de hecho, me atrevería a decir que absolutamente condicionado, a la espera de que su Ejecutivo presente el proyecto
de presupuestos, unas cuentas que exigimos que contemplen todo lo suscrito en el acuerdo de investidura: unas cuentas que sean buenas, unas cuentas que sean útiles para la ciudadanía y, sobre todo, para su bienestar, porque de eso se trata, y
también unas cuentas que al menos lleven un 19 % de las inversiones a Cataluña, a favor de los catalanes y las catalanas. Nada más, vicepresidenta. Ánimo. Los acuerdos están para cumplirlos; nosotros tenemos uno con Cataluña y ustedes tienen uno
con nosotros, y eso nunca me voy a cansar de repetirlo.


Muchas gracias a todos. Buenos días. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Jordà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra ahora la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, por un tiempo también de diez minutos.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Egun on, diputatu jaun-andreok.


Ez naz luzatuko. Izan be, eztabaida hau orain hilabete izan genduan, eta ez da ezer aldatu. Gaur aurkezten diran zor eta defizit helburuak dauela hilabeteko berberak dira, eta, beraz, gure jarrera ez da aldatu. Horregatik, gure taldeak
aurrekontu egonkortasuneko eta zor publikoa helburuaren alde bozkatuko dau. Eta baita be gobernuak aurkeztutako berroreka planaren alde.


Alde bozkatuko dugu, bai. Izan be, egonkortasun helburu hauek hasiera emoten deutsielako aurrekontu aurkezteari. Inbestiduraren alde egin bagenduan, logikoena da orain be gobernuari aurrekontu tresna izateko aukera emotea, legegintzaldian
aurrera egiteko, hau da, alderdi politikoen lortutako akordioak betetzeko, herritarren bizitza hobetzeko eta baita ekonomiaren eraldaketan aurrera egiteko. Aurrekoan be, esan genduan: gure babesa ez da kritikoa, beti defendatu doguz gure helburu
bereiziak, are gehiago une honetan Europan aro fiskalak barriro formulatzen ari dirala kontutan hartuta. Arau hauek malguagoak dira herrialdeentzat, eta, beraz, uste dogu beharrezkoa dala malgutasun hori estatu deszentralizatura eramatea,
aurrekontu egonkortasunaren helburuak ezartzerako orduan, eta are gehiago foru erkidegoen kasuan, autonomia fiskala daukagulako. Iragarri genduanez, beharrezkoa da be gastu araua eta superabitaren nahitaezko xedea aldatzea, dagoeneko indarrean ez
dagozen finantza eta inbertsio jasangarriak ere erabili ahal izateko, eta baita Europak eskatzen dabezan inbertsioetara zabaltzeko.


Aldaketak bai, eta zertarako? Ba, zerga doikuntzek administrazioak trantsizio digital, energetiko eta sozialei ekiteko behar dabezan inbertsio gaitasunak ez itotzeko. Eta baita be zerbitzu publikoak eta ongizate estatuak bermatzeko
neurriak indartu ahal izateko. Hau da, gizarte zerbitzuen, osasunaren, hezkuntzaren eta etxebizitzaren arloko eskumenak kaltetu edo murriztu gabe. Autonomia erkidegoen eta toki erakundeenak diren eskumenak. Beraz, diziplina fiskalaren eta garapen
ekonomikoaren sustapenaren arteko oreka bilatu behar da. Horretarako beharrezkoa da aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko lege organikoa aldatzea, gure taldetik beti eskatu izan dogun moduan.


Muy buenos días, señoras y señores diputados. No me voy a extender, pues este debate ya lo tuvimos hace un mes y nada ha cambiado. Hoy se presentan los mismos objetivos de déficit y deuda que hace un

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mes y nuestra posición no ha variado. Por ello, nuestro grupo votará a favor de estos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y también a favor del Plan de Reequilibrio presentado por el Gobierno. Vamos a votar a favor
por entender que estos objetivos de estabilidad suponen la antesala para la presentación de los presupuestos. Si llegamos precisamente a un acuerdo para la investidura, lo lógico es dar al Gobierno la posibilidad de disponer de la herramienta
presupuestaria que le permita avanzar en la legislatura, cumplir los acuerdos alcanzados con las distintas formaciones políticas, mejorar la vida de la ciudadanía y avanzar en la transformación de la economía.


Como dijimos, este apoyo no es acrítico, siempre hemos defendido objetivos diferenciados, y más, si cabe, en este momento en que se están reformulando las reglas fiscales en Europa y que, según lo avanzado, serán más flexibles para los
países. Por lo que entendemos que es necesario trasladar esta flexibilidad al Estado descentralizado a la hora de establecer los objetivos de estabilidad presupuestaria, y más, si cabe, en el caso de comunidades forales, en las que disponemos de
autonomía fiscal.


Como ya anunciamos, es necesario modificar la regla de gasto y el destino obligatorio del superávit para poder aplicar inversiones financieras sostenibles que ya no están en vigor y también extenderlas a las inversiones que reclama Europa.
Necesitamos modificaciones, sí, pero ¿para qué? Para que los ajustes fiscales no ahoguen las capacidades de inversión necesarias de las distintas administraciones a la hora de abordar la transición digital, la energética y la social y para poder
reforzar también las medidas para garantizar los servicios públicos y el Estado del bienestar, es decir, servicios sociales, de sanidad, de educación y vivienda, competencias que corresponden a las comunidades autónomas y a las entidades locales.
Es necesario encontrar un equilibrio entre la disciplina fiscal y la promoción de desarrollo a través de inversiones estratégicas y, por lo tanto, es necesaria una modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, como siempre hemos venido reclamando.


No entendemos -y así lo tengo que decir- la posición hoy de algunos grupos políticos que tienen responsabilidades de gobierno en comunidades autónomas y ayuntamientos y que previsiblemente votarán en contra de estos objetivos, que son menos
restrictivos que los recogidos en el informe de estabilidad de 2023, para llevar -eso sí- a las comunidades autónomas, también en las que gobiernan, a una senda mucho más restrictiva que les va a obligar a ajustar presupuestos autonómicos y locales.
No sé qué explicación puede tener esto más que el desgaste del Gobierno cueste lo que cueste. Y esto no es baladí, porque este cueste lo que cueste supone perjudicar a la ciudadanía, que es la destinataria final de todas estas inversiones o de los
servicios sociales de la sanidad, de la educación. Y es que tener una senda más restrictiva va a suponer tener menos capacidad de gasto y mucha menos capacidad de inversión. Y, de verdad, yo me pregunto: ¿esto es lo que quieren? Por cierto,
vicepresidenta, también nos gustaría conocer el informe de la Abogacía del Estado, qué aval daría a esas sendas más restrictivas en el caso de que no se aprueben estos objetivos.


En cuanto al plan presupuestario, como ya dijimos, y a pesar de ser un plan genérico y duramente criticado por la AIReF, lo cierto es que no hay que olvidar que estamos aún en un contexto de incertidumbre en el que precisamente sobran los
sobresaltos y falta la seguridad, en el que todas las previsiones económicas de los años anteriores se han visto superadas, y además la economía no es una ciencia exacta. Por eso mi grupo entiende, entendemos que, con sus pros y sus contras, el
plan es un punto de partida, un plan que desde luego se tendrá que ir ajustando a las circunstancias aún de incertidumbre y también a la evolución del crecimiento económico para ir adoptando las decisiones de política fiscal, gasto e inversiones
pertinentes y para ir reequilibrando esas cuentas públicas, reconstruir los márgenes de actuación fiscal ante futuras crisis y, en definitiva, para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas con el diseño -eso sí- de una política
presupuestaria que mantenga su tono expansivo para mantener y mejorar el Estado del bienestar.


Por cierto, hoy acabamos de conocer que el IPC se modera 6 décimas, hasta un 2,8, por el tema de la luz, y la subyacente baja también al 3,4. Creo que es una buena noticia. Y hoy también echamos de menos en este debate -lo he dicho en
euskera- que se aborde a corto plazo una figura más amplia que las inversiones financieramente sostenibles para no limitar esa capacidad inversora y el despliegue de las políticas sociales de comunidades autónomas y entidades locales y, a medio
plazo, una modificación de la ley orgánica de estabilidad que contemple nuevas formas de reparto de los objetivos de estabilidad y un nuevo diseño y aplicación de esa regla de gasto.


Finalizo. Nuestro grupo, el Partido Nacionalista Vasco, entiende, entendemos que es mejor continuar con la tramitación de estos objetivos que quedarnos en otros peores, ya que estos, de aprobarse, desde

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luego son una mejor antesala al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Votaremos a favor de los objetivos de estabilidad y, fíjense, lo haremos con una paradoja, en un parlamento en el que precisamente la estabilidad política
entre los grupos políticos desde luego brilla por su ausencia.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Santana Perera, en primer lugar, por un tiempo de cinco minutos. (Pausa). La señora Santana Perera no está en la sala. Entonces, tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.


O BNG ten razóns de sobra para ser moi crítico coa volta imposta pola Unión Europea ás regras de estabilidade macroeconómica e financeira: o control do déficit, redución da débeda e o seu mantemento en magnitudes que consideran sustentábeis
no longo prazo. De facto, expresámolo con claridade no pasado mes de xaneiro, cando se aprobou a proposta do Goberno por primeira vez neste Congreso.


Diciamos que, para alén dun marco xeral, co cal o BNG non concorda, deberiamos ter en conta as graves consecuencias que os obxectivos de déficit poden ter para as comunidades autónomas, para as que a proposta fixa un obxectivo de déficit de
só 0,1 % e, para os concellos, cero, en canto para o conxunto das Administracións se fixa un, xa limitado, 3 %. Iso significa que o Estado reserva para si 2,9 %, é dicir, o 97 % da capacidade total. Considerámolo absolutamente inxusto, mais máis
aínda se tomamos en conta que para os seguintes exercicios do 2025 e 2026 desaparece o déficit para as comunidades autónomas, o que limita a súa capacidade de gasto, cando son as Administracións que soportan o peso do gasto; investimento
correspondente aos servizos públicos fundamentais: sanidade, educación, servizos sociais, etc.


Aliás, o BNG considera que na situación de incerteza sobre a recuperación económica que aínda vivimos é necesario camiñar na dirección contraria á que agora se marque, desenvolver unha política económica e fiscal expansiva para reforzar os
servizos públicos e potenciar a recuperación económica e o emprego. Mais a pesar de esta visión crítica, como digo, moi crítica, o BNG apoiou a proposta. Fíxoo por responsabilidade: para favorecer que puidesen saír adiante uns Orzamentos do
Estado que, entre outras cousas, deben reflectir os compromisos deste Goberno coa Galiza e coas clases populares. Uns compromisos vitais para corrixir un déficit histórico e unha débeda co noso país en que incorreron os gobernos españois dun e
doutro signo. O noso pobo non pode seguir esperando e o BNG está aquí precisamente para que ninguén teña a tentación de que isto aconteza.


Sorprendentemente, quen sempre apoiou as políticas de recorte e austeridade impostas pola Unión Europea, quen as aplicou de forma rigorosa e co entusiasmo de quen pretende ser o alumno avantaxado sen lles importar para nada a dor e o
sufrimento que esas políticas antisociais provocaban, é dicir, o Partido Popular, tomba agora no Senado a proposta á saída do Congreso.


Faino de forma irresponsábel, movido só polo afán de dificultar as cousas a este Goberno, mais sabendo que, de paso, llelas dificultan tamén aos gobernos autónomos, por certo, a maioría do propio Partido Popular, e aos concellos, que terán
menos recursos se esta proposta non saír adiante.


Saben que a alternativa é, como digo, aínda máis restritiva: equilibrio para as comunidades autónomas e 0,2 % de superávit para os concellos, mais parece non importarlles. Nada importa máis ao Partido Popular que a súa guerra permanente
contra un Goberno que ven como ilexítimo porque consideran que lles correspondía gobernar nesa concepción patrimonialista que teñen do poder. Por utilizar a mesma expresión que usou recentemente de forma impropia un deputado do Partido Popular,
parece evidente que aínda están 'escocidos' por non gañaren o goberno nas eleccións xerais. Perdón, esquecía que Feixoo non é presidente porque el non quixo.


En fin, nós, o BNG, reiteramos a nosa aposta por un outro modelo. Mesmo tamén por un sistema de financiamento xusto que garanta que a totalidade dos impostos pagados na Galiza repercutan no financiamento dos nosos servizos públicos, así
como dar reclamación ao Estado que compensa a débeda histórica en investimentos no noso país, mais, no inmediato, queremos que haxa orzamentos. Queremos que haxa investimento na Galiza. Queremos que este Goberno cumpra o previsto no acordo de
investidura que, lembrámolo, non é un compromiso co BNG, senón con todos os galegos e galegas. E por iso, a pesar desta posición crítica, voltaremos a apoiar a proposta que temos enriba da mesa. Moito obrigado.

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Gracias, señora presidenta.


El BNG tiene razones de sobra para ser crítico, muy crítico, con la vuelta impuesta por la Unión Europea a las reglas de estabilidad macroeconómica y financiera, el control del déficit, reducción de la deuda y su mantenimiento en magnitudes
que consideran sostenibles a largo plazo. De hecho, lo expresamos con claridad el pasado mes de enero, cuando se aprobó la propuesta del Gobierno por primera vez en este Congreso. Decíamos que, más allá de un marco general con el cual el BNG no
está de acuerdo, tendríamos que tener en cuenta las graves consecuencias que los objetivos de déficit van a tener para las comunidades autónomas, para las que la propuesta fija un objetivo de déficit de solo el 0,1 % y, para los ayuntamientos, el 0
%, mientras que para el conjunto de las administraciones se fija en un ya limitado 3 %. Esto significa que el Estado reserva para sí mismo el 2,9, es decir, el 97 % de la capacidad total. Lo consideramos totalmente injusto, pero aún lo es más si
tenemos en cuenta que para los siguientes ejercicios, 2025 y 2026, desaparece el déficit para las comunidades autónomas, lo que limita su capacidad de gasto, cuando son las administraciones las que soportan el peso del gasto e inversión
correspondiente a los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales, etcétera.


El BNG considera que, con la situación de incertidumbre sobre la recuperación económica que aún vivimos, es necesario caminar en la dirección contraria a la que ahora se marca y desarrollar una política económica y fiscal expansiva para
reforzar los servicios públicos y potenciar la recuperación económica y el empleo. A pesar de esta visión crítica, como digo, muy muy crítica, el BNG apoyó la propuesta. Lo hizo por responsabilidad, para favorecer que pudiesen salir adelante unos
presupuestos del Estado que, entre otras cosas, deben reflejar los compromisos de este Gobierno con Galicia y con las clases populares; unos compromisos vitales para corregir un déficit histórico y una deuda con nuestro país en la que los gobiernos
españoles -de uno y otro signo- han incurrido. Nuestro pueblo no puede seguir esperando. El BNG está aquí, precisamente, para que nadie tenga la tentación de que esto ocurra. Sorprendentemente, quien siempre apoyó las políticas de recortes y
austeridad impuestas por la Unión Europea, quien las aplicó de forma rigurosa y con el entusiasmo de quien pretende ser el alumno aventajado sin importarles para nada el sufrimiento y el dolor que estas políticas antisociales provocaban -es decir,
el Partido Popular-, tumba ahora en el Senado la propuesta salida del Congreso y lo hace de forma irresponsable, movido solo por el afán de dificultar las cosas a este Gobierno, pero sabiendo que, de paso, se las dificultan también a los gobiernos
autónomos -por cierto, la mayoría del propio Partido Popular- y a los ayuntamientos, que tendrán menos recursos si esta propuesta no sale adelante. Saben que la alternativa es, como digo, aún más restrictiva: equilibrio para las comunidades
autónomas, 0,2 % de superávit para los ayuntamientos, pero parece que no les importa. Nada le importa más al Partido Popular que su guerra permanente contra un gobierno que ellos ven como ilegítimo porque consideran que les correspondía gobernar a
ellos, en esa concepción patrimonialista que tienen ellos del poder. Por utilizar la misma expresión que utilizó recientemente de forma impropia un diputado del PP, parece evidente que aún están escocidos por no haber ganado el Gobierno en las
elecciones generales. Perdón, olvidaba que Feijóo no es presidente porque él no quiso.


En fin, nosotros, el BNG, reiteramos nuestra apuesta por otro modelo y también por un sistema de financiación justo, que garantice que la totalidad de los impuestos que se pagan en Galicia repercutan en el financiamiento de nuestros
servicios públicos, así como de la reclamación al Estado que compense la deuda histórica en inversiones en nuestro país. Pero, de forma inmediata, queremos que haya presupuestos; queremos que haya inversión en Galicia; queremos que este Gobierno
cumpla lo previsto en el acuerdo de investidura, que, recordamos, no es un compromiso con el BNG, sino con todos los gallegos y gallegas. Por eso, a pesar de esta posición crítica, volveremos a apoyar la propuesta que tenemos encima de la mesa.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.


Tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, la señora Santana Perera.


La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias, señora presidenta.


El pasado 10 de enero, el Congreso votó y aprobó en segunda votación, por 179 votos a favor y 171 en contra, el acuerdo del Gobierno por el cual se fijaban los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero para
el presupuesto del año 2024 y también el Plan de Reequilibrio previsto por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera con el mismo sentido de los votos, abriéndose así camino a la presentación de los próximos
presupuestos generales del año 2024,

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que, como ya nos han adelantado en la hoja de ruta, serían para el próximo trienio, pues la intención del Ministerio de Hacienda sería aprobar la Ley de Presupuestos Generales antes del mes de abril. Para ello, el límite de gasto no
financiero, conocido más comúnmente como techo de gasto del presupuesto, se eleva a 199 120 millones de euros, un 0,5 % más con respecto al año anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Unos objetivos que fijan un déficit del
3 % en el 2024 para el conjunto de administraciones; el 2,7 % en 2005, y el 2,5 % en el año 2026. En el caso de las autonomías, se estableció en un 0,1 % para el 2024. Para el 2025 y 2026 lo que se va a buscar es el equilibrio presupuestario.
Para las entidades locales también se acordó un equilibrio presupuestario del año 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en el 0,2 %.


Sin embargo, hoy estamos debatiendo y votando de nuevo el mismo asunto, dado que el Partido Popular, en un ejercicio de irresponsabilidad, cumplió con su amenaza de bloqueo institucional. Sinceramente, creemos que es una temeridad haber
rechazado en el Senado estos objetivos, porque, al final, quien va a pagar el pato van a ser las autonomías, en muchas de las cuales gobiernan ustedes y están en esos consejos de gobierno. Al final, si no salen adelante los objetivos de déficit que
nos hemos marcado, lo que va a ocurrir es que vamos a acabar asumiendo objetivos que son mucho más exigentes, ya que nos tendremos que remitir a los aprobados en el mes de abril. Quien más va a sufrirlo va a ser la ciudadanía de este país, porque
ya sabemos que las comunidades autónomas tienen transferidas aquellas competencias que más afectan a la ciudadanía, ya sea sanidad, educación o los derechos y las prestaciones sociales. Por lo tanto, señores del Partido Popular, hoy por hoy no
entendemos que ustedes estén jugando con los intereses de la ciudadanía de nuestro país en aras de beneficiar los intereses propios del Partido Popular. No sé qué es lo que quieren ustedes hacernos ver o demostrarnos, pero lo cierto es que es una
auténtica temeridad.


No obstante, queremos referirnos ahora al Partido Socialista. Creemos que si hubieran sido valientes en su momento y hubieran llevado a cabo esa ley que propuso Podemos en el año 2018 para eliminar el veto en el Senado a través de la
modificación de la ley de estabilidad, ahora mismo no nos encontraríamos con el problema que nos estamos encontrando. Fue una ley que, incluso, se llegó a registrar, pero nunca se llegó a sacar adelante. Por eso, les animamos a que ahora tengan la
valentía, visto lo visto, vista la irresponsabilidad de aquellos que lideran la oposición, de no dejar a voluntad de ninguna fuerza política algo que es tan fundamental para el futuro de nuestro país como es el poder gozar de unos presupuestos
generales.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Santana.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene ahora la palabra el señor González Gracia, por un tiempo de diez minutos.


El señor GONZÁLEZ GRACIA: Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, buenos días.


¡Qué cosas tenemos que escuchar en esta Cámara! Como dicen en su tierra y en la mía, los pájaros se tiran a las escopetas. Señor Marí Bosó, del Partido Popular, ha venido usted aquí a darnos lecciones y usted es el presidente del Partido
Popular de Ibiza. ¿Dónde estaba usted cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció al presidente del Consejo Insular de Ibiza por contratación irregular y por acoso laboral? (Aplausos.-Rumores). ¿Señor Marí Bosó, cómo es usted tan temerario de
hablar de corrupción cuando hay dieciocho políticos del Partido Popular de las Islas Baleares en la cárcel? (Aplausos.-Rumores). Señor Tellado -que se ha ausentado-, sea usted fuerte, no sea que, según las noticias que hoy hemos conocido, también
esta trama le haya salpicado. (Aplausos.-Rumores).


Señorías, nuestra Constitución recoge que el Senado es la Cámara de representación territorial. Por tanto, es saludable que del Senado salgan buenas propuestas para nuestros territorios. Por eso, me pregunto: ¿es bueno que los
ayuntamientos y las comunidades autónomas tengan 4500 millones más de margen fiscal? La respuesta, para cualquier persona coherente, sería un rotundo sí. ¿Y por qué ha votado el Partido Popular en contra? Porque al Partido Popular le dan igual
los territorios. El Partido Popular está desvirtuando la Constitución española, lo hace bloqueando el Consejo del Poder Judicial y, ahora, también lo hace convirtiendo al Senado, no en una Cámara de representación territorial, sino en la sala de
sus mítines semanales. El Partido Popular tiene secuestrado al Senado de España por sus intereses partidistas, y esto se llama atacar a las instituciones, atacar a la democracia y, así, señorías, mueren las democracias. Es necesario, frente a la
hiperventilación, mucho sosiego; es necesario, frente al ruido, un poco de silencio, y, frente a la estupidez, es necesaria la lucidez. (Aplausos). Por eso, les traigo hoy este libro. (Lo muestra). Se trata de un libro recomendado para todos y
para todas, que se titula Breve tratado sobre la estupidez humana, porque la estupidez es más dañina que la maldad. Con un malvado -como bien dice este libro-

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se puede dialogar e, incluso, convencerlo para que sea buena persona. Con un estúpido, es imposible. Y les pongo varios ejemplos. ¿Qué pensarían sus señorías si alguien se mira en un espejo y se dice: soy un ganador? Creo que todos
pensaríamos que podría estar incluido en el Breve tratado sobre la estupidez humana. Pues bien, en este país alguien ha llegado a decir que no es presidente porque no quiere; lo que pasa es que aquí el espejito sí le respondió y le dijo: Chico,
tú no eres presidente porque no has obtenido la mayoría. (Aplausos). ¿Qué pensarían si alguien les pidiera un vaso de agua y, cuando le ofreciéramos un vaso de H2O, esa misma persona te dijera: yo no quiero H2O, yo quiero agua? (Risas). Esa
persona podría estar entrando dentro del Breve tratado sobre la estupidez humana. Pues bien, en esta Cámara, un grupo político, el Partido Popular, lleva pidiendo, semana sí y semana también -y hoy también lo ha hecho-, una bajada del IVA, pero
cuando el Gobierno trae la bajada del IVA de la electricidad del 21 al 10 % o cuando trae el IVA cero para alimentos básicos, como la leche, el pan, la fruta o las verduras, entonces el Partido Popular dice que no, porque el Partido Popular no
quiere H2O, quiere agua. (Aplausos.-Risas). ¿Qué creerían sus señorías si unos padres que tienen dos niños sobrealimentan al que menos lo necesita y no dan los alimentos suficientes al que más lo necesita? Pues, en principio, creeríamos que son
unos malos padres, pero que también estarían dentro del Breve tratado sobre la estupidez humana. En mi tierra, Extremadura, gobierna la derecha-extrema derecha, Partido Popular y VOX, ¿y saben cuál fue la primera medida que llevaron a cabo?
¿Mejoraron la sanidad? No. ¿Mejoraron las infraestructuras? No. ¿Invirtieron más en educación? No. ¿Pusieron menos altos cargos? No. Lo primero que hicieron fue eliminar el impuesto del patrimonio a las 1200 personas más ricas de
Extremadura, con un patrimonio superior a 2 millones de euros. (Aplausos). Y el millón de extremeños restantes, a seguir pagando. Por tanto, lo primero que hicieron las derechas fue sobrealimentar a los ricos y dejar de atender las necesidades de
la clase media y de la clase trabajadora. Y, mientras esto lo hace la derecha en Extremadura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que en este semestre se iniciará la construcción de una gigafactoría en Navalmoral de la Mata,
Cáceres, con una inversión de 1100 millones de euros, que cambiará la historia industrial de Extremadura. (Aplausos). Por eso, hoy, quiero acordarme de quien impulsó ese proyecto, mi presidente, Guillermo Fernández Vara. (Aplausos). Y esa es la
diferencia. La diferencia es que, una presidenta de derechas en Extremadura baja los impuestos a los ricos y el presidente de España trae riqueza a Extremadura para darles dignidad a las clases medias y trabajadoras.


Capítulo aparte, señorías, en el Breve tratado sobre la estupidez humana, merece aquel señor que quería que su casa se destruyera, aunque no sabía muy bien si la podía reconstruir o no. ¿Se acuerdan ustedes del ministro Montoro? Los niños
y las niñas de este país se acuerdan muy bien de él porque subió el IVA hasta de las chuches. (Aplausos). Y los mayores también nos acordamos de él, porque nos subieron más de cincuenta impuestos. Pero a la memoria colectiva de los españoles y de
las españolas no se les olvida aquella frase que dijo: 'Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros'. No hay mayor deslealtad hacia un país, señores del Partido Popular, que desear que tu país vaya mal. El Partido Popular sabe, de sobra,
que los objetivos de estabilidad que ha presentado la vicepresidenta son coherentes. El Partido Popular es consciente de que la senda fiscal prudente que se incluye dentro del Plan de Reequilibrio es muy creíble. El Partido Popular sabe que se
equivocó cuando Feijóo pronosticó, en julio del año 2022, aquello de 'nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profunda crisis económica'; e, incluso, acuérdese, señora vicepresidenta, llegó a decir que no iba a haber presupuestos para el
año 2023. Y el resultado ha sido que, en el año 2023, el crecimiento del producto interior bruto, como ha dicho hoy la vicepresidenta, con gobiernos de Pedro Sánchez, ha sido de un 2,5 %, muy superior a la media de la Unión Europea. Y nunca antes
en la historia de este país hubo tanta gente trabajando como en el año 2023, más de 21 millones de españoles y de españolas. (Aplausos). Todo esto lo sabe el Partido Popular. El Partido Popular tiene una disyuntiva; tienen ustedes dos caminos.
En el primero, pueden ustedes hacer la oposición que quieran, pero, por lo menos, en temas fundamentales que benefician al interés general de este país, voten favorablemente, para contribuir al crecimiento y al reparto de la riqueza entre españoles.
Pueden ustedes escoger el segundo camino, y ser dignos herederos de Montoro y desear que caiga España. El problema es que España no va a caer. Este Gobierno progresista seguirá construyendo un país más próspero, más moderno, más igualitario; en
definitiva, un país donde los españoles y las españolas se sientan orgullosos de su país, en convivencia, y no tengamos que pasar la vergüenza de que en este país existe el único partido de toda Europa condenado por corrupción, el Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.

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DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES:


- DENUNCIA DEL TRATADO DE LA CARTA DE LA ENERGÍA, HECHO EN LISBOA EL 17 DE DICIEMBRE DE 1994. (Número de expediente 110/000001)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, correspondiente al debate de totalidad de la denuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994. Se ha presentado una propuesta con
consideración de enmienda a la totalidad por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para la defensa de la propuesta tiene la palabra el señor Requena Ruiz, por un tiempo de doce minutos.


El señor REQUENA RUIZ: Buenos días, señora presidenta. Aquí sigue usted y cada día que pasa más dudas tenemos de su gestión en la pandemia. Mala cosa es esta para nuestra democracia que tanto salpica a la tercera autoridad del Estado.
Como dice su compañera Montero, yo sé lo que haría. ¿Usted? (Aplausos).


Señorías, la denuncia de este tratado internacional, al que traemos hoy la enmienda a la totalidad, no es un tratado cualquiera, es un tratado que necesita mejorarse o actualizar los objetivos, que necesita una respuesta conjunta de la Unión
Europea, pero no una salida unilateral. Es un tratado que protege la propiedad, el libre mercado y la inversión. Entendemos que SUMAR, como enemigos de la propiedad y de la inversión, quieran salirse, pero ustedes, señorías del PSOE, ¿qué
motivaciones tienen? Porque si son las que vienen reflejadas en el documento de denuncia son más falsas que justificadas. Señorías, el Partido Socialista quería llevar hoy la denuncia de este tratado como lleva haciendo este Gobierno las cosas
desde hace muchos años, en la opacidad y el engaño. No querían traerlo al Pleno y querían llevarlo de una forma desapercibida, ni siquiera nadie del Gobierno ha venido a defenderlo. En realidad, creo que si del Partido Socialista dependiera esta
semana no hubiese habido ni Pleno de lo divertida que la llevan. Pero, tranquilos, señorías, yo hoy no vengo a hablar ni de Koldo ni de Ábalos ni de Marlaska ni de Torres ni de Salvador Illa ni del resto de presuntos implicados en su nueva trama
corrupta, de eso ya se habló ayer (la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: Y de Tellado, de Miguel Tellado), y de María Jesús Montero (varios señores diputados: De Tellado, de Tellado), y de eso se va a seguir
hablando muchas semanas para que aclaren por qué robaban a los españoles (aplausos), y lo hacían mientras la vicepresidenta tercera, artífice de esta denuncia, era la responsable de una desescalada con un comité de expertos que nunca existió. Hoy,
lo que deben darnos es explicaciones sobre qué hay detrás de su intento de tramitar la salida de la Carta de la Energía de la forma silenciosa en que la llevan, a escondidas, casi subrepticia, restándole importancia y de forma unilateral, sin
consultar con nadie y fundamentando la división en un informe que contiene tantas inconcreciones como argumentos falsos, y encima por el procedimiento de urgencia. ¿Pero qué urgencia, señorías? ¿Alguien del Gobierno se ha leído el tratado? ¡Si
una vez que salgamos las inversiones extranjeras todavía estarán protegidas durante veinte años! La única urgencia que tiene el Gobierno es no consultar con nadie y no consensuar con la alternativa del Gobierno una cuestión que debería ser objeto de
consenso, como es un tratado que está firmado desde hace treinta años.


Señorías, pero no solo no consensuan, también mienten. En respuesta parlamentaria a este grupo, la señora Teresa Ribera dijo que el objeto de España era modernizar el Tratado de la Carta de la Energía para alinear los objetivos al Acuerdo
de París y al Green Deal. Si no han sido capaces de modernizar el tratado Presidencia española de la Unión Europea de por medio, deducimos, por tanto, que han fracasado. ¿En que quedó todo aquello? ¿Para qué ha servido la Presidencia española de
la Unión Europea si han fracasado en su propuesta de reforma del mercado eléctrico? Han fracasado en la extensión de la excepción ibérica como solución ibérica al resto de Europa porque era un timo. Fracasan disparando las compras de gas ruso, ya
van más de 8000 millones de financiación de la guerra a Rusia. Fracasan en su oposición a la energía nuclear y han fracasado en un acuerdo conjunto de la Unión Europea para reformar el Tratado de la Carta de la Energía. El liderazgo de este
Gobierno y de Teresa Ribera desde luego es escaso o nulo, es inexistente. ¿Para qué sí ha servido la Presidencia española de la Unión Europea? Para colocar a Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones y para que su Gobierno traicione a
España con la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, votando en contra de Madrid y en favor de Alemania. ¿Qué hay detrás de eso, señorías del Gobierno, señores del PSOE? ¿Es simplemente
animadversión a Madrid o es que no quieren tener cerca la sede que puede perseguir el blanqueo de capitales porque temen que su primera decisión vaya contra la trama

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corrupta que le afecta a usted (señalando hacia la Presidencia), al ministro del Interior, al exministro de Política Territorial, al exministro Ábalos, a Illa o al número tres del Partido Socialista? (Aplausos). Sea cual sea el motivo, a
nosotros nos parece vergonzoso.


Señorías, decía al principio que este tratado no era un tratado cualquiera, y su persistencia en denunciarlo retrata claramente lo que han sido los gobiernos sanchistas para la seguridad jurídica. Lo van a entender enseguida, señorías. Si
ustedes leen los fundamentos de la denuncia que se hace por parte del Gobierno, en ella se dice que la Carta de la Energía protege inversiones en combustibles fósiles, que la permanencia de España en el tratado resulta poco coherente con las
políticas energéticas y ambientales del Gobierno o que España ha sido sometida a cincuenta y un procedimientos arbitrales con unas reclamaciones de más de 10 000 millones de euros. Claro, leyendo solamente esto pudiera parecer que las aspiraciones
de salirse del tratado son lícitas. ¿Quién se puede oponer a que no se protejan las inversiones en combustibles fósiles o a que no nos impongan más laudos, pero, cuál es la realidad? La realidad no es esta; la realidad es que la totalidad de los
arbitrajes condenatorios contra España invocando la Carta de la Energía no son por fomentar inversiones en combustibles fósiles, no están promovidas por quienes desarrollan actividades empresariales contrarias a la transición ecológica. Hay un
detalle muy importante en este tratado que el Gobierno no dice en la denuncia y que esconde, y es que la totalidad de los procedimientos arbitrales contra España surgen por el irresponsable fomento de renovables del Gobierno socialista de Zapatero,
el padrino de todos ustedes, unas inversiones que se hicieron a partir del año 2007 gracias a generosos, abultados incentivos que permitían obtener cuantiosos beneficios generando una burbuja especulativa que aprovecharon masivamente fondos de
inversión, lo dicen los propios arbitrajes. Es decir, el Gobierno socialista de Zapatero fomentó una política de desarrollo renovable con incentivos que estaban muy por encima del precio de mercado. ¿Y quiénes fueron los principales perceptores de
estos beneficios abultados? ¿Quién paga todo esto? Pongan atención, señorías: todo esto lo seguimos pagando todos los consumidores españoles en nuestra factura eléctrica, desde los consumidores vulnerables a los autónomos, las pymes o los
consumidores industriales. ¿Y quién se lo lleva, señorías? Empresas fomentadas al amparo de esta política de Zapatero que tenían su sede fiscal, pongan atención, en Luxemburgo, la base de operaciones de Ábalos y Koldo, en Jersey, en Malta, en
Holanda, en Reino Unido, en Abu Dabi y un largo etcétera de fondos de inversión constituidos en paraísos fiscales o en países fiscalmente muy atractivos. Paralelamente a todo ello, había otra ingente cantidad de dinero público que se destinó a
empresas nacionales como Isofotón, la recordarán, que es la empresa que contrató a Teresa Ribera después de que se le dieran avales, incentivos, subvenciones y préstamos a fondo perdido que aprobaron María Jesús Montero, que se acaba de ir, y Luis
Planas cuando estaban en la Junta de Andalucía y que acabó finalmente en un concurso de acreedores. Por cierto, ¿dónde está Teresa Ribera? No la vemos y es la artífice de la denuncia de este tratado. Ayer vino a arropar al presidente del Gobierno
para no dejarlo solo contra Ábalos y hoy no sabemos dónde está. Señorías, no había ni un solo Gobierno socialista que no estuviera salpicado y no había ni un solo paraíso fiscal que no sacara tajada a costa de España, a costa de la mayoría social
de nuestro país, que es quien paga todo esto. ¿Les suena a ustedes el modus operandi del Partido Socialista? Pero más grave aún es que había 65 000 familias españolas, 65 000 pequeños ahorradores, que decidieron invertir en 2007 y a partir de 2010
les aplicaron un recorte insoportable que ha llevado a la ruina a la casi totalidad de los pequeños inversores españoles, porque no pueden ir a los arbitrajes internacionales y este Gobierno no quiere escucharlos. Pedro Sánchez se comprometió con
ellos a restituirles las primas a las renovables que se les habían recortado, y la realidad es que Pedro Sánchez volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: mentir a todos, todo el tiempo.


Señorías, las consecuencias de aquel regado millonario a fondos de inversión en paraísos fiscales fue 30 000 millones de euros de déficit tarifario, la práctica quiebra del sistema eléctrico, la ruina de 65 000 familias españolas y el pago a
la factura eléctrica anual de 7000 millones de euros. Enhorabuena. Señorías, cuando el Partido Socialista les hable de justicia social o quieran aumentar los impuestos y saquear el bolsillo a los españoles piensen en Luxemburgo, en Malta o en Abu
Dabi, que es donde únicamente ellos entienden su justicia mientras nos roban a través de tramas corruptas. Yo empiezo a estar seguro de que ya entienden por qué este Gobierno quiere llevar este tratado de forma furtiva. Señorías, intentarán
confundirles, hablarán del impuesto al sol, que no existió según respuesta por escrito del Gobierno; les hablarán del éxito en energías renovables, cuando somos el país de Europa que más gas ruso quema; les hablarán del liderazgo en Europa, cuando
la realidad es que solo nos ha servido para que se coloque Calviño y parece que también buscan la colocación de Teresa Ribera. Querrán señalar al Partido Popular por intentar apagar el fuego que Zapatero inició; o les hablarán de seguridad
jurídica. Les voy a hablar yo

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de seguridad jurídica. Váyanse a la primera página del informe del Consejo de Estado que denuncia este Tratado de la Carta de la Energía. ¿Quién lo firma? Magdalena Valerio, una presidenta cuyo nombramiento ha sido anulado por el Tribunal
Supremo porque, como todo lo que hace este Gobierno, no está al servicio del interés general, sino que está al servicio del interés particular. Y el reconocido prestigio de Magdalena Valerio es como el reconocido prestigio de este Gobierno,
inexistente. Un Gobierno que no respeta la separación de poderes y ataca a fiscales y jueces, que señala a medios y periodistas por hacer su trabajo, que sigue negociando una amnistía que dinamita la esencia de la democracia española y europea a
cambio no de una legislatura ya estéril, sino al servicio de los peores y contra cualquier seguridad jurídica.


Señorías, solicitamos el voto favorable a esta enmienda a la totalidad, utilizando los propios argumentos del Gobierno, de la Comisión y del Parlamento, que dicen que se pretende alcanzar una posición común durante el primer trimestre de
2024 para la retirada ordenada de la Unión Europea al completo del Tratado de la Energía. Por tanto, si esto es así, ¿por qué esta denuncia unilateral contra el criterio de la Comisión y del Parlamento Europeo? El aplazamiento que mi grupo
solicita tiene todo el sentido. Porque no es cierto, como dice el Gobierno, que una vez denunciado al año siguiente nos salimos. Si, como ya he dicho al principio, las inversiones están protegidas durante veinte años más. Además, señorías del
Gobierno, ustedes ponen como ejemplo a otros países cuando saben que los arbitrajes tienen una naturaleza completamente diferente. El procedimiento se ha hecho no desde la unilateralidad, sino desde el consenso. Por ejemplo, Reino Unido ha
anunciado su salida del tratado y en su comunicado se lee que, después de consultar con empresas, sector y sociedad civil, han iniciado el proceso de salida del Tratado de la Carta de la Energía. ¿Con quién ha consultado este Gobierno? Con nadie.
Este es el estilo Ribera-Sánchez, no consultar con nadie. Por cierto, ya les advertimos que en su propuesta de creación de la Comisión Nacional de Energía no vayan por la vía de la unilateralidad, porque se van a encontrar enfrente al partido
mayoritario de este Congreso, que es el Partido Popular. No queremos más sectarismo y colonización de las instituciones, no queremos una comisión al servicio de Ribera para blindar su modelo energético fracasado. No queremos un instrumento más al
servicio del Gobierno, porque este Gobierno ha convertido a España en el país con mayor grado de inseguridad jurídica. ¿Saben ustedes que desde mediados de 2023 España supera a Venezuela en laudos internacionales impagados? Este Gobierno tenía la
firme intención de convertirnos en Venezuela. Pues bien, ya lo han conseguido. No se lo pongamos más fácil y voten a favor de nuestra enmienda.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Requena.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene ahora la palabra el señor Esteban Bravo, por un tiempo de siete minutos.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta. Intervendré desde el escaño.


La verdad es que este es un trámite extraño, no el que se iba a seguir en relación con la denuncia del tratado. Se iba a llevar exactamente igual que el resto, a Comisión, etcétera, y luego el Pleno de esta Cámara tomaría una decisión. El
trámite por el que ha optado el Partido Popular sí es un trámite inusual y que se ha visto muy pocas veces. Sorprende también cuando ya Europa a finales del año 2022, por parte del Parlamento Europeo, tomó la decisión de que, efectivamente, había
que encauzar todo esto -y el representante del Partido Popular así lo ha reconocido también en su intervención- y hacer una salida del tratado. Una salida del tratado que no va a poder hacerse de una manera conjunta en este trimestre de 2024 porque
ya algunos países -dos o tres países- anunciaron que querían mantenerlo, muy probablemente por determinados contratos con países del este, fuera de Europa, etcétera. Pero el resto -y hay que mirar a nuestro entorno, a los países referentes líderes
en el entorno europeo- han comenzado su salida. Italia ya está fuera, pero es que Francia también lo está haciendo, Alemania también lo está haciendo y así hasta ocho países. Por lo tanto, sorprende que parezca que hay un escándalo con este
movimiento del Gobierno. No entiendo tampoco qué se pretende proteger con este movimiento por parte del Partido Popular, qué propiedad o qué inversiones. Porque, desde luego, no hay caso que perjudique a empresas españolas. Ya le digo yo que, si
hubiera habido alguna, me hubiera llamado, porque las empresas energéticas se mueven y llaman a todo el arco parlamentario. En todo caso, afectará -y creo que en el caso español- a pocas y, si es que hay alguna, a empresas, en todo caso,
extranjeras, porque para eso está el tratado. Además, se ha sacado también el tema de los laudos. Y lo entiendo, pero usted mismo ha afirmado los veinte años que tienen después de la salida del tratado. Y aparte, creo que hay que recordar una
cosa que no se ha dicho aquí por parte de quien pretende la devolución al Gobierno,

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y es que a todas estas empresas que invirtieron en su momento y que muchas de ellas acudieron a los laudos, también se les dio una salida extraordinaria de mantener una rentabilidad del 7,38 % hasta el año 2031. Y algunas de estas, además,
optaron por esta salida. Quiero decir que ese tema también se ha enfrentado. Pero, unir el movimiento que ahora ha hecho el Gobierno con una especie de escapada para proteger decisiones desacertadas y exageradas, sí, como la que pudo tener el
Gobierno de Rodríguez Zapatero en determinado momento, me parece que no tiene ningún sentido. Porque creo que lo que tenemos que hacer es proteger a la Administración, al Estado y al dinero de toda la ciudadanía, no al dinero de algunas empresas
que, además, no son del Estado español o no son españolas. Por lo tanto, sinceramente, creo que, además, habiendo un trámite como el que tenemos en Comisión y que luego vendrá al Pleno, lo lógico es seguir este trámite y no paralizar ahora el
inicio de la denuncia del tratado que ha hecho el Gobierno. Por lo tanto, votaremos en contra.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene ahora la palabra la señora Boada Danés, por un tiempo de siete minutos.


La señora BOADA DANÉS: Gràcies, presidenta.


Senyories, l'emergència climàtica és el repte més complex i urgent al què ens enfrontem com a humanitat. Em sembla que totes les diputades i diputats d'aquesta cambra hauríem de tenir present aquest fet, tenir-lo present cada cop que ens
reunim en aquest hemicicle o en comissió per debatre i adoptar no només polítiques climàtiques, sinó també polítiques econòmiques, polítiques socials, polítiques de salut, perquè el canvi climàtic ho travessa tot. Per tant, cal posar la política al
servei d'aquest repte majúscul i establir, per una banda, tots els mecanismes necessaris per a planificar i articular una transició verda justa. I per l'altra, acabar amb aquells instruments que no ens permeten avançar cap a aquest objectiu últim
de neutralitat climàtica.


El Tractat de la Carta de l'Energia és un instrument que no ens permet avançar, i així ho diu la comunitat científica. Ho diu el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, l'IPCC de les Nacions Unides, que el considera un
gran obstacle per lluitar contra el canvi climàtic i, cito textualment, 'pot donar lloc a un refredament normatiu que pot portar molts països a abstenir-se d'adoptar polítiques de mitigació com l'eliminació progressiva dels combustibles fòssils o
endarrerir-ne la seva adopció.' Són moltes les empreses de la indústria fòssil que denuncien els estats membres d'aquest tractat fent ús del mecanisme de resolució de controvèrsies inversor-Estat, un sistema judicial privat que, per cert, la Unió
Europea ja no incorpora en cap dels seus tractats internacionals.


Europa ha corregit aquest despropòsit també gràcies a la mobilització i a la pressió de moltes entitats socials d'arreu del món. I especial menció es mereix la campanya contra el TTIP. Aquest tribunal privat permet als inversors i
multinacionals energètiques demandar els estats i reclamar compensacions milionàries per qualsevol mesura empresa pel Govern que perjudiqui els seus interessos econòmics. O dit d'una altra manera, és un mecanisme que posa els interessos privats per
sobre dels interessos de la ciutadania. Anteposa continuar cremant combustibles fòssils a les polítiques públiques acordades dins del joc de la democràcia. Aquest tractat, negociat als anys 90 per millorar les inversions occidentals a l'antic bloc
soviètic, ha provocat que des del 1998, any en què Espanya el va ratificar, hagi condemnat al pagament de més de 1000 milions d'euros, tot i que se li reclamen més de 10 000 milions, fruit de 51 arbitratges interposats.


Hem de triar: o les arques de l'Estat al servei de les multinacionals o les arques de l'Estat al servei de polítiques de transició energètica, rehabilitació climàtica, electrificació de la mobilitat, refugis climàtics. Em sembla,
senyories, molt obvi que formar part d'aquest tractat és insostenible, com tampoc se sostenen els arguments del Grup Popular per a posposar la sortida del tractat. Quan abans en sortim, abans acabarà la clàusula d'extinció de 20 anys. Mentre
Espanya sigui membre del tractat, fons de litigis especialitzats poden comprar accions de qualsevol empresa que es vegi mínimament afectada per un canvi legislatiu i obtenir el dret a presentar un nou arbitratge. Com més tardem, més ho patirem.
Avançar-nos a sortir ara del tractat no tanca la porta a unir-nos a la sortida coordinada de la Unió Europea i beneficiar-nos de la neutralització de la clàusula d'extinció en un futur. De fet, són molts els estats que ja s'han retirat del tractat
o han iniciat el procés: Itàlia, França, Polònia, Alemanya, Luxemburg, Països Baixos, Eslovènia, Portugal.


El Tractat de la Carta de l'Energia no ens permet ser sobirans en les decisions que prenem en matèria energètica. No ens permet articular en la seva plenitud lleis tan rellevants com la Llei de canvi climàtic, que

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permet desenvolupar l'acord de París. En aquests últims mesos hem sentit des d'aquesta tribuna com el Grup parlamentari de VOX i el Grup Popular competien per veure qui dels dos s'erigia com el menys ecologista. Vostès estan disposats a
trencar consensos àmpliament consolidats i sustentats per l'acadèmia d'un cantó i pels carrers plens de joves per l'altre. Però no pateixin, mentre vostès culpen les polítiques verdes com la causa de tots els mals, el Grup parlamentari de SUMAR
continuarà defensant des del Govern, des d'aquí, des de les aules i les places, un sentit comú ecologista que interpel·la tota la població. Perquè només amb aquest, només amb aquest, tindrem més qualitat de vida.


Així que és interpel·lant a la ciutadania que amb convicció diem que, en definitiva, sortir del Tractat de la Carta de l'Energia és una qüestió de justícia climàtica. Cal accelerar la transició energètica i no es pot fer amb un tractat que
protegeix les inversions en combustibles fòssils. És una qüestió de salut democràtica. No podem prioritzar els interessos dels inversors en projectes energètics protegits per un tribunal privat per sobre de les polítiques nacionals sobiranes que
avancen en la consecució dels objectius climàtics amb l'objectiu de viure millor. També és una qüestió de justícia social. No podem gastar recursos econòmics en litigis en comptes d'invertir-los a articular una transició verda, justa, que sigui
una oportunitat per acabar amb les desigualtats socials d'aquest país. Senyories, no perdem més el temps, que no ens en sobra, i sortim d'un tractat que condiciona la nostra política climàtica. Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Señorías, la emergencia climática es el reto más complejo y urgente al que nos enfrentamos como humanidad. Me parece que todas las diputadas y diputados de esta Cámara deberíamos tener presente este hecho, tenerlo presente cada vez que nos
reunimos en este hemiciclo o en Comisión para debatir y adoptar no solo políticas climáticas, sino también políticas económicas, políticas sociales, políticas de salud, porque el cambio climático lo atraviesa todo. Por tanto, es necesario poner la
política al servicio de este reto mayúsculo y establecer, por un lado, todos los mecanismos necesarios para planificar y articular una transición verde justa y, por otro, acabar con aquellos instrumentos que no nos permiten avanzar hacia ese
objetivo último de neutralidad climática. El Tratado de la Carta de la Energía es un instrumento que no nos permite avanzar, y así lo dice la comunidad científica. Lo dice el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC de
Naciones Unidas, que lo considera un grave obstáculo para luchar contra el cambio climático y -cito textualmente-: puede dar lugar a un enfriamiento normativo que puede llevar a muchos países a abstenerse de adoptar políticas de mitigación, como la
eliminación progresiva de los combustibles fósiles o retrasar su adopción. Son muchas las empresas de la industria fósil que denuncian a los Estados miembros de este tratado utilizando el mecanismo de resolución de controversias inversión-Estado,
un sistema judicial privado que, por cierto, la Unión Europea ya no incorpora en ninguno de sus tratados internacionales. Europa ha corregido este despropósito también gracias a la movilización y presión de muchas entidades sociales de todo el
mundo; se merece especial atención y mención la campaña contra el TTIP. (Aplausos). Este tribunal privado permite a los inversores y multinacionales energéticas demandar a los Estados y reclamar compensaciones millonarias por cualquier medida
emprendida por el Gobierno que perjudique a sus intereses económicos. Dicho de otro modo, es un mecanismo que pone los intereses privados por encima de los intereses de la ciudadanía; antepone seguir quemando combustibles fósiles a las políticas
públicas acordadas dentro del juego de la democracia. Este tratado, negociado en los años noventa para mejorar las inversiones occidentales en el antiguo bloque soviético, ha provocado que desde 1998, año en el que España lo ratificó, haya sido
condenado al pago de más de 1000 millones de euros -aunque se reclaman más de 10 000 millones-, fruto de cincuenta y un arbitrajes interpuestos. Debemos elegir: o las arcas del Estado al servicio de las multinacionales o las arcas del Estado al
servicio de políticas de transición energética, rehabilitación climática, electrificación de la movilidad o refugios climáticos.


Me parece, señorías, muy obvio que formar parte de este tratado es insostenible, como tampoco se sostienen los argumentos del Grupo Popular para posponer la salida del tratado. Cuanto antes salgamos, antes terminará la cláusula de extinción
de veinte años. (Aplausos). Mientras España sea miembro del tratado, fondos de litigios especializados pueden comprar acciones de cualquier empresa que se vea mínimamente afectada por un cambio legislativo y obtener el derecho a presentar un nuevo
arbitraje. Cuanto más tardemos, más sufriremos. Adelantarnos a salir ahora del tratado no cierra la puerta a unirnos a la salida coordinada de la Unión Europea y beneficiarnos de la neutralización de la cláusula de extinción en un futuro. De
hecho, son muchos los Estados que ya se han retirado del tratado o han iniciado el proceso: Italia, Francia, Polonia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia y Portugal. El Tratado sobre la Carta de la Energía no nos permite ser soberanos en
las decisiones que tomamos en materia

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energética, no nos permite articular en su plenitud leyes tan relevantes como la ley de cambio climático, que permite desarrollar el Acuerdo de París.


En estos últimos meses, hemos oído en esta tribuna cómo el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Popular competían para ver cuál de los dos se erigía como el menos ecologista. Ustedes están dispuestos a romper consensos ampliamente
consolidados y sustentados, por un parte, por la academia, y, por otra, por las calles llenas de jóvenes. Pero no sufran. Mientras ustedes culpan a las políticas verdes de todos los males, el Grupo Parlamentario SUMAR seguirá defendiendo, en el
Gobierno, aquí, en las aulas y en las plazas, un sentido común ecologista que interpela a toda la población (aplausos), porque solo así tendremos más calidad de vida. Es decir, interpelando a la ciudadanía y con convicción, decimos que, en
definitiva, salir del Tratado sobre la Carta de la Energía es una cuestión de justicia climática. Hay que acelerar la transición energética y no se puede hacer con un tratado que protege las inversiones en combustibles fósiles. Es una cuestión de
salud democrática. No podemos primar los intereses de los inversores en proyectos energéticos protegidos por un tribunal privado por encima de las políticas nacionales soberanas que avanzan en la consecución de los objetivos climáticos, en los
objetivos de vivir mejor. (Aplausos). Y es una cuestión también de justicia social. No podemos gastar recursos económicos en litigios en lugar de invertirlos en articular una transición verde justa, que sea una oportunidad para acabar con las
desigualdades sociales de este país. Señorías, no perdamos más el tiempo, que no nos sobra. Salgamos de un tratado que condiciona nuestra política climática.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Boada.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala por un tiempo de siete minutos.


El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, presidenta.


Debatimos hoy un asunto en relación con el cual, si alguien en su casa, un español de a pie, ha estado escuchando las intervenciones habidas hasta ahora, costará bastante entender de qué estamos hablando. Así que voy a intentar dar una
explicación clara de a qué nos enfrentamos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).


Estamos hablando del Tratado sobre la Carta de la Energía. Este es un tratado internacional que, a nuestros efectos, coge relevancia en 1994 y en 1994, que es cuando España lo firma, gobernaba Felipe González, señores del PSOE. El Tratado
sobre la Carta de la Energía establece un sistema por el cual pretende promover la inversión, sobre todo de fondos extranjeros y de capital extranjero, en todos los países firmantes en cuestiones de energía. Y estos países firmantes son,
básicamente, todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluso la propia Unión Europea como tal, incluso algunas de las instituciones fundacionales y fundamentales de la Unión Europea. En definitiva, es un tratado que tiene un cierto punto de
confusión con los tratados fundamentales de la Unión Europea. De nuevo, para quienes nos escuchen en sus casas y manejen algo de derecho mercantil, es, fundamentalmente, como los pactos parasociales firmados por todos los socios de la empresa y por
la propia empresa, y la duda es si estos pactos parasociales tienen los mismos efectos que los estatutos de la sociedad. Más o menos esa es la discusión ante la que nos encontramos.


El principal problema que despliega este tratado es que establece un sistema de garantías para los inversores extranjeros en España que, básicamente, es un tratado bilateral de protección de inversores. Es decir, si un fondo extranjero
invierte en España, tiene derecho a acogerse en un hipotético litigio a un arbitraje administrado por el CIADI, que es el centro internacional para la resolución de disputas. Los españoles que invirtiesen en esos mismos productos energéticos no
tendrían derecho a acogerse a esos arbitrajes internacionales; tendrían que ir, por el contrario, a la jurisdicción contencioso-administrativa, que ya sabemos -de hecho, ha sucedido- que siempre -o casi siempre- da la razón a la Administración
pública.


En el año 2007, el Gobierno aprueba una retribución especial para quien invierta en España en energías renovables, una retribución que estaba totalmente fuera de mercado y que hace de la inversión en energías renovables algo sumamente
atractivo. Y gobernaba el Partido Socialista. Lo que sucede es que una gran cantidad de inversores nacionales y extranjeros comienzan, efectivamente, a invertir en energías renovables en España, pero con esta prima que el señor Zapatero había
garantizado la retribución que se empieza a pagar supone para España un gravísimo déficit en tarifa. De ahí viene el famoso déficit de tarifa, que, básicamente, todos los consumidores eléctricos en España empiezan a

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tener que pagar a aquellos inversores que se habían acogido a las promesas del señor Zapatero. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


En el año 2010, aunque se apruebe en el año 2011, el señor Zapatero recoge cable. Ve que aquello no había forma de pagarlo, ve que la tarifa española se estaba encareciendo de forma desmedida para retribuir conforme a las promesas que él
había hecho a aquellos inversores en energías renovables, y ahí se aprueba ese primer recorte a las renovables. Y, claro, algunos de los inversores, tanto nacionales como extranjeros, tratan de reclamar por este recorte. Los inversores nacionales
se van a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde les dicen, fundamentalmente, que se vayan a sus casas, que ahí no hay nada que pedir. Los inversores extranjeros, sin embargo, amparándose en el Tratado sobre la Carta de la Energía, acuden
al centro internacional para la resolución de disputas, al CIADI, y empiezan a surgir los primeros laudos de inversión, aunque llegan muchos años después. Tanto es así, que los tres primeros laudos de inversión que condenan a España lo hacen
basándose solo en el primer recorte de Zapatero.


Llega el año 2012 y hay un segundo recorte, en este caso aprobado por Rajoy, porque, efectivamente, la situación era insostenible. Y a partir de ahí, el chorreo de laudos y de demandas contra España por el incumplimiento de sus
obligaciones, de las promesas del señor Zapatero, es incesante. A los nacionales se les desestiman las reclamaciones; a los extranjeros, por el contrario, se les estiman. Tanto es así, que, hoy en día, hay laudos, es decir, sentencias
internacionales dictadas, que condenan a España por importe de 1000 millones de euros. Pero es que hay otros tantos casos, que están vistos ya para sentencia, cuya cuantía asciende a 9000 millones de euros; y lo más previsible es que también
condenen a España. En definitiva, una contingencia de 10 000 millones de euros contra el Reino de España por culpa de las promesas que el señor Zapatero firmó, que primero recortó y que después el Gobierno de Rajoy terminó de recortar.


Así que nos encontramos con un problema generado en primera instancia por Zapatero, agravado por él mismo y rematado por el Partido Popular. Y ahora lo que hace el Partido Socialista es denunciar el Tratado sobre la Carta de la Energía,
algo comprensible, porque un tratado que ofrece unas garantías a los extranjeros que no se ofrecen a los nacionales es incomprensible. Pero el Partido Socialista denuncia el tratado para intentar escaquearse de pagar esos 10 000 millones de euros
de contingencia, y no lo van a conseguir, porque todas aquellas reclamaciones que hayan sido planteadas o cuyo objeto de pedir haya sucedido mientras estaba en vigor el tratado siguen pudiendo interponerse y continúan adelante. Por tanto, no van
ustedes a evitar nada. Y pretenden también denunciar el tratado porque dicen que fomenta la explotación de los combustibles fósiles. Es una excusa de mal pagador, una excusa peregrina en la que pretenden ampararse para denunciar algo que sería
perfectamente comprensible. Podrían ustedes denunciar el tratado -y ya termino, señora presidenta- simplemente porque ofrece unas garantías a los extranjeros que no ofrece a los españoles, y todos lo comprenderíamos. Y el Partido Popular se opone
a esa denuncia porque dice que si hay una denuncia, tiene que hacerse de forma coordinada con la Unión Europea.


En definitiva, creo que ambos partidos están fuera de bolos. Creo que ambos partidos no están en legislar por el interés general de los españoles (aplausos) y los españoles se merecen saber cuál es la verdad, que las chapuzas de ambos nos
han llevado a una contingencia de 10 000 millones de euros.


Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mercadal Baquero, también por un tiempo de siete minutos.


El señor MERCADAL BAQUERO: Gràcies, presidenta.


Señor Requena, es de cobardes subir aquí a atacar a una persona que sabe que no le puede contestar. (Aplausos).


Senyors del PP, el que sabem avui de les investigacions que s'estan fent públiques és que els implicats van intentar pressionar el Govern de Marga Prohens, van intentar pressionar el senyor Tellado, i van intentar pressionar un tal Alberto.
I també sabem a Balears que Marga Prohens va deixar caducar la reclamació que havia deixat iniciada l'anterior Govern. Per tant, el que preguntem a Balears és si aquesta reclamació ha caducat per negligència del Govern Prohens o bé per algun altre
motiu molt pitjor, i tristament molt habitual, en el PP.


Señores del Partido Popular, lo que sabemos hoy de las investigaciones que se están haciendo públicas es que los implicados intentaron presionar al Gobierno de Marga Prohens, intentaron presionar al señor

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Tellado e intentaron presionar a un tal Alberto. Y también sabemos que en Baleares Marga Prohens dejó caducar la reclamación que había dejado iniciada el anterior Gobierno. Por tanto, lo que nos preguntamos en Baleares es si esta
reclamación ha caducado por negligencia del Gobierno Prohens o bien por algún otro motivo muy mucho peor y tristemente muy habitual en el Partido Popular. (Aplausos).


Señorías, entrando ya en el tema que nos atañe, en la lucha contra el cambio climático no hay prórrogas que valgan. Hoy votamos si iniciamos o no los trámites para salir del Tratado de la Carta sobre la Energía. Las organizaciones
ecologistas, señor Requena, llevan años pidiendo a los Estados salir de ese tratado. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno para España salir de ese tratado? Este tratado se firmó en 1994 y lo que hace es otorgar a las empresas energéticas que invierten en
otro país un instrumento legal para denunciar a ese Estado si el mismo les cambia las normas del juego. Treinta años después, por fin estamos cambiando las normas del juego en la política energética. Por fin tenemos los acuerdos de París y la Ley
Europea del Clima para transitar a una economía verde.


Creo que el Partido Popular comparte los objetivos climáticos; lo que pasa es que a veces ustedes no lo tienen del todo claro. Por ejemplo, cuando cuestionan la movilidad sostenible quitando carriles bici o carriles bus-VAO.


O quan deixen perdre fons europeus destinats a energies renovables, com han fet a Menorca, d'on som jo.


O cuando dejan que se pierdan fondos europeos destinados a energías renovables, como han hecho en Menorca, de donde soy yo.


Bueno, pues hoy estamos ante otra de estas veces.


Señorías, hay que votar no a la enmienda del Partido Popular.


Hem de votar en contra de l'esmena del Partit Popular, perquè si s'aprova l'esmena, es retarda encara més una mesura que ja arriba prou tard. Una demanda de fa molts anys de les entitats ecologistes.


Debemos votar en contra de la enmienda del Partido Popular porque si se aprueba se retrasará aún más una medida que ya llega demasiado tarde, una demanda de hace muchos años de las entidades ecologistas.


Es posible que no se fíen de mí porque no me conocen, pero supongo que sí se van a fiar del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, el principal órgano internacional encargado de evaluar el conocimiento sobre
cambio climático. En su sexto informe señaló su preocupación por el hecho de que las empresas de combustibles fósiles puedan utilizar precisamente este tratado -y cito- para bloquear la legislación nacional destinada a eliminar gradualmente el uso
de sus activos. Espero que la mayoría de esta Cámara se tome en serio lo que dice el IPCC.


¿Cómo justifica el Partido Popular su enmienda? ¿Cómo justifica el PP intentar retrasar la salida de ese tratado contrario al ecologismo? Dicen ustedes que creen que tenemos que prorrogar la salida del tratado para hacerlo de forma
conjunta con la Unión Europea. Dicho así, puede parecer que tiene sentido, pero hay que añadir contexto, y es que su propuesta, señor Requena, está desfasada, llegan ustedes tarde, como siempre. La vicepresidenta Ribera ha sido una de las
ministras que desde 2021 ha destacado la necesidad de que toda la Unión salga del tratado de forma conjunta. ¿Pero qué pasa? Estamos en 2024, saben que necesitamos una mayoría cualificada para hacerlo de forma conjunta y no la tenemos. De
momento, son once los Estados que han expresado o han hecho efectiva la salida del tratado y, fíjense, entre estos once está Polonia. Sí, señorías de VOX, Polonia. Hasta hace dos días sus compañeros, sus colegas de Ley y Justicia estaban
gobernando en Polonia, y fue ese Gobierno precisamente el que inició los trámites para salir del tratado. Llamen a sus amigos de Ley y Justicia, a ver qué les cuentan de este tratado. Señorías del PP, llamen al señor Donald Tusk, destacadísimo
miembro de su familia política europea, a ver qué piensa de este tratado. Llamen también al señor Luc Frieden, primer ministro de Luxemburgo, que va a hacer efectiva la salida del tratado este verano. O llamen, por ejemplo, al señor Rishi Sunak,
primer ministro del Gobierno conservador del Reino Unido, y pregúntenle por qué el Reino Unido pidió hacer efectiva la salida del tratado hace tan solo una semana. Llámenles y verán cómo le dan la razón al Gobierno de España. ¿No ven que todos
estos países, gobernados indistintamente por socialistas, ecologistas, liberales, conservadores e incluso ultraconservadores, están saliendo del tratado? ¿Por qué? Porque además de que el tratado es contrario a los acuerdos de París y a la Ley
Europea del Clima, es también una cuestión de interés nacional. ¿No se han preguntado, señorías, cómo puede ser

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que una empresa energética extranjera pueda multar a España porque nosotros en nuestros parlamentos nacionales decidamos aprobar leyes para hacer transitar nuestra economía hacia un modelo más verde? ¿No creen que la soberanía nacional, la
decisión colectiva de la ciudadanía española de dejar atrás la energía fósil debería estar por encima de este tratado?


Señorías de VOX, ya sé que ustedes no son muy fans de la acción climática y que tampoco lo son de los tratados internacionales, pero se supone que sí lo son de recuperar soberanía nacional. ¿De verdad van a apoyar la enmienda del Partido
Popular? Porque creo que se lo deberían pensar. (Aplausos). Creo que su posición es bastante interesante.


Antes de acabar, quiero dar las gracias a los protagonistas de esta lucha: a las organizaciones ecologistas y a la comunidad climática, que tanto insistió durante años en que teníamos que salir del tratado. Ahora toca superar uno de los
últimos obstáculos para España. Superemos este obstáculo que ha querido poner el Partido Popular con su enmienda, que no es un obstáculo al Partido Socialista, no es un obstáculo al Gobierno, es un obstáculo a la lucha climática y a los intereses
de España. Superémoslo votando en contra de la enmienda del Partido Popular, porque en la emergencia climática no hay prórrogas que valgan.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.-El señor Tellado Filgueira pide la palabra).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Mercadal.


Señor Tellado, ¿con base en qué artículo pide la palabra?


El señor TELLADO FILGUEIRA: Gracias, presidenta.


Con base en el artículo 72. He sido citado en un debate en el que no estaba presente (rumores y protestas), por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento, que usted conoce tan bien como yo, tengo derecho a intervenir y a matizar esas
declaraciones en las que se me ha citado. (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: ¡No tiene la palabra!).


La señora PRESIDENTA: Señor Tellado, no le doy el turno de palabra porque en este debate se ha citado a muchas personas igual que se le ha citado a usted. (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: ¡No
tiene la palabra!). Por tanto, no tiene la palabra. (Protestas.-Aplausos.-El señor Tellado Filgueira: ¡Me han citado!-El señor López Álvarez: ¡Como a todo el mundo!-La señora Mínguez García, dándose palmaditas en la mejilla con la mano: ¡Qué
jeta!).


Pasamos al siguiente punto... (El señor Tellado Filgueira interviene con el micrófono apagado solicitando de nuevo la palabra.- La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: ¡No tiene la palabra! ¡No tiene la
palabra!-El señor Tellado Filgueira: Tiene la obligación de darme la palabra. Aténgase al Reglamento de la Cámara, que usted tiene la obligación de darme la palabra, señora Armengol. He sido aludido directamente).


Señor Tellado, le llamo al orden porque ningún diputado puede hacer uso de la palabra si no se la da la Presidencia. Respete a la institución y a la Cámara de una vez. (Aplausos.-Rumores.-La señora vicepresidenta primera y ministra de
Hacienda, Montero Cuadrado: ¡No tiene la palabra!-El señor Tellado Filgueira: ¡Aténgase al Reglamento, señora Armengol!-El señor Pérez López muestra el Reglamento de la Cámara). No tiene la palabra.


DECAÍDO DEL ORDEN DEL DÍA:


- DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA AGENCIA ESTATAL DE SALUD PÚBLICA Y SE MODIFICA LA LEY 33/2011, DE 4 DE OCTUBRE, GENERAL DE SALUD PÚBLICA. (Número de expediente 121/000007).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el siguiente punto del orden del día.


En relación con el punto del orden del día relativo a debates de totalidad sobre iniciativas legislativas y que hubiera correspondido debatir a continuación, les informo de que han sido retiradas las dos enmiendas a la totalidad de
devolución presentadas al proyecto de ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

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En consecuencia, este punto ha decaído del orden del día. No obstante, sí se someterá a votación, junto con el resto de asuntos, la solicitud y avocación a Pleno presentada a esta iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Republicano.


Vamos a votar en cinco minutos.


Muchas gracias. (Pausa).


La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, ocupen sus escaños. Reanudamos la sesión y empezamos las votaciones.


Empezamos las votaciones.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A IMPULSAR PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE NIVEL REGIONAL. (Número de expediente 162/000090).


La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a impulsar proyectos de transformación económica y social de nivel regional. Votaremos separadamente cada uno de los puntos.


Punto número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 168; en contra, 179.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Punto número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 167; en contra, 179.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Punto número 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 29; en contra, 318.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Punto número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 168; en contra, 179.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto número 4 de la proposición no de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BELARRA), RELATIVA A LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA ANTE LA OFENSIVA DE ISRAEL EN GAZA Y CISJORDANIA. (Número de expediente 162/000089).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania. Votaremos separadamente por puntos.


Votamos el punto número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 37; en contra, 310.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto número 1 de la proposición no de ley.


Pasamos a votar el punto número 2.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 166; en contra, 176.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto número 2.


Pasamos a votar el punto número 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 312; en contra, 33; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto número 3.


Pasamos a votar el punto número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 170; en contra, 177.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto número 4.


Votamos el punto número 5 de la misma proposición no de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 169; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto número 5.


Pasamos a votar el punto número 6 de la proposición no de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 38; en contra, 189; abstenciones, 120.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto número 6.


Pasamos a votar el punto número 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 170; en contra, 177.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto número 7.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CATALÁN), SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL MINISTRO DEL INTERIOR PARA ACABAR CON LOS ACTOS DE APOYO, ENALTECIMIENTO Y HOMENAJE A LOS TERRORISTAS. (Número de expediente 173/000009).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente votación, que hace referencia a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio del Interior para acabar con los
actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a los terroristas. Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 171; en contra, 175; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada esta moción.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA, SOBRE LA SITUACIÓN DEL DELTA DEL EBRO. (Número de expediente 173/000010).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente votación, referida a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya sobre la situación del Delta del Ebro.

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Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 314; abstenciones, 33.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada dicha moción.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ESCASEZ DE MEDIOS PARA HACER FRENTE AL NARCOTRÁFICO Y LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO EN EL ASESINATO DE DOS GUARDIAS CIVILES EN BARBATE. (Número de expediente 173/000011).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente votación, referente a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la escasez de medios para hacer frente al narcotráfico y la responsabilidad del
Gobierno en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 171; en contra, 165, abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada dicha moción. (Aplausos).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE VA A LLEVAR A CABO EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 173/000012).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para
garantizar la independencia del Poder Judicial. Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 171; en contra, 175.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada dicha moción.


DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN):


- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 2024-2026 Y EL LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL AÑO 2024. (Número de expediente 430/000004).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente votación, que es el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones públicas y de cada uno de sus
subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024. Se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 176; en contra, 171.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. (Aplausos).

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DEBATE RELATIVO AL PLAN DE REEQUILIBRIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (VOTACIÓN).


- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE REMITE A LAS CORTES GENERALES EL PLAN DE REEQUILIBRIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 430/000003).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente votación, referente al acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Se vota el Plan de Reequilibrio.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 176; en contra, 171.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el Plan de Reequilibrio. (Aplausos).


DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN).


- DENUNCIA DEL TRATADO DE LA CARTA DE LA ENERGÍA, HECHO EN LISBOA EL 17 DE DICIEMBRE DE 1994. (Número de expediente 110/000001).


La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la votación de la propuesta con consideración de enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la denuncia del Tratado de la Carta de la Energía hecho en Lisboa
el 17 de diciembre de 1994.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 137; en contra, 176; abstenciones, 34.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, la propuesta con consideración de enmienda a la totalidad queda rechazada.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente votación, que es la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se creía la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 346.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda avocado a Pleno el proyecto de ley.


No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión.


Muchas gracias.


Eran las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas, facilitadas por los servicios de interpretación y transcripción.