CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 58

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ZARAGOZA ALONSO

Sesión núm. 3

celebrada el jueves,

22 de febrero de 2024

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Bolaños García):


- A petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. (Número de expediente 214/000025) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000026) ... (Página2)


- Para exponer sus líneas de actuación al frente del departamento en la XV Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000057) ... (Página2)


Comparecencia de doña María del Carmen Calvo Poyato, candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado, a los efectos de la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administración General del Estado. (Número de expediente 276/000009) ... (Página51)


Emisión del dictamen sobre idoneidad y conflicto de intereses. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 276/000009) ... (Página69)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (BOLAÑOS GARCÍA):


- A PETICIÓN PROPIA, PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. (Número de expediente 214/000025).


- PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000026).


- PARA EXPONER SUS LÍNEAS DE ACTUACIÓN AL FRENTE DEL DEPARTAMENTO EN LA XV LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/000057).


El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a iniciar la sesión de la Comisión Constitucional. Como todos ustedes saben, esta Comisión Constitucional tiene dos puntos en el orden del día. El primero es la comparecencia del ministro de la
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, don Félix Bolaños García, a petición propia para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, y aquí acumularemos también las diversas solicitudes de comparecencia que han
hecho los grupos de la Cámara. El segundo es la presentación de la candidatura de doña Carmen Calvo, que se va a tratar inmediatamente después de este primer punto.


Lo primero que quiero comunicarles a los miembros de la Comisión es que no haremos parada, sino que el segundo punto se sustanciará en cuanto acabemos el primero, para que puedan organizar su vida durante estas largas horas que vamos a estar
aquí. Es decir, que no habrá parada de la Comisión. Lo segundo es en relación con los tiempos y formas del debate. En la comparecencia del ministro vamos a tener dos turnos, un primer turno de diez minutos, tiempo al que les pediría que se
intentasen ceñir. Ya saben que soy flexible con los tiempos, pero les pido que intenten ceñirse a ese tiempo porque habrá un segundo turno de tres minutos después de la respuesta del ministro a sus intervenciones. Las intervenciones se harán de
menor a mayor.


Después de explicarles el funcionamiento de la sesión, lo primero que quiero es agradecer la presencia del ministro, que cuenta con nosotros, y darle la palabra para que realice su primera intervención. Señor ministro.


El señor MINISTRO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Gracias, señor presidente. Gracias a la Mesa de la Comisión Constitucional y gracias a todos ustedes, señorías.


Señoras y señores diputados, comparezco muy honrado ante la Comisión Constitucional por primera vez en esta Legislatura. Saben ustedes que comparecí ante la Comisión de Justicia el pasado 21 de diciembre y ahora lo hago en esta Comisión
para tratar los asuntos que también competen al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en materia constitucional y los asuntos de relevancia constitucional. El hecho de que el Ministerio que tengo el honor de dirigir esté
responsabilizado del examen de la constitucionalidad de las normas que pasan por el Consejo de Ministros y de las iniciativas de los ministerios me lleva, en primer lugar, a hacer una referencia directa a dos iniciativas de las que creo que podemos
sentirnos orgullosos prácticamente la inmensa mayoría de los miembros de la Cámara. La primera fue la celebración que organizamos en el ministerio del 45.º aniversario de la Constitución con la campaña institucional que llevamos a cabo, que creo
que nos ha permitido celebrar, sin duda, una época de democracia, progreso, convivencia y libertades en nuestro país como no se había vivido otra en siglos anteriores.


El segundo elemento que quiero poner en valor al inicio de esta comparecencia es la reforma del artículo 49 de la Constitución, con un enorme consenso en la Cámara. A excepción de un grupo parlamentario, todos apoyamos que una terminología
que había quedado ya desfasada, y que además resultaba ofensiva para las personas con discapacidad, se haya modificado y que ya tengamos desde el pasado sábado la reforma de la Constitución en el BOE y, por tanto, ya haya entrado en vigor. (La
señora Méndez Monasterio: No se oye bien).


¿Mejor ahora? ¿Pero se ha oído lo suficiente? (Asentimiento). Bien, entonces, continúo.

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Hecha la referencia a dos iniciativas que creo que son importantes -la reforma del artículo 49, que con tanto consenso salió adelante, y la celebración del 45.º aniversario de la Constitución-, me permito hacer dos reflexiones generales
sobre la Constitución y sobre cómo en el Gobierno abordamos cualquier tipo de medida, de acción, de planificación y de política pública que llevamos a cabo. La Constitución se diseña con diálogo y para el diálogo y, por tanto, esa voluntad de
acuerdo que presidió el consenso que dio lugar a la Constitución ha de seguir presidiendo nuestra acción política. La democracia parlamentaria es básicamente eso, pluralismo político, sobre todo en estas legislaturas, donde tenemos un Parlamento,
un Congreso de los Diputados con una enorme variedad de fuerzas políticas y de grupos políticos que consiguen estar aquí gracias al voto de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ese diálogo y esos acuerdos que presidieron la Constitución y la manera
en la que se pactó creo que han de ser un modo de trabajo habitual en esta Cámara y, por tanto, los grandes acuerdos -lo digo absolutamente con toda claridad- han de seguir siendo un lugar común en nuestra actividad política. Y no lo digo con
ingenuidad, porque sé que hay dificultades y sé que, obviamente, el debate político se debe llevar a cabo. Somos una democracia, somos una democracia plena -como reconocen los rankings internacionales- y, por tanto, en cualquier democracia plena el
debate en el Parlamento ha de ser apasionado y ha de ser rico, pero eso no puede hacernos olvidar que necesitamos grandes consensos. Y para mí hablar con las fuerzas políticas que han sido votadas por los ciudadanos, conseguir acuerdos con ellos es
fomentar una política democrática, un buen parlamentarismo y también la convivencia en nuestro país. Por tanto, quiero hacer ese primer llamamiento al diálogo, al consenso, a los acuerdos entre las fuerzas políticas que estamos representadas en
esta Cámara. Por el contrario, lo que siempre supone un disolvente para la convivencia, lo que genera crispación, lo que genera odio ni es conforme al espíritu de la Constitución ni tampoco facilita en nada la vida diaria de nuestros conciudadanos.
Por tanto, el Gobierno manifiesta nuevamente su voluntad de llegar a grandes acuerdos con las fuerzas políticas parlamentarias, siempre en línea con lo que en su día fue el espíritu de la Constitución y que nos hizo llegar a pactarla.


El segundo punto que quiero también contar, como línea troncal de esta intervención, es que la Constitución para nosotros también es el desarrollo de un proyecto político. La propia lectura de nuestra Carta Magna nos lleva a conocer el
proyecto político, económico y social que los ponentes de la Constitución establecieron en el texto. Se habla de un Estado social y democrático de derecho en al artículo 2 de la Constitución. Se habla de que los objetivos de los poderes públicos
han de ser -artículo 9 de la Constitución- promover las condiciones para garantizar la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos, y remover todos los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Es decir, para nosotros, mejorar
el Estado del bienestar, reforzar el Estado del bienestar, mejorar las instituciones y servicios públicos es también cumplir con la Constitución y seguir su mandato. Por eso, cuando hablamos del artículo 14 -tan mencionado siempre-, de la igualdad,
nosotros desarrollamos esa igualdad que establece el artículo 14 y regulamos la interrupción voluntaria del embarazo o la ley de paridad, de la que acabamos de discutir ahora una enmienda a la totalidad, para que hombres y mujeres, en igualdad de
condiciones, ocupen la mitad de los cargos tanto en administraciones públicas y gobiernos como también en empresas.


Cuando se refiere uno al artículo 27 de la Constitución, al derecho a la educación, nosotros en el Gobierno hemos profundizado en ese derecho, en el ejercicio efectivo de ese derecho con la Ley Orgánica de Educación o con la del Sistema
Universitario o con la de Formación Profesional. También habla la Constitución de garantizar el derecho al trabajo, artículo 35. Creo que el día que se aprobó la reforma laboral aquí -y cada día es más indiscutible, no olvidarán ustedes aquel día
que aprobamos la reforma laboral en esta Cámara- se dio un paso de gigante para que el empleo en nuestro país lo sea con derechos y, por tanto, la vida de los trabajadores y las trabajadoras españolas sea mejor.


Nuestra Constitución, ya fuera de la parte de libertades, de derechos fundamentales y libertades públicas, también nos da un mandato a los poderes públicos de protección del medio ambiente. Por eso, apoyándonos en ese artículo 45 que la
Constitución establece, hemos aprobado una ley de cambio climático; es decir, que la Constitución nos da principios, nos da valores, inspira políticas; pero también en el Gobierno somos conscientes de que se puede desarrollar un proyecto político
completo para tener un Estado social y democrático fuerte como el español. Y no olvidemos otra parte que seguro que será comentada en sus intervenciones y también en la mía, un valor que contiene el preámbulo de la Constitución, que habla de la
convivencia democrática. Pues bien, la convivencia democrática también es un principio inspirador de la labor de este Gobierno. Y no se les escapará a ustedes que nos encontramos con una convivencia que, en algunos territorios de nuestro país,
estaba dañada cuando llegamos al

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Gobierno en el año 2018. Por tanto, durante la legislatura anterior y durante esta legislatura hemos trabajado para solucionar un problema que nosotros heredamos, pero que era un problema realmente de todos. Hemos intentado y seguimos
intentando devolver a la política lo que nunca debió salir de la política, con acuerdos, con diálogo, con trabajo, con esfuerzo, para tener una situación como la que tenemos hoy en Cataluña, infinitamente mejor que la que nos encontramos en el año
2018; infinitamente mejor. Y este es el camino por el que vamos a seguir transitando. Por tanto, todo este programa que la propia Constitución nos inspira es lo que también hace que en el Gobierno sigamos trabajando y que tengamos una hoja de
ruta absolutamente clave.


Paso ahora a comentarles las líneas de actuación del ministerio, desde la perspectiva constitucional de los asuntos que corresponden a este ministerio, a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, y
también a toda la acción del Ejecutivo que vamos a llevar a cabo en los próximos meses. Pretendemos, como ya les he adelantado, ampliar los derechos de nuestros conciudadanos, reforzar el Estado del bienestar y, por supuesto, garantizar la
convivencia. Empleo, derechos y convivencia, esa es la hoja de ruta de este Gobierno. Por eso, en el Ministerio de la Presidencia, al que corresponden las funciones de coordinación de otros ministerios en determinadas funciones que asigna el
presidente del Gobierno, durante la última legislatura -lo conocerán ustedes- coordinamos todas las medidas que se adoptaron en relación con las consecuencias de la erupción del volcán en la isla de La Palma y también para dar respuesta a las
dificultades económicas y sociales que generó la guerra en Ucrania.


Vamos a continuar con otras iniciativas, esperemos que no como consecuencia de conflictos bélicos ni de catástrofes naturales, porque también tenemos diagnosticado dónde tenemos problemas, como, por ejemplo, en el acceso de los menores a
Internet y el acceso, en particular, a contenido adulto, a contenido básicamente pornográfico, que genera unas graves consecuencias emocionales, psicológicas y sexuales en menores, incluso llegándose a normalizar, en algunos casos, la violencia
contra la mujer como consecuencia de este acceso de menores de edad a contenido pornográfico. Por eso, el presidente del Gobierno anunció -y yo lo reitero aquí- cuál es la pretensión del Gobierno, que es llegar a un gran acuerdo de país, cuestión
que al principio de mi intervención les requería; lograr un gran acuerdo de país -no creo que aquí haya diferencias ideológicas de ninguna clase- para que podamos aprobar una ley integral que proteja a los menores en el entorno digital. En segundo
lugar, una estrategia multidisciplinar, desde el punto de vista de la educación, de digitalización, de igualdad entre hombres y mujeres, para que podamos abordar con diferentes políticas públicas este grave problema que tenemos. Y, en tercer lugar,
una cuestión no menor, no baladí, en la que ya estamos trabajando a través de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es tener un sistema de verificación de la edad que sea realmente efectivo para
evitar que los menores puedan acceder a contenido adulto. Hoy, en páginas y en aplicaciones, los sistemas de verificación son claramente insuficientes. A la pregunta de si usted es mayor de edad, como comprenderán sus señorías, no es difícil decir
que sí y acceder a la página web. Por tanto, se está trabajando en una aplicación -ya les digo- por dos instituciones del prestigio de la Agencia Española de Protección de Datos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que tengamos algún
sistema de verificación seguro, que, por supuesto, respete la privacidad de las personas mayores de edad, pero que cumpla con el objetivo de que los menores no puedan acceder a esos contenidos.


El Ministerio de la Presidencia también coordina la acción legislativa del Gobierno y prepara el Plan Anual Normativo, que, en alguna ocasión, he venido a exponerles en esta Comisión. Es un instrumento de planificación donde el Gobierno
hace público a sus señorías, al Congreso de los Diputados y al Senado, pero también a la sociedad en general, cuáles son las iniciativas legislativas, las leyes, los reales decretos, los instrumentos de cualquiera naturaleza que quiere impulsar en
el siguiente año. Por razones que no se les escaparán de la celebración de elecciones y la constitución del Gobierno, no hemos concluido todavía el trabajo de planificación, pero lo haremos pronto -ya se lo anuncio-y, por tanto, próximamente
anunciaremos el Plan Anual Normativo 2024. Sus ejes de acción serán la transformación del sistema productivo para que sea más competitivo y sostenible, para que tengamos más crecimiento económico. Les recuerdo que España ha multiplicado por cinco
la media de crecimiento económico de la Unión Europea, y este dato es importante, muy importante, porque eso genera empleo y, después de la reforma laboral, genera empleo de calidad. La media del crecimiento del PIB en la Unión Europea ha sido del
0,5 % y el crecimiento de España ha sido del 2,5 % en el año 2023. Este dato, al ser tan importante, no tengo

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ninguna duda de que se tratará con detalle en sus intervenciones, porque claramente es lo que condiciona el nivel de vida y los derechos en nuestro país, que tengamos un crecimiento económico reforzado.


En segundo lugar, vamos a seguir trabajando en ampliar el Estado del bienestar y los derechos sociales y económicos. Por eso, aunque no tengamos todavía el Plan Anual Normativo de este año, les adelanto que remitiremos a estas Cortes
Generales proyectos de ley como el de familias, el de igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales o el de la regulación de la asistencia jurídica gratuita. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es del año 1996, por tanto, creo que
ha llegado el momento de actualizarla y de aprobar una nueva norma que garantice a los ciudadanos su derecho a tener asistencia jurídica gratuita cuando cumplan los requisitos para ello y necesiten esa asistencia; y, en segundo lugar, que garantice
también a los abogados de oficio que tengan una retribución justa por los servicios que presten. También estamos trabajando en el ámbito de justicia en esa línea.


El tercer eje de nuestro Plan Anual Normativo será la ampliación de derechos y libertades mediante instituciones que sean más modernas y más ágiles. En este ámbito, destaco una ley que ya está en tramitación parlamentaria, que aprobamos
hace escasas fechas, que es la Ley Orgánica del Derecho de Defensa; todo ello, en el ámbito y en el contexto de un compromiso profundo del Gobierno de España con la defensa de los derechos humanos. Aprobamos el 6 de junio del año 2023 el II Plan
Nacional de Derechos Humanos, que es la expresión más evidente del compromiso del Gobierno de España con esta materia. El primer plan era previo a 2012, por tanto, los desarrollos de los planes de derechos humanos siempre se acuerdan y se aprueban
con gobiernos progresistas, no se acuerdan con otros gobiernos. Pero es que este es un compromiso que yo creo que como país nos merecemos, y también de cara a Naciones Unidas. Estos planes de desarrollo de los derechos humanos se pactan, por
supuesto, con diferentes ministerios, pero también se trabajó con grupos políticos, con sociedad civil, con entidades locales, con organizaciones de todo tipo de derechos humanos. Creo que a nuestro país le honra que tengamos un plan vigente de
derechos humanos. Ya les digo que el I Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado durante el Gobierno Zapatero, terminó su vigencia en 2012, y el II Plan Nacional de Derechos Humanos lo hemos aprobado nosotros en el año 2023.


En relación con asuntos que tienen que ver con este ministerio, hago una última referencia a otro bloque que tiene que ver con la libertad religiosa y las relaciones con las distintas confesiones religiosas, que también competen al
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Este asunto se ha hecho especialmente relevante en las últimas fechas porque hay sectores intolerantes que tratan siempre de avivar el odio hacia determinadas confesiones o entre
confesiones, al calor de conflictos a veces internacionales. Por tanto, quiero dejar muy claro que la política del Gobierno es, precisamente, fomentar la convivencia pacífica, normalizada, entre personas que profesan las diferentes religiones
existentes en nuestro país. Por eso, desde la parte de confesiones religiosas, trabajamos con todas las confesiones religiosas para respetar la libertad religiosa, que entendemos que es parte absolutamente esencial de la dignidad humana y de las
personas que tienen una creencia religiosa. Por ello, reforzamos la neutralidad religiosa en todos los actos y representaciones públicas, dando cumplimiento al principio constitucional de no confesionalidad. Además, luchamos contra todo tipo de
discriminación, intolerancia o discursos de odio por motivos religiosos o por motivos de creencias.


Específicamente, en relación con la religión más profesada en nuestro país, la católica, les destaco que hemos llegado a diferentes acuerdos con la Iglesia católica, que la relación es fluida. Hemos acordado y se está trabajando en
distintas comisiones. Llegamos al acuerdo con el Vaticano para que el régimen fiscal de la Iglesia católica sea el de cualquier entidad sin ánimo de lucro. Se llegó a un acuerdo con la Santa Sede, de tal manera que dos impuestos que no pagaba la
Iglesia católica, que eran el ICIO, el de construcciones, instalaciones y obras, y algunos impuestos especiales, ya sí los está abonando desde el acuerdo que alcanzamos el año pasado. Por tanto, ese régimen de entidades sin ánimo de lucro es el que
tienen todas las confesiones en nuestro país y el que tienen todas las entidades sin ánimo de lucro.


Hay una segunda parte, también importante: recordarán ustedes que la legislatura anterior se mandató al Defensor del Pueblo para que hiciera un informe sobre las recomendaciones que hace a las distintas administraciones públicas en relación
con abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica. El Defensor del Pueblo emitió el informe muy completo -que todos ustedes han tenido oportunidad de leer y de estudiar, porque lo remitió a las Cortes Generales, que era realmente el
mandatario del informe al Defensor del Pueblo-, y ese informe tiene recomendaciones que se han de implementar tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Por tanto, aquí, en la parte que les toca a todos ustedes como miembros del
Poder Legislativo, de este Congreso, les pido que vayamos de la mano para cumplir

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con esas recomendaciones que, en definitiva, no son más que dar calor y apoyo a las víctimas que sufren esos delitos. Aquí, sí, pido colaboración y pido también acuerdos entre los diferentes grupos políticos.


Paso a la última parte de mi intervención inicial, que es la que tiene que ver con el impulso a la justicia desde una perspectiva constitucional. Ya comparecí en la Comisión de Justicia y ahí di todo el detalle de las iniciativas que
tenemos en marcha y que tenemos planificadas en la parte de justicia del ministerio, y aquí quiero hacer alguna referencia a los temas de justicia, pero desde una perspectiva siempre constitucional. Es la primera vez en la historia democrática de
nuestro país en que los ministerios de Justicia y de Presidencia están en la misma sede. Es muy habitual en comunidades autónomas, pero en el ámbito estatal nunca el mismo ministerio había tenido las competencias en materia de Presidencia y en
materia de Justicia. Esto da unas sinergias y da unas posibilidades que creo que debemos aprovechar en el ministerio para impulsar la labor legislativa que tenemos entre manos para mejorar nuestro país.


Antes les hablaba del artículo 49 y la primera reforma social de la Constitución. Es algo importante que la Constitución se vaya adaptando a las necesidades y a las reivindicaciones sociales de nuestro país. La Constitución ha de ser eso,
una norma que vaya admitiendo todas las reivindicaciones que de manera muy mayoritaria se vayan produciendo en la sociedad, y con ese espíritu de la reforma del 49, que ha sido el de dar protección a las personas con discapacidad, con ese espíritu
también abordamos lo que denominamos la justicia de los cuidados, que no es más que lo que también podríamos denominar como justicia restaurativa. Las víctimas de delitos, en ocasiones, se ven revictimizadas durante los procedimientos judiciales
que, a continuación, tienen que acometer. Por eso, algo de lo que realmente me siento más satisfecho es de haber aprobado en enero las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos en el territorio Justicia. Saben ustedes que hay cinco comunidades
autónomas, las dos Castillas, Murcia, Extremadura y Baleares, y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, donde las competencias de justicia las ejerce directamente el Ministerio de Justicia. En ese territorio hemos creado las Oficinas de
Asistencia a Víctimas de Delitos, que, por supuesto, están dotadas con el personal técnico necesario, como psicólogos, educadores, pedagogos, es decir, personas que pueden ayudar a las víctimas a superar el trauma que les pueda haber provocado haber
sido víctimas de un delito. Por tanto, estas oficinas creo que se incardinan bien en el espíritu de la modificación de una reforma social de la Constitución, en la justicia de los cuidados que queremos impulsar, en una justicia que protege
derechos, en una justicia que es capaz de comprender la situación de la víctima, el desamparo en el que se siente muchas veces, y que desde los poderes públicos tenemos que darle todas las facilidades y todos los medios públicos que tengamos a su
disposición para que puedan superar cuanto antes el trauma de haber sufrido un delito. Esto ya lo hemos hecho, pero vamos a continuar trabajando.


Aprobamos un real decreto ley que se convalidó en el mes de enero, el Real Decreto Ley 6/2022, un real decreto ley que está en tramitación parlamentaria. Animo a los grupos parlamentarios aquí presentes a que presenten enmiendas para así
tratar entre todos de mejorar todavía más un texto que es importantísimo para la digitalización y la agilidad de la justicia en nuestro país. A veces es extraño pensar que hayamos tenido que esperar al año 2023 para convertir las vistas telemáticas
o los actos digitales en la norma y no en la excepción en los procedimientos judiciales. Vamos a conseguir ahorrar meses -cuando no años- en las tramitaciones de algunos procedimientos judiciales gracias a ese Real Decreto-ley 6/2022. Y vamos a
continuar, porque ese real decreto ley era una reforma a la que nos comprometimos con la Comisión Europea a efectos de percibir los fondos europeos. Una reforma, la digitalización de la justicia, que era necesaria, imprescindible y un hito que
teníamos que cumplir para percibir los desembolsos de fondos europeos.


Vamos a continuar en esa línea con otras leyes que también van a mejorar -y mucho- la agilidad y la eficiencia de nuestro sistema público de justicia. Traeremos a esta Cámara una ley orgánica de eficiencia organizativa con la que vamos a
crear los tribunales de instancia con secciones de infancia, de familia, de capacidad y de violencia contra la infancia y la adolescencia; con la que vamos a regular cuáles son las obligaciones a nivel de toda España, no solo en el territorio del
Ministerio de Justicia, de las oficinas de asistencia a las víctimas de delito; con la que vamos a poder llevar los juzgados de violencia sobre la mujer a comarcas y lugares donde en este momento no existen y que esperamos abordar también con
consenso, por supuesto, con las consejerías de todos los Gobiernos autonómicos en una Conferencia Sectorial de Justicia que celebraremos la semana que viene en Palencia. Ahí hablaremos de esta ley, pero no será la única, porque también traeremos
una parte de eficiencia procesal que no se aprobó en el real decreto por no ser un compromiso con la Comisión Europea, pero que también es imprescindible para mejorar, por ejemplo, en algunas medidas de conciliación y de solución extrajudicial de
conflictos, es decir,

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reducir el número de litigios para agilizar también el servicio público -porque no es otra cosa que un servicio público- de la justicia.


Quiero referirme, como última norma que quiero destacar en esta intervención, a la ley orgánica del derecho a la defensa, que es también el desarrollo del artículo 24 de la Constitución, también muy mencionado. Todos los que hemos ejercido
la abogacía sabemos cuánto se alega el artículo 24 de la Constitución. Este proyecto de ley, pactado con los profesionales de la justicia, en particular con la abogacía, desarrolla por primera vez y de manera integral el artículo 24 a efectos de la
justicia, con dos grandes objetivos: en primer lugar, que la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos y las garantías que le corresponden en el ejercicio de ese derecho; y, en segundo lugar, que se reconozca también su salvaguarda a través de
los profesionales y del establecimiento de deberes para los profesionales de la abogacía, de la procura y, en general, de la organización colegial. Esta norma está en tramitación parlamentaria y creo que es una norma que debería también contar con
un consenso amplísimo, porque ya ha contado con él en el mundo profesional, es decir, la abogacía ya ha consensuado con nosotros esta norma y lo que nos pide es que la tramitemos con la mayor velocidad posible.


Por eso, señorías, y concluyo ya mi intervención inicial, reitero que para mí es un honor estar en esta Comisión Constitucional. Seguiré compareciendo, por supuesto, no solo hoy, sino con la frecuencia que sea necesaria, como lo haré
también en la Comisión de Justicia. He expuesto algunas cuestiones que comprometí la primera vez que me senté en esta Comisión Constitucional y que hoy ya son una realidad, como la reforma del artículo 49, que en aquel momento parecía imposible
-recuerden que hubo hasta enmiendas a la totalidad-, pero hoy el artículo 49 está en el BOE, la Constitución está reformada y las personas con discapacidad tienen más derechos, especialmente las personas con discapacidad que tienen mayores
dificultades, como son las niñas y las mujeres. Ya está en el BOE, pero en aquel momento, en aquella comparecencia en el ya lejano año 2021, parecía imposible y, sin embargo, hoy es un hecho. Y también ese informe del Defensor del Pueblo para
analizar y estudiar esos abusos que se han producido en el seno de la Iglesia católica hoy es una realidad, y ahora lo que nos toca es implementar esas recomendaciones que el Defensor del Pueblo nos hace a todos, al Poder Ejecutivo y también al
Legislativo.


Creo que con esta intervención -que espero, presidente, que no haya sido excesivamente larga- he dado al menos alguna pincelada. Veo por la cara de algunas sus señorías que se les ha hecho larga, aunque no lo haya sido. (El señor Gil
Lázaro: No, todo lo contrario). ¿Me dice que no? Perdón, pues lo contrario, que la comparecencia ha sido muy razonable en el tiempo. Creo que al menos los principales objetivos se han cumplido, es decir, explicarles en qué estamos pensando en un
Gobierno progresista como el nuestro, que es, desde luego, seguir apostando por avanzar en lo social, en el bienestar, en la convivencia y en los derechos de los ciudadanos de nuestro país.


Quedo a su disposición para las preguntas que quieran formularme. Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Creo que la duración la determinaremos cuando hayamos acabado toda la comparecencia, entonces sabremos exactamente si ha sido breve o larga.


Dicho esto, iniciamos el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios por un tiempo de diez minutos. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Alberto Catalán.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, muy buenos días. Cómo no, quiero dar la bienvenida al ministro y agradecerle la información que nos ha facilitado.


Señor ministro, difícilmente uno puede estar en contra de las líneas generales que usted ha planteado en su intervención. ¿Quién puede estar en contra de la protección de los menores en el acceso a Internet, del derecho a la libertad de
educación, de la mejora del bienestar, de la Administración moderna y ágil, de la protección de la familia, de la justicia gratuita, de la libertad religiosa, etcétera, etcétera? El problema es cuando vienen ustedes desde el sectarismo a la hora de
imponer este tipo de normativas o de visiones. Y no es cuestión de que sea una visión progresista o no, porque el progresismo, como hemos dicho muchas otras veces, no se proclama, se practica, y en la Comunidad Foral de Navarra -con la que nosotros
tenemos la vinculación y son a los que representamos aparte de al resto de españoles- en ocasiones hemos adelantado por la izquierda no solo al Partido Socialista, sino a otras formaciones políticas a la hora de hablar de progresismo y atención a
los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. A mí me ha llamado la atención que usted quiera hacer hincapié en algunas cuestiones, pues bueno, haremos hincapié en algunas de ellas. En cuanto al artículo 49, había que hacerlo y se ha hecho.
¿Que han

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adquirido más derechos con esta modificación? Permítame que al menos lo ponga en duda. Hablaba usted también al final de su intervención, queriendo remarcarlo también, de los abusos en la Iglesia católica. Por supuesto que habrá que
abordarlos, pero también otros abusos a menores en otro tipo de colectivos, asociaciones y sociedad. Por tanto, creo que el Gobierno también debería prestar especial atención a eso.


Por otro lado, en algo de su intervención sí que voy a coincidir con usted y es en resaltar la importancia que tiene la Constitución española en el progreso y en el desarrollo de nuestro país a lo largo de las últimas décadas, un progreso y
un desarrollo no conocido hasta ahora. Nosotros creemos que la Constitución ha sido un instrumento magnífico no solo para ese progreso y desarrollo, sino también para la convivencia entre todos los españoles. Usted sabe que hay cuestiones
concretas de la propia Constitución española con las que discrepamos y somos partidarios de su eliminación, como es la disposición transitoria cuarta, esa referencia -o espada de Damocles que decimos algunos- a la voluntad de los navarros a
incorporarnos a la Comunidad autónoma vasca, cuando si algo no es Navarra es transitoria, siempre ha sido permanente.


A pesar de ese reconocimiento a la Constitución, señor Bolaños, en esta primera reflexión en esta Comisión de Constitucional -en esta misma sala y ante los padres de la propia Constitución-, creemos que el Gobierno, y en este caso concreto
el presidente, están humillando a nuestra carta magna. Ha defendido en un momento determinado con rotundidad y vehemencia en esta misma Cámara que una ley de amnistía en España era ilegal e inconstitucional, y ahora la abraza y la defiende con
tanto entusiasmo que es digno de un buen ejemplo del trilerismo político que viene caracterizando a este Gobierno. Y no es que lo digamos nosotros, señor ministro, es que lo dicen destacados militantes socialistas e incluso cargos públicos del
Partido Socialista. En esta situación yo me quedaría con un análisis que se hizo -creo que magnífico- por parte de un socialista en ese momento y miembro del Partido Socialista, el que fuera secretario general del Partido Socialista en Euskadi, el
señor Nicolás Redondo Terreros, a la hora de afirmar que la formación de ningún Gobierno, y menos las pretensiones de ninguna persona, merecen el sacrificio de la dignidad. Son palabras rotundas, contundentes, pero ciertas y reales, que diría el
presidente Sánchez. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es triste y lamentable la realidad de que ustedes, por mantenerse en el poder, han sido capaces de cualquier cosa, incluso, desde nuestro punto de vista, de quebrar la igualdad de
todos los españoles ante la ley y, como decía, de humillar al Estado de derecho y a la propia Constitución española. Estoy seguro de que usted dirá todo lo contrario y, además, lo hará con solemnidad y defenderá la ley de amnistía con el ardor
guerrero que usted quiera. Pero la verdad, como diría el presidente del Gobierno, es la realidad, y esta es la triste realidad. Y, si no, que se lo pregunten al señor Campos, que cuando era ministro responsable del Ministerio de Justicia dejó muy
claro la incapacidad de tener en este país una ley de amnistía.


Y, hablando del señor Campos, es muy llamativa también, señor ministro, la obsesión que tiene este Gobierno por colonizar todas las instituciones, organismos y asociaciones, todo aquello que dependa del Gobierno de España, todo con gente
fiel y también al servicio de la causa pero, desde nuestro punto de vista, no de la causa de España y de los españoles, sino del Gobierno y de su presidente: exministros, ex secretarios de Estado, ex jefes de gabinete, ex directores generales, ex
presidentes de comunidades autónomas, etcétera. Podríamos estar hablando del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, de la Fiscalía General, del Tribunal de Cuentas, del representante ante la OCDE, del representante ante Naciones Unidas,
del Defensor del Pueblo, del CIS, del CNI, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de Red Eléctrica, de Renfe, de INE, de Indra, de Correos, de Paradores, de la Agencia EFE, AENA..., hasta en la Santa Sede. Hombre, que algún ex alto cargo
de un Gobierno forme parte u ostente esta representación sería lo lógico o sería la excepción que confirmase la regla, pero todos, señor ministro, todos... Me parece que realmente es una visión muy sesgada de la realidad. Por otro lado, este tipo
de comportamientos nos recuerda a algún Gobierno autonómico que colocaba entre sus cargos a muchos allegados y familias. Y, como decían algunos, ¿quién es más fiel y de más confianza que los de la propia familia? Lamentablemente, esto es lo que
está ocurriendo en nuestro país.


Si de algo ha adolecido este Gobierno ha sido de una falta de credibilidad y coherencia evidente. Llamativa fue -y, además, se hizo en un medio de comunicación navarro- la promesa del entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, del
señor Sánchez: No pactaremos con Bildu, decía ante el presentador Roberto Cámara. No pactaremos con Bildu. Si quiere se lo repito cinco o veinte veces. No pactaremos con Bildu. Luego, ya hemos visto lo que ha acontecido, incluso en el propio
Ayuntamiento de Pamplona, que han tenido ustedes que desalojar a una mujer, a una alcaldesa de Unión del Pueblo

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Navarro, para pagar la factura de la compra de votos de Bildu para la investidura del señor Sánchez y de la señora Chivite. Tampoco iba a dormir a gusto el presidente teniendo a Podemos en el Gobierno, y luego hemos visto lo que hemos
visto. También dijo el propio presidente que se comprometía a traer a España al prófugo para ser juzgado, el expresidente de la Generalitat. Y, luego, simplemente estamos comprobando todo lo contrario. Señor Bolaños, ya hemos dicho en alguna
ocasión que un cargo público que pierde su palabra lo pierde todo. Y por aferrarse al sillón han sido capaces de cualquier cosa, incluso sentarse con un prófugo de la justicia, señor ministro. La vicepresidenta del Gobierno anterior y ahora
también vicepresidenta viajó a Bruselas a entrevistarse con él y manifiesta con total y absoluto descaro que mantiene contactos periódicos con él; o sea, ¿que una ministra de un Gobierno democrático -y, en este caso, también vicepresidenta- habla
con un prófugo de la justicia? Desde nuestro punto de vista es una gran villanía. Pero es que el descaro ha llegado incluso, señor ministro -y usted lo debe conocer de primera mano-, a que sean los propios delincuentes los que estén redactando las
normas a la hora de poder salvarse de la imputación o de borrar los delitos que habían cometido. Y eso realmente no es nada positivo ni da ninguna garantía legal ni de amparo de la Constitución española. Por lo tanto, esa prepotencia y esa
soberbia que viene caracterizando al Gobierno a la hora de aprobar este tipo de normas creemos sinceramente que no aporta nada positivo, como tampoco aportan nada positivo los ataques que se realizan, también en sede parlamentaria, a los jueces y
fiscales del Poder Judicial, incluso con nombres y apellidos. No digo que usted salte como un resorte, pero, como ministro de Justicia y como miembro del Gobierno de España, tendría que defender más la independencia del Poder Judicial y rechazarlo
y condenarlo en ese mismo momento y si hace falta levantando la voz, porque el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir en cualquier momento para defender al Poder Judicial.


Otra cuestión que a nosotros nos parece también una auténtica irresponsabilidad por parte del Gobierno -y se lo dijimos también ayer al ministro del Interior- es que todavía este Gobierno no haya hecho nada a la hora de acabar con los actos
de enaltecimiento del terrorismo y de los propios terroristas de ETA. Nosotros no nos vamos a cansar de decirlo. Es inadmisible que en un país democrático las víctimas del terrorismo de ETA tengan que padecer no solo la pérdida de un ser querido y
la mutilación de su cuerpo, sino también cómo se ensalza la figura y la trayectoria de los asesinos. Ustedes modificaron la normativa para impedir el enaltecimiento del franquismo. ¿Por qué no hacen lo mismo para el enaltecimiento del terrorismo?
Se lo dijimos ayer al ministro y lo reiteramos. ¿Por qué el ministro se ha comprometido a lo largo de estos años, desde el año 2018 y 2020, a modificar la ley de víctimas del terrorismo para introducir estas sanciones administrativas, y luego ha
ido llevándonos en palabras a todos? Y, al final, se ha dado cuenta de -ojo- la directiva europea del año 2017, pero si ustedes, hasta febrero del año 2022, se comprometieron a modificar la norma para impedir estos enaltecimientos del terrorismo.
Además, lo dijeron en febrero y su compromiso era hacerlo antes de empezar el verano. Señor ministro, creemos sinceramente que en esa cuestión el Gobierno tiene todavía mucha tarea, mucho que hacer y también muchos derechos y mucha igualdad que
amparar.


Por otro lado, y para ir finalizando mi intervención, señor presidente, hace unos días, el lunes pasado, tuvimos conocimiento de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anulaba la transferencia de las competencias
de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. Ustedes fueron los responsables, ustedes y el Gobierno de Navarra, porque ustedes establecieron ese real decreto a la hora de llevar a cabo esta cuestión, y ustedes son los responsables y los que tienen
que buscar la fórmula adecuada. Me da la impresión de que otra vez no van a buscar el consenso y el acuerdo y, si lo hacen, lo van a hacer con aquellos con los que firmaron nada más ni nada menos que la ignominia de ponerle fecha a la transferencia
de la competencia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. Se habla mucho de ataque al autogobierno y de ataque a los derechos históricos de Navarra con esta sentencia del Supremo, y son ellos los mismos que están atacando el autogobierno y los
derechos históricos de Navarra a la hora de pretender que desaparezca como comunidad diferenciada, con instituciones propias e integrada en la nación española. Nosotros acatamos la sentencia del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra forma, y
tenemos muy claro que las transferencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra tienen que llegar, pero tienen que llegar compartiendo el servicio entre Policía Foral y Guardia Civil. A eso llegamos a un preacuerdo con el Partido Popular en
torno al año 2003 y es lo que seguimos manteniendo y mantendremos. Además, consideramos que es lo mejor para el servicio que se debe prestar a los ciudadanos.


Finalmente, señor ministro, son malos tiempos no solo para el acuerdo, para el consenso y para la altura de miras, lamentablemente también son malos tiempos para la democracia, la igualdad, el Estado

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de derecho, la igualdad de todos los españoles ante la ley y también malos tiempos para las víctimas del terrorismo. Triste, pero real.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Catalán.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Mertxe Aizpurua.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias.


Gracias, ministro Bolaños, por su intervención, por los datos que ha aportado. Efectivamente, ha sido razonable en el tiempo. En lo que a mí respecta, gracias también por eso porque, además, ha dado contenido y está bien. Lo bueno, si
breve, dos veces bueno. Yo creo que tendríamos que aplicárnoslo más en este Congreso.


Voy a hablar de dos cuestiones que competen a esta Comisión parlamentaria que se encarga del estudio y debate de los asuntos que atañen a la Constitución española, y que es también la Comisión que se encarga de estudiar los estatutos de
autonomía y sus reformas. No sé si por estas dos cuestiones en esta legislatura a esta Comisión se le acumulará el trabajo. Me temo que no ha sido así en legislaturas precedentes. Ojalá fuera así y se le acumulara el trabajo en estos aspectos.


Se ha referido usted a los cambios que se han implementado en el 45.º aniversario de la Constitución y a la reforma del artículo 49 como un hito, y es cierto, porque, después de tantos años, se ha demostrado la misión imposible que era el
hecho de modificar la Constitución. Lo dijimos en los debates que hubo a cuenta de la modificación del artículo 49, pero creo que viene bien recordarlo de nuevo: en Alemania en los últimos cuarenta años se han hecho sesenta reformas de su
Constitución. Aquí, en ese tiempo, en cuarenta y cinco años, hasta que ha llegado esta última reforma se habían hecho únicamente dos, una para permitir el voto de europeos en las elecciones municipales y otra, que se hizo casi a oscuras, para fijar
el techo de gasto y la deuda. La última, esta sí, ha sido la del artículo 49, para adecuar el léxico al respeto que se debe a las personas con discapacidad y como reconocimiento de sus derechos, y sí es importante que se hiciera.


Usted ha comentado en algún momento, dentro del plan que tienen para esta legislatura, la necesidad de hacer una regulación de la asistencia jurídica gratuita, y una de las razones que ha esgrimido es que data del año 1996 y que había que
actualizarla. Naturalmente, y si esto es así, pues no digamos nada de la Constitución, porque no es razonable que sea misión imposible la adecuación de la ley de leyes a una sociedad que, además, en amplios sectores carece de vínculos biográficos o
emocionales incluso con la Constitución de 1978. Estoy hablando de un tema generacional simplemente. Lo cierto es que esta Constitución precisa de una serie de cambios para, como mínimo, enraizarse con el presente. Basta mirar a esos anacronismos
evidentes que contiene, porque ya me dirán cómo definir si no la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona española o la inviolabilidad del rey, que no se corresponde con el estándar de exigencia democrática y menos todavía
con los delitos fiscales cometidos por Juan Carlos I durante su reinado. Claro que hay un problema de fondo en todo esto que impide que se aborden cambios constitucionales, porque, al parecer, todo el mundo tiene pánico a eso que coloquialmente se
dice de abrir el melón constitucional.


Se ha referido usted al espíritu de la Constitución, pero hay otra cuestión y es que la realidad es tozuda. Si hay algo innegable es que este Estado, que se configuró y se estructuró con las bases que se instalaron en 1978, lo hizo a partir
de un esquema que dejó irresueltas suficientes cuestiones como para que hoy, tantos años después, en Galicia, en Cataluña y en Euskal Herria, la insatisfacción por este tema se haya ido acumulando y en la actualidad sean cada vez más y más quienes
reivindican un modelo diferente de relación con el Estado. De hecho, la realidad es que, desde entonces hasta hoy, estos tres territorios son cada vez más soberanistas y que el hemiciclo del Congreso es una expresión clara de esa plurinacionalidad
que habría que reconocer. Hay una reclamación que es evidente y que está encima de la mesa; es un problema patente y es una cuestión que no se ha podido o no se ha sabido gestionar durante muchos años. Este problema tiene que ver con la
estructuración del Estado tal y como está concebido y creo que no cabe mirar hacia otro lado. Mi primera pregunta va por ahí, por este tema, y es si piensa dar cauce a debatir y afrontar lo que para mi formación política es una necesidad y cómo
piensa dar cauce a esa reclamación de la mayoría social vasca que aspira a ese nuevo modelo de relación con el Estado. Como sé que me va a responder -porque alguna otra vez me ha respondido así- diciendo que todo dentro de la Constitución y dentro
de la ley, pues puedo reformular un poco la pregunta. Me gustaría que me dijera si considera que ese todo que tiene cabida dentro de la Constitución puede ser una

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salida para resolver esta reclamación que se plantea desde Euskal Herria, desde Cataluña e, incluso, desde Galicia.


Ha hecho usted un llamamiento al diálogo, al consenso y a la comunicación como bases de la convivencia y, naturalmente, estoy totalmente de acuerdo, pero en este tema de la cuestión territorial añadiría algo, porque creo que la cuestión
territorial del Estado precisa también de una forma nueva de mirar y encarar la realidad. Quizá haga falta mucha pedagogía democrática -seguramente sí, será cierto- y quizá convendría empezar por decir con claridad, firmeza y sin complejos, sobre
todo, que los problemas territoriales en un Estado de derecho precisan de soluciones democráticas y que, más pronto que tarde, debería consensuarse una solución democrática duradera en la cuestión territorial. Yo le animo en este empeño, señor
Bolaños. Hay quien dice que el conflicto territorial del Estado español no tiene solución alguna y que solo se puede aspirar a gestionarlo de una u otra forma; espero que no pertenezca usted a este grupo, porque si no se avanza en políticas de
progreso también en esta esfera de la cuestión territorial, la Constitución, la carta magna, va a seguir siendo para gran parte de la ciudadanía de estos tres territorios que he mencionado no el marco de la libertad y los derechos al que usted ha
aludido, sino precisamente el marco de sus límites. Por todo ello, creo que es una cuestión que tiene importancia y que debe abordarse.


Voy a hablar también de las competencias de la Comunidad autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra. Convendrá conmigo en que de ninguna manera es un buen balance que los cuarenta años del Estatuto de Guernica -por ejemplo, que es
una ley orgánica y, por tanto, de obligado cumplimiento, y pasa lo mismo con la Comunidad Foral de Navarra- no hayan sido suficientes para completar las transferencias del estatuto en su totalidad. El hecho de que hoy haya transferencias pendientes
en la Comunidad autónoma vasca y en Navarra yo creo que es, además de un incumplimiento flagrante por parte del Estado español, una anomalía democrática. Es esto lo que es. Son cuarenta años firmando y afirmando que se van a cumplir las
transferencias, y esto ha ocurrido tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Una vez más, ahora ha habido un acuerdo y hemos visto un documento firmado en el que se comprometen a que esas transferencias se cumplimenten, y nos
alegramos mucho por ello, pero nos mantenemos en la salvaguarda que nos da la duda razonada de que vaya a ocurrir. Ojalá sea así. Y por ahí va mi segunda pregunta, ¿qué perspectivas tiene para el cumplimiento de todas las transferencias pendientes
de la Comunidad autónoma vasca y la Comunidad Foral de Navarra?


Ya que hablamos de transferencias, y ya que el señor Catalán ha hecho también referencia al tema de una forma muy curiosa -porque me resulta bastante sorprendente que se califique de ignominia el ponerle fecha a una petición reiterada por
todas las fuerzas del Parlamento de Navarra y a lo largo de tantos y tantos años-, me voy a referir a ello desde otro ángulo porque creo que el celo que ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo al anular esa transferencia de tráfico a la
Comunidad Foral de Navarra a petición de la Guardia Civil supone un ataque al autogobierno, un ataque a la soberanía, un ataque a la foralidad de Navarra y, como he dicho, un ataque a la decisión unánime del Parlamento de Navarra y a la voluntad de
los gobiernos navarro y español para transferir esa competencia. Así es como lo vemos nosotros y se lo digo a usted. Ayer se lo planteé al presidente del Gobierno, pero se lo digo a usted también, como ministro de Justicia, porque en este punto
hay una cuestión problemática con las injerencias. Usted se ha referido antes a la necesidad de mantener en la vía política las cuestiones políticas y no judicializarlas, y estoy de acuerdo en ello, pero hay una cuestión que a veces también se
olvida y que resulta bastante problemática con las injerencias y con los límites que el Poder Judicial nunca debería haber traspasado y que, obviamente, quedaron más en evidencia desde que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió responder desde los
tribunales a esa cuestión política que se presentaba en Cataluña. Recuerden, porque hay cosas que se olvidan pero que son especialmente llamativas y ejemplarizantes de lo que ocurrió, que el Tribunal Constitucional llegó incluso a prohibir debatir
preventivamente sobre la independencia en el Parlamento catalán; una cosa inaudita e incomprensible. Y yo creo que meter a los jueces en política tiene muchos problemas. Uno es que no tienen legitimidad democrática para ello y otro es que cuando
un juez dice que algo está prohibido ya no hay espacio para la negociación, se cierran las puertas donde antes había una posibilidad de negociación, de acuerdo y de encontrar soluciones.


Estas son las cuestiones que quería plantear. Únicamente se ha referido usted a dos leyes orgánicas. Creo que se van a poner en marcha la ley de eficiencia organizativa y el derecho a la defensa. Sí le haría un ruego, y es que se tengan
muy en cuenta las competencias transferidas a las comunidades autónomas en este terreno, porque cada vez que se nos presenta una ley orgánica, la verdad es que hay veces que

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nos echamos a temblar y empezamos a tener que trabajar muchísimo en peinar todo ese tema de invasión de competencias. Este es el ruego que haría, que obviáramos ese trabajo que se suele hacer siempre y que realmente resulta bastante enojoso
y que no debería llegar en esos términos.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, la señora Marta Madrenas.


La señora MADRENAS I MIR: Hola, molt bon dia. Molt bon dia, senyor ministre.


De fet, pensava fer una intervenció diferent, si hagués sigut ahir, per exemple, però s'han conegut uns fets escandalosos de nou que no van succeir ahir, però ahir van córrer per les xarxes i, per tant, em veig obligada que la meva
intervenció vagi dirigida a tractar aquest tema.


Només una prèvia -ara l'hi explicaré, senyor ministre-, només una prèvia, i que ara s'hi referia la companya. Anirem abordant durant aquesta legislatura, si va prosperant la legislatura, anirem abordant diversos textos legislatius i, per
tant, ja els anirem tractant en el seu moment, però ens preocupa especialment la manera com s'envaeixen competències dels diversos territoris, en aquest cas em refereixo, òbviament, a Catalunya. Passa molt sovint, no té cap sentit, sembla que des
d'aquí doncs, no ho sé, fins i tot es vulgui intentar arribar a límits, a línies vermelles. No té cap sentit. És a dir, això és creure's o no creure's les competències tal com estan estipulades a la Constitució, precisament, i per tant, no entenem
que haguem de fer des dels diversos grups que representem territoris històrics nacionals, que haguem de fer aquesta feina que acabava de referir la nostra companya, ingent, en aquest sentit. No s'entén, no s'explica, i passa contínuament. És clar,
ara vindrà una modificació o una llei respecte a famílies. És clar, dret civil, competència exclusiva, en aquest cas, de la Generalitat. I ens preocupa molt com s'abordarà aquest tema, perquè aquest dret ja sap vostè que és de competència
exclusiva. I vaja, no ens agradaria trobar-nos amb textos que ja estiguin directament confrontant-se amb la nostra norma.


Un cop dit això, vaig a abordar el tema que he expressat a l'inici. Sembla ser que va succeir fa dies -no sé si fa uns mesos, no ho sé, ho desconeixem-, però ens hem trobat, ha aparegut per xarxes, unes imatges del jutge Garcia-Castellón
fent una intervenció en un fòrum -no sabem de què es tractava, aquest fòrum-, explicant que anys enrere, mentre ell era el jutge d'enllaç entre l'Estat espanyol i l'Estat francès, quan s'estaven tractant assumptes tan delicats, en aquest cas sí, com
el terrorisme, de forma pública -per tant, no és una intuïció, ni una sospita-, de forma pública refereix que de forma no involuntària, ni perquè tenia desconeixement, no, no, amb absoluta premeditació, doncs va mentir directament a les autoritats
franceses. Va mentir com a jutge d'enllaç, com a responsable representant en aquests afers de l'Estat espanyol, va mentir -el jutge, no no sé qui-, un jutge, que actua encara actualment com a jutge, va mentir a les autoritats franceses de forma
absolutament premeditada i en un assumpte que no és que sigui de gran sensibilitat, és que no se m'acut sensibilitat més alta que pugui estar tractant un estat com és el terrorisme. I aquest senyor va fer això, un senyor que està en exercici. Un
senyor que està deixant en ridícul la mateixa judicatura i que es veu, amb les seves relacions que té, per exemple, amb Suïssa, i com li han de contestar des de l'Estat suís algunes de les seves manifestacions com a vedet, que està actualment fent
de forma absolutament desbocada.


I a nosaltres ens ha preocupat molt precisament pel que aquest senyor està fent respecte a independentistes catalans pacífics que actuaven i protestaven de forma democràtica i pacífica. I ens preocupa perquè com que va de vedet, aquest
senyor, ja ha explicat tot el que pensa i deixa de pensar, trencant, òbviament, els principis més bàsics referents a com s'ha d'actuar en l'àmbit de la justícia. També, com refereix la mateixa Constitució. Està trencant tots els principis que
existeixen respecte a això.


Llavors, tenim una sèrie de preguntes, perquè és que vostè es refereix constantment a aquesta democràcia exemplar que tenim aquí, i veient això, aquest jutge de l'Audiència Nacional que està duent a terme aquest procediment, que intenta ell
que prosperi, fa aquestes manifestacions, sembla ser que van ser fetes fa uns mesos davant d'altres magistrats i jutges -almenys se'n veu un- i no va passar res? Ningú va fer res? Ningú va incoar cap expedient? Ningú el va censurar? És normal
que un jutge així de deshonest, reconegut per ell mateix, pugui estar exercint tan tranquil com està fent ara, algú que sabem que menteix? Com sabrem quan està mentint o quan no? Algú podrà confiar en res? Cap ciutadà de l'Estat podrà confiar per
a res que aquest senyor faci justícia en cap assumpte de res?


La nostra pregunta és -i li demano que ens la contesti, perquè veu que només m'estic referint a aquest assumpte, senyor ministre- quan, en quina data, obriran el seu Govern una investigació davant

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de la confessió d'aquest jutge deshonest que manifesta públicament, amb tota la xuleria, que ell va mentir a les autoritats franceses per aconseguir l'objectiu que li semblava? Quan s'obrirà aquesta investigació?


M'agradaria saber la seva opinió també sobre això: vostè creu que aquestes manifestacions que sovint fa d'aquesta democràcia exemplar de l'Estat espanyol i de la credibilitat que té la judicatura -i no vull generalitzar, òbviament, la major
part de la judicatura, òbviament, doncs són segur, deuen ser, persones honestes i que fan la seva feina amb rigor-, no, de la cúpula, de part de la cúpula de la judicatura, vostè creu que això els dona la credibilitat que vostè sovint defensa?
Segueix vostè mantenint que en la seva totalitat la judicatura en aquest país és honesta i és creïble, i que els ciutadans ens l'hem de creure, que actua amb honestedat? Vostè ho seguirà defensant sense cap dubte? Perquè vaja, no sé si ho pot
seguir fent.


I finalment, creu que caldria donar... perquè és clar, si això ho hem vist tots nosaltres, m'imagino que l'Estat francès també ho deu haver vist, no? Creu vostè que s'haurien de tenir ara converses amb l'Estat francès, donar explicacions,
demanar excuses, etcètera, per les relacions que puguin veure's perjudicades en conèixer-se que es van produir aquests fets, que l'autor d'aquests fets els reconeix, els explica amb xuleria i no se'n penedeix? Creu que l'Estat francès comprendrà
aquesta actuació i que des d'aquí les autoritats no facin res, absolutament res, per demanar responsabilitats?


Sé que hi ha molts altres temes que vostè ha abordat, però com que els anirem abordant segurament en altres compareixences i en seu del Congrés, doncs avui no m'hi refereixo, perquè ens semblava, a Junts per Catalunya, tenint en compte el
protagonisme que està tenint últimament el senyor García-Castellón en el tema del tsunami democràtic, amb unes acusacions absolutament falses i que, a mesura que van canviant els contextos, ell també va canviant com formula la seva investigació,
doncs es produeix aquest fet que el desacredita absolutament i ho volíem posar en rellevància. I si vostè i el seu Govern pensen emprendre alguna mesura en aquest àmbit. Gràcies.


Buenos días. Buenos días, señor ministro.


En realidad, iba yo a hacer una intervención distinta si se hubiera producido ayer, por ejemplo, pero es que, entre tanto, hemos tenido conocimiento de nuevos hechos escandalosos que no se produjeron ayer, pero de los que tuvimos
conocimiento ayer en las redes sociales. Por lo tanto, en esta intervención me veo obligada a tratar este tema. Ahora se lo voy a explicar en detalle, ministro. Simplemente, se lo adelanto diciendo lo siguiente: un tema al que se refería la
compañera durante esta legislatura; iremos abordando distintos textos legislativos y, por lo tanto, ya los trataremos cuando toque, pero tengo que decir que nos preocupa particularmente la forma en que se injieren, se ocupan competencias en
distintos territorios. Evidentemente, en este caso, me refiero a Cataluña. Pasa muy a menudo. No tiene ningún sentido. Es como si desde aquí, de alguna manera, se quisiera intentar llegar a líneas rojas, a los límites. No tiene ningún sentido.
O bien nos creemos o no nos creemos las competencias estipuladas de una forma determinada en la Constitución. Con lo cual, no entendemos que, desde los distintos grupos que representamos a territorios históricos nacionales, nosotros tengamos que
hacer este trabajo al que hace referencia nuestra compañera. Es un trabajo ingente, no nos cabe en la cabeza y es algo que pasa constantemente. Ahora, tenemos en ciernes una modificación, una ley sobre las familias. Estamos hablando de derecho
civil, competencia exclusiva de la Generalitat, y nos preocupa muchísimo saber cómo se va a abordar este tema, porque este derecho, como usted bien sabe, es una cuestión de competencia exclusiva de Cataluña. No vayamos a encontrarnos con textos que
directamente se contradigan con la norma.


Dicho esto, paso a abordar el tema que apuntaba al principio de mi intervención. Parece ser que hace días -o meses, incluso, no lo sé, lo desconocemos- hemos visto en las redes sociales, en cualquier caso, unas imágenes del juez
García-Castellón realizando una intervención en un foro -que no sabemos cuál es- en la que explicaba que hace unos años, cuando era el juez de enlace entre el Estado español y el Estado francés, una época en la que se estaban tratando temas muy
delicados como el terrorismo, este juez de manera pública -en fin, aquí no estoy hablando de una sospecha, una intuición, no-, públicamente este juez dice en esa intervención que de una forma no involuntaria, no por desconocimiento sino con total
premeditación, afirma que mintió a las autoridades francesas. Mintió como juez de enlace y, por lo tanto, como responsable, como representante del Estado español en ese contexto. No una persona equis, sino un juez español mintió, un juez que sigue
siendo a fecha de hoy juez. Pues bien, esta persona mintió a las autoridades francesas de forma totalmente premeditada respecto de un tema que no es que sea de una gran sensibilidad, no es un asunto cualquiera, es que no se me ocurre otro asunto
más

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sensible que pueda tratar un Estado con otro Estado; estamos hablando de terrorismo. Un juez que está en ejercicio mintió. Hizo esto. Una persona que está dejando en ridículo a la propia judicatura y que tiene relaciones, además, con
Suiza y el Estado suizo le tiene que responder a algunas de sus manifestaciones que hace como vedete, unas afirmaciones desbocadas. Esta situación es algo que nos preocupa muchísimo, visto lo que está haciendo este señor contra independentistas
catalanes pacíficos que estaban actuando y protestando de forma democrática y pacífica. Y esto nos preocupa porque, como este señor va de diva, el hecho de que esté explicando todo lo que piensa, todo lo que ha hecho es algo que vemos que rompe los
principios básicos que rigen cualquier actuación en el ámbito de la justicia. También, la Constitución. Está vulnerando todos los principios posibles sobre este tipo de temas. Con lo cual, al hilo de esto, tenemos distintas preguntas. Usted se
refiere constantemente a esta democracia ejemplar que tenemos aquí. Estamos hablando de un juez de la Audiencia Nacional, un juez que está llevando adelante ese procedimiento que él quiere que prospere; unas declaraciones que hizo este juez hace
unos meses ante otros magistrados y jueces, parece ser, al menos en la imagen se ve a uno. ¿Y no pasa nada ante esto? ¿Nadie hizo nada? ¿Nadie incoó un expediente? ¿Nadie censuró a este juez? ¿Es normal que un juez deshonesto como este
-reconocido por sí mismo, además- pueda estar ejerciendo alegremente como está haciéndolo en este momento, una persona que sabemos pertinentemente que está mintiendo? ¿Cómo podemos saber si miente o no miente a partir de ahora? ¿Un ciudadano del
Estado, cualquier ciudadano puede confiar en que este juez haga justicia en cualquier tipo de asunto? Nuestra pregunta es -y le pido, por favor, que nos la conteste, porque ya ve que me estoy excediendo mucho sobre este asunto, ministro-: ¿cuándo,
en qué fecha abrirá su Gobierno una investigación a la luz de esta confesión que hace este juez deshonesto que manifiesta pública y chulescamente que mintió a las autoridades francesas para alcanzar el objetivo que él se había fijado? ¿Cuándo se
abrirá esta investigación? También le pido que nos exponga su opinión. Que conste, evidentemente, que la mayoría de los componentes de la judicatura deben de ser personas honestas y que hacen un buen trabajo, pero aquí estamos hablando de parte de
la judicatura o de la cúpula de la judicatura, ¿usted cree que la institución tiene esa credibilidad a la que usted hace referencia una y otra vez? ¿Continúa usted afirmando en su totalidad que la judicatura en este país es honesta, es creíble?
¿Nos tenemos que creer que actúa con honradez esa judicatura? ¿Usted lo defiende sin ninguna duda? Porque, francamente, yo me pregunto si lo puede hacer. Ya para acabar, si nosotros hemos visto todo esto, evidentemente en el Estado francés
también habrán visto estas imágenes de este juez. ¿Cree usted que, habida cuenta de esto, habría que dar algún tipo de explicación al Estado francés, algún tipo de conversación, pedir disculpas al Estado francés por la posible afectación a las
relaciones entre los dos Estados? ¿Cree usted que hay que reconocer abiertamente que se han producido estos hechos, teniendo en cuenta que el autor de los hechos lo reconoce abiertamente y que ha expuesto esta situación con chulería? ¿Cree usted
que el Estado francés entenderá esta situación y que las autoridades españolas, ante esto, no hagan absolutamente nada para destilar responsabilidades? Ya sé que usted ha expuesto muchos otros temas en esta comparecencia. Habrá otras muchas
ocasiones y no voy a referirme hoy a ellos porque nos ha parecido por parte de Junts que el hecho de ese protagonismo que tiene el señor García-Castellón en el ámbito de Tsunami Democràtic -con unas acusaciones que vierte y que son totalmente falsas
y que, según cambia el contexto, él también retoca la forma en que fórmula su investigación-, con este hecho que se ha producido le desacredita totalmente y nos gustaría saber si usted y su Gobierno piensan hacer algo a este respecto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Álvaro.


El señor ÁLVARO VIDAL: Bon dia, senyories, senyor ministre.


Gràcies per venir, gràcies per explicar el que pensen fer. Senyor ministre, vostè ha començat amb una reflexió genèrica i a mi també m'agradaria començar amb una mirada més holística sobre la política, no sobre els punts en concret, que ja
els abordarem. L'any que ve, com vostès saben, farà cinquanta anys de la mort del dictador. No és broma. 50 anys de la mort del general Franco, és una data important. Per cert, apunto de passada que suposo que aquesta cambra ho tractarà d'una
manera important.


Senyor ministre, jo crec que soc una mica més gran que vostè, per desgràcia, i tinc memòria de la mort d'en Franco, tinc memòria infantil, però memòria certa de la mort d'en Franco, i memòria també d'alguns episodis de la Transició. I ho
dic perquè a vegades és bo fer una mena d'història comparada -si vostès m'ho permeten- entre el que va significar aquell moment emergent de la Transició i el que està passant ara, salvant totes les distàncies que hem de salvar, com és obvi. I, en
aquest sentit, em refereixo a una

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variable que vostès, com a Govern, i vostès, com a equip polític, poden tenir o no tenir. Vagi per endavant que el meu grup valora, en el seu cas, la seva disposició negociadora, de la qual hem tingut proves i, per tant, vostè coneix que,
en fi, que hem tingut i mantenim una bona relació, eficient en aquest camp. Però vull parlar d'una altra paraula, que és la paraula 'coratge polític'. El coratge polític és alguna cosa més, senyor ministre, que contenir la realitat, i com diríem,
anar passant pantalles, que es diu ara, o diguem-ho més clarament, viure en el tacticisme.


Jo crec que en aquells anys de la Transició, i crec que els historiadors més acreditats no em desmentiran, els governants d'Espanya i de Catalunya, en fi, de tot l'Estat, van abordar aquella realitat amb coratge. I permetin-me que els
sonarà una mica estrany que un representant del Grup Republicà faci un elogi d'Adolfo Suárez. I permetin-me que expliqui una cosa, perquè aquí els diputats també som persones, a més a més de diputats. El meu pare era un gran admirador d'Adolfo
Suárez. El meu pare era un gran admirador d'Adolfo Suárez i jo, durant molts anys, no vaig entendre per què el meu pare admirava Suárez. Ja se sap que els pares i els fills no comparteixen sovint les idees. I he de dir que amb els anys, i malgrat
amb els anys haver-me confirmat com a persona que està en la causa que està, que és la de la llibertat de Catalunya, malgrat això, i una cosa no treu l'altra, he admirat també la figura d'en Suárez, perquè el president de la Transició va ser un home
de coratge i jo voldria posar aquesta paraula aquí.


Li demanaria també que vostès en el seu gabinet, a més a més de la bona predisposició al diàleg, la bona predisposició a la negociació, abandonessin el marc purament tàctic i entressin en un marc de coratge i mirada històrica. Perquè, com
deia la diputada Aizpurua, el que tenim entre mans demana realment un abordatge històric, senyor Bolaños, un abordatge històric que, paradoxalment, sap a qui el sento del seu partit? I això no sé si serà bo per a ell o no, en aquest moment l'únic
personatge que escolto fent un discurs semblant a això és el senyor Zapatero, que també és curiós, el fa ara, no tant quan era president. Com diem en català, quan fou mort el combregaren, és a dir, ho fa a misses dites.


Buenos días, señorías, señor ministro. Gracias por estar aquí, por comparecer y explicarnos lo que piensan hacer.


Señor ministro, usted empezaba con una reflexión de tipo genérico y yo voy a hacer otro tanto; voy a intentar adoptar una mirada más holística para valorar la política y no los puntos concretos que abordaré más adelante. El año que viene,
como ustedes bien saben, se cumplen cincuenta años de la muerte del dictador, que no es poco; cincuenta años de la muerte del general Franco. Es una fecha importante y, dicho sea de paso, imagino que esta Cámara va a hacer algo al respecto de ese
aniversario. Yo soy un poco mayor que usted, ministro, por desgracia, y me acuerdo de la muerte de Franco. Yo era niño, pero me acuerdo claramente y también me acuerdo de algunos episodios de la Transición. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque a
veces no está mal hacer un poco de historia comparada entre lo que significó aquel momento emergente de la Transición y lo que está pasando en este momento, salvando evidentemente todas las distancias que tenemos que salvar, por supuesto. En este
sentido, quiero hacer referencia a una variable que ustedes, como Gobierno y como partido político, pueden tener en cuenta o no. Vaya por delante que mi grupo, en su caso, valora mucho su buena disposición a negociar. Lo hemos visto en la
práctica. Tenemos una relación eficiente en este ámbito con ustedes, pero yo me quiero referir a un concepto que es la valentía política. La valentía política va más allá de una mera contención de la realidad y pasar pantallas -como se dice
actualmente-, es algo que va más allá de vivir en el mero tacticismo. Los historiadores más acreditados no me desmentirán si digo que los gobernantes de España, de Cataluña, abordaron en su momento una realidad con mucha valentía. Le sonará un
poco raro que un representante del Grupo Republicano alabe a Adolfo Suárez, pero lo voy a hacer. Quiero explicar una cosa, porque los diputados que estamos aquí también somos personas además de diputados. Quiero decir que mi padre admiraba
muchísimo a Adolfo Suárez. Yo, durante muchísimos años, no entendí por qué. Ya se sabe, padres e hijos, muy a menudo, no comparten las ideas, pero tengo que decir que, con el paso de los años y a pesar de que con el tiempo me he ido anclando cada
vez más en la causa en la que estoy -la causa por la libertad de Cataluña-, he llegado a la conclusión de que lo uno no quita lo otro. Admiro al señor Suárez porque hizo la Transición y fue un hombre valiente. Yo les pediría que ustedes en su
gabinete, además de esa buena predisposición al diálogo y a la negociación de que han dado pruebas, abandonaran el marco puramente táctico y pasaran a un plano de valentía y de mirada histórica. Como decía la diputada Aizpurua, lo que tenemos entre
manos en este momento exige un abordaje histórico, señor Bolaños, una perspectiva histórica que quiero matizar, porque en este momento el único personaje

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que escucho que está abordando la cuestión desde esta perspectiva es el señor Zapatero. Ahora y no cuando era presidente. ¡A buenas horas mangas verdes!, como solemos decir, ¿verdad?


Permítanme, señor Bolaños, que recalque esta idea. ¿Cómo puede ser que ustedes manejen esta situación -que es sensible y grave y sabemos que está asediada por muchos operadores contrarios a lo que estamos intentando hacer-, pero no le den
un enfoque mucho más corajoso, mucho más estratégico, menos táctico y con una mirada más larga? Eso conecta con lo que comentaba la diputada Aizpurua y que concierne a los representantes aquí de naciones históricas en las que existe algo más que un
problema de convivencia. Quiero decirle, señor Bolaños, que, realmente lo que ocurre en Cataluña no es un problema de convivencia, es un conflicto largo y político que debe abordarse con este coraje que estoy mencionando.


Ministre, la Constitució és una eina. I com s'ha dit aquí, no es pot solemnitzar ni es pot sacralitzar aquest text. Vostès ho saben. Però més enllà de l'admirable reforma del 1949, la Constitució ens demana imaginació política. Jo crec
que vostès la poden tenir si abandonen aquesta por que tenen a vegades a defensar davant el camp adversari, i a vegades davant d'alguns dels seus -no cal que esmenti noms, d'algun baró- perquè jo diria una cosa, aquesta batalla no la guanyarem si no
és amb coratge, senyor Bolaños. No la guanyarem només amb tacticisme. Fixin-se que l'oposició, que evidentment fa el seu paper, quan vostès són massa tàctics, els troba totes les escletxes. Si us plau, li demano pel bé de tots, pel bé de tots els
que anem en aquest moment en el mateix barco, que tingui una mirada més alta. Sé que vostè ho pot fer, sé que vostè ho entén, però ho ha de traslladar segurament a qui porta la nau.


Vostè ha parlat en aquest sentit, per exemple, de la defensa dels drets humans. Bé, la defensa dels drets humans no pot quedar en el nominalisme, diguem-ne, de les bones intencions. Drets humans són coses concretes, com per exemple, la
reforma de la llei de secrets oficials que els companys del Partit Nacionalista Basc cada any demanen i vostès cada any fan l'orni. És a dir, diuen ja ho veurem. Però la defensa dels drets humans, senyor Bolaños, també és evitar aquest anacronisme
que és la sobreprotecció d'un ciutadà únic, que és el monarca, i que va en contra dels temps i va en contra de la igualtat, precisament. És curiós, tots els que critiquen l'amnistia perquè diuen que va contra la igualtat, els sembla perfecte que
una persona, pel fet de naixement, sigui tractada de manera excepcional fins al punt de ser considerada inviolable, irresponsable, etcètera. Però també la defensa dels drets humans, senyor Bolaños, és, com ha comentat la diputada Madrenas, tenir
una actitud proactiva davant el que és literalment un escàndol. I diguem clar que en aquesta cambra hem de poder parlar dels escàndols que fan membres d'altres poders de l'Estat, sobretot quan són manifestos, i quan a més a més, ho confessen ells.
I és un escàndol de gravetat enorme, com dirien alguns de vostès, un asunto de Estado, que un jutge, un magistrat, que representava l'Estat espanyol davant un estat aliat i veí com és França, mentís sobre un tema tan important com el terrorisme. És
un escàndol. I volem subratllar-ho.


Sí, i també jo li demano: respongui sobre això, sigui proactiu, no es posi de perfil. I anem a parar novament a la paraula amb què he començat, coratge, senyor Bolaños, no practiqui només el quietisme. No faci només el qui dia passa, any
empeny. No vagin esperant les eleccions europees, les d'Euskadi, les catalanes, a veure si anem millorant. Agafin el toro per les banyes, no dilatin. És clar que vostès podrien pensar que la política és un afer, diguem-ne, en què no existeix
memòria. S'equivoquen. Potser sí que hi ha qui viu en la no memòria, però justament el que dona sentit a la política és la mirada històrica. Citaré Ortega y Gasset, una persona gens sospitosa d'independentista català, 'som éssers històrics, si no
som històrics, no som polítics'. Per tant, vostès tenen el perill de caure en una negació de la política. No n'hi ha prou a fer el que fan -que nosaltres valorem-, sinó que han de fer alguna cosa més.


L'altre dia a la cambra discutíem sobre una proposició de llei de VOX que anava encapsulada sobre la idea de la defensa d'Espanya, però que de fet era una voluntat d'exclusió d'uns actors polítics del joc. Vivim temps difícils, senyor
Bolaños, vivim temps que demanen aquella actitud que va tenir el president Suárez, que va tenir el president Tarradellas, fixin-se que durant la Transició hi ha dues operacions que avui serien impossibles en el marc que vivim: la legalització del
Partit Comunista d'Espanya i el retorn del president Tarradellas. Per cert, ambdues operacions anteriors a la Constitució del 1978. Oh, quina anatema, una cosa que es fa fora de la Constitució! Sí, no s'havia redactat encara la Constitució. I es
va legalitzar, adequadament com calia, el Partit Comunista. I va retornar un representant de la vella legalitat republicana -oh, quin anatema!-, avui alguns saltarien per la finestra de l'escàndol. Torna un senyor perdedor de la Guerra Civil que,
a més a més, diu ser representant de la Generalitat. Oh, quin escàndol!

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Recordin la història. Tinguem coratge. Ministre, no n'hi ha prou a aguantar, no n'hi ha prou a posar-se de perfil, l'hi dic perquè crec que en aquest moment anem en el mateix barco i hem d'afrontar-ho amb aquesta claredat. M'hauria pogut
estalviar aquest discurs, tenia altres coses per dir-li, coses concretes, la situació del català, la situació de la Casa Reial, que està al marge de la transparència, tenia altres coses, però he volgut fer aquesta reflexió, perquè potser per un dia
aquesta cambra també ha de parlar de coses que no siguin el detall petit, que sigui el temps que ens afecta, el temps històric que estem vivint. Moltes gràcies.


Señor ministro, la Constitución es un instrumento, una herramienta y, como aquí se ha dicho, no se puede sacralizar el texto. Ustedes lo saben. Pero más allá de la admirable reforma del 49, la Constitución nos exige imaginación política.
Yo creo que ustedes la pueden tener si superan ese miedo que a veces tienen a la hora de defensar ante el adversario y delante de algunos de sus propios barones -sin dar nombres-, porque yo diría una cosa: esta batalla solo la podemos ganar si
demostramos arrojo. Con tacticismo no la vamos a ganar. La oposición, que hace su papel, evidentemente, cuando ustedes se ponen demasiado tácticos encuentra el ángulo de ataque siempre. Por lo tanto, yo, por mor de todos aquellos que estamos en
el mismo barco, le pido que mire más lejos, que tenga unas vistas más largas. Sé que usted me entiende, pero me gustaría que esto permeara a todos los niveles, también hasta quien lleva la nave. Usted hablaba aquí también de la defensa de los
derechos humanos. Es algo que no se puede quedar en algo meramente nominal, en buenas intenciones. Los derechos humanos son cosas concretas como, por ejemplo, la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales, algo que piden los compañeros del Partido
Nacionalista Vasco y ustedes se hacen los suecos. Ya iremos viendo más adelante. Pero es que los derechos humanos, señor Bolaños, también implican evitar el anacronismo que implica la sobreprotección de un solo ciudadano, que es el monarca. Esto
es algo que va en contra del aire de los tiempos y de la igualdad. Curiosamente, a todos los que critican la amnistía porque les parece que va contra la igualdad, les parece perfecto que una persona, por su nacimiento, reciba un trato excepcional
hasta el punto de ser considerada inviolable, irresponsable, etcétera. La defensa de los derechos humanos, señor Bolaños, tal y como comentaba la señora Madrenas, implica tener una actitud proactiva ante lo que es un verdadero escándalo. En esta
Cámara tenemos que poder hablar de los escándalos que afectan a altos miembros de los poderes del Estado; escándalos manifiestos particularmente cuando el propio implicado confiesa. Es un escándalo extraordinariamente grave, un asunto de Estado,
como lo dirían ustedes, el hecho de que un miembro de la magistratura española que representa a España ante el Estado francés mienta ante un tema tan importante como el terrorismo. Es un escándalo y lo queremos subrayar. Sí lo es y yo le pido que
responda. Sea proactivo, no sortee el problema. Vuelvo a la palabra con la que he empezado mi intervención: valentía. No intente empujar un día tras otro, las cosas quedan igual, vamos a ver hasta las elecciones catalanas, hasta las de Euskadi,
vamos a ver si las cosas cambian. No. Agarren el toro por los cuernos.


Evidentemente, podrían ustedes pensar que la política es un contexto en el que no hay memoria, se equivocan. Puede ser que haya algunos que vivan en la no memoria, pero justamente lo que da sentido a la política es la mirada histórica.
Citaré a Ortega y Gasset, una persona que claramente no era independentista catalán: somos seres históricos. Si no somos históricos, no somos políticos. Yo veo que ustedes, señor ministro, pueden caer en una negación de la política. No es
suficiente con hacer lo que hacen, que valoramos, tienen que hacer más. Justamente, el otro día, en la Cámara, estábamos hablando de una proposición de ley de VOX, que tenía que ver con la idea de la defensa de España, pero que en realidad se
traducía en la exclusión de algunos actores políticos del juego político. Vivimos tiempos difíciles, señor Bolaños. Vivimos unos tiempos que exigen aquella actitud que tuvo el presidente Suárez, que tuvo el presidente Tarradellas. Durante la
Transición se produjeron dos operaciones que, en el marco actual de hoy, serían imposibles: la legalización del Partido Comunista de España y la vuelta a Cataluña del presidente Tarradellas. Las dos operaciones son anteriores a la Constitución de
1978. ¡Oh, anatema! Algo que se hace fuera de la Constitución. Pues sí, porque no se había redactado la Constitución aún y se legalizó adecuadamente, cómo tenía que ser, el Partido Comunista. Y volvió un antiguo representante de la legalidad
republicana, ¡anatema! Hoy, algunos se tirarían por el balcón. Vuelve un señor de la Guerra Civil, que encima dice ser representante de la Generalitat, ¡oh, escándalo! Recordemos la historia, por favor, seamos valientes.


Ministro, aguantar no es suficiente, no nos pongamos de perfil, no es suficiente. Y se lo digo porque me parece que en este momento estamos en el mismo barco. Las cosas hay que decirlas como son.

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Podría haberme ahorrado todo esto. Tenía otras cosas que mencionar, cosas concretas, la situación del catalán, por ejemplo, la situación de la Casa Real, que está fuera de cualquier tipo de transparencia. Tenía otros muchos puntos de que
hablar, pero no, he querido hacer esta reflexión, porque quizá en algún momento esta Cámara tiene que hablar de cosas que no sean de detalle mínimo; cosas que tienen que ver con el tiempo histórico que nos ha tocado vivir.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Té la paraula, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, en primer lugar, Gerardo Pisarello.


El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidente.


Gracias, ministro, por la comparecencia.


Para nosotros es un buen día hoy para recordar que el constitucionalismo se creó como una herramienta para ampliar las libertades de quienes no gozaban de ellas, estableciendo controles y límites para los poderosos, básicamente y, por eso,
hoy, el constitucionalismo es una técnica para ampliar la libertad de los débiles, poniendo límites al poder del más fuerte, al poder del más fuerte en el Estado, pero también -y a veces algunos lo olvidan- al poder del más fuerte en el mercado, a
las grandes corporaciones económicas, a algunos grandes grupos mediáticos, a los Jeff Bezos, a los Warren Buffett de cada país, que no se presentan a las elecciones, pero que votan cada día y deciden lo que hacen los gobiernos.


En esta Cámara, lo hemos visto, hay fuerzas de derechas que insisten mucho en dos o tres artículos de la Constitución, pero es como si ignoraran los más de 160 artículos restantes. Aquí hay mucho constitucionalista de pecho abombado que
recuerda el artículo 1.3, que España es una monarquía restaurada por Franco, pero se le olvida también que existe el artículo 16, que ampara a cualquier ciudadano, a cualquier artista, a criticar esa forma de la Jefatura de Estado y a defender
alternativas republicanas, amparándose en la libertad ideológica. Aquí, hay mucho constitucionalista de pecho abombado que querría que el artículo 2 de la Constitución le autorice a imponer la unidad a martillazos, si hace falta, pero se olvida que
ese artículo tiene otra parte y que la Constitución tiene otras partes que obligan a respetar la plurinacionalidad, el plurilingüismo y la diversidad que ya somos y que ya existe. Para nosotros, señor ministro, de lo que se trata en realidad es de
saldar nuestra deuda como sociedad, con millones de personas que son constitucionalistas, pero de una parte mucho más amplia y olvidada, a veces, de la Constitución. Me estoy refiriendo a la gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la
gente del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que son constitucionalistas del artículo 47, por ejemplo y que están pidiendo a gritos que se controlen los alquileres abusivos y que las casas sean para vivir y no una mercancía con la que puedan
especular los grandes fondos de inversión. Hablo de los pequeños y medianos productores agrarios, que son muy constitucionalistas del artículo 130, que quieren que les protejan y no que les pongan a los pies de las grandes cadenas de supermercados
y de las grandes multinacionales. Hablo de los autónomos, de todas las pymes, que no quieren ser ahogadas financieramente y que exigen, como dice el artículo 41 de la Constitución, que paguen más quienes más tienen: la banca, las eléctricas, las
tecnológicas, los que se enriquecieron de manera obscena durante la crisis. Hablo de todas las personas que, por salud mental, porque no pueden más o porque ya han trabajado muchísimo, son constitucionalistas del artículo 40 y piden, como hemos
defendido nosotros hoy, que se reduzca la jornada laboral sin reducción de salarios y que se libere tiempo para la vida. Hablo de todas esas mujeres que son constitucionalistas del artículo 10.2 y que están diciendo, como la escritora Cristina
Fallarás y tantas más, que se acabó y que hay que cumplir con los convenios internacionales que nos obligan a erradicar las agresiones y las violencias machistas. Hablo, por supuesto, también, de millones de personas que, en nombre del artículo
10.2 de la Constitución, nos exigen que España vuelva a ser pionera en la defensa de la paz y en la persecución de los delitos de genocidio y de lesa humanidad; como hicimos, señor ministro, con los crímenes de Pinochet, como hicimos con los
crímenes de Videla, hasta que el Partido Popular segó esa posibilidad; y como deberíamos poder hacer hoy con las masacres horrendas que se están produciendo en Gaza, como nos recuerdan cada día periodistas como Olga Rodríguez y tantas más.


Esto, señor ministro, no quiere decir, naturalmente, que la Constitución sea una Biblia intocable; faltaría más que después de más de 45 años no se puedan cambiar las cosas desde el punto de vista constitucional. Es más, nosotros pensamos
que, si se ha podido reformar el artículo 49 para saldar una deuda con las personas con discapacidad, muchas otras cosas podrían cambiarse. Se podrían, por

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ejemplo, blindar mejor los servicios públicos, para evitar privatizaciones escandalosas en materia de sanidad o de educación, como las que la señora Ayuso perpetra cada mes en Madrid, también se podría hacer. Para nosotros, señor ministro,
se trataría de reconocer que hoy el derecho al agua, el derecho a la cesta de la compra o el derecho a un aire limpio deberían ser considerados tan fundamentales como la integridad física o como la libertad de expresión. No hay más que recurrir a
nuestra memoria democrática para plantear estos cambios. Si tuvimos una Constitución republicana en 1931, podríamos tener otra hoy, republicana, feminista y, frente a la emergencia climática, muy consciente de que no hay planeta B. Sería bueno que
lo recordáramos, señor ministro, en este 2024, en el que se cumplen 200 años del nacimiento de Francesc Pi i Margall, diputado de estas Cortes, presidente de la Primera República y una de las mentes más brillantes del siglo XIX, entre otras cosas,
porque él nos recordó que, frente a la reacción que niega los derechos humanos y las libertades de todos y todas, no valen, efectivamente, los cálculos tacticistas ni las medias tintas. Hace falta coraje, hace falta audacia y tener claro, como
decía Pi que, seguramente, la única forma de contener la reacción es con una suerte de nueva revolución que amplíe derechos, que conquiste nuevos derechos, que conquiste más y mejor democracia, política y económica. Para nosotros también eso debe
ser el constitucionalismo.


El señor PRESIDENTE: Señor González.


El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Senyor ministre, bona vesprada.


He escoltat atentament la seua intervenció i, tot i que compartim en essència els avanços en moltes matèries -lleis d'igualtat, millores socials, impuls de drets, reducció de la jornada laboral-, que junts empentem front a una oposició que
cada vegada està més allunyada de la realitat, li plantejaré un dels objectius que hauria de proposar-se i que ens concerneix a tots i a totes. Vostè, com a ministre de Relacions amb les Corts i Presidència, deu i ha de preocupar-se per la
distància evident entre aquesta institució i els problemes de la gent. Una qüestió que és de gran importància per al nostre espai polític, perquè veiem com estem tornant a moments de desafecció política i institucional que recorden a èpoques no tan
llunyanes. I vaig a parlar-li concretament dels joves, dels joves que, segons els estudis, tornen a sentir que els òrgans -inclòs aquest, el legislatiu- els representen menys que fa uns anys. I això ha de ser una preocupació de primer ordre per a
vostè i per a totes les senyories d'aquesta Comissió Constitucional.


He de dir que en aquesta tasca les esquerres hem anat afrontant de cara aquesta problemàtica durant aquestes dècades. Ens ha permès fer realitat demandes de la nostra societat que havien estat crits al carrer, com per exemple fer una lluita
eficaç contra la corrupció, apujar el salari mínim interprofessional o incloure en l'agenda qüestions -com ha fet el meu company Iñigo Errejón- com la salut mental. Però no ha estat suficient, la prova és que les dades estadístiques, i li cite
l'informe 'Jóvenes y política', del Centro Reina Sofía, reflecteixen que la desafecció de la gent jove en política és, com a mínim, preocupant. Sols un de cada tres joves se sent part de la política. Els altres dos se senten fora. No els importa
res del que estem parlant hui ací. I miren, és importantíssim abordar aquesta problemàtica, que és un mur entre la realitat i els debats que ací tenim en el Congrés. Els joves no poden viure i no poden entendre la política quan el 90 % del seu
salari va destinat a pagar un lloguer. Els joves no veuen útils els nostres debats mentre l'edat d'emancipació siga cada vegada més alta. Els joves volen participar en les solucions amb una Constitució que actualment no han votat i que mai se'ls
ha preguntat si volen, com deia el meu company ara mateix Gerardo Pisarello. Com anem a fer que siguen part d'aquest procés quan la forma que tenim de legislar es fa des de la paternitat i des de la tutela? Hem de canviar això. Cal escoltar i
eixir un poc de les moquetes. Cal que les finestres d'aquesta cambra s'òbriguen i entre la llum de la societat. Cal preguntar sense por quin model de societat volem.


Vostè no ha fet referència -imagine que ara ho dirà el CIS-, però jo fa poc vaig deixar una pregunta, jo li preguntava al senyor Tezanos per què no es preguntava pel model d'Estat, per què no es preguntava per si volia una societat
republicana o monàrquica. I se'm va contestar que era un debat que no importava. Jo crec que no és cert i crec que hem d'abordar aquestos debats de cara perquè, si no els abordem, ens desbordaran.


Miren, és necessari que cada pacte i acord estiga sufragat per la voluntat de la majoria, que s'escolte el que crida el carrer, el que es parla en cada centre de treball o en cada assemblea d'universitat. Cal que hi hagen canals directes
entre la societat i els governants. Tenim un bon exemple en l'acord per a la protecció dels menors en l'entorn digital que estem fent conjuntament, on estem escoltant els representants dels joves i menors, on estem preguntant i veiem visions noves
de la vida que tal vegada queden lluny de

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molts de nosaltres i de vosaltres, i que s'han de tindre en compte, perquè mai més s'ha de fer política sense la gent, d'això saben massa els que venen ací a crispar, a enfrontar, a enemistar, a buscar el soroll. Ve un món nou que es
comunica més per xarxes i entorns digitals que per decrets lleis. Escoltem-lo o serà tard. Obrim la participació en els àmbits polítics i comunitaris que ens envien un senyal inequívoc o apareixeran els monstres, com deia Gramsci, 'cuando el viejo
mundo muere...'. Fem que el nuevo mundo no tarde massa a aparèixer. Com diu l'estudi que abans he referenciat:


Señor ministro, buenos días.


He escuchado su intervención y, aunque compartimos muchísimas de las materias, como igualdad de derechos o reducción de la jornada laboral, sí es cierto que cada vez vemos una oposición que está cada vez más alejada de la realidad. Me
gustaría aquí plantear una serie de objetivos que nos conciernen a todos. Usted, como ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se tiene realmente que preocupar por su ministerio y la relación con la gente; un ámbito que es
muy importante para nosotros, porque estamos viendo cómo estamos en momentos de desafección política e institucional que recuerda a épocas no muy lejanas. Me gustaría hablar de los jóvenes, que vuelven a sentir que órganos como el Poder Legislativo
los representa menos que hace unos años, y esto tiene que ser una preocupación de primer orden para usted y para todas las señorías de esta Comisión Constitucional. En esa tarea, las izquierdas, frente a este problema, hemos intentado hacer
realidad demandas de nuestra sociedad que se habían escuchado en las calles: la lucha contra la corrupción, el salario mínimo interprofesional o incluir en la agenda, como lo ha hecho mi compañero Íñigo Errejón, la salud mental. Pero no ha sido
suficiente. Cito el informe de Jóvenes y política del Centro Reina Sofía, que nos dice que, en general, la desafección política entre los jóvenes es preocupante; solo uno de cada tres jóvenes se siente parte de la política, los otros se sienten
fuera, no les interesa nada lo que ocurre hoy aquí. Es muy importante abordar esta problemática, que es un muro entre la realidad y los debates que tenemos aquí, en el Congreso. Los jóvenes no pueden vivir y no pueden entender la política si el 90
% de sus salarios se destina a pagar el alquiler. Los jóvenes ven inútil este debate si cada vez les cuesta más emanciparse. A los jóvenes les cuesta participar en una Constitución que ni siquiera ellos han votado y nadie les ha preguntado si la
quieren, como decía mi compañero Gerardo Pisarello. ¿Qué podemos hacer cuando nuestra forma de legislar se hace desde el paternalismo y desde la tutela? ¿Cómo podemos hacer que ellos participen? Es necesario salir un poco de aquí, es necesario
airear las alfombras y abrir las ventanas del Congreso. Hay que preguntar sin miedo qué modelo de sociedad queremos.


Usted no ha hecho referencia al CIS, pero hace poco yo le preguntaba al señor Tezanos por qué no se preguntaba, respecto al modelo de Estado, si la gente quiere una sociedad monárquica o republicana, y contestó que este debate no tenía
interés. Yo creo que no es cierto y creo que hay que abordar los debates de cara, porque, si no, nos desbordarán. Es necesario escuchar lo que grita la calle, lo que se habla en los lugares de trabajo, en las asambleas universitarias, hay que
insistir en los canales directos entre la sociedad y los gobernantes. Tenemos un ejemplo aquí con el tema digital. Es necesario escuchar a los jóvenes, a los menores, porque hay nuevas visiones de la vida que quizás quedan muy lejos de nosotros,
de ustedes, y hay que tenerlas en cuenta. Nunca más hay que hacer política sin la gente, y de esto saben mucho los que vienen aquí a enfrentar, a crispar, a buscar ruido.


El mundo se comunica más hoy por las redes digitales que por los decretos ley, escuchémoslo o será demasiado tarde. Abramos los espacios políticos a los jóvenes, porque, si no, aparecerán los monstruos, como decía Gramsci, cuando el viejo
mundo muere. Como dice el estudio al que antes he hecho referencia:


'Aunque la amplia mayoría de jóvenes afirma que la democracia siempre es preferible a cualquier otra forma de gobierno, se observa cierto retroceso en defensa del sistema democrático, sobre todo en jóvenes de 18 a 24 años.'


Sols hi ha una manera que les persones senten seues les institucions, i és quan aquestes facen realitat el que les persones, el que els joves, desitgen. Malgrat les coartades rabioses dels defensors del passat i sense possibilitats, tenim
una bona oportunitat, tenim ara la voluntat de la gent del Govern, que va donar el 23 de juliol un país, un mandat, plural, nacional, cultural, social, un mandat que ens demana escoltar. I ara ens cal que aquest Govern faça realitat aquestos anhels
de la majoria. Hem de fer de les demandes del nostre país una promesa complida. El repte estic segur que és preciós i és bonic i hem de fer-ho conjuntament. Gràcies.

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Solamente hay una forma de que las personas sientan suyas las instituciones, y es cuando estas hagan realidad lo que las personas y los jóvenes desean. A pesar de las coartadas rabiosas del pasado, tenemos ahora la voluntad de la gente, que
el 23 de julio dio a este Gobierno un mandato social, cultural, un mandato que nos pide que escuchemos, y ahora el Gobierno tiene que hacer realidad los anhelos de la mayoría. Es necesario que las demandas de nuestro país se conviertan en una
promesa cumplida. El reto es precioso, bonito y lo tenemos que hacer juntos.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Lourdes Méndez Monasterio.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, presidente.


Bienvenido a esta Comisión, señor Bolaños. Yo empezaré con una cuestión que consideramos de Estado, señor Bolaños, y de la que nadie hasta ahora ha dicho nada en esta Comisión, que son los graves problemas de nuestro campo, de nuestros
agricultores, de nuestros ganaderos y de nuestros pescadores. Son brutales los costes de producción económicos y sociales que tienen, y son brutales también las trabas y las cargas que el propio Gobierno les ha impuesto y que tienen que soportar.
No pueden aguantarlo. Estamos viendo cómo tienen que salir a las calles, están saliendo y, sin embargo, en esta Comisión, sobre un tema que consideramos que es un tema de Estado como este nadie ha dicho nada, ante este gran problema de nuestro
campo. Además, las obligaciones digitales, el control asfixiante del cuadernillo electrónico no es poco problema para un agricultor. Y, asimismo, están propiciando la competencia desleal entre los productos que vienen de otros países, también sin
ningún control sanitario; hasta mil alertas sanitarias ha habido en el último año, entre ellas, la del pimiento con cadmio de Marruecos.


Pues bien, mientras a Marruecos se le financia con inversiones en regadío y desaladoras, la mitad de nuestros agricultores están arruinados. Están sufriendo sus leyes del cambio climático y de desarrollo sostenible, de las que usted en
otras comparecencias en esta misma Comisión ha hablado, pero que no ha mencionado en otras comparecencias en esta misma Comisión Constitucional cuando ha dicho que lo importante son los temas del comer. Y, ¿qué más importante que el tema de nuestro
campo cuando realiza esa afirmación de los temas del comer? La Agenda 2030 y el Pacto Verde que han votado el Partido Popular y el PSOE en Europa son los que están destrozando a nuestros agricultores, y lo que se está haciendo es una verdadera
reconversión en contra del sistema de nuestra agricultura.


La primera pregunta que le hago, por tanto, es qué tienen previsto hacer para solucionar los problemas que les han creado a todos los trabajadores del sector primario, porque las medidas anunciadas por el ministro Planas no palían el grave
daño que la Agenda 2030 y el Pacto Verde están originando. Le recuerdo también, señor Bolaños, el daño tan grande de la ausencia de un Plan Hidrológico Nacional, que, por cierto, derogó Zapatero por mandato expreso de Esquerra Republicana. Ese
plan habría evitado a lo largo de veinte años, entre otras cosas, los efectos de la sequía en todo el Levante; en Murcia, de la que soy diputada; pero también en Cataluña, donde están sufriendo los graves daños de la sequía. Esos son los daños de
haber llegado a acuerdos con partidos como Esquerra Republicana, que en ningún caso persiguen el bien de todos los españoles.


Pues bien, Zapatero pactó con Esquerra y con ETA de la misma manera que lo hacen ustedes ahora con Bildu, con Esquerra y con los demás partidos independentistas, y no precisamente para el bien de todos los españoles. Van en el mismo barco,
acabo de oír. Él, como usted también hace, hablaba de las bondades de los pactos, de la finalidad de procurar la convivencia y de que todo esto se trata de un tema meramente político. Los delitos cometidos, tipificados en el Código Penal, señor
Bolaños, no son delitos meramente políticos. Pero, además, si hablamos de la amnistía -de la cual usted no ha hablado, y es un tema que afecta a nuestra Constitución-, con quien pacta es con prófugos de la justicia y con delincuentes para atacar
nuestro Estado de derecho, y aprueba leyes en contra de la Constitución. Esto, señor Bolaños, en ningún caso puede favorecer la convivencia. Más bien, se está premiando de forma corrupta a quien ha amenazado, a quien ha roto y a quien seguirá
rompiendo la convivencia; y sin justicia, señor Bolaños, nunca podrá alcanzarse una convivencia pacífica. El mayor bien que un gobernante debería perseguir es la unidad y la convivencia.


Han demostrado, señor Bolaños, ser capaces de todo para mantenerse en el poder y, además, el ejercicio de ese poder no es inocuo. Todos ustedes tienen un objetivo común, van en el mismo barco. El poder lo compran de forma corrupta para
obtener los votos de los enemigos de nuestra patria -y digo de los enemigos de nuestra patria-, pero ese poder lo utilizan conjuntamente para realizar un cambio del

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orden social, una subversión de los valores en los que se asienta nuestra Constitución, en definitiva, una destrucción de la unidad de España y una destrucción de nuestra patria. Y digo enemigos, señor Bolaños, porque usted ayer se reía por
haber utilizado este concepto de enemigos de España. ¿Cómo no vamos a llamar enemigo de España a quien quiere romper nuestro Estado de derecho, a quien quiere romper la Constitución, a quien ataca nuestra Constitución, a quien ataca nuestra patria
y, además, a quien insulta de manera impune a nuestros jueces cuando están cumpliendo y aplicando nuestro Estado de derecho? Señor Bolaños, por eso nuestro grupo parlamentario defiende que estos partidos han de ser ilegalizados. En ningún país de
Europa se consiente que se insulte a los jueces de esta manera y que, además, se esté atacando a lo que es la base y el fundamento de nuestro Estado de derecho y de nuestra Constitución. Es realmente inaudito. No sé si hoy habrán insultado o no a
los jueces. En algún momento he oído Franco o alguna cosa de estas. Porque, claro, yo no sé catalán, me gustaría saberlo, porque nuestro país es muy rico en las diferentes lenguas y a mí me gustaría saber todas las lenguas de los diferentes
sitios, pero no las sé, y estoy en un Parlamento nacional y existe una lengua oficial de la nación. Por lo tanto, yo no me voy a poner el pinganillo para oír lo que se dice en este Parlamento. No me voy a poner el pinganillo, aunque no sé catalán
y no sé vasco y, por lo tanto, yo no voy a entender, pero es que tampoco creo que los españoles entiendan que, en la sede de la soberanía nacional, en un Congreso nacional, no se esté hablando en la lengua oficial de nuestra nación.


Pues bien, la ley de amnistía no es más que un nuevo paso en este proceso, y este es el drama de nuestra querida España. Le pregunto: ¿usted puede asegurar que la amnistía termina con toda la negociación o es tan solo una fase del proceso?
¿Los presupuestos estarán sometidos a nuevas exigencias, cediendo el cien por cien de los tributos? ¿Entrarán en el juego del próximo objetivo del referéndum? Porque en el fondo es una actitud sumisa en este camino de servidumbre. Hemos oído
ahora mismo -porque no ha hablado en vasco la señora de Bildu y la he entendido cuando hablaba- cómo le mandaba mensajes sobre ese avance territorial, sobre esa transferencia que todavía no se ha producido. Estamos en ese proceso y ustedes están en
un proceso también de metamorfosis, en el cual se han unido con toda la izquierda radical separatista e independentista de nuestro país. Ese es el drama de nuestra España.


Le pregunto: ¿usted entiende que las personas que se van a beneficiar de la amnistía tienen la consideración de presos políticos? Le animo a que lea una resolución de la Asamblea Parlamentaria del año 2012 a la que se remite la Comisión de
Venecia en relación con la ley de amnistía en Georgia sobre la definición de preso político. Le puedo asegurar que el caso de Puigdemont y de sus secuaces no cumple ninguno de los requisitos para ser calificados como tales. También le pregunto:
¿piensan derogar el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como está queriendo Puigdemont que hagan? ¿Usted cree que puede hacer manifestaciones como ministro de Justicia diciendo que no hubo terrorismo? ¿Con qué finalidad lo hace,
para atentar contra la independencia del Poder Judicial, para presionar a los jueces? No creo que como ministro de Justicia usted debiera hacer eso. Serán los fiscales los que deban calificar si existe o no ese delito y serán los jueces los que
deberán sentenciar si han existido o no esos hechos constitutivos de ese delito. Además de colonizar todas las instituciones, está atentando contra la independencia judicial.


También le pregunto, señor ministro, sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución en orden a la modificación del término 'disminuido' por 'personas con discapacidad'. Es realmente contradictorio cómo han hecho ustedes esta reforma,
después de haberle oído decir al inicio de su intervención -en lo que estoy absolutamente de acuerdo- que la Constitución se ha de modificar y que los grandes acuerdos han de ser por medio del diálogo. Estamos absolutamente de acuerdo, pero a
nuestro grupo parlamentario no se le llamó en ningún momento para hablar y para haber podido redactar de una manera un poquito más oportuna ese artículo 49 de la Constitución, que, en la práctica, señor Bolaños, no ayuda nada a las personas con
discapacidad. Mis preguntas son las siguientes: ¿puede usted contestar si el término 'disminuido', aun siendo necesario modificarlo en nuestra Constitución -estamos absolutamente de acuerdo-, ha sido ampliamente superado en la legislación interna
y no existe dicha denominación en ninguna de las múltiples normas que se han aprobado desde la reforma de la Constitución, desde hace veinte años, que se viene eliminando este término en las normas internas? ¿Me puede decir qué beneficios, desde el
punto de vista práctico, ha producido esta modificación para las personas con discapacidad?


Por otro lado, ¿usted puede decir si en la ley del aborto y en la aplicación de la ley de la eutanasia existe discriminación hacia las personas con discapacidad, máxime cuando no existe una ley de cuidados

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paliativos? No sé lo que usted contestará, pero el CERMI sí ha dicho que existe una discriminación en la legislación en la ley del aborto y tuvo que intervenir también en la ley de la eutanasia. Por lo tanto, si existe esa discriminación
en leyes vigentes como estas, sabiendo que el artículo 49 se comporta como un principio rector, le pregunto: ¿por qué no han incluido en esa modificación el acabar con esa discriminación real y efectiva en la legislación española contra las
personas con discapacidad? Porque en esa modificación, señor Bolaños, no se ampara a los grandes discapacitados. Ha desaparecido el término 'apoyo' o 'asistencia' para aquellos que en ningún caso podrían conseguir su autonomía. Sí se dice que se
ha de procurar la autonomía, por supuesto estamos de acuerdo, y nos parece, además, una política absolutamente determinante y positiva; pero es que no se dice nada de aquellas personas que en ningún caso pueden conseguir esa autonomía por mucho que
se les ayude. Es un error enorme.


Y se habla de una atención especial a las mujeres, como usted ha dicho, ya no a las niñas, señor Bolaños. Dígales a sus asesores que le asesoren bien, porque se eliminó el término 'niñas' y se sustituyó por el de 'menores'; o sea, ahora lo
que sí se recoge en esa modificación son los términos 'mujeres' y 'menores'.


Han incluido en la modificación la ideología de género, un trato desigual en virtud del sexo y no del grado de discapacidad. Sí se podría admitir una discriminación positiva en orden al grado de discapacidad. Han utilizado a las personas
con discapacidad para introducir su perversa ideología de género. Y le pregunto cuál es la razón por la que una modificación de la Constitución no se ha realizado con el concurso de todas las fuerzas parlamentarias y sin la aprobación en un
referéndum de todos los españoles.


Por último, le hablo de las libertades y los derechos. Usted habla de las libertades que su Gobierno progresista ha conseguido y de los derechos que están también consiguiendo y alcanzando todos los españoles. ¿Libertades, señor Bolaños?
¿Libertad para nuestro campo, para nuestros agricultores, para que puedan plantar todo lo que ellos querrían? Nadie más que ellos saben lo que no va a perjudicar a nuestro campo. ¿Existe libertad de empresa con la multitud de reformas -veintitrés-
de la ministra de Trabajo por medio de reales decretos, que están creando una inseguridad jurídica tremenda a las empresas y que están mermando la creación de empleo? ¿Existe libertad lingüística, señor Bolaños? Ha hablado de la libertad de los
padres de educación, ¿existe libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones, para poder educarlos?, admitiendo la ideología que ahora mismo se está imponiendo. ¿Libertad, señor Bolaños?, pero ¿de qué libertad está hablando?


Termino, señor presidente, solamente una idea. ¿Hubo libertad para todos los españoles en el momento del COVID, cuando nos encerraron a todos? Además, ha habido sentencias sobre las cuales ustedes no han opinado, que han dicho que
efectivamente se atacó y se vulneró la Constitución. ¿Y de qué derechos -termino con esta idea- nos está hablando, señor Bolaños, de qué conquista de derechos nos habla cuando nos han llevado a tiempos absolutamente ancestrales al considerar
derecho el matar a un ser humano?


Y hablan del I Plan de Derechos Humanos, que tan solo se acuerda con gobiernos progresistas.


El señor PRESIDENTE: Señora Méndez Monasterio, lleva cuatro minutos de más y tenemos un segundo turno. Yo soy muy flexible, absolutamente flexible con los tiempos, pero espero que nos compense después en los tres minutos que le tocan.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: No, lo que voy a hacer es dejar este tema para los tres minutos siguientes. Ha habido personas que también han utilizado más tiempo.


El señor PRESIDENTE: Han sido dos minutos, exactamente dos minutos, me lo he apuntado todo, señora Méndez Monasterio.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Perfecto, perfecto, señor presidente; perfecto.


El señor PRESIDENTE: Soy un presidente flexible, no la he interrumpido en ningún momento, le he hecho alguna señal...


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Perfecto, perfecto, señor presidente. Me parece un tema importante el de los derechos humanos...

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El señor PRESIDENTE: Creo que entre todos podemos hacer las cosas de manera razonable.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: ... me parece un tema muy importante, señor presidente, y, por lo tanto, lo dejaré para el siguiente turno.


Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Artemi Rallo.


El señor RALLO LOMBARTE: Muchas gracias, presidente.


Bienvenido, ministro, a esta Comisión para la presentación del programa de las líneas generales de actuación de su departamento para la legislatura ya en marcha. Una legislatura que algunos querrían que fuera de bloqueo y de frustración,
los que pintan una España tétrica, una España lúgubre, pero que los socialistas, el Partido Socialista, esperamos que sea -estamos seguros de que será así- una legislatura de ilusión, de esperanza y también de coraje para tomar esas decisiones que
nuestro país necesita. Para eso pondremos el Gobierno y el Grupo Socialista lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro talante y de nuestro talento al servicio de los españoles, para que esta legislatura, de aquí hasta el año 2027, alcance los
objetivos que, usted ministro, nos ha planteado hoy durante su primera intervención: empleo, derechos y convivencia. No lo dude, tiene todo el apoyo sin fisuras, con total compromiso, del Grupo Parlamentario Socialista para hacer política con
mayúsculas, para garantizar la estabilidad institucional, para promover el diálogo y alcanzar los acuerdos que sean factibles cuando los demás, en particular la oposición se preste y se deje. Ahí nos tiene para todo cuanto resulte necesario.


Por desgracia, ya ha visto y me temo que lo seguirá viendo a lo largo del desarrollo de esta Comisión, y las últimas semanas de actividad parlamentaria lo han evidenciado: las derechas no se lo van a poner fácil; es evidente. Para ellos
usted es el enemigo a abatir. Es bastante evidente cómo organizan toda su actividad parlamentaria para desarrollar una frenética tarea de acoso y de descalificación. Creo recordar que, no más lejos que ayer, oíamos a alguien calificarle como un
profanador de tumbas. Imagino que no le debe sorprender, porque me permito afirmar que hay dos cosas que las derechas no le perdonan a usted, señor ministro: la derecha nostálgica no le perdona a usted una foto, o más bien un video del 24 de
octubre del año 2019, en una explanada, en un helicóptero, que nos devolvió a los españoles dignidad, nos permitió recuperar nuestra memoria y la dignidad como españoles. Pero las derechas no se lo perdonan.


Segunda cosa, las derechas, no sé si las nostálgicas o las no nostálgicas, no le perdonan a usted el éxito incuestionable de la XIV Legislatura. Sin duda alguna, ese éxito, el de la XIV Legislatura, descansó sobre sus hombros. Al inicio de
aquella legislatura -al igual que al inicio de esta, hagamos un poco de memoria-, de entre las derechas nadie daba un euro por el futuro de la misma. Seguramente, en estos momentos, las derechas tampoco siguen dando un euro por el futuro de la XV
Legislatura. Pero lo terrible es que aquella legislatura, la XIV, fue un éxito, fue un ejercicio de coraje y fue un ejercicio de éxito. Si la memoria no me falla, este Parlamento aprobó más de 200 leyes. Si la memoria no me falla, fueron 215
leyes y normas con rango de ley, decretos leyes. De entre ellas, 118 leyes y casi 100 decretos leyes; mal que les pese, un buen paquete de ellos fue con el apoyo de la derecha, y en las peores circunstancias nunca imaginadas en nuestro país, en
nuestra historia reciente: pandemia, guerra de Ucrania... Quiero recordar también hoy aquí que en ese paquete legislativo, durante esa XIV Legislatura, en esta Comisión Constitucional se tramitaron normas de gran valor e importancia para nuestro
país: la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, suprimiendo el voto rogado, y la Ley de Memoria Democrática. Nadie duda de que buena parte de estos éxitos descansan en buena medida sobre sus hombros y sobre los de su equipo, el
equipo del Ministerio de la Presidencia y, en particular, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Y nosotros, en este momento, queremos reconocer y hacer un ejercicio de gratitud a ese enorme esfuerzo y a esa actitud inteligente
desarrollada en el ministerio.


Hay un último éxito al que no voy a referirme más, porque ha sido suficientemente glosado, que es el de la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución. Como usted bien ha dicho, nadie lo hubiera imaginado hace apenas dos años,
cuando hubo dos enmiendas a la totalidad debatidas en Pleno con frontales oposiciones por parte de las derechas. Sin embargo, llegamos a ese acuerdo a través del diálogo, y eso fue posible porque desde el ministerio, usted, ministro, hizo ese
ejercicio de diálogo, de acuerdo y de pacto que le identifica desde que asumió su cartera ministerial. Nosotros reconocemos, alabamos y damos también una calurosa bienvenida a ese espíritu de recuperación que ha imbuido su intervención, de
recuperación y de canto a la Constitución y a lo que significa el marco constitucional de convivencia. Por desgracia, se

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evidencia cada vez más que ese marco constitucional, ese marco de convivencia no todos lo entendemos igual. Hay quienes abogan y defienden un constitucionalismo excluyente y se les llena la boca de hablar de la Constitución, pero luego, sin
ningún pudor, hablan de los enemigos de España. En esa Constitución, que debe ser y es ese marco de convivencia, no sé cómo pueden existir enemigos de España a los que, sin matices, cabe calificar como secuaces, como forajidos, o decir que hay que
ilegalizar a partidos políticos. Son manifestaciones, que demasiadas veces se han hecho presentes a lo largo de nuestra historia, de esa España que ha optado por embestir. Nosotros preferimos dejar para la historia obras de arte fantásticas como
el Duelo a garrotazos de Goya, y abrazar otros ejemplos como el que preside esta sala Constitucional, El abrazo de Genovés, que es la mejor manera de entender ese marco constitucional, lo que significa la Constitución española y lo que debe seguir.


Por eso, en esta intervención, quiero hacer referencia a dos grandes retos de alcance constitucional que tenemos en ciernes y que consideramos que son dos grandes oportunidades que tenemos que atender y que el ministerio y el Gobierno tienen
también entre sus mandatos en este momento. Estos dos grandes retos son el de la normalización de alguno de los órganos constitucionales más relevantes de nuestro país y, al mismo tiempo, el de la normalización institucional, política y social de
una parte de nuestro territorio que es Cataluña. Si lo prefieren, en lugar de normalización, lo llamaremos reconciliación de Cataluña, como prefiere denominarlo el señor Feijóo en sus comidas. Atender esos dos grandes retos de alcance
constitucional no debería ser tan difícil hoy, cuando se está en conversaciones auspiciadas por la Comisión Europea, a propuesta precisamente del principal partido de la oposición. No debería ser tan difícil en este momento abandonar los chantajes
pasados, apelar al sentido de Estado y responder con auténtica lealtad constitucional y con respeto a la Constitución. España no se merece seguir utilizando estos temas con interés partidista ni banalizar los valores democráticos. Creo que estamos
a tiempo para abandonar ya la mentira, la calumnia, el infundio, los bulos, y hacer política de verdad, política constitucional.


No podemos olvidar, y cada vez que tenemos ocasión lo recordamos, pero nos parece ineludible hacer referencia al hecho de que llevamos 1906 días sin renovar un órgano constitucional de la trascendencia del Consejo General del Poder Judicial.
Eso desprestigia a la justicia, y nosotros tenemos que estar orgullosos, porque tenemos motivos para ello, de nuestra justicia, de nuestra Administración de Justicia y de nuestras instituciones constitucionales. Por eso, repito: hay un reto en
ciernes de gran trascendencia, que son esas conversaciones en las que nosotros confiamos que la derecha entre y consume su compromiso de acuerdo y pacto en este tema.


Y, como decía, hay otro reto mayúsculo, ahora que ya sabemos que el Partido Popular sí entiende la trascendencia constitucional que tiene normalizar la situación de Cataluña, que es el de recuperar la convivencia en Cataluña, recuperar la
reconciliación entre los catalanes y de parte de los españoles con los catalanes. Ahora que vemos que sí que tienen ese sentimiento y que ven perfectamente posible indultar; que ven perfectamente posible analizar la viabilidad del perdón, de la
amnistía, de los actos, de la prerrogativa de gracia; ahora que ven que lo que allí pasó no tiene que ver con unas fórmulas graves de terrorismo; ahora que lo reconocen, hagamos posible, traduzcamos en la práctica lo que es un reto de
trascendencia constitucional de primera magnitud, seguramente el reto más grande que tenemos entre nosotros: el de superar esa quiebra de la convivencia que ha existido hasta la fecha en Cataluña.


Con esos dos retos por delante, ministro, simplemente le enfatizo el hecho de que para el Grupo Parlamentario Socialista la política es diálogo, es acuerdo y es pacto, siempre la hemos entendido así. El Partido Socialista siempre ha estado
a la altura del mandato y de los retos de este país, y desde luego, no lo dude, tiene en el Grupo Parlamentario Socialista todo el apoyo que pueda necesitar para desarrollar su tarea como ministro.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cayetana Álvarez de Toledo.


La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Bolaños, bienvenido a la Comisión Constitucional, que no a los valores constitucionales que ustedes han decidido abandonar para desgracia de la nación, del Estado democrático y también de su partido.


Voy a empezar pidiéndole un favor. Mire los retratos que presiden esta sala: monárquicos y republicanos, creyentes y ateos, catalanes, castellanos y de otros lugares de España. Juntos, los distintos

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forjaron una nación de ciudadanos libres e iguales. Sí, ahí está también Manuel Fraga, del que usted insinuó sibilinamente el otro día que no había votado la Constitución ¿Por qué lo hizo? Yo me quedé pensando: Por una mezcla de desprecio
a la verdad y sectarismo. A usted, esta nación tan ancha y realmente transversal no le gusta. En su muro particular solo cuelgan los retratos de los que considera suyos, los rostros de su bloque. Siete, pongamos: el presidente Sánchez, el
prófugo Puigdemont, el sedicioso Junqueras, el secuestrador Otegi, la comunista Díaz -aunque ahora, como está de capa caída, mejor la también comunista y además separatista Pontón-, quizá un tal Galindo, verificador experto en guerrillas, y me
faltaría uno: usted mismo.


Ahora mire ese otro cuadro. (Señala el cuadro El abrazo, de Juan Genovés). Me alegra que lo haya citado el portavoz socialista, es El abrazo. Es el símbolo de la concordia, de aquella conmovedora concordia constitucional que alumbró los
años más justos y fértiles de la historia de España, frente a esta corrosiva discordia destituyente que ustedes promueven; del abrazo de la Transición al abrazo entre Sánchez y Puigdemont. Yo le pido -seguro que lo hará en su réplica- que nos
cuente cuándo se va a producir la ansiada foto. ¿Cuando por fin hayan encarrilado la amnistía? Se lo he dicho ya dos veces, pero mi deber es repetirlo: Podrán aprobar la amnistía, pero no podrán obligar a los tribunales a aplicarla. Hay algo por
encima de esta Cámara e incluso por encima del señor Sánchez, que son la Constitución y el derecho europeo. Cuanto antes dejen de engañar a sus socios, mejor; pero, claro, ahí nos quedaríamos sin legislatura, y no me va a obligar a mí a caer en la
vulgaridad de repetir lo de 'colorín, colorado'.


Señor Bolaños, se habla mucho del muro del señor Sánchez, y es lógico. No es habitual que un presidente inaugure su mandato anunciando como objetivo principal de su Gobierno la construcción de un muro contra la mitad que no le vota; ni
habitual ni aceptable ni democrático. Sin embargo, pensándolo bien, como todo lo que fabrican hoy en La Moncloa, ese muro también tiene un poco -o mucho- de propaganda. En realidad, ustedes no han venido a construir nada, ni siquiera un muro.
Ustedes han venido a perforar el suelo de valores que compartimos la inmensa mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de sus votantes y de los nuestros; el suelo que hace posible no ya la convivencia, sino la propia conversación entre los
ideológicamente distintos, ese suelo que pisamos, no ya como españoles, sino como demócratas. Un demócrata no deroga la verdad como valor ni la igualdad como principio; un demócrata no compra su investidura a cambio de impunidad para golpistas y
malversadores, y en Suiza; un demócrata no pacta con un partido que lleva asesinos en sus listas; un demócrata no decreta que hay dos terrorismos, uno que viola los derechos humanos y otro que me asegura los siete votos que necesito para seguir en
el poder; un demócrata no ataca y señala jueces, y mucho menos legisla contra jueces concretos, como pretenden hacer ustedes con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Usted decía que era sinergia, pero es la sumisión lo que busca. Por cierto,
supongo que en su réplica va a aprovechar para defender al juez García Castellón de los ataques que se han proferido aquí contra su persona. Un demócrata, como le decía, no insiste en que hay que aprobar una amnistía para ahorrar trabajo a la
justicia -¡ea!, que decida directamente el supremo Sánchez quién es culpable y quién es inocente-; un demócrata no gobierna sistemáticamente a golpe de decreto ley ni convierte la Presidencia de esta Cámara en una humillada correa de transmisión,
en fin, un demócrata no coloniza una a una todas las instituciones del Estado.


Y ahí va la letanía del escándalo, deme un segundito: Consejo de Estado: exministra socialista anulada por el Supremo; Consejo de Estado: exvicepresidenta socialista, volantazo sobre la amnistía de por medio -luego lo veremos-; Tribunal
Constitucional, doblete: exministro socialista y exdirectora general socialista; Fiscalía General del Estado: exministra socialista y su sucesor declarado no idóneo por el Consejo General del Poder Judicial; el CIS: exsecretario de Estudios y
Programas socialista -más gastos que nadie y menos aciertos que nadie-; CNI: exsecretaria de Estado socialista; AENA: exdiputado socialista; Red Eléctrica: exministra socialista; CNMC: exmarido de vicepresidenta socialista; CNMV: exmarido
de vicepresidenta socialista -el mismo de la misma-; INE: exsecretario de Estado socialista; Renfe: exsecretario general socialista; Indra: exjefe de gabinete de ministro socialista; Hispasat: exministro socialista; Agencia EFE:
exsecretario de Estado socialista; Correos: exsecretario de Estado socialista; Paradores: exministra socialista; Hipódromo: exdiputado socialista, y seguro que se me queda alguno. ¿Y luego proponen descolonizar los museos? (Risas y
aplausos). Hay que reconocerles el sentido del humor. Pero, sobre todo, señor Bolaños, un demócrata no hace de la permanencia en el poder su fin último y de la polarización el medio para conseguirlo. Insisto, el poder como único fin y la
polarización como programa.

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Señor Bolaños, la Constitución de 1978 se fundó desde y para la concordia entre los españoles; su Gobierno se ha fundado desde y para la discordia entre los españoles. Se lo voy a decir con claridad porque sé que lo aprecia: Como ustedes
no pueden gobernar por adhesión, han decidido gobernar por odio. Su coalición es en realidad una suma utilitarista de odios: el odio a España de sus socios y el odio suyo a la mitad de España. Vamos a ir por partes.


El odio a España de sus socios. No hace falta que me explaye, ellos mismos lo enarbolan con orgullo. Bildu -lo decía el viernes el lehendakari Urkullu, lástima que en su despedida; claro, la historia del PNV es complicada- apoya una
estrategia de violencia que dictaba quien sobraba y quién no. Efectivamente, Bildu no solo aspira a destruir España -cada cual con sus delirios-, lo peor es que no abjura de los hechos de ETA: las bombas y el tiro en la nuca. Y luego, que si la
memoria democrática... Bildu rinde homenajes a terroristas, lleva asesinos en sus listas y humilla sin contemplaciones a las víctimas. Es un partido sin parangón en la Europa democrática. Y un inciso. Está aquí la señora Aizpurua. La escuchaba
hace unos días en el debate sobre la reforma de la Constitución. Se explayó larguísimamente sobre el peso y la importancia de las palabras, la diferencia abismal entre disminuido y discapacitado. ¡Lo que pesan las palabras! La misma señora
Aizpurua que en una entrevista decía: Diferenciar tanto entre rechazo y condena no es nuestro problema. ¡Qué hipocresía! Pero claro, que será la hipocresía comparada con la apología del terrorismo.


Y yo le pregunto ahora, señor Bolaños, a ustedes pactar con un partido así, blanquearlo, entregarle nada menos que la Alcaldía de Pamplona, ¿no les turba? ¿No les estremece? ¿No les sacude, aunque sea mínimamente, la conciencia? El nuevo
líder del Partido Socialista de Euskadi ha dicho: Yo jamás pactaré con Bildu. Y yo pregunto: ¿Por qué en el País Vasco no y en Navarra sí? ¿Es que los navarros son de peor condición o es que en realidad ustedes saben que pactar con Bildu en
cualquier lugar es una aberración política y moral, pero les compensa? Me dirá: Nos sacrificamos por la convivencia. Ya, pero por la convivencia entre el ego del señor Sánchez y su poder. Pactar con Bildu, señor Bolaños, no es solo legitimar el
odio a España, es legitimar la concreta y brutal violencia ejercida contra miles de españoles.


Y ahora vamos con sus socios catalanes, que estos sí que sienten un profundo afecto y amor por los españoles, sobre todo por los catalanes que se reconocen españoles. A esos los llaman ñordos, colonos, botiflers; los insultan en TV3, y los
desprecian como una charnega minoría de segunda. Conoce, supongo -no ha dicho nada en su intervención, lo cual es alucinante-, la iniciativa que están tramitando Junts y compañía en el Parlamento de Cataluña para declarar otra vez la independencia
de forma unilateral. En el texto, piden honrar el golpe del 1 de octubre y liberar la nación ocupada. Entonces, le pregunto: ¿Eso forma parte de la convivencia, del reencuentro o de la España más habitable? ¿De qué parte de su relato forma
parte? Todo su relato está en ruinas, señor Bolaños.


Y otra pregunta, usted, que todo lo sabe: ¿Cómo se explica que el señor Illa se negara a guardar un minuto de silencio por los dos guardias civiles asesinados en Barbate, igual que sus socios aquí ayer? Qué falta de piedad, de verdad, y de
decencia. Se lo pregunto yo con toda claridad: ¿Por qué lo hizo el señor Illa? ¿Porque ha asumido el relato de que la Guardia Civil simboliza un Estado represor? ¡Y tan represor! Bajo el hercúleo hiperliderazgo del señor Sánchez, cualquier
delincuente, golpista o narcotraficante le pasa al Estado literalmente por encima. ¿Es porque uno de los guardias civiles era catalán y eso destroza los maniqueos esquemas identitarios de la doxa nacionalista o porque apoyaban la iniciativa PP, VOX
y Ciudadanos? Es difícil saber qué pesa más en esta deriva reaccionaria y, debo decir, suicida del Partido Socialista, si su sumisión moral al nacionalismo o su odio cegador a la derecha. En todo caso, la pregunta es hasta dónde va a llegar, y el
problema es que lo intuimos ya.


Han eliminado el delito de sedición, han rebajado el delito de malversación, han indultado a golpistas que amenazaban y están amenazando con volver a delinquir y ahora pretenden amnistiar a un prófugo cuya obsesión vital es la derrota total
del Estado español y que está investigado por terrorismo, malversación y alta tradición, en complicidad con Vladimir Putin. Por cierto, eso va a sentar divinamente en Europa; por cierto, honores, ya que estamos, para el mártir y héroe Navalni, y
por cierto también, qué formidable trayectoria la del señor Sánchez: llegó al poder gracias a una moción de censura contra la corrupción y ha acabado comprando su investidura en una transacción corrupta, investidura por impunidad. Ya le pedí que
me diera un antecedente de eso y espero que lo haga en la réplica.


Y ahora hay algo más, señor Bolaños: corrupción, comisiones millonarias en la compra de mascarillas, en el punto exacto donde se cruzan el Gobierno socialista y el Partido Socialista, en la figura de José Luis Ábalos, que era ministro de
Transportes y secretario de Organización del partido. Y ahí están también Koldo, el hombre para todo -y para todo es para todo- del señor Ábalos, y el señor Santos Cerdán, que

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aparece como muñidor con usted en eso de la amnistía. ¡Qué curioso!, siempre los mismos, el núcleo duro del señor Sánchez. Podría llamarlo el núcleo ultra, porque sé que es una palabra que a usted le gusta, pero lo dejamos en núcleo duro.
Yo hoy doy por hecho que el señor Ábalos va a dejar, si no lo ha dejado ya, su escaño, pero la pregunta es: ¿Por qué no lo dejó en el momento en el que lo destituyeron? No me diga que el señor Sánchez lo sabía y lo mantuvo de diputado. Eso ¿sabe
lo que significaría? Convertiría al señor Sánchez en cómplice de la peor corrupción, la que se lucra con la enfermedad, con el dolor y con la muerte. Usted, que lo sabe todo, estoy segura de que lo va a aclarar en su réplica. Díganos, por favor,
todo lo que sabe de este caso. Y le voy a pedir también otro favor, que se ahorre el ventilador, porque ayer lo intentó el señor Sánchez desde Marruecos y se despeñó por el peor barranco de todos, que es el de las mentiras ya fracasadas. Ustedes,
señor Bolaños, no solo legitiman, como decía, el odio del separatismo a los españoles, sino que le agregan el suyo propio en una perversa estrategia de divide y vencerás, y de eso le voy a hablar ahora brevemente, presidente.


Señor Bolaños, el odio tiene una larga tradición en España. Este es un país que se ha matado a sí mismo; la crueldad y la estupidez contra las que tan bien escribió Manuel Chaves Nogales. La Constitución enterró la guerra, la dictadura,
el odio y la discordia. Fue la paz civil española, un monumento a la integración y a la reconciliación, hasta que la concordia se quebró. No la quebraron solo los nacionalistas -de hecho, su lealtad a la Constitución nunca fue profunda ni sincera,
como muy pronto advirtió el presidente Tarradellas, un gran estadista, un gran catalán y, sí, también un gran español-, la quebraron ustedes. Hay en la historia democrática de España una línea, una cicatriz perfectamente dibujada. De aquel pacto
del Tinell promovido por el señor Maragall para excluir al Partido Popular, a la ruptura de los consensos, alentada por el señor Zapatero con sus negociaciones con ETA y su impulso a un estatuto inconstitucional en Cataluña, al sectario 'no es no'
del señor Sánchez contra el señor Rajoy, a su moción de censura en connivencia con quienes venían de dar un golpe de Estado seis meses antes y a esta sucia amnistía a cambio de impunidad. Solo falta por saber cuál será la siguiente parada, y hoy sí
me tiene que contestar porque es el momento y es el lugar: ¿Van ustedes a promover un referéndum en Cataluña, como propone ese sherpa de la mutación constitucional y aliado y amigo de Nicolás Maduro llamado Zapatero? ¿Bajo qué trampa jurídica y
retórica? ¿Será esta legislatura, para intentar salvarla, o como traca final? Y luego hablan de convivencia.


En España, señor Bolaños, el odio de la izquierda a la derecha es mucho más poderoso que su amor a la igualdad. Cuando hablan de reconciliación, son ustedes los que deben empezar por reconciliarse con la idea -insisto- de la igualdad y con
la idea de España. En realidad, señor Bolaños, ustedes buscan, anhelan una convivencia más estrecha con el separatismo para destruir la convivencia constitucional entre todos. Pero ¿sabe qué? Sí, lo sabe, porque me va conociendo: pierda toda
esperanza. Podrá seguir horadando los valores que compartíamos y practicando el viejo y lúgubre cainismo español, pero se hundirán solos. Galicia es solo un preámbulo.


El Partido Socialista, como le dije ayer, ya es solo una bisagra de Esquerra, de BNG, de Bildu, un resto; un resto ahora asediado por oscuras sospechas de corrupción que empieza a extender ese inconfundible hedor de la descomposición. Pero
el suelo de la nación española sigue firme. Los españoles no nos odiamos como los separatistas a España ni como ustedes a nosotros. Hay una España cierta, arraigada, optimista y luminosa que no se resigna ni se cansa ni se arredra. La concordia
constitucional prevalecerá y la discordia destituyente fracasará, y cuando lo haga, que será más pronto que tarde, entonces sí que nos volveremos a abrazar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo.


Tiene la palabra el ministro para contestar a las diversas intervenciones. Les recuerdo que, como he sido generoso en el primer turno, en el segundo turno voy a ser estricto para compensar.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Gracias a todos por sus intervenciones en esta Comisión.


Voy a intentar dar respuesta, una por una, a las intervenciones que han ido haciendo. Intentaré ser exhaustivo en las respuestas, aunque necesariamente debo ser conciso y concreto porque han sido bastantes intervenciones y se han tratado
distintos temas en cada una de ellas. (El señor vicepresidente, Martín Blanco, ocupa la Presidencia).


Al señor Catalán, de UPN, le agradezco que diga que difícilmente se puede estar en contra de las líneas de actuación de este ministerio y le agradezco también que valore de esa manera tan positiva la

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intervención inicial que he tenido. Es verdad que son normas en las que realmente es difícil que, por motivos ideológicos, se pueda estar en posiciones distintas.


También ha dicho alguna cosa que no comparto, como podrá usted comprender. Ha dicho que UPN en alguna ocasión nos ha adelantado por la izquierda, y esto sí sería una sorpresa para mí. Estoy seguro de que en el turno de réplica usted me
explicará cuándo y cómo UPN ha podido adelantar por la izquierda al Partido Socialista en sus políticas.


Aunque usted votó a favor de la reforma del artículo 49, ha cuestionado algunos aspectos de la misma. Claro que ha supuesto avances para las personas con discapacidad; fíjese en el mero hecho de que la propia Constitución ya establezca que
habrá una ley especial de protección para menores y mujeres. Tenía razón la diputada de VOX, son menores y mujeres; en un texto previo de la negociación se hablaba de niñas y lo cambiamos a menores, es verdad. Eso es un avance, igual que es un
avance garantizar la plena autonomía y es un avance también garantizar entornos universalmente accesibles para todas las personas con discapacidad. Por cierto, hay un plan de accesibilidad para personas con discapacidad en la Administración General
del Estado que nosotros estamos desarrollando con una inversión muy considerable.


A partir de ahí, hay distintas opiniones que usted ha vertido y que yo no comparto. Me llama mucho la atención que usted -en eso coincide con otros partidos de la derecha y de la ultraderecha, aunque hoy no está claro dónde están los
discursos más duros, si en la derecha o la ultraderecha; quizá la ultraderecha hoy es la derecha y viceversa- hable de que se humilla con los acuerdos que podemos alcanzar con otras fuerzas políticas, que se quiebran el Estado de derecho y la
Constitución. Esta es una línea argumental bastante continua en toda la derecha. Pues mire, no me crea a mí; crea los rankings internacionales. The Economist la semana pasada aprobó y publicó un ranking de democracias en el mundo. Se valoraron
167 democracias, y España, afortunadamente -y estoy seguro de que estamos convencidos todos de que esto es una gran noticia para nuestro país-, es una de las veinticuatro democracias plenas del mundo. Esta es una realidad valorada
internacionalmente, de manera, señor Catalán, que yo aspiro a que usted reconozca esto.


Usted utiliza algunas fórmulas que no tengo duda de que para salir en el telediario le sirven, pero carecen de argumentos que las sustenten, como cuando habla usted de las colonizaciones o de aferrarse... Mire, yo tengo siempre una duda,
porque a ustedes les sorprende que un Gobierno progresista nombre a personas progresistas para los puestos de responsabilidad, pero cuando gobierna la derecha todos son idóneos. ¿Qué son? ¿Gente progresista? ¿Son todas personas ejemplares? Pues
son gente de derechas que, cuando gobierna la derecha, se nombran en distintos puestos de responsabilidad y cuyo nombramiento democráticamente se atribuye al Gobierno. Normalidad democrática absoluta. Claro, me llama la atención que ustedes hagan
ese tipo de manifestaciones. Luego haré alguna referencia concreta, con nombres y apellidos, a nombramientos que la derecha aceptó cuando gobernó.


Por último, habla de la transferencia de la Guardia Civil de Tráfico. Obviamente, el Gobierno acata la sentencia y, por supuesto, la vamos a cumplir, pero también le digo que la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo únicamente
establece algún límite a cuestiones procedimentales de esa transferencia. Por tanto, ya le anuncio que desde el Gobierno vamos a trabajar para, cumpliendo esa sentencia, concluir la transferencia de las competencias de ordenación del tráfico en
Navarra a la Comunidad Foral de Navarra. Y esto, por supuesto, lo que hará será reforzar el Gobierno foral de Navarra y reforzar las competencias navarras, y estoy seguro de que usted estará de acuerdo. Por cierto, el primero que pactó esto fue el
presidente del Gobierno, el señor Aznar, con el que en aquel momento era el presidente del Gobierno navarro, que era Miguel Sanz. Por tanto, estoy convencido de que esos continuos acuerdos en el Parlamento navarro sobre esta cuestión usted no los
ha cuestionado en este momento. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Señora Aizpurua, del Grupo Parlamentario Bildu, hace usted algunas referencias a la reforma de la Constitución. Ha dado algún dato que es cierto, como es el caso de Alemania, con una Constitución mucho más flexible que la nuestra y con unos
procedimientos de reforma diferentes, donde ha habido más de sesenta reformas en las últimas décadas. Es verdad que en España solo ha habido tres; la primera reforma social es la que hemos pactado hace unos días, con el artículo 49, y las otras
dos son las que usted ha mencionado. Toma de mi intervención lo que yo he expuesto en relación con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pues he dicho que desde el año 1996 hace falta una reforma, para comparar una ley, como la de asistencia
jurídica gratuita, con la Constitución. No es lo mismo. Estaremos de acuerdo con que el texto de nuestra carta magna, de la Constitución, no es lo mismo que una ley de asistencia jurídica

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gratuita, por mucha importancia que tenga, que la tiene, la asistencia jurídica gratuita. ¿Por qué? Porque para reformar la Constitución necesitamos algo fundamental y básico, y es lo que hemos tenido con la reforma del artículo 49: un
gran consenso, un gran acuerdo entre fuerzas políticas diferentes. Coincido en que hay temas de la Constitución que deberíamos abordar, y usted ha puesto un ejemplo, que es la prevalencia del varón sobre la mujer para la sucesión a la Corona. Pues
creo que esa reforma constitucional habrá que abordarla, y habrá que hacerlo como la del artículo 49, con un gran consenso y un gran acuerdo para, obviamente, garantizar también la igualdad de hombres y mujeres en el acceso a la Jefatura del Estado
en nuestro país.


También habla de la estructura del Estado. Nosotros, señora Aizpurua, el Partido Socialista y, desde luego, este Gobierno progresista, siempre estaremos a favor de reforzar el autogobierno de las comunidades autónomas, siempre, y lo hemos
demostrado durante esta legislatura. Ponía usted el ejemplo del Estatuto de Gernika, y es cierto que después de cuarenta años todavía no está desarrollado en su plenitud. ¿Por qué? Como ya lo hemos trabajado en la legislatura anterior, le puedo
decir que tenemos el compromiso de desarrollarlo plenamente en esta legislatura, pero también le digo que se negoció y que no vamos a partir de cero. Se habló durante la legislatura anterior con el Gobierno vasco para intentar cumplir en su
totalidad el Estatuto de Gernika, porque es una ley orgánica y, por tanto, es una ley aplicable, vigente. Hay un interés compartido tanto del Gobierno vasco como del Gobierno de España en que las leyes orgánicas que son Estatuto de Autonomía se
cumplan, pero hay dificultades técnicas y hay dificultades en las transferencias y en los traspasos, y cuando uno se sienta en la mesa, surgen, pero no me cabe duda de que en esta legislatura haremos el esfuerzo para reforzar el autogobierno y para
desarrollar plenamente el Estatuto de Gernika.


Ha hecho usted una referencia también a la reciente sentencia del Supremo sobre la Guardia Civil en sus competencias de tráfico en Navarra. Le reitero el compromiso que también adquiría con el diputado de UPN, vamos a ver los defectos
formales que el Tribunal Supremo ha entendido que existen, vamos a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y vamos a llevar a cabo esa transferencia por la vía y con la herramienta jurídica más adecuadas, porque nuestro compromiso, desde luego,
con esa transferencia es conocido.


Por último, usted hacía referencia a algunas leyes orgánicas que vamos aprobando y que en ocasiones, en su opinión, suponen invasiones competenciales. Mire que yo he trabajado esto en la legislatura anterior y mire la cantidad de acuerdos a
los que hemos llegado -215 leyes, como refería el portavoz del Grupo Socialista- intentando ser siempre respetuosos con las competencias autonómicas. Creo que lo hemos conseguido, y hemos trabajado con su grupo, como con otros grupos, para
conseguirlo. Le pongo el ejemplo de la ley que ya está en tramitación; la ley orgánica del derecho a la defensa es absolutamente indiscutible, no afecta a ninguna competencia autonómica y lo que hace es garantizar el desarrollo efectivo de un
artículo tan importante de la Constitución como es el 24. Se lo pongo como ejemplo de esta voluntad.


Señora Madrenas, de Junts per Catalunya, hablaba usted también de algunas leyes que, en su opinión, suponen invasión de competencias de la Generalitat de Catalunya, en este caso. Siempre se lo hemos trasladado y, desde luego, seguiremos
haciendo ese trabajo. En la legislatura anterior, yo ocupé bastante tiempo en pulir normas que salían del Consejo de Ministros y que después pasaban por tramitación parlamentaria para que no hubiera ninguna extralimitación en las competencias que
son estatales. Eso va a continuar siendo así, y lo será con una ley que usted ha mencionado, como la ley de familias, y con cualquier otra que salga del Consejo de Ministros.


A partir de ahí, su intervención ha sido casi monográfica en relación con un determinado magistrado, una causa y un episodio que usted ha relatado. Le tengo que decir varias cosas. La primera de ellas es que, como ministro de Justicia, yo
no opino sobre procedimientos concretos ni sobre jueces y magistrados concretos ni tampoco los valoro. Ahora bien, en general, le digo que mi confianza en la independencia, en la imparcialidad y en el rigor de los jueces y magistrados de este país
es absoluta y que el Estado de derecho tiene herramientas para, cuando se discrepa de una decisión de un juez, poder recurrir esas decisiones ante órganos judiciales superiores, para que puedan revocar las decisiones judiciales que adoptan los
órganos inferiores. Por tanto, nuestro Estado de derecho funciona. Nuestro Estado de derecho es pleno y es absolutamente ejemplar, y así lo reconocen los rankings internacionales cuando dicen que España es una de las veinticuatro democracias
plenas del mundo. Por tanto, no me va a encontrar en otro sitio; me va a encontrar defendiendo el Estado de derecho en España, defendiendo la imparcialidad y la independencia del trabajo de jueces y magistrados en nuestro país y, desde luego, no
opinando sobre

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ningún procedimiento judicial concreto ni sobre ningún juez o magistrado concreto, ninguno. Además, fíjese, me atrevo a decirle que le agradecería que usted hiciera lo mismo, porque opinar sobre el trabajo de un juez en sede parlamentaria
puede ser ofensivo para la judicatura española. Si hay alguna duda sobre la labor o sobre las decisiones que adopta un juez o magistrado, el Estado de derecho da herramientas para recurrir esas decisiones, para que se puedan revocar o para que se
puedan confirmar por los órganos superiores. Por tanto, creo que he reiterado muchas veces esta posición por mi parte -prácticamente cada vez que tengo una intervención pública tengo que hacerlo- y así lo seguiré haciendo.


Por otro lado, usted planteaba alguna cuestión que no es competencia del Ministerio de Justicia y, por tanto, simple y llanamente, lo que usted me requería no es posible hacerlo.


Señor Álvaro, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, le agradezco también su intervención, como a todos sus compañeros y sus compañeras. Hacía usted referencia a la edad, y sí, yo nací después de la muerte de Franco
y, por tanto, no tengo ningún recuerdo de aquel momento. No quiere decir esto que no haya intentado leer e informarme mucho sobre esa época y sobre lo que fue la Transición democrática en nuestro país. También le digo de antemano que me parece un
periodo histórico ejemplar en nuestro país, en el que efectivamente personas que venían de sitios muy distintos, mucho más distintos que ahora, se entendieron y consiguieron establecer unos marcos de convivencia y una Constitución que han hecho que
España haya tenido cuarenta y cinco años de prosperidad y de avances.


Le agradezco el reconocimiento expreso que usted ha hecho sobre mi esfuerzo para negociar, para llegar a acuerdos, para llegar a pactos y para conseguir que la actividad legislativa en esta Cámara dé resultados en forma de leyes. Y a mí me
pasa como a su padre, que yo también admiro a Adolfo Suárez y la labor histórica que supuso para este país. Por tanto, también es bueno que compartamos este tipo de admiraciones.


A partir de ahí, su intervención se ha centrado más en Cataluña y nos ha pedido, o me ha pedido a mí, coraje. Coraje y valentía creo que no se nos puede discutir para abordar un conflicto como el existente en Cataluña, que nos encontramos
en 2018 con las calles absolutamente incendiadas y que, con política, con valentía, con diálogos y con acuerdo, estamos mejorando cada día. Y lo estamos haciendo hablando con personas distintas y diferentes, con opiniones muy distintas, desde
luego, como son su grupo parlamentario, Esquerra Republicana, y también Junts per Catalunya, muy diferentes. Tenemos una concepción absolutamente distinta de lo que ha de ser el marco constitucional y de lo que ha de ser el encaje de Cataluña
dentro de España, pero, pese a ello, tenemos la valentía de sentarnos en la misma mesa y abordar esas diferencias para intentar buscar puentes de entendimiento.


A mí, desde luego, lo que me parece muy cobarde es no sentarte con el que piensa diferente, y eso pasa mucho, pasa mucho. Luego, en una comida privada resulta que dices lo contrario, pero sentarse con el diferente y hacerlo de manera
expresa y defender ese diálogo entre distintos a mí me parece una herramienta de un valor político y de un valor constitucional indudable. Nosotros lo vamos a seguir haciendo. Es valiente. Seguramente, sería más fácil decir: yo es que pienso lo
que pienso y no quiero hablar con nadie para estar cada día más convencido de lo que pienso. Pues no, es que esto es una democracia y esto es un país muy plural, como estamos viendo en las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios. Por
tanto, creo que es un valor de nuestra democracia parlamentaria que podamos llegar a acuerdos.


La legislatura anterior fue, sin duda, señor Rallo, un éxito: 215 leyes aprobadas por esta Cámara, en el Parlamento más fraccionado de la historia de la democracia. Conseguimos 215 leyes. No es una cifra que vaya al peso. No, no. Es lo
que supuso de avances en derechos, en consolidación del Estado del bienestar. Eso es una democracia que, desde luego, merece la pena y eso es un proyecto compartido, que se llama España, que merece la pena; por supuesto, para catalanes y catalanas
también. Por tanto, se lo quiero decir con toda claridad.


Hacía usted referencia a una ley que también es verdad que tiene muchos años, más que la Constitución, la Ley de Secretos Oficiales, pero me lo dice a mí, que he sido el único ministro que ha aprobado en Consejo de Ministros una reforma de
la Ley de Secretos Oficiales. Es verdad que no prosperó, que no vio la luz, pero, precisamente, yo creo que hay que modificar esa norma, creo que hay que adaptarla a los estándares europeos. Estudiamos mucho el derecho comparado para comprobar qué
hacían otros países. Todos estamos de acuerdo en que es necesario un espacio de discreción, donde la documentación no sea públicamente conocida, porque es un riesgo para la seguridad, para la seguridad nacional, para la seguridad del Estado, para
la seguridad de nuestras vidas. Por tanto, sobre esa base,

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estudiamos cuáles son los distintos regímenes que había, sobre todo, en la Unión Europea, también fuera, y yo presenté y aprobamos en Consejo de Ministros un proyecto de ley sobre esta materia. Me parece que, efectivamente, España puede
avanzar esa ley. Hablo de memoria, pero, creo no equivocarme, es de 1968. Por tanto, conviene también que la traigamos.


Y ha hecho referencia también a un juez en particular. Le digo lo mismo que a la diputada de Junts: les agradecería que no hicieran intervenciones ni manifestaciones ofensivas a personas concretas de la judicatura española, porque, en
primer lugar, además de resultar ofensivas, son, en definitiva, una falta de respeto al Estado de derecho español. Insisto, España es una democracia plena, de las veinticuatro plenas del mundo, y lo es porque tiene herramientas para que se pueda
discutir en derecho cualquier decisión que adopte un juez o magistrado. Por tanto, que sean los órganos superiores los que puedan decidir si ratifican o revocan una decisión de un juez de un órgano inferior. Por eso, desde luego, la defensa al
Estado de derecho yo la voy a hacer siempre.


Y terminaba hablando de la Transición. Esa última parte de su intervención me ha recordado lo que fue la Transición. Ahora estamos en un proceso de diálogo, con personas que hace unos años estaban declarando la independencia de Cataluña y
que estaban aprobando leyes de desconexión de Cataluña con el resto de España, por cierto, con un Gobierno del Partido Popular. Eso ahora lo estamos encauzando, por hacer política dentro de la democracia española y dentro de las instituciones
democráticas, y es un paso de gigante en la convivencia.


La situación que heredamos en 2018 ustedes la conocen muy bien. Todos los que están aquí la conocen muy bien y nosotros trabajamos para devolver a la política lo que nunca debió salir de la política, trabajamos a través del acuerdo para que
haya mayorías transversales amplias, indiscutibles en Cataluña. Y eso se parece a lo que ocurrió en la Transición. Fíjese lo diferentes que eran los que se sentaron en la Transición, personas que habían estado en la dictadura con gente que había
sufrido prisión, gente que había sufrido represión, y se sentaron a la mesa, fueron valientes, tuvieron coraje y aprobaron una Constitución y un marco de convivencia que todavía hoy, cuarenta y cinco años después, sigue funcionando. Por tanto, nos
entendimos hace cuarenta y cinco años. Ahora, que venimos de posiciones muy diferentes, pero no tanto como en el año 1975, también nos tenemos que entender para garantizar la convivencia y la concordia en nuestro país.


Señor Pisarello, del Grupo Parlamentario SUMAR, le agradezco su intervención. Seguro que no hace falta recordarle que ustedes y nosotros gobernamos juntos, porque ha hecho alguna referencia que parecía venir más de un partido de la
oposición que de un partido del Gobierno.


Coincido en que el constitucionalismo es una herramienta para ampliar y garantizar derechos. Coincido plenamente con usted. La Constitución no puede ser una norma que impida... No, muy al contrario, para eso se inventaron los tribunales
constitucionales, para interpretar la Constitución al amparo del contexto histórico y de las reivindicaciones sociales de cada época y de los grandes consensos.


Usted hace una retahíla de temas: hay que tratar la vivienda. Aprobamos una ley de vivienda en la anterior legislatura. ¿Qué pasa con los productores agrarios -me decía usted- Aprobamos una ley de cadena alimentaria. Me hablaba de las
pymes, que hay que apoyarlas. Bajamos el impuesto de sociedades de las pymes, las que tienen menos de un millón de euros de facturación, del 25 al 23. ¿Qué pasa con la salud mental? Aprobamos una estrategia de salud mental en la anterior
legislatura. ¿Y qué hay con las mujeres? Una ley de interrupción voluntaria del embarazo, que adapta la normativa, por no decir la ley de paridad, que hoy precisamente empieza su camino en esta Cámara, aprobada por este Gobierno. ¿Medio ambiente?
Hemos aprobado una ley de cambio climático. Es decir, creo que hemos avanzado; considerablemente. Nuestro Gobierno, el Gobierno de coalición, el Gobierno primero socialista en exclusiva, en el año 2018, y a partir del año 2020 el Gobierno de
coalición con ustedes. Claro que sí.


En algo sí voy a discrepar de manera muy clara con usted y es que yo defiendo la monarquía parlamentaria en nuestro país, que forma parte del consenso constitucional. Y la defiendo como un elemento nuclear de la democracia parlamentaria y
de la Constitución en nuestro país. Hablaba usted de una nueva revolución para hacer mejor nuestra democracia. A mí me parece que no es necesaria ninguna revolución para hacer mejor la democracia. Es más, prefiero pasos que se consoliden, que de
verdad cambien la vida de las personas, que lo hagan poco a poco, si es posible con grandes acuerdos, porque eso es lo que queda y nunca más se retrocede. Esa es mi manera de ver los avances en democracia.


Señor González -está en la Mesa-, hablaba de un asunto que, desde luego, nos daría para una comparecencia monográfica, que es la distancia entre la ciudadanía y, en especial, los jóvenes con el Congreso y sus representantes, que estamos
aquí. Tiene que ver con muchos factores, como la

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polarización extrema, que en ocasiones es muy forzada, sobre todo por los partidos que están en la oposición. También tiene que ver con procesos de desinformación, que hoy se producen con cierta facilidad, sobre todo en redes sociales, que
deshumanizan al contrario, donde todo está permitido, porque, como la persona que está enfrente está deshumanizada y despersonalizada, prácticamente todo se permite. Y, desde luego, es muy grave en esos comportamientos extremistas, en mi opinión,
ultras, que lo que hacen es perjudicar la convivencia.


Ponía usted el acento en varios asuntos y en todos hay respuesta. Respecto a los jóvenes, claro que necesitamos que los jóvenes se incorporen más a la vida política y que la sientan más cercana. Hemos creado el Ministerio de Juventud e
Infancia, precisamente gestionado por una ministra de su grupo político, y eso más que crear un ministerio es establecer una prioridad. Claro que tenemos una prioridad respecto a los jóvenes. Cuestiones que afectan directamente a los jóvenes como
el salario mínimo, lo hemos subido más de un 50 % en cinco años.


En cuanto a la vivienda, hemos aprobado la ley de vivienda. Por cierto, como son competencias autonómicas, aquí es necesaria la colaboración de los gobiernos autonómicos para aplicarla. Pero es que hay fuerzas políticas que dicen que la
mejor política de vivienda es no hacer nada o liberalizar por completo el mercado y quien pueda pagarse una vivienda, fenomenal, y quien no, pues mala suerte. Eso son políticas ultraliberales de la derecha, que seguro que aquí tendrán sus
defensores, en las que nosotros no creemos. Nosotros creemos que el Estado tiene que llevar a cabo políticas públicas para garantizar un derecho, el de los ciudadanos, que es lo que es la ley de vivienda, garantizar el derecho al acceso a la
vivienda, y para eso, además de la ley que ya hemos aprobado, que aprobaron ustedes, que aprobó esta Cámara, nosotros en los presupuestos generales del Estado, hemos multiplicado por 8 el presupuesto de vivienda desde que llegamos al Gobierno. Por
cada euro que invertía el Gobierno anterior del Partido Popular, nosotros aportamos 8 para políticas públicas de vivienda, de acceso y de garantía de este derecho. Por tanto, ese reto de una sociedad mejor lo compartimos, por supuesto, y seguiremos
trabajando conjuntamente para llegar a él.


Señora Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario VOX. Ha iniciado su intervención hablando del campo y quiero decirle que hemos aprobado ayudas por importe de más de 4000 millones de euros para el campo y, además, ayudas extraordinarias
por importe de más de 1000 millones de euros para el campo, 5000 millones de euros de presupuesto público para apoyar al campo, apoyar la sequía, las consecuencias que tuvo la guerra de Ucrania, la pandemia. Es decir, creo que tenemos una hoja de
servicios de ayuda a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores que es una hoja de servicio que en lugar de palabras son hechos y son 5000 millones de euros de ayuda, 4000 ordinarios, 1000 extraordinarios.


Le voy a decir algo de un compañero, que es el ministro de Agricultura. Creo que es el mejor ministro de Agricultura de la historia de la democracia. Conoce el sector como nadie, tiene una influencia en Europa como nadie, y, además -él lo
dice-, es el ministro de los agricultores, de los ganaderos y de los pescadores, y lo es, está sentado con ellos ahora para dar respuesta a sus reivindicaciones. Está hablando en Europa para evitar esa burocracia, en ocasiones algo excesiva, de la
PAC, que es una ayuda económica, por supuesto, importante, que supone un porcentaje importante de ingresos para nuestro sector primario, pero está trabajando nuestro ministro de Agricultura, que creo que es la mejor garantía de que esto saldrá bien,
que nuestro Gobierno, como siempre, apoyará al sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores. Decía usted que la mitad de los agricultores están arruinados por la Ley de Cambio Climático y el Pacto Verde al que llegamos Partido Socialista y
Partido Popular en el Parlamento Europeo, y la Agenda 2030. Esto me imagino que será para redes. Pero, vamos, falso es todo lo que usted quiera. El corte igual ha quedado bien, pero no tiene nada que ver con la realidad, nada que ver con la
realidad, absolutamente nada. (La señora Méndez Monasterio pronuncia palabras que no se perciben). Es una afirmación falsa, objetivamente falsa, que seguro que ustedes colocan en redes y tiene muchas visualizaciones, pero no tiene nada que ver con
la realidad.


A partir de ahí, usted hace un discurso -su discurso, el discurso de VOX y de la ultraderecha- en relación con la ley de amnistía, con los acuerdos con el independentismo, con la unidad de España; un discurso ultra, que le tengo que decir
que me ha parecido centrado en relación con el discurso de la señora Álvarez de Toledo. (Risas). No obstante, su discurso también ha sido bastante ultra. No sé cómo es posible que sigan ustedes afirmando con esa rotundidad, ajena a la realidad,
que la ley de amnistía no es constitucional y que atenta contra el Estado de derecho y la separación de poderes. Yo lo hago con mucha frecuencia y hoy también lo voy a hacer. Yo les recomiendo la lectura de la exposición de motivos

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de la ley de amnistía. Por cierto, les voy a leer el título de la ley de amnistía. Yo creo que ustedes la mencionan mucho, pero no han llegado ni al título para leerla. Miren, ley de amnistía para la normalización institucional, política
y social en Cataluña. O sea, en el propio título de la norma ya se establece cuál es la finalidad: normalizar la situación política en un territorio tan importante para España como es Cataluña. Las referencias a las leyes españolas que hoy
regulan modos y procedimientos de amnistía son bastante numerosas en la exposición de motivos; igual de numerosas que las referencias a tratados internacionales que ha ratificado España, previo examen de constitucionalidad, donde también se habla
expresamente de amnistía. Por tanto, esos tratados internacionales, como ustedes conocen, están incorporados al derecho español. Pero es que también se citan sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea. Entonces, su mantra contra la legalidad y la constitucionalidad de la ley de amnistía también -lamento decirles- es falso, objetivamente falso, porque jurídicamente los argumentos para defender la constitucionalidad y la
conformidad con el derecho de la Unión Europea de la ley de amnistía en tramitación son innumerables y muy sólidos, lo que hacen que la ley hoy en tramitación sea impecable. Y esto se lo quiero decir con toda claridad.


Cuando usted habla de la unidad de España, me gustaría saber qué pensaba usted en el año 2017 con un Gobierno del Partido Popular, porque ahí sí que estaba amenazada la unidad de España con declaraciones unilaterales de independencia, con
leyes de desconexión, con una situación en las calles de Cataluña muy grave. Ese conflicto nosotros lo heredamos y, con política, tratamos de resolverlo. Los hechos nos dan la razón pese a su discurso absolutamente alejado de la realidad. Los
hechos nos dan la razón. Hoy menos del 10 % de los catalanes creen que ha de declararse una independencia unilateral. Menos del 10 %, y seguimos trabajando para que baje esa cifra, para que se reduzca al mínimo. Eso lo hacemos con acuerdos y lo
hacemos con diálogo y es valiente; mucho más valiente que encerrarse en sus propias posiciones. Mire, se lo digo con toda rotundidad. Hoy la cohesión social y territorial de España está mejor, sin duda, que en la última década. Sin duda y a
nadie se nos han olvidado todavía los acontecimientos que vivimos en el año 2017. Es ese momento gobernaba el Partido Popular. ¿Qué opinaba usted en ese momento? La falta de política, la falta de competencia en el Gobierno del Partido Popular
hizo llegar a ese punto álgido de enfrentamiento, de conflicto que se vivió en Cataluña y de Cataluña con el resto España. Para eso vamos a trabajar y muy duro -ya lo estamos haciendo- para intentar superarlo.


Luego, habla, por último... No, por último, no, ha hecho usted una intervención en la que ha tocado muchos temas y se ha dejado alguno en el tintero para la réplica. La escucharemos con la misma atención que hemos hecho en su primera
intervención. Habla del terrorismo, de si ha habido o no ha habido terrorismo durante el proceso independentista y me llama mucho la atención -esto también es propio de otros partidos políticos- que diga ¿por qué opina usted? ¿Y por qué opina
usted? O sea, seamos respetuosos con la libertad de expresión de todos los grupos políticos y de todos los diputados y diputadas y de todos los ciudadanos. Claro que podemos opinar sobre si existió o no existió terrorismo en el proceso
independentista. Por supuesto que son los jueces quiénes han de determinarlo. Pero fíjese si ha habido debate. También ha habido debate dentro de la propia fiscalía y hoy ya la Fiscalía del Tribunal Supremo ha unificado criterio y entiende que no
existió terrorismo durante el proceso independentista. Bueno, pues respeto a la libertad de expresión, respeto a las opiniones y, por supuesto, la decisión la adoptan los jueces y magistrados de este país cuando tengan que tomarla.


Luego ha tratado usted con mucha, digamos, amplitud la modificación del artículo 49 de la Constitución. Fíjense, son ustedes un partido de ultraderecha, pero, pese a ello, yo creo que la enorme muestra de insensibilidad que han tenido
ustedes con las personas con discapacidad les perseguirá toda la vida de VOX. No se puede entender que no se hayan sumado ustedes al consenso constitucional tan amplio que ha dado lugar a aprobarla, con en torno a 320 votos en esta Cámara para
mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.


Y se refiere usted a que siguen existiendo, en su opinión, algunas discriminaciones en otras leyes de nuestro sistema normativo. Como es evidente, una reforma de la Constitución no supone que se modifiquen automáticamente los textos de la
legislación ordinaria u orgánica de nuestro país, pero yo les animo a todos ustedes a que, allí donde vean una discriminación en un texto legal, se aborde y rápidamente se erradique cualquier discriminación de nuestros textos legales.


Ya le he dicho antes que, efectivamente, lo que dice el 49 son menores y mujeres, que son personas con discapacidad que tienen especiales dificultades y que, por tanto, necesitan un especial apoyo y una especial atención de las
administraciones públicas. Esto no lo decimos los grupos parlamentarios que

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hemos pactado la reforma del 49, que sí, fue un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo voy a decir otra vez, la reforma del artículo 49 nace de un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular y ha sido bueno
para España y bueno para las personas con discapacidad. Pues bien, es un principio inspirador y, a partir de ahí, lógicamente, cualquier norma, cualquier ley, cualquier normativa de cualquier rango que tenga cualquier indicio de discriminación,
abórdese y erradíquese de la ley.


Usted termina con una loa a la libertad. Califica mi ideología como perversa. No sé si usted mantendrá este adjetivo ahora en su turno de réplica. ¿Usted cree que los socialdemócratas tenemos una ideología perversa? ¿Cree que los
socialistas tenemos una ideología perversa? Ahí se lo dejo. Permítame que le formule yo también alguna pregunta en este diálogo que estamos manteniendo y, en su turno de réplica, me dice si los socialistas y los socialdemócratas tenemos una
ideología perversa, no ya si una persona es buena o mala, no, no, si tenemos una ideología perversa. Y, cuando hace usted su traca final sobre si existe libertad para educar a los hijos o libertad lingüística, sí, claro, sin duda.


Y, por cierto, algo que yo creo que ya deberían haber aprendido. Cuando esa ideología, que usted califica como califica, consigue avances en nuestra sociedad, casi siempre los protagoniza el Partido Socialista, pues el Partido Popular es un
partido muy conservador y, por tanto, no hay avances en materia social, en materia de libertades civiles cuando gobierna el Partido Popular; y, cuando nosotros gobernamos, hay avances, como la ley del matrimonio igualitario entre personas del mismo
sexo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo o la ley de eutanasia, que son avances en derechos, pero no son obligatorios. Es decir, usted puede disfrutar de esos derechos si así lo desea, pero puede no hacerlo si esa es su opción personal.
Y yo, no solo lo entiendo, sino que me parece legítimo que haya una persona que, personalmente, decida no hacer uso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, en un embarazo no deseado. Lo respeto, me parece legítimo, pero
hagan ustedes lo mismo con las personas que tienen otra opción ideológica. Porque esta ley existe prácticamente en todas las democracias del mundo y, por tanto, claro que existe libertad. Y, cuando avanzamos los gobiernos socialistas, lo hacemos
para que todo el mundo pueda tener acceso a esas oportunidades, a ejercer su libertad, conforme a sus convicciones, a sus ideas o sus creencias o ideología. Eso es lo que diferencia a gobiernos progresistas, que avanzan y amplían derechos, de
gobiernos conservadores, que no lo hacen. Esa es la diferencia fundamental.


Últimamente, estamos viendo, incluso, lo contrario, que en gobiernos que protagonizan ustedes, Partido Popular y VOX, en comunidades autónomas, hay retrocesos en derechos, hay regresión en derechos. Eso sí es grave y eso está pasando en el
año 2024. ¿Por qué? Entiendo que ustedes, la ultraderecha, imponen la agenda legislativa al Partido Popular en aquellos lugares donde gobiernan, como consecuencia de sus pactos, y, por tanto, el Partido Popular retrocede en derechos, que es algo
también muy preocupante para la democracia española.


Señor Rallo, le agradezco mucho el reconocimiento de la labor del Gobierno, de la mía en particular. No es habitual venir a esta Cámara y recibir un agradecimiento y el apoyo a la labor que estamos haciendo. Yo coincido con usted en que
esta legislatura está llena de oportunidades. No tiene nada de tenebrismo ni de estos cuadros que nos pintan por parte de la derecha. Yo no los comparto en absoluto. A mí me parece que es una legislatura de oportunidades para avanzar en empleo,
en derechos y en convivencia y, por tanto, coincido con usted, en que es una legislatura de ilusión, esperanza y coraje, como ha dicho literalmente en su intervención. Parte de eso tendría que ser a través de acuerdos. Yo, desde luego, he
trabajado mucho en que hubiera acuerdos para sacar adelante 215 normas en la legislatura anterior. He llegado a acuerdos con todos los grupos parlamentarios de la Cámara, excepto con VOX, porque no se me han puesto al teléfono. Si algún día se
ponen ustedes al teléfono y hablamos, igual hasta llegamos a un acuerdo. Veo en sus caras que sí, podemos intentarlo al menos, pero es que, si no nos cogen el teléfono, qué normalidad democrática es esa.


El Partido Socialista representa a ocho millones de españoles, tan españoles como los votantes de VOX, por cierto, tan españoles como los votantes de Junts y los del PNV y los de Esquerra y los de Bildu y los del PSOE. Y, por tanto, una
persona que representa a ocho millones de españoles o un Gobierno que representa a doce millones y medio de españoles, que son los que han votado a las fuerzas políticas que han facilitado la investidura de Pedro Sánchez, alguna legitimidad tendrá
para hablar con ustedes que, legítimamente, también tienen dos o tres millones de votos. No sé exactamente cuántos tienen en este momento. (El señor Gil Lázaro: Tres millones). Pues tres millones de votos. Estoy seguro de que a muchos de los
tres millones de españoles y españolas que les han votado a ustedes les gustaría que se entendieran con los millones de votos que no les han votado a ustedes, para llegar a acuerdos en cosas que podemos estar distantes, pero en las que también
podemos llegar a acuerdos.

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Coincido, señor Rallo, en ese constitucionalismo que usted defiende, integrador, nada excluyente, nada de dar carnés de constitucionalistas, sobre todo, con los precedentes -que luego hablaremos de los precedentes- de los partidos políticos
en el apoyo a la Constitución. Usted es buen conocedor de la Constitución española. Efectivamente, nuestra Constitución se inspira en eso, en la convivencia y en los acuerdos entre distintos. Y, sí, queremos normalizar la situación política,
institucional y social en Cataluña. Por eso, estamos tramitando esa ley que se llama Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y queremos normalizar el funcionamiento institucional del Consejo
General del Poder Judicial. Por eso, estamos hablando con el Partido Popular y espero que lleguemos a un acuerdo, porque la justicia no aguanta más. Hay que renovar el consejo y recuperar ese prestigio que el consejo actual, lamentablemente, ha
perdido.


Termino ya, con la intervención de la señora Álvarez de Toledo. Señora Álvarez de Toledo, ha pronunciado usted el discurso más ultra que se ha escuchado esta mañana y, como a usted le gusta mencionar mis palabras y, por tanto, le gusta, de
alguna manera, difundir mis marcos de pensamiento, le agradezco mucho que hable de la alineación, le agradezco mucho que hable de la postura de Alianza Popular cuando se votó la Constitución, que le recuerdo que, de los 16 diputados, 8 votaron que
sí; 5, que no y 3 se abstuvieron; y le agradezco mucho que utilice la terminología ultra que yo utilizo para referirme a ustedes en muchas ocasiones. Lo digo con pena, porque a mí me gustaría que el Partido Popular fuera un partido centrado,
moderado y europeo, pero lamentablemente escucho algunos discursos, como extractos de los que hoy ha pronunciado usted, y no veo un partido que sea moderado, no veo un partido centrado, no veo un partido liberal conservador de corte europeo; veo un
partido absolutamente abandonado a las ideas ultras que la ultraderecha defiende con ardor, pero que ustedes también lo hacen. Y esto, realmente, para la democracia, no me parece ninguna buena idea.


Siempre que el Partido Popular ha ganado elecciones, por cierto, ha sido con posiciones políticas más centradas. Igual deberían levantar un poco la cabeza y ver lo que ha pasado en la historia de la democracia española. A ustedes, con
discursos ultras, comprando el discurso más reaccionario, nunca les ha ido bien en las elecciones. Igual, en ese camino al que ustedes vuelven -si alguna vez lo estuvieron- al centro liberal, creo que sería una buena idea; y, para la democracia
española, sin ninguna duda, sería garantía de convivencia.


Emplea usted con mucha facilidad y contundencia algunas frases que deberían hacerles reflexionar, porque, cuando usted dice que este Parlamento, donde reside la soberanía popular, podrá aprobar una ley de amnistía pero que los tribunales
nunca la aplicarán, está hablando en nombre de los jueces y magistrados de este país. Y como estoy convencido de que usted cree en la separación de poderes, cree que el Parlamento aprueba leyes y los jueces aplican esas leyes, por eso le digo que
reflexione sobre este tipo de afirmaciones tan categóricas que hace. Me recuerda a ese tuit que puso usted, que ayer se lo recordé también en la sesión de control -últimamente tenemos muchas oportunidades de debatir, y para mí es un honor y seguro
que seguiremos haciéndolo a lo largo de esta legislatura-, en el que usted decía: No entregaremos el Consejo General del Poder Judicial. Yo le formulo esta pregunta, por si tiene a bien responderme en su réplica: Pero ¿es que es suyo el Poder
Judicial? ¿Es que lo tiene usted en su poder? ¿Es que no lo entrega porque lo tiene usted en sus manos? (Aplausos). Fíjese en lo grave de sus afirmaciones. Son afirmaciones suyas, que además deben ser reflexionadas: en primer lugar, porque lee
usted su intervención de principio a fin y, en segundo lugar, porque lo repite continuamente. Entonces, explíquenos eso de que no entregaremos el Consejo General del Poder Judicial y esas afirmaciones en las que habla usted en nombre de los jueces
y tribunales. La separación de poderes está en que el Parlamento dicta y aprueba normas y leyes y los jueces y magistrados de este país las aplican. Eso es un Estado de derecho pleno, como el español, una de las veinticuatro mejores democracias
del mundo. Eso es exactamente España y nuestro Estado de derecho.


También se atreve usted a decir al Partido Socialista si somos o no somos constitucionalistas. Hablábamos antes de que Alianza Popular tenía dieciséis diputados en aquellas Cortes Constituyentes, que ocho votaron a favor de la Constitución,
cinco en contra y tres se abstuvieran. El Partido Socialista, si no recuerdo mal, tenía 115 diputados, y todos ellos votaron a favor. El Partido Socialista formó parte del consenso constitucional, y usted se atreve a ponerlo en duda. ¿Sobre qué
base? ¿No se da cuenta de que no hay nada más anticonstitucional que el que usted nos dé a nosotros, un partido que forma parte de la estructura, de la columna vertebral de este país, con el consenso que supuso la Constitución de 1978, carné de
constitucionalistas o no? Con todo el respeto, ¿quién es usted para dar carné de constitucionalista al Partido Socialista Obrero Español, que da mil vueltas a Alianza Popular y al Partido Popular en

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constitucionalismo, señora Álvarez de Toledo? (Aplausos). ¿Cómo es posible que usted haga este tipo de valoraciones? Yo reconozco públicamente ahora mismo en esta sesión que el Partido Popular, sin duda, es hoy un partido
constitucionalista, y, sobre todo, que lo será cuando pactemos la renovación del consejo. Entonces, yo reconozco que el Partido Popular es un partido constitucionalista; reconózcaselo usted al Partido Socialista, no creo que sea tan difícil.
Pero, claro, un discurso como el que usted ha pronunciado hoy -ya sé que no le gusta que se lo diga, pero, si usted me da sinónimos, yo los utilizo, y es que su discurso es ultra; si quiere hablo de un discurso extremista, un discurso demencial, un
discurso alejado de la realidad: deme sinónimos, yo los utilizo-, su discurso ultra a lo que nos lleva es a que usted cuestione la constitucionalidad del Partido Socialista y de nosotros. Escuche mi intervención de hoy y dígame dónde hay una tacha
de inconstitucionalidad. Es bien sencillo, va a tener ahora un tiempo para replicarme.


Ha dado usted un listado de instituciones, en su opinión, colonizadas por el Gobierno. La democracia supone que esta Cámara, el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular -los trescientos cincuenta diputados representan a
la soberanía nacional, a la soberanía popular- vota la investidura de un presidente del Gobierno, y, lógicamente, ese presidente del Gobierno, con legitimidad democrática, legitimidad que nace en origen de las urnas, de lo que han votado los
ciudadanos, ha de hacer nombramientos para llevar a cabo su política. Cuando esos nombramientos los hace un Gobierno socialista supone la colonización de las instituciones, pero cuando los hace un Gobierno del Partido Popular son todas personas
idóneas. Se queja usted de que una exministra va a presidir el Consejo de Estado. ¿Qué opinión le merece que el señor Romay Beccaría, exministro del señor Aznar, fuera presidente del Consejo de Estado? (Aplausos.-La señora Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos: Hubo un cambio de opinión por medio).


El señor PRESIDENTE: No mantengamos diálogos, por favor.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Era exministro y fue presidente del Consejo de Estado. A usted le llama la atención que un exministro sea magistrado del Tribunal Constitucional.
¿Qué opinión le merece que un militante del Partido Popular presidiera el Tribunal Constitucional? (Aplausos). El señor Pérez de los Cobos. ¿Qué opinión le merece? Habla usted del CIS. ¿Qué opinión le merece que una persona que luego fue
ministra del Gobierno del señor Aznar, la señora Pilar del Castillo, presidiera el CIS? (La señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos: Al revés, camino inverso). Y pone usted el ejemplo de Correos. Claro, es que me lo deja en bandeja. El señor
Feijóo fue presidente de Correos. En concreto, ¿en qué estaba especializado? ¿En paquetería? ¿En sobres? ¿En franqueos? ¿Cuál era su especialidad? (Aplausos.-Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro.


Por favor, se han respetado los turnos de todo el mundo, he sido flexible en las intervenciones. Lo que no vamos a hacer son diálogos entre los intervinientes. Es mi manera de llevar la Comisión (rumores), que es flexible respecto a las
intervenciones de todo el mundo. Hagámoslo todos, y así nos vamos a entender. Hasta ahora creo que todo el mundo ha podido expresarse con libertad y de manera cómoda. Si entramos en diálogos e interpelaciones, deja de ser una comparecencia y es
otra cosa.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Gracias, señor presidente.


Le pongo estos ejemplos simplemente para explicar con algunas muestras que, cuando hay un Gobierno progresista, nombra a personas progresistas en los puestos que legítimamente corresponde nombrar al Gobierno de España. Y cuando hay un
Gobierno de derechas, cuando gobiernen ustedes, nombrarán a personas de derechas -o de ultraderecha, cuando compartan Gobierno con VOX- para los distintos puestos que el Gobierno legítimamente puede tener para llevar a cabo su política. Por tanto,
eso de que los míos son idóneos y los suyos son la colonización de las instituciones es un argumento bastante menor, que no resiste ni la más mínima comparación con la realidad. Pero, en fin, imagino que ustedes continuarán por esa vía, y nosotros
continuaremos recordándoles también el largo listado de personas que legítimamente los Gobiernos del Partido Popular nombraron.


Habla usted de que nosotros sembramos el odio. Tengo que decirle que precisamente lo que intentamos es superar la crispación y el odio al que nos someten ustedes, además con un ejercicio de cinismo bastante considerable, porque convocar
manifestaciones en contra de una ley reparadora como

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es la ley de amnistía, hacer declaraciones públicas diciendo que la Constitución está en riesgo, que la separación de poderes cae, que la Constitución se rompe, que España se divide, y hacerlo públicamente -seguro que de buena fe hubo
millones de españoles que les pudieron creer-, y luego ir a una comida privada y reconocer que todo es una filfa, señora Álvarez de Toledo, es un ejercicio absolutamente impropio de un partido democrático que siembra el odio y la crispación para
intentar sacar rédito político, como hace el Partido Popular en este momento. Y se lo digo con toda claridad, porque o ustedes convocan manifestaciones contra la amnistía o estudian la amnistía como herramienta útil para intentar reconciliar a los
catalanes con el resto de españoles, o ustedes convocan manifestaciones contra los indultos o les parece que los indultos son una herramienta idónea para intentar superar el conflicto político en Cataluña, o ustedes dicen que España se rompe o
ustedes opinan, como opina el señor Feijóo en la intimidad, que hay que trabajar por la reconciliación de nuestro país. Yo coincido con lo que piensa el señor Feijoo en la intimidad y discrepo profundamente de la crispación y el odio que siembra
con sus declaraciones públicas, que en nada se parecen a lo que piensa, como reconoció delante de dieciséis periodistas.


Tiene usted también la osadía de hablar sobre declaraciones de independencia y referéndum. Señoría, yo pertenezco a un Gobierno que, gracias al diálogo, a la política, a los acuerdos, al entendimiento, no ha tenido que abordar ninguna
declaración unilateral e ilegal de independencia ni ha tenido que abordar ningún referéndum ilegal de independencia. Ustedes forman parte de un partido que gobernaba en España cuando hubo referéndum de independencia y cuando hubo declaraciones
unilaterales de independencia. Por tanto, si ustedes quieren garantizar la unidad de España, les animo a que voten al Partido Socialista, porque es la manera más útil, sin ninguna duda. Es la herramienta más idónea para que la cohesión social y
territorial de nuestro país esté garantizada, porque, claramente, con un Gobierno del Partido Popular hubo un enfrentamiento que fue extremo en esta materia.


Y, señoría, vamos a hablar algo acerca de la ley de amnistía, que usted valora de manera tan contundente, incluso poniendo frases en boca de los jueces y magistrados, que dice usted que no la van a aplicar. Como en las sesiones de control
siempre tenemos poco tiempo, ya que está tasado, y en las declaraciones públicas prácticamente sucede igual, voy a desarrollar algo lo que ayer le anuncié en la sesión de control. La exposición de motivos de la ley de amnistía para la normalización
institucional, política y social en Cataluña lo explica todo y da argumentos que dejan muy en evidencia los que usted da para tacharla de ilegal, inconstitucional o contraria al derecho europeo. Desde la Segunda Guerra Mundial en la Unión Europea
se han aprobado cincuenta y dos amnistías, y ninguna de ellas ha sido contraria al derecho europeo. Y, por cierto, se han amnistiado delitos mucho más graves que los que sucedieron en el proceso independentista catalán. Todas esas amnistías han
sido validadas conforme al derecho europeo, y, como estoy seguro de que usted tendrá interés en ello, incluso le puedo citar sentencias, que aparecen la exposición de motivos. ¿Por qué no se lee usted algún día, ya que lee sus intervenciones de
principio a fin, la exposición de motivos? Léase también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril de 2021 o la de 16 de diciembre de 2021, en las que se ratifican desde el punto de vista del derecho de la Unión
distintas amnistías.


Habla usted, también con cierta ligereza, de que nuestra Constitución no lo permite. Tampoco lo prohíbe, en eso estaremos de acuerdo. Aquí hay catedráticos de Constitucional que nos lo podrán decir, que ni lo prohíbe ni lo afirma. Sucede
que la Constitución española tomó como modelo la Constitución alemana, y precisamente en Alemania tampoco se prohíben ni se permiten expresamente las leyes de amnistía. Por eso, en Alemania, como sucede en Bélgica, Irlanda o Suecia, se han aprobado
amnistías, cuando la Constitución expresamente no menciona nada, y lo han hecho conforme al derecho europeo. Entiendo que no le deberán gustar mucho estas normas que estoy dándole. (Rumores.-El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se
perciben).


También en la exposición de motivos se hace referencia a distinta jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro.


Señor Hernando, le llamo la atención. Llevamos aquí bastante rato y vamos a estar mucho más tiempo todavía. Usted no ha estado todo el tiempo, haga el favor de no estar interrumpiendo la Comisión.


El señor HERNANDO FRAILE: Estoy hablando con mi compañero ¿No puedo hablar con mi compañero?


El señor PRESIDENTE: Le advierto por primera vez, señor Hernando.

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El señor HERNANDO FRAILE: ¿No se puede hablar con el compañero?


El señor PRESIDENTE: Le advierto por segunda vez, señor Hernando. No quiero ningún diálogo sobre este tema. Le advierto por segunda vez, señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: No se ponga nervioso, señor Zaragoza.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere que le advierta por tercera vez? ¿Sabe las consecuencias de que le advierta por tercera vez?


El señor HERNANDO FRAILE: Gravísimas.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere que le advierta por tercera vez?


El señor HERNANDO FRAILE: Haga lo que usted determine.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, abandone la sala.


El señor HERNANDO FRAILE: No lo voy a hacer.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, abandone la sala.


El señor HERNANDO FRAILE: No lo voy a hacer.


El señor PRESIDENTE: Pido a los servicios de la Cámara que el señor Hernando abandone la sala. No voy a permitir esto. Que el señor Hernando abandone la sala. Le he advertido tres veces, señor Hernando, y sabe las consecuencias de
advertir tres veces.


El señor HERNANDO FRAILE: Usted no ha actuado de acuerdo con el Reglamento.


El señor PRESIDENTE: Le he llamado la atención por primera vez y usted no ha hecho caso. Le he llamado la atención por segunda vez...


El señor HERNANDO FRAILE: Según el Reglamento, en la segunda llamada tiene que advertir de la expulsión.


El señor PRESIDENTE: Pues le advierto por segunda vez.


El señor HERNANDO FRAILE: ¿Está rectificando entonces? (Risas).


El señor PRESIDENTE: Por segunda vez le he advertido y le he dicho que la consecuencia de la tercera advertencia es abandonar la sala. ¿Quiere usted abandonar la sala? ¿Va usted a mantener el decoro durante el resto de la Comisión?


El señor HERNANDO FRAILE: Siempre lo he mantenido.


El señor PRESIDENTE: No lo ha mantenido. ¿Va a mantener usted el decoro durante el resto de la Comisión?


El señor HERNANDO FRAILE: Sí, siempre lo mantengo.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, no hace falta que abandone la sala.


Señor ministro, puede continuar.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Gracias, señor presidente.


En ocasiones, los discursos ultras también llevan a comportamientos ultras en el Partido Popular, como estamos comprobando. (Protestas.-El señor Hernando Fraile: Esto es una alusión. Pido amparo a la Presidencia.-La señora Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos: ¿Esto qué es?).

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El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, al final de la comparecencia, si usted pide la palabra por alusiones, se la daré. Ahora haga el favor de comportarse.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Muchas gracias.


Estaba diciendo que en la exposición de motivos de la ley de amnistía, que ustedes ignoran cada día -porque creo que no la han leído, y estoy seguro de que, si la leen, la comprenden-, también se hace referencia a jurisprudencia del Tribunal
Supremo y del Constitucional. Se mencionan distintas sentencias, así como legislación estatal en la que expresamente se habla de la amnistía como método de extinción de la responsabilidad penal; para empezar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero
no solo, también en normas que han sido aprobadas desde los años ochenta en diversa y distinta normativa tanto estatal como autonómica. Por tanto, este régimen que tenemos en nuestro sistema normativo, junto con los múltiples tratados
internacionales -más de treinta que ha ratificado España, previo examen de constitucionalidad por esta Cámara- donde se habla de la amnistía, creo que dan argumentos jurídicos bastante sólidos para afirmar de manera contundente que la ley de
amnistía es constitucional, ajustada al derecho europeo y es impecable, muy sólida desde el punto de vista técnico. Y, sobre todo, lo que es importante es que conseguirá el objetivo pretendido, que es normalizar la situación política, institucional
y social en Cataluña. Y de esa normalización de la situación política en Cataluña se beneficiarán no solo las personas que sean beneficiadas directamente por la aplicación de la ley de amnistía, sino toda la sociedad catalana, en su conjunto, y
toda la sociedad española, también cuando dentro de algunos años ustedes vuelvan a gobernar. Será entonces cuando el ejercicio de cinismo que ustedes practican ahora se pueda ver con toda normalidad, porque seguro que en ese momento ustedes se
atribuirán las bondades de un proceso que ha llevado a la reconciliación -palabras del señor Feijóo- en Cataluña y de Cataluña con el resto de España.


Asimismo, ha hecho usted referencia al final de su intervención a un caso que estamos conociendo, y aquí tardaré bien poco. Rechazo absoluto a cualquier comportamiento irregular y supuestamente también corrupto; rechazo absoluto. La
política es exactamente lo contrario, es mejorar la vida de tus conciudadanos con coste personal. Por tanto, ante cualquier comportamiento que pueda haber sido corrupto o irregular, le muestro mi rechazo más absoluto. Y nosotros no destruimos
pruebas a martillazos. Que investigue la justicia y, si tiene que caer el peso de la ley sobre quien haya sido culpable, que caiga.


Y, señora Álvarez de Toledo, termino prácticamente como empecé. Me dice usted que pierda toda esperanza. Al revés, cada día tengo más esperanza en nuestro país. Cada día estoy más seguro de que vamos a hacer una sociedad mejor. Cada día
estoy más seguro de que lo que hacemos desde el Gobierno es mejorar la convivencia, mejorar la concordia y avanzar en derechos, libertades, empleo, seguridad, en todas las materias sobre las que un Gobierno es responsable. Por tanto, deje usted de
citar a los clásicos en este caso para intentar sembrar crispación, porque precisamente lo que intentamos desde el Gobierno es que los ciudadanos de nuestro país cada día tengan mayor esperanza en el funcionamiento de nuestra democracia. Y su
discurso no es esperanzador, porque ya le he dicho, señora Álvarez de Toledo, que es más ultra que el discurso ultra de la ultraderecha de VOX, y esta no es una buena noticia para la democracia. Ustedes deberían ser un partido de centroderecha, y
son un partido que está abrazado a la ultraderecha, al menos en su forma de actuar, en su discurso, en sus técnicas, en su manera de intentar crispar y generar odio en la sociedad española, y eso realmente es un problema para nuestra democracia. Yo
confío en que ustedes vean que ese camino no los lleva a ninguna parte, que no los ha llevado a ninguna parte durante la democracia, y espero que sean conscientes de que podemos tener diferencias el Partido Popular y el Partido Socialista, por
supuesto -son ustedes un partido de derechas, nosotros somos un partido de izquierdas: claro que habrá diferencias-, pero que, cuando gobernamos, intentamos hacerlo lo mejor posible, intentamos dejar un país mejor al que nos antecede. Creo que
esto es básico, pero ustedes están en una espiral ultraderechista que hace daño a nuestra democracia y hace daño a la convivencia en nuestro país.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de réplica, por tiempo de tres minutos, para todos aquellos portavoces que deseen intervenir, que deduzco que son todos los presentes. Por tanto, comenzaremos por el Grupo Parlamentario Mixto, y tiene
la palabra el señor don Alberto Catalán.

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El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, lamentablemente, usted ha empezado hablando de diálogo y consenso, pero ha acabado con la misma política de imposición y sectarismo que le viene caracterizando. Evidentemente, este Gobierno tiene una acción de gobierno
basada en el engaño, la manipulación y la falsedad; así ha sido y, lamentablemente, lo ha demostrado en su última intervención. Por otro lado, habla usted mucho de la exposición de motivos de la ley de amnistía. Simplemente, le voy a recomendar
dos lecturas y dos criterios; y no es el mío ni el de mi formación política, sino el de Manuel Aragón, catedrático emérito de Derecho Constitucional y miembro del Tribunal Constitucional, elegido por el Partido Socialista, y el del catedrático de
Derecho Constitucional Javier Tajadura, que en ningún caso concreto comparten su criterio sobre la comparativa con lo que ha ocurrido en otros países de la Unión Europea.


En cuanto a la transferencia de tráfico, señor ministro, son dos mil. Anteriormente, le he dicho en mi intervención cuál fue el preacuerdo que se alcanzó entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular.


Otra cuestión -busque y compare, se suele decir-, ¿cómo está Navarra en este momento y cómo estaba cuando gobernaba Unión del Pueblo Navarro, en ocasiones también con el acuerdo del Partido Socialista? Mejor en sanidad, en educación, en
bienestar social, en vivienda, y mucho más progresismo que el que se práctica ahora, líderes en el vagón de cola.


Hablaba de ignominia la portavoz de Bildu a la hora de establecer una fecha para la transferencia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. No es una ignominia poner una fecha, la ignominia es que el Gobierno, ustedes, lo pactaron con
Bildu. ¿Qué le parece a usted? Se lo decía ayer al señor ministro de Interior. ¿No le repugna que haya formaciones políticas que sigan sin condenar los atentados de ETA? ¿No le repugna que haya formaciones políticas que tengan entre sus
dirigentes a condenados por terrorismo? ¿No le repugna que haya formaciones políticas que llevan en sus listas a terroristas condenados por ser terroristas? ¿No le repugna? Entonces, ¿por qué los blanquean y pactan con ellos? ETA desapareció,
pero los herederos políticos de ETA siguen ahí, y siguen sus objetivos, y ustedes los están blanqueando. Y un ejemplo concreto, lo que hicieron ustedes en Pamplona. Por tanto, señor ministro, sinceramente, en esa línea, creo que no es normal, y
usted tampoco lo consideraría si no los hubiese necesitado, que los propios delincuentes sean los que redacten una ley que luego les va a beneficiar. Ustedes decían no a la ley de amnistía, que no tenía cabida en la Constitución española ni en la
normativa legal española, y ahora han cambiado de opinión simplemente porque necesitan los votos del secesionismo. Ustedes no iban a pactar con Bildu, y han pactado con Bildu. Ustedes no iban a poder dormir tranquilos con Podemos, y han gobernado
con Podemos. Ustedes iban a traer al prófugo expresidente de la Generalitat a ser juzgado en España, y ustedes han pactado. ¿Cómo que han pactado, si están redactando ellos la ley? Señor ministro, democráticamente, en un Estado de derecho, creo
que eso es una auténtica vergüenza.


Por otro lado, anuncian las modificaciones orgánicas pertinentes para la transferencia de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. ¿Le ha comunicado ya a la presidenta Chivite si va a ser a través de la modificación de
la LORAFNA o de una ley orgánica específica? Ella ya ha empezado a anunciar que va a ser a través de la LORAFNA, y a los grupos parlamentarios, al menos al de Unión del Pueblo Navarro, no le había comentado nada. Sinceramente, creo que así no se
construye país y así no se encuentra nada positivo para esta sociedad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Catalán.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, la señora Aizpurua.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias.


Voy a ser breve, no me voy a repetir. Únicamente, quiero agradecer su presencia, sus intervenciones y también sus respuestas, al margen de que, evidentemente, hay interpretaciones respecto a algunas cuestiones sobre las que mantenemos
obvias discrepancias, como puede ser respecto a esa bondadosa interpretación que ha hecho sobre la Transición, con la que no coincidimos, y alguna equiparación que ha hecho sobre cómo se puede ser español a la vez desde unos grupos y otros.


Pero, dejando eso al margen, quiero desearle suerte en esta nueva andadura, que sea para añadir avances tanto en el plano social como en el ámbito territorial. Eso lo que desearíamos todos, y creo que sería bueno para toda la ciudadanía,
para la nuestra y también para la del Estado español.


Eskerrik asko.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, la señora Marta Madrenas.


La señora MADRENAS I MIR: Sí, moltes gràcies.


En primer lloc, s'ha referit, quan jo he fet breus comentaris sobre que s'envaeixen competències de regions o de nacions històriques, ha dit 'aquesta és la seva opinió'. No, òbviament no. Sí, és la meva opinió, però està centrada i basada,
per exemple, com ara mateix acaba de succeir amb el Consell de Garanties Estatutàries català, que un grup d'experts lletrats acaben de concloure que la recent aprovada ley de la vivienda conculca... no sé quants articles conculquen aquest principi
de no envair les competències catalanes, per exemple. No ho dic jo, volia concretar això.


I en segon lloc, és clar, es referia abans a la intervenció d'una altra diputada dient 'escolti, només faltaria que jo -senyor ministre- no pugui opinar i comentar el que cregui, per això existeix la llibertat d'expressió, etcètera', però en
canvi, considera que el que jo li demanava que comentés i que opinés, doncs considera que no. I no m'estic referint a sentències judicials, ni a resolucions judicials. Jo no m'he referit a això. Jo m'he referit al fet que un jutge en actiu ha
confessat que menteix en un assumpte tan greu com el que va afectar l'assassinat, en fi, d'un funcionari a Còrsega. És aquesta l'opinió que jo li demanava. Què opina d'això, que aquest jutge encara continuï en actiu? Serien fiables les seves
resolucions o no?


I vostè m'ha respost únicament dient: 'Home, això podria ofendre'ls.' Perdoni, jo a qui no vull ofendre és a la ciutadania. La ciutadania sí que s'ha de sentir ofesa quan veu que existeixen personatges així i que des del Govern, o des de
qui tingui potestat, no l'exerceixi per evitar aquestes actituds o perquè hi hagi exigències de responsabilitats quan s'han produït. Això sí que ha d'ofendre profundament la ciutadania. No ofèn que hi hagi persones intocables, és al revés. Per
tant, jo crec que sí que podia opinar sobre si això augmenta la credibilitat de la judicatura, el fet que un jutge confessi -i en actiu- que mentia en casos tan greus, tan substancials per a l'Estat espanyol, com el que va confessar García Castellón
fa poc temps.


Muchas gracias.


Respecto a cuando he hecho breves comentarios en referencia a la invasión de competencias de naciones históricas, usted ha dicho que esa es mi opinión, pero, evidentemente no lo es. Bueno, es mi opinión, pero, por supuesto, está basada y
centrada, por ejemplo, como acaba de ocurrir con el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, ya que un grupo de expertos catalanes acaba de concluir que la reciente ley de la vivienda que se acaba de aprobar conculca una serie de normas y el
principio de no invadir las leyes catalanas. Quería concretar esta cuestión.


También hacía referencia usted a la intervención de otra diputada diciendo que solo faltaría que como ministro no pueda comentar y opinar lo que considere, que para eso existe la ley de libertad de expresión, y, en cambio, respecto a aquello
sobre lo que yo le pedía una opinión o comentario, resulta que no, y no me estoy refiriendo a resoluciones judiciales ni a sentencias. Lo que estoy diciendo es que un juez en activo ha confesado que miente con respecto a un asunto tan grave como el
que afectó al asesinato de un funcionario en Córcega. Esta es la opinión que yo le pedía: ¿Qué opina usted de que ese juez todavía esté en activo? ¿Serían fiables o no sus resoluciones? Y usted me contesta diciendo únicamente que eso podría
ofenderles. No, ministro, yo a quien no quiero ofender es a la ciudadanía. Y la ciudadanía se tiene que sentir ofendida cuando ve que existen personajes como este y que desde el Gobierno o quien tiene la potestad no se ejerce para evitar esas
actitudes. ¿Por qué no hay exigencias de responsabilidad cuando se han producido? Esto sí que ofende profundamente a la ciudadanía, como pensar que puede haber personas intocables. Por tanto, yo creo que usted sí puede opinar sobre el hecho de si
esto incrementa o no la credibilidad en la judicatura, el hecho de que un juez en ejercicio de la profesión confiese que mentía en casos tan graves, tan importantes para el Estado español, como sucede respecto a lo que confesó el juez
García-Castellón.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Francesc Álvaro Vidal, por el Grupo Parlamentario Republicano.


El señor ÁLVARO VIDAL: Bé, senyor ministre, gràcies per la resposta. Li diré tres coses.


En primer lloc, hi ha un debat molt interessant, no tenim temps a fer-lo -tal vegada algun dia- sobre la naturalesa de la transició i sobre què vam fer o no vam fer i com hem interpretat amb el temps i amb el filtre dels temps la història,
no? Ja deia Croce que tota la història és història contemporània i hi ha un error d'això, que és caure en el presentisme. I a vegades estem jutjant la Transició en base al present. Jo no

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vull caure en això, crec que vostè tampoc, però en tot cas sí que quan jo parlava de coratge, no era per menystenir el que estan fent vostès, sap que ho reconeixem -i a més ho hem dit-, sinó perquè en la Transició es va donar sortida a unes
demandes socials molt fortes. Hi ha un sentiment, diguem, de llibertat, i no podem obviar que en algunes nacions històriques de l'Estat hi ha un cert consens, o un gran consens, o un notori consens sobre la possibilitat de votar de manera
habilitada el futur d'aquests territoris. Això ha passat, en el cas de la federació canadenca, a Quebec, i en el cas del Regne Unit, a Escòcia. La gran pregunta que hi ha a l'habitació és per què en el Regne d'Espanya això no pot ser? Però és un
debat molt llarg, ja ho sé.


La segona cosa és un apunt de tipus literari periodístic. Celebro que s'hagi esmentat en aquesta sala un periodista molt important: Chaves Nogales. Chaves Nogales va ser un periodista bo, sobretot, i demòcrata, i va viatjar a Catalunya en
l'adveniment de la Segona República perquè no volia parlar d'oïdes, volia parlar sabent. I Chaves Nogales va entrevistar el Francesc Macià. Per cert, avui alguns quan veuen entrevistes a l'Oriol Junqueras s'atabalen. Chaves Nogales va titular un
d'aquests articles 'Qué pasa en Cataluña'. Ara hi ha molta gent que opina sobre Catalunya i s'ho inventa. Per exemple, hi ha un partit i un líder que va dir que a Catalunya, a les escoles, als nens se'ls castigava amb pedres a les motxilles si
parlaven en castellà. Fals. Fals. No van fer com Chaves Nogales. Per cert, aquest partit, que és el PP, a la cambra autonòmica catalana té només tres diputats. Tot passa factura, senyories.


I última cosa, he de discrepar, senyor ministre, sobre una qüestió de procediment. Entenc que vostè ha de fer el seu paper, però ens ha dit que parlar d'un magistrat és faltar al respecte, mancar al respecte. Home, sincerament -i crec que
és bastant objectivable-, la manca de respecte a l'Estat l'ha comès un magistrat que proclama públicament, es vanta d'haver mentit a un estat amic. Això sí que és una manca de respecte. Ja sé que vostè no pot opinar sobre això, però jo sí. Jo sí
perquè, que jo sàpiga, la meva condició de diputat no m'impedeix exercir la llibertat d'expressió, sobretot quan un operador judicial manifestament fa una cosa inadequada que, ho repeteixo, és escandalosa. Per tant, mentre no entri aquí la Guàrdia
Civil i em detingui, opinaré dels magistrats sempre que vulgui, amb permís sempre del senyor president, evidentment.


Acabo, senyor Zaragoza. Altra cosa crec que aniria contra el sentit de la democràcia. Ja que hem invocat la Constitució i la Transició, no acabem amb la paradoxa de fer una democràcia més restrictiva que la de l'any 1977, tot i que a
vegades, al costat d'alguns discursos, el del senyor Blas Piñar em sembla en Walt Disney. Gràcies.


Señor ministro, muchas gracias por la respuesta.


Me gustaría comentar tres cosas. En primer lugar, hay un debate muy interesante, para el que no tenemos tiempo aquí, sobre la naturaleza de la Transición, pero espero que podamos hacerlo algún día en relación con lo que han hecho y no han
hecho y cómo la historia se ha ido interpretando con los filtros del tiempo. Croce decía que toda la historia es la historia contemporánea. Algunos caen en el presentismo, y algunos juzgan la Transición desde el presente. Yo no quiero caer en
esto. En cualquier caso, cuando yo hablaba de valor y coraje no era por menospreciar lo que ustedes están haciendo, se lo reconocemos, sino porque en la Transición se dio salida a unas demandas sociales muy fuertes y a un sentimiento de libertad, y
no podemos obviar que en algunas naciones históricas del Estado hay un cierto consenso, un gran consenso, un consenso notable sobre el hecho de poder votar sobre el futuro de estos territorios. Esto ha ocurrido en la Federación Canadiense de Quebec
y también en el Reino Unido con respecto a Escocia. Por eso, la gran pregunta que deviene aquí es por qué no puede ser en el Reino de España, y esto ha generado y genera un gran debate.


Otro punto importante es el tema periodístico, y en esta sala se ha mencionado a Chaves Nogales. Fue un periodista bueno y, sobre todo, demócrata, que viajó a Cataluña con el advenimiento de la II República porque no quería hablar de oído,
quería saber. También entrevistó a Francesc Macià. Por cierto, algunos hoy en día, en cambio, cuando escuchan y ven entrevistas con Oriol Junqueras, se ponen nerviosos. Y Chaves Nogales dijo: '¿Qué pasa en Cataluña?', así tituló su artículo.
Ahora hay mucha gente que opina sobre Cataluña y se lo inventa. Hay un partido y un líder que dijo que en las escuelas de Cataluña a los niños los castigaban llevando piedras en las mochilas si hablaban en castellano. Es falso, no hicieron como
Chaves Nogales. Por cierto, ese partido, que es el PP, en la Cámara autonómica catalana solo tiene tres diputados. Pero todo pasa factura, señorías.


Y último punto. Tengo que discrepar, señor ministro, con respecto a una cuestión procedimental. Entiendo que usted tiene que desempeñar su papel, pero usted dice que hablar de un magistrado es faltar

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al respeto. Hombre, sinceramente, y creo que es bastante objetivable, la falta de respeto al Estado la ha cometido un magistrado que alardea públicamente de haber mentido a su Estado, al Estado amigo. Ya sé que usted no puede opinar sobre
ello, pero yo sí, porque, que yo sepa, mi condición de diputado no me impide ejercer la libertad de expresión, sobre todo cuando un funcionario judicial hace algo inadecuado. Lo repito, es escandaloso. Mientras no entre aquí la Guardia Civil y me
detenga, opinaré sobre los magistrados lo que quiera, con el permiso del señor presidente, por supuesto.


Acabo, señor Zaragoza. Otra cosa creo que iría en contra del sentido de la democracia, y dado que hemos invocado la Transición, no caigamos en la paradoja de crear una democracia más restrictiva que la de 1977, aunque a veces parece que los
discursos de Blas Piñar son, hoy en día, un poco como Walt Disney.


El señor PRESIDENTE: Gràcies, señor Álvaro.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, el señor Pisarello.


El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidente.


Tres cosas también, ministro. La primera es, como se puede imaginar, que en un momento de ascenso de las derechas extremas en toda Europa y en el mundo nadie está más orgulloso que yo de que hayamos tenido gobiernos y mayorías amplias,
progresistas y democráticas en este país. También me concederá que usted y yo no somos del mismo partido, que usted está aquí ejerciendo la dignidad del Ejecutivo y a mí me toca ejercer la dignidad del Legislativo, y también que en el fondo creo
que, si no avanzamos en materia de derechos y libertades, vamos a retroceder. Pi i Margall decía que para que eso no ocurra hace falta una revolución democrática. ¿No le gusta revolución? Dejémoslo en ambición; necesitamos ambición. Y si ya
aprobamos una ley de vivienda, pues ahora necesitamos un índice de precios para que los alquileres bajen; si ya aprobamos un aumento de los salarios, ahora necesitamos reducir la jornada laboral.


A usted le parece bien y se siente cómodo con la monarquía parlamentaria. Mi problema, sinceramente, es que me parece que la monarquía que tenemos no es ni siquiera parlamentaria, porque todavía goza de demasiados privilegios, y por eso,
como muchos militantes socialistas, sigo manteniendo mis convicciones republicanas.


Segona qüestió, a mi m'agradaria, com li deia, que aquesta fos una legislatura d'avenços socials importants. Crec que els necessitem. Però davant de les dretes que oran, que embisten, que nos quieren helar el corazón, com diria Machado,
crec que sí que tenim la possibilitat de posar-nos d'acord, escoltant els portaveus de Junts, d'Esquerra Republicana, de Bildu i d'altres forces, de tirar endavant una agenda democratitzadora forta, reforma del poder judicial, reforma de la llei de
secrets oficials, derogació de la llei mordassa, derogació dels delictes d'opinions. Aquí ens podem trobar. Hem de ser realistes, però també hem de ser audaços, perquè és l'única manera d'evitar que la reacció es pugui obrir pas.


Segunda cuestión. A mí me gustaría que esta fuese una legislatura de grandes progresos sociales. Pero, frente a las derechas que oran, que embisten, que nos quieren helar el corazón, com diria Machado, creo que tenemos la posibilidad de
ponernos de acuerdo, escuchando a los portavoces de Junts, de Esquerra Republicana y de Bildu, de llevar adelante una agenda democratizadora fuerte. En la reforma del Poder Judicial, de los secretos oficiales, en la derogación de la ley mordaza,
ahí nos encontrarán. Tenemos que ser realistas, pero también audaces, porque es la única manera de evitar que la reacción se pueda abrir paso.


Y una última cuestión, ministro. Usted ha hablado aquí de derechos humanos. De la misma manera que en el caso de Ucrania denunciamos los crímenes de guerra con toda claridad, de la misma manera que estamos denunciando la ocupación y el
aniquilamiento que se están produciendo en Palestina, creemos, y se lo digo aquí, que en el caso del Sáhara tenemos que mantener nuestra posición histórica, y la posición histórica de España no ha sido defender la de Mohamed VI, que para nosotros no
es ni la mejor ni es la más realista. Nosotros estamos con Naciones Unidas, estamos con la posición del enviado de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, y creemos que en materia de derechos humanos lo que toca ahora, como siempre, es defender el
derecho del pueblo saharaui a su libre determinación.


Gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Lourdes Méndez Monasterio.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, presidente.


Señor ministro, siento decirle que me ha parecido ofensiva la comparecencia que usted ha hecho hoy aquí para todos los españoles. Me ha parecido un verdadero insulto.


En el tema de los agricultores, usted dice que es absolutamente eficaz el dinero que les han dado y no ha dado la solución ni me ha contestado a lo que yo le he dicho. Habla de crecimiento y habla de empleo. Dice que estamos creciendo,
pero estamos creciendo muy por debajo de las previsiones de crecimiento que había en España. Además, ese crecimiento es sobre todo el de la deuda, que ha crecido en 400 000 millones de euros. Solamente ustedes son los que ganan, porque han
endeudado a todos los españoles. Han subido los impuestos del año 2020 en un 35 %. Están expoliando a los españoles, están expoliando a los jóvenes. ¿Y usted ahora mismo aquí habla de crecimiento? Pues le voy a decir que el crecimiento en España
ahora mismo, en el PIB per cápita, estamos en el número 25. La tasa de pobreza es de las más altas y en el tema del paro estamos con las tres coronas en el paro general, en el paro femenino y en el paro de jóvenes. Es decir, no venga usted aquí a
hablar de crecimiento, no venga a hablar de derechos, no venga a hablar de libertades, porque si no reconoce la realidad, no puede resolver los problemas que tienen los españoles. Por tanto, lo primero que tiene que hacer es no mentir sobre la
realidad de España, no mentir sobre el expolio fiscal que se está produciendo, porque si estamos creciendo, ¿ustedes van a quitar impuestos a los españoles? Si estamos creciendo tanto, ¿van a bajar los impuestos a los españoles? En cualquier caso,
no quiero liarme con esto, pero me parece absolutamente insultante lo que usted ha hecho en la mañana de hoy.


Sin embargo, dice que nosotros somos los que tenemos un discurso ultra. En este camino de ruptura del orden constitucional, están ustedes unidos con la extrema izquierda, pero dicen que nosotros somos ultras. ¿Ultras por qué, señor
ministro? ¿Porque defendemos las libertades de los españoles, porque defendemos los derechos de los españoles? Porque nosotros sí defendemos los derechos. Ustedes lo que han hecho ha sido subvertir los valores en los cuales se sustenta nuestra
Constitución. Han implantado la cultura de la muerte, en contra de una cultura de vida. Da igual que hable de la muerte de nuestros niños. Usted habla de libertad en la ley del derecho al aborto. ¿Usted considera que es libre el matar a un ser
humano, que es un derecho el matar a un ser humano? ¿Usted considera que una mujer embarazada con problemas, a la que la Administración no le da ni una sola salida para poder llevar adelante su embarazo, es libre para elegir abortar? ¿Usted
considera que, con la ley de eutanasia, las personas mayores que están con un dolor insoportable, cuando no se ha publicado ni se ha aprobado una ley de cuidados paliativos, son libres para poder eliminar ese dolor y no querer la muerte? ¿Usted se
cree que esas personas son libres?


Por tanto, no me hable del tema de los derechos, porque en esa cultura de la muerte da igual que hablemos de la muerte de nuestros niños, de la muerte de nuestros mayores, de la muerte de nuestro campo, de la muerte de nuestra industria, de
la muerte de la unidad de España o de la destrucción de la propia España. Este es su progresismo, señor ministro; este es su progresismo. Han convertido al Estado en el enemigo de los españoles, de los que se tiene que defender. Y si por
defender nosotros todo esto...


El señor PRESIDENTE: Señora Lourdes Monasterio, ya han pasado sus tres minutos.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: ...nos llama ultras, bienvenido sea. Solamente quiero contestar a una cosa que me ha dicho muy concretamente sobre la ideología perversa.


El señor PRESIDENTE: Ha tenido tres minutos para contestarle.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Me ha dicho que he estado hablando de ideología perversa. Efectivamente, es ideología perversa decir que es un derecho matar a un ser humano e introducir en las leyes el odio entre sexos, entre hombres y
mujeres...


El señor PRESIDENTE: Señora Méndez Monasterio, ya ha tenido sus tres minutos, ya he dicho antes que el segundo turno iba a ser de tres minutos.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: ...entre diferentes colectivos. Eso es una ideología perversa. La ideología de género es una ideología perversa, señor ministro.

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El señor PRESIDENTE: No tiene ya la palabra. Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Artemi Rallo.


El señor RALLO LOMBARTE: Muchas gracias, presidente.


Hay dos elementos de la intervención de la portavoz popular a los que quería hacer referencia, porque ha venido a decir que este es el Gobierno del odio, que se gobierna con odio. Yo no sé si en mi intervención anterior o siquiera en la
intervención del ministro alguien de esta sala ha podido percibir la más mínima dosis de odio. Pero yo me pregunto y le pregunto a la portavoz del Grupo Popular si se detiene o se ha detenido en algún momento a pensar en sus propias intervenciones,
a releérselas o a mirarse en los videos que las recogen, si es consciente del grado de violencia verbal y desprecio que contienen esas intervenciones, no exclusivamente la suya de hoy, sino la de tantos y tantos otros portavoces de las derechas y,
en particular, del Partido Popular en fechas más recientes. La retahíla de epítetos y calificativos resulta sobrecogedora, espeluznante. Es decir, ¿son ustedes conscientes de lo que están haciendo, de cómo se están manifestando? ¿Cómo se atreven
o cómo pretenden calificar o identificar a otros como promotores del odio con ese tipo de intervenciones? De verdad, hagan una reflexión interior, porque el PP no fue siempre así, y hay parte del PP que sigue sin ser así. Los portavoces actuales
del PP sí que son así, pero no todo el PP es así, y el PP que está llamado en este país a ser un partido de alternativa nunca será el que ustedes representan.


Hay una segunda cuestión a la que también quiero hacer referencia. La portavoz del Grupo Popular ha abandonado ese discurso florido, adornado sobre las esencias de España y de la democracia, para bajar al barro de la corrupción y para
ensuciarse las manos. Yo también le hablaré de corrupción. Le hablaré de la corrupción de las palabras, de la corrupción del lenguaje, de la corrupción del relato, de esa que dice que ustedes ganaron las elecciones generales, pero están ahí, en la
oposición. De esa que dice que ustedes ganaron las elecciones gallegas, pero están ahí, en la oposición (risas). De esa que miente de forma reiterada respecto de la amnistía, respecto de Cataluña. De esa corrupción que significa, a escondidas o
desde la inconsciencia o desde la peor forma de hacer política, el que ustedes nieguen la evidencia de la necesidad de unos acuerdos de país, que falseen esa realidad y que no den una respuesta alternativa sustentada en el diálogo y buscando esa
convivencia o reconciliación, como la llama el señor Feijóo. Están ustedes haciéndole un flaco favor a este país y a la democracia.


Señor ministro, esta tiene que ser la legislatura de la ilusión y de la esperanza en esos objetivos que usted nos ha apuntado hoy aquí.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rallo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cayetana Álvarez de Toledo.


La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.


Es que no puedo evitarlo, de verdad, señor Bolaños, es que me enternece. No puedo evitarlo. Es que miente en las cositas pequeñas, en los detalles, como un niño, a ver si cuela. Mete ahí a Pilar del Castillo, que fue directora del CIS
desde el año 1996 hasta el 2000 y después ministra. Salvo que estén pensando en hacer ministro a Tezanos, no sé a qué viene ese ejemplo. Es decir, no cuela, aunque con ustedes todo se va a ver.


La justicia, también tiene gracia. Ya ni siquiera le voy a decir lo que están haciendo ustedes con la justicia: la señora vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, atacando y señalando personalmente a un juez; la señora Montero,
alentando a un huido de la justicia contra los jueces. ¿Y me acusa a mí de defender la politización de la justicia, precisamente a mí? Ya que me estudia usted mucho, veo, y se lo agradezco, con sus ataques ad hominem, debería ver un poquito más
qué pasó aquí la legislatura pasada y por qué no quise yo participar en el reparto de magistrados que usted patrocinaba y patrocina. Estamos defendiendo la despolitización de la justicia, su independencia precisamente para que ustedes dejen de
asaltarla, someterla, sojuzgarla, para sus planes.


Luego, a partir de ahí, las mentiras más importantes y más grandes, o lo que casi más me enternece de toda su intervención. Usted se ha comparado a sí mismo y a su Gobierno con los hacedores de la Transición. ¿De verdad? Es decir, ¿el
señor Sánchez sería Suárez y, usted, Torcuato Fernández-Miranda? (Risas). ¿Cómo es esto? ¿O Carrillo, incluso? Fíjese, en el gran discurso de la reconciliación nacional de 1956 de Carrillo, cuando pedía acabar con la división artificial entre
rojos y nacionales, y usted está todavía que si fachas para arriba, que si la 'fachosfera', esa vulgaridad. Pedía también en ese discurso

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enterrar los rencores de la Guerra Civil, y ustedes están agitando el guerracivilismo de manera permanente. Pedía a todos los españoles participar de todos los sectores en la reconciliación nacional. ¿Alguna vez escuchó a alguno de los
padres de la Transición hablar de muros contra la mitad de España? Dígame en su réplica exactamente a cuál de los que están ahí detrás


, a cuál de los padres de la Constitución, le oyó alguna vez decir que había que levantar un muro contra la otra mitad de España. Todo es falso en usted. Luego, dicen, levantan muros. Convivencia, no me ha contestado. ¿Cómo es compatible
la convivencia de la que hablan ustedes con la tramitación de una declaración unilateral de independencia por parte de sus socios? ¿Y qué tiene que ver la convivencia con el 'volveremos a hacer' y con pisotear los derechos civiles de la otra mitad
de Cataluña?


Otra cosa sobre la Transición, que tiene muchísimo interés histórico y político. Ustedes se reclaman: Nosotros somos los que defendemos siempre la Constitución; en cambio, la derecha, el Partido Popular, heredero de AP y de UCD... ¿Sabe
usted lo que defendía en 1978 el presidente del Partido Socialista, Ramón Rubial? ¿Lo sabe o no? La autodeterminación. Como ustedes ahora, en el fondo, lo que pasa es que no lo dicen, ustedes sí que son hipócritas. El sherpa de la mutación
constitucional, que es el señor Zapatero, ya lo va deslizando, el otro día en La Vanguardia: En esta legislatura tenemos que encarar definitivamente el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña; es decir, un referéndum. ¿Me puede
aclarar lo que va a hacer usted con eso? Y la amnistía, vuelve a sacar la retahíla de los precedentes. Contésteme con claridad: ¿qué precedente hay de una investidura comprada, otorgada, a cambio del poder? Transacción corrupta. No existe en
ningún lugar del mundo una amnistía concedida a cambio del poder político, a cambio de un gobierno en España. Eso es lo que convierte su amnistía en absolutamente inaplicable por parte de nadie. Y, mire...


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez de Toledo, tendría que terminar.


La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Solo dos frases tengo al final. Dos frases.


Tal es mi confianza en los tribunales y tal es mi confianza en el Tribunal Constitucional que creo que es tan flagrante y manifiesta la inconstitucionalidad de su ley que ni aunque el Tribunal Constitucional estuviera presidido por un
híbrido del señor Zapatero, de la señora Dolores Delgado y de usted mismo podría darla por buena. Fíjese la confianza que tengo yo en el Tribunal Constitucional y en los magistrados.


Y ya, para acabar, una frase nada más.


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez de Toledo, he quedado en que seríamos estrictos en este punto y lleva ya más de un minuto.


La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Sí, sí, se lo prometo.


El apego del señor ministro a la palabra ultra, ¿sabe lo que demuestra? Demuestra dónde están usted, su partido y el Gobierno: en la ultratumba.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Álvarez de Toledo.


Tiene la palabra el señor Bolaños García.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Seré breve, señor presidente, porque creo también que básicamente los turnos de réplica han sido repetir casi en esencia,
aunque resumida, la intervención inicial.


Señor Catalán, hace usted referencia a un libro que efectivamente se ha editado y se ha publicado por unas personas, por unos profesores manifestándose en contra de la amnistía. Respeto absoluto, por supuesto, a todas las personas, a todos
los expertos, a todos los juristas que se manifiestan en un sentido y en otro. Si quiere, hacemos una recopilación de expertos que consideran qué es constitucional y conforme al derecho europeo, y si quiere hacemos recopilación de los que dicen que
no. Pero le voy a decir algo en lo que vamos a estar de acuerdo usted y todos. Respeto profundo a todo el mundo que emita opinión jurídica sobre la ley de amnistía, pero si emites una opinión antes de conocer el texto de la ley de amnistía, igual
está sesgada ideológicamente. Y eso ha ocurrido. De hecho, cuando se conoció el texto de la ley de amnistía, cuando presentamos la proposición de ley, muchas de las personas que habían opinado, a la vista de la exposición de motivos y del
articulado, tuvieron que cambiar de opinión, porque, evidentemente, la ley de amnistía, como pasa en todos los países de Europa, es una herramienta perfectamente constitucional y útil desde el punto de vista político. Por tanto, respeto a todas las
opiniones

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y respeto a algo mayor si cabe, a quien opina de una ley que ya está aprobada y con un texto concreto, más que opinar sobre la nada, que es lo que ocurrió en España, en el mundo académico menos, pero en el mundo político, desde luego,
ustedes tenían una opinión ya más que formada sobre la ley de amnistía opinando sobre esto. (Muestra un folio en blanco). Opinando sobre esto, un folio en blanco, ustedes ya tenían opinión sobre la amnistía. ¡Ay de ustedes cuando conocieron el
texto y vieron que era impecable! Esa fue la clave de la ley de amnistía.


Habla usted de Navarra y hace unas críticas que seguro que tendrían más sentido allí en el Parlamento navarro, pero le digo que Navarra está a la cabeza de los indicadores económicos y sociales en España, a la cabeza. Seguro que habrá algún
indicador que sea mejorable, como en todo el país, pero los navarros y las navarras tienen un buen gobierno, que está gobernando bien, y se está notando la mano de un gobierno progresista en Navarra. Sigue usted con su discurso sobre una banda
terrorista que desapareció hace doce años. Hace doce años que desapareció la banda terrorista ETA. La ganamos entre todos los demócratas, y hace doce años desapareció. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que ustedes dejen de hacer referencia
a una banda terrorista que ya no existe? ¿Veinte, treinta o cincuenta? ¿O ustedes van a estar toda la vida hablando de una banda terrorista que afortunadamente es historia, la peor historia de nuestro país?


La señora Aizpurua no se encuentra en la sala. Efectivamente, con la señora Aizpurua y con el Grupo Parlamentario Bildu tengo unas discrepancias profundas, muy manifiestas en cuanto a la interpretación y la valoración que hago de la
Transición y de la Constitución española y las que hace el Grupo Bildu.


Señora Madrenas, de Junts per Catalunya, habla usted de la Ley de Vivienda, acusándola de invadir competencias autonómicas, en este caso catalanas. Fue una norma que se votó y que se aprobó por mayoría en este Parlamento con el voto de
muchos grupos parlamentarios nacionalistas e independentistas. Se estudió en profundidad el régimen competencial que incluye esa norma. Por tanto, claro que respeto las opiniones que pueda emitir cualquier órgano, pero le tengo que decir que no
tengo dudas de que esa norma respeta las competencias autonómicas y de que, además, es una norma importante para garantizar el acceso a la vivienda de nuestra ciudadanía.


Vuelve usted a insistir en alusiones personales a un juez. Esta parte también es aplicable al representante de Esquerra Republicana de Catalunya. Yo no puedo permitirles referencias personales, ofensas personales a ningún juez y magistrado
en nuestro país. No se lo puedo permitir. Se lo digo con toda claridad. Nuestro Estado de derecho es un Estado de derecho ejemplar y pleno, tal y como reconocen los rankings internacionales, y tiene herramientas, por supuesto, para discutir
resoluciones judiciales, para revocar y para ratificar. Desde luego, en eso no me voy a mover como ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.


El señor Álvaro plantea algunas soluciones que le voy a decir que forman parte del diálogo continuo que tiene su grupo parlamentario y el mío. Nosotros, en el Grupo Socialista, nunca vamos a apostar por decisiones divisivas que partan por
la mitad a una sociedad y que además cronifiquen un conflicto de por vida. Nunca. Nosotros apostamos por grandes acuerdos transversales, de 80 o 90 % de personas que se ven reflejadas en el acuerdo. En eso vamos a trabajar y en eso estamos
trabajando también con ustedes. Habla usted de un escritor, de Chaves Nogales, y me ha recordado el título de una obra de Chaves Nogales: Los años perdidos. Mire, yo creo que los años del proceso independentista fueron años perdidos para
Cataluña, y lo que tenemos que hacer ahora -y estamos haciendo- es recuperar esa década perdida para Cataluña, para que ahora Cataluña sea motor de España y de Europa en inversiones, en economía, en empresas, en emprendimiento, en oportunidades, en
europeísmo y en avances sociales. Desde luego, con nosotros puede estar convencido de que haremos ese trabajo.


Señor Pisarello, compartimos esa preocupación por el ascenso de los partidos de ultraderecha en Europa. Es un episodio que lamentablemente está ocurriendo en nuestro continente y que también ocurre en otros continentes. Fíjese con qué
facilidad hemos llegado a un acuerdo. Usted hablaba en su primera intervención de una revolución -a mí no me gustaba el término- y me dice en esta segunda que prefiere ambición democrática. Ahí compartimos. Tenemos una ambición democrática para
transformar y mejorar nuestro país y, por tanto, sin ninguna duda, lo haremos. Hacía también referencia a Machado y recuerda usted el verso sobre esas buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Es para ellos para quienes gobernamos, para
esa gente que desea que su país sea cada día mejor.


Señora Méndez Monasterio, no creo haberla ofendido ni insultado en mi intervención. Si me dice usted un ejemplo concreto, no tendría ningún inconveniente en retirarlo. Además, es algo que llevo a gala, si me permite: no faltar a nadie al
respeto en estos debates tan apasionados que tenemos. Lo intento, y lo

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intento mucho, créame, porque no quiero ofender ni insultar a nadie porque tenga una ideología distinta a la mía. Por tanto, no hago referencias personales, el debate siempre es intenso, pero evito cualquier falta de respeto a cualquier
persona. Le agradezco mucho, sin ningún tipo de doblez, que haya hablado de economía. Qué pena que estemos acabando la comparecencia, porque quiero hablar de economía, quiero hablar de deuda y quiero hablar de crecimiento económico. Sí, sí, el
presidente estaría encantado, pero ahora tienen ustedes otra comparecencia y seguro que querrán ir a dormir a casa, o no, yo ahí no me meto, pero seguro que quieren acabar pronto.


Hablemos de economía. España ha crecido en 2023 un 2,5 % de su producto interior bruto, cinco veces la media europea, que ha sido el 0,5. Este crecimiento económico es empleo con derechos, con dignidad, es crecimiento, es progreso y es
prosperidad de nuestro país. Dice usted: vale, pero es que las previsiones son más altas. ¿Las previsiones de quién? Si pulverizamos las previsiones, si siempre las mejoramos, incluso las nuestras, mejoramos las previsiones del Gobierno en
materia económica. Con lo cual, si usted me indica qué previsiones, perfecto, las repasaré. Pero me dice más: No, es que es a cargo de deuda, que no hace más que subir. Pues, mire, le voy a dar los datos: en 2020 la ratio de deuda pública era
el 120 %; en 2021, el 116; en 2022, el 111, y en 2023 -no tenemos datos definitivos- sigue bajando. Por tanto, su afirmación de que lo hacemos con cargo a deuda, que no hace más que aumentar, es objetiva y técnicamente inexacta; inexacta.


Habla de la ruptura del orden constitucional, de estas cosas que dicen ustedes con cierta frecuencia, y de que ustedes son defensores de la cultura de la vida, a diferencia de nosotros, parece ser. Me pregunta con mucha pasión: ¿Pero es
que el aborto es un derecho? Me pasa como con la reconciliación, con la no consideración como terrorismo del proceso independentista y como con la amnistía y los indultos. En esto pienso lo mismo que el señor Feijóo. ¿Se acuerda hace año y medio
o dos años que el señor Feijóo dijo que era un derecho fundamental el derecho de las mujeres a abortar? Luego, los sectores de su partido menos convencidos con esa afirmación le dijeron que por ahí no, y dijo: bueno, vale, un derecho fundamental
no, pero un derecho, sí. Bien, pues yo en materia de aborto pienso como el señor Feijóo, que es un derecho para las mujeres, pienso que es un derecho de las mujeres. Por cierto, iguales que todo el mundo, porque verdaderamente son excepcionales
los países donde no está regulada la interrupción voluntaria del embarazo, que es un avance en la libertad de las mujeres.


Ya me ha explicado que efectivamente usted considera que la socialdemocracia y el socialismo es una ideología perversa. Lo ha hecho con unos argumentos muy peregrinos, pero usted lo piensa. (La señora Méndez Monasterio: La ideología de
género, no el socialismo. No tergiverse mis palabras, señor ministro). Ideología de género. Bueno, pues ideología de género. No he entendido exactamente lo que usted decía, lo he entendido de una manera distinta, pero llamar ideología de género
a una ideología que lo que pretende es garantizar la igualdad entre hombres y mujeres muy perversa no parece, más bien parece muy digna una ideología como la socialista, que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres.


Señor Rallo, gracias por su intervención. Usted se ha referido a la intervención de la señora Álvarez de Toledo. Le agradezco mucho el apoyo del grupo parlamentario al que pertenecemos los dos. Seguiremos trabajando conjuntamente, como
con todo el grupo y todo el partido, para seguir mejorando las condiciones de vida en nuestra querida España.


Paso a responder brevemente a la señora Álvarez de Toledo. Créame que me alegra mucho que yo le enternezca. Pues, mire, ahí tenemos un punto de entendimiento, tenemos un puente para entendernos. Permítame, es recíproco, porque también
usted me enternece a mí y, por tanto, enternecidos los dos, llevémonos mejor, digamos cosas más razonables, no como hace usted habitualmente con sus discursos tan sumamente extremistas. Desde esa ternura que nos tenemos y que es recíproca, señora
Álvarez de Toledo, critica usted que esté manteniendo conversaciones con su partido en el seno de la Comisión Europea -como propuso su partido-, con el comisario Reynders presente en la mesa -como propuso su partido-, para cumplir la ley y la
Constitución, como deseo y como espero que haga su partido. El modelo del Consejo General del Poder Judicial proviene de un gran pacto de Estado que se logró en España en el año 2001. Usted y yo, que somos no solo tiernos sino muy jóvenes,
consideramos que 2001 no es la prehistoria; es decir, hace bien poco en términos democráticos. En 2001 hubo un gran acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, donde se estableció cuál era el régimen del Consejo General del Poder
Judicial y, en general, de la justicia española. Yo defiendo ese pacto, porque cuando llegamos a un acuerdo, cuando damos la mano, lo cumplimos. Estoy convencido de que en este trabajo que hemos iniciado con su partido -no con su entusiasmo- vamos
a trabajar para cumplir la ley, cumplir la Constitución y mejorar y renovar la confianza en el órgano de gobierno de los jueces.

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Señora Álvarez de Toledo, hace usted una comparación de una persona conmigo que no sé si pretendía ser ofensiva, pero, desde luego, no lo ha conseguido; me compara con Torcuato Fernández-Miranda. (La señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos:
Ofensivo para Torcuato, en todo caso). Pues fue uno de los grandes hacedores de la Constitución, uno de los grandes hacedores de la transición. Por tanto, encantado de que me compare con esa persona; encantado de que me compare con este señor que
tanto hizo para que España tuviera una democracia y una Constitución. Y como me hace una dicotomía de con quién se queda usted de los personajes de la Transición (la señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos: Yo no he dicho eso. No me ha entendido.
Tiene un problema cognitivo), le pregunto: ¿de quién está usted más cerca del señor Fraga o del señor Blas Piñar? (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, no estamos en turno de interpelaciones.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Bueno, pues no interpelaré. (La señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos: Perdón, es que no me ha entendido). Me está diciendo la señora Álvarez de
Toledo que no entiendo el castellano. (La señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos: No, que no me ha entendido).


En definitiva, si usted me pregunta a mí de quién me siento más cerca, permítame que tenga el mismo derecho -en esta nueva relación enternecedora que hemos establecido usted y yo- de preguntarle si usted se siente más cerca del señor Fraga o
del señor Blas Piñar. Porque, escuchando sus intervenciones puede haber dudas, se lo digo, puede haber dudas. Puede haber gente que escuche sus intervenciones y que crea que se parecen más a las que podría pronunciar el señor Blas Piñar que a las
que pronunciaba el señor Fraga. Ahí lo dejamos, a criterio de la ciudadanía.


Por cierto, ha hecho usted una referencia... En ningún momento intento faltarle al respeto a usted, en ningún momento. Espero que usted haga lo mismo conmigo. Usted y yo podemos tener debates intensos en esta Cámara, ojalá legendarios,
pero en ningún momento intento ofenderla ni hacer referencias personales a su persona, a su historia o a su trayectoria, en ningún momento. Si en algún momento es así, le ruego que me lo indique, porque yo quiero debatir con usted ideologías. Yo
sé que usted tiene unos fundamentos ideológicos sólidos y profundos, y se lo reconozco, y aspiro a que usted me reconozca a mí que también tengo unos fundamentos ideológicos sólidos y profundos, en mi caso, en la socialdemocracia y en el socialismo.
Hagamos debates ideológicos. No es necesario faltarse al respeto. Y sus intervenciones, señora Álvarez de Toledo, llegan al límite y, en ocasiones, pueden sobrepasar ese límite con referencias ofensivas en lo personal. Yo, nunca, jamás, haré eso;
nunca, jamás, más allá de que hagamos un debate apasionado, por supuesto, como somos usted y yo, que creemos en lo que pensamos, y esa es una ventaja y un valor para este debate.


Me habla usted de Cataluña. Hemos tenido tantas veces el debate sobre la amnistía que, obviamente, sus argumentos y los míos se repiten, pero le voy a hacer una pregunta que no es una referencia personal, señor presidente, no lo es; es una
pregunta para que respondan los aquí presentes y también la ciudadanía que nos escuche, porque me parece muy relevante.


El señor PRESIDENTE: Pero, después de la comparecencia, porque no tienen turno de réplica.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Pues pueden responder ustedes en la intimidad.


¿Me pueden ustedes -y no voy a hacer ni siquiera referencia personal a usted-, los que son contrarios en esta sala a la tramitación de la ley de amnistía, responder a una pregunta? ¿Cómo es posible que en la Unión Europea se hayan aprobado
cincuenta y dos amnistías, en Italia, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Suecia, en Portugal, y España no puede aprobar una ley de amnistía conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea? ¿Cómo es posible? (Rumores). Esa
herramienta constitucional, legal y política la tienen todos los países de la Unión Europea, ¿por qué España no la tiene? ¿Qué nos hace diferentes? (Rumores.-La señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos: A cambio del Gobierno). Pues le respondo.
No nos hace diferentes nada. España aprobará una ley de amnistía, como ha habido cincuenta y dos en el seno de la Unión Europea y será, como las cincuenta y dos anteriores, conforme al derecho de la Unión y plenamente constitucional. Además, esta
ley de amnistía tendrá una gran ventaja que será, como dice el título de la norma, la normalización política, social e institucional de Cataluña. Y esa ventaja, que es un gran beneficio para la sociedad catalana y, por

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supuesto, para la sociedad española en su conjunto, es también una muy buena noticia para ustedes. Lo será, no tengan ninguna duda.


Termino agradeciéndoles a todos ustedes sus intervenciones. Espero que haya sido un debate no solo enternecedor, sino también constructivo, y que hayamos aprendido algo de lo que opinamos unos y otros y que, en alguna medida, este debate
nos haya ayudado a entendernos mejor.


Buenas tardes y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Voy a acompañar al compareciente a la salida, y voy a buscar a la siguiente compareciente, Carmen Calvo, para continuar con el orden del día. (Pausa).


COMPARECENCIA DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN CALVO POYATO, CANDIDATA PROPUESTA POR EL GOBIERNO COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ESTADO, A LOS EFECTOS DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DE LA LEY 3/2015, DE 30 DE MARZO, REGULADORA DEL EJERCICIO DEL
ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 276/000009).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, continuamos con la sesión. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia de doña María del Carmen Calvo, candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado, a
los efectos de la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Así que, sin más dilación, porque nos conocemos y ya llevamos una sesión larga y
vamos ahora con otra comparecencia, le doy la palabra a la compareciente para que exponga lo que quiera a la Comisión.


La señora CALVO POYATO (candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado): Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Comparezco en esta Comisión, en la que lo he hecho en otras ocasiones en unas circunstancias distintas, y en este caso lo hago para cumplir el trámite previsto una vez que he sido señalada por el Gobierno para
alcanzar la Presidencia del Consejo de Estado. Esta es una comparecencia singular por cuanto se trata de exponer mi currículum, en este caso currículum académico de actividad en la vida pública de nuestro país y de mi dedicación también a la
política; en definitiva, de la trayectoria vital a estas alturas de mi vida.


Señorías, por suerte para mí, he podido orientar mi vida profesional desde el inicio a la especialidad del derecho constitucional, lo que me ha permitido después haberme dedicado al ejercicio de la representación política de los cargos
públicos como una suerte de combinación que ha resultado extraordinariamente interesante. Sus señorías saben que el derecho constitucional no deja de ser la arquitectura, la reflexión jurídica y las decisiones fundamentales en el Estado
constitucional y en los modelos democráticos de toda la arquitectura de convivencia y del propio sistema político. Conocer esto desde el inicio de mis decisiones profesionales privadas me ha ayudado mucho a lo largo de mi trayectoria política por
cuanto he podido ver de una manera teórica y después de una manera práctica las dos caras de una misma moneda que es el orden constitucional. Para mí, esto ha significado también en diferentes etapas de la vida una segunda suerte en las
consecuencias porque he podido reflexionar de manera pública, oral o escrita, desde una particular experiencia que, como decía al inicio, he tenido la suerte de poder tener a lo largo de mi vida.


Yo elijo estudiar Derecho Público. Parece que desde el inicio me orientaban hacia todas las disciplinas y áreas del derecho englobadas en tal concepto. Llego relativamente tarde a la política formalizada, es decir, a la militancia y a los
cargos públicos. Siempre estuve en el ámbito de la participación intensa cívicamente en el final de la dictadura, pero me incorporo de manera formal relativamente tarde. Cuando llego, soy doctora en Derecho Constitucional en el ámbito del Derecho
Parlamentario, tengo aprobadas mis oposiciones al cuerpo de profesores titulares de universidad en el área de Derecho Constitucional, y había estado dieciséis años dirigiendo tesinas, dando clases, prácticas y másteres, todo lo que conlleva la vida
académica, además de realizar mi tesis doctoral.


Me incorporo de manera independiente a las filas del Partido Socialista Obrero Español, como es conocido por sus señorías y por alguna gente más. Lo hago en el Gobierno de Andalucía en un área que para mí era, evidentemente, ajena a lo que
había constituido mi vida prácticamente hasta los cuarenta

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años, el área de cultura. Ahí empecé a vivir de manera directa y práctica el otro lado de lo que yo había explicado a mis alumnos y a mis alumnas continuamente durante tantos años, que es la potestad legislativa ejercida de manera activa:
la redacción de leyes, el debate de estas, el conocimiento directo en primera persona del procedimiento parlamentario y, naturalmente, el fin más importante de la actividad legislativa que es alcanzar en los boletines oficiales la consolidación del
intento en una norma jurídica de obligado cumplimiento, en este caso, en el ámbito autonómico.


Durante ocho años ejercí estas responsabilidades en el ámbito de la cultura, donde aprendí una variable importante del derecho a la cultura de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país en unos tiempos donde desplegaba velas de
manera muy intensa una sociedad como la nuestra, que progresaba en todos los órdenes, también, obviamente, en el económico y que podía tener, como era el caso, un avance notable en las estructuras y en las infraestructuras culturales de nuestro
país. Lo hice en mi tierra. No hace falta que les diga a sus señorías que el Gobierno de Andalucía -por población, desde luego- es el segundo que asume responsabilidades políticas después del de España y también por volumen de presupuestos en la
ejecución es el segundo en el rango de estas magnitudes, que no significa, más que de forma cuantitativa, la experiencia del Gobierno que alcancé durante ocho años.


En ese momento y finalizadas estas dos legislaturas, yo tuve un primer intento de volver a mis tareas académicas en mi facultad, a continuar mi carrera académica, pero fui llamada, ya en mi condición de militante del partido, a formar parte
del primer Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, donde volví a hacerme cargo del área de cultura. Durante ese periodo -no de manera directa como cuando se es parlamentario en el Parlamento autonómico o, en este caso, diputada en las Cortes
Generales, en esta Cámara en la que nos hallamos porque no hay experiencia directa si formas parte del Ejecutivo- pude afrontar también la experiencia de ocupar los escaños tanto autonómicos como nacionales en esta Cámara y hacerme cargo de una
nueva experiencia para mí como era la legislación estatal a partir de toda la labor normativa que pude llevar durante casi cuatro años al frente del Ministerio de Cultura. Comprobé también la mecánica de esta Cámara en la forma en la que el
Ejecutivo lo tiene que hacer, impulsando los proyectos de ley y también en las tareas del sometimiento a control como es debido.


A partir de ese momento, volví a tomar una decisión sobre mi vida y fue volver a mi facultad, volver a las aulas, volver a las tareas académicas por decisión propia. Mantuve durante siete años mi permanencia en la que pude trabajar en
líneas de investigación que me eran particularmente queridas y que me resultaban interesantes en ese momento. Siempre he mantenido una línea continua de trabajo en muy diferentes fórmulas: seminarios, másteres o conferencias -para mí muy difícil
de contar- y, naturalmente, publicaciones en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres para desarrollar con plenitud la combinatoria del artículo 9 y del artículo 14 de nuestra Constitución, que forman parte de mi identidad pública y de mi
identidad personal, como imagino que sus señorías saben.


A partir de ese momento y en los siete años que volví a estar en las aulas me interesé por un asunto que formaba parte también de los avatares políticos de nuestro país desde la reflexión académica. En ese mismo tiempo presidí la fundación
de ideas de mi partido en el territorio al que pertenezco, Andalucía, para poder desarrollar trabajos relativos a la estructura territorial del Estado en alguna publicación en la que se hicieron propuestas interesantes de una reforma federal del
modelo autonómico, que tan exitoso ha sido no solamente para la historia de nuestro país, sino también para una parte mollar del desarrollo de nuestro propio ordenamiento constitucional imbricado en el Título VIII.


Pasados esos siete años donde pude hacerme cargo también de la dirección de alguna tesis doctoral, de manera nuevamente no prevista por mí, fui llamada por quien en ese momento asumía la responsabilidad del timón del Partido Socialista para
incorporarme nuevamente a la política activa. Lo hice en una lista electoral que encabezaba por mi territorio más concreto, Córdoba, para llegar a ser diputada nuevamente en esta Cámara, de la que lo he podido ser en tres legislaturas. Asumí
responsabilidades de un territorio dentro de la experiencia parlamentaria que yo, evidentemente, no conocía al salir del primer Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Durante el resto de la legislatura, algo más de un año, asumí la
Vicepresidencia primera de esta Cámara, que ahora mismo veo que compartí con algún diputado que está sentado en esta Comisión y que formó parte de aquella Mesa durante la Presidencia de don Manuel Marín. Posteriormente, me tocó -con gran aprecio
por mi parte- la semejante tarea de organizar, por primera vez, la Comisión de Igualdad de esta Cámara con rango legislativo presidiéndola en el inicio de aquella legislatura. He presidido la Comisión de Igualdad en dos ocasiones y, fugazmente, en
una última ocasión en lo que llevamos de esta legislatura. En ella adquirí también conocimientos importantes desde otra perspectiva distinta -para quien siempre eligió el derecho parlamentario como

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especialidad más profunda en el ámbito del derecho constitucional- como es el funcionamiento de una Comisión, el trabajo normativo en Comisión, además de las tareas que asume una Comisión en algunas leyes importantes que tuvimos que vivir
durante la primera vez en la que pude presidir la Comisión de Igualdad. Como ven sus señorías, he tenido pasarelas continuas por razones casuales de mi vida, -repito, en algunas ocasiones ni previstas ni pensadas ni pedidas, sino en una suerte de
combinatoria vital que me ha ido ocurriendo a lo largo ya de muchos años- entre la teoría y la práctica de los cargos, de la reflexión, de la academia, del contacto continuo con los alumnos y con la vida diferente de la reflexión intelectual y de la
docencia en un ámbito y en otro cuando he podido, repito, estar continuamente en un lado y en el otro de esta situación que considero privilegiada, al menos para mí, por lo que he podido aprender a lo largo, repito, de tantos años.


Finalmente, en ese último período en el que vuelvo a la política activa, después de otros siete años fuera de ella, me incorporo a una experiencia que tampoco tenía que fue asumir, en una primera legislatura del presidente Sánchez, la
Vicepresidencia única del Gobierno de la nación. Fue una experiencia particularmente intensa e importante por una razón que sus señorías conocen. Algunos de los que están aquí presentes participaron de aquel momento. En el Derecho Constitucional
-y aquí hay algún colega- hay artículos que cuando nos enfrentamos a ellos para explicárselos a los alumnos en los seminarios o en los trabajos fin de grado a veces cuesta trabajo enfocarlos en la práctica. En la teoría pueden estar bastante bien
debatidos. Me refiero a los artículos 116 o 113. A veces hay magníficas monografías dedicadas a ellos, pero cuesta trabajo explicarlos en la práctica. Esto tiene que ver con no haber sido utilizados de manera intensa o importante en la praxis
política y jurídica de nuestro país. La vida me ha permitido tener que vivir con intensidad estos dos artículos, como sus señorías saben. La primera legislatura del presidente Sánchez se formula mediante el procedimiento constitucional de la
moción de censura. Vivimos de manera -en este caso desgraciadamente intensa- todo lo que supuso poner en marcha el estado de alarma a través de los estados previstos en el artículo 116 para que el Gobierno pudiera hacerse cargo -nada más y nada
menos- de la triste situación pandémica que hubo de vivir el mundo. El Gobierno de la Nación tuvo que afrontar esta situación en combinatoria con el estado de alarma y el rendimiento de cuentas que había de hacerse preceptivamente establecido
justamente en esta Cámara. Algunas de sus señorías lo recordarán.


Volví a formar parte del siguiente Gobierno del presidente Sánchez pasadas las elecciones generales que hubieron de repetirse y pude ser también, durante algo más de dos años, la vicepresidenta primera del Gobierno. Me hice cargo de algunas
materias, independientemente del Ministerio de la Presidencia, que llevaban en sí mismo una tarea extraordinariamente afín y querida para mí como eran las relaciones con las Cortes, a través en las dos legislaturas de la Secretaría de Estado de
Relaciones con las Cortes. Todo ello para seguir mucho más de cerca, de manera global y coordinada y de manera mucho más intensa de lo que lo pueda hacer cualquier ministro dedicado temáticamente en exclusiva a sus competencias como puede ser el
Ministerio de la Presidencia, las iniciativas legislativas que el Gobierno trae a las Cortes Generales, en concreto, a esta Cámara. Además, lo combiné con las responsabilidades como ministra de Igualdad que, particularmente, fueron muy
gratificantes para mí. Añadiré que también, en esa misma dimensión de la gratificación política, haber sido ministra de Memoria Democrática. Esa última etapa la combino, como es lógico y de esperar que se estén imaginando sus señorías, con algunas
iniciativas legislativas que, posteriormente, se han rematado, como bien saben, y que tienen que ver con alguna cuestión particularmente feliz para la vida política de nuestro país, como ha sido haber modificado el artículo 49 de la Constitución
para eliminar términos que denostan la consideración de nuestros compatriotas con discapacidad.


Es cierto que cuando se vive la experiencia directa de un área temática -yo lo he podido vivir en materia de cultura durante casi doce años- acabas adquiriendo conocimientos no solamente políticos, sino también conocimientos técnicos
bastante importantes a poco que se sea diligente y se esté atenta, y a lo largo de tanto tiempo se está, sin duda de ningún tipo. También es verdad que en el resto de los cargos que he tenido -incluida la Vicepresidencia de esta Cámara- acabas
acumulando también una fórmula de conocimiento, de experiencia y de asunción de responsabilidades que, en términos coloquiales, podemos llamar el generalismo, lo de tener que acabar entrando en todo, coordinando un Gobierno en todas la materias, en
toda la producción normativa, en todo el impulso legislativo del Gobierno, además, evidentemente, del trabajo puramente político y de la oportunidad política y de los criterios políticos de coordinar un Gobierno durante tres años y medio que ha sido
también el caso. Acabas derivando tus tendencias o tus especialidades en competencias singulares que hayas podido tener para convertirte en

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una especie de saco común donde acabas aprendiendo muchas cuestiones. Me van a permitir sus señorías que les comente de manera muy breve que ayer justamente celebramos los doscientos años de la existencia del Consejo de Ministros como tal y
de las primeras actas que nuestro país tiene. Sus señorías saben con seguridad que nuestro país es una de las grandes potencias archivísticas del mundo. Seguramente somos el país con los mejores archivos del mundo. Se conservan las primeras actas
del Consejo de Ministros y ayer celebramos un acto -yo diría que ejemplar y brillante- donde ministros de la Presidencia de todos los partidos políticos que hemos alcanzado el Gobierno de España pudimos compartir también la fórmula de trabajo de
cómo se coordina un Gobierno con otros ministros de la Presidencia de partidos políticos diferentes al que pertenece quien les habla. Todo esto sucedió justamente ayer, en un formato muy necesario para la tranquilidad y para la vida política de
nuestro país, donde las experiencias del servicio a nuestro país, a través de un órgano, se podían combinar con miradas ideológicas diferentes en etapas muy diferentes de las responsabilidades que habíamos asumido. Estamos hablando del inicio de la
democracia española con el Gobierno de la Unión de Centro Democrático, con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Ayer hablábamos de manera extraordinariamente profunda, delante de un auditorio bien interesante, de cómo hay muchas más
similitudes, cuando se aprende en ese lugar, entre la generalidad de coordinar un Gobierno y los entresijos que acaba teniendo para cada uno de nosotros, y justamente todos, y por igual, reconocíamos que la condición de jurista es particularmente
importante cuando se está en esas posiciones para poder tener siempre una impronta rápida de qué hacer o no hacer, independientemente de los asesoramientos de los órganos constitucionales de nuestro país con los que se cuenta.


Llegado este punto, en las estribaciones de mis pasos en la vida pública, y siendo designada por el Gobierno y compareciendo hoy ante sus señorías para explicar mi trayectoria académica y política, que, como ven, está combinada porque he
entrado y he salido de la política -he formado parte del Gobierno de Andalucía y dos veces del Gobierno de España; he sido diputada nacional, vicepresidenta de esta Cámara y diputada en el Parlamento andaluz; he presidido comisiones y he estado en
la Diputación Permanente-, se plantea la posibilidad -en este caso por señalamiento del Gobierno- de presidir el Consejo de Estado. Como sus señorías saben, el Consejo de Estado de nuestro país es el más antiguo de Europa. Evidentemente, hablamos
de una decisión del emperador Carlos V de Alemania y I de España de 1526 de constituir un órgano que pudiera servir de apoyo para las decisiones políticas, de los báculos que en un reinado de aquella naturaleza y de aquella extensión el propio rey y
quienes ayudaban en las tareas de gestión del Imperio de nuestro país necesitaban. Es evidente que es un dato histórico que nada tiene que ver con el Consejo de Estado que recoge el artículo 107 de nuestra Constitución, pero lo señalo porque forma
parte de una trayectoria secular que tiene que ver con la necesidad del apoyo técnico y jurídico de quien tiene que tomar decisiones políticas y, como ven sus señorías, hunde unas larguísimas raíces en el tiempo, porque estamos hablando de casi
quinientos años.


Es verdad que todos los modelos constitucionales de democracias parangonables a la nuestra tienen una fórmula parecida al Consejo de Estado. Nuestro Consejo de Estado es anterior obviamente, por lo que digo, a nuestro propio modelo
constitucional actual. La Constitución lo recoge, porque así conviene a la formulación correcta de la capacidad de legislación activa que tiene reconocido el Ejecutivo, pero también recoge lo que se llama la legislación pasiva, que es quien informa
técnicamente las decisiones políticas según el texto constitucional, y lo hacemos en un marco de derecho comparado correcto, a mi juicio -aunque evidentemente no se trata de correcto o incorrecto, sino de que cada país tiene su modelo-, mucho más
parecido al modelo alemán que al modelo francés o italiano, en los que los consejos de Estado mantienen facultades jurisdiccionales, que en nuestro caso tiene atribuida la Sala tercera del Tribunal Supremo, como sus señorías saben. Es decir,
estamos delante de la regulación de un consejo consultivo, el órgano supremo de consulta del Gobierno democrático de nuestro país, que deslinda sus tareas de cualquier connotación jurisdiccional y se mantienen en el estricto espacio de la consulta,
del asesoramiento, sin más consecuencia que la división, como sus señorías también conocen, entre informes que sean preceptivos y vinculantes o no preceptivos y, por lo tanto, no vinculantes. No hay más trascendencia en esta fórmula, que -repito-
no es la que sigue Francia o Italia, donde sí se produce una jurisprudencia administrativa y sí se toman decisiones de ese calado, que no es el caso de nuestro país. El Consejo de Estado, como sus señorías saben, está regulado directamente como
órgano de Estado y como órgano constitucional en su Ley Orgánica 3/1980 y en su Reglamento 1674/1980; estas son las normas que rigen el órgano, que -repito- inicia su andadura con la exclusividad de asesorar al Gobierno.

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Daré algunas pinceladas, para no hacer muy larga mi intervención y que sus señorías pregunten, aporten y podamos concluir, sobre algo que considero importante. El Consejo de Estado, en su desarrollo de vida constitucional y,
particularmente, por lo que el propio Tribunal Constitucional ha dicho al menos en tres ocasiones importantes en sentencias de los años 1989, 1990 y 1992, ha desarrollado sus tareas para la apoyatura estrictamente técnica y desde la perspectiva
exclusivamente jurídica del impulso legislador del Gobierno. El Consejo de Estado no tiene ninguna facultad ni de oportunidad política ni de contenido político, porque para eso está sustanciada la fórmula de nuestro sistema político. Trae a la
Cámara proyectos normativos quien tiene la mayoría de la Cámara y, por tanto, está conformado como Gobierno, es a quien corresponde el derecho político, la dirección política y, por tanto, la traducción de la decisión política en futura norma en el
procedimiento parlamentario cuando llegan los proyectos a la Cámara. Al Consejo de Estado solo le ocupan las apreciaciones técnicas de manera objetiva e independiente, con algún añadido extraordinariamente importante si se estudia nuestro Consejo
de Estado en el contexto -repito- del derecho comparado. Desde el inicio, el desarrollo de la Ley Orgánica del año 1980 que lo regula ya prevé que existan consejeros natos, consejeros permanentes y consejeros electos, es decir, en tres tercios
distintos, cumpliendo tareas que nacen inexorablemente del cuerpo de letrados y de letradas, uno de los grandes cuerpos de especialización jurídica del Estado -por cierto, con notable prestigio en el ámbito del derecho-, que son quienes, asistiendo
a las tareas de los consejeros y de las consejeras, terminan formulando, tanto en la Comisión Permanente como en el plenario, los informes que emite. Señorías, si ustedes me lo permiten, les diré que esto también lo he vivido del otro lado. Al ser
ministra de la Presidencia durante casi cuatro años, he sido también quien en nombre del Gobierno -de hecho, se pueden dirigir y se dirigen de manera directa a él los ministros y ministras como tales. Conocen sus tareas, cuando tienen que pedir el
informe preceptivo y vinculante al Consejo de Estado- aglutinaba y coordinaba las relaciones del Gobierno con su órgano consultivo, evidentemente, para la emisión de los informes. Esto también lo he vivido, de manera curiosa, en el momento en el
que les hablo a sus señorías, del otro lado del trabajo que tiene que hacer el órgano de consulta.


Es verdad que el órgano de consulta se inicia con la principal tarea de trabajar en la consultoría del Gobierno, pero, como decía antes, varias sentencias de nuestro Tribunal Constitucional han ido desarrollando una jurisprudencia que ha
permitido durante un largo período de tiempo, y hasta que el desarrollo del modelo autonómico, a partir del título VIII, ha permitido tener consejos consultivos prácticamente a todas las autonomías, unas antes y otras después, como digo, ha
permitido también algo que quiero destacar ante sus señorías, la información de proyectos normativos particularmente determinantes incluso de las comunidades autónomas, es decir, también del propio desarrollo territorial de nuestro país. En algún
momento, y teniendo en cuenta que el tercio de consejeros y de consejeras natos hacen que esté presente en el Consejo de Estado también algunas otras instituciones del Estado, en alguno casos más conocidas y en otro menos conocidas, sin ir más
lejos, el propio Banco de España -el gobernador o la gobernador del Banco de España son consejeros natos del Consejo de Estado-, nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia en la que se ha permitido que el Consejo de Estado
también pueda -a petición, nunca de manera directa ni de oficio- asesorar a otras instituciones del Estado, lo cual ha ido conformando con el paso del tiempo algo que me parece relevante para el Estado de derecho en nuestro país, llamémosle
jurisprudencia, aunque técnicamente así no puede ser considerada, y es que el Consejo de Estado atesora una larga trayectoria, mediante sus informes -que es la única manera en la que el Consejo de Estado se puede pronunciar, a través de sus
informes-, que han ido ayudando de manera extraordinaria a la interpretación de las normas en nuestro país, en muchos casos a la coordinación de las normas en nuestro país y que ha sido de una ayuda extraordinaria en el nivel de la norma jurídica
que denominamos reglamento. Si me apuraran mucho sus señorías para seguir explicando cómo veo el Consejo de Estado, a veces he vivido de una u otra forma -teórica, académica, práctica, en las instituciones, como cargo público- cómo han sido
literalmente determinantes los informes que ha emitido el Consejo de Estado en el desarrollo reglamentario, en los reglamentos de las leyes de nuestro país, porque ahí es donde se acaba viendo definitivamente y mediante el asesoramiento jurídico,
con finura y con bisturí, cómo de verdad una norma acaba aplicándose de manera directa a la ciudadanía. Los propios consejos consultivos, cuando se leen las memorias del Consejo de Estado, en las reuniones anuales que se hacen con ellos, con los
consejos consultivos territoriales, reconocen la gran labor que el Consejo de Estado ha hecho en esta materia, digamos, de afinamiento jurídico.


Para ir terminando, les diré cómo veo de alguna manera el futuro de un órgano que tiene entre su personal funcionarial y laboral en torno a unas 140 personas, un presupuesto que no llega, pero casi, a

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los 15 millones, que tiene en estos momentos algunas cuestiones de intendencia que seguramente sus señorías puedan tener interés en que les explique, de las que me he ido documentando en estos días, pero en relación con algunas cuestiones
que están en el debate público en este momento y que considero particularmente interesantes. Se ha apuntado como nota de la transparencia de este órgano nada más y nada menos que una calificación del 99.1 en su transparencia en relación con el
contexto de este medidor necesario en democracia y en relación con otras instituciones. Estamos delante de un órgano que hace un esfuerzo extraordinario por esa otra dimensión que tanta confianza y tanta credibilidad genera en el conjunto de los
órganos constitucionales de nuestra democracia. Se está haciendo en este momento un esfuerzo importante por la modernización en todos los sentidos -me refiero a las nuevas tecnologías, a la comunicación, etcétera-, pero destacaré, como un último
apunte que me parece muy importante de lo que seguramente va a ser una parte del futuro de lo que tengamos que mejorar, la evaluación normativa. Si me lo permiten, creo que vivimos tiempos muy poco hegelianos, colocamos la tesis y no esperamos a la
antítesis, y desde luego no hay nada de síntesis; hay pocas conclusiones más o menos constructivas, conciliadoras, en cualquier caso necesarias para la democracia, incluso manteniéndose posiciones extraordinariamente contrapuestas. Una de esas
cuestiones afecta a la evaluación de la calidad normativa en nuestro país, que no tiene tanto que ver con la decisión política, sobre la que se puede discrepar ad infinitum, sino que tiene que ver con cómo, del lado de la seguridad jurídica del
Estado de derecho y de la calidad de las normas que producimos en los diferentes focos de emisión de legislación en nuestro país, somos capaces de hacer una reflexión también a posteriori -cuánto de esas normas se aplican, cómo, con qué
dificultades, dónde están las dificultades- que allanaría mucho el camino del entramado de un Estado compuesto como el nuestro, de los diferentes órganos particularmente de aplicación, y que allanaría también mucho el camino en un país -sus señorías
deben tener datos, igual que los tengo yo- particularmente litigioso ante nuestra Administración de Justicia si comparamos los parámetros con el resto de países europeos con los que necesariamente nos tenemos que comparar y que muchas veces vienen
de la mano de la interpretación y de la aplicación de la norma. Hay prevista una línea de trabajo con el Instituto Nacional de Administración Pública, que me parece determinante la colaboración futura posible de a quién corresponda del Consejo de
Estado en esta materia, que pudiera parecer secundaria, gris, anodina, pero que a mí particularmente me parece extraordinariamente interesante.


Por lo demás, señorías, saben con total claridad que este órgano se configura desde el inicio con una naturaleza adecuada, diría yo: hay un eje vertebral, que son el cuerpo de letrados y letradas del órgano, y otro eje en el que están
presentes instituciones y hombres y mujeres que vienen también de la experiencia política. Es más, en algunos casos el reglamento y la ley obligan a tener que nombrar algunos cargos de la extracción de haber tenido ya actividad política, sin ir más
lejos las presidencias de las comunidades autónomas, por ejemplo. ¿Por qué? Pues parece que por una razón bastante fácil de alcanzar, porque se trata de no intervenir en la oportunidad ni en el contenido político, que deciden el Gobierno y las
Cortes Generales, que son quienes legislan, pero sí de asesorar del lado técnico teórico, pero también del lado práctico de lo que se ha vivido en las instituciones. No es baladí que el órgano esté configurado de esta manera, está configurado de
esta manera porque -en esta Cámara hay también algún compañero del área y jurista más teórico- todos sabemos que el derecho en la teoría puede cuadrar perfectamente y que de ahí a la práctica hay un salto que conviene salvar por el bien del modelo
jurídico político de nuestro país y sobre todo, finalmente, por el bien del modelo en el que los ciudadanos exigen claridad, operatividad, funcionalidad de las normas con las que viven sus vidas, independientemente de las alineaciones ideológicas o
políticas en las que puedan estar. Esa es la naturaleza del órgano, que funciona en comisión permanente siempre y en plenario cuando se requiere, cuando no está delegada y, como sus señorías bien saben, con los elementos de publicidad y de
restricción del derecho al acceso a la información conveniente para un órgano cuyo informe, cuando lo emite, no pertenece al órgano, sino a quien lo ha solicitado.


Por mi parte -con esto concluyo, señorías-, considero, como he tratado de decirles con palabras más o menos adecuadas, tener una visión panóptica, bastante poliédrica de todo lo que me ha tocado vivir. No tiene gran mérito, es también la
edad, el tiempo. Ojalá no hubiese tenido que contar este currículum porque tuviera mucho menos años, que son los que he vivido y los que han transcurrido, para llegar a la Presidencia del Consejo de Estado con los criterios, repito, de
independencia, objetividad y neutralidad y, sobre todo, con el rigor con el que el órgano se pronuncia, que es en estrictos términos jurídicos. Los términos políticos son del Ejecutivo, los términos políticos son de sus señorías, que son

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quienes definitivamente, con su voto, finalizan el procedimiento de elaboración de las leyes, las llevan al tráfico jurídico y las convierten en normas para todos los ciudadanos.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Finalizada su intervención, pasaríamos a las intervenciones de los grupos, por un tiempo de diez minutos, y yo voy a intentar, por compasión hacia toda esta Comisión, ser estricto en los tiempos, más que nada porque creo que llevamos
bastante rato y la comparecencia antes ha durado más tiempo de lo que es habitual. Así que, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alberto Catalán.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señora Calvo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia y por la información que nos ha facilitado. Lo decía yo en la anterior intervención ante el ministro Bolaños, no voy a hacer una acusación o una denuncia, pero sí hay un
comportamiento que nosotros tenemos que rechazar, y lamentablemente la Presidencia del Consejo de Estado también parece que entra en esa dinámica a la hora de denunciar la situación de pretensión de colonizar todas las instituciones del propio
Estado. En mi primera intervención con el señor Bolaños le recordaba todas aquellas que en este momento están siendo ostentadas por ex altos cargos del propio Gobierno del Partido Socialista. Nosotros consideramos que no es lo más adecuado ni lo
más conveniente y, al final, va a dar la impresión de que no va a haber organismo, institución, asociación o sociedad pública del Gobierno de España que no esté ostentada por un ex alto cargo al que el señor Sánchez le tenga que deber o agradecer
algún servicio prestado. Por lo tanto -también lo decíamos en esa intervención-, una cosa es que se pueda dar alguna excepcionalidad de la norma, pero que todos los cargos sean ostentados por personas vinculadas muy directamente con el Partido
Socialista y, sobre todo, con ex altos cargos, llama poderosamente la atención.


También, señora Calvo, yo creo que tenemos que tener muy presente que esta Comisión se realiza como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, más concretamente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la que se anulaba el
nombramiento de la anterior presidenta, la también, a su vez, ex ministra de Trabajo, doña Magdalena Valerio; nombramiento, a su vez, que fue consecuencia de una dimisión de la anterior presidenta, la también exmiembro del Gobierno y
exvicepresidenta, doña María Teresa Fernández de la Vega que, curiosamente, dimitió del cargo para pasar a formar parte de la Comisión permanente del Consejo, por cierto, también con un cargo vitalicio, algo que llama poderosamente la atención y que
creemos, sinceramente, que no fue el procedimiento más adecuado posible. En este caso, no cabría tampoco, como se intentó justificar, que fuese cuestión de garantizar la independencia, al margen del partido político que esté gobernando en un
momento determinado. Yo creo, sinceramente, que eso le hace un flaco favor a la institución.


La sentencia, por cierto -y eso también hay que tenerlo en cuenta-, es consecuencia de una denuncia planteada por una fundación, en este caso la Fundación Hay Derecho, al real decreto por el que se nombraba en el año 2022, más concretamente
el 31 de octubre, presidenta del Consejo a la expresidenta de Trabajo, señora doña Magdalena Valerio. Circunstancias de la vida. Esto es lo que ocurre muchas veces con la normativa y la legalidad o la normativa a que usted hacía referencia
anteriormente y que emana del Poder Legislativo. ¿Qué hubiese acontecido si no se hubiese presentado esa denuncia y si los tribunales no hubiesen anulado dicho nombramiento? Pues, en este caso, la señora Valerio hubiese continuado ostentando la
Presidencia del Consejo de Estado sin reunir los requisitos que realmente se planteaban o vienen recogidos en la norma.


Me imagino que el Gobierno habrá tomado buena nota de esta situación. No sé si va a decir que tiene propósito de enmienda, pero sí, al menos, debiera reconocer el error, algo que realmente nosotros no hemos conocido o no se nos ha
trasladado y, por lo tanto, por ese sectarismo, por esa imposición que viene caracterizando la forma de hacer del Gobierno, creemos que ha perdido una magnífica oportunidad de reconocerlo.


Nosotros preguntaríamos lo siguiente: ¿Está seguro el Gobierno, y también sus socios, de que la señora Calvo reúne todos los requisitos que exige la normativa? ¿Reúne la idoneidad y el prestigio jurídico requeridos? Para ustedes, en su
día, la señora Valerio lo reunía, y así nos fue, o así dictó en sentido contrario el propio Tribunal Supremo.


Nosotros no seremos, señora Calvo, quienes pongamos en duda sus méritos, pero tampoco quienes los avalemos. Eso debe quedar claro. Sí deberá reconocer con nosotros que, a lo largo de su carrera profesional, ha dedicado más tiempo a la
actividad pública o política que a la jurídica. Tenemos muy claro

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y podemos poner en duda, si me lo permite en esta intervención, su credibilidad, porque uno recuerda cómo, en el propio Senado, el 27 de abril del año 2021, siendo usted vicepresidenta primera del Gobierno, en la contestación a una pregunta
de un senador independentista con relación a la ley de amnistía, dijo que esta no tenía cabida no solamente en el sistema constitucional y en el Estado de derecho de España, sino tampoco en el de ningún otro país europeo. Y, sin embargo, era
curioso observar cómo hace unas semanas decía todo lo contrario e intentaba justificar esa postura en una emisora de radio. No voy a entrar a decirle la literalidad de lo que usted manifestó, pero a mí, en aquel momento, me llamó la atención la
contundencia con la que usted se expresaba en la Cámara que se dice de representación territorial y, luego, cómo, hace unas semanas, decía todo lo contrario.


Yo entiendo también que, desde el punto de vista político, algunas veces alguien, no voy a decir que tenga que cambiar de opinión, pero sí falsear o mentir. En este caso, así lo interpretamos nosotros. Y entiendo que lo hizo por fuerza
mayor, porque sabía usted que necesitaban los votos, en este caso concreto, de los secesionistas y que, por lo tanto, tenía que cambiar de criterio.


Por otro lado, y voy terminando, señor presidente, para presidir este Consejo de Estado, como se dice, hay que ser jurista de reconocido prestigio. De hecho, vuelvo a insistir, la señora Magdalena Valerio ha dejado de presidirlo,
precisamente, porque no lo era, y así lo dictaminó el Tribunal Supremo. Para el Gobierno lo eran tanto la señora Valerio como lo es usted. Nosotros no lo tenemos tan claro, pero, evidentemente, no podemos apoyar su nombramiento, porque entra
dentro de esa estrategia de colonizar las instituciones, con la que nosotros no podemos estar de acuerdo.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Catalán.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario SUMAR, la señora Esther Gil.


La señora GIL DE REBOLEÑO LASTORTRES: Buenas tardes, señor presidente, señora Calvo.


Señorías, en el artículo 107 de la Constitución establece que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno que debe velar por la calidad técnica y la observancia de la Constitución y el ordenamiento jurídico; emite
dictámenes que no son vinculantes, que pueden ser atendidos o meramente oídos. Los criterios para considerar a una persona idónea para la Presidencia del Consejo de Estado no son solo políticos e ideológicos, también lo son por su experiencia en
asuntos de Estado y como jurista. La señora Carmen Calvo cumple con estos requisitos meramente técnicos de idoneidad, como doctora de la Universidad de Córdoba en Derecho Constitucional, profesora titular en excedencia de esta, vicedecana, en su
día, experimentada parlamentaria en la Junta de Andalucía, ministra del Gobierno de España durante seis años, donde ha ocupado diversas carteras, y vicepresidenta primera durante cuatro años de su ejercicio, así como presidenta de la Comisión de
Igualdad.


El Grupo Parlamentario SUMAR no tenemos ninguna reserva en admitir de pleno grado su idoneidad y capacidad como jurista. Por ello, nuestra valoración ha sido favorable. Pero sí he de confesarle que tengo el alma dividida. Usted ha sido
durante muchos años, ya no solo a título personal para mí, referente en este país del movimiento feminista, pero, no obstante, no seríamos honestas intelectualmente si no dejásemos en claro lo siguiente. Queremos hacer nuestras, al mismo tiempo,
las preocupaciones expresadas por organizaciones como COGAM o el colectivo LGTBI de Madrid, que en un comunicado, el lunes pasado, remarcaba que es esencial que las figuras públicas demuestren un compromiso real con la inclusión y el respeto hacia
todas las identidades de género y orientaciones sexuales.


En su día, en SUMAR ya nos pronunciamos de forma clara sobre el nombramiento de Isabel García. La dirección del Instituto de las Mujeres no puede estar en manos de quien menosprecia e insulta a las mujeres y a las personas LGTBI, porque la
libertad es de todas, todos y 'todes' o no es de nadie. Era particularmente preocupante en aquel caso que, quien iba a estar implicada en la ejecución y puesta en práctica de leyes que afectan directamente a las personas trans, se hubiera
manifestado públicamente y en reiteradas ocasiones faltándoles al respeto a las propias personas trans. Hace unos días, conocíamos una sentencia innovadora de la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenaba a seis meses de prisión y al pago de
una indemnización a una persona que había negado en redes sociales la identidad de género de una mujer trans. La sentencia era pionera, no por su resolución, sino por su contenido. Consideraba que esa negación, en sí misma, ya constituía una
humillación y un menoscabo de su identidad, con voluntad de ridiculizarla. Desde el firme compromiso que SUMAR tiene con las personas trans, nos preocupa especialmente que algunos hayan negado la identidad como mujer de alguien tan admirable como
nuestra senadora Carla Antonelli, escudándose en desconocer sus circunstancias

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personales; que se haya mentido en el pasado hablando de que la ley trans estatal iba a imponer tratamientos médicos o cirugías a menores, cuando lo que se hacía era desmedicalizar y cuando los tratamientos médicos estaban regulados, desde
hace años, por las comunidades autónomas.


En SUMAR sabemos muy bien a quiénes defendemos. Por eso, estamos convencidas de que la mejor manera de combatir la transfobia no es entrar en el juego del cruce de acusaciones ni tampoco escenificar guerras entre nombres propios, no es ese
nuestro estilo. La mejor manera de combatir la transfobia es con argumentos, con razones, con convencimientos y con explicaciones. Las personas trans no son personas con problemas con su identidad en su cuerpo, son personas que merecen el mismo
derecho a existir libremente que cualquier otra y para las cuales el conflicto radica en una sociedad que las juzga y las discrimina.


Debemos repetirlo una y mil veces porque parece que a muchos se les olvida: las mujeres no somos paritorios ni vientres ni úteros andantes ni nos regimos por ninguna mística de feminidad alguna. A ninguna mujer nos quitan los derechos
otorgándoselos a las personas trans: sus libertades amplían las nuestras y hacen de nuestro país un país más justo, más decente y más libre. Cualquiera que desde una trinchera quiera limitarlas o restringirlas -como hemos visto recientemente a la
señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, pero también, y lo digo con tristeza, en una gran parte de la izquierda que le ha comprado el discurso a la extrema derecha- nos hallará enfrente.


Nosotras defendemos sin ambages que no hay teorías ni leyes que las apliquen que estén en la actualidad haciendo nada parecido a negar la realidad de las mujeres, que ningún activismo queer las ha desdibujado -siendo las teorías queer una
rama de investigación y teorización académica feminista-, del mismo modo que la puesta en práctica de la autodeterminación de género no ha supuesto inseguridad jurídica alguna, sino el cumplimiento del derecho al reconocimiento de la identidad de
género libremente manifestada, en consonancia con lo que se nos pedía desde la jurisprudencia europea en lo relativo a los derechos humanos y también a la jurisprudencia nacional. Por eso, repetimos alto y claro que no puede usarse a las personas
trans como herramienta para la lucha interpartidista, porque ningún colectivo merece ser instrumentalizado y porque la política no se hace sirviéndose de los derechos, sino ampliándolos y peleándolos, que nunca nos hemos confundido de bando y que en
el futuro tampoco lo haremos.


SUMAR no va a permitir que la transfobia se ejerza desde las instituciones. Es más, mientras nosotras formemos parte del Gobierno velaremos para que no se dé ni un paso atrás en los derechos LGTBI si no es para coger impulso y avanzar en
ampliarlos. Recordemos que en la campaña electoral de las elecciones del 23-J una persona de VOX, en un debate organizado por la Agencia EFE, llegó a decir de nuestra portavoz de feminismo, Elizabeth Duval, que por ser una mujer trans era una
enferma crónica. El país en blanco y negro que la extrema derecha ha dibujado para las personas LGTBI no es el país que queremos. También responderemos donde sea necesario y cuando sea necesario, y si hay una parte de la izquierda o del feminismo
que, lamentablemente, decide seguir esta línea discursiva de la derecha, nos tendrá enfrente.


Este es, en definitiva, nuestro compromiso, porque no concebimos el feminismo si no es interseccional y no incluye a las mujeres trans y a las personas trans en general. Las organizaciones LGTBI saben que contarán con nosotras hasta el
final, en el Legislativo y en el Ejecutivo, en las instituciones y en las calles. Haber tenido dudas sobre la ley trans o haberla debatido durante su trámite legislativo no es transfobia. La transfobia aparece cuando se ponen en peligro los
derechos de las personas trans, de hombres y mujeres, de menores, de niñas, niños y 'niñes', y será ahí, en la defensa inquebrantable de los derechos conquistados y en la vocación de ampliarlos donde estaremos luchando por los derechos de estas
personas, donde nosotras tenemos nuestra línea roja dibujada.


Enhorabuena, señora Calvo, y muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Carlos Flores.


El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia, señor presidente.


Todos los que estamos aquí esta tarde tenemos algo en común, y es que todos estamos en deuda de gratitud con la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por su sentencia de 30 de noviembre del año pasado. La señora Calvo
está en deuda de gratitud con el Tribunal Supremo porque, si no fuese por esa sentencia, ella no estaría aquí. Ella no fue la primera y tengo entendido, si los rumores acerca de Conde-Pumpido no son inciertos, que tampoco sería la última de las
opciones de Pedro Sánchez para presidir el Consejo de Estado. Y nosotros estamos en deuda de gratitud porque con esa

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sentencia disponemos de mecanismos interpretativos para acotar lo que hasta ahora era un concepto jurídico indeterminado, que son aquellas normas de las cuales no puede deducirse con absoluta seguridad lo que quieren decir. Gracias al
Tribunal Supremo, ahora podemos saber qué es exactamente eso que la ley llama jurista de reconocido prestigio.


En esa sentencia, a la que ha hecho referencia también el señor Catalán y en la que yo me quiero detener, se interpreta el alcance del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado: El presidente del Consejo de Estado será
nombrado libremente, por real decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su presidente, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. Lo que el Tribunal Supremo hace respecto de esta frase son tres cosas.
La primera es clarificar de manera cristalina que el artículo 6.1 de la ley establece dos condiciones, no una ni otra, no una y otra, dos condiciones, y aún más, sin que haya excepción ni matización ni preferencia de la una con la otra. Ambos son
requisitos diferentes e imprescindibles, y no es un requisito, son dos, y no hay capacidad de intercambio o de compensación entre los dos. Hace falta reconocido prestigio y hace falta experiencia en los asuntos de Estado.


Hace falta experiencia en los asuntos de Estado porque -dice el Tribunal Supremo- es congruente con la relevancia política y pública de las cuestiones sobre las que debe informar el Consejo y el peso que tienen sus dictámenes. Y hace falta
reconocido prestigio por la función consultiva que desempeña, que es esencialmente jurídica, y por eso interesa que su presidente posea el reconocimiento profesional de la comunidad de los juristas. ¿Qué significa prestigio? También el Tribunal
Supremo nos clarifica el significado de esta palabra: pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito; ascendiente, influencia, autoridad. Y concluye en aquel caso: la notoria y sobresaliente trayectoria de Magdalena Valerio, ministra,
diputada, consejera, teniente de alcalde y concejal, entre otras responsabilidades públicas, acredita su profunda experiencia en asuntos de Estado, pero ello no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio. Su curriculum vitae demuestra
una carrera funcional meritoria, pero no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido.


¿Ese es su caso, señora Calvo? Yo no tengo ninguna duda de que usted presenta una carrera funcionarial meritoria, muy meritoria, mucho más meritoria que la de cualquier otro diputado que esté aquí en esta Comisión, y hasta diría que más
meritoria que la de todos nosotros juntos. Usted la ha resumido: consejera del Consejo Económico y Social, consejera de Cultura, diputada por Córdoba en el Parlamento de Andalucía -no la Junta de Andalucía, ese es el Ejecutivo, en el Parlamento de
Andalucía-, diputada en el Congreso, ministra de Cultura, vicepresidenta primera del Congreso y vicepresidenta del Gobierno en dos ocasiones; una más que meritoria sobresaliente carrera de servicio público. ¿Pero es usted una jurista de reconocido
prestigio? Gracias a Dios -bueno, igual mis colegas discrepan de eso-, a estas alturas el prestigio de un profesional de la enseñanza, de la docencia, de un profesor universitario es susceptible de medirse, yo diría que con precisión milimétrica.
No es necesario preguntar a los colegas en los corrillos, no es necesario consultar los chats de WhatsApp -si lo hiciésemos, resultaría extremadamente desagradable-, no es preciso comentar o escuchar chascarrillos, basta con calibrar los méritos de
los que usted ha sido acreedora durante estos años de experiencia como docente. Hagámoslo. ¿Qué piensan de usted sus maestros? ¿Qué piensan de usted sus discípulos? ¿Qué piensan de usted la comunidad jurídica, los colegas que la integran? ¿Y
qué piensa de usted la academia, las instituciones académicas?


¿Qué piensan de usted sus maestros? Su tesis doctoral se leyó en la Universidad de Córdoba en 1987 -déjeme que le señale- ante un tribunal de cinco miembros, dos de los cuales no eran expertos en Derecho Constitucional: el profesor
Escribano era profesor de Derecho Financiero y el profesor Roldán era profesor de Derecho Penal. Por lo que a mí se me alcanza, no obtuvo usted la condición de sobresaliente cum laude y su tesis no fue objeto de publicación. De hecho, no está
disponible en ninguna base de datos de uso científico. De hecho, acceder a la misma requiere un trabajo arduo. Dejaré que lo diga un periodista de El Independiente: El trabajo no está disponible entre los 18 271 incluidos en el repositorio
electrónico de tesis leídas de la Universidad de Córdoba, pero sí constan dos ejemplares en la biblioteca de Derecho de la citada universidad andaluza para su consulta en presencia de los funcionarios; el interesado debe firmar un documento en el
que, junto con sus datos personales, se compromete a no tomar imágenes sobre el contenido del documento. El Independiente ha leído la tesis, se han contabilizado al menos 179 erratas y 30 faltas ortográficas en sus 434 páginas. Es una tesis
inédita, sin laude, sin expertos en la valoración.

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¿Qué piensan de usted sus discípulos? No lo sé, porque no los tiene. En todos sus años como docente universitaria usted ha dirigido media tesis; ha sido codirectora -por cierto, con el ponente de esta sentencia de la que acabo de hacer
referencia, el profesor Lucas Murillo de la Cueva- de una única tesis doctoral que, por lo que se me alcanza, tampoco fue publicada.


En esta sala somos cuatro profesores de Derecho Constitucional, además de usted. O, si quiere un elemento de comparación, el doctor Rallo ha dirigido dos tesis doctorales, el doctor Belda ha dirigido siete y yo he dirigido trece. Somos
cuatro profesores de Derecho Constitucional de cuatro partidos distintos y me parece que es un buen elemento de comparación. ¿Qué opinan el resto de los colegas de la profesión del Derecho Constitucional? De momento, no le han hecho a usted
catedrática. No le han hecho usted catedrática. Usted supera en edad al profesor Rallo, al profesor Belda y a mí y, sin embargo, sigue siendo profesora titular de universidad. Accedió a esa condición en 1990, tres años después de la lectura de su
tesis doctoral en lo que es, lo admito, una traslación meteórica de la tesis a la titularidad; tan meteórica que no le dio a usted tiempo de publicar nada entre 1980 y 1990. Tampoco ha publicado usted nada después. Su trabajo de oposición sigue
inédito, y tengo la curiosidad de saber sobre qué versaba, porque algunos comentarios -aquí sí que traeré chascarrillos entre colegas- insinúan que su trabajo de oposición fue el mismo que su tesis doctoral. Desmiéntamelo, por favor.


¿Qué opina de usted la comunidad académica? La comunidad académica que cita y que publica, que cita y que publica. Usted tiene publicados -me remito a la base de datos de Dialnet; no es una base exhaustiva, pero es una base de uso muy
habitual- 30 artículos en revistas, 9 capítulos de libros y 1 libro: 30, 9 y 1. Nuevamente, por ponerlo en contexto: el profesor Rallo tiene publicados 48 artículos de revista, 27 capítulos de libro y 10 libros; el doctor Belda tiene publicados
41, 28 y 15, y yo tengo 44, 29 y 5. Pero no es una cuestión de números. Los artículos no se deberían contar, se deberían pesar. De esos 30 artículos en revistas -no me voy a detener en todos ellos-, siete están publicados en El siglo de Europa,
un semanario de información general -es un semanario de información general, no es una revista científica-, cinco están publicados en Temas para el Debate, dos en Letra Internacional y uno en Sistema. ¿Qué tienen en común estas tres revistas? Las
tres revistas están publicadas por fundaciones vinculadas al Partido Socialista. Temas para el debate es la revista de la Fundación Sistema, Letra Internacional es la revista de la Fundación Pablo Iglesias y Sistema es, obviamente, la revista de la
Fundación Sistema.


Ha publicado usted en otros sitios: tiene un artículo publicado en Quevedos, revista de información de humor gráfico; otro en Peregrino, revista del Camino de Santiago y siete en Ánfora Nueva, revista literaria, lo cual la cualifica a
usted de especialmente para ser Premio Nobel de Literatura, pero no necesariamente para ser presidenta del Consejo de Estado.


Usted no ha publicado en ninguna de las revistas científicas relevantes en este país: en la Revista de Derecho Político ni en Teoría y Realidad Constitucional ni en la Revista de Derecho Constitucional, ni en la Revista de Estudios
Políticos ni en la Revista de Derecho Constitucional Europeo ni en la Revista General de Derecho Constitucional. Usted no aparece citada en Web of Science ni en Scopus ni en SJR ni en JCR. Sus publicaciones, su trayectoria como investigadora son
virtualmente inéditas.


La consecuencia de eso es que usted carece -corríjame si me equivoco, no he podido cotejar el dato- de sexenios. Los sexenios son la evaluación que la comunidad científica hace de la producción científica de los académicos cada seis años.
Usted carece de sexenios. Su trayectoria científica carece de reconocimiento por parte de esa comunidad científica.


¿Estoy siendo demasiado duro con usted? Pues pongamos su trayectoria en un debido contexto. Usted va a sentarse en la silla que ocupó Antonio Jiménez Blanco entre 1980 y 1982. Cuando don Antonio Jiménez Blanco fue elegido miembro del
Consejo de Estado había sido abogado durante veinticinco años. ¿Cuántos años ha ejercido usted como profesora? Se va a sentar en la silla de Antonio Hernández Gil (19821985). Cuando Antonio Hernández Gil fue elegido presidente del Consejo de
Estado llevaba veintidós años como miembro de número y siete como presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. ¿Pertenece usted a esa academia? Se va a sentar en la silla de Íñigo Cavero que, cuando fue elegido en el año 1996
presidente del Consejo de Estado, era académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Pertenece usted a esa academia? Se va a sentar en la silla de Francisco Rubio Llorente. Entre 1980 y 1989 fue magistrado del Tribunal
Constitucional y fue vicepresidente entre 1989 y 1992. ¿Ha pertenecido usted al Tribunal Constitucional? Se va a sentar en la silla de Teresa Fernández de la Vega, que en 1989 ingresó en la carrera judicial como magistrada con el número 1 de su
promoción -¿lo fue usted?-, que fue nombrada consejera permanente, que es doctor

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honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. ¿Tiene usted algún doctorado honoris causa?


Termino. Hace apenas unos días, cuando la Cadena SER le preguntó su opinión respecto de que el presidente del Gobierno hubiese elegido para encabezar un órgano tan relevante como el Consejo de Estado a una persona tan cercana a él como es
usted, usted respondió diciendo que lo de proveer los altos órganos del Estado con personas cercanas al presidente forma parte de los usos y costumbres de la política en España y en cualquier otra democracia y, encima, puso un ejemplo: sin ir más
lejos, John Kennedy había nombrado a su hermano fiscal general de los Estados Unidos. Bien, esa anécdota me da pie para recordar otra anécdota que tiene que ver con John Kennedy. Supongo que hay muy pocas personas, probablemente ninguna en esta
sala, a las que les suene el nombre de Dan Quayle, con muy buenas razones. Fue uno de los vicepresidentes más irrelevantes y más intrascendentes de la historia de los Estados Unidos entre 1989 y 1993, bajo la Presidencia de Bush padre. Con ocasión
de la campaña electoral para la Vicepresidencia, Dan Quayle -para quien no lo tengan ubicado, un tipo joven, guapo, bien plantado, rico- osó compararse con John Kennedy. Su oponente demócrata era Lloyd Bentsen, un veterano político demócrata.
Bentsen lo miró de arriba abajo, lo lapidó y arruinó su carrera política con cuatro frases: 'Senator, I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was my friend. Senator, you are no Jack Kennedy'.


Pues es lo mismo que le tengo que decir, señora Calvo. Yo he sido alumno de juristas de reconocida competencia. Yo he conocido a juristas de reconocida competencia. Hay juristas de reconocida competencia que son amigos míos. Señora
Calvo, usted no es una jurista de reconocida competencia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra María Adrio.


La señora ADRIO TARACIDO: Gracias, presidente, y gracias a la señora Calvo por su comparecencia aquí.


Es un honor poder intervenir en esta Comisión en este punto del orden del día. En primer lugar, enhorabuena a Carmen Calvo por ser candidata a presidenta del Consejo de Estado. Carmen Calvo es un referente como mujer jurista,
constitucionalista, defensora de los valores democráticos y de la Constitución, y con un gran sentido de Estado, como lo ha demostrado en épocas difíciles. El Consejo de Estado sitúa en el centro de sus preocupaciones la lealtad constitucional y la
defensa del Estado social y democrático de derecho como expresión de los derechos de la ciudadanía, como así ha hecho Carmen Calvo a lo largo de su trayectoria profesional y política. A la señora Calvo le avala una dilatada carrera profesional en
diferentes ámbitos de la actividad académica, investigadora, política y de gestión pública relacionadas con el ordenamiento legal, el impulso jurídico y el ejercicio del derecho. Profesora y doctora de Derecho Constitucional durante más de veinte
años, en 1987 se doctoró en Derecho Constitucional con la tesis El derecho de enmienda en la producción de la ley. Ha dirigido y participado en la elaboración de varias tesis doctorales, trabajos de investigación y fin de grado. Ha participado en
congresos universitarios y en publicaciones especializadas, abordando teóricamente el modelo de Estado autonómico y el encaje territorial de las autonomías, la descentralización política, el sistema de partidos de nuestro sistema democrático, los
derechos y libertades recogidos en la Constitución, el funcionamiento de las instituciones españolas y su adaptación a las nuevas exigencias y demandas de la ciudadanía, los retos y desafíos a los que se enfrenta a la democracia, así como la
situación de las mujeres y el desarrollo del feminismo en las democracias actuales, entre otras. Ha contribuido al debate académico sobre los retos y desafíos del Estado social y democrático de derecho con multitud de publicaciones. Cito unas
cuantas: Mejorar la democracia; Públicas en lo público; ¿Qué ha supuesto la democracia española de 1978 en la historia de España?; Se necesita Estado para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres; Del voto a la cuota: la democracia
paritaria; Cultura y Estado de las autonomías; Un nuevo espacio para la cultura española; Democracia y feminismo; Clara Campoamor, su vida, su época: conmemoración del cincuentenario de su muerte. Y ha participado en seminarios, congresos,
cursos especializados y másteres en diferentes universidades españolas, con las que ha mantenido estrecha colaboración.


Su trayectoria política ha estado siempre profundamente ligada a la actividad y producción normativa, tanto en el ejercicio de responsabilidades legislativas como en el ejercicio del Poder Ejecutivo. En sus quince años como diputada fue
presidenta de la Comisión de Igualdad y vicepresidenta del Congreso, desempeñando un papel crucial por su contribución en la sedimentación cívica de los valores y principios constitucionales de libertad, igualdad, justicia, pluralismo político,
dignidad humana, legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica. Como ministra de Cultura, en el periodo 2004-2007, impulsó una importante

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actividad normativa. Cito, entre otras, la Ley de Propiedad Intelectual, en la que se aborda por primera vez los desafíos de las denominadas nuevas tecnologías, la elaboración de la Ley del Cine y el anteproyecto de Ley de la lectura, del
libro y de las bibliotecas. En el periodo 2008-2019, como vicepresidenta y ministra de Igualdad, destaca su importante actividad normativa. Entre otras, la reforma e implementación del marco normativo de la lucha contra la violencia de género: el
Real Decreto 9/2018, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Durante su etapa como vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática elaboró el
proyecto de Ley de Memoria Democrática y puso en marcha la recientemente aprobada reforma del artículo 49 de la Constitución, para adecuar el texto de la misma a los nuevos paradigmas de las personas con discapacidad. Y durante sus tres años al
frente del Ministerio de la Presidencia fue responsable del programa normativo del Gobierno y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Gobierno de España.


Todo lo expuesto acredita la idoneidad para presidir el Consejo de Estado, tal y como señala el artículo 6.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado: jurista de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado, dos requisitos que
reúne y cumple con creces Carmen Calvo Poyato, y así lo ha acordado el Consejo de Ministros.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Carmen Navarro.


La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, presidente.


Señorías, ya buenas tardes, porque llevamos casi cinco horas de comparecencias en esta Comisión. Y a la señora Calvo quiero decirle que bienvenida, bienvenida a su casa. Usted ha hecho referencia casi de soslayo a que tiene credencial de
diputada nacional desde hace más de veinte años. Por lo tanto, nosotros consideramos que esta es su casa y el Grupo Parlamentario Popular le da la bienvenida.


En este examen de idoneidad que usted va a pasar para ocupar el puesto de presidenta del Consejo de Estado, queremos hacerle algunas preguntas. Nos ha dejado claro -así lo ha dicho en varias entrevistas- que a usted las puertas giratorias
le marean y hoy queremos preguntarle qué se siente al borde de un trampolín para saltar a una piscina sin agua. Sí, es adonde va a saltar usted, a una piscina sin agua. Quiero recordarle que el Tribunal Supremo ya ha anulado una vez el
nombramiento de presidenta del Consejo de Estado y lo puede hacer una segunda vez, porque usted, como su predecesora, no cumple el requisito establecido en la ley: ser jurista de reconocido prestigio. A esto me voy a referir también a
continuación.


Señora Calvo, que no tenga agua la piscina significa que usted está sin red. Y tenga cuidado, porque no es la primera vez que el señor Sánchez la deja sin red. Hace tan solo una semana usted ha renunciado al acta de diputada y a todo lo
que ello conlleva. Hoy aquí ha celebrado la creación hace doscientos años del Consejo de Ministros y ha querido demostrar que está muy orgullosa de haber formado parte del mismo, pero lo que ayer vio toda España fue la detención de diecinueve
personas vinculadas a una organización criminal que salpica a su compañero del Consejo de Ministros, el señor Ábalos, y también al número dos del Partido Socialista. Usted era vicepresidenta de un gobierno en el momento en el que ocurrieron hechos
que hoy están investigados por la Guardia Civil. Usted y el señor Ábalos también coincidieron en el tiempo y fueron cesados a la vez por el señor Sánchez. Pues bien, quiero aprovechar esta comparecencia para decirle: ¿De verdad está usted segura
de que mañana no vamos a ver una presidenta del Consejo de Estado que tenga que comparecer ante la Guardia Civil para testificar sobre la presunta corrupción de su Gobierno? ¿De verdad está usted segura de que no va a comparecer ante una comisión
de investigación en esta casa para testificar sobre los presuntos hechos corruptos de su Gobierno? Y dígame. Es verdad, cesaron al mismo tiempo. Quizá pueda comentar hoy aquí si fue usted quien recomendó a Pedro Sánchez el cese del ministro
Ábalos.


También quiero recordarle, ya que ha hecho referencia al Consejo de Ministros, que asimismo era usted vicepresidenta cuando llegó aquí su homóloga de Cuba, Delcy Rodríguez, con las famosas cuarenta maletas y esa misma noche se reunió con
quien hoy está detenido, Koldo, y su jefe, el señor Ábalos. Creo, señora Calvo, que no querrá irse al Consejo de Estado a hacer la digestión de todo lo que tuvo que ver y saber de su Consejo de Ministros. En cualquier caso, le digo que,
lamentablemente, para ir al Consejo de Estado usted debería cumplir con el requisito establecido en la ley: ser una jurista de reconocido prestigio.

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Ha hecho una excelente exposición de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2023 -que es la que nos trae causa aquí y por la que ha sido cesada su predecesora-, de qué significa este concepto jurídico y que requiere tiempo y
también práctica para poder ser acreedora del reconocimiento de los científicos, de la comunidad acreditada. Señora Calvo, no hay evidencia alguna de contribución, dictamen o informe que haya generado una atención significativa en la doctrina del
derecho público en España. Su producción científica es muy limitada, limitadísima -tanto es así que no hay nada publicado desde el año 1997-, en comparación sobre todo con los juristas que le han precedido en el cargo, cuya trayectoria es impecable
y cuyas aportaciones son insoslayables.


Como ya le he dicho, señora Calvo, es el Tribunal Supremo el que ha señalado que, para obtener el reconocimiento y, por lo tanto, el prestigio de la comunidad de profesionales, a la que se debe, en este caso de los juristas, necesita tiempo
y práctica, y usted ha dedicado treinta y cinco años de su vida a la política. Y sí, creo que para usted, como para todas las mujeres, el día tiene veinticuatro horas. ¿O es que los suyos duran cuarenta y ocho horas y le daba tiempo a hacer dos
cosas a la vez? No hay una sentencia ni un informe jurídico ni una producción científica fruto de su labor de investigación. ¿Cuántas sentencias ha dictado, señora Calvo? ¿Cuántas veces se ha puesto la toga, señora Calvo? ¿Cuántas veces ha
firmado de su puño y letra un dictamen jurídico en el que fuese necesario la aplicación del derecho para dirimir la controversia o se solicitase el informe y, por lo tanto, el criterio de un jurista acreditado para resolver la materia? De verdad,
señora Calvo, díganos aquí qué práctica del Derecho considera que le avala como una jurista de reconocido prestigio para que hoy ocupemos nuestro tiempo en un examen de idoneidad que está claro que usted no reúne.


Señorías, se ha recordado hoy aquí -lo ha recordado la propia señora Calvo, la candidata a presidir el Consejo de Estado- que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno de España. No lo olvide, señora Calvo: el
Consejo de Estado es un órgano constitucional al servicio del país. Eso por encima de todo. Por eso la ley señala que las funciones deben ejercerse con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad y su independencia. También de
objetividad y de independencia ha hecho usted alarde aquí, en su exposición, pero al Grupo Parlamentario Popular no le queda ninguna duda: ni objetividad ni independencia.


Por supuesto, ya sabíamos que no era jurista de reconocido prestigio. Entonces, les pregunto a todas sus señorías: ¿qué hacemos hoy aquí? ¿Qué hacemos? Les voy a explicar lo que hacemos. Asistimos al enésimo asalto de las instituciones
por parte de Pedro Sánchez. Sí, señorías, vivimos tiempos difíciles para el prestigio de la actividad y de la gestión pública, porque ha sido el Partido Socialista de Pedro Sánchez el que, sin ningún pudor, ha iniciado una suerte de colonización
del sistema público, que sin ninguna reserva, aunque esta fuera meramente estética, busca garantizar que los principales puestos del Estado sean para personas afines al partido político y afines también a él y a sus propios intereses personales.
Por eso, en la Agencia EFE ha colocado al secretario de Estado de Gobierno, de su Gobierno. Por eso, en el CIS tiene a un socialista de carné. Por eso, las principales embajadas de este país están siendo ocupadas por amigos socialistas, por encima
de todos los funcionarios que pertenecen al cuerpo diplomático de este gran país. Lo hizo con el Consejo de Estado y pretende repetirlo otra vez con usted, señora Calvo.


Señorías socialistas, cada vez que hay una vacante, de todas las que hay, las que más le atraen, sin duda, son las que tienen carácter jurídico. Se lo voy a demostrar. Ahí es donde quiere colocar a los suyos: de presidente del Tribunal
Constitucional, al fiscal general del Estado; de magistrado del Tribunal Constitucional, al ministro de Justicia; de fiscal general del Estado, a la ministra de Justicia y ahora al actual, que se ha sentado en todas las tertulias, mesas redondas,
comisiones y órganos del Partido Socialista por el Partido Socialista de Galicia. Por cierto, que no han tenido muy buenos resultados, a pesar de que colocaron a uno de los suyos como fiscal general del Estado. Pero es que el sanchismo no pierde
oportunidad. Cada vez que hay una buena vacante jurídica, envía allí a uno de sus militantes en comisión de servicio para el Partido Socialista. Señora Calvo, ni prestigio ni principios; ni prestigio ni principios.


Ha hecho también alarde de su carrera como legisladora y de lo mucho que conoce el procedimiento legislativo cuando usted, como legisladora, ha cometido los atropellos más importantes al corpus legislativo de este país. Le voy a nombrar
algunos de ellos. El primero, su voto a favor de la ley del solo sí es sí, la que abría las puertas de las cárceles a los violadores de este país. Además, usted sabía de estas consecuencias porque lo reveló en una entrevista en prime time en la
Cadena SER, en su cadena, con su compañero de Gobierno por aquel entonces, el señor Pablo Iglesias, con el que compartió el Consejo de

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Ministros del que se siente usted tan orgullosa. Otro atropello más, la ley trans. Usted no fue capaz de votar no a la ley trans; se abstuvo, y con una tímida abstención salvó los papeles para no enfadar mucho a Pedro Sánchez. Pero usted
sabe que esa ley tenía un dictamen en contra del Consejo de Estado que usted hoy pretende presidir.


¿Y sabe qué? Usted ha hablado de quinientos años de historia, pero hay un cuerpo de letrados, de los mejores que hay en los servicios jurídicos de este país, los mejores juristas, que la están esperando porque quieren hacer público el
informe en el que declaran que la amnistía es contraria a la Constitución. Pierdan toda esperanza, porque la señora Calvo no tiene los arrestos suficientes; la anterior se lo ha prohibido y la que va para allá también se lo va a prohibir.
(Aplausos). Lo que sin duda es el mayor atropello de su labor legislativa, de su labor como política y como parlamentaria, de todo lo que ha dicho desde su conocimiento jurídico, es la ley de amnistía. Es el mayor atropello de nuestra democracia y
de la presente legislatura que hoy la hace protagonista. Es una ley que acaba con la igualdad de todos los españoles, que rompe la división de poderes de este país y que supone el mayor ataque a nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico, que
es la Constitución de 1978.


Señora Calvo, estas fueron sus palabras literales el 27 de abril de 2021, en una respuesta a una pregunta de control en el Senado. Yo voy a abrir comillas, usted abra bien las orejas para escuchar. Sus palabras fueron: 'Cuando usted habla
de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional y democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el Judicial'. Cierro comillas y usted
también puede cerrar las orejas. Yo le voy a dar una copia de este Diario de Sesiones -número 48, páginas 13 y 14- para que lo tenga muy en cuenta, porque usted tan solo tardó unos meses, precisamente después del 23 de julio, igual que decenas de
cargos socialistas, en vivir una revelación jurídica sobrenatural y sobrevenida y dieron un giro de 180.º Oiga, y se han convertido en los mayores defensores del perdón supremo de los fugados de la justicia y de los culpables del ataque a nuestra
democracia a cambio de siete votos; sí, siete votos para la investidura de Pedro Sánchez. Yo le pregunto, señora Calvo: ¿su puesto como presidenta del Consejo de Estado también vale siete votos, los siete votos de Junts? Porque esta mañana Junts
ha anunciado que no va a avalar la idoneidad de su cargo. (Aplausos). No va a tener los siete votos. A nosotros no nos quedaba ninguna duda de lo que era la señora Calvo camino del Consejo de Estado, pero ustedes sí han generado las dudas en sus
socios de Gobierno. ¿O acaso van a votar que sí a la idoneidad de la señora Calvo? No lo sabemos porque no han intervenido, pero ahora lo veremos con su voto y entonces la pregunta será otra: ¿qué han tenido que negociar con ellos y qué han
tenido que ceder para que avalen la idoneidad de su cargo? (Aplausos). Tenga usted en cuenta una cosa y es que desde el primer día que ponga un pie en el Consejo de Estado está obligada a la observancia de la Constitución, de la Constitución de
1978, y esta no se la puede saltar.


Acabo ya, señor presidente, agradeciéndole la amabilidad por el tiempo. Porque la señora Calvo no es una jurista de reconocido prestigio, porque el Grupo Parlamentario Popular no va a contribuir a que Pedro Sánchez dé un paso más en la
colonización de nuestras instituciones y porque las sombras que asoman de su pasado como vicepresidenta de un gobierno que hoy investiga la Guardia Civil por presunta corrupción, no la consideramos idónea para ocupar el puesto de presidenta del
Consejo de Estado, y el Grupo Parlamentario Popular va a votar no a la idoneidad de Carmen Calvo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra la compareciente.


La señora CALVO POYATO (candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado): Muchas gracias, presidente.


Señorías, era previsible e inevitable que una comparecencia que nada tiene que ver con una sesión de control, que, por cierto, sus señorías han tenido esta mañana aquí en la persona que ha comparecido, el ministro de la Presidencia, se
contaminara, cuando nada tiene que ver con eso. En cualquier caso, podía ser previsible para cualquiera con un poco de conocimiento del clima creado.


Desgraciadamente, el concepto jurídico de prestigio sigue siendo indeterminado -lo ha comentado el señor Catalán, en primer lugar, y después el señor Flores- y lo sigue siendo porque tampoco hay una fórmula para saber in extenso cómo
influyes, en quién influyes, de qué manera y con qué autoridad se hace todo esto. He oído palabras a las que, desgraciadamente, vamos acostumbrando no las orejas, los oídos -las orejas no, los oídos sí-, toda esta terminología, toda esta
adjetivación de decisiones que se toman en las competencias constitucionales de quien las puede tomar, independientemente de la

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discrepancia. Esto es así. Además, es tan así que ustedes han hecho gala de ello, en general, para descalificar a unas instituciones del Estado, a quien puede tomar decisiones. Es verdad, y lo sigue siendo, y hay que dar una vuelta por el
derecho comparado, cómo llegan algunos cargos constitucionales directamente desde los gobiernos en Francia, en Alemania y en Italia, como sabemos perfectamente quienes nos dedicamos al derecho constitucional; por razones que quedan claras también
en la naturaleza de este órgano, del Consejo de Estado, y de la necesidad que el Estado constitucional tiene de ese mix necesario entre el derecho y la política, entre la seguridad jurídica y el legítimo derecho a las decisiones y a la dirección
política de un país que no se obtiene mediante tecnocracia, sino por la voluntad soberana del órgano que conforma esa mayoría y que son las Cortes Generales. Y si andamos en otras cosas, no acabamos de entender exactamente el sentido profundo de la
democracia del siglo XXI, de lo que se constela en las constituciones del siglo XX, de lo que tenemos que seguir entendiendo como democracia. Pero ese es un asunto sobre el que les cuesta trabajo entrar a algunas de sus señorías.


Se trata de una comparecencia. Yo no soy miembro ahora mismo de ninguna institución de ningún Gobierno. Muchas de las preguntas que ustedes hacen estaré encantada de explicárselas con un café fuera de esta comparecencia para no
contaminarla y llenarla de lo que no corresponde hoy aquí, que son justamente los criterios que acompañan mi vida y mi currículum para poder alcanzar la presidencia del Consejo de Estado señalada por el Consejo de Ministros.


Señora Gil, yo no he estado nunca, absolutamente nunca -y usted apelaba al conocimiento de mi trayectoria-, en ningún lugar donde se haya promovido la discriminación de nadie por ninguna causa. Nunca, nunca, y así va a seguir siendo. Pero
lleva razón en algo. Hay decisiones que forman parte de los debates en los que la propia humanidad va evolucionando en conceptos que requieren debates, requieren argumentos, requieren profundidades, requieren pasarelas de sinergias de cómo afectan
y de cómo no afectan. En ese sentido, es evidente que se pueden y se deben mantener posiciones diferentes porque son buenas y porque la historia nos lo recuerda, pero no le quepa ninguna duda que no he estado nunca en el lugar en el que se haya
promovido ni consentido la discriminación de nadie por ninguna causa. En esto tengo alguna veteranía.


Contestaré de manera mezclada a lo que ha dicho el diputado Flores y la diputada Navarro con sinergias parecidas. (Risas). Hay algunos elementos, señor Flores, que bajan a un nivel de detalle que no merece la pena ni siquiera que se lo
cuente. Usted no sabe lo que es una facultad recién creada, donde para conformar tribunales de cinco hay que acudir a cualquiera, pero usted lo utiliza como un demérito. Usted hace un ejercicio propio de lo que hemos vivido las mujeres en el
derecho constitucional, las profesoras, las doctoras, las mujeres que han investigado y trabajado en el derecho constitucional. Yo tengo todo un currículum en el feminismo jurídico que, por actitudes como la suya durante muchos años y décadas en la
Facultad de Derecho, ha sido imposible introducir en la academia, imposible, porque usted forma parte de esa larga lista de juristas varones que han considerado que esto no era propio del desarrollo jurídico legal, teórico y práctico de una
democracia, porque usted forma parte de un partido que niega todo esto, porque usted forma parte de algo a lo que las mujeres en el derecho constitucional nos hemos tenido que enfrentar. Y, claro, he dedicado una parte importantísima de mi vida a
las instituciones y a la política fuera de la academia.


Y, claro, señora Navarro, no puedo dictar sentencias porque no soy jueza. Les ha quedado muy bien, pero les ha quedado muy falso. No dicto sentencias porque no soy jueza. He dado muchas clases y sí, he dirigido muchos trabajos al alimón
con otros compañeros, como con el que usted ha nombrado; forma parte del trabajo de la docencia, como usted bien sabe, poco reconocido y poco valorado. Y sí, he publicado en muchos lugares. Porque ustedes, los varones, son absolutamente
defensores de ese derecho neutro en el que no se introducía la variable que introduce la Ley de 2004 en este país para convertirnos a las mujeres en un objeto jurídico directo en los malos tratos y la violencia, que ustedes se niegan a reconocer.
Evidentemente, formo parte de eso, de eso que han querido obviar desde el punto de vista de lo que consideraban la ortodoxia y la pureza de las investigaciones. Sabemos mucho las mujeres en la universidad, en el derecho y en otras áreas de esa idea
aséptica del ser humano que, al no tener sexo, se convertía en la referencia hegemónica de lo masculino y del patriarcado. De eso sabemos tanto que no le habrá interesado conocer. Y sí, mi tesis forma parte de las tesis de hace muchos años, que no
se digitalizaban y que se pueden consultar en las facultades de Derecho, pero si la autoridad que usted va a utilizar es la de un periodista, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, porque le ha retratado a usted perfectamente.

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Señora Navarro, no esperaba menos de usted, que se haya adentrado por ese camino, pero le diré que un compañero suyo ha presidido el Consejo de Estado desde el ministerio directamente. (El señor De Olano Vela: ¡No, directamente no!).
Estas cosas no les gusta saberlas porque andan ustedes en un compendio... (El señor De Olano Vela: ¡Es mentira!-La señora Navarro Lacoba pronuncia palabras que no se perciben).


El señor PRESIDENTE: No es un diálogo.


La señora CALVO POYATO (candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado): Señora Navarro, que yo la he escuchado, que yo la he escuchado... (El señor De Olano Vela: ¡No, no soy la señora Navarro!).


El señor PRESIDENTE: Señor Olano, no tiene usted la palabra. (El señor De Olano Vela: ¡Ya, pero es mentira!). No tiene usted la palabra, señor Olano. (El señor De Olano Vela: ¡De acuerdo, pero es mentira!). No tiene usted a palabra.


La señora CALVO POYATO (candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado): Señora Navarro, un exministro de su partido ha presidido el Consejo de Estado. Esto está en la historia de este país, no es debatible. (El
señor De Olano Vela: ¡Ocho años no es después!).


El señor PRESIDENTE: Señor Olano, por segunda vez, no tiene la palabra.


La señora CALVO POYATO (candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado): No es debatible. Pero, señora Navarro, era absolutamente previsible que usted no entendiera nada o casi nada de lo que representa en la
naturaleza de este órgano llegar con la experiencia que yo tengo, perfectamente previsible. Ha tenido que acudir al sanchismo, a la amnistía, con la que usted no está de acuerdo -perfectamente-, a todo un compendio de los mantras de la política de
ahora para enfrentarse a algo a lo que no se ha querido enfrentar. Usted me podría haber preguntado muchas cosas de este órgano o de los órganos en los que he podido estar desarrollando mi trabajo, pero no ha querido hacerlo. Esto lo ha resuelto
inconvenientemente con una faena de aliño del soniquete de una simple sesión de control en una comparecencia de esta naturaleza, que no es sobre mis opiniones políticas, que, evidentemente, las he tenido y las tengo, porque no está previsto que no
las tenga; lo que está previsto es que actúe con la neutralidad e independencia que se exige en estos órganos, en los que hay que separar las opiniones. Pero le diré más. En el Consejo de Estado, las diferencias de posición están previstas en los
votos particulares y los dictámenes tienen los votos particulares de quien discrepa del grueso del dictamen o del dictamen aprobado por mayoría. Usted lo debería haber sabido para venir a esta comparecencia a debatir de verdad de lo que se trata,
del órgano que se puede presidir, y no -repito- al soniquete de lo de hoy y de lo de mañana.


Y le diré que ha hecho algunas acusaciones muy graves y muy indignas, y muy propias de lo que suelen hacer ustedes cuando deciden ensancharlo todo. De alguna tomaré nota, porque ha llegado usted demasiado lejos hoy (el señor De Olano Vela:
¡Venganza!) en algunas de las cosas que ha dicho.


El señor PRESIDENTE: Señor Olano, le vuelvo a recordar que no tiene usted la palabra, no interrumpa a la compareciente. Hemos tenido una Comisión en la que se ha respetado la palabra de todos los oradores. Su grupo ha decidido que la
señora Carmen Navarro intervenga, no usted.


La señora CALVO POYATO (candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado): No me dé el Diario de Sesiones de ninguna sesión del Senado a la que yo haya ido. Si me ha oído en los medios, habrá recibido un pequeño
recetario jurídico del debate en el que ustedes andan ahora, que no yo -que no yo-, pero no ha tenido el valor de hacer eso, porque tendría que haberse obligado como diputada a pensar técnica y políticamente, y no ha querido. Lo ha resuelto de una
manera mucho más fácil, pidiéndome que abriera las orejas. Elegante donde las haya.


Señora Navarro, esto no es una puerta giratoria. ¿O lo es para algunos de sus compañeros de partido que están allí? (La señora Lacoba Navarro pronuncia palabras que no se perciben). No lo es, ¿verdad? No es una puerta giratoria.
Perfecto, bien. ¿Le preocupa a usted mucho mi vida, que estoy sin red? ¿Le preocupa a usted mi vida más que a mí? Porque a mí no me preocupa. ¿Sabe usted a qué voy yo al Consejo de Estado? A servir a mi país una vez más. ¿Sabe cómo llegué yo a
la política? No sé cómo

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llegó usted -ni me importa ni se lo pregunto porque no lo puedo hacer ni quiero-, pero ¿sabe cómo llegué yo? Como doctora y como funcionaria. Como doctora y como funcionaria, sin ninguna necesidad de la política como forma de trabajo, al
servicio de mi país a partir de mis ideas. Ni es una puerta giratoria ni le debe preocupar mi vida porque a mí no me preocupa. Tengo experiencia y años más que suficientes como para saber lo que hago y dónde me coloco.


Dice que este órgano está al servicio del país. Léase la Ley 3/1980 y verá cuál es la función de este órgano. Al servicio del país tendría que haber estado usted hoy en la intervención que debería haber tenido, en la posición que hubiera
querido, con la dureza que le caracteriza y para votar que no -todo previsto-, pero ha errado el tiro. Y ha errado el tiro por una razón muy importante, porque ustedes han decidido convertirlo todo en un eslogan y su grupo, el más importante de
esta Cámara, ha perdido la oportunidad para haber tenido un debate en serio conmigo sobre lo que se propone esta tarde aquí acerca de la naturaleza de esta comparecencia, pero no ha querido. No ha querido, repito, porque a ustedes todo esto ya no
les importa. Les importa el ruido continuo, la desestabilización continua. De lo que se trata es de lo contrario: de la tranquilidad, de la calma y del respeto en el que habitualmente fallan con demasiada frecuencia. A mí no me votan siete votos
ni me dejan de votar siete votos. Su señoría conoce muy bien cuál es la naturaleza de la disposición adicional tercera en la que esta comparecencia se inserta para los altos cargos, la conoce muy bien. Conoce muy bien la naturaleza del informe que
se va a emitir. Conoce muy bien la naturaleza de este procedimiento. Lo podía haber dicho para no haber mezclado lo que a usted le interesaba. Ha sido de poca altura, de muy poca altura la tarea que tenía que hacer usted hoy aquí y que no ha
querido hacer y que yo, de buena lid, venía a hacerla. Todo lo demás me sonaba perfectamente.


Sin más, quiero agradecer a la señora Adrio -hecho en tantas ocasiones este trabajo de comparecencia diferente- el relato de algunos ítems de mi currículum que, por otro lado, es público. No he pretendido nunca no saber cuál era mi lugar,
sabiendo que he dedicado mucho más tiempo a la política que a la academia, pero siempre he estado en la política sabiendo que procedía del rigor de la academia. No siempre habré acertado, como es lógico, pero sí han pasado por mis manos algo que
solo atesoran pocas personas en su experiencia vital: los proyectos de ley, los informes técnicos que informan sobre ellos, la forma definitiva con la que se traen a la Cámara, cómo se defienden y cómo se sustancian.


Señor Flores, ese es un curso de acontecimientos que ojalá usted tenga alguna vez. En España no; no sería bueno, desde mi perspectiva, que eso lo tuviera usted que vivir aquí, pero créame que esa es una experiencia singular que no se tiene
en la academia, donde se aprende mucho más Derecho que en ningún lugar teórico del mundo. Mis primeras palabras estaban dirigidas a una suerte de privilegios que he podido tener en esta circunstancia. No me voy a extender sobre lo que
considerábamos completamente entendible y previsible, pero lamentablemente han impedido usted y la señora Navarro que hubiésemos hecho esta tarde aquí -con la largura de tiempo que hubiese sido necesaria- un gran debate sobre lo que de verdad nos
traía para el Consejo de Estado.


Termino como empezaba. Esto sigue siendo un concepto jurídico indeterminado y, particularmente, lo seguirá siendo porque no hay modo alguno de acotar cuánto y cómo se aprende en los cargos políticos donde pasa la legislación por tus manos.
Eso no se puede acotar desde fuera como se pueden acotar desde fuera las horas de trabajo, de docencia o de investigación y porque estamos delante de un órgano en donde pesa -gracias al cuerpo de letrados del que dispone- tanto la experiencia de lo
que se puede aportar como la determinación en pureza jurídica de lo que se dictamina desde un cuerpo de letrados. Eso es lo que no ha acabado de entender su señoría. De eso era de lo que se trataba. En cualquier caso, yo me siento absolutamente
agradecida por esta oportunidad de comparecer ante ustedes en la posibilidad de poder hacer un trabajo de independencia y de neutralidad importante en el órgano consultivo supremo del Gobierno, establecido así en la Constitución, y volver a servir a
mi país desde otra posición, pero con la misma actitud de siempre.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Calvo. (El señor Flores Juberías pide la palabra).


En cuanto la señora Calvo abandone la sala, inmediatamente, pasaríamos a la lectura del dictamen y a su aprobación. (Pausa).

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EMISIÓN DEL DICTAMEN SOBRE IDONEIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 276/000009).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la lectura del dictamen y a su posterior aprobación, como hicimos en la anterior sesión. La Comisión Constitucional, en sesión de 22 de febrero de 2024, una vez examinado el curriculum vitae y oída la
declaración de la excelentísima señora doña María del Carmen Calvo Poyato, ha acordado emitir dictamen favorable en cuanto a su idoneidad y declarar que no aprecia la existencia de conflicto de intereses para el cargo de presidenta del Consejo de
Estado, de conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Lo sometemos a votación.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de idoneidad. (Aplausos).


Muchas gracias.


Levantamos la sesión.


Eran las cinco y diez minutos de la tarde.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas, facilitadas por los servicios de interpretación y transcripción.