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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 89, de 20/02/2024
cve: BOCG-15-D-89
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de febrero de 2024
Núm. 89
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/000254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la implementación efectiva de la Ley 2/2023, de protección a las personas informantes de corrupción. ...
161/000255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para mejorar y democratizar el acceso a la carrera judicial. ... (Página8)
Comisión de Interior
161/000278 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la investigación de la percepción de impunidad y las presuntas tramas de corrupción en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ...
(Página10)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para reforzar la cobertura de servicios de transporte de pasajeros por carretera en la España rural. ... (Página14)
161/000283 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de la SE-40 y reconsideración de la opción de un puente para conectar el tramo Dos Hermanas-Coria del Río. ...
161/000284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a cambiar el nombre de la estación de tren de Barcelona-Sants, añadiéndole el de Montserrat Caballé para rendir homenaje a
la soprano. ... (Página18)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para instar al Gobierno a impulsar los horarios integrados. ... (Página19)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la ampliación del marco de perfiles de personas incluidas en el ámbito de la inserción laboral. ... (Página21)
161/000276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al incentivo a la contratación con ocasión de la subida del salario mínimo interprofesional. ... (Página23)
161/000280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes en materia de inmigración irregular. ... (Página25)
161/000285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el SEPE abone, sin más demora, las prestaciones que les corresponden a los trabajadores que se han acogido al ERTE de la empresa Calzados
FAL de Arnedo (La Rioja). ... (Página26)
161/000288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre acciones y medidas en relación con el decenio afrodescendiente. ... (Página27)
161/000291 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a aprobar un Plan urgente para el fomento del empleo femenino. ... (Página28)
Comisión de Industria y Turismo
161/000262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para instar al Gobierno a solicitar a la UNESCO la declaración del 6 de junio como el Día Mundial de las Cuevas y del Mundo Subterráneo. ...
161/000281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo e impulso de la creación de una lista de bienes de interés gastronómico. ... (Página33)
161/000282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso y creación de un nuevo programa nacional de viajes y experiencias turísticas para jóvenes residentes en España. ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la denuncia del Pacto Verde Europeo y la defensa de los intereses nacionales. ... (Página35)
161/000252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los problemas del sector primario español. ... (Página38)
161/000253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de medidas contra la sequía. ... (Página40)
161/000267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas urgentes para dar respuesta a las demandas del sector primario. ... (Página42)
161/000271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de medidas destinadas a la promoción de la agricultura familiar. ... (Página45)
161/000272 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al papel esencial de las mujeres rurales para la vertebración territorial y social y como vector para la innovación y el emprendimiento. ...
161/000273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la Ley de Control e Inspección Pesquera. ... (Página47)
161/000274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de políticas públicas que refuercen al sector conservero. ... (Página48)
161/000275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para restablecer compensaciones económicas para los cultivos de olivo. ... (Página50)
161/000286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la crisis del sector agrario. ... (Página52)
161/000287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de medidas en apoyo al sector de la agricultura y la ganadería en España. ... (Página53)
Comisión de Política Territorial
161/000268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora de la colaboración administrativa y la reducción de la conflictividad con las Comunidades Autónomas. ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los procesos tecnológicos relacionados con la captura, almacenamiento y usos de CO2 para reducir el balance de emisiones. ...
161/000269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre incentivos para la construcción de viviendas de alta eficiencia energética. ... (Página58)
161/000289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre balance de medidas frente al reto demográfico. ... (Página60)
161/000290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre refuerzo de los servicios públicos de proximidad como parte de la lucha contra la despoblación. ... (Página61)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para facilitar el acceso a la adquisición de la primera vivienda. ... (Página63)
161/000279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación de un registro que recoja la información sobre el parque de vivienda del que disponen los propietarios considerados como grandes tenedores,
según la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y que se encuentran en zonas de mercado residencial tensionado. ... (Página65)
Comisión de Cultura
161/000256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Bicentenario Víctor Balaguer, conmemoración de los 200 años del nacimiento del político y escritor. ... (Página66)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la industria de los semiconductores en España.
Retirada. ... (Página68)
Comisión de Sanidad
161/000258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la consecución de avances reales en la consecución plena de la cobertura sanitaria universal, así como su monitorización y cumplimiento en
las diferentes Comunidades Autónomas. ... (Página68)
161/000260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la encomienda de gestión entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la Ciudad Autónoma de Melilla para mejorar la gestión de la
Sanidad en el territorio y solucionar los problemas y necesidades existentes. ... (Página72)
161/000264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la atención sanitaria de los pacientes con Linfangioleiomiomatosis (LAM). ... (Página74)
161/000265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora en la prevención y tratamiento del cáncer del pulmón. ... (Página75)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la Educación en el VI Plan Director de la Cooperación Española. ... (Página77)
Comisión de Juventud e Infancia
161/000266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre Jóvenes Migrados Solos. ... (Página78)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/000024 Pregunta formulada por las Diputadas María Eugenia Carballedo Berlanga (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre razones que han llevado al Ministro a obviar el riesgo cierto de trato denigrante hacia los solicitantes de
protección internacional denunciado hace meses por numerosas instituciones por el estado de las instalaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. ... (Página82)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000025 Pregunta formulada por el Diputado Alberto Catalán Higueras (GMx), sobre motivos por los que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos no responde a las preguntas formuladas desde hace meses al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara ni tampoco aporta los documentos, informes y escritos solicitados al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 del mismo, con relación al antiguo edificio de Correos ubicado en la localidad navarra de Corella.
... (Página83)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/004053 Autor: Micó Micó, Àgueda
Cargas policiales en la protesta de los agricultores valencianos en los principales accesos al puerto de Castelló el día 07/02/2024. ... (Página83)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Justicia
161/000254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley relativa a la implementación efectiva de la Ley 2/2023, de
protección a las personas informantes de corrupción, para su debate en Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
De acuerdo con el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 'la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a
violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de amenazas a la seguridad humana'.
El 16 de febrero de 2023, el Congreso de los Diputados dio un paso importante en la lucha contra la corrupción mediante la aprobación del proyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y
casos de corrupción. La ya publicada Ley 2/2023 es fruto de la transposición de la directiva europea 2019/1937, conocida como 'Directiva Whistleblowing', y contó con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios; tan sólo el Partido Popular y
Vox se opusieron.
Por primera vez en nuestro país se establece un sistema para que aquellas personas que sean testigos de infracciones o irregularidades en el ámbito laboral, puedan denunciarlas de manera segura; y sean protegidas frente a cualquier
represalia que puedan sufrir. Así, la Ley articula un mecanismo eficaz para luchar contra los daños para el interés general, que pueden ser desde amenazas al medio ambiente, la contratación pública, los servicios financieros o la seguridad de los
productos hasta perjuicios económicos para la Hacienda Pública.
Para ello, se establece la obligación de las entidades tanto del sector privado como del sector público de crear (si no lo tuvieran ya) un canal interno de información. La Ley prevé también un canal externo de información a través de la
creación de una Autoridad Administrativa Independiente (A.A.I.), de ámbito estatal, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, o bien de los órganos administrativos competentes en las comunidades autónomas. Además, se protege a la
persona denunciante que haga una revelación pública bajo ciertas condiciones.
El sistema interno de información debe garantizar que las comunicaciones presentadas puedan tratarse de manera efectiva dentro de la correspondiente entidad u organismo. Para ello es fundamental que las organizaciones y entidades (i)
incentiven la denuncia o revelación de información de interés público; (ii) sepan cómo gestionar la información recibida; (iii) protejan y cuiden de las personas denunciantes; (iv) tomen medidas contra aquellas personas que hayan cometido
cualquier irregularidad, incluida cualquier represalia contra la persona denunciante; y (v) evalúen regularmente el sistema de denuncia, implementando las mejoras necesarias.
Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas y administraciones públicas van a tener que realizar un esfuerzo importante para adaptarse a las exigencias de la Ley y garantizar la protección y el anonimato de las personas denunciantes. A ese
respecto, el plazo de tres meses previsto para crear un canal de gestión de información seguro y eficaz es relativamente corto.
Es fundamental que el Estado apoye, mediante campañas informativas y acciones formativas, a las organizaciones tanto del sector público como del sector privado en la implementación del canal interno de información. Entre los aspectos a
divulgar debe constar la necesidad de formación del personal encargado del canal interno, la capacidad de investigación de las entidades, la evaluación del sistema de información, y la realización de reportes externos.
Con respecto al canal externo, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, representa una alternativa confidencial y segura para que la persona denunciante pueda remitir información sobre posibles infracciones o irregularidades.
Esta A.A.I. tiene además importantes funciones de investigación y protección a la persona denunciante. En particular, la A.A.I. tiene potestad para sancionar a las empresas y demás entidades que vulneren la ley, con multas que pueden alcanzar el
millón de euros. Ese organismo también tiene el mandato de acordar medidas de protección a la persona denunciante, incluidas medidas cautelares, así como de acordar la prestación de apoyo financiero y psicológico, con carácter excepcional.
La Ley establece que el Consejo de Ministros deberá aprobar mediante real decreto el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., con las disposiciones oportunas sobre su organización, estructura y
funcionamiento, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley. Sin embargo, el plazo de transposición de la 'Directiva Whistleblowing' terminó el pasado 17 de diciembre de 2021; y por ello, él pasado 15 de febrero, la Comisión Europea
(CE) anunció que llevará a España y a otros Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Teniendo en cuenta el anuncio de la CE, y sobre todo, las importantes funciones y prerrogativas que está llamada a desempeñar la
A.A.I., el Consejo de Ministros debe aprobar su estatuto a la mayor brevedad posible.
Es decir, más allá de la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva europea, como por ejemplo, las modificaciones oportunas en las leyes procesales, es fundamental
priorizar la creación de la A.A.I. dadas las funciones que ostenta para la protección de las personas informantes, la investigación de las denuncias y la imposición de sanciones.
Además, a efectos de respaldar la cultura de la denuncia, el Ministerio de Justicia debería conceder premios nacionales, con carácter anual, a aquellas personas que, de manera desinteresada y haciendo frente a posibles represalias, destapan
casos de corrupción especialmente graves.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso expresa su firme compromiso de luchar contra la corrupción, e insta al Gobierno a:
1. Apoyar a las entidades privadas y públicas en la creación del canal interno de información previsto en la Ley 2/2023, coadyuvando a garantizar su funcionamiento eficaz y seguro en el plazo de tres meses previsto en la ley.
2. Impulsar, en el ámbito de sus competencias, la aprobación de incentivos a la denuncia en las entidades del sector público, para que la persona Informante de corrupción sea percibida como un modelo, sin que ello signifique revelar la
identidad de la persona informante sin su consentimiento expreso.
3. Aprobar a la mayor brevedad posible el Real Decreto que establezca el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, Autoridad Administrativa Independiente, a fin de proteger adecuadamente a las personas informantes
de corrupción y posibilitar la imposición de sanciones a las entidades que incumplan la Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2024.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley para mejorar y democratizar el acceso a la carrera
judicial, para su debate v aprobación en Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
De acuerdo con la Constitución Española y la Ley Orgánica del Poder Judicial, el sistema de acceso a la carrera judicial debe partir del respeto al derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos, así como de la observación de los principios de mérito y capacidad.
En la actualidad, el acceso a la carrera judicial se produce principalmente mediante concurso público. La oposición consiste en el estudio de más de trescientos temas para su exposición oral ante un tribunal calificador. La persona
opositora debe componer los temas o comprarlos, memorizarlos, y hacer ejercicios de repetición oral, normalmente con la ayuda de una persona preparadora. Dada la profusión del temario y la elevada competitividad de la oposición, este trabajo
personal exige una dedicación a jornada completa, por un tiempo promedio de cuatro a cinco años.
Tras la superación de los exámenes orales se produce una fase de aprendizaje teórico- práctico en la Escuela Judicial, situada en Barcelona, por un periodo de 18 meses. Esta segunda fase no supone un nuevo proceso de selección, ya que todos
los alumnos y alumnas son admitidos posteriormente en la judicatura.
No son pocas las voces expertas que se han alzado contra este sistema de selección, que permanece casi inalterado desde 1870. Las tendencias docentes y educativas del siglo XXI se orientan a la priorización de elementos como la igualdad, la
colaboración, la comunicación, el aprendizaje no memorista y las relaciones comunitarias. Sin embargo, el sistema español de acceso a la judicatura se basa en un aprendizaje exclusivamente memorista, de carácter privado, que no permite a la persona
opositora adquirir las habilidades y conocimientos extrajurídicos que se requieren para desempeñar las funciones propias a la jurisdicción.
Las pruebas orales, basadas en la declamación de temas, no permiten valorar la capacidad de análisis y argumentación de las personas aspirantes. Este elemento no calificado es esencial, ya que el futuro juez o jueza debe tener capacidad
crítica y opinión propia para garantizar su imparcialidad.
Además, por útil que sea el conocimiento memorístico del derecho, la reserva de información que proporciona la memoria ha perdido peso cuando las bases de datos de legislación y jurisprudencia se han convertido en instrumento de trabajo
común para todas las personas juristas.
Por otro lado, el aislamiento social del opositor durante la preparación de las pruebas de acceso tampoco constituye el mejor entorno para encarar los problemas que deberá
resolver desde un prisma no puramente jurídico, sino social y humano. A ese respecto, es necesario que la oposición garantice una formación más amplia que permita al futuro juez o jueza entender la realidad social, así como desarrollar
otras habilidades o herramientas prácticas, como la empatía o la inteligencia emocional. Actualmente, la fase de estudio memorístico supone una inversión tan desproporcionada de tiempo que deslegitima en cierta manera, la fase de aprendizaje
posterior en la Escuela Judicial. De hecho, la estancia de las personas opositoras en la Escuela Judicial es una de las más cortas en comparación con otros países europeos, en los cuales el aprendizaje práctico se prolonga durante dos años o más.
Finalmente, el diseño de la oposición no permite garantizar el principio de igualdad de todas las personas en el acceso a cargos públicos. La persona que quiera opositar a judicatura debe abonar el precio de la preparación (entre 100 y 300
euros de media mensuales), así como su sostenimiento personal durante el tiempo que tarde en superar la fase teórica (de 4 a 5 años de media). Todos estos costes son asumidos, en la mayoría de los casos, por las propias familias, lo que
evidentemente excluye a muchos candidatos y candidatas que no pueden permitírselos.
No cabe duda de que el ejercicio de la función jurisdiccional, igual que el resto de los cargos y funciones públicas, debe llevarse a cabo por personas que sean representativas de los diferentes sectores y estratos sociales, ya que las
diferentes sensibilidades en los problemas jurídicos están también condicionadas por la procedencia, formación o situación socioeconómica de la persona. La realidad es que, por el momento, esta diversidad existente en la sociedad no se refleja en
los juzgados y tribunales.
El Gobierno ha tratado de paliar la quiebra del principio de igualdad que el actual sistema puede provocar, ampliando el catálogo de becas para las personas opositoras que vienen de los entornos socioeconómicos menos favorecidos.
Lamentablemente, el sistema de becas no elimina por completo la posible vulneración del principio de igualdad, así como la falta de transparencia de una formación totalmente ajena a la Universidad.
Existen otros ordenamientos en nuestro entorno que muestran posibles soluciones o modelos alternativos. En Alemania, por ejemplo, los estudiantes egresados de Derecho deben someterse a un examen de Estado para acceder a la carrera judicial.
Una vez superada esa prueba, el aspirante debe realizar un período de formación práctica por un período de dos años, durante los cuales desempeñará prácticas en un tribunal, una fiscalía, una entidad administrativa y una oficina de asesoramiento
legal. Finalmente, para culminar esta fase de preparación, el aspirante deberá superar una prueba o examen de habilitación que da paso a un segundo examen de Estado. Si el aspirante supera este examen, se le permite presentar su solicitud ante el
Ministerio de Justicia.
Un sistema como el alemán permitiría que el grueso de la formación del futuro juez o jueza se imparta en un centro público (la Escuela Judicial, por ejemplo) de manera gratuita y transparente. La preparación de la oposición dejaría de ser
una tarea solitaria, centrada en la memorización de temas, y pasaría a ser una etapa enriquecedora, en la que las personas aspirantes pudieran adquirir todos los conocimientos y habilidades prácticas para ejercer la función de la jurisdicción. Por
otro lado, el primer examen de acceso a la Escuela Judicial se podría configurar de forma similar al de médico interno residente (MIR), de manera que las personas que hubieran aprobado el examen tengan derecho a escoger 'especialidad' en las
profesiones legales en función de sus calificaciones. Así, aunque la nota no fuera suficiente para integrar la carrera judicial, la persona examinada podría escoger otro itinerario como, por ejemplo, el acceso a la abogacía.
El coste material y humano que tiene actualmente la oposición para el acceso a la judicatura no tiene ninguna justificación, más allá de cribar a los aspirantes de manera feroz. Resulta ineficiente e ineficaz para seleccionar a los mejores
candidatos y candidatas, y tampoco permite garantizar el principio de igualdad. Una reforma del sistema de acceso a la judicatura redundaría en un mejor servicio público de Justicia, y reforzaría la imagen de la judicatura como garante
independiente de derechos y libertades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Impulsar las reformas normativas oportunas en el sistema de formación y evaluación de los aspirantes a la carrera judicial, con el fin de asegurar que el grueso de la formación se realiza en un centro público, de manera gratuita y con
contenidos amplios que permitan una preparación integral y efectiva de los futuros jueces y juezas para el ejercicio de la jurisdicción.
2. Realizar un estudio sobre la viabilidad de establecer un examen similar al del MIR en el ámbito de las profesionales legales, permitiendo a las personas aprobadas escoger especialidad por el orden que ocupasen en el escalafón resultante
de sus respectivas calificaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2024.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Interior
161/000278
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Proposición no de Ley sobre la investigación de la percepción de impunidad y las presuntas tramas de corrupción en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que la previsión contenida en el punto 4 ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la investigación de la percepción de impunidad y las presuntas tramas de corrupción en el seno de las FCSE, para su debate en instancia en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La presunta implicación de seis miembros de la Guardia Civil en una compleja trama corrupta, recientemente destapada en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid con la operación 'Grapa', pone en entredicho la confianza en el Instituto
Armado. Guardias civiles son acusados de colaborar con empresas textiles, manipulando los pliegos de la contratación pública para asegurarse contratos lucrativos para la confección de vestuario a cambio de incentivos como porcentajes del dinero,
tarjetas regalo y viajes.
El alcance de la investigación, que implica a 26 empresas y seis miembros de la Guardia Civil, incluye delitos como organización criminal, prevaricación, soborno, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y violaciones contra la
Hacienda Pública. Los contratos examinados abarcan diversos productos, desde calzado hasta indumentaria impermeable, con un valor total en millones de euros. Las empresas, según la investigación, coordinaban los contratos para repartirse las
licitaciones y establecer condiciones favorables con los guardias civiles. La operación 'Grapa' comenzó en la unidad de compras de la Policía Nacional en 2017 y se extendió a la Guardia Civil en 2019. La querella de la Fiscalía Anticorrupción fue
presentada en junio de 2019, con nombres como Maroto Gil y Martín Altube como supuestos líderes.
A medida que la investigación avanzaba, se revelaron nuevos detalles sobre el modus operandi, como acuerdos entre empresas para repartirse los contratos y un posible acuerdo de precios y producción validado por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC). La investigación patrimonial ha aportado más luz a la trama, con mensajes amenazadores y la posible implicación de otros agentes y militares.
La operación 'Grapa', que se cerró con detenciones en julio de 2020, reveló documentos relativos a los contratos, anotaciones con posibles comisiones e incluso dinero en efectivo. Además, los registros mostraron detalles como hojas de
cálculo con regalos navideños que datan desde 1997, sugiriendo una trama que podría tener más de dos décadas. Esta indagación sobre presuntos casos de corrupción que involucran a miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional pone de manifiesto
interrogantes fundamentales sobre la integridad y transparencia de instituciones cruciales para la democracia.
El Instituto Armado se ve así comprometido por la operación 'Grapa', revelando una presunta red intrincada de complicidad con empresas, sobornos y malversación de fondos públicos. Estas prácticas, que abarcan décadas y afectan la
contratación pública de la Guardia Civil, plantean preguntas esenciales sobre la percepción de la impunidad que podría reinar dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). La ciudadanía, que confía en estas instituciones para
garantizar la seguridad y proteger sus derechos, ahora se ve confrontada con la posibilidad de que algunos miembros de estas fuerzas hayan actuado en detrimento del bien común. Además, es fundamental recordar que esta no es la primera vez que las
fuerzas de seguridad se ven inmersas en escándalos. La 'Operación Cataluña' expuso una trama parapolicial conocida como 'Policía Patriótica'. Este grupo, actuando fuera de la ley y con el uso de fondos reservados, persiguió intereses espurios y
partidistas que nada tenían que ver con el interés general.
Esto no solo cuestiona la integridad de las fuerzas de seguridad, sino que también destaca la necesidad de una vigilancia más rigurosa y control interno para garantizar la decencia democrática que exige la ciudadanía. Afrontar, pues, estos
casos de corrupción es un deber de los poderes públicos. La respuesta del Ministerio y del propio Gobierno es crucial para mantener la confianza ciudadana en las instituciones que dicen formar parte de una democracia plena. Por lo tanto, es
perentorio que se investigue y depuren las responsabilidades pertinentes de manera inmediata.
En virtud de lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un plan y/o iniciativa para afrontar los problemas derivados de la percepción de impunidad en relación con las conductas poco éticas, irregulares e ilegales dentro de los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
2. Realizar una investigación interna para esclarecer la existencia de más tramas ilegales y/o irregulares vinculadas al uso de las estructuras existentes del Ministerio del Interior y de fondos públicos.
3. Realizar una investigación para determinar posibles vinculaciones de los agentes implicados con cargos electos y/o de designación política en los diferentes casos de presunta corrupción vinculada a contratos públicos.
4. Los preceptos establecidos en los puntos anteriores se sustanciarán en la elaboración de un informe del cual se dará cuenta a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados antes de la finalización del actual período de sesiones.
Asimismo, y en relación a los casos expuestos, en el mismo informe se hará constar el conjunto de medidas disciplinarias llevadas a cabo por el Ministerio en relación con los agentes implicados en las tramas, así como con sus mandos inmediatos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Pilar Vallugera i Balañà, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congres dels Diputats
El Grup Parlamentari Republica, a instáncies deis Diputats Gabriel Rufián Romero i Pilar Vallugera i Balañá, en virtut de l'establert en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la
Investigació de la Percepció D'impunitat i les Presuntes Trames de Corrupció en el si de les FCSE per al seu debat en instáncia a la Comissió d'lnterior.
Exposició de motius
La presumpta implicado de sis membres de la Guardia Civil en una complexa trama corrupta, recentment destapada en el Jutjat d'lnstrucció número 50 de Madrid amb l'operació 'Grapa', posa en entredit la confianza en l'lnstitut Armada.
Guárdies civils són acusats de col-laborar amb empreses téxtils, manipulant els plecs de la contractació pública per assegurar-se contractes lucratius per a la confecció de vestuari a canvi d'incentius com percentatges deis diners, targetes regal i
viatges.
L'abast de la investigació, que implica 26 empreses i sis membres de la Guárdia Civil, inclou delictes com organització criminal, prevaricado, suborn, malversado de fons públics, blanqueig de capitals i violacions contra l'Hisenda Pública.
Els contractes examinats abasten diversos productes, des de calgat fins a indumentária impermeable, amb un valor total en milions d'euros. Les empreses, segons la investigació, coordinaven els contractes per repartir-se les licitacions i establir
condicions favorables amb els guárdies civils.
L'operació 'Grapa' va comengar a la unitat de compres de la Policía Nacional el 2017 i es va estendre a la Guárdia Civil el 2019. La querella de la Fiscalía Anticorrupció va ser presentada al juny de 2019, amb noms com Maroto Gil i Martín
Altube com a suposats líders. A mesura que la investigació avangava, es van revelar nous detalls sobre el modus operandi, com ara acords entre empreses per repartir-se els contractes i un possible acord de preus i producció validat per la Comissió
Nacional deis Mercats i la Competencia (CNMC).
La investigació patrimonial ha aportat més llum a la trama, amb missatges amenagadors i la possible implicació d'altres agents i militars. L'operació 'Grapa', que es va tancar amb detencions el juliol de 2020, va revelar documents relatius
ais contractes, anotacions amb possibles comissions i fins i tot diners en efectiu.
A más, els registres van mostrar detalls com fulls de cálcul amb regáis nadalencs que daten des de 1997, suggerint una trama que podria teñir més de dues décades.
Aquesta indagació sobre presumptes casos de corrupció que envolten membres de la Guárdia Civil i la Policía Nacional posa de manifest interrogants fonamentals sobre la integritat i transparencia d'institucions crucials per a la democracia.
L'lnstitut Armat es veu així compromés per la operado 'Grapa', revelant una presumpta xarxa intricada de complicitat amb empreses, suborns i malversado de fons públics.
Aqüestes práctiques, que abasten décades i afecten la contractació pública de la Guárdia Civil, fan emergir preguntes essencials sobre la percepció de la impunitat que podria regnar dins les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE).
La ciutadania, que confia en aqüestes institucions per garantir la seguretat i protegir els seus drets, ara es veu confrontada amb la possibilitat que alguns membres d'aquestes forces hagin actuat en detriment del bé comú.
A més, és fonamental recordar que aquesta no és la primera vegada que les forces de seguretat es veuen immerses en escándols. La 'Operado Catalunya' va exposar una trama parapolicial coneguda com a 'Policía Patriótica'. Aquest grup,
actuant fora de la llei i amb l'ús de fons reservats, va perseguir interessos espuris i partidistes que res tenien a veure amb l'interés general. Aixó no només qüestiona la integritat de les forces de seguretat, sino que també posa de manifest la
necessitat d'una vigiláncia més rigorosa i control intern per garantir la decéncia democrática que exigeix la ciutadania.
Afrontar aquests casos de corrupció és un deure deis poders públics. La resposta del Ministeri i de la propi Govern és crucial per mantenir la confianza ciutadana en les institucions que diuen formar part d'una democrácia plena. Així
dones, és peremptori que s'investigui i es depurin les responsabilitats pertinents de manera immediata.
A tenor del que s'ha exposat es presenta la següent:
Proposició no de llei
'El Congrés deis Diputats insta el Govern a:
1. Elaborar un pía i/o iniciativa per afrontar els problemes derivats de la percepció d'impunitat en relació amb les conductes poc etiques, irregulars i il-legáis dins deis cossos de la Policía Nacional i de la Guárdia Civil.
2. Realitzar una investigació interna per esclarir l'existéncia de més trames il-legáis i/o irregulars vinculades a l'ús de les estructures existents del Ministeri de l'lnterior i de fons públics.
3. Realitzar una investigació per determinar possibles vinculacions deis agents implicats amb carrees electes i/o de designació política en els diferents casos de presumpta corrupció vinculada a contractes públics.
4. Els preceptes establerts en els punts anteriors se substanciaran en l'elaboració d'un informe del qual se'n donará compte a la Comissió d'lnterior del Congrés deis Diputats abans de la finalització de Tactual període de sessions. Així
mateix, i en relació ais casos exposats, en el mateix informe es fará constar el conjunt de mesures disciplináries dut a terme peí Ministeri en relació amb els agents implicats en les trames, així com amb els seus comandaments immediats.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Pilar Vallugera i Balañà, Diput.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grup Parlamentari Republicano.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para reforzar la cobertura de servicios de transporte de pasajeros por carretera en la España rural, para su discusión en la Comisión de Transportes y
Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Primero. Transporte y desarrollo rural.
Las infraestructuras del transporte desempeñan un papel fundamental en la vida de los españoles. En particular, el transporte público resulta decisivo para garantizar la movilidad y el acceso de los españoles a los servicios básicos.
Asimismo, el transporte público se manifiesta como un activo esencial para la vertebración del territorio, en especial en el medio rural, donde contribuye a generar las condiciones que atajen el grave problema de la despoblación que asola a la
España despoblada e impulsar su desarrollo económico y social.
En este sentido la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural lo contempla en su artículo 23:
'En el ámbito de las infraestructuras locales y los equipamientos y servicios básicos, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible podrá establecer medidas orientadas a:
a) Mejorar la oferta de servicios de transporte público en el medio rural, para permitir el acceso de la población rural a los servicios básicos en condiciones de igualdad, y para facilitar el acceso a dichos servicios a los colectivos
sociales que por edad, discapacidad o condiciones físicas lo necesiten.
b) Procurar la conectividad de los núcleos de población del medio rural entre sí y con las áreas urbanas mediante la coordinación de sus respectivas planificaciones y dotaciones de infraestructuras de transporte, y la mejora de la red viaria
rural, con objeto de garantizar unas condiciones de utilización y seguridad adecuadas, respetando la integridad y calidad del paisaje rural y evitando la fragmentación territorial.'
Las políticas del pasado Gobierno en esta materia se concretan, por un lado, en la constitución, en el año 2022, de la Mesa de Movilidad Rural, con el objetivo de abordar los retos de la movilidad social en entornos de baja densidad de
población; y, por otro lado, en el caducado Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, el cual establecía las bases para la movilidad sostenible a partir del Documento de Orientación para la Movilidad Sostenible.
No obstante, más allá de la apariencia, no ha habido avances en materia de transporte público en las zonas rurales, que, como es sabido, presenta grandes deficiencias tanto en su organización como en su composición. La escasa presencia del
ferrocarril en la España rural es muy acusada, pues la distancia media a una estación de tren en las zonas rurales de España es de 17,4 km, una cifra superior a los 11,3 km de media europea 1. Ello, unido a la precariedad de otros medios de
transporte público como el autobús colectivo, contribuye a que la movilidad de los españoles en la España rural se caracterice por una gran dependencia de medios privados, según advierten algunos estudios 2.
1 https://observatory.rural-vision.europa.eu/rural-focus?lng=es&ctx=RUROBS&ts=RUROBS&pil=indicator-level&is=Default&cl=rural&tl=0&i=302&db=1051&trc=DEGURB3&it=outline&date=2018
2 https://ojs.uv.es/index.php/CGUV/article/view/18072/17140
Segundo. Brecha territorial en infraestructura y transporte.
La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico dedica un apartado a las infraestructuras del transporte en el medio rural. Sin embargo, lejos de atajar el problema de la desigualdad en la prestación de servicios públicos, el Gobierno de
España no adoptó decisiones en favor de la movilidad en el mundo rural, sino todo lo contrario.
Ejemplo de ello fue el borrador del último mapa concesional que remitió a las Administraciones territoriales el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, prevista en el referido Proyecto de Ley. En el borrador, el Gobierno
planteaba reducir el número de concesiones del Estado, que pasaría de 79 contratos actuales con paradas en 1.912 municipios a 22 concesiones con paradas en 495 municipios. Además, el número de rutas disponibles disminuiría de 966 a 510. En suma,
se proyecta que estas alteraciones resultarían en una disminución del 11 % en la población que tendría acceso a los servicios de transporte de pasajeros por carretera 3.
La magnitud de estas iniciativas promovidas por el Gobierno contrasta con la realidad demográfica de la España rural. En este sentido, cabe destacar que según el documento Demografía de la población rural elaborado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, el 15,9 % de la población española estaba censada en municipios rurales en España en 2020 4. Estos municipios representan el 82 % del total y ocupan el 84 % de la superficie española. A mayor abundamiento, el 60
% de la población que habita las áreas rurales está empadronada en municipios con menos de 5.000 habitantes, la mitad de la cual estaría censada en términos municipales inferiores a 2.000 habitantes.
Pese a ello, el sistema de transporte diseñado por el referido mapa concesional priorizaría la conexión interurbana y metropolitana y la rentabilidad económica al tiempo que reduciría en un 74 % el número de municipios con parada de autobús
5.
De lo expuesto se hace evidente que el Gobierno desatiende por completo las necesidades de los españoles que habitan las áreas rurales y más despobladas de la Nación. Además, las acciones emprendidas por el Gobierno durante la legislatura
anterior contrastan con ciertas disposiciones contempladas en el acuerdo de Gobierno 6. Por poner un ejemplo, Sumar y el PSOE aseguran que promoverán una actualización de la 'Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y el Plan de Acción a
nivel nacional para lograr una mejor vertebración del territorio' así como 'la promoción de una red de transporte público adecuada' 7.
Tercero. Conclusión.
Como se ha analizado, muchos de los municipios con poca densidad de población que existen en España no disponen de un acceso adecuado a los medios de transporte público, siendo ello la enésima manifestación del desequilibrio territorial
existente entre la España poblada y la España rural. Esto se debe a que, en áreas con una menor concentración de habitantes, la viabilidad económica de mantener y sostener redes de transporte público puede ser limitada. Como resultado, estas
localidades pueden enfrentar una carencia significativa de opciones de transporte público, lo que impacta directamente en la movilidad y la accesibilidad de los residentes a servicios esenciales, empleo u otras áreas metropolitanas cercanas. Este
refuerzo de la cobertura de servicios de transporte de pasajeros por carretera en la España rural contribuirá a reducir las cotas de abandono por parte de la población más joven de estas áreas y fomentar el relevo generacional en las actividades
económicas de las zonas rurales.
3 https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-torro-asegura-ningun-municipio-quedara-linea-autobus-cuando-apruebe-nuevo-mapa-concesional-20221129125812.html
4 https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/ayp_demografiaenla poblacionrural2020_tcm30-583987.pdf
5 https://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-gobierno-simplifica-22-contratos-todas-rutas-autobus-espana-hacerlo-mas-eficiente-20220603144302.html
6 https://www.abc.es/espana/consulta-documento-integro-acuerdo-coalicion-gobierno-psoe-20231024141626-nt.html
7 Ibídem.
En consecuencia, se deben poner todos los medios al alcance de la forma más eficaz y eficiente para dotar a todos los españoles de un acceso adecuado a los medios de transporte, toda vez que, como aseguró el Defensor del Pueblo en su informe
sobre la situación demográfica de España de 2018, 'la dificultad [...] para que los habitantes de las zonas más despobladas accedan a servicios básicos como sanidad, educación, transporte, banca y una buena cobertura de redes de banda ancha [...]
genera una brecha de desigualdad que es incompatible con los principios constitucionales de equidad e igualdad en el acceso a los servicios públicos básicos' 8.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las actuaciones necesarias dirigidas a reforzar las infraestructuras de transporte de pasajeros por carretera, incrementar el número de líneas y de municipios españoles con parada de
autobús y a garantizar una conexión más rápida entre poblaciones. Todo ello con un especial énfasis en la España rural al objeto de evitar los problemas demográficos y de acceso a infraestructuras y servicios básicos que afectan con mayor fuerza a
estas zonas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la SE-40 y
reconsideración de la opción de un puente para conectar el tramo Dos Hermanas-Coria del Río, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La ciudad de Sevilla es la cuarta en población de España con 700.000 habitantes, y tiene una población flotante en los pueblos limítrofes que hace que alcance una población superior a 1.870.000 personas, que en su mayoría trabajan y/o
estudian en Sevilla capital.
El crecimiento de población y servicios de la ciudad de Sevilla y de su corona, hizo necesaria la planificación de una ronda de circunvalación SE-30 que redujera los tiempos de desplazamientos, mejorara las comunicaciones y al mismo tiempo
contribuyera a una mejora medioambiental descongestionado las infraestructuras de carreteras existentes. La SE-40 o Autovía de Circunvalación del área metropolitana de Sevilla se proyecta ante el colapso de la SE-30, el crecimiento en población de
pueblos limítrofes y la necesidad de mejorar los tránsitos nacionales, regionales y urbanos. Consta de una longitud actual de menos de 39 kilómetros, siendo la longitud total proyectada de 77,4 kilómetros.
Esta infraestructura es la obra interminable. La SE-40 se inició el 4 de mayo de 2007 con la previsión de tener en servicio sus 77 kilómetros en el año 2011 o 2012. En el 2023, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya habla
de un plazo de finalización del 2030.
Este nuevo plazo de finalización solo tiene explicación si a los condicionamientos normales de una obra de infraestructura de esta envergadura -crisis económica, cambios de gobierno...- se le une las circunstancias arbitrarias y de
despilfarro que acaba de constar el gobierno de Sánchez.
8 https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/09/Separata_situacion_demografica.pdf
Estaba previsto que la SE-40 incorporase cuatro túneles, dos por sentido, de dos carriles cada uno, bajo el río Guadalquivir en su cruce al sur de Sevilla, en la zona navegable del río, de 2.180 m de longitud. Posteriormente, este proyecto
quedó reducido inicialmente a solo dos túneles -uno por sentido- de tres carriles de 3 m; con el cambio de gobierno volvió a estudiarse la sustitución de los túneles por un puente, y es en este punto en el que se encuentra el proyecto al publicar
el gobierno recientemente una nueva declaración de impacto ambiental avalando la opción del puente. Un informe contradictorio y opuesto al que se desarrolló hace una década, cambiando la opción de un túnel para salvar el tramo de Dos Hermanas-Coria
del Río (2,1 km), lo que ha levantado a toda la sociedad sevillana. Detrás de este cambio repentino del Ministerio, se esconde que la opción del puente -descartada por el impacto visual a puertas del parque nacional de Doñana y entorpeciendo
enormemente la actividad de Puerto de Sevilla- supone una reducción de presupuesto de esta importante infraestructura para toda la provincia de Sevilla.
Se ha cifrado en 458,5 millones de euros el coste de ejecución del puente frente a los 1.077 y 1.826 millones de los túneles.
Un cambio de criterio que ha costado a los españoles por ahora más de 100 millones de euros ante la rescisión del contrato -aún están pendientes las indemnizaciones- y más de 20 años, un tiempo perdido que ha supuesto también una pérdida de
progreso económico y social en la provincia de Sevilla.
No solo han quedado en evidencia los técnicos e ingenieros que desarrollaron un proyecto y un impacto ambiental que proponía la opción del túnel, ni la UTE contratada para la ejecución de las obras, ni la inversión -entre otras, la
construcción de una tuneladora para realizar esta obra-, ha quedado en evidencia que hay territorios de primera y de segunda, debido a que en otras provincias como Vizcaya o Barcelona el Ministerio ha desarrollado obras de túneles de la misma o
mayor envergadura.
Por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en octubre de 2022 se emitió un documento de alegaciones respecto al trámite de información pública de septiembre de 2022 realizado por el MITMA al Anteproyecto del nuevo
viaducto.
En ese documento se definían varios aspectos que debían ser considerados, en particular:
1. La importante afección paisajística que el nuevo puente tendrá en el entorno, motivada por el diseño que debe tener para superar ciertas limitaciones, entre otros aspectos: Servidumbre aeronáutica de la Base de El Copera Zona de
Especial Conservación del Guadalquivir perteneciente a la RN2000 Condiciones de navegabilidad y gálibo del canal de navegación (> 70 metros de gálibo).
2. El estudio de rentabilidad económica realizaba el estudio de varias alternativas, 3 para la sección tipo túnel y otras para el viaducto, aunque la solución tipo túnel no valora los costes en los que ya el Ministerio ha incurrido hasta la
fecha desde el año 2002 como la fabricación y transporte de la tuneladora.
3. El estudio de inclinación de la rasante en el Anteproyecto. De acuerdo con la Norma de Trazado de carreteras, la pendiente máxima a adoptar por este tipo de sección y velocidad de proyecto (100 km/h) es del 4 %, pudiendo incrementarse
en 1 % en casos excepcionales y muy tasados, acompañado de un estudio económico de costes de explotación. El Anteproyecto adopta un valor de pendiente del 5 %, lo que previsiblemente provocará problemas de capacidad del viaducto como consecuencia
de la reducción de velocidad de los vehículos pesados. Este aspecto habrá de ser considerado en el Proyecto constructivo, y la posible modificación podría provocar un cambio de la superficie de ocupación en planta y, por tanto, de las condiciones
de la Declaración de impacto ambiental.
Esto nos lleva a constatar que el Anteproyecto desecha la alternativa tipo túnel fundamentalmente por motivos económicos, aunque también estimando un menor plazo de ejecución.
Ninguna de las entidades que registraron alegaciones a este proyecto (Consejería de Fomento de la Junta Andalucía, GAESCO, Ayuntamiento de Coria del Río...) han recibido respuesta a sus escritos de alegaciones, lo que ha producido que se
haya adoptado una decisión sin la suficiente información, cuando ya existía una solución previa que contaba con un consenso e informada públicamente.
No obstante, más allá de las disquisiciones técnicas del asunto, lo que prima ahora es que el Ministerio ejecute cuanto antes las obras, dado que han transcurrido ya más de 20 años sin que este tramo tenga perspectivas reales de ejecución, y
no sólo este, sino los demás tramos que restan para completar el anillo de circunvalación de Sevilla (como el actualmente en información pública).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la SE-40 como infraestructura necesaria para la provincia de Sevilla, concretamente:
- En su tramo norte mediante una financiación suficiente a través de los PGE que permita reducir los plazos de ejecución de la SE-40.
- Reconsiderar la opción de la ejecución de un puente para salvar los 2,1 km del río Guadalquivir.
- Agilizar las acciones necesarias para terminar el tramo Espartinas-Valencina y Valencina-Salteras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Héctor Palencia Rubio, Juan Bravo Baena, Ricardo Tarno Blanco y Rafael Benigno Belmonte Gómez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a cambiar el
nombre de la estación de tren de Barcelona-Sants, añadiéndole el de Montserrat Caballé para rendir homenaje a la soprano, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El 3 de marzo de 2022, la entonces ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció que a lo largo del año el Gobierno cambiaría el nombre de las principales estaciones de tren de la red ferroviaria nacional para
rendir homenaje a mujeres de especial relevancia o prestigio. 'Asignaremos nombres de mujeres a las principales estaciones del país, en un gesto cargado de simbolismo para recordar el nombre de mujeres que en muchas ocasiones la Historia ha
invisibilizado', dijo la ministra.
Coincidiendo con el anuncio, el Gobierno impulsó el cambio del nombre de la estación de Atocha de Madrid para reconocer a la escritora Almudena Grandes. Otras ciudades ya habían visto renombradas sus estaciones. Por ejemplo, la estación de
Málaga lleva el nombre de la filósofa María Zambrano, la estación de Burgos el de la primera gobernadora civil, Rosa Manzano, y la estación de Segovia, el de Guiomar, la musa de Antonio Machado. La estación madrileña de Chamartín también lleva,
desde el año 2020, el
nombre de la política liberal y gran impulsora del sufragio femenino Clara Campoamor. La misma práctica se ha utilizado en el caso de hombres relevantes. El aeropuerto de Barajas lleva, desde 2018, el nombre de Adolfo Suárez, referente
indiscutible de la Transición. Y el aeropuerto de El Prat de Barcelona, el del primer presidente de la Generalidad de la democracia, Josep Tarradellas. La principal estación de trenes de Barcelona, en cambio, mantiene su antigua denominación. El
compromiso del Gobierno ha quedado en el olvido. Y esto a pesar de que, en la lista de catalanes notables, brilla un nombre merecedor de los mayores tributos: Montserrat Caballé.
Montserrat Caballé fue una de las mejores sopranos de la Historia y una de las personas que con más talento y fuerza ha divulgado el nombre de Barcelona por el mundo. Conocida como 'La voz del Liceu', 'La voz de Barcelona', 'La última gran
diva del siglo XX' y 'la Superba', fue ovacionada en los más importantes coliseos del mundo, del Metropolitan de Nueva York a la Royal Opera House de Londres. Dotada de una voz cálida, potente y clara, fue capaz de interpretar buena parte del
repertorio del bel canto, una gesta al alcance de muy pocos cantantes. Preguntada por quién recogería su testigo como la voz más sublime del repertorio lírico-dramático de la historia, María Callas contestó: 'Only Caballé'. Y cuando Freddy
Mercury, el líder de Queen, que también era un gran aficionado a la ópera, tuvo que elegir con quién cantar su famosa 'Barcelona', compuesta para los inolvidables Juegos Olímpicos de 1992, también la eligió a ella. Por ser, explicó, 'la mejor voz
de entre todos los seres humanos'.
Hay homenajes que, más que ensalzar a quien lo recibe, ensalza a quien lo concede. Ocurre cuando los méritos de la persona a la que se rinde tributo son de una dimensión indiscutible y universal. Ahora que Barcelona está tan seriamente
necesitada de un nuevo impulso, ahora que se impone como una tarea colectiva urgente combatir la decadencia generada por años de ensimismamiento separatista, el cambio de nombre de la estación de Sants para incorporar la memoria de Montserrat
Caballé es mucho más que un reconocimiento a una catalana universal. Es un compromiso con una determinada visión de Barcelona y de Cataluña: cosmopolita, tolerante, luminosa y abierta al mundo. Genuinamente olímpica en su espíritu de superación y
de excelencia.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el nombre de la estación de trenes de Barcelona-Sants por la denominación estación de Barcelona-Sants- Montserrat Caballé.'
Palacio del Congreso de los Diputado, 9 de febrero de 2024.-Llanos de Luna Tobarra, Diputada.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar los horarios integrados, para su debate en la
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge en el artículo 47 que las administraciones educativas 'facilitarán la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas artísticas profesionales y la educación secundaria'.
Con objeto de hacer efectivo lo previsto en el apartado anterior, la ley refleja que se podrán adoptar las oportunas medidas de organización y de ordenación académica que incluirán, entre otras, las convalidaciones y la creación de centros
integrados.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el capítulo VI del título I las enseñanzas artísticas, que tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de
los futuros profesionales.
Entre estas enseñanzas se encuentran las enseñanzas profesionales de Música y de Danza, en cuyo desarrollo las administraciones educativas establecen unos currículos que suponen una considerable cantidad de horas de presencia en el centro,
así como unos altos niveles de exigencia que requieren una intensa dedicación al estudio para ser alcanzados.
Por otra parte, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato incluyen en sus currículos diversas materias, cuyos objetivos, sin ser idénticos, coinciden en parte con los establecidos para diferentes asignaturas de las enseñanzas
profesionales de Música y de Danza. Teniendo en cuenta estas coincidencias y el esfuerzo que suponen estas enseñanzas profesionales, se establecen algunas convalidaciones entre ellas y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
El objeto de la implantación de los horarios integrados es mejorar el rendimiento del alumnado que cursa simultáneamente las Enseñanzas Profesionales de Música y la Educación Secundaria y Bachillerato, mediante la coordinación de los
horarios de ambas enseñanzas en una jornada escolar continua de mañana, que permita reducir al mínimo el horario lectivo vespertino del alumnado en los conservatorios, permitiendo aumentar su rendimiento y ahorrando tiempo y esfuerzo personal y
familiar.
La comunidad educativa que se encuentra en estas circunstancias lleva años demandando la compatibilidad horaria y que la simultaneidad entre las dos enseñanzas sea mediante un modelo complementario y no sumativo.
Los horarios integrados regulan la adecuación de la jornada escolar facilitando y haciendo posible el aprovechamiento efectivo de las horas que quedan libres como consecuencia de las convalidaciones a las que tienen derecho mediante Real
Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato; así como el nuevo Real Decreto 14/2023, de 17 de enero,
por el que se modifica el Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que
sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza.
Para llevar a cabo esta formación integral, actualmente conviven en el Estado español varios modelos, centros educativos de Educación Secundaria y Bachillerato cuyo alumnado recibe, dentro del horario lectivo, en las horas libres de las que
dispone como consecuencia de las convalidaciones a las que tienen derecho, asignaturas del conservatorio, que en circunstancias normales, las recibiría por la tarde; centros educativos cuyo horario lectivo integra indistintamente las enseñanzas de
Educación Secundaria y Bachillerato y las enseñanzas profesionales de música y/o danza y conservatorios profesionales de Música y/o Danza que integran indistintamente, dentro de su horario lectivo, las enseñanzas de Educación Secundaria y/o
Bachillerato.
Por otro lado, el Consejo Escolar del Estado ya se ha pronunciado favorablemente por este tipo de horarios ya que permite al alumnado que compatibiliza ambos estudios oficiales tener jornadas escolares continuas en las que los horarios de
ambas enseñanzas
se coordinan, liberando al alumnado de una doble jornada que en total supera, en los cursos superiores, las 10 horas lectivas de trabajo diario.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas y en el marco de sus competencias, impulse la implantación en los Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato, y en los conservatorios
profesionales de Música y/o Danza, los horarios integrados para que el alumnado que compatibiliza estudios profesionales de Música y Danza con la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato pueda realizarlos con eficacia y eficiencia,
optimizando su rendimiento educativo, y para que puedan desarrollar todas sus capacidades buscando la calidad y la excelencia educativa y garantizando la igualdad de oportunidades de todo el alumnado que se encuentra en esta situación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2024.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ampliación del marco de perfiles de personas incluidas en el ámbito de la
inserción laboral, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Las empresas y cooperativas de inserción son aquellas estructuras productivas de bienes o servicios que tienen como fin la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de desventaja social o exclusión, y lleven a cabo un
proyecto personal de inserción mediante un proceso de aprendizaje adecuado que contemple la consecución de habilidades sociales, laborales, formación básica, cualificación laboral y conocimientos del mercado que les permitan mejorar sus condiciones
de empleabilidad.
En el marco de las políticas activas de empleo, un objetivo primordial de la Administración Pública se halla en posibilitar la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de exclusión social. Un modelo de actuación en
cumplimiento de dicho objetivo lo constituyen las empresas de inserción como empresas de carácter social que permiten a las personas incluidas en dichos colectivos mejorar sus condiciones de empleabilidad mediante el desarrollo de proyectos
personales de inserción.
Los perfiles de las personas incluidos en la norma estatal, y en las normas de las distintas Comunidades Autónomas, no coinciden, siendo mucho más amplio los perfiles autonómicos como sucede, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
La Ley 44/2007, de 13 de diciembre, de Empresas de Inserción, establece en su artículo 2 como personas para la inserción laboral las que, debidamente acreditadas por los Servicios Sociales, estén incluidas en alguno de los colectivos con
especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo, refiriendo los siguientes:
perceptores de Rentas Mínimas o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, jóvenes procedentes de centros de protección de menores, personas con problemas de drogodependencias u otros trastornos adjetivos, las personas
procedentes de centros penitenciarios cuya situación le permita acceder a un empleo, las personas procedentes de centros de alojamientos alternativos o de servicios de prevención e inserción autorizados.
Por su parte, por ejemplo, el Decreto 193/2010, de 20 de abril, que regula la calificación y crea el Registro de Empresas de Inserción en Andalucía, establece en su artículo 5 que se considerarán personas en situación de exclusión social
aquellas incluidas en los siguientes colectivos: mujeres víctimas de violencia de género procedentes de casas de acogida o programas de protección, personas emigrantes retornadas a Andalucía con graves necesidades personales o familiares, personas
que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten graves necesidades personales o familiares, personas desempleadas mayores de 50 años que hubiesen permanecido inscritas de forma ininterrumpida como demandantes de empleo en una oficina de
los Servicios Públicos de Empleo durante al menos doce meses, personas con discapacidad física, intelectual o sensorial en un grado igual o superior al 33%, personas que presenten una situación de exclusión similar a las relacionadas anteriormente a
propuesta del Servicio Andaluz de Empleo.
No es el único caso, las Comunidades Autónomas de Galicia (Decreto 156/2007, de 19 de julio, por el que se regula el procedimiento para la calificación de las empresas de inserción laboral), Valencia (Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la
Generalitat, por la que se regulan las empresas de inserción para fomentar la inclusión social en la Comunidad Valenciana), Castilla y León (Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de
inserción laboral y se crea su registro administrativo) y Canarias (Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se regula la inserción sociolaboral en empresas de inserción), tienen regulación específica que establecen criterios más amplios al
describir los factores de exclusión que determinan a sujetos y beneficiarios.
Como señalamos, esta diversidad en la regulación genera diferencias de muy diversa índole en el tratamiento de los supuestos de exclusión social, siendo especialmente preocupante la disparidad existente entre la normativa estatal y
autonómicas en relación con los perfiles de personas que contemplan con dificultades de inserción sociolaboral, con los consiguientes problemas en su contratación dependiendo del ámbito territorial en el que se encuentren.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo un nuevo estudio sobre las empresas de inserción en nuestro país, que analice la situación actual de estas empresas a nivel estatal y autonómico, con el objetivo de conocer si se adecúan a las actuales situaciones de
exclusión sociolaboral.
2. Continuar avanzando para reforzar el régimen jurídico de las empresas de inserción, y adaptarlo a la situación real en relación con los colectivos y factores de exclusión sociolaboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al incentivo a la contratación con ocasión de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, para su discusión en la Comisión de Trabajo, Economía Social,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero Salario Mínimo Interprofesional.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es la 'cuantía retributiva mínima que percibe el trabajador referido a la jornada legal de trabajo' 9, y su incremento tiene sentido como contrapartida de los efectos producidos por la inflación, que
genera altos costes en la totalidad de los productos y servicios que consumen los ciudadanos, especialmente en los bienes y productos de primera necesidad.
La subida del SMI tiene, por lo tanto, un primer efecto positivo para el trabajador, que obtiene una mayor renta mensual. Dicho efecto está minorado, no obstante, por dos factores: el hecho de que la inflación se mantiene en cotas
superiores a las de la propia subida del SMI y la existencia de una elevada presión fiscal, que hace que la ayuda no llegue neta al trabajador.
Las consecuencias del incremento del SMI para los generadores de empleo son más dudosas. Estos, además de la asfixia fiscal que sufren, ven cómo deben hacer frente a más gastos (de salario y cotización) por mandato legal sin recibir
suficientes compensaciones. Y es que, aunque las subidas del SMI contribuyen a reducir el nivel de desigualdad sin incrementar el gasto público, no es menos cierto que ello se hace a costa de las empresas, que son el vehículo fundamental de
cualquier economía, y que resultan esenciales para el mantenimiento del tejido productivo.
El más beneficiado por el referido incremento del SMI, a fin de cuentas, es el propio Estado, que recauda más a expensas del empresario y del trabajador.
Segundo La situación insostenible de los generadores de empleo.
La situación actual para los empresarios, autónomos y familias es verdaderamente preocupante debido a la cantidad de gastos mensuales a los que deben hacer frente: sueldos y salarios, subida de precios por la inflación, cargas tributarias,
etc. Muchas empresas han terminado por cerrar (solo en 2022 fueron 26.207) 10, lo cual se traduce en destrucción de puestos de trabajo y en un drama tanto para la empresa como para los trabajadores. Urge, en primer término, el establecimiento de
medidas tendentes a incentivar la inversión empresarial, ya que es lo que aumenta la actividad económica y, consecuentemente, la propia creación de empleo.
Los costes de contratación a los que un empresario, autónomo o familia deben hacer frente son muy elevados, debido principalmente a los altos impuestos y a la subida de cotizaciones sociales, agravada por el llamado Mecanismo de Equidad
Intergeneracional ('MEI'), una medida introducida por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones,
que impone un gravamen extra a las cotizaciones de las empresas con objeto de 'preservar el equilibrio entre generaciones y
9 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2023/140223-salario-minimo-interprofesional.aspx
10 https://www.abc.es/economia/inflacion-fuerza-mayor-cierre-empresas-espana-ultimas-20230210101424-nt.html
fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social en el largo plazo'. Se ha calculado que las continuas subidas del SMI -la última de ellas, operada en virtud del Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero-, sumadas al incremento
de las cotizaciones que implican el MEI y el recientemente aprobado Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, suponen un aumento de entre 90 y 100 euros del coste que, para una empresa, requiere la contratación de un empleado que percibe el
salario mínimo, lo que equivaldría a alrededor de 1.200 euros al año. La suma de costes salariales y de Seguridad Social puede representar para la empresa un total de 1.750 euros al año 11.
Lo cierto es que, en determinados territorios, las subidas del SMI -tal como han sido aplicadas por el Gobierno- han provocado, para pequeñas y medianas empresas, costes verdaderamente inasumibles, que han condicionado su viabilidad.
En España hay unos salarios de miseria y un paro inaceptable porque el trabajo de todos sostiene el gasto político ideológico e improductivo que no está sometido a ningún tipo de recortes, sino que, al contrario, cada día crece más, mientras
los españoles tienen que hacer sacrificios para subsistir.
En definitiva, es necesario establecer un nuevo marco regulatorio en el que se incentive la contratación y también el empleo sostenido en el tiempo. A tal efecto, el Gobierno debe reducir los costes fiscales a los que somete a las empresas,
autónomos y familias cuando acuden a la contratación, con el fin de proteger los legítimos intereses de empresas y trabajadores, y con el objetivo de que se creen puestos de trabajo estables y dignamente retribuidos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las modificaciones normativas que permitan la aplicación de las siguientes medidas:
1. Impulsar la subida de todos los salarios, especialmente los más bajos.
2. Compensar las subidas salariales con la reducción de las cargas soportadas por las empresas y la regulación abusiva, en concreto a través de bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social a las empresas que contraten
trabajadores de manera indefinida:
a) al 100 % las de los nuevos empleos durante el primer año, y
b) al 50 % durante el segundo año.
3. Aumentar los incentivos a la contratación estable de jóvenes, mayores de 45 años, mujeres embarazadas y padres y madres de hijos con discapacidad.
4. Establecer incentivos y desgravaciones fiscales para favorecer el relevo generacional en todas las empresas familiares, fomentando de este modo la continuidad empresarial.
5. Reducir la base imponible del IRPF por los costes laborales derivados de la contratación de labores de asistencia en el hogar y de personal sanitario de ayuda a las familias.
6. Establecer la exención de 22.000 euros anuales a las rentas de trabajo en el IRPF con independencia de que se tengan uno o dos pagadores.
7. Exonerar de la cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (cuota de autónomos) a aquellos cuyos ingresos no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
11 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12621888/01/24/el-alza-de-cotizaciones-y-el-smi-elevan-en-1200-euros-el-coste-por-cada-trabajador-que-cobra-el-minimo.html
161/000280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de adoptar medidas
urgentes en materia de inmigración irregular, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Los flujos migratorios y su gestión, cuya competencia corresponde, en exclusiva, al Estado, debería ser una política prioritaria para el gobierno de España, más aún atendiendo a las últimas cifras de llegadas irregulares, publicadas por el
Ministerio del Interior y por el informe anual de Frontex, pero también, por el incremento exponencial de las solicitudes de protección internacional a España en los últimos años.
Una prioridad para cualquier gobierno porque, entre otras cuestiones, afecta de manera directa e inmediata a la vida de seres humanos que se encuentran en una situación de extraordinaria vulnerabilidad y, en la mayoría de las ocasiones, en
lo que a la inmigración irregular se refiere, manejadas por redes de tráfico de seres humanos que se nutren de dicha desgracia. Detrás cada cifra hay personas, y detrás de los titulares de prensa, hay una situación de enorme complejidad que exige
del compromiso y la determinación del gobierno de España.
La improvisación y la ineficaz gestión que de los flujos migratorios está llevando a cabo el gobierno de España, en una de las mayores crisis migratorias que ha vivido nuestro país en los últimos años, ha puesto en el foco de atención
mediática y política a España.
Durante en el año 2023 llegaron a nuestro país de manera irregular más de 56 mil personas pero es que, en tan solo el primer mes del año 2024, según los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior, 8.067 inmigrantes irregulares han
entrado a nuestro país por vías irregulares, un 524,4% más que en el mismo período del año anterior. La mayor parte de ellos, 7.270, han arribado a las costas Canarias. Las llegadas se suceden, día tras día, llevando al archipiélago a una
situación 'límite e insostenible' pero también colapsando las dependencias de asilo en el aeropuerto de Madrid sin que el gobierno adopte medidas excepcionales dirigidas al control de flujos migratorios irregulares, que están desbordando las
capacidades de nuestro sistema.
Las cifras de llegadas por vías irregulares son incontestables y ponen en evidencia una ausencia total de gestión por parte del gobierno de España, cuya prioridad es, paradójicamente, ceder de forma clandestina la competencia de inmigración
a quienes les mantienen en el gobierno. Cesión que chocaría, además, con la distribución competencias que consagran tanto la Constitución como los Tratados Europeos.
La consecuencia de tal desorientación de prioridades es la desastrosa realidad que observamos hoy en materia migratoria. Los ejemplos son, por desgracia, numerosos: colapso masificado y caótico en las dependencias del aeropuerto de Madrid
Barajas- Adolfo Suárez, que ha ocasionado que hasta la Cruz Roja abandone la prestación de servicios en las mismas (situación también denunciada por el Defensor del Pueblo, por ir en contra de las condiciones dignas de vida) o Frontex amenazando con
irse de nuestro país si no se alcanzaba un acuerdo sobre la renovación de las operaciones de control sobre la inmigración. Son sólo algunos de los más intolerables, pero no los únicos. La escasez de medios y recursos humanos y materiales para
afrontar esta crisis es, igualmente, inaceptable.
Revertir esta situación no será posible si el Gobierno continúa con su propósito de tratar los problemas migratorios como moneda de cambio con quienes, cesión a cesión, les permiten continuaren el poder. Menos todavía cuando, los mismos con
los que están negociando la cesión de esta competencia, mantienen posiciones que,
según defiende el propio Gobierno de la Nación, les hacen tributarios del calificativo del 'Le Pen de la política española'.
El Gobierno de España debe, de una vez, ejecutar de forma eficaz y eficiente sus competencias dotándose, para ello, de los medios que sean necesarios para ello.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se dote de medios suficientes a las oficinas de extranjería para la tramitación, en tiempo y forma, de los expedientes de retorno de los inmigrantes que se encuentran en España en situación administrativa irregular o hayan entrado
por vías no habilitadas a tal efecto, de acuerdo con los acuerdos bilaterales suscritos por España con terceros países para el control de los flujos migratorios irregulares.
2. Que se refuerce adecuadamente el sistema de identificación, con la puesta en marcha de los instrumentos que acrediten, de manera fidedigna, la mayoría o minoría de edad, en su caso, de los inmigrantes llegados a nuestro país por vías
irregulares.
3. Impulsar la disponibilidad y flexibilidad de vías de inmigración regular, abordando y reduciendo las vulnerabilidades de la inmigración, a la vez que se trabaja en una respuesta internacional al tráfico de inmigrantes.
4. Promover y estimular los sistemas de migración circular, vinculados al mercado laboral, con el establecimiento de garantías para que, en caso de retorno voluntario, cuente con las herramientas necesarias para poder reintegrarse en la
sociedad de su país de procedencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, José Ignacio Romaní Cantera, Alma Alfonso Silvestre, Belén Hoyo Juliá, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Rafael
Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa, Asier Antona Gómez, Ángel Ibáñez Hernando y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el SEPE abone, sin más
demora, las prestaciones que les corresponden a los trabajadores que se han acogido al ERTE de la empresa Calzados FAL de Arnedo (La Rioja), para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La empresa de Calzados FAL, y FAL Seguridad, situada en el municipio de Arnedo (La Rioja), en el Polígono El Raposal, y fundada en 1965, es una de las empresas más emblemáticas a nivel nacional e internacional dentro del sector del calzado.
Es líder en fabricación y en comercialización de calzado outdoor y de seguridad a nivel internacional, con marcas tan destacadas como 'Chiruca' y 'Fal Seguridad' exportando a más de 42 países en el mundo.
Actualmente, cuenta con una plantilla de 130 personas y su capacidad de fabricación es de 6000 pares diarios en sus tres líneas de producción.
El pasado 1 de diciembre de 2023, un incendio iniciado de madrugada, arrasó por completo las instalaciones, incluidos los laboratorios de análisis y ensayo de productos,
con el consiguiente perjuicio para la empresa que ha tenido, prácticamente, que parar la actividad.
Como consecuencia del incendio y para solventar la situación de los trabajadores, el pasado 5 de diciembre de 2023, la empresa presentó ante la autoridad laboral el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de Fuerza Mayor para su
plantilla.
El 13 de diciembre de 2023, la Inspección de trabajo aprobó el ERTE y desde la empresa se remitió toda la documentación al SEPE para iniciar su tramitación.
El ERTE presentado, incluye inicialmente a 72 trabajadores, con la posibilidad de ir recuperándolos en función de las necesidades de la empresa. La empresa, como no podía ser de otra manera, tiene como objetivo reiniciar la producción y
volver a la normalidad productiva a la mayor brevedad posible.
Ante la magnitud de la catástrofe, la empresa actuó con responsabilidad en lo que respecta a la protección de sus trabajadores y realizó los trámites correspondientes en tiempo y forma. El principal objetivo del Comité de Empresa era que
los trabajadores acogidos al ERTE comenzaran a percibir las prestaciones a las que tenían derecho el 10 de enero, que es cuando estaba previsto que el SEPE hiciera el próximo pago.
Durante el mes de enero nadie ha podido dar una explicación coherente de por qué el SEPE no ha pagado el ERTE a los trabajadores de Calzados FAL, si desde el 2 de enero de 2024 consta que estaba registrado correctamente y con toda la
documentación necesaria en el expediente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar la medidas pertinentes para que el SEPE abone de manera urgente las prestaciones que les corresponden a los 72 trabajadores que se han acogido al ERTE de Fuerza Mayor de la empresa
Calzados Fal, como consecuencia del devastador incendio producido en diciembre del 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Javier Merino Martínez y María Isabel Prieto Serrano, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista de conformidad con el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre acciones y medidas en relación con el decenio
afrodescendiente, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Las Naciones Unidas declararon la década entre 2015 y 2024 como el Decenio Internacional para las personas Afrodescendientes. Encontrándonos al final del decenio, urge reflexionar sobre los objetivos fijados por Naciones Unidas, haciendo
especial énfasis en las medidas y acciones futuras que nos permitan alcanzarlos para conseguir que España sea un país donde las personas afrodescendientes puedan desarrollar en igualdad y fraternidad su proyecto vital, y dónde cualquier forma de
discriminación o exclusión social con motivación étnico-racial o de origen sea completamente erradicada.
Tras la visita de un Grupo de expertos, Naciones Unidas emitió un informe en 2018 en el que se vino a reflejar la situación de las personas afrodescendientes, las dificultades a las que se enfrentan y el trabajo realizado por parte de las
instituciones para combatir el racismo. En este sentido, cabe señalar el impulso por parte del Grupo Parlamentario Socialista de la Proposición no de Ley sobre la presentación de un Proyecto de Ley Integral
contra los Delitos de Odio en 2016, las recomendaciones del Defensor del Pueblo, la creación del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad, o la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos
de Odio del Ministerio de Interior.
Asimismo, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, publicó en 2020 el Estudio para el conocimiento y caracterización de la comunidad inmigrante afrodescendiente y
africana para el cual se creó un grupo de trabajo para el mantenimiento de un dialogo continuado con personas africanas y afrodescendientes, y el Informe sobre el seminario digital sobre el legado de las personas africanas y afrodescendientes a la
historia de España. De ambos documentos es posible extraer una serie recomendaciones sobre acciones de sensibilización en relación con legado histórico y cultural de las personas de ascendencia africana, que permiten a complementar y profundizar en
las recomendaciones del Grupo de expertos de Naciones Unidas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, siguiendo las recomendaciones del Grupo de expertos de Naciones Unidas, adopte una estrategia para la implementación de políticas y programas para el reconocimiento y la
promoción de los derechos de las personas de ascendencia africana que incluya:
- Medidas relacionadas con el empleo, la educación, la vivienda, la salud y los servicios sociales, que tengan en cuenta posibles situaciones de discriminación, así como de discriminación múltiple (vinculadas a la edad, sexo, orientación e
identidad sexual, discapacidad, etc.).
- La visibilización estadística de la población afrodescendiente tanto a nivel nacional como a nivel local, como medida inclusiva que permita corregir las discriminaciones.
- Continuar impulsando los estudios e investigaciones que visibilicen la historia y las contribuciones culturales, económicas, políticas y científicas de las personas afrodescendientes a nuestro país.
- El fomento de una educación inclusiva en la diversidad que incorpore la realidad afrodescendiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-Esther Peña Camarero y Luc Andre Diouf Dioh, Diputados.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a aprobar un Plan urgente
para el fomento del empleo femenino, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Es una realidad -como no podía ser de otra manera- que el rol de las mujeres en el mercado laboral ha evolucionado de manera vertiginosa en las últimas décadas. Cada vez hay más mujeres trabajando, también más mujeres emprendedoras, los
sueldos se van equiparando, el acceso a la formación es indistinta entre géneros... y esto son grandes batallas que se han ido conquistando a lo largo de los años, sin embargo, no podemos negar que todavía queda mucho camino por recorrer.
A pesar de las conquistas, quedan aún muchas batallas por luchar. Hoy todavía el número de mujeres en paro es superior al de los hombres, la temporalidad también es mayor en ellas, así como las jornadas parciales debido al rol de cuidados
que por tradición tienen asignado las mujeres. La presencia femenina todavía es muy inferior que la masculina en los puestos directivos, en los consejos de administración de las empresas y en definitiva, en puestos que implican toma de decisiones
relevantes para la empresa. Debido a estas causas sus salarios también son menores.
Uno de los compromisos adquiridos por España con la Comisión Europea es reducir la tasa de desempleo femenino.
Según los últimos datos de la EPA publicados, correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, a cierre de año:
- La tasa de paro femenino es tres puntos superior a la masculina (10,30% vs 13,36%) una diferencia que demuestra que siguen teniendo más dificultades para encontrar un puesto de trabajo.
- El 54,5% del total de los parados son mujeres.
- La tasa de actividad, es más de nueve puntos superior en los hombres (63,69% frente al 54,55%), también evidencia la brecha de género denunciada en el ámbito laboral.
- Cuatro de cada diez parados en España, son parados de larga duración (el 40,3% lleva más de un año buscando trabajo, 1.140.500 personas), es una realidad muy grave por la dificultad que tiene este colectivo para incorporarse al mercado de
trabajo. De éstos, el 54,56% son mujeres.
- El 63% de los parados de larga duración lleva más de dos años buscando un empleo (718.000). El 34,4% son mujeres y el 28,6% hombres.
- Hay 1.655.900 mujeres con contrato temporal frente al 1.318.500 de hombres.
- El contrato a tiempo parcial es donde más se evidencia la brecha laboral, el 74% de los contratos a tiempo parcial los suscriben mujeres.
- Del número de ocupados que trabajan a tiempo parcial y no a jornada completa por tener que cuidar a niños, mayores, o personas dependientes el 92,6% son mujeres. Es decir, son casi en su totalidad, las mujeres quienes renuncian a su
carrera profesional por tener que atender tareas de cuidado.
- Por edad, las paradas mayores de 45 años (entre 45 y 69 años) superan a los hombres. 645.700 paradas mayores de 45 años frente a 510.800 hombres.
- El número medio de horas efectivas trabajadas a la semana también es menor en las mujeres que en los hombres (33,9 horas vs 29,3 horas).
Estos datos evidencian que, en términos generales, la mujer hoy todavía soporta peores condiciones laborales en el mercado de trabajo frente a los hombres. La mujer también asume la mayor parte del trabajo no remunerado, como pueden ser las
tareas de cuidado o la carga mental añadida de gestionar las labores del hogar, circunstancia que deriva en uno de los mayores lastres del empleo femenino: la parcialidad. Esto se traduce en peores sueldos, peores pensiones y en definitiva una
mayor desprotección.
Desde el Partido Popular, somos conscientes de que todavía queda mucho trabajo que realizar y mucho camino por recorrer para dar a la mujer el lugar que se merece en el mercado de trabajo. Somos conscientes de que las mujeres lo que
necesitan es menos propaganda pseudofeminista y más acción, oportunidades y medidas efectivas orientadas a una mayor y mejor empleabilidad que se trasladen a la realidad del mercado laboral español, pero sobre todo a la mejora de la realidad laboral
de las mujeres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a negociar, en el seno de la mesa del diálogo social y junto con las Comunidades Autónomas, un Plan urgente para el fomento
del empleo femenino de calidad y la reducción de la parcialidad no deseada que comprenda, entre otras, medidas orientadas a:
- Aprobar mayores incentivos para las empresas que suscriban un contrato indefinido y a jornada completa con mujeres de atención prioritaria (mujeres menores de 30 años, mujeres mayores de 50 años, mujeres con discapacidad, mujeres víctimas
de violencia de género...).
- Potenciar la corresponsabilidad en la conciliación, para que tanto las mujeres como los hombres se impliquen en la asunción de obligaciones familiares.
- Promover entre las empresas los procesos de selección de personal en los que, en su primera fase, se valore el currículum vitae anónimo o ciego a fin de evitar posibles discriminaciones y garantizar un acceso al empleo inclusivo, en
igualdad de posibilidades y más justo para todos.
- Facilitar y promover la financiación de las empresas formadas por mujeres, diseñando e implantando medidas de fiscalidad más favorables a las mismas.
- Promover más formación técnica y digital para mujeres, especialmente en las materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
- Facilitar la recualificación profesional, aprobando más y mejores programas de formación y cualificación vinculados a la realidad del mercado laboral, teniendo en cuenta los perfiles profesionales de las mujeres desempleadas.
- Intensificar medidas para la integración de los colectivos más vulnerables, en especial en el mundo rural y las mujeres paradas de larga duración.
- Promover el emprendimiento femenino, y facilitar asesoramiento específico, orientación y seguimiento de las nuevas emprendedoras.
- Impulsar el retorno del talento femenino a nuestro país.
- Garantizar el cumplimiento efectivo e inmediato de los programas y medidas para el fomento de empleo femenino anunciados y aprobados hasta el momento, para que los medios y presupuestos destinados a los mismos se transformen realmente en
empleos reales.
- Incentivar medidas que impulsen el liderazgo femenino para ocupar puestos directivos y de representación y orientadas a liderar equipos dentro de las empresas, así como en las cooperativas agrarias, etc.
- Impulsar y dar visibilidad a mujeres que ya están trabajando en puestos de responsabilidad y que pueden ser ejemplo para atraer talento femenino a los sectores menos atractivos o más desconocidos para la mujer.
- Fomentar la participación de la mujer en la negociación colectiva.
- Adoptar cualesquiera otras medidas que de manera eficaz contribuyan a fomentar el empleo femenino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-María Isabel Prieto Serrano, Juan Bravo Baena, Cristina Teniente Sánchez, José Ignacio Romaní Cantera, Irene Garrido Valenzuela, Alma Alfonso Silvestre, Belén Hoyo Juliá, Sofía
Acedo Reyes, Cristóbal Garre Murcia, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Maribel Sánchez Torregrosa, Asier Antona Gómez, Ángel Ibáñez Hernando y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/000262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a solicitar a la UNESCO la declaración del 6 de junio como el
Día Mundial de las Cuevas y del Mundo Subterráneo, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El Mundo Subterráneo podría definirse como el conjunto de espacios naturales y/o antrópicos que son accesibles por el hombre. Se encuentran ejemplos de estos espacios repartidos por todo el planeta, muchas veces asociados a los paisajes
kársticos o a la actividad volcánica, pero también existen cavidades debidas a la actividad humana en su búsqueda de recursos minerales, como las minas.
Todos estos espacios poseen valores geológicos y biológicos de enorme interés y muchos de ellos albergan vestigios prehistóricos, arqueológicos y artísticos, de gran valor cultural, cuya protección y conservación deben ser garantizadas.
Ejemplos destacados son las cuevas de la cornisa cantábrica de España, declaradas Patrimonio Mundial, donde se pueden observar algunas de las salas con pinturas rupestres más importantes del mundo.
Desde el punto de vista ambiental, la importancia del Mundo Subterráneo es indiscutible. Se trata de ecosistemas altamente sensibles y frágiles, cuya formación transcurre en muchos casos a lo largo de miles de años y a los que les afectan
enormemente los pequeños cambios en las condiciones de humedad, temperatura, concentraciones de CO2, etc., pero también la contaminación proveniente de la superficie, de ahí que un equipo de investigación del IDAEA- CSIC haya conseguido una
prestigiosa ayuda de la UE, la ERC Sinergy Grant, para clasificar las cuevas subterráneas del mundo y describir las leyes físicas que rigen el flujo de agua y contaminantes de su interior.
Desde el punto de vista geológico, la importancia de las Cuevas y del Mundo Subterráneo es enorme. Asociadas a paisajes kársticos o a la actividad volcánica, pero también debidas a la actividad humana, en el subsuelo se encuentran
formaciones únicas de una belleza especial, enormes salas, pasadizos recónditos, abismos impresionantes, lagos y ríos subterráneos, tubos de por los que circuló la lava, geodas gigantes, formaciones que sólo es posible encontrar en el subsuelo.
Pero, además, en el Mundo Subterráneo, se encuentra reflejada la historia geológica de nuestro planeta desde su creación.
Desde el punto de vista biológico, el Mundo Subterráneo es el hogar de diferentes especies, muchas de ellas en peligro de extinción, de gran importancia para la vida en el planeta, como son los diferentes tipos de quirópteros, entre cuyas
funciones se encuentran la de polinizar y la de control de plagas. Además, las cuevas albergan una diversidad animal realmente sorprendente, especies troglobias endémicas, algunas veces, de una única cueva. Animales que han adaptado su forma y su
metabolismo para vivir en un medio extremo, en total oscuridad y en el que el alimento es realmente escaso.
Las cuevas son auténticas aulas y centros de generación y transmisión de conocimiento del medio natural y de la historia humana; contribuyen notablemente a la formación y concienciación de sus visitantes, en especial la de los más jóvenes.
También son verdaderos laboratorios naturales donde se llevan a cabo investigaciones científicas de gran trascendencia para el conjunto de la sociedad. Entre ellas, el estudio de espeleotemas mediante técnicas de datación e isotópicas, con el fin
de elaborar reconstrucciones paleoclimáticas que permitan conocer los cambios del clima en el pasado, e intentar predecir los cambios futuro.
Entidades supranacionales como el Consejo Europeo de Investigación ya están concienciadas en la necesidad de abordar la contaminación de las cuevas por la preservación geológica, pero también por la biológica, dado que la conservación de los
entornos naturales es un objetivo internacional que ha de extenderse a las cavidades. El objetivo último es prevenir y evitar, en la medida de lo posible, los daños por el Cambio Climático, dado que el 25 % de la población mundial depende del
suministro del agua dulce de las cuevas.
La preservación de este medio tan frágil es una responsabilidad a la que debemos enfrentarnos con decisión, tomando medidas como la declaración del Día Mundial de las Cuevas y el Mundo Subterráneo, como una vía para dar a conocer a toda la
población y a los gobiernos de los diferentes países de la responsabilidad que tenemos con nuestros sucesores.
Por otra parte, atendiendo a la componente de desarrollo económico, las Cuevas y Minas Turísticas han tenido más de 120 millones de visitantes en el mundo en 2021, lo que supone unos ingresos de más de 2.000 millones de euros (datos de la
International Show Caves Association) en actividades relacionadas con las cavidades. Si tenemos en cuenta la ubicación de éstas, el aporte monetario incide, directamente, en zonas rurales y mayoritariamente despobladas. En el caso de nuestro país,
las cuevas se encuentran, principalmente, en geoparques y en entornos naturales de la España Vacía, dando empleo cualificado en áreas carentes de oportunidades laborales.
Por todo ello, desde las entidades y los agentes que promueven una gestión responsable de las cuevas y minas internacionales, se propone el seis de junio como el Día Mundial de las Cuevas y del Mundo Subterráneo.
El motivo de escoger el seis de junio no es otro que el de hacer coincidir el mayor número de cuevas abiertas en los dos hemisferios, permitiendo a los habitantes de todo el mundo disfrutar, en dicho día, de la visita a las cavidades. Este
día ya ha sido aprobado a nivel mundial por la Asamblea General de International Show Caves Association, que representa a las cuevas y minas turísticas a nivel internacional.
Las últimas políticas llevadas a cabo tanto por el Gobierno como por la Comisión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia y los planes Next Generation, han incidido en la necesidad de potenciar un Turismo
consciente y sostenible (atendiendo a las convocatorias de ayudas públicas de 2022) y el desarrollo de las áreas rurales de nuestra geografía.
En este sentido, lo propuesto en esta proposición no de ley se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en los números ocho (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), once (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y trece
(Acción por el Clima), quince (Vida de Ecosistemas Terrestres).
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y proponer ante la UNESCO la iniciativa de declarar el seis de junio como Día Mundial de las Cuevas y del Mundo Subterráneo, como vía para la preservación y la divulgación de su
importancia a nivel global y permitir el desarrollo de las zonas rurales nuestro país y la generación de empleo y actividad económica en los entornos naturales, asegurando la correcta explotación de las cavidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Andreu Martín Martínez, María Carmen Castilla Álvarez, César Joaquín Ramos Esteban, Cristina López Zamora, María Dolores Corujo
Berriel, María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, María de las Nieves Ramírez Moreno, Juan Antonio Lorenzo Cazorla y David Regades Fernández, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo e impulso de la
creación de una lista de Bienes de Interés Gastronómico, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La cocina española es mundialmente reconocida por ejemplificar la rica dieta mediterránea. Gracias a nuestros agricultores, obtenemos frutas y verduras de primera calidad, que también abastecen a Europa; nuestro aceite de oliva virgen
extra es reconocido a nivel internacional por sus características, así como los vinos que se producen a lo largo de todo el territorio.
Dadas las condiciones intrínsecas a cada zona, a lo largo de nuestro país encontramos multitud de alimentos y platos típicos. Desde el arroz con costra de levante a los guisos tradicionales del norte, centro y sur de la península, sin
olvidar la cocina tradicional canaria o balear. Dar a conocer todos nuestros platos más representativos a aquellos que nos visitan de fuera de nuestro país, o simplemente de otras comunidades, supondría poner aún más en valor nuestra gran riqueza
gastronómica. Asimismo, podría suponer un aumento de las exportaciones de los alimentos que se necesitan para crear estos platos, lo que redundaría en mayores beneficios para los productores.
De esta manera, estos platos típicos tendrían asegurada su continuidad en nuestra cocina (no en vano, han contribuido a que España sea el país con mayor esperanza de vida de la Unión Europea) y nuestra gastronomía ganaría prestigio a nivel
internacional, al tener más platos reconocidos fuera de nuestras fronteras.
Asimismo, los viajeros gastronómicos gastan un 30% más en restaurantes y otras actividades gastronómicas que los turistas generalistas, con lo cual, promocionar e incrementar el número de turistas cuyo principal interés es la gastronomía
supondría un apoyo fundamental para el sector hostelero, pero también un apoyo para zonas con baja densidad de población, ya que se pueden dar a conocer por medio de sus BIG al exterior, de una forma que por ellas mismas no podrían hacerlo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trabajar en cooperación y colaboración con las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells, así como con Comunidades Autónomas de cara a la elaboración de guías de 'Bien de Interés Gastronómico' (BIG).
2 Unificar estas guías de BIG con la finalidad de incrementar la notoriedad y el prestigio internacional de la gastronomía española.
3. Promocionar a través de la red de Oficinas de Turespaña en el exterior (OETS) estos BIG para que España sea considerado destino gastronómico internacional de primer orden, atrayendo mayores cuotas de perfil de turista gastronómico hacia
nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Sandra Pascual Rocamora y Mirian Guardiola Salmerón, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso y creación de un
nuevo programa nacional de viajes y experiencias turísticas para jóvenes residentes en España, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
De acuerdo con datos procedentes de la Organización Mundial del Turismo (OMT), alrededor de 300 millones de jóvenes viajaron en 2020, generando un valor en el mercado turístico por valor de 320.000 millones de euros, incluso pese al impacto
de las barreras y restricciones por causa de la pandemia durante ese año. En este contexto, hay que decir que la última primera Cumbre Mundial de Jóvenes sobre Turismo de la OMT que concluyó con la presentación del llamado Plan de Acción de
Sorrento, planteó entre sus distintos pilares la activa participación de la juventud en todas las etapas de la toma de decisiones en los aspectos relacionados con el sector de los viajes.
De otro lado, la Estrategia de la UE para la Juventud 2019-2027 centrada en tres ámbitos esenciales, -involucrar, conectar y capacitar-, y respetando siempre el principio de subsidiariedad, plantea que Europa ofrezca a los jóvenes unas
mejores oportunidades de vida y actúe sobre sus preocupaciones, ofreciendo resultados efectivos a través de acciones y prioridades específicas. Dentro de las acciones principales se encontrarían la eliminación de obstáculos y el favorecimiento del
voluntariado y la movilidad para la solidaridad. En este sentido, dicha Estrategia aspira a permitir que los jóvenes se conviertan en artífices de su propia vida, animándolos a que se conviertan en ciudadanos activos, agentes de solidaridad y
elementos de cambio positivo, así como ayudando a prevenir la exclusión social de los jóvenes. A partir de lo anterior, se hace preciso traer a colación y poner en valor la importancia que ha jugado y sigue desempeñando por citar un ejemplo el
Programa Erasmus+, uno de los instrumentos de mayor éxito de la UE.
España cuenta actualmente con alrededor de 7 millones de personas que tienen entre 18 y 29 años. Esta generación de población, a diferencia de generaciones anteriores, tiene entre sus prioridades el viajar. Otra de las características de
esta generación, es la gran conexión digital que mantienen a través de las redes sociales. Asimismo, las ciudades europeas siguen siendo las favoritas para viajar para los jóvenes españoles.
Londres, Barcelona, Roma, París, Varsovia, Lisboa, Viena, Palma de Mallorca, Milán y Madrid se situarían como las 10 ciudades más populares para los viajeros de esta generación. Sin embargo, sólo encontramos tres ciudades españolas en el
top 10 de destinos preferidos para los viajes de los jóvenes, a pesar de que España cuenta con 50 monumentos y paisajes declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, además de 627 playas con bandera azul o multitud de parajes naturales a
lo largo de toda nuestra geografía, varios de ellos declarados como Parques Nacionales.
Hay que señalar que la enorme oferta de aerolíneas que opera en nuestro país hace que viajar al extranjero resulte muy fácil y económico para visitar algunos destinos internacionales. Teniendo en cuenta que actualmente con carácter general
el poder adquisitivo de la juventud española tiende a ser muy limitado, parecería oportuno idear por parte del Gobierno de España un programa de viajes para jóvenes en forma de aliciente para que este grupo específico de edad de la población
española pueda conocer mejor todos los atractivos turísticos de los que dispone nuestro país mediante precios absolutamente razonables, que los hagan en definitiva más competitivos frente a la alternativa internacional. Este instrumento supondría
también una ayuda adicional para que el sector turístico español pueda seguir diversificando y desestacionalizando su actividad, lo que repercutiría en el desarrollo de sinergias ventajosas, tanto económicas como sociales para los destinos
receptores de este hipotético programa objeto de la presente propuesta.
Por último, añadir que en términos de promoción este programa podría tener un efecto multiplicador sobre la demanda turística de estos destinos, dado el gran alcance y visibilidad que puede tener su publicación y conocimiento a través de
redes sociales por parte de los usuarios del programa, dando a conocer localizaciones de la geografía española al resto de jóvenes que puedan incrementar su interés por explorarlos y visitarlos.
Sobre la base de lo anterior y con el propósito en resumen de promover el empoderamiento de los jóvenes, propiciando las condiciones adecuadas para que amplíen sus horizontes y tiendan puentes en su tiempo libre de ocio y disfrute,
contribuyendo por extensión a una mayor vertebración social, económica y turística de nuestro país, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Proceder al diseño y creación de un programa nacional de viajes y experiencias turísticas para jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 29 años inclusive, -habilitando los créditos necesarios a tal efecto-, que incluya la cobertura de
servicios de alojamiento y transportes a precios asequibles por todo el territorio español.
2. Diseño de una campaña de promoción centrada en la oferta cultural y paisajística de la que dispone España para la franja de edad de jóvenes entre 18 y 29 años.
3. Llevar a cabo una acción promocional específica que tenga como público objetivo al segmento de población de 18-29 años para dar a conocer los sitios y bienes españoles declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Sandra Pascual Rocamora, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima García,
Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana María Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa y José Vicente Marí Bosó, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos, Ignacio Hoces Íñiguez y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la denuncia del Pacto Verde Europeo y la defensa de los intereses nacionales, para su discusión en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El Pacto Verde Europeo.
El Pacto Verde Europeo es el conjunto de medidas legales, políticas, económicas y financieras mediante las que, desde las instituciones de la Unión Europea, se está imponiendo una agenda de transformación de las economías de los Estados
miembros
con el fin de adaptarlas a una serie de objetivos climáticos. El más importante de ellos, piedra de toque de todo el Pacto, alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.
Esta estrategia, de marcado carácter globalista, ha sido elaborada e implementada a espaldas de los intereses sociales y económicos de los españoles, que sin embargo son los que están soportando las peores consecuencias de las restricciones,
normas y acciones del Pacto Verde Europeo. Entre estos sectores, el sector primario nacional es sin duda uno de los más perjudicados por la agenda verde impuesta desde Bruselas y asumida por el Gobierno de España.
Este Pacto fue presentado por la Comisión Europea el 11 de diciembre de 2019 con el objetivo de dar cumplimiento a los Acuerdos de París y, según se estableció, 'un tercio de los 1,8 billones de euros de inversiones del plan de recuperación
NextGenerationEU y el presupuesto de siete años de la HE financiarán el Pacto Verde Europeo' 12.
Para su desarrollo, se han elaborado multitud de normas que recogen exigencias e imposiciones para nuestros productores que han lastrado la economía y la viabilidad de nuestro sector primario. Entre estas destacan la Estrategia de la Granja
a la Mesa 13 y la Estrategia de Biodiversidad 2030 14. Ambas iniciativas pretenden objetivos climáticos y medioambientales de imposible consecución en los plazos establecidos. La Estrategia de la Granja a la Mesa, impulsada por la Comisión
Europea, otorga prioridad al fomento de los cultivos ecológicos dentro de la UE, con el objetivo para el año 2030 de que el 25% de la superficie agrícola sea ecológica. Además, establece metas específicas para el mismo año, incluyendo una reducción
del 50% en el uso de plaguicidas, del 20% en el uso de fertilizantes y del 50% en pérdidas de nutrientes.
En paralelo, la Estrategia de Biodiversidad 2030 tiene como objetivo principal una supuesta 'restauración' del campo de la UE para el año 2030 que obliga a España a restaurar, al menos, el 20% de las zonas terrestres y marítimas para 2030 y
que fija 2050 como el límite para la protección, valoración y restauración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la UE. Sin embargo, estos objetivos omiten su impacto real en la tierra, que se traduce en la reducción de las hectáreas
de cultivo, en menos cosechas y, en consecuencia, en una subida exponencial de los precios de los alimentos.
Segundo. Medidas perjudiciales para el campo español sobre la base del Pacto Verde Europeo.
Un reciente informe publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos alerta sobre el impacto que tendrán sobre el sector agrícola europeo las restricciones propuestas por la Comisión. En concreto establece que 'las medidas
de sostenibilidad alimentaria y agrícola propuestas por la [Comisión Europea] en su plan decenal para reducir el uso de insumos agrícolas tradicionales, fertilizantes, antimicrobianos y pesticidas en la UE provocarían una reducción tanto de la
producción agrícola de la UE como de su competitividad en los mercados de exportación. Además, la restricción del suministro de alimentos de la UE probablemente provocaría subidas de precios que afectarían a los presupuestos de los consumidores,
reducirían la seguridad alimentaria y disminuirían el PIB en todo el mundo' 15.
Estas estrategias han tenido repercusión directa sobre otros mecanismos, hasta ahora de apoyo, al sector primario europeo. El principal de ellos, la Política Agraria Común ('PAC'), cuya función de sustento a las actividades agrícolas e
impulso a la competitividad está quedando progresivamente desplazada por la vinculación de las ayudas a criterios ideológicos ecologistas o, como en el caso de la última actualización de la PAC, la reversión del 10% de la superficie productiva
agraria.
12 Ibidem
13 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/from-farm-to-fork/
14 https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/estrategia-de-la-ue-sobre-biodiversidad-2030-proteccion-de-la-fauna-y-la-flora-2023-03-03_es
15 https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=99740
La nueva PAC establece objetivos gravosos para los agricultores y ganaderos españoles. Una PAC con un 40% de su presupuesto destinado a objetivos ambientales no es la más propicia para respaldar al sector en un contexto de emergencia
económica como el actual. Esta medida ya ha generado efectos adversos en el periodo octubre-diciembre de 2023, con una disminución de 580 millones de euros en las ayudas directas de la PAC para el campo español, en comparación con el mismo periodo
del año anterior 16. Según el Fondo Español de Garantía Agraria, los beneficiarios de estas ayudas han percibido 3.475 millones de euros, en contraposición a los 4.055 millones de euros recibidos en el mismo periodo de 2022.
Esta reducción del apoyo económico al sector primario se ha combinado con la imposición progresiva de nuevos impuestos, trabas legales y laberintos burocráticos que han llevado a las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras al borde de
la desaparición por el aumento de costes y el abandono institucional.
Del mismo modo, la resolución del Pacto Verde Europeo aprobada en 2020 impulsó el endurecimiento de las normas sobre bienestar animal, que también recaen sobre la industria agroalimentaria.
Por si fuera poco, esta situación se está combinando con la permisividad a la importación descontrolada de productos de terceros países que no cumplen con las normativas a las que están sometidos nuestros productores, ya sea en términos
ambientales, de calidad o en lo referente a la regulación laboral. Resulta incoherente exigir medidas coercitivas para el sector primario europeo al mismo tiempo que se autoriza la entrada de productos procedentes de países que no cumplen con esas
mismas exigencias, generando una competencia desleal con los propios productos comunitarios 17.
Tercero. Desprotección del sector primario español
En relación con lo expuesto, se debe destacar cómo los distintos Gobiernos de España han cedido a las exigencias de los burócratas de Bruselas, aplicando gravosos impuestos y permitiendo una excesiva regulación que ha tenido consecuencias
desastrosas para los productores y distribuidores españoles, hasta el punto de llevar a muchos productores al desánimo por mantener y legar la actividad familiar a sus hijos.
El principal ejemplo fue el acontecido el 15 de enero de 2020, cuando se sometió a votación en Estrasburgo la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo 18 y en la que VOX fue el único partido español que se opuso. Contrariamente, el Partido
Popular y el Partido Socialista votaron a favor del texto que establecía un 'mayor nivel de ambición climática de la UE para 2030 y 2050'.
Este no es un hecho aislado, ya que el 87,8% de las medidas abordadas en el Parlamento Europeo durante la presente legislatura han obtenido el consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular 19.
Cuarto. Conclusión
En definitiva, es indudable que existe un consenso político que lleva décadas desarticulando nuestro sector primario, hoy concretado en la asunción de los postulados de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo 20. Precisamente frente a ese
acuerdo se han rebelado los agricultores europeos y españoles. La sostenibilidad del campo y la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes no puede, en ningún caso, llevarse a cabo al margen de los intereses de España y de nuestro
sector primario. De ello depende el
16 https://coag.org/post/cerealistas-los-grandes-perdedores-del-ano-en-el-campo-espanol-455597
17 https://cadenaser.com/murcia/2024/02/04/padilla-coag-la-politica-de-la-ue-con-respecto-a-las-importaciones-de-terceros-paises-es-una-hipocresia-radio-murcia/
18 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (2019/ 2956(RSP). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ES.html
19 https://gaceta.es/europa/coalicion-bipartidista-en-bruselas-pp-y-psoe-votaron-lo-mismo-casi-el-90-de-las-veces-en-los-ultimos-cinco-anos-20240202-0005/?scroll-event=true
20
https://www.psoe.es/actualidad/entrevistas-actualidad/la-agenda-2030-nuestra-apuesta-por-un-progreso-justo-duradero-y-global/?https://gaceta.es/espana/el-partido-popular-defiende-en-su-programa-electoral-el-cumplimiento-de-la-agenda-2030-2023
0719-1652/
sustento de muchísimas familias. Las agendas ideológicas, en ningún caso, pueden estar por encima del bienestar de los españoles.
En virtud de lo expuesto, resulta necesario promover políticas que faciliten la libertad y la viabilidad económica de las unidades de producción e industrias vinculadas al sector primario.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Denunciar ante las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y las graves consecuencias que ha tenido para la economía española, en especial el sector primario.
2. Promover la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad.
3. Favorecer una verdadera conservación del medio natural que conviva con el apoyo y el respeto a la actividad de nuestro sector primario.
4. Tomar las medidas necesarias para garantizar nuestra soberanía alimentaria, la eliminación de la competencia desleal y el fortalecimiento del principio de preferencia comunitaria.
5. Defender en el seno de las instituciones europeas los intereses de España y en particular de nuestro sector primario.
6. Instar a la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países para suspender inmediatamente aquellos que permitan la importación de productos que no cumplan las exigencias fitosanitarias impuestas a nuestros productores. Del
mismo modo, no ratificar ningún acuerdo comercial que desproteja a nuestro sector primario.
7. Expresar el apoyo y el respeto a las legítimas protestas y reivindicaciones populares que desde el mundo rural exigen el fin inmediato de las políticas ecologistas que amenazan gravemente su viabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
161/000252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los problemas del sector
primario español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector productor primario ha convocado movilizaciones a lo largo de toda Europa.
El descontento es generalizado, por múltiples factores, desde la asfixia por la implantación de requisitos ambientales y burocráticos que dificultan su actividad, hasta la inseguridad jurídica, incremento de los costes y la indefensión ante
la competencia desleal ejercida por producciones procedentes de terceros países.
Antes de declararse el estado de alerta por el COVID 19, el sector agrario se encontraba en una situación crítica por la caída de las rentas y de desequilibrio de en la cadena agroalimentaria. Entonces, en España, las movilizaciones
agrarias se aplazaron para prestar a la sociedad española un servicio esencial de abastecimiento alimentario y desinfección de pueblos y ciudades por causa de la pandemia y el confinamiento.
En tan solo unos meses, los agricultores, ganaderos y en general toda la cadena agroalimentaria han pasado de ser el escudo protector que nos permitía garantizar el abastecimiento de alimentos en nuestros hogares a ser marcados como
responsabilizados del incremento de los precios de los alimentos.
Desde la crisis originada por el conflicto bélico en Ucrania, las explotaciones y actividades del sector agroalimentario, empezando por los productores primarios, han tenido que asumir un incremento de los costes de producción que han
terminado repercutiendo en el balance de las explotaciones y los precios.
En este debate se ponía en valor la seguridad alimentaria de las producciones de la UE y la apuesta por incrementar la producción local sostenible de alimentos, a fin de reducir las dependencias estructurales del exterior.
A todo ello, en España, se ha sufrido unos años de sequía que han provocado un descenso en la producción de determinados productos alimentarios, esenciales para nuestra dieta y balanza comercial.
Mientras tanto, los problemas estructurales del sector no se solucionaban. La puesta en marcha de la nueva Política Agraria Común (PAC), quizás en el momento más inoportuno, aunque tuvo un retraso de 2 años, ha obstaculizado el proceso de
recuperación y la estabilidad que necesitaba el sector primario para realizar una transición productiva que exigía la UE.
El nuevo modelo de PAC permitía a los Estados miembros una mayor flexibilidad en el diseño del marco del Plan Estratégico (PEPAC). En el caso español, pese al llamamiento de algunas organizaciones, el Gobierno procedió con falta de diálogo
y consenso. El PP ha manifestado, en repetidas ocasiones, las críticas sobre la forma de actuar del Gobierno y las complicaciones que suponía el modelo planteado, además de los recortes presupuestarios, y la necesidad dotar al sistema alimentario
de seguridad, estabilidad y rentabilidad.
Durante el primer año han quedado de manifiesto las dificultades de aplicación, más compleja y menos atractiva. Los productores son los primeros interesados en impulsar la sostenibilidad, de las medidas ambientales y de la legalidad
laboral, pero éstas deberían plantearse, no como una carga y si con una oportunidad, y sobre todo con apoyos adicionales y no condicionando la aportación de la PAC.
Es evidente que los productores no están percibiendo una mejor situación económica, pese a que el Gobierno se esmere en sobre ponderar algunos datos macroeconómicos. Las ayudas realizadas no han servido para paliar el aumento de la crisis
inflacionista y de costes de producción. Los beneficios que podría producir una transición ordenada y gradual a otro modelo de producción se han convertido en amenazas que ponen en peligro la viabilidad de las producciones.
La situación es tan tensa y desde otro Estado miembro se ha llegado incluso a criticar el modelo de control de los alimentos ecológicos, mientras una vez más el Gobierno ha tardado en salir a defender estas producciones.
En marzo del año 2021 el mundo rural, en general ya manifestaba, su malestar y el sector vuelve a las movilizaciones, porque ha entendido que sólo de esta manera parece ser atendido por el gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera al sistema agroalimentario español, por su importante aportación a la economía, a la vida y al futuro en el ámbito rural, como un sector de carácter estratégico.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Reforzar la imagen de los productos alimentarios españoles en los mercados, poniendo en valor la calidad, la seguridad y el alto valor de nuestros alimentos y gastronomía.
2) Garantizar la producción de alimentos en España y en Europa, en general, y no incrementar nuestra dependencia de terceros países, manteniendo el tejido agrario y la rentabilidad de nuestras explotaciones, impidiendo la aprobación de
ninguna norma que suponga restricciones a la producción o la disponibilidad de alimentos en Europa, sin antes haber regulado las alternativas que permitan mantener la competitividad a los productos españoles y europeos y realizando una revisión de
los acuerdos comerciales con terceros países a fin de incorporar avances ambientales y deben flexibilizarse con carácter urgente las restricciones aplicadas a los agricultores y ganaderos en Europa.
3) Implantar el informe de impacto en la economía rural y en la producción de alimentos, o impacto de ruralidad, en cualquier norma que se apruebe.
4) Exigir, con carácter inmediato, la flexibilización de la Política Agraria Común, a efectos de consensuar criterios impuestos unilateralmente por el gobierno de España, con medidas como la reducción de trámites, la revisión de los
ecorregímenes y el aplazamiento del cuaderno digital hasta el plazo establecido en el resto de los países de la unión europea.
5) Alcanzar un Pacto Nacional del Agua que asegure el abastecimiento de recursos hídricos en la producción agrarias y ganaderas y pueda dar futuro a toda España, asegurando la disponibilidad de agua para los cultivos y las industrias como
garantía de seguridad alimentaria. El Pacto incluirá el compromiso de las inversiones en infraestructuras que garanticen la disponibilidad de agua para hacer frente a sequías, altas temperaturas y el control de inundaciones, así como modernizar
regadíos.
6) Realizar una revisión de la Ley de la cadena alimentaria a fin de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica.
7) Revisar el Plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados.
8) Reformar el PERTE agroalimentario, revisando los criterios y fondos asignados a fin de que se ajusten a las características del tejido agroindustrial de nuestro país.
9) Revise las actuales políticas de sanidad animal, con la creación de un grupo de expertos que analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades y realizar el adecuado
control de la fauna salvaje y las especies invasores para garantizar la conservar la biodiversidad y mantener protegida la actividad agrícola.
10) Revisar todos aquellos elementos que lastran nuestra competitividad en la normativa nacional y no son consecuencia de ninguna exigencia europea, evitando crear nuevos impuestos, ni aplicar más cargas adicionales a ninguno de los agentes
de la cadena alimentaria, suspender el impuesto al plástico, dado que España ha sido de los primeros países en aplicarlo, con recaudación récord por encima de las propias estimaciones del Gobierno en su primer año de aplicación y rebajar el IVA de
los productos esenciales, incluidos carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos y sus derivados.
11) Exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los productos que han sufrido ataques en territorio francés.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch
Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Sergio Sayas López y Macarena Montesinos de
Miguel, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto y, en su representación, su Portavoz adjunta D.ª lone Belarra Urteaga, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas contra la sequía para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
Nuestras sociedades y nuestros sistemas políticos se enfrentan a una emergencia climática sin precedentes que tiene que ser abordada con una movilización histórica de recursos, una batería de reformas verdaderamente sistémicas y voluntad
política firme para llevarlo a cabo.
La necesidad de poner en marcha ya una transición ecológica y energética socialmente justa supone una tarea de primer orden para prepararnos aquí y ahora para los efectos, que ya son notorios y significativos, del calentamiento global en
nuestras vidas y nuestra cotidianidad.
En España estamos viviendo una de las peores sequías de los últimos años, que ha llevado a tomar decisiones sin precedentes como la declaración de emergencia por sequía en Barcelona y su área metropolitana y en Girona y su entorno, ante la
situación de los embalses que abastecen estas zonas por la falta de lluvias. Se verán afectados 202 municipios que estaban en preemergencia, y que suman 5,9 millones de habitantes.
Esta falta de lluvias tiene consecuencias para todo el mundo pero especialmente para el sector primario. La sequía supone una reducción de las cosechas y lleva las indemnizaciones por daños a un récord histórico, que sumado a los altos
costes y la tendencia a la baja de algunos precios internacionales lastran al sector agrario.
En este escenario, es necesario señalar que el modelo predominante de ganadería industrial en España es insostenible. Según Greenpeace, la ganadería consume 48.000 millones de metros cúbicos de agua en un año, lo equivalente al consumo de
todos los hogares españoles durante más de 21 años y según la FAO, la agricultura representa el 70 % de la extracción mundial de agua dulce.
La situación de emergencia por sequía en Cataluña, coincide con ser uno de los territorios del Estado que asume una carga de ganadería intensiva y macrogranjas mucho mayor.
Necesitamos un Escudo Climático ante la crisis ecológica que proteja a la ciudadanía, al igual que se planteó el Escudo Social con la emergencia derivada de la pandemia de la COVID-19 y las consecuencias económicas y sociales de la guerra en
Ucrania.
Apostar por una agricultura familiar y social y menos intensiva e industrial es clave para evitar la uberización en el campo, proteger a las familias frente a los fondos buitre y grandes multinacionales extractivistas en el campo, garantizar
empleos fijados al territorio y apostar verdaderamente por la soberanía alimentaria y una transición ecológica justa.
Por todo lo anterior, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Aplicar una moratoria a los regadíos hiperintensivos en manos de fondos buitre y macrogranjas. Una moratoria que debería extenderse a la apertura de nuevos regadíos ordinarios en cuencas afectadas habitualmente por la sequía, así como
el control del suministro a aquellos ya existentes en cuencas que se encuentren en situación de sequía, exceptuando a la ganadería familiar y profesional.
2. En las CCAA con situaciones de emergencia aplicar un recorte del consumo de agua del regadío hiperintensivo y de la ganadería hiperintensiva de un 80 %.
3. Un plan de estudio para el refuerzo de la eficiencia y la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos en las zonas que pueden potencialmente estar afectadas por la sequía.
4. No dejar caer a ninguna pequeña o mediana explotación agrícola o ganadera, que se ven afectadas por las consecuencias de la crisis climática. Se promoverá a través del Gobierno, un aumento de las partidas de ayudas directas y de líneas
de crédito y la garantía de la adaptación de las reglas de la PAC.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes
para dar respuesta a las demandas del sector primario para su debate en instancia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Las movilizaciones y las protestas de los agricultores las últimas semanas son una respuesta desesperada a todas las demandas que gran parte del sector primario viene reclamando los últimos años, pero que han sido en su mayoría ignoradas por
el gobierno español.
La situación ha llegado a un punto límite y no únicamente en España, sino que también los agricultores y ganaderos de Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Polonia y Rumanía han parado su actividad y la de las ciudades en las que se han
manifestado para exponer su hartazgo ante la falta de acción por parte de las administraciones competentes frente a la crisis económica que vive el sector.
Las principales reivindicaciones de los ganaderos y agricultores de la Unión Europea (UE) están consensuadas y son muy similares en todo el territorio: el exceso de burocracia asociado a la Política Agraria Común (PAC), el incremento de los
costes de producción, la falta de control en las importaciones y las dificultades derivadas del cambio climático. En el caso del Estado español, a estas problemáticas, se le suma el incumplimiento de la vigente Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (en adelante Ley de la Cadena Alimentaria).
En primer lugar, las quejas por la PAC, que cabe recordar se aplica de manera homogénea en toda la UE, se centran en el exceso de burocracia sobrevenido por la última modificación de la norma en el año 2023. Esto es, una de las grandes
modificaciones fue la instauración de los 'eco-esquemas', un sistema de incentivos para que las explotaciones agrícolas realicen prácticas medioambientales alineadas con los objetivos de la UE. Sin embargo, en la práctica, el cumplimiento de dichos
'eco-esquemas', de la manera en la que están diseñados en la actualidad, condicionan la concesión de parte de las ayudas de la PAC, que en el Estado español suponen una inyección de 4.875 millones de euros en ayudas directas, lo que se traduce en
enorme carga burocrática y una reducción de la productividad que afecta principalmente a los pequeños y medianos productores
No cabe duda de que el sector primario, así como las normas que lo regulan, debe adaptarse a los nuevos tiempos y a los retos derivados del cambio climático. De la misma manera, para alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de
la propia UE, es imprescindible tener presente las realidades de las zonas agrícolas y ganaderas, así como las necesidades de las pequeñas y medianas empresas del sector, para quienes cumplir con requisitos como la reducción de pesticidas o el
aumento de la superficie ecológica obligatoria, en los parámetros previstos actuales, es inasumible.
En segundo lugar, las protestas señalan la asfixia económica que sufre el sector primario, que se empobrece incesantemente, en lo que a producir alimentos se refiere.
Las derivadas económicas del cambio climático y la guerra en Ucrania han impactado de lleno sobre el sector primario, tanto por la sequía y su impacto en las cosechas, como por la crisis energética y la inflación desbocada. De esta forma,
el sector se enfrenta, por una parte, al aumento del precio de las materias que utilizan para producir y, por otra parte, al recorte de sus márgenes de beneficios con la finalidad de proteger la demanda, amortiguar el encarecimiento y soportar los
requisitos, en muchas ocasiones traducidos en chantajes, de los grandes supermercados, quienes imponen unos precios irrisorios a los productores mientras no tienen topado el precio de venta al consumidor final.
En tercer lugar, la competencia desleal derivada de la falta de control en las importaciones y los múltiples convenios de libre comercio firmados por el gobierno español. Esto es, la introducción en los mercados locales de productos
importados de terceros países que no cumplen con las mismas normas y estándares que se les exige a los productores autóctonos, quienes al asumir el aumento de costes más las normas y estándares, no pueden competir con los precios, mucho más bajos,
de los productos originarios de los mercados internacionales. De la misma manera, el sector se suma a la crítica, también latente en otros Estados europeos, a ciertos acuerdos comerciales, como el Acuerdo con Mercosur, que perjudican a su ganadería
y su comercio agrícola.
Por último, los agricultores critican que la Ley de la Cadena Alimentaria que, entre otras cuestiones, ha intentado evitar ventas por debajo de precio de mercado, no se está cumpliendo. Dicha norma fue modificada en febrero de 2020, después
de una oleada de protestas alrededor de todo el Estado español, y buscaba prohibir las prácticas desleales para que los precios que los agricultores cobran por sus productos cubran los costes de producción, así como un mayor control por parte de la
Agencia de Información y Control Alimentario. La ineficacia de esta norma para solventar esta problemática ya se viene probando desde su entrada en vigor y, en consecuencia, los agricultores venden a pérdidas desde hace cuatro años. Por lo cual,
el sector reclama una aplicación firme de la Ley de la Cadena Alimentaria de manera que se obligue a pagar unos precios en origen que al menos cubran los costes de producción, y ven fundamental que lo cumpla la gran distribución, el final de la
cadena.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Desarrollar las modificaciones legislativas necesarias, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la presente iniciativa, para flexibilizar las exigencias comunitarias de la Unión Europea, desde el punto de vista
burocrático y de acceso a las ayudas de la PAC, para el pequeño y mediano agricultor, siendo estos actores clave para la preservación de la soberanía alimentaria de nuestros territorios.
2. Desarrollar las modificaciones legislativas necesarias, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la presente iniciativa, para modificar los criterios de reparto y distribución estatal de los recursos económicos procedentes
de la PAC para que se destinen en su mayoría a los pequeños y medianos agricultores.
3. Paralizar la negociación de acuerdos de libre comercio con terceros países, aplicar un mayor control de las importaciones y establecer las cláusulas espejo en el comercio con países de fuera de la Unión Europea.
4. Presentar, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la presente iniciativa, un Proyecto de Ley por el cual de modifique la vigente Ley de la Cadena Alimentaria para que dicha norma pueda ser corregida y contemple de forma
eficaz las demandas del sector primario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Republicano.
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Teresa Jordà i Roura, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei sobre mesures urgents
per a donar resposta a les demandes del sector primari per al seu debat a la Comissió d' Agricultura, Pesca i Alimentació.
Exposició de motius
Les mobilitzacions i les protestes dels agricultors les últimes setmanes són una resposta desesperada a totes les demandes que gran part del sector primari ve reclamant els últims anys, però que han estat en la seva majoria ignorades pel
govern espanyol.
La situació ha arribat a un punt límit i no únicament a Espanya, sinó que també els agricultors i ramaders de França, Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Polònia i Romania han parat la seva activitat i la de les ciutats en les quals s'han manifestat
per a exposar el seu cansament davant la falta d'acció per part de les administracions competents davant la crisi econòmica que viu el sector.
Les principals reivindicacions dels ramaders i agricultors de la Unió Europea (UE) estan consensuades i són molt similars en tot el territori: l'excés de burocràcia associat a la Política Agrària Comuna (PAC), l'increment dels costos de
producció, la falta de control en les importacions i les dificultats derivades del canvi climàtic. En el cas de l'Estat espanyol, a aquestes problemàtiques, se li suma l'incompliment de la vigent Llei 16/2021, de 14 de desembre, per la qual es
modifica la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària (d'ara endavant Llei de la Cadena Alimentària).
En primer lloc, les queixes per la PAC, que cal recordar s'aplica de manera homogènia en tota la UE, se centren en l'excés de burocràcia sobrevingut per l'última modificació de la norma l'any 2023. Això és, una de les grans modificacions va
ser la instauració dels 'eco-esquemes', un sistema d'incentius perquè les explotacions agrícoles realitzin pràctiques mediambientals alineades amb els objectius de la UE. No obstant això, en la pràctica, el compliment d'aquests 'eco-esquemes', de
la manera en la qual estan dissenyats en l'actualitat, condicionen la concessió de part de les ajudes de la PAC, que en l'Estat espanyol suposen una injecció de 4.875 milions d'euros en ajudes directes, la qual cosa es tradueix en enorme càrrega
burocràtica i una reducció de la productivitat que afecta principalment els petits i mitjans productors.
No hi ha dubte que el sector primari, així com les normes que el regulen, ha d'adaptar-se als nous temps i als reptes derivats del canvi climàtic. De la mateixa manera, per a aconseguir els objectius climàtics i mediambientals de la mateixa
UE, és imprescindible tenir present les realitats de les zones agrícoles i ramaderes, així com les necessitats de les petites i mitjanes empreses del sector, per als qui complir amb requisits com la reducció de pesticides o l'augment de la
superfície ecològica obligatòria, en els paràmetres previstos actuals, és inassolible.
En segon lloc, les protestes assenyalen l'asfíxia econòmica que sofreix el sector primari, que s'empobreix incessantment, en el que a produir aliments es refereix. Les derivades econòmiques del canvi climàtic i la guerra a Ucraïna han
impactat de ple sobre el sector primari, tant per la sequera i el seu impacte en les collites, com per la crisi energètica i la inflació desbocada. D'aquesta manera, el sector s'enfronta, d'una banda, a l'augment del preu de les matèries que
utilitzen per a produir i, d'altra banda, a la retallada dels seus marges de beneficis amb la finalitat de protegir la demanda, amainar l'encariment i suportar els requisits, en moltes ocasions traduïts en xantatges, dels grans supermercats, els qui
imposen uns preus irrisoris als productors mentre no tenen topat el preu de venda al consumidor final.
En tercer lloc, la competència deslleial derivada de la falta de control en les importacions i els múltiples convenis de lliure comerç signats pel govern espanyol.
Això és, la introducció en els mercats locals de productes importats de tercers països que no compleixen amb les mateixes normes i estàndards que se'ls exigeix als productors autòctons, els qui en assumir l'augment de costos més les normes i
estàndards, no poden competir amb els preus, molt més baixos, dels productes originaris dels mercats internacionals. De la mateixa manera, el sector se suma a la crítica, també latent en altres Estats europeus, a uns certs acords comercials, com
l'acord amb Mercosur, que perjudiquen la seva ramaderia i el seu comerç agrícola.
Finalment, els agricultors critiquen que la Llei de la Cadena Alimentària que, entre altres qüestions, ha intentat evitar vendes per sota de preu de mercat, no s'està complint. Aquesta norma va ser modificada al febrer de 2020, després
d'una onada de protestes al voltant de tot l'Estat espanyol, i buscava prohibir les pràctiques deslleials perquè els preus que els agricultors cobren pels seus productes cobreixin els costos de producció, així com un major control per part de
l'Agència d'Informació i Control Alimentari. La ineficàcia d'aquesta norma per a solucionar aquesta problemàtica ja es ve provant des de la seva
entrada en vigor i, en conseqüència, els agricultors venen a pèrdues des de fa quatre anys. Per la qual cosa, el sector reclama una aplicació ferma de la Llei de la Cadena Alimentària de manera que s'obligui a pagar uns preus en origen que
almenys cobreixin els costos de producció, i veuen fonamental que ho compleixi la gran distribució, el final de la cadena.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Desenvolupar les modificacions legislatives necessàries, en el termini màxim de tres mesos des de l'aprovació de la present iniciativa, per a flexibilitzar les exigències comunitàries de la Unió Europea, des del punt de vista burocràtic
i d'accés a les ajudes de la PAC, per al petit i mitjà agricultor, sent aquests actors clau per a la preservació de la sobirania alimentària dels nostres territoris.
2. Desenvolupar les modificacions legislatives necessàries, en el termini màxim de tres mesos des de l'aprovació de la present iniciativa, per a modificar els criteris de repartiment i distribució estatal dels recursos econòmics procedents
de la PAC perquè es destinin en la seva majoria als petits i mitjans agricultors.
3. Paralitzar la negociació d'acords de lliure comerç amb tercers països, aplicar un major control de les importacions i establir les clàusules mirall en el comerç amb països de fora de la Unió Europea.
4. Presentar, en el termini màxim de tres mesos des de l'aprovació de la present iniciativa, un Projecte de Llei pel qual es modifiqui la vigent Llei de la Cadena Alimentària perquè aquesta norma pugui ser corregida i contempli de manera
eficaç les demandes del sector primari.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrer de 2024.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu adjunta del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de medidas destinadas a la promoción de la agricultura
familiar, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La nueva Política Agraria Común permitirá una mejor distribución de las ayudas y beneficia sobre todo a la agricultura familiar y profesional. Así pues, el conjunto de ayudas de la PAC contiene una serie de medidas enfocadas a fomentar un
sector agrario inteligente, competitivo, resiliente y diversificado, que garantiza la seguridad alimentaria. Asimismo, refuerza la protección del medio ambiente y la biodiversidad y está orientada a fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas
rurales.
Especialmente, la nueva PAC influye particularmente en el relevo generacional y el refuerzo del protagonismo de la mujer en el ámbito agrario, ganadero y en el entorno socioeconómico del mundo rural.
Quiere reforzar, también, a las pequeñas y medianas explotaciones familiares y profesionales, como el pago redistributivo, la primera vez, o el tope máximo de las ayudas.
Cuando hablamos de agricultura familiar no solo hablamos de agricultores, ganaderos y trabajadores del campo, sino que hablamos de los alimentos que consumimos diariamente. La agricultura de tipo familiar produce el 80 % de los alimentos
del planeta. Por tanto, la necesidad de sostenibilidad y resiliencia, el medio ambiente y a los efectos del cambio climático obligan al desarrollo de estrategias adaptadas para tales circunstancias.
En esta línea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lleva desarrollando decididamente su acción política en este camino: relevo generacional y jóvenes, apoyo a las mujeres rurales, transformación digital e innovación y la
modernización de la gestión del agua muestran la iniciativa desplegada desde 2018.
Sin embargo, la sequía severa que sufre España y las consecuencias de la guerra en Ucrania han contribuido a dificultar el desarrollo del sector. Así pues, desde el Gobierno de España, se han desplegado una serie de medidas para paliar sus
efectos. El pago de 281 millones de euros en ayudas para 243.000 agricultores en el capítulo de compensación de la subida del precio de los fertilizantes. También se ha publicado en el BOE la orden de módulos del IRPF para el ejercicio 2022, que
supone una rebaja de la base imponible de 1.807 millones y que beneficia a más de 800.000 agricultores y ganaderos, gracias a la reducción del rendimiento neto del 25 %. En el capítulo fiscal, ha habido una minoración del rendimiento neto del 35 %
por adquisición de gasóleo y del 15 % por fertilizantes, así como una rebaja de los módulos entre el 30 y 50 % para sectores ganaderos, cereales, leguminosas, oleaginosas, olivar, albaricoque, melocotón, nectarina, almendra y castaña, además de
otras rebajas en sectores y territorios afectados por vicisitudes. De forma más directa, se ha puesto en marcha un potente paquete de medidas urgentes y de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y temperaturas
altas, así como al agravamiento de las condiciones de producción del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entre ellas, ayudas directas de Estado, que superan los 636 millones de euros para el sector agrícola y ganadero, así
como la subvención de hasta un 70 % en el coste de la póliza del seguro agrario. El conjunto de todas estas medidas asciende a 743 millones de euros.
En resumen, el Gobierno de España tiene interiorizada la importancia del sector agrícola y las dificultades a las que se enfrenta. La crisis climática, unida a la guerra en Ucrania, han puesto de relieve la necesidad de defender al campo
español y a sus trabajadores, las familias que dedican todo su esfuerzo a mantener el sector agroalimentario español. Por ello, es imprescindible seguir innovando y dedicando esfuerzos al desarrollo de nuevas políticas públicas que garanticen el
desarrollo de la agricultura familiar en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar más medidas destinadas a fomentar y promocionar la agricultura familiar en España.
2. Dinamizar la producción agrícola y ganadera a través de la implantación de herramientas de l+D+i en las propias explotaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-David Regades Fernández, María Luisa Faneca López y Sergio Carlos Matos Castro, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al papel esencial de las mujeres rurales para la vertebración territorial
y social y como vector para la innovación y el emprendimiento, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Exposición de motivos
Las mujeres representan en España a más del 50 % de la población, de 48 millones de habitantes, más de 24,5 millones son mujeres. Además, representan el 48,8 % de la
población de los municipios de menos de 5.000 habitantes en nuestro país, siendo las mujeres de zonas rurales el 12 % de las mujeres de España.
La labor que desempeñan no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, contribuye al desarrollo económico y social de la economía. Un rol que deja constancia de lo esencial de su trabajo en la productividad agrícola y rural, la seguridad
alimentaria y como elemento destacable para la reducción de la pobreza, en definitiva, contribuyen al desarrollo social y sostenible de España.
El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, un día que pone de relieve su labor, dignifica su figura y nos recuerda la necesidad de seguir desarrollando políticas que refuercen su posición en el ámbito laboral y
asegurando la plena igualdad entre hombres y mujeres rurales.
En esta línea, el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, muestra el perfil que existe de la población rural en relación con el empleo, poniendo de manifiesto una vulnerabilidad mayor en las mujeres rurales. Demuestra
que las zonas rurales cuentan con menor tasa de inserción femenina. A todo esto, se le debe añadir que las personas con peores sueldos, son principalmente las mujeres. Un 77,4 % de personas que ganan menos de 400 al mes son mujeres y un 55,6 %
de personas ganan entre 401 y 600 son mujeres también.
En cuanto al tipo de trabajo que realizan las mujeres en el ámbito rural, según el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 50 % de las mujeres trabajan en el sector de servicios, seguido del sector industrial (19,2 %)
y el sector agrario (18,8 %). En cuanto a las funciones a desempeñar en cada uno de estos sectores, las mujeres continúan realizando los trabajos tradicionalmente más feminizados, por ejemplo, dentro del sector industrial, el 72,3 % de las mujeres
se dedican a la rama textil y de confección. A pesar de tener condiciones menos favorables, las mujeres en el medio rural contribuyen de una manera muy importante al mercado laboral.
El Gobierno de España ha demostrado su concienciación impulsando subvenciones desde el ámbito estatal y la PAC hacia las mujeres del ámbito rural, demostrando, de nuevo, su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reforzar las políticas públicas relativas a la titularidad compartida de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
2. Apoyar las iniciativas que favorezcan el emprendimiento y la formación de las mujeres rurales, así como su incorporación a la actividad agraria y su mayor representación en los órganos de decisión de las entidades y asociaciones
vinculadas con el medio rural y el sector agroalimentario.
3. Seguir promocionando los programas de alfabetización digital de mujeres en el mundo rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-David Regades Fernández, María Luisa Faneca López y Sergio Carlos Matos Castro, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la Ley de Control e Inspección Pesquera, para su debate en
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El anteproyecto de Ley de modernización del control y la inspección, y la lucha contra la pesca ilegal, fue aprobado, en primera lectura, por el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2022, en la anterior legislatura.
Este proyecto venía a completar a la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera y tenía como objetivo revisar y modernizar los sistemas de control e inspección como garantía del cumplimiento de la Política
Pesquera Común (PPC). Asimismo, buscaba reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como flexibilizar y modernizar el régimen de infracciones y sanciones en materia pesquera, garantizando el principio de
proporcionalidad del régimen sancionador.
Por otra parte, el día 20 de diciembre se publicó el Reglamento (UE) 2023/2842 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de noviembre de 2023 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se modifican los
Reglamentos (CE) n.º 1967/2006 y (CE) n.º 1005/2008 del Consejo y los Reglamentos (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 y (UE) 2019/473 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al control de la pesca.
Este nuevo Reglamento consta de ocho artículos. Los seis primeros artículos modifican, cada uno de ellos, un reglamento distinto, entre otros, el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 (Reglamento de Control) y el Reglamento (CE) n.º 1005/2008
(Reglamento de pesca INDNR).
El 4 de abril de 2023, durante la presentación de la entrega a la Guardia Civil de la última patrullera de nueva construcción, los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
volvieron a subrayar el compromiso del Gobierno de España con las labores de inspección pesquera.
En la presentación de la patrullera 'Río Luna', el ministro Luis Planas, puso en valor el liderazgo mundial de nuestro país en la consolidación de la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. También manifestó que la
renovación y modernización de la flota de inspección pesquera estaba incluida en el Plan de Impulso a la Sostenibilidad, Investigación, Innovación y Digitalización del Sector Pesquero enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar la tramitación de una nueva ley que adecúe la normativa española a las modificaciones introducidas por la normativa europea para el control y la inspección de la actividad
pesquera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-David Regades Fernández, María Luisa Faneca López y Sergio Carlos Matos Castro, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de políticas públicas que refuercen al sector conservero, para
su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La crisis inflacionista que está viviendo Europa y, en menor medida, nuestro país, se está haciendo notar de forma muy distinta en los diferentes sectores económicos de España. En el caso del sector de la conserva de pescado y marisco, la
inflación ha
generado una subida de los costes industriales y una pronunciada reducción del consumo, singularmente en el ámbito nacional, donde la demanda ya se sitúa por debajo de los niveles de 2017. Especialmente, el consumo en el hogar se redujo en
un 7,9 %, pese a que los precios crecieron una media del 7 % durante 2022.
El efecto de esta crisis sobre el consumo de conservas no se circunscribe únicamente al mercado español. Los principales clientes de las conservas españolas localizados en la Unión Europea han recortado sus importaciones sobre nuestro
mercado en un 3 %.
El sector conservero español se nutre fundamentalmente de la industria gallega, alcanzando el 80 % de las exportaciones de conservas de pescado y marisco en España. Las exportaciones de conservas gallegas han situado a España como el
principal productor de la Unión Europea y el segundo en todo el mundo, solo superado por Tailandia.
Según la Xunta de Galicia, el sector conservero genera en la comunidad autónoma unos 12.000 puestos de trabajo, lo que supone el 78 % del total del empleo que este sector genera en España, representando el 3 % del PIB gallego.
Según ANFACO-CECOPESCA, la principal organización española que brinda apoyo a las empresas del sector marino alimentario de nuestro país, definía con los siguientes diez puntos al sector de la conserva de pescados y mariscos:
1. España es el primer productor de conservas de pescado y marisco de la UE y el 2.º a nivel mundial con una producción estimada en 2020 de 359.081 toneladas valoradas en 1.745 millones de euros (4,8 % de crecimiento respecto a 2019).
2. Las conservas de túnidos son el principal producto elaborado por la industria conservera de pescado y marisco, representando el 69 % del total.
3. España comercializa sus productos de la pesca, la acuicultura y sus transformados a 149 países.
4. Las exportaciones totales de conservas y semiconservas se incrementaron en torno a un 15,5 % en 2020, alcanzando un valor de 1.144 millones de euros.
5. La principal especie exportada son los túnidos en conserva, que representan el 59 % del total de las exportaciones.
6. España es el mayor exportador de la UE y está, a su vez, en el top cinco a nivel mundial de preparaciones y conservas de pescado y marisco. Los principales destinatarios de las conservas españolas de pescado y marisco son Francia,
Italia, Portugal, Países Bajos y Alemania en el marco de la Unión Europea y Reino Unido, EE. UU., Marruecos y Turquía fuera del mismo.
7. Más del 48 % del total de ingresos de las 65 principales empresas del sector conservero nacional procedieron del exterior.
8. El consumo per cápita de conservas aumentó en 2020 un 10 %, siendo la cantidad consumida por persona de 4,85 kg por persona y año. El mayor consumo per cápita lo encontramos entre los habitantes de la Región de Murcia, País Vasco y
Aragón que consumen 5,62 kg, 5,47 kg y 5,41 kg por persona respectivamente.
9. Los hogares españoles dedican un 2,92 % de su presupuesto a la compra de estos productos. El perfil intensivo en la demanda de conservas se corresponde de media con un hogar con hijos mayores, medianos o sin hijos. Son hogares cuyo
responsable de las compras tiene entre 50 y 64 años de edad, y cuyo perfil socioeconómico se corresponde con hogares más bien acomodados, de clase media, media alta y alta.
10. El gasto per cápita creció en un 11 % siendo el promedio invertido por persona de 50,19 .
Por todas estas razones, la situación del sector conservero nos pone ante la necesidad de abordar en los próximos años importantes retos, enlazados principalmente a la estimulación del consumo interno y externo. Y, en esa línea, se vuelve
imprescindible la mejora de la competitividad y el aumento del valor añadido de sus elaboraciones, intensificando la calidad e innovación en las conservas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España al impulso de políticas públicas dedicadas al refuerzo y desarrollo del sector de la conserva de pescado y marisco de nuestro país, con el fin de seguir mejorando la competitividad,
incrementando el valor añadido de sus elaboraciones e intensificando la calidad e innovación en el sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-David Regades Fernández, María Luisa Faneca López y Sergio Carlos Matos Castro, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Isidre Gavín i Valls, al amparo de lo que establece el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación, una Proposición no de Ley para establecer compensaciones económicas para los cultivos de olivo.
Exposición de motivos
El cambio climático ha provocado que el sector agrario en general sufra de una grave sequía, en algunos territorios de forma especialmente grave. Las administraciones han desarrollado medidas de apoyo a los afectados y de compensaciones de
costes para atenuar el grave impacto económico en las explotaciones agrarias.
Estas ayudas no guardan un patrón constante en función de los cultivos o de las zonas más afectadas, en algunos casos se han compensado pérdidas de cultivos de secano y en según qué casos en cultivos de regadío.
Uno de los cultivos más afectados ha sido el del olivo de secano y en este caso no se ha hecho oficial ni público qué compensaciones tendrá este cultivo y es todavía una excepción a la hora de recibir apoyo público.
Los olivos de secano, por lo menos en el caso de Catalunya, son también en muchas ocasiones, fincas de zonas poco pobladas, explotaciones familiares y también a menudo en zonas montañosas o boscosas donde es especialmente importante retener
la población y la actividad.
También es sabido que, en el caso de los olivos de regadío, tendrán unos sobrecostes extraordinarios de mayor consumo de agua y otras afectaciones por motivo las puntas de calor, es decir, que la grave sequía y la falta de precipitaciones
también les ha generado un impacto económico significativo, en algunos casos incluso no han podido disponer de agua suficiente para completar el riego.
Las grandes movilizaciones del sector agrario y ganadero de estos últimos días ponen en evidencia la difícil situación de subsistencia económica de muchas explotaciones, hecho que justifica aún más, la necesidad de atender a todos los
conreos gravemente afectados por la sequía.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer urgentemente las compensaciones necesarias para los cultivos del olivo de secano afectados por la sequía del 2023 y establecer, también, con urgencia el pago de estas.
2. Analizar el tipo de compensaciones a implementar para las explotaciones de olivo de riego que hayan sufrido fuertes afectaciones en la cosecha 2023 por falta del agua suficiente, afectaciones a la planta y a la cosecha por exceso de
calor y sobrecostes y a establecer los mecanismos para su pago.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-Isidre Gavín i Valls, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A La Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instandes del diputat Isidre Gavín i Va lis, a l'empara del que estableix l'artide 193 i siguientes del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, una Proposició no de Llei per a establir compensacions económiques per als conreus d'olivera.
Exposició de Motius
El canvi climátic ha provocat que el sector agrari en general pateixi d'una greu sequera, en alguns territoris de forma especialment greu. Les administracions han desenvolupat mesures de suport ais afectats i de compensacions de costos per
atenuar el greu impacte económic en les exploracions agráries.
Aquests ajuts no guarden un patró constant en fundó deis conreus o de les zones més afectades, en alguns casos s'han compensat pérdues de conreus de seca i en segons quins casos en conreus de regadiu.
Un deis conreus més afectats ha estat el de l'olivera de seca i en aquest cas no s'ha fet oficial ni públic quines compensacions tindrá aquest conreu i és encara una excepció a l'hora de rebre suport públic.
Les oliveres de seca, almenys en el cas de Catalunya, són també en moltes ocasions, finques de zones poc poblades, explotacions familiars i també sovint en zones muntanyoses o boscoses on és especialment important reteñir la poblado i
l'activitat.
També és sabut que en el cas de les oliveres de regadiu, tindran uns sobrecostos extraordinaris de major consum d'aigua i altres afectacions per motiu de les puntes de calor, és a dir, que la greu sequera i la manca de precipitacions també
els ha generat un impacte económic significatiu, en alguns casos fins i tot no han pogut disposar d'aigua suficient per completar els regs.
Les grans mobilitzacions del sector agrari i ramader d'aquests últims dies, posen en evidencia la difícil situado de subsistencia económica de moltes explotacions i així justifica, encara més, la necessitat de que s'atengui a totes els
conreus greument afectats per la sequera.
Proposició no de llei
'El Congrés deis Diputats insta al Gobierno a:
1. Establir urgentment les compensacions necessáries per ais conreus d'olivera de seca afectats per la sequera del 2023 i establir, també, amb urgéncia el pagament del mateix.
2. Analitzar el tipus de compensado a implementar per a les explotacions d'olivera de reg que hagin patit fortes afectacions en la collita 2023 per manca de l'aigua suficient, afectacions a la planta i la collita per excés de calor i
sobrecostos i a establir els mecanismes per al seu pagament.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-Isidre Gavín i Valls, Diputat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grup Parlamentari Junts per Catalunya.
161/000286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurlnacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la crisis del sector agrario, para su debate en Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario, fundamentalmente el modelo social y familiar, en nuestra comunidad y en el conjunto del Estado está atravesando una situación de crisis que no es puntual, y que arrastra causas estructurales (climáticas o como consecuencia
de la aplicación de las políticas agrarias y comerciales de la UE, cada día más liberalizadoras, en un mercado con un alto componente especulativo y con una distribución que acumula mayor poder de negociación) que deben ser abordadas en su
totalidad. La baja rentabilidad está motivando movilizaciones del sector productor en muchos países de la UE. Esta ola de protestas llega a España a través de las OPAS (organizaciones profesionales agrarias) pero también a través de convocatorias
supuestamente independientes que pretenden reproducir el fenómeno de las movilizaciones de camioneros en la pasada legislatura.
Algunas de las causas, como las que son derivadas de la crisis climática que padece el planeta, son más difícilmente abordables en el corto plazo, al menos desde nuestro marco de actuación, y es importante centrarnos en mitigar sus efectos y
adaptarnos a la nueva situación. Otras en cambio, como son las de carácter político y comercial, pueden ser revertidas de manera más inmediata desde los poderes públicos, en los diferentes ámbitos.
En este último año la sequía ha sido, seguramente, el factor que más ha preocupado al sector agrario español. A este respecto, el Gobierno advierte en su plan Estrategia España 2050 que la temperatura de nuestro país va a seguir aumentando.
Para dicho año, el clima de España será aún más cálido y, por tanto, las sequías mucho más intensas, llegando a afectar al 70 % del territorio. La situación es preocupante, sobre todo si se tienen en cuenta los datos que ofrecen nuestros embalses.
La agricultura será el sector con mayor exposición al riesgo de sequía en la UE, con pérdidas acumuladas previstas de 1,8 billones de euros, equivalentes al 9,8 % de los ingresos del sector. Dado el peso de la agricultura en nuestro país, las
consecuencias de la sequía pueden ser catastróficas.
En 2022, el sector aportó el 9,2 % del producto interior bruto frente al 6,6 % que supuso en Europa. Es un hecho que el sector agrario en nuestro país se configura como un sector estratégico por su relevancia económica y social, pero sobre
todo porque garantiza la seguridad alimentaria de la población suministrando los productos más esenciales, los alimentos. Es fundamental tomar medidas para proteger a este sector, a sus trabajadores y trabajadoras, en uno de sus momentos más duros.
De su prosperidad depende la de todos los demás. Los productos básicos de la cesta de la compra, según el último dato disponible, subieron en un año el 18,93 % para los y las consumidoras, a pesar del mantenimiento de la rebaja del IVA. Mientras
tanto, una buena parte de los productores agrícolas y ganaderos siguen sin percibir un precio justo. Es necesario equilibrar la balanza y desde las instituciones públicas se debe ofrecer soluciones a la situación de incertidumbre que viven las
familias y las pequeñas explotaciones agroalimentarias, ejerciendo el control público para corregir situaciones coyunturales y proponer mejoras estructurales en la cadena alimentaria.
No menos importante es el problema de la competencia desleal que se produce por la llegada de alimentos de terceros países que no cumplen las mismas medidas de seguridad fitosanitaria que nuestros productos. Alimentos importados que
reciben, en muchos casos, bonificaciones de nuestros puertos e instituciones convirtiéndose en un problema doble, por un lado, para nuestro sector agrario, que no puede competir con los bajos precios de estos productos, y por otro, para la
ciudadanía/que se ve expuesta a plagas, hongos y enfermedades ausentes en la Unión Europea.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Reforzar el trabajo en la comisión interministerial de sequía con especial interés en las elaboración de marcos para los planes de emergencia por sequía, con la participación de las organizaciones interesadas.
2. Estudiar todas las medidas necesarias para controlar el desequilibrio existente entre oferta y demanda, con la dotación presupuestaria pertinente para compensar las pérdidas del sector productor.
3. Estudiar fórmulas de priorización de las ayudas al sector hacía el modelo social y familiar agrario.
4. Impulsar, en colaboración con las organizaciones profesionales agrarias y el sector en su conjunto, un Plan de Rescate Agrario integral que aborde las distintas problemáticas que afronta el sector a corto, medio y largo plazo, como son
el incremento de precios de las materias primas, la sequía, la venta a pérdidas, la falta de relevo generacional, etc.
5. Adoptar fórmulas de flexibilización y simplificación de la actual PAC, teniendo en cuenta el tamaño de las explotaciones en la exigencia burocrática.
6. Reforzar la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria, entre otros aspectos reforzando la inspección y poniendo en marcha un Observatorio de costes y precios alimentarios.
7. Reconocer a las OPAS (organizaciones profesionales agrarias) como las representantes e interlocutoras del sector en el marco de nuestro sistema democrático.
8. Mejorar los mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria y los estándares de seguridad en la entrada de productos vegetales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Juan Antonio Valero Morales y Verónica Martínez Barbero, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz Adjunta, lone Belarra Urteaga, y de su Diputada Martina Velarde Gómez, integrantes de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, de medidas en apoyo al sector de la agricultura y la ganadería en España.
Exposición de motivos
El sector agrario de España se unió la semana pasada a la oleada de protestas y movilizaciones que se están llevando a cabo en varios países europeos como Francia, Alemania o Bélgica, en la que los agricultores han salido a las carreteras
para pedir soluciones para el sector.
Los agricultores reclaman un plan de choque que mejore sus condiciones ante la situación que sufren debido a los bajos precios, las cargas burocráticas cada vez más altas a los profesionales y las consecuencias de la emergencia climática.
Para ello, reivindican también la paralización de los tratados de libre comercio impuestos por la Unión Europea, el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria aprobada la pasada legislatura y soluciones inmediatas frente a las consecuencias de la
sequía y la guerra en Ucrania.
La situación del sector agrario y ganadero en nuestro país se ha visto agravada por las consecuencias de la crisis climática y de los tratados de libre comercio que permiten una competencia desleal hacia nuestras producciones siendo siempre
la actividad agroganadera moneda de cambio frente a otros sectores más industrializados.
La agricultura y la ganadería es un sector estratégico que no podemos dejar exclusivamente en manos de fondos de inversión y del agronegocio que se rigen exclusivamente por la maximización del beneficio económico. La agricultura y ganadería
familiar es indispensable no sólo para producir alimentos de calidad sino también para mantener nuestro medio rural vivo, nuestros paisajes y nuestra biodiversidad adecuadamente conservados y gestionados. Por ello nuestra política agraria debe
priorizar el modelo de agricultura familiar y social que hasta ahora ha sido la columna vertebral de los sistemas agroalimentarios europeos.
La soberanía alimentaria y la agricultura social y sostenible como sector estratégico debe tener un peso fundamental en las futuras políticas públicas, tanto por las consecuencias del cambio climático que ya estamos viviendo con la
emergencia por sequía, como por la pauperización de la mayoría social del sector agroganadera a favor de los beneficios de la ganadería y la agricultura industrial extractivista en manos de fondos de inversión y agronegocio.
Por todo lo anterior, se propone
Proposición no de Ley
1. Acelerar y profundizar la modernización de regadíos y priorizar las concesiones de riego a la agricultura y ganadería familiar, social y sostenible. En las CC.AA. con situaciones de emergencia hídrica, aplicar recortes en las
dotaciones de agua de explotaciones agroganaderas en manos de fondos de inversión, concretamente un recorte del consumo de agua del regadío hiperintensivo y de la ganadería hiperintensiva de un 80 %.
2. Instar a las CC.AA. a cumplir la Ley de Cadena Alimentaria aprobada la pasada legislatura, que incluye medidas como la prohibición de venta a pérdidas, y tener en cuenta los costes de producción a la hora de estipular los precios a los
productores.
3. Reforzar la Ley de Cadena Alimentaria poniendo en marcha los observatorios de precios publicando los índices de costes de cada una de las producciones de su comunidad y reforzando las inspecciones y sanciones contra las prácticas
desleales.
4. Elaborar una ley estatal de Agricultura y Ganadería familiar priorizando políticas para este modelo de producción de alimentos y medidas para eliminar la carga burocrática de manera que la agricultura y ganadería familiar y social no se
vea asfixiada por ella.
5. Instar a la Comisión Europea a implementar las cláusulas espejo y el principio de reciprocidad para evitar competencia desleal con otras producciones exigiendo que los productos importados cumplan con los mismos estándares de seguridad y
salud que las producciones europeas.
6. Elaborar un Plan Estratégico Integral para el sector primario para considerar el problema del relevo generacional en la actividad agroganadera, así como las condiciones de vida en el rural, una cuestión de estado y abriendo la
posibilidad de incorporación de personas sin tradición ganadera.
7. Poner en marcha un 'Fondo de ayuda ante la crisis climática' junto con las CC.AA. para paliar los efectos derivados de la sequía.
8. Modificar el sistema de seguros agrarios adaptándolo a la nueva realidad climática.
9. Planificar la instalación de energías renovables para impedir que se ocupen tierras fértiles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Martina Velarde Gómez, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Política Territorial
161/000268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley relativa a la mejora de la colaboración administrativa y la reducción de la conflictividad
con las comunidades autónomas, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La legislatura pasada (XIV) fue la de mayor producción normativa autonómica con 1101 normas autonómicas con rango de ley, pero ha sido, igualmente la de menor conflictividad.
La actuación del Gobierno no ha venido caracterizada por la interposición de recursos directos de inconstitucionalidad sin una Comisión Bilateral Previa, sino precisamente lo ha sido por la utilización del mecanismo previsto en el artículo
33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para lograr acuerdos con las comunidades Autónomas que eviten la conflictividad ante el Tribunal Constitucional.
En ese sentido, durante la anterior legislatura, se alcanzaron acuerdos en el 90 % de los casos, con 172 acuerdos firmados con las distintas comunidades autónomas que modificaron 108 leyes autonómicas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el entendimiento y el acuerdo como las bases de la colaboración administrativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas, fijándose como objetivo el mantenimiento, durante la
presente legislatura, de la conflictividad con las Comunidades Autónomas por debajo de los niveles de la media histórica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-Francisco Lucas Ayala, Diputado.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los procesos tecnológicos
relacionados con la captura, almacenamiento y usos de CO2 para reducir el balance de emisiones, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los estudios previos sobre la aplicación de la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono (CAC) estimaban que, con la aplicación de esta
tecnología, se podría alcanzar un 15 % de las reducciones exigidas en el ámbito de la Unión Europea para 2030 y, especialmente, era una opción para la descarbonización de sector como la energía y las industrias que consumen mucha energía.
Esta Directiva formaba parte del denominado paquete de energía y cambio climático, adoptado en abril de 2009, con el que los países de la UE pretendían dar un cumplimiento al compromiso asumido por los Jefes de Estado y de Gobierno en marzo
de 2007 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % respecto al año base, en el año 2020.
Pese a que la Directiva CAC proporciona el marco legislativo armonizado para todo el ciclo de captura, transporte y almacenamiento de carbono en todos los Estados miembros que abordaba los problemas ambientales, sanitarios y de seguridad en
relación con el almacenamiento de CO2 y proporcionaba seguridad jurídica a la inversión y que el programa NER 300 puso a disposición recursos económicos para fomentar la construcción y explotación de proyectos de demostración a gran escala de
captura y almacenamiento geológico (CAC), el informe de situación sobre la acción por el clima, publicado por la Comisión en noviembre de 2015, reconocía que el ritmo al que avanzaba la CAC a gran escala en Europa era mucho más lento de lo esperado.
Entre otros motivos, que justificaban el retraso, se incluían problemas técnicos para asegurar el confinamiento, falta de experiencias prácticas que desarrollaran el reglamento y baja confianza de los inversores, a lo que habría que unir la
existencia de un rechazo social.
No obstante, ante el retraso en el cumplimiento de los objetivos climáticos de la comunidad internacional que hemos podido ver en la COP28, en la que se ha hecho un llamamiento a la acción, y a una eliminación progresiva e inteligente de las
emisiones GEI que nos lleve a no superar 1.5° C en 2050, no podemos renunciar a ninguna tecnología y avanzar en consecuencia hacia la neutralidad tecnológica, con más inversión en l+D+i en tecnologías como las de captura, almacenamiento y usos de
CO2. Como así lo reflejan las consideraciones relacionadas con el Balance Global en virtud de los Acuerdos de París, para ampliar sustancialmente a nivel mundial para 2030 tecnologías de emisiones cero y bajas, incluidas las tecnologías de
reducción y eliminación, incluidas las de captura, utilización y almacenamiento de CO2 y la producción de hidrógeno.
En noviembre de 2018, la Comisión presentó el documento Una visión estratégica a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra para 2050, una estratégica a largo plazo para lograr los objetivos
climáticos, con el objetivo de conseguiría una transformación hacia una economía climáticamente neutra, con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero por medio de una transición socialmente justa realizada de manera rentable.
La Comisión, entre las diferentes hipótesis planteadas, reconoce que muchas de las emisiones relacionadas con los procesos industriales serán muy difíciles de eliminar, incluso la aplicación con más intensidad de algunas fuentes energéticas
como la biomasa deben llevar asociados procesos tecnológicos que reduzcan sus emisiones. Por este motivo concibe la necesidad de seguir explorando medidas adicionales para reducir nuestras emisiones, incluidas la captura y el almacenamiento de
carbono, asociadas o no a otras tecnologías y planteando la utilización del CO2 capturado.
Recientemente, un informe de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), advertía de la necesidad desplegar las tecnologías de uso y almacenamiento de captura de carbono para cumplir los objetivos de neutralidad, como
una medida complementaria a la reducción de emisiones hasta la completa disponibilidad de nuevas tecnologías de la energía.
Mientras, en España, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) trata someramente la captura de CO2, ubicándolo entre las acciones del desarrollo del programa SET- Plan o escondido en el apartado de promoción de gases renovables vinculado
al hidrógeno, y absolutamente nada del almacenamiento. La Estrategia a Largo Plazo sí reconoce que la captura, el almacenamiento y el uso de carbono también tendrán un papel importante en la descarbonización de los sectores para los que no sea
factible la modificación del proceso productivo. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que presentó el Gobierno, no hacía ninguna referencia a la captura de CO2.
La Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones a los Estados miembros para la actualización de los planes nacionales de energía y clima para el período 2021 - 2030 anima a los Estados miembros a incluir en sus planes nacionales
de energía y clima
actualizados las medidas previstas para que sus industrias puedan capturar y almacenar de forma permanente sus emisiones inherentes de procesos en emplazamientos de almacenamiento geológico, de conformidad con la Directiva 2009/31/CE.
El último informe del IPCC, Sexto Informe de Evaluación (IE6), deja claro que la captura y el almacenamiento de carbono es una opción crucial para la descarbonización.
Una de cada tres toneladas de CO2 que la industria necesita dejar de emitir requiere procesos de captura, pues no hay tecnologías alternativas hasta ahora. La captura puede destinarse a almacenamiento geológico, o emplearse como materia
prima para su transformación en productos químicos, ecocombustibles o materiales inorgánicos. Entre las tres etapas de la cadena de valor de la captura, el transporte y el almacenamiento de carbono, el almacenamiento es el principal cuello de
botella que impide actualmente el desarrollo de la captura y el almacenamiento de carbono en Europa. Según determinó Clean Air Task Forcé (CATF) el año pasado, Europa podría enfrentarse a un déficit de hasta el 50 % en la capacidad de
almacenamiento disponible para proyectos de captura en 2030.
En el norte de Europa hay distintos proyectos en desarrollo, pero menos en el sur (aunque Italia cuenta con varios), con la consiguiente desventaja competitiva, frente al marco de incentivos en EE.UU. o las capacidades de almacenamiento
geológico en el norte de África. Se requieren medidas en el paquete legislativo Fit for 55 de la Comisión Europea, para evitar que la Unión Europea se convierta en mero importador de productos 'verdes' (acero, cemento, fertilizantes) fabricados en
terceros países en condiciones más favorables que en UE.
Por ello, el Reglamento UE Ley de Industria Cero Emisiones Netas, -en último trámite de aprobación del trílogo-, crea un marco jurídico para el desarrollo de un mercado europeo de captura y almacenamiento de CO2 para hacer viable
económicamente el desarrollo de la captura y almacenamiento de CO2 como solución climática para los sectores con un consumo intensivo de energía difícil de reducir. De lo contrario, tendrían que acabar reduciendo su actividad productiva como única
salida, con gran coste en términos de empleo y decrecimiento en oportunidades de progreso.
Por todo lo anterior, algunos de nuestros vecinos europeos ya están desarrollando proyectos de almacenamiento que van a ser necesarios para ganar competitividad, dentro del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, y de cara a
cumplir nuestros compromisos de emisiones.
En definitiva, la captura y el almacenamiento del dióxido de carbono es una opción imprescindible dentro de la cartera de medidas que pueden tomarse para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reconocida por los informes del
IPCC y por la legislación de la Comisión Europea. Hay ciertas emisiones que no se van a poder evitar y la tecnología de captura y almacenamiento puede ser una alternativa para alcanzar las emisiones netas nulas de gases de efecto invernadero. Es
necesario conocer algunos aspectos, como la capacidad de almacenamiento geológico en nuestro territorio y las aparentes buenas condiciones que ofrecen el gran número de acuíferos salinos profundos, para adoptar decisiones más eficientes sin demorar
la puesta en marcha de las soluciones que nos permitan no sólo superar retos sino también aprovechar nuestras oportunidades en la competencia con otros países por atraer inversiones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas, las instalaciones de captura de CO2 para la descarbonización de sectores como la energía y las industrias que consumen mucha energía.
2. Establecer coherencia entre los documentos estratégicos y legislativos sobre la situación de la tecnología captura de CO2, de su papel en la búsqueda de la neutralidad climática y de los productos vinculados a estas tecnologías.
3. Incluir en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en línea con las recomendaciones de la Comunicación de la Comisión, la siguiente información:
a) la proyección agregada anual de las emisiones inherentes de procesos que deban reducirse mediante la captura de CO2;
b) la cantidad anual de CO2 biogénico y atmosférico que estará disponible para su almacenamiento geológico;
c) la capacidad anual de almacenamiento geológico de CO2 que puede estar disponible a nivel operativo;
d) la capacidad anual de almacenamiento de CO2 que pueda estar disponible en acuíferos salinos profundos, en estructuras geológicas nacionales y/o en depósitos de hidrocarburos tras la explotación.
e) la infraestructura de transporte de CO2 prevista tanto a nivel nacional como en interconexiones con resto de la UE.
f) toda la información exigida en relación con la captura, transporte y almacenamiento de CO2 en el reglamento UE Ley de Industria Cero Emisiones Netas, de próxima aprobación.
4. Apoyar las iniciativas para la captura, transporte y almacenamiento de CO2 y cualquier otra medida que permita el despliegue de oportunidades de almacenamiento geológico de CO2 a largo plazo.
5. Coordinar con las Comunidades Autónomas y la cadena de valor de la industria del uso, captura, transporte y almacenamiento de CO2, el mejor aprovechamiento del CO2 para contribuir al desarrollo de soluciones que contribuyan a la
descarbonización del sector de hidrocarburos y de la industria en general.
6. Utilizar el porcentaje máximo legal permitido de ingresos por subastas de derechos de emisión para las compensaciones empresariales por costes indirectos de emisiones y acelerar la tramitación del PERTE para la descarbonización de la
industria y del PERTE ERHA, a fin de incorporar el potencial del uso, captura y almacenamiento del CO2 a la descarbonización, mitigando el riesgo de recortes de producción industrial como única vía para reducir sus emisiones sin penalizaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2024.-César Sánchez Pérez, Javier José Folch Blanc, Joaquín Melgarejo Moreno y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
161/000269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de incentivos para la construcción de viviendas de alta eficiencia energética, para
su debate y votación en Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El cambio climático es una de las principales amenazas a las que se enfrenta nuestro planeta, provocando un aumento de las temperaturas y distorsionando los patrones climáticos mundiales. Las actividades humanas y las propias necesidades
como la residencia, los materiales constructivos usados, la energía necesitada para el desarrollo del uso, así como las tipologías constructivas, afectan al calentamiento del planeta.
La construcción de viviendas ha ido evolucionando desde el control de la localización, el grosor de muros, la orientación, el tamaño de las ventanas, a dejar todo el acondicionamiento interior y el confort de las viviendas en manos de la
tecnología. No podemos obviar que el uso residencial es el que más energía consume, así que el control energético de las
viviendas es fundamental en el cumplimiento de los objetivos medioambientales en los que nos encontramos inmersos de cara a controlar el cambio climático.
El proceso edificatorio ha ido evolucionando en leyes y requerimientos desde, por ejemplo: las Normas Básicas de edificación, en concreto la NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios (regulado en el Real Decreto 2429/1979 de 6
de julio); y posteriormente el Código Técnico de Edificación, regulando el ahorro energético en su documento básico CTE-DB-HE (contemplado en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo). Este Código Técnico de Edificación tiene actualizaciones
posteriores. En todas las regulaciones se trata de controlar las condiciones térmicas de los edificios y se trabaja con la envolvente de este, estudiando la capa que separa interior de exterior, para ir teniendo cada vez una mayor exigencia
constructiva de calidad edificatoria, siempre tendiendo a la sostenibilidad.
En ese documento ya se obligaba en determinadas edificaciones de nueva construcción a la colocación de placas solares para el agua caliente sanitaria.
Al igual que se ha ido avanzando en tener un control energético de las edificaciones, con la necesidad de realizar la Certificación energética para determinadas actuaciones, CEE, regulada por el Real Decreto 390/2021 de 1 de junio, por el
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Queda patente que el control energético de las viviendas y de las edificaciones ha ido incrementándose porque se ha entendido que es importante, porque mientras más eficientes sean estas construcciones menos energía necesitan para su
desarrollo y, mientras más evitemos las pérdidas energéticas, menos energía se tendrá que consumir.
La directiva europea 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios ya habla de elaborar un plan destinado a aumentar el número de edificaciones de consumo de
energía casi nulo y trabajar en incentivos para la construcción de este tipo de edificación.
Controlar la energía necesaria en el interior de las viviendas, con una buena envolvente, con aislamientos correctos y ventanas con altas prestaciones térmicas es fundamental. Al igual que lo es la utilización de energías renovables para
cubrir las necesidades y usar la orientación correcta, la ventilación cruzada y otras indicaciones propias de este tipo edificatorio.
Construir viviendas autosuficientes o con un gran aprovechamiento de la energía que necesitan tiene un mayor coste inicial, y esto no debe ser un condicionante negativo para que se opte cada vez más por un mayor número de este tipo de
edificaciones para que al final estas viviendas sean la mayoría de las construidas.
En definitiva, con el ánimo de potenciar la construcción de viviendas sostenibles con una alta eficiencia energética y con uso de energías renovables, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Potenciar la elaboración de edificaciones con un alto ahorro energético y una gran calidad interior, elaborando campañas de conocimiento y acercamiento de esta forma de elaborar construcciones, tanto a los profesionales como a los
usuarios.
2. Continuar con las políticas desplegadas de subvenciones o posibles incentivos fiscales o de otro tipo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2024.-María Isabel Pérez Ortiz, Cristina Narbona Ruiz, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Arnau Ramírez Carner, María de las Nieves Ramírez Moreno, Luis Alfonso Rey de las Heras, María
Araceli Poblador Pacheco, Elisa Garrido Jiménez, Juan Antonio González Gracia, Amador Marqués Atés, José Luis Aceves Galindo y Daniel Senderos Oraá, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre balance de medidas frente al Reto Demográfico, para su debate en la Comisión
de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El desarrollo económico de la última mitad del siglo XX se centró en el desarrollo y crecimiento de las grandes urbes. Se impulsó su capacidad de absorber grandes incrementos de población, la conectividad entre grandes ciudades y la
concentración de los grandes sectores productivos. Este modelo, al mismo tiempo, generaba el estancamiento de las regiones con menos población. Las 23 provincias más afectadas por la despoblación representaban en 1950 el 34,1 % de la población
española, y generaban el 26,7 % del VAB, con un 33,5 % del empleo total del país. Con los últimos datos disponibles, hasta 2019, esas mismas provincias ya solamente albergan el 18,1 % de la población, producen el 16,1 % del VAB y proporcionan el
17,0 % del empleo. En términos muy generales, puede decirse que desde 1950 estas 23 provincias han visto reducido su peso demográfico, laboral y económico en el país a casi la mitad.
La crisis pandémica que ha golpeado a la sociedad se ha convertido al mismo tiempo en una oportunidad. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia representa una oportunidad no solo de superar la crisis y hacer crecer el país,
sino también de cohesionarlo, reequilibrarlo, garantizando oportunidades de crecimiento en todas las regiones españolas, también, y sobre todo, en las regiones necesitadas de impulso económico que permita compensar décadas de ralentización. El Plan
de 130 Medidas frente al Reto Demográfico, aprobado en la Comisión Delegada para el Reto Demográfico el 16 de marzo de 2021, recoge el esfuerzo realizado desde todos los departamentos ministeriales para impulsar una fuerte acción coordinada
orientada a impulsar nuestra cohesión territorial. Un trabajo que incorpora los cuatro ejes prioritarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: la transición verde, la transformación digital, la eliminación de las brechas de
género y la cohesión social y territorial, para avanzar hacia dos grandes objetivos: la igualdad de derechos, y la generación de oportunidades.
Un Plan que se sintetiza en 10 ejes de actuación y 130 medidas, que han movilizado una inversión para el periodo 2021-2023 de más de 12.000 millones de euros, y que suponen el mayor esfuerzo realizado nunca para abordar la igualdad de
derechos y oportunidades en nuestros pequeños municipios.
Con la elaboración y presentación de este plan de 130 medidas se avanza para alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, porque son dos instrumentos complementarios.
Este plan es la bisagra que conecta los objetivos generales y las líneas de acción de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y los ejes transversales y palancas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Es un plan para eliminar las brechas de desigualdad, en todos los ámbitos: entre áreas urbanas y rurales, para las mujeres, para la juventud. Para transformar nuestro modelo socioeconómico y abordar uno más cohesionado, sostenible y
resiliente, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación.
El despliegue de todas sus acciones exige tanto la acción directa de todos los departamentos del Gobierno, como la concertación y colaboración con las comunidades autónomas y con las entidades locales.
Es la hora de abordar, con hechos, la igualdad y la cohesión territorial.
Con este Plan, el Gobierno ha asumido su responsabilidad y demostrado su compromiso. Con la colaboración de las comunidades autónomas y los gobiernos locales, se ha impulsado la atención a nuestros pequeños municipios y a las personas que
cuidan
y viven en el medio rural. Ellas son, sin duda, las verdaderas protagonistas de esta lucha por la igualdad y la vertebración territorial.
Tras la aprobación y puesta en marcha de las propuestas recogidas en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y el Plan El Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico, es necesario hacer un balance sobre objetivos cumplidos y
propuestas pendientes para seguir abordando las necesidades que afrontan los municipios en riesgo de despoblación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar continuidad al Plan 130 para el periodo 2024-2027, que posibilite una acción coordinada en materia de cohesión territorial y permita seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos
en la lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida de los pequeños municipios y las áreas rurales, con la colaboración e implicación de las CC.AA. y las EE.LL. y la participación de la sociedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Luis Alfonso Rey de las Heras, Arnau Ramírez Carner, Isabel María Pérez Ortiz, María de las Nieves Ramírez Moreno y María Araceli Poblador Pachecho, Diputados.-Javier Alfonso
Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre refuerzo de los servicios públicos de proximidad como parte de la lucha
contra la despoblación, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Según el diagnóstico de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, realizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la despoblación ha dejado de ser un proceso vinculado únicamente a las áreas rurales para
convertirse en un fenómeno mucho más generalizado, que afecta también, de forma muy intensa a las cabeceras comarcales, incluso a las ciudades pequeñas e intermedias, y a las capitales de provincia 21.
Nuestro país está inmerso en un proceso de cambios en lo que afecta a la despoblación del territorio. Si se realiza un diagnóstico de la situación, se aprecia cómo intervienen diversas variables que han influido en la pérdida de población.
Por un lado, influye la dificultad de acceso a los servicios públicos, red desmantelada en anteriores etapas de gobierno, que afecta especialmente a la población afincada en territorios más aislados. Y, por otro lado, la concentración del capital
económico y financiero en polos territoriales muy marcados.
El Gobierno de Pedro Sánchez se tomó este problema como una verdadera prioridad, así desde 2018 se ha ido dando forma a una agenda específicamente orientada a distintos aspectos relativos a la calidad de vida y a las políticas frente a la
despoblación en pequeños municipios, teniendo en cuenta la complejidad de su puesta en práctica.
A través del trabajo realizado por la Comisionada para el Reto Demográfico, por la Secretaría General para el reto demográfico, además de la Vicepresidencia, y contando con la participación de las distintas administraciones y los actores
sociales, escuchando a las personas, a los vecinos y a las pequeñas comunidades se han ido materializando progresos relevantes. Son esfuerzos que empiezan a traducirse en cambios en la tendencia demográfica de las áreas rurales y los pequeños
municipios.
21 Indicadores y Cartografía (mpt.gob.es)
Lo más significativo es la llegada de nuevos pobladores al medio rural, que ha recibido cerca de 300000 personas desde 2018, destacando el hecho de que tres de cada cuatro pequeños municipios están teniendo un saldo migratorio positivo y que
los municipios de menos de 5000 habitantes han sumado más de 100.000 habitantes, un 1,8 % desde esta fecha.
Uno de los retos que debemos afrontar es el de garantizar unos servicios públicos de calidad que faciliten el acceso a la ciudadanía, sin que éste dependa de en qué zona del país se resida o de cuál sea renta de la que se disponga. Un
ejemplo paradigmático es el de la sanidad. Durante el transcurso de la pandemia por COVID-19, hemos sido testigos de la importancia de una atención primaria de calidad.
Los profesionales sanitarios han desempeñado un papel importantísimo en la gestión de la crisis sanitaria y han sido el primer dique de contención contra el virus. Pero a su vez, han aflorado debilidades del sector, ya que la carga de
trabajo ha reflejado la fragmentación y desigualdades que sufren los servicios públicos en todo el territorio. Mientras que algunas comunidades autónomas han reforzado su sistema de salud con contrataciones, en otras han emergido las dificultades
de acceso, más acusadas en zonas rurales. Los servicios públicos son esenciales para la vertebración del territorio, su fortalecimiento pasa por evitar desregulaciones, privatizaciones, disminución de tasas de coberturas o intensidades protectoras.
Las personas que viven el medio rural deben percibir una presencia cercana de la administración pública.
Por ello, el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico recupera la presencia de la Administración General del Estado en el territorio rural, especialmente en ámbitos como la seguridad o la protección, y refuerza la prestación de servicios en
las áreas rurales. Del mismo modo, es necesario que las comunidades autónomas y entidades locales se impliquen en reforzar los servicios públicos que se encuentran en el ámbito de sus competencias. Para desvincular la despoblación con la
accesibilidad a los servicios públicos, es necesario apostar por la desconcentración de las actividades públicas que evite los desequilibrios sociales y territoriales, eliminar la brecha urbano- rural e impulsar actuaciones sobre el territorio para
reactivar las zonas más afectadas por las urgencias del reto demográfico.
En un momento como el actual, para avanzar en esa tendencia frente a la despoblación, es necesario seguir aprovechando las oportunidades que nos brinda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con medidas efectivas orientadas al
refuerzo y descentralización de los servicios públicos, y la mejora del bienestar social. Sería positivo aprobar un marco normativo que fije como criterio de proximidad de acceso a los servicios públicos para los habitantes del medio rural, que
ningún municipio quede fuera del radio de 30 minutos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, a aprobar un marco normativo que fije el criterio de proximidad de los servicios
públicos y su acceso a los habitantes del medio rural, evitando que ningún municipio quede fuera del radio básico de menos de 30 minutos de acceso a los servicios públicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Luis Alfonso Rey de las Heras, Arnau Ramírez Carner, Isabel María Pérez Ortiz, María de las Nieves Ramírez Moreno y María Araceli Poblador Pachecho, Diputados.-Javier Alfonso
Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para facilitar el acceso a la adquisición de la primera vivienda, para su discusión en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. El derecho a la propiedad privada y la necesidad de su tutela.
La Constitución Española ('CE') garantiza el derecho a la propiedad privada en el apartado primero del artículo 33 y señala la existencia de una función social que delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Este derecho, calificado
como uno de los derechos fundamentales de la persona por la doctrina constitucional (Sentencia del Tribunal Constitucional 204/2004, de 18 de noviembre), está intrínsecamente ligado a la idea de libertad, en tanto que constituye una suerte de
vertiente patrimonial del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal, que además se orienta al bien común y a la mejora de la sociedad.
Con ello se afirma que la defensa de la propiedad privada responde a un respaldo expreso e inequívoco de que los particulares puedan preservar, de modo necesario, un ámbito de poder sobre los bienes económicos y, particularmente, sobre su
vivienda, que constituye la base de su hogar y, por tanto, el fundamento físico de su posterior desenvolvimiento en la comunidad. Se trata, pues, de una auténtica institución jurídica que incide en la apropiación y gestión privada de los bienes y
proporciona a toda persona un cauce para ejercer una función responsable en la sociedad y la economía y que tiene una indudable trascendencia social que ha de ser protegida y estimulada.
Entre los bienes objeto de propiedad privada más afectados por las últimas reformas acometidas por gobiernos de uno y otro signo, se encuentra la vivienda. A este respecto, el artículo 47 CE, en sede de los principios rectores de la
política social y económica, establece que 'todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho (...)' Se mandata así a las autoridades a que su actuación esté informada por la necesaria materialización y protección del derecho al disfrute de una vivienda, como estructura física que acoge el hogar de una persona y que contribuye a la
formación de su identidad.
Así, como consecuencia de los artículos constitucionales referidos, pero también como exigencia lógica del bien común, el ordenamiento jurídico debe promover y facilitar por todos los medios disponibles el acceso de los españoles a una
vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad.
Por ello, esta Proposición no de Ley -que debe complementarse necesariamente con otras medidas como el incremento del parque de vivienda pública o la promoción de la vivienda en alquiler- se inscribe en un propósito de defensa de la
consideración de la vivienda como bien de primera necesidad y como condición necesaria para que los españoles desarrollen plenamente un proyecto de vida y familia adecuados a las exigencias de la dignidad humana.
Segundo. La dificultad de los españoles para adquirir una primera vivienda.
Según el último informe publicado por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España ('CJE'), la edad de emancipación en nuestro país es la más alta de los-últimos 20 años y se sitúa en los 30,3 años 22. Asimismo, se
recoge que, mientras que 'en España la emancipación fue del 15,9 %, en la Unión Europea la tasa media de emancipación fue del 31,9 %, el doble que en nuestro país' 23.
Además, la emancipación se ve particularmente condicionada por la precariedad laboral. En este sentido, la última Encuesta Anual de Estructura Salarial, elaborada por el INE y correspondiente al año 2021, muestra cómo frente a los 25.896,82
euros de ganancia media anual por trabajador, la ganancia media anual de los trabajadores de entre 20 y 24 años se situó en 13.224,95 euros; la de los trabajadores de entre 25 y 29 años, en 19.089,06 euros; la de los de edad comprendida entre los
30 y 34 años, en 22.123,50 euros; y la de los de edad comprendida entre los 35 y 39 años, en 24.134,30 euros.
Por otra parte, cabe señalar que la tendencia alcista en los precios de la vivienda tampoco ayuda a mejorar la situación referida, puesto que 'el precio medio de la vivienda en España ha subido un 7,4 % en 2023, la cuarta subida más abultada
de los últimos 17 años' 24.
En definitiva, si no se actúa con urgencia, la combinación de todo lo anterior augura un futuro pesimista para los jóvenes y familias españolas, quienes encontrarán cada vez más dificultades para la adquisición de una primera vivienda.
Tercero. La necesidad de establecer incentivos fiscales en la adquisición de vivienda.
Conforme señalaba el Banco de España en su informe El mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019 25, uno de los factores que ha dificultado el acceso a la vivienda de los españoles, y que, por tanto, ha incrementado la edad de
emancipación de los jóvenes, es la eliminación de los incentivos fiscales en la adquisición de vivienda.
Desde el año 2010, los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido ('IVA') en relación con los edificios -o partes de estos- aptos para su utilización como viviendas no han dejado de subir. En 2007, este gravamen era de un 7 %; en 2010, de
un 8 %; y, aunque en el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del
Estado para 2011 se establecía de forma transitoria un IVA reducido del 4 %, en 2013 comenzó a aplicarse un tipo de gravamen del 10 %, que se mantiene en la actualidad.
Este incremento resulta en un encarecimiento del precio de la vivienda y dificulta la adquisición de un inmueble a muchas personas que no han podido todavía acceder a una vivienda en propiedad, propósito que, como se expuso anteriormente
debe ser fomentado por los poderes públicos como elemento esencial en la libertad de los ciudadanos.
Cuarto. Conclusión.
Por todo ello, se puede afirmar que existe una urgente necesidad de promover políticas de vivienda que ayuden a revertir una tendencia dañina que, está impidiendo a los jóvenes y familias españolas acceder a una vivienda digna y poder
disfrutarla en régimen de propiedad.
Por ello, como primera de las medidas que deben adoptarse en este sentido, se propone la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
22
https://www.cje.org/las-personas-jovenes-se-emancipan-a-los-303-anos-de-media-en-espana-la-cifra-mas-alta-de-los-ultimos-veinte-anos/#:~:text=Madrid%2C%2011%E2%80%89%%2020de%20agosto%20de,a%%20C3%E2%80%89%Blos%3A%20%2030%E2%80%89%2C%203%E2%80
%89%20a%C3%E 2%80%89%Blos
23 ídem.
24 https://www.fotocasa.es/fotocasa-life/compraventa/conoce-el-precio-de-la-vivienda-en-venta-este-mes/#:~:text=El%20precio%20medio%20ha%20subido.m%C3 %Als%20que%20hace%20un%20a%C3 %Blo.
25 https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2013.pdf
Valor Añadido con el fin de eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda por parte de españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido con el fin de considerar no sujeta, a efectos de este impuesto, la adquisición de una
primera vivienda por parte de un español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-María Jose Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre creación de un registro que recoja la información sobre el parque de vivienda
del que disponen los propietarios considerados como grandes tenedores, según la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, y que se encuentran en zonas de mercado residencial tensionado, para su debate en la Comisión de Vivienda y
Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La crisis financiera del 2008 provocó la pérdida del hogar de muchas familias, la falta de soporte y de empatía del Gobierno en aquellos años y de una ausente planificación para poder salvar económicamente a familias vulnerables, que ante la
pérdida de ingresos suficientes debido a, también, una crisis laboral, impidieron a muchas de ellas poder hacer frente a las deudas hipotecarias. Tal situación provocó que muchas de estas propiedades pasaran a ser adquiridas por las entidades
financieras después de duros procesos judiciales. Las entidades financieras adquirieron un número elevado de dichos activos sin ser auténticos actores inmobiliarios y traspasaron estos activos a fondos de inversión convirtiéndose estos en grandes
propietarios de inmuebles.
El parque de vivienda de estas entidades es elevado y muchas se encuentran en zonas calificadas como de mercado residencial tensionado y su gestión tiene sus particularidades con diferentes casuísticas con las que se puede encontrar el
administrador privado. Por este motivo, las administraciones públicas podrían favorecer que los grandes tenedores en zonas consideradas tensionadas dispongan de las herramientas y los mecanismos para poder llegar a soluciones satisfactorias para
ambas partes en posibles conflictos.
Así, las administraciones públicas deben apostar por la prevención como fórmula más efectiva para evitar situaciones de riesgo que puedan derivar en la pérdida de la vivienda y en evitar los posibles conflictos que de ello se pueden generar
para la ciudadanía. El asesoramiento, la intermediación y el acuerdo permiten llegar a puntos de consenso entre las entidades propietarias y las personas residentes y así evitar procesos judiciales y situaciones traumáticas. Con ello se lograría
garantizar el derecho reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución Española.
Sería positivo dotar de herramientas adecuadas a los propietarios para acompañarlos en la busca de posibles soluciones y para lograrlo es necesario fomentar la política de intermediación que nos proporcionará el conocimiento específico de
cada situación concreta. Se daría así cumplimiento a lo que mandata la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, que en su artículo 2, letra r) recoge como fin común de la acción
de los poderes públicos en materia de vivienda, fomentar la transparencia y garantizar la participación en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda de los agentes que intervienen en el mercado inmobiliario.
De esta forma, los propietarios considerados como grandes tenedores tendrían la posibilidad de informar de las situaciones en la que se encuentran todas sus viviendas y así poder facilitar una intervención exitosa a las administraciones
públicas para resolver el problema mediante la negociación.
Entendemos que la transparencia y la eficacia en la gestión permitirá que, con ayuda de los poderes públicos para resolver conflictos, se favorecerá la búsqueda de soluciones a conflictos, así como el incremento de la oferta de alquiler
social o a precio asequible mediante convenios.
Consideramos que, la creación de un registro voluntario donde facilitar a los grandes tenedores la posibilidad de inscribir todas sus viviendas en propiedad, la información sobre su estado o situación en la que se encuentran y disponer de la
información sobre cómo se mantiene su parque inmobiliario en todo momento, proporcionaría un importante avance en la política eficaz en materia de vivienda.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a estudiar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales y con pleno respeto a sus competencias en materia de vivienda, la creación de un registro público
completo de las viviendas que poseen los propietarios considerados como grandes tenedores según la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el Derecho a la Vivienda, en las zonas de mercado residencial tensionado, a partir de la información facilitada sobre
el uso y destino de dichas viviendas a las administraciones territoriales competentes, con el objetivo de favorecer el incremento de la oferta de alquiler social o a precio asequible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2024.-Ignasi Conesa Coma, Rafaela Romero Pozo, Álvaro Morales Álvarez, Javier Rodríguez Palacios, Vicent Manuel Sarrià Horell, Alba Soldevilla Novials, Víctor Camino Miñana, Gabriel Cruz
Santana, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Isabel María Pérez Ortiz, Arnau Ramírez Carner y Alberto Rojo Blas, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Bicentenario Víctor Balaguer, conmemoración de los 200 años del nacimiento
del político y escritor, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El 11 de diciembre de 1824 nacía en Barcelona el escritor y político catalán Víctor Balaguer Cirera, fundador de la Biblioteca Museo que lleva su nombre en la ciudad de Vilanova i la Geltrú.
Este 2024 se cumplen 200 años de su nacimiento. La trayectoria de Balaguer, tanto académica como profesional, se despliega en múltiples ámbitos: el periodismo, la historia,
la literatura, la política... Es uno de los impulsores de la Renaixenga, Maestro en Gai Saber, poeta oficial del Liceo, autor del nomenclátor del ensanche de Barcelona, ministro de Fomento y de Ultramar, senador y filántropo, presidente de
la Diputación de Barcelona. Su figura ha estado tratada y revisada en múltiples ocasiones, como deja constancia una selecta bibliografía dedicada al personaje.
Víctor Balaguer se inicia de muy joven en el mundo del periodismo y desde los artículos que escribe, empieza a difundir sus ideas histórico-políticas haciéndose suyo uno de los temas referentes del Romanticismo: el relato histórico de la
edad media.
Como romántico liberal trabaja para recuperar el uso literario de la lengua catalana. En el ideario de Balaguer destaca la recuperación de mitos como referentes de la cultura.
En 1852 fue el primer cronista oficial de la ciudad de Barcelona. La entrada de Balaguer en la política se inicia en 1854 con los primeros cargos dentro del Partido Progresista. Paralelamente, antes de hacer el salto a la alta política
española, inicia una faceta de historiador y continua la de periodista. Empieza la tarea de recuperación histórica de la Corona de Aragón y participa en la restauración de los Juegos Florales en el marco del movimiento cultural y literario de la
Renaixenga. Balaguer fue el primer Maestro en Gai Saber. Como historiador escribe 'Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón (1850- 1863)', 'Las calles de Barcelona' (1865) o 'Las instituciones y reyes de Aragón' (1896), entre otros. Como
periodista funda los periódicos 'La Corona de Aragón' y 'El Conceller'.
Después de los intentos de golpe de estado de Prim, entre los años 1865 y 1867, Balaguer pasa diversos periodos en el exilio en Francia. Allí recoge material sobre la historia de los trovadores y se relaciona con los felibres (poetas
occitanos), especialmente con Frederic Mistral.
En febrero de 1869 es elegido diputado a las Cortes por el distrito Manresa- Vilanova i la Geltrú, cargo que tendrá hasta el año 1889, cuando es nombrado senador vitalicio de España. Durante el reinado de Amadeo I es nombrado ministro de
Ultramar (1871) y de Fomento (1872).
Después de la Primera República es nombrado otra vez ministro de Ultramar (1874, 1886-1888).
La influencia de Balaguer durante los años que fue diputado (1869-1889) fueron claves para la concesión de la línea de ferrocarril de Barcelona a Vilanova i la Geltrú i Valls (1881), la creación de la Escuela de Artes y oficios (1886) en
Vilanova i la Geltrú y su proyecto emblemático, al que destinó su pequeña fortuna, fue la Biblioteca- Museo (1884) que lleva su nombre también en Vilanova i la Geltrú. Una fecha muy temprana en el contexto de la museología catalana. Un edificio de
nueva planta construido expresamente con la doble función de museo y biblioteca público. Su voluntad era poder ofrecer la oportunidad de ver reunidas las múltiples colecciones de arte, libros y etnografía que había atesorado a lo largo de su vida.
El fondo estaba formado por objetos procedentes tanto de Cataluña como de otras culturas de todo el mundo, algunas muy lejanas, hecho que convertía parte de las salas en muestras de curiosidades exóticas. A su muerte donó la institución a
la ciudad en agradecimiento por haber sido siempre escogido diputado a las Cortes por esta población desde 1869.
Para conmemorar el bicentenario de su nacimiento y rendirle un merecido homenaje y poner en valor la institución que legó a la ciudad de Vilanova i la Geltrú, el Ayuntamiento y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer han puesto en marcha una
comisión conformada por las distintas instituciones que colaboran en la celebración del bicentenario, y comisariada por Teresa Montserrat Sala, profesora titular de historia del Arte de la Universidad de Barcelona y directora del GRACMON, junto con
otras personalidades del mundo universitario y de la cultura. Esta comisión será la encargada de establecer las pautas para la realización de las actividades del Bicentenario Víctor Balaguer y aprobar el programa.
También cabe destacar que la Generalitat de Cataluña, a través del Departamento de Cultura, ha fijado la figura de Víctor Balaguer como una de las conmemoraciones oficiales para el 2024.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reconocer la figura de Víctor Balaguer en el bicentenario de su nacimiento como escritor y como político.
2. Colaborar con los actos programados por la organización para la celebración del bicentenario, con el objetivo de poner en valor la figura de Víctor Balaguer como impulsor de una institución única, la Biblioteca-museo que lleva su
nombre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de enero de 2023.-Teresa Llorens Carbonell y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000211
Mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2024 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la Proposición no de Ley relativa al impulso de la industria de los semiconductores en España, publicada en el 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, núm. 84, de 13 de febrero de 2024.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Sanidad
161/000258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances
reales en la consecución plena de la cobertura sanitaria universal, así como su monitorización y cumplimiento en las diferentes comunidades autónomas, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La cobertura sanitaria universal se considera un objetivo fundamental para poder mejorar la salud de todas las personas. En el año 2011 una investigación comisionada por 'Results for Development Institute for the Transitions in Health
Financing' 26, que forma parte de la Rockefeller Foundation, aporta pruebas contundentes respecto a los significativos beneficios que la inversión en una cobertura sanitaria universal comporta tanto para la salud poblacional (disminución de
mortalidad), como para las economías
26 Moreno-Serra R, Smith, P. The Effects of Health Coverage on Population Outcomes. Working paper. December 2011. https://r4d.org/resources/effects-health-coverage-population-outcomes/
nacionales. Dicho informe apunta, además, que la reducción de la mortalidad es más efectiva en aquellos sistemas sanitarios de financiación y gestión pública. En este sentido, diferentes agendas, instituciones y organismos de prestigio
mundial han intensificado el llamamiento a una cobertura de salud universal en los últimos años.
1. Este objetivo ha sido incluido en la meta 3.8 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 27.
2. La Organización Mundial de la Salud, en su informe de 2007 'Challenging Inequity through Health Systems. Final Report, Knowledge NetWork on Health Systems' define la cobertura universal como aquella 'situación en la que toda la
población de un país tiene acceso a servicios de buena calidad según sus necesidades y preferencias, independientemente del nivel de ingresos, estatus social o residencia' 28. La Organización Mundial de la Salud considera la cobertura universal,
reorientando los sistemas sanitarios en torno a la Atención Primaria, como una prioridad estratégica que alcance a 1 billón de personas más en el 2025.
3. En la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 5 de octubre de 2023 se aprueba la Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura universal. En el anexo de dicha resolución, entre los puntos
acordados, se menciona lo siguiente:
- Reconocemos que la cobertura sanitaria universal es fundamental para alcanzar no solo los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud y el bienestar, sino también los de erradicar la pobreza en todas sus formas y
dimensiones, incluida la pobreza extrema, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutríción> garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente, lograr la
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el trabajo decente para todos, reducir las desigualdades en los países y entre ellos, crear sociedades justas,
pacíficas e inclusivas, y establecer y fomentar alianzas, y que el logro de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es esencial para garantizar la vida sana y el bienestar de todos, centrándose en los resultados
de salud durante toda la vida (punto 8 de la Resolución).
- Reconocemos que la cobertura sanitaria universal implica que todas las personas tengan acceso, sin discriminación alguna, a un conjunto de servicios de saJud esenciales de promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención
paliativa que se ajusten a las necesidades y se determinen a nivel nacional, así como a medicamentos, vacunas, medios de diagnóstico y tecnologías de la salud, incluidas tecnologías de apoyo, esenciales, inocuos, asequibles, eficaces y de calidad,
evitando al mismo tiempo que la utilización de esos servicios cree dificultades económicas para los usuarios, en particular los de los sectores pobres, vulnerables y marginados de la población (punto 11 de la Resolución).' 29
La situación actual de la cobertura sanitaria universal en España y sus limitaciones ha sido estudiada por diferentes organizaciones civiles (entre otras la Red de Denuncia y
27 United Nations; 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.?https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
28 Gilson, L, J Doherty, R Loewenson, y V Francis. 2007. 'Challenging inequity through health systems. Final report, Knowledge NetWork on Health Systems'. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.?Disponible en:
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/social-determinants-of-health/health-systems-knowledge-network-final-report-2007.pdf?sfvrsn=b019e789_3
29 Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal. Resolución aprobada por la Asamblea General el 5 de octubre de 2023. Disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/306/87/PDF/N2330687.pdf
Resistencia al RDL16/2012, Yo Sí Sanidad Universal y Amnistía Internacional) 30 31 32. Desde la creación del Sistema Nacional de Salud, en 1986, diferentes normativas ampliaron de forma sucesiva el acceso a la atención sanitaria a toda la
población. El Real Decreto-Ley 16/2012, en cambio, supuso un retroceso significativo y un cambio profundo en la configuración del sistema sanitario y su cobertura poblacional, en tanto que vinculaba el reconocimiento del derecho a la asistencia
sanitaria a la contribución a la Seguridad Social, y se limitaba, por tanto, el acceso de personas extranjeras, tanto de aquellas sin permiso de residencia, como de algunas que sí lo tienen.
Aunque el Real Decreto-Ley 7/2018 proclamó la restitución de la universalidad, aun así, esta reforma no recuperó la lógica previa a 2012, que vinculaba el derecho a la atención sanitaria al hecho de vivir en España, y pese a que mejoró la
situación de algunas personas sin permiso de residencia, también presenta importantes carencias y lagunas que siguen provocando múltiples situaciones de exclusión, entre las cuales destacan las siguientes:
1. La distinción entre 'ser titular de derecho' y 'tener acceso a asistencia' según sea la situación administrativa.
2. La consolidación de la exclusión de las personas ascendientes que llegan a España a través de un proceso de reagrupación familiar.
3. La exigencia de acreditar la imposibilidad de exportación del derecho a la asistencia sanitaria del país de origen.
4. La falta de contundencia en la defensa del derecho, que ha facilitado casos de exclusión entre situaciones que gozaban de una especial protección, como la de personas menores, mujeres embarazadas y la atención de urgencia.
Un año después de publicar este Real Decreto Ley, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios, dependiente del Ministerio de Sanidad, presentó Recomendaciones para su desarrollo reglamentario, que, sin tener naturaleza de ley,
incluía requisitos contrarios a esta. Estas regulaciones se han materializado de diferentes maneras en las Comunidades Autónomas (CC. AA.) introduciendo grandes desigualdades entre ellas y generando una importante inseguridad jurídica. Al
respecto, en el Informe acerca de la trasposición y aplicación del RDL 7/2018 a nivel autonómico entre 2018 y 2022 presentado por la plataforma 'Yo Sí Sanidad Universal' se señalan los siguientes puntos críticos:
- Transposición heterogénea entre diferentes comunidades autónomas, lo que genera inequidad en el acceso.
- Negación del acceso a la asistencia sanitaria de las personas sin permiso de residencia durante los primeros 90 días en el país.
- Negación o facturación de la atención de urgencia.
- Negación de atención a menores o embarazadas a pesar de tratarse de grupos especialmente vulnerables.
- Negación de atención a miembros de familias reagrupadas.
Estas diferencias territoriales en el acceso sanitario pueden observarse en el siguiente mapa recogido en el informe arriba mencionado:
30 Yo Sí Sanidad Universal. El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos Informe acerca de la trasposición y aplicación del RDL 7/2018 a nivel autonómico entre 2018 y 2022. Noviembre
2022.?https://yosisanidaduniversal.net/media/pages/materiales/informes/informe-derecho-asistencia-sanitaria-comunidades-autonomas/1837562004-1669587030/informe_derecho-a-la-asistencia-sanitaria-en-ccaa-un-derecho-hecho-pedazos.pdf
31 Cimas M, Gullón P, Aguilera E, Meyer S, Freire JM, Pérez-Gómez B. Healthcare Coverage for Undocumented Migrants in Spain: Regional Differences after Royal Decree Law 16/2012. Health Policy. 2016;120(4):384- 95.
doi:10.1016/j.healthpol.2016.02.005.
32 REDER, Yo Sí Sanidad Universal, Amnistía Internacional. Recomendaciones para el Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de
Salud.?https://yosisanidaduniversal.net/media/pages/materiales/informes/recomendaciones-para-el-anteproyecto-de-ley-de-medidas-para-la-equidad-universalidad-y-cohesion-del-sistema-nacional-de-salud/649298311-1607427350/recomendaciones-al-ante
proyecto-de- ley-reder-yo-si-sanidad-universal-y-amnistia-internacional.pdf
A) Dificultad para el padrón y alternativa: Verde=se acepta alternativa, fácil; amarillease acepta alternativa, difícil; naranja=acceso muy difícil o temporal; rojo=no acceso/facturación
B) Acceso los primeros 90 días en situación irregular: Verde=cobertura desde el primer día; amarillo=informe social regulado; naranja=informe social excepcional/atención puntual; rojo=no acceso/facturación
C) Acceso en situación de estancia: Verde=cobertura desde el primer día; amarillo=informe social regulado; naranja=informe social excepcional/atención puntual; rojo=no acceso/facturación
D) Atención a menores y embarazadas: Verde=cobertura desde el primer día tanto en situación irregular como estancia; amarillo=informe social regulado o alta específica en alguna de las dos situaciones; naranja=atención puntual en alguna
de las dos situaciones; rojo=no acceso/ facturación en alguna de las dos situaciones
E) Atención sin documento certificativo y facturación: Verde=cobertura sin facturación; amarillo=aviso de facturación/posibilidad de cobertura; naranja=posibilidad de facturación; rojo=- facturación sistemática
F) Atención a ascendientes reagrupadas: Verde=cobertura desde el primer día; amarillo=cobertura mediante informe social o similar; naranja=cobertura parcial o excepcional; rojo=ninguna alternativa al convenio especial
*Cantabria se ha completado con la situación actual/futura orden. C. Valenciana se ha completado con la situación en Alicante / Valencia. El criterio D en Castilla y León muestra situación diferente para mujeres embarazadas / menores.
Por otra parte, y en contra de ciertas aseveraciones falsas y con un tono claramente xenófobo, la plena incorporación de todos los grupos de población en la cobertura sanitaria universal -volviendo al modelo sanitario que teníamos antes de
la modificación legislativa del año 201- no genera un incremento del gasto sanitario.
La cobertura sanitaria universal ha demostrado mejorar la salud de la población, ser un factor de crecimiento y redistribución económica y fomentar la cohesión social. Ni el envejecimiento poblacional ni el incremento de la población
cubierta se han descrito como los factores fundamentales del gasto sanitario 33.
La población inmigrante no consume más recursos sanitarios. Este es un tema estudiado en profundidad por grupos de investigación de nuestro país y presentado en dos estudios publicados en el año 2016 34 (con población inmigrante global y
población inmigrante en situación irregular) y en el 2021 35 (con población inmigrante irregular). Se
33 Padilla, J. Nadie está salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. REDER, 2021.
34 Gimeno-Feliu, L. A., Calderón-Larrañaga, A., Díaz, E., Poblador-Plou, B., Macipe-Costa, R., & Prados- Torres, A. (2016). Global healthcare use by immigrants in Spain according to morbidity burden, area of origin, and length of stay. BMC
Public Health, 16(1), 450. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3127-5
35 Gimeno-Feliu, L. A., Pastor-Sanz, M., Poblador-Plou, B., Calderón-Larrañaga, A., Díaz, E., & Prados- Torres, Ac https://doi.org/10.1186/s12939-020-01373-3
verifica que bajo las mismas condiciones sanitarias el uso de del sistema sanitario de población inmigrante en situación irregular es mucho menor que población autóctona o que la población migrante en situación regular. El estudio del 2021
es además de máxima relevancia porque se realiza con datos previos al 2012 y de la modificación legislativa, es decir, en un sistema sanitario con pleno acceso para toda la población. En estos estudios también se señala que el gasto farmacéutico
anual en población autóctona es de 317 , frente al de 69 en población inmigrante regular y de 8 en población inmigrante irregular.
Por otra parte, estudios realizados en Alemania 36 y en Luxemburgo 37 señalan que una atención diferenciada a grupos de población inmigrante (por ejemplo solamente a través de dispositivos de urgencia) no son eficientes y sí que generarían
más sobrecarga al sistema sanitario que su inclusión plena en un sistema de salud con pleno acceso, máxima calidad y acceso a todas las prestaciones sanitarias como población autóctona.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar y mejorar la legislación vigente, a la mayor brevedad posible y por el procedimiento de trámite de urgencia, para garantizar el pleno acceso a la Cobertura Sanitaria Universal en nuestro Sistema Nacional de Salud.
2. Esta modificación legislativa ha de tener en cuenta aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad y la situación de las personas ascendientes reagrupadas.
3. Garantizar adecuada información a las unidades administrativas de los diferentes dispositivos asistenciales sanitarios y sociales para garantizar un adecuado acceso al sistema sanitario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-Rafael Cofiño Fernández, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la encomienda de gestión
entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la Ciudad Autónoma de Melilla para mejorar la gestión de la sanidad en el territorio y solucionar los problemas y necesidades existentes, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Tras la conclusión del proceso de descentralización de las competencias en materia de Sanidad mediante la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) fue creado con el Real Decreto 840/2002 de 2 de agosto,
36 Bozorgmehr, K., & Razum, O. (2015). Effect of Restricting Access to Health Care on Health Expenditures among Asylum-Seekers and Refugees: A Quasi-Experimental Study in Germany, 1994- 2013. PLOS ONE, 10(7), e0131483.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0131483
37 Europáische Union (Ed.). (2015). Cost of exclusión from healthcare: The case of migrants in an Irregular sltuation. Publications Office of the European Union.
que modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Dicho real decreto dispone en su artículo 15.1 que el Instituto Nacional de la Salud pase a denominarse INGESA 'conservando el régimen jurídico, económico, presupuestario y patrimonial y la misma personalidad jurídica y naturaleza de Entidad
Gestora de la Seguridad Social', y le asigna 'la gestión de las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla'.
Aunque con el transcurso de los años la regulación de la estructura y el funcionamiento de INGESA ha sido modificada mediante normativa como el Real Decreto 1746/2003, el Real Decreto 38/2008 o el Real Decreto 735/2020, la gestión de la
sanidad en Ceuta y Melilla no ha dejado de corresponder en ningún momento al referido INGESA, es decir, al Ministerio de Sanidad.
Es en este contexto competencial en el que se ha producido en los últimos años un deterioro de la sanidad en las Ciudades Autónomas que desembocó en marzo de 2023 en una huelga de médicos calificada desde el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos como 'la más larga del colectivo médico en España'; en toda la historia del Sistema Nacional de Salud.
Desde los sindicatos médicos, tanto de Ceuta como de Melilla, argumentan sus protestas continuadas de los últimos meses con realidades como la insuficiencia en la dotación de profesionales sanitarios -residentes incluidos-, el exceso
continuado de las guardias mal retribuidas, la sobrecarga asistencial, el envejecimiento de las plantillas, la falta de planificación ante las jubilaciones próximas, complementos de exclusividad 'absurdos', pagas extraordinarias recortadas, el
desbordamiento de las agendas en Atención Primaria...
De igual forma, en el caso concreto de Melilla, han protestado por los 'constantes retrasos en la puesta en marcha del nuevo hospital universitario', donde 'aún no sabemos con qué plantilla se va a dotar', y han censurado la 'falta de
transparencia en los procesos de privatización del Hospital Comarcal' con ejemplos concretos como 'el servicio de colonoscopias y gastroscopias'.
Aunque no ha llegado al extremo de los médicos de Ceuta, que elevaron la situación en julio de 2023 a la Fiscalía, la situación expuesta sobre Melilla fue denunciada por el referido Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ante la
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en noviembre de 2023 -concretamente, 'el deterioro de las condiciones laborales de los médicos del servicio público'- y provocó que Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad de Melilla, solicitase a
INGESA -al Ministerio de Sanidad- en los primeros días del pasado mes de enero una encomienda de gestión con el objetivo de 'mejorar la calidad asistencial notabilísimamente'. Imbroda manifestó entonces que 'es indispensable que se dote a la
comunidad sanitaria de los profesionales y medios técnicos necesarios para que los melillenses tengan una sanidad de calidad al igual que en el resto de España'.
Dicha propuesta fue bien valorada desde instituciones sanitarias locales como el Ilustre Colegio de Médicos de Melilla, desde donde se consideró que la citada encomienda serviría para que 'la sanidad se gestione desde mucho más cerca'.
Sin embargo, frente al ofrecimiento realizado por Imbroda, la actitud del Ministerio de Sanidad desde marzo del año pasado ha estado caracterizada, de acuerdo con las valoraciones realizadas por los representantes de los profesionales
sanitarios, por la falta de diálogo y de voluntad real para materializar soluciones diligentes con las que resolver la situación.
Tres personas han estado al frente del Ministerio de Sanidad en los últimos once meses sin haber podido, sabido o querido dar soluciones tangibles y efectivas a las necesidades planteadas por los profesionales sanitarios.
La ministra en el cargo mientras se redacta la presente Proposición no de Ley, Mónica García, prometió a finales del pasado enero a Randa Mohamed, consejera de Políticas Sociales y Salud Pública de Melilla, 'máxima voluntad y colaboración
para mejorar la atención sanitaria'. No obstante, desde el Sindicato Médico de Melilla se ha respondido a
dicho compromiso pidiendo en un comunicado emitido hace apenas unos días que 'dejen de engañar a los melillenses' y que se actúe con medidas concretas y adecuadas 'con la mayor brevedad' posible.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a materializar con urgencia una encomienda de gestión entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla para posibilitar la aplicación efectiva de
soluciones a los problemas y las carencias existentes en materia de Sanidad.
El Gobierno garantizará que la referida encomienda sea dotada con cuantos recursos humanos, económicos, estructurales y materiales resulten necesarios para garantizar una asistencia sanitaria de máxima calidad en la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales de conformidad con las peticiones que han planteado desde el inicio de la huelga en marzo de 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Ana María Pastor Julián, María del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo y Sofía Acedo Reyes, Diputadas.-Miguel Tellado Filguera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la atención sanitaria de los pacientes con Linfangioleiomiomatosis
(LAM), para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La linfangioleiomiomatosis (LAM) es una enfermedad pulmonar progresiva y crónica, considerada como rara o poco frecuente y de origen desconocido, que afecta principalmente a las mujeres, sobre todo, en edad fértil. De acuerdo con la Guía
para Pacientes con Linfangioleiomiomatosis (LAM), afecta a un 1 caso por cada 400.000 mujeres adultas.
Se caracteriza por un crecimiento anómalo de células musculares lisas atípicas (células LAM), implicando la destrucción progresiva del tejido pulmonar sano, que supone la pérdida funcional y que lleva a la insuficiencia respiratoria de las
pacientes.
Los síntomas más comunes por LAM son: disnea respiratoria progresiva, neumotorax espontáneo, angiomiolipoma renal, tos seca y hemoptisis.
Puede ser de dos tipos, esporádica o asociada a una enfermedad llamada esclerosis tuberosa (ET o TSC), en la que las pacientes tienen entre un 30 y 40% de posibilidades de desarrollar LAM.
Esta enfermedad se ha relacionado tradicionalmente con las hormonas femeninas, aunque no se ha podido demostrar de manera definitiva. Así como, está vinculado a alteraciones genéticas, especialmente cuando aparece junto a la ET.
El diagnóstico de la enfermedad se caracteriza por ser, en muchos casos tardío, ya que puede llegar a retrasarse de media de dos a cinco años. Los síntomas que presenta son los habituales de cualquier enfermedad respiratoria, y en ocasiones
se diagnostica inicialmente de forma equivocada como asma, enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
A pesar de que la LAM no tiene tratamiento que consiga su curación, existe un tratamiento farmacológico eficaz, que permite reducir los síntomas respiratorios y mejorar la calidad de vida de algunas pacientes, pero no en todos los casos.
En los casos más graves y avanzados de insuficiencia respiratoria, el trasplante pulmonar acaba siendo la única alternativa para estas pacientes.
El Grupo Parlamentario Socialista considera prioritario desarrollar las medidas necesarias para mejorar la atención sanitaria de las personas con enfermedades raras o poco frecuentes en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Para ello se ha de
garantizar el diagnóstico precoz de la enfermedad, la calidad y continuidad asistencial y el acceso en términos de equidad a los tratamientos.
Asimismo, es fundamental mejorar el conocimiento de esta enfermedad, tanto por parte de los profesionales sanitarios, como de la sociedad en general, y seguir fomentando la investigación de la LAM y sus causas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con la Comunidades Autónomas y en el marco de sus competencias, y con la colaboración de las asociaciones de pacientes:
1. Estudiar la acreditación y designación de Centro, Servicio o Unidad de referencia para la atención de la linfangioleiomiomatosis en el SNS.
2. Acelerar el diagnóstico de linfangioleiomiomatosis (LAM), mediante una mejora en la información, sensibilización y difusión del conocimiento sobre la enfermedad entre el personal sanitario de atención primaria y sobre las pautas de
detección precoz y diagnóstico de LAM, valorando incorporar circuitos de diagnóstico rápido.
3. Continuar impulsando la investigación y el conocimiento sobre las enfermedades poco frecuentes como la linfangioleiomiomatosis y sus causas.
4. Incorporar la perspectiva de género en la investigación de aquellas enfermedades raras más prevalentes en mujeres, para conocer mejor el origen y su tratamiento eficaz.
5. Continuar fomentando la financiación pública de la investigación sanitaria para i la realización de ensayos clínicos en enfermedades raras o poco frecuentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2024.-Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, María Carmen Castilla Álvarez, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, Carmen Martínez Ramírez, María Isabel Moreno
Fernández, Modesto Pose Mesura, Caridad Rives Arcayna, Emilio Sáez Cruz, Luis Carlos Sahuquillo García y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora en la prevención y tratamiento del cáncer del pulmón, para su
debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El 24 de febrero de 2021 el Consejo Interterritorial del SNS aprobó la nueva Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), una guía para la definición de líneas de trabajo para los próximos años, que tiene el objetivo de mejorar
la prevención y la asistencia a las personas con cáncer en todo el territorio nacional, atendiendo a los
principios de calidad, equidad y cohesión, tal y como establece el Plan de Calidad para el SNS.
La Estrategia ahonda en aspectos claves del abordaje del cáncer como la prevención mediante estilos de vida saludables y la detección precoz, la progresiva extensión del modelo de atención multidisciplinario y cooperativo basado en redes
asistenciales entre profesionales y centros, el enfoque específico de algunos tumores o los avances en medicina de precisión.
La Estrategia se enmarca en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS, que establece la elaboración de planes integrales sobre patologías relevantes. Y supone una actualización, a
partir de la evidencia científica disponible, de la primera versión de Estrategia de Cáncer del SNS aprobada en el Consejo Interterritorial del SNS 2006, y de la segunda que tuvo lugar en 2010 y fue evaluada en 2014.
Dentro de la Estrategia, la detección del precoz del cáncer es clave.
Según la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer de pulmón es el cuarto más frecuente en España. En 2023 se estima que fueron detectados 31.282 nuevos casos. Sin embargo, debido a su alta tasa de mortalidad (es la primera causa de
muerte por cáncer en nuestro país), su prevalencia a los cinco años es relativamente baja (28.617 pacientes en 2020). En 2020 fallecieron casi 22.000 personas por esta causa, experimentado un leve descenso la mortalidad en hombres (-1,9%) pero un
considerable aumento en mujeres (4,4%). Este aumento no ha tocado techo en comparación con la tendencia ascendente durante los últimos 20 años en nuestro entorno europeo.
La prevención del cáncer de pulmón se relaciona con el tabaquismo, si bien su aumento puede ser atribuible también a causas como la contaminación, tratamientos para el virus de la hepatitis. Las evidencias sobre las causas tardarán en
alcanzarse.
Actualmente, el 80% de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican tarde.
La evidencia actual ha demostrado que la detección precoz de determinados tumores puede mejorar el pronóstico de la enfermedad y la esperanza de vida. En concreto, se ha demostrado el beneficio obtenido en los casos de cáncer de mama,
cáncer colorrectal y cáncer de cérvix, cuyo cribado poblacional forma parte de la cartera de servicios comunes del SNS.
El Ministerio de Sanidad ha iniciado un proceso de evaluación de la evidencia y eficacia de nuevos cribados poblacionales de cáncer, con el objetivo de incluirlos en la cartera siguiendo las recomendaciones de la UE en esta materia, para
obtener la evidencia de su eficacia en la reducción de la mortalidad en 2028.
Así, el Consejo en su recomendación de 9 de diciembre de 2022, basada en el nuevo enfoque de la Comisión sobre cribado del cáncer, propone, en base a los datos científicos disponibles y los avances tecnológicos disponibles en la actualidad,
incluir el cáncer de pulmón en los cribados de cáncer.
Porque, con garantía de calidad, el cribado ofrece mejores posibilidades de vencer el cáncer y salvar vidas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con las Comunidades Autónomas y en el ejercicio de sus competencias,
1. Estudiar los programas de cribado de cáncer de pulmón en población de riesgo y el establecimiento de criterios comunes en el marco del Consejo Interterritorial del SNS.
2. Seguir impulsando la investigación y las terapias innovadoras en la lucha contra el cáncer de pulmón, para llegar a la meta de su curación o cronificación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, María Carmen Castilla Álvarez, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, Carmen Martínez Ramírez, María Isabel Moreno
Fernández, Modesto Pose Mesura, Caridad Rives Arcayna, Emilio Sáez Cruz, Luis Carlos Sahuquillo García y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Educación en el VI Plan
Director de la Cooperación Española, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El derecho a la educación es un derecho humano y fundamental que contribuye al desarrollo personal y social del individuo y que todas las sociedades debemos promover y asumir como la mejor herramienta de ascensor social. Su relevancia ha
sido destacada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece en su artículo 26, que toda persona tiene derecho a la educación, pues favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones, por ello, se
promoverá el desarrollo de las actividades de la ONU para el mantenimiento de la paz.
En este sentido, es vital que la comunidad internacional proteja, respete y promueva el derecho de todas las personas a la educación, pero, de igual forma se debe garantizar que ésta sea de calidad, no excluyente, accesible y equitativa para
todos. En el ámbito de la cooperación internacional, la educación cobra un sentido aún más relevante, pues existe un gran vínculo entre la educación y la consecución de la paz, los derechos humanos y las libertades fundamentales, la comprensión
internacional, la democracia y el Estado de derecho.
España es un país comprometido con la cooperación y, de la mano de nuestros cooperantes, asumimos esta responsabilidad en los más de 30 países asociados a nuestra cooperación y también lo hacemos, a través de ayuda humanitaria, en aquellos
países que sufren una guerra, desastres naturales o crisis alimentarias. Muestra de este compromiso está también recogido en la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, la cual es el resultado de un trabajo
en conjunto de todos los entes involucrados en la cooperación y que considera la promoción y apoyo a la educación como vector significativo para el desarrollo del país receptor.
Además, nuestro compromiso con la educación está presente en el artículo 27 de nuestra Carta Magna que garantiza el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza. En definitiva, un sistema educativo que ofrezca garantías
sólidas es esencial para cualquier Estado que aspire a erradicar la pobreza, contribuir al desarrollo humano, conseguir prosperidad económica, así como el ejercicio de los derechos -cuyas finalidades persigue nuestra cooperación-, ya que fomenta el
pensamiento crítico, la productividad y la capacidad de autosuficiencia de los individuos.
Sin embargo, según el último informe publicado por la UNESCO, el número de niños sin escolarizar a escala mundial ha aumentado en 6 millones desde 2021, situando la nueva cifra en 250 millones de niños. De la cual, tan sólo la región del
África Subsahariana concentra el 30% de todos los niños sin escolarizar del mundo.
Estos datos evidencian un claro estancamiento en la promoción mundial de la educación, con mayor incidencia en los países del Sur Global, que han sido golpeados en mayor medida por las consecuencias de la pandemia del Covid 19 y la brecha
digital.
En lo relativo a la región de América Latina, en el último informe de la OCDE titulado 'Perspectivas económicas de América Latina', se advierte sobre la importancia de la educación en el desarrollo económico de la región, señalando que, 'Los
países de ALC deben invertir en educación y competencias y crear más y mejores empleos formales, ya que casi el 43% de los hogares de la región tiene a todos sus miembros trabajando de manera informal'.
Aumentar el nivel educativo de la región y lograr que haya más trabajo formal y cualificado es la condición necesaria para transformar la estructura productiva de ALC. Los empleos generados por aquellos sectores que pueden lograr llevar la
productividad de la región a cifras positivas después de décadas de crecimiento negativo, como son los asociados a la transición verde y la transformación digital, requieren habilidades y conocimientos científicos avanzados.
Actualmente, se encuentra en curso la elaboración del VI Plan Director de la Cooperación Española, lo que representa una oportunidad para contribuir a revertir esta tendencia global. Por ello, nuestro país debe reajustar su VI Plan
Director, pues establecerá la política estratégica de cooperación para los próximos años en un momento trascendental.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Establecer la educación de calidad, en equidad y en libertad como uno de los ejes fundamentales del futuro VI Plan Director de la Cooperación Española, ajustándola a la situación específica y los principales retos de cada país asociado y
adaptando recursos óptimos para cada uno.
2) Diseñar planes nacionales de recuperación de aprendizajes y refuerzo de competencias básicas perdidas, tras el rezago educativo consecuencia de la pandemia del Covid19 con la finalidad de implementar medidas eficaces.
3) Impulsar las enseñanzas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en países asociados a la cooperación, especialmente niñas y adolescentes.
4) Acelerar los trabajos de elaboración del VI Plan Director de la Cooperación Española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2024.-Esperanza Reynal Reillo, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier Noriega Gómez, Raquel Clemente Muñoz, Alberto Fabra Part, Silvia Franco González,
Maracena Lorente Anaya, Javier José Folch Blanc, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Juventud e Infancia
161/000266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Jóvenes Migrados
Solos para su debate en instancia en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Catalunya es una sociedad inclusiva, que valora la diversidad, la igualdad de oportunidades y la integración de toda la población independientemente de su origen. Para la Generalitat de Catalunya, acoger a personas que huyen de sus países
de origen, ya sea por razones de género, orientación sexual, etnia, políticas, sociales o económicas es una obligación internacional de respeto a los derechos humanos.
Los Jóvenes Migrados Solos son personas menores de edad que viajan y llegan solas a Catalunya, procedentes de terceros países y que no tienen ningún referente adulto en el destino. Como niños y adolescentes, tienen derecho a ser acogidos, y
a que sus derechos sean protegidos y promovidos, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Es su interés superior el que debe prevalecer sobre su condición de inmigrantes o extranjeros.
Hace 30 años que la llegada de los Jóvenes Migrados Solos es un fenómeno que ha aumentado significativamente los últimos 10 años. Catalunya no es territorio de llegada, pero sí de destino. Entre el 2017 y el 2023, la Direcció General
d'Atenció a la Infancia i a l'Adolescéncia (DGAIA) ha atendido aproximadamente 14.000 Jóvenes Migrados Solos. Actualmente, acoge a 6.028, 742 de los cuales llegan a la mayoría de edad durante el 2014. La llegada de estos Jóvenes Migrados Solos se
ha convertido en un desafío para el sistema de acogida de Catalunya. El año 2023 llegaron 2.313 Jóvenes Migrados Solos y en 2024 llegan una media de 10 al día provenientes de las Islas Canarias.
La Generalitat de Catalunya, en 2019, presentó un estudio que profundizaba en los motivos de los Jóvenes Migrados Solos. Los jóvenes buscan nuevas oportunidades en el país de acogida con el objetivo de mejorar las condiciones de vida que
tenían en su país de origen. Las tres principales razones para emigrar son la falta de expectativas en su país, la situación de pobreza y motivos laborales (que condicionan la existencia de las otras dos razones). En este sentido, Catalunya se
convierte en el destino de la inmigración juvenil de los países vecinos con peor situación socioeconómica y peor bienestar social. El 92% de los jóvenes del sistema de acogida catalán encuestados- asegura que Catalunya es su destino final.
Catalunya, desde 1995, es pionera y referente dentro del Estado español en ofrecer un acompañamiento orientado a la autonomía personal y a la inserción laboral de los jóvenes. Al salir del sistema de acogida, estos jóvenes se encuentran con
un proceso de emancipación sin garantías de éxito: con dificultades para tramitar la su documentación, consecuencia de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertados de los extranjeros en España y su integración social; las
características del mercado laboral y de vivienda y, la estigmatización y el rechazo de una parte de la sociedad, que se agrava en tiempos de crisis.
Para afrontar esta problemática y garantizar los derechos de los jóvenes que llegan solos a Catalunya se creó la Estrategia catalana para la acogida y la inclusión de los infantes y jóvenes emigrantes solos con perspectiva interdepartamental
(participan las Conselleries de Drets Socials, Educado, Justicia, Salut, Interior, etc.). Esta Estrategia tiene dos grandes propósitos: crear las herramientas y condiciones para acoger e incluir en la sociedad y empoderar a los jóvenes para que
puedan decidir con libertad su proyecto vital.
Para conseguir esto, la Estrategia procura abrir todas las necesidades en la transición del sistema de acogida a la vida adulta. Este acompañamiento va más allá de la mayoría de edad (un 62% de los Jóvenes Migrados Solos no son mayores de
edad, muchos de los cuales cumplirán 18 años bajo el Sistema de Protección y Acogida de la DGAIA), siendo Catalunya uno de los territorios con programas específicos para mayores de edad.
Al alargar las medidas asistenciales hasta los 23 años, se asegura una vida mínimamente digna: emancipación, autonomía personal e inclusión social. Es decir, la vivienda como elemento clave para la estabilidad personal; la escolarización
para favorecer la inclusión social; la inserción laboral; ocio y cultura como formas de participación en la comunidad y el aprendizaje de la lengua catalana.
Existe una discrepancia entre los datos de los registros: a 31 de diciembre de 2022, Catalunya acogía a 1.455 Jóvenes Migrados Solos, según el R-MENA del Ministerio del Interior. Según datos de la Sini@ de la Conselleria de Drets Socials
de la Generalitat, se atenían 2.310 jóvenes. La diferencia recae en el hecho que el registro R-MENA solo incluye a jóvenes, la minoría de edad de los cuales es indudable; en cambio, a Catalunya se atienden a jóvenes migrados, a pesar de que la
minoría de edad aún está en proceso de valoración o determinación y, por lo tanto, no inscritos al registro R-MENA.
Los datos del registro R-MENA son las utilizadas para el reparto de los fondos del Gobierno español para la acogida de los Jóvenes Migrados Solos, pero no son los datos reales. Es necesario que se cambie el criterio del reparto de fondos.
Este debe basarse en el esfuerzo económico de la acogida, inclusión, igualdad, formación, emancipación e integración en el sistema de acogida y en el sistema de acompañamiento. Es decir, debe hacerse con los datos auténticos del territorio de
acogida y no en la primera detección del Ministerio Fiscal.
La DGAIA tiene una ocupación del 95% de sus plazas y los centros específicos para acoger a los Jóvenes Migrados Solos se encuentran prácticamente en situación de sobreocupación. Hay una necesidad evidente de financiación para garantizar que
las entidades gestoras y la Generalitat configuren los sistemas de acogida y asistenciales y los equipos de profesionales necesarios para hacer frente a la delicada situación de estos jóvenes y poder lograr un país próspero, cohesionado, diverso e
igualitario.
Por todo esto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
- Traspaso estable de los recursos necesarios a la Generalitat de Catalunya para, en el ejercicio de sus competencias, garantizar la plena inclusión, igualdad, formación, emancipación e integración de los Jóvenes Migrados Solos a la sociedad
catalana, tanto en el sistema de acogida como en el sistema de acompañamiento a la transición a la vida adulta.
- Trabajar para la defensa de los derechos de los Jóvenes Migrados Solos y luchar contra la estigmatización de este colectivo. Y evitar la politización y uso electoral de los Jóvenes Migrados Solos.
- Facilitar el trámite de expedición y validación de la documentación a los Jóvenes Migrados Solos, sean o no mayores de edad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputat Jordi Salvador i Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició No de Llei sobre els Joves Migrats
Sols per al seu debat a la Comissió de Joventut i Infància.
Exposición de motivos
Catalunya és una societat inclusiva, que valora la diversitat, la igualtat d'oportunitats i la integració de tota la població independentment del seu origen.
Per a la Generalitat de Catalunya, acollir a persones que fugen dels seus països d'origen, ja sigui per raons de gènere, orientació sexual, ètnia, polítiques, socials o econòmiques és una obligació internacional de respecte dels drets
humans.
Els Joves Migrats Sols són persones menors d'edat que viatgen i arriben soles a Catalunya, procedents de tercers països i que no tenen cap referent adult al destí. Com a nens i adolescents tenen dret a ser acollits i a que els seus drets
siguin protegits i promoguts, d'acord amb el que estableix la Convenció sobre els Drets de l'Infant (1989).
És el seu interès superior el que ha de prevaldre sobre la seva condició d'emigrants o estrangers.
Fa 30 anys que l'arribada de Joves Migrats Sols és un fenomen que ha augmentat significativament els últims 10 anys. Catalunya no és territori d'arribada, però sí de destí. Entre el 2017 i el 2023, la Direcció General d'Atenció a la
Infància i a l'Adolescència (DGAIA) ha atès aproximadament 14.000 Joves Migrats Sols. Actualment, n'atén 6.028, 742 dels quals arribaran a la majoria d'edat durant el 2024. L'arribada d'aquests Joves Migrats Sols s'ha convertit en un desafiament
pel sistema d'acollida de Catalunya. L'any 2023 van arribar 2.313 Joves Migrats Sols i el 2024 n'arriben una mitjana de 10 al dia provinents de les Illes Canàries.
La Generalitat de Catalunya, el 2019, va presentar un estudi que profunditzava en els motius dels Joves Migrats Sols. Els joves busquen noves oportunitats en el país d'acollida amb l'objectiu de millorar les condicions de vida que tenien al
seu país d'origen. Les tres principals raons per emigrar són la falta d'expectatives al seu país, la situació de pobresa i motius laborals (que condicionen l'existència de les altres dues raons). En aquest sentit, Catalunya es converteix en el
destí de la immigració juvenil dels països veïns amb pitjor situació socioeconòmica i pitjor benestar social. El 92% dels joves del sistema d'acollida català enquestats assegura que Catalunya és el seu destí final.
Catalunya, des de 1995, és pionera i referent dins l'Estat espanyol en oferir un acompanyament orientat a l'autonomia personal i la inserció laboral dels joves. En sortir del sistema d'acollida, aquests joves es troben amb un procés
d'emancipació sense garanties d'èxit: amb dificultats per tramitar la seva documentació, conseqüència de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social; les característiques
del mercat de laboral i d'habitatge i, l'estigmatització i el rebuig d'una part de la societat, que s'agreuja en temps de crisi.
Per afrontar aquesta problemàtica i garantir els drets dels joves que arriben sols a Catalunya es va crear l'Estratègia catalana per l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols amb perspectiva interdepartamental (hi
participen les Conselleries de Drets Socials, Educació, Salut, Interior, Justícia, etc.) Aquesta Estratègia té dos grans propòsits: crear les eines i condicions per acollir i incloure en la societat i empoderar als joves perquè puguin decidir amb
llibertat el seu projecte vital.
Per aconseguir això, l'Estratègia procura cobrir totes les necessitats en la transició del sistema d'acollida a la vida adulta. Aquest acompanyament va més enllà de la majoria d'edat (un 62% dels Joves Migrats Sols són majors d'edat, molts
dels quals van complir els 18 anys sota el Sistema de Protecció i Acollida de la DGAIA), sent Catalunya un dels territoris amb programes específics per a majors d'edat.
En allargar les mesures assistencials fins als 23 anys, s'assegura una vida mínimament digna: emancipació, autonomia personal i inclusió social. És a dir, l'habitatge com a element clau per l'estabilitat personal; l'escolarització per
afavorir la inclusió social; la inserció laboral; l'oci i la cultura com a formes de participació en la comunitat i l'aprenentatge de la llengua catalana.
Existeix una discrepància entre les dades dels registres: a 31 de desembre de 2022, Catalunya acollia a 1.455 Joves Migrats Sols, segons el R-MENA del Ministeri de l'Interior. Segons dades de la Sini@ de la Conselleria de Drets Socials de
la Generalitat, s'atenien 2.310 joves. La diferència recau en el fet que el registre R-MENA només inclou a joves, la minoria d'edat dels quals és indubtable; en canvi, a Catalunya s'atenen a joves migrats, malgrat que la minoria d'edat encara està
en procés de valoració o determinació i, per tant, no inscrits al registre R-MENA.
Les dades del registre R-MENA són les utilitzades pel repartiment de fons del Govern espanyol per l'acollida dels Joves Migrats Sols, però no són les dades reals. És necessari que es canviï el criteri del repartiment dels fons. Aquest s'ha
de basar en l'esforç econòmic de l'acollida, inclusió, igualtat, formació, emancipació i integració en el sistema d'acollida i en el sistema d'acompanyament. És a dir, s'ha de fer amb les dades autèntiques del territori d'acollida i no en la
primera detecció que en fa el Ministeri Fiscal.
La DGAIA té una ocupació del 95% de les seves places i els centres específics per acollir els Joves Migrats Sols es troben pràcticament en situació de sobreocupació. Hi ha una necessitat evident de finançament per garantir que les entitats
gestores i la Generalitat configurin els sistemes d'acollida i assistencials i els equips de professionals necessaris per a fer front a la delicada situació d'aquests joves i poder assolir un país pròsper, cohesionat, divers i igualitari.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
- Traspàs estable dels recursos necessaris a la Generalitat de Catalunya per, en l'exercici de les seves competències, garantir la plena inclusió, igualtat, formació, emancipació i integració dels Joves Migrats Sols a la societat catalana
tant en el sistema d'acollida com en el sistema d'acompanyament a la transició a la vida adulta.
- Treballar per la defensa dels drets dels Joves Migrats Sols i lluitar contra l'estigmatització d'aquest col·lectiu. I evitar la politització i l'ús electoral dels Joves Migrats Sols.
- Facilitar el tràmit d'expedició i validació de la documentació als Joves Migrats Sols, siguin o no majors d'edat.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrer de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputat.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu del Grup Parlamentari Republicano.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite,conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso
Comisión de Interior
181/000024
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputadas doña Eugenia Carballedo Berlanga y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Qué razones han llevado al Ministro a obviar el riesgo cierto de trato denigrante hacia los solicitantes de protección internacional denunciado hace meses por numerosas instituciones por el estado denigrante de las instalaciones del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2024.-María Eugenia Carballedo Berlanga y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputadas.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN),integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta oral para su contestación en la
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Texto:
¿Por qué la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos no responde a lo que se le plantea en las preguntas formuladas desde hace meses al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara ni tampoco aporta los documentos,
informes y escritos solicitados al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 del mismo con relación al antiguo edificio de Correos ubicado en la localidad navarra de Corella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2024.-Alberto Catalán Higueras, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/004053
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR).
Cargas policiales en la protesta de los agricultores valencianos en los principales accesos al puerto de Castelló el día 07/02/2024.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
El pasado 7 de febrero de 2024, los agricultores valencianos realizaron una protesta en los principales accesos al puerto de Castelló ante la entrada desde terceros países de productos que también se cultivan en el campo valenciano y con
motivo de la bonificación de las tasas a los productos que entran por los puertos valencianos, como es el caso de
los cítricos. La concentración encabezada por la Unió Llauradora i Ramadera estaba convocada en tiempo y forma y desarrollándose de forma pacífica; a pesar de esto, acabó con cargas policiales desalojando a los agricultores valencianos que
se congregaban en la protesta y llevándose al principal líder de la Unión Llauradora i Ramadera, por parte de la Policía Nacional con una desmesurada actuación represiva.
Al mismo tiempo, tenían lugar otras protestas en diferentes puntos y autovías del País Valenciano y del Estado español que, a pesar de algunas no estar convocadas en tiempo y forma, no han contado con la misma actuación policial que en el
caso de la referida concentración en la entrada del Puerto de Castelló.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. ¿Tenía constancia la Delegada del Gobierno de que se iban a autorizar las órdenes de carga contra los allí congregados? ¿De quién partió esa orden?
2. ¿En base a qué actos se justifica el uso desmesurado de la fuerza por parte de la Policía Nacional en la referida protesta?
3. ¿Consideran ustedes que el uso de la fuerza por la Policía Nacional fue proporcional a las expresiones pacíficas de la concentración?
4. Teniendo en cuenta que fueran numerosas las protestas y concentraciones llevadas a cabo por los labradores y agricultores el día 7 de febrero de 2024 y que no en todas los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado actuaron del mismo
modo, ¿por qué el uso de la fuerza y las cargas policiales en estas protestas siguieron una lógica completamente discrecional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.