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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 48, de 12/12/2023
cve: BOCG-15-D-48
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de diciembre de 2023
Núm. 48
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)
Declaración de intereses económicos ... (Página19)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para reducir el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido a los productos esenciales y de primera necesidad, tales como productos y fármacos infantiles,
pañales y productos geriátricos ... (Página24)
162/000073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para deflactar el IRPF ajustándolo a la inflación para ayudar a las familias ... (Página26)
162/000074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los coeficientes reductores para la jubilación de las personas trabajadoras del sector de la extracción y la transformación de la piedra (granito y
pizarra principalmente) y el reconocimiento de incapacidad permanente con el diagnóstico ... (Página28)
162/000075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción de la actualización y mejora por las administraciones educativas de las bonificaciones, becas y ayudas por servicios complementarios
escolares ... (Página33)
162/000076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para garantizar el uso del español, como lengua común de todos los españoles, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en ciertas regiones españolas
... (Página36)
162/000077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la igualdad efectiva y la erradicación del machismo en el fútbol ... (Página39)
162/000078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la movilidad sostenible y el fomento del uso de la bicicleta ... (Página40)
162/000079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Pacto de Estado por los derechos de las personas LGTBI ... (Página41)
162/000080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Pacto de Estado por la Salud Mental ... (Página42)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
LORENZO CAZORLA, Juan Antonio (GS) (núm. expte. 005/000354/0000)0 ... (Página9)
LOSADA FERNÁNDEZ, José (GS) (núm. expte. 005/000353/0000)0 ... (Página4)
SALAZAR RODRÍGUEZ, Francisco José (GS) (núm. expte. 005/000118/0001)2 ... (Página14)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de intereses económicos presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
LORENZO CAZORLA, Juan Antonio (GS) (núm. expte. 007/000354/0000)1 ... (Página22)
LOSADA FERNÁNDEZ, José (GS) (núm. expte. 007/000353/0000)1 ... (Página20)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez de Millán Parro, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, doña Rocío de Meer Méndez, don David García Gomis y don Jacobo González-Robatto Perote, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX ('GPVOX'), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para reducir el tipo de gravamen del Impuesto
sobre el Valor Añadido a los productos esenciales y de primera necesidad, tales como productos y fármacos infantiles, pañales y productos geriátricos, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Hay una serie de realidades socioeconómicas que ponen de manifiesto el estado de necesidad en el que se encuentran algunas personas y que exigen una respuesta por parte de los poderes públicos. En estos casos es una obligación que el poder
legislativo actúe procurando la consecución del bien común. En este caso una de las respuestas a dichos problemas puede concretarse en las normas tributarias.
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un tributo fundamental en el sistema tributario español. Su regulación se encuentra en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido ('LIVA'). Este impuesto grava el
consumo de bienes y servicios, y su aplicación es generalizada en toda la Unión Europea. La actual estructura del IVA en España establece tres tipos impositivos: el tipo general del 21 %, el tipo reducido del 10 % y el tipo superreducido del 4 %.
El punto 3 de la 'Exposición de motivos' de la LIVA indica que, 'en uso de las autorizaciones contenidas en las normas intracomunitarias, se establece un tipo reducido para determinados consumos de primera necesidad'. A pesar de que estos
tipos son aplicados a una amplia variedad de bienes y servicios, la realidad es que el IVA afecta de manera desproporcionada a aquellos bienes y servicios que, siendo de primera necesidad para miles de familias españolas, se siguen considerando como
normales o incluso prescindibles a la vista del tipo de gravamen aplicado.
Los productos destinados a la atención y al cuidado de los más pequeños y de las personas mayores, en concreto, productos y fármacos infantiles, pañales y productos y servicios geriátricos, son fundamentales para garantizar el bienestar y la
calidad de vida
de las familias, así como los servicios de atención a las personas mayores para mantener su independencia y dignidad. No obstante, a pesar del carácter básico de dichos productos, la LIVA contempla para ellos los tipos de gravamen más
altos.
Las familias españolas asumen elevados costes con la decisión de tener hijos. Por este motivo los poderes públicos deben promover medidas para paliar en lo posible ese sobrecoste, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia fundamental
de la natalidad para nuestro futuro como nación.
Se calcula que sólo en los dos primeros años de vida de una persona se utilizan cinco pañales diarios, que a 40 céntimos de media el pañal supone un gasto de 730 euros por bebé al año, de los cuales más de 150 euros son en concepto de IVA.
Cuestión similar se presenta con respecto de las necesidades de las personas de la tercera edad con necesidades especiales derivadas de problemas de salud y de su avanzada edad. Para esta población especialmente vulnerable no es suficiente
que parte de los productos y servicios geriátricos que necesitan tengan tipos reducidos del IVA, sino que es necesario que se apliquen tipos superreducidos del impuesto 1 y 2.
En estos momentos de grave crisis económica, se hace indispensable adoptar medidas que faciliten la vida a los españoles, especialmente para aquellos más necesitados.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las modificaciones legislativas necesarias para reducir el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo superreducido en todos los productos y servicios de cuidado infantil y
geriátrico que no estén ya exentos, con especial atención a:
a) Pañales infantiles y geriátricos.
b) Biberones y leches de fórmula pediátricas.
c) Servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o atención residencial.
d) Productos farmacéuticos infantiles y geriátricos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2023.-Rocío de Meer Méndez, David García Gomis y Jacobo González-Robatto Perote, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y María de la Cabeza Ruiz Solás, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
1 'Estas elevadas tasas de paro y de temporalidad han venido afectando de forma negativa a la economía española en múltiples dimensiones. Además del impacto adverso que esta elevada precariedad laboral tiene sobre la renta per cápita de
nuestro país, una amplia literatura económica documenta los considerables efectos negativos que dicha precariedad -que ha venido afectando de manera particularmente acusada a los jóvenes españoles- implica, entre otras dimensiones, en el proceso de
acumulación de capital humano de los trabajadores y su carrera profesional, en las decisiones de emancipación, de formación de nuevos hogares y de natalidad, en el grado de certidumbre sobre la evolución futura de la renta y el bienestar emocional,
y en los niveles de desigualdad'. Informe Anual 2022 del Banco de España, https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/22/Fich/InfAnual_2022.pdf.
2 'El proceso de envejecimiento poblacional supone uno de los mayores retos estructurales que afronta la economía española. Entre sus múltiples efectos, cabe destacar el impacto contractivo sobre la oferta de trabajo, que, previsiblemente,
tendrá importantes repercusiones tanto sobre el funcionamiento del mercado de trabajo como sobre el crecimiento potencial o la sostenibilidad de las finanzas públicas'. 'El impacto del envejecimiento poblacional sobre la evolución de la tasa de
actividad en España'. Banco de España. https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T3/Fich/be2303-art12.pdf.
162/000073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para deflactar el IRPF ajustándolo a
la inflación para ayudar a las familias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Si algo ha caracterizado la política económica del mal llamado gobierno progresista ha sido su incapacidad para resolver los problemas económicos y sociales que le han ido surgiendo, a pesar de contar con la mayor cantidad de recursos
económicos de nuestra historia y una flexibilidad absoluta por parte de Bruselas al estar suspendidas las reglas fiscales.
En lugar de resolver los problemas económicos de forma decidida siempre ha hecho lo mismo: primero, negar el problema; segundo, insultar al Partido Popular por denunciar que hay un problema; tercero, decir que las soluciones propuestas
por el Partido Popular no son viables; y finalmente, copiar mal y tarde algunas de esas medidas que antes criticaba y decía que no se podían aplicar.
Ante el problema de la subida de precios ha hecho exactamente eso mismo. Primero, la Vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital afirmó, en noviembre de 2021, cuando el índice general de precios (IPC)
subía un 5,4 % y la subyacente un 1,4 %, que 'la inflación es un fenómeno transitorio' por lo que no le preocupaba; estas palabras recordaban demasiado a aquellas que pronunció al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, afirmando que el impacto
económico del coronavirus sería 'transitorio y poco significativo'.
Lo siguiente fue criticar al Partido Popular, cuando denunciaba la inactividad del Gobierno y proponía medidas como bajar los impuestos de la electricidad o el IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra, señalando que Bruselas no
permitía hacer esas rebajas. Y, finalmente, el Gobierno copió algunas de estas medidas: bajó los impuestos a la electricidad y el IVA de algunos alimentos, dejando en evidencia que mentía cuando decía que no se podían llevar a cabo.
Aunque dejó fuera algunos alimentos (pescado, carne y conservas), estas bajadas han aliviado parcialmente a las familias, pero la persistencia de la subida de precios, cuyo índice general acumula una subida del 17 % desde febrero de 2021,
requiere medidas adicionales que ayuden a las familias a poder llegar a fin de mes.
A este incremento de precios, que en el caso concreto de los alimentos acumula ya una subida del 29 % en ese mismo periodo -con algunos alimentos básicos con subidas escandalosas del 152 % en el caso del aceite, el 59 % el azúcar, el 45 % la
leche o el 43 % los huevos- hay que añadir la subida del 40 % en el precio de los combustibles y el encarecimiento de la hipoteca media en más de 300 euros al mes.
El resultado de esta dinámica inflacionista que el ejecutivo socialista no ha sabido atajar es el empobrecimiento de las familias a pesar del aumento de la recaudación tributaria del Estado. Sobre el empobrecimiento de las familias dos
datos:
- En 2018 la renta per cápita española en paridad de poder adquisitivo era el 91 % de la media de la UE27; hoy es el 85 %; hemos retrocedido 6 puntos en convergencia con las economías europeas más prósperas y hemos vuelto al grupo de
países pobres con derecho a fondos de cohesión.
- Somos el 4.º país de la UE27 con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza, un 26 % de la población, solo por detrás de Rumania, Bulgaria y Grecia.
Sobre el incremento de la recaudación del Estado, el ensanchamiento de las bases imponibles y el efecto de 'progresividad en frío' han disparado la recaudación tanto
del IVA como del IRPF, aumentando en más de 32.000 millones de euros la recaudación tributaria del último año hasta los 255.463 millones de euros, cifra récord.
Prácticamente todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han hecho algún ajuste en el tramo autonómico del IRPF sobre el que tienen capacidad de gestión para compensar -en la medida de sus capacidades- esta subida
'invisible de impuestos' por la inflación que merma el poder adquisitivo de las familias.
Con esta bajada de impuestos coordinada consiguieron arrastrar al resto de comunidades autónomas a hacer movimientos similares antes de las elecciones autonómicas del 28M. Esto sucedió en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La
Mancha y Valencia, donde los gobiernos socialistas bajaron de alguna forma el IRPF a pesar de las críticas de la ministra Montero a las bajadas que ya habían realizado las CC. AA. gobernadas por el Partido Popular.
Igualmente significativo es lo sucedido en el País Vasco, en el que el gobierno bipartito, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Partido Socialista de Euskadi (PSE), lleva dos años consecutivos ajustando el IRPF para 'compensar el efecto de la
elevada inflación sobre las familias vascas', al tiempo que no apoyan la extensión de esta medida para el resto de españoles. ¿Por qué niegan a los 46 millones de españoles que residen en el resto del territorio español lo que ellos quieren y
aprueban para los 2,2 millones de españoles que residen en el País Vasco?
El Partido Popular va a seguir apoyando a las familias bajando impuestos en las doce comunidades autónomas que ya gobierna; sirvan de ejemplo las rebajas de IRPF anunciadas por los nuevos gobiernos autonómicos en:
- Baleares bajará medio punto a las rentas de menos de 30.000 euros y 0,25 al resto.
- Cantabria ha reducido el tipo mínimo del 9,5 % al 8,5 % y el tipo máximo al 22,5 %, y crea una nueva deducción de 1.400 euros por nacimiento o adopción, entre otras medidas.
- Extremadura ha bajado los dos primeros tramos del 12,5 % al 8,0 % y 10,0 %, respectivamente, lo que supondrá un ahorro de hasta de 300 euros para rentas inferiores a 22.000 euros,
- C. Valenciana ha anunciado nuevas deducciones para rentas individuales de menos de 32.000 euros y conjuntas de menos de 48.000 euros, junto a otras medidas específicas para los jóvenes con rentas medias y bajas,
- La Rioja ha anunciado nuevas deducciones en el IRPF para las hipotecas y la práctica deportiva que supondrán un ahorro de 10,8 millones de euros.
De hecho, en el anexo del Plan Presupuestario remitido a Bruselas el Gobierno en funciones cuantifica que las rebajas fiscales en el IRPF llevadas a cabo por las CC. AA. van a dejar en el bolsillo de los españoles 2.342 millones de euros
entre 2023 y 2024; 613,4 millones de euros en 2023 y 1.728,6 millones de euros en 2024.
Este alivio fiscal a las familias por parte de las CC. AA. debe ser complementado con un ajuste equivalente por parte de la Administración Central que, además, es la que más se ha beneficiado de la elevada inflación, hasta el punto de
lograr una recaudación tributaria récord en 2022 que se va a batir en 2023.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Deflactar el IRPF, modificando al menos los 3 primeros tramos, así como los mínimos personales y el resto de las deducciones, para compensar en este impuesto el efecto de una inflación acumulada desde febrero de 2021 que ya es del 17,0 %.
- Ajustar las retenciones para que el alivio fiscal a las familias sea inmediato.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2023.-Jaime Eduardo de Olano Vela y Juan Bravo Baena, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a los coeficientes reductores para la jubilación de las personas trabajadoras del sector de la extracción y la transformación de la piedra (granito y pizarra principalmente) y el reconocimiento de Incapacidad Permanente con el diagnóstico,
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En las publicaciones del Instituto Nacional de Silicosis puede apreciarse la grave incidencia de los casos de silicosis en Galiza, que ha pasado de representar el 25,37 % de los casos de silicosis del Estado a tener en el 2017 el 47,5 %. En
el informe referido al 2019 Galiza cuenta con el 42 % de afectados con un total de 92 caos del total de 219 en el conjunto del Estado.
En 2019 de los 92 casos detectados en Galiza, 67 son de personas trabajadoras en activo y 25 de pensionistas. En su mayor parte proceden del sector de la pizarra, seguidos por el del granito y las marmolerías y, muchos de ellos, presentan
enfermedades intercurrentes.
Durante el año 2022, el INS ha registrado un total de 204 nuevos casos de silicosis, de los cuales 81 fueron registrados en Galiza (casi el 40 %) siendo además Ourense la provincia con más casos de todo el Estado (47).
Así, en el pasado año se produce un ligero descenso del total de casos, después del repunte sufrido en 2021 en que se alcanzaron los 234, pero la reducción es tan sutil que el propio informe recoge que esto es una evidencia de que existen
muchas medidas de protección y salud de los trabajadores y trabajadoras pendientes de aplicar por parte das empresas.
La silicosis es un tipo de neumoconiosis, enfermedad caracterizada por la acumulación de polvo en los pulmones y las reacciones del tejido en presencia de ese polvo. Se trata de una enfermedad pulmonar progresiva e irreversible causada por
la inhalación prolongada de partículas de sílice. Es, por lo tanto, una enfermedad debida a la actividad laboral, con un pronóstico de curación casi imposible y con una tendencia de agravación progresiva.
En el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, se reconoce la silicosis como
enfermedad profesional, estableciéndose una serie de trabajos en los que se reconoce su relación intrínseca con la acumulación de polvo de sílice en los pulmones y que, por lo tanto, que acabarán causando la enfermedad.
Resulta evidente que los trabajadores de las canteras de piedra y de la pizarra están sometidos a un tipo de actividad profesional que en muchos casos deriva en una enfermedad de origen laboral, debido a la inhalación de altos porcentajes de
sílice. Los estudios demuestran la gran incidencia de silicosis entre estos operarios. Aunque no es la única enfermedad profesional relacionada directamente con su actividad, así, se ha constatado desde los primeros informes al respecto iniciados
en 2002 una gran incidencia de reducción de audición, por lo que la sordera es también una enfermedad de gran incidencia y de origen profesional. Se trata pues de una situación a abordar seriamente por las Administraciones Públicas, con la adopción
de medidas legales, laborales y socioeconómicas que incidan en una mejora de sus condiciones.
Uno de los principales problemas con los que se enfrentan las personas con silicosis es el acceso a la Incapacidad Permanente Total, pues según establece el artículo 45 de la Orden Ministerial de 15 de abril de 1969, que regula la aplicación
y desarrollo de las prestaciones de invalidez den el Régimen General de la Seguridad Social, el primer grado
de silicosis sin enfermedad intercurrente no es suficiente para el reconocimiento de la IP. Así, el citado artículo 45 establece:
'Art. 45. Normas particulares para la silicosis.
1. El primer grado de silicosis, que comprenderá los casos de silicosis definida y típica, que no origine, por sí misma, disminución alguna en la capacidad para el trabajo, no tendrá la consideración de situación constitutiva de invalidez.
No obstante, dicho grado se equiparará:
a) Al segundo grado de silicosis, al que se refiere el número 2 del presente artículo, mientras aquélla coexista con alguna de las enfermedades siguientes:
a. Bronconeumopatía crónica, esté o no acompañada de síndromes asmáticos.
b. Cardiopatía orgánica, aunque esté perfectamente compensada.
c. Cuadro de tuberculosis sospechoso de actividad o lesiones residuales de esta etiología.
b) Al tercer grado de silicosis al que se refiere el número 3 del presente artículo, mientras aquélla concurra con afecciones tuberculosas que permanezcan activas.
2. El segundo grado de silicosis, que comprenderá los casos de silicosis definida y típica que inhabiliten al trabajador para desempeñar las tareas fundamentales de su profesión habitual, tendrá la consideración de situación constitutiva de
invalidez permanente y se equiparará al de incapacidad total para la profesión habitual.
No obstante, dicho grado de silicosis se equiparará al tercero, al que se refiere el número siguiente, mientras aquélla concurra con afecciones tuberculosas que permanezcan activas.
3. El tercer grado de silicosis, que comprenderá los casos en que la enfermedad se manifieste al menor esfuerzo físico y resulte incompatible con todo trabajo, tendrá la consideración de situación constitutiva de invalidez permanente y se
equiparará al de incapacidad absoluta para todo trabajo.
4. El trabajador declarado silicótico de segundo grado tendrá derecho, cualquiera que fuese su edad, a la pensión vitalicia prevista en el número 2 del artículo 15, sin perjuicio de que pueda acogerse a las medidas de recuperación
procedentes, en cuyo caso, además de la pensión, percibirá sólo las becas y salarios de estímulo que puedan corresponderle.'
En conclusión, según la regulación vigente, la silicosis de primer grado no se considera enfermedad profesional que determine el reconocimiento de una Incapacidad Permanente, no obstante, el trabajador tampoco puede continuar trabajando ya
que según la Orden de 9 de mayo de 1962, ese trabajador o trabajadora debería ser trasladado a otro puesto dentro de la misma empresa para evitar la progresión de la enfermedad, es decir a un puesto en el que no exista el riesgo de inhalación, lo
que difícilmente puede suceder en una empresa dedicada a la extracción o transformación del granito o la pizarra, donde no existen puestos de trabajo no expuestos al polvo. Por ello resulta injusto que a una persona trabajadora diagnosticada de
silicosis de primer grado junto con una de las enfermedades anteriormente referidas se le equipare al segundo grado y pueda acceder a la Incapacidad Permanente, pero uno de sólo primer grado no pueda seguir trabajando pero no tenga acceso a la
Incapacidad Permanente. Esto es de hecho lo más habitual, que no existiendo un puesto exento de polvo, el empresario deba extinguir la relación por causas objetivas con la indemnización correspondiente y que el trabajador quede sin protección por
contingencia profesional.
En este sentido, existe amplia jurisprudencia e incluso resoluciones internas en las que se insta a considerar a la persona trabajadora en estos casos como inhabilitado para su profesión habitual y por lo tanto que debe proceder el
reconocimiento de una incapacidad
permanente total. Esto obliga al trabajador a tener que recurrir a la vía judicial para su reconocimiento.
Otro de los asuntos que afectan a este colectivo que necesitan de una atención urgente es el referido a la asignación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a las personas trabajadoras del sector de extracción y transformación
de piedra con alto contenido en sílice como es el granito y la pizarra. En este sentido, ya en 2009 se aprobaba en el Congreso de los Diputados, a instancia del BNG una Proposición no de Ley por unanimidad en la que se instaba al Gobierno a la
asignación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a los trabajadores del sector, sin embargo, más de 10 años después no se ha hecho nada en este sentido.
A pesar de que distintas sentencias judiciales han reconocido ya esa equiparación, la Seguridad Social sigue sin reconocerlo de forma general, y obliga a las personas a recurrir a la vía judicial para lograrlo, por ello es imprescindible que
se hagan las reformas normativas necesarias para equiparar los coeficientes reductores aplicados en este sector a los utilizados en la minería de interior y que se regulan en el Real Decreto 2366/1984, de 26 de diciembre.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a adoptar las medidas necesarias para dar solución a los problemas del sector de la extracción y transformación de la piedra (granito y pizarra principalmente):
- Revisar los actuales coeficientes reductores asignados de modo que se equiparen los de las categorías de la minería exterior (a cielo abierto) con los de la minería interior regulados en el Real Decreto 2366/1984, de 26 de diciembre, sobre
reducción de la edad de jubilación de determinados grupos profesionales incluidos en el ámbito del Estatuto del Minero, aprobado por el Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre.
- Extender al subsector de transformación de mineral la asignación de coeficientes reductores para la edad de jubilación ya que los niveles de polvo y ruido son similares a los de la industria extractiva como queda reflejado en diversos
estudios y mediciones realizados por organismos oficiales (Instituto Nacional de Silicosis, Consellaría de Traballo de la Xunta de Galiza...), siendo además un derecho reconocido por la jurisprudencia.
- Asignar dentro del sistema de la Seguridad Social un código identificador de las empresas que desarrollen su actividad en el sector de la extracción y transformación de la piedra (como son el granito y la pizarra), para que en los informes
de vida laboral se identifique automáticamente esa actividad, de modo que el trabajador acredite únicamente el puesto de trabajo desempeñado y no la actividad de la empresa a la hora de efectuar el cálculo de la edad de jubilación. Se trata de
evitar, como sucede en la actualidad, que el trabajador tenga que recurrir a la solicitud individualizada de asignación de coeficientes de empresa por empresa.
- Reconocer la situación de Incapacidad Total de las personas trabajadoras diagnosticadas de silicosis de primer grado que no pueden acceder a otro puesto de trabajo exento de riesgo de exposición a la inhalación de polvo silicótico dentro
de la misma empresa.
- Dar las instrucciones necesarias al INSS para que, mientras no se legisle en el sentido antes indicado, varíe su criterio actual y, aplicando la amplia jurisprudencia existente, reconozca el derecho a la aplicación de los coeficientes
reductores del Real Decreto 2366/1984 a las personas trabajadoras de las empresas de extracción y transformación de la piedra (granito y pizarra principalmente).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa aos coeficientes redutores para a xubilación das persoas traballadoras do sector da extracción e a transformación da pedra (granito e lousa principalmente) e o recoñecemento de Incapacidade Permanente coa diagnose para o seu debate en
Pleno.
Exposición de motivos
Nas publicacións do Instituto Nacional de Silicose pode apreciarse a importante incidencia dos casos de silicose na Galiza, que pasou de representar 25,37 % dos casos de silicose do Estado para ter 47,5 %en 2017. No informe referido ao 2019
a Galiza conta con 42 % de afectados cun total de 92 caos do total de 219 no conxunto do Estado.
En 2019 dos 92 casos detectados na Galiza, 67 son de persoas traballadoras en activo e 25 de pensionistas. No seu maior parte proceden do sector da lousa, seguidos polo do granito e as marmorerías e, moitos deles, presentan enfermidades
intercorrentes.
Durante o ano 2022, o INS rexistrou un total de 204 novos casos de silicose, dos cales 81 foron rexistrados na Galiza (case 40 %) sendo ademais Ourense a provincia con máis casos de todo o Estado (47).
Así, no pasado ano prodúcese un lixeiro descenso do total de casos, despois da repunta sufrida en 2021 en que se alcanzaron os 234, pero a redución é tan sutil que o propio informe recolle que evidencia que existen moitas medidas de
protección e saúde dos traballadores e traballadoras pendentes de aplicar por parte das empresas.
A silicose é un tipo de pneumoconioses, enfermidade caracterizada pola acumulación de po nos pulmóns e as reaccións do tecido en presenza dese po. Trátase dunha enfermidade pulmonar progresiva e irreversíbel causada pola inhalación
prolongada de partículas de sílice. É, por tanto, unha enfermidade debida á actividade laboral, cun prognóstico de curación case imposíbel e cunha tendencia de agravación progresiva.
No Real Decreto 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e son estabelecidos os criterios para a súa notificación e rexistro, recoñécese a silicose como enfermidade
profesional, estabelecéndose unha serie de traballos nos que se recoñece a súa relación intrínseca coa acumulación de po de sílice nos pulmóns e que, polo tanto, que acabarán causando a enfermidade.
Resulta evidente que os traballadores das canteiras de pedra e da lousa están sometidos a un tipo de actividade profesional que en moitos casos deriva nunha enfermidade de orixe laboral, debido á inhalación de altas porcentaxes de sílice.
Os estudos demostran a gran incidencia de silicose entre estes operarios. Aínda que non é a única enfermidade profesional relacionada directamente coa súa actividade, así, constatouse desde os primeiros informes respecto diso iniciados en 2002 unha
gran incidencia de redución de audición, polo que a xordeira é tamén unha enfermidade de gran incidencia e de orixe profesional. Trátase pois dunha situación para abordar seriamente polas Administracións Públicas, coa adopción de medidas legais,
laborais e socioeconómicas que incidan nunha mellora das súas condicións.
Un dos principais problemas cos que se enfrontan as persoas con silicose é o acceso á Incapacidade Permanente Total, pois segundo estabelece o artigo 45 da Orde Ministerial de 15 de abril de 1969, que regula a aplicación e desenvolvemento
das prestacións de invalidez dean o Réxime Xeral da Seguridade Social, o primeiro grao de silicose sen enfermidade intercorrente non é suficiente para o recoñecemento da IP. Así, o citado artigo 45 estabelece:
'Art. 45. Normas particulares para a silicose.
1. O primeiro grao de silicose, que comprenderá os casos de silicose definida e típica, que non orixine, por si mesma, diminución algunha na capacidade para o traballo, non terá a consideración de situación constitutiva de invalidez.
Con todo, o devandito grao equipararase:
a) Ao segundo grao de silicose, ao que se refire o número 2 do presente artigo, mentres aquela coexista con algunha das enfermidades seguintes:
a. Broncopneumopatía crónica, estea ou non acompañada de síndromes asmáticas.
b. Cardiopatía orgánica, aínda que estea perfectamente compensada.
c. Cadro de tuberculose sospeitoso de actividade ou lesións residuais desta etioloxía.
b) Ao terceiro grao de silicose ao que se refire o número 3 do presente artigo, mentres aquela concorra con afeccións tuberculosas que permanezan activas.
2. O segundo grao de silicose, que comprenderá os casos de silicose definida e típica que inhabiliten ao traballador para desempeñar as tarefas fundamentais da súa profesión habitual, terá a consideración de situación constitutiva de
invalidez permanente e equipararase ao de incapacidade total para a profesión habitual.
Con todo, o devandito grao de silicose equipararase ao terceiro, ao que se refire o número seguinte, mentres aquel concorra con afeccións tuberculosas que permanezan activas.
3. O terceiro grao de silicose, que comprenderá os casos en que a enfermidade se manifeste ao menor esforzo físico e resulte incompatíbel con todo traballo, terá a consideración de situación constitutiva de invalidez permanente e
equipararase ao de incapacidade absoluta para todo traballo.
4. O traballador declarado silicótico de segundo grao terá dereito, calquera que fose a súa idade, á pensión vitalicia prevista no número 2 do artigo 15, sen prexuízo de que poida acollerse ás medidas de recuperación procedentes, nese caso,
ademais da pensión, percibirá só as bolsas e salarios de estímulo que poidan corresponderlle.'
En conclusión, segundo a regulación vixente, a silicose de primeiro grao non se considera enfermidade profesional que determine o recoñecemento dunha Incapacidade Permanente, con todo, o traballador tampouco pode continuar traballando xa que
segundo a Orde de 9 de maio de 1962, ese traballador ou traballadora debería ser trasladado a outro posto dentro da mesma empresa para evitar a progresión da enfermidade, é dicir a un posto no que non exista o risco de inhalación, o que dificilmente
pode suceder nunha empresa dedicada á extracción ou transformación do granito ou a lousa, onde non existen postos de traballo non expostos ao po. Por iso resulta inxusto que a unha persoa traballadora diagnosticada de silicose de primeiro grao
xunto cunha das enfermidades anteriormente referidas se lle equipare ao segundo grao e poida acceder á Incapacidade Permanente, pero un de só primeiro grao non poida seguir traballando pero non teña acceso á Incapacidade Permanente. Isto é de feito
o máis habitual, que non existindo un posto exento de po, o empresario deba extinguir a relación por causas obxectivas coa indemnización correspondente e que o traballador quede sen protección por continxencia profesional.
Neste sentido, existe ampla xurisprudencia e mesmo resolucións internas nas que se insta a considerar á persoa traballadora nestes casos como inhabilitado para a súa profesión habitual e por tanto que debe proceder o recoñecemento dunha
incapacidade permanente total. Isto obriga ao traballador para ter que recorrer á vía xudicial para o seu recoñecemento.
Outro dos asuntos que afectan a este colectivo que necesitan dunha atención urxente é o referido á asignación de coeficientes redutores da idade de xubilación ás persoas traballadoras do sector de extracción e transformación de pedra con
alto contido en sílice como é o granito e a lousa. Neste sentido, xa en 2009 era aprobado no Congreso dos Deputados, a instancia do BNG unha Proposición non de Lei por unanimidade na que se instaba ao Goberno á asignación de coeficientes redutores
da idade de xubilación aos traballadores do sector, con todo, máis de 10 anos despois non se fixo nada neste sentido.
A pesar de que distintas sentenzas xudiciais recoñeceron xa esa equiparación, a Seguridade Social segue sen recoñecelo de forma xeral, e obriga ás persoas a recorrer á vía xudicial para logralo, por iso é imprescindíbel que se fagan as
reformas normativas necesarias para equiparar os coeficientes redutores aplicados neste sector aos utilizados na minería de interior e que se regulan no Real Decreto 2366/1984, de 26 de decembro.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a adoptar as medidas necesarias para dar solución aos problemas do sector da extracción e transformación da pedra (granito e lousa principalmente) nesta materia:
- Revisar os actuais coeficientes redutores asignados de modo que se equiparen os das categorías da minería exterior (ao descuberto) cos da minería interior regulados no Real Decreto 2366/1984, de 26 de decembro, sobre redución da idade de
xubilación de determinados grupos profesionais incluídos no ámbito do Estatuto do Mineiro, aprobado polo Real Decreto 3255/1983, de 21 de decembro.
- Estender ao subsector de transformación de mineral a asignación de coeficientes redutores para a idade de xubilación xa que os niveis de po e ruído son similares aos da industria extractiva como queda reflectido en diversos estudos e
medicións realizados por organismos oficiais (Instituto Nacional de Silicose, Consellería de Traballo da Xunta de Galiza...), sendo ademais un dereito recoñecido pola xurisprudencia.
- Asignar dentro do sistema da Seguridade Social un código identificador das empresas que desenvolvan a súa actividade no sector da extracción e transformación da pedra (como son o granito e a lousa), para que nos informes de vida laboral se
identifique automaticamente esa actividade, de modo que o traballador acredite unicamente o posto de traballo desempeñado e non a actividade da empresa á hora de efectuar o cálculo da idade de xubilación. Trátase de evitar, como sucede na
actualidade, que o traballador teña que recorrer á solicitude individualizada de asignación de coeficientes de empresa por empresa.
- Recoñecer a situación de Incapacidade Total das persoas traballadoras diagnosticadas de silicose de primeiro grao que non poden acceder a outro posto de traballo exento de risco de exposición á inhalación de po silicótico dentro da mesma
empresa.
- Dar as instrucións necesarias ao INSS para que, mentres non se lexisle no sentido antes indicado, varíe o seu criterio actual e, aplicando a ampla xurisprudencia existente, recoñeza o dereito á aplicación dos coeficientes redutores do Real
Decreto 2366/1984 ás persoas traballadoras das empresas de extracción e transformación da pedra (granito e lousa principalmente).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de novembro de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
162/000075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez de Millán Parro, doña Blanca Armario González, don Joaquín Robles López, don José Ramírez del Río y don Pedro Fernández Hernández, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de la actualización y mejora por las administraciones educativas
de las bonificaciones, becas y ayudas por servicios complementarios escolares, para su discusión ante el Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El incremento del coste de vida golpea a las familias españolas.
El contexto socioeconómico que rodea a las familias españolas en los últimos meses y años es preocupante. El constante aumento de los precios contrasta con el mantenimiento de los sueldos, y tiene una repercusión decisiva en su poder
adquisitivo. El índice de precios del consumo ('IPC') continúa al alza. Según los últimos datos publicados por el instituto Nacional de Estadística ('INE'), el IPC ha vuelto a aumentar otro 3,5 % el pasado octubre, siendo ya 31 meses consecutivos
los que sube por encima del 2 % (a excepción del pasado mes de junio, que fue del 1,9 %). Por su parte, la tasa anual del IPC subyacente, aquella que excluye los alimentos frescos y la energía, vuelve a aumentar el 5,2 % en octubre (con 23 meses
consecutivos creciendo por encima del 2 %). A pesar de la triste realidad que aportan para las familias estos datos, el verdadero drama se encuentra en el aumento de los precios de los alimentos, que en octubre ha sido del 9,3 %, bajando por
primera vez del 10 % después de 18 meses con incrementos que han llegado al 17 %. 3
En el mismo sentido, según la última Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el INE en abril de 2023, las familias aún sufren carencias severas 4. La tasa AROPE (Af Risk of Poverty or Social Exclusión) que calcula la pobreza relativa
en España, establece que uno de cada cinco personas residentes en España está por debajo del umbral del riesgo de pobreza. Este porcentaje aumenta hasta el 27 % si sólo tenemos en cuenta a los menores de 16 años; y al 26,8 % si atendemos a los
hogares con uno o más hijos a su cargo.
En cuanto a la capacidad de las familias para irse de vacaciones o afrontar gastos que surgen inopinadamente, la Encuesta de Condiciones de Vida sugiere que el 33,5 % de familias españolas no pueden permitirse viajar, al menos, una semana al
año; 5 cerca de un 35,5 % no puede hacer frente a gastos inesperados y cerca de un 8,7 % tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Según Funcas, el crecimiento del PIB y del empleo tras el año cero de la pandemia no se ha traducido en una mejora de la capacidad adquisitiva de las familias. En este sentido, esta entidad afirma en su Focus on Spanish Society
correspondiente a septiembre de 2023 que 'una de cada 12 personas en España (8,1 %) sufría en 2022 carencia material severa, más del doble que antes de la crisis financiera (2007: 3,5 %) e incluso un punto por encima de la cifra de 2014 (7,1 %) 6'.
En definitiva, las familias españolas están sufriendo especialmente la crisis económica, social y energética que lleva sacudiendo a España desde hace ya varios años. Junto a estas dificultades, comunes a todas las familias, se añaden las
propias de aquellas con hijos en edad escolar debido a los necesarios gastos educativos.
Segundo. Las familias con menores a su cargo experimentan cada vez más gastos asociados a la educación.
Según datos de septiembre de 2023 las familias españolas han gastado para el curso 2023/2024 una media de 2.189 euros al año por alumno entre los costes anuales (matrícula, uniformes, libros de texto, material escolar...) y los mensuales
(aula matinal, servicio de comedor, transporte, actividades extraescolares...) 7. En el curso 2017/2018, el coste medio fue de 1.212 euros, lo que pone de manifiesto un incremento del 81 % en tan solo cinco años.
3 https://es.statista.com/estadisticas/476676/espana-tasa-de-inflacion-anual-por-mes/
4 https://www.ine.es/prensa/ecv 2022.pdf.
5 Según el Instituto Sindical Europeo, entre las grandes economías de la Unión Europea, España solo es superada por Italia en lo relativo a la tasa de personas que no pueden irse de vacaciones al menos una vez al año:
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/cada-familias-espanolas-puede-permitirse-irse-vacaciones-20230720_2822418.
6 https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2023/09/NOTAPRENSA-5.pdf.
7 https://www.ocu.org/consumo-familia/bebes/informe/gastos-vuelta-cole
La última edición de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del INE, publicado en el curso 2019/2020 8 señalaba que cada alumno supuso un gasto medio de 1.649 euros. Casi una década antes, la misma encuesta, publicada en el curso
2011/2012, concluyó que el gasto por cada estudiante ascendía a 1.319 euros 9. Es decir, un incremento del 25 %.
De ambos estudios se deduce que cada vez sale más caro a las familias españolas hacer frente a los gastos educativos de sus hijos. Ante este escenario el Gobierno y los poderes públicos deben establecer medidas destinadas a paliar esta
situación y ayudar a las familias españolas con hijos menores en edad escolar ante la subida de los precios y el incremento del coste de la vida.
Tercero. La necesidad de actualizar y mejorar las bonificaciones, ayudas y becas por servicios complementarios escolares.
Según la última edición de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del INE, referenciado en el expositivo anterior, las familias españolas gastan de media 1.177 euros en servicios educativos reglados. Dentro del gasto educativo
total, el porcentaje correspondiente a servicios complementarios como el comedor o las actividades extraescolares supone un 25,3 %.
Los servicios complementarios son, como su propio nombre indica, aquellas actividades de carácter extracurricular con la que los alumnos amplían su experiencia escolar en los centros docentes. Hablamos de los servicios de comedor, las
conocidas como aulas matinales o vespertinas (esto es, la posibilidad de dejar o recoger al niño antes y tras la finalización de la jornada escolar, respectivamente) o las actividades extraescolares (idiomas, deportes, actividades artísticas...).
Se tratan, por tanto, de medios necesarios en la vida escolar de los estudiantes, pues complementan la formación de los alumnos y su experiencia educativa al tiempo que constituyen una necesidad para la conciliación laboral y familiar.
Tal y como recoge el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 'Las Administraciones educativas [...] establecerán medidas para que la situación socioeconómica del alumnado no suponga una barrera para el acceso a
las actividades complementarias y los servicios escolares'. Son las regiones, por tanto, con capacidad de obrar en materia educativa y fiscal, las encargadas de facilitar a las familias españolas acceder a estos servicios complementarios.
Actualmente, las administraciones regionales optan por distintos mecanismos para ayudar a las familias a sufragar los gastos de estos servicios complementarios. Así, por ejemplo, algunas apuestan por bonificaciones sobre el precio público
de los servicios complementarios en función de los ingresos de la unidad familiar 10 y otras se deciden por becas o ayudas directas con el fin de ayudar a las familias más desfavorecidas que pasan por mayores penurias económicas 11.
Sin embargo, se podría hacer más: actualizar las bonificaciones o aumentar las partidas de gasto en ayudas y becas teniendo en cuenta el encarecimiento generalizado del coste de la vida. En este sentido, la armonización a nivel nacional de
tales bonificaciones y ayudas sería especialmente beneficioso para todas las familias y evitaría desigualdades entre los españoles en función del lugar en que residan.
Cuarto. Conclusión.
Los datos y las estadísticas reflejan el aumento del coste de vida, especialmente en los dos últimos años. Esta situación se ve agravada por la subida del precio de la energía, el aumento del precio de la cesta de la compra y el incremento
del coste de los carburantes.
8 https://www.ine.es/prensa/eghe_2019_20.pdf
9 https://www.ine.es/prensa/np763.pdf
10 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/20/25
11 https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/05/29/BOCM-20230529-23.PDF
Este incremento de los precios afecta también a los servicios complementarios escolares y, consecuentemente, las familias han de destinar más recursos para sufragarlos.
Ante esta situación, el Gobierno debe impulsar políticas de ayuda a las familias.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, la actualización y mejora de las bonificaciones, becas y ayudas educativas, incluyendo entre ellas ayudas a los servicios complementarios escolares (comedor escolar, aula matinal y
actividades extraescolares, entre otros)'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2023.-Blanca Armario González, Joaquín Robles López, José Ramírez del Río y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
162/000076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez de Millán Parro, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña María de la Cabeza Ruíz Solás, don Ignacio Hoces Íñiguez y doña María de los Reyes Romero Vilches, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoces
Adjuntos y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a garantizar el uso del español, como lengua
común de todos los españoles, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en ciertas regiones españolas, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El español en nuestro ordenamiento jurídico.
La lengua es fruto del devenir histórico de la nación y constituye un elemento distintivo de la misma, al tiempo que su uso es un derecho de los españoles. En este sentido, el artículo 3 del texto constitucional declara el español como
lengua oficial del Estado y establece el deber de todos los españoles de conocerlo y el derecho a utilizarlo. Asimismo, la CE reconoce el valor cultural del resto de lenguas españolas, que sólo tendrán carácter cooficial en aquellas regiones con
particularidades lingüísticas propias 12.
Esto mismo ha sido reiterado en múltiples ocasiones por la doctrina del Tribunal Constitucional ('TC'), que, en su sentencia 82/1986 y 84/1986, indicaba que 'Sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de
conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen'. Asimismo, en las sentencias 82/1986 y 46/1991, el Alto Tribunal manifestaba que 'El castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el
conjunto del Estado español'. Por otra parte, el TC ha delimitado también el deber constitucional de conocimiento de las lenguas cooficiales en la Sentencia 84/1986 enunciando que 'No existe un deber constitucional de conocimiento de una lengua
cooficial'.
Sin embargo, en contra del espíritu de la CE y de la doctrina constitucional, los partidos separatistas están haciendo un uso torticero de las lenguas cooficiales para relegar el español a un segundo plano y mermar la cohesión política y
territorial de España. Estas fuerzas separatistas se están sirviendo de las leyes regionales para obstaculizar la
12 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
promoción y desarrollo del español, lo que tiene nefastas consecuencias para la igualdad y la convivencia pacífica entre los españoles.
En definitiva, los poderes del Estado deben velar por los intereses de los españoles y garantizar el derecho al uso de la lengua común, protegiéndola, impulsando su uso y desarrollando todas las acciones pertinentes contra quienes, haciendo
un mal uso de su posición de poder, la atacan. Esta es sin duda una de las principales conclusiones del informe. El español en el actual estado de las autonomías 13.
Segundo. Jurisprudencia acerca del agravio perpetrado por varias administraciones territoriales al español como lengua común de todos los españoles.
Durante las últimas décadas hemos asistido al ataque continuo por parte de algunas administraciones territoriales a la lengua común de todos los españoles en beneficio de las lenguas cooficiales. Así pues, desde los distintos gobiernos
regionales se han promulgado decretos y disposiciones que han postergado el español a una segunda posición en contraste con la situación de preferencia de la lengua cooficial.
Uno de los ejemplos más recientes se produjo en el País Vasco, donde el pasado 23 de noviembre de 2019 entró en vigor el Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas
oficiales en las instituciones locales de Euskadi. Esta norma, que procede del desarrollo reglamentario de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, incluía en varios de sus artículos la imposición del uso preferente del
vascuence, como lengua cooficial, en detrimento del español. Como respuesta a la referida discriminación, el Partido Político Vox planteó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ('TSJPV').
La Sección 3.ª de la Sala Contenciosos Administrativo del TSJPV dictó sentencia 14 estimando parcialmente el recurso y anulando los artículos 9.2, 11.1 12, 18.1, 24.3 y 27.1 por el agravio cometido contra el castellano como lengua vehicular
entre los españoles. Entre los fundamentos de derecho aportados por este tribunal que justifican este fallo destacan:
- La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que precede a este decreto, equiparaba el 'euskera' y el 'castellano' como lenguas oficiales, lo que a ojos del tribunal permitía 'una interpretación perfectamente
acomodada a la Constitución y tal es la que ha de dársele ya que es la que garantiza la equivalencia entre una y otra lengua, la que excluye interpretaciones que puedan servir para primar a una de las lenguas en detrimento de la otra'.
Este mismo criterio fue el asumido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia n.º 31/2010 dictada el 28 de junio de 2010 en el recurso n.º 8045-2006. Así pues, el alto tribunal vino a reclamar en aquella ocasión que 'la definición del
catalán como 'la lengua propia de Cataluña' no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano'.
- Al hilo del punto anterior, el TSJPV recuerda la citada STC 31/2010 cuando decía que 'toda lengua oficial es, por tanto -también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua española-, lengua de uso normal por y ante el poder público.
También, en consecuencia, lo es el castellano por y ante las Administraciones públicas catalanas, que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales'.
- En relación con la cooficialidad, la Sala argumentó que esta 'supone la igualdad entre ambas lenguas de modo que la actuación bien de elaboración normativa bien propiamente administrativa ha de desarrollarse de modo que no se altere el
equilibrio entre ambas; no puede haber predominio o superioridad de una sobre la otra'. Además, advirtieron que 'si bien resultan admisibles medidas correctoras tendentes a evitar la
13 https://fundaciondisenso.org/wp-content/upIoads/2021/11/Informe-7-20211130.pdf
14 STSJ PV 1797/2023.SENTENCIA NÚMERO 435/2023 de fecha 28/09/2023. RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.° 0000045/2020.
inicial postergación de una respecto de la otra, su posición inicial secundaria, ha de valorarse si con ellas es todo lo pretendido o si por el contrario se trata de dotar a una de ellas de preferencia en perjuicio de la otra', siendo ambas
medios normales de comunicación entre las administraciones y los sujetos privados.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe destacar que a fecha de redacción de la presente iniciativa no se ha llevado a cabo ninguna medida dirigida a hacer cumplir la citada sentencia del TSJPV ni ninguna otra medida análoga para exigir el
cumplimiento de la legalidad en el resto de regiones donde están ocurriendo situaciones similares de ataque y discriminación del español. Por contra, el Ejecutivo de la XIV Legislatura no ha hecho más que exacerbar el odio de los separatistas hacia
España y la división social pretendida por estos últimos.
Tercero. Conclusiones.
De todo lo anterior puede inferirse, en primer lugar, que el español es la única lengua oficial de la nación española y, por tanto, debe ser objeto de una especial protección por parte de los poderes públicos. Sin embargo, las fuerzas
separatistas -con el beneplácito de gobiernos de distinto signo político- están haciendo uso de la normativa regional para atentar contra la unidad de España y la igualdad entre los españoles. El plan de los separatistas pasa por convertir una
lengua que solo se habla en una parte de España en una lengua nacional y por ello arrinconan el español en muchos ámbitos de la vida pública y persiguen su uso, limitando los derechos de los españoles.
Ejemplo de ello es la aprobación de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las
instituciones locales de Euskadi, que sitúa la lengua regional en una posición preeminente respecto del español. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha reconocido en su sentencia 1797/2023, de 29 de septiembre, el agravio cometido
contra el castellano, anulando determinados preceptos de las normas anteriormente referidas para devolver al español el lugar que le corresponde.
Pese a todo, a fecha de redacción de la presente iniciativa, el Gobierno de España no ha tomado ninguna medida dirigida a garantizar el cumplimiento de la sentencia y a proteger el español en todo el territorio nacional.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo todas las medidas necesarias, dirigidas a:
1. Cumplir con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en materia lingüística, garantizando el derecho al uso del español en todo el territorio nacional.
2. Derogar cualquier normativa nacional o regional que imponga el uso preferente de una lengua cooficial en detrimento del español.
3. Promover las actuaciones necesarias para remediar la postergación del español respecto de las lenguas cooficiales en aquellas comunidades en las que esta discriminación ya exista.
4. Garantizar el derecho de cualquier nacional o extranjero a utilizar el español y desenvolverse plenamente a través del uso de la lengua española, contando para ello con el apoyo de los poderes públicos.
5. Eliminar cualquier tipo de limitación por razón del uso de la lengua española en todas las regiones de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2023.-Ignacio Hoces Íñiguez y María de los Reyes Romero Vilches, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala y María de la Cabeza Ruiz Solás,
Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/000077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la igualdad efectiva y la erradicación del machismo en el fútbol, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
La selección española de fútbol se proclamó campeona del mundo, el 20 de agosto de 2023, tras vencer a la selección de Inglaterra en la final del campeonato del mundo femenino celebrado en Australia.
Con esta victoria se completaba la llamada 'triple corona' del fútbol, después de que España consiguiera ganar su segundo Mundial Sub-17 en Mumbai (India), en octubre de 2022, y se proclamara también campeona en la categoría Sub-20, en
agosto de 2022.
Esta histórica victoria en el campeonato mundial tiene un significado que va más allá del triunfo deportivo. Las futbolistas han demostrado con su profesionalidad, esfuerzo, deportividad y coraje, que es posible conseguir la victoria y
hacer vibrar a todo un país. Y todo ello lo han logrado a pesar de la desigualdad de género que existe en el deporte y que se manifiesta, en el caso del fútbol, de manera especialmente intensa o, al menos, con una mayor visibilidad.
En efecto, las brechas de género son muy significativas en el ámbito futbolístico, tanto en términos salariales, como en lo relativo a las condiciones de trabajo de las deportistas, así como en lo que se refiere a cuestiones como los apoyos
por parte de las administraciones públicas y el seguimiento y difusión por los medios de comunicación. A ello hay que añadir que el machismo estructural, arraigado en toda la sociedad, tiene un reflejo muy acusado en las estructuras organizativas
del fútbol en nuestro país.
Por eso, se puede afirmar que la hazaña de la selección española de fútbol es un hecho que va a contribuir a derribar barreras en favor de la igualdad. Gracias a su brillante actuación, las futbolistas son conocidas y admiradas por la
afición; y las niñas y los niños tienen referentes femeninos en el más alto nivel.
Es destacable que los partidos del mundial de Australia, según datos de la FIFA, han superado récords de asistencia. La audiencia televisiva ha crecido significativamente y, en concreto, TVE ha sido líder en las franjas horarias en las que
se retransmitían los encuentros de España.
Por desgracia, este histórico triunfo no ha tenido el protagonismo que merecía porque su celebración se vio ensombrecida por los hechos llevados a cabo por el que, en ese momento, era Presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Durante la recogida de medallas, Luis Rubiales Béjar propinó un beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso Fuentes. A este intolerable hecho hay que añadir que el citado individuo expresó su alegría en el palco de autoridades agarrándose
los genitales, así como que, en los días posteriores al del triunfo español, trató de presionar y coaccionar tanto a Jennifer Hermoso como a su entorno de amistades y familiares, con la finalidad de que justificaran públicamente su reprobable acto.
También tuvo lugar una petición de disculpas absolutamente inapropiada y declaraciones en las que, entre otras cuestiones, el agresor trataba de culpar a la víctima.
Estas actitudes machistas constituyen la punta de un iceberg que se encuentra encallado en el fútbol español. Tanto las deportistas como la afición y la sociedad en general han reclamado que esta situación cambie. Bajo el lema 'se acabó',
las campeonas del mundo han pedido cambios estructurales en el fútbol y tolerancia cero hacia comportamientos y actitudes machistas.
Buena prueba de la implicación de la sociedad española en este asunto es el resultado del barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre de 2023. Dicha encuesta realiza varias preguntas sobre el fútbol femenino, que abordan cuestiones
como el grado de satisfacción con la victoria de la Copa del Mundo por parte de la selección española, la
mejora de las condiciones laborales y los recursos deportivos de las mujeres futbolistas, el respaldo a las reivindicaciones de las futbolistas o la comparación entre diversos aspectos del fútbol masculino y femenino. El mensaje de apoyo a
las futbolistas de la selección española es claro. Tres de cada cuatro encuestados apoya sus reivindicaciones y un 84,8 % de ellos cree que se deben mejorar sus condiciones.
El Gobierno se ha posicionado al lado de las futbolistas y ha manifestado su apoyo a sus reivindicaciones. En las semanas transcurridas desde la final del mundial de Australia se han tomado algunas medidas y se han producido algunos
cambios. Es necesario movilizar recursos y remover estructuras hasta erradicar el machismo del deporte y, en concreto, del fútbol, y garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres deportistas. El cambio que se ha iniciado es imparable y
es responsabilidad de todas las administraciones impulsar y apoyar este proceso.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su apoyo a la futbolista Jennifer Hermoso Fuentes y condena los hechos acontecidos en el Mundial de la FIFA 2023.
2. Insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales, en el marco de sus respectivas competencias a:
- Impulsar y fomentar el deporte femenino, incrementando los recursos que se destinan a apoyarlo.
- Realizar las actuaciones necesarias para fomentar la igualdad efectiva y erradicar el machismo del deporte y, en concreto, del fútbol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2023.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la movilidad sostenible y el fomento del uso de la bicicleta, para su debate
en Pleno.
Exposición de motivos
En junio del 2021, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana elaboró la Estrategia Estatal por la Bicicleta, con un horizonte temporal inicial hasta 2025. Esta Estrategia tiene como objetivo impulsar la bicicleta en todos sus
ámbitos. Por ello, involucra a un gran número de actores, tanto de las administraciones públicas, como del sector empresarial y de la sociedad civil.
En marzo de 2022, en el marco de esta apuesta decidida por el transporte sostenible y, en concreto, por la bicicleta, el Gobierno anunció una dotación de hasta 600 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, destinados a
fomentar su uso.
La iniciativa proyectaba la construcción de hasta 500 kilómetros de nuevos carriles para bicis, la inversión de 49 millones de euros para nuevos sistemas públicos de alquiler de bicicletas y 7 millones de euros para mejorar la intermodalidad
con el transporte público.
La Comisión Europea, en el marco de la primera de las jornadas de movilidad urbana de la UE, celebrada en Sevilla, en octubre de 2023, adoptó una propuesta de Declaración europea sobre el uso de la bicicleta. En ella se reconoce la
bicicleta como un modo de
transporte sostenible, accesible, inclusivo, asequible y saludable, con un gran valor añadido para la economía de la Unión Europea.
La propuesta de declaración señala la necesidad de mejorar la calidad, continuidad y atractivo de la infraestructura para la bicicleta. En este sentido, insta a los Estados miembros a comprometerse a 'incrementar de forma significativa y
coherente' los carriles bici, poniendo especial atención en 'darles suficiente espacio a los ciclistas y otros usuarios vulnerables de las carreteras para incrementar los niveles de seguridad, en particular mediante la separación física de los
carriles bici del tráfico motorizado, ahí donde sea posible'.
En este sentido, en nuestro país se estaban produciendo avances importantes en los últimos años, gracias al compromiso de las administraciones públicas y al impulso y apoyo de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el
medioambiente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su compromiso con la lucha contra el cambio climático y, en concreto, con la movilidad sostenible y el fomento del uso de la bicicleta.
2. Manifiesta su rechazo hacia las decisiones de algunos Ayuntamientos consistentes en paralizar y revertir las medidas destinadas a avanzar en materia de movilidad sostenible.
3. Insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas y entidades locales, en el marco de sus competencias, a continuar impulsando medidas dirigidas a favorecer una movilidad sostenible y baja en carbono, entre ellas, las que
promueven el uso de la bicicleta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2023.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Pacto de Estado por los derechos de las personas LGTBI, para su debate en
Pleno.
Exposición de motivos
España se situó, en el año 2005, en la primera línea del reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, con la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el
Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
Posteriormente, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, avanzaba en dos importantes aspectos. En primer lugar, posibilitaba a las personas trans la modificación
de la asignación registral de su sexo, sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación y sin procedimiento judicial previo. Y, en segundo lugar, reconocía la doble maternidad en el seno de matrimonios de mujeres, mediante
la modificación de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
En el ámbito educativo, se incorporaron como aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas el principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y el respeto a la diversidad en materia de orientación
sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la diversidad familiar, a través de
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En el año 2023 se aprobaba la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI cuyo objetivo es desarrollar y garantizar los derechos de dichas
personas, erradicando las situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad.
Además, en los últimos años, nuestro país ha abanderado la defensa de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito internacional, denunciando ante la Comisión Europea la violación de los derechos fundamentales de la Unión por parte de
Hungría, y estableciendo colaboraciones estratégicas con entidades que trabajan por la igualdad del colectivo en otros países.
Esta trayectoria de avance continuo en el ámbito de los derechos de las personas LGTBI se ha visto frenada y gravemente amenazada por las políticas desplegadas por determinadas administraciones autonómicas y locales, especialmente tras los
cambios en algunos ejecutivos que tuvieron lugar en mayo de 2023.
Entre los primeros acuerdos de los nuevos gobiernos de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos se encontraban medidas como retirar las banderas arcoíris de los edificios públicos, suprimir concejalías o consejerías que tenían como
objetivo trabajar por la diversidad y la igualdad plena de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, o eliminar ayudas públicas a las asociaciones y organizaciones que se dedicaban a dichos fines.
A ello hay que añadir que desde que la ultraderecha irrumpió en las instituciones públicas, los discursos de odio se han radicalizado y las agresiones contra el colectivo han ido en aumento. Según el informe Estado del Odio 2023 presentado
por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTBI), en España, alrededor de 280.000 personas han sufrido agresiones por su orientación o identidad sexual en algún momento de los últimos cinco años. Según datos del
Ministerio del Interior, se ha producido un incremento del 70 % en delitos de odio por orientación sexual o identidad de género desde 2018.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, con el mayor grado de consenso posible con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, la
adopción de un Pacto de Estado por los derechos de las personas LGTBI dirigido a terminar con la discriminación que sufren y remover todos los obstáculos que siguen impidiendo que desarrollen sus proyectos vitales en condiciones de igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2023.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Pacto de Estado por la Salud Mental, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La salud mental es parte integrante de la salud de las personas, así se reconoció en la Declaración de Helsinki de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para la salud mental de 2005. Es, por tanto, un elemento esencial del derecho humano a la salud.
La salud mental está directamente relacionada con las condiciones de vida de las personas y los determinantes sociales de la salud, que se suman a los determinantes biológicos. Por tanto, hay que entender que la salud mental es un aspecto
más del bienestar de las personas.
Las desigualdades de género, sociales y económicas, las emergencias de salud pública, las guerras y las crisis climáticas, se encuentran entre los principales riesgos para la salud mental.
Esas amenazas pueden manifestarse a lo largo de todo el ciclo vital, pero en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, son altamente perjudiciales.
Por ello, la promoción de la salud mental se ha constituido en uno de los principales retos de las sociedades actuales, no solo desde el punto de vista del desarrollo y bienestar personal, sino como condición necesaria también para el
desarrollo socioeconómico y de la comunidad.
Ha sido incluido entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para el 2030; y desde el año 2012 todos los Estados Miembros de la OMS se han comprometido a aplicar el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental
2013-2030.
En España es una de las principales preocupaciones en materia de salud pública, por la carga de enfermedad que suponen los problemas de salud mental y por su prevalencia.
La Ley General de Sanidad de 1986 supuso un cambio de paradigma en nuestro país al equiparar la atención de las personas con trastorno mental al resto de problemas de salud, reconociendo que la atención a la salud mental de la población se
realizará en el ámbito comunitario. Esta ley incorporaba las líneas generales del Plan para la Reforma de la Asistencia Psiquiátrica y de Salud Mental de 1985.
La atención a la salud mental forma parte de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), incluida tanto en la cartera de servicios comunes de atención primaria, como de atención especializada, según lo establecido en el
Real Decreto 1030/2006.
En 2006, el Consejo Interterritorial del SNS, aprobó la primera Estrategia Nacional de Salud Mental, situando la salud mental como objetivo sanitario estratégico, y estableciendo las líneas comunes para la coordinación de los planes y
programas de salud mental de las Comunidades Autónomas. Este documento fue actualizado primero en 2009, y recientemente en 2021, para el periodo 2022-2026.
Esta nueva estrategia tiene como objetivo mejorar la salud mental de la población, y atender de manera más efectiva a las personas con problemas de salud mental, promoviendo un modelo de atención integral y comunitario que garantice la
recuperación e inclusión social, en un marco de respeto a los derechos humanos y de lucha contra el estigma y la discriminación hacia las personas con problemas de salud mental.
A este documento se añadió un análisis sobre las consecuencias de la COVID-19, con especial foco en los colectivos más vulnerables. La crisis social y sanitaria derivada de la pandemia ha tenido un impacto en la salud mental de la
población, y ha servido para hacer más evidente la necesidad de actuar de manera urgente en relación con este asunto.
Según la Encuesta Europea de la Salud 2020, se ha producido un aumento de falta de interés o alegría en la población de más de 15 años, así como de la sensación de decaimiento. Además, refleja un aumento de los problemas de ansiedad,
depresión, y de la sintomatología compatible con el trastorno de estrés postraumático.
El 4,77 % de la población de 15 o más años ha acudido al psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra en los últimos 12 meses, 5,49 % de las mujeres y 4 % de los hombres.
Actualmente, el 37 % de las personas en España tienen algún problema de salud mental. Los problemas más frecuentes son la ansiedad, los trastornos del sueño y la depresión. En la infancia, la adolescencia y la juventud (menores de 25 años)
los problemas más frecuentes son la ansiedad, seguido de los trastornos específicos del aprendizaje y los problemas hipercinéticos, que van en aumento desde el año 2019 (Informe Anual del SNS 2022. Ministerio de Sanidad).
Los problemas de salud mental se presentan más conforme disminuye el nivel de renta de las personas. (Informe Salud mental en datos: prevalencia de los problemas de salud y consumo de psicofármacos y fármacos relacionados a partir de los
registros clínicos de atención primaria. Ministerio de Sanidad).
Conocemos, y así lo ha señalado el Informe Precariedad laboral y Salud Laboral 2023, la relación existente entre la precariedad laboral (empleo y trabajo) y la mala salud mental en la población trabajadora. Este informe recoge el riesgo de
depresión según el nivel de estabilidad laboral, que, para 511.000 casos de depresión entre la población activa, fue del 33,2 % con datos de 2020. Este riesgo se aprecia especialmente en el caso de las mujeres en situación laboral más precaria y en
caso de desempleo.
Una cuestión que también evidenció la pandemia fue que la salud mental de las mujeres puede verse especialmente afectada, debido al agotamiento que sufren las mujeres en sus múltiples roles y la sobrecarga vinculada al mandato social de los
cuidados, en muchos casos, agravados en contextos de precariedad laboral.
Hay que hacer referencia a otros datos relevantes, como es el hecho de que el consumo de fármacos hipnóticos y sedantes no haya parado de crecer desde el año 2010, o que el consumo de ansiolíticos haya aumentado en más de 5 puntos respecto
del año 2010, pasando de 54,7 dosis diarias por mil habitantes, a 59,2 dosis diarias por mil habitantes en 2021. (Agencia Española de Medicamento).
Los fallecimientos por suicidio van en aumento desde el año 2018. Se han incrementado un 2,3 % en 2022 según datos del INE, y resulta especialmente preocupante el hecho de que sea la principal causa de muerte entre los 15 y los 29 años.
Además, hay que señalar que el 1,9 % de la población de 15 a 64 años ha pensado en suicidarse (Encuesta EDADES 2022).
En este contexto y en el marco de la nueva estrategia en el SNS, se está desarrollando el Plan de Acción Salud Mental 2022-2024, dotado de financiación finalista, y que ha establecido acciones prioritarias a desarrollar por el Ministerio de
Sanidad y por las Comunidades Autónomas, como son el refuerzo de los recursos humanos en salud mental, la lucha contra el estigma, o la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, que ha supuesto la puesta en marcha del teléfono
024.
La mejora de la salud mental es también objetivo prioritario de la Unión Europea, y de la Presidencia Española del Consejo de la UE, que finaliza próximamente.
El 7 de junio de 2023, la Comisión adoptó la Comunicación sobre un enfoque global de la salud mental. Es el punto de partida para un nuevo enfoque, reconociendo que la respuesta en este ámbito no debe limitarse exclusivamente a lo
sanitario, pues también afecta a otros ámbitos como la educación, la digitalización, el empleo, la investigación, el desarrollo urbano, el medio ambiente y el clima.
Por ello, se ha de seguir trabajando por mejorar la atención a la salud mental, ya situado como objetivo sanitario estratégico en nuestro país.
Contamos con importantes desafíos, como mejorar el acceso a los servicios sanitarios o seguir avanzando en la planificación y refuerzo de los recursos humanos en salud mental. Según el Informe 'Health at Glance: Europe 2022' de la OCDE, se
ha incrementado la carga sobre los servicios de salud mental y el 50 % de las y los jóvenes en Europa han declarado no tener sus necesidades de salud mental cubiertas.
Es fundamental avanzar en la prevención y detección precoz de los problemas de salud mental y de las conductas suicidas y autolíticas, y es especialmente urgente en la infancia, la adolescencia y en personas jóvenes.
Esos desafíos trascienden el ámbito exclusivamente sanitario, por lo que es esencial establecer un Pacto de Estado por la Salud Mental. Nos encontramos en un contexto social y político oportuno tanto en nuestro país, como en Europa, donde
ya existe un compromiso claro por atender y dar respuesta a las necesidades en salud mental de la población.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, con el mayor grado de consenso posible con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, un Pacto
de Estado por la Salud Mental que garantice el derecho a una salud mental universal, pública y de calidad.
Entre otras medidas y acciones, este pacto pondrá especial atención a la salud mental de la infancia, la adolescencia y de las personas jóvenes, mediante un mayor refuerzo de especialistas en salud mental para reducir el tiempo máximo de
espera en consulta de Salud Mental, con especial atención a las personas menores de 21 años y el desarrollo de un plan con medidas específicas orientadas a prevenir el suicidio juvenil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2023.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.