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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 120, de 10/04/2024
cve: BOCG-15-D-120
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de abril de 2024
Núm. 120
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática a la antigua Dirección General de Seguridad, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de
Madrid ... (Página8)
161/000540 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al referéndum como instrumento de participación política, y a la tipificación como delito del referéndum ilegal para la defensa de la unidad de España ...
(Página11)
161/000555 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del Estado de las Autonomías ... (Página13)
161/000556 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de modificaciones legales que incluyan expresamente como actos de intolerancia las manifestaciones de discriminación, odio,
hostilidad y violencia antisemita ... (Página15)
161/000557 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para incluir la enseñanza efectiva de la Constitución española en los planes de estudio ... (Página17)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el reconocimiento a Canarias como archipiélago de pleno derecho, la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la
delimitación internacional de espacios marítimos y las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página19)
Comisión de Justicia
161/000552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la reprobación y destitución inmediata del Fiscal General del Estado ... (Página22)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la estabilización del personal laboral al servicio de las Administraciones públicas en abuso de temporalidad, tras la Sentencia de 22 de febrero emitida por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ... (Página27)
161/000545 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a eliminar la cita previa obligatoria en las Administraciones públicas ... (Página28)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000513 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la instauración de un modelo de tren público y social sobre el trazado actual en el tramo entre Vitoria-Gasteiz y Pamplona-Iruñea ...
161/000527 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar las obras del Corredor Mediterráneo de alta velocidad en la conexión Murcia-Lorca-Almería ... (Página30)
161/000528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa al establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación de los trabajadores del sector de conductores profesionales ...
161/000543 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre ayuda a la sostenibilidad del transporte público colectivo urbano en la ciudad de Zaragoza y otras ... (Página35)
161/000544 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar un pacto por las infraestructuras y el transporte ... (Página36)
161/000551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para una movilidad en Alta Velocidad al servicio de las personas ... (Página37)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000547 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la defensa de la enseñanza de todas las lenguas oficiales del Estado ... (Página41)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dotar de más medios humanos y materiales a las oficinas para trámites de extranjería ... (Página43)
161/000550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la exclusión de las personas extranjeras en situación administrativa irregular a la formación para el empleo ...
Comisión de Industria y Turismo
161/000521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al fomento del turismo industrial y mantenimiento y conservación de nuestro patrimonio cultural ... (Página46)
161/000526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reforzamiento de medidas destinadas a la industria agroalimentaria ... (Página48)
161/000538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, para garantizar el acceso de las empresas a los fondos europeos y asegurar una gestión eficiente de los PERTE industriales y las convocatorias genéricas para
la industria ... (Página50)
161/000546 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar al sector de la automoción ... (Página54)
161/000553 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la adopción de medidas urgentes para asegurar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo en Alcoa San Cibrao
... (Página57)
161/000558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la articulación de un Plan de apoyo integral y urgente al sector de la hostelería española ... (Página61)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000511 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la adopción de medidas destinadas a la defensa del sector agroganadero gallego ... (Página64)
161/000524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de campañas publicitarias que ayuden a concienciar a la población sobre los beneficios de una dieta saludable ...
161/000532 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al fomento del sector de la acuicultura en el seno de la Unión Europea ... (Página70)
161/000536 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las futuras modificaciones de los requisitos del transporte de animales vivos ... (Página71)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a extender la vida útil de la central nuclear de Almaraz ... (Página73)
161/000529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al aprovechamiento de las aguas regeneradas procedentes del barranco de San Antón de Elche ... (Página75)
161/000533 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre una hoja de ruta para la modernización de la planificación en la Red de Transporte Eléctrico y del desarrollo de las redes de distribución
en España ... (Página76)
161/000535 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la producción de combustibles sostenibles de aviación para acelerar la descarbonización del transporte aéreo mientras se salvaguarda
su papel clave para el turismo y la industria energética española ... (Página84)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar un Pacto de Estado por la Vivienda ... (Página87)
Comisión de Cultura
161/000518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la conmemoración y homenaje a la figura de don Ángel Sanz Briz ... (Página88)
161/000519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al personaje español Juan 'Latino' como símbolo de adelanto social, de la cultura del esfuerzo y de tolerancia en la Monarquía Hispánica del siglo XVI ...
(Página92)
161/000531 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar un Plan Nacional de Arte Sacro ... (Página94)
161/000537 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un programa nacional para acercar la cultura a los jóvenes ... (Página97)
161/000542 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover la declaración de las Fiestas de la Virgen del Pilar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ...
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000534 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa impulso de la industria de los semiconductores en España ... (Página103)
Comisión de Sanidad
161/000522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la reducción de la huella de carbono en el sector sanitario en España y la recomendación de uso de inhaladores de polvo seco y niebla fina ...
Comisión de Juventud e Infancia
161/000512 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad en los menores ... (Página107)
161/000516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años ... (Página110)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000548 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la tarjeta europea de discapacidad ... (Página112)
161/000549 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la educación inclusiva en el ámbito universitario ... (Página113)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000092 Pregunta formulada por la Diputada María Mercedes Fernández González (GP), sobre situación de los dos contratos de suministros y otro de mantenimiento suscritos entre Renfe Viajeros S.M.E., S.A. y Renfe Fabricación y
Mantenimiento S.M.E., S.A. con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF), firmados en 2020 y referidos a los trenes de ancho métrico que habrían de circular por Asturias ... (Página115)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000084 Pregunta formulada por los Diputados José Ignacio Romaní Cantera (GP), Acedo Reyes, Sofía (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Teniente Sánchez, Cristina (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP),
Antona Gómez, Asier (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP),
sobre sistema y financiación para la cesión, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de las competencias estatales de acogida a los beneficiarios de protección internacional al País Vasco ...
181/000085 Pregunta formulada por los Diputados José Ignacio Romaní Cantera (GP), Acedo Reyes, Sofía (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Teniente Sánchez, Cristina (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Alfonso Silvestre, Alma (GP),
Antona Gómez, Asier (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Ibáñez Hernando, Ángel (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Prieto Serrano, María Isabel (GP), Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP),
sobre atribución al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la iniciativa de ceder las competencias estatales sobre homologación de títulos universitarios extranjeros y de acogida a los beneficiarios de protección internacional al
País Vasco ... (Página116)
Comisión de Industria y Turismo
181/000110 Pregunta formulada por los Diputados Francisco José Conde López (GP) y Romaní Cantera, José Ignacio (GP), sobre desglose de partidas e importes a las que se han destinado los ingresos del mecanismo de compensación de CO2 entre los
años 2021 y 2023, así como motivo por el que no se alcanza el límite fijado en la propia normativa estatal para las ayudas del mecanismo de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero para
industria en riesgo real de fuga de carbono ... (Página117)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000107 Pregunta formulada por los Diputados Sergio Sayas López (GP), Melgarejo Moreno, Joaquín (GP), Antona Gómez, Asier (GP), Folch Blanc, Javier José (GP), Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP), García Félix, Manuel (GP), Macías Gata,
Alfonso Carlos (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Merino Martínez, Javier (GP), Ramajo Prada, Óscar (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP), Marcos Ortega, Milagros (GP), Cantalapiedra Álvarez, María de las Mercedes (GP), Cuesta Rodríguez, María del
Socorro (GP) y Quintana Carballo, Rosa (GP), sobre medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para garantizar el equilibrio que asegure los beneficios de toda la cadena alimentaria y recuperar la caída del consumo de aceite en España ...
181/000108 Pregunta formulada por los Diputados Sergio Sayas López (GP), Melgarejo Moreno, Joaquín (GP), Antona Gómez, Asier (GP), Folch Blanc, Javier José (GP), Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP), García Félix, Manuel (GP), Macías Gata,
Alfonso Carlos (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Merino Martínez, Javier (GP), Ramajo Prada, Óscar (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP), Marcos Ortega, Milagros (GP), Cantalapiedra Álvarez, María de las Mercedes (GP), Cuesta Rodríguez, María del
Socorro (GP) y Quintana Carballo, Rosa (GP), sobre medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para garantizar el equilibrio que asegure los beneficios de toda la cadena alimentaria y recuperar la importante caída del consumo de carne en España ...
(Página117)
181/000109 Pregunta formulada por los Diputados Sergio Sayas López (GP), Melgarejo Moreno, Joaquín (GP), Antona Gómez, Asier (GP), Folch Blanc, Javier José (GP), Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP), García Félix, Manuel (GP), Macías Gata,
Alfonso Carlos (GP), Martínez Gómez, Antonio (GP), Merino Martínez, Javier (GP), Ramajo Prada, Óscar (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP), Marcos Ortega, Milagros (GP), Cantalapiedra Álvarez, María de las Mercedes (GP), Cuesta Rodríguez, María del
Socorro (GP) y Quintana Carballo, Rosa (GP), sobre motivos que ha provocado que en España desde el año 2021 la balanza comercial se incline hacia la subida exponencial del volumen de importaciones, caída del volumen de exportaciones y bajada
importante del consumo en el sector de frutas y hortalizas ... (Página118)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000091 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Floriano Corrales, Carlos Javier (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP), Teniente Sánchez, Cristina (GP) y Reynal Reillo, Esperanza (GP), sobre decisión acerca del
cierre de la central nuclear de Almaraz, a tenor de las declaraciones del Delegado del Gobierno en Extremadura del día 07/03/2024 ... (Página118)
Comisión de Sanidad
181/000086 Pregunta formulada por el Diputado Rafael Cofiño Fernández (GSUMAR), sobre planes del Ministerio de Sanidad en relación con la tramitación del uso de cannabis terapéutico ... (Página119)
181/000087 Pregunta formulada por el Diputado Rafael Cofiño Fernández (GSUMAR), sobre planes del Ministerio de Sanidad en relación con el nuevo Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria ... (Página119)
181/000088 Pregunta formulada por el Diputado Rafael Cofiño Fernández (GSUMAR), sobre planes del Ministerio de Sanidad para garantizar la plena universalidad de la atención sanitaria ... (Página119)
181/000089 Pregunta formulada por el Diputado Rafael Cofiño Fernández (GSUMAR), sobre planes del Ministerio de Sanidad en relación con las medidas de prevención y control del tabaquismo ... (Página120)
181/000090 Pregunta formulada por el Diputado Rafael Cofiño Fernández (GSUMAR), sobre planes del Ministerio de Sanidad en relación con la evaluación de tecnologías sanitarias ... (Página120)
1181/000102 Pregunta formulada por la Diputada María Carmen Castilla Álvarez (GS), sobre situación en la que se encuentra el reconocimiento de nuevas especialidades médicas, como son: Urgencias y Emergencias, Enfermedades Infecciosas y
Genética ... (Página120)
181/000103 Pregunta formulada por la Diputada Alba Soldevilla Novials (GS), sobre situación en la que se encuentra el diseño de la especialidad de Psicología Clínica Infantil y Juvenil ... (Página121)
181/000104 Pregunta formulada por la Diputada Caridad Rives Arcayna (GS), sobre actuaciones que está desarrollando el Gobierno relativas a la renovación de los programas formativos de Formación Sanitaria Especializada, así como
especialidades médicas para las que se están llevando a cabo ... (Página121)
181/000105 Pregunta formulada por la Diputada Emilia Almodóvar Sánchez (GS), sobre actuaciones y medidas de carácter normativo previstas para que el Sistema Nacional de Salud esté plenamente descarbonizado en el horizonte de 2050 ...
181/000106 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Andrés Añón (GS), sobre actuaciones previstas en el marco de desarrollo de la Estrategia de Salud Digital en el Sistema Nacional de Salud ... (Página122)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/005697 Autor: Velarde Gómez, Martina
Cambio de criterio del Gobierno en relación con las protestas de colectivos vinculados a la defensa de las pensiones, así como de otros colectivos, por no poder concentrarse frente al Congreso de los Diputados, ni poder atender allí a los
diputados y diputadas o a la prensa.
Retirada ... (Página122)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/000514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática a la antigua Dirección
General de Seguridad, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La antigua Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue durante los años de la dictadura franquista la sede la Dirección General de Seguridad (DGS). Era la sede la Brigada Político Social y sus instalaciones
se convirtieron un centro de detención y torturas por el que pasaron miles de personas por motivos políticos y sociales, por luchar por las libertades y la democracia, por sus convicciones religiosas, su orientación sexual o por su mera discrepancia
con el régimen de la dictadura. En su mayoría eran personas perseguidas y detenidas acusadas de 'asociación ilícita y propaganda ilegal'. En realidad, una excusa para torturar y obtener información de miles de personas que, de una forma u otra, se
atrevieron a contestar al régimen.
La violencia, la tortura, vejaciones y malos tratos a los que la policía política franquista sometió a todas aquellas personas que pasaron los calabozos de la Dirección General de Seguridad, hicieron de este lugar uno de los escenarios más
oscuros de la dictadura franquista en la ciudad de Madrid. Lamentablemente, fueron miles los casos de hombres y mujeres, de diferentes organizaciones comunistas y de resistencia a la dictadura
Entre otros casos, encontramos el del dirigente del PCE, Julián Grimau. Detenido, torturado, procesado por delitos nunca probados y ejecutado por el régimen franquista. Fue brutalmente golpeado en la Dirección General de la Seguridad,
arrojado desde una ventana al patio interior del edificio, simulando un intento de suicidio o de huida. Su único delito, como él mismo reconoció durante el procesamiento, fue el de ser comunista y luchar por la libertad y la democracia.
Es preciso reseñar las circunstancias en las que desarrolló su procesamiento ante un Tribunal Militar. En el caso del juicio a Grimau, ejerció de Fiscal un habitual de los juicios políticos, Manuel Fernández Martín, que en realidad nunca
había estudiado Derecho. El juicio sumarísimo se celebró en los Juzgados Militares de Madrid el 18 de abril de 1963,
por 'rebelión militar continuada', en el que se aplicaba la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938. Para la defensa, el juicio era nulo de pleno derecho, de acuerdo incluso con las leyes políticas de la época y aun sin saber que el
ponente era un impostor. Los delitos de torturas no fueron probados: los testigos de la acusación declararon que conocían los crímenes del acusado 'de oídas', es decir a través de rumores o testimonios de terceros que no podían comprobarse.
El delito de rebelión había prescrito tras los 25 años transcurridos desde la guerra. Y el delito continuado era improbable dado que Grimau había pasado más de 20 años fuera de España tras el fin de la guerra y no existían indicios de su
presencia clandestina en el país durante ese tiempo. El Fiscal cortó en numerosas ocasiones las declaraciones del acusado y del propio abogado defensor, cuyo alegato no fue tenido en cuenta. Tras apenas cinco horas de juicio, sin deliberación, se
dictó la condena a muerte, tal y como estaba previsto.
A Julián Grimau le habría correspondido ser juzgado por el Tribunal de Orden Público,creado por el Consejo de Ministros del 1 de abril de aquel año 1963 y no por la jurisdicción militar (Justicia de Guerra). Este Tribunal, en aplicación de
la Ley de Orden Público, no hubiera dictado pena de muerte sino una pena de prisión. Por este motivo, para asegurar su ejecución, el dictador Francisco Franco dispuso que la entrada en vigor de la ley se retrasara hasta después del fusilamiento.
Hacia las 5 de la madrugada del 20 de abril, Julián Grimau fue trasladado en una furgoneta al campo de tiro del cuartel de Campamento (Madrid), donde debía ejecutarse el fusilamiento. En principio, correspondía a la Guardia Civil formar el pelotón,
pero sus mandos se negaron a hacerlo. El Capitán General de Madrid rehusó también que el pelotón fuera integrado por militares de carrera, que era la segunda opción. Finalmente, fueron soldados de reemplazo quienes ejecutaron a Grimau.
Hasta la fecha no se ha realizado ninguna intervención concreta en el lugar en el que se desarrolló este proceso. Concretamente, en la que era sede del Tribunal militar que juzgó y condenó a Julián Grimau, en la calle del Reloj, en Madrid,
dónde ahora se levanta un edificio del Senado.
Asimismo, en esta sede de la Dirección General de Seguridad, fue donde se llevó a cabo el encarcelamiento de Lluis Companys tras ser extraditado por las autoridades nazis alemanas al gobierno español a principios de septiembre de 1940.
Companys estuvo recluido durante cinco semanas en régimen de aislamiento, sometido a hambre y torturas. Tras un juicio militar que duró menos de una hora y que careció de garantías jurídicas, fue acusado de rebelión militar y condenado a muerte.
Lluís Companys fue ejecutado en el Castillo de Montjuíc en Barcelona el 15 de octubre de 1940. Se le fue negado a llevar venda en los ojos, se le condujo ante un pelotón de fusilamiento descalzo.
Dos casos que se suman, a los de otros miles de personas como fueron, Tomasa Cuevas, Manolita del Arco, Juana Doña, Tomás Centeno y Marcelino Camacho.
Además, cabe resaltar que la Dirección General de Seguridad (DGS) que funcionó como centro de torturas durante la dictadura, también lo hizo durante la transición. La Brigada Política Social pasó a llamarse Brigada General de Información,
un cambio de nombre, pero las mismas torturas policiales.
Ante ello, asociaciones y colectivos de recuperación de la memoria democrática llevan décadas reivindicando la colocación de una placa en la que fuera sede de la DGS en memoria de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o
privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna actuación en memoria de todas las personas detenidas, torturadas y asesinadas
durante la dictadura franquista en la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia Comunidad de Madrid.
Una acción que daría un paso más en la reparación de las víctimas y, en parte, nos homologaría con otras capitales europeas que han sido escenario de la barbarie del nazismo y del fascismo, donde hay placas o museos que recuerdan a las
personas que lucharon por su liberación.
Además del marco normativo internacional de Derechos Humanos, en nuestro ordenamiento, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su artículo 1.2 que esta Ley tiene por objeto 'el reconocimiento de quienes
padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual ( ...)'
Igualmente, el art. 49 de la referida Ley establece que 'Lugar de Memoria Democrática es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su
significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia
sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos'.
En este mismo sentido, el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, exponía la necesaria contextualización de lugares para poder contribuir a la pedagogía
ciudadana y la memoria. Más concretamente, entre sus recomendaciones, incluye el desarrollo de medidas de reparación y reconocimiento a las personas que padecieron la represión y violencia del franquismo.
Hechos como los descritos no pueden permanecer en el olvido y las víctimas de esas graves violaciones de derechos humanos deben ser objeto del debido reconocimiento público avanzando así en el reconocimiento de los derechos de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Nada debe impedir el reconocimiento y recuerdo que se merecen los miles de ciudadanos para que la antigua DGS se convierta en un lugar de memoria
como forma de contribuir a que nunca más se repitan tales violaciones de derechos humanos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Declarar el edificio de la Dirección General de Seguridad, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid como Lugar de Memoria Democrática, de conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre,
de Memoria Democrática y , en consecuencia, colocar una placa en un lugar visible para toda la ciudadanía, en la que aparezcan los nombres de las víctimas y las organizaciones de procedencia, en memoria de las personas que sufrieron violencia,
vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia.
Habilitar en este edifico espacio que fuera utilizado como calabozo con los correspondientes elementos informativos y pedagógicos, que sea accesible para toda la ciudadanía y que promueva el derecho a la verdad, justicia, reparación y la
garantía de no repetición de las víctimas del franquismo.
2. Promover un acto de rehabilitación democrática de la figura de Julián Grimau, que permitan más de 60 años después de su ejecución, víctima de la represión del régimen franquista en su máximo grado por defender la liberta y la democracia.
Asimismo, la colocación de una placa en memoria de Julián Grimau en el actual edificio del Senado, en la Calle del Reloj, dónde estaba ubicado el Tribunal Militar en el que se juzgó de forma sumaria y se dictó la sentencia de pena de muerte
contra Julián Grimau.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Nahuel González López, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero e Íñigo Errejón Galván, Portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al referéndum como instrumento de participación política, y a la tipificación como delito del referéndum ilegal para la defensa de la unidad
de España, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. La indisolubilidad de la Nación española.
España, tal y como establece el artículo 1.1 de nuestra Constitución, se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político. De esta manera, el texto constitucional de 1978 identifica inequívocamente al sujeto soberano que se constituye en Estado social y democrático de Derecho: España.
La Constitución apela a una Nación que trasciende y supera a los elementos integrantes del Estado en el momento de elaboración y aprobación del texto constitucional: España no es solo el conjunto de la población existente el 6 de diciembre
de 1978, sino los españoles que fueron, los que son y los que están por ser; España no es solo el territorio de las 17 regiones articuladas políticamente al amparo del Título VIII CE, sino también el que fue en el pasado en todo el mundo, y el que
será en el futuro; España no es solo el sistema político que se alumbra en 1978, sino también sus instituciones históricas, sus constituciones y formas políticas pasadas y las leyes que un día rigieron en su territorio.
De acuerdo con lo anterior, dado que la Nación española es un sujeto que trasciende la Constitución, pero que a su vez se constituye en Estado y se otorga la propia Constitución como norma fundamental, también debe prever y articular los
mecanismos para su protección y defensa frente a los ataques, tanto internos como externos, que contra la misma Nación y contra su soberanía puedan perpetrarse.
Segundo. Necesaria tipificación de la convocatoria y celebración de referéndums ilegales.
El ordenamiento jurídico español ha de ser una de las principales defensas de la Nación: una de sus misiones fundamentales debe ser siempre defender la unidad de España -en tanto que sujeto de la soberanía- como un bien jurídico a proteger.
En este sentido, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ('CP') castiga un número de conductas que tipifica como delitos contra la Constitución, dentro de los cuales se encuentran los delitos contra la Corona, o como
delitos contra el orden público, delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado, entre otros.
En este contexto, en el año 2003 se introdujeron tres artículos (506 bis, 521 bis y 576 bis) en el CP.
Estos artículos tenían por objeto castigar: (I) a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum, careciendo de competencia para ello; (II) a quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la
realización de tales procesos o consultas; y (III) a la autoridad o funcionario que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos por su relación con delitos de terrorismo.
Sin embargo, estos artículos fueron suprimidos a través de la Ley Orgánica 2/2005,de 22 de junio, de modificación del Código Penal ('LO 2/2005'), debido a que estos tipos penales se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad
como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión. Además de ello, en aquel
momento también se argumentó que la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico ya contaban con los instrumentos legales suficientes para asegurar el respeto a la legalidad.
Cabe destacar que la mayoría parlamentaria que aprobó esta modificación era muy parecida a la actual, sosteniendo a un Gobierno socialista que tenía el apoyo de grupos comunistas y separatistas, y tales argumentos no eran más que falsos
pretextos para despejar el camino legal a autoridades regionales separatistas con aspiraciones de usar su poder para agredir a la unidad nacional.
Desde el 13 de septiembre de 2009, fecha en la que las autoridades del municipio catalán de Arenys de Munt, en la provincia de Barcelona, organizaron una supuesta consulta popular bajo la apariencia de referéndum, se han realizado otras
tantas consultas semejantes. El único objetivo de tales hechos ha sido crear el caldo de cultivo necesario para la organización de un auténtico referéndum separatista de alcance regional que, contemplando la opción de escindir de nuestro país una
de sus partes, equivale a consumar la aniquilación de España como nación soberana.
Este desafío alcanzó su máxima expresión el 1 de octubre de 2017, cuando los dirigentes de la Generalidad de Cataluña organizaron un referéndum ilegal con el que pretendían investirse de una supuesta legitimidad social con el fin de lograr
la separación de Cataluña del resto de España.
Tales hechos fueron juzgados por el Tribunal Supremo, que dictó Sentencia condenando a la mayor parte de los autores de la organización y celebración de tal referéndum ilegal. Sin embargo, algunas de las defensas de los implicados
esgrimieron una supuesta falta de tipicidad de las conductas descritas, con base en que el delito de referéndum ilegal había desaparecido -tal como se ha expuesto- de nuestro Código Penal en 2005.
Es evidente que los motivos expuestos en la LO 2/2005 han quedado plenamente rebatidos por los acontecimientos y que, contrariamente a lo que se indicaba en su Exposición de Motivos, las conductas previstas en los tipos penales que suprimía
sí tienen entidad suficiente como para merecer un reproche penal. Los hechos acaecidos desde el año 2005 han puesto de manifiesto la realidad y la peligrosidad de las conductas que habían sido tipificadas en 2003 y, sobre todo, la necesidad de
contar con el respaldo legal preciso para hacerles frente con la necesaria contundencia.
Es necesario, en consecuencia, recuperar de manera inmediata los delitos de convocatoria y celebración de referéndums ilegales en el Código Penal, con el fin de que el ordenamiento jurídico disponga de todos los instrumentos necesarios para
castigar, y sobre todo disuadir, a quienes violen las leyes con el fin de destruir la Nación.
Tercero. Necesidad de devolver la voz a los españoles y de proteger la unidad de España frente a los ataques separatistas.
En línea con lo expuesto en el primer expositivo, debe recordarse que la Nación española, en uso de su soberanía, reconoció, entre otros, el derecho a la participación en los asuntos públicos (artículo 23 CE). Entre las distintas formas de
participación política se encuentra el referéndum o consulta popular, que es y debe configurarse como un instrumento o herramienta a partir de la cual el Gobierno de España pregunta al sujeto soberano, la Nación española, sobre una cuestión de
especial trascendencia. En este sentido se pronuncia el artículo 92 CE y, por este motivo, el art. 149.1. 32.a CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre esta cuestión.
Es obvio que no corresponde ni puede corresponder a una parte de la Nación decidir sobre el todo. La Constitución no configuró el referéndum para ese fin en el artículo 92, sino para favorecer la participación responsable y frecuente de los
ciudadanos en los asuntos públicos.
El referéndum debe ser empleado por el poder público en el sentido más genuino para el que se contempla constitucionalmente, que es el de consultar al sujeto soberano en su totalidad sobre cuestiones de especial transcendencia.
La realidad es que el pueblo español sólo ha sido consultado en dos ocasiones mediante esta vía desde que aprobó la Constitución: la primera, en 1986, sobre la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN);
la segunda, en 2005, para la ratificación por España del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa. Esta última consulta, además, quedó fuertemente devaluada por el abandono de esta última iniciativa a consecuencia del desarrollo ulterior de la Unión Europea (UE), y sin que la siguiente gran modificación de los
tratados, la operada por el Tratado de Lisboa, fuese sometida a referéndum.
Por tanto, ahora más que nunca, ante la gravedad del tiempo que vivimos, es preciso impulsar medidas políticas y jurídicas relativas al instrumento del referéndum.
En este sentido, se impone la modificación de la legislación reguladora del referéndum, con la finalidad de incorporar una prohibición explícita de las consultas populares que pretendan cuestionar la integridad del territorio nacional; e
igualmente la reforma del Código Penal, para recuperar la tipificación de los delitos de referéndum ilegal, con penas especialmente severas cuando el objeto de la consulta ilícita sea la propia continuidad de la Nación.
Además de todo ello, como medida disuasoria adicional en defensa de nuestro país, se hace necesario volver a incluir en el Código Penal, aquellos delitos -544 a 549 CP- que regulan la sedición, devolviendo el vigor de dichos artículos y
aumentando las penas de privación de libertad aparejadas a su comisión.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar la modificación de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, para que quede expresamente prohibida la celebración de cualquier consulta cuyo objeto pudiera versar sobre
la integridad territorial de la Nación o la soberanía nacional.
2. Promover la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal en el sentido de recuperar la tipificación de los delitos de convocatoria y celebración de referéndums ilegales y, en particular, para imponer sanciones
más severas cuando la consulta versare sobre la soberanía, la independencia, la integridad territorial o la unidad de España y el orden constitucional que en ella se fundamenta.
3. Impulsar una reforma legislativa que deje sin efecto la derogación de los artículos 544 a 549 de la citada Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, recuperando así la vigencia del delito de sedición, además de aumentar
las penas de privación de libertad aparejadas a él.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2024.-Ignacio Gil Lázaro, Lourdes Méndez Monasterio y Carlos Flores Juberías, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa del Estado de las
Autonomías, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El artículo 2 de la Constitución española constituye la auténtica piedra angular de nuestra ley fundamental y de todo el sistema que consagra: 'La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles'.
España es una democracia avanzada que optó por un sistema político plenamente descentralizado. De este modo, ese mismo artículo 2 CE 'reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas'.
Autonomía que, como ha sentado la doctrina constitucional 'hace referencia a un poder limitado. Autonomía no es soberanía -y aún este poder tiene sus límites-, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del
todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución'.
Si bien las democracias pueden organizarse con modelos centralizados, como algunos de nuestros países vecinos, o descentralizados, como también lo son otros países europeos, España plasmó en la Constitución un sistema descentralizado propio
denominado el Estado de las Autonomías, comparable en su grado de descentralización a los Estados federales más importantes del mundo.
Un modelo territorial basado en la autonomía política y administrativa dentro de esa unidad de la Nación española, que nos ha permitido avanzar y gozar de los mejores años de progreso y bienestar de nuestra Historia.
Un modelo basado en el principio de autonomía con distribución de competencias entre las distintas Administraciones, pero basado también en el principio de coordinación entre ellas bajo el manto de otro principio que es el de lealtad
institucional.
Un modelo que ha permitido reconocer y preservar la gran diversidad cultural de nuestro país y responder a los deseos de autonomía de una buena parte de los ciudadanos en las diferentes regiones. España es una democracia plenamente
respetuosa con la diversidad y la pluralidad y que, además, ha optado por un modelo de organización política que la refleje y fortalezca. Y esto ha dado lugar a un Estado de las Autonomías en el que las diversas Comunidades Autónomas comparten el
poder político y de gestión con las instituciones centrales del Estado.
Sin embargo, este modelo autonómico semejante a las democracias más descentralizadas del mundo, está siendo cuestionado por los partidos nacionalistas de algunas Comunidades Autónomas con la reivindicación de un supuesto 'derecho de
autodeterminación', que no solo no existe en nuestra Constitución, sino que tampoco está reconocido por las resoluciones de la ONU ni por el Derecho Internacional en democracias como la nuestra.
No existen ni razones jurídicas, ni históricas, ni internacionales para sostener una reivindicación, que, sin embargo, los partidos nacionalistas han esgrimido desde el inicio de la Transición para mantener un conflicto permanente en nuestra
democracia.
Algunos de esos partidos y líderes han llegado incluso a la ilegalidad y a protagonizar un golpe a la democracia con la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017. Hechos que fueron juzgados y por los que fueron condenados
sus protagonistas, al subvertir el orden constitucional.
Cuando se anuncia un nuevo desafío rupturista por parte del independentismo, es más necesario que nunca, si cabe, defender nuestro modelo autonómico y es una responsabilidad de los líderes políticos y de todas las instituciones fomentar el
reconocimiento del Estado de las Autonomías como un modelo de organización territorial que no solo ha colocado a España entre las democracias más descentralizadas del mundo, sino que ha reflejado la diversidad cultural de nuestras regiones y ha
permitido realizar una gestión más cercana a los problemas de los ciudadanos.
El Estado de las Autonomías constituye una piedra angular de nuestro sistema democrático, una de las bases en las que se fundamentó nuestra democracia durante la Transición. Por ello su defensa es también la defensa de nuestra democracia y
de su estabilidad y fortaleza en el presente y en el futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender nuestro Estado de las Autonomías, uno de los modelos democráticos de descentralización política que más y mejor reconocen la diversidad y pluralidad de un país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de modificaciones
legales que incluyan expresamente como actos de intolerancia las manifestaciones de discriminación, odio, hostilidad y violencia antisemita, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La lucha contra el racismo y el antisemitismo es una de las prioridades de la Unión Europea. En septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó un Plan de Acción contra el racismo, que estableció una serie de medidas para los siguientes
cinco años.
Este plan de acción exige una mejor aplicación de la legislación de la UE, una coordinación más estrecha, una actuación policial y una protección justa, una mayor sensibilización y la mejora de la recogida de datos. En octubre de 2021, la
Comisión presentó también una Estrategia de Lucha contra el Antisemitismo y Apoyo a la Vida judía, que establece un conjunto de medidas enmarcadas en tres pilares: prevención de toda forma de antisemitismo, protección y apoyo a la vida judía, y
fomento de la investigación, la educación y la memoria del Holocausto.
El Consejo de la Unión Europea adoptó el 2 de marzo de 2022 sus Conclusiones relativas a la lucha contra el racismo y el antisemitismo, en las que lamenta el aumento alarmante de los incidentes racistas y antisemitismo en los Estados
miembros de la Unión e invita a estos a que desarrollen planes de acción y estrategias antes de finales de 2022, aplicando el Plan de Acción de la UE. Antirracismo de 2020 y la Estrategia de la UE de lucha contra el antisemitismo, de 2021.
En dichas Conclusiones, se pide a los Estados miembros que garanticen que los coordinadores nacionales, los organismos públicos, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil cooperen estrechamente en el desarrollo de
medidas preventivas y en la evaluación de su eficacia. Además, se pide a los Estados miembros que estudien el desarrollo de una metodología común para cuantificar y calificar los incidentes raciales y antisemitas y compararlos a lo largo del tiempo
y entre los Estados miembros.
También se quiere hacer frente de forma natural y contundente a las situaciones de intolerancia y discriminación que, históricamente sufren las personas de confesión judía, sus comunidades y allegados así como al aumento alarmante de los
incidentes antisemitas en los estados de la Unión Europea o el recrudecimiento de los delitos de odio racistas y antisemitas y la incitación al odio, la negación y distorsión del Holocausto y los mitos conspirativos, acogiendo favorablemente tanto
las iniciativas, en este sentido, presentadas por la Comisión Europea en su plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025 o la
creación por ésta, de una estructura permanente que reúne a los Estados miembros, a representantes de las comunidades judías y a las partes interesadas pertinentes en un grupo de trabajo sobre cómo aplicar la estrategia así como la
organización de un foro anual de la sociedad civil sobre antisemitismo.
La Unión Europea promueve una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la igualdad, por consiguiente, en la definición y ejecución de sus políticas y actividades, la Unión lucha contra toda
discriminación cualquiera que sea su motivación, tal como se especifica en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Los Estados miembros se han comprometido a garantizar los derechos y libertades consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales a todas las personas bajo su jurisdicción y a garantizar que los derechos humanos y las libertades sean universales, individuales, interdependientes y estén relacionados entre sí.
El Consejo de la Unión Europea, en sus Conclusiones antes mencionadas, ha lamentado el aumento alarmante de los incidentes racistas y antisemitas en los Estados miembros de la Unión Europea, así como el recrudecimiento de los delitos e odio
racistas y antisemitas y la incitación al odio, la negación y distorsión del Holocausto y los mitos conspirativos, tanto en línea como fuera de línea, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19 así como que el racismo y el antisemitismo
puedan producir y hayan conducido a formas de extremismo violento y terrorismo.
Ya la Recomendación de política general n.º 9,del Consejo de Europa relativa a la prevención y lucha contra el antisemitismo, aprobada el 25 de junio de 2004 y revisada el 1 de julio de 2021, recordaba la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y hacía incidencia especial sobre el hecho de que el Tribunal sostuvo que cuestionar la existencia de crímenes contra la humanidad cometidos durante el régimen nacional socialista era una de las peores formas de difamación racial
y de incitación al odio contra los judíos, y que no podía permitirse que la negación de dichos crímenes contra la humanidad y la justificación de una política pronazi, gozaran de la protección brindada por el artículo 10 de la Convención de Derechos
Humanos.
En dicha Recomendación, el Consejo se declara plenamente convencido de que la lucha contra el antisemitismo, al tiempo que requiere medidas que tengan en cuenta sus especificidades, es un componente integrante e intrínseco de la lucha contra
el racismo. Y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa recomienda que los gobiernos de los Estados miembros, entre otras acciones:
- concedan una gran prioridad a la lucha contra el antisemitismo, tomando todas las medidas necesarias para combatir todas sus manifestaciones, con independencia de su origen;
- aseguren que se conceda permanentemente la importancia que corresponde a las medidas adoptadas para luchar contra el antisemitismo entre las acciones encaminadas a combatir el racismo;
- aseguren que la lucha contra el antisemitismo tenga lugar en todos los niveles administrativos (nacional, regional y local) y faciliten la participación de una amplia lista de agentes de diferentes sectores de la sociedad (políticos,
jurídico, económico, social, religioso y educativo) en estos esfuerzos;
- promulguen una legislación encaminada a combatir el antisemitismo, teniendo en cuenta las propuestas de la ECRI en su Recomendación n°7 de política general sobre la legislación nacional para combatir el racismo y la discriminación racial.
En la reciente Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación se ha perdido una clara oportunidad, dado el objeto de la ley, para recoger las recomendaciones europeas contemplando expresamente el
antisemitismo y sus acciones contra el mismo, a pesar de que dicha mención aparecía en borradores del anteproyecto si bien se eliminó finalmente del proyecto que se registra en el Congreso de los Diputados.
No obstante, en el Plan normativo de 2022, se contempla la voluntad del Gobierno de aprobar una Ley orgánica contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. El año 2022 finalizó sin que el Gobierno haya
cumplido con las recomendaciones europeas.
Teniendo en cuenta lo expuesto, entendemos que es urgente que en dicha ley se recojan expresamente, junto al racismo, aquellos aspectos de la lucha contra el antisemitismo señalados por la Unión Europea para que sean incluidos en las
legislaciones de los Estados miembros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer legalmente, de forma expresa e inequívoca, que todos aquellos incidentes, hechos o manifestaciones de odio, discriminación, hostilidad y violencia antisemita, son actos de
intolerancia que han de ser rechazados y combatidos, así como las correspondientes consecuencias jurídicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Nacho Martín Blanco, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Manuel Cobo Vega, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández,
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, María del Mar González Bella, Rafael Hernando Fraile, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba, Jaime Eduardo de Olano Vela y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir la enseñanza efectiva de
la Constitución española en los planes de estudio, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La primera Constitución española, la Constitución de Cádiz de 1812, proclamaba en su artículo 368 que 'El plan general de enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las
Universidades y establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas'.
Los primeros constitucionalistas españoles ya entendieron, acertadamente, que una sociedad que conozca el valor de los derechos, deberes, principios e instituciones fundamentales de un sistema político constitucional, tenderá a valorarlo y
por ello se preocupará por protegerlo.
Cuando hace 212 años los constituyentes de Cádiz incluyeron en la Constitución de 1812 la educación constitucional como elemento esencial del sistema educativo, proyectaron que las sociedades que cuentan con los mecanismos para conocer los
principales fundamentos de su sistema político constitucional, de sus reglas de convivencia, forman sociedades dispuestas a protegerlo y defenderlo.
Por su parte, el artículo 27.2 de la Constitución española de 1978, señala que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales. El objetivo no puede cumplirse sin ser previamente transmitido por los poderes públicos.
Por ello, es decisivo incorporar a los niveles educativos obligatorios una asignatura que explique, con la necesaria imparcialidad y neutralidad, los principios, valores, derechos y
obligaciones esenciales de la Carta Magna y del Estado social y democrático de derecho, consagrado en la Constitución española de 1978.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, estableció que todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución española, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos
en ella.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOMLOE) se muestra continuista en materia de enseñanza constitucional y de derechos, pero opta por abordarlo desde un tratamiento
meramente transversal. Tal visión es necesaria, pero improductiva si, previamente, los receptores del conocimiento carecen de una base mínima de conceptos definidos, precisos y pacíficos de la materia.
No se profundiza en la prioridad necesaria para la implementación de lo que se pretende (enseñar para mejorar el estatuto personal de cada cual, transmitiendo a todas y todos desde su formación primera e inicial los derechos y libertades de
los que se goza en un Estado social y democrático de derecho, y los principios y valores en los que se inserta), sin centrarse en las concreciones que de manera pacífica la jurisprudencia y la doctrina adjudica a cada institución jurídica y cívica.
La traslación del conocimiento de derechos y deberes pacíficamente aceptados, en su perfil más básico, de manera sistemática como si de una alfabetización constitucional se tratase, es la clave para la mejora del estatus jurídico de todas
las personas que viven en España, y una garantía para el mejor ejercicio de la democracia.
Sin la concurrencia de este estudio sistemático en los planes de estudio, y en sus itinerarios curriculares, la mera generalidad divulgativa de una enseñanza transversal que no parte de un mínimo conocimiento de cada artículo constitucional
sustancialmente útil para los educandos difumina las enseñanzas constitucionales en formulaciones generales que, por añadidura, se prestan a la tergiversación.
Los derechos y deberes gozan de contenidos concretos por todos admitidos, que pueden trasladarse desde las primeras enseñanzas.
Formar a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, en la cultura democrática, en derechos, libertades, y en los valores constitucionales sobre los que se asientan estos y nuestro Estado de derecho, garantiza unas nuevas generaciones
informadas, inconformistas también frente a los posibles abusos de los poderes públicos, seguros de los derechos que les asisten pero también de las obligaciones que deben asumir para conformar una convivencia justa y con unas reglas de juego
claras, conocidas e iguales para todos.
Esta iniciativa se centra en buscar el contenido práctico, que se traduce en concentrarse en la transmisión desde el aprendizaje más temprano de los artículos constitucionales, y de entre ellos, aquellos conceptos que, por su simplicidad e
interpretación consolidada, generan la posibilidad de ser enseñados en escalones básicos y medios de los planes de estudio. Sin necesidad, por tanto, de acompañarlos de explicaciones de fondo, de fundamentaciones, que sí se requieren en las
enseñanzas universitarias.
La alfabetización constitucional, y en general cualquier enseñanza, es un proceso progresivo y en escala, que en el caso que nos ocupa comienza por aprender la parte de la Constitución más relevante, inmediata y práctica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover y elaborar las reformas legales oportunas para incluir la enseñanza efectiva de la Constitución Española en los planes de estudio de las enseñanzas primarias y medias, no sólo de
manera transversal. La finalidad es formar con eficacia a los españoles en derechos, deberes, principios e instituciones fundamentales, poniendo en valor la importancia de su conocimiento para
fortalecer la cultura democrática de las futuras generaciones y la mejora en su ejercicio, derivada del conocimiento del propio derecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento a Canarias como archipiélago de pleno derecho, la aplicación de la
Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la delimitación internacional de espacios marítimos y las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Canarias es, según la Constitución Española, un 'Archipiélago' que, de acuerdo con el art. 46, b de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982 (Convemar), ratificado el 14 de febrero de 1997
por el Reino de España, se configura como un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que están estrechamente relacionados entre sí y que tales islas, aguas y elementos naturales forman una
entidad geográfica, económica y política intrínseca y que históricamente han sido considerados como tal.
Los espacios marítimos de Canarias lindan con Portugal, Marruecos y el Sáhara Occidental, pero no han sido delimitados hasta el momento con acuerdos entre el Reino de España y esos Estados, de acuerdo con Convemar. Especialmente
problemática es la delimitación con Marruecos y el Sáhara por la proximidad de Canarias, por la existencia de recursos naturales en la zona y porque el Sáhara Occidental está en proceso de descolonización desde que España abandonó el territorio hace
46 años.
En su artículo 4, el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias establece que:
1. El ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario, integrado por el mar y las siete islas con administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y
Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste.
2. Sin perjuicio de la delimitación de las líneas de base existentes, entre los puntos extremos más salientes de las islas e islotes que integran, según el apartado anterior el Archipiélago canario, se trazará un contorno perimetral que
siga la configuración general del archipiélago, tal como se establece en el anexo de este Estatuto. Las aguas que queden integradas dentro de este contorno perimetral recibirán la denominación de aguas canarias y constituyen el especial ámbito
marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. El ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción se realizará
teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente tanto para dichos espacios como para los terrestres.
4. El Estado en el ejercicio de sus competencias tendrá en cuenta las singularidades derivadas del carácter archipielágico y promoverá la participación de la Comunidad Autónoma en las actuaciones de competencia estatal en dichas aguas.
5. El trazado del contorno perimetral no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente.
Así, de acuerdo con el art. 121 de la Convemar, los diferentes espacios deben delimitarse a partir de cada una de las islas, (Real decreto 25/10 de 1977, del 5 de agosto).
La Comunidad Autónoma de Canarias es asimismo una 'región ultraperiférica' de la Unión Europea en razón de las dificultades a las que debe enfrentarse por su lejanía, insularidad y orografía. Ello permite en el derecho comunitario la
adaptación a sus necesidades específicas de las normas relativas a las ayudas estatales y las condiciones de acceso a los Fondos Estructurales y otros programas, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de la Unión Europea. La Comisión Europea
adoptó una estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas sobre la base de cinco pilares.
La Plataforma por el Mar Canario como única organización canaria que se sustenta en la Ley Internacional del Mar, surgió tras el 29 Congreso Vecinal de Canarias, celebrado el 30 de marzo de 2003, en San Fernando de Maspalomas, organizado por
la Confederación Canaria de Vecinal (CONCAVE) por la provincia de Tenerife, y la Confederación Vecinal Alcorac Guanche, de la provincia de Las Palmas, participando 130 Asociaciones Vecinales del archipiélago canario. Esta Plataforma ha venido
presentando mociones bajo los conceptos estipulados en la Parte IV del Estatuto Jurídico del Mar, en los 88 Ayuntamientos canarios y en los 7 cabildos insulares de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote,
recibiendo el apoyo unánime de todos ellos, en las que se demandaba delimitar los espacios marítimos que corresponde a Canarias como archipiélago.
En atención a los antecedentes, la propia Plataforma del Mar Canario requirió mediante pregunta parlamentaria en la pasada legislatura, solicitando respuesta del Gobierno a dos preguntas: si Canarias es un archipiélago y si España ha
adaptado a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ratificado por España, el marco constitucional.
La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes emitió respuesta señalando que la parte IV de la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dedicada a los Estados archipelágicos define las nociones de 'Estado
archipelágico' y de 'archipiélago' en su artículo 46.a 46.b respectivamente, por lo que al no ser Canarias un Estado archipelágico, sería de acuerdo al artículo 46.b, un 'archipiélago'.
La Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de Aguas Canarias. BOE n.º 318, de 31 de diciembre de 2010, está también recogida en el actual Estatuto de Autonomía de Canarias reformado en el año 2018. Con esta Ley, España solicitó ante las Naciones
Unidas la ampliación de su ZEE al oeste de las islas canarias. A este respecto sobre la delimitación de los espacios marítimos de Canarias, España y Marruecos presentaron ante las Naciones Unidas documentos oficiales tales como el Documento,
No/NV/187/09:
La Misión Permanente del Reino de Marruecos ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Secretario General de lo Organización de las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a la solicitud formulada por el Gobierno de España. El 11
de mayo de 2009, de su proyecto de prolongar la Plataforma Continental más allá de las 200 millas marinas en el espacio occidental de las Islas Canarias, en virtud del párrafo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
1982.
A este respecto, el Gobierno del Reino de Marruecos desea hacer las siguientes aclaraciones:
a) El Gobierno del Reino de Marruecos tiene la intención de estudiar la propuesta de España de ampliar su Plataforma Continental más allá de las 200 millas marinas en el espacio occidental de las islas canarias y posteriormente dará a
conocer su posición al respecto.
b) Mientras tanto, el Gobierno del Reino de Marruecos rechaza todo acto encaminado a la delimitación unilateral de la plataforma continental y pide la aplicación d los normas del derecho internacional, así como de la práctica y lo
jurisprudencia internacionales en esta esfera ... A tal fin, el Reino de Marruecos mantiene su firme compromiso con el imperio de la equidad y con las disposiciones de lo Convención sobre el Derecho del Mar (párrafo 1 del artículo 83), que dispone
que la delimitación de la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente afrente se efectuará mediante acuerdo de conformidad con el derecho internacional a que hoce referencia en el artículo 38 del Estatuto de lo Corte
Internacional de Justicia, con el fin de lograr una solución justo. El Gobierno del Reino de Marruecos pide al secretario general de las Naciones Unidas que registre y distribuya la presente carta y que la publique en el Boletín del Derecho del Mor
y en cualquier publicación pertinente de las Naciones Unidas. Firmado en Nueva York, el 16 de mayo de 2009.
En los mismos términos, el Reino de Marruecos envió a la oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, Nota Verbal NV/ATT/N9 114/2015, el 10 de marzo de 2015.
La contestación del Gobierno de España sobre la presentación parcial ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental enviada el 17 de diciembre de 2014, con la referencia N.º 076 MP/bcm fue en los siguientes términos:
a) No constituye uno delimitación unilateral de sus espacios marítimos y resulta conforme con lo Convención de las Nociones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Reglas de Procedimiento de la Comisión de Límites y sus Directivos Científicas y
Técnicas.
b) El Gobierno de España respeta plenamente el Derecho Internacional y en particular la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
c) El Gobierno de España desea señalar que las líneas de base utilizadas para medir la anchura de la plataforma continental en la presentación parcial sobre los límites de la plataforma continental de España al oeste de las islas canarias
son las definidas en el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, como se afirma en el punto 7.9 de la presentación. La Ley 44/2010 no define líneas de base y no ha sido en modo alguno empleada en la elaboración de la Presentación sobre los límites
de la Plataforma Continental al oeste de las islas canarias.
d) El Gobierno de España se muestra abierto a delimitar de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, todos sus espacios marinos con los Estados con costas adyacentes o situadas frente afrente. En este sentido,
España reitera su disposición a delimitar con Marruecos, Portugal o cualquier otro Estado ribereño sus espacios marinos, incluida, cuando proceda, la plataforma continental más allá de las 200 millas que eventualmente pueda resultar de las
Recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental a partir de las Presentaciones parciales realizadas por el Gobierno de España. Firmado en Nueva York, el 22 de abril de 2015.
En atención a lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a informarle sobre el proceso de delimitación de las aguas canarias y sus espacios marítimos de acuerdo con la Convención de Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a promover el reconocimiento jurídico de Canarias como un archipiélago de pleno derecho con arreglo al Artículo 46.b del Tratado Internacional del Mar, y que deje de ser un grupo
de islas para ser reconocido como archipiélago de pleno derecho sin menoscabo a la soberanía española.
3. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a defender los derechos consuetudinarios de los pescadores
canarios y a velar por la protección de los espacios marítimos de Canarias, en cumplimiento del artículo 46.b del Tratado Internacional del Mar.
4. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que, en coordinación con otras instituciones del Gobierno, le informe sobre la aplicación adaptada a las necesidades de la Comunidad
Autónoma de Canarias de la estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en especial a todo lo relativo a la conservación ecológica y de biodiversidad así como a la explotación sostenible de sus recursos tanto en las
aguas canarias como en sus espacios marítimos.
5. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España y Ministerio de Asuntos Exteriores a que informe al Gobierno Canario de los acuerdos adoptados entre el Reino de España y el Reino de Marruecos en las diferentes Reuniones de Alto
Nivel celebradas hasta fecha de la presente, y a su vez hacer partícipe al Gobierno de Canarias en todas las negociaciones que traten de delimitaciones marítimas y aéreas entre el Reino de España y el Reino de Marruecos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Txema Güijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Justicia
161/000552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, y Carlos Flores Juberías, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la reprobación y destitución inmediata del fiscal general del Estado, para su discusión en la Comisión
de Justicia.
Exposición de motivos
Primero. El deterioro institucional en la Fiscalía General del Estado.
El actual Gobierno de España, junto con sus socios comunistas y separatistas, ha embarcado a nuestro país en un proceso en que se dan la mano el ataque a la unidad nacional, el asalto a las instituciones, la sumisión a las agendas
globalistas y, en definitiva, una permanente agresión al modo de vida de los españoles y a la unidad y a la soberanía de España como cimientos de la convivencia.
En este contexto de degradación institucional y de erosión del orden constitucional por parte de Pedro Sánchez y de sus secuaces, reviste una importancia fundamental la conducta manifiestamente hostil contra el Poder Judicial y contra su
independencia. Sin duda la Proposición de Ley Orgánica relativa a la amnistía ha constituido el ataque más grave y visible, pero no ha sido el único. Y es que, aun teniendo autonomía funcional dentro del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal ha
sido uno de los escenarios más claros de la pretensión del actual Ejecutivo de someter a su control todas las instituciones, con el propósito de ponerlas a su servicio y de que no cumplan con sus funciones de control.
Es aquí donde cobran su importancia el nombramiento de Alvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y su trayectoria en este cargo desde sudesignación. Como se expondrá a continuación, la sucesión de escándalos que acumula desde su
nombramiento por Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto, renovado por Real Decreto 1182/2023, de 27 de diciembre, evidencia que más que un fiscal del Estado es un 'fiscal de partido',
absolutamente ajeno en el ejercicio de sus funciones a los principios de legalidad e imparcialidad a los que constitucionalmente debería ajustarse.
La crisis de la credibilidad de este órgano de relevancia constitucional tuvo su manifestación más grosera con las famosas palabras del presidente del Gobierno, por aquel entonces en funciones, en una entrevista radiofónica el 6 de noviembre
de 2019 1 en las que dejaba meridianamente claro su desprecio por la independencia del Ministerio Fiscal en la defensa de los intereses que tiene encomendados. En coherencia con ello, la labor del fiscal general del Estado durante estos años -igual
que la de su predecesora- ha despejado cualquier duda sobre qué intereses ha estado sirviendo en el ejercicio de su cargo; y no es ciertamente el interés público tutelado por ley, sino el interés de quien lo nombró.
Segundo. El Sectarismo Ideológico, clave para en el nombramiento del Sr. García Ortiz.
Atendiendo a la carrera profesional del señor García Ortiz 2, en la información ofrecida por el propio Ministerio Fiscal se obvia la principal razón por la que parece evidente que el Gobierno acordó su nombramiento; y es que, como informan
diferentes medios de comunicación 3, dicha persona no solamente fue miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), sino que incluso ostentó su presidencia entre 2013 y 2017, lo que a priori pone en duda que pueda ejercer la función 'defensa de
la independencia de los jueces y tribunales' que el artículo tercero de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ('EOMF') le encomienda.
Es menester recalcar, asimismo, que cada vez ha ido siendo mayor la presencia de miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) durante la presidencia del señor Sánchez. Este hecho es especialmente notorio entre el mandato de los dos
últimos fiscales generales del Estado, la señora Delgado y el señor García Ortiz, cuando el número de Fiscales de Sala pertenecientes a la UPF ha aumentado de 4 miembros a 17, de los 39 que pertenecían a la Junta de Fiscales de Sala por su
categoría.
Tercero. Los enfrentamientos del Sr. García Ortiz con el resto de la carrera fiscal.
Entre las actuaciones polémicas como fiscal de carrera, según recogen los medios de comunicación 4, destacan que fue 'el fiscal del caso del hundimiento del Prestige' y que intervino en el Consejo Fiscal que trató el asunto del fiscal
Stampa, junto al fiscal Anticorrupción Luzón, 'en auxilio de su jefa Delgado'. Precisamente hace pocos días el Tribunal Supremo 'ha corregido la decisión de la fiscalía general del Estado al ordenar al Ministerio Público que facilite una copia
íntegra al exfiscal anticorrupción Ignacio Stampa de las diligencias de las que fue objeto en el marco de una investigación en su contra entre 2012 y 2016' 5.
Por último, no podemos dejar de recordar que el fiscal Stampa intervino en el 'caso Villarejo', y por todos es conocido la amistad que existía entre la señora Delgado y el Señor Villarejo 6. Hechos todos ellos contrarios, como hemos
señalado anteriormente, a la independencia de jueces y tribunales cuya defensa es intrínseca al Ministerio Fiscal, a tenor de lo dispuesto en el artículo tercero.2 EOMF.
Además, en la misma línea de falta de independencia, es significativo que, según se publicó 7 'el anterior jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía participó en diciembre
1 https://www.rtve.es/play/audios/14-horas/quien-depende-fiscalia/5435830/
2 https://www.fiscal.es/documents/20142/163447/CV+Alvaro+Garc%C3%ADa+Ortiz.pdf/b374bfd8-4bd0-5cec-06ab-cf2e38097575?t=1660206935083
3 https://www.epe.es/es/política/20220719/alvaro-garcia-nuevo-fiscal-general-14116279
4 https://www.epe.es/es/politica/20220719/alvaro-garcia-nuevo-fiscal-general-14116279
5 https://www.larazon.es/espana/supremo-corrige-garcia-ortiz-permite-fiscal-stampa-acceder-investigacion_2024032165fc5c5c09990300013c3cb7.html
6 https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/ignacio-stampa-fiscal-caso-villarejo_2024020565c095f2b834070001bb5c36.html
7 https://www.elconfidencial.com/espana/2022-07-19/el-nuevo-fiscal-general-del-estado-participo-en-un-acto-del-psoe-gallego-en-2019_3463465/
de 2019 en un acto organizado por el PSOE de Galicia, tan sólo unos meses antes de la celebración de las elecciones autonómicas'. Cabe recordar, a mayor abundamiento, que el artículo 127 de la Constitución Española prevé que 'los Jueces y
Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos'. Que el Sr. García Ortiz, que ocupa ahora el cargo de fiscal general del Estado, cuando
era fiscal en activo participase en el mitin de un partido político -nada menos que el mismo partido que compone principalmente el Gobierno que lo ha nombrado para ese cargo- lo descalifica de forma rotunda para el ejercicio de dicho cargo con la
imparcialidad constitucionalmente exigida.
Cuarto. Acciones del Sr. García Ortiz como Fiscal General del Estado.
Una de las primeras decisiones controvertidas del señor García Ortiz, siendo ya fiscal general del Estado, fue el trato de favor dispensado a su predecesora, Dolores Delgado, sobre cuyo nombramiento también se pronunció recientemente el
Tribunal Supremo. El pasado 21 de noviembre de 2023, la Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló el nombramiento de doña Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, apreciando en su sentencia 'desviación de poder'
en la propuesta realizada por el fiscal general del Estado, el señor García Ortiz 8. Según se desprende de la sentencia, queda acreditado que la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar que doña Dolores Delgado promocionase a
la máxima categoría de la Carrera Fiscal 9. A todo ello se une que la mayoría del Consejo Fiscal se opuso a su nombramiento, pero el señor García Ortiz ignoró ese criterio y siguió adelante con el mismo 10. El desprecio, una vez más, por la
independencia de los jueces y tribunales, por un lado, y por el respeto de las instituciones constitucionales -otro de los puntos esenciales del Estatuto del Ministerio Fiscal, regulado en el artículo tercero.3 EOMF-, por otro, es flagrante.
Desde el punto de vista de la salud institucional de nuestro país es importante señalar que, en su segundo -y actual- nombramiento como fiscal general del Estado, el señor García Ortiz no obtuvo el apoyo del Consejo General del Poder
Judicial, siendo la primera vez que ocurre que el órgano de gobierno de la Justicia rechaza al candidato elegido por el Ejecutivo 11.
Además, la Asociación Profesional Independientes de Fiscales (APIF) también recurrió en febrero de este año al Tribunal Supremo la designación del señor García Ortiz como fiscal general del Estado al considerar que 'no tiene ni el talante,
ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado y no del Gobierno' 12.
Cabe también señalar el papel que el señor García Ortiz ha desempeñado en la tramitación de la amnistía a los separatistas catalanes condenados. Ante el requerimiento del Senado al Consejo Fiscal para informar sobre la Proposición de Ley
Orgánica de la amnistía, alegó en una carta que este órgano no tiene competencias para informar sobre una proposición de ley. Según se publicó en su momento 13, el Fiscal General afirmaba en el escrito que 'la leal colaboración institucional sí
permitiría a la Fiscalía como institución hacer este informe, pero sostiene que esa cooperación no es posible en este caso porque supondría alterar el normal funcionamiento de la institución e invadir espacios y competencias propias de la estructura
organizativa de la Fiscalía, ya que corresponderá a los fiscales que lleven causas relacionadas con el procés posicionarse sobre la amnistía
8 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-aprecia-desviacion-de-poder-en-la-propuesta-del-Fiscal-General-del-Estado-para-promover-a-Dolores-Delgado-como-fiscal-de-Sala
9 Ídem
10 https://www.larazon.es/espana/garcia-ortiz-desoye-consejo-fiscal-elige-dolores-delgado-fiscal-memoria-democratica_202306086481a53281ae4c00011b9141.html
11 https://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-opone-primera-vez-candidato-gobierno-rechaza-continuidad-garcia-ortiz-fiscal-general-20231130130403.html
12 https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/apif-recurre-supremo-designacion-alvaro-garcia-ortiz-fiscal-general-estado-parcialidad-20240209_3136681
13 https://eIpais.com/espana/2024-01-25/el-fiscal-general-rechaza-hacer-el-informe-sobre-la-amnistia-que-le-pide-el-senado.html#
cuando esta llegue a los tribunales'. En este sentido, resulta incuestionable que la actitud del Sr. García Ortiz quebranta del modo más evidente las funciones de respetar las instituciones constitucionales (artículo tercero.3 EOMF) y de
velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social (artículo tercero. 9 ibídem).
También es significativo mencionar el papel que desempeñó la teniente fiscal del Tribunal Supremo, 'número dos' de García Ortiz, para allanar el camino de la amnistía. Según informaron diferentes medios de comunicación, ésta se opuso a la
mayoría de los fiscales del Supremo y no vio indicios contra Puigdemont para investigarle por terrorismo en la causa de Tsunami Democrátic. Así, se señalaba que 'la posición definitiva de la Fiscalía del alto tribunal la ha fijado la teniente
fiscal del Supremo, María Angeles Sánchez Conde, en contra del criterio mayoritario de la Junta de Fiscales del TS, donde once de sus 15 integrantes consideran atribuyen al expresidente de la Generalitat el 'liderazgo absoluto' de la plataforma
protagonista de los 'actos violentos' en protesta por la sentencia del procés en el otoño de 2019' 14. Siendo la amnistía de los golpistas separatistas el atentado más grave que se haya perpetrado contra la unidad nacional y el orden
constitucional, la conducta de la fiscalía general del Estado en este asunto hace acreedor a su titular de una retirada definitiva de la vida pública, en tanto que entraña el mayor de los desprecios hacia las funciones que la ley, en atención a su
cargo, le encomienda.
Entre las polémicas más recuentes destacan la relativa a una investigación en curso en la que, según trascendió 15, 'García Ortiz dio [ ...] la instrucción directa a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, de enviar a
los medios de comunicación desde su gabinete de prensa la nota con la cronología de las conversaciones privadas mantenidas entre el letrado de Alberto González y el fiscal del caso'. Según las informaciones 16, el señor García Ortiz sería el
principal responsable de la emisión de una nota informativa por parte de la Fiscalía de Madrid en la que 'daba cuenta del ofrecimiento de un pacto por parte de la defensa de Alberto González Amador [ ...] con visos a conseguir evitar el juicio y
rebajar la pena tras ser denunciado por un fraude fiscal de 35.000 euros'. Se trata de un caso gravísimo de violación del secreto profesional y de un derecho tan fundamental como el de defensa jurídica en los tribunales de justicia.
Por último, las informaciones conocidas 17 sobre la instrucción dada por el señor García Ortiz al fiscal jefe de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, consistente en detener de manera deliberada la
tramitación del 'caso Koldo' por la proximidad de las elecciones del 23 de julio de 2023, a falta de conocer aún más datos, son de una gravedad que supera todos los escándalos anteriormente descritos y que alcanza el culmen del uso partidista de la
fiscalía general del Estado a cuya cabeza se halla el Sr. García Ortiz.
Es preciso señalar que la paralización de estas diligencias hasta septiembre tuvo dos consecuencias trascendentales:
1) No presentar la querella en los tribunales impidió a los votantes tener conocimiento de la existencia de ésta investigación y, estando en periodo electoral, se afectó directamente a la formación de la voluntad del voto, por supuesto con
el conocimiento de que perjudicaría al PSOE. Con esta omisión se ocultó a los ciudadanos las actividades delictivas de, al menos, varias personas de confianza del entorno ministerial.
2) Además, lo anterior pudo permitir que los implicados estuvieran sobre aviso de las investigaciones seguidas por la Unidad Central Operativa (UCO), e incluso pudieran destruir pruebas. Con ello se consintió asimismo que los investigados
continuasen con sus viajes y contactos y, por tanto, se les brindó la posibilidad de proseguir con su actividad criminal.
Es gravísimo el hecho de haber retrasado las posibles acciones judiciales que se podrían haber interpuesto antes de julio de 2023 y en todo caso, los hechos evidencian
14 https://www.larazon.es/espana/numero-dos-garcia-ortiz-indicios-puigdemont-mayoria-fiscales-supremo_2024022265d7116b82085c00019252ff.html
15 https://www.elmundo.es/espana/2024/03/15/65f44459fc6c83d14c8b457e.html
16 https://www.epe.es/es/investigacion/20240315/fiscalia-general-senala-jefa-fiscalia-de-madrid-comunicado-correos-defensa-pareja-ayuso-99534994
17 https://theobjective.com/espana/politica/2024-03-26/fiscalia-caso-koldo-23-j-frenarlo/
una deliberada dejación de funciones por parte del fiscal general del Estado. Máxime cuando sobre él pesan, a tenor de lo dispuesto en el artículo tercero EOMF, las obligaciones de 'ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de
delitos' y de 'intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos'.
Quinto. Conclusión.
El Grupo Parlamentario VOX solicita que el Congreso acuerde la reprobación del fiscal general del Estado, de acuerdo con la existencia de antecedentes parlamentarios en el mismo sentido -tales como, v. gr., la reprobación presentada en la
XII Legislatura y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie D, núm. 148 del, 5 de mayo de 2017, pág. 29 18-. Asimismo, insta al Gobierno a efectuar de inmediato la destitución del sr. García Ortiz, por las razones contenidas
en el presente escrito.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda la reprobación del fiscal general, don Alvaro García Ortiz, en atención a los siguientes hechos:
- por su notoria carencia de la imparcialidad que la Constitución y la ley exigen para el ejercicio de su cargo,
- por su constante uso partidista del Ministerio Fiscal y su favoritismo hacia sus afines,
- por sus agresiones intolerables a la separación de poderes y al Estado de Derecho y su desempeño del cargo de modo cómplice con los enemigos de la unidad de España,
- por su negligente actuación -que ha permitido ataques a la confidencialidad en la asistencia letrada-,
- por sus posibles injerencias en los resultados de unas elecciones generales con fines claramente ideológicos y partidistas.
- en general, por sus numerosas acciones en perjuicio de la acción de la Justicia, y
- por el flagrante incumplimiento que todo ello supone de las funciones legalmente atribuidas al fiscal general del Estado.
2. Insta al Gobierno a que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, destituya de forma inmediata a don Alvaro García Ortiz como fiscal general del Estado por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo, en particular
interfiriendo en una investigación para condicionar los resultados de unas elecciones a Cortes Generales, y siendo responsable de violaciones del secreto profesional que atenían contra el derecho fundamental a la defensa.
3. Insta igualmente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia de la persona que lo sustituya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Flores Juberías, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario
VOX.
18 https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-148.PDF#page=28
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000520
A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Función Pública
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
estabilización del personal laboral al servicio de las administraciones públicas en abuso de temporalidad, tras la sentencia de 22 de febrero emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Recientemente hemos conocido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala sexta) de 22 de febrero de 2024 que resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas sobre interpretación de las cláusulas 2, 3 y 5 del Acuerdo
Marco sobre el trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada), dictada en los asuntos acumulados C-59/22,
C-110/22 y C-159/22, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En dicha sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja
en entredicho la legislación española en materia de estabilización de personal en situación de abuso de temporalidad, cuestionando que las decisiones y la legislación adoptada por el Gobierno de España hasta el momento estén dando cumplimiento a la
Directiva 1999/70/CE.
La sentencia afecta al personal laboral al servicio de las administraciones públicas y con toda seguridad, ante pretensiones análogas del personal funcionarial, el Tribunal Europeo adoptara un pronunciamiento, en términos similares, referido
al personal funcionarial por cuanto, la sentencia de 22 de febrero que nos ocupa, ya recalca de forma expresa que la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público no cumple con la
citada Directiva europea sobre el trabajo de duración determinada.
Canarias, tomando el conjunto de administraciones públicas canarias, es una de las Comunidades con mayor volumen de empleados públicos afectados, para quienes esta sentencia supone una esperanza en la garantía de su futuro personal y
laboral.
Sin embargo, en paralelo también incorpora una enorme dosis de incertidumbre al cuestionar los procesos de estabilización ya en curso, sobre todo para las personas que no superen los procesos actualmente en fase de tramitación cuya
conclusión dependen de unos plazos tasados en la Ley 20/21.
Ante la premura temporal, impuesta por la necesidad del cumplimiento de los plazos previstos en la referida ley, estimamos que conviene proponer instar al Gobierno de España a que proceda a acordar una prórroga de dichos plazos hasta tanto
lleva a cabo las obligadas reformas normativas que den lugar a un replanteamiento de las normas estatales vigentes en materia de empleo temporal que han sido cuestionadas por la doctrina del TJUE.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son vinculantes para España de acuerdo con el principio de primacía del derecho de la Unión Europea. Sus pronunciamientos vinculan a los tribunales españoles pero también vinculan
a las autoridades administrativas y al legislador español.
Además, la competencia en materia de legislación básica sobre empleo público la tiene atribuida el Gobierno de España por lo que corresponde al mismo promover las medidas legislativas que modifiquen la normativa actual y pongan remedio a
este
incumplimiento de la Directiva europea que ha constatado el TJUE para corregir la legislación en materia de empleo temporal puesta en cuestión por Europa.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno de España a promover las modificaciones normativas que procedan en la legislación en materia de empleo público temporal para dar cumplimiento a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea y de acuerdo con la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000545
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a eliminar la cita previa obligatoria en las Administraciones Públicas,
para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La Constitución Española, en su artículo 105.b) se remite a la ley a la hora de regular el acceso de los ciudadanos a los registros administrativos, y en su artículo 103.1 recoge lo siguiente,
'Artículo 103. 1.
La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.'
Hasta la llegada de la pandemia de Covid19 los ciudadanos tenían una manera de relacionarse con la Administración en la que no era necesaria una cita previa para poder realizar cualquier tipo de trámite, acudiendo de manera presencial a
cualquier oficina de la administración pública.
Con la irrupción de la pandemia, las medidas de salud pública adoptadas por las autoridades sanitarias en España limitaron nuestros derechos individuales. Mientras que algunas limitaciones eran entendibles porque eran medidas idóneas,
necesarias y proporcionales para impedir la transmisión comunitaria del virus, otras supusieron un cambio en la manera de relacionarse con la administración.
Dentro de estas medidas de salud pública las diferentes Administraciones impusieron una cita previa obligatoria, para los servicios de atención a la ciudadanía, incluso para algo tan básico e importante como el acceso a las oficinas de
asistencia en materia de registros o poder presentar escritos y recursos.
Con la recuperación de la normalidad, la cita previa ha recuperado en muchos sitios su carácter voluntario, siendo una opción muy positiva que beneficia al ciudadano porque ahorra tiempo y también permite a la Administración organizar mejor
el servicio.
Sin embargo, tal y como se puede ver del resultado de muchas encuestas, y de la experiencia, en otras muchas Administraciones públicas se sigue manteniendo la cita previa de manera obligatoria para registros y para oficinas de atención
ciudadana.
Es necesario poner fin a la cita previa obligatoria, que sigue siendo de uso en gran parte de administraciones porque para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa con carácter obligatorio. Promover esta
reforma es esencial para desplegar todos los procedimientos en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos por el canal que cada uno elija y que piense que es el más adecuado.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a promover las modificaciones normativas necesarias para eliminar la cita previa obligatoria en todas las administraciones públicas con el objetivo de favorecer el acceso de los
ciudadanos a los servicios públicos por el canal que cada uno elija.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2024.-José Luis Aceves Galindo, Juan Antonio González Gracia, Juan Carlos Jerez Antequera, Alicia Álvarez González, José Losada Fernández, Pedro Casares Hontañón, Gabriel Cruz Santana,
Luis Alfonso Rey de las Heras y Marta Trenzano Rubio, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel Pozueta Fernández, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, al amparo del vigente Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la instauración de un modelo de Tren público y social sobre el
trazado actual en el tramo entre Vitoria-Gasteiz y Pamplona-Iruñea, para su inclusión en la Comisión de Transportes y movilidad sostenible.
Exposición de motivos
El pasado 13 de diciembre de 2023 los grupos políticos presentes en el Parlamento de Navarra pudieron conocer algunas propuestas alternativas al trazado oficial del TAV en el tramo Pamplona/Iruñea-Vitoria/Gasteiz. Aquella sesión
parlamentaria, en la Comisión de Cohesión territorial, fue constructiva y sorprendente, según opinaba un miembro de la Plataforma a favor de un tren público y social, todos los grupos presentes (UPN, PSN, EH BILDU, GEROA BAI, COTIGO-ZUREKIN)
expresaron el deseo de mejorar el trazado oficial y compartían que se puede plantear una alternativa desde Navarra, aún sabiendo que la competencia es del Estado.
Todos los grupos expresaron su voluntad de mejorar el proyecto del Ministerio, salvando el paisaje y el territorio de nuestros pueblos.
Así, la solución que propone la plataforma consiste en mejorar las infraestructuras actuales y adaptar las vías al TAV además de duplicarla en la Comunidad Foral. Además, se actuaría en puntos problemáticos del actual trazado con
soterramientos y variantes. Esta sería la manera, según 'Alternativa por el Tren', para permitir circular por estas vías de todo tipo de trenes. Es decir, desde la Alta Velocidad hasta trenes de media y larga distancia o de mercancías.
Esta solución respalda el acuerdo presentado en mayo de 2021 por todos los sindicatos con representación en ADIF y RENFE (UGT, CCOO, CGT/LKN, SF, SCF y SEMAF) y daría continuidad a la política ferroviaria del Ministerio llevada a cabo en
otros tramos del corredor Cantábrico-Mediterráneo.
A grandes rasgos, el proyecto desarrolla una propuesta de tren social, actuando sobre el trazado existente, para hacerlo compatible con las exigencias de un tren eficaz y modernizado en infraestructura, tecnología y logística y encaminado
hacia un transporte público, social, eficiente y verdaderamente sostenible. Los costes son considerablemente menores que las infraestructuras proyectadas por el Ministerio, las cuales plantean trazados completamente nuevos para uso exclusivo de
trenes de alta velocidad y únicamente para pasajeros.
La propuesta que hoy presentamos, provoca un significativo menor impacto social y ambiental que una obra completamente nueva, evitando además la desinversión y el abandono progresivo de las líneas actuales que dan servicio a la población
general y mercancías a nivel regional. Además, resuelve problemas urbanísticos y barreras físicas, ruidos, etc., creados por la infraestructura ferroviaria actual.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Tomar en consideración y analizar la propuesta y estudio presentados por las Plataformas por el Tren Público y Social, respaldado por gran parte de los municipios por los que discurre el corredor ferroviario.
- Realizar el estudio informativo para la adecuación y mejora de las vías actuales basado en los principios de la alternativa presentada, analizando su potencialidad y viabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2024.-Isabel Pozueta Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/000527
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar las obras del Corredor
Mediterráneo de alta velocidad en la conexión Murcia-Lorca-Almería, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Se denomina Corredor Mediterráneo a un proyecto de vertebración y cohesión territorial que impulsa la Unión Europea como parte de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T Network) destinada a promover la conectividad de los ciudadanos y los
bienes dentro de Europa. El Mediterráneo es uno de los 9 grandes Corredores Europeos de esta red, que debe conectar Algeciras con Ucrania, tanto para transporte de viajeros en Alta Velocidad como para transporte de mercancías por carretera y por
ferrocarril, conectando puertos, aeropuertos y nodos urbanos. Siempre se destaca más la parte ferroviaria del Corredor por la clara apuesta de las instituciones europeas por el ferrocarril, como herramienta clave para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero de los medios de transporte.
El Corredor Mediterráneo ferroviario tiene una longitud de 8.611 km atravesando 6 países (España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia y Hungría), de los que a España corresponden 4.045 km. Supera la tradicional visión radial de las redes de
transporte españolas y va a permitir conectar de manera directa al 50 % de la población, el 51 % de las exportaciones y el 45 % del PIB español.
Es mucho más que una infraestructura. Es un gran proyecto de transporte multimodal y de cohesión social y territorial, que busca ofrecer igualdad de oportunidades a todos los
ciudadanos de la Unión, pues a su vez el Corredor Mediterráneo estará interconectado con el resto de grandes Corredores Europeos. Pero sólo podrá desarrollar todo su potencial cuando sus diferentes modos de transporte se encuentren
conectados y, sobre todo, cuando se ponga en servicio en su integridad. Una visión del Corredor lineal, por tramos y telescópica de norte a sur, como la que defiende el actual gobierno socialista es completamente desacertada, puesto que su
potencial se encuentra en su capacidad de mallado con las demás Redes Transeuropeas y con el transporte marítimo mundial. Solo así podrá generar el retorno de más de tres euros y medio en la economía por cada euro invertido, tal y como prevén todos
los estudios económicos realizados.
Las infraestructuras españolas del Corredor Mediterráneo se encuentran mucho más avanzadas en el norte que en el sur de nuestro país, donde aún existen varios tramos en los que no han empezado las obras y otros que no tienen ni siquiera el
proyecto. Por eso, es imprescindible que el gobierno de Sánchez apueste de una vez por todas por el desarrollo del Corredor Mediterráneo en sus tramos murciano y andaluz, que permita, entre otras cosas, que los ciudadanos europeos disfruten de los
productos agroalimentarios de la gran Huerta de Europa que conforman Murcia y Almería, lo que sacaría, además, a miles de camiones semanales de nuestras carreteras.
En este sentido, la recuperación de la histórica conexión ferroviaria entre la Región de Murcia y Andalucía, que clausuró un anterior gobierno socialista en 1985, ahora mediante la nueva vía de alta velocidad entre Murcia y Almería, pasando
por Lorca, supondrá que el Levante español pueda disfrutar de las comunicaciones que le permitirán competir en igualdad de condiciones con otros mercados productores del sector primario, además de un importante impulso a la conectividad de las
personas tan importante para la industria turística de ambas provincias.
Sin embargo, lo cierto y verdad es que la incorporación de Almería al Corredor Mediterráneo está resultando una historia de incertidumbres y retrasos. Desde hace años, la sociedad almeriense clama justamente por una conectividad a la que
tiene derecho, y que el gobierno de Pedro Sánchez retrasa inexplicablemente una y otra vez. Debemos recordar que durante los gobiernos del Partido Popular se tomaron las decisiones clave y se impulsaron los proyectos necesarios en todos los tramos
para que esta infraestructura estuviera concluida y en funcionamiento en 2023, pero que desde la llegada de los socialistas al poder los plazos se han ido dilatando y retrasando una y otra vez.
Así, la última fecha comprometida públicamente por el gobierno de Sánchez, el año 2026, a día de hoy es prácticamente imposible de cumplir, teniendo en cuenta que aún hay tramos cuyas obras no han comenzado, muy en particular el del
soterramiento de Lorca, sin el cual es imposible que se articule la conexión entre las dos provincias, y cuyo contrato hace unos meses que se ha adjudicado por un plazo a todas luces en exceso optimista de 32 meses para su ejecución, pero sin que
dichos trabajos hayan todavía empezado al momento presente.
Además, el Ministro de Transportes se negó a facilitar la fecha de puesta en servicio del Corredor Mediterráneo, es más, ni siquiera confirmó las anteriores promesas gubernamentales de 2026, lo que nos hace ser muy pesimistas ante un
escenario temporal que puede retrasarse con facilidad hasta el umbral del año 2030.
Finalmente, aunque no menos importante, denunciamos con carácter adicional que en octubre de 2021 se adoptó de forma unilateral por parte del gobierno de Sánchez, y sin justificación técnica que la soporte, la decisión de interrumpir el
tráfico ferroviario de cercanías entre Águilas, Lorca y Murcia, por un plazo de tres años y con la excusa de una aceleración de las obras del Corredor, que como vemos no solamente no ha llegado, sino que va para largo ante tan interminables e
injustificados retrasos. La consecuencia es que un millón doscientos mil ciudadanos que utilizaban anualmente esta línea se han visto abocados a utilizar la carretera por la ausencia del servicio de Cercanías, cuyo restablecimiento inmediato debe
igualmente convertirse en una prioridad para el Gobierno central.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar de forma decidida las obras ferroviarias del Corredor Mediterráneo en la conexión entre las provincias de Murcia y Almería, en particular en la parte correspondiente al soterramiento de las vías en la ciudad de Lorca.
2. Cumplir con los compromisos adquiridos públicamente de que la línea esté finalizada en el año 2026.
3. Comprometer una fecha cierta para la puesta en funcionamiento de los diversos servicios del Corredor Mediterráneo en dicha línea en cuanto a tráfico de pasajeros y mercancías y cumplirla.
4. Reabrir de inmediato el tráfico ferroviario de la línea Águilas-Lorca-Murcia y restablecer el servicio de cercanías con una disponibilidad de frecuencias, horarios y tiempos de viaje que posibilite la conexión fluida entre las
localidades que atraviesa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Violante Tomás Olivares, Mirian Guardiola Salmerón, Juan Luis Pedreño Molina, Maribel Sánchez Torregrosa, Ana Martínez Labella y Rafael Antonio Hernando
Fraile, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación de los trabajadores del sector de conductores profesionales, para su debate en instancia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Los profesionales del transporte son un colectivo de riesgo, como reconoce la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a la peligrosidad de su actividad. El reciente empeoramiento de sus condiciones laborales, fruto de
las consecuencias que se siguen arrastrando de la anterior crisis económica junto a un aumento de la edad media del colectivo, han provocado un incremento de los índices de siniestralidad y morbilidad.
Cabe destacar además la correlación entre edad y peligrosidad de la actividad dentro de este sector. Y es que la tasa de incidencia de accidentes de trabajo en los mayores de 55 años, es tres veces superior al resto de sectores con respecto
al mismo rango de edad.
Pese a ello no ha sido todavía considerada como uno de los sectores profesionales objeto de aplicación de los coeficientes de reducción de la edad de jubilación por parte del Gobierno de España, aun habiendo sido recomendado por la Unión
Europea, sindicatos, universidades o la Seguridad Social.
Dicho régimen de reducción de la edad de jubilación viene regulado por el Real Decreto 1698/2011, que prevé la posibilidad de establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación para aquellas actividades profesionales cuyos
trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa, insalubre o causa de elevados índices de mortalidad.
Desde las asociaciones y colectivos del transporte profesional se ha avisado reiteradamente del hecho que la edad constituye un factor determinante en la pérdida o
disminución de determinadas capacidades motoras, sensoriales y cognitivas necesarias para una conducción segura.
En diciembre de 2018 el pleno del senado aprobaba, con los votos del partido socialista, una moción del grupo republicano referente a mejoras para los profesionales del transporte por carretera. Dicha moción instaba entre otras 'al
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a que reconozca que en la actividad desarrollada por los conductores del transporte por carretera concurren las circunstancias exigidas legalmente en el Real Decreto 1698/2011, para rebajar la
edad ordinaria de jubilación, siendo que esta reducción ha de efectuarse mediante coeficientes aplicables al tiempo de trabajo efectivamente realizado en la citada actividad profesional, que haga posible en cada caso, cumpliendo los demás requisitos
legales, el percibo de la pensión de jubilación con anterioridad al cumplimiento de la edad exigida con carácter general para el resto de los trabajadores'.
Han pasado casi seis años y el Gobierno sigue sin atender a las reclamaciones de los distintos sindicatos y agentes del sector.
Así mismo en el año 2014 los trabajadores de ferrocarril del metro de Barcelona acordaron con el Gobierno del Estado, en aquel entonces presidido por el Partido Popular, la 'aplicación de la normativa prevista en el Régimen Especial de
Trabajadores Ferroviarios por Real Decreto 863/1990, de 6 de julio y Real Decreto 2621/1986 de 24 de diciembre para los grupos y escalas previstos en los mismos y que se desempeñen en las actividades del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona y se
puedan lucrar del beneficio de la reducción en la edad mínima de jubilación por razón de trabajos excepcionalmente penosos o peligrosos.'
Los incumplimientos reiterados de los compromisos del Estado con el colectivo de profesionales del transporte suponen una clara vulnerabilización y precarización de un sector al que pertenecen decenas de miles de trabajadores.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a tomar las medidas necesarias e impulsar las reformas legislativas oportunas, desde los ministerios de Trabajo y Economía Social así como Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
para el establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación de los trabajadores del sector de conductores profesionales con el fin de reducir los altos índices de siniestralidad y mortalidad que padece el sector y
dignificar sus condiciones de vida y laborales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei relativa a
l'establiment de coeficients reductors per a rebaixar l'edat de jubilació dels treballadors del sector de conductors professionals per al seu debat a la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible.
Exposició de motius
Els professionals del transport són un col·lectiu de risc, com reconeix la pròpia Organització Internacional del Treball (OIT), degut a la perillositat de la seva activitat. El
recent empitjorament de les seves condicions laborals, fruit de les conseqüències que es continuen arrossegant de l'anterior crisi econòmica al costat d'un augment de l'edat mitjana del col·lectiu, han provocat un increment dels índexs de
sinistralitat i morbiditat.
Cal destacar a més la correlació entre edat i perillositat de l'activitat dins d'aquest sector. I és que la taxa d'incidència d'accidents de treball en els majors de 55 anys, és tres vegades superior a la resta de sectors respecte al mateix
rang d'edat.
Malgrat això no ha estat encara considerada com un dels sectors professionals objecte d'aplicació dels coeficients de reducció de l'edat de jubilació per part del Govern d'Espanya, fins i tot havent estat recomanat per la Unió Europea,
sindicats, universitats o la Seguretat Social.
Aquest règim de reducció de l'edat de jubilació ve regulat pel Reial decret 1698/2011, que preveu la possibilitat d'establir coeficients reductors i anticipar l'edat de jubilació per a aquelles activitats professionals els treballs de les
quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa, insalubre o causa d'elevats índexs de mortalitat.
Des de les associacions i col·lectius del transport professional s'ha avisat reiteradament del fet que l'edat constitueix un factor determinant en la pèrdua o disminució de determinades capacitats motores, sensorials i cognitives necessàries
per a una conducció segura.
Al desembre de 2018 el ple del senat aprovava, amb els vots del partit socialista, una moció del grup republicà referent a millores per als professionals del
transport per carretera. Aquesta moció instava entre altres 'al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social al fet que reconegui que en l'activitat desenvolupada pels conductors del transport per carretera concorren les
circumstàncies exigides legalment en el Reial decret 1698/2011, per a rebaixar l'edat ordinària de jubilació, sent que aquesta reducció ha d'efectuar-se mitjançant coeficients aplicables al temps de treball efectivament realitzat en la citada
activitat professional, que faci possible en cada cas, complint els altres requisits legals, la percepció de la pensió de jubilació amb anterioritat al compliment de l'edat exigida amb caràcter general per a la resta dels treballadors.'
Han passat gairebé sis anys i el Govern segueix sense atendre les reclamacions dels diferents sindicats i agents del sector.
Així mateix l'any 2014 els treballadors de ferrocarril del metre de Barcelona van acordar amb el Govern de l'Estat, en aquells dies presidit pel Partit Popular, la 'aplicació de la normativa prevista en el Règim Especial de Treballadors
Ferroviaris per Reial decret 863/1990, de 6 de juliol i Reial decret 2621/1986 de 24 de desembre per als grups i escales prevists en els mateixos i que s'exerceixin en les activitats del Ferrocarril Metropolità de Barcelona i es puguin lucrar del
benefici de la reducció en l'edat mínima de jubilació per raó de treballs excepcionalment penosos o perillosos.'
Els incompliments reiterats dels compromisos de l'estat amb el col·lectiu de professionals del transport suposen una clara vulneralització i precarització d'un sector al qual pertanyen desenes de milers de treballadors.
Per tot això es presenta la següent:
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a prendre les mesures necessàries i impulsar les reformes legislatives oportunes, des dels ministeris de Treball i Economia Social així com Inclusió, Seguretat Social i Migracions, per a
l'establiment de coeficients reductors per a rebaixar l'edat de jubilació dels treballadors del sector de conductors professionals amb la finalitat de reduir els alts índexs de sinistralitat i mortalitat que pateix el sector i dignificar les seves
condicions de vida i laborals.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000543
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley de ayuda a la sostenibilidad del transporte público colectivo urbano en la
ciudad de Zaragoza y otras, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Zaragoza no solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) la ayuda al transporte en el plazo correspondiente, que expiraba el 31 de julio de 2023, tal como reconoció la propia concejala-delegada
de Movilidad en un escrito dirigido al Ministerio el 6 de noviembre de 2023. La ayuda del Estado que no fue solicitada ascendía a 7,4 millones de euros destinados a sufragar el coste de la bonificación del 50 % de los billetes del autobús y del
tranvía de la ciudad de Zaragoza. En concreto, esta medida, que forma parte del paquete de ayudas para impulsar el uso del transporte público y contribuir a mitigar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y el conflicto en
Oriente Medio, corresponde al 30 % que asume el Gobierno español por las bonificaciones aplicadas a los abonos y las tarjetas multiviaje del autobús y del tranvía en la segunda mitad de 2023, correspondiendo el 20 % restante a la administración
local.
En la citada carta la concejala-delegada de Movilidad afirmaba lo siguiente: 'Debido a un error de coordinación en la asignación de las nuevas competencias de la recién aprobada estructura tras las elecciones locales no se llegó a enviar al
MITMA la solicitud formal de la ayuda en los términos, plazos y a través del formulario dispuesto' en el Real Decreto. Y achacaba el error al cambio de Gobierno municipal ocurrido en junio y al periodo vacacional: 'Debe tenerse en cuenta que la
convocatoria, aprobada el 28 de junio y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de junio, se realizó encontrándose los ayuntamientos en funciones tras las elecciones locales del 28 dé mayo', añadiendo que 'el plazo para la formulación
de solicitudes coincidió con el periodo vacacional, correspondiente al mes de julio'.
Desde el equipo de gobierno municipal se insistió en su voluntad de mantener la bonificación del transporte público del 50 % del billete hasta el 31 de diciembre, y se instó al ministerio a atender la solicitud, a pesar del 'error
técnico-administrativo de la incuestionable ausencia de la solicitud formal de la aplicación y pese a la extemporaneidad de la presente petición'. Expresamente se solicitaba al Ministerio de Transportes 'que otorgue un plazo adicional de
presentación de solicitudes o se habilite la fórmula oportuna' para que Zaragoza pueda beneficiarse del paquete de ayudas del Gobierno.
Ciertamente otras ciudades que quedaron fuera de las ayudas por un fallo administrativo en anteriores convocatorias pudieron beneficiarse de las mismas mediante la aprobación por el Gobierno del Real Decreto 658/2023, de 18 de julio, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Bilbao, San Fernando y Miranda de Ebro para ia sostenibilidad del transporte público colectivo urbano.
Por tanto, parece conveniente darle una salida similar a este problema generado por la mala gestión del equipo de gobierno local de Zaragoza para evitar que resulten perjudicados los vecinos y vecinas de esta ciudad, mediante la aprobación
de un real decreto por el que se regule la concesión directa de subvenciones para la sostenibilidad del transporte público colectivo urbano, con carácter excepcional y por razones de interés público, al ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de no haber
solicitado las ayudas en tiempo y forma y reconocer el error cometido; norma que, por supuesto, podría aplicarse también a otras corporaciones locales en similar situación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un real decreto por el que se regule la concesión directa de subvenciones para la sostenibilidad del transporte público colectivo urbano, con carácter excepcional y por razones de
interés público, a los ayuntamientos que en su momento no solicitaron las ayudas en tiempo y forma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2024.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar un pacto por las infraestructuras y el transporte, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Los amplios plazos necesarios para la ejecución de las infraestructuras de transporte provocan que sea habitual que los distintos gobiernos aprueben planes con horizontes temporales y compromisos que van más allá de la legislatura en la que
son aprobados. Es habitual que los ciclos en los que se desarrollan superan los ciclos políticos a los que corresponde su gestión por parte del Gobierno que los aprueba, aun cuando esta se desarrolle a lo largo de varias legislaturas. Por ello es
fundamental tratar de que estos planes cuenten con un respaldo político mayoritario que evite que, cuando se produce un cambio de Gobierno, se vean afectados de forma sustancial.
La necesidad de incorporar las infraestructuras y el transporte a un gran acuerdo político se fundamenta también en la importancia del transporte para la consecución de los retos que nos plantea el mundo actual y de cuya consecución
dependerá nuestro futuro bienestar. Como ha señalado la Asamblea General de la ONU, el Banco Mundial y la Unión Internacional de Transporte, el transporte constituye un mecanismo indispensable para el desarrollo sostenible de los países, así como
un elemento estratégico para su crecimiento económico. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea que todas las personas deben tener acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. Las infraestructuras son
fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático. El transporte es un sector estratégico básico que garantiza la movilidad
de los ciudadanos, el desarrollo de la economía, el incremento de la productividad y la libre circulación de mercancías.
La política de transportes forma parte de los ámbitos políticos comunes de la Unión Europea (UE) desde hace más de treinta años. El transporte es un sector estratégico de la economía de la UE que afecta directa y diariamente a todos los
ciudadanos de la UE, que crea aproximadamente once millones de puestos de trabajo y constituye una herramienta básica de la integración europea.
En España, las infraestructuras de transporte absorben gran parte de la inversión pública del Estado. En un contexto en el que debemos acometer los importantes retos que nos plantea el futuro, una inversión más eficaz, guiada por criterios
objetivos que nos permitan priorizar el destino de nuestras inversiones garantizando la igualdad de
oportunidades y la cohesión territorial, es de importancia crucial para acometer dichos retos.
Desde finales de los años 80 se ha invertido en España en infraestructuras de transporte importantes cantidades de dinero que han permitido que hoy nuestras infraestructuras sean homologables a las del resto de países de nuestro entorno y en
algunos casos superiores. Este esfuerzo inversor se ha venido realizando por los sucesivos Gobiernos desde un convencimiento y un acuerdo político común tácito: la necesidad de equiparar a España con el resto de Europa en infraestructuras de
transporte.
Las políticas de transporte cumplen sus objetivos a largo plazo, su gestión transciende el periodo de una legislatura y sus consecuencias se extienden durante décadas y afectan a varias generaciones; por ello deben obedecer a criterios
estables con independencia del ciclo electoral o el signo político del Gobierno de turno. Criterios básicos como la seguridad, la movilidad, la sostenibilidad y la cohesión territorial, sustentados sobre principios y metodologías estables, deben de
gozar de un consenso político básico que permita orientar decisiones de forma efectiva hacia la satisfacción de las necesidades reales de las personas y de nuestro sector productivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un acuerdo por las infraestructuras y el transporte, entre los distintos partidos políticos, que oriente de forma estable y con independencia de las coyunturas políticas las
decisiones de planificación en materia de transporte e infraestructuras de transporte, con objeto de garantizar, de forma aún más eficaz, el derecho a la movilidad, la cohesión social y territorial, aumentar la productividad y competitividad de la
economía y combatir el cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2024.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancia del diputado Isidre Gavín i Valls, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Transportes y
Movilidad Sostenible, una Proposición no de Ley para una movilidad en alta velocidad al servicio de las personas.
Exposición de motivos
La descarbonización de la movilidad y el fomento del transporte público son instrumentos principales en la lucha contra el cambio climático, pero también un facilitador en la búsqueda de cubrir las principales necesidades de la ciudadanía:
trabajo, enseñanza, servicios básicos u ocio.
En este ámbito, el transporte ferroviario de alta velocidad media distancia AVANT se ha demostrado eficaz para ser competitivo con el vehículo privado para acceder a las grandes ciudades desde ciudades medias y muy útil para la movilidad
obligada, por esto está articulado como una obligación de servicio público (OSP) con apoyo financiero público del estado.
Así se demuestra la gran demanda y crecimiento con la reducción del coste de los bonos. Permite fijar la población al lugar de residencia en los casos de desplazamientos por trabajo, evitar los problemas de los accesos rodados a las
ciudades con un servicio de transportes sin emisiones.
Sin embargo, el servicio adolece de algunas carencias o incluso la evolución negativa en relación con la prestación del servicio y la percepción de los usuarios, especialmente en algunos de los destinos, por ejemplo:
1. Distribución desigual e injustificada de la oferta y falta de adecuación a la evolución de la demanda. Diferentes ciudades de entre 50.000 y 80.000 habitantes tienen entre 11 y 18 frecuencias; y ciudades de más de 140.000 habitantes
tienen 8 diarias, provocando en algunos casos una falta de plazas crónica y diaria.
2. No recuperación de servicios o de frecuencias del periodo previo a la pandemia.
3. No adaptar la política tarifaria en la etapa abierta a la competencia. Se producen disfunciones injustas y absurdas de precios que deben eliminarse, como por ejemplo que un billete Madrid-Barcelona sea más barato que un billete
Madrid-Lleida en el mismo trayecto y tren; que un billete Barcelona-Madrid sea más económico que un billete Lleida-Barcelona, o que la tarifa general AVANT (sin abono) sea más cara que un billete de AVE en tarifa general del mismo trayecto.
4. La presión para los usuarios de la falta de plazas de determinada destinaciones ha provocado que se detecte algún mal funcionamiento en la normativa de utilización de los abonos, esto ha provocado por parte del Ministerio una reacción
muy beligerante y agresiva con un cambio de normativa que puede ser disuasorio para el usuario por el gran perjuicio que le puede generar, como por ejemplo: penalizan al usuario habitual que, por error o retraso, no anulen la reserva de plazas que
han pagado con su abono: con tres viajes no utilizados se pierde el derecho a seguir comprando abonos; no permitir formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo del viaje programado, etc.
Hasta se penaliza a personas que, sí que viajan con billete, pero por incidencias del aplicativo no quedan registrados. También se penalizará a los asientos no ocupados de acuerdo con la numeración del billete cuando se han detectado
distintos cambios de tren y de numeración de plaza sin previo aviso para los usuarios, e incluso trenes sin plazas suficientes para los billetes vendidos.
Estas situaciones entre otras hacen necesario una actuación rápida y coherente para corregir y mejorar estas deficiencias, este es el motivo por el que el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a:
1. Declarar que el fomento de una movilidad ferroviaria de alta velocidad y media distancia es una vía eficiente para ofrecer una alternativa al vehículo privado, sostenible, descarbonizada y atractiva a los usuarios de movilidad obligada
de media distancia, y por tanto una buena herramienta por la lucha contra el cambio climático y contra la congestión viaria a los accesos a las ciudades.
2. Instar a RENFE a desarrollar una oferta ferroviaria que haga compatible la oferta de servicios comerciales de alta velocidad en un entorno de libre competencia con el servicio de alta velocidad media distancia con obligación de servicio
público (AVANT) para cubrir servicios de movilidad obligada dando la máxima importancia al segundo atendiendo la creación de valor público que representa y la naturaleza pública del operador.
3. Instar a RENFE a evaluar el estado de cobertura del servicio de alta velocidad-media distancia (AVANT) y que distribuya la oferta y los medios correspondientes de forma proporcional a la demanda.
4. Que paralelamente en los casos en los que se constata una falta de plazas diaria y crónica, como es el caso del servicio Lleida-Tarragona-Barcelona, implemente de forma urgente medidas para complementar la oferta ya sea con la
implementación de nuevas frecuencias, utilización de trenes con más capacidad, doble composición de trenes en hora
punta, reconfiguración de los horarios de los servicios, sinergirar vagones de trenes de alta velocidad (AVE) con capacidad disponible en la parada o cualquier otra.
5. Instar a RENFE a Recuperar la conectividad de media distancia entre territorios previa a la pandemia que no haya estado implementada hasta ahora, como por ejemplo las parades del Euromed en la estación de la Aldea para conectar les
Terres de l'Ebre con Barcelona y Valencia con alta velocidad y horarios competitivos, especialmente en las horas punta.
6. Instar a Renfe a realizar una revisión de los algoritmos utilizados para la venta de billetes a los efectos de eliminar disfunciones injustas y absurdas de precios, como por ejemplo que un billete Madrid-Barcelona sea más barato que uno
Madrid-Lleida en el mismo trayecto y tren; que un billete Barcelona-Madrid sea más económico que uno Lleida-Barcelona; o que la tarifa general AVANT (sin abono) sea más cara que un billete AVE en tarifa general del mismo trayecto, o establecer
mecanismos para corregirlos.
7. Complementar los contratos de obligación de servicio público (OSP) del servicio AVANT y en general en los billetes, para la sostenibilidad del servicio para ofrecer especialmente en los billetes con bono, pero también en los billetes con
tarifa general de AVANT unos precios suficientemente atractivos como para invitar a los ciudadanos a utilizar estos transportes alternativamente a la utilización del vehículo privado.
8. Instar a Renfe a realizar una revisión y evaluación exhaustiva del web, de aplicación de venta de billetes y de atención al público a los efectos de minimizar las constantes anomalías e incidencias que a menudo impiden hacer cambios,
compras o anulaciones de billetes en los plazos establecidos o según la necesidad del usuario con la consecuente alteración del servicio y perjuicio como la pérdida del derecho a viajar, la devolución de la compensación económica o la imposibilidad
de cambio.
9. Revisar las medidas de gestión de los bonos y las medidas sancionadoras a los usuarios en el caso de incumplimiento de la normativa de uso para hacer compatible un régimen de funcionamiento correcto de la normativa con la prestación del
servicio, evitando sanciones tan duras o inflexibles que disuaden a los usuarios de utilizar este transporte o evitar pérdidas económicas injustificadas.
10. Instar a las empresas Ouigo e Iryo, que son las que actualmente prestan servicios de alta velocidad en competencia con Renfe en la red del estado, a que amplíen su oferta de servicios más allá de las grandes destinaciones y que ofrezcan
cobertura a las ciudades medianas de la red.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-Isidre Gavin i Valls, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies del diputat Isidre Gavín i Valls, a l'empara del que estableix l'article 193 i ss del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió de Transports i Mobilitat
Sostenible, una Proposicio no de Llei per una mobilitat en alta velocitat al servei de les persones.
Exposició de motius
La descarbonització de la mobilitat i el foment del transport públic son instruments principals en la lluita contra el canvi climàtic però també un facilitador en la recerca de cobrir les principals necessitats de la ciutadania: treball,
ensenyament, serveis bàsics o oci.
En aquest àmbit, el transport ferroviari d'alta velocitat mitja distància AVANT s'ha demostrat eficaç per ser competitiu amb el vehicle privat per accedir a les grans ciutats des de ciutats mitjanes i molt útil per a la mobilitat obligada,
per això està articulat com una obligació de servei públic (OSP) amb recolzament financer públic de l'estat.
Així es demostra la gran demanda i creixent amb la reducció del cost dels abonaments. Permet fixar la població al lloc de residència en el cas de desplaçaments per treball, evita els problemes dels accessos rodats a les ciutats amb un
servei de transports sense emissions.
Malgrat això, el servei pateix d'algunes mancances o fins i tot una evolució negativa pel que fa a la prestació del servei i la percepció dels usuaris, especialment en alguns dels destins, per exemple:
1. Distribució desigual i injustificada de l'oferta i manca d'adequació a l'evolució de la demanda, com a resultat, diferents ciutats entre 50.000 i 80.000 habitants tenen entre 11 i 18 freqüències i ciutats de més de 140.000 habitants en
tenen 8 diàries provocant en alguns casos una manca de places crònica i diària.
2. No recuperació de serveis o de freqüències del període previ a la pandèmia
3. No adaptar la política tarifaria en l'etapa oberta a la competència. Es produeixen disfuncions injustes i absurdes de preus que cal eliminar, com per exemple que un bitllet Madrid-Barcelona sigui més barat que un Madrid-Lleida en el
mateix trajecte i tren; que un bitllet Barcelona-Madrid sigui més econòmic que un Lleida-Barcelona; o que la tarifa general AVANT (sense abonament) sigui més cara que un bitllet d'AVE en tarifa general del mateix trajecte.
4. La pressió per als usuaris de la manca de places de determinades destinacions ha fet que es detecti algun mal funcionament en la normativa d'utilització dels abonaments. Això ha provocat per part del Ministeri una reacció molt
bel·ligerant i agressiva amb un canvi de normativa que pot ser dissuasori per a l'usuari pel gran perjudici que li pot generar, com per exemple: penalitzen els usuaris habituals que, per error o retard, no anul·len la reserva de places que han
pagat amb el seu abonament: al cap de tres viatges no utilitzats es perd el dret a seguir comprant abonaments; no permetre formalitzar dos viatges en el mateix sentit fins que transcorri el triple del temps del viatge programat, etc.
Fins i tot es penalitza a persones que sí que viatgen amb bitllet però per incidències de l'aplicatiu no queden registrats. També es penalitzarà els seients no ocupats d'acord amb la numeració del bitllet quan s'han detectat diversos casos
de canvi de tren i de numeració de plaça sense avís per als usuaris, o fins i tot trens sense places suficients per als bitllets venuts.
Aquesta normativa tant exigent deixa a l'usuari en una posició d'indefensió ja que sovint es produeixen fallades i mal funcionament de l'aplicació de Renfe que no permet operar els canvis dins els terminis que l'empresa exigeix.
Aquestes situacions entre altres fa necessari una actuació ràpida i coherent per a corregir i millorar aquestes deficiències, aquest és el motiu pel el grup Parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés proposa la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats, insta al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a:
1. Declarar que el foment d'una mobilitat ferroviària d'alta velocitat i mitja distància és una via eficient per a oferir una alternativa al vehicle privat, sostenible, descarbonitzada i atractiva als usuaris de mobilitat obligada de mitja
distància i per tant, una bona eina per la lluita contra el canvi climàtic i contra la congestió viària als accessos a les ciutats.
2. Instar a Renfe a desenvolupar una oferta ferroviària que faci compatible l'oferta de serveis comercials d'alta velocitat en un entorn de lliure competència amb el servei d'alta velocitat mitja distància amb obligació de servei públic
(AVANT) per a cobrir serveis de mobilitat obligada donant la màxima importància al segon atès la creació de valor públic que representa i la naturalesa pública del serveis i de l'operador.
3. Instar a Renfe a avaluar l'estat de cobertura dels servei d'alta velocitat-mitja distància (AVANT) i que distribueixi l'oferta i els mitjans corresponents de forma proporcional a la demanda.
4. Que, paral·lelament, en els casos en els que es constata una manca de places diària i crònica, com és el cas del servei de Lleida-Tarragona-Barcelona, implementi de forma urgent mesures per a complementar l'oferta, bé sigui amb la
implementació de noves freqüències, utilització de trens amb més capacitat, doble composició de trens en hora punta, reconfiguració dels horaris dels serveis, sinergiar vagons de trens d'alta velocitat (AVE) amb capacitat disponible en la parada o
qualsevol altra.
5. Instar a Renfe a recuperar la connectivitat de mitja distància entre territoris prèvia a la pandèmia que no hagi estat implementada fins ara, com per exemple les parades de l'Euromed a l'estació de l'Aldea per tal de connectar les Terres
de l'Ebre amb Barcelona i València amb alta velocitat i horaris competitius especialment en les hores punta.
6. Instar a Renfe a fer una revisió dels algoritmes utilitzats per a la venda de bitllets als efectes d'eliminar disfuncions injustes i absurdes de preus, com per exemple que un bitllet Madrid-Barcelona sigui més barat que un Madrid-Lleida
en el mateix trajecte i tren, que un bitllet Barcelona-Madrid sigui més econòmic que un Lleida-Barcelona o que la tarifa general AVANT (sense abonament) sigui més cara que un bitllet d'AVE en tarifa general del mateix trajecte, o a establir
mecanismes per corregir-los.
7. Complementar els contractes d'obligació de servei públic (OSP) del servei AVANT i en general els recursos per a la sostenibilitat del servei per tal d'oferir especialment en els bitllets amb abonament, però també en els bitllets amb
tarifa general d'AVANT, uns preus suficientment atractius com per convidar als ciutadans a utilitzar aquest transport alternativament a la utilització del vehicle privat.
8. Instar a Renfe a fer una revisió i avaluació exhaustiva del web, de l'aplicació de venda de bitllets i de l'atenció al públic als efectes de minimitzar les constants anomalies i incidències que sovint impedeixen fer canvis, compres o
anul·lacions de bitllets en els terminis establerts o segons la necessitat de l'usuari amb la consegüent alteració del servei i perjudici com la pèrdua del dret a viatjat, el retorn de la compensació econòmica o la impossibilitat de canvi.
9. A revisar i modificar les mesures de gestió dels abonaments i les mesures sancionadores als usuaris en cas d'incompliment de la normativa d'ús per tal de fer compatible un règim de funcionament correcte de la normativa amb la prestació
del servei, evitant sancions tan dures o inflexibles que dissuadeixin als usuaris d'utilitzar aquest transport o evitar pèrdues econòmiques injustificades.
10. Instar a les empreses Ouigo i Iryo, que son les que actualment presten serveis d'alta velocitat en competència amb Renfe en la xarxa de l'estat, a que ampliïn la seva oferta de serveis més enllà de les grans destinacions i ofereixin
cobertura a les ciutats mitjanes de la xarxa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de març de 2024.-Isidre Gavín Valls, Diputat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000547
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, y en su representación su Portavoz Adjunta, lone Belarra Urteaga, miembro de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley en defensa de la enseñanza de todas las lenguas oficiales del Estado, para su debate y aprobación en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La Constitución Española, ya en su preámbulo, proclama la voluntad de proteger las lenguas de 'todos los españoles y pueblos de España' y en su artículo 3, además de reconocer que serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de
acuerdo con sus Estatutos de Autonomía, establece que serán objeto 'de especial respeto y protección'.
La aprobación posterior de los Estatutos de Autonomía estableció definitivamente la oficialidad de las demás lenguas del estado en sus respectivos territorios junto al castellano y el reconocimiento del derecho a su uso y aprendizaje. Como
consecuencia hoy, más de cuarenta años después de la aprobación de la Constitución, el uso de todas las lenguas oficiales es normal y general no solo en la sociedad sino también en los centros educativos.
El Tribunal Constitucional, en diversas resoluciones, ha señalado que la Constitución de 1978 reconoce la realidad plurilingüe y ve en ella un valor cultural no sólo asumible, sino también digno de ser promovido. El Alto Tribunal también ha
recordado que la regulación del régimen lingüístico incide sobre materias de considerable importancia, simbólica y afectiva, en la estructuración autonómica del Estado.
El Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio ('Boletín Oficial del Estado' de 6 de agosto), por el que se regula la acción educativa en el exterior, establece el marco normativo al que deben ajustarse los programas específicos para ciudadanos
españoles en el exterior.
La administración educativa española organiza enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas a través de aulas creadas a tal efecto. A su vez, estas aulas se ordenan en Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas (ALCE), cuya
creación y supresión compete al Ministerio de Educación, de acuerdo con el de Asuntos Exteriores y Cooperación.
El alumnado de las aulas de lengua y cultura españolas se encuentran integrados en el medio escolar y social del país donde residen. El objetivo prioritario de este programa es, como se establece en el artículo 4, 'el mantenimiento de
vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el exterior', desde el convencimiento del valor que ello aporta para el enriquecimiento personal de estos ciudadanos y para la difusión del acervo cultural español en sus países de
residencia.
En los últimos datos Estadísticos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, correspondientes al 1 de enero de 2023, el INE cuantificaba 420.634 menores de 16 años residiendo actualmente en el extranjero. El 28,49 % (119.787) de
estos tiene su origen en Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial.
Desde el grupo parlamentario Podemos consideramos que deben ofertarse clases de todas las lenguas oficiales del estado en igualdad de condiciones entre ellas en los programas específicos destinados a los niños y niñas españolas residentes en
el exterior.
Por ello presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a implementar a partir del curso escolar 20024/25 clases presenciales y medios digitales en igualdad de condiciones de todas las lenguas oficiales del estado en las Aulas de Lengua
y Cultura Españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar de más medios humanos y
materiales a las oficinas para trámites de extranjería, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Las oficinas de extranjería son unidades integradas en los diferentes servicios de la Administración General del Estado competentes en materia de extranjería e inmigración en el ámbito provincial con el objeto de garantizar la eficacia y
coordinación en la actuación administrativa. Su regulación se encuentra en los artículos 259 y siguientes del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (RLOEX).
La creación, supresión y modificación de dichas oficinas se impulsa desde la Secretaría de Estado de Migraciones, tras analizar la incidencia de la inmigración en los ámbitos provinciales correspondiente y previa consulta a los Ministerios
del Interior y de Política Territorial y Memoria Democrática.
El artículo 261 del Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería establece las funciones de las oficinas de extranjería, entre las cuales se incluyen la recepción de declaraciones de entrada, las tramitaciones de prórrogas de estancia, las
tarjetas de identidad de extranjeros o las autorizaciones de residencia y trabajo, entre otras. Además, se encargan de procesar procedimientos sancionadores, recursos administrativos, propuestas de resolución, asignación de números de identidad de
extranjero, solicitud de protección internacional y estadísticas demográficas sobre la población extranjera. También supervisan el mantenimiento de las condiciones de autorización. Cabe destacar que las ejecuciones de expulsiones y detenciones son
competencia de las brigadas y unidades de extranjería y documentación de las comisarías de policía.
Las oficinas españolas para trámites de extranjería llevan demasiado tiempo desbordadas. Y esto es especialmente cierto en ciudades capitales con gran cantidad de extranjeros, entre ellas, Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga o Almería.
Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las oficinas de extranjería españolas tienen un plazo máximo de tres meses para analizar toda la
documentación que los solicitantes presentan en instancias de tramitar sus permisos de residencia. Una vez se han verificado los requisitos, dichas oficinas deben resolver las solicitudes de manera favorable o denegatoria. Sin embargo, el colapso
que sufren estas oficinas en la actualidad hace que los solicitantes extranjeros deban esperar cuatro, cinco o seis meses para recibir su resolución.
Tal es así que, en los últimos meses, UGT, CCOO y el Defensor del Pueblo han emitido informes y quejas alertando de la situación de colapso en la que se encuentran las oficinas de extranjería de muchas ciudades de nuestro país. En las
oficinas de extranjería se reciben a un gran número de personas que por falta de expedición del DNI o del Permiso de Residencia no logran acceder a un contrato laboral. Los retrasos afectan especialmente a los solicitantes de asilo. Otro problema
sobre el que se pone el foco es el negocio fraudulento que están haciendo algunas personas que se dedican a acaparar todas las solicitudes de cita previa para luego venderlas y sacar un beneficio de cientos de euros.
Estas prácticas están prohibidas y la administración debe establecer medios y medidas para evitarlo.
La falta de personal es el factor determinante que provoca tales colapsos. En este sentido, los propios trabajadores de estas oficinas son los que están denunciando el empeoramiento de sus condiciones laborales en las que los funcionarios
de extranjería realizan su trabajo diario con un déficit estructural de recursos humanos, elevada sobrecarga de trabajo y bajas retribuciones. Además de la situación de mínimos en la plantilla que sufren muchas oficinas, en muchas de ellas existen
puestos vacantes que no se cubren y que, por tanto, impiden atender el volumen de trabajo que requiere la crisis migratoria actual.
Además, los extranjeros que acuden a realizar sus gestiones a estas oficinas se ven expuestos a una situación personal preocupante, pues los excesos en las esperas para la resolución de tales solicitudes, implica extender, en muchos casos,
su situación ilegal, alegal y/o de vulnerabilidad.
Ante la masiva y preocupante presión migratoria que se sucede en las costas de las Islas Canarias y ante la situación también insostenible en las salas de asilo del aeropuerto de Madrid-Barajas por el hacinamiento de centenares de
inmigrantes que no pueden tramitar sus solicitudes de protección internacional con normalidad, urge que el Gobierno analice la suficiencia de las plantillas destinadas a realizar los trámites de extranjería en las delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno en las ciudades de Madrid, Barcelona, Girona, Valencia, Murcia, Sevilla, Alicante, Málaga, Almería y Palma de Mallorca, principalmente. No sólo se deben tener en cuenta los tiempos medios de resolución de los expedientes o el número de
ellos asignados a cada funcionario, sino que también se ha de comparar el número de citas pendientes o el número de extranjeros residentes en esas provincias con tarjetas de residencia, o con tarjetas de solicitud de asilo en vigor.
Igual de necesaria es la revisión urgente de la aplicación informática de cita previa de extranjería de la Sede Electrónica de Administraciones Públicas, pues se deben adoptar las decisiones y acciones oportunas para garantizar el derecho de
los ciudadanos a solicitar y obtener en tiempo y forma una cita.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Dotar de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios a las oficinas para trámites de extranjería que actualmente se encuentran en situación de colapso, en especial aquellas que se encuentran en las ciudades de Madrid, Barcelona,
Girona, Valencia, Murcia, Sevilla, Alicante, Málaga, Almería y Palma de Mallorca.
- Cubrir todas las plazas vacantes de la plantilla de funcionarios en las oficinas donde sea pertinente.
- Reforzar la plantilla de funcionarios de la Administración General del Estado destinados a las oficinas españolas de extranjería.
- Aumentar el número de agentes de la Policía Nacional destinados al control de las salas de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid, Barajas para que puedan desarrollar su labor de manera eficaz.
- Acometer las actuaciones necesarias para revertir la situación de insalubridad y pésimas condiciones en las que se encuentran las instalaciones de algunas salas de asilo en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2024.-Sofía Acedo Reyes, Diputada.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Marije Fullaondo y Oskar Matute, diputada y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la exclusión de las personas extranjeras en situación administrativa irregular a la formación para el empleo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El pasado 1 de enero de 2024 entró en vigor la DA52 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por la que debe incluirse en el Sistema de la Seguridad Social al alumnado que realice prácticas formativas o académicas
externas en programas de formación (incorporada por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de
sostenibilidad del sistema público de pensiones en su disposición final décima).
Sin ninguna duda es una medida positiva que mejora las condiciones de las personas que, durante su periodo de prácticas, van a tener la opción de cotizar a la seguridad social, aunque las prácticas no sean remuneradas.
Pero esta medida -como se ha dicho-, positiva en general, supone un perjuicio grave para las personas extranjeras que se encuentran en situación administrativa irregular, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral
Navarra, que no han sido tenidas en cuenta. Es decir, la norma nos ha generado un problema que anteriormente no existía.
En la Comunidad Autónoma Vasca, estas personas acceden a través de Lanbide a cursos de formación para el empleo y, en la Comunidad Foral Navarra, a través de Lansare, pero, al parecer, en el resto del Estado no existe esa opción.
Probablemente éste sea el origen del problema generado: el hecho de haber regulado, una vez más, por igual para todas las CC.AA. sin tener en cuenta que nuestras realidades son diferentes.
La formación para el empleo con acceso a un Certificado de Profesionalidad, exige la realización de prácticas laborales en empresas. Dichas prácticas son gestionadas por los centros formativos, una vez superada la parte teórica. Como estas
personas están en situación irregular, al no tener permiso de residencia, no pueden cotizar a la Seguridad Social y, por lo tanto, la primera consecuencia es que dejan de poder acceder a esta formación para el empleo.
La inquietud que esto ha generado en los centros de formación y en algunas empresas de nuestras comunidades autónomas ha llevado, incluso, a que algunos de estos alumnos y alumnas fueran expulsadas, a pesar de que no estar afectadas por la
norma, ya que habían iniciado su formación con anterioridad a enero de 2024.
La situación creada por esta norma y la gravedad de sus consecuencias se han puesto de manifiesto por organizaciones del tercer sector que trabajan con estos colectivos. Denuncian que han venido avisando de estas consecuencias que genera la
norma, pero nadie ha hecho nada efectivo.
También se ha generado preocupación en los centros formativos, que pueden ver reducida de forma importante su actividad.
Además, la situación resulta contradictoria con la reforma legislativa en el Estado el año pasado por la que se abre una nueva vía para acceder a la regularización administrativa a través del arraigo por formación (reforma del reglamento de
extranjería (RLOEX) aprobada a través del Real Decreto 629/2022, de 26 de julio); formación a la que, ahora, esta norma le cierra el paso y, por lo tanto, hace imposible que las personas en situación irregular puedan acceder al mencionado 'arraigo
por formación'.
Es, en realidad, una cuestión de derechos humanos que, por un lado, coloca en situación de aún mayor vulnerabilidad a estas personas (sobre todo, mujeres y jóvenes) cerrando el paso a cualquier acción que pueda mejorar su situación y, por
otro, deja en papel mojado la vía reconocida por el propio régimen de extranjería para acceder a la regularización administrativa a través del arraigo por formación.
En conclusión, la situación creada por la norma necesita ser resuelta pues está causando un perjuicio que ni siquiera fue previsto, por la singularidad de que, al parecer, sólo los servicios públicos de empleo de la Comunidad Autónoma Vasca
(Lanbide) y de la Comunidad Foral Navarra (Lansare) ofrecen formación para el empleo a las personas migrantes en situación administrativa irregular.
El ámbito competencial autonómico impide que la solución se pueda adoptar desde los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral Navarra, puesto que se trata de la cotización a la Seguridad Social, que no está transferida
a nuestras CCAA. Por lo tanto, la resolución efectiva pasa por cambiar la norma que ha originado el perjuicio.
Por todo lo expuesto anteriormente se propone, para su debate y votación, la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones necesarias en la Disposición Adicional décima del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, para evitar la exclusión de las personas extranjeras en situación
administrativa irregular del acceso a la formación para el empleo, restituyendo y garantizando así el derecho al acceso a la formación para el empleo que hasta ahora ejercían y el cual resulta necesario para que el arraigo por formación sea
reconocido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-Marije Fullaondo la Cruz, Diputada.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Comisión de Industria y Turismo
161/000521
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de fomento del turismo industrial y mantenimiento y conservación de nuestro
patrimonio cultural, para su debate y votación en Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Nuestro país tiene un eminente carácter industrial gracias a los distintos procesos históricos que ha atravesado a lo largo de los años, quedando reflejado en su rica herencia cultural. Desde el inicio de la revolución industrial, diversas
regiones iniciaron un proceso de industrialización en torno a actividades extractivas de materias primas y minerales, de transformación, de fabricación de bienes y equipos o de generación de energía. Una industrialización posibilitada, en parte,
por la introducción del ferrocarril como principal motor de este proceso y a la incorporación de nuevas tecnologías, infraestructuras y obra pública.
Desde estos inicios, son muchas las construcciones que, con el paso de los años, quedaron en desuso y forman parte, en la actualidad, de una diversa herencia industrial repartida por todo el país. Un patrimonio que evidencia las actividades
del pasado, las consecuencias históricas de la industrialización y que sirve como testigo de la cultura del trabajo. Dicho legado queda reflejado, desde el año 2000, en nuestro Plan Nacional de
Patrimonio Industrial, donde se recopila, según este, el 'conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de
transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido de la revolución industrial'. Asimismo, el propio Plan explica que 'estos bienes se deben entender como un todo integral compuesto por el paisaje en
el que se insertan, las relaciones industriales en que se estructuran, las arquitecturas que los caracteriza, las técnicas utilizadas en sus procedimientos, los archivos generados durante su actividad y sus prácticas de carácter simbólico'.
En la misma línea, el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), organización que promueve la cooperación internacional para la preservación y conservación del patrimonio industrial, afirma que este se
compone de 'restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico' y apunta a que estos consisten fundamentalmente en 'edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios
para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria,
tales como la vivienda, el culto religioso o la educación'.
Fue en la Convención para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) del año 1972 cuando se reconoce el valor del patrimonio
industrial como parte del patrimonio cultural, siendo la Mina de sal de Wieliczka (Polonia) la primera construcción industrial que se introdujo en la lista de Patrimonio Mundial.
Todo lo anterior nos acerca a destacar que el patrimonio industrial supone un recurso activo de gran impacto económico, social y cultural, de alta capacidad de regeneración del territorio y de creación de perspectivas comerciales. Se trata
de un recurso capaz de atraer flujos turísticos que tienen como motivación el conocer manifestaciones culturales, monumentales, arqueológicas o cualquier otra humana que ayude a su enriquecimiento personal. Motivación alineada con la definición de
turismo cultural de la Organización Mundial del Turismo (OMT), donde apunta a que es aquella actividad en la que su incentivo principal es 'aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos productos culturales, materiales e inmateriales,
de un destino turístico'.
En este contexto, existe distinta literatura académica que considera que el turismo industrial podría considerarse como una nueva modalidad o variante dentro de la oferta que ofrece el turismo cultural. En este contexto, la conservación de
nuestro patrimonio, así como el fomento de la arqueología industrial, son determinantes para la consolidación de un turismo que se encuentra en auge y que supone una alternativa sostenible para el desarrollo turístico de los territorios tras el cese
de su actividad industrial, permitiendo conocer la realidad y diversidad de estos, reflejo de la dinámica industrial de cada región. En este sentido, los poderes públicos tienen un papel decisivo en la tarea de garantizar el mantenimiento,
conservación y promoción de nuestro patrimonio histórico y cultural tal y como reconoce el artículo 46 de la Constitución Española.
En nuestro país, podemos encontrar ejemplos de arqueología industrial repartidos por todo el territorio, donde Cataluña, País Vasco, Asturias o Castilla La-Mancha, entre otras, están siendo pioneras en este tipo de turismo por la gran
cantidad de instalaciones, infraestructura y obra pública de carácter industrial de la que disponen.
Además, la industria viva de todo tipo, incluida la agricultura y la producción de alimentos, también juega un papel decisivo en el turismo industrial. Cada vez son más las empresas que permiten al turista conocer sus procesos productivos,
su tecnología y las condiciones de trabajo con el objetivo de acercar al turista su historia y dar a conocer las tradiciones industriales, lo cual genera economía y posibilita conocer la realidad de nuestro tejido empresarial. En este sentido, la
Norma de Calidad Turística UNE-ISO 13810 sirve a las empresas como herramienta sostenible de gestión para la muestra al visitante y puede suponer para estas un elemento diferenciador generador de competitividad y de mejora en su reputación e imagen.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar las experiencias turístico-industriales, así como el mantenimiento y conservación del patrimonio industrial disponible con el objetivo de aprovechar el gran potencial de nuestro país y posicionarnos como líderes en turismo
industrial.
2. Actualizar el actual Plan Nacional de Patrimonio Industrial donde se recogen los bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad generados por el sistema económico surgido de la 'revolución industrial' y que se encuentran
relacionados con la cultura del trabajo. Asimismo, mantener la apuesta por las tareas de identificación y valoración de bienes industriales susceptibles de introducirse en dicho Plan.
3. Promover, entre la industria, la aplicación de la Norma de Calidad Turística UNE-ISO 13810 como herramienta de gestión para la muestra al visitante de sus procesos productivos del presente o pasado, con el objetivo de aportar valor
añadido a su actividad, así como favorecer la mejora de su imagen y competitividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Andreu Martín Martínez, María Carmen Castilla Álvarez, César Joaquín Ramos Esteban, Cristina López Zamora, María Dolores Corujo
Berriel, María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, Jesús Mayoral Pérez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, David Regades Fernández, María Guijarro Ceballos y Roberto García Morís, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000526
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de reforzamiento de medidas destinadas a la industria agroalimentaria, para su
debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria agroalimentaria es un sector estratégico y esencial para nuestro país por su capacidad de generación de actividad económica, de alta influencia sobre otros sectores, y por su contribución a la creación y mantenimiento de puestos
de trabajo estables. El sistema agroalimentario representa en torno al 10 % del PIB de España, con una facturación anual, según la Estadística Estructural de Empresas del INE, de más de 140.000 millones de euros, lo que representa el 24,2 % del
sector manufacturero, siendo así el subsector industrial más importante de nuestro país. Además, según la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2023, ocupa a más de 549.000 personas, mayormente integrada por fuerza laboral local.
Ello contribuye al desarrollo de zonas rurales, la vertebración territorial y la promoción de la cohesión social.
Se trata de un sector cuya estructura empresarial se encuentra muy atomizada y que cuenta con más de 30.000 empresas en su tejido, de las cuales un 95,7 % son pymes con menos de 50 empleados y un 79,5 % tiene menos de 10. Del mismo modo, es
una industria de alta capacidad exportadora gracias a la proyección internacional de nuestros productos por su calidad y diversidad, representando casi el 20 % de las exportaciones del país, lo que nos sitúa como cuarto exportador europeo y séptimo
a nivel mundial, según ICEX España Exportación e Inversiones.
Durante los últimos años, el sector está inmerso en una profunda transformación de su sistema productivo para lograr afrontar sus desafíos de futuro, entre los que destacan el
generar un ecosistema empresarial más verde, digital y descarbonizado, el fortalecimiento de su estructura empresarial favoreciendo el crecimiento de las pymes, la mejora de la trazabilidad y seguridad alimentaria, además de la incorporación
de nuevas tecnologías e innovación en toda la cadena de valor o los cambios en los hábitos de consumo de la ciudadanía, entre otros.
Abordar estos retos requiere de una implicación de las Administraciones públicas y una estrecha colaboración con todo el sistema agroalimentario, que demandará también de una sólida respuesta del espacio comunitario europeo para maximizar la
oportunidad de impulsar y reforzar la innovación y digitalización del sector agroalimentario español. En este sentido, el Gobierno de España ha puesto en marcha, en el marco de los Fondos Europeos Next Generation EU, el PERTE (Proyecto Estratégico
para la Recuperación y Transformación Económica) Agroalimentario. Este tiene el objetivo de mejorar la competitividad del sector, su sostenibilidad, la trazabilidad y seguridad mediante una serie de inversiones y actuaciones, así como de medidas
que permitan promover una producción agroalimentaria sostenible, competitiva y resiliente, además de consolidar la transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero.
El pasado mes de febrero se publicó la resolución definitiva de la primera convocatoria en su eje 1 centrado en el apoyo a la industria alimentaria, que adjudicó 163 millones en subvenciones y más de 20 millones de euros en la modalidad de
préstamos. Un PERTE que ya está financiando a cerca de 300 proyectos de más de 200 empresas y que abarcan actuaciones en 14 comunidades autónomas. Ejemplo de ello son los proyectos: Spain Food Valley del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad
Alimentaria (CNTA), en Navarra: AccelerEAT del Instituto Tecnológico Agroalimentario Ainia; o el proyecto GRAPERTE de la Federación Española del Vino (FEV), entre otros.
Al PERTE se le suma otras medidas que están generando un notable beneficio al sector para impulsar su competitividad, modernización y sostenibilidad, como son: las ayudas extraordinarias por la sequía; inversiones en modernización de
regadíos; el apoyo a la contratación de seguros agrícolas; la bonificación del gasóleo; o el mantenimiento del sistema de módulos del IRPF, entre otras medidas. Además, el Gobierno está defendiendo en las instituciones europeas una
simplificación y flexibilización de la PAC, junto a un gran pacto rural europeo para dar respuesta a las necesidades y preocupaciones de los agricultores y ganaderos.
El sistema agroalimentario integra una serie de eslabones de muy heterogénea composición. En este sentido, merece un especial comentario el sector de la pesca y la acuicultura español, así como todas las empresas que integran su cadena de
valor. El Gobierno, en su compromiso con su tejido empresarial y sus trabajadores y trabajadoras, ha solicitado a la Comisión Europea la autorización para el despliegue de nuevas ayudas y que puedan incorporarse al PERTE Agroalimentario y al
aprovechamiento de sus recursos e instrumentos.
Por todo ello y con el compromiso con el sector agroalimentario, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar, en el año 2024, una nueva convocatoria de ayudas del PERTE Agroalimentario que permita dotar al sistema agroalimentario de los recursos necesarios para reforzar su actividad y avanzar en su transformación hacia un ecosistema
más sostenible, rentable, competitivo y resiliente que permita asegurar la producción y un empleo agrario de calidad.
2. Impulsar en la Comisión Europea la autorización para el despliegue de nuevas ayudas para la industria transformadora de la pesca para que pueda avanzar en la transformación industrial, medioambiental y digital de sus procesos
productivos.
3. Mantener la apuesta por el diálogo permanente con la industria agroalimentaria con el objetivo de atender y dar respuesta a los retos que afronta el sector para su transformación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2024.-Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Andreu Martín Martínez, María del Carmen Castilla Álvarez, César Joaquín Ramos Esteban, Cristina López Zamora, María Dolores Corujo
Berriel, María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, Jesús Mayoral Pérez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla y David Regades Fernández, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el
acceso de las empresas a los fondos europeos y asegurar una gestión eficiente de los PERTEs industriales y las convocatorias genéricas para la industria, para su debate en instancia en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Catalunya no dispone de autonomía para diseñar las líneas de ayudas y los instrumentos jurídicos para hacer llegar los fondos Next Generation al tejido económico y productivo, dado que la centralización del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) no otorga una potestad real y efectiva en las fases decisorias y de ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
De los 3.484 MEUR de recursos del MRR que los diferentes ministerios han traspasado a los departamentos de la Generalitat de Catalunya, no hay recursos para hacer política industrial, los cuales se han gestionado todos íntegramente desde el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esto es poco coherente con el hecho de que Catalunya representa más del 22,5 % del VAB industrial del Estado español (un 25,5 % si solo consideramos la industria manufacturera), y con el hecho de que
Catalunya, de acuerdo con el artículo 139 del Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de industria (exceptuando su planificación, que comparte en el marco de la planificación general de la economía).
Además, constatamos con preocupación que el despliegue del Plan de Recuperación está siendo ineficaz en la hora de apoyar proyectos empresariales, especialmente en industria. Esto lo demuestra el alto porcentaje de recursos que quedan sin
asignar en las convocatorias de ámbito estatal. Según los cálculos de la Generalitat de Catalunya, de los 13.866 MEUR que la Administración Estatal ha resuelto a fecha 31 octubre de 2023, 4.240 MEUR han quedado desiertos, es decir, el 31 % de los
recursos no han llegado a ningún beneficiario. Adicionalmente, en estos momentos hay convocados 12.965 MEUR pendientes de resolución, de los cuales se estima que unos 3.965 MEUR podrían llegar a quedar también desiertos.
La parte más importante de los recursos sin asignar corresponde, precisamente, al Ministerio de Industria y Turismo, que concentra una parte muy importante del total de recursos desiertos. La ineficacia de las convocatorias la encontramos
tanto en el marco de los PERTEs industriales como en las convocatorias genéricas para la industria. Por ejemplo, en la primera convocatoria del PERTE para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), el 73 % de los 2.975 MEUR quedaron
desiertos; la convocatoria del
PERTE Agroalimentario (AGRO), su resolución provisional deja desiertos un 68 % de los 510 MEUR convocados (provisional); la convocatoria del PERTE NAVAL no adjudica un 70 % de los 190 MEUR convocados (provisional). En cuanto a las
convocatorias genéricas, las líneas para inversión, digitalización o sostenibilidad industrial tienen, también, bajos índices de eficacia. Por ejemplo, la convocatoria 'ACTIVA Financiación', con una dotación de 235 MEUR entre los años 2021 y 2022,
solo ha asignado 19,7 MEUR, es decir, el 92 % ha quedado desierto. O la convocatoria de 'Industria Conectada 4.0' por proyectos de I+D+I, que ha adjudicado solo el 10 % de los 95 MEUR convocados.
Y esto está pasando mientras las empresas de Catalunya necesitan urgentemente acceder al apoyo de los fondos europeos para avanzar en la transformación digital y verde de sus sistemas productivos y de sus modelos de negocio para afrontar con
solvencia los retos de futuro. Es una paradoja que, por un lado, estén quedando convocatorias desiertas y, por otro lado, las empresas sigan frustradas sin encontrar la manera de acceder a estos fondos.
Los principales motivos que podrían explicar este bajo grado de éxito en las convocatorias estatales son: a) exceso en la restricción de los posibles beneficiarios a cada convocatoria (limitación de CNAEs); b) gran volumen de convocatorias
y licitaciones a los cuales una empresa puede acceder, más de 400 convocatorias y 2.200 licitaciones; c) ventanas de solicitud cortas y falta de previsión, haciendo difícil la planificación de los proyectos a ejecutar; d) solapamiento entre
diferentes líneas de ayuda para un solo proyecto, debido a la descoordinación entre ministerios (por ejemplo, rehabilitación o digitalización).
En este contexto, y viendo las grandes dificultades que estaban encontrando las empresas de Catalunya para poner en marcha proyectos de transformación, la Generalitat de Catalunya, con recursos propios, abrió una línea de ayudas durante el
2022 para ayudar a las empresas a realizar inversiones industriales, la línea de ayudas para 'projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses
industrials'. El diseño de esta línea se hizo partiendo de las necesidades reales de las empresas catalanas y teniendo en cuenta sus características. El presupuesto inicial era de 10 MEUR, y ante la gran demanda que hubo, se acabó ampliando a 45,7
MEUR, para apoyar un total de 200 proyectos innovadores. Esto es más del doble del que se ha asignado con la línea 'ACTIVA Financiación', de ámbito estatal, en 2 años.
Este caso ejemplifica el potencial que se está perdiendo debido a un mal diseño de los fondos, y señala la dirección de cómo se podría mejorar muy significativamente en el despliegue de los Fondos Next Generation. Otro ejemplo de buena
práctica es el 'Programa d'ajuts a inversions d'Alt Impacte', con un presupuesto inicial acumulado de 33,4 MEUR entre los años 2021 y 2023, y que se ha acabado ampliando a 74,3 MEUR para dar respuesta a la demanda de proyectos.
Con la voluntad de revertir esta situación de pérdida de oportunidad de los Fondos Next Generation, la Generalitat de Catalunya ha trabajado una propuesta de PERTE TERRITORIAL dirigido a la industria, que permita en Catalunya diseñar y
gestionar directamente los fondos europeos con la voluntad que los recursos lleguen ágilmente al tejido productivo.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar, en el plazo máximo de 1 mes, las modificaciones legislativas necesarias para traspasar la gestión de los PERTE a las Comunidades Autónomas que lo soliciten.
2. Realizar, en el plazo máximo de 1 mes, las modificaciones necesarias para que las cantidades no asignadas de los PERTEs industriales y las convocatorias genéricas para la industria sean gestionadas por las Comunidades Autónomas que lo
soliciten, con el objetivo de impulsar los proyectos empresariales que requieren del apoyo de los fondos europeos y que hasta día de hoy no han tenido una forma fácil de acceder a estos recursos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a garantir
l'accés de les empreses als fons europeus i assegurar una gestió eficient dels PERTEs industrials i les convocatòries genèriques per a la indústria, per al seu debat a la Comissió d'Indústria i Turisme.
Exposició de motius
Catalunya no disposa d'autonomia per dissenyar les línies d'ajuts i els instruments jurídics per fer arribar els fons Next Generation al teixit econòmic i productiu, atès que la centralització del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (PRTR) no atorga una potestat real i efectiva en les fases decisòries i d'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).
Dels 3.484 MEUR de recursos MRR que els diferents ministeris han traspassat als departaments de la Generalitat de Catalunya, no hi ha recursos per fer política industrial, els quals s'han gestionat tots íntegrament des del Ministeri
d'Indústria, Comerç i Turisme. Això és poc coherent al fet que Catalunya representa més del 22,5 % de VAB industrial de l'estat espanyol (un 25,5 % si només considerem la indústria manufacturera), i al fet que Catalunya, d'acord amb l'article 139
de l'Estatut d'Autonomia, té competència exclusiva en matèria d'indústria (exceptuant-ne la seva planificació, que comparteix en el marc de la planificació general de l'economia).
A més, constatem amb preocupació que el desplegament del Pla de Recuperació està sent ineficaç a l'hora de recolzar projectes empresarials, especialment en indústria. Això ho demostra l'alt percentatge de recursos que queden sense assignar
en les convocatòries d'àmbit estatal. Segons els càlculs de la Generalitat de Catalunya, dels 13.866 MEUR que l'Administració Estatal ha resolt a data 31 octubre de 2023, 4.240 MEUR han quedat deserts, és a dir, el 31 % dels recursos no han arribat
a cap beneficiari. Addicionalment, en aquests moments hi ha convocats 12.965 MEUR pendents de resolució, dels quals s'estima que uns 3.965 MEUR podrien arribar a quedar també deserts.
La part més important dels recursos sense assignar correspon, precisament, al Ministeri d'Indústria i Turisme, que concentra una part molt important del total de recursos deserts. La ineficàcia de les convocatòries la trobem tant en el marc
dels PERTEs industrials com en les convocatòries genèriques per a la indústria. Per exemple, en la primera convocatòria del PERTE per al desenvolupament del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC), el 73 % dels 2.975 MEUR van quedar deserts; la
convocatòria del PERTE Agroalimentari (AGRO), la seva resolució provisional deixa deserts un 68 % dels 510 MEUR convocats (provisional); la convocatòria del PERTE NAVAL no adjudica un 70 % dels 190 MEUR convocats (provisional). Pel que fa a les
convocatòries genèriques, les línies per a inversió, digitalització o sostenibilitat industrial tenen baixos índex d'eficàcia, també. Per exemple, la convocatòria 'ACTIVA Financiación', amb una dotació de 235 MEUR entre els anys 2021 i 2022, només
ha assignat 19,7 MEUR, és a dir, el 92 % ha
quedat desert. O la convocatòria d''Indústria Connectada 4.0' per projectes d'R+D+I, que ha adjudicat només el 10 % dels 95 MEUR convocats.
I això està passant mentre les empreses de Catalunya necessiten urgentment accedir al suport dels fons europeus per avançar en la transformació digital i verda dels seus sistemes productius i dels seus models de negoci per afrontar amb
solvència els reptes de futur. És una paradoxa que, per una banda estiguin quedant convocatòries desertes i, per altra banda, les empreses segueixen frustrades sense trobar la manera d'accedir a aquests fons.
Els principals motius que podrien explicar aquest baix grau d'èxit en les convocatòries estatals són: a) excés en la restricció dels possibles beneficiaris a cada convocatòria (limitació de CNAEs); b) gran volum de convocatòries i
licitacions als quals una empresa pot accedir, més de 400 convocatòries i 2.200 licitacions; c) finestres de sol·licitud curtes i falta de previsió, fent difícil la planificació dels projectes a executar; d) solapament entre diferents línies
d'ajut per a un sol projecte, degut a la descoordinació entre ministeris (per exemple, rehabilitació o digitalització).
En aquest context, i veient les grans dificultats que estaven trobant les empreses de Catalunya per engegar projectes de transformació, la Generalitat de Catalunya, amb recursos propis, va obrir una línia d'ajuts durant el 2022 per ajudar a
les empreses a realitzar inversions industrials, la línia d'ajuts per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials. El disseny
d'aquesta línia es va fer partint de les necessitats reals de les empreses catalanes i tenint en compte les seves característiques. El pressupost inicial era de 10 MEUR, i davant la gran demanda que hi va haver, es va acabar ampliant a 45,7 MEUR,
per recolzar un total de 200 projectes innovadors. Això és més del doble del que s'ha assignat amb la línia 'ACTIVA Financiación', d'àmbit estatal, en 2 anys.
Aquest cas exemplifica el potencial que s'està perdent degut a un mal disseny dels fons, i assenyala la direcció de com es podria millorar molt significativament en el desplegament dels Fons Next Generation. Un altre exemple de bona
pràctica és el Programa d'ajuts a inversions d'Alt Impacte, amb un pressupost inicial acumulat de 33,4 MEUR entre els anys 2021 i 2023, i que s'ha acabat ampliant a 74,3 MEUR per donar resposta a la demanda de projectes.
Amb la voluntat de revertir aquesta situació de pèrdua d'oportunitat dels Fons Next Generation, la Generalitat de Catalunya ha treballat una proposta de PERTE TERRITORIAL dirigit a la indústria, que permeti a Catalunya dissenyar i gestionar
directament els fons europeus amb la voluntat que els recursos arribin àgilment al teixit productiu.
Per tot això, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Realitzar, en el termini màxim d'1 mes, les modificacions legislatives necessàries per a traspassar la gestió dels PERTE a les Comunitats Autònomes que ho sol·licitin.
2. Realitzar, en el termini màxim d'1 mes, les modificacions necessàries perquè les quantitats no assignades dels PERTEs industrials i les convocatòries genèriques per a la indústria siguin gestionades per les Comunitats Autònomes que ho
sol·licitin, amb l'objectiu d'impulsar els projectes empresarials que requereixen del suport dels fons europeus i que fins a dia d'avui no han tingut una forma fàcil d'accedir a aquests recursos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000546
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar al sector de la
automoción, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria de la automoción es un sector estratégico para la economía española, referente para el conjunto del tejido industrial por su capacidad de innovación, por su efecto tractor sobre otras ramas industriales como la siderurgia, la
química, etc, y un factor crítico para propiciar el desarrollo económico de muchas Comunidades Autónomas.
La llegada de la pandemia supuso una dificultad añadida al complejo proceso de transformación del conjunto de la industria de la automoción, que se ha visto agravado por los cuellos de botella en las cadenas de suministro y la escasez de
semiconductores, problemas logísticos a nivel mundial, el alza en el precio de materias primas esenciales para la cadena productiva y, tras la invasión rusa de Ucrania, una aceleración en el incremento de los costes energéticos.
España es el segundo productor de vehículos en Europa y el octavo a nivel mundial, y aunque ha consolidado en 2023 la recuperación tras la pandemia con un crecimiento del 10,4 % con respecto a 2022, alcanzando una producción total de
2.451.221, aún se encuentra lejos de los niveles de 2019 -cuando se fabricaron 2,8 millones de vehículos en nuestro país-.
Su contribución a las exportaciones nacionales supera el 10 %, exportando en 2023 2.201.802 vehículos, un 13,9 % más que en 2022 pero un 4,69 % menos que en 2019, generando más de 18.000 millones de euros de saldo comercial positivo. Nueve
de cada diez vehículos fabricados en España se encuentran circulando por las carreteras de otros países, lo que refleja su grado de internacionalización y capacidad para competir en los mercados globales.
El sector representa más del 8 % del PIB y el 9 % del empleo, aportando dos millones de empleos directos e indirectos, con un ecosistema liderado por grandes compañías multinacionales que han generado una cadena de valor a su alrededor con
relevante presencia de pymes, que necesitan fuentes de financiación estables y tienen que afrontar un proceso de digitalización y descarbonización, manteniendo su capacidad industrial y el empleo.
Es un sector con retos inmediatos cruciales y altas exigencias de cambio, ya que en 2035 debe modificar su tecnología actual, basada en motores de combustión, lo que supone un riesgo industrial y un reto para la viabilidad de las empresas
del sector.
Ante este desafío, el Ministerio de Industria y Turismo tiene una responsabilidad ineludible en la generación y mantenimiento de un entorno estable, predecible y competitivo, que garantice el desarrollo y crecimiento, tanto de los
fabricantes, como de los proveedores de componentes, con políticas públicas que contribuyan a mantener la posición de nuestra automoción en los mercados internacionales.
Por tanto, España no puede permitirse más incertidumbre e inseguridad jurídica, generadoras de externalidades negativas que ya están penalizando la inversión, por lo que el Ministerio de Industria y Turismo y el Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico deberían focalizar sus esfuerzos en fortalecer la industria y la adaptación hacia una nueva movilidad.
Precisamente, frente a debates estériles sobre una movilidad sin coches que solo crean incertidumbre en los consumidores, nuestra industria espera respuestas que faciliten la penetración del vehículo electrificado y el desarrollo de las
infraestructuras de recarga, de manera acorde a nuestra realidad social y económica.
Es perfectamente compatible cumplir los objetivos de neutralidad climática y calidad del aire, manteniendo la riqueza y el empleo de un sector clave para España, contando con todos los medios de transporte sostenibles, sin exclusiones.
Para que la transición hacia la descarbonización sea exitosa, se deben mantener como principios esenciales de política industrial la libre movilidad ciudadanos y empresas, la preservación de la unidad de mercado, la coherencia en su
aplicación en todo el territorio nacional y la eficiencia en su adaptación al comercio y el transporte.
Sólo así, se podrá implementar una política industrial exitosa que permita que la automoción de nuestro país sea receptora de nuevas inversiones en un contexto de abierta competición entre países, dentro y fuera de la zona euro. La
consecuencia de no atraer nuevas inversiones es la deslocalización y la pérdida de las ya existentes.
Los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia eran una gran oportunidad para alcanzar los objetivos de electrificación de la movilidad y reducción de la huella de carbono, pero tras casi tres años desde la aprobación del
PERTE VEC, y después de tener que recurrir al menos a tres convocatorias, los fondos del PERTE adjudicados ascienden tan solo al 56 % de los 4.210 millones de fondos públicos presupuestados.
Además, los retrasos para concretar las inversiones y convocatorias del PERTE de Semiconductores, con una inversión pública prevista de 12.250 millones de euros y un 0,4 % adjudicado, suponen otro importante retraso para garantizar una
autonomía tecnológica y un suministro estable de componentes para la automoción.
Como complemento a otras actuaciones, si la política fiscal se orientase hacia un sistema de incentivos eficaz y eficiente, podría ser una importante herramienta para impulsar las ventas de vehículos electrificados y aportar seguridad a los
ciudadanos, a través de deducciones fiscales y de un nuevo planteamiento del plan Moves.
En primer lugar, las deducciones fiscales del 15 % sobre el valor de adquisición de un vehículo eléctrico y de la inversión para la instalación de un sistema de recarga para vehículos eléctricos se han configurado como insuficientes, y se
debe ponderar el beneficio que estas inversiones pueden suponer en la economía y a nivel ambiental para incrementar estas cuantías.
Por otra parte, el Plan Moves III no ha dado el resultado esperado. Tan solo hace falta revisar los datos de ejecución que hace públicos el IDAE para apreciar cómo el porcentaje de resoluciones respecto del presupuesto solicitado es
únicamente del 50 %, a pesar de que las solicitudes superan significativamente los fondos asignados. Y todo ello sin entrar a valorar las resoluciones de pago, en los cuales los datos que maneja el sector son paupérrimos.
Esta situación obedece a un Programa que se ha diseñado con un exceso de tramitación administrativa, con resoluciones de concesión que en muchos casos superan los 6 meses.
Por eso, se debe plantear, como alternativa, que la ayuda pueda ser asumida en un primer momento por la entidad colaboradora, de tal forma que el beneficiario ya ve dicho importe descontado a través de una reducción en la cuantía debe abonar
por el vehículo, reduciéndose así el esfuerzo financiero por parte de los ciudadanos. Esto, además, implicaría que se acortasen los plazos de cobro de las ayudas, dada la mayor implicación y riesgo asumido por la entidad colaboradora.
De igual forma, es necesario consolidar la transición energética, pero una transición energética justa y que facilite la neutralidad tecnológica, una transición energética planificada, ordenada y que no deje a nadie atrás. Por eso, ante la
gran incertidumbre que tiene el consumidor a la hora de realizar la compra de un vehículo, que en muchos casos motiva posponer la decisión de renovar su vehículo a un momento posterior, es importante promover el paso no solo a vehículos 0 emisiones,
sino también a vehículos más eficientes que los existentes actualmente en el parque móvil. Debe ser un objetivo ciudadano el conseguir vehículos en circulación con menores emisiones, y que disminuya la antigüedad del parque, con el fin de tener
vehículos más ecológicos y más seguros en las carreteras, al mismo tiempo que se incentiva que los tecnólogos maduren distintas soluciones en la
búsqueda de una movilidad cada vez más sostenible. Por ello, se debe plantear un escenario más amplio de vehículos que puedan ser objeto de ayudas a través del programa Moves, en base al volumen de emisiones de g de CO2, incluyendo motores
de combustión térmica, con una importante industria asociada a este tipo de tecnología en España. No obstante, y ante la importancia de alcanzar el objetivo de 0 emisiones a largo plazo, para no perder la perspectiva de este objetivo último, la
inclusión de las ayudas a los motores de combustión se deberá realizar siempre respetando unas cuantías mayores para vehículos más ecológicos.
Por último, el nuevo Reglamento europeo para aumentar las estaciones de recarga y repostaje de acceso público (AFIR), establece objetivos que son vinculantes para los Estados Miembros, con un primer hito en 2025 y sucesivos en 2030 y 2035.
Lamentablemente, el gobierno ha sido incapaz de impulsar las infraestructuras de recarga de manera efectiva y España se sitúa entre los países más retrasados de Europa.
Si bien se han establecido diversas líneas de acción normativas, obligaciones como la del artículo 15 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio climático y transición energética, que recoge la obligación de instalar infraestructuras de
recarga por quienes ostenten la titularidad de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 superen un determinado volumen, han resultado
insuficientes para asegurar un despliegue de este tipo de instalaciones en todo el territorio nacional, siendo especialmente preocupante la situación en Comunidades Autónomas con una importante dispersión poblacional.
En 2023 debíamos haber alcanzado 45.000 puntos de recarga públicos, sin embargo, España cerró el ejercicio pasado con 29.308, un 34,8 % menos de lo previsto. Estas cifras, generan incertidumbre sobre nuestra capacidad para alcanzar unos
objetivos que, además, son vinculantes.
La automoción es una industria absolutamente estratégica para España, que necesita incentivar los volúmenes de inversión y mejorar la eficacia de las políticas industriales para mantener su competitividad y los niveles de empleo que genera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar una política industrial que atienda las necesidades de sectores críticos como la automoción, mejorando la eficacia del PERTE VEC y dándole continuidad con planes de inversión estructurales en el largo plazo.
2. Mejorar el tratamiento fiscal de la innovación para equipararla al mismo nivel que nuestros principales competidores europeos.
3. Elaborar un nuevo programa Moves para el periodo 2024-2027 de gestión unificada, que incorpore el descuento directo en factura, con una dotación económica similar al periodo 2020-2023. El nuevo Programa Moves seguirá fomentando a largo
plazo una movilidad de 0 emisiones pero, teniendo en cuenta el momento crítico en el que se encuentra el sector y en un proceso de transición progresivo, apoyará otras tecnologías, incluidos los motores de combustión, en función del nivel de
emisiones de gases.
4. Simplificar los trámites administrativos para impulsar el despliegue de las infraestructuras de recarga.
5. Crear un Plan Moves Recarga para facilitar el desarrollo de las infraestructuras de recarga en las zonas que no cuentan con la cobertura necesaria.
6. Incrementar los estímulos fiscales que promuevan la reducción de emisiones de carbono, la utilización de vehículos con tecnologías limpias y la inversión en tecnologías de movilidad sostenible.
7. Mejorar la coordinación con el resto de las Administraciones Públicas para el despliegue de infraestructuras de recarga y repostaje.
8. Promover, en coordinación con la FEMP, la elaboración de un estudio que identifique criterios que permitan una mayor homogeneización en la regulación de la utilización de las zonas de bajas emisiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2024.-Francisco José Conde López, Juan Diego Requena Ruiz, Sergio Sayas López, Álvaro Pérez López, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Maribel Sánchez Torregrosa,
Esther Llamazares Domingo, Silverio Argüelles García, Mirian Guardiola Salmerón, Laura María Lima García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, José Vicente Marí Bosó, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida
Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco Retamosa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas urgentes para asegurar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo en Alcoa San Cibrao, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La semana pasada la dirección de Alcoa amenazó nuevamente con el cierre de la actividad en la planta de San Cibrao. Un anuncio que parece confirmar la intención de la empresa de deshacerse de la factoría, como ya hizo, con un resultado
nefasto para la actividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo, en las plantas de Avilés y A Coruña. Si se cumpliese este pronóstico, el resultado será absolutamente desastroso para la economía de la comarca de A Mariña, pues
esta industria, junto con las empresas auxiliares que de ella dependen, generan alrededor de mil puestos de trabajo, casi dos mil si se contabilizan las dos plantas.
El acuerdo firmado con el personal en diciembre del 2021, después de meses de movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras apoyadas por el conjunto de la sociedad gallega, implicaba el cese de la producción temporalmente con la
condición de mantener todos los empleos cuando se reiniciara la actividad dos años después -en enero de 2024-, además del compromiso de realizar mejoras en la planta como un nuevo horno de ánodos. Posteriormente, a comienzos del 2023, Alcoa propuso
incrementar los plazos para el arranque, un retraso que fue aceptado por el personal, por lo que, en la actualidad, la reanudación total de la actividad industrial se produciría en octubre de 2025.
Así las cosas, Alcoa vuelve a poner en entredicho el futuro de la planta, emitiendo un comunicado en que considera que la actividad industrial sigue sin ser viable y reclama una nueva modificación del acuerdo cuando continúa sin cumplir con
sus compromisos. Además sugiere estar valorando y haciendo contactos de cara a la posible venta de la factoría. Un comunicado que parece ser la reacción de la compañía después de que el Gobierno convocara para el día 4 de abril la mesa de
seguimiento, una cita relevante y que centra la atención de las personas trabajadoras dado que en la anterior reunión la empresa no concretó actuaciones para el mantenimiento de la actividad industrial en Alcoa San Cibrao.
Ante la situación actual es imprescindible la adopción de medidas de forma urgente por parte de las distintas administraciones con competencias en materia industrial para asegurar la continuidad de la factoría y de los empleos que de ella
dependen en A Mariña.
Es preciso actuar sobre el principal problema que, años después, sigue amenazando la viabilidad de la empresa, esto es, los altos costes de la energía eléctrica, imprescindible para la producción en la planta de aluminio. Por eso el BNG,
sigue defendiendo, como ya hizo en aquel momento, la necesidad de, en primer lugar, poner en marcha una Tarifa Eléctrica Galega, pues Galiza, territorio exportador de energía, soporta los costes medioambientales de la producción pero no recibe
compensación alguna, por lo que sería de justicia que pudiera regular un marco energético propio en que el coste de la energía fuera menor tanto para industrias como consumidores en general. En este sentido, debe recordarse la alegación acordada en
el Consejo Económico y Social de Galiza sobre el Anteproyecto de ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galiza, para fijar una bonificación directa en la factura eléctrica de
30 % para las actividades industriales y económicas.
También es preciso abordar la reforma del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Comenzando por la creación de la figura de las Empresas Hiper-Electrointesivas y asegurando que se garantice la máxima compensación por CO2 permitida por la
Unión Europea, dado que ésta en la actualidad se sitúa alrededor de una tercera parte de las posibilidades legales. Asimismo, es preciso articular una interrumpibilidad que aproveche la capacidad de estas industrias para funcionar como colchón en
los picos de consumo de energía.
También debe acometerse una modificación de la factura eléctrica para eliminar de esta los peajes y cargos asociados al transporte por la cercanía de los centros de consumo a los centros de producción. Además, atendiendo a la capacidad
actual de generación de MW de las eléctricas con las que Alcoa ha suscrito PPAs, a la potencia que ya tienen adjudicada y a la exportación de energía fuera de Galiza, las administraciones deben actuar para agilizar la efectividad de estas PPAs para
que el precio de la electricidad no siga siendo una excusa para que la compañía reclame el cierre de la industria.
En todo caso, de confirmarse la intención por parte de la compañía propietaria de no reanudar la actividad, para evitar la catástrofe económica y social que tendrá en toda la comarca, el Gobierno español debe apostar por la nacionalización
de una factoría, que ya fue pública y que nunca debería haber sido privatizada, para asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo y el futuro económico de A Mariña.
Cabe recordar que ni el marco normativo gallego, ni el del Estado, ni el de la UE impiden la intervención pública de esta industria considerada estratégica. Asimismo, ya en la pasada legislatura la Comisión de Industria llegó a aprobar dos
resoluciones en este sentido, instando al Gobierno a una intervención temporal para después buscar un operador con un proyecto industrial serio y de futuro. Por lo tanto, el Gobierno del Estado español y la Xunta de Galiza, aprovechando la compra
del 100 % de Alúmina por parte de Alcoa, deben fiscalizar el proceso y buscar una fórmula de intervención, en el porcentaje necesario en el consejo de administración, que garantice la continuidad del empleo en San Cibrao, incluyendo por supuesto el
de las auxiliares. Una solución ya adoptada en otras compañías como fue el caso de Telefónica o Celsa Atlantic.
Es preciso además que las administraciones analicen todas las acciones legales e institucionales que garanticen el cumplimiento de los compromisos por parte de Alcoa y, en especial, el referido a la ejecución de las inversiones para la
construcción del horno de ánodos, así como la ampliación a la cuota 104 de la DBR antes del 1 de junio de 2024.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Modificar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo para crear la figura de las Empresas Hiper-Electrointesivas.
2. Garantizar a través del Estatuto del Consumidor Electrointensivo y de todos los instrumentos públicos la máxima compensación por CO2 permitida por Europa.
3. Articular una interrumpibilidad que aproveche la capacidad de estas industrias para funcionar como colchón en los picos de consumo de energía.
4. Eliminar de la factura eléctrica los costes de peajes y cargos asociados al transporte por la cercanía de los centros de consumo a los centros de producción.
5. Atendiendo a la capacidad actual de generación de MW de las eléctricas con las que Alcoa ha suscrito PPA, a la potencia que ya tienen adjudicada y a la exportación de energía fuera de Galiza, las administraciones tienen el deber de
articular, conjuntamente con las eléctricas, y agilizar la efectividad de estas PPAs para que el precio de la electricidad no siga siendo una excusa para Alcoa.
6. Estudiar todas las acciones legales e institucionales que garanticen el cumplimiento de los compromisos por parte de Alcoa. En especial, el referido a la ejecución de las inversiones para la construcción del horno de ánodos.
7. Aprovechar la compra del 100 % de Alúmina por parte de Alcoa, para que el Gobierno del Estado español, conjuntamente con la Xunta de Galiza, fiscalicen el proceso y busquen una fórmula de intervención, en el porcentaje necesario en el
consejo de administración, que garantice la continuidad del empleo en San Cibrao, incluyendo por supuesto el de las auxiliares, como ya se ha hecho en otras empresas como Telefónica o Celsa Atlantic.
8. Activar la intervención pública de Alcoa, si fuere necesario, para garantizar la continuidad de la actividad y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á adopción de medidas urxentes para asegurar a continuidade da actividade industrial e o mantemento dos postos de traballo en Alcoa San Cibrao, para o seu debate na Comisión de Industria e Turismo.
Exposición de motivos
Na semana pasada a dirección de Alcoa ameazou novamente co fechamento da actividade na planta de San Cibrao. Un anuncio que parece confirmar a intención da empresa de desfacerse da factoría, como xa fixo, cun resultado nefasto para a
actividade industrial e o mantemento dos postos de traballo, nas plantas de Avilés e A Coruña. Se se cumprise este prognóstico, o resultado será absolutamente desastroso para a economía da comarca da Mariña, pois esta industria, xunto coas empresas
auxiliares que dela dependen, xeran ao redor de mil postos de traballo, case dous mil se contabilizarmos as dúas plantas.
O acordo asinado co persoal en decembro do 2021, despois de meses de mobilizacións dos traballadores e traballadoras apoiadas polo conxunto da sociedade galega, implicaba o cesamento da produción temporalmente coa condición de manter todos
os empregos cando se reiniciase a actividade dous anos despois -en xaneiro de 2024-, ademais do compromiso de realizar melloras na planta como un novo forno de ánodos. Posteriormente, a comezos do 2023, Alcoa propuxo incrementar os prazos para o
arranque, un retraso que foi aceptado polo persoal, polo que, na actualidade, a reanudación total da actividade industrial produciríase en outubro de 2025.
Así as cousas, Alcoa volve a pór en dúbida o futuro da planta, emitindo un comunicado en que considera que a actividade industrial segue sen ser viábel e reclama unha nova modificación do acordo cando continúa sen cumprir cos seus
compromisos. Ademais suxire estar valorando e facendo contactos de cara á posíbel venda da factoría. Un comunicado que parece ser a reacción da compañía despois de que o Goberno convocase para o día 4 de abril a mesa de seguimento, unha cita
relevante e que centra a atención das persoas traballadoras dado que na anterior reunión a empresa non concretou actuacións para o mantemento da actividade industrial en Alcoa San Cibrao.
Ante a situación actual é imprescindíbel a adopción de medidas de forma urxente por parte das distintas administracións con competencias en materia industrial para asegurar a continuidade da factoría e dos empregos que dela dependen na
Mariña.
É preciso actuar sobre o principal problema que, anos despois, segue a ameazar a viabilidade da empresa, isto é, os altos custos da enerxía eléctrica, imprescindíbel para a produción na planta de aluminio. Por iso o BNG, segue a defender,
como xa fixo naquela altura, a necesidade de, en primeiro lugar, pór en marcha unha Tarifa Eléctrica Galega, pois a Galiza, territorio exportador de enerxía, soporta os custos medioambientais da produción mais non recibe compensación algunha, polo
que sería de xustiza que puidese regular un marco enerxético propio en que o custo da enerxía fose menor tanto para industrias como consumidores en xeral. Neste sentido, debe lembrarse a alegación acordada no Consello Económico e Social de Galiza
sobre o Anteproxecto de lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galiza, para fixar unha bonificación directa na factura eléctrica de 30 % para as actividades industriais e económicas.
Tamén é preciso abordar a reforma do Estatuto do Consumidor Electrointensivo. A comezar pola creación da figura das Empresas Hiper-Electrointesivas e asegurando que se garanta a máxima compensación por CO2 permitida pola Unión Europea, dado
que esta na actualidade se sitúa por volta da terza parte das posibilidades legais. Así mesmo, é preciso articular unha interrumpibilidade que aproveite a capacidade destas industrias para funcionar como colchón nos picos de consumo de enerxía.
Tamén debe acometerse unha modificación da factura eléctrica para eliminar desta as peaxes e cargos asociados ao transporte pola proximidade dos centros de consumo aos centros de produción. Ademais, atendendo á capacidade actual de xeración
de MW das eléctricas coas que Alcoa ten subscrito PPAs, á potencia que xa teñen adxudicada e á exportación de enerxía fóra de Galiza, as administracións deben actuar para axilizar a efectividade destas PPAs para que o prezo da electricidade non siga
a ser unha escusa para que a compañía reclame o fechamento da industria.
En todo caso, se se confirmar a intención por parte da compañía propietaria de non reanudar a actividade, para evitar a catástrofe económica e social que terá en toda a comarca, o Goberno español debe apostar pola nacionalización dunha
factoría, que xa foi pública e que nunca debera ter sido privatizada, para asegurar o mantemento dos postos de traballo e o futuro económico da Mariña.
Cabe lembrar que nin o marco normativo galego, nin o do Estado, nin o da UE impiden a intervención pública desta industria considerada estratéxica. Así mesmo, xa na pasada lexislatura a Comisión de Industria chegou a aprobar dúas resolución
neste sentido, instando o Goberno a unha intervención temporal para despois buscar un operador cun proxecto industrial serio e de futuro. Polo tanto, o Goberno do Estado español e a Xunta de Galiza, aproveitando a compra do 100 % de Alúmina por
parte de Alcoa, deben fiscalizar o proceso e buscar unha formula de intervención, na porcentaxe necesaria no consello de administración, que garanta a continuidade do emprego en San Cibrao, incluíndo por suposto o das auxiliares. Unha solución xa
adoptada noutras compañías como foi o caso de Telefónica ou Celsa Atlantic.
É preciso ademais que as administracións analicen todas as accións legais e institucionais que garantan o cumprimento dos compromisos por parte de Alcoa e, en especial, o referido á execución dos investimentos para a construción do forno de
ánodos, así como a ampliación á cota 104 da DBR antes de 1 de xuño de 2024.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Modificar o Estatuto do Consumidor Electrointensivo para crear a figura das Empresas Hiper-Electrointesivas.
2. Garantir a través do Estatuto do Consumidor Electrointensivo e de todos os instrumentos públicos a máxima compensación por CO2 permitida por Europa.
3. Articular unha interrumpibilidade que aproveite a capacidade destas industrias para funcionar como colchón nos picos de consumo de enerxía.
4. Eliminar da factura eléctrica os custos de peaxes e cargos asociados ao transporte pola proximidade dos centros de consumo aos centros de produción.
5. Atendendo á capacidade actual de xeración de MW das eléctricas coas que Alcoa ten subscrito PPA, á potencia que xa teñen adxudicada e á exportación de enerxía fóra de Galiza, as administracións teñen a obriga de articular, conxuntamente
coas eléctricas, e axilizar a efectividade destas PPAs para que o prezo da electricidade non siga a ser unha escusa para Alcoa.
6. Estudar todas as accións legais e institucionais que garantan o cumprimento dos compromisos por parte de Alcoa. En especial, o referido á execución dos investimentos para a construción do forno de ánodos.
7. Aproveitar a compra do 100 % de Alúmina por parte de Alcoa, para que o Goberno do Estado español, conxuntamente coa Xunta de Galiza, fiscalicen o proceso e busquen unha formula de intervención, na porcentaxe necesaria no consello de
administración, que garanta a continuidade do emprego en San Cibrao, incluíndo por suposto o das auxiliares, como xa se ten feito en outras empresas como Telefónica ou Celsa Atlantic.
8. Activar a intervención pública de Alcoa, se for necesario, para garantir a continuidade da actividade e o mantemento de todos os postos de traballo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000558
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la articulación de un Plan
de apoyo integral y urgente al sector de la Hostelería española, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El sector de la Hostelería en España con su alrededor de 320.000 establecimientos entre bares, restaurantes, cafeterías, colectividades, locales de ocio nocturno y alojamientos en nuestro país, representa sin duda alguna una de las
principales locomotoras de la economía española, generadora de enorme riqueza tanto en términos de facturación, como de creación de puestos de trabajo dado el propio carácter intensivo de la actividad hostelera.
Entrando a analizar la evolución reciente de las principales variables del negocio hostelero en nuestro país, habría que resaltar que pese a la reducción de renta disponible en los hogares como resultado de la coyuntura inflacionista que
llevamos padeciendo desde hace más de dos años, en 2023 la cifra de negocios de la hostelería aumentó en la media del pasado ejercicio un 10,7 % respecto a la alcanzada en 2022. No obstante y de cara al conjunto del año 2024, la Confederación
Empresarial de Hostelería de España
pronostica una moderación de resultados empresariales, que no avanzarán más allá del 4 % respecto a los datos de 2023, situando a la rentabilidad y los márgenes en las cuentas de resultados como el verdadero reto del sector para este año
debido a los sobrecostes generalizados de explotación.
En el terreno del empleo, de acuerdo con los datos de afiliación a la Seguridad Social, en 2023 se alcanzó la cifra récord de 1,76 millones de trabajadores, en concreto, 90.000 trabajadores más que el año anterior (5,3 %), superándose
durante los picos de julio y agosto 1,9 millones de afiliados y batiéndose las cifras de empleo prepandemia, si bien resulta igualmente cierto que en la rama de restauración, el número de autónomos es todavía inferior respecto al año 2019 (-2,5 %);
sin obviar tampoco que España perdió casi 8.000 bares en 2022 y más de 14.000 bares han bajado la persiana en nuestro país en sólo tres años, según se desprende de datos oficiales del INE.
De otro lado, según los datos procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA), la hostelería contó con una media de 1.740.025 trabajadores ocupados en 2023, cerca de 100.000 más que el año anterior (6,1 %), superándose los datos
prepandemia con 24.625 trabajadores más que en 2019.
Asimismo, conviene subrayar que el sector de la Hostelería resulta el único entre los grandes ámbitos productivos de nuestro modelo productivo, en el que hay una mayor presencia de mujeres que hombres. Concretamente del total de
trabajadores empleados en este sector en 2023, el 54 % son mujeres y siendo más significativo el empleo femenino en la rama de alojamiento (56,1 %), que en la de restauración donde suponen el 53,3 %, y acercándose a cerca del 56 % que suponían en el
año 2008. Añadir que en el último año, el empleo autónomo femenino ha perdido peso respecto al masculino, suponiendo el 43,4 % frente al 45,6 % de 2022. Por último, apuntar que las mujeres acaparan la mayor parte de los contratos a tiempo parcial
en el sector hostelero con 268.000 trabajadoras con este tipo de jornada que representarían un 65,8 %.
En otro orden, en 2023 los precios hosteleros aumentaron una media de un 6,8 % frente al 6,4 % de 2022; los de restauración subieron un 6,6 %, por debajo del 11,7 % de la subida media de los alimentos y bebidas, mientras que los del
alojamiento aumentaron un 10,1 % frente al 18,1 % que subieron en 2022.
Con respecto a 2024, en febrero pasado la Hostelería alcanzó 1,66 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, en concreto, 76.473 afiliados más que en el mismo mes del año anterior, según los datos de afiliación del Ministerio
de Trabajo. El sector hostelero mantiene así la tendencia de crecimiento por encima de 70.000 trabajadores respecto al mismo mes del año anterior, por cuarto mes consecutivo. En evolución mensual, el número de afiliados aumenta un 1,8 % respecto a
enero, 29.714 personas más, registrándose el mayor incremento en un mes de febrero.
Sin embargo lo anterior y a pesar de la aportación más que destacada del sector de la Hostelería a la economía nacional, la facción minoritaria del Ejecutivo continúa sin descanso su particular cruzada contra los diferentes estamentos de la
cadena de valor turística española. En efecto, aerolíneas, compañías de cruceros u operadores de alojamiento, han sido sólo algunos de los operadores turísticos destinatarios hasta ahora de los dardos del bando gubernamental capitaneado por la
Vicepresidenta Segunda y titular del Departamento de Trabajo y Economía Social, Dña. Yolanda Díaz a la hora de denostar o directamente despreciar a los agentes económicos y empresariales que forman parte del sistema turístico español.
Por última vez, el pasado 4 de marzo durante el transcurso de un encuentro con el Grupo Parlamentario de SUMAR en la misma sede del Congreso de los Diputados, de manera irresponsable la Vicepresidenta Yolanda Díaz manifestaba que es 'una
locura' que en España los restaurantes estén abiertos a la una de la madrugada, añadiendo que 'las jornadas nocturnas implican riesgos para la salud mental', etc., sin que hasta el momento conste públicamente objeción, reserva o desautorización
alguna por parte de sus superiores jerárquicos.
Como resultado de lo anterior, acto seguido desde organizaciones sectoriales afectadas como Hostelería de España y sus respectivas Asociaciones territoriales
federadas hasta Presidentes de Gobiernos autonómicos expresaron su indignación y estupor a cuenta de las declaraciones arbitrarias e insensatas protagonizadas por parte de Yolanda Díaz, quien además aseguró haberse reunido previamente con
todas las patronales del sector turístico, lo cual fue desmentido de inmediato por parte de los colectivos aludidos; sin olvidar tampoco la repercusión que dichas declaraciones han tenido en medios de comunicación escritos, como por ejemplo, los
británicos, nuestro primer mercado emisor, que se hicieron eco de las recetas de Yolanda Díaz en materia de reducción de horarios en los servicios de hostelería.
En relación con la propuesta de restricción de horarios planteada unilateralmente por parte de la Vicepresidenta Díaz con indudable impacto sobre el mantenimiento y reducción de plantillas, cabe señalar que alrededor del 15 % de las visitas
y del consumo en establecimientos de comidas y bebidas en nuestro país se efectúa entre las 23:00 y las 08:00 horas, lo cual se traduciría en una pérdida de facturación anual cifrada en alrededor de 4.000 millones de euros, según han expresado
distintas fuentes empresariales.
Por todo lo anteriormente expuesto, sin perder de vista el marco actual de inestabilidad y con el firme propósito de impulsar y activar medidas desde el Gobierno de España, de las que se pueda beneficiar el conjunto del sector de la
Hostelería, -una de las palancas estratégicas de la estructura social y económica de nuestro país-, contrarrestando los ataques recurrentes, injustificados y demagógicos procedentes del socio minoritario del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, y
con ello proteger a los más de 1,7 millones de trabajadores encuadrados dentro del negocio hostelero, sin olvidar tampoco la conveniencia de poner en valor el potencial y la excelencia del producto gastronómico y enológico español ante nuestros
mercados emisores de turistas, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:
1. Rechazar de manera firme y contundente las declaraciones públicas vertidas en sede parlamentaria el pasado 4 de marzo por parte de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Dña. Yolanda
Díaz atacando y estigmatizando al sector de la Hostelería española, sus empresarios y trabajadores, exigiendo por ello la reconsideración y rectificación inmediata de las citadas manifestaciones pronunciadas por la Vicepresidenta Díaz.
2. Descartar absolutamente la adopción de cualquier iniciativa, acuerdo o medida gubernamental encaminados a penalizar y lastrar la competitividad y rentabilidad de la cadena de valor turística española, así como a alterar y dañar la imagen
y percepción internacional de la oferta española.
3. Apuesta en favor de la reducción y simplificación de trabas burocráticas y administrativas para las empresas del sector de la Hostelería española caracterizadas por su reducido tamaño; así como favoreciendo una fiscalidad proporcionada
para los establecimientos de Hostelería, mayoritariamente empresas familiares y autónomos.
4. Diseño y edición por parte del Gobierno de España en coordinación con las Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales sectoriales, de una campaña de divulgación, concienciación y puesta en valor del sector de la Hostelería
española, -formado por más de 300.000 establecimientos, y que da empleo a más de 1,7 millones de trabajadores en nuestro país-, con la finalidad de prestigiarlo, dar reconocimiento de su importancia, valor y trascendencia en el modelo socioeconómico
español y como estandarte de nuestra marca país.
5. Financiar con cargo a los fondos europeos Next Generation EU un plan RENOVE Hostelería española centrado en ayudas específicas de reposición, mejora y modernización de instalaciones y equipamientos para los establecimientos del gremio
hostelero de nuestro país.
6. Adoptar todas las medidas cualitativas necesarias en materia de colaboración público-privada para reforzar la capacitación y cualificación técnica de los empleados vinculados a la rama turística de la Hostelería, asegurando el dominio de
idiomas extranjeros, una completa digitalización, sostenibilidad, orientación a la mejora de la experiencia del cliente, control de gestión de la actividad hostelera, y cualesquiera otras competencias requeridas en el sector hostelero, habida cuenta
de los graves problemas existentes en materia de atracción y retención de talento y mano de obra en dicho sector; impulsar a través de incentivos la promoción del Destino España como lugar de asentamiento de centros de excelencia y renombre en
materia de enseñanza gastronómica y hostelera a nivel internacional.
7. Apuesta por revalorizar el sentimiento u orgullo de pertenencia al sector de la Hostelería, abogando por dignificar y mejorar las condiciones laborales de los empleados de este sector; incentivando medidas orientadas a una mayor
productividad y conciliación de la vida familiar y laboral para los profesionales del sector hostelero; articulación de medidas para facilitar el acceso a la vivienda en los destinos a los trabajadores del sector turístico, etc.
8. Elaboración, dotación presupuestaria y ejecución de un Plan Estratégico de Turismo Gastronómico y Enológico de la Marca España, en coordinación con las Comunidades Autónomas e integración máxima de la colaboración privada, así como
implicando a la red de Oficinas de Turespaña en el exterior (OETs) para mejorar la visibilidad de la oferta gastronómica y enológica española de calidad en el mercado gastronómico internacional, considerando el gasto superior del 'turista
gastronómico' frente al turista medio.
9. Apoyar la creación y desarrollo de programas específicos de implantación de sistemas digitales y herramientas de inteligencia de mercado de los que se puedan beneficiar nuestras empresas hosteleras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Sandra Pascual Rocamora, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima García,
Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa, José Vicente Marí Bosó, Jaime Eduardo de Olano Vela y Juan Bravo Baena, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas destinadas a la defensa del sector agroganadero galego, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agroganadero gallego lleva años padeciendo políticas diseñadas de espaldas a sus necesidades específicas. Los cambios producidos en el paradigma del marco comunitario en la década de los 90 y 2000, pasando a un modelo globalizado,
incentivando la agricultura intensiva y de grandes superficies en aras a una competitividad puramente comercial, llevó al cierre de multitud de explotaciones agroganaderas en Galiza, pérdida
de empleo en el sector, abandono del medio rural, la caída de los precios de los productos agrarios y la disminución en los ingresos del sector. Un modelo que sigue promoviéndose con la nueva PAC.
El BNG es muy crítico con la PAC 2023-2027 por no adaptarse a la realidad del campo gallego, sigue imponiendo medidas injustas con las pequeñas explotaciones y favorecer únicamente a las de gran superficie. No es redistributiva
territorialmente y concentra la riqueza en unos pocos: el 20 % de los receptores de la PAC se benefician del 80 % del presupuesto. Un modelo que discrimina al sector primario gallego caracterizado por pequeñas y medianas explotaciones agrarias.
Además, incorpora más exigencias, mayor burocracia e incrementa los costes para los ganaderos debido a la multiplicación de requisitos y exigencias para acceder a las ayudas que complica los procedimientos para su solicitud.
La nueva PAC deja en las manos de los Estados el reparto de fondos. Una de las novedades que incluye es que los Estados miembros deben contar con un Plan Estratégico en el que indiquen las medidas e intervenciones para conseguir los
objetivos de la PAC y del Pacto Verde. Precisamente el Plan Estratégico del Estado español peca de uniformizador y no tiene en cuenta la realidad de la actividad agraria gallega. El trámite de consulta realizado, cuando menos en el caso de Galiza,
con las organizaciones agrarias y con la propia Xunta, se hizo solo para cubrir el expediente, para justificar que se había hecho, pidiendo aportaciones de un día para otro.
La aplicación de la PAC adapta las líneas maestras de las políticas comunitarias a realidades de la área mediterránea y de los latifundios: pagos por superficie y no por actividad y empleo generado, normativa de la nutrición de los suelos y
cargas burocráticas como el cuaderno digital, veterinario de explotación, entre otros.
La transposición de los 8 decretos de aplicación de la PAC 2023-2027 a la normativa estatal y luego a la autonómica sin tener en cuenta las características diferenciadas de los territorios y del campo gallego, que se caracteriza por pequeñas
y medianas explotaciones, muchas veces una actividad familiar y con prácticas tradicionales, así como con una parcelación brutal de la superficie agraria útil disponible (SAU), está causando que los deberes derivados de la aplicación de las nuevas
normativas de purines, el cuaderno digital, el veterinario de explotación o las derivadas de la ordenación de granjas de vacuno, resulten inasumibles para las explotaciones agroganaderas gallegas.
Ninguna de estas normas se adapta a las especificidades de las granjas gallegas y muchas de las medidas no tienen sentido para nuestro campo, además de que son imposibles de cumplir.
Nos preocupa la aplicación de un marco que no encaja con nuestro modelo productivo agrario y que puede llevar a más cierres y más destrucción de empleo agrario puesto que las pequeñas explotaciones no podrán hacer frente a los nuevos gastos
y nuevos requisitos.
En cuanto a la Ley de la Cadena Alimentaria, es de destacar que no ha servido para garantizar unos precios dignos a los productores. La diferencia abismal entre los precios de los productos en origen hasta el destino tiene un gran impacto
en los dos extremos de la cadena: los productores y los consumidores. Mientras, las empresas intermedias logran unos elevados márgenes de beneficio. Es un abuso que los precios lleguen a ser un 400 % más caros en el destino final.
El BNG considera preciso formular mecanismos que permitan determinar los cuestes efectivos de producción dentro de la Ley de Cadena Alimentaria para, así, hacer efectivo lo que marca la propia ley y que no se puedan pagar los productos campo
ganaderos por debajo de los costes de producción.
La Ley de Cadena Alimentaria establece la obligatoriedad de pagar por encima de los costes de producción de un eslabón a otro, pero no determina el mecanismo para su cálculo y referencia en los contratos, permitiendo que no haya contratos
claros, el pago por debajo y la imposición de precios, eludiendo la negociación colectiva.
Estas deficiencias e incumplimientos precisan de una mayor vigilancia y de un reforzamiento de los medios y de las actuaciones de control para garantizar precios justos para los productos campo ganaderos.
Igualmente, habría que impulsar las cláusulas espejo. Es necesario establecer una equiparación en las relaciones comerciales exteriores mediante lo uso de criterios semejantes a los exigidos para la producción de mercancías agropecuarias
propias.
Galiza precisa hacer valer su capacidad productiva y la calidad de las producciones. Delante de Europa se debe defender nuestra identidad territorial, nuestra tradición agraria y nuestra soberanía alimentaria.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Adoptar las medidas precisas, en colaboración y coordinación con las CCAAA, para hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y acabar con prácticas y márgenes abusivas y conseguir precios justos para los productos agroalimentarios, que
redunden en una renta digna para el sector.
2. Mantener las ayudas destinadas al sector primario para asumir el incremento de los costes e insumos por la continuidad de la escalada de precios, especialmente a los combustibles así como las condiciones del gasóleo agrícola profesional.
3. Reformar la Ley de la Cadena Alimentaria para establecer figuras o mecanismos de cálculo objetivos de los costes de producción de los productos campo ganaderos para ser usados como referencia en las relaciones contractuales de los
distintos eslabones de la cadena alimentaria.
4. Demandar a la Comisión Europea la paralización de la aplicación de la normativa derivada de la entrada en vigor de la nueva PAC hasta que sea adaptada a la situación concreta de los diferentes territorios -cuaderno digital, veterinario
de explotación, ordenación de explotaciones bovinas, decreto de fertilización sostenible del suelo ...
5. Adaptar la metodología y el catálogo de los ecoregímenes a la realidad y especificidades del campo y de la ganadería gallegas.
6. Defender el principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios y en la reorganización de la inspección en la frontera del Estado español, primando las propias frente a terceros países que comercializan con la UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á adopción de medidas destinadas á defensa do sector agro gandeiro galego, para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Exposición de motivos
O sector agro-gandeiro galego leva anos padecendo políticas deseñadas de costas ás súas necesidades específicas. Os cambios producidos no paradigma do marco comunitario da década dos anos 90 e 2000, pasando a un modelo globalizado,
incentivando a agricultura intensiva e de grandes superficies en aras a unha competitividade puramente comercial, levou ao fechamento de multitude de explotacións agro gandeiras na Galiza, perda de emprego no sector, abandono do medio rural, a caída
dos prezos dos produtos
agrarios e a diminución nos ingresos do sector. Un modelo que segue a promoverse coa nova PAC.
O BNG é moi crítico coa PAC 2023-2027 por non adaptarse á realidade do agro galego, segue a impor medidas inxustas coas pequenas explotacións e favorecer unicamente ás de grande superficie. Non é redistributiva territorialmente e concentra
a riqueza nuns poucos: o 20 % dos receptores da PAC benefícianse do 80 % do orzamento. Un modelo que discrimina ao sector primario galego caracterizado por pequenas e medianas explotacións agrarias.
Ademais, incorpora máis exixencias, maior burocracia e incrementa os custes para os gandeiros debido á multiplicación de requisitos e esixencias para acceder ás axudas que complica os procedementos para a súa solicitude.
A nova PAC deixa nas mans dos Estados o reparto de fondos. Unha das novidades que inclúe é que os Estados membros deben contar cun Plan Estratéxico no que indiquen as medidas e intervencións para acadar os obxectivos da PAC e do Pacto
Verde. Precisamente o Plan Estratéxico do Estado español peca de uniformizador e non ten en conta a realidade da actividade agraria galega. O trámite de consulta realizado, cando menos no caso da Galiza, coas organizacións agrarias e coa propia
Xunta, fíxose só para cubrir o expediente, para xustificar que se fixera, pedindo achegas de un día para outro.
A aplicación da PAC adapta as liñas mestras das políticas comunitarias a realidades da áreas mediterránea e dos latifundios: pagos por superficie e non por actividade e emprego xerado, normativa da nutrición dos solos e cargas burocráticas
como o caderno dixital, veterinario de explotación, entre outros.
A transposición dos 8 decretos de aplicación da PAC 2023-2027 á normativa estatal e logo á autonómica sen ter en conta as características diferenciadas dos territorios e do agro galego, que se caracteriza por pequenas e medianas
explotacións, moitas veces unha actividade familiar e con prácticas tradicionais, así como unha parcelación brutal da superficie agraria útil dispoñíbel (SAU), está a causar que as obrigas derivadas da aplicación das novas normativas de xurros, o
caderno dixital, o veterinario de explotación ou as derivadas da ordenación de granxas de vacún, resulten inasumíbeis para as explotacións agro-gandeiras galegas.
Ningunha destas normas se adapta ás especificidades das granxas galegas e moitas das medidas non teñen sentido para o noso agro, ademais de que son imposíbeis de cumprir.
Preocúpanos a aplicación dun marco que non encaixa co noso modelo produtivo agrario e que leve a máis fechamentos e máis destrución de emprego agrario debido a que as pequenas explotacións non poderán facer frente aos novos gastos e novos
requisitos.
En canto á Lei da Cadea Alimentar, é de destacar que non serviu para garantir uns prezos dignos aos produtores. A diferenza abismal entre os prezos dos produtos na orixe ate o destino ten un grande impacto nos dous extremos da cadea: os
produtores e os consumidores. Mentres, as empresas intermedias logran uns elevados marxes de beneficio. É un abuso que os prezos cheguen a ser un 400 % máis caros no destino final.
O BNG considera preciso formular mecanismos que permitan determinar os custes efectivos de produción dentro da Lei de Cadea Alimentar para, así, facer efectivo o que marca a propia lei e que non se poidan pagar os produtos agro gandeiros por
debaixo dos custes de produción.
A Lei de Cadea Alimentar estabelece a obrigatoriedade de pagar por riba dos custos de produción dun elo a outro, pero non determina o mecanismo para o seu cálculo e referencia nos contratos, permitindo que non haxa contratos claros, o
pagamento por debaixo e a imposición de prezos, eludindo a negociación colectiva.
Estas deficiencias e incumprimentos precisan dunha maior vixilancia e dun reforzamento dos medios e das actuacións de control para garantir prezos xustos para os produtos agro gandeiros.
Igualmente, habería que impulsar as cláusulas espello. É necesario estabelecer unha equiparación nas relacións comerciais exteriores mediante o uso de criterios semellantes aos exixidos para a produción de mercadorías agropecuarias propias.
Galiza precisa facer valer a súa capacidade produtiva e a calidade das producións. Diante de Europa débese defender a nosa identidade territorial, a nosa tradición agraria e a nosa soberanía alimentaria.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Adoptar as medidas precisas, en colaboración e coordinación coas CCAAA, para facer cumprir a Lei da Cadea Alimentaria e acabar con prácticas e marxes abusivas e acadar prezos xustos para os produtos agro alimentarios, que redunden nunha
renda digna para o sector.
2. Manter as axudas destinadas ao sector primario para asumir o incremento dos custos e insumos pola continuidade da escalada de prezos, especialmente aos combustíbeis así como as condicións do gasóleo agrícola profesional.
3. Reformar a Lei da Cadea Alimentaria para estabelecer figuras ou mecanismos de cálculo obxectivos dos custos de produción dos produtos agro gandeiros para seren usados como referencia nas relacións contractuais dos distintos elos da cadea
alimentaria.
4. Demandar á Comisión Europea a paralización da aplicación da normativa derivada da entrada en vigor da nova PAC até que sexa adaptada á situación concreta dos diferentes territorios -caderno dixital, veterinario de explotación, ordenación
de explotacións bovinas, decreto de fertilización sostíbel do solo ...-.
5. Adaptar a metodoloxía e o catálogo dos eco réximes á realidade e especificidades do agro e da gandería galegas.
6. Defender o principio de reciprocidade na utilización de produtos fitosanitarios e na reorganización da inspección na fronteira do Estado español, primando as propias frente a terceiros países que comercializan coa UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de campañas publicitarias que ayuden a concienciar a la
población sobre los beneficios de una dieta saludable, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En nuestro país tenemos una gran tradición gastronómica que, como parte indispensable de nuestra cultura, no puede disociarse de nuestras gentes. Una gastronomía con una alta reputación internacional que conforma parte de nuestro patrimonio
cultural, pues la dieta de estilo mediterráneo es puesta como ejemplo de alimentación variada y equilibrada para mejorar nuestra salud. La gran calidad de nuestros alimentos, desde nuestras hortalizas, frutas, pescados, carnes, unido a nuestros
hábitos alimenticios, compone nuestra famosa dieta mediterránea que, a su vez, definen el concepto de dieta saludable.
Una dieta de estilo mediterráneo puede ayudar a reducir el riesgo de ciertas enfermedades, mejorar el estado de ánimo y aumentar los niveles de energía en las personas. También puede ayudarnos a mantener el corazón y el cerebro en un estado
saludable. Los beneficios de esta dieta refuerzan los beneficios de comer una dieta rica en frutas, verduras, pescado, carne, aceite de oliva, panes con alto contenido de fibra, granos integrales y grasas saludables.
Por estas razones, durante los últimos años, el Gobierno ha hecho esfuerzos para promocionar a nuestra industria agroalimentaria a tal fin de mejorar la alimentación de los españoles y españolas. Con campañas como 'Promoción de Alimentos de
España' o el 'Motivo eres tú', el Gobierno ha estado promocionando nuestros alimentos, mejorando la percepción social de los beneficios de priorizar tales alimentos en detrimento de otro tipo de dietas menos saludables, a través de dos campañas
incluidas en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2024 de la AGE, 6 son dedicadas a los Alimentos de España, marca de arraigada trayectoria debido a la promoción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previendo dedicar
15.885.373 .
Según la Organización Mundial de la Salud -en adelante, OMS-: 'Una dieta saludable es una de las bases para la salud, el bienestar, el crecimiento óptimo y el desarrollo, y protege contra todas las formas de malnutrición. Una dieta malsana
es uno de los principales riesgos para la carga mundial de morbilidad, principalmente en lo que se refiere a enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer.
La evidencia muestra los beneficios para la salud de una dieta rica en cereales integrales, verduras, frutas, legumbres y nueces, y baja en sal, azúcares libres y grasas, particularmente grasas saturadas y grasas trans. Una dieta saludable
comienza a una edad temprana, con una lactancia materna adecuada. Los beneficios de una dieta de este tipo se reflejan en una mejora de los resultados educativos, la productividad y la salud a lo largo de la vida.'
Diferentes estudios han mostrado los beneficios en términos de salud que aporta la dieta de estilo mediterráneo para las personas. A continuación, relatamos diversos estudios:
1. Estudio PREDIMED: Este estudio demostró que una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos mixtos redujo significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con una dieta baja en
grasas.
2. Estudio Lyon Diet Heart: el estudio puso de relieve que una dieta mediterránea modificada redujo las tasas de eventos cardiovasculares en pacientes que ya habían sufrido un infarto de miocardio.
3. Estudio SUN: Este es un estudio prospectivo realizado en España que ha mostrado consistentemente los beneficios de la dieta mediterránea en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión y la obesidad.
4. Estudio Moli-sani: Un estudio italiano que encontró una asociación inversa entre la adherencia a la dieta mediterránea y el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer.
5. Estudio PREDIMED-PLUS: Una extensión del estudio PREDIMED que examinó los efectos de una dieta mediterránea en combinación con actividad física y consejos de pérdida de peso en la prevención de la enfermedad cardiovascular.
Por todas estas razones, sería muy beneficioso seguir promocionando a nuestra industria agroalimentaria, poniendo en valor nuestras hortalizas, frutas, pescados y carnes que, en diversos spots, pero, con el mismo hilo conductor, se pueda
promocionar la dieta de estilo mediterráneo como nuestra principal dieta saludable y como promoción de nuestro patrimonio cultural. Y, en estos términos, se podría elaborar la mencionada campaña publicitaria desde el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en coordinación con los Ministerios de Juventud e Infancia, Sanidad, incluso, Educación y Formación Profesional.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración de distintas campañas publicitarias donde se ponga en valor los beneficios de una dieta mediterránea y saludable, donde se destaque los principales productos españoles como las
hortalizas, frutas, pescados y carnes y así poner en valor a nuestro sector productor e industria agroalimentaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2024.-José Luis Aceves Galindo, Trinidad Carmen Argota Castro, María Luisa Faneca López, Amador Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, Sergio Carlos Matos Castro, Inés Plaza García,
María Araceli Poblador Pacheco, David Regades Fernández, María Carmen Sánchez Díaz, Herminio Rufino Sancho Íñiguez y Daniel Senderos Oraá, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento del sector de la acuicultura en el seno de la Unión Europea,
para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La acuicultura es una actividad pesquera que cuenta con una notable tradición en España, siendo social y económicamente relevante en muchos municipios de nuestro País. Los últimos datos de producción publicados en 2022 son de más de 326.520
toneladas y de un valor de primera venta aproximado de 767 ME.
Se trata de un sector del que ya somos líderes a nivel comunitario, pero en el que aún tenemos un importante potencial de crecimiento. La acuicultura contribuye a garantizar la seguridad alimentaria, además de complementar la producción
extractiva pesquera para cubrir las demandas del mercado en la alimentación.
En un momento en el que el cambio climático, amenaza la sostenibilidad de nuestro planeta, es crucial adoptar enfoques que fomenten el desarrollo económico a la vez que sea respetuoso con el medio ambiente.
La acuicultura es una actividad sostenible fundamental en el desarrollo de la economía azul que busca el equilibrio entre los beneficios económicos con la conservación del medio ambiente marino.
La economía azul, basada en la utilización sostenible de los recursos marinos y costeros, representan una oportunidad única para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, al mismo tiempo promueve la conservación de nuestros
océanos y la biodiversidad marina. En todo este contexto, la acuicultura juega un papel relevante como una actividad económica clave de la economía azul, ya sea en zonas fluviales o costeras.
La Asociación Empresarial de Acuicultura en nuestro País (APROMAR) recordaba en su último informe de 2023 que la acuicultura es un sector económico estratégico dentro del marco de la economía azul de la UE y nos dicen en su informe que deben
buscarse y desarrollarse sinergias con todos los sectores que realizan su actividad en torno al mar y en este sentido las instituciones públicas, el Gobierno de España y las CC.AA. juegan un papel central en la búsqueda de soluciones.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de sus competencias, viene trabajando en mejorar el reconocimiento del sector de
la acuicultura en nuestro País. El ministro Luis Planas ha apoyado al sector económicamente a través de los Planes Nacionales, permitiendo la consolidación del Sector y mejorando estructuralmente a las empresas que ejercen la acuicultura,
aumentando su competitividad, rentabilidad y su sostenibilidad, principios que definen la economía azul.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Seguir con las medidas ya encauzadas para el Sector de la Acuicultura dentro del marco europeo para aumentar su competitividad y mejorar la percepción de la sociedad sobre la actividad acuícola y de sus producciones.
2. Asimismo, instar a todas las Instituciones públicas competentes, para que presten el apoyo y las ayudas que sean necesarias a la Acuicultura, como sector estratégico de la economía azul de nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2024.-María Luisa Faneca López, Sergio Carlos Matos Castro y David Regades Fernández, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000536
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las futuras modificaciones de
los requisitos del transporte de animales vivos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El transporte de animales vivos es una operación compleja pero fundamental para las producciones ganaderas y el abastecimiento alimentario. Según datos de Comext, recogidos en el informe Transporte de animales vivos en la UE: retos y
oportunidad del Tribunal de Cuentas Europeo, entre 2017-2021 se transportaron en torno a 1.600 millones de animales vivos que viajaron de una explotación a otra para la reproducción, el engorde o el sacrificio. Estos datos incluyen los traslados
transfronterizos con origen y destino en la propia Unión Europea (UE) pero no los traslados nacionales.
Dada la importancia económica, el debate sobre el transporte de animales, especialmente los relacionados con la protección de los animales, ha estado abierto desde hace años y ha sido objeto de regulación por parte de la UE desde 1977, con
la Directiva 77/489 relativa a la protección de los animales al realizar un transporte internacional.
La normativa básica a nivel comunitario que regula actualmente este ámbito es el Reglamento (CE) 1/2005 del Consejo de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, que ha
permitido tener unos altos niveles de bienestar a los bovinos transportados en la Unión Europea.
Sin embargo, en varios documentos publicados por Consejo de la UE, pero especialmente las Conclusiones del Consejo sobre el bienestar de los animales: parte integrante de la producción animal sostenible de 16 de diciembre de 2019, se ha
destacado sistemáticamente la necesidad de fijar normas más estrictas en materia de bienestar animal cuando se transportan animales en el marco de una actividad económica.
Así mismo, la Comisión ha insinuado la existencia de insuficiencias en la aplicación del Reglamento, especialmente en los controles oficiales realizados por los algunos Estados miembros en viajes a terceros países y en el transporte de
animales no aptos. También ha reconocidos que era necesario establecer mayor uniformidad en la aplicación.
En el mismo sentido, en 2022, a raíz del informe de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el transporte de animales (Comisión ANIT), el Parlamento Europeo aprobó su Recomendación sobre la protección de los animales
durante el transporte, que incluía la revisión del Reglamento sobre el transporte.
Así, a finales de 2023 la Comisión hizo pública su propuesta de modificación de este Reglamento, cuyo objetivo principal reducir el número y la duración de los viajes, especialmente por las descarga y la recarga, mejorar las condiciones de
los animales vivos durante el transporte y buscando alternativas al transporte de animales, favorecen el sacrificio local de animales o sustituirlos, en el caso de transportes con fines distintos del sacrificio, por transportes de embriones, esperma
y productos similares.
Sin embargo, las medidas concretas incluidas en el borrador de Reglamento no han sido bien acogidas ni por productores ni por transportistas. La principal crítica se centra en la imposibilidad material de poder aplicar la propuesta en
cuanto a los tiempos de viaje, la asignación de espacio y densidades, los límites de temperatura y las exportaciones a países extracomunitarios, además de condicionantes técnicos de los vehículos o la inseguridad que puede causar el movimiento de
los animales.
Las primeras estimaciones de organizaciones de productores, como la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (Provacuno), consideran que, solo en el sector de vacuno de carne español supondría el cierre de casi 930
granjas, con 1.392 empleos destruidos, unido a una pérdida de la actividad anual del 40 % en más de 1.700 granjas y una merma del 17,2 % del valor de producción de vacuno, que representa 700 millones de en referencia con los datos de producción de
2022, a los que habría que añadir 137 millones de en aumento de coste de mantenimiento y transporte y una inversión millonaria para adaptar las instalaciones. Todos estos costes deberán ser trasladados al precio pagado por el consumidor.
Igualmente, en el sector del porcino según la Interprofesional Anprogapor, la restricción en la comercialización de animal para sacrificio dentro de la península ibérica y eliminación de las exportaciones traería consigo; una reducción de
la importación de animales vivos lo que supone una reducción del 7 % de animales sacrificados, un incremento de la flota de camiones en un 25 %, un desabastecimiento de animales en función de la localización geográfica del matadero. Por
consiguiente, el impacto que podría tener en el sector con las restricciones de movimientos podría llevar a una reducción de producción del 8 % lo que conllevaría una pérdida de la Producción Final de Porcino de más de 700 millones de euros.
Los afectados coinciden en que la aplicación de la propuesta normativa supondría un desmesurado incremento de los costes que haría totalmente imposible el comercio y que entraremos en una competencia con otros países comunitarios que
perjudicará a la producción española. Una limitación horaria haría menos competitivos a los Estados miembros periféricos a la hora de colocar su cabaña ganadera en los países céntricos de la UE. Además de ser menos competitivas las ganaderías
periféricas se podría ocasionar una distorsión del mercado, incrementando las importaciones de producciones de terceros países. Hay que recordar que los países centro europeos tienen a su alcance, a la hora de exportar, bastantes Estados miembros
en un radio de 9 horas.
Aun estaría pendiente la tramitación legislativa completa del Reglamento, es necesario replantear la solución a los problemas de bienestar animal durante el transporte desde otra perspectiva, no necesariamente por posturas más estrictas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reclamar de la Comisión la retirada de la propuesta y no modificar el vigente Reglamento europeo 1/2005 sobre bienestar en el transporte de animales vivos mientras no exista una postura
consensuada con el sector y los territorios y se unifique la aplicación de las medidas existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix,
Alfonso Carlos Macías Gata, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruíz y Sergio Sayas López, Diputados y Diputadas.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ignacio Hoces Íñiguez, Ricardo Chamorro Delmo y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a extender la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz, para su discusión en la Comisión de
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. El calendario de cierre de las centrales nucleares y la postura del Gobierno español.
El Gobierno de España aprobó durante la XIV Legislatura el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, el cual establece el cierre progresivo de todas las centrales nucleares españolas entre 2025 y 2035 19. Este plan
contempla el cese de operaciones de siete reactores nucleares ubicados en Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona). Estas centrales nucleares representan un pilar
fundamental en el sistema eléctrico actual, generando el 20,3 % de la energía eléctrica consumida en España, a pesar de constituir solo el 6 % de la capacidad total de generación 20.
En contra del criterio asumido por el Ejecutivo español, la Unión Europea ('UE') aprobó el 21 de noviembre de 2023 una propuesta de Reglamento que fortalece el ecosistema europeo de fabricación de productos de tecnologías de cero emisiones
netas, reconociendo a las tecnologías de fusión y fisión nuclear como efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 21. Esta medida se alinea con el acto delegado
19 https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-integrado-energia-clima/plannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm30-546623.pdf
20 REData - Al día | Red Eléctrica (ree.es) https://www.ree.es/es/datos/aldia
21 La conocida como Ley sobre la Industria de cero emisiones netas o 'net-zero' https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0161&qid=1710177257693#document2
complementario a la taxonomía climática 22, en vigor desde el 1 de enero de 2023, que reconoce a la energía nuclear como una fuente de energía de bajas emisiones de carbono.
Incluso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 ('COP 28') más de veinte países se comprometieron a triplicar la capacidad de energía nuclear para 2050, reconociendo su papel fundamental en la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero 23. Además, la UE apuesta por la tecnología nuclear incipiente de reactores modulares pequeños ('SMR'), como se refleja en la reciente resolución del Parlamento Europeo de diciembre de 2023 24. Esta
resolución insta a los Estados miembros a desarrollar una estrategia para el despliegue de los SMR en la Unión, al considerar que 'la energía nuclear puede contribuir a mejorar la seguridad energética [ ...] dados sus costes de combustible y de
funcionamiento relativamente bajos y su capacidad demostrada para proporcionar un suministro eléctrico de base estable y fiable'. Asimismo, destaca la necesidad de la Unión de 'mitigar sus riesgos de dependencia externa en términos de
abastecimiento energético' a la vez que reconoce que 'la energía nuclear es una tecnología de cero emisiones que no provoca contaminación atmosférica y que, por lo tanto, los reactores modulares pequeños pueden contribuir al logro de los objetivos
climáticos y medioambientales de la Unión'.
Segundo. Central Nuclear de Almaraz.
La primera de las centrales nucleares que desmantelarán según el calendario del Gobierno será Almaraz 25. A pesar de las reclamaciones de la industria y las empresas eléctricas durante los últimos meses para reconsiderar esta medida 26, el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico continúa con su agenda de desmantelamiento. Durante el año 2023, esta central aportó al sistema eléctrico un total de 16.927 GWh 27.
De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares, el cierre de Almaraz tendría como resultado una disminución del 36 % de la población activa en
la zona, afectando aproximadamente a 2.000 familias en la provincia de Cáceres 28. En una provincia ya gravemente afectada por la despoblación 29, la prolongación de la vida útil de la central evitaría la pérdida de 4.000 puestos de trabajo que
dependen directa o indirectamente de esta instalación nuclear.
Para evitar el cierre del primer reactor de Almaraz, según describen los expertos, los trámites para solicitar la extensión de su operación deberían iniciar a finales de este año, mediante el envío al Consejo de Seguridad Nuclear de la
documentación pertinente relacionada con la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo 30.
Tercero. Conclusiones.
La energía nuclear constituye un pilar fundamental para asegurar la seguridad del suministro eléctrico, garantizar la viabilidad económica de los productores, preservar la soberanía energética y enfrentar de manera efectiva los desafíos
geopolíticos, como la dependencia energética de países terceros.
22 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_711
23 Estados Unidos, Bulgaria, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, Japón, República de Corea, Moldavia, Mongolia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Ucrania y Emiratos Arabes
Unidos y Reino Unido. At COP28, Countries Launch Declaration to Triple Nuclear Energy Capacity by 2050, Recognizing the Key Role of Nuclear Energy in Reaching Net Zero:
https://www.energy.gov/articles/cop28-countries-launch-declaration-triple-nuclear-energy-capacity-2050-recognizing-key
24 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0408_ES.html
25 El 1 de noviembre de 2027 se apagará el reactor I y el 31 de octubre de 2028 el reactor II.
26 https://www.libremercado.com/2024-02-02/cuenta-atras-para-el-cierre-de-almaraz-la-instalacion-que-mas-aporta-al-sistema-electrico-nacional-7092991/
27 Ibidem.
28 https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/nuclear-almaraz-cierre-familias.html
29 https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2023/10/08/mitad-municipios-cacerenos-riesgo-despoblacion-92929588.html
30 https://www.libremercado.com/2024-02-02/cuenta-atras-para-el-cierre-de-almaraz-la-instalacion-que-mas-aporta-al-sistema-electrico-nacional-7092991/
En este contexto, resulta imperativo que el Gobierno dirija sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la energía nuclear, lo que, por otra parte, sería coherente con las decisiones adoptadas con las políticas energéticas promovidas tanto a
nivel nacional como internacional en lo que se refiere al reconocimiento de la energía nuclear como un pilar fundamental del mix energético.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Paralizar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz y garantizar la extensión de su vida útil.
2. Promover la extensión de la vida útil de todas las centrales nucleares existentes y cancelar el calendario de cierre previsto en el PNIEC.
3. Reconocer la energía nuclear como una fuente de energía limpia y sostenible, imprescindible dentro de nuestro mix energético.
4. Analizar la viabilidad del uso de los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas para implantar en dichas localizaciones reactores nucleares pequeños (SMR).
5. Elaborar un Plan Nacional de Soberanía Energética que persiga alcanzar la soberanía energética de España, aprovechando todas las fuentes de energía y recursos disponibles que contribuyan a dicho objetivo mediante una planificación
estructurada y en línea con el interés nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, Patricia Rueda Perelló e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
161/000529
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al aprovechamiento de las
aguas regeneradas procedentes del barranco de San Antón de Elche, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los cauces que trascurren por el término municipal de Elche concluyen en llanuras de inundación donde se conforma un cono de dispersión del flujo de los cauces que no llegan a alcanzar el mar. Dentro de esta casuística se encuentra el cauce
del Barranco de San Antón, cuyo final coincide con una zona urbana y urbanizable, que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años.
Esta zona recibe, además, los sistemas de drenaje de la autovía EL-20, vía que sirve de circunvalación sur de la ciudad, que ha producido un fuerte incremento del coeficiente de escorrentía y de los caudales vertidos, provocando que para
pequeñas cantidades de precipitación se produzcan flujos de agua que afectan a las zonas urbanas, que antes de la construcción de esta vía no tenían lugar.
Esta situación provoca que las inundaciones que ocurrían de manera ocasional ahora se conviertan en habituales, con el peligro que ello conlleva para las personas y los bienes materiales, llevando al hartazgo a los vecinos de la zona, que se
han constituido en 'Plataforma de afectados por las inundaciones del Barranco de San Antón', para pedir soluciones a este problema.
El Ayuntamiento de Elche, en colaboración con Aigües d'Elx, que gestiona el ciclo del agua en el municipio, elaboró un estudio en 2019 que ofrece tres posibles soluciones para este problema:
- Establecer elementos de laminación en la zona urbana que vierte al cauce y en algunos de los puntos de vertido actuables.
- Establecer elementos de laminación en el propio cauce, mediante diques. Estos elementos serán complementarios a las obras de laminación urbanas y permitirán la infiltración de caudales. Los elementos deberían ser regulables permitiendo
la operación de los mismos en caso de necesidad (regulación de caudales).
- Establecer una gran zona de laminación e infiltración en la zona comprendida entre la EL-20 y la CV-865 que permita laminar los episodios más frecuentes y reducir por tanto la frecuencia de las incidencias registradas.
Estas medidas podrían suponer una nueva fuente para recolectar las aguas de lluvia que pueden ser regeneradas y usadas para usos agrícolas, y seguir con el ciclo del agua de manera sostenible, contribuyendo a la generación de valor con un
mínimo impacto medioambiental.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar, junto con el Ayuntamiento de Elche, posibles actualizaciones de las soluciones propuestas por Aigües d'Elx para evitar las inundaciones.
2. Dotar una línea de financiación, en los próximos Presupuestos Generales del Estado o ejercicios presupuestarios, para poder llevar a cabo el proyecto de aprovechamiento de aguas regeneradas procedentes del barranco de San Antón.
3. Fomentar la construcción de las infraestructuras necesarias para poder recolectar y regenerar la mayor cantidad de litros de agua posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-Sandra Pascual Rocamora, Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz y Juan Diego Requena Ruiz,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una Hoja de Ruta para la
modernización de la planificación en la Red de Transporte Eléctrico y del desarrollo de las redes de distribución en España, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El borrador de revisión del PNIEC 2023-2030 aprobado en junio pasado, incrementa de manera significativa las previsiones de potencia instalada con energías renovables así como el almacenamiento, a fin de reequilibrar el despliegue y
ajustarlo eficientemente al potencial de nuestro país, tal y como ha venido reclamando el Grupo Parlamentario
Popular en la pasada legislatura. Sin embargo, al margen de los nuevos objetivos, persisten serias incógnitas sobre la eficacia de las medidas propuestas para alcanzarlos.
Se pretende corregir con la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2030, cuyo borrador aprobado por el Gobierno se sometió a consulta pública hasta el 4 de setiembre pasado e introduce cambios muy sustanciales en los
objetivos establecidos en el vigente PNIEC aprobado en 2020, las ineficiencias que tiene el vigente PNIEC
En el nuevo escenario se incrementa la ambición de despliegue de renovables ya que establece un 81 % de renovables en generación vs el 76 % actual en 2030 y el 48 % de renovables en usos finales de energía vs el 42 % actual.
Pero si se analiza cómo se pretenden alcanzar dichos objetivos, surgen grandes interrogantes.
Distintos sectores ya han tenido ocasión de pronunciarse. Desde APPA Renovables se señala que sería necesario un ritmo de inversión en renovables de cerca de 11.000 MW anuales hasta 2.030, para conseguir los objetivos marcados en la
revisión del PNIEC, cuando el ritmo medio anual de penetración renovable está en el entorno de los 7.000MW. Y además recuerda que no sólo vamos tarde sino que también vamos mal, porque hay un despliegue asimétrico de distintas tecnologías
renovables y un ritmo de crecimiento desigual.
Además, la revisión del nuevo PNIEC genera interrogantes que afectan a cuestiones físicas y técnicas, -que guardan relación con la capacidad técnica, de cartera de proyectos y de recursos suficientes para poder integrar y alcanzar el nuevo
objetivo de renovables- y a cuestiones regulatorias, económicas y de mercado, que permitan ofrecer una rentabilidad razonable como para atraer la inversión privada requerida y movilizar la inversión pública necesaria; la duda es como se va a
conseguir recuperar el ritmo inversor, que ya muestra signos de debilidad en la actualidad, si tenemos en cuenta que el total el volumen de inversión previsto para el periodo 2021-2030 alcanza casi los 300.000 millones de euros frente a los 220.000
millones de euros del PNIEC vigente, un +22 % más con un mayor esfuerzo del sector privado (85 % del total frente al 80 % de la planificación anterior) y con el 70 % de la inversión pública financiada con fondos europeos.
La propia Comisión Europea (CE) ya ha publicado una evaluación de los borradores de PNIEC de otros países de la UE, y en el caso de España, pese a que el borrador del PNIEC actualizado incluye una evaluación de las necesidades de inversión
para implementar políticas y medidas planificadas, sin embargo, falta información sobre cómo movilizar la inversión pública e inversiones privadas. También señala Bruselas que, aunque el plan reconoce la importancia de la flexibilidad y respuesta a
la demanda, sería beneficioso establecer las principales metas y objetivos para esta dimensión que incluya indicadores de seguimiento.
La CE también llama la atención sobre el hecho de que en investigación, innovación y competitividad, la mayoría de los objetivos y las medidas no están suficientemente cuantificadas y carecen de financiación específica para su
implementación. Hay que recordar que es el Capítulo en el que deben incluirse las medidas relacionadas con el Reglamento UE de la Ley de Industria Cero Emisiones Netas.
Por otro lado, el borrador del PNIEC asume que parte de la energía renovable será exportada a otros países, ya sea por demanda eléctrica o de gases renovables.
En el caso de la electricidad, se prevé en 2030 un saldo exportador de 63 TWh a Europa, incrementándose un 30 % respecto al anterior PNIEC, a través del desarrollo de las siguientes ampliaciones de interconexión:
- Interconexión submarina del Golfo de Vizcaya e interconexiones de los Pirineos, aumentando la capacidad a 8.000 MW (actualmente la capacidad es de 2.500 MW).
- Proyecto de interconexión con Portugal que permitirá aumentar los valores de interconexión hasta 4.200 MW de España a Portugal y de 3.500 MW a la inversa (actualmente 2.200 MW).
El desarrollo de esta tipología de proyectos ha presentado dificultades de tramitación y encarecimiento muy significativo de costes en el pasado. Además, la utilización de las rentas de congestión para el pago del mecanismo de ajuste puesto
en marcha como 'excepción ibérica' con el RDL 10/2022, exigirá una mayor dotación de nuevos recursos españoles para desarrollar la interconexión francesa, algo que se debe tener en cuenta de cara a 2030 y posibles retrasos, ya que la falta de
interconexión suficiente podría ocasionar un incremento de los vertidos contemplados en el borrador, que alcanzan los 25 TWh, duplicando los 13,7 TWh del PNIEC anterior.
Por su parte, el almacenamiento en la actualidad representa 6,4 GW de potencia instalada, muy lejos del objetivo de 22 GW establecido en la revisión del PNIEC y necesitado también de que se agilice la tramitación de las condiciones de acceso
y conexión a la red, ya que REE viene pronosticando vertidos de casi el 6 % para 2026.
La movilidad eléctrica sique en España como asignatura pendiente, ocupando España los últimos lugares de la UE en penetración del vehículo eléctrico, pese al incremento del 10 % del objetivo a 2030 en la revisión del PNIEC.
Según los últimos datos publicados de ANFAC, en 2023 el mercado nacional, alcanzará los 110.000 turismos electrificados, muy lejos de las 190.000 unidades marcadas para 2023 y que solo representa el 12 % del total del mercado. En la UE la
cuota media de mercado está por encima del 20 %, o de otros países como Portugal (31 %) o Alemania (24 %). Por otro lado, el 92 % de las mercancías se transportan por carretera y los fabricantes de vehículos pesados y de autobuses ya tienen en su
gama vehículos electrificados y de bajas emisiones. Sin embargo, en España no contamos con una mínima infraestructura pública de recarga de alta potencia para que se puedan realizar trayectos de distancia media-larga, y las ayudas se tramitan de
forma muy poco ágil. Pese a que todos los expertos consideran como una barrera el insuficiente desarrollo del despliegue de infraestructura de recarga, la subcomisión de estudio para el despliegue de infraestructuras de recarga, puesta en marcha la
pasada legislatura en Comisión en el Congreso, no llegó a presentar sus conclusiones.
Todo lo expuesto hasta ahora es un diagnóstico esquemático de cuáles son las razones que justifican la necesidad de prestar más atención a la inversión en redes, para aumentar la capacidad de acceso y conexión de la nueva producción
renovable, del autoconsumo, de la nueva demanda que surge al electrificarse muchos procesos industriales antes atendidos con combustibles fósiles o de nueva demanda de actividades emergentes, como el almacenamiento energético, la recarga de
vehículos eléctricos, o el suministro eléctrico a grandes consumidores como los Centros de Datos.
Desde el sector eléctrico se viene advirtiendo desde hace tiempo que las actuales redes eléctricas y puntos de conexión no son suficientes para las nuevas necesidades surgidas de la nueva potencia renovable a instalar, de la nueva demanda
fruto de la electrificación de la industria o de nuevas actividades como los Centros de Datos, electrolizadores para producir hidrógeno verde o carga para la movilidad eléctrica, lo que produce una ralentización de las inversiones e incluso la fuga
de éstas a otros países en los que conseguir que el acceso a la red sea más fácil, lo que pone en riesgo al crecimiento de la industria y, por tanto, de la economía del país.
Tanto la UE como recientemente la Agencia Internacional de la Energía han llamado la atención sobre la necesidad de incrementar la inversión en redes si se quieren alcanzar los nuevos objetivos de despliegue de renovables y la
electrificación de la industria.
Según los estándares europeos, un sistema fiable y que garantice la seguridad de suministro debe observar un ratio de fiabilidad (LOLE) menor de 3 horas al año. Pero según el informe de ENTSO-E, de no desarrollarse los mercados de capacidad
en España, para el 2025 el LOLE incrementaría hasta 6,7 h/año, duplicando el máximo estándar, lo que supondría un problema para la seguridad de suministro de nuestro país.
La importancia estratégica de las redes, que necesitan crecer, expandirse y digitalizarse para dar cabida al proyectado despliegue masivo renovable, no está respaldada en España con los incentivos adecuados para captar la inversión
necesaria, porque el actual marco retributivo español desincentiva la inversión en redes. La media de inversión
entre 2015 y 2018 fue de 1.482 millones de euros anuales y con los actuales límites legales, las inversiones medias entre 2023 y 2030 serían de alrededor de 2.700 millones de euros anuales. Pero con las nuevas previsiones de revisión del
PNIEC 2023-2030, la inversión necesaria se eleva a 5.631 millones, el doble del límite legal actual. Incluso esa cifra se queda pequeña, si tenemos en cuenta que supone 0,45 euros para redes por cada euro invertido en capacidad de generación
renovable, cuando la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que es necesario invertir en redes 0,70 euros por cada euro en generación renovable, un 35 % más de lo que proyecta España y casi el triple de lo permite la legislación actual.
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha advertido que la inversión en redes que incluye la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 'no es la adecuada' y que se debe ser más ambicioso si se quieren
alcanzar los objetivos marcados en la hoja de ruta de la descarbonización. La previsión es invertir en redes, al menos, unos 53.000 millones de euros, el 18 % de las inversiones totales que se movilizarán en esta década, según el PNIEC, una
cantidad que se percibe como insuficiente y que va a exigir modificar la retribución, muy afectado por la evolución de los tipos de interés y los límites legales actuales a la inversión en transporte y distribución.
Pero, lamentablemente, las redes no tienen un papel protagonista en el borrador de revisión del PNIEC, pese a su papel crucial no sólo en el despliegue renovable sino en la competitividad y electrificación de la industria y en la captación
de nuevas inversiones industriales. En la pasada legislatura fue aprobada por unanimidad una Proposición no de Ley de este Grupo Parlamentario Popular que instaba al Gobierno a presentar un Libro Blanco sobre Industria y Energía, en el que se
analizaran los impactos para el tejido industrial de las reformas regulatorias energéticas de los dos últimos años. El Gobierno nunca llegó a cumplir el mandato del Congreso, que hubiera servido para identificar claramente las necesidades de red de
la industria y las medidas más adecuadas para desarrollarla de manera eficiente.
Es urgente la adecuación de la revisión del PNIEC, junto con el modelo retributivo, con una buena planificación en redes y una anticipación a la reindustrialización de España para aprovechar todo el potencial que el país tiene en materia
energética e industrial. El fuerte interés por el desarrollo renovable no está acompañado por un crecimiento o refuerzo alineado de las tecnologías que garanticen la seguridad de suministro y favorezcan la flexibilidad en los momentos de
intermitencia de generación renovable, como el almacenamiento, la flexibilidad de la demanda y crear un mercado de capacidad que favorezca el mantenimiento y la rentabilidad de las tecnologías de respaldo, como se comentará más adelante.
Apenas existe en el borrador de la revisión del PNIEC una mención a la posibilidad de modificación puntual del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 para 'añadir flexibilidad' para 'dar viabilidad a
proyectos estratégicos a corto plazo' y la próxima puesta en marcha de la nueva Planificación para el periodo 2025-2030. Tal es así, que en la Medida 1.10 'Descarbonización del sector industrial', no se contempla ninguna relativa a desarrollar la
red para facilitar el derecho de acceso y conexión de la demanda industrial existente o nueva.
Previamente, el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, introducía una serie de restricciones para gestionar la escasez de capacidad de acceso y conexión y posibilitaba modificaciones a la planificación de la red de transporte
2021-2026, para proyectos estratégicos en el muy corto plazo, que debía resolver el Gobierno antes del 31 de marzo.
Todo ello, porque existen casi doscientos noventa nudos de la red de transporte que se encuentran reservados para concurso de acceso al amparo de lo previsto en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre y las expectativas generadas por
la Orden Ministerial pendiente de aprobación para poner en marcha los concursos está generando 'movimientos especulativos por parte de determinados agentes que están iniciando los primeros pasos en las tramitaciones sin dar continuidad a los
mismos'. ¡Y lo dice el MITECO que lleva tres años bloqueando capacidad de acceso y conexión en esos nudos sin sacarlos a concurso!
Y es que la mentalidad del MITECO es claramente anti-industrial, porque en lugar de ampliar red para acoger el mayor número de proyectos industriales posibles y la inversión y empleo que lo acompaña, opta por restringir y filtrar los
proyectos con la excusa de la red existente. El Preámbulo del Real Decreto-ley así lo declara sin pudor cuando afirma textualmente que el gran número de proyectos es perjudicial:
'( ...) Para la sociedad donde se ubica el proyecto porque se inician tramitaciones por un número de proyectos que ni la red, ni la zona, desde un punto de vista social y ambiental, pueden absorber.
Y para las administraciones, porque, en un momento en que estas se encuentran tensionadas por el elevado volumen de proyectos en tramitación, supone un empleo ineficiente de los recursos en proyectos que no podrán ser viables.
Lo anteriormente señalado hace que resulte necesario suspender las tramitaciones de aquellos proyectos que, pretendiendo evacuar en nudos de concurso, aún no dispongan de permisos de acceso y conexión.'
Por otro el mismo Real Decreto-ley señala en su Preámbulo que el 'Plan + seguridad para tu energía (+SE)', contempla entre sus medidas el lanzamiento de una nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica para dar cabida a
las necesidades de refuerzo de la red que se han identificado con posterioridad a la aprobación de la vigente Planificación 2021-2026, y avanza que se tramitará una modificación puntual de la misma, que priorizará aquellas actuaciones que sean
estratégicas para la transición energética y permitan desarrollar la cadena de valor industrial, bajo el principio de maximización del retorno social de las inversiones.
Y, con el fin de dar cumplimiento a esta medida, mediante el Real Decreto-ley se introduce un mandato al Gobierno para que, en el primer trimestre de 2023, inicie una modificación de aspectos puntuales de los planes de desarrollo de la
planificación de la red de transporte de energía eléctrica, previstos en el artículo 4.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Asimismo, y con el fin de evitar el impacto en peajes de los consumidores se establece la posibilidad de que dichas actuaciones sean financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A su vez estas actuaciones no
computarán a la hora de calcular los límites máximos anuales de inversión en la red de transporte de energía eléctrica fijados por la normativa sectorial.
Actualmente, un año después, ya culminó el trámite para esa inversión neta adicional, que vuelve a demostrar la mentalidad anti-industrial del MITECO y desliza las sospechas de favoritismo o no, según la región de que se trate. Las
modificaciones aprobadas suponen una inversión de 321,2 millones de euros con modificaciones puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, elevando su cifra inversora en un 4,6 % hasta los 7.285 millones de
euros sobre los 6.964 millones de euros ya previstos en la Planificación con horizonte 2026, una actualización urgente que se aprobó en el RDL 20/2022 de diciembre pasado, que tratan de mitigar las carencias hasta ahora descritas. Según
declaraciones recogidas en medios, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de Madrid lideran estas alegaciones ya que entienden que el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, dirigido por el
Ministerio que dirige Teresa Ribera, discrimina sus territorios y no atiende sus necesidades de red, poniendo en riesgo miles de millones de euros de inversión en electrificación de la industria, en autoconsumo, en nuevo generación renovable, y en
nueva demanda eléctrica necesaria para grandes consumidores, como los Centros de Datos.
Pero, del conjunto de modificaciones incluidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 64 modificaciones que suponen una inversión de 321 millones de euros para toda España, se estima que sólo 6 millones
corresponderán a Andalucía, lo que apenas representa el 2 % del total, porcentaje que no se corresponde con el peso poblacional de Andalucía (18 % del país) y con su posición como segunda
comunidad por extensión geográfica. Además, Andalucía argumenta en sus alegaciones que gestiona el 20 % de la potencia renovable en tramitación en España.
Por su parte, la Comunidad de Madrid denuncia que las modificaciones aceptadas al Plan vigente 2021-2026 no incluyen ningún cambio para la región, pese la falta de capacidad de acceso y conexión para una gran necesidad de nuevos permisos de
acceso, como muchos proyectos de Centros de Datos, que precisan de una gran cantidad de suministro eléctrico -preferiblemente renovable-, para su operación y una localización en nudos estratégicos de la red de telecomunicaciones, movilizando
inversiones multimillonarias de multinacionales de telecomunicaciones y de plataformas digitales globales.
Se sigue apostando desde el Gobierno por exportar electrones o moléculas 'verdes' en lugar de utilizar nuestras potenciales ventajas para producir energía renovable, limpia y competitiva para exportar valor añadido 'verde', atrayendo nueva
inversión industrial y generando reindustrialización. La actual planificación vigente 2021-2026 de desarrollo de la red de transporte incluye más de 300 posiciones nuevas destinadas a la ampliación de subestaciones para conexión de nueva generación
renovable frente a sólo 21 de conexión a nueva demanda. Y de las modificaciones que ahora se aceptan al Plan, que se concretan en 64 actuaciones totales, sólo 17 son de nueva demanda, algunos de los cuales han sido beneficiarios de ayudas
vinculadas a programas dotados con fondos europeos Next Generation. Y de hecho estaban previstas con plazo límite de 31 de marzo de 2022 para el Gobierno, por lo que llega con muchos meses de retraso la activación del proceso necesario para ampliar
las redes con carácter de urgencia para proyectos que eran urgentes y estratégicos en diciembre de 2022, es decir, hace más de 1 año.
No obstante, la previsión presupuestaria era de una partida de 931 millones para financiar parcialmente el coste de actuaciones incluidas en la Planificación con cargo a la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ligado
a los fondos REPowerEU. Inversión 14 del Componente 31, ligado a los fondos REPowerEU, aprobado por la Comisión Europea el pasado mes de Octubre. Con esos 931 millones de fondos europeos se podrían financiar actuaciones por más de 1.800 millones,
ya que se contempla que cubran la mitad de la inversión de cada actuación. Es decir, los 321 millones de euros de inversión aprobados apenas suponen un 18 % del total de la inversión que el Gobierno podía haber movilizado.
Todo ello es aún más sorprendente si se tiene en cuenta el superávit del sistema eléctrico para la retribución de cargos, sobre costes y peajes, de más de 6.000 millones de euros en 2022 y de cerca de 3.000 millones de euros en 2023.
Y la perplejidad aumenta cuando se comprueba que, según la memoria económica presentada recientemente por el regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la retribución anual de REE, gestor de la operación y
desarrollo de la red de transporte, para el próximo año se estima en 1.250 millones de euros, lo que supone un descenso del 16,3 % con respecto a los 1.492 millones de euros percibidos en este 2023.
Por tanto, los problemas de falta de red para otorgar derecho de acceso y conexión a muchos proyectos no se han resuelto y se han incrementado en este último año. Tal es así que el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, introduce
Título III, el Capítulo II dedicado a la 'Regulación del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para la promoción del autoconsumo, la electrificación de la demanda y la descarbonización de industria', que
contiene tan sólo dos artículos, el art. 31 y el art. 32, enfocados en la gestión de la escasez de red, pero sin contemplar medidas que incentiven una mayor inversión en red para su desarrollo, digitalización y modernización.
Pero para resolver la falta de capacidad de acceso y conexión a la red que sufrimos en España, no bastan las limitadas medidas de última hora introducidas en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, el típico Real Decreto-ley
'ómnibus' del que viene haciendo uso y abuso el presidente Sánchez. Es necesario un enfoque integral y enfocado que considere la gestión de la escasez en el muy corto plazo, pero también genere certidumbre regulatoria y confianza para los
inversores que puedan diferir sus
proyectos al medio o largo plazo, con medidas de desarrollo de nueva capacidad de red a medida de sus necesidades.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración, en el plazo máximo de tres meses, de una Hoja de Ruta para la modernización de la planificación en la Red de Transporte Eléctrico y del desarrollo de las redes de distribución
en España, que contenga, al menos, las siguientes medidas:
1. La revisión de los actuales límites legales a la inversión en transporte y distribución eléctrica, modificando los porcentajes máximos sobre PIB de forma que la inversión resulte suficiente para atender las nuevas necesidades
industriales y las necesidades de evacuación derivadas de la generación de energía eléctrica que surgirán de la revisión del PNIEC 2023-2030.
2. El establecimiento de cauces de participación efectivos de los administrados ante el organismo regulador CNMC para que éste pueda determinar qué peticiones han de ser consideradas prioritarias y estratégicas e incluir en la Planificación
quinquenal, considerando el conjunto del sistema energético y la economía nacional, y la retribución asignada a la inversión destinada a cubrir dichas necesidades.
3. El establecimiento de las medidas para que los procesos de inspección sobre dichas inversiones sean definidos exante, más transparentes, no discriminatorios y ajustados a la realidad de cada proyecto, teniendo en cuenta su naturaleza
plurianual.
4. El diseño de procedimientos de adjudicación y gestión de la escasez de capacidad en el corto plazo, que consideren entre los criterios de adjudicación el volumen de la inversión industrial, el grado de madurez y viabilidad
técnico-económica del proyecto y la generación de empleo local y nacional que producirá el proyecto y su cadena de suministro vinculada.
5. La inclusión de nuevas modificaciones en la planificación de la red de transporte y distribución a fin de anticipar la normativa española al acuerdo de reforma de mercado de electricidad alcanzado en Europa, para incentivar la inversión
anticipada en las redes, que den respuesta a las necesidades de los proyectos industriales intensivos en energía cuya viabilidad y competitividad dependen de la conexión eléctrica.
6. La adopción de las medidas necesarias para que se aceleren los plazos de tramitación y ejecución de estas infraestructuras, con el fin de que la puesta en marcha de los proyectos industriales no se vea retrasada por la falta de la
interconexión eléctrica.
7. La reforma de la Ley del Sector Eléctrico para introducir modificaciones de una manera ágil y sencilla en la planificación de la red de transporte y distribución para dar respuesta a las necesidades de conexión de proyectos industriales
que tengan una calificación de prioritarios o estratégicos por un gobierno autonómico o por el Gobierno central.
8. El diseño de procedimientos de modificación de la Planificación quinquenal del Desarrollo de la Red de Transporte, de forma que sea posible una planificación más dinámica, flexible y ajustada a las oportunidades de atraer inversión
industrial y al más eficiente despliegue de energías renovables, para disminuir vertidos, incluyendo la posibilidad de que el gestor de la red de transporte o de la red de distribución pueda emitir certificaciones vinculantes sobre concesión futura
de acceso y conexión.
9. La modificación de la Orden TED/1375/2023, de 21 de diciembre, por la que se inicia el procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, de forma que en los Principios
rectores de la Planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030, se incluya de forma prioritaria la demanda eléctrica, en especial de procesos industriales y nuevos modelos de negocio, y estableciendo los mecanismos necesarios para
reservar un porcentaje en términos económicos de la planificación para atender las modificaciones puntuales de
planificación de forma activa que den respuesta a proyectos maduros, generadores de demanda.
10. Las modificaciones normativas necesarias para integrar el almacenamiento y las soluciones de hibridación, sobrepotenciación y repotenciación para un aprovechamiento más eficiente de las actuales y futuras capacidades de la red.
11. La reformulación de las obligaciones exigidas a la demanda, especialmente a la electrointensiva, manteniendo las exenciones vigentes en peajes y ampliándolas a los avales exigidos en los futuros concursos de capacidad para la demanda.
12. La eliminación de las restricciones y obligaciones adicionales que se imponen a la demanda en su acceso y conexión a las redes y que resultan asimétricas en relación con las existentes para los generadores.
13. La elaboración de un calendario que dé previsibilidad a los futuros concursos de capacidad para la demanda.
14. La ampliación de los programas que permitan una mayor digitalización de las redes de distribución, a fin de incrementar el aprovechamiento del autoconsumo, la gestión de la demanda, la eficiencia energética y los sistemas de recarga
bidireccional 'vehicule to grid' (V2G) para el vehículo eléctrico.
15. La racionalización de las ayudas para infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico y vehículos de hidrógeno, que permitan enfocarlas en el cumplimiento de los requisitos de la Directiva comunitaria sobre distancia mínima entre
instalaciones.
16. La elaboración de un Libro Blanco sobre Energía e Industria, que quedó pendiente de la legislatura anterior, que incluya un análisis de los impactos en la industria como consecuencia de las reformas regulatorias en energía desde el 1 de
enero de 2020 a la actualidad y, especialmente, de las necesidades de red de la demanda y las medidas que se recomiendan para que puedan ser cubiertas sin pérdida de proyectos industriales por falta de capacidad de acceso y conexión.
17. La reforma de la normativa energética y del diseño de los PERTES cuyos proyectos precisen de derecho de acceso y conexión a la red de transporte eléctrico, a fin de facilitar su priorización en la adjudicación de capacidad, así como una
mayor agilidad del desembolso de las ayudas con fondos Next Generation, que podrán contribuir a la inversión necesaria para desarrollar su acceso y conexión a la red.
18. La reforma, instada a la CNMC, del mercado tarifario, de tal forma que se establezca una misma tarifa para tensiones desde 15 kV a 33 kV, con el fin de evitar desigualdades territoriales.
19. El desarrollo de mecanismos de co-gobernanza real con las Comunidades Autónomas para el adecuado cumplimiento de las medidas anteriores, estableciendo criterios de inversión en redes para cada Comunidad Autónoma, de forma desagregada
para nueva generación y para nueva demanda, que considere prioritariamente el volumen de inversión industrial y empleo a generar y equitativamente, peso poblacional, relación de proyectos de nueva demanda en la Comunidad Autónoma respecto al total
nacional y relación de proyectos de nueva generación respecto al total nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz, Francisco José Conde López, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz, Joaquín Melgarejo
Moreno, Maribel Sánchez Torregrosa, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Bella Verano Domínguez, José Ignacio Romaní Cantera, Guillermo Mariscal Anaya y
Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la producción de combustibles
sostenibles de aviación para acelerar la descarbonización del transporte aéreo mientras se salvaguarda su papel clave para el turismo y la industria energética española, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La aviación es para España un sector estratégico que hace posible la llegada del 85 % de los turistas que visitan nuestro país, 69 millones en 2019. El turismo, a su vez, representa uno de los sectores claves en la economía española. En
2019, el sector turístico alcanzó una aportación de 12,4 % al PIB de España, empleando a más de 2,6 millones de personas en nuestro país.
Tanto la aviación como el turismo se enfrentan todavía a las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. El sector turístico cayó un 42,8 % en nuestro país, retrocediendo esta industria clave a los niveles
del año 2003.
A pesar del contexto de incertidumbre actual la aviación, como otros muchos sectores de la economía, deberá asumir su cuota en la hoja de ruta de la transición energética. Deberá contribuir al objetivo de la UE de neutralizar las emisiones
de carbono para el año 2050. En el caso de la aviación este reto conlleva, sin embargo y a diferencia de otros medios de transporte, ciertas complicaciones al no existir, hoy por hoy, suficientes fuentes de energía alternativas al combustible fósil
susceptibles de uso para propulsar un avión. A pesar de ello la industria en su conjunto se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de CO2 en 2050.
Para ir dando cumplimiento a los referidos compromisos y contribuir al objetivo de emisiones cero, de todas las medidas al alcance del sector, el uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF por sus siglas en inglés) es con diferencia la
solución más prometedora y la que contribuirá en mayor medida en la descarbonización, con una reducción de emisiones de CO2 del orden del 70 % en el caso de las SAF orgánicos o incluso pudiendo llegar al 100 % en el caso de los SAF sintéticos en el
ciclo de vida completo. Los SAF cumplen con las especificaciones técnicas necesarias para su uso seguro y pueden ser mezclados con el combustible fósil tradicional. Además, su uso no requiere de modificaciones en las aeronaves o en los motores, ni
tampoco de cambios en la infraestructura aeroportuaria. Son una solución por tanto sostenible y disponible ya actualmente, aunque no en las cantidades necesarias para atender a la demanda, ni a un precio competitivo al combustible tradicional. Por
lo tanto, es imperativo incrementar su producción a gran escala para que se alcancen las cantidades suficientes de oferta de SAF que abaraten su coste en el mercado acercándose al precio del combustible tradicional.
Los principales obstáculos en la actualidad para la producción de combustibles sostenibles para la aviación son:
- Precio: Hoy en día el SAF es significantemente más caro que el combustible tradicional, que representa entre el 25 % y el 35 % de los costes operativos de una compañía aérea. La diferencia de precio supone un obstáculo prácticamente
insalvable para generalizar su uso. Incorporar un sobrecoste de este calibre podría traducirse en un encarecimiento del precio de los billetes y dificultar el acceso a este medio de trasporte a algunos sectores de la sociedad. Es clave, por tanto,
definir políticas que incentiven la producción y contribuyan a rebajar su coste para que éste no llegue al consumidor final.
- Niveles de producción. El reglamento ReFuelEU de la UE dentro del paquete 'Fit for 55' prescribe un incremento gradual de porcentajes de SAF hasta el año 2050
(cuando, como mínimo, un 63 % de los combustibles de aviación deberán ser sostenibles). Este mandato, sin embargo, no ha venido acompañado de suficientes medidas que favorezcan un marco óptimo para la producción de SAF en las cantidades que
demandará el sector. Existe por tanto una urgencia en España para asegurar una producción gradual suficiente que permita cumplir con los objetivos marcados por la UE, pero también reducir la necesidad de dependencia de este tipo de combustible de
forma que reduzcamos la necesidad de abastecernos desde en mercados fuera de nuestro país.
- Certificación y homologación: Existe un número reducido de rutas homologadas y de materias primas aceptadas para la producción de SAF, lo que limita el potencial de producción del mismo y por tanto la posibilidad de abaratarlo. Aprobar
una nueva ruta es tedioso (demora hasta 8 años) y muy costoso. Estados Unidos consciente del carácter estratégico de esta tecnología, ha tomado el liderazgo con varias rutas homologadas o en proceso de homologación, así como la posibilidad de usar
una variedad de materias primas para su producción y, por tanto, con una perspectiva de oferta y competencia en el mercado que contribuirán a reducir el coste del producto. España, en el contexto de la UE, debe apostar por una estrategia similar,
impulsando e incentivando estos proyectos de certificación y homologación de rutas y materias primas para la producción de SAF.
En definitiva, las necesidades de la aviación sostenible -que se verán incrementadas en los próximos años, tal y como venimos exponiendo-, también se traducen en oportunidades industriales, que nuestro país está en condiciones de aprovechar
si se aplican las políticas de acompañamiento adecuadas y se abandonan absurdas políticas prohibicionistas que en nada contribuyen a la lucha contra el cambio climático pero perjudican a la economía, a los ciudadanos y nos hace perder oportunidades
industriales reales, como demuestran diversos estudios.
Estados Unidos, consciente de esta necesidad, pero también del coste de oportunidad, actualmente es líder en producción de SAF en parte gracias a las políticas de incentivos a la producción y puesta a disposición en el mercado de este tipo
de combustibles sostenibles. Gracias a estos incentivos, se espera que su producción alcance los 11 millones de metros cúbicos de SAF en 2030.
Con las inversiones apropiadas, España, por su situación geográfica, climatología, volumen de tráfico e infraestructura de distribución, podría beneficiarse de un sistema de producción a gran escala, llegando a ser autosuficientes e incluso
exportar el remanente de SAF a otros países donde la oferta interna no pueda cubrir las necesidades de SAF de su industria de aviación.
Un informe de la Consultora PwC para Iberia y Vueling hecho público en junio del pasado año 2023, señala que el sector SAF podría crear 270.000 empleos en España, con gran potencial de recursos para convertirse en un líder mundial en la
producción de Combustible Sostenible para la Aviación.
Sólo la demanda nacional de combustible de aviación hasta 2030 (5 millones de toneladas) podría cubrirse con entre 30 y 40 plantas de producción, con un impacto en el PIB español de 56.000 M de inversión privada hasta 2050. Con la
capacidad actual de producción de las infraestructuras existentes, tan solo podríamos cubrir el 0,05 % de la demanda global de dicho combustible.
Como el SAF puede ser orgánico (producido a partir de aceites vegetales, grasas animales, biomasa u otros residuos como los agrícolas) o sintético, (a partir de la captura de CO2 e hidrógeno verde), España podría convertirse en líder mundial
de producción de SAF y gran exportador por la abundancia de residuos forestales, agrícolas y ganaderos, los planes de producción de hidrógeno verde y las modernas infraestructuras de refino y transporte y distribución de combustibles, entre las
mejores del mundo. Sin olvidar el posible aprovechamiento del bioetanol en aviones ligeros y de menor dimensión, obtenido como subproducto de la industria agroalimentaria de proteínas para pienso animales a partir de maíz, remolachas y otros
cereales, en una cadena de valor circular que fortalece nuestro campo y nuestros agricultores y ganaderos.
Además, la mayor parte de las inversiones y empleos se crearían en las zonas rurales que abastecen de esos residuos y productos energéticamente aprovechables como combustible; las CC.AA. con mayor capacidad para producir SAF de origen
orgánico, son: Andalucía (27,6 %), Castilla y León (18,4 %), Castilla-La Mancha (14,4 %) y Cataluña (8,4 %).
Para que la aviación cumpla con el compromiso adquirido de cero emisiones de CO2 netas, se exigirá una capacidad de producción anual de 449 millones de metros cúbicos de SAF. Con la inversión actual, se podrá aumentar la producción anual de
los 125 millones de litros actuales a 5 millones de m3 en 2025. Con incentivos gubernamentales efectivos, la producción podría alcanzar los 30 millones de m3 en 2030, lo que sería un punto de inflexión para la producción y utilización de SAF.
Favorecer un marco adecuado para la producción a gran escala de SAF es por tanto de vital importancia para España no solo desde el punto de vista del turismo, sector vertebrador de nuestra economía, sino también por la oportunidad que se nos
brinda de diversificar nuestras líneas de producción industrial energética y agroalimentaria hacia combustibles sostenibles, la contribución para la independencia energética de España, la posibilidad de cubrir las necesidades de SAF no solo de la
industria nacional de aviación, sino también más allá de nuestras fronteras y, por último, por el efecto catalizador que supondrá todo ello en términos de creación de empleo y de riqueza.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar una política de incentivos aplicable a la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF) que favorezca las economías de escala necesarias para el desarrollo de un mercado de SAF en nuestro país, con el objetivo de
incrementar la capacidad de producción de las compañías productoras y lograr que los precios puedan ser competitivos.
2. Impulsar dentro del seno de la UE que los usuarios, compañías aéreas (tanto de pasajeros como de carga), puedan beneficiarse de derechos de emisión adicionales según la calidad y proporción del SAF usado en el contexto del esquema de
comercio de emisiones europeo (EU ETS).
3. Impulsar en el seno de la UE la aprobación y la estandarización de rutas de producción de SAF y del uso de materias primas.
4. Financiar proyectos de l+D+i para explorar nuevas fuentes de producción de SAF.
5. Establecer convenios público-privados para fomentar la inversión en la producción y suministro de SAF.
6. Mejorar la colaboración con la administración pública local y regional para favorecer el acceso a los residuos de los municipios como fuente alternativa a la producción de SAF.
7. Incentivar la creación, adaptación y viabilidad de plantas para producción de SAF otorgándoles la categoría de proyectos estratégicos.
8. Establecer mecanismos racionales de contabilidad de uso de SAF a nivel país, de forma que la logística de transportar este tipo de combustible no termine penalizando el objetivo medioambiental que el uso de SAF persigue en última
instancia.
9. Incentivar proyectos de producción de combustibles sostenibles mediante mecanismos de inversión directa y de impulso de incentivos fiscales con el fin lograr la madurez tecnológica.
10. Fomentar plataformas de la cadena de valor de los biocarburantes susceptibles de ser utilizados para la aviación sostenible, que potencie la economía circular entre cooperativas agrarias, industria agroalimentaria y forestal, industria
energética,
universidades y centros tecnológicos y favorezca la reducción de la huella de carbono de sus aprovisionamientos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-César Sánchez Pérez, Juan Diego Requena Ruiz, Francisco José Conde López, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, Raquel Clemente Muñoz, Joaquín Melgarejo
Moreno, Maribel Sánchez Torregrosa, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Bella Verano Domínguez, José Ignacio Romaní Cantera, Guillermo Mariscal Anaya y
Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un Pacto de Estado por
la Vivienda, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La vivienda siempre ha sido el proyecto de vida de millones de españoles, pero desde hace algunos años se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestro país, un problema nacional tanto por el acceso al alquiler como por la
compra de una vivienda en propiedad.
Una vivienda es fundamental para que cualquier persona pueda crear un hogar que le dé dignidad, intimidad y un proyecto de vida. O dicho de otra manera, sin viviendas dignas no existe civilización moderna y avanzada. Esta cuestión afecta y
se ve afectada de manera transversal por la situación macroeconómica y social de cualquier país. Todos coincidiremos en que esta materia debe ser tratada con amplitud de miras y visión a largo plazo para poder superar los ciclos políticos. Con el
fin de alcanzar un Pacto de Estado por la Vivienda, debemos incluir en la ecuación a todas las administraciones públicas, así como también a los representantes del sector privado.
La experiencia nos dice que el intervencionismo en los precios del alquiler provoca la fuga de propiedades hacia otros mercados, como por ejemplo el alquiler turístico, el alquiler temporal o el mercado negro. Todos los indicadores señalan
que durante el último año la oferta de pisos de alquiler se ha reducido drásticamente. A partir de aquí, la famosa ley de la oferta y la demanda ha hecho el resto y el precio del alquiler ha subido un 10,1 % en 2023 según el principal portal
inmobiliario de nuestro país.
A día de hoy, evidenciamos varios problemas que entre todos debemos ser capaces de solucionar:
- La poca vivienda disponible, que ha disparado los precios tanto de alquiler como de compra.
- La gran carga fiscal, llegando a suponer un 25-30 % del total del coste de la compra o la construcción de una vivienda.
- El poco suelo disponible, que hace que la compra del terreno suponga un 40 % del total del precio final de un inmueble.
- La brecha de emancipación que mantenemos respecto a la media de la UE, donde es de 26,4 años frente a los 30,3 años de España.
- La ocupación ilegal, que castiga a los barrios más humildes deteriorando tanto los espacios como la convivencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un Pacto de Estado por la Vivienda con la participación de todas las administraciones públicas y el sector privado, donde se aborden las medidas necesarias para dar respuesta a los
retos que presenta nuestro país en esta materia, como las siguientes:
1. Una fiscalidad atractiva para favorecer el acceso a la vivienda, con ayudas tanto al alquiler como a la compra.
2. Reforzar las garantías y seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles.
3. Trabajar la colaboración público-privada como instrumento para responder a las diferentes necesidades, desde alquileres sociales a la construcción de vivienda con precios tasados.
4. Movilizar el suelo de titularidad pública destinado a redes públicas de vivienda con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible.
5. Promover la vivienda social, con objetivos coherentes y realistas, como elemento fundamental para hacer frente al problema de la vivienda en España.
6. Establecer como uno de los ejes del Pacto el acceso de los jóvenes a la vivienda.
7. Estimular la industrialización de la construcción de vivienda y una construcción más sostenible.
8. Crear medidas específicas para las zonas con riesgo de despoblación grave.
9. Defender la propiedad privada frente a la ocupación ilegal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Cristina Agüera Gago, María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Ana Isabel Alós López,
Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García y Joan Mesquida Mayans, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/000518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río e Ignacio Hoces Íñiguez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la conmemoración y homenaje a la figura de don Ángel Sanz Briz, para su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Primero. Breve biografía de don Ángel Sanz Briz.
Don Ángel Sanz Briz nació en Zaragoza en 1910, hijo de don Felipe Sanz, comerciante, y de doña Pilar Briz. Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Madrid (predecesora de la actual Universidad Complutense), casi un año después
del comienzo
de la Guerra Civil española, a sus 25 años, fue adscrito como funcionario al Ministerio de Estado en Madrid.
Durante esos años demostró su heroísmo humanitario salvando a cientos de personas en la España del Frente Popular, expidiendo documentos y tratando de influir sobre las autoridades 31. Asimismo, es conocido el testimonio de un funcionario
de la embajada alemana, el Sr. Fischer: 'Sé positivamente, por experiencia propia y por el testimonio de otros colegas, la gran labor realizada por usted cerca del comité rojo de la Estación del Mediodía de Madrid, en la que, con evidente riesgo
de su persona, facilitó la salida de Madrid a gran número de personas perseguidas' 32.
Tras el final de la guerra, en el año 1939, don Ángel Sanz Briz ingresó en la Carrera Diplomática, siendo destinado como encargado de negocios en la Embajada de España en El Cairo 33. El 19 de marzo de 1944, cuando se produjo la ocupación
alemana de Hungría, el señor Sanz Briz llevaba dos años ocupando este mismo cargo en la Embajada de España en Budapest.
Como describiremos a continuación, en una de las horas más oscuras de la Historia reciente, don Ángel Sanz Briz, diplomático español, usó dinero, documentos, instalaciones y leyes españolas para salvar a unos 5000 judíos de unas
deportaciones que, con casi total seguridad, equivalían a la muerte.
Segundo. Actuaciones llevadas a cabo por don Ángel Sanz Briz durante la Segunda Guerra Mundial.
El Gobierno español adoptó desde 1943 una política de ayuda discreta a los judíos europeos, tanto por razones humanitarias como estratégicas (compensar a ojos de los Aliados -previsibles vencedores de la guerra- su apoyo a Hitler en el
ataque a la URSS y el envío de la División Azul).
En Hungría, a finales de junio de 1943, Miguel Ángel Muguiro, embajador en Budapest, recibe la orden de regresar a España, quedando el señor Sanz Briz a cargo de la legación como encargado de negocios. Desde allí, informa puntualmente a
Madrid de las novedades sobre la persecución a las comunidades judías, y en julio informa por primera vez de la existencia del campo de exterminio de Auschwitz: 'Afirman que el número de israelitas deportados se aproxima a 500.000. Sobre su suerte
corren rumores alarmantes. La mayoría de los deportados judíos (en cada vagón de carga van unas 80 personas amontonadas) son enviados a un campo de concentración cercano a Kattowitz donde los matan con gas, utilizando los cadáveres como grasa para
productos industriales [ ...]' 34.
La política de auxilio a los judíos -comenzando por 400 sefarditas de Salónica a los que se intentó ayudar a salir a Palestina- quedó reflejada en el informe 15E de 1944, conservado en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Tras el fallecimiento de Gómez-Jordana, José Félix de Lequerica le sucedió como ministro de Exteriores. El nuevo ministro recibió el 20 de octubre este telegrama de Juan Francisco de Cárdenas, embajador español en Washington:
'Representante Congreso Judío mundial me ha visitado para pedirme si es posible que nuestra Legación en Budapest extienda protección a mayor número de judíos perseguidos en la misma forma que asegura lo hace Suecia, que envió un delegado especial,
el señor [Raoul] Wallenberg, autorizado por su gobierno para extender documentos de protección y concentrando sus protegidos
31 En su expediente de funcionario consta la siguiente declaración: 'En la fecha en que comienza el glorioso Movimiento Nacional me hallaba en Madrid prestando mis servicios en la Sección de Protocolo del Ministerio del Estado. Esta
circunstancia [ ...] me colocó en una posición desde la que me fue posible favorecer a gran número de compatriotas perseguidos'. De 'Ángel Sanz Briz: Su actuación en relación con el Movimiento Nacional', Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, p. 705, exp. 44665 (citado por Espada, Arcadi, En nombre de Franco: Los héroes de la embajada de España en el Budapest nazi, Espasa, 2014, p. 21).
32 Espada, Arcadi, op. cit, p. 23.
33 https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/budapest/es/Embajada/Documents/HomenajeSanzBriz/CV %20%c3%81NGEL%SANZ%20BRIZ.pdf.
34 Informe de don Ángel Sanz Briz a sus superiores del Ministerio de Exteriores en junio de 1944.
en edificios que se consideran anejos a la Legación de Suecia en Budapest' 35. Lequerica escribió tres días después al señor Sanz Briz: 'Embajador Washington a petición representante Congreso judío mundial ruega se extienda protección a
mayor número judíos perseguidos. Sírvase V.E. informar en qué forma se puede atender a lo solicitado con mayor espíritu de benevolencia y humanidad' 36. En esos mismos días de octubre habían tenido lugar en Hungría cambios políticos, derivados
del empeoramiento de la situación militar del país, que hacían la situación aún más crítica.
Tras la entrada de tropas soviéticas en territorio húngaro, el almirante Horthy (regente y jefe del Estado húngaro) intentó concertar una paz por separado con la URSS. Como parte de la 'Operación Panzerfaust', los alemanes secuestraron a su
hijo y le obligaron a renunciar el 15 de octubre, instalando en el poder a Ferenc Szálasy, líder del partido de la Cruz Flechada (los 'nyilas' o nazis húngaros).
Don Ángel Sanz Briz informó al Gobierno español del recrudecimiento de la persecución: 'Se ha acentuado el terror antijudío. Se ha decidido la deportación a Alemania de todos los judíos que quedan en Hungría. Los hombres útiles serán
transportados a pie; las mujeres, niños y ancianos, en tren. Se teme por la vida de todos ellos' 37.
Ya desde el verano de 1944, el señor Sanz Briz venía extendiendo pasaportes españoles y salvoconductos a algunos judíos 38, aprovechando un Real Decreto dictado durante el reinado de Alfonso XIII que permitía conceder la ciudadanía a los
judíos sefardíes. Los doscientos inicialmente protegidos terminaron convirtiéndose en 5000, en su mayoría askenazíes (había muy pocos sefardíes en Hungría), mediante una mezcla de triquiñuelas administrativas y sobornos a las autoridades húngaras.
El propio Sanz Briz explicó algunas en una entrevista incluida en el libro Los judíos en España: 'Aproveché mis contactos para pedirles su colaboración en mi intento de convencer al gobierno húngaro de autorizar la protección española al
menos para 200 españoles de origen sefardita. Así logramos nuestro objetivo más importante: Hungría reconoció la existencia de los sefarditas y permitió que España les protegiera. El gobierno húngaro puso la condición de que los protegidos judíos
españoles fueran trasladados a España con los gastos pagados, a lo que he dado mi consentimiento oficial. El resto ha sido fácil: los doscientos nombres se han transformado en doscientas familias, pero nunca hemos expedido pasaportes ni cartas de
protección que excediera el número 200. Gestionamos estos documentos en la Embajada y hemos producido series que marcamos con las letras del alfabeto [ ...]'.
Liderados por el nuncio de la Santa Sede, Angelo Rotta, los embajadores de varios países interesados en salvar judíos -Suecia, Suiza, España- se coordinaron para extender cartas de protección y custodiar a los protegidos en edificios anexos
a las legaciones diplomáticas. Sanz Briz utilizó los fondos de la Embajada para alquilar hasta once casas en cuya puerta se colocaba el cartel de 'protegido por la Legación española'. Además, para llevar a cabo su labor humanitaria contó con el
apoyo decisivo de dos personas:
- Elisabeth Tourné, empleada de la Embajada desde 1918 (que ya había extendido pasaportes españoles a judíos perseguidos desde los años treinta, adelantándose al esfuerzo español oficial).
- El abogado magiar Zoltán Farkas, que acompañaba a Sanz Briz -que no dominaba el idioma húngaro- en todas sus gestiones, llegando a sacar a judíos protegidos de convoyes, custodiados por nyilas o por las SS, que ya se acercaban a la
frontera austríaca. Farkas sería asesinado el 13 de enero, con los soviéticos ya entrando en la ciudad. Sanz Briz, con permiso del Gobierno español, abandonó Budapest el 7 de diciembre de 1944, rumbo a Suiza.
35 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, telegrama núm. 1007, 20 octubre 1944 (citado por Arcadi Espada, op. cit, p. 92)
36 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, telegrama núm. 78, 23 octubre 1944 (Arcadi Espada, op. cit., p. 92).
37 Citado por Arcadi Espada, op.cit, p. 104.
38 https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/budapest/es/Embajada/Documents/HomenajeSanzBriz/SALVOCONDUCTOS.pdf
La participación de la División Azul en la invasión alemana de la URSS en 1941 hacía temer que los soviéticos no tomasen en serio la neutralidad española; la vida del representante español corría peligro (de hecho, el diplomático sueco
Raoul Wallenberg, que también había salvado a muchos judíos, desapareció bajo custodia soviética en circunstancias poco claras en enero de 1945). Sin embargo, su labor humanitaria fue continuada durante algunos meses por sus compañeros de la
embajada. Entre el 7 de diciembre de 1944 y el 13 de febrero de 1945 (fecha del control definitivo de Budapest por el Ejército Rojo), la protección de los judíos refugiados en edificios anexos a la Embajada fue asumida por Zoltán Farkas, Elisabeth
Tourné y, especialmente, el italiano Giorgio Perlasca, que se autodeclaró 'embajador en funciones' y consiguió milagrosamente que esa condición fuese respetada por los nyilas, que seguían asesinando judíos mientras los soviéticos cercaban la
capital.
Tercero. Conclusiones.
Tras su retorno a España, don Ángel Sanz Briz mantendría durante décadas un discreto silencio sobre su hazaña. El 'ángel de Budapest' tuvo una carrera profesional muy brillante, con destinos en San Francisco, Washington, Lima o Berna.
En 1966, el señor Sanz Briz fue uno de los primeros distinguidos por Israel con la alta consideración de 'Justo entre las Naciones', reservada a los benefactores del pueblo judío. En 1973 se convirtió en el primer embajador de España en la
China comunista. En 1976 fue designado embajador en la Santa Sede, una posición que significaba mucho para él como católico devoto que era; ocupaba dicha posición cuando falleció en 1980.
En 1991, el Museo Yad Vashem de Jerusalén inscribió su nombre en el memorial del Holocausto. En 1994, el Gobierno de Hungría le concedió a título póstumo la Cruz de la Orden del Mérito de la República Húngara. En la Gran Sinagoga de
Budapest (la segunda más grande del mundo después de la de Nueva York) actualmente hay una placa que lleva su nombre. El 16 de octubre de 2015, en un acto solemne, el alcalde de Budapest, István Tarlós y el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Ignacio Ybáñez, inauguraron la Avenida Ángel Sanz Briz y el monumento dedicado a su memoria, obra del artista Krisztián Máthé.
Pese a todo lo anterior, la figura de Ángel Sanz Briz es casi totalmente ignorada por el público español, especialmente por la juventud. Mientras que el empresario alemán Oskar Schindler es conocido universalmente gracias a la película de
Spielberg, el diplomático español, que salvó tantas vidas o más que el citado héroe cinematográfico, no ha sido publicitado y reivindicado por España con la intensidad que merecería.
Este olvido debe ser enmendado, lo que se pretende mediante esta iniciativa. No en vano, don Ángel Sanz Briz cumple con la totalidad de los requisitos incluidos en el Real Decreto 1051/2002, de 11 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, para ser condecorado a título póstumo por el Gobierno de la Nación.
No obstante, es necesario matizar que el mejor homenaje que se puede hacer al señor Sanz Briz y a tantos españoles que se han destacado por su trabajo a favor de los demás, y por su contribución a la grandeza y al prestigio de España, sería
precisamente la adopción de una política de Estado completamente diferente en lo relativo a la historia y a la memoria. Los poderes públicos, cuya función primordial es procurar el bien común en el presente y en el futuro, solamente deben mirar al
pasado para encontrar valiosos ejemplos que emular, y para meditar sobre los hechos negativos de los que puedan extraerse enseñanzas útiles para el porvenir. Nunca debe utilizarse la historia con un ilegítimo propósito de obtener ventajas
partidistas en el debate político o, lo que es peor, con una finalidad perversa de excitar artificialmente las discordias sectarias entre españoles. Asimismo, hay que rechazar tajantemente toda pretensión de erradicar la memoria de grandes figuras
de nuestro pasado con el pretexto de su pensamiento o de su relación con determinado régimen político.
En consecuencia, se hace imperativo promover la derogación de la referida Ley de Memoria Democrática y de las leyes regionales de contenido análogo, asegurando que la Historia sirva para los españoles como fuente de orgullo y de reflexión, y
no de división.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Declarar el 23 de octubre -fecha en que, tras el telegrama del ministro Lequerica, comenzó la fase más intensa de la labor humanitaria del diplomático español- se celebren con conmemoraciones y homenajes sobre la figura de don Ángel Sanz
Briz.
2. Promover la elaboración de materiales didácticos sobre la actividad de don Ángel Sanz Briz y otros diplomáticos españoles durante la Segunda Guerra Mundial, poniéndolos a disposición de las escuelas.
3. Iniciar el expediente de concesión de la Cruz de Carlos III, a título póstumo, para el señor Sanz Briz, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1051/2002, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y
Distinguida Orden Española de Carlos III.
4. Impulsar desde los canales de radiotelevisión de la Corporación RTVE la divulgación y promoción de la figura de don Ángel Sanz Briz, en su papel protagonista en la ayuda española a los judíos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial
en Hungría, con el fin de ensalzar su meritoria labor salvando las vidas de los judíos perseguidos.
5. Fomentar, a través de las instituciones del Estado, la divulgación y promoción de la figura del señor Sanz Briz, conocido como 'el Ángel de Budapest', que contribuyó a salvar la vida de más de 5000 personas en la Segunda Guerra Mundial.
6. Impulsar la derogación inmediata de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y abandonar el propósito de impulsar iniciativas de la misma factura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río e Ignacio Hoces Íñiguez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al personaje español Juan 'Latino' como símbolo de adelanto social, de la cultura del esfuerzo y de tolerancia en la
Monarquía Hispánica del siglo XVI, para su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Primero. Juan de Sessa, más conocido histórica y popularmente como 'Juan Latino', nació en Etiopía, según su propio testimonio (aunque hay crónicas que dicen que nació en la localidad cordobesa de Baena). Según cuentan algunos estudios,
fue hijo de una esclava y muy de niño llegó a la localidad de Baena al ser comprado por los duques de Sessa (de ahí su apellido), sucesores del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba.
Vivió en una de las épocas más gloriosas de la historia de España, a caballo entre los reinados de Carlos I y Felipe II. Sus primeros años los pasó en el Castillo de Baena. En el convento adjunto al Castillo adquiría Juan de Sessa sus
primeros conocimientos. A pesar de su condición, recibió Juan una educación muy superior a lo que era frecuente en personas con sus circunstancias, lo que le permitió, llegado el momento, ingresar en la Universidad y recibir el grado de bachiller
en 1546. Profesor de latín y griego en la Universidad de Granada, su obra poética, además de sus dotes musicales y su talento diplomático, lo convirtieron en uno de los personajes más singulares del Renacimiento.
Fue un personaje muy importante por su singularidad: un hombre que hablaba latín y griego, defensor del Reino de España y del Concilio de Trento, y tenía un grado de cultura muy elevado, pese a su humilde origen.
En el prólogo del Quijote se le menciona en versos de 'cabo roto': 'Pues al cielo no le plugo que salieses tan ladino como el negro Juan Latino'. El hecho de ser nombrado por Miguel de Cervantes en su obra maestra universal es muy
revelador, e indica la magnitud del personaje en su época. No menos importantes son los reconocimientos de otros escritores como Lope de Vega, que llegó a escribir que él querría ser 'el Juan Latino blanco'.
Se le conoció como Juan Latino por el dominio que tenía de la lengua de Cicerón. El arzobispo de la capital granadina, Pedro Guerrero, uno de sus protectores, le apoyó para su acceso a la cátedra de gramática y lengua latina, tras conseguir
el título de licenciado. Impartió clases durante veinte años, y dejó una referenciada obra poética en latín, con la dificultad que ello conllevaba. En medio de todo esto, se doctoró en Artes.
Integrado en el claustro universitario, iba a convertirse en una de las figuras más reputadas en los ámbitos cultos de la época. Fue muy hábil en la traducción de lenguas clásicas. Además, fue un gran conocedor de los instrumentos
musicales y poseía una voz muy melodiosa, lo que le convertía en un hombre cuya versatilidad artística abarcaba muchos campos. Acabó asesorando al mismísimo Juan de Austria y, a través de su ingenio literario y su visión diplomática, participó en
decisiones políticas como la permanencia de las tumbas de los Reyes Católicos en la capital granadina.
Su biógrafo Juan Vicente Pascual narra que, si los restos de los monarcas siguen hoy en la ciudad de Granada, en la Capilla Real, 'es por la habilidad, el ingenio y la lucidez de aquel hombre extraordinario'. Incluso se dice que fue llamado
en audiencia por el Rey Felipe II por sus sabias y equilibradas opiniones, encargando el monarca más adelante un retrato suyo para la Galería de Hombres Sabios del Alcázar Real de Madrid.
'Asiduo a la tertulia poética y literaria que congregaba en su entorno Alonso de Granada Venegas, alcaide del Generalife, a la que asistían Luis Barahona de Soto y Pedro Cáceres Espinosa, no era rara en ella la presencia de San Juan de la
Cruz, con quien mantuvo Juan Latino estrecha relación, así como también la tuvo con Diego Hurtado de Mendoza. Aunque la docencia ocupó una parte importante en la actividad de Juan, resulta fundamental detenerse en su faceta creadora como traductor
y comentarista de clásicos grecolatinos, y como autor de obras, alguna de ellas desgraciadamente desaparecida. Desde esta vertiente son de destacar las dedicadas a Felipe II, al pontífice Pío V, a las gestas de Juan de Austria en el poema
Austriada, o a la descripción del traslado de los cuerpos reales desde Granada al panteón de El Escorial, escritas todas ellas en latín. Hombre del Renacimiento, impulsor del castellano, su nombre traspasó las fronteras locales, como lo demuestran
los elogios que le fueron dedicados por Cervantes o Collado del Hierro, entre otros ingenios' 39.
Se casó con Ana de Carleval, conformando así uno de los primeros matrimonios mixtos legalmente establecidos, algo en lo que España peninsular fue pionera, y de cuya unión nacerían cuatro hijos.
Murió anciano y prácticamente ciego. La fecha de su muerte varía según las fuentes consultadas, inclinándose los estudiosos de su biografía y obra por situarla entre 1594 y 1597.
Fue enterrado en la iglesia de Santa Ana, junto al río Darro, donde descansarían también los restos de su esposa y de sus descendientes.
39 https://dbe.rah.es/biografias/86256/juan-latino
Se integró perfectamente en las facetas de la vida política y académica, siendo, por ello, un claro ejemplo de ascenso socioeconómico dentro del Imperio Español, tan injustamente denostado, sobre todo cuando se compara con la historia
nacional de otros territorios.
Segundo. En un momento en que el wokismo contagiado por las universidades y la política estadounidenses al resto de Occidente llevan a tantas instancias académicas y mediáticas a presentar el pasado español como una larga noche de racismo y
bloqueo socioeconómico, el caso de Juan Latino demuestra que, en el Imperio Español, el reconocimiento de la dignidad de las personas no dependió del nivel socioeconómico del nacimiento, sino de la integración, del talento y del esfuerzo.
Así lo afirmó Ramiro de Maeztu -asesinado por marxistas en 1936- en su Defensa de la Hispanidad: 'Los españoles no damos importancia a la sangre, ni al color de la piel, porque lo que llamamos raza no está constituido por aquellas
características que puedan transmitirse al través de las oscuridades protoplásmicas, sino por aquellas otras que son luz del espíritu, como el habla y el credo. La Hispanidad está compuesta por hombres de las razas blanca, negra, india y malaya, y
sus combinaciones'.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Honrar y fomentar el conocimiento de la figura de Juan Latino, catedrático de la Universidad de Granada, presentándolo como modelo de virtudes -superación, estudio, pundonor que supera cualesquiera desventajas sociales- para la juventud
actual.
2. Reconocer los valores propios de la Monarquía Hispánica: integración y reconocimiento al talento y al esfuerzo personal con independencia del origen socioeconómico o del color de su piel.
3. Ensalzar la figura de Juan Latino en la lucha contra la injusta 'Leyenda Negra', que tanto distorsiona aún la visión de la historia española a nivel mundial e incluso dentro de nuestras propias fronteras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,presenta la siguiente Proposición no de Ley Plan Nacional Arte Sacro, para su
debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El arte sacro es un valor cultural y patrimonial al que hay que proteger y supone una expresión arraigada y diversa en toda la geografía regional. Así definía el arte sacro el ministro de Cultura y Deporte de la XIV Legislatura. Unos
artistas y artesanos que trabajan para todo el globo terráqueo, con especial intensidad en Iberoamérica e Italia.
Los artesanos y artistas de arte sacro, además de proteger un patrimonio de incalculable valor, promueven la producción de obra nueva e impulsan una actividad artesanal con identidad propia, permitiendo que se mantengan vivos estos antiguos
oficios, que sin ellos se habrían perdido.
El arte sacro en España está íntimamente relacionado con nuestra historia, y es un innegable atractivo turístico, impulsor de la creación de empleo y de la actividad económica. Como dato de referencia, el impacto económico de 400 millones
de euros que deja en la ciudad de Sevilla la Semana Santa, que supone en torno al 4,5 % del PIB, a través de un amplio tejido empresarial, con actividades como la escultura, la orfebrería, el bordado, floristería, artesanía, velas, bandas
procesionales, hostelería ...
Tanto es así, que la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, presidida por Francisco Carrera Iglesias, más conocido como 'Paquili', es una de las 37 personalidades y entidades de la cultura que han destacado en el campo de la creación
artística y cultural y, por ello, ha sido merecedora de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes 2023. La Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro es una institución sin ánimo de lucro constituida en 2018, formada por artistas y artesanos
dedicados al arte sacro. La organización, que nació para la defensa, promoción y difusión de esta expresión artística, está constituida por bordadores, imagineros, pintores, restauradores, tallistas, doradores, pasamaneros, cordoneros,
restauradores y escultores, entre otros profesionales. En Sevilla da empleo a más de 350 familias.
El arte sacro es parte fundamental y distintiva de nuestra cultura. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha considerado numerosas fiestas relacionadas con el arte sacro como de interés turístico internacional o nacional. Desde la
Semana Santa de Sevilla, Cádiz, Málaga o Granada, a la de Cuenca, Zamora o Valladolid, son numerosas las obras escultóricas y objetos artísticos del ámbito del arte sacro declarados BIC.
El arte sacro en España se desarrolla prácticamente en todo el territorio, aunque de manera especial tiene un fuerte arraigo en Andalucía, y de forma especial en la provincia de Sevilla, suponiendo un importante motor para nuestra economía
del que dependen miles de familias.
La organización en hermandades, consejos y asociaciones gremiales, como la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, es un buen camino para articular el impulso a un sector que aglutina una enorme diversidad de artistas y artesanos, con
una misma problemática.
Se trata de una reivindicación histórica del sector, que no es considerado, injustamente, como actividad cultural, lo que supone un agravio comparativo, y un lastre para poder terminar con la economía sumergida del sector. En el gremio del
arte sacro, se aglutinan distintas disciplinas, como son doradores, orfebres, bordadores, escultores, bolilleros, ebanistas, tallistas, restauradores, así como la elaboración de pasamanerías o de pelucas. Unos artesanos aplican el 10 % y otros el
21 % del IVA, perteneciendo todos al mismo gremio. Muchas de estas profesiones ni siquiera tienen epígrafes propios, incluyéndose en sectores industriales que nada tienen que ver con el arte o la artesanía.
El art. 91 de la Ley 37/1999, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, dice que se les aplicará el tipo reducido de IVA (10 %) a:
'4. Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, cualquiera que sea el importador de los mismos, y las entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes personas:
1.º Por sus autores o derechohabientes
...'
Solo podrán aplicar el tipo reducido de IVA al 10 %, las disciplinas del arte sacro que estén contempladas en el artículo donde se define el concepto de obra de arte, el artículo 136 de la Ley del IVA, que dice:
'2.º Objetos de arte, los bienes enumerados a continuación:
a) Cuadros, 'collages' y cuadros de pequeño tamaño similares, pinturas y dibujos, realizados totalmente a mano por el artista, con excepción de los planos de arquitectura e ingeniería y demás dibujos industriales, comerciales, topográficos o
similares, de los
artículos manufacturados decorados a mano, de los lienzos pintados para decorados de teatro, fondos de estudio o usos análogos (código NC 9701).
b) Grabados, estampas y litografías originales de tiradas limitadas a 200 ejemplares, en blanco y negro o en color, que procedan directamente de una o varias planchas totalmente ejecutadas a mano por el artista, cualquiera que sea la técnica
o la materia empleada, a excepción de los medios mecánicos o fotomecánicos (código NC 9702 00 00).
c) Esculturas originales y estatuas de cualquier materia, siempre que hayan sido realizadas totalmente por el artista; vaciados de esculturas, de tirada limitada a ocho ejemplares y controlada por el artista o sus derechohabientes (código
NC 9703 00 00).
d) Tapicerías (código NC 5805 00 00) y textiles murales (código NC 6304 00 00) tejidos a mano sobre la base de cartones originales realizados por artistas, a condición de que no haya más de ocho ejemplares de cada uno de ellos.
e) Ejemplares únicos de cerámica, realizados totalmente por el artista y firmados por él.
f) Esmaltes sobre cobre realizados totalmente a mano, con un límite de ocho ejemplares numerados y en los que aparezca la firma del artista o del taller, a excepción de los artículos de bisutería, orfebrería y joyería.
g) Fotografías tomadas por el artista y reveladas e impresas por el autor o bajo su control, firmadas y numeradas con un límite de treinta ejemplares en total, sean cuales fueran los formatos y soportes.'
Consideramos esta regulación incompleta y confusa, dejando fuera de la posible aplicación del tipo reducido de IVA a un número importante de disciplinas del arte sacro, cuyos artistas ejecutan indudablemente verdaderas obras de arte. Prueba
de ello es que hace un año, se obtuvo la confirmación, por parte del Ministerio de Hacienda, al considerar a efectos fiscales obra de arte a la creación de los mantos bordados de las diferentes Vírgenes, hechos a mano (incluidos en la NC 58050000)
por tener correspondencia con los tapices, regulados de forma expresa en el artículo 136 de la Ley del IVA.
Por ello se solicita, entre otras acciones, en esta iniciativa, que los artesanos/autores que llevan a cabo entregas de productos relacionados con las disciplinas del arte sacro puedan aplicar el tipo de IVA reducido al 10 % en las entregas
de sus obras de arte.
Este cambio aportaría numerosas ventajas económicas y sociales, como la mejora del mercado laboral para los profesionales del sector, el incremento de los márgenes comerciales, el ajuste de los precios para los clientes, el aumento de la
cifra de negocio de las empresas proveedoras y una situación económica más favorable.
En el Parlamento Andaluz todos los grupos políticos instaron al gobierno a considerar la bajada del IVA al sector del arte sacro, a través de una declaración Institucional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Plan Nacional de impulso al arte sacro, que desarrolle medidas específicas de apoyo a los artesanos y artistas del Arte Sacro, entre las que se incluyan las siguientes
actuaciones:
- Impulsar desde el Ministerio de Cultura un informe económico y empresarial que analice el impacto económico, empresarial y social del sector dentro y fuera de nuestras fronteras.
- Desarrollar a través del Incual, las respectivas actividades profesionales que permitan regularizar a los artistas del sector.
- Analizar los mecanismos necesarios que permitan distinguir las diferentes actividades empresariales artísticas de arte sacro que puedan acogerse al IVA cultural o reducido.
- Establecer una línea de ayudas para la digitalización del sector y desarrollar proyectos de comunicación online.
- Desarrollar líneas de ayudas a la conservación y restauración del patrimonio religioso a través de las asociaciones sin ánimo de lucro, donde se incluyan también ayudas al inventario y archivo de bienes relacionados con el arte sacro.
- Promover rutas turísticas nacionales de arte sacro, como el camino guadalupense, la Semana Santa en Andalucía, la Semana Santa de Valladolid o el Camino de Santiago donde poder apreciar el enorme patrimonio español relacionado con el Arte
Sacro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Jaime Miguel de los Santos González, José
Alberto Herreno Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco, Óscar Clavell López, Manuel García Félix y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a un Programa nacional para
acercar la cultura a los jóvenes, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
España cuenta con cerca de 7 millones de personas que tienen entre 18 y 29 años. Unos jóvenes que tienen como todos los españoles los derechos de acceso y participación cultural, pero que, en muchas ocasiones, por su situación
socioeconómica, por la falta de oferta en territorios menos poblados, o porque no han sentido el interés por las diferentes manifestaciones culturales, no les es posible.
Pero es el acceso y participación cultural de niños y jóvenes no solo es un derecho, es una herramienta fundamental para su desarrollo y la consecución de competencias y habilidades claves para la incorporación laboral y social.
En este sentido se pueden destacar las siguientes resoluciones:
- La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, que contribuye a integrar la cultura en todas las actividades de aprendizaje en las escuelas,
las organizaciones juveniles y las instituciones de formación.
- La resolución del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018), en la que se afirma que la creatividad y la capacidad de innovación de los jóvenes
debe apoyarse mediante un acceso y una participación de mejor calidad en la cultura y en las expresiones culturales desde una edad temprana, fomentando así el desarrollo personal, la mejora de las capacidades de aprendizaje, las competencias
interculturales, la comprensión y el respeto de la diversidad cultural, así como el desarrollo de cualificaciones nuevas y flexibles que les permitan aprovechar las futuras oportunidades de empleo.
- Las conclusiones del Consejo de 27 de noviembre de 2009 sobre el fomento de una generación creativa: desarrollar la creatividad y la capacidad de innovación de los niños y los jóvenes a través de la expresión cultural y el acceso a la
cultura.
- Las conclusiones del Consejo de 10 de mayo de 2019 sobre las Generaciones Creativas Jóvenes, en las que se establecen cinco prioridades para hacer frente a los retos de los niños y los jóvenes en el mundo globalizado de hoy, incluyendo el
consumo y participación en la cultura como una de ellas.
- El Marco para la Educación Cultural y Artística de la UNESCO de 2024, el cual declara que el acceso a las diferentes manifestaciones culturales y artísticas garantiza el derecho de participación en la vida social de un país, contribuyendo
tanto al bienestar individual como al colectivo.
Si existe una voz con peso a nivel europeo sobre el tema que estamos tratando, jóvenes y cultura es, sin duda alguna, 'Pearle*', que representa a través de sus miembros a más de 10.000 directores de teatros, salas de conciertos, compañías de
producción teatral, orquestas, óperas, compañías de ballet y danza, festivales, promotores y otras organizaciones profesionales de las artes escénicas en Europa, siendo la organización líder en cuestiones regulatorias internacionales y de la UE que
afecta a las operaciones diarias o a las organizaciones de espectáculos en vivo.
Entre sus prioridades, a las que se adhiere la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza (FAEDETA), se insta a los países miembros a desarrollar las siguientes medidas:
- Facilitar el acceso de todos los jóvenes a la cultura, reduciendo los obstáculos conexos (por ejemplo, las limitaciones financieras, lingüísticas, de tiempo y geográficas), teniendo en cuenta el papel de la educación y la formación
cultural y artística para todos los jóvenes desde una edad temprana, en una perspectiva de aprendizaje permanente y utilizando programadores específicos.
- Promover el desarrollo de políticas coordinadas a largo plazo para el acceso de los jóvenes a la cultura en todos los niveles, con una clara perspectiva juvenil, por ejemplo, estimulando las asociaciones y los contactos entre el sector
creativo y las partes interesadas en los ámbitos de la juventud, la educación y otros ámbitos pertinentes.
- Profundizar en el conocimiento sobre el acceso de los jóvenes a la cultura.
- Intercambiar y promover experiencias, prácticas e información de todas las partes interesadas pertinentes, a todos los niveles, en relación con el acceso de los jóvenes a la cultura.
- Abogar por garantías efectivas para el acceso de los jóvenes a las artes en la escuela, adaptando los planes de estudio para incluir las habilidades creativas y la música, el arte, la danza, el teatro, los medios audiovisuales y el arte
digital como áreas de aprendizaje obligatorias para los estudiantes.
- Promover el acceso de los jóvenes a la cultura como medio para promover la inclusión social, la igualdad y la participación activa de los jóvenes, así como para combatir la discriminación y la pobreza.
- Pedir a los responsables políticos que hagan comprender a los jóvenes el rico patrimonio cultural inmaterial del teatro, la música y la danza como parte del contexto más amplio de la historia, mediante un compromiso político renovado de
incluir esa enseñanza en los planes de estudio.
- Promover los esfuerzos de las organizaciones de espectáculos en vivo que llegan al público joven, dando sentido a sus vidas, proporcionándoles un lugar donde puedan desarrollar sus talentos, y participar en intercambios y debates sobre
temas de la sociedad en un ambiente seguro;
- Promover ante todas las partes interesadas nacionales pertinentes las prioridades establecidas en las Conclusiones del Consejo sobre el fomento de una generación creativa.
En el ámbito educativo, las actividades culturales o el fomento a la lectura se encuentran dentro del currículo educativo. Pero esta relación entre jóvenes y cultura se termina cuando los jóvenes comienzan su nueva etapa en estudios
superiores.
Para paliar esta desconexión, en especial en las familias más vulnerables, es necesario desarrollar propuestas efectivas para que los jóvenes continúen relacionados con la actividad cultural en todos sus ámbitos, aprovechando el potencial
transformador de la cultura desde un enfoque interseccional.
Además de la gran cantidad de festivales y espectáculos de artes escénicas de todos los estilos que se organizan en nuestro país a lo largo de todo el año, España cuenta con 50 monumentos y paisajes declarados como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Contamos con multitud de yacimientos arqueológicos y museos repartidos por toda nuestra geografía que dan muestra de nuestra rica historia: desde etapas paleolíticas hasta la actualidad; contamos con eventos relacionados con la
tauromaquia que se dan lugar en multitud de puntos de nuestro país durante la mayor parte del año, que atraen a cada vez más jóvenes dada la generación de nuevas figuras de su misma edad e infinidad de expresiones culturales en el ámbito inmaterial
que necesitan de ese necesario relevo generacional para que se conozcan y perpetúen.
Por otro lado, la actual es una generación altamente interconectada por las redes sociales, pero con escasos medios para acceder y participar en la oferta cultural. A ello se une que muchos jóvenes disponen de vacaciones o tiempo de ocio en
temporadas diferentes al público general, atendiendo al fin de exámenes en la universidad, o de primeras vacaciones laborales fuera de los meses estivales.
Promover la movilidad cultural de los jóvenes, como ya se hace con los mayores, ayudaría no solo a poder acércalos a la cultura en su más amplio espectro, conociendo y reconociendo el valor patrimonial de nuestro país, sino a ayudar a los
desestacionalizar el turismo e incrementar su oferta cultural para atraer a su vez a más jóvenes, enriqueciendo así a toda la sociedad. La movilidad cultural constituye una de reforzar, de este modo, los derechos de acceso y participación de los
jóvenes a la cultura.
El consumo colectivo de cultura que se propone sería, por ello, una actividad muy positiva para los jóvenes españoles, favoreciendo una sociedad crítica y abierta, en un momento en el que el consumo cultural se ha vuelto más individualista,
con menos incentivos para compartir las manifestaciones culturales y participar conjuntamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar en colaboración con el ministerio de Industria y Turismo, el ministerio de Juventud e Infancia y las Comunidades Autónomas, la creación de un Programa Nacional de Viajes Culturales para Jóvenes entre 18 y 29 años que incluya
alojamientos, transportes y entradas para las actividades culturales o visitas al patrimonio español, atendiendo de manera especial a los jóvenes que por motivos económicos, geográficos o cualquier diversidad funcional, tengan mayor dificultad al
acceso y participación culturales.
2. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la celebración de festivales en zonas de baja densidad poblacional que atraigan a jóvenes y faciliten el conocimiento de la historia y patrimonio histórico de España.
3. Llevar a cabo una campaña para dar a conocer los Patrimonios de la Humanidad declarados por la Unesco entre los jóvenes de 18 a 29 años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Borja Sémper Pascual, Noelia Núñez González, Eduardo Carazo Hermoso, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel García Félix,
Edurne Uriarte Bengoechea, Jaime Miguel de los Santos González, José Alberto Herreno Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco, Óscar Clavell López y Mirian Guardiola Salmerón, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 120 10 de abril de 2024 Pág.
161/000542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González, Pedro Fernández Hernández y José Ramírez del Río, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover la declaración de las Fiestas de la Virgen del Pilar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, para
su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Primero. La devoción a la Virgen del Pilar se fundamenta en una tradición que aparece por primera vez recogida en unos documentos del siglo XIII que aún hoy se conservan en la catedral de Zaragoza.
Según estas fuentes, el apóstol Santiago, 'pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las
riberas del Ebro' 40. Allí, en la noche del 2 de enero del año 40 d.C., se le apareció la Virgen María, de pie sobre un pilar de mármol; pidió a Santiago que construyese una iglesia en ese lugar y prometió interceder siempre por quienes se
acogiesen a su patrocinio 41. Este relato hizo que la devoción a la advocación mariana del Pilar comenzara a arraigarse entre los españoles y se propagara rápidamente por toda la península. Finalmente, en el siglo XVIII el Papa Clemente XII aceptó
el 12 de octubre como fecha para la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar.
En honor a la aparición de la Virgen se erigió en Zaragoza la famosa Basílica del Pilar que, de manera análoga a lo que ocurre en Santiago de Compostela, reúne a millones de personas cada año, españoles y extranjeros, que acuden a contemplar
la belleza de un templo que simboliza elementos esenciales de la tradición de España. Además, aunque la fiesta de la Virgen del Pilar tiene sus orígenes en Zaragoza, esta devoción se ha extendido por todo el territorio español y por otros lugares
del mundo, construyéndose iglesias consagradas a la Virgen del Pilar en innumerables pueblos y ciudades de España y de Hispanoamérica.
Segundo. Por otra parte, el valor de la advocación de la Virgen del Pilar como elemento que refuerza la identidad nacional y la unidad de España se muestra de modo especialmente evidente en la estrecha relación que existe entre esta
advocación y el Cuerpo de la Guardia Civil.
El origen de la devoción de los guardias civiles a la Virgen del Pilar data de finales del siglo XIX, cuando por disposición recogida en el Boletín Oficial del Cuerpo de 24 de septiembre de 1864 se nombró a la Virgen, en su advocación del
Pilar, patrona del Colegio de Guardias Jóvenes. Con el tiempo, los miembros del Benemérito Instituto que se formaban en dicho centro fueron extendiendo la devoción por toda la geografía nacional hasta que, en enero de 1913, el entonces director
general del Cuerpo solicitara del Rey de España la proclamación de la Virgen del Pilar como Patrona de la Guardia Civil 42.
Desde entonces, este Cuerpo celebra cada año y de manera solemne el día de la Virgen. Resulta muy significativo el hecho de que, en 1994, en el aniversario fundacional del Cuerpo, se concediera a la Virgen del Pilar la Cruz de Oro de la
Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, entonces la máxima distinción que se podía recibir, en
cve: BOCG-15-D-120
40 https://www.guardiacivil.es/es/prensa/especiales/centenario_virgen_pilar/historia_virgen_pilar.html
41 https://www.guardiacivil.es/es/prensa/especiales/centenario_virgen_pilar/historia_virgen_pilar.html
42 https://www.guardiacivil.es/es/prensa/especiales/centenario_virgen_pilar/historia_patronazgo.html
agradecimiento, según podía leerse en el texto, 'a los sentimientos de fraternidad que tal patronazgo despierta en los miembros de la Institución' 43. Dicho reconocimiento fue renovado en 2012 con la concesión a la Virgen del Pilar de la
Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil 44.
Tercero. Dada la importancia de la fiesta de la Virgen del Pilar tanto para los aragoneses como para España en su conjunto, comenzaron a celebrarse las Fiestas del Pilar, que tienen lugar cada año en Zaragoza en torno al 12 de octubre.
Se trata de unas fiestas que constituyen un auténtico patrimonio cultural inmaterial tanto por su valor histórico y cultural como por su belleza y sus vínculos con los rasgos más característicos de la identidad del pueblo español.
Por ese motivo fueron declaradas en 1965 'Fiestas de Interés Turístico Nacional' 45, ampliándose dicho reconocimiento en 2019, cuando se proclamaron 'Fiestas de Interés Turístico Internacional' 46.
Entre los actos que se celebran en aquellos días destacan:
- La Ofrenda de Flores: tiene lugar el 12 de octubre, día grande de las Fiestas del Pilar. Se trata del acto más conocido y multitudinario de cuantos se celebran en las fiestas. En él, cientos de personas vestidas con trajes regionales
recorren las calles de Zaragoza hasta llegar a la plaza del Pilar, donde depositan sus ofrendas a la Virgen mientras cantan y bailan canciones tradicionales.
- La Ofrenda de Frutos: en este evento, las llamadas casas regionales, procedentes dé todas las provincias españolas, ofrecen a la Virgen del Pilar lo mejor de los frutos de su tierra -frutas, hortalizas o repostería tradicional, entre
otras-. Se trata de un acto que resalta de manera singular la riqueza cultural española, siendo un escenario en el que se reúnen tradiciones populares, danzas y gastronomía procedentes de todos los rincones de la Nación.
- El Rosario de Cristal: se considera uno de los actos más solemnes y relevantes de las Fiestas del Pilar. Se trata de una procesión cuyo origen se remonta al siglo XIX y que nació con la finalidad de llevar por las calles de Zaragoza el
rezo del Rosario. La procesión la componen treinta carrozas de cristal emplomado acompañadas de faroles, que simbolizan cada una de las partes de la oración y dan un especial esplendor a la procesión, otorgándole también un gran atractivo
turístico.
Estos actos, de enorme valor artístico, religioso y cultural, están acompañados de muchos otros también arraigados en costumbres y tradiciones populares españolas como las corridas de toros, la comparsa de gigantes y cabezudos, las
novilladas o la feria de muestras.
Además, estas fiestas no sólo se celebran en la ciudad aragonesa, sino que han ganado también popularidad en otros territorios tanto nacionales (los pueblos de la Vega Baja del Segura, en Alicante 47) como internacionales (Chimaltenango, en
Guatemala 48), confirmándose así aún más la importancia y repercusión de las Fiestas de la Virgen del Pilar en todo el mundo.
Cuarto Así, establecido el marco sobre el que se configuran las Fiestas de la Virgen del Pilar y explicada la riqueza de los principales actos que tienen lugar durante los días de celebración, se argumentará a continuación por qué su valor y
características se adecúan perfectamente a los requisitos que se exigen para que sean declaradas
43 https://www.guardiacivil.es/es/prensa/especiales/centenario_virgen_pilar/ofrenda_cruz_oro.html.
44 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12277
45 https://www.zaragoza.es/sede/portal/usic/servicio/noticia/222515
46 https://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-declaradas-fiestas-interes-turistico-internacional-fiestaspilar-20191008105249.html
47 https://diariodealicante.net/fiestas-pilar-benejuzar/
48 https://www.heraldo.es/noticias/aragon/Zaragoza/2018/10/05/virgen-del-pilar-zaragoza-por-mundo-1268240-2261126.html
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, extendiendo así aún más su reconocimiento internacional.
Según la definición aportada por la Convención de la UNESCO de 2003 en su artículo 2.1: 'Se entiende por 'patrimonio cultural inmaterial' los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos,
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana'.
Por un lado, debe tratarse de usos, representaciones o expresiones que las comunidades reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Como se ha venido explicando hasta
ahora, las fiestas de la Virgen del Pilar son parte de una larga tradición, datándose el origen de las primeras fiestas oficiales del Pilar en el día 12 de octubre de 1613 49 y la devoción de los españoles a la advocación de la Virgen del Pilar
muchos siglos antes. Las tradiciones y costumbres que se repiten cada año en los festejos se han ido transmitiendo de padres a hijos, de una generación a la siguiente, reconociendo a través de la voluntad de continuidad que se trata de un
patrimonio que merece ser conservado. Además, su valor se expresa también en el hecho de que se reúnan miles de personas cada año en torno a estas fiestas. En 2022 fueron casi dos millones de asistentes los que disfrutaron de los eventos
organizados por las Fiestas del Pilar, siendo la Ofrenda de Flores el más multitudinario de todos los actos 50. Además, la Fiesta de la Virgen del Pilar contribuye a fomentar la identidad nacional. Las celebraciones que tienen lugar en torno a la
misma generan un sentimiento de pertenencia y de cercanía entre todos los españoles que se manifiesta, por ejemplo, en la alegría que caracteriza a los días de celebración y en actos que, como la. Ofrenda de Frutos, promueven la unidad entre las
costumbres de las distintas regiones de España.
Por otra parte, el patrimonio cultural inmaterial debe promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana. A este respecto, basta con hacer una breve enumeración de los eventos que tienen lugar durante las fiestas de la
Virgen del Pilar, que ya se mencionaban anteriormente, para advertir su naturaleza singular y diversa. Así, se celebran actos de carácter religioso, como la solemne misa de los Infantes, el rosario de la Aurora, la ofrenda de flores, la de frutos,
la misa pontifical o el rosario de Cristal, y, por otro, se incluyen celebraciones populares como el pregón, la comparsa de Gigantes y Cabezudos, la feria general de Zaragoza o la feria taurina del Pilar. Se trata de un número muy elevado de
actividades, de orígenes diversos, aunque unificados, que dotan a estas Fiestas de un carácter inconfundible y de un valor tradicional excepcional.
Por último, cabe destacar también que las Fiestas de la Virgen del. Pilar no serían las primeras fiestas de estas características reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La festividad de la Virgen de la Candelaria,
celebrada anualmente cada 27 de febrero en la localidad peruana de Puno, fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 27 de noviembre de 2014, tras ser registrada en la Lista Indicativa por las autoridades de Perú en ese mismo año. En su
declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad se reconoce tanto el aspecto de fe religiosa como el rico folclore desarrollado en torno a esta festividad, así como el hecho de rebasar ampliamente su ámbito geográfico, atrayendo a personas de
todo Perú, de Bolivia e incluso de países muy lejanos, y contribuyendo a reforzar notablemente la identidad local de los habitantes de Puno 51. En este sentido, se considera que las Fiestas de la Virgen del Pilar en España tienen
49
https://www.elperiodicodearagon.com/fiestas-del-pilar/2022/09/29/memoria-tradiciones-fiestas-pilar-zaragoza-fiestas-delpilar-pilares-historia-trajes-baturra-baturro-58092477.html#:~:text=Las%20Fiestas%20del%20Pilar%20son,ven%C3%ADa%20haciendo
%20desde%20t iempo%20atr%C3%A1s
50 https://cadenaser.com/aragon/2022/10/16/casi-dos-millones-de-personas-han-asistido-a-los-actos-de-las-fiestas-del-pilar2022-radio-zaragoza/
51 https://ich.unesco.org/es/RL/la-fiesta-de-la-virgen-de-la-candelaria-en-puno-00956.
características análogas, lo cual permite suponer que, en caso de ser incluida dicha festividad en la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, alcanzaría tal reconocimiento, ampliando el estatus del que ya gozan desde
que fueran proclamadas Fiesta de Interés Turístico Internacional el 27 de septiembre de 2019.
En definitiva, las Fiestas del Pilar son una celebración que aglutina a los españoles y que constituye una expresión solemne de la identidad de España. Es una fiesta fuertemente anclada en el imaginario local, repleta de costumbres y
tradiciones que ayudan a rememorar la historia de los aragoneses y de toda España y que, por su belleza, es capaz de atraer a personas de todo el mundo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Incluir las Fiestas de la Virgen del Pilar en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial español.
2. Promover, en colaboración con la Administración regional de Aragón, las medidas de salvaguarda y promoción oportunas para que las Fiestas de la Virgen del Pilar puedan ser inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
3. Impulsar la participación de todas las regiones de España donde se celebran las Fiestas de la Virgen del Pilar, así como de los distintos grupos e individuos que participan en ellas, en el proceso de nominación de estas como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
4. Elaborar una propuesta de inscripción de las Fiestas de la Virgen del Pilar en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2024.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa impulso de la industria de
los semiconductores en España, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En la actualidad, la principal inversión prevista para el desarrollo de Microchips viene canalizada en el PERTE de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE CHIP), que tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la
industria de la microelectrónica y los semiconductores en España. Junto a este instrumento, se encuentra igualmente el Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Microelectrónica, instrumento lanzado desde la Comisión Europa en
coordinación con el resto de Estados Miembros.
Sin embargo, los resultados de este Programa de inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027, que arroja un resultado de ejecución casi nulo, con una adjudicación
hasta diciembre de 2023, de 50,4M . Con estas cifras, el objetivo de consolidar una industria de semiconductores en España es inalcanzable.
Las obligaciones impuestas por la Comisión Europea en el marco de la nueva Ley Europea de Chips hacen necesario que en España se plantee un marco de gobernanza propio que sirva para canalizar la relación entre el gobierno y la industria de
manera directa y al mismo tiempo haga de mecanismo para la toma de decisiones en el ámbito de los semiconductores. Dicho marco no debe limitarse únicamente a un mecanismo de participación vertical de la industria y otros sectores asociados, sino
que debe incorporar también herramientas de colaboración y coordinación transversales en una industria que abarca multitud de competencias. Otro aspecto fundamental para el desarrollo de la industria de semiconductores en España es la grave escasez
de habilidades o la atracción de nuevos talentos, ya que la escasez actual está limitando los esfuerzos destinados al fortalecimiento del ecosistema.
En la actualidad, a la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales en España (que fomenta la industria de materias primas minerales de carácter estratégico para la transición energética y digital), viene a
añadirse el Reglamento UE 'Ley de Materias Primas Fundamentales (o Críticas)', de próxima aprobación. La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales se propone reforzar las capacidades de la UE respecto a materias primas estratégicas para las
tecnologías en el ámbito de la transición ecológica y digital, así como para la defensa y el espacio, aumentando nuestra resiliencia, reduciendo la dependencia, fortaleciendo la capacitación y formación y promoviendo la sostenibilidad y la
circularidad de la cadena de suministro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a :
1. Agilizar e incrementar la ejecución de las diferentes partidas previstas en el PERTE CHIP, a través de programas e instrumentos acordados con la industria.
2. Dotar de más recursos presupuestarios, humanos y tecnológicos a las entidades y organismos encargados de la gestión del PERTE CHIP.
3. Impulsar un Plan integral de atracción e impulso del talento de semiconductores, que incluya titulaciones de postgrado y grado en este ámbito, así como otros recorridos formativos complementarios a partir de microtítulos o Formación
Profesional.
4. Redefinir y ampliar el objeto del PERTE CHIP por un lado digiriendo los trabajos a la ubicación de fábricas materiales y elementos críticos para los procesos de fabricación (agua ultrapura, siliceo monocristalino, etc.) y equipamiento
(refrigeración y filtrado para salas limpias, máquinas de litografía UVE, etc.).
5. Ampliando el PERTE CHIP a la industria extractiva de materias primas fundamentales, en el marco de la Hoja de Ruta de Minería Sostenible y del próximo Reglamento UE 'Ley de Materias Primas Fundamentales', a fin de potenciar las
explotaciones operativas y/o en proyecto y evaluar los yacimientos que se encuentran en España aun sin explotar, sumando a la actividad de extracción, el procesamiento y transformación del propio mineral para convertirlo en bien intermedio fijando
más riqueza y empleo en el territorio afectado.
6. Apoyar la investigación de nuevos materiales sintéticos y su desarrollo industrial, para reducir la actual dependencia de las 'tierras raras' bajo hegemonía asiática, en el marco del citado Reglamento UE, mejorando los mecanismos de
colaboración entre empresas y grupos de investigación universitarios, creando intermediarios que ofrezcan servicios de asesoramiento y soporte al diseño microelectrónico, así como de enlace con los fabricantes europeos de semiconductores.
7. Crear una Comisión Interministerial de Semiconductores, en donde estuvieran representados los principales Ministerios y organismos asociados que se tuvieran intereses en el seguimiento de la industria de los semiconductores o se vieran
impactados por posibles fluctuaciones en su cadena de suministro. La base de este mecanismo debería
abarcar a los responsables de áreas como Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales; Digitalización e Inteligencia Artificial; Ciencia, Innovación e Investigación; Educación y Universidades; Defensa; Industria; Energía, Minería,
Medio Ambiente, Reto Demográfico; Comercio, Consumo; Interior; y al responsable de políticas nacionales dentro de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno'.
8. Incentivar la presencia de PYMEs innovadoras en el PERTE CHIP con una línea específica que dinamice la industria de fabricación de semiconductores mediante el diseño de nuevos productos altamente competitivos con tecnologías de
fabricación ya existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2024.-Mario Cortés Carballo, Laura María Lima García, Juan Luis Pedreño Molina, José Enrique Núñez Guijarro, Pedro Puy Fraga, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Tristana Moraleja Gómez,
Jaime Eduardo de Olano Vela, María Pilar Alía Aguado, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Francisco José Conde López, Carlos Javier Floriano Corrales, Irene Garrido Valenzuela y Cristina Teniente Sánchez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/000522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reducción de la Huella de Carbono en el sector sanitario en España y la
recomendación de uso de inhaladores de polvo seco y niebla fina, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud afirma que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXL La salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos (olas de calor, sequías, tormentas
fuertes y aumento del nivel del mar) e impactos indirectos (enfermedades de las vías respiratorias y las transmitidas por vectores, inseguridad alimentaria y del agua, desnutrición y desplazamientos forzados).
Dentro de los objetivos para conseguir la descarbonización del sector de la salud ya existen recomendaciones en materia de gestión sanitaria que inciden directamente sobre la salud del planeta y de la propia población. Un claro ejemplo de
esta gestión son los pacientes con enfermedades respiratorias, que son los que más sufren los efectos del cambio climático y que, sin embargo, les son recetados tratamientos -en concreto los inhaladores presurizados- los cuales contribuyen a la
emisión de 400.000 toneladas de CO2 anualmente en nuestro país.
La Asociación nacional de Pacientes con EPOC (APEPOC), celebró el pasado mes de noviembre unas jornadas de concienciación bajo el lema 'Una salud para el planeta', destacando su contribución a la descarbonización del sistema de salud
mediante el impulso de una medida que afecta directamente a estos pacientes como la reducción del uso de inhaladores presurizados, siempre y cuando sea clínicamente posible, en favor de inhaladores de polvo seco que mejoran la adherencia del
paciente y reducen la emisión de gases contaminantes.
La contaminación que producen los 15 millones de inhaladores presurizados (el 54 % del total de inhaladores que se prescriben) que se venden anualmente en España equivale a los gases invernadero de 355.000 coches circulando durante un año.
Estos inhaladores contienen como propelentes gases fluorados con un potencial de calentamiento
atmosférico hasta 3.350 veces más potente que el CO2. En países como Suecia tan sólo el 13 % del total de los inhaladores que se consumen son presurizados. Dinamarca y Finlandia no llegan al 20 %, siendo este porcentaje atribuido a
tratamientos de rescate y a situaciones en las que clínicamente no es posible la transición a polvo seco. Los inhaladores en polvo seco pueden ser utilizados por más del 95 % de los pacientes, reservando los presurizados para aquellos pacientes
como niños, rescate o ancianos con deficiencias en el flujo aéreo.
Desde la Asociación de pacientes, en línea con las recomendaciones de los diferentes sistemas sanitarios europeos como el NHS, Sociedades científicas españolas como SEMFYC, SEPAR, BMA, Sociedades Científicas regionales, Consejerías de salud,
defienden que esta medida contribuye al medio ambiente pero también mejora considerablemente la calidad de vida de los pacientes puesto que los inhaladores de polvo seco son más beneficiosos dado que están diseñados para no tener que coordinar
pulsación con inhalación, algo que sólo se consigue con una cámara espaciadora si se utiliza un inhalador presurizado. Además, el polvo seco puede ahorrar hasta 3 inhalaciones por día, casi mil menos al año por paciente, facilitando la adherencia
del tratamiento, aspecto fundamental en el control de las enfermedades crónicas donde esta es inferior al 50 %.
Según la última encuesta ERS (Sociedad Respiratoria Europea) el 86 % de los pacientes estaría dispuesto a cambiar a un inhalador más sostenible por motivos medioambientales. Vivimos en una sociedad comprometida que cada vez más tiene como
una de sus prioridades la lucha contra el cambio climático.
Por su parte, la Alianza Médica contra el Cambio Climático insta a utilizar inhaladores de polvo seco o niebla fina siempre y cuando sea posible clínicamente en vez de inhaladores presurizados altamente contaminantes basándose en
recomendaciones responsables, alineadas siempre con las necesidades del paciente. También la AEMPS indica que: 'Aunque se están investigando nuevos propelentes menos contaminantes que podrían producir hasta un 90 % menos de huella de carbono,
éstos sólo estarán disponibles en los próximos años. Hasta entonces, cabe la posibilidad de utilizar dispositivos inhaladores de polvo seco o de nebulización en nuevos pacientes mayores de 6 años o con flujo inspiratorio >30 l/min, siempre que
estos inhaladores se consideren clínicamente adecuados por sus médicos.'
Asimismo, es importante tener en cuenta que, al contrario que otros países europeos,España incrementa año a año, sin justificación clínica, el consumo de inhaladores presurizados que contienen gases con un alto efecto invernadero. Además,
el coste económico de los inhaladores en polvo seco o niebla fina es exactamente el mismo en España.
El 15 de septiembre de 2023, el entonces ministro de Sanidad, José Miñones, anunció el desarrollo del primer Plan para la Reducción de la Huella de Carbono en el sector salud en España, con la intención de que nuestro país liderase el
proceso de descarbonización del sector sanitario en Europa, como prioridad ante el cambio climático. Y es que el sector sanitario en España es responsable de, aproximadamente, 4,5 % de las emisiones de CO2.
En esta línea, una resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero, apuesta por su eliminación
gradual.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, un Plan para la Reducción de la Huella de Carbono en el sector público sanitario en España, que entre sus medidas
incluya la recomendación de uso inhaladores en polvo seco y niebla fina para el tratamiento de enfermedades respiratorias, siempre y cuando sea posible clínicamente, en línea con las
recomendaciones nacionales e internacionales para reducir el impacto de la huella de carbono del Sistema Nacional de Salud.
2. Promover la participación activa de todos los actores sanitarios de manera transversal, incluidas las Comunidades Autónomas, para el desarrollo del Plan para la Reducción de la Huella de Carbono en el sector sanitario.
3. Consensuar en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con las Comunidades Autónomas, la recomendación del uso de inhaladores en polvo seco o niebla fina, y contribuir a la reducción de emisiones de CO2 de los
medicamentos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-Carmen Martínez Ramírez, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, María Carmen Castilla Álvarez, María Luisa Faneca López, Margarita Martín Rodríguez, María Isabel Moreno
Fernández, Modesto Pose Mesura, Caridad Rives Arcayna, Emilio Sáez Cruz, Luis Carlos Sahuquillo García y Alba Soldevilla Novials, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Juventud e Infancia
161/000512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Blanca Armario González, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad en los menores,para su discusión en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Primero. Radiografía del sobrepeso y la obesidad infantiles en España.
El sobrepeso y la obesidad son problemas que afectan desde hace varias décadas a la población mundial, en general, y a los niños y adolescentes, en particular. Se trata de cuestiones que no sólo constituyen un problema de salud pública,
sino que afectan directamente a las relaciones sociolaborales, personales y familiares de quienes las sufren, sobre todo de los más jóvenes. Como cualquier desorden y anomalía del cuerpo, el sobrepeso y la obesidad infantiles influyen sobremanera
en el día a día: en la relación con los compañeros de clase, en las posibilidades de mantener un nivel físico adecuado para participar en juegos y deportes, en la concentración y disciplina para el estudio, en la capacidad de autocontrol y dominio
de sí mismos en relación con la alimentación y en su salud física y mental. Tanto el sobrepeso como la obesidad son alteraciones de la salud susceptibles de convertirse en impedimentos para el normal desarrollo físico y psicológico de los niños y
adolescentes españoles.
A nivel mundial, estas anomalías se han triplicado desde 1975 y, en menores de 5 a 9 años, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad se ha incrementado de manera abrumadora de un 4 % a mediados de los años 70 a un 18 % en 2016 52. En
España, los datos de sobrepeso y obesidad en los niños y adolescentes son igualmente alarmantes. El informe Estudio ENE-COVID: Situación ponderal de la población infantil y adolescente en España 53, publicado en octubre de 2023 por la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos III), reveló que
52 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
53 https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Documents/ENE-COVID%20INFANTIL%20FINAL.pdf
1 de cada 3 niños y adolescentes de entre 2 y 17 años en España tenía exceso de peso (1 de cada 5 sobrepeso y 1 de cada 10 obesidad). En términos absolutos, eso significa que casi un millón de niños y adolescentes de entre 2 y 17 años
tienen obesidad y más de 2 millones tienen sobrepeso en nuestro país 54.
Estos datos coinciden con otros estudios e informes que en los últimos años se han venido publicando en relación con el sobrepeso y la obesidad infantil: el Estudio ALADINO sobre la Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y
Obesidad en España 55, publicado en septiembre de 2020, ya alertó, igualmente, de la tendencia negativa de la evolución de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población infantil de entre 6 y 9 años; concretamente, según sus
conclusiones de investigación, la prevalencia de sobrepeso es del 23,3 % y la prevalencia de obesidad del 17,3 % en la población infantil española de 6 a 9 años.
También el informe Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish Youth (PASOS 2022) 56, publicado en enero de 2023, centrado en analizar los estilos de vida y hábitos de los menores de entre 8 y 16 años, señala que 1 de cada 3 tiene
exceso de peso, de los cuales un 21,6 % padece sobrepeso y un 11,8 % obesidad.
Si se acude a los rankings internacionales, los resultados para España en esta materia la sitúan entre los países con mayor tasa de población infantil con sobrepeso y obesidad; en concreto, según datos publicados en febrero de este año,
nuestro país es el sexto país europeo con mayor porcentaje de población de entre 0 y 19 años con sobrepeso y obesidad 57. Por otra parte, el informe European Childhood Obesity Surveillance Initiative 58 concluyó que España, con casi el 40 %, es el
tercer país con mayor prevalencia de sobrepeso, sólo por detrás de Chipre y Grecia, y el cuarto (casi un 20 %) con mayor prevalencia de obesidad, únicamente por detrás de Chipre, Italia y Grecia, en niños de entre 7 y 9 años.
En resumen, la población infantoadolescente se encuentra especialmente golpeada por el sobrepeso y la obesidad en nuestro país, lo que resulta paradójico si se considera que España cuenta con una gastronomía excelente -la dieta mediterránea-
que forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO desde 2013 59 y que es considerada como una de las dietas más variadas, completas y saludables de nuestro entorno.
Segundo. La necesidad de promover la prevención y lucha contra el sobrepeso y la obesidad en menores.
Como se mencionaba de manera sucinta en el primer expositivo, la cuestión del sobrepeso y la obesidad en menores tiene importantes consecuencias en el desarrollo normal de la vida de estos últimos; en concreto, la aparición de este tipo de
dolencias suele llevar aparejado el desarrollo de muchas otras, igualmente graves, de carácter físico y psicológico.
En primer lugar, cabe destacar que existe una relación directa entre la obesidad infantil y la aparición de la diabetes, y viceversa. En el pasado, los casos pediátricos de pacientes con diabetes tipo 2 eran poco frecuentes. Sin embargo,
esta cifra ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, lo que coincide con un aumento de la obesidad 60. Asimismo, los niños que son diagnosticados con diabetes tipo 1, si no reciben
54 https://elpais.com/salud-y-bienestar/2023-11-23/radiografia-de-la-obesidad-en-espana-mas-de-la-mitad-de-los-adultos-y-un-tercio-de-los-ninos-tienen-exceso-de-peso.html
55 https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Informe_Breve_ALADINO2019_NAOS.pdf
56 https://gasolfoundation.org/wp-content/uploads/2023/01/GF-PASOS-informe-2022-WEB.pdf
57 https://www.unicef.org/eu/media/2521/file/The%20State%20of%20Children%20in%20the%20European%20Union%20.pdf
58 https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/363950/WHO-EURO-2022-6594-46360-67071-eng.pdf?sequence=2
59 https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884
60 https://www.revistadiabetes.org/estilos-de-vida/obesidad-como-factor-de-riesgo-de-diabetes-en-la-adolescencia/
una adecuada educación diabetológica, tienen más probabilidades de desarrollar un problema de sobrepeso u obesidad. Estudios como el 'T1D Exchange Registry US' indican que el 29 % de pacientes con diabetes tipo 1 padece sobrepeso y el 20 %
obesidad 61.
Además, el sobrepeso y la obesidad en niños son considerados factores de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares al convertirse en adultos. Se calcula que aproximadamente el 13 % de los niños con sobrepeso experimentan un
aumento en la presión arterial sistólica, mientras que alrededor del 9 % muestran un incremento en la presión diastólica. Asimismo, es común observar niveles elevados de lípidos y colesterol, caracterizados por tasas más bajas de colesterol HDL y
niveles más altos de colesterol LDL 62. Este dato es doblemente grave si se tiene en cuenta que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en España, por delante incluso del cáncer y de las enfermedades respiratorias
63.
Por otra parte, el sobrepeso y la obesidad infantil no sólo suponen un riesgo para la salud a largo plazo, sino que también pueden tener repercusiones psicológicas y emocionales significativas en los niños en el corto y medio plazo 64.
Estudios recientes han confirmado, por ejemplo, que los niños que padecen sobrepeso enfrentan un riesgo cuatro veces mayor de sufrir depresión en la edad adulta 65.
Además, este tipo de padecimientos también están asociados con una baja autoestima y una autoimagen corporal negativa 66, lo que en ocasiones provoca problemas de aislamiento y produce heridas emocionales en los niños.
Tercero. Conclusiones.
Así, a la vista de los datos mencionados, apoyados en multitud de estudios que señalan sin ambages que el sobrepeso y la obesidad en nuestros niños y adolescentes constituyen un problema serio, los poderes públicos deben sentirse obligados,
con base en su deber de corresponder al bien común, a tomar medidas para enfrentar de manera urgente esta problemática.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las medidas necesarias para prevenir y concienciar de los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en los niños.
2. Promover las siguientes acciones concretas:
a. Llevar a cabo, en colaboración con los ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes y Sanidad, campañas de comunicación institucional que fomenten estilos de vida más saludables, sensibilicen acerca de las consecuencias
negativas del sobrepeso y la obesidad en los niños y adolescentes y adviertan de los riesgos de un excesivo sedentarismo.
b. Fomentar el disfrute de un mayor tiempo de calidad entre padres e hijos con el fin de poder dedicar más tiempo a la elaboración de platos más saludables.
c. Impulsar la dieta mediterránea.
61 https://www.revistadiabetes.org/tratamiento/diabetes-tipo-1/obesidad-y-diabetes-tipo-i-como-abordarla/
62 https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=5810&tipo=documento
63 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
64 https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=5810&tipo=documento
65 https://studyfinds.org/overweight-obese-children-depression/
66 https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=5810&tipo=documento
d. Promover las actividades deportivas desde edades tempranas para mejorar la salud física de los menores y fomentar hábitos de vida activos y saludables que perduren a lo largo de su vida adulta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2024.-Rocío Aguirre de Biedma, Joaquín Robles López y Blanca Armario González, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Blanca Armario González, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, para su discusión en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Primero. España lleva años inmersa en el fenómeno del invierno demográfico.
España padece un grave invierno demográfico. El pasado 21 de febrero, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los últimos datos relativos al número de nacimientos en España en 2023 y confirmó un año más su tendencia negativa: el
organismo calculó 322.075 nacimientos en España, lo que supuso un descenso del 2,0 % respecto el año anterior 67. Se trata de la cifra más baja de nacimientos en términos absolutos desde que comenzó la serie histórica en 1941 68.
Pero no es únicamente la tasa de natalidad. A ella va aparejado otro indicador especialmente útil para comprender la crisis demográfica en la que nuestra sociedad está sumida: la tasa de fecundidad. Mientras en 1975 la media del número de
hijos por mujer se situaba en 2,77, en 2022, último año del que se tienen datos oficiales, ha caído hasta 1,16 69, significativamente por debajo de la tasa de reemplazo poblacional (2,1) necesaria para impedir su menguamiento, índice que España no
alcanza desde 1981 70.
Otro dato para ilustrar este invierno demográfico es la probabilidad de que una mujer española tenga uno, dos o más hijos: si en 1975 tener un hijo era 100 % seguro, en 2022 esa probabilidad cayó hasta el 60 %; tener un segundo hijo, en
ese mismo tramo, cayó del 83 % al 40 %; tener un tercer hijo, del 48 % al 9 % y tener cuatro o más del 46 % al 3 % 71.
En definitiva, las cifras muestran que la realidad social de España se inclina cada vez más hacia un desequilibrio demográfico provocado por una disminución notable del número de nacimientos.
Segundo. Motivos del Invierno Demográfico.
Los motivos que explican la situación demográfica expuesta supra son diversos. Entre las razones de carácter económico cabe destacar, entre otras: las dificultades para acceder a la primera vivienda para los jóvenes, el estancamiento de
los salarios en España los últimos 15 años, la necesidad de traer a casa dos salarios para el sostenimiento del hogar familiar, la falta de medidas para facilitar la conciliación profesional y personal de los
67 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/EDES_EMN2023.htm
68 https://www.observatoriobioetica.org/2024/02/espana-registra-la-cifra-mas-baja-de-nacimientos-desde-1941/10000809
69 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=IDB72160&c=2&
70 https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/espana
71 https://twitter.com/ren_demografico/status/1758425779875061824
padres, el desajuste horario entre la salida de los colegios de los niños y la salida del trabajo de los padres o la falta de libertad de los padres para distribuirse entre ellos, según sus circunstancias, los permisos por maternidad y
paternidad.
Además, a estas últimas hay que sumar, por un lado, otras razones de tipo social entre las que se encuentran la pérdida de sentido trascendental de la paternidad y la maternidad o la creciente batalla de los sexos auspiciada por el feminismo
radical. Por otra parte, tampoco ayudan los ataques constantes a la familia, la natalidad, la maternidad y la paternidad que relacionan a estas últimas con deterioros en la salud mental 72, aislamiento social 73, infelicidad 74 o irresponsabilidad
respecto del 'cuidado del planeta' 75 y, por otro, proponen la inmigración masiva como solución para paliar el suicidio demográfico al que estamos abocados 76.
De todo lo anterior se derivan una serie de consecuencias que ya pueden observarse en la sociedad: más soledad y aislamiento social, cierre de escuelas, falta de población en edad de trabajar (y la consiguiente disminución de generación de
riqueza), pérdida de vínculos afectivos y desarraigo social, por mencionar algunas.
Tercero. Medidas para revertir el páramo demográfico.
Los poderes públicos tienen la obligación de procurar el bien común de los españoles y la prosperidad de España y, por tanto, deben tomar tantas medidas como sean necesarias en el ámbito de sus competencias.
Las administraciones públicas deben observar los problemas, darse cuenta de la gravedad de la situación y tomar cartas en el asunto de manera transversal, porque la cuestión demográfica no es un asunto que se resuelva desde uno o dos
ámbitos, sino desde múltiples esferas.
Por ello es necesario promover políticas económicas (ampliando la deducción por hijos en el IRPF; estableciendo e incrementando la prestación para las familias con hijos a cargo; reduciendo el IVA en productos para bebés como los pañales,
los alimentos o los juguetes; exentando el IVA en la adquisición de la primera vivienda; ampliando los permisos por maternidad y garantizando, en tanto que esta dure, el puesto de trabajo; promoviendo ayudas y deducciones por los servicios de
comedor escolar, la adquisición de material escolar o las actividades extraescolares y, si el Gobierno es realmente valiente y quiere acabar con el problema de manera clara y decidida, mirar hacia afuera y seguir el ejemplo de naciones como Hungría,
que permite que las familias con 3 hijos no tengan que pagar IRPF y que las madres con más de 4 hijos no paguen ningún impuesto de la renta de por vida 77) y sociales (represtigiando la maternidad y la paternidad con campañas de concienciación;
destinando, como principio, más dinero a ayudas a la maternidad que a abortos y teniendo como meta una política de aborto cero a través de políticas de sensibilización acerca de las consecuencias negativas del infanticidio prenatal).
También en el ámbito educativo han de adoptarse medidas para el fomento de la natalidad. Una de ellas debe ser la gratuidad de la educación infantil de primer ciclo (0 a 3 años) a través de la provisión de un cheque escolar a las familias,
como lleva proponiendo VOX desde hace años 78, o la extensión de los conciertos educativos a ese tramo de edad para que, en libertad,estas decidan en qué escuela infantil quieren matricular a sus hijos. Medidas como éstas no quitan la necesidad de
repensar cómo se puede lograr que los padres puedan pasar más tiempo con sus hijos y no verse abocados, como ocurre desgraciadamente a consecuencia de los actuales patrones laborales y económicos, a
72 https://elpais.com/elpais/2019/01/18/buenavida/1547806480_795241.html
73 https://www.elconfidencial.com/cultura/2023-08-12/si-quieres-quedarte-sin-amigos-ten-un-hijo_3717145/
74 https://elpais.com/elpais/2019/06/24/buenavida/1561379291_851721.html
75 https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20200927/483653176195/ sentido-hijos-planeta-declive.html
76 https://elpais.com/masterdeperiodismo/2021-07-29/espana-necesita-siete-millones-de-inmigrantes-en-tres-decadas-para-mantener-la-prosperidad.html
77 https://fundaciondisenso.org/politica-familiar-en-hungria-los-ninos-son-lo-primero/
78 https://www.voxespana.es/grupo parlamentario/actividad-parlamentaria/proposiciones-no-de-ley/el-gp-vox-impulsa-el-sistema-del-cheque-escolar-como-opcion-para-mejorar-la-ensenanza-20200320
matricular a sus pequeños en una escuela infantil como último recurso porque, no se olvide, el tiempo de calidad entre padres e hijos no sólo es beneficioso para ellos sino para toda la sociedad: a hijos y padres más sanos, felices y
plenos, sociedades más fuertes, robustas y arraigadas.
Es imprescindible recordar que a día de hoy quienes hacen posible la conciliación laboral de sus hijos son en muchos casos los abuelos, quienes además con sus exiguas pensiones contribuyen al sostenimiento de las familias.
Garantizando la gratuidad de la educación escolar de 0 a 3 años se facilita a los padres que ya tienen hijos la reducción de gastos por hijo y se promueve a aquellas familias sin hijos o con hijos tener más niños, porque la clave, desde los
poderes públicos -teniendo en cuenta sus posibilidades y límites-, es crear un entorno amistoso y fácil para tener hijos. El Estado no puede resolver la crisis de sentido y prioridades vitales que se experimenta en España, en concreto, y en
Occidente, en general, pero sí puede generar un espacio propicio para animar a las personas a replantearse sus metas vitales y tomar un camino distinto del que ofrece la cultura reinante. Los datos demuestran que es una política de Estado por
necesidad y supervivencia de España y sus ciudadanos de las generaciones presentes y venideras.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años mediante el cheque escolar para que las familias puedan decidir, en libertad, en qué escuela infantil quieren matricular a sus
hijos como medida en favor de la conciliación de la vida profesional y personal de los padres, así como instrumento indirecto para favorecer el impulso de la natalidad en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Rocío Aguirre Gil de Biedma, Joaquín Robles López y Blanca Armario González, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley relativa a la tarjeta europea de discapacidad, para su debate en la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El mes de febrero de 2024, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político para crear la nueva tarjeta europea de discapacidad. Se trata de un instrumento ideado con la finalidad de reforzar y equiparar las coberturas de
servicios para garantizar que las personas con discapacidad puedan viajar sin problemas por toda la Unión Europea. Con ella se garantizará el acceso a condiciones especiales y un trato preferente en determinados ámbitos.
Esta medida podría beneficiar a unos 87 millones de personas de la UE que tienen algún tipo de discapacidad, es decir, uno de cada cuatro europeos.
La iniciativa surgió a raíz de que se detectara que las personas con discapacidad tenían que enfrentarse a dificultades cuando su tarjeta o certificado nacional de
discapacidad no era aceptado en el lugar de destino y, como consecuencia de ello, no podían obtener los beneficios o condiciones preferentes establecidos para este colectivo.
Como precedente, se puso en marcha, con buenos resultados un proyecto piloto en ocho países (Bélgica, Estonia, Italia, Chipre, Malta, Rumania, Eslovenia y Finlandia), en los que ya se ofrece igualdad de acceso transfronterizo a determinadas
prestaciones y servicios.
Las ventajas para las personas titulares de la tarjeta abarcan ámbitos como el transporte público, actos culturales y entradas a museos, centros deportivos y de ocio. En algunos casos, la persona titular podrá obtener la entrada gratuita y,
en otros, tendrá derecho a tarifas reducidas o acceso prioritario.
Las autoridades de los Estados miembros serán las responsables de expedir las tarjetas europeas de discapacidad, que se emitirán en formato tanto físico como digital, así como en un formato accesible. Las tarjetas serán reconocidas en toda
la UE como prueba de discapacidad o de derecho a servicios específicos basados en una discapacidad.
Tras el acuerdo alcanzado, continuará el trabajo técnico para finalizar el texto, y el pacto provisional después tendrá que ser confirmado por el Consejo y el Parlamento.
Los Estados miembros tendrán un plazo de dos años y medio para adaptar su legislación nacional y tres años y medio para aplicar la directiva.
España ha demostrado una enorme implicación en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad y esta es una buena ocasión para seguir demostrando su compromiso con este colectivo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias para la implantación en nuestro país, en el plazo más breve posible, de la tarjeta europea de discapacidad que permitirá a las personas con
discapacidad de España disfrutar de las ventajas a las que tengan derecho en otros países de la Unión Europea, así como a las personas con discapacidad procedentes de otros estados miembros acogerse a los beneficios reconocidos por las autoridades
españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2024.-Emilio Sáez Cruz, Teresa Llorens Carbonell, Inés Plaza García, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Manuel Arribas Maroto, Lázaro Azorín Salar, Ana Cobo Carmona, María
Mercè Perea i Conillas, Esther Rodríguez Suárez, Luis Carlos Sahuquillo García y Margarita Martín Rodríguez, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley relativa a la educación inclusiva en el ámbito universitario, para su debate en la Comisión
para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En los últimos años se ha producido un cambio favorable respecto de la asunción de la realidad de la discapacidad en la red universitaria, tanto en el plano normativo como en la toma de conciencia, en la necesidad de garantizar apoyos
efectivos a la inclusión, así como en una mayor presencia de este grupo poblacional en la educación superior. Sin
embargo, las magnitudes de la presencia de las personas con discapacidad en el sistema educativo universitario están lejos de ser satisfactorias.
Hacer realidad una universidad y enseñanza superior inclusivas con las personas con discapacidad es una prioridad absoluta. Esto no puede lograrse sin sólidos marcos legales y políticos nacionales que sienten las bases y las condiciones
para la implantación y la sostenibilidad de un sistema educativo universitario inclusivo y de buena calidad para este grupo social.
Procede, pues, una propuesta de reforma normativa, legal y reglamentaria, que supondrá una revisión exhaustiva de todos los aspectos regulatorios universitarios que guardan relación relevante con las personas con discapacidad.
Para abordarlo adecuadamente, será necesario realizar una aproximación a la comunidad universitaria con discapacidad en términos estadísticos y obtener información cualitativa sobre su grado de inclusión. A su vez, describir las barreras y
esferas críticas para su inclusión en la universidad.
También ofrecer un marco general referencial de la educación inclusiva universitaria y centrar su atención en el específico marco normativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030,
con la finalidad de dar a conocer el modelo social de la discapacidad y analizar exhaustivamente las implicaciones de la Universidad sobre la discapacidad. Es necesario ofrecer una educación inclusiva, como requerimientos previos a acometer la
revisión de todos los aspectos regulatorios universitarios que guardan relación relevante con las personas con discapacidad.
Es necesario adaptar la normativa educativa en general y, específicamente, la concerniente a las universidades, incluyendo la terminología utilizada, pues se ha detectado el uso de expresiones como diversidad funcional, necesidades
especiales, capacidades diferentes u otras similares que no están validadas ni son admisibles por contrariar la perspectiva inclusiva y de derechos humanos en la que se funda la discapacidad.
Los términos de discapacidad y persona con discapacidad son los únicos que tienen validez jurídica real. Estos vocablos se encuentran explícitamente descritos en el recientemente modificado artículo 49 de nuestra Constitución y en la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, acogiéndose el modelo social contemplado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que insta a los Estados para que incorporen esta
terminología a sus ordenamientos jurídicos y se elimine todo el lenguaje peyorativo, estigmatizante y discriminatorio hacia las personas con discapacidad. Son vocablos que deben ser contemplados en todas las disposiciones normativas elaboradas por
las Administraciones Públicas en nuestro país, y deben ser usados por las universidades con carácter institucional y legal. Esta terminología deberá también trasladarse al lenguaje escrito en documentos, folletos, webs y medios digitales,
publicaciones impresas, y en general cualquier material de difusión que se refiera a esta población.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, a:
1. Evaluar el estado del derecho a la educación inclusiva en el ámbito universitario y su compatibilidad con instrumentos internacionales, especialmente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
2. Identificar brechas en las normas y políticas educativas del ámbito universitario que impiden que el estudiantado con discapacidad alcance y transite en este nivel educativo de manera inclusiva y con parámetros de calidad.
3. Lograr la plena alineación de la legislación y política nacional con las reglas y disposiciones internacionales de derechos humanos a favor de una universidad inclusiva, para hacer efectivos los compromisos convenidos a escala mundial
asumidos en los tratados, conferencias y cumbres de las Naciones Unidas y en su seguimiento, en particular la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Agenda
2030.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2024.-Emilio Sáez Cruz, Teresa Llorens Carbonell, Inés Plaza García, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Manuel Arribas Maroto, Lázaro Azorín Salar, Ana Cobo Carmona, María
Mercè Perea i Conillas, Esther Rodríguez Suárez, Luis Carlos Sahuquillo García y Margarita Martín Rodríguez, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000092
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Mercedes Fernández González.
Texto:
¿Cuál es la situación de los dos contratos de suministro y otro de mantenimiento suscritos entre RENFE Viajeros S.M.E., S.A y RENFE Fabricación y Mantenimiento S.M.E S.A. con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
(CAF), firmados en 2020 y referidos todos ellos a los trenes de ancho métrico que habrían de circular por Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-María Mercedes Fernández González, Diputada.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000084
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don José Ignacio Romaní Cantera, don Rafael Benigno Belmonte Gómez, don Cristóbal Garre Murcia, don Asier Antona Gómez, don Ángel Ibáñez Hernando, doña Sofía Acedo Reyes, doña Cristina Teniente Sánchez, doña Alma Alfonso Silvestre,
doña Belén Hoyo Juliá, doña Irene Garrido Valenzuela, doña María Isabel Prieto Serrano, doña Isabel Gema Pérez Recuerda, doña Maribel Sánchez Torregrosa y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿A través de qué sistema y a cuánto ascenderá la financiación para la cesión, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de las competencias estatales de acogida a los beneficiarios de protección internacional al
País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-José Ignacio Romaní Cantera, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Asier Antona Gómez, Ángel Ibáñez Hernando, Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, Alma
Alfonso Silvestre, Belén Hoyo Juliá, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000085
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don José Ignacio Romaní Cantera, don Rafael Benigno Belmonte Gómez, don Cristóbal Garre Murcia, don Asier Antona Gómez, don Ángel Ibáñez Hernando, doña Sofía Acedo Reyes, doña Cristina Teniente Sánchez, doña Alma Alfonso Silvestre,
doña Belén Hoyo Juliá, doña Irene Garrido Valenzuela, doña María Isabel Prieto Serrano, doña Isabel Gema Pérez Recuerda, doña Maribel Sánchez Torregrosa y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Se atribuye el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la iniciativa de ceder las competencias estatales sobre homologación de títulos universitarios extranjeros y de acogida a los beneficiarios de protección internacional
al País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2024.-José Ignacio Romaní Cantera, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Asier Antona Gómez, Ángel Ibáñez Hernando, Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, Alma
Alfonso Silvestre, Belén Hoyo Juliá, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
Comisión de Industria y Turismo
181/000110
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Francisco José Conde López y don José Ignacio Romaní Cantera.
Texto:
¿Cuál es el desglose de partidas e importes a las que se han destinado los ingresos del mecanismo de compensación de CO2 en los años 2021, 2022 y 2023 y por qué no se alcanza el límite fijado en la propia normativa estatal para las ayudas
del mecanismo de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero para industrias en riesgo real de fuga de carbono?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2024.-Francisco José Conde López y José Ignacio Romaní Cantera, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000107
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Sergio Sayas López, don Joaquín Melgarejo Moreno, don Asier Antona Gómez, don Javier José Folch Blanc, don Pedro Ignacio Gallardo Barrena, don Manuel García Félix, don Alfonso Carlos Macías Gata, don Antonio Martínez Gómez, don
Javier Merino Martínez, don Óscar Ramajo Prada, don Juan Diego Requena Ruiz, doña Milagros Marcos Ortega, doña María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, doña María del Socorro Cuesta Rodríguez y doña Rosa Quintana Carballo.
Texto:
¿Cuáles son las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para garantizar el equilibrio que asegure los beneficios de toda la cadena alimentaria y recuperar, al mismo tiempo, la caída del consumo de aceite en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-Sergio Sayas López, Joaquín Melgarejo Moreno, Asier Antona Gómez, Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio
Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, María del Socorro Cuesta Rodríguez y Rosa Quintana Carballo, Diputados.
181/000108
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Sergio Sayas López, don Joaquín Melgarejo Moreno, don Asier Antona Gómez, don Javier José Folch Blanc, don Pedro Ignacio Gallardo Barrena, don Manuel García Félix, don Alfonso Carlos Macías Gata, don Antonio Martínez Gómez, don
Javier Merino Martínez, don Óscar Ramajo Prada, don Juan Diego Requena Ruiz, doña Milagros
Marcos Ortega, doña María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, doña María del Socorro Cuesta Rodríguez y doña Rosa Quintana Carballo.
Texto:
¿Cuáles son las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para garantizar el equilibrio que asegure los beneficios de toda la cadena alimentaria y recuperar la importante caída del consumo de carne en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-Sergio Sayas López, Joaquín Melgarejo Moreno, Asier Antona Gómez, Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio
Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, María del Socorro Cuesta Rodríguez y Rosa Quintana Carballo, Diputados.
181/000109
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Sergio Sayas López, don Joaquín Melgarejo Moreno, don Asier Antona Gómez, don Javier José Folch Blanc, don Pedro Ignacio Gallardo Barrena, don Manuel García Félix, don Alfonso Carlos Macías Gata, don Antonio Martínez Gómez, don
Javier Merino Martínez, don Óscar Ramajo Prada, don Juan Diego Requena Ruiz, doña Milagros Marcos Ortega, doña María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, doña María del Socorro Cuesta Rodríguez y doña Rosa Quintana Carballo.
Texto:
¿Cuáles son los motivos que han provocado que en España desde 2021 la balanza comercial se incline hacia la subida exponencial del volumen de importaciones, caída del volumen de exportaciones y bajada importante del consumo en el sector de
frutas y hortalizas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2024.-Sergio Sayas López, Joaquín Melgarejo Moreno, Asier Antona Gómez, Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio
Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, María del Socorro Cuesta Rodríguez y Rosa Quintana Carballo, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000091
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Juan Diego Requena Ruiz, don Carlos Javier Floriano Corrales, don Guillermo Mariscal Anaya, doña Cristina Teniente Sánchez y doña Esperanza Reynal Reillo.
Texto:
¿Está decidido el cierre de la Central Nuclear de Almaraz, a tenor de las declaraciones del Delegado del Gobierno en Extremadura del pasado 7 de marzo de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz, Carlos Javier Floriano Corrales, Guillermo Mariscal Anaya, Cristina Teniente Sánchez y Esperanza Reynal Reillo, Diputados.
Comisión de Sanidad
181/000086
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Rafael Cofiño Fernández.
Dirigida a la Ministra de Sanidad.
Texto:
¿Cuáles son los planes del Ministerio en relación con la tramitación del uso de cannabis terapéutico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Rafael Cofiño Fernández, Diputado.
181/000087
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Rafael Cofiño Fernández.
Dirigida a la Ministra de Sanidad.
Texto:
¿Cuáles son los planes del Ministerio en relación con el nuevo Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Rafael Cofiño Fernández, Diputado.
181/000088
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Rafael Cofiño Fernández.
Dirigida a la Ministra de Sanidad.
Texto:
¿Cuáles son los planes del Ministerio para garantizar la plena universalidad de la atención sanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Rafael Cofiño Fernández, Diputado.
181/000089
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Rafael Cofiño Fernández.
Dirigida a la Ministra de Sanidad.
Texto:
¿Cuáles son los planes del Ministerio en relación con las medidas de prevención y control del tabaquismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Rafael Cofiño Fernández, Diputado.
181/000090
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado don Rafael Cofiño Fernández.
Dirigida a la Ministra de Sanidad.
Texto:
¿Cuáles son los planes del Ministerio en relación con la evaluación de tecnologías sanitarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2024.-Rafael Cofiño Fernández, Diputado.
181/000102
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Carmen Castilla Álvarez.
Texto:
¿Puede detallar el Gobierno en qué situación se encuentra el reconocimiento de nuevas especialidades médicas, como son: Urgencias y Emergencias, Enfermedades Infecciosas y Genética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2024.-María Carmen Castilla Álvarez, Diputada.
181/000103
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Alba Soldevilla Novials.
Texto:
¿Puede detallar el Gobierno en qué situación se encuentra el diseño de la especialidad de Psicología Clínica Infantil y Juvenil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2024.-Alba Soldevilla Novials, Diputada.
181/000104
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Caridad Rives Arcayna.
Texto:
¿Qué actuaciones está desarrollando el Gobierno relativas a la renovación de los programas formativos de Formación Sanitaria Especializada, y para cuáles especialidades médicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2024.-Caridad Rives Arcayna, Diputada.
181/000105
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Emilia Almodóvar Sánchez.
Texto:
¿Qué actuaciones y medidas de carácter normativo tiene previstas poner en marcha el Gobierno para que el Sistema Nacional de Salud esté plenamente descarbonizado en el horizonte de 2050, y así ir adaptándolo ante la crisis climática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2024.-Emilia Almodóvar Sánchez, Diputada.
181/000106
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Carmen Andrés Añón.
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previsto el Gobierno poner en marcha en el marco de desarrollo de la Estrategia de Salud Digital en el Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2024.-Carmen Andrés Añón, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/005697
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Velarde Gómez, Martina (GMx)
Retirada de su pregunta sobre cambio de criterio del Gobierno en relación con las protestas de colectivos vinculados a la defensa de las pensiones, así como de otros colectivos, por no poder concentrarse frente al Congreso de los Diputados,
ni poder atender allí a los diputados y diputadas o a la prensa.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 113, de 26 de marzo de 2024.