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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 213, de 29/09/2022
cve: DSCD-14-PL-213
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 213
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 205
celebrada el jueves,
29 de septiembre de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 94-1, de 18 de marzo de 2022. (Número de expediente 21/000094) ... (Página7)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 121-1, de 12 de
septiembre de 2022. (Número de expediente 121/000121) ... (Página16)
Palabras de la Presidencia ... (Página31)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página32)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página33)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. (BOE núm. 216, de 8 de septiembre de 2022). (Número de expediente
130/000088) ... (Página33)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Empleo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 112-1, de 1 de julio de 2022. (Número de expediente 121/000112) ... (Página49)
- Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 149-1, de 19 de
febrero de 2021. (Número de expediente 122/000224) ... (Página67)
- Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
255-1, de 10 de junio de 2022. (Número de expediente 124/000013) ... (Página80)
Declaración institucional:
- Declaración institucional a raíz de la muerte bajo custodia judicial de Masha Ameni y en contra de la represión que sufre el pueblo iraní. (Número de expediente 140/000024) ... (Página95)
Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página96)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página96)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación). (Continuación) ... (Página97)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación). (Continuación) ... (Página98)
Votación de conjunto ... (Página98)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página98)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página98)
Avocación por el Pleno ... (Página99)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página7)
Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos ... (Página7)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en Pleno intervienen el señor Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Calvo Liste, del
Grupo Parlamentario VOX, y la señora Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Cortés Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común; y la señora Cantera de Castro, del Grupo Parlamentario Socialista.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página16)
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra ... (Página16)
La Presidencia da la bienvenida a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, que se encuentra en la tribuna de invitados, junto con parte de su equipo.
La señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución, interviene el señor Del Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno en contra interviene el señor Cerdán León, del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica el señor Del Valle Rodríguez y duplica el señor Cerdán León.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); y los señores López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Uriarte Torrealday, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Hace uso de la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.
Continuando con el turno de fijación de posición interviene la señora Beltrán Villalba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Palabras de la Presidencia ... (Página31)
La Presidencia informa de que desde las once horas cuarenta y cinco minutos hasta las catorce horas de hoy se podrán votar telemáticamente el resto de asuntos del orden del día, que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al
final de la sesión.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página32)
Se someten a votación separada las enmiendas presentadas al Proyecto de ley sobre precursores de explosivos, siendo rechazadas todas.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página33)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad al Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, presentada por el Grupo
Parlamentario VOX, se rechaza por 48 votos a favor y 293 en contra.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página33)
Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar ... (Página33)
La señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Barandiaran Benito, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil, Errejón Galván y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Carvalho Dantas, del Grupo
Parlamentario Republicano; Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Ruiz Solás, del Grupo Parlamentario VOX; García Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Perea i
Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página49)
Proyecto de Ley de Empleo ... (Página49)
La señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene la señora Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Guitarte Gimeno y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Barandiaran Benito,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; la
señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Movellán Lombilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas ... (Página67)
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Cañadell Salvia y Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario
Plural; Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario VOX; el señor Jerez Juan, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Berja Vega, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica) ... (Página80)
En defensa de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo intervienen los señores Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX, y Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Sayas López y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y Rego Candamil y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común, y la señora Fernández Benéitez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.
Declaración institucional ... (Página95)
La señora secretaria, Hernanz Costa, da lectura a la declaración institucional, firmada por todos a los grupos, a raíz de la muerte bajo custodia judicial de Masha Ameni y en contra de la represión que sufre el pueblo iraní.
Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página96)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la revalorización de salarios y prestaciones asistenciales, se rechaza por 25 votos a favor, 265 en contra y 53 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página96)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la subida de los tipos de interés, su impacto en los hogares españoles y las medidas que está tomando el Gobierno para aliviarlo,
se rechaza por 150 votos a favor, 186 en contra y 8 abstenciones.
Sometida a votación separada por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique suposición en el ámbito internacional y de la OTAN tras más de seis meses
del inicio de la invasión rusa en Ucrania, y la estrategia que está siguiendo ante una de las mayores crisis de seguridad en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se aprueban los puntos 1, 4, 5, 6, 7 y 8, y se rechazan el 2 y el 3.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación). (Continuación) ... (Página97)
Sometido a votación el dictamen del Proyecto de ley sobre precursores de explosivos, se aprueba por 190 votos a favor, 51 en contra y 103 abstenciones.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación). (Continuación) ... (Página98)
Votación de conjunto ... (Página98)
Sometido a votación de conjunto el texto del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, por tramitarse en lectura
única, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas, se aprueba por 262 votos a favor, 51 en contra y 27 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página98)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, se aprueba por 293 votos a favor y
51 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 341 votos a favor y 3 abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página98)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario VOX al Proyecto de ley de Empleo, se rechaza por 50 votos a favor, 292 en contra y 2 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página99)
Sometidas a votación las solicitudes presentadas por los Grupos Parlamentarios Republicano y Plural de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley, se aprueban por 337 votos a favor y 6
abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (señora Vehí Cantenys), se rechaza por 34 votos a favor, 293 en contra y 17 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de texto alternativo presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX a la Proposición de ley por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica), se rechazan las tres.
Se levanta la sesión a las seis de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY SOBRE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. (Número de expediente 121/000094).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Buenos días, señorías. Reanudamos la sesión. Por favor, tomen asiento.
Comenzamos con el dictamen del proyecto de ley sobre precursores de explosivos. Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
Señorías, como ya advertí a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, hoy seré estricto en el cumplimiento del tiempo. Así que cuando falten treinta segundos les avisaré y cuando termine el tiempo cerraré el micrófono. Por lo
tanto, ruego a todos ustedes que, por favor, sean estrictos con el tiempo porque cerraré el micrófono cuando acabe el tiempo. Gracias.
Tiene la palabra, señoría.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Nos ocupa este punto del orden del día el proyecto de ley relativo a los precursores de explosivos. Ya lo comentamos en su momento en la toma en consideración y lo cierto es que hay que poner en valor el trabajo que
se ha realizado en la Ponencia y en la Comisión correspondientes.
Por parte del PDeCAT teníamos una serie de enmiendas que, como habrán visto, iban encaminadas a mejorar la coordinación entre los diferentes grupos policiales. Como ustedes saben, los Mossos d'Esquadra tienen competencias en el ámbito de
Cataluña y las enmiendas que presentamos a este proyecto en su momento iban destinadas a asegurar la coordinación y compartir la información en esta materia relativa a aquellas sustancias que compradas individualmente pueden ser inocuas, pero que
suponen un riesgo en las actividades terroristas que puedan llegar a culminar fruto de la mezcla de estas compras. Lo cierto es que valoramos positivamente el proyecto y transaccionamos también algunas enmiendas orientadas a cuadrar bien el
compartimiento de la información entre los diferentes cuerpos de seguridad. Nos restan algunas que creemos sinceramente -son las que continúan vivas en este momento- que podrían mejorar todavía más la coordinación entre el Ministerio del Interior y
los órganos propios de las comunidades autónomas en lo que se refiere a coordinación de cuerpos policiales, a formularios, a páginas web, es decir, información que hay que dar en estas cuestiones. Por este motivo mantenemos las enmiendas 22, 23 y
24 a este proyecto de ley.
Sin más, señorías, por nuestra parte mantenemos estas enmiendas apelando a la necesidad, en un tema tan complejo y tan transversal como este, de que la coordinación entre comunidades autónomas y cuerpos de seguridad -especialmente los Mossos
d'Esquadra, que tienen las competencias en Catalunya- sea lo más óptima posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No era para tanto, señor Boadella, le ha sobrado mucho tiempo.
Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Carvalho Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, president. Bon dia, senyories.
Este proyecto de ley sienta un precedente de negociación: ha sido posible ponernos de acuerdo muchas. Hemos conseguido, según nuestro punto de vista, una reivindicación histórica en un tema muy sensible para los poderes del Estado, tan
sensible como es la inspección de los precursores de explosivos por parte de las policías de las comunidades autónomas. Una reivindicación que ha costado mucho, llevábamos mucho tiempo pidiendo las competencias. Obviamente, las señorías del PP,
las señorías de la bancada de la derecha y también de la extrema derecha lo han negado constantemente. La bancada de la derecha siempre lo ha negado. Entonces, preguntamos por qué tanto miedo. Parece que las señorías del PSOE han sido valientes,
por lo que pensamos que tan grave no sería el tema. Realmente no era tan grave porque en prácticamente dos días se llegó a un acuerdo.
A raíz de la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de junio del 2019, sobre Comercialización y Uso de Precursores de Explosivos, obviamente debía actualizarse la norma vigente, la Ley 8/2017. El
Proyecto de Ley sobre Precursores de Explosivos tiene por objeto regular el sistema de licencias que permita la puesta a disposición, introducción, posesión y utilización de precursores de explosivos restringidos a los particulares en España, así
como garantizar la adecuada comunicación de las sustracciones, desapariciones y transacciones sospechosas de precursores de explosivos regulados. También se incluye el procedimiento sancionador que habrá de aplicarse ante los incumplimientos...
(Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría, un segundo. (Pausa).
Continúe.
La señora CARVALHO DANTAS: También se incluye el procedimiento sancionador que habrá de aplicarse ante los incumplimientos de las disposiciones contempladas en la misma.
El Grupo Republicano registró la enmienda a la totalidad que yo misma defendí aquí hace un tiempo dado que no fue atendida la reivindicación de diversos grupos parlamentarios que planteábamos la necesidad imperiosa de delegar las
competencias de inspección de precursores de explosivos a los cuerpos policiales propios de las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de prevención y protección de la seguridad ciudadana. Así que se dejó solo en manos de la
autoridad central de manera exclusiva esta función. Nosotras consideramos que es algo más que dificulta considerablemente el desarrollo de las actividades policiales sobre el terreno. En concreto, en el caso de la policía de la Generalitat, el cos
de los Mossos d'Esquadra de Catalunya, que ejerce funciones de policía integral en el ámbito territorial de nuestro país, ha visto repetidamente dificultado el acceso a la información a los órganos de coordinación en materia antiterrorista, poniendo
en grave riesgo su tarea de prevención y seguridad ciudadana ante amenazas tan importantes como el terrorismo internacional. Nosotras consideramos que es vital que, tanto desde la perspectiva del control administrativo como desde la de prevención e
investigación contraterrorista, el cos de los Mossos d'Esquadra de Catalunya pueda ejercer la competencia de autoridad de inspección, es absolutamente imprescindible; la autoridad de inspección es una reivindicación histórica de las comunidades
autónomas.
También es una reivindicación histórica que tenemos las competencias transferidas en materia de seguridad ciudadana, repito. De hecho, es una enorme anomalía precisamente que los cuerpos de policía que tienen esta competencia de seguridad
ciudadana -y, por tanto, la capacidad de actuar sobre el terreno y que están sobradamente preparados en esta materia- no tengan acceso a bases de datos y a la coordinación suficiente en materia antiterrorista con todas las garantías y herramientas.
Es un absurdo que la policía que tiene esas competencias no pueda desplegar todo su potencial porque el Estado siempre les ha negado esas competencias. Tener la información necesaria es absolutamente vital para desarrollar la competencia en
seguridad ciudadana al cien por cien. El cos de los Mossos d'Esquadra de Catalunya es una policía sobradamente preparada para llevar a cabo esas funciones, y lo ha demostrado mil veces. Sin ir más lejos, la actuación y la respuesta inmediata ante
los atentados del 17 de agosto de 2017 demuestran que tiene solvencia contrastada.
Por tanto, bienvenido sea que se pueda mejorar el texto de la ley incorporando una transaccional que no es todo lo que quisiera obviamente el Grupo Republicano, pero es evidente que mejora sustancialmente lo que hemos tenido hasta ahora.
Por esto también hemos mantenido la enmienda 27 y hemos transaccionado nuestras enmiendas 26 y 28 con otros grupos parlamentarios, en este caso con el PSOE, Unidas Podemos, el PDeCAT y el PNV. Retiramos, como he dicho antes, el resto de nuestras
enmiendas. Creemos que es un gran logro que el cos de policía de los Mossos d'Esquadra de Catalunya pueda tener esta facultad de inspeccionar los precursores de explosivos, porque no se puede pensar de otra manera.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Calvo Liste. (Aplausos).
El señor CALVO LISTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, nueva trasposición de normativa europea al derecho español, en esta ocasión sobre precursores de explosivos, que son aquellas sustancias químicas que pudieran usarse en combinación con otras para fabricar de manera ilegal, pero
sencilla, un explosivo casero; pero este Gobierno, como luego veremos, es incapaz de trasponer una sola norma sin introducir ningún elemento discordante. A pesar de ser productos legales, como el nitrato amónico usado en fertilizantes pero que
mezclado con gasoil da lugar a la anagolita, que es el explosivo más sencillo utilizado en minería y que ha provocado alguna de las mayores explosiones químicas de la historia, como la del puerto de Beirut en agosto de 2020, o el agua oxigenada o la
acetona o el ácido de batería, usados en construcción, en industria, en limpieza de las piscinas o en aeromodelismo, en los debidos porcentajes y mezclados con otras sustancias son precursores de explosivos y pueden ser utilizados para la
fabricación de artefactos. Los atentados yihadistas de los últimos años en Europa y en el mundo han evidenciado la necesidad de elevar el grado de seguridad y limitar el acceso de los particulares a los precursores, cuyos controles se habían
mostrado ineficientes al no impedir suficientemente su fácil adquisición.
Pero si hay una nación que viene padeciendo el terrorismo yihadista y separatista como ninguna otra es España. Veamos. La célula yihadista de Ripoll compró con facilidad grandes cantidades de sustancias de cloro, ácido sulfúrico y acetona
para fabricar 300 kilos de explosivo casero conocido como la 'madre de Satán', cuya acumulación hizo volar por los aires el 16 de agosto de 2017 su chalet de Alcanar en Tarragona con varios terroristas dentro. Al día siguiente, integrantes de la
célula asesinaron con una furgoneta a catorce personas e hirieron a decenas que paseaban por Las Ramblas de Barcelona. Nueve CDR fueron detenidos al intentar atentar con explosivos en Cataluña coincidiendo con la sentencia de los golpistas por el 1
de octubre. Se les intervino ácido sulfúrico, polvo de aluminio, decapante industrial, gasolina y parafina. También disponían de termita, un componente relativamente fácil de elaborar y que alcanza altas temperaturas, lo que le otorga un gran
poder incendiario. Vamos, gente pacífica, realmente pacífica. (Aplausos). En noviembre de 2021 la Guardia Civil incautó 350 kilos de clorato potásico en Reus, sustancia utilizada como precursor de explosivo, denunciando a su propietario quien
intentaba su venta ilegal por Internet. Un reciente informe de la Guardia Civil ve coincidencias en la fabricación, la manipulación y los aspectos logísticos del material explosivo y precursores encontrados en 2019 en una serie de zulos de ETA en
Francia con el atentado perpetrado el 30 de julio en Palmanova, Calvià, Mallorca, última acción terrorista con víctimas que ETA cometió en España y que acabó con la vida de dos miembros de la Benemérita, uno de ellos el hijo de mi compañero de
bancada, Toni Salvá. (Aplausos). El objetivo es determinar la identidad de los militantes de ETA relacionados con acciones terroristas cometidas en las islas en julio y agosto de 2009, pero la fiscalía no está muy interesada en tirar del hilo,
ejemplos que reflejan la importancia de regular los precursores de explosivos.
Pero lo que debería ser un proyecto legislativo meramente técnico, con aportaciones que mejorasen y completaran el texto, se ha convertido, para no variar, en otra cesión del Gobierno a los separatistas, y es que las enmiendas presentadas
por los enemigos de España han tenido acogida por parte del Grupo Socialista, que ha cocinado una transaccional con el Partido Nacionalista Vasco en la que entrega a los Mossos y a la Ertzaintza el control y la labor inspectora de los precursores,
que hasta ahora venía desempeñando el Estado, concretamente la Guardia Civil y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Citco, integrado en el Ministerio del Interior como punto de contacto nacional. Los
separatistas quieren ser ellos, y no el Estado, quienes controlen la potencial fabricación de los artefactos explosivos, similar al regalo del PSOE con Navarra por exigencia nuevamente del PNV en materia de tráfico con la Guardia Civil. Siempre el
PNV, siempre recogiendo sus frutos.
No transcurrió ni un día y los medios ya se hicieron eco de la noticia. Aquí pueden ver (muestra un titular de periódico): 'Mossos gana a la Guardia Civil la inspección de precursores de explosivos'. Otro ejemplo (muestra otro titular de
periódico): 'Sánchez regala a Mossos y Ertzaintza competencias de la Guardia Civil sobre inspección de explosivos'. Quieren expulsar a la Benemérita de los territorios a fuerza de retirarles competencias, como harán con el Ejército a petición de
Esquerra. Nosotros decimos que la inspección de los precursores solo debe controlarse por la Intervención de Armas de la Guardia Civil y no por el mayor Trapero. (Aplausos).
El proyecto de ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 26.ª y 29.ª de la Constitución española que, recordemos, es tajante y atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el régimen de producción, comercio, tenencia
y uso de explosivos, así como en seguridad pública, por lo que la norma resultante pudiera estar incurriendo en vicio de inconstitucionalidad.
Solo nos queda conocer cuál ha sido el coste de esta nueva cesión de Sánchez al separatismo: ¿nuevos apoyos? ¿Los presupuestos generales del Estado a subasta? Pronto lo sabremos, y los españoles hablarán, pues en España, como en Europa,
ha llegado el tiempo de los patriotas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Vázquez Blanco.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchísimas gracias, señor presidente.
Hoy tenemos un debate sobre el que Esquerra Republicana de Catalunya había solicitado la avocación por el Pleno. Es un instrumento que, efectivamente, permite el Reglamento del Congreso y que Esquerra Republicana de Catalunya utiliza de
manera frecuente en leyes de Interior, pero también en otras materias, para intentar conseguir alguna prebenda más del Gobierno de Sánchez. Hoy estamos aquí por ese motivo principalmente.
Como todos ustedes saben, se reforma la Ley 8/2017, de precursores, que había nacido como consecuencia de la trasposición de un reglamento del año 2013. En 2019 se modificó este reglamento y luego se trajo este proyecto de ley, un proyecto
de ley que, como bien se ha comentado aquí, es sobre precursores de explosivos, que son sustancias químicas con las que, siendo mal utilizadas, pueden fabricarse explosivos caseros. El ejemplo lo tenemos en los atentados de Bruselas, de París, de
Manchester o de Londres, que en 2017 fueron los que ocasionaron este cambio legislativo.
Sin lugar a duda, nos sorprende a todos el debate de hoy, y digo que nos sorprende a todos porque en el mes de mayo, cuando el ministro Marlaska presentó aquí el proyecto de ley, Esquerra Republicana de Catalunya pidió la devolución y, en
ese momento, veintinueve diputados -del PNV, Esquerra, PDeCAT, BNG, es decir, los socios del señor Sánchez- pidieron devolver ese proyecto en materia de terrorismo. Y si ese proyecto se puede debatir hoy aquí, es precisamente gracias a los votos
del Grupo Popular. Pero, ¿qué ha cambiado durante la tramitación de este proyecto de ley? Resulta que a Esquerra no le gustaba nada el proyecto, nada de nada, ni al resto de los socios independentistas, nada les gustaba de este proyecto, y ahora
una simple enmienda hace que los que antes ayudamos al Gobierno a que se tramitara este proyecto en materia de terrorismo no podemos hoy votar a favor del mismo y ellos, los que no querían este proyecto de ley, sean hoy los que van a votar que sí
con el Gobierno. (Aplausos). Por una simple enmienda. Y ustedes dirán: ¿qué decía esa enmienda? Se lo han dicho hoy aquí sus socios, ya no lo tengo que explicar yo, es que no hay nada más que decir. Una enmienda a la disposición adicional
cuarta que establece que una competencia exclusiva que tenía la Guardia Civil -como tiene la de armas y la del control marítimo-, la de explosivos, se le quita en las comunidades autónomas. Se lo han explicado hoy bien aquí, señores del PSOE, se
les retira. También me gustaría saber si se han leído el artículo 14.3 de esta ley donde menciona a la autoridad de inspección y que también será la responsable del expediente sancionador. ¿Eso quiere decir que también le dan la recaudación?
Cuando intervenga el portavoz del PSOE, me gustaría que lo dijera.
Me hace gracia que precisamente utilicen esta ley. Marlaska es el cajón desastre -y nunca mejor dicho lo de cajón 'desastre', en toda la amplitud y plenitud de la palabra- porque nuevamente trae un proyecto en el que se oculta al Consejo de
Estado y al Consejo del Poder Judicial y nos mete por la puerta de atrás modificaciones que nada tienen que ver. La trasposición de la directiva de información de la financiación de delitos, incluyen toda toda la financiación autonómica del
impuesto de residuos. Y hoy utilizan esta directiva para quitarle una competencia a la Guardia Civil.
De verdad, señores del PSOE, hoy, después de escuchar a la señora Carvalho criticar aquí la actuación de la Guardia Civil diciendo que se puso en peligro la vida de gente en Cataluña porque la Guardia Civil no pasaba información, ¿van a
seguir manteniendo esa enmienda con esos señores? ¿Ustedes hoy van a seguir apoyando esto y van a dar la competencia de explosivos a las policías autonómicas porque la Guardia Civil lo hacía mal? (Aplausos). ¿Eso es lo que están hoy aquí
aceptando, señorías del PSOE? De verdad, vaya tragaderas que tienen, después de escuchar tanto al portavoz del PDeCAT como a la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya. Después dirán: es un bulo. Pues se lo dejan bien claro, un bulo como
una simple enmienda transaccional.
Por cierto, señor Legarda, voy a mandarle un recado. Usted sabe que no pedía eso. Usted sabe que tenía un acuerdo únicamente para pedir aquello a lo que había llegado en 2017 con el Partido Popular, y es precisamente el PSOE, a hurtadillas
con el señor Rufián, el que le presenta en la Ponencia esa
enmienda, señor Legarda. Usted no pedía esa competencia, le vino regalada, y le vino porque en los despachos el señor Marlaska y el señor Rufián negociaron esa competencia. ¿A cambio de qué? Nunca lo sabremos, o sí. Cuando lleguen los
presupuestos aquí, sabremos a cambio de qué se hace esa simple modificación de la disposición adicional cuarta. (Aplausos).
Solo les digo lo siguiente. En materia de terrorismo el Partido Popular siempre estará y lo estaremos toda la vida. Hoy se van con esos que ayudan a los CDR y que ocultan las actuaciones de los CDR; por cierto, cuando fueron detenidos los
CDR, señora Carvalho, tenían precursores de explosivos. ¿Va a ser ahora el señor Trapero el que se va a dedicar a investigar a los CDR por precursores de explosivos? Eso era lo que querían, ¿verdad? No estaban denigrando a la Guardia Civil.
Finalizo, señorías. Si van a intentar quitarle más competencias a la Guardia Civil, nos tendrán siempre en contra, como nos van a tener hoy.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Damos hoy un paso importante -ya lo dije en la toma en consideración de este proyecto- para la incorporación al ordenamiento jurídico español del nuevo reglamento de la Unión sobre la comercialización y utilización de precursores de
explosivos, vista la necesidad de restringir aún más el acceso a estas sustancias y sus mezclas y reforzar los controles tras varias acciones terroristas -ya se ha dicho- en París, Bruselas, Londres y Manchester, y en atención al mandato de revisión
contenido en el reglamento anterior de la Unión sobre la misma materia y que estas Cortes Generales traspusieron en la vigente Ley 8/2017, en trámite ahora de modificación, y que se hace precisa no solo por nuestra pertenencia a la Unión y por la
primacía del derecho de la Unión en los ámbitos de su competencia, a tenor de los tratados, sino también -y esto es lo decisivo- porque con ello contribuiremos a mejorar la eficacia de la lucha contra la violencia terrorista y el crimen organizado,
lo que implica un espacio más seguro para el disfrute de los derechos y libertades, tanto en el ámbito de la Unión como en el propio Estado español. Señorías, del proyecto de ley que tramitamos quiero destacar la que, a nuestro juicio, es una
notable mejora que se ha producido durante su tramitación en Ponencia y en Comisión en el principio de eficacia a través del reforzamiento de los mecanismos de colaboración y cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad dependientes de la
Secretaría de Estado de Seguridad y los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas con competencias en materia de seguridad pública, y también entre la misma Secretaría de Estado de Seguridad y los órganos de las comunidades autónomas de los
que dependen aquellas policías. A tal fin, se alumbra una nueva redacción de la disposición adicional cuarta, que ya se ha citado, sobre nuestra enmienda número 13, transaccionada con otros -como ya se ha dicho, PDeCAT, Esquerra y Grupo
Socialista-, que recupera la literalidad de lo vigente sobre la cuestión en la actual Ley 8/2017, a la que se añade, a fin de mejorar la cooperación y colaboración, la posibilidad de que las policías autonómicas integrales puedan adherirse a los
planes anuales de inspección en materia de precursores de explosivos, lo que supone dar carta de naturaleza legal a lo que ya se ha establecido desde 2018 por el Ministerio del Interior en una instrucción. Ello, además, es congruente con la
formación que pueden recibir esas policías autonómicas integrales para las labores de inspección de precursores de explosivos, según dispone el artículo 25 de este proyecto de ley que nadie ha discutido. También es congruente dar carta de
naturaleza y asociar a las policías autonómicas integrales a los planes anuales de inspección con el Plan Anual de Inspección de Precursores, que es el instrumento fundamental de control y coordinación de la acción inspectora y que, por cierto,
elabora el CITCO, el Centro de Inteligencia para la Lucha contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, basándose en los mapas de riesgo con la información que facilitan las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, entre otras, las policías
autonómicas integrales que tienen presencia permanente en el CITCO.
Señorías -voy finalizando, presidente-, en una realidad globalizada también el terrorismo y el crimen organizado es una realidad globalizada. La única seguridad posible frente a esta realidad es una seguridad en red, asociando a todas las
policías autonómicas integrales en la tarea, ya que son las policías del territorio en todas sus funcionalidades y, por tanto, son imprescindibles para la prevención de la comisión de ilícitos, sobre todo los de mayor gravedad, que son precisamente
a los que se dirige esta normativa armonizada de precursores de explosivos de la Unión.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Esta debería ser una ley que aprobaran con normalidad todos los grupos parlamentarios por ser una norma que atañe a la seguridad nacional y que está relacionada con un reglamento europeo que -atentos, esto es importante- busca hacer más
difícil que se repitan ataques terroristas como los que azotaron al viejo continente en los últimos años. Pues bien, el Gobierno de España consigue hacer invotable una norma de estas características. Me explico. El Parlamento Europeo aprobó en
2013 un reglamento para establecer una normativa armonizada sobre la puesta a disposición, comercialización y uso de sustancias susceptibles de ser utilizadas para la fabricación de explosivos caseros. A raíz de ello, España aprobó en 2017 una ley
en este sentido. Por los ataques terroristas que todos conocemos y que se dieron lugar en Europa después de esas fechas, se constató la necesidad de restringir aún más el acceso a estas sustancias. Como consecuencia de estas acciones terroristas,
se aprobó un nuevo reglamento europeo en 2019 sobre la comercialización y utilización de precursores de explosivos derogándose el de 2013 al que me he referido. El principal objetivo de este proyecto de ley es trasponer esta nueva normativa europea
del año 2019 y regular el sistema de licencias que permite la posesión y el uso de precursores de explosivos entre los particulares y garantizar la comunicación de la sustracción, desaparición o transacción sospechosa de precursores de explosivos
regulados y su procedimiento sancionador en caso de incumplimiento.
Este proyecto de ley, antes de los cambios de los que ahora hablaré, se sometió al informe de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del Consejo de Estado, de la Dirección
General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, entre otros. Los aspectos principales que regulaba eran: uno, la necesidad de tener licencia; dos, que se podían consultar las bases policiales previa concesión de la licencia
sobre condenas penales y sin consentimiento previo del titular de los datos; tres, la prohibición de la concesión de licencia sobre determinados productos, en concreto, los que carecen de un uso legítimo por parte de los particulares; cuatro, la
aprobación de procedimientos capaces de detectar las transacciones sospechosas, partiendo de la identificación de todos los clientes; cinco, la prohibición de la importación particular de precursores de explosivos regulados, y, seis, la regulación
del régimen sancionador con sanciones específicas graves, leves o muy graves para los operadores económicos, los particulares, los mercados en línea o los usuarios profesionales.
Pues bien, a este proyecto, que era perfectamente asumible y susceptible de ser apoyado por los grupos de esta Cámara, Esquerra presentó una enmienda a la totalidad. En cierto modo, yo veía coherente que Esquerra presentase una enmienda a
la totalidad de este proyecto. Si tenemos en cuenta la cantidad de horas que los señores de Esquerra pasan junto al lobista del mundo de los explosivos, que es Arnaldo Otegi; que tienen muchachos de Terra Lliure en sus filas, y que apoyan las
actividades de los CDR, es coherente que Esquerra se oponga a una ley que dificulta el tráfico de explosivos, porque es una ley que hace más difícil la vida a sus amigos. Por supuesto, en su enmienda Esquerra vertía acusaciones gravísimas al Estado
-para no variar- y voy a citar textualmente a Esquerra Republicana, con perdón. Atentos, señores del Gobierno, al marco que han comprado el Grupo Podemos -el Grupo Podemos, ¡qué le vamos a hacer!-, el Grupo Socialista y el Gobierno de España;
atentos a la afirmación de Esquerra: La Policía de la Generalitat, Mossos d´Esquadra, que ejerce funciones de policía integral en el ámbito territorial de Cataluña, ha visto repetidamente dificultado el acceso a la información y a los órganos de
coordinación en materia antiterrorista, poniendo en grave riesgo su tarea de prevención sobre la seguridad ciudadana ante amenazas tan importantes como el terrorismo internacional. Es decir, dice Esquerra que se dificultó al Gobierno de la
Generalitat el acceso a datos de seguridad, e insinuaron durante mucho tiempo no sé qué teoría conspiranoica del nacionalismo; conspiranoico y nacionalismo, perdón por el pleonasmo. Decían que el Gobierno de España había dificultado todas las
labores de seguridad de los Mossos d´Esquadra, y ustedes compran esto y admiten la enmienda. Es decir, el partido que se reunía con los etarras para que pusieran bombas por toda España, pero no en Cataluña, viene a dar lecciones sobre colaboración
con el antiterrorismo. ¡Compran ustedes unos productos interesantísimos a la hora de asumir enmiendas! Lo que haría un Gobierno normal en estas circunstancias sería aislar a este tipo de partidos y a sus entornos violentos y pactar con quienes sí
queremos una lucha eficaz contra el terrorismo y no con quienes se van a merendar con terroristas. Eso sería lo normal. Pues no. Tras todo esto,
el Gobierno no solo no aísla Esquerra, sino que pacta con Esquerra una enmienda que cede de forma ilegal una competencia para la seguridad del Estado que es exclusiva del Gobierno central. Porque ustedes lo que hacen es que consideran
autoridad de inspección en los mismos términos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los órganos de las comunidades autónomas competentes en materia de seguridad pública. No es lo mismo la seguridad ciudadana que la seguridad del
Estado. No es lo mismo por mucho que esta señora lo diga, porque esta señora no es experta en seguridad. ¡Si se ponen a jalear a CDR que tiran cócteles molotov, asaltan y pisotean coches, rompen cristales, asaltan tiendas, se llevan jamones...!
¿Expertos en seguridad ciudadana? En fin.
Esto es inadmisible y nos impide votar a favor de esta norma que traen ustedes aquí. Es muy triste que el Gobierno de España haga rentable el insulto y la acusación grave a los servidores públicos del Estado. Es muy triste que el Gobierno
de España, en vez de defender a quienes trabajan por la seguridad del Estado, premie el insulto y traicione al leal. ¡Qué pena un Gobierno al que realmente -y esto lo vemos día a día- no le importa nadie!
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Cortés Gómez.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidente.
En primer lugar, tengo que decir al portavoz de Ciudadanos que me ha sorprendido que para hablar de terrorismo hable usted de quienes roban jamones. Ladrón de jamones: perfil prototípico de terrorista. Es el colmo de la demagogia.
Entrando en la cuestión que hoy debatimos, incorporamos un reglamento de la Unión Europea de 2019 que, si bien era de obligada trasposición en febrero de 2021, no se ha incorporado a la legislación española hasta ahora. Hoy aprobaremos un
proyecto de ley que endurece los requisitos para la compra de los conocidos como precursores de explosivos. Se pretende así poner fin al descontrol en la comercialización de estos productos que se había destapado con los atentados de agosto de
2017, precisamente en Cambrils y Barcelona. La célula terrorista que los cometió había elaborado en un chalet de Alcanar, Tarragona, cientos de kilos de triperóxido de triacetona tras adquirir grandes cantidades de estas sustancias químicas sin ser
detectados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Precisamente, la ley que hoy aprobamos aporta un nuevo paradigma de seguridad en red que colabora no solamente con Europol y con las diferentes policías autonómicas, sino también con la ciudadanía.
También ayuda a aumentar la colaboración con las empresas comercializadoras de los precursores de explosivos; me refiero a farmacias, ferreterías, grandes centros comerciales, establecimientos de jardinería o empresas de mantenimiento de piscinas.
Por lo tanto, no se cercenan las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que estamos ante una concepción ampliada de la seguridad ciudadana.
El texto que hoy aprobamos distingue entre dos clases de precursores: por un lado, los restringidos, aquellos que para ser adquiridos requieren de una licencia especial; y, por otro lado, aquellos llamados notificables, que pueden ser
comprados sin esa autorización, pero cuya comercialización se somete a controles especiales para identificar los mecanismos de compra. En este sentido, las empresas que operan online, el cibercomercio, deberán comunicar al Centro de Inteligencia
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, dependiente del Ministerio del Interior y que seguirá siendo el que centralice toda la información -por lo tanto, como decía anteriormente, no se cercenan las competencias sobre el comercio de
los precursores de explosivos-, cada vez que realicen una operación comercial de este tipo.
El texto que hoy aprobamos, efectivamente, traspone por fin el reglamento europeo de 2019 y recoge cinco supuestos de clientes sospechosos: en primer lugar, que no indiquen con claridad la utilización que quieren dar al producto que
compran; en segundo lugar, que se muestren poco familiarizados con esta sustancia; en tercer lugar, que compren combinaciones de productos con concentraciones no habituales para su uso cotidiano o industrial; en cuarto lugar, que sean reacios a
explicitar su condición profesional, y, por último, que insistan en efectuar el pago con métodos poco habituales, como es el dinero efectivo. Por cierto, el Gobierno de Meloni una de las primeras medidas que ha adoptado es suprimir el tope para el
pago con dinero efectivo. Esto, señorías, no ayuda a la seguridad ciudadana; al contrario, no genera más seguridad, sino más impunidad para la mafia.
En definitiva, en nombre del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem quiero expresar que apoyaremos el texto tal y como fue consensuado durante la Ponencia, porque estamos satisfechos
con el resultado. Pero no quiero terminar sin hacer una alusión a lo que ha sucedido en Italia. El portavoz de VOX hablaba de patriotismo. El patriotismo acaba donde empieza la mafia y el nuevo Gobierno de Italia no es más que la mafia
institucionalizada. Sabemos de sobra por las obras de Roberto Saviano y su famosa novela Gomorra, llevada tanto al cine como a la televisión (rumores), los vínculos de la mafia italiana con la mafia rusa, con la mafia albanesa y con la mafia
croata. Un siglo después de la marcha sobre Roma del Partido Nacional Fascista de Mussolini hoy alcanza el poder una de sus adeptas, Meloni, que, como sabemos, estuvo en misas dedicadas al dictador fascista. (El señor Espinosa de los Monteros de
Simón: La han votado). Lo que oculta una ideología fascista posmoderna basada en el discurso de odio es precisamente los canales subterráneos de la política italiana, las cloacas de la mafia italiana que bien retrataron Leonardo Sciascia respecto
a la mafia siciliana y Roberto Saviano respecto a la mafia napolitana. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: En las urnas, en las urnas). Y lo peor no es esto. Decía Hannah Arendt sobre la banalidad del mal que el problema no está en
cometer el mal, sino en su normalización cotidiana por la perversión del sistema. En esto no es que solo quede VOX, sino que VOX ha sido el único partido que apoya la banalidad del mal. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: ¡Qué demócrata!
¡Sistema democrático!). Sabemos que comparten ideología con el partido fascista italiano, como aquí lo han expresado. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo.
Le ruego guarde silencio, por favor. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: Presidente, que vaya a la cuestión, a la cuestión). De acuerdo, pero de manera reiterada está interrumpiendo el debate. Le ruego, señor Espinosa, que
guarde silencio. Si quiere tomar la palabra, dígame el artículo y yo le atenderé convenientemente o no, pero ya le pido, por favor, que no interrumpa más al interviniente en el debate. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: ¡A la
cuestión!-Rumores).
Continúe, por favor.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Decía que el partido fascista italiano es una versión a la italiana de la narcopolítica. Sabemos que VOX comparte ideología con el partido de Meloni -así lo ha expresado-; queda por ver si comparte también las
fuentes ocultas de financiación. Eso sí sería un ejercicio de patriotismo por parte de la señora Olona. ¿Qué son los papeles del edificio?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cantera de Castro.
La señora CANTERA DE CASTRO: Buenos días, presidente. Señorías, permítanme hacer hoy dos incisos. El primero es un gran recuerdo para los más pequeños que están librando la mayor de sus batallas en los hospitales, para nuestros niños con
cáncer. (Aplausos). El segundo es que me permitan de nuevo comenzar mi intervención de defensa de esta ley, que pone en el centro del debate y tiene como objetivo incrementar nuestra seguridad como ciudadanos de este país, condenando el asesinato
de tres mujeres, todas ellas ciudadanas, que fueron asesinadas solo por el hecho de ser mujer; condenando la violencia de género, en la que las víctimas son las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Fueron asesinadas por ser mujer.
(Aplausos). Muestro, además, mi repulsa a aquellos machistas de bandera en la pulserita y cualesquiera otros que, desde su posición privilegiada de machitos cobardes, se atreven a atacar a una mujer asesinada por el hecho de ser mujer y a sus hijos
huérfanos.
Señorías, la ley sobre precursores de explosivos es tremendamente sencilla. Es la típica ley -ya se ha dicho aquí- con la que todos, todos, deberíamos estar de acuerdo, como con que todos debemos cruzar la calle cuando el semáforo está en
verde. Esta ley viene a sustituir una ley de 2007, que fue votada por todos los grupos parlamentarios de esta casa; tome nota, señora Vázquez, por todos los grupos parlamentarios. Su finalidad es mejorar la seguridad ciudadana, teniendo por
objeto regular el sistema de licencias que permiten la puesta a disposición, introducción, posesión y utilización de precursores de explosivos restringidos por los particulares en España, así como garantizar la adecuada comunicación de las
sustracciones, desapariciones y transacciones sospechosas de precursores de explosivos regulados. Y lo hace mejorando el sistema de control en la adquisición de precursores de explosivos. Es decir, con esta ley dotamos de mejores mecanismos a
nuestras autoridades, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, para que ejerzan las acciones de inspección y control sobre el total de la cadena de obtención y adquisición de todas aquellas sustancias que puedan ser utilizadas de manera aislada,
combinada
o manipulada en la elaboración de explosivos. Se establece además la prohibición a los particulares de la introducción de los precursores de explosivos regulados desde terceros países, así como que los operadores económicos autorizados para
la adquisición tienen que justificar la motivación en cada adquisición que realicen, es decir, deben justificar para qué van a ser utilizados -con qué finalidad- y cuándo van a utilizar las sustancias que pretenden adquirir. Todo el personal en la
cadena de manipulación de los precursores debe haber recibido formación y deben estar informados de las implicaciones y obligaciones que dicha manipulación conlleva.
Y, digo yo, ¿quién puede no estar de acuerdo con esto? ¿Qué argumentos puede esgrimir cualquier partido político que ya había votado a favor de esta ley en 2017 para decir que no aumentemos el control sobre aquellas sustancias con las que
se pueden cometer actos terroristas? Señorías, los de siempre. Señorías del PP, alegan que no apoyan incrementar la seguridad ciudadana basándose en una mentira, porque son así, mentirosos. Nada nuevo, por cierto. Mienten diciendo que se quitan
atribuciones a la Policía y a la Guardia Civil porque decimos que se tiene que permitir una mayor coordinación con las policías autonómicas. No es cierto que se les quite ni una sola atribución o competencia ni a la Policía ni a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado ni al CITCO. Por cierto, el CITCO, ese del que ustedes hablan, ha aprobado y ha dado su visto bueno a la transaccional que ustedes critican. Los profesionales de esto han dado su visto bueno, pero ustedes no; es
que saben más sobre todo esto. (Aplausos). Mienten, señorías, porque están a favor de coordinarse con cualquier fuerza y cuerpo de seguridad policial de cualquier país extranjero, pero están en contra -por su fobia a llegar a acuerdos- de
coordinarse con las policías españolas, es decir, con las policías de las comunidades autónomas, porque odian a las policías españolas y no a las extranjeras. Coordinación con el extranjero sí, pero en el interior no. Apoyan el intercambio de
información y la colaboración a todos los niveles, excepto con las policías autonómicas. Mienten porque es su forma de actuación. Presten atención, señora Vázquez, señor Calvo, señor Díaz-el señor Díaz se ha ido; ¡menudo papelón le han encargado!
Tal vez es que no se ha leído ni siquiera los papeles-, existe una cosa que se llama hemeroteca. Fue en 2013 cuando se aprobó el reglamento del Parlamento Europeo -2013- sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos. En
2017 en este Parlamento se aprobó por todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, la ley anterior a esta. En 2018 la instrucción técnica que desarrolla la ley ya establecía en su página 7 -tomen nota-: Los órganos de las
comunidades autónomas competentes en materia de seguridad pública que dispongan de policía autonómica podrán adherirse a los planes anuales de inspección en materia de precursores de explosivos en los términos y obligaciones que las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado establezcan -ergo, Policía Nacional y Guardia Civil-, según lo dispuesto en la ley de 2017. Señora Vázquez, haga los deberes, ley de 2017, firmada por M. Rajoy; repito, M. Rajoy. (Aplausos). Luego, señorías,
mienten, mienten. (Señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Esta transaccional es un corta y pega, un copia y pega de una instrucción técnica basada en la ley firmada y aprobada aquí por M. Rajoy. Luego es usted una
mentirosa, son ustedes unos mentirosos. (La señora Vázquez Blanco: Esto viene de Marlaska.-Protestas.-Aplausos). Así de claro: se basan en mentiras. (Aplausos).
La Policía y la Guardia Civil no pierden ni una sola atribución; es más, la Policía y la Guardia Civil están de acuerdo con llevar a cabo una coordinación que permita a este país, España, tener un mayor control sobre todas aquellas
sustancias que pueden ser utilizadas para realizar atentados terroristas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, vaya finalizando, por favor.
La señora CANTERA DE CASTRO: ¿Quién puede estar en contra de esto? En el 2017, nadie. Hoy, como gobierna el Partido Socialista en coalición, ¿quién está en contra? La derecha, como siempre.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (La señora Vázquez Blanco pide la palabra). Vamos a ver, señoría, creo que si... (La señora Vázquez Blanco pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, señoría, ya he
escuchado lo que le ha dicho, pero si por ese término tuviéramos que interrumpir las sesiones cada vez que se dice... (rumores), probablemente tendríamos que interrumpirla todos los días varias veces, todos los días varias veces.
(Aplausos.-Rumores.-La señora Vázquez Blanco: Pido que se lea un papel. Pido que se lea la instrucción). Siéntese, señora Vázquez, la llamo al orden por primera vez. La llamo al orden por primera vez. Siéntese, por favor. Siéntese, señoría.
(Rumores).
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 121/000121).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto correspondiente a la tramitación directa y en lectura única del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
Quiero, en este instante dar la bienvenida a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, que se encuentra con nosotros junto con parte de su equipo. Bienvenida, presidenta.
Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Saludo también a la presidenta de la Comunidad de Navarra y a su consejera de Hacienda y portavoz. Efectivamente, como decía el presidente, en la mañana de hoy vamos a defender el Proyecto de ley por el que se
aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, contra el que, como saben, ha presentado una enmienda a la totalidad el Grupo Parlamentario VOX a la que me referiré un poco más adelante.
Concretamente, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de agosto este proyecto de ley por el que se aprueba el convenio económico y, por tanto, señorías, cumplimos así con lo acordado entre ambas administraciones. Es un acuerdo que
busca adaptar el convenio a los nuevos cambios en el ordenamiento jurídico tributario de nuestro Estado y cumplir con lo que dispone el propio convenio navarro, que establece que, al reformarse la normativa tributaria del Estado o introducir nuevas
figuras fiscales, se debe adaptar el convenio navarro a los nuevos tiempos. Se trata, por tanto, señorías, de la sexta modificación de este convenio en la historia democrática de nuestro país. La última modificación se realizó en 2015, cuando se
adaptó esta norma a las novedades que se habían introducido en el sistema tributario estatal, incorporándose varios tributos que se crearon en el periodo 20112014. Desde aquella modificación, desarrollada por el Gobierno del Partido Popular, se han
producido cambios en nuestra legislación que requieren de la adecuación del convenio.
Antes de pasar a desgranar estas novedades, quisiera exponer brevemente algunos datos que en el Ejecutivo consideramos muy positivos en relación con nuestro compromiso con las comunidades autónomas en general y, en este caso, con Navarra en
particular. Saben que del fondo extraordinario de 13 486 millones que dirigimos a comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como al resto de comunidades forales, Navarra recibió 192,9 millones de euros. Igualmente,
han sido beneficiarias las pymes de Navarra de ayudas directas por importe de 67,6 millones, y del fondo COVID extraordinario de 16 000 millones Navarra recibió también 175 millones de euros. Por tanto, señorías, creo que siempre en este Parlamento
y también en el Gobierno hemos intentado que en todo el país -y, en concreto, también en esta comunidad autónoma- seamos capaces de lidiar con las consecuencias, bien de la pandemia, bien de los efectos económicos derivados de la guerra de Ucrania.
En relación con los fondos europeos, ya el marco financiero plurianual 20212027 tuvo capacidad de otorgar a Navarra 112 millones de los fondos de cohesión. Igualmente, ya ha recibido 359 millones del plan de recuperación y del REACT, fondo
europeo especial de reacción contra la pandemia, recibirá 147,8 millones de euros de los recursos de 2021 y 2022. Por tanto, señorías, yo creo que es muy importante que pongamos en común en este Parlamento la necesidad de ir de la mano todos unidos
para que cuanto antes seamos capaces de superar las diferentes incidencias que como generación nos hemos visto obligados a afrontar.
Y si por algo es conocida Navarra, además de por su gente, su historia o su excelente gastronomía, es porque es una tierra innovadora que es capaz de plantear muchas de las líneas que en este momento son vanguardia del plan de recuperación,
y me estoy refiriendo a los proyectos medioambientales, por ejemplo, al proyecto de adaptación del riesgo de inundación en el tramo medio del río Ebro. Lo digo, señorías, solo por indicar un ejemplo, aunque también está el proyecto para la
construcción de la nueva sede del Museo de Ciencias Universidad de Navarra. Me refiero a toda una serie de iniciativas que también son tractoras del conjunto del país, como ocurre, por ejemplo, con muchos de los PERTE en los que se
presenta Navarra respecto a salud de vanguardia, cadena agroalimentaria, energía renovable, hidrógeno renovable o almacenamiento. Por tanto, señorías, creo que tenemos capacidad en el día de hoy de discutir y hacer frente a esa enmienda a
la totalidad que se ha planteado por el Grupo VOX a través de todas las iniciativas conjuntas que estamos desarrollando y que benefician, por supuesto, a Navarra, pero también al conjunto del Estado. Podríamos hablar también de aquellas cuestiones
que tienen que ver con el PERTE del vehículo eléctrico o de alguno de los proyectos emblemáticos, como el Centro Nacional de Industrialización y Robótica, o del liderazgo de esta región, como decía, en el Plan Complementario de Agroalimentación.
Quiero decirles, señorías, que durante toda la tramitación del convenio el compromiso que hemos demostrado ambas administraciones es firme y se plasma en esta reforma que hoy les presentamos; una firmeza que es reflejo de esa voluntad
inequívoca que el Ejecutivo tiene con el Estado de las autonomías y que además encuentra un contrapunto, como no podía ser de otra manera, en la enmienda a la totalidad que ha presentado a este proyecto el Grupo Parlamentario VOX. Desde luego,
señorías, quiero decirles que la enmienda no nos sorprende; es más, crearíamos que algo estaríamos haciendo mal si hubiéramos contado con el apoyo de la extrema derecha en la defensa del modelo autonómico. Pero no voy a dedicar en esta
intervención mucho tiempo a quienes pretenden, una vez más, poner en cuestión el Estado autonómico, un Estado que es sinónimo del Estado del bienestar, que da soporte a los derechos de los ciudadanos o al sistema de representación democrática y que,
además, señorías, es absolutamente fiel con la norma constitucional que a todos nos ampara, una norma que recoge la singularidad de la relación de Navarra con el conjunto del Estado, un mandato, señorías de VOX, constitucional, y básicamente lo hace
en materia de especificidad de su régimen fiscal que se asienta, como saben, en las diputaciones forales. Por tanto, quiero expresar mi rechazo a su enmienda, en la que tildan de provincias vascas y Navarra la estructura administrativa de esta
comunidad autónoma. Me parece una falta de respeto a las instituciones constitucionales de este país y también a los ciudadanos vascos y navarros, que encuentran en el modelo autonómico la más válida de las vías que tienen para la convivencia y el
desarrollo entre españoles. Dejen de enfrentar territorios, señorías. Si ustedes persiguen la unidad, dejen de enfrentar territorios.
Voy a retomar el tema que nos trae en la mañana de hoy y les indico que el proyecto de ley se engloba en este marco general de modernización del sistema tributario. El objetivo es el de instaurar una fiscalidad para el siglo XXI y hacerlo
con los territorios que cuentan con un convenio especial y también con todas las comunidades autónomas, como saben, al hilo de la legislación estatal y también de la plasmación de alguna de estas singularidades en el modelo de financiación
autonómica. Siendo así, señorías, vamos a introducir en esta modificación los siguientes nuevos impuestos: el primero, adaptación del impuesto sobre determinados servicios digitales; el segundo, impuesto sobre transacciones financieras, y el
tercero, impuestos sobre depósitos de residuos en vertedero y la coincineración de residuos. También con este proyecto de ley se introducen los puntos de conexión que determinan en cada caso cuál es la Administración tributaria competente para
exigir el pago del IVA en estos regímenes especiales, un punto de conexión que gira en torno a la competencia inspectora que el propio convenio asigna con carácter general en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido.
En lo que respecta al impuesto sobre determinados servicios digitales, la competencia para exigir el pago de este tributo se asigna en función del lugar donde se realizan las prestaciones de los servicios digitales; es decir, se determinará
sobre la base de la localización de los usuarios. En cuanto al impuesto de transacciones financieras, el punto de conexión para exigir el abono de este tributo se configura sobre la base de la localización de la sede social de la entidad cuyos
títulos se transmiten. En ambas figuras tributarias la competencia inspectora se asigna en función del domicilio fiscal del contribuyente. En el impuesto sobre depósitos de residuos en vertedero, incineración o coincineración, el punto de conexión
se configura en función de la ubicación del vertedero o de la instalación de la incineradora en la que se entregan los residuos objeto del impuesto.
Igualmente, introducimos en el convenio económico los elementos para la ventanilla única del IVA del comercio electrónico, que implica una modernización y simplificación del gravamen. Por tanto, señorías, hacemos también coincidir esta
iniciativa con el impulso que la Comisión Europea está dando para reformar el IVA del comercio electrónico transfronterizo y para simplificar el sistema actual y hacerlo compatible en un mundo globalizado con la existencia de un entorno
socioeconómico que también es cada día más digital. Responde al reto que las instituciones tenemos para afrontar esta era de la digitalización, de forma que el nuevo sistema de IVA de comercio generaliza el principio de tributación en
destino, estableciendo que estas operaciones quedarán sujetas al IVA en el Estado miembro de llegada de esta mercancía o de establecimiento del destinatario. Sin duda, la cuestión plantea un desafío, el de evitar que los empresarios
tuvieran que presentar declaraciones de IVA en cada uno de los Estados miembros y, por tanto, se permite optar por el régimen de ventanilla única, mediante el que los empresarios y profesionales podrán presentar una sola declaración o liquidación
para todas las operaciones de comercio electrónico realizadas en los distintos Estados de la Unión Europea. Por tanto, señorías, este es el paquete de medidas tributarias que modernizamos y que adaptamos y que presentan un reto también de
desarrollo para una fiscalidad del siglo XXI.
Quiero concluir esta intervención expresando públicamente mi consideración y respeto a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, la señora María Chivite, a todo el equipo de Gobierno de Navarra y a sus instituciones forales por la
disposición sincera a esta negociación, por la firmeza en la búsqueda de los mejores acuerdos posibles y, en definitiva, por estar siempre intentando incorporar medidas de mejora para el bienestar de los navarros y navarras y también para contribuir
a ser ese motor de innovación y de impulso en el conjunto de España. En ese espíritu de búsqueda de consenso es donde radica la democracia y el modelo del Estado autonómico y también el objetivo mismo de la creación y del cumplimiento
constitucional. Es un modelo en el que cabemos todas las sensibilidades y en el que todos los territorios que conforman España -lo quiero decir claro- tienen cabida, un modelo que entre todas y todos tenemos que actualizar y también seguir
desarrollando, fundamentalmente, porque la ciudadanía nos demanda que adecuemos de forma permanente los tipos de relación entre todas las administraciones. Tenemos que enfrentar de la mano estos nuevos retos del Estado del bienestar de los próximos
años. Tenemos que enfrentar juntos desde una pandemia hasta las consecuencias económicas de la guerra y también todo el proyecto de modernización en el que nuestro país se encuentra en este momento dirigiendo la acción política.
Señorías, les emplazo a todos a continuar abriendo la senda que nos dejaron los constitucionalistas para seguir construyendo esta España del futuro. Les invito a que no nos dejemos llevar por esos cantos de sirena de la intolerancia o la
visión sesgada de lo que es nuestro país, a que veamos la diversidad, que es precisamente la mayor riqueza, y a que tengamos la capacidad de poder encontrarnos en lo que nos une. Una bandera que agite la confrontación o el miedo entre los
ciudadanos de una u otra comunidad autónoma es un mal camino que solo conduce al ruido, a la conflictividad o a la desunión.
Espero que el ejemplo de negociación de este convenio entre Navarra y el Gobierno central sea también un elemento de guía para todas las negociaciones que el futuro requiere y que la ciudadanía demanda. Siempre encontrarán a este Ejecutivo
trabajando en ello.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora ministra.
Se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución al citado proyecto de ley. Para la defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez. (Aplausos).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.
Señorías, señoras y señores representantes de la Comunidad Foral de Navarra, el Grupo Parlamentario VOX ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de
diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
Mi grupo parlamentario se ha opuesto a su tramitación directa y lectura única porque entendemos que, aunque el Tribunal Constitucional haya avalado la utilización de este procedimiento especial para este tipo de leyes, no es menos cierto que
nada impide la utilización del procedimiento legislativo ordinario. Se está utilizando un procedimiento que permite que el Pleno en un único debate pueda aprobar una iniciativa sin que tenga que recorrer los pasos previos de Ponencia y Comisión.
Esta circunstancia ha sido criticada de forma unánime por la doctrina, objeción que compartimos en su totalidad, en la medida en que supone una severa restricción de las facultades legislativas de los diputados y los grupos, y redunda en el
ejercicio de la función legislativa de este Parlamento. En este sentido, la actividad de la Cámara se limita a someter a un único examen y votación la iniciativa tramitada, por lo que la afección sobre la facultad de debate y discusión
parlamentaria es clara, hasta tal extremo que algunos autores sostienen que la utilización de este procedimiento convierte a la Cámara en un mero órgano de ratificación o rechazo, restringiendo la capacidad deliberativa que le es propia.
Señorías, hoy se va a aprobar una ley de la que no tenemos más información que la derivada de su propio texto, por cuanto que una vez más se ha hurtado el debate a este Parlamento y se ha evitado cualquier explicación sobre los aspectos
técnicos de la reforma pretendida, su repercusión económica y social, así como el cálculo de la aportación que le corresponde a la Comunidad Foral de Navarra. Las ecuaciones y variables que han de tenerse en consideración para el cálculo de la
aportación foral revelan un laberinto matemático de imposible comprensión para los ciudadanos de a pie.
El 7 de junio de 2018 la recién nombrada ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero, dijo públicamente que la cuestión del cupo vasco, sobre el que en el pasado había mostrado reticencias, debe ser transparente; afirmó que las
comunidades autónomas habían tenido recursos manifiestamente insuficientes en los últimos años, y abogó, con respecto al cupo vasco y a la aportación navarra, por que se explique de forma clara cómo se realizan sus cálculos. Literalmente dijo: 'Se
tiene que explicar de forma transparente cómo se hacen los cálculos. Nunca se ha explicado de forma exhaustiva de qué manera se valoran los servicios que presta el Estado. Es importante que se tenga en cuenta en este momento en que vivimos'.
¿Dónde está esa transparencia, señora ministra? Una vez más, opacidad, opacidad y opacidad. Es el Gobierno más opaco de la historia democrática española (aplausos) y no es de recibo que los miembros del Congreso de los Diputados ignoremos los
trucos, las trampas y algunas falsedades que contiene la ley cuya modificación hoy debatimos. Señora ministra, nosotros queremos luz donde ustedes quieren oscuridad.
Señorías, por esta nueva modificación del convenio económico con Navarra -y es la sexta, ya lo ha dicho la señora ministra- el Gobierno delega a la comunidad foral nuevas potestades en materia tributaria, ampliando de diversas maneras los
supuestos que recaen bajo su competencia, algunos tan relevantes como permitir a la región gestionar el IVA sobre el comercio electrónico y las llamadas tasas Tobin y Google. Con ello, el Gobierno no hace sino ahondar en las graves asimetrías
existentes entre el régimen común y el régimen foral, que implican a su vez notables desigualdades entre los españoles y otorgan privilegios financieros injustificados para aquellos sometidos al régimen foral. Frente a ello, VOX propone un Estado
al servicio de la unidad de España en el que no haya diferencias entre regiones ni entre españoles en función del lugar en el que residan o trabajen. Al contrario, es necesario fortalecer los vínculos entre españoles y garantizar la igualdad entre
ellos con el fin de asegurar la prosperidad, la convivencia y el bienestar de nuestra patria y de conseguir un Estado moderno en el que no existan dieciocho ordenamientos jurídicos distintos. (Aplausos).
Es evidente que la pervivencia de alegados derechos históricos regionales amparados en la disposición adicional primera de la Constitución, que se traducen en la existencia de un peculiar régimen fiscal, no hace sino profundizar en la
desigualdad entre los españoles. Por ello, es necesario suprimir privilegios legales como el constituido por el convenio económico, lo que en el presente caso comporta oponerse a la tramitación de este proyecto de ley que postula su actualización.
Señorías, el proyecto de ley es, además, una muestra más de la incoherencia que caracteriza a la izquierda española. La actual ministra de Hacienda y Función Pública, doña María Jesús Montero, solicitó en noviembre de 2017 al entonces
ministro, señor Montoro, cuando ella era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, que acabara con los privilegios forales, y le exigía literalmente lo siguiente: 'Abordar un recálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, a fin de que
el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzcan en privilegios financieros injustificados'. (Aplausos). Evidentemente, la petición de la hoy ministra no contemplaba que el futuro Gobierno de su partido descansase en el PNV y en EH Bildu.
Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales y secretario del comité de expertos para la reforma fiscal, ya en 2017 denunció ante el Defensor del Pueblo la inconstitucionalidad del sistema, y manifestó literalmente lo
siguiente: 'El cálculo del cupo vasco presenta errores, incorrecciones y datos inventados, y permite que el País Vasco y también Navarra reciban dinero del resto de España'.
Señorías, el artículo 31 de la Constitución española preceptúa que 'todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad...'. Esta igualdad debe ser interpretada en consonancia con lo dispuesto en el artículo 14, a cuyo tenor: 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. También en consonancia con lo dispuesto en el artículo 139, según el cual: 'Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en
cualquier parte del territorio del Estado'. (Aplausos).
Junto con el principio de igualdad entre todos los españoles, el principio de solidaridad interterritorial recogido en el artículo 138 de la Constitución exige del Estado que garantice 'un equilibrio económico adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español', lo que supone que 'las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales'. Pues bien, tales normas se excepcionan
para las provincias vascas y Navarra con la disposición adicional primera de la Constitución, una auténtica ley especial sin parangón en el derecho comparado, a cuyo tenor 'la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios
forales'.
Señorías, las asimetrías, que implican notables desigualdades entre españoles y privilegios para aquellos sometidos al régimen foral, han sido puestas de manifiesto en reiteradas ocasiones tanto por la doctrina como por los órganos
jurisdiccionales nacionales y europeos. Algunos ejemplos de que se trata de un sistema privilegiado para Navarra son los siguientes. Primer ejemplo: matrimonio separado de hecho con dos hijos menores. El marido reside fuera de la Comunidad de
Navarra y la esposa con los hijos en territorio navarro. Si los hijos dependen de aquel, se entenderá que el marido también reside en Navarra a efectos tributarios, artículo 8.3.b) de la Ley 28/1990. Segundo ejemplo: matrimonio que opta por
tributación conjunta. La esposa trabaja y reside habitualmente en Logroño, tiene unas retribuciones brutas anuales de 45 000 euros y su base liquidable a efectos de IRPF es de 27 000, con arreglo a sus circunstancias personales y a la normativa de
La Rioja. El marido trabaja y reside habitualmente en Pamplona, tiene unas retribuciones brutas anuales de 40 000 euros, es decir, 5000 menos que su esposa, y su base liquidable, a efectos de IRPF, es de 29 000 euros, es decir, 2000 más que las de
su mujer con arreglo, efectivamente, a sus circunstancias personales y a la normativa tributaria de Navarra. Pues bien, corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del impuesto, y así lo determina el artículo 9.2 de la Ley 28/1990.
Tercer ejemplo: sociedad con domicilio social y fiscal en Madrid y que temporalmente opera exclusivamente en Navarra, aunque su objeto social permite hacerlo en todo el territorio nacional. Su volumen total de operaciones en el ejercicio anterior
ha excedido de 10 millones de euros y tributará por el impuesto sobre sociedades en Navarra, artículo 19.1.b) de la Ley 28/1990. Cuarto y último ejemplo: empresa de fabricación de muebles de madera con domicilio social en Santander. Los muebles
se fabrican en su factoría de Santander, pero se barnizan y embalan para su distribución a los minoristas en una nave situada en Pamplona y esto último supone aproximadamente un 12 % del total del proceso de manufacturación. Se entenderá una
operación realizada en Navarra a efectos tributarios, artículo 21. A) 1.º de la Ley 28/1990.
En definitiva, un Estado moderno necesita estar al servicio de la unidad y la igualdad y no han de caber en él regímenes fiscales diferentes para las distintas regiones que, amparadas en un supuesto origen histórico, perpetúan desigualdades
entre españoles, desvirtúan la unidad nacional y convierten a unos españoles en mejores que otros por haber nacido en una u otra región. Así, VOX entiende que la igualdad entre los españoles y la unidad nacional hace necesario oponerse a este
régimen y a cualquiera de sus renovaciones. En mérito a lo expuesto, solicitamos la devolución al Gobierno del proyecto de ley objeto de la presente enmienda.
Concluyo ya, señor presidente. Gracias a Dios, en España, como en Europa, es el tiempo de los patriotas.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista y para ello tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Cerdán León. Señorías, por favor, tomen asiento y guarden silencio.
Gracias.
El señor CERDÁN LEÓN: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar a la presidenta de Navarra, María Chivite, y a la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, que hoy nos acompañan. (Aplausos).
Hoy se presenta en estas Cortes Generales para su debate y votación el proyecto de ley que modifica la Ley 28/990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Dicho
convenio es uno de los máximos exponentes del autogobierno de la comunidad foral y tiene su respaldo constitucional en la disposición adicional primera, que señala lo siguiente: 'La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los
territorios forales. La
actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía'. Posteriormente, la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del fuero, establece en el
artículo 45 lo siguiente: 'En virtud de su régimen foral, la actividad tributaria y financiera de Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico'. El actual convenio económico data, como he señalado, del año 1990 y fue
aprobado mediante la Ley 28/1990. A lo largo de su articulado y disposiciones establece las reglas de armonización tributaria entre Navarra y el Estado; armonización, señor Del Valle. Posteriormente a su aprobación, el convenio ha sido objeto de
diversas modificaciones, fundamentalmente para acomodarlo a los cambios habidos en el sistema tributario general. Así, hasta el momento, se han aprobado cinco actualizaciones en los años 1993, 1998, 2003, 2007 y 2015, siendo la que hoy se presenta
la sexta modificación del convenio económico de 1990.
Tal y como establece el artículo 6 del propio texto legal, la modificación del convenio y la armonización de nuevos impuestos se ha realizado siguiendo el mismo procedimiento utilizado para su aprobación del año 1990. Esto es, a través del
pacto y del acuerdo entre las partes y entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España a través de sus representantes, en la que ha venido a denominarse comisión negociadora del convenio económico.
El proyecto de ley que hoy debatimos incorpora las actualizaciones y modificaciones acordadas en dicha comisión negociadora en sendas sesiones celebradas el pasado 20 de diciembre de 2021 y el pasado 10 de junio de 2022. Posteriormente,
estos acuerdos de modificación han sido sometidos a la aprobación en el Parlamento de Navarra, obteniendo el respaldo de la mayoría de la Cámara en las sesiones plenarias de 31 de marzo y de 28 de junio de 2022. A continuación, el Consejo de
Ministros, celebrado el 23 de agosto, aprobó el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, para dar cumplimiento a lo acordado entre ambas administraciones. La actualización de la Ley por la que se aprueba el
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra contiene la modificación de veintiocho artículos, seis disposiciones adicionales y siete transitorias de la ley sobre cuestiones tanto en el ámbito tributario como en el financiero
que rigen las relaciones entre Navarra y el Estado, una gran mayoría de ellas de un contenido eminentemente técnico, como ha desglosado la propia ministra.
Quiero destacar que en todos los nuevos impuestos, atendiendo a la naturaleza de los mismos, se ha acordado que Navarra aplique las mismas normas que el resto de los territorios del Estado, con el fin de que no se generen distorsiones entre
los distintos territorios.
El Grupo Parlamentario VOX presenta una enmienda a la totalidad de devolución de la ley que actualiza y moderniza el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Alega que la unidad nacional y el Estado moderno deben
partir de la uniformidad fiscal. Entiendo, señorías de VOX, que la uniformidad fiscal para ustedes es no pagar impuestos o, mejor dicho, que paguen los que menos tienen y no paguen los que más tienen. Sobre el estado del bienestar, señorías de
VOX, mejor ni hablamos. Y se coronan comparando nada más y nada menos que el convenio con la autodeterminación. Lo primero que me viene a la cabeza, señorías de VOX, señor Del Valle, es recomendarles que lean. Como dijo Azaña, en este país se
escribe más que se lee, y así les va a algunos. (Aplausos.-Protestas). Pueden hacer todos los gestos que quieran, señores.
Lo primero que quiero decirles es que el convenio que vamos a actualizar tiene su origen en el siglo XIX y ha pervivido en nuestros días como una excepción histórica, ha pervivido como una esencia de la unidad de España. No se entiende este
convenio, como el concierto vasco, en un marco de autodeterminación. Antes al contrario, forma parte de lo que significa España, la España real, la que ustedes no entienden, no la que ustedes añoran, llena de privilegios para unos pocos y
calamidades para la mayoría. Identificar el convenio económico con la autodeterminación es algo que estoy seguro de que ni sus amigos Sayas y Adanero van a compartir. Y se atreven a decir que el convenio ahonda en profundas desigualdades entre las
personas físicas y jurídicas sometidas al régimen común y aquellas sometidas al régimen foral. Está claro que hablan desde el más profundo desconocimiento, pero eso a ustedes, señorías de VOX, sabemos que les da igual. Utilizan la mentira, las
fake news y la confrontación constantemente como forma de hacer política; confrontación entre territorios y -lo más lamentable- entre ciudadanos.
Nosotros -y ahora le hablo como navarro- no alentamos a nadie de otra región española a que venga a Navarra sobre la base de convertirla en un paraíso fiscal, como hacen ustedes y sus socios del PP (aplausos); sus socios del PP en esta
nueva etapa de relaciones fluidas, como si en la anterior no las hubieran tenido. Nosotros alentamos al inversor a que venga a Navarra por tener un sistema educativo, sanitario y social fuerte; fuerte, señorías. Como he dicho al inicio, señores
del PP, lean más. Lean el
convenio y su esencia armonizadora, nada secesionista. Lean el acuerdo entre el Estado y Navarra, que conlleva una armonización tributaria, una armonización basada en criterios de equidad y cohesión social y territorial, aunque ustedes de
eso saben bien poco. Entre otras cosas, el convenio dice que la presión fiscal de Navarra no puede ser inferior a la del resto del país para no pagar menos impuestos, algo que ustedes, junto con el PP, están provocando. Ustedes, junto con el PP,
están alentando a la rebeldía fiscal, intentando quebrar el Estado. La guerra fiscal que están ustedes abriendo, PP y VOX, entre diferentes territorios aviva el conflicto. Pero ya sabemos que ahí ambos se mueven como pez en el agua.
Frente a esta ley de actualización del convenio, que promueve la armonía y el acuerdo fiscal, no deja de ser curioso que, entre las justificaciones que argumentan para presentar la enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno las
señoría de VOX, utilicen el artículo 31 de la Constitución española, que preceptúa que todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema justo, inspirado en los
principios -y ahí es nada- de igualdad y progresividad. ¿De verdad, señor Del Valle, que ese es el argumento? Entiendo entonces que están en contra de quitar el impuesto de patrimonio. Entiendo que votaron en contra del impuesto extraordinario y
temporal a las eléctricas y los bancos por error. (Aplausos). Debe ser así porque algo no cuadra entre sus hechos y la justificación que argumentan.
Y, por si fuera poco, siguen con sus argumentos contrarios al convenio y añaden: 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social'. Ustedes, señorías de VOX, que tienen el discurso más excluyente y xenófobo que hemos escuchado en España desde que terminó la dictadura. Hay que tener poca vergüenza para que un partido como el suyo
utilice este tipo de argumentos. Tengan un poco de respeto por las normas que nos atañen a todos y por esta Cámara. En definitiva, tengan un poco de respeto a la Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez. (Aplausos).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Mire, señor diputado, el que posiblemente escribe y no lee es usted. Yo llevo leyendo toda mi vida por razón de mi profesión como letrado de una Administración pública y funcionario público. (Aplausos). Y le puedo decir que la enmienda a
la totalidad no tiene nada que pueda ser reprochable en el sentido que ha dicho usted, llegándonos a llamar xenófobos y no sé qué más, que no sé qué tiene que ver con el tema del convenio navarro. Aquí de lo que se trata es de la desigualdad real
existente. Hay unas comunidades autónomas que están sometidas a un régimen común, en el que es el Estado el que dicta los límites tanto en tributos cedidos como en propios, o sea, hasta dónde pueden llegar, y hay dos autonomías que tienen un
sistema propio, en el que existe opacidad. No sabemos cómo se calcula el cupo vasco y no sabemos cómo se calcula la aportación navarra. (Aplausos).
Cuando la señora ministra era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, le decía al señor Montoro que producía desigualdad y que no podía haber esa opacidad en el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra. Claro, es muy fácil,
cuando se está en una autonomía donde estás viendo que hay desigualdades, pedir al ministro de turno que no existan desigualdades, y, justo cuando al año siguiente la nombran ministra, decir que lo van a arreglar porque lo van a hacer todo con
transparencia. E insistió en lo de la transparencia. Dijo: Vamos a ser transparentes, va a saber todo el mundo cómo se calcula el cupo vasco y la aportación navarra. ¿Se ha enterado algún miembro de esta Cámara de cómo se calcula el cupo vasco,
puesto que en el mes de diciembre se aprobó la modificación de la ley? ¿O se ha enterado algún miembro de esta Cámara, cuando hoy estamos debatiendo la modificación de la Ley del Convenio Económico con Navarra, de cómo se calcula la aportación
navarra? Aquí no se ha enterado nadie. (Aplausos). No sé dónde está la transparencia de la que presume este Gobierno; por cierto, Gobierno que, como decía antes, es el más opaco en la historia de la democracia, con más de mil doscientas
resoluciones sin atender del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. No sé de qué presumen. (Aplausos).
Y nosotros hemos presentado la enmienda a la totalidad y nos hemos opuesto a la tramitación directa y en lectura única porque se hurta una vez más el debate en este Parlamento, porque nada impide que se tramite por procedimiento ordinario.
El Tribunal Constitucional ha avalado que se tramite de esta forma -lo ha avalado-, pero no impide que se tramite por procedimiento ordinario. Y no es de recibo que no
tengamos ningún tipo de información, que se nos presente el texto del proyecto de ley como toda documentación. Cuando uno pregunta por esas fórmulas que vienen al final del texto sobre el cálculo de la aportación para conocer sobre qué base
y dónde tienen los informes económicos que lo avalan, se ríen de nosotros y no nos los dan. Y, cuando lo pedimos por escrito, nos remiten a la página web del ministerio, al portal de transparencia, y no hay nada, no hay nada. (Aplausos).
¿Dónde está la señora Montero, aquella de Andalucía, que reivindicaba esa transparencia?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Sí, presidente, concluyo.
Señoría, le he puesto ejemplos claros de los privilegios de la Comunidad Foral de Navarra y he citado los artículos donde vienen. Entonces, no diga que nos inventamos las cosas.
Y, por cierto, de xenófobo nada.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene la palabra el señor Cerdán León.
El señor CERDÁN LEÓN: Gracias, señor presidente.
La verdad, señor Del Valle, es que en cuanto a lo de xenófobo solo tiene que escuchar las intervenciones de sus compañeros y compañeras. Ahí tiene la explicación, a ello me limito. (Protestas.-Un señor diputado del Grupo Parlamentario VOX:
¡Basta ya!). Lo que han escuchado digo.
Y, señor Del Valle, leerá mucho -no lo voy a discutir-, pero la verdad es que entiende poco, porque está confundido y lo que pretende es confundir. Eso es lo que usted ha hecho. (Aplausos).
Siembran dudas sobre un procedimiento con un único objetivo, erosionar las instituciones y atacar al Estado autonómico, ese que a ustedes no les gusta. Navarra, para que ustedes lo sepan, aporta el 1,6 %, que está por encima del 1,4 % que
representa la población de Navarra. Está claro que no ha escuchado la intervención con atención. Si no sabe cómo se calcula es porque no ha leído el convenio, porque ahí está reflejado cómo se calcula. Si lo hubiera leído, entendería cómo se
calcula el convenio, porque los acuerdos son públicos y transparentes. Por eso le decía que tiene que leer más.
El Estado autonómico es esa España que ustedes, desgraciadamente, no entienden, la España plural, la España diversa, donde para los demócratas tienen cabida hasta ustedes, que no saben lo que significa tolerancia y respeto. (Aplausos).
Esa es la España real, no la que predican ustedes, no la que ustedes añoran, basada en la exclusión y los privilegios. Ustedes solo saben hacer política desde la confrontación, desde el enfrentamiento entre ciudadanos y entre territorios,
como le decía en mi primera intervención. Ustedes no respetan los votos, ustedes no creen en la democracia, no respetan la democracia. El verdadero peligro para la convivencia y para la unidad de España no es el Convenio de Navarra, son ustedes.
Niegan la convivencia entre diferentes como niegan la violencia machista y no se les cae la cara de vergüenza. Esta semana hemos sufrido tres asesinatos víctimas de la violencia machista, uno de ellos en Palencia. (Varios señores diputados
del Grupo Parlamentario VOX: ¿Y eso qué tiene que ver?). Tiene mucho que ver, señorías. Fue asesinada por la violencia machista que ustedes niegan. (Aplausos).
No es una tragedia familiar -a ver si lo entienden-, como dice -siguiendo sus postulados, los de ustedes y su partido- ese vicepresidente ocioso que tienen en el Gobierno de Castilla y León. Cuesta creer semejantes atrocidades y que a
alguien en su sano juicio no le dé vergüenza.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señoría.
En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Saludo también a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra y a la consejera de Hacienda y desde hace poco también portavoz del propio Gobierno de
Navarra.
La verdad es que, escuchando a la señora ministra, ha habido un momento de su intervención en que pensaba que se iba a presentar como cabeza de lista del Partido Socialista en la Comunidad Foral de Navarra, porque se ha dedicado más a
defender la gestión del Gobierno que a explicar el convenio
económico. Bien es cierto que seguramente no le resulta fácil explicar el convenio, cuando usted era de esas personas que decía que el Convenio Económico de la Comunidad Foral de Navarra era un privilegio y era algo opaco. Si el que pase
por el ministerio le ha servido para cambiar de opinión, por lo menos algo positivo sacaremos de su tiempo en el Ministerio de Hacienda de España.
Miren, no hay que confundir unidad con uniformidad, no hay que confundir unitario con uniforme porque no tiene nada que ver. Se aporta mucho más a la unidad de España votando a favor del Convenio Económico de la Comunidad Foral de Navarra
que votando en contra, se lo puedo garantizar. ¿Es que toda España es igual? ¿Es que aspiramos a un régimen comunista, en el que todo sea tabla rasa? ¿Es que se vive igual en Cádiz que en Soria, que en Pamplona, que en Valencia? ¿Se vive igual
en una gran ciudad que en un pueblo? España es diversa. Y en este momento hay un debate sobre los impuestos, y algunos, como no les gusta lo que están haciendo algunas comunidades lideradas por el Partido Popular, tanto Madrid como Andalucía en
este caso, quieren volver a la uniformidad. ¿Qué estamos diciendo entonces? ¿Que sea el Gobierno de España el que decida todas las políticas? Esa es su política, pero, desde luego, nosotros no la compartimos, y más vale que no sea lo que ocurra,
porque, por lo menos, ahora tenemos contrapesos. Navarra constituye una comunidad, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Constitución, y esto es así. Pero cuando uno coge la Constitución la tiene que coger entera; el resto de
comunidades son del Título VIII, sí, es así, eso es lo que dice la Constitución. Por tanto, el Régimen Foral de Navarra por supuesto que es un régimen propiamente avalado por la Constitución y por todas las sentencias del Tribunal Constitucional.
Pero, sobre todo, en ningún caso es un privilegio. Se ha dicho ahora, la aportación es un 1,6 %, y, por habitantes, es menos.
Se dice que es opaco. Señorías, se pueden ver todos los números. Ejemplo claro: en estos momentos en Navarra pagamos más impuestos que en La Rioja, de régimen común. En este momento las empresas navarras fiscalmente están peor tratadas
que empresas de régimen común. Pero, todavía más allá, con el mismo Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra y la comunidad autónoma vasca, cambiando el orden de las Presidencias, pagamos muchos más impuestos los navarros que los de la comunidad
autónoma vasca, porque la libertad del que ejerce el poder legítimamente conseguido en las urnas está en que administre de una forma u otra, y eso ocurre en el conjunto de España. Porque haya unos partidos políticos que gobiernan en unas
comunidades y tengan como objetivo romper la unidad de España no se puede decir que entonces me cargo todas las autonomías y así no hay problema. No, el problema va a seguir existiendo. Así no se hacen las cosas. Lo que hay que hacer es convencer
a la mayoría de los ciudadanos para que en esas comunidades autónomas voten diferente a lo que están votando.
Desde luego, tampoco se contribuye mucho si a esos los haces socios prioritarios y los colocas en la gobernabilidad de España. Pero como no se solucionan los problemas es mirando hacia otro lado, y, por tanto, hay que asumir las cosas como
son. Y en este caso nosotros, desde luego, estamos orgullosos del Régimen Foral de Navarra, independientemente de que uno esté en contra o a favor de los impuestos que se aprobaron aquí. El convenio hay que hacerlo, no hay mejor manera de formar
parte de la unidad de España que a través de la Comunidad Foral de Navarra, a través de la disposición adicional primera, porque así lo quisieron los legisladores en el año 1978, y, desde luego, el pueblo navarro lo ha refrendado a lo largo de los
años. Más aún, el mayor ataque al autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra se produce por aquellos que quieren que Navarra desaparezca como comunidad política diferenciada dentro de España, y cuestiones como el convenio y su régimen foral
hacen una pared frente a esos que tienen como objetivo que ese régimen foral y ese autogobierno de Navarra dejen de existir y que forme parte de una provincia en este momento de la comunidad autónoma vasca y en el futuro de esa entelequia que llaman
Euskal Herria.
Por tanto, más valdría a más de uno ver lo que supone el convenio, qué características tiene; desde luego, para nada privilegio; solidario, como se ha explicado, y piedra angular la Comunidad Foral de Navarra en la unidad de España. Por
eso algunos peleamos por que Navarra siga siendo una comunidad política diferenciada dentro de España; singular, con sus cosas, con sus aciertos, con sus defectos, pero, desde luego, contribuyendo al proyecto nacional que es España. Los que están
en otra onda son aquellos que, aunque defienden esto, acaban haciendo protagonistas de la vida política a los que quieren acabar con Navarra como comunidad política diferenciada dentro de la unidad de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
María Chivite, Elma Saiz, ongi etorriak. Egun on guztioi. Hoy votaremos la actualización del Convenio Económico de Navarra. No perderé más de un minuto en contestar las cosas absurdas que hemos escuchado por parte de la ultraderecha.
Como ya es habitual, hoy tenemos este debate en medio de los ya conocidos calificativos, como privilegios, desigualdad o superioridad, provenientes de los mayores ignorantes sobre qué es y cómo se articula el convenio económico. De los riesgos que
también conlleva para las instituciones navarras cuando vienen mal dadas y no recaudan, de esta parte las derechas nunca hablan. No lo cuentan porque quedaría al descubierto que su única solución para cuando se vacían las arcas públicas con sus
nefastas política es pedir sopistas al papá Estado para que este les rescate. Esto es algo que los navarros y navarras no hacemos. Con sus ventajas, pero también con sus riesgos, gestionamos nuestra política fiscal con nuestros recursos, y aún
hacemos nuestra aportación solidaria para el resto del Estado, además de estar obligados a pagar servicios tan queridos y necesarios por la ciudadanía navarra como la Casa Real o el Ejército. Todo esto es lo que no cuentan, y no lo hacen porque
solo pretenden atacar los derechos de la ciudadanía navarra. Señores Sayas y García Adanero, estos, la ultraderecha que pretende acabar con los derechos de los y las navarras, son los que cada semana les jalean y les dan palmaditas en la espalda a
ustedes. Estos son sus compañeros de viaje, espero que les haga reflexionar.
Hoy debatiremos y votaremos una actualización que incorpora diversos tributos a gestionar por Nafarroa, así como nuevas capacidades e instrumentos para reforzar nuestro autogobierno y capacidad fiscal. Valoramos positivamente estos avances,
que suponen nuevas herramientas para que desde Navarra, desde nuestras instituciones podamos contar con mayor capacidad para desplegar políticas públicas en favor de nuestra ciudadanía, porque, sí, estamos convencidas de que poder contar con todos
los instrumentos fiscales posibles nos ofrecerá mayor capacidad para hacer de la sociedad de Navarra una sociedad más justa socialmente y más avanzada económicamente, porque nuestra voluntad de soberanía, nuestra voluntad de gobernarnos sin ningún
límite ni amarre responde a esto, a que los navarros podamos contar con todos los instrumentos necesarios para decidir y organizar nuestra vida social, económica y cultural en favor de la mayoría.
El convenio económico es solo un instrumento -insuficiente- en este camino, pero, sí, es un claro ejemplo que constata que poder decidir en Navarra y para Navarra sobre cada vez más cuestiones económicas que inciden en nuestras vidas es
beneficioso para todas. Lamentablemente, sabemos que esto no es compartido por todas las fuerzas políticas de este Congreso ni tampoco por todas las del Parlamento navarro. El convenio nos ofrece una cierta capacidad fiscal, acotada y totalmente
insuficiente, que algunos se empeñan en recortar aún más. Hablo del PP y UPN, pero también del PSOE y del PSN. Durante más de cuarenta años los gobiernos españoles, con la connivencia de UPN entonces y del PSN ahora, han esquilmado e incumplido
todas las exigencias que el convenio establece y que los navarros y navarras demandamos, y esta vez, de manos del PSOE, se pretende dar otra vuelta de tuerca. Y esto ocurre porque, como se encargan de recordarnos en cada actualización del convenio,
no estamos en igualdad de condiciones: Madrid dicta y Navarra obedece. Mediante diversas formas y maneras han intentado sortear lo establecido por el convenio, haciendo mermar la potestad fiscal de Navarra y, en consecuencia, recortar nuestro
autogobierno. Lo han hecho con triquiñuelas a la hora de hacer el cálculo del convenio con resultados beneficiosos para el Estado pero perjudiciales para Navarra, y ahora vuelven a hacerlo intentando coartar la capacidad de decisión del Parlamento
de Navarra en cuanto al convenio. Ustedes pretenden convertir una comisión técnica, un órgano de simple coordinación en un espacio político entre gobiernos que decidan el qué, el cómo y el cuándo sobre la negociación y el acuerdo del convenio.
Ustedes pretenden modificar el índice de imputación de las cargas generales que soporta Navarra sin tener que pasar por el Parlamento. A partir de ahora no consideran estas modificaciones como una modificación de la propia ley y, por tanto, hurtan
al Parlamento y a su representación democrática el poder de decidir sobre ello. Obviamente, estos cambios tendrán afectación en la política fiscal y, en consecuencia, también en las políticas públicas del Gobierno de Navarra destinadas a la
ciudadanía. No es una decisión que compete a los gobiernos sino al Parlamento navarro, así lo especifica la ley, y ustedes quieren borrarlo unilateralmente.
Por todo ello hoy permitiremos que la actualización del convenio se apruebe. Pero no se confundan, señorías del PSOE, no vamos a permitir que ustedes desde el Gobierno de Madrid e Iruña borren las competencias y derechos que tienen el
Parlamento de Navarra y sus legítimos representantes. Defender Navarra es defender sus instituciones democráticas, defender Navarra es defender su autogobierno y sus
instrumentos, y defender Navarra es defender que se respeten nuestras leyes y nuestros derechos. No vamos a permitir que ustedes intenten robárnoslos.
Mila esker. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Egun on, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las autoridades de Navarra que hoy nos acompañan en este debate, del que hoy también son protagonistas.
No voy a contestar sobre la enmienda a la totalidad presentada porque es una enmienda llena de disparates que evidencian el gran desconocimiento que tienen algunos del convenio navarro, y, desde luego, no merece la pena rebatir ante aquellos
que ni entienden -y lo que es peor- ni quieren entender. Confunden conceptos: hoy no se discute la aportación navarra; hablan de privilegios que no existen; hablan de insolidaridad, pero miren el artículo 54 de la ley y el índice de imputación,
y cuestionan el procedimiento que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. Hoy presentan una enmienda cuyo objetivo principal es tratar de utilizar el convenio económico como fuente de agravio frente a otras autonomías para intentar obtener
unos réditos políticos en términos de votos en el resto del Estado. Esto se llama demagogia, oportunismo y manipulación partidista, y la verdad es que les aseguro pocos réditos con este discurso, por lo menos en Navarra y en Euskadi. Sigan así
porque nos va a venir muy bien a todos los demás.
Efectivamente, hoy debatimos la actualización del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, y quiero recordar que el convenio es el más importante instrumento financiero y tributario del sistema competencial, y así
lo reconocemos todas y todos. Por tanto, hoy debatimos y votamos la modificación de la Ley 28/90, de 26 de diciembre, relativa al convenio económico, tal y como se prevé en la disposición adicional tercera, que dice que cuando se produzca una
reforma sustancial en el ordenamiento jurídico tributario del Estado ha de procederse de común acuerdo a la revisión del convenio económico. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido desde la última modificación que se produjo en el año 2015, hace
prácticamente siete años. La comisión negociadora del convenio, en las sesiones de marzo y junio del 2022, alcanzó un acuerdo que hoy vamos a votar y por el que se conciertan varios impuestos aprobados por el Estado cuya exacción, gestión y
recaudación pasa a partir de ahora a manos de la Hacienda foral navarra. Además, es un acuerdo coherente con el sistema tributario internacional, que establece que se tribute allí donde se genera el valor. Por eso lo valoramos positivamente,
porque es poder contar con todos los recursos fiscales disponibles.
Básicamente, y sin entrar en detalles técnicos que ya están explicitados en el texto reformado, se incorporan al convenio el impuesto sobre el valor de extracción de gas, petróleo y condensados, el impuesto sobre determinados servicios
digitales, el impuesto sobre transacciones financieras, el impuesto sobre depósitos de residuos, el impuesto sobre el valor añadido. De igual manera, como dice el texto, se han incorporado también cambios técnicos con el fin de mejorar la gestión e
inspección de la Hacienda foral, así como la coordinación entre la Administración tributaria foral y la estatal. Esto es básicamente lo que se recoge en el anexo del proyecto de ley. Es claro y conciso. Hay un único artículo en el proyecto para
rechazar, aprobar o abstenerse en aquello que ha sido pactado por ambos gobiernos en el seno de esa comisión negociadora, y por eso el trámite que se establece es de lectura única, una característica esencial del convenio que es preciso respetar.
Esta reforma pone de manifiesto que el convenio es un instrumento adaptable a los cambios y que, por tanto, permite regular las relaciones económico-financieras y tributarias entre la Comunidad Foral de Navarra y la Administración del
Estado. Es un instrumento que cuenta con nuestra máxima consideración y respeto. Estamos conformes con el procedimiento, y así lo reflejamos el martes con nuestro voto afirmativo.
Ahora bien, el Grupo Vasco considera que el acuerdo alcanzado por ambas partes, por los gobiernos, incorpora un cambio legislativo que va en contra de la capacidad de actuación y, por tanto, de la decisión del Parlamento navarro. El cambio
parece nimio, pero es importante, porque ahora -como bien ha dicho Bel 1- el índice de imputación deja de estar en manos del Parlamento navarro. A partir de ahora, la fijación de este índice corresponderá a una comisión técnica formada por
representantes de los dos
1 Se refiere a la señora Pozueta Fernández.
gobiernos, a la comisión coordinadora negociadora -artículo 67.2.h)-, una decisión que hasta ahora se plasmaba en una ley que debía aprobar el Parlamento y que a partir de ahora queda fuera.
El índice de imputación se recogía en la disposición transitoria primera, una disposición que, al estar recogida por ley, tenía que ser votada en el Parlamento navarro, y como ahora el acuerdo elimina esa disposición transitoria primera, el
Parlamento no va a poder decidir nada acerca de este índice, simplemente porque ha desaparecido de la ley y no va a poder ser votado. Si me lo permiten, esto supone restar o quitar esta competencia al Parlamento de Navarra y, por lo tanto, minar el
autogobierno. No se preserva la personalidad del convenio, que ponía en manos del Parlamento de Navarra la determinación del índice de imputación. Esto lo podemos corroborar en todos los debates parlamentarios que ha habido al efecto en el
Parlamento navarro desde el año 1990. No podemos entender esta modificación sino en clave política, que trata de reducir el margen de maniobra del Parlamento de Navarra en materia tributaria y financiera y, por lo tanto, no podemos estar de acuerdo
con este cambio legislativo.
Nuestro grupo ampara el procedimiento, pero por lo argumentado, desde luego, discrepamos en la cuestión de fondo que acabamos de plantear. Así que, en coherencia con lo decidido y votado en el Parlamento navarro, hoy el Grupo Vasco se va a
abstener en la votación del proyecto de ley por el que se modifica el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra y votaremos en contra de la enmienda a la totalidad presentada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Buenos días a los representantes de la Comunidad Foral Navarra.
Debatimos la reforma del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, y decir que debatimos es una forma de hablar, porque esto es solo un atajo parlamentario de este Gobierno de los que ya conocemos muchos. Porque se
trata de hurtar a la oposición la capacidad de enmendar, mejorar o incluso revertir algunas de las medidas que vienen del Consejo de Ministros. Una vez más, ustedes lo vuelven a hacer, pero no por ello vamos a acostumbrarnos a sus tropelías.
Miren, el procedimiento de lectura única, recogido en el artículo 150.1 del Reglamento del Congreso, se limita únicamente a proyectos de simplicidad en su naturaleza o de urgencia, y ustedes saben tan bien como yo que esta iniciativa en
ningún caso cumple esos requisitos. Pero cómo vamos a pedirle rigor a un gobierno con un acreditado afán desmedido por el decreto y, en general, por cualquier treta para sortear al Parlamento, que es el contrapoder democrático del Gobierno.
Ustedes hacen con el Parlamento lo mismo que hacen, por ejemplo, con la televisión pública, con el Consejo General del Poder Judicial o con el INE, despreciarlo, sencillamente, porque les incomoda y juega frente al Gobierno en el juego
democrático de los balances entre poderes del Estado. Pero que se sepa qué están haciendo ustedes con este procedimiento que se salta toda la tramitación parlamentaria. Básicamente nos deja a los grupos políticos sin la posibilidad de debatir,
presentar enmiendas o, en definitiva, hacer el trabajo para el que nos eligieron los españoles, porque para este Gobierno hay leyes de primera y leyes de segunda, unas que siguen el trámite normal y otras que son intocables y no se someten al
trabajo ni al control legislativo del Congreso.
Señorías, no vamos a votar en contra de esta iniciativa, vamos a apoyarla, como la hemos apoyado en Navarra, pero incluso en aquellas reformas y medidas que uno apoya hay que ser riguroso en el procedimiento, no despojar a la oposición de
sus derechos y cumplir con las normas. Porque corromper la forma es corromper el fondo, y cuando ustedes pervierten la forma están dando la razón a quienes luego deslegitiman este acuerdo parlamentario. Esto es jugar con las instituciones y,
además, ponerlas en cuestión, y eso es algo muy peligroso. A estas alturas, no nos sorprende nada que el Gobierno ignore las funciones del Parlamento. Estamos más que acostumbrados a que el Gobierno de Sánchez entienda esta Cámara simplemente como
un trámite para que lo que se cocina en el Consejo de Ministros pase directamente al BOE y, si puede ser, sin debate ni diálogo. Y si esta Cámara aprueba un trámite legislativo que a ustedes no les gusta, se saltan la separación de poderes y hacen
y deshacen para bloquearlo cuando haga falta. No hace falta que les recuerde lo que ha pasado, por ejemplo, con la Ley ELA, cuya toma en consideración fue aprobada por unanimidad y lleva dieciocho prórrogas, o con el decreto que regula los fondos
europeos, que logramos tramitar como proyecto de ley, a pesar del Gobierno, y acumula
sesenta y dos prórrogas. ¿De qué sirve conseguir que los decretos pasen por este Congreso si ustedes los van a bloquear eternamente para impedir a la oposición introducir enmiendas?
Por todo ello, consideramos que este no es el trámite adecuado para debatir un asunto de la trascendencia del convenio económico navarro, porque ustedes, acostumbrados a llegar a acuerdos al margen del Parlamento, quieren hacer creer a los
españoles -dando argumentos a otros- que este acuerdo es bilateral entre el PSOE de Sánchez y el PSN-PSOE de la señora Chivite, cuando lo que se ratifica es un acuerdo amplio en el Parlamento navarro; por cierto, sin el apoyo de Bildu y Geroa Bai.
Recordemos que este acuerdo nace de un Parlamento y es otro Parlamento el que tiene que ratificarlo. Por otro lado, este proyecto tendrá un impacto general sobre la economía, porque la norma recoge impuestos que supondrán la disminución de
recaudación para la Agencia Tributaria del Estado en beneficio de las arcas navarras, y este impacto económico debe ser cuantificado y comunicado a todos los ciudadanos y, desde luego, también a este Congreso y con la debida transparencia.
Señorías, hoy abordamos un asunto relativo a la financiación autonómica, un acuerdo crucial que debería ser un acuerdo de Estado y que el bipartidismo lleva años aparcando y esperando a que se resuelva por arte de magia. Se lo dice, además,
un diputado de la Comunidad Valenciana cansado de promesas ante la infrafinanciación y al que le gustaría que ustedes se tomaran la misma prisa que sí se toman para aprobar leyes que convienen solo al interés del Gobierno y de sus socios, pero que
no tienen en absoluto para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, ese gran elefante en la habitación. ¿Qué pasa entonces con las comunidades de régimen común? Al menos, tengan la valentía de reconocer ante todos los españoles
que ustedes no quieren abrir un debate en el que se les verían todas las costuras, simplemente porque hay que asegurar sillones y cargos. Y recuérdenle a la ciudadanía dentro de unos meses, en campaña electoral, con qué facilidad son ustedes
capaces de mentirles a la cara prometiendo lo que nunca harán.
No vamos a rehuir el debate y apoyaremos esta actualización del convenio navarro porque se adecúa a la Constitución. Porque, a diferencia del 'cuponazo' vasco, no es fruto del mercadeo político, sino de un amplio consenso entre distintas
fuerzas que prioriza un cálculo técnico a uno político y porque Ciudadanos en Navarra, con la coalición de Navarra Suma, ha conseguido que esta actualización tenga que hacerse contando con técnicos del Estado y no unilateralmente desde una comunidad
autónoma o con chanchullos entre socios de Gobierno.
De hecho, señorías, la prueba de que esto es bueno para Navarra, bueno para su identidad diferenciada del País Vasco -esa que ataca el nacionalismo anexionista- y bueno para el conjunto de España es que en el Parlamento de Navarra fueron
Bildu y la sucursal navarra del PNV, Geroa Bai, quienes no apoyaron este acuerdo. Supongo que será porque no desean una Navarra tan autónoma como el País Vasco o porque solo votan a favor cuando hay 'cuponazos' negociados a espaldas de los
ciudadanos y con el único criterio de privilegiar el nacionalismo.
Así es que, señorías, nosotros lo tenemos meridianamente claro: si los nacionalistas se oponen, podemos decir que, con arreglo a la Constitución, este es el mejor acuerdo posible para Navarra y para toda España y el peor para los que
quieren una Navarra sometida al País Vasco y una España en pedazos. Y, señorías, si hay un patrimonio bueno y que merece ser sentido de verdad es el patriotismo constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte. Torrealday.
El señor URIARTE TORREALDAY: Queridas y queridos colegas, querida presidenta de Navarra, señora Chivite, está usted en su casa.
Tenemos que tratar hoy la enmienda a la totalidad a la actualización del Convenio de Navarra. Se ha hecho la enésima actualización, en este caso para introducir -como es menester, de acuerdo con la ley de convenio de Navarra de 1990- las
nuevas modalidades impositivas: la tasa Google, la tasa Tobin y el impuesto sobre los residuos. Como bien menciona y se explica muy claramente en la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo VOX -que me he tomado la molestia de leer-, se
oponen al convenio de Navarra porque se oponen a aquello de lo que trae causa, es decir, se oponen a la disposición adicional primera de la Constitución. Lo cual no es nuevo, porque, realmente, cada vez que llega algo a un Pleno de este Congreso se
oponen a cada uno de los artículos de la Constitución, no solo a los veintidós artículos del título VIII, lo que hacen explícitamente, sino que a uno por uno de los demás artículos se van
oponiendo y, en este caso, también a la disposición adicional. Yo sí les recomendaría que, si se oponen de esta forma a la disposición adicional, hablaran con los compañeros del PNV para que les explicaran el papel que tuvo la Casa Real y
que tuvieron los senadores por designación real en esta disposición, porque para saber cómo se posiciona uno primero hay que tener un poquito de conocimiento de causa y de la historia; eso les ayudaría bastante. Desde luego, envío mi solidaridad a
al Grupo de Ciudadanos y al Grupo de UPN, porque la verdad es que el papelón que tienen hoy es realmente complicado.
El Grupo VOX se opone por la disposición adicional primera de la Constitución. En este sentido, a ellos, que acusan a su antiguo partido de derechita cobarde, la verdad es que no les veo tampoco una derechita menos cobarde que la que
critican. Hubo otros diputados, los diputados que se oponían al Estado de las autonomías, que votaron no a la Constitución; aquellos cinco diputados de la bancada popular que votaron no a la Constitución, junto con el diputado de la izquierda
abertzale, sí eran un poquito menos cobardes porque votaron contra la Constitución a la que se oponían. También sería una derechita menos cobarde la del diputado Blas Piñar, pues él hablaba claramente y no tenía que ocultar sus querencias, sus
filias y sus fobias y su rechazo a la Constitución; no tenía que estar en el armario ocultando -digamos- su desprecio a la Constitución. Tampoco la señora Giorgia Meloni, a la que ustedes admiran, se esconde. Ella no ha escondido sus ideas; ella
milita en el neofascismo desde que tenía 15 años; ella, clarísimamente, se declara admiradora de Mussolini; ella, clarísimamente, ha dicho con estas exactas palabras -de las que hay constancia- que Mussolini fue un gran político, que todo lo que
hizo fue por Italia. Ella, Giorgia Meloni, creó un partido, Fratelli d´Italia (Hermanos de Italia), cuyo símbolo es el símbolo de Mussolini, es la antorcha tricolor. Ella no lo oculta, ella utiliza el lema de Mussolini: 'Dios, patria y familia'.
Ella no lo oculta, ella no está en el armario, ella es muy clara, ella se llama neofascista o posfascista, como la llama la BBC, no como los medios españoles que le dicen de centro derecha. No sé si es centro derecha o derechita cobarde, no sé cómo
llamarla, pero es clara en su definición: ella se define como neofascista, como posfascista, habla de su admiración por Mussolini y utiliza los mismos símbolos que utilizaba Mussolini.
¿Realmente ella es una derechita no cobarde? (El señor Espinosa de los Monteros de Simón pronuncia palabras que no se perciben). Pues tampoco, tampoco ella es una derechita menos cobarde. Es una derechita también relativamente cobarde,
porque dentro de poco se va a empezar a arrugar, se va a empezar a achantar y va a ser una derechita cobarde delante de determinadas cosas y valiente en otras; y se lo voy a predecir: va a estar en un gobierno teóricamente muy valiente con unos y
muy cobarde con otros, porque cuando se enfrente a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo, cuando se enfrente a los poderes económicos, cuando tenga la disyuntiva entre la valentía y el dinero, tanto el fascismo del siglo XX como el
neofascismo, siempre, entre la valentía y el dinero, se van a arrodillar ante el dinero. (Aplausos). Y lo verán, lo verán. Poderoso caballero es don dinero, como dice el refrán patrio, y ahí se arrodillará la señora Meloni, aceptará las
condiciones y ocultará en el armario, de nuevo, toda la parafernalia neofascista, y dirá: ahora ya me voy a poner el trajecito de centro derecha, de derechita cobarde, o como lo queramos llamar. Lo va a hacer muy rápido, se va a ocultar y va a
ocultar toda su parafernalia; no les quepa la menor duda.
Donde sí va a tener valentía es en otro espacio: en el espacio Salvini. Sí va a tener valentía para combatir a aquellas pobres personas que llegan muertas de hambre, muertas de sed, agotadas, a las costas italianas, ahí sí que va a tener
valentía, ahí el amigo Salvini va a ser muy valiente, va a ser un pecho toro (aplausos); contra aquellos muertos de hambre sí va a ser valiente.
Así que, en primer lugar, quiero felicitar a aquellos gobiernos de coalición de España y de Navarra, a la presidenta de Navarra, señora Chivite, y a la ministra Montero, porque ese mecanismo que introduce la disposición adicional y el
régimen foral, que es un mecanismo de federalismo cooperativo, exige no solo una obligación de hacer, sino una obligación de resultado, exige no solo negociar, sino que exige obligatoriamente llegar a acuerdos. Imagínense lo que nos pasaría si el
Gobierno de España o el Gobierno de Navarra hicieran lo que se hace con otra obligación de resultado que impone nuestro ordenamiento constitucional, que es la renovación de los órganos constitucionales y de las más altas magistraturas del Estado.
¿Qué pasaría si recurrieran a la desobediencia, si se negaran a pactar y a acordar?, ¿cómo estaría nuestro país?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir terminando, por favor.
El señor URIARTE ARDIALAY: Termino, presidente.
Aprovecho esta oportunidad, ya que estamos hablando de valientes y cobardes, para enviar un abrazo solidario al amigo Iñigo Mijangos y a toda la tripulación del Aita Mari. Esos sí son auténticos valientes, que no se ponen...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señoría. Su tiempo ha terminado, gracias. (Aplausos.-El señor Guijarro García hace gestos de protesta).
Señor Guijarro, no sé si no ha estado presente al inicio de este Pleno, pero ya advertí -y en la Junta de Portavoces también lo repetí- que íbamos a ser estrictos con todos los tiempos, advirtiendo treinta segundos antes de que finalice la
intervención y cortando justo en el tiempo. Así ha venido siendo toda la mañana y así seguirá siendo. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra).
Sí, dígame.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Señor presidente, en relación con el artículo 72.1 del Reglamento, simplemente quiero que quede constancia...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo. Le voy a dar la palabra, pero le ruego que se ciña exactamente a la alusión que le han hecho y no se extienda, en ningún caso, a nada que no sea eso.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Seré muy breve, señor presidente. Simplemente quiero que quede constancia de que la señora Meloni no es navarra. Lo digo porque como aquí se llama al orden cuando no se va al tema...
(Protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien. Se lo agradezco, señoría. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: No he acabado; no he acabado. ¿Puedo hablar un minuto?) Eso no es una alusión, señoría. Le agradezco
la aportación. Siéntese. Continuamos con el debate. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Beltrán Villalba.
La señora BELTRÁN VILLALBA: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida y saludar a la presidenta de Navarra, a la consejera de Economía y Hacienda y a mis compañeros del Parlamento de Navarra.
Señorías, escucho con verdadera sorpresa y con preocupación a los grupos parlamentarios, que desconocen profundamente en qué consiste la grandeza de nuestro país. Esa grandeza es ni más ni menos que una España plural, una España diversa,
una España rica en culturas y acentos y siempre dentro de la nación española, señorías de VOX, que no se enteran. (Aplausos). No se puede querer bien a nuestro país si se desconoce el pasado -como ustedes lo desconocen-, si se desconoce nuestra
historia y, lo que es más importante, si se desconoce nuestra Constitución. El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra que hoy debatimos representa la esencia del Estado de las autonomías, un Estado basado en la
diversidad de España, en el respeto y en la protección a los derechos históricos y, a la vez, en la solidaridad entre los distintos territorios que pertenecen a un mismo país y que conviven bajo una misma Constitución. Desde 1515, en que Navarra se
incorpora a la Corona de Castilla, Navarra mantiene cierta singularidad sustentando a lo largo de los siglos sus instituciones legislativas, sus tribunales de justicia, su derecho, incluida la facultad de establecer y de recaudar sus propios
tributos. Hasta el siglo XIX se reconoció una unión especial y singular, pero en 1839 Navarra ajustó sus fueros históricos a las demandas de la unidad constitucional; unión que se completó en 1841. Señorías de VOX, les estoy contando la historia,
es por si les interesa conocer más allá de la Constitución, pero ya veo que no. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón mantiene una conversación con los diputados sentados detrás de su escaño, vuelto de espaldas a la tribuna de oradores).
Como decía, es una unión que se completó en 1841, integrándose a la estructura unitaria del Estado, pero ajustando para Navarra un régimen que se denominó régimen foral y que se articuló en torno a la Ley Paccionada, de 1871. Las características de
este régimen foral, dada su naturaleza pactada, conllevaban que cualquier modificación del mismo solo podría hacerse mediante nuevo pacto o acuerdo entre el Estado y las instituciones navarras. Desde 1841 hasta 1969 el Régimen Foral navarro
atravesó ciertas dificultades, que fueron subsanadas por el Convenio de 1969. Y ahora -ya en democracia- en la Constitución de 1978 se ampararon y respetaron los derechos de los territorios forales. Por lo tanto, señorías de VOX, la Constitución
puso punto final a la presunta duda que hubiera entre los fueros y la unidad constitucional al declarar que el régimen foral encuentra su pleno amparo y respeto en la Carta Magna. Este texto que hoy debatimos ha sido acordado en la Comisión
Coordinadora del Convenio Económico que rige las relaciones de Navarra y el Estado. Esta comisión está integrada por miembros de la Administración del Estado y de la Comunidad Foral de
Navarra, y posteriormente este texto ha sido aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento de Navarra -claro, donde los señores de VOX no están- y ahora llega a las Cortes para su ratificación como proyecto de ley.
El convenio económico no discrimina a unos... Señor Espinosa de los Monteros, es que se lo estoy diciendo a ustedes y usted es el portavoz de VOX, así que me gustaría que escucharan. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón continúa
vuelto de espaldas a la tribuna de oradores hablando con otro señor diputado). El convenio económico no discrimina a unos ciudadanos frente a otros, sino que es un instrumento de relación diferente que parte de nuestra Constitución, un convenio en
el que tiene encaje la norma tributaria del Estado y que cuenta con los mecanismos necesarios para que esa relación sea beneficiosa, tanto para la comunidad foral como para el conjunto de España. El convenio económico otorga a Navarra un amplio
margen de maniobra en la gestión de las obligaciones tributarias, sí, y en la potestad que tiene la comunidad para gestionar sus propios tributos, pero al mismo tiempo garantiza el respeto a lo dispuesto en la legislación del régimen general del
Estado y en la contribución de Navarra a la solidaridad interterritorial. No hay nada, señorías, en las instituciones forales navarras que las separe o distancie de España; todo lo contrario, porque son instituciones cuya supervivencia se ha
mantenido y desarrollado con muchos avatares históricos a lo largo de los siglos y hoy tienen la legitimidad jurídica y política que les ofrece desde hace más de cuarenta años nuestra Carta Magna.
Hoy vamos a aprobar, sí, la sexta modificación del convenio, que incluye modificaciones tributarias y financieras, como ya han relatado la ministra y otros compañeros que me han precedido en la intervención, modificaciones tributarias y
financieras que rigen las relaciones entre Navarra y el Estado y que sientan las bases para un acuerdo sobre la aportación anual al sostenimiento de las cargas generales del Estado. Espero que el señor Del Valle -el portavoz que ha defendido la
enmienda a la totalidad- me esté escuchando.
Algunos piensan que la Comunidad Foral de Navarra disfruta de una autonomía tributaria que la convierte en una especie de paraíso fiscal y que además es una comunidad privilegiada. Pues no es así, señorías. Es cierto que Navarra tiene
autonomía para establecer y mantener su propio sistema tributario, pero la estructura es idéntica a la del Estado y existe una coincidencia básica en la regulación de los tributos. Además, el convenio obliga a Navarra a mantener -y esto es
importante- una presión fiscal efectiva equivalente a la del resto del Estado. Por otro lado, el régimen del convenio implica el ejercicio de plena responsabilidad fiscal, lo que conlleva que los tributos deben asegurar la suficiencia
presupuestaria para cubrir el gasto público. En consecuencia, Navarra ha de atender con sus propios recursos la inmensa mayoría de los servicios públicos.
Finalizo ya. Es importante destacar que son los partidos nacionalistas e independentistas vascos los que no han aprobado este convenio económico en el Parlamento de Navarra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, haga el favor.
La señora BELTRÁN VILLALBA: Sí. Este convenio no lo sienten como suyo.
Y, para finalizar, me dirijo a los señores de VOX: es hora de que los patriotas se enteren de lo que dice la Constitución.
Muchísimas gracias (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Votamos en tres minutos. (Pausa).
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, les informo de que desde las once horas cuarenta y cinco minutos hasta las catorce horas de hoy podrán votar telemáticamente el resto de asuntos del orden del día, que serán
objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de la sesión, aquellas personas que lo hayan solicitado y se les haya aprobado el voto.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY SOBRE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. (Número de expediente 121/000094).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Comenzamos la votación de los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de Ley sobre Precursores de Explosivos.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señor Bel Accensi y señor Boadella Esteve. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 20; en contra, 304; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural, señora Nogueras i Camero. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 21; en contra, 304; abstenciones, 16.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Quedan rechazadas.
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, número 27.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 29; en contra, 302; abstenciones, 10.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Queda rechazada.
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, número 31.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 50; en contra, 196; abstenciones, 95.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Queda rechazada.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, números 33, 34, 35 y 36.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 141; en contra, 197; abstenciones, 3.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 49; en contra, 188; abstenciones, 104.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votamos la enmienda número 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 101; en contra, 184; abstenciones, 56.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Queda rechazada.
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, número 17.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 141; en contra, 187; abstenciones, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 141; en contra, 196; abstenciones, 4.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Quedan rechazadas.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 121/000121).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Votación de la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre,
por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 48; en contra, 293.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Queda rechazada la enmienda a la totalidad.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 16/2022, DE 6 DE SEPTIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL HOGAR. (Número de expediente 130/000088).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas
trabajadoras al servicio del hogar. Para presentar el decreto ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. (Rumores).
Por favor, ruego que aquellos que quieran salir lo hagan lo más diligentemente posible. (Rumores). Señorías, guarden silencio para que la señora ministra pueda comenzar, por favor. (Rumores). Silencio.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Buenos días.
Quiero comenzar esta intervención saludando, en primer lugar, a las trabajadoras del hogar, a las asociaciones que las representan y a las representantes sindicales que han trabajado y han hecho posible que este texto hoy vea la luz.
(Aplausos).
Comparezco hoy ante ustedes para exponer el contenido y el alcance del Real Decreto Ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. (La
señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Lo primero que quiero expresar, señorías, es el orgullo que supone para el Gobierno traer a esta Cámara una norma que repara la discriminación histórica de las personas trabajadoras del hogar y que representa el compromiso de la sociedad
española con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. (Rumores.-Pausa). Gracias.
La igualdad, señorías, es el proyecto más ambicioso que una sociedad puede tener, y esta norma consagra esa prioridad de nuestro Gobierno, el mismo que impulsó hace casi dos años los reales decretos 901/2020 y 902/2020 para la igualdad
retributiva entre hombres y mujeres en el trabajo.
Este real decreto, señorías, es la impugnación de una injusticia incompatible con una democracia consolidada como es la nuestra. Hemos convivido durante décadas con un ordenamiento laboral que permitía de forma inconcebible la existencia de
trabajadoras de segunda, privadas de sus derechos por ser precisamente las vulnerables entre las vulnerables, por ser mujeres. Sobre ellas se ha cernido la tormenta perfecta de todas las desigualdades porque, además de mujeres, muchas de ellas son
migrantes, porque cobran lo mínimo o se han visto condenadas al trabajo en la informalidad, mientras asumen trabajos reproductivos que permiten el funcionamiento de todo nuestro andamiaje social y de nuestra economía. Ellas han visto cómo sus
vidas, las que dejaron atrás a miles de kilómetros de nuestro país y las que tratan de vivir aquí, no importan o importan menos. Nuestra democracia ha consentido una zona de sombra, de penumbra, ajena al trabajo digno y a los derechos laborales, y
ha recluido en ese espacio siniestro, aisladas, a miles y miles de mujeres, mientras promulgábamos la importancia fundamental de los cuidados que realizan. Por eso, esta es una norma de reparación, una norma de reconocimiento y de dignidad
imprescindible para democratizar el trabajo en nuestro país y para restañar esa gran herida colectiva. Este real decreto opera la plena equiparación de derechos laborales y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar; solo así es
posible corregir la discriminación indirecta por razón de sexo en la que incurría hasta ahora la legislación española y por la que nos requirió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su ya emblemática sentencia del pasado 24 de febrero de
este año. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Disculpe un momento, vicepresidenta.
Por favor, ¿podrían mantener las conversaciones en otro lugar o en un tono más bajo?
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Gracias.
Cumplimos, además, otro mandato internacional, y lo ampliamos. Me refiero, como saben, al Convenio 189 de la OIT, cuya ratificación ya ha sido aprobada por esta Cámara y que en breve, tras su inminente votación en el Senado, formará parte
de nuestro ordenamiento jurídico. Paso a continuación a exponerles el alcance de la norma que presento a su consideración.
El presente real decreto elimina todos los tratos peyorativos que han sufrido hasta ahora las personas trabajadoras del hogar. Ellas tendrán las mismas coberturas prestacionales y los mismos sistemas de cotización que el resto de las
personas trabajadoras. Tal vez, la transformación más importante es el reconocimiento al fin de la prestación pública por desempleo, la desigualdad más flagrante que sufría este colectivo. La falta de cobertura por desempleo era una degradación de
enorme trascendencia en una actividad con una gran rotación laboral y que se corrige, precisamente, por el presente real decreto ley. Es una prestación por desempleo con las mismas características que para el resto de las personas trabajadoras;
esto quiere decir que es una prestación pública sin matices, sin lagunas y sin excepciones.
La equiparación completa en el ámbito de las prestaciones de Seguridad Social supone una adaptación de los sistemas de cotización, lo que implica la obligatoriedad de la cotización por desempleo y también al Fondo de Garantía Salarial. Se
aplica también la disminución equilibrada de cotizaciones en proporción a la renta de las unidades familiares, contemplando las diversas situaciones y características de las personas empleadoras y empleadas.
El sistema de la disposición adicional primera, que está sometido, como saben, a desarrollo reglamentario, constituye en este sentido un importantísimo avance. Más allá de bonificar a las familias numerosas, se extenderá la bonificación a
todas las unidades de convivencia en función, eso sí, de su renta y su patrimonio, atendiendo así a las necesidades económicas de las familias en el establecimiento de ayudas a la contratación.
Otra novedad que quiero señalar es que este real decreto ley supondrá la desaparición de las especialidades de encuadramiento para las empleadas del hogar que trabajaban menos de sesenta horas mensuales; una medida que suponía en la
práctica una vía de fraude y que se clausura con esta ley corrigiendo también ese efecto discriminatorio.
Me quiero referir también a los cambios acometidos por el presente real decreto ley en el ámbito de los derechos laborales. Con relación a la extinción del contrato, el Real Decreto Ley 16/2022 elimina definitivamente la figura del
desistimiento o despido libre, que degradaba la situación de las personas trabajadoras del hogar aumentando su precariedad, su dependencia y su inseguridad. Se acabó esa
exposición arbitraria, señorías. Se acabó deshacerse sin motivos del trabajo y del esfuerzo de una persona. A partir de ahora, deberá concurrir siempre, como el resto del ordenamiento jurídico laboral, justa causa para que proceda el
despido de la persona trabajadora del hogar. El presente real decreto ley tiene en cuenta las particularidades del trabajo doméstico y, por ello, establece nuevas causas de despido justificado con derecho a indemnización, que atienden a situaciones
relacionadas con el cambio de las circunstancias esenciales en la unidad familiar, con la pérdida de confianza, que debe estar siempre argumentada con razonabilidad y proporcionalidad.
La desaparición del despido libre en el trabajo doméstico resultaba imprescindible para eliminar la discriminación por razón de sexo y cumplir lo establecido en el Convenio 189 de la OIT, pero, además, al eliminar esta nefasta figura del
desistimiento estamos activando una barrera muy valiosa también contra la precariedad laboral.
Otra equiparación de condiciones de gran relevancia que establece el Real Decreto Ley 16/2022 guarda relación con la protección del Fondo de Garantía Salarial. Desde ahora, las personas trabajadoras del hogar estarán protegidas en el caso
de insolvencia de su empleador o empleadora, y podrán de este modo cobrar sus salarios e indemnizaciones cuando la unidad familiar no se haga cargo. Esta incorporación de la protección a las empleadas del hogar en materia de desempleo y Fondo de
Garantía Salarial no se va a repercutir -y esto es muy importante- en los empleadores, porque se prevé en la norma una bonificación de oficio realizada desde el Servicio Público de Empleo del 80 % de la cotización tanto del desempleo como del Fondo
de Garantía Salarial. El impacto e incremento de costes para las familias se amortigua así por esta vía.
Se establece, asimismo, que el contrato se realice siempre por escrito, sea cual sea su duración, lo que permite acomodar la contratación en este sector de actividad a lo establecido en la Directiva 2019/1152, sobre condiciones laborales
transparentes y previsibles. Se configura también el compromiso del Gobierno con el desarrollo de políticas de formación y de acreditación de conocimientos aplicables a las personas trabajadoras del hogar.
Otro de los cambios capitales operados en este real decreto ley es la equiparación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Resultaba inadmisible la exclusión del derecho a la salud de las personas trabajadoras del hogar, porque
ese derecho a la prevención de riesgos laborales es un patrimonio de todas las personas trabajadoras que no admite excepciones y que en este caso pone su atención también en el ámbito de la protección ante cualquier forma de violencia en el
ejercicio de sus tareas.
Otro precepto, señorías, es el establecimiento de la constitución de una comisión para la integración de la perspectiva de género en el listado de enfermedades profesionales, lo que supondrá una visión igualitaria sin sesgos de la salud y la
prevención en el trabajo.
El real decreto, como saben, aborda también otras materias, a las que me voy a referir someramente. La primera de ellas es que se establecen precisiones específicas para asegurar la plena eficacia de las ayudas directas al transporte
público establecidas en el Real Decreto Ley 11/2022, para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. En segundo lugar, se establecen medidas organizativas y funcionales necesarias para que la Fundación Estatal para
la Prevención de Riesgos Laborales pueda desplegar inmediatamente y con plena eficacia sus funciones de asistencia, cooperación técnica, información, divulgación, formación, seguimiento e investigación. En tercer lugar, y último punto, el real
decreto posibilita que se mantengan y puedan seguir su trayectoria los programas comunes de activación para el empleo, cuyo plazo concluye el 30 de septiembre.
Resulta evidente que en todas las materias a las que se refiere el presente real decreto ley concurren la extraordinaria y urgente necesidad que requiere el artículo 86.1 de la Constitución, muy específicamente en la regulación del empleo en
el hogar, pues garantizamos seguridad jurídica tras la sentencia del TJUE, que había establecido la ilegalidad comunitaria de la normativa española.
Concluyo, señorías. El Real Decreto Ley 16/2022 es una norma que debe integrar el ordenamiento jurídico español, no solo porque lo requiere la legalidad comunitaria e internacional, sino porque es deber de esta Cámara garantizar a la
ciudadanía un trabajo decente y en condiciones de igualdad.
Quiero en este sentido agradecer, como he dicho, el impulso decisivo de todas las asociaciones y colectivos de mujeres empleadas del hogar, que hoy, como les he dicho, nos acompañan en esta tribuna, y a todos los sindicatos, que también lo
han hecho posible. Quiero darles las gracias por su movilización sin tregua. Gracias a su tesón, a vuestro tesón, a su compromiso con la igualdad, les debemos hoy los logros que fructifican en este real decreto, una base sólida sobre la que
alcanzar más derechos y más garantías. (Aplausos).
Me siento personalmente orgullosa por haber acompañado esta reivindicación. Lo he hecho como abogada en la defensa profesional de muchas mujeres empleadas del hogar; lo he hecho más tarde en esta Cámara como diputada, y lo hago ahora como
ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno.
Leí el otro día un tuit de un joven madrileño que se llamaba Roberto, que decía lo siguiente: mi madre, trabajadora del hogar, tiene ahora contrato estable y gana unos 250 euros más al mes que hace tres años gracias a las subidas del
salario mínimo interprofesional y, al fin, tendrá derecho a paro. Gracias a esto puede vivir tranquila, y yo también. Esta debe ser, señorías, nuestra aspiración como servidoras y servidores públicos: reparar lo que está dañado en nuestra
sociedad, tender la mano a todas esas mujeres que, apartadas injustamente de los derechos y garantías que les correspondían, podrán hoy aspirar a un trabajo digno y a tener una vida más tranquila.
Les pido su apoyo a la convalidación de este real decreto porque creo que ello es una muestra de respeto, de reconocimiento y de responsabilidad. Hagamos, señorías, que nuestra democracia no tenga que avergonzarse por más tiempo de sus
olvidos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Tal y como usted acaba de solicitar, apoyaré la convalidación de este real decreto ley que acaba de explicar, pero no quisiera dejar de señalar que es una
verdadera lástima que el Gobierno no haya tomado medidas mucho tiempo antes. De hecho, se han tenido que poner ustedes las pilas al hilo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una materia sobre la que las Cortes Generales,
y concretamente el Congreso de los Diputados, ya debatió en diferentes ocasiones, la última en mayo en este mismo hemiciclo, respaldando por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, de la parsimonia con la que el Gobierno se ha tomado este asunto da buena prueba el propio acuerdo con el que PSOE y Unidas Podemos suscribieron su coalición a finales de 2019. Concretamente, en el punto 1, en el apartado dedicado
a las empleadas del hogar, los dos partidos coaligados para formar Gobierno se comprometieron a culminar con carácter prioritario la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la
legislatura. Firmaremos, decían ustedes, y rectificaremos el Convenio número 189/2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Han tardado, señora Díaz, más de dos años y medio en cumplir
con un compromiso que ustedes mismos calificaron a finales de 2012 como prioritario, que tuvo que aprobar el Consejo de Ministros por la vía de urgencia, y que llega a rebufo de la doctrina europea, ya aplicada acertadamente por un juez de la
jurisdicción contencioso-administrativa de Vigo, señora ministra y diputada de la provincia de Pontevedra, que mira que le tocaba a usted bien cerca; un juez que atendió y amparó los derechos que correspondían a una empleada del hogar viguesa.
Señorías, esta Cámara ya se ha pronunciado -repito que unánimemente- el pasado mes de mayo a favor de un derecho, como es el acceso a la cobertura por desempleo para las personas trabajadoras de hogar. También en la propia sociedad española
existe una acogida bastante favorable a las diferentes medidas contenidas en este real decreto ley. El próximo sábado, 1 de octubre, la entrada en vigor de la cotización por la prestación de desempleo marca una fecha muy largamente esperada por las
empleadas de hogar para tener acceso a una merecida cobertura y a una serie de avances y equiparaciones laborales en el trabajo doméstico.
En consecuencia, mi voto será favorable a la convalidación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
Ministra, compañeras que nos acompañáis hoy desde la grada del Congreso, compañeras del movimiento feminista que nos veis desde casa, hoy es un día histórico. Que un real decreto que se deriva de la aprobación del Convenio 189 de la OIT,
después de años de lucha de las trabajadoras del hogar y
del movimiento feminista, hoy sea ley es gracias a vosotras, es gracias a la lucha organizada, incansable y tenaz que lleváis años dando. La lucha sirve, la lucha feminista sirve, y a los críticos que nos dicen que las izquierdas nos
ocupamos de cosas que no son materiales y a las que nos dicen que el feminismo se ocupa de cuestiones simbólicas, miren, señorías, hoy aquí se habla de derechos materiales, se habla de los derechos de las trabajadoras del hogar. Viva la lucha
feminista y vivan los derechos de todas.
Es nuestra obligación también visibilizar los márgenes de este real decreto, que los tiene. La primera cuestión es que nos parece importante hablar de inspección laboral. Seguro que la ministra es consciente de que para que esto se cumpla
se necesitan recursos y se necesita inspección laboral. La segunda cuestión es la irretroactividad en la posibilidad de pedir el paro en los términos del real decreto, que tampoco está. Y la tercera cuestión es mucho más estructural, aquello a lo
que Rita Laura Segato llama las estructuras elementales de la violencia. Hablamos de la ley de extranjería que el real decreto tampoco aborda. La ley de extranjería es uno de los ejes principales de violencia y de persecución de las trabajadoras
del hogar y es imprescindible decirlo una y otra vez. Cuando hablamos de género tenemos que hablar siempre de extranjería y tenemos que hablar siempre de clase. Hoy se habla de clase, se habla de género, pero no se aborda la cuestión de
extranjería. Pero tenemos una oportunidad. Hay otras compañeras que están intentando traer una ILP aquí, a este Congreso, de regularización extraordinaria de todas las personas que están en situación irregular en el Estado español.
'Regularización ya' se llama la campaña. Entren en Internet, firmen y cuando llegue esto a esta tribuna, voten y apoyen los derechos de las personas migrantes.
Viva la lucha feminista, y gracias, compañeras, por acompañarnos. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Vehí.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Euskal Herría Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Para empezar, envío un saludo afectuoso a todas vosotras, trabajadoras que lleváis años luchando por vuestros derechos y que, bueno, si no se consiguen todos, al menos hoy se da un gran avance. Gracias por vuestra lucha.
Egun on guztioi. Quisiera comenzar con una reflexión. No se sabe cuántas son las trabajadoras de hogar y cuidados. Si el INE da 545 700 personas en la rama de actividad en el segundo trimestre de este año y las personas de alta en la
Seguridad Social en agosto eran 368 848, se podrían contrastar activas y aseguradas para conocer la economía sumergida en este sector. Además, la cifra total de trabajadoras activas puede no ser fiel porque las que no están en situación
administrativa regular tenderán a esquivar su presencia en las encuestas. Según las cifras que manejan diferentes colectivos, algo más del 35 % de las trabajadoras del sector de hogar y cuidados no disponen de papeles. Esta barbaridad se ha
naturalizado como se ha asumido el que muchas de ellas trabajen en condiciones muy inferiores al resto. Una vez más, recordamos que es la ley de extranjería la que opera de yugo que las ata a un trabajo sin condiciones decentes.
Con respecto al Real Decreto Ley 16/2022 que nos trae aquí, reconocemos que conlleva mejoras importantes con consecuencias prácticas. La indemnización del despido improcedente pasa de veinte a treinta y tres días por año y desaparece la
figura del desistimiento, que era la posibilidad de cesar a alguien sin explicar los motivos, con una indemnización de doce días por año. En adelante, seguirá habiendo ceses indemnizados con doce días, pero tendrán que basarse en circunstancias
económicas o personales de la parte empleadora. El desistimiento recién derogado era una manera insultante de despedir, y así lo reflejan el disgusto y el desconcierto de las afectadas, pero en el llamado despido por causas objetivas del Estatuto
de los Trabajadores se indemniza con veinte días, no con doce, por lo que en esto no hay equiparación. Hay algo que la reforma no ha hecho, que hubiera sido de justicia elemental: muchas de las internas, e incluso de las externas, que cuidan, al
fallecer la persona, después de años de dedicación, se encuentran en el paro con una indemnización de tan solo un mes de salario, independientemente de su antigüedad. En el trabajo de hogar esta situación es pan de cada día.
En materia de Seguridad Social se recoge la prestación de desempleo. ¡Ya era hora! ¡Vamos muy muy tarde! La reforma era obligada a partir de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarase ilegal la exclusión del sector, pero para
tener derecho a prestaciones y subsidios será necesaria la misma cotización previa que se pide al resto, lo que está generando decepción entre las trabajadoras, que esperaban otra cosa. Reparar la discriminación exigía haber considerado como
válidos para el desempleo
los períodos previos cotizados para el resto de las contingencias, pero no ha sido así. El sistema funcionó de manera más generosa en los ERTE del período COVID al reconocer la prestación a toda la plantilla, incluidas las personas que no
tenían historia de cotización. Y no lo olvidemos, la reforma retrasa hasta el 2024 la integración total en el Régimen General de la Seguridad Social con la cobertura de vacíos de cotización para el cálculo de pensiones y la cotización por salarios
reales.
En el debate de la Ley de Presupuestos del 2018, el PP introduce la enmienda 6777 para atrasar la implantación de las medidas hasta el 2024. El PSOE y Podemos acuerdan, en un primer pacto, adelantar las medidas al año 2021. El pacto
posterior rectifica, fijando la fecha en el 2023. Esto último se eleva a ley, que ahora se ha derogado para atrasar la equiparación al año 2024. Tampoco la ministra informó al presentar la reforma. Hay que decir que las administraciones públicas
han incumplido sistemáticamente las normas sobre el empleo de hogar sin otra explicación que el desprecio al sector. Conectado con el Real Decreto 16/2022, incluye el empleo de hogar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y anuncia un
reglamento. La inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no garantiza nada. Hasta la fecha, la intervención de la Administración en el área ha consistido en editar guías que no lee nadie, con recomendaciones nada operativas.
Por último, respecto a las enfermedades profesionales, no tengan duda, pueden ser igualmente lesivos física y mentalmente la falta de descanso, la falta de privacidad del alojamiento, la ausencia de vida social, insuficiente reconocimiento
moral y salarial, y carencia de formación y medios para realizar el trabajo.
Por todo ello, votaremos a favor de este decreto, pero también de que se tramite como ley para incidir sobre todos los aspectos comentados que consideramos necesarios para mejorar el actual decreto ley.
Mila esker. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Pozueta.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Egun on. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados.
Vaya por delante, antes de nada, nuestro apoyo a la convalidación de este real decreto ley, ya que su objeto, modificar la normativa de aplicación a la relación laboral especial de las empleadas de hogar, es sobre todo una manifestada
intención de solventar las carencias que ya existen en la normativa actual, aun cuando sean instadas desde sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también de unos juzgados de Vigo, y aun cuando también entendamos que son el
elemento necesario para terminar haciendo efectivos el Convenio 189 de la OIT y la resolución número 201, también de la OIT. Como ya se ha venido a explicar tanto por la señora ministra como por intervinientes anteriores, el objeto principal de
estas modificaciones se reconduce, primero, a entender que la extinción de la relación laboral únicamente puede producirse por causa justificada, y es un adelanto sustancial frente a la situación o el panorama anterior; también una homologación de
las indemnizaciones por causa de despido que no existían hasta este momento con la intensidad que se recoge ahora; también a posibilitar la aplicación a estos trabajadores de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a facilitar su acceso, sobre
todo, a la prestación por desempleo y a la cobertura del FOGASA.
Vaya por delante que por ello nuestro apoyo a esta medida no está exento de la constatación de que aún existen determinados parámetros que necesitan de corrección, que se deben rectificar precisamente para atender esa situación de
discriminación manifiesta en la que se encuentra el sector precisamente por dos caracteres que vienen señalando todos los intervinientes: el de ser en su mayoría mujeres y tener un importante colectivo de inmigrantes. Entendemos por ello que, aun
cuando el texto nos satisface, vamos a reclamar que se tramite como proyecto de ley, ya que quedan otros problemas por resolver, como es la situación de las internas, como son los derechos de las personas migrantes y la vinculación con su situación
de regularidad o el desempleo en el plazo de este primer año, que, al parecer y tal como se ha regulado, no van a poder percibir hasta que transcurra un plazo suficiente para que puedan obtenerlo.
Además de la nueva regulación de la normativa laboral, resulta que el real decreto ley también recoge en su disposición adicional primera una serie de beneficios en la cotización de la Seguridad Social aplicable al sistema, una modulación de
aquellas en función de las condiciones de renta y patrimonio y las necesidades de cuidado de las familias. Reconoce así, a partir del 1 de octubre de 2022, el derecho a una reducción del 20 % en la cuota empresarial por contingencias comunes y una
bonificación del 80 % de las aportaciones a la recién implantada cotización por desempleo y FOGASA,
señalando además el apartado 4 de esta disposición adicional que la reducción será financiada con aportaciones del Estado a la Seguridad Social, así como que la bonificación será financiada por el SEPE y por el Fondo de Garantía Salarial,
atendiendo cada uno a la parte que afecte a sus respectivas cotizaciones. Y ¡ojo!, porque también hay que hacer una matización. En sus disposiciones derogatorias hay una relativa al real decreto que contempla a las familias numerosas, que ha
causado inquietud en este colectivo y que creemos que debe ser por lo menos analizada y comprendida en sus justos términos para evitar perjuicios a este colectivo.
El apartado 2 contempla un régimen alternativo para que desde el 1 de abril de 2023 sea posible disfrutar de una bonificación que será del 35 o del 45 %, atendiendo a requisitos de renta y patrimonio, pero a esto iba ahora mi intervención, y
es que estos beneficios entendemos que deben ser calificados como incentivos a la contratación, tal y como expresamente se declaran en la disposición adicional quinta de este real decreto ley y, por tanto, enmarcados entre las políticas activas de
empleo. Por ello, y de conformidad con las funciones asumidas en la materia por la Comunidad Autónoma del País Vasco, debe corresponder al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, ejercer las funciones que se supone que va a desarrollar el SEPE, el
Servicio de Empleo Público Estatal, y en todo caso las relativas a los incentivos a la contratación mediante el régimen de bonificaciones de cuotas sociales, así como las relativas a la determinación del derecho a las bonificaciones y el control de
sus requisitos y condiciones. Estos beneficios en la cotización aplicables al sistema especial de empleados del hogar son un incentivo a la contratación, tanto el ejercicio de dichas funciones como la financiación de esas bonificaciones y
reducciones, por lo cual entendemos que se debe reconocer, bien expresamente vía mediata, en su caso, que corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Por tanto, repito, votaremos a favor. Creo que es un claro adelanto en esa situación discriminatoria existente hasta la fecha. Creemos que, a pesar de ello, se debe poder mejorar este texto y por eso, además del apoyo, solicitaremos su
tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, lo primero es dar la bienvenida y agradecer la presencia de las compañeras, las trabajadoras del hogar. Gracias por todo lo que hacéis y por todas las mujeres a las que representáis.
Creo que las trabajadoras del hogar en nuestro país han sido tradicionalmente uno de los sectores feminizados más vulnerables por la falta de protección y sus altos niveles de contratación irregular. Tras años de justa reivindicación, ya
era hora de que estas empleadas lograsen tener reconocidos sus derechos como el resto de los trabajadores españoles, y creo que incluso debemos avanzar en más mejoras y ser más ambiciosos. Creo que llegamos tarde, pero es de celebrar que las
trabajadoras del hogar puedan acceder al subsidio por desempleo, puedan acceder a los pagos del Fondo de Garantía Salarial al empezar a cotizar tanto ellas como quienes las contratan. Como bien se ha dicho, se acota la figura del desistimiento, que
permitía despedirlas casi sin justificación, y se regulariza la situación contractual para un colectivo que siempre ha sufrido unos altos niveles de economía sumergida. De hecho, casi medio millón de personas que forman parte de este colectivo, al
menos una de cada tres, no tienen beneficios laborales porque no se cotiza por ellas. Con esta nueva regulación se equipararán los derechos de más de 370 000 empleadas de hogar que están dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social,
pero no tenemos que olvidarnos de que cerca de 175 000 trabajadoras domésticas siguen cobrando en B, no tenemos que olvidarnos de aquellas trabajadoras domésticas que se encuentran en situación irregular. Por tanto, creo que queda muy claro hacia
dónde debemos avanzar y profundizar en el reconocimiento de derechos de una gran parte de las trabajadoras del hogar que todavía no se van a poder beneficiar de esta mejora legislativa.
Anticipamos claramente que vamos a votar a favor de esta propuesta y tenemos que tener claro por qué nos encontramos hoy ante este tipo de avance, y es porque cumplimos con la ley y cumplimos con Europa. En febrero, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea se posicionó claramente alertando sobre la situación de discriminación que vivían las empleadas del hogar en nuestro país por tener un régimen especial de cotización que las excluía, entre otras, de la prestación por desempleo,
claramente una situación de desigualdad que las colocaba en una posición y una brecha de diferencia social muy clara con el resto de los trabajadores.
Es importante tener en cuenta que esta circunstancia la teníamos que haber abordado en esta Cámara muchísimo antes; llegamos bastante tarde. Hemos estado hablando de la ratificación del Convenio de la OIT -por cierto, la aprobamos en esta
Cámara, pero todavía falta la aprobación del Senado, que no la tenemos -, pero, desde 2013, ¿por qué no lo hemos hecho antes? No es cuestión de estar aquí pensando en colgarnos ninguna medalla en esta Cámara, ni muchísimo menos el Gobierno, porque
lo estamos haciendo tarde. Este reconocimiento y esta reivindicación de las trabajadoras del hogar se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo -seamos conscientes de esto- y creo que el detonante ha sido ese tirón de orejas del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, que nos dijo que debíamos corregir de inmediato esta situación de desigualdad que vivían las trabajadoras del hogar. Si no hubiésemos tenido esa sentencia, ¿seguirían las trabajadoras del hogar esperando a que se
reconocieran sus derechos? Yo creo que sí. Por eso, creo que no nos tenemos que colgar mucha medalla, sino decir: ¿estamos hablando de avances? Sí, pero deberíamos haber provocado este tipo de avance antes.
Además, nosotros, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, ya hicimos algunas propuestas que no se quisieron mirar en determinados momentos. Hicimos una propuesta en febrero en la que queríamos implementar el cheque de empleo universal para
simplificar la contratación de estas trabajadoras y facilitar el afloramiento del empleo sumergido. También hicimos otra propuesta para que se articulase el procedimiento para que pudiesen acceder a la prestación por desempleo, pero ya en febrero
no quisieron hacernos caso. De hecho, en septiembre pedimos una deducción fiscal para incentivar la contratación regular de las trabajadoras del hogar y reducir la economía sumergida de este sector, pero el Gobierno tampoco quiso hacernos caso.
Por lo tanto, me parece que llegamos tarde por falta de voluntad política.
Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que el Gobierno se vuelve a servir de un real decreto para colar por la puerta de atrás medidas que van a perjudicar a una parte de las mujeres, porque se van a negar, en este caso de una
manera injusta, las bonificaciones que tienen las familias numerosas. ¿Por qué colamos esta cuestión en este real decreto? No entendemos muy bien por qué se utiliza un real decreto para colar algo que no es beneficioso para las mujeres de familias
numerosas y generar otra vez una situación de desigualdad, porque mientras se resuelve o, como se dice, se propone otro tipo de mejora en la que se verá cuál es la situación o los niveles de renta, lo único que sucederá es que, si esto se aprueba,
va a haber mujeres de familias numerosas que van a ver aminorados y degradados sus derechos. Por eso, vamos a solicitar que este real decreto se tramite como proyecto de ley para debatir y enmendar aquellas medidas que consideramos que son a todas
luces mejorables.
También debemos tener en cuenta las formas que está utilizando mucho el Gobierno en el ámbito de los reales decretos leyes, porque luego las tramitaciones se quedan en un cajón. Eso también nos genera cierta incertidumbre. No debemos
guardar en ningún cajón ninguna norma que suponga avances.
Además, hoy quiero aprovechar esta tribuna para decir que tenemos una norma para nosotros esencial, que soy consciente que es de otra materia, que es la ley de la ELA, y quiero pedir a los dos miembros del Gobierno, a Podemos y al PSOE, que
la desbloqueen y la tramiten. Apoyaremos este real decreto y también vamos a solicitar la tramitación como proyecto de ley para poder seguir trabajando en sus mejoras.
Enhorabuena a todas las trabajadoras del hogar. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta. Bon dia.
Estamos delante de un indudable avance que fue resultado de la lucha sindical y feminista y, por tanto, parabéns a todos os que participastes nesta loita. Pero ustedes tardaron en aprobar el Convenio 189 de la OIT y en reconocer derechos a
las trabajadoras y trabajadores -fundamentalmente, trabajadoras- del hogar. Lo hacen ahora, entre otras cosas, obligados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de febrero de este año. Es un paso importante que el BNG llevaba muchos
años reclamando, pero que también nos parece insuficiente, porque no significa aún la igualdad real de derechos laborales de este colectivo. Se reconoce el acceso a las prestaciones por desempleo, pero no será de forma retroactiva para dar
cobertura a las mujeres que están en este momento en activo, lleven el tiempo que lleven de alta en la Seguridad Social. Por cierto, esto no respeta la sentencia del Tribunal Europeo. También posterga el derecho a la seguridad y salud en el
trabajo, aplazando la elaboración de un cuadro de enfermedades profesionales, y se seguirá manteniendo la discriminación de estas trabajadoras en caso de incapacidad permanente, pues hasta dentro de cinco años quedarán desprotegidas.
Por otra parte, si bien se obliga a formalizar contrato y a abonar las correspondientes cotizaciones, se sigue manteniendo la facilidad para el despido, especialmente con la fórmula de pérdida de confianza. Al mismo tiempo, continuará
siendo barato despedir al mantenerse la indemnización de doce días por año, frente a los veinte del resto de las personas trabajadoras.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Rego.
El señor REGO CANDAMIL: Por tanto, votaremos a favor, pero queda mucho para garantizar el empleo digno en este sector.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Por el Grupo Parlamentario Plural, a continuación, tiene la palabra el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, podría haber muchas, pero traigo tres ofertas reales de empleo. La primera: se busca persona para cuidar de dos niñas y hacer las tareas del hogar. El sueldo: una habitación para dormir, comida y 100 euros al mes. La segunda:
se busca persona para cuidar a tres niños, lavar, planchar, cocinar y limpiar la casa. De lunes a viernes, de siete y media de la mañana a nueve de la noche; sábados, de siete y media a dos; dos noches a la semana te tocará a dormir con los
niños, más alguna noche adicional, si nosotros nos vamos de viaje. 90 horas semanales; sueldo, 900 euros. La tercera: ofrezco limpieza de una casa de tres habitaciones, baño, cocina y salón, 8 euros la hora. El miserable que lo escribe, después
añade por WhatsApp: ofrezco 20 euros más por hora si me puedo tocar mientras te miro. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Esto ha sido posible por el miedo, por el aislamiento, por la falta de papeles y de
normas. Así son las condiciones en un mercado desregulado, es decir, en el que son libres solo los de arriba. Más de medio millón de trabajadoras han estado teniendo que aceptar cualquier cosa que les ofrezcan quienes pagan porque, por mucho que
se empeñen nuestros liberales, entre desiguales no puede haber libre acuerdo.
Seguramente todos lamentamos estas situaciones, pero no todas las recetas para resolverlas funcionan. Aquí la diferencia política fundamental está entre quienes prefieren confiar en la calidad de los fuertes y quienes defendemos que lo
único que funciona es construir la fuerza de los débiles: los derechos. Ha sido la lucha y la persistencia de las organizaciones de trabajadoras, del movimiento feminista y las asociaciones de emigrantes las que nos han traído hasta aquí; por
eso, el consenso que hay hoy en esta Cámara. Una lucha de muchas acciones pequeñas y cotidianas contra siglos de silencio, humillaciones y miedo para consolar a quien no podía más, para asesorar y dar opciones, para acompañar y conectar, para que
nadie esté sola. Esa lucha y persistencia funcionan: no esperar, no esconderse, no resignarse. España hoy hace ley que las trabajadoras del hogar tengan los mismos derechos que el resto de trabajadoras en el derecho a desempleo, en el derecho a
vacaciones, en el derecho a bajas médicas. Gracias a la lucha, pero también a la determinación política, y gracias por eso, señora ministra.
Hoy avanzamos en el reconocimiento de la ciudadanía también en el centro de trabajo, en la casa que se limpia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Errejón, su tiempo ha finalizado.
El señor ERREJÓN GALVÁN: No son planchas, no son lavadoras con patas, son personas con derechos. Que esta victoria sirva para dar esperanza, demostrar que organizarse sirve...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenos días. Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra y vicepresidenta del Gobierno, creo que en este momento tenemos que diferenciar lo conseguido de lo que ha pasado, es decir, hay dos escenarios a analizar. Lo conseguido realmente, lo que regula el real decreto
ley, es un éxito y, por tanto, es un éxito justo y demandado por muchas personas, por una realidad social histórica que se ha ido repitiendo y, sobre todo, es un hecho demandado también, como se ha apuntado antes, por este Congreso de los Diputados
en diferentes pronunciamientos que había hecho con anterioridad, incluso ha sido material habitual de promesas políticas en diferentes programas electorales de la mayoría de las fuerzas políticas.
Por lo tanto, lo conseguido es un éxito, sin duda alguna, y tenemos que celebrar esta nueva regulación que elimina dos discriminaciones históricas como era el acceso a las prestaciones de desempleo y a las prestaciones del FOGASA y, la otra
cuestión relevante, la reconfiguración y acotamiento de ese despido sin justificación que existía. En ese sentido, quiero poner en valor aquello que se ha conseguido.
Pero creo que también es justo que pongamos encima de la mesa lo que ha pasado. Esto llega después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y después de algunas sentencias de juzgados y tribunales españoles; en
definitiva, la ley ha ido mucho más tarde que la realidad, que algunos procedimientos judiciales que apuntaban a la demanda no solo política, sino incluso a la resolución judicial de estas cuestiones. La adaptación de las normas con posterioridad a
la realidad ya hemos visto que ha pasado otras veces. Lo comentábamos el otro día en la Comisión de Trabajo en relación con los despidos por bajas acumuladas, que luego vino la norma que lo arregló. En relación con los riders luego vino la norma
que intentó buscarles una solución. Y hoy pasa esto también, que, lamentablemente, la ley llega tarde cuando ya algunos pronunciamientos judiciales habían abierto el camino. Sinceramente, a los del PDeCAT, a los que hacemos política para intentar
mejorar la vida a la gente, nos gustaría que la política y las leyes llegaran antes incluso que los pronunciamientos judiciales, seguramente así conseguiríamos arreglar muchas más cosas que no a posteriori.
Pero, en todo caso, bienvenido es. Es un éxito y, por supuesto, nosotros vamos a votar a favor de este real decreto ley y también vamos a pedir su tramitación parlamentaria como proyecto de ley porque es cierto que algunas cuestiones de
esta normativa se pueden mejorar. Se ha apuntado la cuestión relativa al régimen de las internas o internos y a la configuración de desempleo y de las cotizaciones. En este ámbito de las cotizaciones, la desaparición por sorpresa -al menos, no
hemos sabido entender cuál era el motivo que ha hecho aflorar esta desaparición- de la bonificación del 45 % en las cotizaciones de la que disfrutaban las familias numerosas. Por ello, entendemos que debería haber una regulación más clara que no
ponga en duda, como al menos hasta ahora, esta cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando.
El señor BOADELLA ESTEVE: Finalizo, señor presidente.
Como decía, nos congratulamos del éxito conseguido. El contenido es muy bueno y lo mejoraremos en la tramitación parlamentaria. También quiero añadir que vamos a intentar que las leyes vayan incluso antes que los pronunciamientos
judiciales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra Carvalho Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom.
Señorías, hoy es un día de celebración. Es un día histórico por la victoria de las empleadas del hogar y su lucha organizada por la conquista de derechos laborales, de derechos de las mujeres, de derechos de las personas migrantes; en
definitiva, una victoria por los derechos humanos. Y digo más, la victoria -y esto tiene que quedar muy claro- no es de ningún político, no es de esta diputada, no es de ninguna diputada de esta Cámara y tampoco es de la señora vicepresidenta. No
es de nadie más que de las trabajadoras del hogar y de las curas reunidas y organizadas en lucha. (Aplausos). Por cierto, muchas de ellas nos acompañan en la tribuna. Mi grupo parlamentario quiere aprovechar para agradecérselo a cada una de
ustedes, de vosotras (mirando a la tribuna de invitados) y también a todas las compañeras que no han podido venir y que continúan todas juntas en la lucha. Hoy el mundo es un poco más justo gracias a vosotras.
Hoy con este real decreto avanzamos en la ampliación de derechos. Hoy se convalida -porque se convalidará- el fin del desistimiento como causa de extinción del contrato y la conquista del derecho al paro para las empleadas del hogar, unas
reivindicaciones de las trabajadoras que han sido acompañadas desde hace más de cinco años por diputadas y por las técnicas de Esquerra Republicana con el company Joan Tardà, el company Jordi Salvador, la companya Ana Surra... (continúa su
intervención en catalán.-Aplausos).
Muchas veces hemos predicado en el desierto por los derechos de este colectivo. Obviamente, es de justicia reconocer los avances, señora ministra. Sin embargo, es igualmente cierto que el texto que hoy debatimos llega tarde y se queda
bastante corto. Este real decreto empieza en su exposición de motivos
prometiendo, y cito literalmente: 'Equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social a las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena'. Pues bien, primera decepción de
servidora. Este real decreto no equipara nada porque establece indemnizaciones distintas, requisitos de FOGASA distintos y derechos prestacionales distintos. Y esta distinción resulta arbitraria, injustificable y discriminatoria.
Sin embargo, tanto o más grave que esto es el hecho de que no se atrevan a tocar la legislación de extranjería. Como digo siempre en esta tribuna, todo lo referente a las migrantes es lo último de lo último de lo último de lo último.
¡Basta ya! (Aplausos). Pregunto al Gobierno: ¿De verdad creen ustedes que se puede abordar una situación de las empleadas del hogar sin tocar los requisitos y el procedimiento de los permisos de trabajo y de la adquisición de nacionalidad? Señora
ministra, las personas migrantes son mi pauta principal y todo el mundo lo sabe. Me gustaría realmente -y lo digo, no es una pregunta trampa- que alguien del Gobierno o de algún ministerio me pueda responder a esa pregunta de forma muy honesta. No
podemos hacer esta ley sin las personas y mujeres sin papeles. (Aplausos). Sin tocar la ley de extranjería es imposible porque, sin la regularización, esta ley es incompleta, y lo sabemos, y estoy absolutamente convencida de que lo sabe la señora
ministra. Es que estamos hartas de que ninguna victoria sea completa, ninguna; estamos hartas de que este Gobierno no avance hasta que se le obliga. Este real decreto llega tras una sentencia del TSUE que resolvió que una situación que dejara a
una empleada del hogar sin derecho a la prestación de desempleo era incompatible con la normativa comunitaria. Ese es un éxito en la batalla judicial, pero resulta que ni así se consigue consagrar derechos. Y me explico, Mariana, la compañera
gallega que demandó e interpuso todos los recursos judiciales a su alcance hasta llegar a los tribunales europeos y conseguir su amparo, con este real decreto seguiría sin poder acceder a la prestación de desempleo por un injustificable régimen de
transitoriedad. Me gustaría que usted me lo explicara, señora ministra.
Señorías del Gobierno, basta ya de poner palos a las ruedas de las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar. ¡Basta! Necesitamos equiparar derechos, no podemos esperar más. No es culpa de las empleadas de hogar que hasta ahora se
haya permitido que sus empleadores y sus empleadoras las contraten sin cotizar, no es culpa de las personas. Sus derechos en materia de Seguridad Social tienen que ser de aplicación inmediata, cualquier otro régimen significa la ignominia.
Voy a explicar una historia -y ojalá me dé tiempo porque tiene mucho que ver con lo que he hablado aquí y con este decreto-, en 2013 la lucha de las empleadas de hogar de Brasil -que fue uno de los primeros países en regular el trabajo de
las empleadas de hogar- consiguió que con el Gobierno de Dilma Rousseff se aprobara una enmienda constitucional que igualara los derechos laborales de los y las trabajadoras de hogar a los de las demás trabajadoras urbanas y rurales. Fijaos, en
aquella época, Bolsonaro era diputado y fue el único voto del Congreso de los Diputados de Brasil en contra de la ley de las trabajadoras del hogar. Resulta que hoy Bolsonaro es presidente y ha ido desmontando esa ley conseguida en 2013. Por
cierto, el próximo domingo esto se acaba, porque gana Lula. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora CARVALHO DANTAS: Acabo.
¿Por qué hablo de lo de Brasil? Porque tiene mucho que ver con España: por la herencia colonial esclavista, porque el trabajo de hogar sin derechos reconocidos... (Rumores.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Republicano, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señoría, terminó su tiempo.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.
La señora VIDAL SÁEZ: Hoy sí que es un día histórico. Quiero empezar saludando a todas las mujeres que estáis en tribuna, a las organizaciones sindicales, a SEDOAC, a Territorio Doméstico, a SINTRAHOCU, a Comisiones Obreras, a UGT; a
todas vosotras (dirigiéndose a la tribuna de invitados) y también a las mujeres que están fuera, en la calle, escuchando: Felicidades, felicidades. (Aplausos). Felicidades a todas las mujeres que no habéis parado hasta que por fin esta Cámara os
ha reconocido como lo que sois, como trabajadoras, como trabajadoras con derechos, que es por lo que veníamos trabajando.
Lo cierto es que las trabajadoras del hogar han sido invisibilizadas, ignoradas y discriminadas. Gobiernos de diferentes colores han permitido que hubiera mujeres -más de 600 000 en España- sin prácticamente ningún derecho: hablamos de no
tener horarios ni vacaciones ni permisos ni descansos ni baja de maternidad ni paro; hablamos de no cotizar, de no tener amparo legal, de vivir al margen; han trabajado enfermas, con dolores, sin descanso, con miedo; y las vulneraciones que
habéis sufrido durante la COVID-19 creo que dan para un debate largo, muy largo.
Es preocupante que este país haya sido tan lento en enmendar una discriminación tan flagrante. Las trabajadoras del hogar sostienen la vida y la economía. Hoy no puedo evitar experimentar sentimientos encontrados: siento vergüenza, porque
me pregunto por qué España ha tardado tanto. La OIT adoptó el Convenio 189 en 2011. Entre los muchos argumentos que se escribieron para exigir la laboralidad y sus correspondientes derechos encontrábamos la denuncia de graves vulneraciones de
derechos humanos; de esto hace once años. Me pregunto si se hubiera tardado tanto si la mayor parte del colectivo fueran hombres, me pregunto si se hubiera tardado tanto si la mayor parte del colectivo no fueran personas migrantes, me pregunto si
detrás de años y años de desprotección y de discriminación lo que ha habido en realidad no ha sido más que machismo, racismo y clasismo.
Pero también siento emoción, mucha emoción, porque en todos estos años -y vosotras (dirigiéndose a la tribuna de invitados) lo sabéis- las trabajadoras del hogar no han estado solas, hay partidos en esta Cámara que ya desde 2011 exigieron su
ratificación y su cumplimiento. Con humildad digo que la primera proposición de mi grupo parlamentario en cuanto entramos en esta Cámara en 2016 fue, precisamente, para la ratificación del Convenio 189. Y siento un inmenso orgullo porque hoy
España es un poquito mejor, más justa, más democrática, más feminista. Somos muchas las que hoy sentimos orgullo de este Gobierno y de este Ministerio de Trabajo; orgullo también porque este Gobierno ratificó el convenio y la norma -y la norma,
señorías- con absoluta urgencia -y esto lo digo mirando a las bancadas del Partido Popular-. Nos comprometimos a trabajar para eliminar bochornosas discriminaciones como esta, para que el país pasara de mirar hacia otro lado a mirar a las
trabajadoras del hogar a los ojos, a extender y ampliar derechos laborales y para garantizar los derechos humanos. Para eso estamos aquí. Para eso sí vale la pena que estemos aquí, señorías.
Por el camino hemos visto absolutamente de todo, como gobiernos que hacían oídos sordos y que aprobaban enmiendas para retrasar la adopción del convenio. No vamos a olvidar, señorías del Partido Popular, la enmienda 6777 de los presupuestos
generales -no la vamos a olvidar-, porque sabemos muy bien que cuando ustedes están en el Gobierno no faltan jamás a su cita con los recortes y con la oposición a los nuevos derechos. También tenemos sentencias; el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea el 24 de febrero de 2022 establecía con rotundidad -y cito- que no puede haber trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores que no esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón
de sexo. Estableció que la normativa española de Seguridad Social constituía discriminación indirecta por razón de género. Y, por fin, justicia: este mes de junio se aprobaba la ratificación del Convenio 189 de la OIT y la consiguiente
eliminación de cualquier trato peyorativo carente de justificación objetiva y razonable para las personas trabajadoras del hogar.
Este real decreto, señorías, sean honestas, va mucho más allá del convenio y mucho más allá de la sentencia, porque reconoce el derecho al desempleo y a la cotización obligatoria; porque reconoce el derecho a FOGASA, es decir, a que tengan
cobertura en casos de insolvencia o concurso de los empleadores; elimina el desistimiento, esa figura absolutamente inédita que permitía, básicamente, el despido sin causa y porque no estarán excluidas del ámbito aplicativo de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, porque este decreto garantiza el derecho a la protección de la salud y la seguridad equivalente a la de cualquier trabajador y pone el acento - y esto me parece muy importante- en la prevención de la violencia contra las
mujeres porque déu n'hi do el que heu hagut d'aguantar. En resumen, son derechos y más derechos.
Creo que la calidad de un país se mide también por la dignidad con la que viven sus habitantes y hoy hay que felicitar a este Gobierno de coalición. Cuando actuamos en la senda del reconocimiento de derechos y resolviendo discriminaciones
injustificables avanzamos como sociedad y también como país, y creo que esto es importante. Las grandes políticas nunca nacen en escritorios o en despachos de gobiernos, nunca van de arriba abajo; las grandes políticas, las que cambian realmente
la vida de la gente, se constituyen en miles de esquinas y centros de trabajo, en la calle también, siempre de abajo arriba.
Así que hoy, Carolina, Rafaela, Cristina, Donatilda, Carla, Jacqueline, tantas y tantas que estáis y que habéis estado, tantas, este real decreto es vuestro, es de todas vosotras y de todas las mujeres y hombres que han luchado por ello,
porque sin vosotras -como siempre decís- el mundo no se mueve.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Ruiz Solás. (Aplausos).
La señora RUIZ SOLÁS: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Señorías del Grupo Socialista, cuando ustedes trajeron aquí su proposición no de ley para mejorar las condiciones laborales de las empleadas de hogar allá por el mes de mayo, ya les dijimos lo que VOX piensa al respecto, que todos los
trabajadores españoles deben ser defendidos; que todos los españoles tienen derecho a empleos estables con salarios dignos; que debemos combatir la precariedad laboral y garantizar la conciliación de las familias; que debemos impulsar la subida
de todos los salarios, especialmente los más bajos, y que debemos promocionar un empleo estable, duradero y de calidad. Se lo dijimos para, en primer lugar, dejar claro que ustedes siempre mienten cuando hablan sobre VOX, pero también para
evidenciar que son ustedes, todos ustedes -y no nosotros-, los que, habiendo gobernado este país durante muchos años, han discriminado al colectivo de las empleadas del hogar. (Aplausos). Las han discriminado ustedes negándoles hasta la fecha el
acceso a las prestaciones por desempleo.
Les dijimos además que en VOX le damos un valor inmenso al trabajo de las empleadas del hogar; un trabajo que sabemos que es duro y desagradecido, pero también dignísimo e indispensable para la comunidad porque de él depende que las
familias puedan conciliar su vida laboral con su vida familiar. Pero les dijimos también cuál era nuestra posición respecto de las familias españolas y sus necesidades y les exigimos una regulación que incentivara y facilitara la contratación de
estas trabajadoras tan necesarias, porque todas las mujeres que trabajamos fuera de casa, sea cual sea nuestra condición, necesitamos ayuda aunque sea unas pocas horas y porque hay familias que hacen un enorme esfuerzo económico para poder conciliar
su vida laboral con su vida personal, hasta el punto de que en muchas ocasiones casi les interesa más quedarse en casa que salir a trabajar. Ya entonces les exigimos una regulación que fuera buena tanto para las empleadas del hogar como para sus
empleadores, una regulación que favoreciera este trámite haciéndolo sencillo y que no cargara todo el peso económico sobre las familias. Sin embargo, ahora vienen y nos traen esto y nos lo traen, además, en forma de real decreto para que no
tengamos la oportunidad de enmendar, de aportar o de corregir. Nos traen una ley que, por un lado, propone la mejora de las condiciones de las empleadas del hogar pero que, por otro, desincentiva su contratación y fomenta la economía sumergida,
perjudicándolas gravemente. Sinceramente, no sabemos si lo que pretendían con esta ley era que las mujeres se quedaran en casa por no poder pagar una ayuda o que muchas empleadas del hogar se quedaran sin trabajo o acabaran trabajando sin contrato
por pura necesidad de unos y de otros. (Aplausos).
Señorías, a ustedes se les llena la boca hablando de los derechos de las mujeres, pero con esta forma de legislar ni defienden a las madres trabajadoras ni a las empleadas del hogar y, fíjense, ni siquiera defienden a las inmigrantes, porque
la inmensa mayoría de las empleadas del hogar son mujeres inmigrantes legales que lo han dejado todo atrás para labrarse un futuro entre nosotros, que trabajan muy duramente para vivir dignamente y poder enviar dinero a sus familias y que se han
hecho un hueco entre nosotros a base de mucho esfuerzo.
Señorías, ¿saben qué pasa? Que no se puede legislar en asuntos que competen a las familias cuando se aborrece a nuestras familias, no se puede hacer una ley para mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar cuando lo que
quieren es que no haya hogares en los que trabajar. (Aplausos). Eso es lo que a ustedes les pasa. Lo que a ustedes les pasa es que detestan a nuestras familias, especialmente si son numerosas, porque solo desde el odio a las familias en general y
a las numerosas en particular y solo desde el prejuicio de que todas las familias que contratan ayuda en casa son ricas se puede hacer una ley como esta en un momento como este, con la inflación disparada, con la cesta de la compra disparada, con el
combustible disparado, con la luz y el gas disparados. Disparados, además, no por la guerra, ni por la pandemia; no, disparados por su culpa, solo y exclusivamente por su culpa y por culpa de sus desastrosas políticas. (Aplausos). ¿Es que no se
dan cuenta de que todas nuestras familias lo tienen hoy mucho más difícil, de que hay familias que lo tienen todavía peor por tener más bocas que alimentar, familias cuyos hogares son mucho más difíciles de mantener porque sus gastos se multiplican
exponencialmente? ¿Cómo pueden pretender que las familias que ya se hacen cargo de la Seguridad
Social de sus empleadas del hogar casi como si fueran empresas, se hagan cargo también del 20 % de los gastos de la cotización por desempleo y FOGASA? Y, lo que es peor, ¿cómo pueden perjudicar así a las familias numerosas -que les recuerdo
que ya no son solo las que tienen muchos hijos-, quitándoles la bonificación del 45 % que les garantizaba el artículo 9 de la Ley de Protección a las Familias Numerosas? ¿Qué necesidad tenían de derogar este artículo? (Aplausos). ¿Qué mejor forma
tenemos de gastar el dinero de nuestros impuestos que garantizando los derechos de nuestros trabajadores? ¿Qué mejor forma de gastarlo que en ayudas a nuestras familias para que puedan trabajar y conciliar?
Esto, señorías, es una jugada sucia, una de estas jugadas sucias que a ustedes tanto les gustan para obligar a los grupos parlamentarios de esta Cámara a tener que decidir a quién quieren más, si a papá o a mamá; para obligar a los grupos
de esta Cámara a elegir a quién tenemos que dejar en la estacada, a quién preferimos perjudicar, si a las empleadas del hogar -dejándolas en la precariedad laboral en la que ahora viven- o a las familias numerosas, que son las que más esfuerzo hacen
para sacar adelante a los suyos, las que más gastos soportan, las que más contribuyen a nuestro sistema, las que mayor necesidad de conciliación tienen y a las que ahora quieren obligar a cumplir unos requisitos de patrimonio o renta para optar a
una bonificación, unos requisitos que ni siquiera han tenido la decencia de decirnos cómo van a implementar y que son absolutamente injustos. (Aplausos).
Pero, claro, esta es una práctica habitual, su maquiavélica y retorcida forma de actuar: mezclar asuntos para confundir a los ciudadanos y para echarnos en cara después, como hacen en cada intervención repitiendo como loros amaestrados, la
retahíla de asuntos a los que hemos votado que no, obviando que nos hicieron elegir entre un mal mayor y un mal menor. Para nosotros es evidente lo que ustedes quieren, quieren enfrentamiento porque ustedes viven del enfrentamiento y ahora toca
enfrentarnos a las familias numerosas porque saben que no podemos votar en contra de este derecho y dejar sin derechos a un colectivo que los merece y que los necesita. Lo que ustedes quieren es acabar con la familia tradicional y muy especialmente
con las familias numerosas porque para ustedes son la cuna de los valores que están deseando liquidar...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, por favor.
La señora RUIZ SOLÁS: Termino, señor presidente.
Pero tenemos malas noticias para ustedes, señorías, porque en España como en Europa es la hora de los patriotas, porque para nosotros, señorías, nuestras familias son la última esperanza de esta sociedad y nuestros valores son los que nos
mantienen fuertes en esta batalla para salvar nuestra civilización y nuestra cultura. No tengan la más mínima duda de que cuando gobernemos volveremos a colocar a nuestras familias -y muy especialmente a las familias numerosas- en el centro de
todas nuestras políticas.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora García Rodríguez.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Muy buenos días.
Señorías de la izquierda, no nos den lecciones de defender a los más vulnerables mientras votan en contra de rebajar el IRPF a los que cobran menos y encima aplauden y se queda el Gobierno con 800 euros de cada familia por no deflactar el
IRPF. (Muestra un titular de periódico.-Aplausos).
Dice usted, señora ministra, que se ha terminado con una discriminación histórica. Y no le falta razón, pero es que Pedro Sánchez lleva más de cuatro años en el Gobierno y, sí, se acaba con esta discriminación histórica porque ustedes,
señores del Gobierno, se han visto obligados a cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de febrero de 2022, que se pronunció y estableció que el hecho de que las empleadas de hogar no tengan derecho a cobrar el paro es discriminatorio.
Y, sí, se acaba con la discriminación histórica gracias a las mujeres que hoy se sientan en esta tribuna (señalando a la tribuna de invitados) y gracias a muchas de las mujeres que están fuera trabajando en casas, cuidando a niños y cuidando a
mayores, gracias a todas ellas. (Aplausos).
¿Y qué dice el Partido Popular a este real decreto? Dice sí a equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las empleadas de hogar, decimos sí a permitir el acceso a las prestaciones y subsidios por desempleo, sí a una mayor
protección, sí a poner fin a una discriminación injusta, sí al derecho al paro;
en definitiva, sí a que tengan ustedes (señalando a la tribuna de invitados) los mismos derechos que el resto de los trabajadores.
Pero, señora ministra, ahora mismo hay 376 000 empleadas de hogar que se beneficiarán precisamente de estas medidas, que son las que están en el régimen especial de la Seguridad Social, pero -según los datos de la EPA- el 31 % de estas
trabajadoras -175 000- forman parte de la economía sumergida, una de cada tres empleadas de hogar quedará al margen de esta protección. Como ejemplo ilustrativo podríamos poner al asistente del señor Echenique. (Aplausos). Y estamos de acuerdo
porque es una medida positiva, pero se le olvida al Gobierno que a las empleadas de hogar no les paga una empresa, sino familias y a las familias no les han subido el sueldo más del 36 % desde 2018. Y no nos oponemos a ello, que quede claro, porque
apoyamos el trabajo con plenos derechos para las trabajadoras del hogar, como no puede ser de otra manera, pero corresponde al Gobierno ayudar a las familias con las cotizaciones sociales y reducir su carga. Porque se le olvidó explicar, ministra,
que la mayor parte de esta nueva cotización recaerá sobre las familias. Se le olvidó explicar que las familias pagarán más a partir del 1 de octubre, porque se les exige un sobreesfuerzo económico. Se le olvidó explicar que las familias pagaran
300 euros más, deducida ya la bonificación. Se le olvidó explicar que las familias numerosas ya no tendrán la bonificación del 45 % de las cuotas a la Seguridad Social que recoge la Ley de Protección a las Familias Numerosas, por cierto, aprobada
por el Partido Popular. ¿Qué tienen en contra de las familias numerosas? ¿Por qué recortan este derecho a las familias que más lo necesitan? ¿Esta es su defensa de la conciliación y de la natalidad? No parece el mejor momento para penalizar con
recortes a las familias en general, y aún menos a las numerosas; no es el momento de retroceder en conciliación, y no es el momento de recortar a quienes tienen más hijos, porque lo que necesitan las familias es ayuda para el cuidado de sus hijos o
de sus mayores. Si se les aumentan los costes, habrá menos contratos, se reducirán las horas, habrá más economía sumergida, más contratos irregulares y muchas mujeres -siempre las mismas- renunciarán a trabajar y volverán al hogar a cuidar porque
trabajar no les compensará económicamente. (Aplausos). Le voy a dar un dato: desde que gobierna Pedro Sánchez se han destruido 46 248 empleos del hogar. Y ¿sabe por qué? Porque las familias no pueden más.
Pedimos al Gobierno que rectifique. Pedimos que este real decreto ley -que vamos a apoyar- se tramite como proyecto de ley, y anuncio ya la enmienda del Grupo Popular para no derogar la bonificación a las familias numerosas que contraten
empleadas de hogar. Vamos a poner un ejemplo: si tomamos como referencia el salario mínimo anual para una jornada completa, 14 000 euros, más los 3600 euros en cotizaciones, a esto habría que sumar la cotización de la nueva prestación por
desempleo, que supondrá 300 euros más de gasto para las familias, 18 000 euros al año. Esto no hay familia que lo aguante. A la subida de las cotizaciones hay que sumar -que a usted le gusta mucho sumar- la inflación, la más alta en cuarenta años,
que es el impuesto más injusto que nos está dejando este Gobierno. A esta subida hay que sumar también la cesta de la compra, que es ya insoportable y afecta a las empleadas de hogar, a las familias y a todos los españoles. Solo en productos
básicos, una familia con dos hijos suma ya un sobrecoste de más de 567 euros y, en el caso de familias numerosas, es ya un drama. También hay que sumar la vuelta al cole, la más cara de la historia, con un coste medio de 400 euros por hijo. Y hay
que sumar la subida de cuotas a las hipotecas, 1400 euros de media al año. Claro que usted suma, ministra; está doctorándose en sumar cargas a las familias y cargos en el Gobierno. (Aplausos). Con ustedes la electricidad ha subido un 121 %; el
aceite de girasol, un 110 %; la harina, un 41 %; la pasta, un 31 %; los huevos, un 27 %. Por tanto, es el momento de ayudar a las familias, porque no hay peor impuesto que el que trata por igual a quienes ganan distinto.
Tome nota: la inflación se podría frenar si el Gobierno aplicara de manera inmediata la propuesta del presidente Feijóo de deflactar el IRPF para las rentas de hasta 40 000 euros. Bajen el IRPF a las rentas medias y bajas para que tengan
dinero para comprar alimentos, porque ustedes son expertos en batir récords en recaudación, cada vez más: 22 000 millones de euros más. Devuelvan ese dinero a los españoles, porque así inyectarán dinero automáticamente a las familias. Y,
anímense, copien de nuevo al Partido Popular, como ya ha hecho el PSOE de la Comunidad Valenciana, como ya hicieron en el País Vasco y como reclama Podemos en Madrid. Tienen un lío tremendo. Ustedes son un circo de siete pistas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, por favor.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Y bajen del 10 al 4 % el IVA del pescado, la carne, el aceite, la pasta y las conservas. Las familias se lo agradecerán.
Concluyo. Sí a más derechos laborales para las empleadas del hogar, sí a más ayudas a las familias y no a quitar las bonificaciones a las familias numerosas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.
Buenos días. Damos la bienvenida a las luchadoras de aquella tribuna de allí. (Señala hacia la tribuna de invitados). Dejadme que os personifique en una persona, Elsa Oblitas, de Las Libélulas, mujer incansable que luchó por estos
derechos, mujer bolivariana de mi tierra, Barcelona. (Aplausos).
Señorías del Grupo Popular, actualicen el argumentario, porque van tarde. Señorías, las trabajadoras del hogar no pagan el impuesto sobre el patrimonio y no son bancos ni grandes petroleras ni eléctricas. Son más de 373 000 personas
trabajadoras, casi todas ellas mujeres, que a partir de hoy van a tener derechos; no un derecho, no, derechos. (Aplausos). El Partido Socialista nació para dar voz a los más vulnerables, a aquellos que no tenían voz. Desde entonces, la historia
de las conquistas sociales va de la mano, evidentemente, de la historia de este país y de la historia de los socialistas.
Con este real decreto ley damos voz a un colectivo vulnerable e invisible hasta ahora: las trabajadoras del hogar. Debatimos nuevamente una de esas reformas de este Gobierno feminista con rostro de mujer. Como decía la portavoz de Unidas
Podemos, son más de 373 000 personas afiliadas, el 95 % mujeres y muchas de ellas migrantes; un colectivo muy vulnerable que se sitúa en la banda baja del empleo y con los pies anquilosados en la precariedad. Son trabajadoras muchas de ellas de
más de cincuenta años y con un futuro incierto, cotizan por una base media de cotización de 630 euros al mes y, por tanto, están abocadas a pensiones mínimas, si es que las cobran. Hoy se acaba con una discriminación de décadas, iniciamos un camino
sin finalizar para revertir esa precariedad y damos respuesta a una reivindicación histórica. Este real decreto ley equipara a las trabajadoras del hogar al resto de personas asalariadas en las condiciones laborales y también en la protección a la
Seguridad Social. Por fin, hoy ya las trabajadoras del hogar tendrán derecho a la prestación por desempleo. Era el único colectivo de personas trabajadoras que no contaba con él. Por tanto, es de justicia social. Este real decreto cumple, por
tanto, con la función del derecho al trabajo de proteger a la parte más vulnerable de la relación laboral. Tal como ha explicado la ministra, supone la conquista del derecho al desempleo, pero también al acceso al FOGASA, que las protegerá en caso
de insolvencia del empleador. Por cierto, esto de que se ha perdido la bonificación de las familias numerosas no es cierto, no mientan. (Aplausos). A partir de ahora estas trabajadoras tendrán una jornada digna, un descanso regulado, una
retribución garantizada y, evidentemente, el derecho a la prevención de riesgos laborales.
En este real decreto, además, hay un cambio de cultura política. Lo que pasa es que los señores de la derecha no se han enterado. Cotizar a la Seguridad Social no es un gasto, no es una obligación que no quieran cumplir. Ya vemos que los
señores de VOX no tienen contratadas a sus empleadas del hogar; lo acaba de decir su portavoz. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón, señalando a la bancada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común:
Eso los señores de Podemos.-Protestas). Cotizar a la Seguridad Social es proteger a la parte trabajadora, pero también a los empleadores, también a las familias numerosas.
Y, sí, señores, esto es orgullo de país. Sentimos orgullo de país. Generamos estabilidad, certidumbre, confianza, seguridad. Como ha dicho la ministra, señorías, esta es una de las leyes más importantes de esta legislatura. Les diré por
qué, es fácil. (Protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señoría.
Señor Manso, le ruego que no alce la voz de esa manera y, por favor, deje que la oradora intervenga convenientemente, como cuando usted participa en cualquier debate. Les ruego, por favor, que se mantengan en silencio mientras la
interviniente habla.
Gracias.
La señora PEREA I CONILLAS: Les decía que esta es una de las normas más importantes de esta legislatura, porque, primero, de nuevo conquistamos en este hemiciclo nuevos derechos, y, segundo,
porque es para uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral. Son señas de identidad socialista, señas de identidad progresista.
Señores del Grupo Popular, ¿qué quieren que les diga? Me vienen aquí, me sacan pecho y se dan estos golpes patrióticos diciendo que sí, que sí, que sí, pero no nos lo vamos a creer. No tenemos claro que su voto afirmativo sea sincero y con
convicción, porque precisamente vuelvo a insistir en que estamos acostumbrados a sus mentiras. (Rumores). Mienten más que hablan y la hemeroteca da fe de ello. Mienten hasta cuando votan y vivimos bajo la amenaza del señor Feijóo. El señor
Feijóo arrancó su periplo nacional ofreciendo una entrevista donde dijo -leo textualmente-: Si llego a la Moncloa, derogaré todas aquellas leyes que están recurridas ante el Tribunal Constitucional. Hablamos de una docena de leyes del Gobierno
socialista, eso sí, de los quince últimos años de gobiernos socialistas. Hablamos de la ley de igualdad, hablamos de la ley del matrimonio igualitario, hablamos de la ley del aborto, hablamos de la ley de la eutanasia. ¿De verdad que la van a
derogar? ¡Si es un derecho! No es una obligación, es un derecho. ¡Es miserable derogarla! (Rumores.-Aplausos). Bueno, puestos a derogar, ¿por qué no derogamos la reforma laboral? ¿O la ley de los derechos de los riders, por ejemplo? ¿O la de
pensiones? Bueno, aquí es que al señor Feijóo se le escapó y dijo, en una de estas entradas del principio, que iba a volver a la ley de 2013. ¡Fíjate, tú! Se le escapó. El señor Feijóo aún no se ha enterado de que esta ley de 2013 empobrecía a
los pensionistas en veinte años. ¡Eso no lo vamos a permitir, porque la ley ya está aprobada y no se va a derogar! (Aplausos).
Y disculpen si me pongo tan vehemente, pero es que ustedes no generan confianza. El señor Feijóo no genera confianza; dice una cosa y la contraria en la misma frase. (Protestas). ¡Tranquilos! Miente en la misma frase y a las pruebas me
remito. Tuvieron seis años y una crisis financiera para aprobar esta reforma, y no la hicieron. No solo no la hicieron, sino que la impidieron con la enmienda 6777 a una ley del Gobierno Zapatero que implicaba dar derechos a las trabajadoras del
hogar. Ustedes lo impidieron y retrasaron esta reforma. Y, señores de Ciudadanos, no se acuerdan de que ustedes también votaron a favor de aquella enmienda, con lo cual no se den tantos golpes en el pecho. Tuvieron seis años -¡seis años!- para
incrementar el salario mínimo interprofesional, y no lo hicieron. Tuvieron seis años para deflactar el IRPF. Hoy es una realidad, el IRPF está deflactado. No hicieron nada de lo que dijeron. (Rumores). Durante aquellos seis años recortaron
salarios a los trabajadores públicos y a las empleadas del hogar. Llegaron a recortar un 25 % en la protección por desempleo, algo miserable, a pesar de crecimiento económico del que hablaba Rajoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe ir terminando, señoría.
La señora PEREA I CONILLAS: Ya acabo.
Han votado en contra de las leyes que nos han hecho salir más fuertes: más de 20 millones de afiliados, menos de 3 millones de parados, la menor tasa de desocupación en los jóvenes, el salario mínimo en 1000 euros.
Las trabajadoras del hogar ni pagan el impuesto sobre el patrimonio ni son un banco ni son grandes petroleras ni eléctricas ni van en yate. Hoy damos voz a aquellos que no pudieron hablar en su día.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE EMPLEO. (Número de expediente 121/000112).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del Proyecto de Ley de Empleo. Les informo que los grupos parlamentarios Republicano y Plural han
solicitado la avocación de este proyecto de ley. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Buenos días de nuevo.
Comparezco ante esta Cámara para presentar el Proyecto de Ley de Empleo, una norma laboral de singular importancia, pues el empleo de calidad es sin duda el imprescindible sustrato para la recuperación
y el futuro de nuestras empresas y de nuestro país. Es un texto que plasma el compromiso de las administraciones públicas, de las empresas, de los sindicatos y de las entidades públicas y privadas con la transformación económica y social
que nos demanda nuestra ciudadanía en un contexto complejo, como saben, marcado por una pandemia y ahora por la injusta guerra de Putin en el corazón de Europa. Hablamos, señorías, de trabajos y trayectorias profesionales dignas. Esa es la senda
que marcan la reforma laboral del año 2021 y los compromisos adquiridos ante la Unión Europea en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que completan ahora la renovación de las políticas activas de empleo y del
Sistema Nacional de Empleo que consagra esta ley.
El presente texto no es solamente una ley de empleo, es una ley de empleo digno, fruto de estudios académicos e institucionales en los que han participado reputados investigadores e investigadoras de diferentes ramas científicas a las que
hoy aquí, en la tribuna, quiero darles las gracias por su colaboración; un agradecimiento que quiero extender a los interlocutores sociales y a las comunidades autónomas, que han aportado experiencia y compromiso para el diseño de este código de
conducta que regirá la intermediación y la mejora de la calidad del empleo.
Paso a exponer los principios básicos en los que se fundamenta este nuevo proyecto de ley. El primer principio que inspira esta ley de empleo es la centralidad del concepto de empleabilidad. Durante demasiado tiempo hemos tenido unas
políticas de empleo estrechas, con perspectivas cortoplacistas, que aspiraban meramente a solucionar situaciones puntuales. En esta norma, señorías, la empleabilidad tiene una dimensión mayor y un horizonte muy claro: la configuración de carreras
profesionales plenas y dinámicas. No se trata, como en el pasado, de facilitar cursillos de corta duración. La ambición es mayor, alcanza a personas empleadas y desempleadas y otorga especial atención a los procesos de crisis y de recolocación.
También conecta, por supuesto, con las empresas, con sus necesidades y con sus expectativas. Las crisis de empresa y las políticas de recolocación son, como saben, parte esencial de la reforma laboral de 2021, cuyos mecanismos de formación para el
empleo encuentran su complemento imprescindible en esta ley; una ley que contempla al destinatario de las actuaciones de los servicios de empleo como un sujeto dinámico, tratando el empleo y el desempleo no como episodios aislados, sino como parte
de la trayectoria profesional y vital de las personas.
Desde la perspectiva de la formación, se configuran interesantes mecanismos de colaboración con entidades educativas, empresariales y con todos los sujetos que puedan favorecer una integración laboral estable y de calidad, sean estos
públicos o privados; una formación en técnicas, habilidades y en capacidad de adaptación y de aprendizaje, particularmente en el ámbito de la comunicación y de las competencias digitales. Pero el elemento clave en esta ley es la configuración como
servicios garantizados de itinerarios individualizados y personalizados. Hemos hablado mucho en esta Cámara sobre esto. Teníamos un informe de la AIReF, que nunca se cumplía y también teníamos las reflexiones de la propia Comisión Europea acerca
de las razones por las que España no estaba bien situada en las políticas activas de empleo. Pues bien, esto lo corrige esta norma. Este acompañamiento personal, imprescindible para que las políticas de empleo sean eficaces, va a ser realidad por
fin en nuestro país, tal y como nos señalaba la AIReF y también la propia Unión Europea. La ley describe con detalle el alcance de estos itinerarios y, lo que es más importante, establece mecanismos para que estos sean reales, configurando un
contexto en el que exista personal orientador suficiente y adecuadamente formado. De esto también hemos hablado mucho en esta Cámara.
El segundo principio que inspira la ley es la reconfiguración de las instituciones y de los sujetos que intervienen en el Sistema Nacional de Empleo. En torno a estos nuevos sujetos se instaura una nueva gobernanza, que ha de ser más
coordinada, más realista y eficiente. El punto más relevante de esta nueva gobernanza es la creación de la agencia española de empleo, resultado, como saben, de la transformación y modernización del actual SEPE, que estará al frente de las nuevas
dinámicas de las políticas de empleo. La nueva agencia posibilitará una Administración pública en materia de empleo más eficaz y funcional basada en el cumplimiento de objetivos y en la evaluación de resultados, lo que supondrá un mejor y más
eficiente servicio público. Como saben, no solamente modernizamos y flexibilizamos esta nueva agencia, sino que podrá entablar convenios con las comunidades autónomas y también podremos incorporar recomendaciones como las que se formulan en el seno
de la propia Unión Europea, y esto es una auténtica novedad. Esta agencia se desarrollará en un nuevo contexto de relaciones institucionales con las comunidades autónomas respetando absolutamente sus competencias y, por supuesto, el mandato
constitucional, que seguirá funcionando en torno a la conferencia sectorial, pero tendrá herramientas de coordinación y actuación conjunta reforzadas en
torno a dos instrumentos: la estrategia cuatrienal de apoyo activo al empleo y el plan anual para el fomento del empleo digno.
Pero uno de los aspectos que más relevancia adquiere en la nueva ley de empleo es el papel que se otorga a las entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo, tanto entidades locales como entidades colaboradoras privadas. Es
una colaboración que desciende a la realidad del empleo en nuestro país, al lugar concreto donde se genera el trabajo y donde se crean las redes de empleabilidad. Como siempre les digo, no tiene nada que ver el modelo productivo de una comarca
gallega del interior con el de una atlántica, el de Castilla-La Mancha con el de Euskadi o el de Valencia con el de Andalucía. Por tanto, es clave que ajustemos las medidas de empleabilidad a las realidades concretas de cada uno de los lugares de
nuestro país. Acudir a la ciudad, al pueblo, al barrio, no solo tiene un efecto de mejora de la gestión, sino también en la revitalización de los territorios, lo que en el ámbito rural creemos que puede tener un efecto decisivo.
Hay otro elemento de coordinación capital en la presente ley que, como les he dicho, aporta unidad al sistema y asegura derechos plenos en el ámbito de la empleabilidad: el catálogo de servicios garantizados y la cartera de servicios. Los
servicios de empleo, con sus nuevos objetivos y finalidades, se formulan ahora como verdaderos servicios objetivos y, por eso, forman parte del catálogo de servicios, por ejemplo, perfiles individualizados, tutorización continuada, el derecho al
asesoramiento también para el autoempleo o el derecho a la intermediación efectiva y eficaz. El catálogo es un elemento de coordinación, pero es sobre todo un factor importantísimo de compromiso con la calidad de los servicios públicos de empleo.
Este catálogo de servicios garantizados, señorías, es una expresión de coherencia, coordinación y compromiso de una ley que se nutre de la realidad y de la voluntad decidida de transformar las políticas de empleo en nuestro país.
El tercer principio de la ley de empleo es la transformación de los mecanismos de intermediación por la vía de la accesibilidad y de la eficiencia. El elemento clave en la nueva dimensión de la intermediación laboral es el sistema público
integrado de información de los servicios de empleo, una completa red de información integrada por la agencia española de empleo, los servicios de empleo de las comunidades autónomas, las agencias privadas de colocación y las entidades
colaboradoras. Este sistema integrado servirá para romper las barreras territoriales y posibilitará que el portal único de empleo funcione con una gran agilidad, lo que permitirá que se equipare en su formato digitalizado y en su alcance a los
portales más conocidos de búsqueda de empleo. Esto tiene que ver, como saben, con la obligación de que se comuniquen las vacantes al Servicio Público de Empleo, fueren donde fueren, en cualquier lugar de nuestro país. Señorías, la mejora de la
intermediación y, en especial, de la intermediación de los servicios públicos de empleo, es un reto ineludible. De ahí que esta ley sea innovadora también a la hora de establecer la comunicación de vacantes, como les dije, por parte de las
empresas, pero también de convertir servicios públicos de empleo eficaces y al servicio de las personas trabajadoras y de las empresas, que es otro de los grandes objetivos que tiene esta ley.
Otro aspecto fundamental es el papel que esta ley otorga a los servicios de intermediación en el caso de actividades de recolocación en procesos de reestructuración empresarial. Como saben, los procesos de reestructuración empresarial son
momentos de gran trascendencia y la ley configura un marco de actuaciones de recolocación de gran intensidad en el que pueden intervenir múltiples sujetos configurando derechos y garantías específicos que asegurarán la máxima eficiencia de los
mecanismos de reciclaje y también de recolocación.
El cuarto principio que sustenta esta ley es el de la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales. Todo el texto ofrece una mirada transversal de género que combate en todas sus actuaciones brechas y estereotipos. La ley de empleo
es plenamente consciente de la importancia de los servicios de empleo para luchar contra la segregación por razón de género, y establece para ello, como compromiso de actuación, la progresiva eliminación de los trabajos feminizados y masculinizados,
así como su dispar valoración. Lo he dicho en mi anterior intervención: la igualdad es el proyecto más ambicioso de una sociedad y, por eso, esta ley se articula frente a todas las discriminaciones no solo por razón de género, sino también por
razón de edad, de discapacidad, de orientación sexual o de etnia. Se configuran como posibles beneficiarios de actuaciones prioritarias colectivos de emigrantes, beneficiarios de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género,
personas en situación de exclusión social o el colectivo de personas que han abandonado los servicios de empleo. También son colectivos prioritarios las víctimas del terrorismo y las personas mayores de cuarenta y cinco años. A estas últimas
déjenme que las destaque especialmente, porque nuestro país no puede permitirse el lujo de prescindir de ellas justo
cuando alcanzan probablemente el mejor nivel de profesionalidad. Como anuncié en esta misma Cámara el pasado lunes, serán objeto de especial atención en la labor del Ministerio de Trabajo y Economía Social y también en el marco del diálogo
social con los agentes sociales. Es una ley que quiere actuar como motor de la igualdad real y efectiva en nuestro país.
Finalmente, el quinto y último principio al que quiero hacer referencia es el relativo a los sistemas de evaluación de las políticas, actuaciones y objetivos, así como los compromisos de esta ley. La evaluación correcta de las políticas de
empleo ha sido uno de los grandes elementos ausentes en anteriores legislaciones en torno a esta materia. La presente ley de empleo no solo establece un rotundo compromiso con la evaluación, sino que establece obligaciones concretas de evaluación
para todas y cada una de las actuaciones que contempla. La evaluación de las políticas de empleo dejará de ser una cuestión secundaria y formará parte natural de todas las medidas que se adopten.
Concluyo, señorías. La nueva ley de empleo que hoy traigo a su consideración es fruto de una nueva mirada sobre la empleabilidad, pero sobre todo lo es sobre el eje de una transformación estructural de las políticas activas de empleo en
nuestro país. Son políticas activas porque toman la iniciativa, porque combaten la resignación, porque trascienden soluciones caducas que simplemente parcheaban los periodos de desocupación y se empeñan en generar auténticas oportunidades de
empleo. Son políticas activas porque se adaptan a un tiempo en el que la digitalización de nuestras vidas es una realidad y en el que los modelos productivos y su relación con los territorios han cambiado definitivamente.
Vamos a contar con una agencia española de empleo que modernizará su estructura y digitalizará sus herramientas y contenidos para ganar en rapidez, agilidad y flexibilidad. El objetivo es muy claro y no atañe solamente a las personas
desempleadas, como he dicho ya, sino también a las personas con empleo implicadas en procesos de cambio o de reinvención profesional. Esta ley pone en primer plano la formación y tiende puentes con administraciones, empresas y entidades
públicoprivadas para alcanzar ese gran objetivo, que es el empleo y la contratación. Lo hacemos con un diálogo explícito y enriquecedor entre todos los actores de este proceso en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad, conectando la oferta con
la demanda de empleo de la mano de las entidades locales -recuerden que era de una de las críticas que se nos hacía desde la Unión Europea y también en las consideraciones de la AIReF-, porque son sencillamente las más implicados en el día a día de
las personas. Se hará con formación continua, con seguimientos y tutorías personalizadas y, como les he indicado, con un sistema de evaluación y de auditorías anuales que permitirán implementar todos los procesos, herramientas y soluciones
aplicadas a la mejora de la empleabilidad.
Señorías, les pido su apoyo a un proyecto de ley que lleva en su interior el esfuerzo colectivo de nuestra sociedad por vencer la incertidumbre y el desánimo. Es una ley que no se resigna, que restaura la confianza en las soluciones al
empleo y que nos demuestra que entre todas y todos podemos lograr más y mejores trabajos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución al citado proyecto de ley. Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. (Aplausos).
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías y señora ministra. Si me lo permiten, antes de entrar en materia, les voy a manifestar algo en un tono coloquial: ¡cómo huele a presupuestos! ¡Cómo huele a presupuestos! Se lo digo porque asistimos a cómo algunos
grupos parlamentarios comienzan ya a replegarse y a retirar iniciativas parlamentarias contrarias al Gobierno. Esa es la cara a del asunto, pero la que nos gustaría conocer es la otra, la oscura, la que no se ve. ¿A cambio de qué han retirado su
enmienda a la totalidad a esta ley del desempleo, señores del PNV? Porque es una ley del desempleo. ¿A cambio de una veintena de enmiendas, como dice la prensa, o a cambio de algo más? ¿Cuánto nos va a costar al resto de los españoles mantener
sus privilegios y sus singularidades? Como ven, con el Gobierno de Pedro Sánchez en España gobiernan las minorías por un puñado de votos que les mantenga artificiosamente unos meses más en la Moncloa. Nada nuevo con el PNV. Señorías del PP,
fíjense.
En cuanto al proyecto de ley que se nos presenta, a nuestro modo de ver ya empieza mal porque trae el título equivocado, pues de su lectura inferimos que es una ley del desempleo que regula el paro y las administraciones públicas que lo
gestionarán. Sin embargo, en absoluto percibimos medidas que realmente
ambicionen generar empleo estable y de calidad con propuestas claras y concisas, siendo esta la cuestión prioritaria y nuclear en España.
Nuestra enmienda a la totalidad del proyecto de ley -que imagino se habrán leído, o no- se presenta como una denuncia al espíritu político y filosófico de una iniciativa sectaria e ideológica que rebatimos en nuestro texto con argumentos.
Su proyecto de ley conforma un entramado normativo que va dirigido a una arquitectura administrativa que gestione el desempleo. Frente a lo que se cabría esperar de una ley de empleo que promocionase el crecimiento del trabajo de calidad, el texto
se limita a presentar políticas activas de empleo insuficientes en un nuevo marco de instituciones para regularlas y que generarán más ineficiencias, duplicidades administrativas y mayor gasto público innecesario. En este escenario, la perversa
ideología del Gobierno de España impregna el conjunto del cuerpo normativo planteado en el que la discriminación entre los españoles es la protagonista del modelo laboral que plantea. (Aplausos). El texto no maneja ni una sola medida que genere
crecimiento del mercado de trabajo ni mejoras en la protección de los trabajadores españoles. El análisis de las carencias y deficiencias del mercado laboral es vago e impreciso, al tiempo que no propone soluciones de calado que brinden respuestas
en el largo plazo. Sin embargo, ya vemos a diario cómo la ministra se aplaude a sí misma por lo bien que, según ella, está funcionando el mercado laboral gracias a su seudorreforma, pues, con darle un poco de tinta y maquillaje rebautizando los
contratos de trabajo, presume de un mercado laboral estable en el que se multiplican los contratos indefinidos. Claro, señora ministra, usted ha prohibido hacer contratos temporales y los ha penalizado. Es decir, usted estimula la contratación
indefinida a golpe de sanción, con lo cual no favorece los contratos a largo plazo, sino que castiga la contratación temporal. El estímulo, por tanto, que usted ofrece a la contratación indefinida es una sanción a la otra contratación. (Aplausos).
De modo que, por lógica, las empresas huyen de la penalización. Es una cuestión de supervivencia y de lógica. No hace falta ser muy inteligente para llegar a esa conclusión, señora ministra. El miedo y el temor a sus sanciones son el único
estímulo que usted ofrece a las empresas para llevar a cabo contratos indefinidos. Así actúa usted, en lugar de promover el clima propicio basado en la seguridad jurídica a largo plazo e incentivos reales a la contratación estable. Es decir, este
Gobierno, en vez de premiar la excelencia, castiga la desobediencia a sus imposiciones. De manual de comunismo. En ese sentido, las empresas, como usted sabe, se ven obligadas, sí o sí, a esos contratos denominados indefinidos, lo que no supone
que se vayan a extender en el tiempo ni que sean estables porque, como bien sabe usted, las empresas, si no pueden asumir los costes, además de ajustar el consumo de energía, también ajustan las plantillas mediante despidos, desgraciadamente. Usted
sabe lo que ha subido la factura de la luz, los insumos, el precio de las materias y el combustible. No, no lo sabe, usted no lo sabe porque vive en su mundo de fantasía. Me gustaría saber si usted sabe el dolor que supone para cualquier autónomo
o para cualquier pyme despedir a un trabajador. A lo mejor no tiene ni idea porque, como nunca ha contratado a un trabajador, tampoco sabe lo que supone despedirlo. (Aplausos). Por tanto, no hemos de fijarnos en el nombre del contrato en sí, sino
en que la duración real y efectiva del mismo sea a largo plazo. Le invito a que haga usted ese análisis y nos lo traiga un día aquí a la Cámara en una comparecencia. ¿Cuál es la duración real de los contratos indefinidos, en media, que se han
firmado a partir de su reforma laboral? Pero los indefinidos de verdad, no esos fijos discontinuos de los que usted habla que existen ya hace décadas y que no los ha inventado usted, señora ministra. Un fijo discontinuo es un contrato temporal
acumulado en el año, nada más. Usted no deja de hacerse trampas al solitario. Tráiganos esa estadística y comprobará la realidad de la estabilidad del mercado laboral en España. Se la voy a adelantar. Ante la imposibilidad, como he dicho, de
hacer contratos temporales para satisfacer las necesidades temporales algunas empresas recurren a esa contratación indefinida, pero, días antes de que acabe el periodo de prueba, prescinden del trabajador sin tener que asumir una indemnización. El
número de personas que causa baja por no superar ese periodo de prueba se ha multiplicado -se lo dije hace dos semanas ya- por nueve con respecto al año pasado, antes de que entrara en vigor su reforma. El periodo de prueba dura, en función de los
puestos, entre dos y seis meses y, desde julio de 2021 hasta julio 2022, esa causa para el cese de contratos se ha incrementado en más de un 900 %. También vamos a destacar el aumento general de los despidos por causas objetivas en un 234,7 %,
bajas voluntarias en un 258 % e involuntarias en un 320,9 %. A usted le gustan los datos y yo se los doy para que se los vaya estudiando. (Aplausos). De modo que, a mayor abundamiento y como no podría ser de otra forma, esta ley que hoy
enmendamos va en su línea de creación de más organismos públicos, que generarán duplicidades administrativas y más gasto público innecesario en momentos en los que los españoles no llegan a fin de mes.
Y, cómo no, la ideología de género desbocada, con una fracturación del mercado laboral en lo que ustedes llaman colectivos, etiquetando a los trabajadores por un solo rasgo que, curiosamente, casi siempre coincide con el sexo o la
orientación sexual. ¡Qué obsesión tienen ustedes con esto! ¡Es que ya resulta cansino y enfermizo! (Aplausos). Nosotros decimos no a la introducción de criterios de género en la legislación laboral y no al seguidismo acrítico de las posiciones de
la Agenda 2030 en aras de una supuesta nueva sociedad, que ni es nueva ni es sociedad, en tanto pretende enfatizar las diferencias de quienes son iguales en la asunción de derechos, responsabilidades y libertades. Las personas somos personas y
todas tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos, atendiendo a esa condición de persona. Los mismos derechos para acceder a un puesto de trabajo, para acceder a la educación y para acceder a la sanidad, independientemente de nuestro
sexo, de nuestras creencias y de nuestra raza y ya reza así en nuestra Constitución. Por tanto, su ley es claramente discriminatoria porque, en lugar de garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a un puesto de trabajo, lo que hace es
priorizar a unos sobre otros en función de si determinados rasgos o características de unas personas a usted le gustan más o menos que otras; es decir, políticas de enfrentamiento. Eso que usted llama inclusión, en realidad es exclusión de la
esfera de sus políticas a una parte de la sociedad. (Aplausos). Cambie el concepto de inclusión por el de igualdad de oportunidades y les irá bastante mejor a los españoles.
Respecto a la realidad del desempleo que usted pretende gestionar con esta ley absurda -fíjese si será mala la ley que hasta los sindicatos que usted tiene a sueldo en su ministerio se han quejado y así lo han dicho- usted debería incidir en
los datos del paro de las personas mayores de cuarenta y cinco años -que sí las ha mencionado usted antes- y en los de los jóvenes para que puedan encontrar un trabajo estable y de calidad con una remuneración acorde a su cualificación digna que les
permita, a los primeros, mantener una vida laboral suficiente hasta la edad de jubilación y a nuestros jóvenes labrarse un futuro. Por cierto, se desprende de la ley que para usted los jóvenes extutelados, fundamentalmente extranjeros, tienen
prioridad sobre el resto; otra inclusión excluyente más, ¿verdad? Mire, un sindicato equis, de los suyos, denuncia que las personas en paro de larga duración continúan viviendo un drama en nuestro país, personas que rondan un millón y medio, que
llevan más de un año buscando empleo, mientras que más de 600 000 llevan más de cuatro años, una cifra alarmante. Para este sindicato la solución a este drama social pasa por mejorar una ley de empleo insuficiente y que se ha aprobado sin diálogo
social mediante el impulso de políticas activas de empleo que sean más eficaces, que se adapten a la realidad específica de cada persona y que logren una rápida reinserción laboral, pues las personas paradas de larga duración, sin posibilidad desde
hace tiempo de obtener un empleo, como saben, se ven atrapadas en una espiral que, además de comprometer su supervivencia económica, daña su salud mental y, por tanto, merma su papel en la sociedad y su dignidad. Pero ustedes dale que te pego al
género, que es lo que les va. El proyecto de ley no pone el foco en la igualdad de los españoles y ni siquiera lo pretende. Como acabo de decir, estos sectores, jóvenes y mayores de cuarenta y cinco años, son los que merecerían la atención
prioritaria de un Gobierno responsable y verdaderamente ceñido a atender las necesidades de quien tiene más dificultades para encontrar un trabajo.
La regulación de una materia tan trascendental como el empleo precisa de seriedad, imparcialidad y sentido de Estado para poder llevarse a cabo en las condiciones adecuadas. Asimismo, requiere de ambición, ilusión y voluntad para
despojarnos de ese paro estructural que padecemos en España, alimentado por un sistema que se ha dejado llevar por las veleidades ideológicas de la izquierda contrarias al esfuerzo, a la meritocracia, al trabajo duro y a la progresión material.
(Aplausos). Los valores como el esfuerzo, el mérito y la innovación deben abanderar el empleo digno, teniendo como meta permitir un correcto desarrollo de la iniciativa empresarial, al tiempo que se fortalece la protección de los trabajadores y,
correlativamente, de las familias españolas mediante la estabilidad y calidad de los puestos de trabajo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Termino. Pero hay esperanza y pronto los españoles podrán decidir su futuro y lo harán con sentido de la responsabilidad porque en España, como en Europa, es el tiempo de los patriotas.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, nosotros apoyaremos la tramitación de este proyecto de ley al que presentaremos, no obstante, enmiendas para que integre la perspectiva de las áreas despobladas, así como sus problemas de empleo y las dificultades
para generar y atraer talento.
De este proyecto de ley nos preocupan muchas cuestiones, pero quiero destacar dos. Por un lado, la imperiosa necesidad de que el Servicio Público de Empleo Estatal salga de la rutina y funcione con niveles de excelencia para que las
personas que están en paro puedan encontrar un camino de asesoramiento y formación y, sobre todo, un puesto de trabajo. Es imprescindible que las políticas activas de empleo conecten con la realidad de la calle. Por otro lado, nos preocupa su
proyección sobre los territorios de la España vaciada. Las dificultades para encontrar empleo y la falta de oportunidades laborales marcan el día a día de muchas personas que viven en el medio rural y en las provincias despobladas. Aunque hay
contrastes entre unas comunidades autónomas y provincias, en un cierto número de municipios rurales, curiosamente, las tasas de paro son bajas, sí, pero es que en esos casos hay muy pocos demandantes de empleo porque, sencillamente, se han marchado.
La existencia de empleo y de oportunidades laborales es el mejor recurso para revertir la despoblación, pero en la actualidad en estas provincias escasean ambos, tanto el empleo de calidad como las oportunidades, en especial para las mujeres,
mientras que la emigración de los jóvenes formados y la pérdida de talento es un rasgo propio de la España vaciada. Por lo tanto, generar oportunidades de empleo para las personas que residen en las áreas despobladas y contribuir a cerrar esta
brecha de empleabilidad que se abre entre las posibilidades de las grandes ciudades y las dificultades de las áreas despobladas debería ser un objetivo prioritario de las políticas de empleo que impregnan el conjunto del proyecto de ley.
Buena parte de los territorios de la España vaciada requieren una atención prioritaria en políticas de empleo, en línea con el artículo 1 del proyecto de ley, que propone contribuir a la creación de empleo y reducción del desempleo, mejorar
la empleabilidad, reducir las brechas estructurales de género e impulsar la cohesión social y territorial, y también en línea con el artículo 53, que en su punto 3 indica que, con carácter general, las políticas activas de empleo promoverán el
empleo de calidad, la contratación indefinida y a jornada completa, los salarios dignos, así como la movilidad geográfica hacia zonas rurales despobladas o en riesgo de despoblación. Ese es el camino, señora ministra, que hay que explorar para que
el mecanismo de garantía rural esté presente en todo el contenido de este importante texto legislativo. Por ello durante la tramitación presentaremos enmiendas con el fin de que estos objetivos queden recogidos en el articulado de la ley de manera
adecuada y alcancen a las políticas activas...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
El señor GUITARTE GIMENO: ... de empleo en su dimensión local y al contenido de los planes anuales para el fomento de empleo e igualmente esté también contemplada en los objetivos de los servicios y programas que gestionará la Agencia
Española de Empleo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, no hay ninguna duda de que en materia de empleo España tiene asignaturas pendientes que han lastrado y lastran el progreso de la sociedad. El cambio tecnológico y la modificación del actual catálogo de ocupaciones
y oficios exigen a todas las instituciones públicas y privadas invertir y asumir el reto del acompañamiento y la recualificación personalizada de nuestras fuerzas de trabajo. Se precisa de una profunda reforma del mercado laboral y un cambio
radical en las políticas de empleo. Por ello nosotros no podemos decir otra cosa más que ya era ahora. Sin embargo, anuncio ya que registraremos enmiendas al texto porque, una vez más, se olvidan de las singularidades de Canarias, empezando por
los cabildos insulares, con amplias competencias transferidas de la comunidad autónoma, que juegan y han jugado históricamente un papel determinante en el desarrollo socioeconómico de cada una de las islas, por lo que exigiremos que sean tenidos en
cuenta como agentes promotores e impulsores que son de la formación y ocupación vinculada a las características y demandas particulares de cada uno de los territorios insulares. El papel de los cabildos y su participación en el desarrollo de las
políticas activas de empleo deben estar definidos en la nueva ley. Las dinámicas de empleo en las islas son sustancialmente
particulares y frágiles a cualquier incertidumbre económica. La lejanía, la fragmentación y el limitado y protegido territorio reducen las posibilidades de desarrollo y reducen la especialización a pocos sectores posibles y sostenibles.
Los territorios RUP tienen por ello consideraciones especiales económicas y fiscales que tratan de combatir las altas cifras de desempleo y pobreza en todas esas regiones europeas. Pediremos, por tanto, que la estrategia española de
activación para el empleo tenga en cuenta las particularidades de los archipiélagos y cuente con estrategias específicas que respondan a su singularidad.
Debo confesarle que mi mayor sorpresa ha sido descubrir que aquí sigan sin enterarse de que el Plan Integral de Empleo de Canarias no es una herramienta graciable ni caprichosa, sino que responde a la necesidad de un territorio insular
ultraperiférico con medidas diferenciadas que permitan a su población acercarse en igualdad a las oportunidades al territorio continental, motivo por el que Canarias cuenta con un régimen económico y fiscal diferenciado que ha cumplido ya cincuenta
años y que es de obligado cumplimiento. Nuestro REF establece la obligación de aplicar medidas dirigidas a la disminución de las altas tasas de paro estructural de una comunidad singular.
El PIE debe estar garantizado y no cabe la expresión 'podrá participar' tratándose de un derecho de los canarios y canarias recogido en su estatuto y en su REF. Esto es innegociable porque hasta ahora el actual ministro y el actual Gobierno
han cumplido, pero en determinados momentos no se cumplió, y no tenemos que dar las gracias por ello porque es un derecho de los canarios y hay que tenerlo garantizado en el futuro, como estuvo en la anterior Ley de Empleo con la condición de región
ultraperiférica de Canarias y también en el tratado europeo y en las políticas europeas de empleo.
Por todo ello, nosotros vamos a presentar estas enmiendas a este proyecto de ley y estamos barajando, porque creemos que tiene peso la enmienda del PNV, nuestro voto a lo largo de la mañana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, egun on guztioi. Voy a dividir la intervención en dos partes: en la primera voy a referirme a la enmienda a la totalidad que la extrema derecha ha presentado y en la segunda hablaré de los propios contenidos de la Ley de Empleo.
Con respecto a la primera, les haré una confesión. Seguramente no soy el único, pero sucede que en muchos pasajes de los debates que se dan en las largas sesiones de este Congreso a uno lo que aquí oye o lo que lee en los textos le evoca otras
situaciones, otros momentos o incluso otras realidades, y se establecen paralelismos. Estos días, que vengo oyendo hablar tanto de la hora de los patriotas o del tiempo de los patriotas, yo no puedo olvidar a François Pignon y La cena de los
idiotas. Son curiosidades que pasan. Lo mismo me ha ocurrido cuando he leído este texto -yo lo he leído-, porque no podía sino imaginar que quien había escrito esto era Adenoid Hynkel desde su trono en Tomania y que lo hacía dentro del papel que
jugaba en la película El gran dictador, de Charles Chaplin. Pero he podido constatar algo más. En este texto han decidido exorcizar todos sus demonios, regurgitar sus más bajas pasiones y al final presentarnos una miscelánea que recoge todas las
teorías QAnon, las teorías del Tea Party, o incluso las teorías más extrañas de Europa, para poder así hablar de globalismo, de la Agenda 2030 y, cómo no, de la teoría de El Gran Reemplazo, porque eso es, en definitiva, el texto de la enmienda a la
totalidad que se nos presenta.
Por ir a algunos pasajes del mismo, se nos dice que el texto es ideológico. Claro, las señorías de la extrema derecha no tienen ideología y son almas cándidas que buscan el bienestar de todos y todas únicamente; no hay ideología detrás de
la extrema derecha. Además, para más inri, utilizan a un pensador, Roger Scruton, que no es sino el fundador de The Salisbury Review y que no es sino quien acusó a Margaret Thatcher de ser demasiado progresista; había que ser más conservador.
Pero, claro, no tiene ideología la extrema derecha.
Se extrañan y casi se ofenden de que en esta Cámara, con bastante elemento de recurrencia, se les señale que sus discursos son xenófobos y machistas, pero, si uno ve el texto que han presentado, se encuentra perlas como esta: donde la ley
dice que hay que establecer objetivos para favorecer la integración social de las personas migrantes, que parece algo razonable, ellos confieren que se está priorizando a los jóvenes extranjeros por encima de los españoles. Pero no, no son
xenófobos. Van más allá. En la página 10 dicen que es necesaria una regulación de la inmigración para que sea legal, ordenada y según las necesidades del mercado laboral. Son piezas, no son personas. Pero van más allá, utilizan la
palabra ordenada, y otra vez, evocando otras realidades, uno se acuerda de cuando los nazis, los neonazis y los racistas decían que los negros tenían que estar en África y los europeos en Europa, pero que ellos no eran racistas, sino
ordenados. Pues esa es un poco su realidad.
Cuando hablan del machismo les pasa algo parecido, porque hacen una cosa curiosísima y es dar la vuelta al artículo 35 de la Constitución española para invertir la carga de la prueba, y entonces dicen que, como en ese artículo, aparte de
señalar el derecho y el deber del trabajo de todos los ciudadanos del Estado español, también se dice que no tiene que haber discriminación por razón de sexo, cualquier política de acción positiva que se haga es en sí misma una discriminación y, por
tanto, incumple la Constitución. Es difícil encontrar delirio mayor.
Es verdad que en el texto intentan mostrar una cierta empatía o comprensión hacia la clase trabajadora, y hablan de la libertad de relación entre empresarios y trabajadores, que parece que se está dando ahora. ¡Que les pregunten a los
condenados en Xixón de la CNT por esa relación tan amable y tan cordial entre empresarios y trabajadores! Pero dicen más cosas, dicen que hay que buscar empleos estables, duraderos y de calidad y para eso se les ocurre, también en la página 10 de su
iniciativa, la reducción de las cotizaciones sociales de los empresarios y no de los trabajadores, que supongo que tendrán salarios más bajos que los empresarios. Es decir, que sean los empresarios quienes no coticen a la Seguridad Social y luego
ya veremos qué cobran los trabajadores cuando vayan al desempleo. Probablemente esto va en sintonía con lo que sus amiguitos de Italia, entre ellos la señora Meloni, están planteando estos mismos días, que es retirar la renta de garantía, que es el
equivalente al Ingreso Mínimo Vital o la Renta de Garantía de Ingresos de la CAV, para las personas que en Italia la disfrutan. Toda comprensión para la clase trabajadora.
Y van más allá, hablan de la cultura del esfuerzo, de la meritocracia, del trabajo duro y de la progresión material. Si he dicho al inicio que todas estas cosas me evocan pasajes de la historia o pasajes de otras realidades, no negaré que
esto también me lo ha hecho, porque, al final, hablar de trabajo duro, progresión material, meritocracia y esfuerzo se parece bastante seguramente a lo que, quienes pusieron arbeit macht frei en Auschwitz, querían señalar: 'El trabajo os hará
libres'. En definitiva, pretenden ponerlo todo patas arriba con su iniciativa, como ya hizo el inspirador de la que parece que va a gobernar Italia. Realmente, el único que acabó patas arriba en esa ocasión fue él en una gasolinera de Milán.
Pero me centro ya en la propia Ley de Empleo, que plantea diferentes elementos, y yo quiero señalar solo algunos porque me quedan escasos dos minutos. Habla de las políticas activas de empleo y nos parece bien, pero siguen faltando las
políticas pasivas, sigue faltando que se haga caso al mandato de la sociedad vasca y al mandato del Parlamento vasco, por ejemplo, con una moción de 2017 a iniciativa de Euskal Herria Bildu -ha habido más iniciativas del propio Gobierno vasco y de
otras, pero por coger esta misma de 2017- que instaba al Gobierno del Estado a transferir las políticas pasivas de empleo. Esto lo propuso Euskal Herria Bildu, pero lo apoyaron el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y
Unidas Podemos. Por tanto, no tendría que ser difícil que aquí se pudiera dar ese paso con las fuerzas que conforman el Gobierno.
Hablan también de la eficacia de los servicios públicos y de empleo y de dotarlos de más recursos humanos y materiales y está bien y estamos de acuerdo. Creo que es bueno que se sepa que en el Estado español la ratio de trabajador de los
servicios públicos de empleo por cada demandante de empleo es de un trabajador para 330 personas; en el Reino Unido es de uno para 22 personas; en Alemania, de uno para 47 personas, y en Francia, de uno para 66 personas. Hay mucho trabajo, por
tanto, que hacer.
Nos parece bien que se hable del empleo de calidad y de la colocación adecuada porque es importante no penalizar a los parados que no aceptan cualquier oferta a cualquier precio, obviando el Salario Mínimo Interprofesional y obviando la
distancia que tienen que recorrer. No hay que olvidar que la necesidad obliga a aceptar ofertas de empleo que no son decentes, y lo que hay que hacer es no obligar a los trabajadores, sino protegerles, porque esa es la verdadera realidad, la de la
lacra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Termino. Hablan también de la igualdad de oportunidades, y nos parece bien. Creemos que hay que hablar de la corresponsabilidad en el trabajo y de cuidados. Todas estas cosas que he señalado las
referiremos en enmiendas.
Termino con una cuestión. En esta Cámara muchas veces solemos hablar de que con el diálogo social, todo, y sin el diálogo social, nada, y parece que quienes a veces votamos en contra de cosas que no vienen avaladas por el diálogo social nos
situamos enfrente de la realidad de la clase trabajadora. Hoy
voy a votar esto porque, aunque no cuenta con el apoyo del diálogo social, creo que estoy haciendo un favor al conjunto de la clase trabajadora. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Eguerdi on.
Buenos días nuevamente a todos, señoras y señores diputados. Dice la exposición de motivos de este real decreto ley que se impulsa como consecuencia del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objeto es
impulsar en el marco del diálogo social la reforma del mercado laboral, adecuarlo a la realidad y a las necesidades actuales, corregir sus debilidades con la finalidad de reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad,
mejorar el capital humano y modernizar la negociación colectiva y aumentar con ello la eficacia y eficiencia en las políticas públicas de empleo.
Por eso, dentro de estas propuestas se incluye la de potenciar los instrumentos del Sistema Nacional de Empleo, las políticas activas de empleo y también la gobernanza del sistema, así como reforzar o implementar las actuaciones previstas en
el plan de políticas activas de empleo. En ese sentido, como señala de forma expresa la exposición de motivos, aunque luego no se lleva a su disposición final décima, entendemos que el marco competencial confeso de este texto es el de las políticas
de empleo, entendidas en el sentido de lo que señala la propia exposición de motivos, y, por ello, el de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica que contempla el artículo 149.1.13 de la Constitución y, en
consecuencia, también el artículo 10.25 de la Comunidad Autónoma del País Vasco y su competencia exclusiva sobre promoción de desarrollo económico y planificación de la actividad económica, de acuerdo con la ordenación general de la economía. De
esta manera, también se acepta cierta separación del ámbito de lo estrictamente laboral, aunque no sea característico en las políticas de empleo, y también se evita limitar la capacidad de actuación autonómica a la mera ejecución de la legislación
laboral.
Es precisamente esta caracterización que acabo de realizar la que en su día llevó a mi grupo a presentar una enmienda de totalidad a este planteamiento -mejor dicho, la ausencia-, al entender que aquellas determinaciones relativas a la
gobernanza del sistema, a sus instrumentos de planificación -en especial, la caracterización de los servicios públicos de empleo y la definición de su estructura organizativa-, a la de su personal o incluso en lo que hace al desarrollo de políticas
activas de empleo, al contexto regulatorio de la empleabilidad desde su definición hasta la definición del catálogo de servicios incurrían en un exceso incompatible con el reparto competencial existente e incluso con las transferencias ya efectuadas
a la Comunidad Autónoma del País Vasco a través del Real Decreto 1441/2010. A ese efecto, conviene recordar que los servicios traspasados a Euskadi son ni más ni menos que la totalidad de las funciones que, en relación con la ejecución de la
legislación laboral en materia de trabajo, empleo y formación profesional para el empleo viene realizando la Administración del Estado a través del SEPE y en su pormenorización, que incluye las de intermediación laboral, fomento y apoyo al empleo,
formación profesional para el empleo, centros de formación profesional, comisiones ejecutivas del Servicio de Empleo Estatal, seguimiento e información de la contratación laboral e, incluso, el ejercicio de la potestad sancionadora.
En ese sentido, creemos que el artículo 7 de este texto también diferencia realidades conceptuales como son la política de empleo, el fomento de empleo y la legislación laboral, correspondiendo a la Comunidad Autónoma del País Vasco en
nuestro caso y posiblemente, como ha reclamado la señora Oramas, también a otras comunidades autónomas, la organización de esos servicios, su estructura y su personal tanto si actúan en funciones de ejecución como si lo hacen en la ordenación de su
actividad económica. A eso se añade en lo que hace a su financiación que el proyecto de ley omite la específica caracterización de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya que, a efectos de financiación de esos costes asociados a los programas y
actuaciones en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional, esta se remite en la propia transferencia al porcentaje correspondiente al índice de imputación utilizado para el cálculo del cupo, de acuerdo a la Ley 12/2002, por la que
se aprueba el Concierto Económico. Por ello y como debieran de saber quienes no entienden pero sí critican esta herramienta, el País Vasco no participa en la Conferencia Sectorial de Empleo, en la que se distribuyen los fondos destinados al
sostenimiento de dichos servicios, sino que es su propio presupuesto el que sostiene la totalidad de los servicios transferidos. Señora ministra, es a los vascos a quien corresponde su financiación íntegra, y en ese sentido no recibimos ni un solo
euro de ninguna instancia española.
Lo cierto es que buena parte de estas objeciones han sido ya objeto de debate con el ministerio, y no es solo su disposición al diálogo sino también al acuerdo la que nos ha conducido a un entendimiento a la hora de poder plasmar en las
futuras enmiendas parciales todos estos aspectos que hacen del sistema vasco de empleo un sistema singular. Y es singular; no decimos que sea ni mejor ni peor, sino singular. Por ello, lo que reclamábamos en la enmienda a la totalidad era el
respeto a ese ecosistema propio, razón por la que, una vez llegados a determinado grado de entendimiento, hemos considerado conveniente retirar nuestra enmienda; por eso y porque, evidentemente, la política consiste en llegar a acuerdos. Además de
rechazar con absoluta contundencia el contenido delirante de una propuesta de enmienda a la totalidad de VOX, consideramos que la capacidad de entendimiento desde esta tribuna pero también fuera de ella, en el marco del diálogo que se produce en
todas las instancias, es lo que caracteriza a una política sana, a una política conducente al entendimiento, a una política que se dirige a la satisfacción de los intereses de todos y cada uno de los individuos, no de los patriotas, tampoco de los
patriotas españoles. Ni soy patriota ni soy español, eso lo tengo muy claro, pero, en todo caso, sí voy a intentar obtener, con el ejercicio de mi actividad parlamentaria y el diálogo, la satisfacción de las garantías que a los hombres y las
mujeres que buscan empleo, que necesitan algún grado de protección social puedan obtener a través de mi actividad política, la mía y la de mi grupo.
Por eso, evidentemente, solventadas aquellas diferencias y retirada la enmienda a la totalidad y, desde luego, rechazada con contundencia la delirante propuesta de VOX, desde luego votaremos en contra de esta enmienda a la totalidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Presidente, señorías, vicepresidenta, buenas tardes ya.
Hablamos de empleo, del gran problema español, el talón de Aquiles de nuestro país. Y leo la iniciativa legislativa que presenta el Gobierno y también leo la enmienda a la totalidad de VOX, y se me cae el mundo a los pies al ver que estamos
ante la enésima oportunidad perdida para España. Miren, no es que lo pidamos los que queremos serias reformas. Cualquier ciudadano con sentido común sabe que modernizar las políticas activas de empleo es imprescindible y urgente. De ahí,
señorías, la decepción, porque este proyecto de ley tiene más de rimbombante que de revolucionario. Hasta la denominación que le han puesto, Ley de Empleo, es todo un exceso, como si fuera una ley omnicomprensiva y salvadora del mercado laboral.
Señorías, ¿saben ustedes que en ningún momento de las últimas dos décadas España ha logrado bajar de un 20 % de parados que llevan al menos un año buscando empleo? Son 20 años y el 20 % de parados. Son unas cifras vergonzantes, que no
esconden que las políticas activas de empleo no están funcionando; unas cifras vergonzantes, que ponen de manifiesto cómo el bipartidismo se ha negado sistemáticamente a hacer unas reformas profundas y de calado. Hay una alevosa complacencia, que
se traduce en sufrimiento y necesidad para muchos españoles. Según la EPA -atención-, estamos a dos puntos porcentuales escasos de que la mayoría de parados en España sean ya de larga duración. Es trágico y hay que revertirlo con urgencia y
medidas valientes, vicepresidenta. Necesitamos superar de una vez por todas la apatía y los parches del bipartidismo. Necesitamos ideas nuevas, hacer reformas valientes, modernas y eficaces, y necesitamos, señorías del PSOE y señorías del PP, que
digan la verdad a los españoles, mirándoles a los ojos, hablándoles como adultos y con sinceridad.
En Ciudadanos ya no sabemos qué más hacer para denunciar la precariedad y la falta de oportunidades de nuestro mercado laboral. Siempre hemos defendido que España tiene la obligación de revolucionar las políticas de empleo y formación para
que realmente ayuden a los desempleados y les sirva para encontrar un trabajo. Desde que entramos en esta Cámara en el año 2015 no hemos parado de proponer reformas, y ahora les vuelvo a contar alguna, así que atentos, cojan lápiz y papel, porque
luego podrán copiarlas: uno, hay que dotar a los servicios públicos de empleo de un sistema de perfilado estadístico y orientación laboral individualizada para adecuar la formación a las necesidades de cada desempleado, y no a las necesidades de
los sindicatos; dos, hay que utilizar los datos disponibles de las administraciones públicas y colaborar con el sector privado para que los trabajadores encuentren trabajo con más facilidad, cruzando la oferta y la demanda; tres -esta les va a
gustar, señorías del Partido Socialista-, debemos ser capaces de evaluar de forma sistemática todas las políticas de empleo, acabando de una vez con los cursos inútiles; cuatro -esta también les va a gustar-, debemos acabar con el fraude de los
cursos de formación,
poniendo los recursos para la formación directamente en manos de los desempleados; cinco, hay que premiar a aquellos centros de formación con mejores resultados de empleabilidad. Son cinco ejemplos que le traslado, vicepresidenta.
Compartimos con ustedes el objetivo de la ley, pero hay muchos aspectos que nos generan dudas. Algunos nos parecen interesantes, entre comillas. Por ejemplo, ¿nos pueden explicar de qué manera la conversión del SEPE en una agencia traerá
automáticamente un servicio más digitalizado y moderno? Supongo que por arte de magia, porque cambiar un régimen jurídico por otro, que yo sepa, no hace que aparezca de pronto la digitalización si no se dota de recursos y no hay voluntad. La
digitalización no aparece mágicamente por el cambio de régimen jurídico. La triste realidad, más allá de su propaganda, es que, si esos recursos y esa voluntad han faltado en el SEPE durante todos estos años, he de ser escéptica a creerme que vayan
a aparecer de pronto con esta norma. Y otro ejemplo, otro aspecto que nos parece interesante o que nos puede generar dudas es el de qué espacio va a quedar a las agencias privadas de colocación en el sistema público integrado de información de los
servicios de empleo. Si no pueden aportar ningún valor añadido a ese sistema, no sé cómo va a quedar argumentada su existencia y su integración. En cualquier caso, vicepresidenta, todas estas dudas que nos planteamos desde mi grupo parlamentario
son cuestiones que nosotros tenemos interés en resolver mediante las enmiendas al articulado de esta ley.
A nuestro juicio, no hay nada en este proyecto de ley que motive su devolución, y menos decir, como señala VOX en su enmienda a la totalidad, cosas como que esta ley es de corte marxista o que busca el desmantelamiento de las bases de la
civilización. Lo lamento, porque si VOX, la señora Cañizares hubiera propuesto aquí un texto alternativo junto a su enmienda de devolución, estaríamos debatiendo otra cosa, a lo mejor podríamos incluso debatir y comprar algunas de sus ideas sobre
el mercado laboral. Pero la ausencia total de una propuesta alternativa y situarse en el no por el no ciertamente no es la filosofía de los liberales, de mi grupo parlamentario, y más en un tema tan importante para nosotros como es este.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Votaremos en contra de la enmienda a la totalidad presentada por VOX a esta Ley de Empleo por no compartir en absoluto sus razones. Ya sabemos que VOX está aquí para defender su España y a los grandes empresarios, a los ricos, pero el BNG
está hasta aquí para defender Galiza y a los trabajadores y las clases populares. Son, pues, intereses contrapuestos e irreconciliables. El BNG sabe siempre de qué lado estar, con las mayorías sociales y firmes contra el fascismo.
Pero no puede, por ello, inferirse que estemos de acuerdo con el contenido del proyecto de ley de empleo, al que ya anunciamos que presentaremos enmiendas, y que, de no sufrir un cambio sustancial, no podrá contar con el apoyo del BNG para
su aprobación final. Este proyecto es una nueva oportunidad perdida, a nuestro juicio, de avanzar en verdaderas políticas de empleo que mejoren la actual situación del mundo del trabajo. Pero, además, resulta evidente que esta propuesta viene
incardinada en un duro paquete de reformas que, aunque sigan negándolo, ha sido impuesto por la Unión Europea como condicionante para la recepción de los fondos europeos. Recordemos la reciente nueva reforma laboral, que no derogó las anteriores, o
la reforma de las pensiones, de la que aún falta una parte, y la apertura a la privatización a través de los planes de pensiones de empresa.
Lo que plasma este texto es directamente una privatización del INEM, del SEPE y de los servicios de colocación, pues se permite la externalización a entidades privadas de todos los servicios, dejándolos en manos de las ETT y de las agencias
privadas de colocación. Todo ello queda reformulado en una Agencia Estatal de Empleo que entra en regular no solo cuestiones estatales, sino los propios servicios de las comunidades autónomas, en una clara y flagrante invasión competencial. En
definitiva, se trata de una propuesta injusta desde el punto de vista social y además absolutamente centralizadora.
Al hilo de esto, una reflexión de actualidad que creo oportuna. Cuando vemos situaciones como la del domingo en Italia, no sirve de nada lamentarse si no se actúa en consecuencia. Y la realidad es que, cuando la izquierda renuncia, se
desarma ideológicamente y no da la batalla, el fascismo avanza. Tomen nota, por tanto, y cumplan con sus compromisos con las clases populares y los pueblos.
Para terminar, permítame que, ya que hablamos hoy de empleo, recuerde la acuciante situación de la flota de arrastre de Galiza (muestra un cartel, en el que se lee: 'Galiza vive da pesca. Defendámola'),
que, tras el cierre total para estas artes de 87 caladeros, se verá abocada al desastre. Supone la destrucción directa de empleos y un golpe brutal al conjunto de la economía de Galicia. El Gobierno debe reaccionar con contundencia vetando
esta decisión. Aquí estamos también para defender el empleo en la pesca galega.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA STEVE: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ministra y vicepresidenta.
En relación con el tema que nos ocupa en este punto del orden del día, el Proyecto de Ley de Empleo y la enmienda a la totalidad que se ha presentado, la verdad es que lo fácil sería recurrir a los clásicos de nuestros discursos de empleo y
decir aquí aquellas frases de que el mejor subsidio es encontrar un trabajo, que generar riqueza y generar oportunidades y empleo es lo que toca, y eso seguramente está más vigente que nunca, pero también es necesario empezar a hablar con claridad y
contundencia de que existe un derecho al trabajo pero también un deber al trabajo. La Ley de Empleo puede ser una oportunidad también, una oportunidad para regular todo aquello relativo al empleo pero también para regular lo que es el compromiso
activo en la búsqueda de empleo con las ayudas y los recorridos que la ley pueda generar, y esto quiere decir formación y esto quiere decir un instrumento que ofrezca ofertas, como se apuntaba antes. No concibo que en el SEPE o en la futura agencia
haya ofertas que no estén de acuerdo con la normativa laboral, y quizás, si esto ha pasado, es lo que hay que empezar a corregir.
Y hay que corregir también otra cuestión, que es la relativa a la paradoja española que comentamos el otro día en la Comisión de Trabajo, aquello del peso que tienen las políticas activas de ocupación y las políticas pasivas de ocupación.
En este ámbito, hay que poner de manifiesto que las políticas pasivas, aquellas referidas a los subsidios, constituyen -está calculado- el 83 %, y, en cambio, las políticas activas, aquellas destinadas a que la gente pueda emplearse, que pueda
mejorar solo constituyen el 17 %. Cambiar esto es, sin duda alguna, uno de los retos que esta ley puede abordar, junto con buscar la eficacia en el funcionamiento del sistema o la colaboración público-privada -usted sabe que desde el PDeCAT somos
firmes defensores de la colaboración público-privada, en no dejarlo todo en manos de una agencia-, una colaboración que incluso tiene dos frentes, uno de los cuales, que en ocasiones ustedes olvidan, es el del tercer sector sin ánimo de lucro.
Muchas veces ellos también hacen este trabajo de integración laboral, y en este ámbito también es necesario que sea reconocido para facilitarles poder interceder en ámbitos en los que normalmente las ofertas de empleo o el perfil de las personas que
acceden a estos empleos no son muy abundantes. Y lo mismo sucede con entidades privadas, en las que yo creo que podemos tratar de ajustar un poco más estos requerimientos de información, porque yo siempre acabo denunciando que a veces hay un doble
rasero entre la Administración pública y lo que se exige a los particulares, ya que pedirles toda esta información acabará afectando a su funcionamiento normal como empresa, y, sin embargo, el Gobierno, la Administración pública a veces no es tan
partidaria de ceder estos datos cuando hablamos de algoritmos y de bots, por lo que tenemos que buscar el equilibrio en este ámbito de las obligaciones en relación con las informaciones tecnológicas.
La cuestión competencial, sin duda alguna, también la queremos mirar con calma. Creo que la ley tiene una tendencia a unificar diferentes temas, de modo que no respeta del todo el sistema competencial ni las competencias propias de la
Generalitat de Catalunya, en el caso que a nosotros nos afecta.
En todo caso, lo que nos ocupa es la enmienda a la totalidad, a la que nosotros no vamos a dar apoyo, evidentemente; un argumentario de píndolas que sirve para ganar unos minutos en el Congreso y lanzar los eslóganes de la semana pero que
poco aporta más allá de devolver el proyecto del Gobierno. Y nosotros, haciendo honor al título de esta Ley de Empleo, también nos vamos a emplear a fondo en trabajar en ella y buscar qué enmiendas pueden mejorarla, qué acuerdos podemos alcanzar...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando.
El señor BOADELLA ESTEVE: Sí, acabo presidente.
... y procurar que esto acabe siendo más una historia de éxito que no una historia de devolución.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes ya, bona tarda a tothom. Gracias, presidente. Gracias, ministra.
No vamos a perder ni un segundo en la enmienda de VOX, no nos interesa nada, la verdad.
Dicho esto y pasando a la ley que nos ocupa, porque tenemos poco tiempo ahora, aunque lo tendremos a la hora de las enmiendas, quiero decir unas cuantas cosas.
A día de hoy, con la prestación de desempleo y las políticas activas de ocupación no nos basta para abordar el problema del paro y todas las consecuencias que acarrea. La realidad es que hoy continuamos teniendo cientos de miles de
trabajadores y trabajadoras pobres, estacionalidad excesiva, ofertas de empleo para nuestros jóvenes que les obligan a irse, ofertas de empleo que no cubren ni los gastos de desplazamiento y cientos de miles de personas que están obligadas a ser aún
fijos falsos autónomos o autónomos no por voluntad propia -ese es otro tema interesante-, ya que hay mucha gente que se hace autónoma no porque quiera o sea su vocación sino porque, si no, no trabaja.
Ante esto, las medidas paliativas actuales no son suficientes, y no nos escondamos de la realidad. Demasiadas personas están con contratos que duran cuatro días, sean indefinidos, temporales o fijos discontinuos, y, si duran cuatro días, el
problema persiste y sigue siendo precario, lo pinten como lo pinten. Muchas otras están contratadas a tiempo parcial no voluntario, y en ambos casos no llegan a generar derecho a prestaciones de desempleo, o no en la medida suficiente para mantener
una vida digna o estar en condiciones de encontrar un nuevo empleo. Por ello hay que abordar las prestaciones contributivas y agradecemos que se traiga esta ley, pero también las asistenciales, y hay que facilitar la vida al ciudadano, porque
cuando una persona está en el paro lo último que le apetece es jugar a un escape room con el SEPE.
Aunque ya he dicho que tendremos tiempo para hablar de ello, tengo que decir que en estos momentos el SEPE en Cataluña no funciona, y es inadmisible, triste y perverso que lo sufran personas que se encuentran en una situación de necesidad y
desesperación, y no hay derecho. Lo he consultado antes de venir aquí, y lo que digo no es ninguna falsedad. Cuando alguien se encuentra entre la espada y la pared y se dirige al SEPE y no responden al teléfono, es indecente -no es exagerado, lo
pueden probar ahora mismo-; o cuando, sin respuesta, se pelean con la web y no solucionan nada, o peor, cuando se presentan en la puerta de la oficina y no les atienden -pónganse por un momento en su piel-. El SEPE es un drama en estos momentos y
hay que solucionarlo, llámese como se llame esta agencia. Cualquier política que no sea accesible para la gente se convierte automáticamente en una mala política. Por eso esta ley es importante para que eso no pase, y vamos a estar trabajando codo
con codo para ello. Y decía que esto no se arregla con un cambio de nombre ni de naturaleza jurídica, llámelo SEPE o llámelo usted Agencia Estatal de Empleo. Lo que necesita una persona desesperada, porque le va la vida, es que la atiendan, y eso
no está pasando.
Nosotros somos independentistas y, evidentemente, seguiremos combatiendo por ello, pero siempre estamos para mejorar todo lo mejorable, que es mucho, y aquí estaremos también para mejorar esta ley. Sabemos que el actual desarrollo
legislativo básico de las políticas activas de empleo corresponde al Ministerio de Trabajo, a pesar nuestro. Sin embargo, quiero recordar brevemente una cosa que a veces se nos olvida. Demasiadas veces se empieza a escuchar agencias estatales en
la Seguridad Social, agencias estatales en empleo, y eso a nosotros no nos gusta. Casi anhelamos aquellos actos que hacíamos en Zaragoza -no sé si se acuerda-, cuando estaban los fachas fuera intentando pegarnos cuando hablábamos de
plurinacionalidad, plurilingüismo, porque parece que ahora se nos han olvidado un poco algunas cosillas. Hay que recuperar algunas cuestiones, como decía el compañero Oskar Matute. El diálogo social es muy importante, y no recuerdo que aumenten
los salarios porque sí, ni cuando van bien ni cuando van mal, y a veces hay que forzar un poco la máquina; pero no hablo de lucha de clases, que ya sería otro tema.
En fin, seguimos, y vayamos al grano. Quiero recordar brevemente que la gestión de esas políticas activas de empleo está transferida a las comunidades autónomas, a pesar de la intromisión del SEPE. Luego, primer punto, tenemos que
aprovechar esta ley para acabar de una vez por todas con las duplicidades -porque aquí se duplica todo-, con las ineficiencias del Estado, el abaratamiento de recursos humanos y materiales con esas duplicidades, y con la confusión a la ciudadanía.
Y con esa misma idea, resulta imprescindible abordar la financiación. La vida no transcurre en los plazos que conviene a la Administración. No tiene sentido que cada año la conferencia sectorial asigne una partida que deberá volver a discutirse al
año siguiente. Los grandes retos, como la reindustrialización o el paro juvenil, no se pueden afrontar solo a corto plazo. Se necesita poder actuar con enfoques de largo alcance,
y para ello necesitamos el traspaso de competencias y la financiación plurianual de las comunidades autónomas que así lo deseen. Y en la misma línea, no tiene ningún sentido penalizar la gestión responsable de recursos. De acuerdo con la
capacidad de autogestión de cada Administración, se debe permitir que los fondos no ejecutados y los reintegros se puedan incorporar en el ejercicio económico siguiente, sin que represente una disminución de aquellos; no sé si me explico.
La primera obligación de cualquier ley es ser clara, no generar inseguridad, y aquí también hay algunas cosas que tendríamos que modificar. En ese sentido, el Consejo Económico y Social solicitó una clarificación del artículo 26, relativo a
las entidades privadas de empleo. Asimismo, hay aspectos de la reforma laboral que afectan a las políticas de empleo y, pasados nueve meses desde su publicación, siguen resultando conflictivos. Nos referimos, entre otros, a la disposición
adicional quinta de esta norma, y necesitamos afinar un poco más.
Para finalizar, como indicábamos al principio, necesitamos todas las herramientas para combatir el paro y la precariedad. Por ello solicitamos que las comunidades autónomas que lo deseen pasen a gestionar íntegramente las políticas en
materia de empleo tanto asistenciales como contributivas y creemos que esta ley es una buena oportunidad para ello. En ese sentido irán nuestras enmiendas constructivas, porque el tema no está para frivolidades. Usted también lo decía, no es lo
mismo la situación laboral de Galicia que la del País Valenciano o la de Cataluña. Entonces, creo que es importante que las administraciones que estén más cercanas al lugar puedan tener esta autonomía a la hora de la gestión.
En definitiva, tendremos tiempo de hablar, y aquí estamos para ver si no nos distanciamos más y nos acercamos un poquito.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.
La señora VIDAL SÁEZ: Alguien podría decir que en VOX son más de heredar que de trabajar, pero es cierto que la enmienda que presentan tiene cierta enjundia; no hay por dónde cogerla, pero tiene cierta enjundia. Yo creo que ustedes están
desconectados de la realidad laboral, pero, sobre todo, están desconectados de ustedes mismos. Aquí mencionan políticas que ustedes no practican. Dicen estar a favor de los salarios dignos, pero VOX no ha apoyado la subida del salario mínimo
interprofesional. Tampoco lo hizo en Europa, donde votaron en contra de garantizar salarios mínimos que permitan vivir dignamente a los trabajadores. Dicen estar a favor de la conciliación familiar, pero VOX ha votado en contra de leyes feministas
que ponen el foco precisamente en la conciliación familiar. Dicen estar a favor también del desarrollo formativo de los trabajadores, pero VOX se abstuvo en la ley de formación profesional, que incluye precisamente el desarrollo y formación de los
trabajadores. Dicen estar a favor de las pensiones dignas, pero VOX no apoyó la revalorización de las pensiones. Por eso quieren retrasar más la edad de jubilación, prolongar la vida laboral o incrementar los años de cotización (página 45 de su
programa). Yo no sé si han hablado de todo esto con una mujer, por ejemplo, que haya trabajado hasta los sesenta años limpiando para ver qué opina, porque lo cierto es que no todos nacen con una empresa o un patrimonio debajo del brazo; los hay
que luchan para llegar a la jubilación a golpe de calmantes, antiinflamatorios y antidepresivos. Por eso quieren acabar con el derecho de huelga, jibarizándolas, encerrándolas dentro del centro de trabajo para que no se las vea, para que no las vea
nadie (página 59 de su programa). No sé si han tenido que hacer muchas huelgas en su vida para que el jefe les reconozca, por ejemplo, las horas extras o para que no despidan a un compañero con familia. Desconozco también si alguna vez han
arriesgado incluso su puesto de trabajo, pero les diré que la mayoría no nacen con herencias que les permitan desestimar el instrumento que permite avanzar y democratizar, que es básicamente la huelga. Y por eso quieren precarizar los contratos de
los más jóvenes con un salario de inserción (página 56 de su programa). Yo no sé si han tenido ocasión también de hablar con algún joven que, incluso trabajando, no puede emanciparse ni pagar un alquiler o pensar en formar una familia, eso que
tanto dicen que les gusta a ustedes. Lo cierto es que no todos nacen con un padre con contactos que pueda levantar el teléfono y enchufar a su hijo o hija en cualquier parte con un salario de oro, ¿verdad que no, señorías? Dicen también estar a
favor del empleo de calidad, pero lo cierto es que llevan meses intentando que el Tribunal Constitucional tumbe la reforma laboral, la ley rider y los despidos por bajas médicas, y eso les tendría que dar un poquito de vergüenza. Y no olvidemos que
VOX, además, evidentemente también votó en contra de los ERTE.
Yo entiendo que ustedes quieran seguir con este cuento de que son los mejores defensores de los trabajadores, pero, señorías, les aseguro que nadie se lo cree. Lo más cerca que han estado ustedes de la clase trabajadora es cuando no les
pagan por las reformas de sus chalés, tanto que dicen que defienden a los autónomos. Ustedes lo más cerca que han estado de sentir temor por falta de dinero es cuando les han embargado el sueldo para pagar esas obras. ¿Verdad, señor Espinosa de
los Monteros, aunque no esté por aquí?
Los que dicen defender a la clase trabajadora lo cierto es que no pagan a la clase trabajadora. Son lo que son: descendientes de latifundistas y de golpistas, banqueros, aristócratas, pseudoarquitectos y abusones de patio de colegio pijo,
señoritos y rentistas. Su discurso obrerista es mera pose. No son ustedes del Frente Nacional ni tampoco empresarios emprendedores; son piratas de lo público (aplausos), gente que se enriquece a golpe de chanchullos y de explotación, neoliberales
que quieren legislar básicamente para enriquecer a los suyos, eso sí, a costa del bienestar de la mayoría. Por eso quieren derogar cualquier ley que acabe con la arbitrariedad y la precariedad. No les gustan las normas. Quieren caos e impunidad.
La derecha no respeta el orden, no le gusta el orden; respetan y representan la desregulación y la ley de la selva. Eso les gusta a ustedes.
Señorías, es legítimo defender todo esto, es cierto que lo es, pero díganlo; díganlo. Digan: hola, soy de VOX y quiero que los jefes sigan aprovechándose y explotando a los trabajadores con total impunidad. Díganlo, no pasa nada.
Nosotras vamos de frente y decimos: se acabó con las prepotentes que creen estar por encima de la ley. Y aprobamos la ley rider, multamos a Glovo y ahora por rebeldía les vamos a llevar a la fiscalía. Es legítimo querer precarizar el sistema
laboral, destruir derechos, reducir indemnizaciones, eliminar convenios colectivos, acabar con la ultraactividad o dar más poder de negociación a las empresas, pero díganlo, no mientan, no vaya a ser que les tilden de ultraderechita cobarde.
Si su modelo laboral es básicamente el del Partido Popular con dos carajillos de más, pues díganlo. Nosotras vamos de frente y decimos que todas estas formas de esclavitud se van a acabar. Vamos a seguir con la reforma laboral, con un
incremento inédito del número de trabajadores con contrato indefinido, con una caída de la contratación temporal, la más baja de nuestra historia. Es la primera vez que se reduce la temporalidad con crecimiento del empleo. En los primeros seis
meses hemos avanzado más en estabilidad laboral que en los últimos treinta y siete años, 13,5 millones de asalariados indefinidos. Hoy, el 66 % de los jóvenes que trabajan tienen un contrato indefinido.
Ahora tenemos delante esta ley de empleo que plantea ni más ni menos que atajar el problema estructural del desempleo en nuestro país, que es, para que se enteren sus señorías, una de las cuestiones que más les preocupan a los trabajadores
en este país. Se plantea para modernizar las políticas de empleo, y lo hace además coordinándose con las comunidades autónomas y de la mano de los agentes sociales. ¿Y qué propone VOX? Crear una autoridad nacional única en materia de empleo.
Fuera comunidades autónomas, fuera competencias, fuera sindicatos. ¿Quién va a ser esta autoridad única? ¿El señor Abascal? ¿Va a ser usted, señora Cañizares? Es una curiosidad que teníamos en nuestro grupo parlamentario. Si a VOX le importaran
los trabajadores, lo cierto es que se alegrarían de las cifras que mes tras mes vamos viendo en términos de estabilidad y retirarían los recursos del Tribunal Constitucional por la ley rider, por la reforma laboral y también, evidentemente, por los
despidos por baja médica. Pero como básicamente son lo que son, están ustedes al servicio del caos y de los explotadores, lo único que hacen es traer enmiendas a la totalidad y mentir para tratar de frenar...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora VIDAL SÁEZ: ... la agenda -y termino- a favor del trabajo digno más ambiciosa que se ha conocido en nuestro país.
Por todo eso, como pueden imaginarse, vamos a votar en contra. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Movellán Lombilla.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Señora ministra, permítame que comience felicitándola. Es usted mucho mejor oradora que yo, y créame que la admiro por ello. Es un talento que no está al alcance de todo el mundo. Algunos tenemos que esforzarnos para que nuestras palabras
estén a la altura de lo que un partido como el Partido Popular
ha hecho por el empleo y la economía de las familias de este país. A usted, señora Díaz, no le pasa eso: palabras tiene muchas, partido, poco. Es una pena que su retórica y la de su Gobierno no llenen frigoríficos ni paguen las facturas a
los españoles, y le hablo, señora Díez, de esas personas a las que, si de verdad escucha, ya le habrán contado que están comiendo casi un 14 % menos de carne, un 10 % menos de fruta fresca o un 12 % menos de hortalizas. Pero le hablo también de un
sector, la industria agroalimentaria, en el que la facturación ha caído ya un 5 %, un sector que ocupa al 2,6 % de los trabajadores españoles, un sector al que ustedes le suben los costes de producción mientras le quieren poner un tope a los
precios. Igual no le gustan estos datos, pero son los que da su compañero el ministro de Agricultura, y los traigo hoy aquí para evidenciar de qué forma tan rara entienden ustedes qué es crear y sostener empleos.
Igual por eso traen a esta Cámara hoy un proyecto legislativo al que llaman ley de empleo, que tiene más de ley que de empleo, desgraciadamente para los españoles, porque, por más que uno busque y rebusque en el texto las innovaciones que
usted nos ha anunciado hace unos minutos, no las encontramos. Es poco más que una redacción que ustedes traen obligados por los plazos para no perder los fondos europeos; obligados también porque la Unión Europea le ha sacado los colores por la
limitada capacidad de los servicios de empleo españoles para ayudar eficazmente a las personas empleadas y desempleadas en la búsqueda de ocupación, en la mejora de su empleabilidad y en su desarrollo profesional. A ustedes lo que de verdad les
importa es que no se les arrugue el traje. No les importa que el 28 % de la población en España esté en riesgo de pobreza, tampoco que uno de cada tres parados lleve más de dos años buscando un trabajo, parece no preocuparles tampoco que sigamos
liderando el desempleo en Europa, que sigamos a la cabeza en desempleo femenino y seamos segundos en desempleo juvenil. Y es que, señora Díaz, les está quedando a ustedes un país muy chulo, muy bolivariano.
Pero la realidad, esa que se empeña en llevarles la contraria a los organismos y empresas que ustedes vampirizan o pretenden vampirizar, dígase CIS o dígase Indra, es tozuda y se empeñan en recordarle que con su Gobierno España suma por sí
sola tantos parados de muy larga duración como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Polonia, República Checa, Hungría, Holanda, Austria, Rumanía, Portugal, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia y Lituania, es decir, tanto como diecisiete
países juntos. Hay más de un millón y medio de parados de larga duración, más de un millón de ellos mayores de cuarenta y cinco años, y este proyecto de ley, que tenía que atajar a este colectivo de mayores de cuarenta y cinco años, al que dice que
se va a prestar una especial atención, los despacha con un párrafo de apenas tres líneas.
Señora Díaz, con usted al frente del Ministerio de Trabajo hemos conseguido ser el país donde los salarios más se han devaluado, según la OCDE, y que hoy trabajar no sea sinónimo de vivir con dignidad, porque hay un 16 % de los trabajadores
en riesgo de pobreza, porque la guerra y la pandemia la padecemos todos los europeos, pero su gestión, señora Díaz, solo la padecemos los españoles. Y en este contexto de incertidumbre, de penuria económica, social y laboral, presentan un texto que
no refuerza las políticas activas de empleo, que actualmente solo suponen un 17 % de las políticas de ocupación. ¿Pero de verdad no ha entendido todavía que la gente quiere trabajar y no estar subsidiada? Es verdad que si llegan malos momentos,
ahí debemos estar ayudando, pero el objetivo debe ser la reincorporación al mercado laboral, acompañándoles en su transición hacia el empleo. Eso se tiene que hacer reforzando las políticas activas de empleo y este proyecto de ley no lo hace. Se
lo acaba de decir el Parlamento Europeo; el centro de estudios del Parlamento Europeo, que analiza la evolución de los fondos, le dice que el mercado laboral sigue teniendo altos índices de desempleo por las políticas activas tan débiles que está
llevando a cabo el Gobierno.
Hablemos de subsidios. Se presentan también sin avanzar en la simplificación y unificación del sistema de subsidios y prestaciones por desempleo; un avance y una reforma también comprometida con la Comisión Europea dentro del plan de
recuperación que tiene que ser aprobada antes del último trimestre, y ya en diciembre de 2021 el director del SEPE nos dijo que ya tenían un borrador sobre esta reforma y que los técnicos estaban trabajando en ella. Y si el borrador estaba listo
hace un año, ¿por qué no se ha acelerado su tramitación y la puesta en marcha incorporándolo a este Proyecto de Ley de Empleo? Si hay algún motivo no lo sabemos, y usted hoy tampoco lo ha explicado. Pero lo que sí sabemos los populares es cuándo
alguien quiere utilizar esta Cámara para hacer campaña electoral, y usted lo hace trayendo un proyecto de ley que no está a la altura de las necesidades de un país ni en el momento presente ni en el corto ni en el medio plazo; una nueva oportunidad
perdida para España.
¿Y qué pasa con el SEPE, señora ministra? Su ineficacia es un secreto a voces, solo encuentra empleo a un 2 % de los demandantes. ¿Y cuál es la solución?, ¿cambiar donde antes se llamaba SEPE
por Agencia Española de Empleo, sin ningún compromiso de medios materiales y humanos? Eso de cambiar el nombre se le da a usted muy bien, pero ¿qué es lo que piensa con este cambio de nombre? ¿Que se va a obrar el milagro de los panes y
los peces? ¿Que donde son incapaces de encontrar empleo ahora lo van a hacer con el cambio de nombre?
Hay mucho margen de mejora en la tramitación de este proyecto de ley, y quizás lo más fácil hubiera sido presentar una enmienda a la totalidad, una enmienda de devolución, pero en el Grupo Parlamentario Popular vamos a trabajar por hacer
propuestas constructivas y positivas, que doten a esta ley de las medidas eficaces y realistas que necesita, porque el empleo es la base y el principio fundamental por el que trabajamos en el Partido Popular, porque sin empleo, señora ministra, no
hay libertad posible para elegir cómo se quiere vivir. Y esa libertad real, no la libertad sectaria ni teórica, es la que da al Partido Popular nuestra razón de ser y nuestra vocación de servicio.
Vamos a rechazar la enmienda básicamente porque nosotros no estamos en contra de que se tramite una ley de empleo. Lo que no entendemos, a no ser que hayan querido poner negro sobre blanco su renuncia como Gobierno a devolver a los
españoles la posibilidad de trabajar, es por qué traen aquí esta ley que hacen llamar de empleo, pero que regula la nada.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Señora ministra, comenzaba mi intervención felicitándola por sus habilidades como oradora, y me reitero. Espero que su paso hoy por esta Cámara culmine con otra cosecha de aplausos, y espero que esos aplausos
sean tan generosos como los que se le dieron hace tiempo, días antes de abandonar esa puerta, a Pablo Iglesias. Mientras tanto, los populares, con su permiso, vamos a seguir dedicados a trabajar para sembrar empleo, y si los españoles así lo
quieren, ya después cosecharemos votos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña Camarero.
La señora PEÑA CAMARERO: Buenos días, señorías de VOX. Lo suyo es como lo del maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela, porque hay retórica inflamada, mentiras y exageraciones, pero muy poquita chicha. (Aplausos). Ni un solo
motivo técnico o laboral para decir que no a esta ley de empleo. Aunque a ustedes no les guste, esta nueva ley de empleo va a suponer un vuelco de las políticas activas que hasta ahora se habían desarrollado sobre la Ley de Empleo del Partido
Popular -otro de los desastres de su gestión-, porque esta ley, entre otras cuestiones, incorpora la evaluación de las políticas activas de empleo para que podamos hacer dos cosas: comprender qué políticas activas funcionan y cuáles no y saber cuál
es el resultado de las importantes inversiones que el Estado hace en esta materia. Porque, fíjense, la conferencia sectorial repartió 2700 millones de euros para que las comunidades llevasen a cabo políticas activas de empleo, pues nadie entiende
que, por ejemplo, en Andalucía, con la mayor tasa de paro del país, solo se haya ejecutado el 52 % del dinero que da el Gobierno de España para que todo andaluz encuentre su lugar en el mercado de trabajo. (Aplausos). ¡Un absoluto desastre! Y es
que esa es la clave, que, obviando lo mal que gestiona el PP, consigamos un buen sistema de evaluación y consecución de objetivos en el empleo. Esa es la idea, que interactúen el sistema productivo, la cultura empresarial y las capacidades y
habilidades de las personas trabajadoras para eliminar todas esas brechas que sí existen; brecha por edad, brecha digital, brecha de género, brecha por estudios y también territorial.
Los socialistas, además, aplaudimos una ley que sitúa como colectivo prioritario de atención a las personas mayores de 45 años, a los trabajadores provenientes de sectores en reestructuración y a las víctimas de violencia de género.
(Aplausos). Sí, de violencia de género. Y permítanme que me detenga en una cuestión que sucedió ayer en mi tierra: las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León son repugnantes. (Aplausos). No solo lo son cuando hacía el
macarra el otro día en las Cortes de Castilla y León en el Pleno, sino que ayer fue capaz de decir que, en el caso de esa mujer asesinada por su marido en Palencia delante de sus dos pequeños, estos son privilegiados como víctimas de violencia
machista. (Protestas.-El señor Sánchez del Real: ¡Es mentira!). Pero en este tema lo de hablar con VOX es inútil, ¡claro que es inútil! La culpa la tiene el Partido Popular. Señorías del Partido Popular, en tiempo real ustedes acaban de decir
que no en la Mesa de las Cortes de Castilla y León a que haya
una declaración institucional condenando los asesinatos machistas de esta semana. (Aplausos). ¡Lo suyo es de vergüenza!
Pero volviendo al debate de la cuestión laboral, VOX viene aquí a dar lecciones de empleo, pero es que ¿sabe qué pasa? Que ustedes, por desgracia, ya gobiernan, y lo hacen además en consejerías de Empleo, gracias al Partido Popular, ¡y su
gestión es una chapuza! En seis meses han dejado sin rumbo y sin responsables al Servicio Público de Empleo de Castilla y León. En seis meses les han dimitido los tres responsables de poner en marcha políticas de empleo, ¡los tres! (Aplausos). Así
que, señorías del Partido Popular, ¡céntrense! Aquí traen un documento para decir que no a una ley de empleo en la que ustedes solo saben hablar de ideología de género, lo que demuestra que desconocen por completo el Sistema Nacional de Empleo y les
da igual lo que diga la Constitución respecto a las competencias de empleo. Ni una sola propuesta seria, imparcial o con sentido de Estado.
Cuando leía su propuesta, decía yo: ¿qué harían estas personas hace cien años? Porque hace cien años este país fue pionero en tema laboral. Fuimos el primer país del mundo, por ejemplo, en establecer por ley la jornada laboral de ocho
horas. Fue hace mucho, pero estoy segura de que algunos como ustedes hubieran votado que no, como siguen haciendo hoy con todo, porque la derecha de este país sigue siendo la de las medias jornadas de doce horas, las horas extras sin pagar -13
millones ilegales el mes pasado-, y el Partido Popular sigue siendo el partido de los salarios precarios y de miseria, incluso moral, ¡porque vaya cuajo el suyo!
Hoy, en este país, hay un millón y medio de personas subcontratadas que han visto aumentar su salario gracias a la prevalencia del convenio del sector frente al de empresa. El Partido Popular quiere robarles lo que es suyo. El Partido
Popular ha presentado un recurso contra la reforma laboral en el Constitucional para robar a ese millón y medio de trabajadores subcontratados lo que se merecen por su trabajo. (Aplausos.-Protestas). Así que, señorías del Partido Popular, retiren
el recurso y no piensen en el Partido Socialista, sino en toda esa gente que no son números, son proyectos de vida que hoy son un poco más estables que ayer, tienen más certidumbre, incluso más ilusión,
Es verdad que, aunque no se den cuenta de todo lo que está pasando en este país, incluso este Gobierno de España ha pensado en ustedes, les ha hecho cumplir sus sueños. Todavía recuerdo cuando el señor Rajoy decía que tenía un sueño; un
sueño que compartía con su fiel escudero, señor Feijóo. Soñaba con bajar el paro, pero cuando el Partido Popular gobierna es incapaz de hacerlo.
Hoy, sí hay menos personas en desempleo que en la última década. (Aplausos). Y el diferencial con Europa, que tanto les gusta decir, ha pasado de 16 a 6 puntos en desempleo. ¡Claro que queda mucho por hacer! Pero es que el Partido
Popular, el señor Rajoy y su escudero Feijóo soñaban con veinte millones de trabajadores; lo decían en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, pero es que cuando ustedes gobiernan son incapaces de hacerlo. Hoy, sí, las medidas puestas en marcha por el
Gobierno de Pedro Sánchez han conseguido que haya veinte millones de personas trabajando en este país. (Aplausos). Así pues, señorías del Partido Popular, ustedes, de tanto soñar, lo que demuestran es que cuando gobiernan se echan a dormir.
Señorías, finalizo. Desde el Partido Socialista Obrero Español, cuando hablemos de política laboral, cuando hablemos de empleo, nunca podremos mostrarnos satisfechos, nunca. Siempre hay cuestiones que mejorar, proyectos de vida rotos a los
que responder y ansiedad que paliar por el miedo a no llegar a fin de mes, pero cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo, y es de justicia reconocer que este Gobierno trabaja duro, mucho y de manera sensata para dar respuesta a la clase
trabajadora, a los jóvenes y a quienes más dificultades tienen hoy todavía para encontrar su espacio en el mercado laboral de nuestro país, y así se hace también con esta ley de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PROHIBIR EL PROXENETISMO EN TODAS SUS FORMAS. (Número de expediente 122/000224).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debate de totalidad de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica, 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus
formas. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda
a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.
En el movimiento feminista hay mucho, muchísimo debate sobre la cuestión de la prostitución y del trabajo sexual; de hecho, nosotras mismas tenemos un debate abierto y profundo, incluso en este momento en el que yo estoy interviniendo. Lo
primero que quiero hacer es mostrar mi agradecimiento a mis compañeras y compañeros por la responsabilidad política y por el apoyo, y lo segundo que quiero decir es que, a pesar de las muchas diferencias que tenemos nosotras en casa y que tiene el
movimiento feminista, me atrevería a decir que en la esquerra independentista, e incluso en el movimiento feminista catalán, el único consenso que hay es que el modelo que nos plantea hoy el PSOE con la ley de persecución de la prostitución solo
contribuye a perseguir a las mujeres (aplausos). De hecho, el PSOE se enmarca en una lógica de abolicionismo punitivista, como nosotras lo denominamos. Quiero decir que no todo el abolicionismo es punitivista, pero el que nos plantean ustedes hoy
sí lo es, y normalmente el debate se da en términos dicotómicos entre el abolicionismo punitivista que nos plantea el PSOE o un regulacionismo neoliberal, que sería el modelo holandés. Para nosotras, ni el punitivismo ni el neoliberalismo;
nosotras tratamos de construir un marco proderechos, un marco que garantice los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Por eso hemos presentado hoy una enmienda a la totalidad con texto alternativo, para mostrar que hay muchas
maneras de legislar sobre el trabajo sexual y para forzar a que esta Cámara pueda abrir este debate y pueda valorar la propuesta que nos trae el PSOE.
Uno de los elementos más interesantes de los discursos abolicionistas son las reflexiones alrededor de la violencia, es aquello que nos dicen cuando planteamos el marco de proderechos: ¿qué pasaría si fuera tu hija? Pues bien, con el
tiempo que tengo, voy a intentar analizar con detalle qué resuelve la ley del PSOE en relación con las violencias que sufren las personas que ejercen el trabajo sexual.
En primer lugar, se considera que la relación entre trabajadora y clientes no puede ser nunca desde el consentimiento, que siempre es desde la violencia porque hay mediación económica de por medio. Este es el artículo primero de la ley del
PSOE. Pero es que ustedes plantean la violencia solo entre personas individuales, pero es obvio -y desde los años sesenta lo aceptan las Naciones Unidas, siendo Johan Galtung el exponente- que la violencia excede las cuestiones individuales, que la
violencia puede ser estructural, simbólica, y en este caso podríamos decir que institucional. Es por esto que pensamos que el Código Penal no puede resolver esta cuestión, porque el Código Penal individualiza la violencia y, desde este marco, es
obvio que la aplicación va a ser diferencial y que van a recibir el Código Penal con mucha más contundencia las personas más vulnerables. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
La segunda cuestión de la violencia es sobre el tráfico. En primer lugar, es preciso aludir a algo que ustedes en el artículo primero de su ley contribuyen a confundir: la trata y la prostitución no son lo mismo, señorías, no son lo mismo,
y nosotras pensamos que no es acertado el argumento que ustedes utilizan de que perseguir la prostitución va a mejorar la persecución de la trata y va a ser funcional. Miren, la trata es economía criminal y, hoy día, con los datos que tienen el
CIPCO y la Fiscalía General del Estado, que van por registros distintos, no es posible establecer en el Estado español el tanto por ciento de mujeres que ejercen el trabajo sexual y que están bajo una situación de trata. De hecho, en 2018, el grupo
de expertos y expertas del Consejo de Europa del Informe GRETA le dicen al Estado español que la lucha contra la trata tiene mucho que ver con la frontera, y que lo que hay que hacer es reforzar, digamos, el acompañamiento en frontera para que las
personas que llegan en situación de trata entren en programas de asilo. Pero ustedes no solo no hacen ninguna referencia en su ley a la ley de extranjería, sino que además la semana pasada vimos cómo aquí, desde esta tribuna, el ministro del
Interior eludía sus responsabilidades de al menos veinticuatro asesinatos en la frontera sur.
Pero es que hay más; si vamos a política comparada -y la legislación irlandesa se parece bastante a la que nos propone el PSOE hoy, el famoso artículo 64.a), que en su espíritu también recogía la prohibición de la prostitución para
perseguir la trata-, el Gobierno irlandés encarga un informe tres años después a la Queen's University Belfast. ¿Qué dice este informe en relación a la trata? Que no se encuentra impacto legislativo en la persecución de la trata y que la
persecución del intercambio de servicios sexuales con consentimiento sin utilizar recursos policiales -que es un discurso que he escuchado bastantes veces en esta Cámara- no permite distinguir la trata de la prostitución con consentimiento, porque
la realidad es mucho más compleja de como ustedes pretenden presentarla. Por tanto, su afirmación de que
la prohibición de la prostitución ayudará en la lucha contra la trata no se sostiene, señorías. Lo lógico sería afirmar que la garantía de derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, la derogación de la ley de extranjería, la
aplicación de la renta básica universal, sí contribuirían a la lucha contra la trata, pero lo suyo no es abolicionismo material, señorías, no es abolicionismo honesto; lo suyo es abolicionismo con fines electorales.
Vamos al resto de elementos de su tesis conservadora, es decir, que la persecución de la prostitución llevará a la extinción de esta y, además, sin afectar a las trabajadoras sexuales, vamos a ver qué dice su ley. En el artículo segundo
persiguen ustedes la tercería locativa, es decir, que las trabajadoras sexuales puedan alquilar sitios donde trabajar. Señorías, ustedes están persiguiendo la principal fuente de solidaridad entre las trabajadoras sexuales, que es que se alquilen
las casas entre unas y otras; es más, con su ley en la mano, se podría perseguir al hijo, a la hija o al cónyuge de una trabajadora sexual que trabaje en casa. Pero es que su artículo primero confunde deliberadamente prostitución forzada con
prostitución voluntaria, y esto solo persigue a las mujeres y solo da más fuerza a los proxenetas.
Señorías, Emma Goldman escribía a principios de siglo XX un texto muy cortito -que les recomiendo- sobre la prostitución, y destacaba tres elementos que yo creo que nos interesan hoy: que la persecución de las mujeres solo favorece a
proxenetas y empresarios; que si no se tienen en cuenta las situaciones de explotación laboral, no se entiende nada de por qué la gente ejerce el trabajo sexual, y que todas aquellas voces que cíclicamente se escandalizan sobre prostitución, pero
luego no intervienen en el sistema económico y racial que tenemos, hacen un mero ejercicio de escándalo moral consciente. Goldman decía sobre la explotación: 'Es lógico esperar que nuestros reformistas no dirán nada acerca de esta causa
fundamental. Comprenden demasiado que son verdades que rinden poco. Es más provechoso desempeñar el papel del fariseo, esgrimir el pretexto de la moral ultrajada, que descender al fondo de las cosas'.
Volviendo a política comparada, señorías, el informe del Gobierno irlandés dice que perseguir la prostitución no genera un efecto a la baja de la demanda del trabajo sexual, tampoco implica una disminución de los anuncios, y que, además, hay
un incremento de las situaciones de violencia de las personas que ejercen el trabajo sexual. Porque si ustedes persiguen el trabajo sexual obligan a las mujeres a ejercerlo en condiciones de clandestinidad y a las más vulnerables a ir a la calle.
Esto las expone a la presión policial de las multas de ordenanzas del civismo, por ejemplo y, si se aprueba su ley, también de los artículos que persiguen el trabajo sexual. Esto supone que van a sufrir más el peso de la ley las personas más
precarias y, por lo tanto, es probable que denuncien menos situaciones de violencia sexual porque están en situaciones más precarias. Además, a todas estas violencias se le suma una fuente principal de violencia, que es la Ley de Extranjería, que
ustedes no toca.
Ustedes no hacen abolicionismo honesto, señorías. Hay muchísimas feministas que son abolicionistas, pero son honestas y son materiales. Ustedes hacen un uso interesado de la prostitución porque de todas las violencias que sufren las
personas que ejercen el trabajo sexual, su ley no toca ni una: no derogan la Ley de Extranjería, no hablan de renta básica, no plantean alternativas laborales, no plantean alternativas habitacionales; solo persiguen con el Código Penal. De hecho,
su ley contribuye no solo a la persecución sino además al estigma de las trabajadoras sexuales, porque ustedes no las tratan como mujeres fuertes, con estrategias complejas a la vida que les ha tocado vivir. Ustedes las tratan, teóricamente, como
víctimas; son víctimas, mujeres a salvar, pero en la práctica las persiguen con una ley. Entendemos que lo que les están diciendo a las trabajadoras sexuales es que son víctimas por ser malas mujeres y que no se merecen ni el amparo de la ley.
Hay un estudio hecho hace un par de décadas en Barcelona Los pasos (in)visibles de la prostitución, y en el prólogo la señora Garaizabal escribía: '... es necesario partir de las mujeres de carne y hueso y de las situaciones reales que
viven, pues a veces por defender la dignidad de LA MUJER, en abstracto y con mayúsculas, nos olvidamos de la dignidad de las mujeres concretas que somos y tenemos a nuestro lado'. Su batalla contra el marco de los derechos de las trabajadoras
sexuales es en realidad, señorías, una batalla para patrullar las fronteras del feminismo. Y hacen lo mismo con el colectivo transgénero, que según ustedes es una amenaza para la identidad de la mujer, porque tienen ustedes una concepción
esencialista del género y de la feminidad. Y, en el caso de la prostitución, bajo un discurso de salvación de las mujeres están poniendo ustedes cercos al movimiento feminista. Las prostitutas pueden ser víctimas, pero nunca pueden ser mujeres con
agencia, protagonistas del movimiento feminista, y esto tiene un efecto claro: en vez de trabajar para hacer el movimiento feminista invencible contra el patriarcado, contribuyen ustedes a la competencia
entre colectivos para pasar un examen de pureza feminista. Señorías, los derechos de las oprimidas nunca compiten. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Vehí.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Buenos días a todas y a todos. Hoy debatimos la propuesta de texto alternativo que presenta la CUP a la proposición de ley del Partido Socialista para combatir toda clase de proxenetismo, que en su día se tomó en consideración. Nos parece
que la CUP ha realizado un ejercicio valiente, y lo digo independientemente de estar de acuerdo o no con la totalidad de su propuesta, porque han planteado una alternativa; una alternativa a una propuesta, la del Partido Socialista, que quería
acabar -que no solucionar- el problema de la prostitución y el proxenetismo en todos sus ámbitos, pero solo con una reforma del Código Penal. Por lo tanto, en primer lugar, quiero agradecer que tengamos otro texto diferente y con una visión en
algunos casos totalmente opuesta a la planteada por el Grupo Socialista.
La criminalización no es la vía, eso lo dice la declaración de principios de la propuesta -y estoy totalmente de acuerdo-, porque aumenta la vulnerabilidad y la clandestinidad, y dificulta el acceso a los derechos por medio del trabajo que
es la única forma de acceder, así como la situación irregular y la actividad irregular. Es decir, cuando alguien está en una situación irregular solo puede hacer actividades irregulares. En la parte dispositiva, la modificación del Código Penal
que propone que sea castigado quien fuerce a ejercer la prostitución contra su voluntad es algo con lo que nosotros desde un principio estamos de acuerdo, y es la modificación, es decir, que sea castigado quien fuerce a ejercer la prostitución
contra su voluntad. Por lo tanto, volvemos a la casilla de salida, o que aquí se debatió en la toma de consideración anterior: la libertad de la mujer para decir qué, cuándo y con quién. Ese es el quid de la cuestión. Para el Partido Socialista
y el Partido Popular no existe esa opción, no existe esa posibilidad porque no existe prostitución forzosa, toda prostitución es forzosa.
En el fondo es un debate más moral que político, y reitero lo que dije en el debate anterior: no todo lo que no nos gusta, lo que nos parece inmoral, rechazable e incluso negativo para la sociedad ha de estar en el Código Penal. ¿Se
imaginan si legisláramos en lo penal y punitivo sobre la base de criterios morales no compartidos? Eso se hacía antes, y lo vuelvo a reiterar. Ese es el criterio que se utilizó, por ejemplo, para penalizar el aborto en su momento o para la
eutanasia. ¿No se dan cuenta de que están utilizando el mismo esquema que utilizaban otros para ese tipo de cuestiones? Lean si no el libro que los profesores Meneses, Rúa y García Vázquez han escrito, Intervención social con mujeres en
prostitución y víctimas de trata, y ahí verán la realidad, no la de la política en la nube sino la de la realidad de las personas que están en esos ámbitos. Su actitud me recuerda a aquella preciosa canción de Radiohead Karma Police, la policía del
karma. Ustedes actúan como tal, la policía moral, que incluso es capaz de decidir si una mujer es libre de decidir en un momento dado, una posición constantemente tuteladora, que anula la voluntad. 'This is what you'll get / When you mess with
us', decía la canción. Y no vamos a reiterar que sí, que diferenciamos lo que es delictivo y lo que es una valoración ética y moral, y lo delictivo se persigue y se castiga.
Pero de la misma manera que he dicho las virtudes de la propuesta que ha hecho la CUP, hay otros aspectos de la proposición de ley alternativa que parece que exceden en la regulación que pretenden: serán trabajadoras autónomas; el tipo de
contrato, un arrendamiento de servicios; cuando se ejerce en instalaciones se habla de un contrato de arrendamiento; la consideración fiscal de las rentas, la sujeción a IVA o que la entidad empresaria será solo mediante el régimen de
cooperativas, etcétera. También genera dudas el organismo para la protección de las personas que ejercen el trabajo sexual. Un organismo estatal, señores de la CUP, ustedes están planteando un organismo estatal. No sé si eso es muy... Bueno, a
nosotros no nos gusta.
En cuanto a las alternativas a la prostitución, hablan de un plan piloto de renda o renda de garantía e inclusión social. En Euskadi eso, por ejemplo, no podría ser aplicable porque nosotros tenemos nuestro propio sistema.
En cuanto al proceso de regularización extraordinaria, quizá lo podríamos compartir. Pero sin la modificación de la Ley de Extranjería, que es el quid de la cuestión y que aquí se ha planteado más de una vez, no parece que vaya a ser muy
real.
En general, la propuesta que ustedes hacen nos parece que es legislar en exceso. No creo que eso sea en estos momentos ni lo más urgente ni lo más importante. Creo que es evidente que todos los que estamos aquí tenemos puntos de vista
distintos en algunos enfoques, que discrepamos tanto en la interpretación de la realidad como en las soluciones planteadas, pero tenemos un punto en común todos y todas: nos importa a todos y a todas este problema, no nos es indiferente. Sabemos
que no podemos hacer la vista gorda y que no podemos navegar divagando en la oscuridad. Por todo ello, mi grupo va a proponer la creación de una subcomisión para el estudio de la situación de la prostitución desde todas sus vertientes, con datos
reales y verificables, dando voz a personas prostitutas, a personas prostituidas, a asociaciones de toda índole, investigadores, poderes públicos; abierta a poder realizar un diagnóstico veraz y consecuente para poder, posteriormente, legislar en
consecuencia y desde una perspectiva global y no cerrada solo a lo punitivo. Quien diga que no hay nada más de lo que hablar, mantiene una postura intransigente y obcecada, más bien integrista y, sobre todo, perjudicial para quienes decimos que hay
que proteger a las mujeres. Porque me pregunto: si la proposición de ley que hoy es enmendada sigue su curso en los términos establecidos, ¿qué pasará al día siguiente de la entrada en vigor, señores del Partido Socialista y Partido Popular? ¿A
todas esas mujeres que ejercen libremente su actividad ustedes les van a ofrecer casa, empleo y papeles en regla al día siguiente? ¿O es más importante dejar un sello ideológico en una ley que solucionar un problema?
Acabo, señora presidenta. Así pues, nos mantenemos en nuestra posición de abordar la problemática y la realidad de la prostitución en esta Cámara con debate, sosiego, intercambio de puntos de vista y diálogo, pero, sobre todo, escuchando y
empatizando. Para eso estamos, para solucionar problemas, y no para complicarlos más.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, cada vez que debatimos en esta Cámara sobre la prohibición de la prostitución, me veo obligada a establecer la diferencia, como ya se ha hecho, entre trata y trabajo sexual, para poder sentar las bases de un debate con honestidad y
buena voluntad, a la vista de que el Partido Socialista es incapaz de no mezclarlos interesadamente.
En Ciudadanos nos oponemos, evidentemente, y queremos trabajar para acabar, de una vez por todas, con la lacra de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. De hecho, aprovecho para decirle al Gobierno que deje sus
disputas internas y traiga aquí la ley de trata para proteger de verdad a las más de 45 000 víctimas de trata de nuestro país. Con esta medida sí que podríamos luchar, de una manera firme, contra este gran problema que sufren muchas mujeres, pero
ustedes no, pues parece que quieren seguir haciendo electoralismo con un tema tan serio como este. Lamentablemente, parece que el Partido Socialista sigue más empeñado en combatir a las trabajadoras sexuales, que ejercen la actividad de una manera
libre y voluntaria, que legislar específicamente para acabar con la trata de personas. Como liberales, siempre hemos defendido la regulación del trabajo sexual porque respetamos la libertad de aquellas personas que quieren ejercerlo de una manera
voluntaria, para que puedan hacerlo con todas las garantías y la seguridad a su alcance. Por eso, compartimos el espíritu de la enmienda a la totalidad que hoy tenemos en esta Cámara. Penalizar el trabajo sexual, tal y como quiere hacer el Partido
Socialista, solo provoca mayor criminalización en esta actividad que, de hecho, lamentablemente, ya está muy denostada, y además, lo que vamos a hacer es aumentar la inseguridad y los riesgos para las personas que lo ejercen. Estamos de acuerdo en
que existe una relación directa entre la penalización de este tipo de trabajo, tal y como quiere establecer el Gobierno con su proyecto de ley, y el aumento de la inseguridad de las personas que lo ejercen. Por eso, solo regulando de manera
efectiva el trabajo sexual de quienes lo ejercen de manera libre, estaremos avanzando hacia una erradicación de la trata de las personas con fines de explotación sexual. Compartimos el objetivo de este texto alternativo, aunque he de decir que se
nos queda un poco corto en algunos aspectos, porque apostamos por la regulación del trabajo sexual; apostamos por ofrecer un plan detallado, con medidas efectivas, para evitar que aquellas mujeres que se vean obligadas a recurrir al trabajo sexual
no tengan otra salida. Queremos propiciar salidas y alternativas laborales a aquellas mujeres que quieren dejar de ejercer el trabajo sexual, y esto tenemos que hacerlo con un hilo mucho más fino en las medidas alternativas de inserción
sociolaboral.
Además, queremos que exista una regulación que exija unas medidas higiénicas para el desempeño del trabajo sexual, algo que ya ocurre en Alemania y que creemos que debería ser implementado también en nuestro país, para garantizar que
aquellas personas que ejercen el trabajo sexual lo hagan con la protección necesaria y sin poner en riesgo su salud. Ahí, debemos protegerlas muchísimo más y establecer un marco más exhaustivo de sus garantías.
Por todo ello, no podemos hacer más que compartir la oposición al proyecto de ley del Gobierno, en primer lugar, como defensores de la libertad de todos los individuos y de su capacidad para elegir lo que quieren hacer para ganarse la vida,
y en segundo lugar, porque además estamos demostrando que el abolicionismo solo redunda en mayor inseguridad y peores condiciones para aquellas mujeres que ejercen el trabajo sexual.
El Partido Socialista ha pasado de mirar para otro lado en materia de prostitución a hacer como si no existiera y, ahora, a prohibirla, amparándose en una actitud paternalista y cargada de moralina. A diferencia del Partido Socialista, mi
grupo parlamentario se ha tomado la molestia de hablar con las trabajadoras sexuales, de hablar con aquellas organizaciones que están activamente protegiendo y defendiendo los derechos de las trabajadoras sexuales, porque esa es la política que
tenemos que hacer, sobre todo, en materias tan serias como esta. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a la realidad de esas mujeres que están ejerciendo el trabajo sexual, conocer cuáles son sus reivindicaciones y no mirar para otro lado y
tampoco criminalizarlas. Es irresponsable criminalizarlas porque, además, son mujeres que se encuentran en situaciones muy vulnerables.
¿Es feminista no defender a aquellas mujeres que ejercen el trabajo sexual de una manera libre y voluntaria? Porque me parece que es lo menos feminista que existe en la actualidad. Esa es la diferencia entre legislar con la moral y bajar a
la calle y conocer la realidad. Si lo hicieran, descubrirían que, aunque se lo impida su puritanismo, hay personas que quieren ejercer la prostitución de una manera voluntaria y quieren hacer lo que les dé la gana con su cuerpo. Porque, señorías
-yo ya lo dije hace unos meses en esta Cámara-, que a ustedes algo les parezca mal, no da derecho a convertirlo en norma, eso tenemos que tenerlo claro. Además, es curioso que en esta cuestión el Partido Socialista se ponga de acuerdo con el
Partido Popular y con VOX, es aquí donde se han puesto de acuerdo, en compartir una mirada paternalista y conservadora sobre el cuerpo de las mujeres. Cuando decimos esto, tenemos que tener claro que es ahí donde los liberales nunca nos vamos a
posicionar. Cuando se trata de recortar libertades y de gobernar la moral de los hombres y las mujeres, qué casualidad, la izquierda puritana siempre tiene su mejor aliado en los conservadores. Los liberales, como les digo, siempre estaremos
enfrente.
Estos días hemos estado hablando mucho del consentimiento de las personas en el ámbito sexual y lanzaría a nuestra ministra, la señora Montero, la siguiente cuestión: ¿es que, en este caso, el consentimiento de las mujeres, que ejercen de
manera libre y voluntaria la prostitución, no sirve? ¿Estamos cuestionando su consentimiento? Por eso digo que me parece lo menos feminista del mundo el no respetar su decisión libre y voluntaria.
Por ello, claramente vamos a votar a favor, pero tenemos que tener en cuenta, además, que vamos a dar una lección a esta Cámara, porque estamos acostumbrados a que únicamente, en muchas ocasiones, teniendo en cuenta quién presenta una
iniciativa, el resto de grupos parlamentarios, muchos grupos, sobre todo, del bipartidismo, lo que han hecho es posicionarse en contra.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Debe ir terminando, señora Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Nosotros, no; daremos talla, daremos ejercicio de parlamentarismo y, por eso, vamos a votar a favor de esta enmienda a la totalidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.
La proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que presentó el PSOE, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, tiene su origen en una enmienda que presentó este
mismo grupo parlamentario en el proyecto de ley orgánica de garantía integral de libertad sexual, más conocido como la ley del solo sí es sí. Esta enmienda, finalmente,
fue retirada, ante la negativa de los demás partidos partidarios de votar la ley de solo sí es sí. Fue retirada por dos motivos: continuar con el trámite del texto y para que la ley del solo sí es sí saliera aprobada.
Una vez contextualizado el motivo del debate de hoy, pasamos a valorar tanto la proposición de ley del PSOE como la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por la CUP. De entrada, tenemos que decir que, por supuesto,
estamos en contra de cualquier tipo de explotación sexual, se debe acabar con esta lacra. Se deben destinar más recursos económicos, sociales y policiales para luchar contra la explotación sexual, para hacer efectivo el artículo 187 del Código
Penal.
Por un lado, la proposición de ley del PSOE persigue acabar con la prostitución y, por otro lado, la enmienda a la totalidad de la CUP busca regular esta práctica y dotar de unos derechos fundamentales a todas las personas que ejercen el
trabajo sexual. Las leyes prohibicionistas que se han aplicado en otros países no han conseguido este propósito y han conllevado, a mi entender, un aumento de la vulnerabilidad de las personas que integran este colectivo. Debemos abordar y
afrontar un debate amplio donde se analice con profundidad el tema de la prostitución.
Votaremos a favor de la enmienda a la totalidad presentada por la CUP, a pesar de discrepar de algunos de los planteamientos. Preferimos que se tramite su texto para, posteriormente, en tramitación parlamentaria, presentar múltiples
enmiendas que, desde nuestro punto de vista, contribuyan a mejorar dicha ley.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Cañadell.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Estos días estamos viendo cómo el Partido Socialista pasea su proposición de ley contra la prostitución en versión moción en los plenos de numerosos ayuntamientos, y lo hacen mezclando peligrosa y populistamente la trata para la explotación
sexual con todo tipo de prostitución, también la voluntaria. Un totum revolutum en el que siguen equiparando sexo consentido con violación, pero se olvidan de explicar cómo en otros países en los que se ha seguido una línea punitiva como la que
proponen han aumentado las violaciones, los robos y las agresiones a las prostitutas que no estaban en manos de las mafias y que ahora, con ustedes, tendrán el riesgo de caer en ellas y de regresar a la clandestinidad o a espacios públicos en peores
condiciones sanitarias o de protección.
En Junts recientemente hemos preguntado al Gobierno qué medidas ha llevado a cabo desde el inicio de esta legislatura para facilitar acompañamiento a las mujeres de entornos de prostitución para su inserción en el mundo laboral regularizado,
o cuántas mujeres que han podido tener ese apoyo han vuelto al mercado laboral, o qué programas concretos se han puesto en marcha. La respuesta ha sido que hasta ahora no existía el Plan Camino, con 12 millones de euros a cinco años provenientes de
fondos europeos, para la inserción sociolaboral para mujeres y niñas víctimas de trata o explotación sexual y para mujeres en situación de prostitución. Es decir, que no se ha hecho nada hasta ahora. ¿Dónde está la obra, dónde está el legado tras
más de cuarenta años de gobiernos populares o de gobiernos socialistas?
Es necesario abordar la prostitución mediante programas y propuestas de inserción laboral a fin de dar salidas laborales a las situaciones de vulneración de los derechos de las mujeres; abolicionismo, pero positivo. Necesitamos recursos
para que las mujeres que ejercen la prostitución tengan alternativas reales siempre, no solo cuando hay fondos europeos, y necesitamos recursos en las comunidades autónomas, porque son las que están cerca del problema. Lo dijimos el primer día en
que en esta legislatura empezó a hablarse de penalizar la tercería locativa aun no existiendo explotación sexual. No podemos estar a favor de una ley que hace más vulnerables a las mujeres que viven ya en situación de precariedad y estigmatización
o que defienden su derecho a decidir, a consentir en sus relaciones sexuales. La prostitución es un fenómeno complejo. Es evidente que gran parte de la prostitución es forzada, a veces de forma indirecta, pero también existe la de carácter
voluntario. Por tanto, no tiene sentido dar soluciones homogéneas a problemas heterogéneos.
Hoy la CUP presenta una enmienda a la totalidad defendiendo la regulación de la prostitución como trabajo sexual. Esta iniciativa la interpretamos y recibimos como una nueva invitación a un debate que no ha existido en profundidad. Nos
abstendremos y lo haremos porque, sin discutir si el modelo es Suecia o Suiza, por poner dos ejemplos antagónicos, no es posible construir una respuesta de consenso. Pero bienvenida sea la subcomisión. Insistimos en que solo tomándose en serio la
escucha activa de todas las
mujeres, porque el feminismo no puede escuchar a unas y hacer oídos sordos a otras, pueden crearse leyes que tiendan a la justicia.
Las socialistas están presas del mensaje electoral de Pedro Sánchez y repiten como un mantra que van a abolir la prostitución, aun sabiendo que no van a conseguirlo, como demuestran los informes de Amnistía Internacional de varios países
donde también han optado por el prohibicionismo. Céntrense en la lucha contra la trata y la explotación sexual, céntrense en generar alternativas para las mujeres que desean salir de la prostitución porque los recursos no son ilimitados y los
derechos no deben limitarse, al menos no como lo hacen ustedes.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Buenas tardes. Gràcies, presidenta.
Bona tarda, diputats i diputades. Buenas tardes. Al hilo de cómo ha ido la discusión, déjenme hacer dos previas. En primer lugar, quiero felicitar a la diputada de la CUP, Mireia Vehí, porque ha hecho un discurso absolutamente impecable
que comparto completamente, y creo que la sororidad es eso, es decir, nos reconocemos y lo hacemos bien. (Aplausos).
En segundo lugar, la subcomisión, señor Joseba Agirretxea, la veo muy complicada. ¡Pero si no quieren hablar! ¡Si llevamos meses y meses con este tema y no quieren hablar! No quieren hablar, no quieren escuchar. Pero es lo que tenemos. Si
la plantea, vamos a votar a favor, igual que votaremos a favor de la enmienda a la totalidad de texto alternativo.
Tengamos claro qué estamos haciendo hoy, porque a veces confundimos términos. Básicamente lo que estamos diciendo es que esto se va a tramitar con un texto o con el otro y, por tanto, aunque hay algún elemento, efectivamente, de demasiada
regulación, de demasiado bajar al detalle, aunque creemos que no está maduro en absoluto y creemos que este tipo de legislación debe hacerse con el concurso de las personas afectadas, estamos mucho más cerca de lo que ha escrito la CUP que de lo que
ha perpetrado el PSOE. Porque lo que se ha hecho es perpetrar aquello que no pudieron hacer en la Ley de garantía integral de la libertad sexual -que hasta la puso en peligro-, y a través de una rabieta ahora, se ha convertido en modificación del
Código Penal.
Hace mucho tiempo que les vengo diciendo que el proxenetismo coactivo ya está incorporado en el Código Penal y para esta intervención recuperé una de las comparecencias que arrancamos -porque también costó- en la Ley de garantía integral de
la libertad sexual, que es de una miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Ella decía: No, no, el problema no es la ley; el problema son los jueces. La ley ya está escrita, pero la interpretación que ha dado el Tribunal Supremo no
nos permite aplicarla. Y yo les digo: lo que tienen ustedes no es un problema con la ley, es un problema con una judicatura, tan terriblemente dura para los derechos y tan mansa para las violencias contra las mujeres. ¿Y por qué? Porque esta
judicatura es una parte de la estructura patriarcal y machista que interpreta leyes y las aplica con esa visión. (Aplausos). Ese es el problema, no el redactado.
Solución: como la judicatura es machista, vamos a penalizar aún más, a ver si así no se nos escapan. ¿Pero quién recibe? ¿Qué vidas van a destruir? Van a destruir las vidas de las mujeres que hablan con nosotras y que dicen que a partir
de esta legislación su vida va a ser un infierno, si es que no lo era ya, por aplicación, por ejemplo, de ordenanzas de civismo. Yo no sé hasta qué punto ustedes son conscientes de ello y no sé hasta qué punto pueden mantener una posición que
incorpora en el Código Penal que dice que se multará -no irán a prisión- a aquellos que convengan la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico. Fíjense: no hay violencia, no hay
explotación, lo que hay es que uno no puede convenir por qué razón mantiene sexo porque la que decide los motivos correctos soy yo. Por cierto, y eso que es de izquierdas, suerte que no es de derechas, porque si llegan a ser de derechas nos dirían:
bueno, dentro del matrimonio... Es que están haciendo una legislación idéntica, señora mía. Y eso es lo que me sorprende, porque encima llegan a las comisiones y alardean de que es la proposición que ha tenido más votos. ¡No me extraña, por el
amor de Dios, tienen toda la bancada de la derecha con ustedes! Y eso no les hace pensar, cosa que es lamentable y que se tendrían que hacer mirar. En cualquier caso, este tema -debo decirlo, debo admitirlo- me irrita, porque uno de los elementos
que machacan la vida de estas mujeres -porque hablemos de prostitución o de trabajo sexual es básicamente un trabajo o una ocupación de mujeres- es el estigma. Y ustedes reproducen el estigma y lo vuelven a reproducir y lo convierten en categoría
que pende sobre la cabeza de todas estas mujeres. Por tanto, cuando hablamos de que hay determinadas posiciones en el feminismo
que deben encontrar un elemento común, hay una única línea: los derechos de las mujeres, el respeto de su libertad, el respeto de su manera de entender su cuerpo y su sexo -nos guste más, nos guste menos o no nos guste en absoluto-, porque
de respeto y de ampliación de libertades se trata. Su texto todavía endurece más las condiciones, su texto entra en qué supuestos es legítimo mantener sexo o no y, por tanto, su texto va a ser una base de partida durísima para llegar a un acuerdo.
Les decía el otro día que ustedes parten de un abolicionismo mágico, y quiero referirme a lo que comentaba la compañera sobre el abolicionismo material. Miren, mi partido no cree que tenga que tener un epígrafe en el IAE, entre otras cosas,
porque aquí se da la discusión interesantísima de si todo está bajo mercado o no. Y curiosamente -curiosamente-, nosotros, que combatimos ese mercado libre porque no se autorregula, nos preguntamos por qué eso solo afecta a los derechos y a la
libertad de las mujeres (aplausos), porque no afecta al resto, no están hablando del trabajo y de su dignidad. Y ahí hay tres elementos. Desde hace diez años -diez años- les presentamos sistemáticamente, regularmente una enmienda en los
presupuestos generales del Estado para dotar económicamente los programas de reinserción laboral y de actualización de estudios a las mujeres que quieran abandonar la prostitución. ¿Sabe cómo han votado durante diez años? ¡No! Diez años votando en
contra de los programas y ahora nos dicen que...
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Tiene que terminar, señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Ahora termino, señora presidenta.
No se llenen la boca con palabras como dignidad, libertad... (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Lo siento mucho, de verdad.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
El artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, nos obliga como Estado a luchar contra la trata de mujeres, así como contra la explotación de la prostitución ajena,
combatiendo la impunidad en ese ámbito. Con esta finalidad, el comité que vigila el cumplimiento de la CEDAW, el comité CEDAW, en 2015 instó a España, entre otras medidas, a -cito textualmente- adoptar una definición amplia de proxenetismo para
hacer posible el enjuiciamiento adecuado de los que explotan la prostitución ajena. Existe una doble dicotomía falsa cuando se trata de trabajar en políticas públicas... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Un momento, señora Fernández Castañón.
¿Podrían mantener las conversaciones en un tono más bajo, por favor?
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: O incluso no tenerlas en este momento.
Existe una doble dicotomía falsa cuando se trata de trabajar en políticas públicas en el ámbito de la prostitución. Por un lado, es totalmente compatible la protección de los derechos de las víctimas con la lucha contra la impunidad; por
otro, la defensa de los derechos de todas las mujeres no nos aboca a una regulación de nada, ni nos hace perder el horizonte abolicionista que desde Podemos defendemos. Es preciso sacar el debate teórico de la praxis de las políticas públicas, es
irrenunciable e inevitable ese debate, pero en las instituciones estamos para el aquí y ahora de la realidad de las mujeres, de la garantía de derechos. Y desde el Ministerio de Igualdad se plantea con el marco de los convenios internacionales, que
así nos lo mandatan, cuando abordan las discriminaciones contra las mujeres. Es cierto, señora Vehí, no todo el abolicionismo es prohibicionista. Gracias por decirlo también en esta tribuna. Y desde luego, prohibir sin facilitar acceso a
condiciones materiales es tan irrealizable como cruel. (Aplausos). Quienes son víctimas de trata y de explotación sexual necesitan una alternativa a su situación. No puede ser que se las deje en la explotación, las instituciones tienen la
responsabilidad de ofrecerles vías de emancipación ciertas y dignas, acorde con la realidad que viven y no con la que se elucubra en los despachos. En esta línea es en la que viene trabajando el Ministerio de Igualdad. Prueba de ello es la recién
aprobada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y en el marco de la política pública, también el Plan operativo para la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas de trata,
explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución 2022-2026, el llamado Plan Camino.
El primer marco de respuesta en nuestra legislación está, como decía, en la recientemente aprobada Ley 10/2022; una respuesta más allá de lo previsto en el Código Penal, con especial atención a los derechos de las víctimas y el principal
instrumento legal para avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones del comité CEDAW en su último informe de observaciones sobre España respecto a las obligaciones que tenemos con el artículo 6. Se reconoce a las víctimas de trata por
primera vez como víctimas de una manifestación de la violencia contra las mujeres. Hablamos de investigación y recogida de datos, esto es clave, y el ministerio ya ha iniciado el proceso para el primer macroestudio. La atención integral de las
víctimas de trata y explotación sexual, que implica acompañamiento psicológico, jurídico, social y también con la atención de los centros de crisis 24 horas; concienciación y sensibilización en la sociedad, y un fondo de reparación que permita esas
condiciones materiales que no podemos dejar fuera del proceso porque estaríamos cayendo en un cinismo institucional que nunca ha servido para solucionar el problema.
Y si hablamos de la lucha contra la impunidad del proxenetismo, sabemos que desde que entró en vigor la modificación del delito de proxenetismo no coactivo o abusivo, fruto de la reforma del Código Penal de 2015 -entró en vigor el 1 de julio
de ese mismo año-, la Fiscalía General del Estado no ha dejado de alertar sobre lo inadecuado de este tipo penal, que responsabiliza de los amplios márgenes de impunidad a las dificultades de persecución que rodea a este tipo de conductas. (El
señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Precisamente por eso, el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual, que tuvo entrada en el Congreso en julio de 2021, se dirigía a eliminar los principales obstáculos
planteados por la Fiscalía General del Estado respecto a esta tipificación actual del delito de proxenetismo, pero finalmente quedó fuera de la ley aprobada.
Desde el Ministerio de Igualdad se impulsó una redacción de consenso en la que se procedía a separar el tipo penal del proxenetismo coactivo del no coactivo y se estableció una pena diferenciada para cada uno, para contrarrestar la tendencia
de la jurisprudencia actual de exigir los mismos elementos a ambos delitos. Por tanto, permitía avanzar en la ampliación de la persecución del proxenetismo respecto al tipo actual, eliminando la traba más relevante destacada por la Fiscalía General
del Estado en sus memorias: la necesidad de acreditar la situación de vulnerabilidad; una redacción en la que el proxenetismo no coactivo se desvinculaba de la prostitución forzada y se inscribía en la explotación de la prostitución ajena,
excluyendo en todo caso de la criminalización a la prostitución -como dicen los organismos internacionales- voluntaria. Esa redacción de consenso es el punto al que debemos volver, es el punto en el que debemos trabajar, porque la búsqueda de
consensos tiene que ser la responsabilidad que nos mueva como fuerzas transformadoras para lograrla.
En Podemos -y acabo ya- tenemos claro que el objetivo de combatir la impunidad de la industria proxeneta debe ir unido a la protección y reconocimiento de derechos de las mujeres que son víctimas de explotación sexual. Esto pasa por un
abordaje integral que vaya más allá de la persecución penal del proxenetismo. Hablar de condiciones materiales significa garantizar el acceso de recursos a las víctimas de trata y explotación sexual, así como a aquellas mujeres que se encuentren en
situación de prostitución y deseen abandonarla. No hacer esto es legislar desde una situación privilegiada...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, por favor.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Acabo ya.
... ajena a la realidad material de las personas. Y a esto, ni vinimos ni estamos para ello.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Méndez Monasterio. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes.
Señorías, no es de extrañar el embrollo que tiene la izquierda con el asunto de la prostitución, queriendo solucionar este problema con cuatro artículos. Son muchos los elementos a tener en cuenta en un entramado tan complicado, en gran
parte delictivo, además de los valores puestos en juego, como es la libertad, evidentemente, y la dignidad personal.
El Partido Socialista pretende abolir la prostitución y, para ello, en su proposición plantea una serie de medidas que son parciales, que son incompletas, y algunas, claramente insensatas. Proponen ampliar el
tipo penal del proxenetismo, con lo que nuestro grupo está absolutamente de acuerdo; propondremos, incluso, que se agraven las penas cuando se trata de menores o personas con discapacidad. (Aplausos). Proponen penalizar lo que denominan
la tercería locativa. Presentaremos una enmienda relativa a que tan solo se debe penalizar al arrendador cuando existe dolo.
Nos preocupa mucho cómo van a hacer esa transición de la tolerancia a la prohibición, cuando tan solo en las carreteras de todo el territorio español hay más de mil burdeles. No entramos en más valoraciones, pero no han hecho el trabajo
previo.
Considerarán delincuentes y merecedores de pena a todos los clientes o demandantes de sexo cuando medie prestación económica y aun existiendo libre consentimiento. ¿Cómo se podrá probar que ha existido una contraprestación? ¿Y si la
contraprestación es un viaje o es un bolso o el amante le pone un apartamento? Atenta directamente contra la seguridad jurídica. Nosotros enmendaremos en el sentido de que, por supuesto, se sancione a los clientes cuando puedan conocer la
situación de explotación o de minoría de edad de la víctima. (Aplausos).
Por otra parte, los señores de la CUP proponen legalizar la prostitución -esa es su enmienda-. La legalización de la prostitución tendría muchos efectos perjudiciales, entre ellos, considerar como algo muy bueno comerciar con el propio
cuerpo. Pero, señores de la CUP, ¿cuál es el porcentaje de personas que están ejerciendo la prostitución de forma voluntaria? Lo verdaderamente importante, y que hay que resolver, son los casos de esclavitud que se están produciendo: el 90 % de
la prostitución proviene de la trata; ahí es donde hay que poner el foco. Porque la prostitución en la vida real no se asemeja a la película Pretty Woman.
A ninguna de sus señorías se les escapa la situación de muchas inmigrantes a las que engañan en su país para venir a España: las hacen contraer una deuda que pagarán prostituyéndose y les retienen el pasaporte. ¿O es que no conocen que hay
burdeles incluso con rejas en las ventanas? Esa es la realidad; y ante esa realidad, ustedes lo que proponen, tanto el Partido Socialista como la CUP en esta enmienda, es que se regularice a todas las personas que se encuentren en situación
irregular y se encuentren ejerciendo la prostitución; y aquí es donde entran las contradicciones. Yo les pregunto: ¿cómo es posible que se quiera proteger a las mujeres de la explotación sexual y no se ponga coto ni se controle la inmigración
ilegal? ¿Acaso no es una contradicción querer abolir la prostitución y que se proponga regularizar a las personas que se están prostituyendo? Porque, evidentemente, aumentará la trata y producirá un importante efecto llamada. Para obtener papeles
el camino es fácil: dedicarse a la prostitución; pretenden institucionalizar ese camino. Lo que hay que hacer es frenar la trata (aplausos), persiguiéndola y aumentando las penas, como nosotros proponemos, además de poner a disposición de estas
personas una verdadera política social de formación, de inserción laboral, pero nunca la regularización, que solamente beneficiaría a las mafias.
En segundo lugar, otra gran contradicción del PSOE. Yo les pregunto: ¿cómo es posible penalizar a un hombre que realiza sexo con una prostituta de forma libremente consentida -y no entro en valoraciones- y, al mismo tiempo, desde su
Gobierno se esté induciendo a practicar sexo con menores, eso sí, cuando sea consentido? (Aplausos). ¿Pero es que el menor tiene capacidad de consentir o negarse ante un adulto? Y no fue una mera afirmación; les animo a que analicen el artículo
183 del Código Penal que reformó la ley del 'solo sí es sí', donde dice: El libre consentimiento del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal por los delitos de abuso sexual, cuando el autor sea una persona próxima al menor por
edad o madurez.
Además, la hipersexualización que su Gobierno está promoviendo hacia los menores no es casual ni es inocente. Derecho a que conozcan su propio cuerpo a los tres, a los cuatro, o a los cinco años en el cole es como llama ahora la ministra
Montero el derecho a la corrupción de menores. Despertar instintos sexuales en edades no maduras está teniendo unos efectos tremendos, como es la adicción a la pornografía; desde los ocho años se empieza a consumir. ¿Cómo se explican el aumento
de delitos de carácter sexual en edades cada vez más tempranas? Y no ponen solución.
Otra gran contradicción del PSOE. Proponen abolir la prostitución porque dicen que atenta contra la libertad de las mujeres. ¿En qué quedamos? ¿Tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, como ustedes defienden, o no tienen derecho a
decidir? Y no entro en valoraciones.
En resumen, señorías, tienen un cacao mental importante. Y no dejo atrás la hipocresía en la que incurren cuando no luchan contra la inmigración ilegal y la trata, cuando no han condenado la explotación bárbara en Baleares y Valencia, o
cuando compañeros se han ido a los burdeles con el dinero de los ERE. Con esta ley serían delincuentes. (Aplausos). Señorías, todo ello nos lleva a pensar que su objetivo no
es la abolición de la prostitución, o que disminuya, como sería lo deseable; ustedes alimentan las causas y no ponen remedios sensatos y eficaces para erradicar la prostitución. Les apunto un tema importante si quieren que disminuya la
prostitución: luchen contra la inmigración ilegal; luchen contra la trata; dedíquense a disminuir la miseria que han aumentado con su Gobierno; dedíquense a disminuir las situaciones en riesgo de pobreza; y muy importante, señorías: acaben con
la hipersexualización de los menores, y, por supuesto, cesen a la ministra Montero. (Aplausos). Mientras no acometan todo esto, señorías, mientras no acometan todo esto, no nos cuenten que quieren acabar con la prostitución.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Jerez Juan.
El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, no todo se puede comprar y no todo se puede vender, no todo puede ser objeto de comercio, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en que debe estar prohibido y penado el
tráfico de órganos, el tráfico de seres humanos y el trabajo infantil, por mucho que esos negocios se concluyan de forma totalmente consentida por ambas partes, y todos estos casos deben ser castigados con dureza cuando detrás se esconden terceros
organizados que se lucran indebidamente. A nadie en su sano juicio se le ocurriría plantear su regulación en el ámbito de una economía de mercado; a nadie se le ocurriría legalizar estas conductas por tratarse de actos que atentan contra la
dignidad humana en sí misma. En cambio, a los proponentes de la enmienda se les ha ocurrido normalizar la indignidad que representa para muchas mujeres someterse a los deseos sexuales de quien paga, justificando que se hace de forma consentida
(aplausos), como si el consentimiento de una mujer fuera necesariamente coincidente con la voluntad de una mujer.
Pues bien, quienes vienen aquí a proponer que el consentimiento sea suficiente para que la prostitución se convierta en una modalidad de empleo más, deberían plantearse si ese consentimiento de las mujeres que ejercen la prostitución siempre
es libre, siempre es voluntario, siempre es deseado, siempre es querido o si siempre es decidido, o si bien está condicionado de manera insalvable por el lucro de terceros que persiguen un beneficio deshonesto. Porque no son consentimientos acordes
con su voluntad los de las mujeres que, presionadas por necesidades económicas, sociales o familiares, pierden la capacidad de decidir sobre su libertad sexual a cambio de dinero. (Aplausos). Porque no son consentimientos acordes con su voluntad
los de esas mujeres que, obligadas por un tercero, son sometidas coercitivamente al ejercicio de prácticas sexuales nunca deseadas. Y porque no son consentimientos acordes con su voluntad los de las mujeres que, engañadas por las mafias, ejercen la
prostitución bajo la promesa de un paraíso mejor. Porque todo el consentimiento de una mujer que no coincida con sus verdaderos deseos en el marco de su libertad sexual nunca jamás puede ser considerado como un consentimiento libre; será siempre
vacío y estará viciado. Por lo tanto, no es el consentimiento elemento suficiente y no se recupera la dignidad individual por convertir a una mujer que ejerce la prostitución en una contribuyente más. (Aplausos).
Señorías, no nos conduzcan a un falso debate sobre la regularización, que sigue también posibilitando la explotación, el sometimiento, la subordinación y la obediencia. No nos conduzcan a un debate sobre el buenismo de la legalización sin
garantizarnos antes que ese modelo acabará de una vez por todas con el proxenetismo. Porque este debate que hoy estamos teniendo aquí no va de si las mujeres que ejercen deban o no afiliarse a la Seguridad Social, no va de un contrato de servicios,
no va de si están sujetas a IVA o a la declaración anual del IRPF. Este debate no va de eso. Este debate va de derechos. Este debate va de derechos humanos, va de igualdad, va de dignidad, va de libertad sexual y va de lucha contra el
proxenetismo. (Aplausos). De eso precisamente va este debate.
Y en este sentido, y después del esfuerzo por regular el régimen laboral de las mujeres ejercientes, les pido que no se esfuercen más por encontrar complicidades más allá de nuestras fronteras. La realidad siempre es tozuda, y en este caso
también. La realidad es que, tanto en Alemania como en Holanda, la regulación legal del ejercicio de la prostitución se ha traducido en un aumento exponencial de la cantidad de víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la
cara más oscura, la cara más amarga y la cara más perversa de todas, precisamente contra aquello contra lo que todos queremos luchar.
Y dicho esto, ya solo me queda volver a reafirmarme y a reafirmarnos en los mismos principios que mantenía el Grupo Parlamentario Popular cuando abordaba el debate de toma en consideración de la
proposición de ley. Y en este contexto nos dirigimos al Grupo Parlamentario Socialista para manifestarle que la persecución del proxenetismo en todas sus versiones también es nuestro objetivo. Y les animo para que no se dejen presionar por
nada, pero tampoco por nadie, aunque se trate de la titular del Ministerio de Igualdad y se crea con mayor razón que nadie. (Aplausos). No se dejen presionar.
En la tramitación de la ley de libertad sexual hemos visto cómo y de qué manera el Gobierno ha intentado abordar la persecución del proxenetismo, y lo ha hecho desde ópticas distintas. Hemos llegado a ver incluso posturas condescendientes y
tolerantes que siguen dejando puertas abiertas al proxenetismo. Francamente, no creo que las mujeres de este país se merezcan un Gobierno fracturado...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe de finalizar, por favor.
El señor JEREZ JUAN: ... entre los ministerios de unos y los ministerios de otros. Lo que necesitan las mujeres de este país es un Gobierno cohesionado, es un Gobierno fuerte, y no un Ministerio de Igualdad fuertemente ideologizado en
permanente estado de crispación e irritación, con actitud arrogante y desafiante, que va por libre y es incapaz de pedir perdón alguna vez.
Muchísimas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bravo! ¡Muy bien!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Berja Vega.
La señora BERJA VEGA: Gracias, presidente.
Señorías, asistimos aquí a un debate, propiciado por la CUP, que resulta muy preocupante, porque el proxenetismo vulnera los derechos humanos, porque el proxenetismo es una aberración inasumible en democracia. (Aplausos). Y esta enmienda,
sin embargo, lo que hace es blanquear esta práctica incompatible con la dignidad de una sociedad decente, porque lo que ustedes, señorías de la CUP, proponen aquí es directamente legalizar el proxenetismo.
Les leo un concepto que nos trae su texto alternativo. Hablan de trabajo sexual voluntario dependiente, señorías; dependiente. Y digo yo, ¿dependiente de quién? Obviamente, dependiente de los proxenetas, señorías, dependiente de los
proxenetas, y esto es un escándalo. Y todo el texto, señorías, es un despropósito, porque parten de una premisa que se ha repetido aquí reiteradamente, y es que la prostitución es un trabajo. No, señorías de la CUP, la prostitución no es un
trabajo. No hay relación laboral en la explotación sexual de las mujeres. (Aplausos). No lo hay. Porque el consentimiento, si se compra, no es consentimiento, es subordinación. (Aplausos).
Y se comportan ustedes, señorías de la CUP, como auténticos neoliberales, tan de izquierdas como vienen ustedes aquí y tan de libre mercado con la vida de las mujeres. Y hoy será, además, un matrimonio político especialmente interesante,
porque les van a apoyar sus señorías de Ciudadanos. Señorías de la CUP, les apoyan sus señorías de Ciudadanos. Yo creo que tienen que hacérselo mirar, o también sus señorías de Ciudadanos. Alguien aquí se lo tiene que hacer mirar.
La Asociación de Mujeres Juezas nos decía -en la comparecencia de la ley del 'solo sí es sí' - que durante el año 2021 solo habían encontrado una sentencia por proxenetismo en España. ¿De verdad no les parece que algo falla? ¿Hay alguien
en esta Cámara que piense que no hay casos de proxenetismo en España? Y, señorías de la CUP, yo me pregunto: ¿han hablado ustedes con las víctimas de la explotación sexual? ¿Han escuchado sus testimonios? ¿Han escuchado la violencia que
soportan?
Las víctimas del proxenetismo definen los prostíbulos, los pisos, las rotondas o las esquinas de las calles como campos de concentración. Incluso una víctima de explotación sexual llegó a decir lo siguiente: Si por un momento pudiéramos
imaginar cómo sería nuestra vida si durante las veinticuatro horas del día tuviéramos que estar al servicio del otro, vestir como el otro quiere, comer y dormir cuando nos dejan, tener que aguantar aquello que fuera de la prostitución se considera
una agresión sexual, soportar comentarios humillantes relacionados con nuestro aspecto o con aquello que nos van a hacer y luego hacer cola, cola para entrar en las habitaciones para ser penetradas, donde la repetición durante horas se convierte en
un acto de tortura, y tener después que dormir hacinadas en esos mismos colchones... Señorías, ¿dónde está la libertad en esta tortura? ¿Dónde? (Aplausos).
Dicen que nuestra ley criminaliza -lo han dicho aquí ustedes-. Sí, criminaliza a los proxenetas, porque son criminales. (Aplausos). El otro día un diputado de una formación distinta a la mía me reprochaba que había una cuestión moral en
nuestra proposición, y me preguntaba por qué estábamos en contra de este tipo de servicios y no de otros que se dan en condiciones precarias. No, señorías, los
socialistas y las socialistas combatimos todo tipo de precariedad, pero es que para mi partido las mujeres no somos un servicio, y además al PSOE las cuestiones de clases nos remueven y la explotación sexual de las mujeres, además de tener
una cuestión de machismo claro, también tiene una cuestión profunda de clases. Porque, ¿quiénes son las mujeres prostituidas en este país? (Aplausos). Las más vulnerables, las más pobres, las que tienen menos recursos. Además, mantener un
sistema de explotación sexual de mujeres es incompatible con la igualdad entre mujeres y hombres, completamente incompatible. ¿Por qué solo hay proxenetismo en el caso de las mujeres? ¿Nadie de los que defienden la regulación de la prostitución se
ha dado cuenta de esto?
La impunidad con la que actúan los explotadores sexuales responde a la deficiente regulación penal del proxenetismo. Nos lo vienen diciendo además las memorias de la Fiscalía General del Estado durante años. Señora Vehí, seguro que ha
escuchado usted hablar de las deudas que las mujeres prostituidas contraen con los proxenetas, porque desde que captan a las mujeres los proxenetas les cobran por todo: por el viaje por traerlas, por el cepillo de dientes, por la ropa, por el
pasaporte, por las habitaciones, por las multas que les ponen por no respetar las normas de los proxenetas, e incluso por las drogas que tienen que tomar para soportar tantísima violencia. Sabrá también que las extorsionan con estas deudas, que las
privan de todo tipo de libertad para moverse, que no pueden salir, que las amenazan con hacer daño a sus familias. Las amenazan con todo y quieren ustedes además en su propuesta que paguen impuestos. ¿Saben lo que están proponiendo? Que aumenten
sus deudas con los proxenetas y que los proxenetas tengan otro elemento más de extorsión, de coacción y de violencia contra las mujeres.
Voy terminando. Es muy sencillo, hoy se vota a favor o en contra del proxenetismo. Punto. Y quienes voten a favor de la enmienda de la CUP estarán blanqueando públicamente el proxenetismo y a toda la industria proxeneta, a toda.
(Aplausos). Señorías, la propuesta del PSOE es muy clara: perseguir todas las formas de proxenetismo, y no tenemos ninguna duda -ninguna- de que es la propuesta que necesita una democracia digna como la nuestra, que no puede seguir mirando hacia
otro lado en una cuestión que atenta tan brutalmente contra los derechos humanos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).
- PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA DESPENALIZAR LAS INJURIAS A LA CORONA Y LOS ULTRAJES A ESPAÑA (ORGÁNICA). (Número de expediente 124/000013).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. Ley orgánica. A esta proposición de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad de texto alternativo.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente, y buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar en este punto de nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo en la reforma de los delitos de injurias contra la Corona y ultrajes a España. Y es para mí desde luego un placer como liberal, como quien se dice y
se siente liberal, poder hablar de la libertad en esta tribuna y de la extensión y los límites que tienen las libertades, porque no hay una sola libertad. Desde que el ser humano abandonó la ley de la selva, que es esa ley en donde cada uno hace su
capricho, y nos introdujimos en sistemas democráticos, resulta que todas las libertades tienen límites y existen este tipo de delitos. Fíjense, hace 2500 años en la democracia ateniense existía ya el delito de hablar mal de otro y en el derecho
romano republicano existía el delito de infamia. Por eso todas las sociedades democráticas avanzadas tienen precisamente límites a la libertad de expresión, tienen límites a todas las libertades. No se trata de la libertad de hacer cada uno su
capricho, se trata de hacer lo que uno quiera siempre y cuando no acabe con la libertad de los demás. Todas las libertades tienen límites y también la Constitución española en su artículo 20.4 tiene límites a la libertad de expresión. Por eso, a
nadie le extraña que en nuestro Código Penal se establezcan los delitos de odio en el artículo 510, el delito de enaltecimiento del terrorismo en el artículo 578 o los delitos de injurias y calumnias. Desde luego, si la libertad se usa para acabar
con la libertad de los demás, si se abusa de la libertad para acabar con los derechos de los demás, tendremos una sociedad menos libre como consecuencia de este abuso. Tendremos una sociedad menos
libre si permitimos que se profieran expresiones contra los judíos, que se profieran expresiones contra los gitanos; tendremos una sociedad menos libre si llamamos jarabe democrático a los escraches que perpetramos a los políticos;
tendremos una sociedad menos libre si permitimos los homenajes a los terroristas y a los asesinos; tendremos una sociedad menos libre si hacemos pintadas en las casas privadas de los jueces que solamente están cumpliendo con su obligación, si
acosamos a los policías o a los guardias civiles que pretenden en Cataluña simplemente cumplir con la ley; tendremos una sociedad menos libre si acosamos a unos padres que solo pretenden que sus hijos reciban la educación el 25 % en castellano.
Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Porque, claro, aquí nos encontramos con una postura del grupo proponente, Esquerra Republicana de Catalunya, que lo que pretende es discriminar respecto a quién realiza la manifestación injuriosa y
contra quién se realiza esa manifestación injuriosa, y hay algunas expresiones que son buenas y otras que son malas. Yo puedo decir que mi grupo parlamentario es aquí prácticamente el único que condena todas las manifestaciones que se realizan
contra la libertad política de cualquiera. Hemos salido públicamente a defender cuando se han hecho escraches contra Podemos o cuando se han hecho escraches contra VOX. Sin embargo, aquí nadie puede defender que no mira quién es el que ofende, ni
tampoco mira a quién se ofende cuando se trata de defender la libertad.
Nosotros planteamos esta enmienda con texto alternativo porque no rehuimos el debate y queremos adaptar la pena de las injurias al rey al criterio de proporcionalidad que se establece ya desde tiempo inmemorial y que establece el castigo con
pena de multa. Establecemos el castigo con pena de multa y les pedimos que sean valientes y que voten a favor de nuestro texto alternativo. Pero no se engañen; ya les digo que vamos a votar también a favor de la enmienda a la totalidad del
Partido Popular, porque ustedes, como siempre, nos ponen en el disparadero para que las cosas se queden como están -que es lo que el grupo conservador siempre quiere: no quiere reformar nada, sino que las cosas se queden como están- o que nosotros
le podamos decir al jefe del Estado lo que nos dé la gana en un ambiente de absoluta impunidad, como propone Esquerra Republicana de Catalunya. ¿Creen ustedes de verdad que nuestro país sería mejor si legitimáramos el insulto? Lo que pasa es que
ustedes no quieren que España sea un país mejor. Ustedes no hacen ese juicio de proporcionalidad científico que nuestra jurisprudencia dice y que incluso los países de nuestro entorno establecen respecto a la proporcionalidad de las penas. Ustedes
lo único que quieren es quedar impunes en su campaña de demolición y de acoso y derribo de los signos, símbolos e instituciones de España. Ustedes pretenden confundir el derecho a discrepar con el derecho a insultar.
Miren esta noticia: Un senador de Esquerra Republicana de Catalunya tacha de 'ocupante' a Inés Arrimadas por no cantar Els segadors. ¡Caray! Cuando son sus símbolos bien que se ponen ustedes enfadados, pero no por decir nada malo de Els
segadors, no, solo por no cantarlo. Adriana Lastra llama fascista a Laura Pausini por no cantar Bella ciao, la canción antifascista, en un programa de televisión. ¿Esto qué es? Por no hacer una cosa, resulta que esto ya no es libertad de
expresión.
A Esquerra le quiero preguntar una cosa. Ustedes van a decir aquí que son los máximos defensores de la libertad, que son los máximos demócratas, que viva la libertad de expresión. Oiga, ¿y la libertad de expresar pensamientos, ideas u
opiniones también en castellano en Cataluña? ¿La libertad de expresarse en español en los patios de los colegios? ¿La libertad de expresar tus ideas en las universidades en español? ¿La libertad de rotular tu negocio en español en Barcelona, en
Girona o en Olot? Ah, no, eso no. No, no. Para ustedes no es delito meterse con los símbolos y con los signos de otros Estados, pero bien que se ponen cuando alguien se mete con sus propios símbolos, claro. Ustedes son los que han impuesto la
espiral de silencio a los constitucionalistas en Cataluña y pretenden defender la libertad de la palabra. Son ustedes bastante hipócritas en ese sentido.
¿Saben lo que es la libertad de expresión? La libertad de expresión es decir, por ejemplo: la república no existe, idiota. Esto es libertad de expresión. ¿Pues saben lo que ocurrió con el humilde mosso d' esquadra que se le ocurrió decir
esto a un ciudadano? Que le abrieron un expediente de investigación. Al jefe del Estado, al rey de España, se le puede decir cualquier cosa, pero un humilde mosso no le puede decir a nadie: Fíjese, es usted tonto, la república no existe. Cuando
se cuestiona la república de Puigdemont, la república de los siete segundos, todo el imperio de la ley debe caer contra esta persona que expresa sus ideas. Ustedes juran y prometen la Constitución por el 1 de octubre; el 1 de octubre, que fue un
delito condenado por rebelión... (Rumores). Por sedición -perdón-, por desobediencia y por malversación de caudales públicos. Eso para ustedes es la libertad de expresión. Tenemos aquí insignes defensoras de la libertad de expresión, como es el
caso de la famosa periodista Mertxe
Aizpurua, condenada por enaltecimiento del terrorismo. Debe ser eso la libertad de expresión o debe ser eso la libertad de expresión cuando se recibe a los terroristas condenados como héroes en los homenajes en los pueblos de Euskadi. En
definitiva, señores, los pájaros disparando a las escopetas; el mundo al revés.
Y el PNV, que viene aquí a hacer chistes siempre, ¿verdad?, y habla de lo grande que es España y se mete con el rey como lo hace el PNV, con ese estilo de socarronería. ¿Sabe lo que entiende el señor Urkullu por ultraje? Ultrajes, porque
es otra de las cosas que vemos aquí: los ultrajes a los signos de España. Las manifestaciones de Urkullu fueron graciosas -si no fueran tristes- cuando dijo que era un ultraje para el País Vasco repartir en régimen de igualdad los fondos COVID; o
sea, para el PNV debe ser un ultraje la igualdad entre los españoles.
Fíjense, ustedes van a venir aquí a decirnos que España no es una democracia avanzada, que somos una democracia de baja calidad, cuando Newtral nos dice que diecisiete países europeos establecen una especial protección respecto a la jefatura
de su Estado; entre ellos, varias repúblicas. Francia, Italia o Alemania protegen la jefatura del Estado y los ataques que se le hacen por la palabra, por la expresión de ideas y opiniones de una manera especial con respecto al ciudadano, al
ataque que se puede perpetrar contra el ciudadano medio.
Voy terminando. Voy a leerles un discurso precioso que se hizo desde esta tribuna hace varios años. Era un discurso que decía así: La libertad no es hacer mi capricho, sino que nadie pueda hacer el suyo; la libertad no consiste en que yo
pueda calumniar, injuriar o ultrajar lo que me venga en gana, sino que nadie me pueda criticar, injuriar o ultrajar cuando le venga en gana. Y decía con una propuesta que aquí se veía: No es la crítica política lo que ustedes quieren despenalizar,
es una forma de violencia lo que ustedes tratan de convalidar. José Andrés Torres Mora, diputado del Partido Socialista que debe estar muy a gusto en Acción Cultural Española y no viendo cómo su partido se ha vendido a unos socios que proponen
despenalizar el delito de injurias al rey y los ultrajes a los símbolos de España. Ustedes no van a tener nunca su república independiente, pero me imagino que si la tuvieran, al guapo que se metiera con la estelada, con Els segadors, con Junqueras
o con Puigdemont, le pondrían ustedes penas de cárcel, seguro. Nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad de todos.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señor presidente.
Esta es una iniciativa de los grupos parlamentarios Republicano y Bildu presentada en el Senado, que viene de esa Cámara donde ya ha sido tomada en consideración, pero cuyo contenido es esencialmente coincidente con otras proposiciones de
ley anteriores, debatidas en septiembre de 2021 y en octubre de 2020, a iniciativa respectiva de Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya; iniciativas en las que también se postulaba la derogación de los artículos 490.3, 491 y 543 del Código
Penal, sobre injurias y calumnias al rey y ultrajes a España. Luego desde 2019, entre iniciativas de grupos comunistas y grupos separatistas, se debate en esta Cámara la supresión de tales delitos contra el jefe del Estado y contra España una vez
al año. ¡Qué antipatriótica perseverancia! (Aplausos). Ustedes me recuerdan con estos propósitos, tan ajenos a cualquier orden civilizado de la convivencia, a Gustavo el Incongruente, personaje de Gómez de la Serna que defendió una tesis doctoral
consistente en el derecho de todo el mundo a hacer lo que le diese la gana. Ustedes creen que tienen derecho a decir en términos injuriosos o calumniadores lo que quieran del rey de España como jefe del Estado y a ultrajar -que es un término con un
contenido semántico de grave ofensa, no una ofensa leve- a España. Si ustedes creen que esto es conforme con -repito- un orden civilizado de convivencia, ustedes, o verdaderamente han perdido el juicio o caen en este personaje ridículo de nuestra
mejor literatura.
Sabido esto, es de ver que en esta ocasión, y después de las dos anteriores, hay un cambio relevante, y es que en las ocasiones anteriores estos señores que se sientan en este lado de la Cámara, del Partido Socialista, se opusieron. Pero
ahora, curiosamente, no sé si por una razón de la primavera, que la sangre altera, en mayo de 2022 han votado a favor de la toma en consideración de esta propuesta, cuyas enmiendas a la totalidad debatimos en la sesión de hoy. En la ocasión
anterior tomó la palabra doña Isaura Leal, que me está escuchando atentamente -creo- y a la que aprovecho para saludar siempre respetuosamente y adherirme a su postura de oposición a aquella iniciativa, hoy devenida entusiasmo por
un senador del Grupo Socialista. No sé si verdaderamente aquí hay un motivo primaveral, estacional, el solsticio, ya no sé qué pensar. Yo creo que hay una explicación mucho más sencilla, y es que se aproximaba la mesa esa del diálogo que
tanto les gusta a ustedes. Bueno, les gusta; no sé si les gusta o no. Les gusta lo que les procura la mesa del diálogo y sus acuerdos, también antipatrióticos. Lo que les gusta es ese instrumento para que el señor Sánchez continúe en La Moncloa.
(Aplausos).
No hay en tales acuerdos una cláusula relativa a esto. Hay una cláusula general en uno de ellos, en el primero, sobre refuerzo de los derechos fundamentales; en fin, una cosa vaporosa, etérea, casi de lírica constitucional, pero que todos
sabemos que, entre otras cosas, cubre o ampara estos propósitos, como digo, recalcitrantes de estos grupos que son contrarios claramente al orden constitucional, como todos sabemos porque ellos lo manifiestan así cada cinco minutos. Yo imagino cuál
fue el diálogo, no el diálogo habido en la mesa, en la que participó el ministro de propaganda, el señor Bolaños, no; el diálogo que hubo de establecerse, acaso telefónicamente o por WhatsApp o qué sé yo por qué medio, con La Moncloa y con su
habitante, que es el jefe del ministro de propaganda -no voy a decir lo que dije en otra ocasión no sea que alguien se escandalice-. (Aplausos). Esquerra Republicana y sus socios -por cierto, creo que han roto ustedes el pacto de Gobierno, según
parece; no sé si esto servirá algo para España, ya veremos en los próximos días, confiemos en que sí- dirían: Queremos injuriar y calumniar libremente al rey; queremos ultrajar libremente a España, ad libitum, sin tasas, sin limitación. Y la
respuesta de Sánchez, del otro lado del teléfono o el que fuese el medio de transmisión de la comunicación, sería: ¡Faltaría más! ¡Hasta aquí podríamos llegar! (Risas). ¡Pero habrase visto que alguien pretenda impedir, y encima perseguir
penalmente, que se injurie y se calumnie al rey y que se ultraje a España! ¡Por supuesto! ¡Claro! ¡Vamos a apoyarles! ¡Ya les hemos apoyado! ¡Confíen en nosotros! ¡Si lo hemos dicho en mayo en el Senado! Y entonces ya con el Diario de Sesiones nos
dirían: No lo pongan en el acuerdo ese, si ya está ahí por escrito, recogido a modo de acta en el Diario de Sesiones del Senado. Esto se adentra en el género bufo porque no tiene ningún fundamento, pero, siendo bufo, al tiempo es grave porque lo
apoya el Gobierno. Y si lo apoya el Gobierno, ¿qué va a pasar aquí, doña Isaura y el portavoz socialista, don Patxi? ¿Lo van a apoyar ustedes también ahora aquí en esta Cámara? (Risas.-Aplausos).
Todos los argumentos que desgrana la exposición de motivos de la proposición son argumentos no totalmente falsos -para decir la verdad, con una cierta honradez intelectual-, sino parcialmente falsos; luego en todo caso, por esa parcial
falseada, falaces. La sentencia en el caso Stern y Roura contra España invocada por la proposición de ley. Ya dije en alguna intervención anterior con ocasión de aquellas tomas de consideraciones fracasadas que esa sentencia no se había
pronunciado en rigor sobre estos tipos penales; se había pronunciado sobre la existencia de un discurso del odio en la quema de un retrato del rey de España en Cataluña como manifestación de la libertad de expresión, de modo que no había un
pronunciamiento sobre esto que ustedes dicen que es inequívoco acerca de que deben ser derogados. No es cierto. La sentencia se expresaba además en términos muy casuísticos, es decir, muy atentos a las circunstancias, es decir, la quema del
retrato. Hecho de suyo reprobable, porque es una ofensa grave al señor que se quema, aunque sea en su imagen, aunque no sabemos si ustedes hubieran deseado una quema en una pira; esto ya otro día si quieren ustedes nos lo comentan, porque su
frenesí golpista es considerable. Ustedes en pocos años han dado dos golpes de Estado, les gusta; tan pronto tienen ocasión, lo hacen. Era en una manifestación política en estos términos, fue un exceso, pero el tribunal en cierto modo lo
disculpa; pero no, no conviene en lo que dicen ustedes. Ustedes además citan la sentencia Otegi, en la que sí es cierto que se dijo que la reputación del jefe del Estado no tiene por qué ser en principio protegida de modo superior a la reputación
de otras personas. Pero cuidado con la sentencia Otegi, porque ustedes ocultan. Siempre con mentira por delante, este es el principio rector de su actuación. Si empiezan ustedes mintiendo sobre la historia de Cataluña, imagínense sobre la
monarquía española qué van a decir. Pues mentiras sin límites. (Risas y aplausos).
Dice la enmienda a la totalidad de Ciudadanos que la sentencia Otegi lo que dice es que cabe la crítica a la figura del jefe del Estado; lo que no cabe es injuriarlo ni calumniarlo, que es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren injuriarlo
o calumniarlo libremente, porque no les gusta, porque consideran -qué sé yo- que es protagonista de una opresión y cosas de estas. Este criterio, el de la sentencia Otegi, fue el mismo que adoptó el Tribunal Constitucional en una sentencia
posterior a la de Otegi -en la Sentencia 177/2015- antes de la existencia de la sentencia Stern y Roura. Exactamente el mismo, es decir, la libertad de expresión ampara una crítica al jefe del Estado; lo que no cabe es injuriarlo, calumniarlo y
desde luego tampoco cabe ultrajar España, entre otras cosas porque estos tipos lo que protegen no es a la persona del jefe del Estado, sino a lo que representa, que en el derecho español es al Estado mismo,
la unidad nacional y la permanencia de este Estado -artículo 56.1- y protege a las instituciones -dice también la sentencia del Tribunal Constitucional- como representación de lo que es España. El derecho comparado no les da a ustedes
ninguna razón; el derecho comparado -también tuve ocasión de manifestarlo en intervenciones anteriores- nos permite observar que en la republicana Francia sigue existiendo el delito de injurias al jefe del Estado con la misma pena de multa que la
que castiga los insultos a los ministros o diputados. En la republicana Italia, con cuatro delitos de vilipendio político: del presidente de la república, de la república, de la nación y de la bandera. Hay una sentencia ya de 1964 de la Corte
Constitucional que declaró constitucional el tipo del 290, que es el vilipendio de la república. Otras repúblicas europeas de la Unión -Alemania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Portugal y Malta- también recogen tipos con este alcance y contenido. Por
cierto, al señor Asens lo dejó por mentiroso -no lo veo hoy, lo lamento, pero hubiera deseado interpelarle- Newtral, que es muy amigo de todos ustedes, un manipulador que hace verdades, el hacedor de la verdad como ese ser absoluto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Unos instantes, por favor, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene veinticinco segundos.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Cuando dijo que no, que esto era exclusivo de España, Newtral dijo fake new en boca del señor Asens. Y las monarquías parlamentarias, la de los Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Bélgica y el Principado de Mónaco,
para añadir una nota, si quieren ustedes, festiva en ese festival de bobadas que ustedes presentan una vez más. (Risas).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Sánchez. Su tiempo ha terminado. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a defender la enmienda a la totalidad que ha planteado mi grupo parlamentario a esta proposición de ley, que lo que pretende es despenalizar el delito de injurias contra el rey, la Corona, así como los símbolos del Estado.
Nosotros, básicamente, proponemos que se mantenga el statu quo actual, fundamentalmente porque hay una doctrina muy consolidada del Tribunal Constitucional y pensamos que el equilibrio que tiene es suficiente como para seguir manteniendo esa
legislación. A partir de aquí, haré unas previas consideraciones.
Como decía el señor Sánchez, reiteradamente, se viene evidenciando en este Congreso de los Diputados y, también, en el Senado que los grupos que sostienen al Gobierno, los grupos independentistas, están obsesionados con esta cuestión, pero
es verdad que esta vez esta iniciativa tiene una variación, no solamente la firma Esquerra Republicana de Catalunya, sino que la firma Bildu, el otro socio del Gobierno. Tengo que decirles que a mí me sorprende un poco cuando veo, los miércoles, lo
que pregunta el señor Rufián al presidente del Gobierno, que es verdad que le pregunta sobre la cesta de la compra, le pregunta por temas interesantes, también, a veces -a veces-, lo hace la portavoz de Bildu, pero no acabo de entender que, en lugar
de traer iniciativas sobre la inflación, el precio de la gasolina, la luz, el gas, las matrículas de los colegios o subidas de las hipotecas, ustedes, cuando tienen capacidad realmente de modificar algo, que es, a través de una ley, van y no lo
hacen; y, lo que piden es insultar, que el insulto al rey salga gratis y, por si acaso, quemar bandera, también. Créame que cuesta entender bastante esto y, sobre todo, va a costar entenderlo bastante en la calle a todos los españoles, con la que
está cayendo.
Señorías, se han dicho muchas cosas y, por lo tanto, intentaré no reproducir argumentos. Yo creo que el debate en el que se planteó en el Senado, así como los fundamentos de la proposición de ley, tienen cierta confusión, porque este no es
un debate entre libertad de expresión y el derecho al honor y la protección de los símbolos del Estado. Esto lo ha resuelto perfectamente el Tribunal Constitucional. El diputado de VOX, el señor Sánchez, hacía mención a la famosa sentencia del
Tribunal de Derechos Humanos, que se oirá aquí reiteradamente, pero a mí me da la sensación de que los formulantes de la iniciativa y los que defendieron esta tesis en el Senado, no se han enterado de que el Tribunal Constitucional, aparte de que lo
ha explicado bien el portavoz de VOX, no se refiere a aquello que dicen ustedes que dice,
está girando sustancialmente con esta cuestión. El Tribunal Constitucional en estos momentos ha dictado una última sentencia -ya veo al portavoz de Bildu que no le gusta el argumento- en la que va a provocar otro debate en el Tribunal de
Derechos Humanos, y ya verán cómo allí se produce un giro, sobre todo, porque ha dejado de estar la persona que estaba y que propició fundamentalmente esta cuestión, que, desde luego, para nuestro grupo parlamentario, no está equilibrada.
Pero el debate no es, insisto, libertad de expresión o la protección de la Corona, porque estos tipos delictivos, señorías, les recuerdo que se encuentran en el título XXI del libro II del Código Penal, que nada más y nada menos protege el
mantenimiento del orden político de la Constitución española de 1978. Deberían ser un poco más valientes y plantearlo en estos términos, si queremos, o no queremos, señorías del PSOE -esto va por ustedes-, mantener y proteger el régimen
constitucional del año 1978. (Aplausos). Ese es el auténtico debate. Porque, insisto, del debate del Senado y de lo que se deduce de la proposición no de ley se nos hace creer que aquí, en España, no se respetan los derechos humanos y lo único
que se traduce de esta iniciativa es que, los de siempre, independentistas vascos e independentistas catalanes, pretenden socavar nuestra Constitución y todas las instituciones que en ella se albergan.
Yo no les voy a recordar aquello de que el nacionalismo se cura viajando, porque, tanto que mira esa iniciativa lo que sucede en otros países, ya se ha dicho aquí, hay diecisiete países que protegen a su jefe de Estado, bien sea un
republicano o bien sea la Corona, señorías. Por lo tanto, y esto es lo que realmente nos molesta de esta iniciativa, sencillamente, es que está destinada a socavar, insisto, una de las instituciones del Estado que les molesta mucho a los
independentistas catalanes y a los independentistas vascos.
El delito de injurias a la Corona, por clarificar un poco la cuestión, señorías, no es lo que ustedes dicen que es. Lo que se protege es la institución y, por lo tanto, cuando se ofende al rey, claro que se está ofendiendo al rey, pero se
está ofendiendo -pues es un delito pluriofensivo- a todos los españoles que están de acuerdo con esa figura. Tal es así, señorías, que ni la restitución ni el perdón propiciarían la extinción de la pena ni de la acción penal. Lo que pasa es que,
al final, y esto es lo que destila la iniciativa, hay mucho odio a España.
Lo mismo diría del artículo 543, señorías, de los ultrajes a los símbolos. No es un trapo, es lo que representa y lo que une a todos los españoles. Pero, si tanto les preocupara la libertad de expresión, ustedes habrían pedido la supresión
del artículo 496, injurias a las asambleas legislativas o, incluso, a las Cortes Generales. Es lo mismo, sí, señor, hubieran pedido la supresión del 504, insultar al Gobierno, injuriar al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal
Constitucional o al Tribunal Supremo. ¿O es que, a esos, no se puede y resulta que al rey, sí? ¿A quién se le ha ocurrido esto, señorías? A los de siempre. Yo aprecio un elevado grado de cinismo, pero el cinismo llega, señorías de Esquerra, a
que, cuando ocurrió aquella cuestión desagradable de la librería Blanquerna, lo que alega el abogado de la Generalitat ante la Audiencia Provincial de Madrid es que había un ultraje contra la señera catalana, es decir, la defensa de la bandera
catalana, sí, utilizando el Código Penal, pero si quemamos, señorías, la bandera española, eso, que nos salga gratis. Créanme ustedes que cuesta entender bastante esta iniciativa.
Y respecto a la famosa sentencia del Tribunal Supremo americano que ustedes alegan, solamente les voy a decir una cosa. No es comparable en nada. Aquí hay dos partidos, dos organizaciones orquestadas, empeñadas en acabar con un orden que
deriva del año 1978, y en Estados Unidos fue una sola persona, muy enfadada con su país, porque un amigo había muerto. Nada equiparable.
Pero lo peor de esta iniciativa -y algo se ha dicho aquí- es el giro de posición del Partido Socialista Obrero Español. Este es un paso más. Que vivimos un tiempo anómalo, señorías del PSOE, yo creo que es evidente. ¿Pero saben por qué
sucede esto? Porque ustedes gobiernan con quienes odian a España, con quienes quieren destruir España, y es que es imposible gobernar España junto a quienes la quieren destruir, señorías. Ese es su problema. Y para justificar esta iniciativa, en
el escrito de la proposición de ley, se hace mención a lo que sucede en otros países. Señores del PSOE, ¿saben lo que no sucede en otros países? Gobernar con dos partidos cuyos líderes son dos personas delincuentes, dos condenados; uno, por
terrorismo y el otro, por sedición. Eso no sucede en ningún país de Europa. (Aplausos). Y por si eso fuera poco, señorías, con un socio del Partido Comunista no hay un Gobierno en Europa.
Después de cuarenta y cuatro años, esta vez han cedido. Es lo que tiene el querer quedarse en la Moncloa a cualquier precio. Pero este es un paso más. Todo empezó en el 2018, cuando ustedes decidieron conformar esa mayoría Frankenstein y
desapareció el respeto a las instituciones. Este es el problema que tenemos en este país con los socios de Gobierno, que ustedes van cediendo. Un Parlamento narcotizado,
cerrado en la pandemia; se gobierna a golpe de decreto, señorías; se ningunea al Tribunal Supremo y se indulta a los socios de Gobierno; un Tribunal de Cuentas hostigado por un presidente que al final consiguió que se cambiara para
indultar económicamente a los sediciosos; hostigamiento a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, Sánchez Corbí, Pérez de los Cobos, Catalá, la directora del CNI, señorías, todos son víctimas del independentismo catalán o el
independentismo vasco, y lo último, señorías, y lo peor, un hostigamiento al líder de la oposición sin precedentes. Señorías, da vergüenza ajena ver cómo Pleno tras Pleno ustedes insultan al jefe de la oposición. Ayer volvió a pasar -¿insolvencia
o mala fe?- y hoy no está el presidente del Gobierno, que por tres veces lo llamó falso.
Les quiero decir algo. Viendo la gran capacidad y la solvencia de quien profiere los insultos, estamos bastante tranquilos, pero les voy a hacer una pregunta: ¿de verdad piensan que los gallegos son tan tontos que durante dieciséis años
han votado a una persona insolvente? ¿De verdad, señorías, creen eso?
Para acabar, señor presidente, dejo para el final que el presidente Sánchez llama falso al presidente de la oposición. ¿Hay algo más falso, señorías, que la tesis del presidente del Gobierno? ¿Hay algo más falso que las afirmaciones que ha
hecho el presidente del Gobierno de este país cuando decía que con Bildu no o que Podemos le quitaba el sueño? Uno puede encontrar una afirmación y la contraria del presidente del Gobierno cada día en cada periódico.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
El señor SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presidente, acabo.
Realmente la pregunta que se hacen los españoles es si hay algo de verdadero en el presidente del Gobierno, señorías.
Acabo diciéndoles lo siguiente: con este tipo de iniciativas ustedes pueden encontrar la explicación a por qué cuando salen a la calle la gente no les deje estar y protesten. ¿Saben por qué? Porque los problemas de la gente son otros que
no se parecen en nada a esto.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en apoyo de las tres enmiendas de totalidad, con mi rechazo más rotundo a los cambios que se quieren perpetrar con esta proposición de ley por la que se modifica el Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona y los
ultrajes a España.
Son cambios que llegan desde el Senado a partir de una iniciativa al alimón de Esquerra Republicana de Catalunya y de EHBildu en la Cámara Alta. Ya se ha recordado que no es la primera ocasión en la que el separatismo con representación en
las Cortes Generales se camufla tras el derecho de libertad de expresión para facilitar resquicios por vía legislativa y atacar a los símbolos nacionales, a la Jefatura del Estado, a las principales instituciones españolas y a nuestras fuerzas y
cuerpos de seguridad. Resultaría lamentable que este modo de debilitar la nación tuviese éxito esta tarde, porque confirmaría la vocación títere del Gobierno, exprimido por el radicalismo de independentistas y antisistema. El Partido Socialista,
el partido de Sánchez, vuelve a perder estrepitosamente su sentido de Estado.
Señorías, el ejercicio de crítica política y de protesta está muy protegido en España. La Constitución ampara muy ampliamente la libertad de expresión y en todo el periodo democrático se ha profundizado muchísimo en tal derecho. Por otra
parte, España no es una excepción en el mundo y dispone en su ordenamiento jurídico de adecuadas fórmulas de protección y respeto a sus símbolos e instituciones principales. En la propia Unión Europea hay numerosos países homólogos cuyo marco
legislativo es muy similar para disuadir agravios, ofensas y comportamientos irrespetuosos hacia sus altas autoridades y sus símbolos.
Finalmente, si se da carta de naturaleza y barra libre a las injurias a la Corona y a los ultrajes a España, este será un asunto que los españoles tendrán que revertir a partir de las próximas elecciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Creo que deberíamos comenzar enmarcando bien este debate para tener claro de qué estamos hablando. Al independentismo no les molesta el rey porque sean republicanos, les
molesta el rey porque son antiespañoles y como antiespañoles les repugna cualquier cosa que huela a España, bien sea el himno nacional, la bandera o la Corona, que representa la unidad y la permanencia de ese Estado que combaten.
(Aplausos). Eso es lo primero que tenemos que entender, porque por ese rechazo, por esa visión totalitaria y por ese modelo separatista que no consiste en reivindicar lo propio, sino en proferir odio a lo que consideran ajeno, se creen con la
libertad de quemar una bandera, de pitar un himno o de injuriar a la Corona. Eso, precisamente, es el totalitarismo que una democracia combate con la ley. Porque la Constitución, que considera a la Corona el símbolo de la permanencia y de la
unidad, la protege precisamente porque representa la unidad y la permanencia del Estado.
Pero, claro, por suerte para el separatismo, el problema no es la Constitución. El problema es el Gobierno de España, que a ustedes les da igual los delitos que cometan, porque luego tienen a Sánchez que cuando quieran les indulta.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.
Podríamos tener muchos debates sobre derecho comparado, pero desde todos los puntos de vista lo que es una vergüenza es que en el Estado español haya cantantes condenados por hacer canciones, como es el caso de La Insurgencia, de Pablo
Hasél, que lleva un año y medio encarcelado, o de Valtònyc, cuatro años en el exilio. El derecho comparado no sé qué dirá, pero a ojos de todo el mundo eso es una vergüenza democrática. (Aplausos). Es una realidad represiva contra la libertad de
expresión que les retrata ante muchos de los organismos defensores de los derechos humanos, como el propio Tribunal de Estrasburgo. Se ha citado antes ya la sentencia que dio la razón a Arnaldo Otegi en 2011 por referirse al rey como jefe de los
torturadores o la que dio la razón en el 2018 a los compañeros de Enric Stern y Jaume Roura por haber quemado fotos del rey.
Sin embargo, pese a esas advertencias de Estrasburgo, el Estado español sigue con una legislación propia de Estados autoritarios y propia, también, de algo que podríamos llamar una españolidad frágil, tomando un buen símil. No es una
casualidad que muchas de estas leyes o artículos del Código Penal tengan su origen a principios del siglo XX, justo después del llamado desastre del 98, es decir, la victoria de los independentismos cubano, portorriqueño y filipino. Fue en aquel
momento, después de no haber podido conservar unos territorios, que, por cierto, lo que pedían inicialmente era autonomías simplemente, que el nacionalismo español reaccionó como con el orgullo herido, como con la forma de aquel que tenía una
posición dominante y se siente herido por haberla perdido, y entonces la toma con cualquiera que ose hacer broma o criticar esta posición de fuerza perdida.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor BOTRAN PAHISSA: Ese es el origen del delito del ataque a la integridad de la nación española, de ahí vienen también los hechos del ¡Cu-Cut! y viene la Ley de Jurisdicciones, y esto todavía dura. Es decir, son muy españoles y
'mucho españoles', van también de que hay democracia plena; ahora, eso sí, ni una crítica, ni una sátira, ni una pequeña provocación a su rey, a su bandera o a cualquiera de sus símbolos. Miren, háganselo mirar. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on. Buenas tardes, señor presidente.
Esta mañana mi compañero Oskar Matute hacía referencia a varias películas que le venían a la mente respecto a unos discursos de las derechas. Y a mí hoy, escuchando a los tres portavoces del Partido Popular, de Ciudadanos y de VOX, me venía
a la cabeza -no sé si recuerdan aquella película- Los tramposos, de Tony Leblanc, una película que era de humor. Claro, escuchándoles hoy a ustedes, reconozco que he sonreído, incluso me he reído a carcajadas en varios momentos. Porque, claro,
empezando por el señor Edmundo, el mundo al revés. Señor Edmundo, ¿no se da cuenta de que esta propuesta no solamente viene de Euskal Herria Bildu y de Esquerra Republicana, sino que hay recomendaciones del Consejo de Europa? Usted, que es tan
europeísta y un fino jurista, parece que olvida no solamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -que el señor Sánchez
ha interpretado al contrario en las tres sentencias condenando a España por ir en contra del artículo 10 del convenio, las ha interpretado a su manera, nos hemos reído un buen rato-, es que olvida que es también la comisaria del Consejo de
Europa la que ha recordado a España que tiene que derogar este artículo, pero no solo. También Naciones Unidas en su Consejo de Derechos Humanos ha solicitado en repetidas ocasiones a España que derogue estos artículos. Y le reconozco que no fue
Esquerra ni Euskal Herria Bildu, fue el señor Sánchez en Naciones Unidas ante el examen de 2020 el que se comprometió a derogar estos artículos.
Usted decía: Esto no lo hacen para hacer una España mejor. Yo creo que sí, que será un Estado con un Código Penal menos malo, porque reconozca usted que es uno de los más severos que hay en Europa.
Miren, aquí hay dos asuntos. Uno, que estamos hablando de una institución superprotegida ya, inviolable e irresponsable en todos sus actos, ya sean personales o institucionales. Y en la doctrina hay un debate que gana por goleada -por eso
me ha extrañado ese discurso tan antiliberal- que dice que, precisamente, esas instituciones que tienen ese carácter político y, en este caso, no elegida democráticamente -recordemos aquello que decía en una entrevista el padre del ávido lector
donde decía que no se hizo un referéndum preconstitucional porque se perdía- y que no ha tenido ese refrendo ciudadano, tiene que tolerar un nivel de crítica mayor aún que el de cualquier ciudadano, mayor aún. Y ustedes hacían trampa porque parece
que hoy estaríamos hablando aquí de derogar el delito de injurias o calumnias y no es eso, no es eso. Estamos hablando simplemente de libertad de expresión. Y no porque lo digamos nosotros, ya he dicho que hay jurisprudencia ya consolidada por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y son varias las organizaciones internacionales que hacen este llamamiento a España.
Pero, miren, es que además estos artículos, que vienen de lejos, son anacrónicos, parten del franquismo y, como decía antes, de una institución ya megaprotegida. ¿Y en qué contexto lo hacen? Lo hacen en un contexto en el que no solo el
jefe del Estado, sino toda la Casa Real está plagada de escándalos; o sea, han tenido incluso que cambiar de rey para salvar a la monarquía como modelo de Estado. ¿Y qué ocurre? Que al mismo tiempo, como decía el señor Botran, hay un rapero que
está en el exilio. Y fíjese, decía uno de los portavoces que en otros Estados hay también artículos que condenan de mayor manera los delitos contra la Jefatura del Estado. Pues Bélgica no solamente se ha negado a entregar España por el delito de
injurias contra la Corona al señor Valtònyc, sino que su Tribunal Constitucional ha reformado una norma relativa a las injurias a la Corona en Bélgica. Esto es, la sentencia del señor Valtònyc ha ayudado a progresar, a mejorar la legislación en
Bélgica. Por eso, es de sentido común en este momento en que hay otro rapero encarcelado también por delito de injurias contra la Corona, que ayuden estas medidas a mejorar la legislación que, ya digo, es anacrónica y desproporcionada. Porque no
estamos hablando de eliminar un delito de injurias o calumnias, sino que deje de estar superprotegida la institución.
Al señor Valtònyc se le condena por una frase que es: Los Borbones son unos ladrones; dicha en el siglo XXI. Esa misma frase la dijo el señor Valle-Inclán hace noventa años. Y es más, les animo a leer las actas de esta Cámara de julio de
1931 sobre qué decía sobre Alfonso XIII. Les animo a ver qué se decía sobre Alfonso XIII y sobre toda la Casa Real. Es más, había un ministro francés, Talleyrand, que decía que es costumbre real el robar, pero que los Borbones exageran. Esto lo
decía hace dos siglos. Si hace dos siglos se podía decir, ¿a alguien le entra en la cabeza, incluso a un monárquico militante o a un republicano no practicante, que esto sea delito? Es que a nadie se le ocurre, es un sinsentido, no porque lo
digamos nosotros, sino porque es un sinsentido y porque así se lo están diciendo desde organismos internacionales.
Es más, vuelvo a insistir, España tiene uno de los códigos penales más severos de toda la Unión Europea, es hora ya de ir adecuándolo a los tiempos actuales, y a la vez, una Jefatura del Estado superprotegida, que tenemos que ver una serie
en HBO para descubrir asuntos que no se pueden tratar en comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados. Por ello, el derogar estos artículos hará de este Estado una sociedad mejor y donde la libertad de expresión esté más blindada. Y
acabo diciendo que, obviamente, votaremos en contra de sus propuestas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.
El debate sobre la libertad de expresión en relación con algunos tipos penales, aunque no con todos -como también ha señalado un portavoz que me ha precedido-, es un debate recurrente en esta Cámara y que, a pesar de las muchas iniciativas
habidas, nunca lo hemos abordado en ponencia ni en Comisión de manera sosegada y con un examen técnico-jurídico en profundidad. Pero, señorías, este es un debate que no debemos rehuir, ya que con él afrontamos una de las cuestiones clave de los
sistemas democráticos, como es la libertad de expresión, que identifica a estos sistemas frente a los autoritarios y que permite a la ciudadanía y a sus representantes políticos articular opiniones sin temor a represalias, censuras o sanciones.
Sin duda, señorías, estamos ante una cuestión no exenta de aristas, pero que debemos afrontar y, desde nuestro punto de vista, tomando como base el texto que nos remite el Senado y no las enmiendas de totalidad que frente a él se presentan y
hoy debatimos; pues ocasión tendrán, a nuestro juicio, sus promotores de articularlas, si así lo consideran, como enmiendas parciales en su momento, a fin de encontrar un justo equilibrio entre el derecho fundamental a la libertad de expresión y
otros derechos fundamentales, especialmente el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen de personas o individuos, o con la tutela, en su caso, de bienes jurídicos colectivos. Como es conocido, y además de sentido común, no existe ningún
derecho ilimitado, y tampoco es excepción el derecho fundamental a la libertad de expresión, cuyos límites se fijan penalmente en los delitos de injurias y calumnias y en la apología del delito y sus autores; sin que podamos desconocer también,
señorías, que buena parte de la controversia acerca de los tipos penales de la proposición que nos remite el Senado viene motivada por su aplicación a manifestaciones en entornos de crítica política o disidencia hacia la monarquía como forma de
Estado o como institución o hacia la misma unidad del Estado, ciertamente -y hay que decirlo- en muchas ocasiones en un tono y con actos desabridos, ofensivos, incluso perturbadores o con críticas totalmente alejadas de la realidad, a través de la
persona que encarna la Jefatura del Estado o bien de los símbolos que representan a España y también a las comunidades autónomas, porque el tipo penal del que se habla se refiere también a los símbolos de las comunidades autónomas. Son
comportamientos -lo hemos dicho en más de una ocasión- que nuestro grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco no comparte, pero que reclaman una reconsideración en contextos de crítica política.
Señorías, consideramos que es hora de abordar y debatir la propuesta que nos hace el Senado u otras que pudieran proponerse al hilo de la misma, y no precisamente agravando la penalidad ni dejando las cosas de manera más o menos como están.
Por eso, señorías, no daremos nuestro voto favorable a las enmiendas de totalidad que debatimos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
De nuevo debatimos la despenalización de las injurias a la Corona y de los ultrajes a España. Como dijimos en el debate anterior, hace poco más de un año, desde el punto de vista del BNG esta tipificación delictiva no es compatible con un
sistema que se quiera verdaderamente democrático, y en el Estado español es muy evidente su uso para perseguir la discrepancia política, especialmente el soberanismo de las naciones sin Estado, con las legítimas críticas a una monarquía anacrónica y
corrupta como la actual de los Borbones.
Sin ninguna sorpresa, presentan enmiendas a la totalidad la ultraderecha y la derecha ultra, VOX, PP y Ciudadanos, fuerzas políticas que siempre hacen causa de recortar derechos en vez de ampliarlos, incluidos derechos democráticos básicos
como el de la libertad de expresión. Pero es que perseguir la libertad de información o de expresión fue norma a lo largo de los últimos cuarenta y cuatro años del régimen constitucional del 78: personas procesadas, encarceladas o exiliadas,
medios de comunicación secuestrados o cerrados... Y no solo en los primeros años, fue y es una práctica que se mantiene hasta hoy. Solo hay que recordar a los raperos de la insurgencia, la mitad de ellos galegos; recordar que Pablo Hasél está
encarcelado por cantar lo que todos sabemos: que los Borbones son unos ladrones; o que Valtònyc está exiliado por ejercer su libertad artística y de expresión. Permítanme recuperar aquí tres ejemplos de Galiza, que ya denuncié en el anterior
debate. En 1980, el cantante Suso Vaamonde fue condenado a seis años de prisión por injurias a la nación española por la letra de una canción, y tuvo que exiliarse. En 1981, el historiador Francisco Carballo fue condenado a seis meses y un día de
prisión por
recoger en un libro una verdad histórica: que la policía española había asesinado en 1975 al dirigente de la Unión do Povo Galego, Xosé Ramón Reboiras Noia. Reboiras fue reconocido oficialmente como víctima de persecución por el franquismo
en el año 2009. En 1986 fue condenado a dos años de prisión el dirigente del BNG Francisco Rodríguez, acusado de ultraje a la bandera española. Rodríguez, que fue un gran diputado durante doce años en este Congreso, defendió aquí la reforma del
Código Penal para -cito textualmente- que no pueda usarse este delito de forma caprichosamente política y con afán de castigo intimidador a discreción.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: No sé si son conscientes los acérrimos defensores de la Constitución de que la existencia en su Código Penal del delito de opinión es la mayor evidencia de la debilidad del régimen del 78 y del propio Estado español,
monárquico y unitario, porque es asumir que solo puede mantenerse y pervivir por la vía del castigo al discrepante político. Eliminar estos delitos será un paso en la buena dirección. En todo caso, nosotros vamos a seguir ejerciendo el derecho a
la libertad de expresión, cueste lo que cueste.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra. El señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.
Señorías, la verdad es que no vamos a poder dar apoyo a las diferentes enmiendas a la totalidad que se presentan a esta iniciativa, pero quería comentarles algunas cuestiones.
En relación con la primera, presentada por el señor Edmundo Bal y Ciudadanos, haciendo bandera de la cuestión liberal, con todo el respeto, les digo que no hay algo más liberal que la libertad de expresión y, además, ya está protegida en el
Código Penal. Las injurias, las calumnias ya están protegidas, y uno de los valores que los liberales tenemos más arraigados es el de la igualdad. Lo que todavía no entiendo es cómo pueden aceptar el artículo 56 de la Constitución, que dice que el
rey es el jefe del Estado, y el 57, que dice que la Corona es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos de Borbón. Esto no tiene nada de igualdad; estas previsiones no tienen nada de un régimen democrático y de igualdad. Cambiar
la Constitución seguramente es muy complicado, pero cambiar el Código Penal sí que depende de este hemiciclo, y habría una oportunidad para, al menos, relajar lo poco de liberal, lo poco de igualitario, lo poco de democrático que tiene este artículo
57.
Usted ha basado más su discurso en el ataque a los símbolos -lo del 25 % de la lengua, los carteles en catalán- que en el fondo la cuestión, y luego se han sumado el PP y VOX en lo relativo a cuál es la foto europea en todo este tema, es
decir, qué regulación tienen las jefaturas del Estado, pero ponen el ejemplo de Francia, sin tener en cuenta que en Francia se elige democráticamente a los jefes del Estado. Algo patina en su discurso, en su planteamiento. No se trata de que no
haya protección contra la injuria y contra las calumnias a las personas, se trata de que en un régimen en el que una posición es relativamente privilegiada no haya tampoco una protección excesiva, una protección reforzada, una protección
privilegiada. Les invito también a hacer un ejercicio. Seguramente en otros países hay esta protección reforzada a las instituciones del Estado -seguramente, es cierto; se han puesto aquí ejemplos-, pero ¿en cuántos países esto sirve para
perseguir a disidentes políticos, como periodistas, músicos o políticos? Analicen la configuración de la protección de las jefaturas del Estado y también la acción deliberada del Estado para utilizar estas herramientas para ir contra los disidentes
políticos.
La justicia europea, a la que ustedes menosprecian o sobre la que tienen lagunas de memoria, ya dijo que la quema de banderas no es delito de odio y que se tenía que revisar la configuración del delito de injurias a la Corona en el Código
Penal. Por tanto, nosotros estamos en un escenario en el que un personaje público, evidentemente, puede recibir críticas mucho más amplias que cualquier otra persona. No hace falta esta sobreprotección a las instituciones del Estado. Reconfiguren
este régimen jurídico a través de la proposición que se presenta, para que esta protección no sirva para perseguir, sino para proteger la auténtica libertad de expresión. En este escenario es en el que nos van a encontrar. Estamos satisfechos de
que este debate se pueda producir, de que pueda prosperar la proposición inicial y de que, con la aportación de todos, se llegue a un régimen y a una configuración de este tipo penal mucho más justa, pero sobre todo mucho más democrática e
igualitaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano. (Rumores).
Señorías, les ruego un poco de silencio, por favor.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats.
El pasado 25 de mayo aprobamos esta iniciativa en el Senado, porque para nosotras, las republicanas, y para todas las demócratas la libertad de expresión es uno de los derechos que más representa una democracia plena, el poder expresar ideas
libremente por cualquier medio y sin censura.
En los últimos siete años las condenas en el Estado español han sido una media de dos por año, condenas a directores de medios de comunicación, a raperos, a periodistas, a sociedad civil por expresar su disconformidad con la Corona y sus
símbolos. Pero es que las exclusivas que nos da el emérito en los últimos años generan un rechazo absoluto a esta institución, sumado a las operaciones de Estado para blanquearlo. La vergüenza que sentimos muchas es compartida por muchos otros
países; el último, el Reino Unido, con el entierro de Isabel II.
Los parlamentarios de Ciudadanos, PP y VOX han hecho una defensa de la Corona y de sus miembros reales en sus enmiendas a la totalidad con argumentos absolutamente alejados de la realidad. Por ejemplo, no niegan que se les pueda criticar,
sino que se haga en condiciones de igualdad. Pero es que la familia real no es igual al resto de la ciudadanía, porque goza de derechos y de privilegios que nadie más tiene. Así que, no insulten a la gente.
La Fiscalía, en su memoria del 2021, inició una docena de investigaciones por injurias a la Corona, que acabó cerrando sin llegar a judicializar ninguna. Todas ellas -y cito textualmente- fueron archivadas al entenderse que carecen de
relevancia penal al encuadrarse en el ámbito de la crítica política y no personal de la institución monárquica en general y, en particular, del Reino de España como nación, debiendo entenderse como una expresión simbólica de insatisfacción y
protesta y, por tanto, primar la libertad de expresión como derecho fundamental.
Ya en 1986, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de julio, el caso Lingens contra Austria, estableció que los límites de la crítica admisible son más amplios respecto de un hombre público, a diferencia de lo que sucede
cuando se dirige contra un particular, ya que el personaje público -y dice así textualmente- se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos, tanto por los periodistas como por los ciudadanos, y debe por tanto
mostrar una mayor tolerancia. En el mismo sentido, hay innumerables sentencias; entre muchas, la sentencia del Tribunal Constitucional 216 del año 2006.
A la vista de que los miembros de la familia real tienen unos derechos que se les niegan al resto de ciudadanos, se podría pensar que tales privilegios tienen su contrapartida en una mayor responsabilidad penal y exigencia, pero sucede todo
lo contrario. El artículo 56.3 de su Constitución establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Ello quiere decir que el rey puede matar, violar o robar sin que por estos hechos sea posible abrir diligencias
penales contra él, lo que vulnera no solo el principio de igualdad ante la ley, sino también el de la tutela judicial efectiva.
Esta inviolabilidad del jefe del Estado español apenas tiene paralelo en el derecho comparado actual. Así, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en su artículo 27.1, dice: El presente estatuto será aplicable por igual a todos, sin
distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona -sea jefe de Estado, de Gobierno, miembro de un Gobierno o de un Parlamento, representante elegido o funcionario del Gobierno- en ningún caso eximirá la
responsabilidad penal, ni constituirá per se motivo para reducir la pena. Este Estatuto de la Corte Penal Internacional fue ratificado por más de 150 países y en ninguno de ellos se conoce un precepto legal como el que contempla el Código Penal
español, que consagre la impunidad de los jefes de Estado, ya sean emperadores, reyes o presidentes de república. Y ya se ha dicho: Tanto el Consejo de Europa como Naciones Unidas han instado en innumerables ocasiones al Estado español a que
revise su legislación, pero todavía no hay ningún avance.
Mientras exista esta tipificación, siempre puede haber una acusación y, por tanto, una condena. Un ejemplo reciente, en 2020, cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias a tres políticos por injurias a la Corona: Teresa
Rodríguez, Ana Pontón y el nostre president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Y acabo como empecé. ¿Qué se puede esperar de los monárquicos españoles? ¿Qué se puede esperar de alguien que está orgulloso de tener un rey irresponsable? Y no, no es ningún ataque al Borbón. No hace falta que pongan a ninguno de sus
abogados a trabajar; digo irresponsable como una simple referencia constitucional. Y lo repito: La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
Esto no es normal. No es normal y no es democráticamente aceptable que haya una persona que quede al margen del Estado de derecho y que no responda por sus actos. Es profundamente absurdo que haya una persona a la que por el hecho de ser
hijo de su padre no se pueda llevar a los tribunales, con independencia de si comete tráfico de influencias, hurtos, estafas o cualquier otro delito. ¿Pero saben qué? Para desgracia de aquellos amantes de los privilegios y las instituciones
medievales, cada día hay más gente que se da cuenta de que esto no tiene ningún sentido, que la monarquía en sí misma no tiene ningún sentido; de hecho, algunas hace mucho tiempo que lo tenemos muy claro.
Y acabo, presidente. De aquí a pocas semanas se cumplen noventa años de un histórico discurso del que voy a citar una parte. (Termina su intervención en catalán).
Moltes gràcies. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias, presidente.
Señorías, no estamos en un debate sobre símbolos o instituciones, estamos en un debate sobre derechos y libertades; sobre la libertad de expresión, que es uno de los derechos fundamentales reconocido a todo ser humano en democracia y un
valor en sí de la democracia. Así se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Europea de Derechos Humanos y en la Constitución española. Es decir,
estamos en un debate sobre calidad de la democracia española. En nuestro país nos hemos acostumbrado a que se sucedan represalias y condenas a prisión de personas por el ejercicio de la libertad de expresión, ya sea en su vertiente artística,
satírica o simplemente de opinión; una anomalía en la democracia, en buena medida derivada de la reforma del Código Penal del Partido Popular de 2015; una realidad que causa estupor en Europa.
La propuesta que llega ahora del Senado -efectivamente, presentada por Esquerra Republicana y por Bildu- es coincidente con la proposición de ley que ya presentó nuestro grupo parlamentario en esta Cámara, que fue tomada en consideración en
el año 2021 y que se encuentra en periodo de enmiendas. Nuestra propuesta contempla, al igual que esta PL, la derogación de los decimonónicos delitos denominados de ultraje a España. Por cierto, el tipo protege los símbolos del Estado y de las
comunidades autónomas. En caso de derogarse, la derogación afecta tanto a la rojigualda como a la senyera, no se pongan nerviosos. Además, los miembros de la Casa Real ya disfrutan de protección frente a estas infracciones. No va a desaparecer la
protección ante los insultos del Código Penal, doce tipos penales incluidos en nuestro Código Penal. No creo que la monarquía esté tan débil que necesite este tipo especial reforzado.
Pero nuestra proposición de ley va mucho más allá y aborda la derogación de otros delitos que también han sido utilizados para cercenar el derecho a la libertad de expresión, los delitos denominados injurias al Gobierno o los denominados
delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, porque existen sobrados mecanismos legales en nuestra legislación para proteger cualquier derecho de las personas que se vieran afectadas por vulneraciones de sus derechos a cuenta de
la libertad de expresión o, mejor dicho, a cuenta de expresiones: el derecho de rectificación o la protección del derecho al honor. Es decir, la democracia no necesita legislación liberticida, en este caso impuesta por la derecha. Las tres
derechas de Colón, Partido Popular, VOX y Ciudadanos, muestran claramente su alianza para impedir la libertad de expresión. Siempre han considerado que las libertades públicas son una seria amenaza a sus privilegios.
La enmienda a la totalidad del Grupo Popular propone mantener las criminalizaciones de la libertad de expresión tal y como están y desatender todas las reclamaciones de Europa. VOX, más radical y extremista, en su empeño de acabar con las
libertades, propone el endurecimiento de las penas que impiden la libertad de expresión. Como ejemplo, subir hasta tres años de prisión por una crítica a la Corona. ¿Tres años de cárcel por decir que el rey cobraba comisiones y que eso es
corrupción? ¿Tres años de cárcel? (Aplausos). La enmienda a la totalidad del Grupo Ciudadanos viene a reconocer que la prohibición de criticar a una familia con abundantes escándalos de corrupción es realmente exagerada. Acepta la eliminación de
las penas de prisión y propone su sustitución por multa. Es una propuesta cobarde y sigue sin ser admisible, porque la sanción penal por conductas ligadas a la libertad de expresión no puede existir en una democracia.
En democracia no pueden ser delitos comportamientos que contienen una finalidad cómica. Recuerden la revista El Jueves, que fue condenada por estos delitos, o el ridículo espantoso de abrir un procedimiento penal por pitadas al rey en un
partido de fútbol, o la condena por la crítica que hizo el alcalde de Puerto Real, condenado en 2009, por calificar de deleznable que no se pudiera hablar de los negocios ilícitos del rey. Señor Suárez, ¿esa afirmación es un ataque a España, como
usted ha dicho? ¿Es acaso mucho más grave esto que el hecho de que un general en retiro se pronuncie y amenace con fusilar a 26 millones de españoles por pensar de otra forma? (Aplausos). Esa conducta está impune a fecha de hoy precisamente por
mor de la libertad de expresión. Puede efectivamente haber expresiones que resulten desagradables, groseras e incluso hirientes, pero eso no alcanza para anular la obligación de la democracia de aplicar el principio de mínima intervención del
derecho penal.
La amenaza de sanción a la libertad de expresión impide el debate público y la libre participación política de la ciudadanía. Eso lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos condena reiteradamente por mantener el delito de
ultraje a España y que considera injustificable que España castigue el agravio al rey. El Consejo de Europa también recuerda el difícil encaje democrático de las injurias a la Corona por afectar a la libertad de expresión. Es decir, ustedes
inventan ataques a la democracia para incumplir la ley y la Constitución española, negándose, por ejemplo, a renovar el Consejo General del Poder Judicial; recurren a Europa para justificar su incumplimiento de la ley y la Constitución, y ahora
desprecian a las instituciones europeas a la hora de garantizar los derechos que estas exigen.
Voy a acabar citándoles otra vez al señor Andrés Ollero...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando.
El señor SANTIAGO ROMERO: ... que durante diecisiete años fue diputado del Partido Popular en el Congreso, y que en su voto particular en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del 543 del Código Penal decía: Por ahorrar a mi querida
España una nueva condena como las ya coleccionadas sobre cuestiones similares, entiendo que es constitucional. No le parecía serio que no lo fuera... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Benéitez.
La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Les anuncio que votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad planteadas por la derecha, por PP, por Ciudadanos y por VOX. Parece que vuelve el trío de Colón, y vuelve el trío de Colón para oponerse con muchas estridencias a todo
aquello que tenga que ver con garantizar o proteger derechos como la libertad de expresión o la libertad ideológica. ¿Saben a lo que me recuerdan sus planteamientos sobre este debate? A la derogación del delito que criminalizaba los piquetes
informativos en las huelgas, que impulsó el PSOE. Recuerdo perfectamente sus algaradas contra el sindicalismo. Hoy, tiempo después de haber dejado atrás aquel tipo penal, que era claramente contrario a la libertad sindical, vivimos en un país
igual de seguro, pero mucho más libre. Ninguno de sus augurios se cumplió, señorías de la derecha. Sin embargo, sospecho que sabían que aquel tipo penal merecía como mínimo ser repensado.
Parece que a ustedes siempre les ciega su necesidad de control, de estrechamiento de la expresión y de limitar aquello que se puede decir y de lo que se puede hablar. Quizás es que saben, en definitiva, que proteger la libertad de
pensamiento debilita su poder, que está residenciado en la defensa del statu quo. Por eso, señorías de la derecha, cuando hablamos de avances sociales o de ampliar libertades, en el mejor de los casos ustedes siempre llegan tarde. Solo en esta
legislatura, por ejemplo, han hiperventilado con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y les ha molestado el derecho a la muerte digna. Es más, en esta legislatura la única libertad que han defendido ustedes es la de acosar a mujeres
en las clínicas cuando deciden interrumpir su embarazo, la única. (Aplausos).
Señorías, ustedes abrazan tanto la democracia que a veces la asfixian. Hay algunos argumentos jurídicos que amparan la reforma de los delitos de injurias a la Corona y a España. Como saben, los delitos contra la Corona se alojan en el
título XXI del Código Penal -lo ha indicado el portavoz del Partido Popular-, los llamados delitos contra la Constitución. Los preceptos acogidos en este apartado tienen como finalidad proteger derechos fundamentales y bienes jurídicos que son muy
relevantes. Algunos de ellos son la libertad, la integridad física o la inviolabilidad del domicilio. Todos ellos parecen claramente diferenciables de los delitos contra el honor. Sin duda, creo que esta disonancia debería abrirnos a una
reflexión. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Sigo, señorías. Nuestra Constitución mantiene una concepción claramente personalista del derecho al honor, es decir, alude a personas individualmente consideradas. Esto puede hacer inadecuado hablar del honor de instituciones, de
territorios o de símbolos. Así lo ha dispuesto de hecho ya nuestro Tribunal Constitucional. Además, la protección especial de elementos como las instituciones públicas o los territorios puede limitar otros derechos fundamentales, como es la
libertad ideológica, que está muy ligada al pluralismo político, que, como saben, se encuentra en los pilares de cualquier democracia. Del mismo modo, creo necesario recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dicho que no es
beneficioso reforzar penalmente el prestigio de los jefes de Estado; de hecho, lo define como un privilegio que contraviene la práctica política moderna. Este tribunal, además, ha condenado a España en varias ocasiones por sentencias vinculadas a
estos preceptos legales.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha apoyado en otras ocasiones iniciativas encaminadas a la reforma de estos artículos del Código Penal. Modificar estos tipos penales no tiene por qué generar indefensión ni desprotección, sino
que el Partido Socialista aspira a generar proporcionalidad e igualdad.
Señorías, la libertad de expresión, la libertad de creación o la libertad ideológica deben contextualizarse siempre en la realidad histórica de cada momento, y lo cierto es que hoy, en una democracia consolidada como España, sobreproteger
cualquier institución puede dañar el derecho a ser escuchado y a la participación libre en la vida pública. Señorías, defender las instituciones no es pretender que quien injuria a la Corona entre en la cárcel; defender las instituciones es
proteger a los más débiles, que solo alcanzarán un futuro digno si cuentan con un ordenamiento jurídico que proteja valores como la justicia, la igualdad o la libertad. (Aplausos).
Igualmente les digo, señorías, que el Grupo Parlamentario Socialista no va a permitir que el subtexto de esta reforma se convierta en una afrenta al orden constitucional. El Partido Socialista lleva cerca de medio siglo conjugando la
defensa de las instituciones con sus valores republicanos, y esto es así porque no tenemos duda de que el origen del poder se encuentra en la soberanía popular y en la razón democrática. Quiero recordarles, señorías, que si hoy podemos defender
aquí la abolición o la reformulación de la monarquía es gracias al pacto constitucional que con tanta ligereza se menta a veces en esta Cámara. Nosotras, los y las socialistas, siempre honraremos la Constitución que tanto trabajo nos costó acordar.
Por eso, señorías del Partido Popular, les pedimos menos juramentos vacuos y más hechos. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Si tanto creen en las instituciones democráticas, tengan la valentía de prescindir de Juan Gallardo al frente de la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León. (Aplausos). No se puede ser demócrata
asociándose con quienes no respetan ni el funcionamiento ni la soberanía de las Cortes. De sus comentarios sobre la violencia de género, mejor no vamos a hablar. Si tanto respeto tienen ustedes por las instituciones de nuestro país, permitan ya
que el Consejo General del Poder Judicial esté representado por quien legítimamente corresponde.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra).
¿Señor Espinosa de los Monteros?
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Señora presidenta, con base en el artículo 72 en relación con artículo 71, por alusiones personales que me ha hecho en el punto anterior la diputada Vidal, en el que se debatía el tema de las
condiciones laborales de empleadas del hogar.
La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto para hacer mención específica a las alusiones, por favor.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Ha dicho específicamente dos cosas que le quiero aclarar. La primera, que me habían embargado el sueldo, y la segunda, que había sido condenado por no pagar a los trabajadores. Le quiero aclarar
que a mí no me han embargado el sueldo nunca, lo puede usted consultar con los servicios de la Cámara, y que a mí no me ha condenado nadie por no pagar a unos trabajadores, quizás se esté usted confundiendo con el señor Echenique, que ese sí: no
pagó a su empleada, que le cuidaba y no pagó a la Seguridad Social. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.
Votamos en cuatro minutos. (Pausa).
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL A RAÍZ DE LA MUERTE BAJO CUSTODIA JUDICIAL DE MASHA AMINI Y EN CONTRA DE LA REPRESIÓN QUE SUFRE EL PUEBLO IRANÍ. (Número de expediente 140/000024).
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños, por favor.
Antes de proceder a la votación, vamos a dar lectura de la declaración institucional a raíz de la muerte bajo custodia judicial de Masha Amini y en contra de la represión que sufre el pueblo iraní. Para ello, doy la palabra a la secretaria
segunda de la Mesa.
La señora SECRETARIA (Hernanz Costa): Declaración institucional a raíz de la muerte bajo custodia judicial de Masha Amini y en contra de la represión que sufre el pueblo iraní.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal, reconocido desde hace décadas en diversos textos internacionales, es también un principio fundamental de la Unión Europea; sin embargo, existen muchos países en los que
sigue sin respetarse.
El pasado 13 de septiembre, la joven iraní de veintidós años Masha Amini, de origen kurdo, fue detenida por la Policía de la Moral y llevada a una comisaría para asistir a una hora de reeducación por infringir, supuestamente, la obligación
de cubrirse la cabeza con un hiyab bien ajustado. Poco después fue ingresada en coma en un hospital, donde falleció el 16 de septiembre. La versión oficial afirma que sufrió un paro cardíaco. Diversos testigos aseguran que la golpearon dentro del
vehículo que la trasladaba a la comisaría y que tenía señales de maltrato.
Pocos días después, Hadis Najafi, de veinte años, colgaba en redes sociales un vídeo en el que se quitaba el hiyab y se recogía el pelo rubio en un moño frente a la policía que intentaba controlar una manifestación en la ciudad de Karaj.
Recientemente supimos que la joven murió bajo custodia policial.
Estos nuevos atentados contra los derechos y libertades de las mujeres en Irán han originado una ola de manifestaciones y enérgicas protestas en más de veinte ciudades del país, en las que, como Hadis Najafi, miles de mujeres se graban
mientras se cortan el pelo o queman sus velos a cara descubierta, compartiendo esos vídeos en las redes sociales. En varias ciudades las mujeres protagonizan manifestaciones en las que se quitan el hiyab y cantan contra el Gobierno, protagonizando
violentos enfrentamientos con la policía del régimen iraní de Ibrahim Raisí que han sido duramente reprimidos. Se cree que hasta el 24 de septiembre han fallecido al menos cincuenta y cuatro personas como consecuencia de esta represión, según
varias fuentes, y los detenidos pueden ser más de 1186.
Ante esta gravísima vulneración de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos, el Congreso de los Diputados:
Primero, condena la vulneración de los derechos humanos y particularmente de los derechos de las mujeres y de las niñas por parte del régimen iraní. En segundo lugar, reprueba la muerte bajo custodia policial de las jóvenes Mahsa Amini y
Hadis Najafi, así como la represión desencadenada por las autoridades iraníes contra las mujeres y contra todos aquellos que se han solidarizado con el fallecimiento de la joven, pidiendo la eliminación de las restricciones en la vestimenta y en la
conducta impuestas por el régimen iraní. En tercer lugar, atiende a las demandas de las mujeres iraníes en el exilio que piden apoyo a la comunidad internacional en su lucha contra la represión y la falta de libertades en Irán. En cuarto lugar,
apoya a las manifestantes que han salido a la calle en Irán y en otras naciones del mundo para protestar por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini y Hadis Najafi y exigir la puesta en libertad de todos los detenidos, empezando por la
periodista Nilufar Hamedi, que fue la primera en comunicar la muerte de Mahsa. En quinto lugar, condena la represión del régimen iraní, especialmente represivo de los derechos y libertades de las mujeres, de las personas homosexuales y de las
minorías étnicas y religiosas. En sexto lugar, reconoce el derecho de las mujeres en cualquier parte del mundo a la libertad individual de la indumentaria y, por último, anima a impulsar en el seno de las Naciones Unidas iniciativas a nivel global
a favor de la libertad de las mujeres. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
Ahora sí, vamos a dar comienzo a las votaciones.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE LA REVALORIZACIÓN DE SALARIOS Y PRESTACIONES ASISTENCIALES. (Número de expediente 162/001084).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con la proposición no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano sobre la revalorización de salarios y prestaciones asistenciales. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 25; en contra, 265; abstenciones, 53.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIONES):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS, SU IMPACTO EN LOS HOGARES ESPAÑOLES Y LAS MEDIDAS QUE ESTÁ TOMANDO EL GOBIERNO PARA ALIVIARLO. (Número de expediente 173/000169).
La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la subida de los tipos de interés, su impacto en los hogares españoles y las
medidas que está tomando el Gobierno para aliviarlo. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 150; en contra, 186; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE SU POSICIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y DE LA OTAN TRAS MÁS DE SEIS MESES DEL INICIO DE LA INVASIÓN RUSA EN UCRANIA, Y LA ESTRATEGIA QUE ESTÁ SIGUIENDO ANTE UNA
DE LAS MAYORES CRISIS DE SEGURIDAD EN EUROPA DESDE EL FIN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. (Número de expediente 173/000170).
La señora PRESIDENTA: Moción, consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique su posición en el ámbito internacional y de la OTAN tras más de seis meses del inicio de la
invasión rusa en Ucrania, y la estrategia que está siguiendo ante una de las mayores crisis de seguridad en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La votación se realizará separada por puntos.
Punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 282; en contra, 57; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 1.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 103; en contra, 187; abstenciones, 54.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto 2.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 99; en contra, 187; abstenciones, 58.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto 3.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 281; en contra, 59; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 4.
Punto 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 264; en contra, 61; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 5.
Punto 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 227; en contra, 61; abstenciones, 56.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 6.
Punto 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 272; en contra, 65; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 7.
Punto 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 281; en contra, 58; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 8.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN). (CONTINUACIÓN):
- PROYECTO DE LEY SOBRE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. (Número de expediente 121/000094).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Votación del dictamen del Proyecto de ley sobre precursores de explosivos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 190; en contra, 51; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 121/000121).
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Votación de conjunto del texto del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra por tramitarse en lectura única, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 262; en contra, 51; abstenciones, 27.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 16/2022, DE 6 DE SEPTIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL HOGAR. (Número de expediente 130/000088).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos leyes.
Real Decreto Ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 293; abstenciones, 51.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto ley. (Prolongados aplausos de muchas señoras y señores diputados, algunos de ellos puestos en pie mirando a la tribuna de invitados).
Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto Ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio
del hogar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 341; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, se tramitará como proyecto de ley.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE EMPLEO. (Número de expediente 121/000112).
La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de Ley de Empleo. Enmiendas a la totalidad de devolución.
Enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 50; en contra, 292; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
- AVOCACIÓN POR EL PLENO.
La señora PRESIDENTA: Solicitudes de avocación. Solicitudes presentadas por los Grupos Parlamentarios Republicano y Plural de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 337; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda avocado por el Pleno de la Cámara.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PROHIBIR EL PROXENETISMO EN TODAS SUS FORMAS. (Número de expediente 122/000224).
La señora PRESIDENTA: Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas
sus formas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (señora Vehí Cantenys).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 34; en contra, 293; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
- PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA DESPENALIZAR LAS INJURIAS A LA CORONA Y LOS ULTRAJES A ESPAÑA (ORGÁNICA). (Número de expediente 124/000013).
La señora PRESIDENTA: Proposición de ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (orgánica).
Votamos la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 11; en contra, 242; abstenciones, 91.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 152; en contra, 191; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 52; en contra, 202; abstenciones, 90.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Muy buenas tardes a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las seis de la tarde.