CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 737

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROBERTO URIARTE TORREALDAY VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 36 (extraordinaria)

celebrada el jueves,

28 de julio de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor García Ortiz, en relación con su propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 276/000021) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Buenos días a todas y a todos. Vamos a proceder a abrir la sesión de la Comisión de Justicia.


Como sus señorías saben, el orden del día de la sesión consiste en la comparecencia de don Álvaro García Ortiz, a los efectos previstos en el artículo 29.2 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal. De conformidad con dicho artículo, en la redacción dada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, el Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, comunicará la propuesta de nombramiento del fiscal general del
Estado al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en este caso la Comisión de Justicia, en los términos que prevea su Reglamento, a los efectos de
que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto. A propuesta de la ministra de Justicia, el Consejo de Ministros, en su reunión del 26 de julio pasado, acordó tomar conocimiento del informe favorable del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial sobre la propuesta de nombramiento y comunicar al Congreso de los Diputados la propuesta de nombramiento de don Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, acuerdo que la Mesa de la Cámara trasladó a esta Comisión
el 27 de julio. La sesión se iniciará con la intervención del compareciente. A continuación intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios, como es habitual, de menor a mayor, comenzando por el Grupo Mixto, por tiempo de diez
minutos, y cerrará la sesión el compareciente.


Dicho esto, vamos a proceder a iniciar la comparecencia, teniendo en cuenta que estamos ya en vísperas del periodo de estival y también teniendo en cuenta el buen clima que siempre reina en esta Comisión, y supongo que hoy vamos a conseguir
superarnos. Sin más, le cedo la palabra al candidato a fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz. Adelante, cuando quiera.


El señor CANDIDATO A FISCAL GENERAL DEL ESTADO (García Ortiz): Muchas gracias, presidente.


Señorías, muchas gracias por su asistencia a esta comparecencia. Les agradezco que hayan venido y les solicito simplemente que escuchen a este candidato a fiscal general del Estado. Voy a leer el discurso porque quiero ser certero y no
dispersar los mensajes que trataré de explicarles, y quiero contar de una manera programática cuál es la intención de este candidato a fiscal general.


Es para mí un honor comparecer ante esta Cámara, sede de la soberanía popular, para someter a su consideración la propuesta de nombramiento que el Gobierno ha hecho de mi persona para dirigir una institución de singular importancia para
nuestro Estado de derecho como es el Ministerio Fiscal. La fortaleza institucional de la Fiscalía se viene a apuntalar con esta comparecencia sobre los pilares de la transparencia y del control democrático.


Quiero comenzar mis palabras con un agradecimiento y un reconocimiento a la labor desempeñada por la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado García, cuya renuncia por motivos de salud está en el origen de mi comparecencia en el
día de hoy. Durante su mandato se acometieron e impulsaron importantes iniciativas que supusieron un indudable beneficio para la carrera fiscal, para la justicia y, en definitiva, para la sociedad. Por hacer mención a algunas de ellas -con otras
quizá me extienda un poquito más adelante-, si me lo permiten, quiero hacer referencia, entre otras, al aumento de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, a la proyectada conversión de categorías, al incremento de plazas para fiscales en las
sucesivas convocatorias de oposiciones, a los avances en autonomía formativa, a una nueva concepción de la formación, a la dotación de nuevas herramientas para el trabajo diario de los fiscales, a la modificación del régimen de sustituciones en
equiparación a la carrera judicial, a la firma del Convenio de Prevención de Riesgos Laborales con el Ministerio de Justicia, al hito que supuso el informe del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal del año 2020 o al nuevo reglamento del
Ministerio Fiscal, una histórica reivindicación de los fiscales que ha puesto fin a una norma preconstitucional. Sobre estas bases se plantea un proyecto que no es sino la continuación o ejecución de lo trabajado e impulsado durante estos años.


El Ministerio Fiscal, como ustedes saben, es un órgano de relevancia constitucional que el artículo 124 de nuestra Constitución incardina dentro de su título VI, dentro del Poder Judicial. Acabamos de celebrar y conmemorar cuarenta años de
vigencia del estatuto orgánico, regulado en virtud de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre. Son cuatro décadas de fiscal democrático y de una norma estatutaria que atribuye como principal y más característica misión del Ministerio Fiscal la defensa
de la legalidad como manifestación de la voluntad popular que ustedes encarnan, en calidad, además, de promotor de la acción de la justicia y de garante del cumplimiento del conjunto del ordenamiento jurídico. Sin embargo, el ordenamiento
constitucional va mucho más allá. Nos encomienda la defensa de los derechos de la

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ciudadanía en un sentido orgánico y pleno y una presencia cada vez más protagónica en todos los ámbitos y procedimientos en que se ven comprometidos los derechos fundamentales, las libertades públicas y, en especial, el interés social.
Somos sus garantes y sus valedores.


El fiscal general del Estado es el único cargo en cuyo proceso de designación intervienen los tres poderes del Estado y culmina con el nombramiento por su majestad el rey. Se puede decir, por consiguiente, que el Estado participa en su
conjunto. Ese es el peso institucional que tiene el Ministerio Fiscal en nuestro sistema democrático. La propuesta se formula por el Poder Ejecutivo. Es el modelo por el que optó nuestra Constitución y no es ni mucho menos privativo del
ordenamiento jurídico español, sino que es el seguido por la práctica totalidad de los países de nuestro entorno. La audiencia y el aval del Consejo General del Poder Judicial, tras el examen de los requisitos legales para mi nombramiento como
fiscal general del Estado, merece, por supuesto, una reflexión a la que no es ajena el compareciente.


La reforma de nuestro estatuto orgánico, operada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, introdujo la presente comparecencia ante el Congreso de los Diputados, ante el órgano de representación democrática, a fin de someter al escrutinio
ciudadano el proyecto de la persona candidata a fiscal general del Estado, sus méritos y su idoneidad en el cargo. Por eso es mi intención desgranar aquí, ante sus señorías, el plan de actuación que me propongo desarrollar y los objetivos
fundamentales que pretendo perseguir si finalmente soy nombrado, y soy plenamente consciente de que la actual legislatura ha superado ya su ecuador.


Soy fiscal de carrera y fiscal vocacional, fiscal por convicción. Ingresé en la carrera fiscal en el año 1999 y mi primer destino fue Mahón, en la Fiscalía de Menorca. En 2002 me trasladé a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela y
allí he desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional, especializado, fundamentalmente, en temas medioambientales. La catástrofe que el Prestige provocó en las costas gallegas, que justo este año cumple su 20.º aniversario, así como el
combate contra los incendios forestales son solo una parte de lo que profesionalmente me ocupó en aquella etapa. Me gustaría destacar mi periodo como miembro del Comité Ejecutivo de MEDEL, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades,
una organización que agrupa a más de 15 000 jueces y fiscales de toda Europa y que me ha permitido conocer otras realidades de nuestro entorno cultural y geográfico más cercano, compartiendo con ellos, con los jueces y fiscales en nuestro entorno
europeo, los peligros que acechan a las democracias cuando se quiere utilizar la justicia como arma de confrontación política. El 4 de abril de 2018 tomé posesión como vocal electivo del Consejo Fiscal por la lista de la Unión Progresista de
Fiscales mediante un sistema de voto personal, igual, directo y secreto de todos los miembros en activo de la carrera fiscal, y tuve el grandísimo honor de ser elegido por casi novecientos compañeros y ser en ese momento el candidato más votado
hasta la fecha. Durante dos años, hasta el mes de marzo de 2020, desempeñé este cargo consciente de la responsabilidad que suponía ejercer su representación -me refiero a la representación de toda la carrera- en este órgano consultivo y de
asesoramiento del fiscal general del Estado. He pertenecido a la Unión Progresista de Fiscales desde mi ingreso en el Ministerio fiscal y quiero poner en su conocimiento que desde el momento en que el Gobierno de España comunicó mi propuesta de
nombramiento solicité a través de su presidenta la baja en esta asociación profesional. No solo lo considero un acto debido, sino que tiene para mí -quiero así transmitirlo a la carrera y a sus señorías- un alto contenido simbólico. Pretendo ser
fiscal general de todas y de todos los fiscales, cualquiera que sea su adscripción, estén o no afiliados a alguna asociación.


El 5 de marzo de 2020 tomé posesión como fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado tras mi nombramiento mediante real decreto, a propuesta de la entonces fiscal general, a quien desde aquí quiero
agradecer la confianza puesta en mí para desempeñar tan relevante cargo. A partir de ahí, en esta nueva y apasionante etapa, se conformó un equipo de fiscales y funcionarios, altísimos profesionales a quienes hay que atribuir todos los méritos,
logros y aciertos que hayamos podido alcanzar. De los errores pueden hacerme a mí responsable. Como les decía, tomé posesión de mi cargo actual el 5 de marzo de 2020, es decir, apenas una semana antes de que la Organización Mundial de la Salud
declarase la situación de pandemia COVID-19 y nueve días antes de la declaración del estado de alarma en España mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Si evoco ahora el recuerdo de los momentos más duros de la pandemia -el de las
víctimas siempre nos acompañará a todos- es para extraer dos lecciones que en el ámbito de la organización y gestión de la Fiscalía y del servicio público de la justicia no podemos olvidar. La primera de ellas es el valor de la coordinación y las
relaciones institucionales, un valor que trataré de mantener y, si es posible, incrementar, en especial el diálogo fluido y la leal colaboración que en todo momento se ha venido manteniendo con el Ministerio de Justicia. También una

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fructífera colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, con las comunidades autónomas, con los colegios profesionales, con el resto de los operadores jurídicos y, en general, con todos los organismos implicados en materia de
justicia. Hacia dentro, en la propia Fiscalía española, con las distintas unidades centrales, con los y las fiscales de Sala, con los fiscales especialistas, con los fiscales superiores, con los jefes y las jefas provinciales y con los jefes de
área, por supuesto, porque la Fiscalía solo puede entenderse como una colectividad. Solo interpretándola en clave de equipo alcanzamos nuestras más altas cotas de eficiencia. Nunca antes -y espero que nunca después tengamos que volver a hacerlo-
hubo que gestionar muchas cosas. La Fiscalía española, por ejemplo, fue la primera institución, antes del decreto del estado de alarma, mediante un decreto de la propia fiscal general, que anticipó medidas, dentro del espectro de sus competencias,
para proteger la seguridad y salud de las y los fiscales. Esta iniciativa evidenció después que la justicia es un espacio compartido de responsabilidades, en el que todos podemos aportar y a todos se nos debe exigir. La segunda lección que hemos
aprendido es la importancia de las nuevas tecnologías que forman parte de nuestra vida cotidiana y cuya integración en la Fiscalía es ya una inaplazable necesidad, una realidad. Su implantación transforma nuestras oficinas y nuestras formas de
trabajo. En ello estamos.


Quiero centrarme ahora en los retos de futuro que ha de asumir la institución. Entre ellos, quizá el más importante sea el proyectado cambio de modelo procesal con el fiscal como director de la investigación penal. Nuestra Ley de
Enjuiciamiento Criminal de 1882 está francamente agotada. La eficacia de la justicia necesita imperiosamente un instrumento a la altura de los tiempos para perseguir las nuevas formas de delincuencia, una reforma estructural de nuestro sistema de
justicia penal. Debemos dotarlo de una mayor agilidad y eficacia, sin merma, por supuesto, de las garantías procesales y los derechos de los justiciables. En 2021, bajo mi dirección y, por supuesto, bajo la superior de la fiscal general del
Estado, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado elaboró un borrador de informe al anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal aprobado por el Consejo de Ministros. Era realmente el primer dictamen en el que el Ministerio Fiscal
había hecho una propuesta prelegislativa de reforma procesal de manera integral, una ardua tarea, un trabajo ingente, serio, riguroso y también colaborativo, pues en él se incentivó la participación de toda la carrera fiscal. Ello tuvo como
resultado un texto aprobado de forma unánime en el Consejo Fiscal de 7 de julio del año pasado, un texto de consenso. La responsabilidad en la redacción de ese borrador y los trabajos posteriores abordados por la secretaría técnica nos han hecho
plenamente conscientes de que el Ministerio Fiscal tiene la obligación de demostrar, al igual que lo hemos hecho durante más de dos décadas en la jurisdicción de menores, que somos plenamente capaces de asumir la investigación criminal en las
mejores condiciones. Para ello puedo anunciar la intención de aprobar una nueva circular sobre diligencias de investigación que desarrollará las previsiones contenidas en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el artículo 5 del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una nueva circular de la Fiscalía General del Estado que venga a sustituir a la vigente de 2013 y que establecerá unas directrices claras y concretas por las que se regirá nuestra actividad investigadora.
Podemos, dentro del marco legal, desarrollar nuevas capacidades y potencialidades en la actividad extraprocesal a fin de que nuestra actuación se guíe por la eficacia, la agilidad y el pleno respeto a las garantías procesales de las personas
investigadas y a los derechos de las víctimas. Es el escaparate para demostrar que estamos preparados para asumir la dirección de la investigación criminal. Ello habrá de ir acompañado del establecimiento y desarrollo de los importantes mecanismos
internos, sin parangón en el derecho eurocomparado, que tiene el Ministerio Fiscal español previstos en lo que podemos denominar la conformación de la toma de decisiones del Ministerio Fiscal. Por eso es necesario que la nueva circular de
diligencias de investigación venga acompañada, mediante el cauce de las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, de una nueva doctrina para la aplicación de los artículos 23, 25 y 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, esto es,
aquellos preceptos que regulan los mecanismos de la dación de cuenta, de las órdenes e instrucciones, de la avocación, de la sustitución y del derecho a discrepar.


Mi propósito como fiscal general del Estado será reforzar el sistema de controles y contrapesos legales y mejorar este régimen de toma de decisiones y de formación de criterio del Ministerio Fiscal, garantizando a su vez la autonomía
personal e individual de las y los fiscales, porque la dependencia jerárquica no debe estar sino al servicio de la unidad de actuación y ambos principios al servicio de la seguridad jurídica y la igualdad de todos y todas ante la ley, en cualquier
parte del territorio del Estado. Este es el fundamento de nuestra organización y esta es la concepción de la jerarquía que yo comparto, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para la racionalidad jurídica, la eficiencia organizativa y
la unificación de criterios. Así lo trasladaré, en caso de ser nombrado, al ejercicio de la más alta representación del Ministerio Fiscal. Ello se enmarcará, además, en las iniciativas que pretendo emprender para hacer efectivas las previsiones

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del nuevo reglamento del Ministerio Fiscal, aprobado en virtud del reciente Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, que entró en vigor el pasado 24. En el marco de este nuevo y ansiado reglamento imprimiré un importante esfuerzo por adoptar
nuevas prácticas tendentes a modernizar la institución, dotarla de mayor transparencia y aspirar a la excelencia en la prestación del servicio público de justicia. Sin embargo, no por ello renunciaré a proponer una reforma estatutaria que confiera
al Ministerio Fiscal un estatus de autonomía reforzada en todos los niveles. La reclamación de mayores cuotas de autonomía no es ninguna novedad ni es la primera vez que sus señorías lo escuchan en esta comparecencia. Todos mis antecesores lo han
puesto sobre la mesa en esta sede parlamentaria. Estas aspiraciones de autonomía se extienden a todos los niveles: organizativo, mediante la atribución a la Fiscalía de competencias en materia de régimen administrativo, orgánico y estatutario;
normativo, mediante la asunción de competencias reglamentarias internas que ya ostentan otros organismos con personalidad jurídica propia; formativo y, por supuesto, presupuestario, porque solo con un presupuesto propio, capacidad y medios para
gestionarlo podremos alcanzar una verdadera autonomía en todos los ámbitos. Este es el camino por el que tanto GRECO como el recientemente publicado informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en Europa nos recomiendan seguir
avanzando. Hasta que logremos esta reforma estatutaria integral, me comprometo a proponer e impulsar las modificaciones parciales que sean pertinentes para conquistar mayores parcelas de autonomía y transparencia, así como a adoptar las decisiones
y las iniciativas correspondientes para que dentro del marco legal actual potenciemos nuestras capacidades de autogestión.


Como apuntaba hace un rato -recordarán sus señorías-, la definitiva modernización del Ministerio Fiscal pasa por la implantación efectiva de las nuevas tecnologías. Los tiempos y grados de implantación en los distintos puntos del territorio
del Estado no son iguales y tampoco lo es la eficiencia de los sistemas. Las problemáticas que ha generado el expediente digital, y que en algunos territorios sigue ocasionando, son especialmente costosas en términos personales y profesionales.
Trabajaremos para su mejora. Paralelamente a ello, es mi propósito como fiscal general del Estado, y en el espacio de mis competencias, seguir proporcionando a las y los fiscales de este país herramientas que les faciliten su trabajo diario y que,
en la medida de lo posible, desburocraticen su función.


Soy consciente también de los problemas que causa a las y los fiscales la falta de movilidad territorial. La carrera fiscal corre el riesgo de no proporcionar los alicientes necesarios a los fiscales si no se dinamiza, de ser una carrera
estanca, profesional y territorialmente. Desde este punto de vista y aprovechando los recursos normativos que nos proporciona el nuevo Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, por el que se regula el régimen de sustituciones y medidas de apoyo o
refuerzo del Ministerio Fiscal, me propongo fomentar el mecanismo de las comisiones de servicio con traslado a otro puesto de trabajo, que sin duda contribuirá a facilitar la conciliación de la vida familiar y también el desarrollo de la carrera
profesional.


En materia de formación, tan importante para nuestra autonomía, el estatuto del Centro de Estudios Jurídicos, aprobado por el Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, atribuye a la Fiscalía General del Estado la planificación de la formación
de los y las fiscales, una competencia atribuida también por el artículo 13 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la secretaría técnica, que durante los dos últimos años y medio he tenido el honor de dirigir y en la que se han conseguido
indiscutibles avances y mejoras.


Un Ministerio Fiscal moderno exige, indudablemente, un mayor esfuerzo de comunicación a la ciudadanía y también de transparencia en su actuación. El proyecto que expongo hoy ante sus señorías abarca también este ámbito. Estoy firmemente
decidido a implementar y mejorar la política de comunicación del Ministerio Fiscal. Para el correcto desarrollo de una sociedad democrática es imprescindible que la ciudadanía pueda acceder a una información veraz y rigurosa. No solo es un derecho
fundamental; para nosotros, los fiscales, es una obligación legal que nos impone el artículo 4.5 de nuestro estatuto orgánico. También me propongo realizar una labor didáctica que aproxime al ciudadano al funcionamiento de la Fiscalía y la labor
que a su único servicio desarrollamos los fiscales. Pese a su importancia fundamental, aún continuamos siendo una institución desconocida para la sociedad y ello es caldo de cultivo para las informaciones sesgadas e interesadas, que no hacen sino
generar desafección institucional. El nuevo reglamento del Ministerio Fiscal nos abre una importante puerta en este ámbito mediante la previsión en su disposición adicional única de la creación del puesto de director de Comunicación de la Fiscalía
General del Estado.


En materia de igualdad, me comprometo a seguir avanzando por un camino que ha de ser una senda de no retorno. En la actualidad, el 65 % de la carrera fiscal está compuesta por mujeres, ocupando el 46,34 % de los puestos directivos. Quiero
resaltar que en estos dos años y medio hemos mejorado en

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más de 8 puntos porcentuales los parámetros de paridad y que en la actualidad los dos más altos cargos en la carrera fiscal, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y la fiscal jefe de la Inspección Fiscal, están ocupados por mujeres. Es mi
firme propósito implementar y desarrollar también los planes de acción y ejecución del Plan de Igualdad de la Carrera Fiscal para garantizar su efectiva aplicación. Desde la Fiscalía General del Estado procuraré la paridad en las propuestas de
nombramiento y trataré de facilitar y fomentar la aplicación de las medidas de conciliación y corresponsabilidad, promoviendo el ejercicio por los y las fiscales de sus derechos sociales.


Me permitirán ahora sus señorías que haga una breve referencia a alguna de las materias y especialidades concretas del Ministerio Fiscal. Quiero comenzar por la lucha contra la violencia de género, que constituye una gravísima violación de
los derechos humanos de las mujeres y es la máxima expresión de la desigualdad que aún hoy golpea con extraordinaria crudeza nuestra convivencia diaria. Frente a ello debemos mantenernos firmes, no podemos consentir ni un paso atrás. Permítanme,
señorías, que tenga un recuerdo para las veinticinco mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2022 y para las 1154 mujeres asesinadas contabilizadas desde el año 2003; dejan diecinueve menores huérfanos este año y 356 desde 2013. No son cifras, no
son estadísticas; son vidas humanas truncadas por esta violencia cruel y atroz. España es pionera en la lucha contra la violencia de género. La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado es un referente no solo en
Europa, sino a nivel mundial. Así nos lo ha reconocido el Consejo de Europa, que además recomienda y anima a España a avanzar en la protección de los niños y las niñas víctimas de la violencia de género. Al mismo tiempo, me propongo fomentar el
enfoque de género, impulsar las relaciones institucionales y escuchar siempre a la sociedad civil organizada, a las asociaciones de mujeres y a las asociaciones de víctimas, así como colaborar desde la Fiscalía General del Estado en la prevención,
formación y concienciación social, herramientas esenciales sin las que no podemos tener verdadero éxito en la lucha contra esta lacra. Con esa misma finalidad, considero absolutamente imprescindible llevar la formación en perspectiva de género y de
la niñez a todas las jurisdicciones, en línea con lo ya realizado en los años anteriores, por lo que me comprometo a mantener esta perspectiva transversal extendiéndola a otros ámbitos y a otros contenidos.


De la misma manera, en este amparo a los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, tenemos presentes a las víctimas de trata de seres humanos en todas sus modalidades, fenómeno que afecta especialmente a mujeres y niñas. La
Unidad de Extranjería y de lucha contra la Trata de la Fiscalía General del Estado viene detectando que los extranjeros en situación administrativa irregular son el caldo de cultivo propio para la explotación y el abuso. Por eso, fomentaré la
participación de los equipos de trabajo para la consecución de una ley integral contra la trata de seres humanos. Es preciso, señorías, seguir trabajando en el ámbito de la protección de los derechos de los migrantes y en la persecución penal
contundente de las redes criminales. Hay una crisis migratoria derivada de conflictos bélicos, catástrofes naturales y crisis climática. Es grave, importante y está generando ya un flujo creciente de personas afectadas por la penuria económica, la
muerte y el hambre hacia países ricos que ofrecen mejores posibilidades de subsistencia.


La protección y atención integral a las víctimas potenciales desde su detección, y especialmente durante el procedimiento, está siendo una constante en esta exposición. Por eso también puedo anunciar la intención de explorar todos los
aspectos posibles de protección para dar una herramienta jurídica integral a los fiscales para la consecución de este objetivo. Las víctimas tienen que ser una prioridad para las y los fiscales. Han de ser amparadas y defendidas y su papel en el
proceso, cuando además su testimonio es imprescindible para la persecución de los delitos, no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador para ellas. No son las víctimas las que se tienen que adaptar al proceso o a la justicia,
somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellas. Las víctimas, que lo son en muchas realidades, tienen su reflejo en todas las especialidades de la Fiscalía, en todos los ámbitos del derecho penal, en seguridad vial o en seguridad en el
trabajo. La apuesta de los fiscales va a ser siempre la de prestar especial atención -la que merecen- a las víctimas y a las asociaciones que las representan.


Como les decía anteriormente, una de las más genuinas funciones del Ministerio Fiscal es la garantía de los derechos fundamentales y muy en particular de quienes son más vulnerables en nuestra sociedad, defender a quienes menos pueden
defenderse. En este marco, la protección de las personas con discapacidad y mayores se ha visto reforzada por la creación, mediante el Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, de una unidad especializada en la Fiscalía General del Estado. Nuestro
empeño está en avanzar hacia una sociedad cada vez más inclusiva, en remover todos aquellos obstáculos que impidan la plena integración y el disfrute en igualdad de los derechos que todos y todas tenemos reconocidos. La

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Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, transforma la función tuitiva del fiscal con una consecuencia muy
directa: se constituye en salvaguarda de la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad que precise apoyo, superando la interpretación subjetivista del superior interés. Ello supone colocarnos en primera línea del cambio,
traspasar nuestras propias barreras y desarrollar nuestras funciones asumiendo activamente la defensa de la autonomía de las personas y la búsqueda de un sistema de apoyo adecuado a sus necesidades.


Continuando con el ámbito de los colectivos vulnerables, es también mi intención fortalecer la especialidad de menores. Quiero recordar que la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores,
atribuyó al fiscal -hace ya más de veinte años- la dirección de la investigación penal en dicha jurisdicción. Esta jurisdicción es el ejemplo de agilidad y eficacia al tiempo que garantiza los derechos procesales de unos justiciables necesitados de
especial protección, como son los menores de edad. Me propongo prestar particular atención no solo a la faceta de persecución penal, sino al reforzamiento de la protección de los y las menores de edad. Como fiscal general del Estado, me preocuparé
especialmente por la situación de los menores extranjeros no acompañados, en los que concurre una triple condición de vulnerabilidad: por tratarse de niños y niñas, por ser extranjeros y por carecer de una red familiar que los ampare. Nuestro
trabajo es protegerlos y velar por la garantía eficaz de sus derechos. Debo recordar aquí también con satisfacción que en una situación de urgencia, como ha sido la llegada de los menores ucranianos trasladados a nuestro país por la invasión, la
labor de la Fiscalía española ha sido unánimemente reconocida, y sigue siéndolo gracias a sus propuestas y soluciones para la acogida de estos menores castigados por la guerra.


La ciberdelincuencia es un fenómeno criminal en progresivo incremento; en especial, las agresiones contra bienes de carácter personalísimo. El Ministerio Fiscal está seriamente preocupado por el incremento de las actuaciones delictivas a
través de las redes y a través de los sistemas informáticos, especialmente contra la libertad e indemnidad sexual de los menores, cuyas más graves manifestaciones -las conductas relativas a la elaboración y distribución de material de abuso sexual
infantil, y los acosos a menores con fines de carácter sexual- se han visto favorecidas por la dependencia generalizada de los ciudadanos y, particularmente, de los niños y adolescentes del uso de las nuevas tecnologías.


Desde la Fiscalía, hemos intensificado -y seguiremos haciéndolo- el control y seguimiento de las investigaciones por esta clase de ilícitos, y estamos seriamente empeñados en facilitar que la respuesta del Estado de derecho frente a los
mismos sea plenamente eficaz. Así, la Fiscalía española, tras la firma el día 18 de marzo de 2021 del protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea dentro del amplio acuerdo interinstitucional, se ha comprometido a actuar como punto
de contacto nacional para canalizar las órdenes de retirada de contenidos de carácter de crímenes de odio a fin de evitar su permanencia en la red.


La realidad del cambio climático y la emergencia ambiental nos han de llevar como sociedad a una profunda reflexión sobre el cuidado y la protección de nuestro entorno, del entorno que vamos a legar a las generaciones futuras. Para mí,
constituye un compromiso vital al que he dedicado mi vida profesional y que también pretendo trasladar a la Fiscalía General del Estado, que ya se encuentra en la vanguardia en el contexto europeo. Hay una circunstancia que pone de manifiesto esta
prioridad. La presidencia del CCPE -Consejo Consultivo de Fiscales Europeos-, dentro del marco del Consejo de Europa, que ahora mismo ostenta el fiscal de sala de Medio Ambiente. Eso va a permitir que la opinion, el dictamen de este año 2022, sea
sobre esta materia, sobre el medio ambiente, dictamen sobre el que se lleva trabajando más de un año y que será importante para definir el rol del Ministerio Fiscal en la defensa de esta materia, no solo en España, que ya lo es, sino en toda Europa.


En cuanto a los incendios forestales, de triste actualidad, solo cabe reforzar la apuesta por el apoyo a las medidas preventivas y, por supuesto, la persecución de quienes con su conducta intencionada atentan contra la seguridad colectiva.


La Fiscalía tiene también una importante dimensión internacional. La aparición de una delincuencia cada vez más sofisticada y compleja, las nuevas formas de criminalidad organizada y sus implicaciones transfronterizas o el avance imparable
de las nuevas tecnologías enfrentan a la justicia a constantes retos para ofrecer una respuesta penal, integral, eficiente y coordinada. Estos fenómenos criminales globalizados demandan cada vez más una respuesta supranacional y un decidido
incremento de los mecanismos de cooperación internacional. La integración plena en el espacio europeo de cooperación y en todas las instituciones, y la presencia española para el año 2023 focalizarán sin duda el trabajo en esta

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especialidad. Por ello, promoveré la participación de la Fiscalía española en todas las instituciones y organismos internacionales. Asimismo -y creo que esta reflexión no es nueva-, trabajaré para que la autonomía del Ministerio Fiscal se
vea reforzada a través de su consideración como autoridad central, en la línea de los países de nuestro entorno, lo que sin duda aportaría además mayor agilidad en la tramitación de los instrumentos de cooperación.


La Fiscalía española es plenamente consciente de los peligros derivados del crimen organizado y está decidida a favorecer un enfoque más estratégico para la recuperación de activos a través de espacios de colaboración con las autoridades
policiales y judiciales, con la ORGA, facilitando la aplicación del Reglamento Europeo sobre el Reconocimiento Mutuo de las Resoluciones de Embargo y Decomiso, y la adecuada aplicación del mismo en el marco normativo nacional.


Me permitirán, señorías, que me refiera especialmente a la lucha contra la corrupción, un fenómeno delincuencial que socava los principios básicos de los regímenes democráticos, disminuyendo la confianza de la ciudadanía en sus instituciones
y dañando, por ende, al propio Estado de derecho. La Fiscalía Anticorrupción española es un referente que ha demostrado su profesionalidad y buen hacer en sus más de veinticinco años de existencia, y que ha sido internacionalmente reconocida en
muchas ocasiones. Desde la Fiscalía General, mi compromiso será reforzar esta lucha y, al tiempo, ofrecer toda mi colaboración institucional para el impulso de propuestas, lege ferenda, que tengan por finalidad dicho fortalecimiento; entre ellas,
todas las que puedan ayudar a simplificar el procedimiento penal, favorecer la colaboración de las personas que, pese a haber participado en el delito de una manera accesoria, puedan servir de vía para su descubrimiento, los llamados programas de
clemencia, los canales de denuncia ante incumplimientos internos o avances en la especialización de los tribunales.


La Fiscalía Antidroga, tanto en el ámbito de la Audiencia Nacional como en sus delegaciones territoriales, debe ser apoyada y reforzada. Mayores detenciones o incautaciones de alijos deben ir acompañadas de refuerzos en los órganos
judiciales y fiscales para evitar el colapso o el bloqueo de los procedimientos y que esta circunstancia sea aprovechada por los narcotraficantes. Me propongo -como recientemente anunció la nueva fiscal jefe Antidroga- reforzar el área de
investigación del blanqueo procedente del narcotráfico y, sobre todo, priorizar una investigación dirigida desde el inicio -como ya expresamos antes de manera genérica- a la recuperación de activos. Es preciso que en materia de narcotráfico la
Audiencia Nacional recobre su mayor virtud no solo por los medios de que dispone, sino por la conveniencia de alejar la investigación de lugares que requieren una investigación precisamente centralizada. Parece llegado, pues, el momento de
redefinir las competencias de este órgano, y eso proponemos, para convertirlo en una institución judicial aún más especializada no solo en la represión y persecución del terrorismo, sino también de la delincuencia organizada de todo tipo y
finalidad: la delincuencia económico-financiera, anticorrupción, crimen organizado nacional y transnacional, y, en particular, toda la actividad de las redes organizadas dedicadas a los tráficos ilícitos de personas en sus diferentes modalidades.
Al hilo de esto, quiero también expresar mi compromiso con la persecución de los delitos contra la Administración pública, que deben erigirse en una de las prioridades del Ministerio Fiscal. Es mi propósito impulsar la unificación de criterios en
esta materia para ofrecer una respuesta firme y a la vez de dotar de seguridad jurídica las conductas de quienes abusan de su posición como autoridades y funcionarios públicos.


Procuraré, en otro aspecto, en materia de vigilancia penitenciaria, proponer la clarificación de algunos instrumentos legales que competen a la labor de los fiscales, al tiempo que nos felicitamos de que continúe y se potencie la fructífera
relación institucional que la Fiscalía mantiene con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que ha de extenderse a sus homólogos en los territorios con las competencias transferidas en estas materias.


Fuera del campo de las especialidades, también hay proyectos que llevan mucho tiempo madurando en la Fiscalía General del Estado. Por ejemplo, en materia penal ha de avanzarse hacia mecanismos que aseguren la uniformidad de criterio dentro
de la propia Fiscalía y que impulsen la unidad conceptual y la seguridad jurídica en la interpretación de la ley penal y procesal, en colaboración, por supuesto, con la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Propondremos al legislador algunas reformas
para simplificar y agilizar el sistema, y evitar la saturación del alto tribunal con los recursos de casación, sin perder nunca de vista el interés y las garantías del justiciable.


En la jurisdicción social es donde más se detecta el aumento de litigiosidad derivada de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19. Se ha impulsado en ella la incorporación de lo que hemos venido denominando perspectiva de género en
las relaciones laborales, también en el ámbito de la Seguridad Social, como se ha hecho también en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo, órdenes

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jurisdiccionales donde se han propuesto importantes reformas por parte de la Fiscalía española. El propósito, lege ferenda y lege data, es trasladar a los tribunales que la protección de los derechos fundamentales y de los intereses
colectivos y sociales de los individuos, y en particular de las personas pertenecientes a colectivos vulnerables, es una misión propia de la Fiscalía. En este punto debemos resaltar que la prestación de los servicios públicos en el Estado social y
democrático de derecho es la garantía del ejercicio pleno del desarrollo de los derechos fundamentales, y que corresponde a los poderes públicos asegurarlo y garantizar el pleno disfrute o la efectiva prestación de los mismos, sin excusas derivadas
de modos alternativos de gestión.


Por otro lado, la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional cumple el 40.º aniversario de su creación. Es una Fiscalía sin parangón en ningún sistema constitucional del mundo y está en un proceso de transformación digital. Su influencia en
el resto de los órganos del Ministerio Fiscal debe ser palpable. Por ello, trabajaremos para que la visión constitucional del derecho se consolide como una herramienta de primera mano entre todos y todas las fiscales de este país. Además, hemos de
acercarla también a la ciudadanía, para que a través precisamente de la Fiscalía se facilite la tutela eficaz de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables y desfavorecidos. La procedencia profesional de los
nombramientos de fiscales de sala realizados por la anterior fiscal general en algunas de nuestras especialidades y en los más altos puestos de responsabilidad de la carrera fiscal evidencian que esta prioridad no es sino la continuación de un
proyecto de futuro. Hay retos apasionantes. La creación, por ejemplo, de una unidad especializada de la Fiscalía General contra los delitos de odio y discriminación, en virtud de la aplicación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la
Igualdad de Trato y la No Discriminación, constituirá una de las unidades más vanguardistas de la Fiscalía española.


El Proyecto de Ley de Memoria Democrática prevé la creación de un fiscal de sala en materia de derechos humanos y memoria democrática que acumula competencias tan interesantes y proactivas que, sin duda, marcará un impulso a nuestra
institución. El desarrollo de la figura del promotor de la acción disciplinaria o la propia unidad de protección de datos son asignaturas pendientes de desarrollo orgánico y legal. Asimismo, potenciaré la relación institucional con el Defensor del
Pueblo, con quien compartimos muchas materias colindantes: menores, extranjería, violencia de género, abusos e Iglesia o, especialmente, en su condición de mecanismo nacional de prevención de la tortura en España.


Como ven, la materia es ingente. Habría mucho que hablar sobre el impulso de métodos alternativos a la resolución de conflictos, la mediación, la justicia restaurativa, la intervención en los conflictos o en los procesos colectivos, la
defensa de los consumidores, la responsabilidad ambiental. Son muchas las ilusiones, los proyectos y el trabajo que se nos presenta para el presente y para el futuro. Pero todo esto, señorías, no sería posible sin el reconocimiento de la labor y
del trabajo que todos y cada uno de los 2613 fiscales de nuestro país desarrollan al servicio de la ciudadanía, muchas veces supliendo con su voluntad, su entrega y su capacidad de trabajo las limitaciones de medios de los que estructuralmente
adolece la justicia y la Fiscalía de este país. La Fiscalía española es Estado y está presente con una singular capilaridad en todo su territorio: en sus órganos centrales, en las fiscalías de las comunidades autónomas, en las fiscalías
provinciales, en las fiscalías de área, en las secciones territoriales. En lo importante y en lo cotidiano. Porque importantes son los grandes temas mediáticos, pero importante es para cada persona todo aquello por lo que tiene que acudir a la
justicia. Porque los compañeros y compañeras están ahí, celebrando juicios -los leves, los jurados, los sumarios-, celebrando vistas, están presentes en los servicios de guardia, en las comparecencias de órdenes de protección, en los
internamientos, en las visitas a los centros extranjeros y de menores, en las residencias, con los menores de edad, con los presos, con las víctimas. Están cada día en cada juzgado y en cada fiscalía de España. Esa es nuestra fuerza y nuestro
capital, y por ello merece la pena trabajar. Para que, al final, ese reconocido esfuerzo repercuta en un servicio público de calidad, en una justicia con mayúsculas, en que el principio de igualdad sea una realidad en la Administración de Justicia
y cada ciudadano y cada ciudadana tengan las mismas armas y las mismas razones cualquiera que sea su condición y su origen. Para ello trabajamos.


Finalmente -y con esto termino-, quiero agradecer a quienes han confiado en mí para tan alto honor: al Gobierno de España y en especial a la anterior fiscal general por su confianza en los dos años precedentes. Y quiero afirmar ante
ustedes, señorías, representantes de la soberanía popular, que responderé con trabajo, dedicación, esfuerzo y compromiso para el mejor y mayor progreso de la sociedad a la que sirvo.


Señorías, quedo ahora a su entera disposición para atender aquellas preguntas que quieran formular.


Muchas gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted, tanto por la claridad en la exposición de los méritos como en la de los planes y prioridades.


Vamos a proceder a dar la palabra a los distintos grupos, de menor a mayor y, como hemos dicho, por un tiempo de diez minutos. No hay ningún representante en este momento en la sala del Grupo Parlamentario Mixto, así que comenzamos con el
Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu.


Tiene la palabra el señor Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Egun on. Buenos días, señor presidente, y muchas gracias.


Señor García Ortiz, bienvenido. En primer lugar, quiero agradecerle su comparecencia hoy aquí y las explicaciones que ha dado sobre el plan de actuación. Hay una frase de John Lennon que decía que la vida es eso que ocurre mientras hacemos
planes. Yo creía que estaba de vacaciones, estaba leyendo una novela, y en un segundo empecé a leer su extenso currículum debido a la dimisión de la señora Delgado, a la que, por cierto, le deseo un pronto restablecimiento.


Como se ha señalado, hoy evaluamos su idoneidad y sus méritos, y hay que decir que tiene un extenso currículum -nos envió 14 páginas-. Decía una amiga mía: Yo solamente tengo una página cada vez que relleno el currículum. Usted tiene un
extenso currículum. Como bien ha señalado, tiene una experiencia como fiscal desde el año 1999, por lo que, desde un punto de vista de los criterios a cumplir, no tenemos mucho que decir. Parece que usted cumple todos esos criterios sobradamente.
Además -lo ha señalado usted-, en el año 2018 fue elegido miembro del Consejo Fiscal y, además, fue el candidato más votado entre los miembros. Yo creo que eso es significativo.


Mire, durante estos días hemos visto cómo ya se ha emprendido una campaña contra usted. Yo creo que esto no es malo, que esto le viene bien. Ya sé que siempre es mejor que hablen bien de uno que mal, pero yo creo que le viene bien viendo
de dónde vienen esas críticas. Y una de las críticas que a mí me ha molestado son esos siete votos negativos por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y, señor presidente, me permitirá hacer una valoración. Creo que lo anormal en este
momento es que haya un órgano que, fuera de su mandato constitucional y previsto legalmente, pueda seguir haciendo votaciones. Es cierto que usted ha tenido doce votos positivos, pero es anormal. Y hago una reflexión, y esta se la hago al Partido
Socialista: creo que esto se solucionaba muy rápidamente incluyendo un artículo único en la Ley Orgánica del Poder Judicial diciendo que se cesa a todos los miembros una vez finalizado el mandato de cinco años. ¿A ustedes les compensa seguir
soportando el chantaje, el chalaneo y las excusas de la derecha para seguir repartiéndose los cromos en la elección de ese consejo? Yo creo que ha llegado el momento de tomar decisiones mucho más valientes y justas.


Señor presidente, continúo. Como decía, han emprendido contra usted una campaña desde sectores políticos, mediáticos y, ojo, también internos del propio Poder Judicial, incluso desde la Fiscalía. Decía un periodista la semana pasada:
Fuego a discreción contra el nuevo fiscal general. Y es cierto. Lo curioso es que ha habido numerosas fake news y numerosos inventos, pero hay un hecho sobre el que a mí me gustaría preguntarle porque ese hecho es cierto y, además, usted viene
preparado porque sabe que se lo vamos a preguntar. Es en relación con la reunión que usted y su predecesora tuvieron en marzo de 2021 con los señores Inda y Cerdán, quienes precisamente se caracterizan por difundir toda serie de bulos,
informaciones falsas y fake news. Me gustaría saber a colación de qué fue esa esa reunión. ¿Qué objeto tenía? Hemos sabido después que la entrevista no era más que una mera excusa y que no era cierto ni el objetivo de la reunión. ¿Para qué se
reunieron? Ya digo que esta es la única cuestión que, sin conocerle a usted, me choca un poco. El resto ya lo hemos leído y hemos visto que no son más que fabulaciones de aquellos mismos que con otras elecciones de otros fiscales y otros miembros
del Poder Judicial no miraban tanto por la idoneidad y la independencia, sino precisamente por lo contrario; aquellos de: La Fiscalía te lo afina. Y hoy se ponen muy dignos intentando buscar independencia donde no la buscaron en el pasado. Ya
digo que se lo agradecería si nos puede aclarar a todos ese capítulo.


Sobre lo que ha expuesto en relación con la planificación, usted ha hecho numerosas menciones. Ha señalado el papel que han tenido y que tienen respecto a los refugiados que vienen de Ucrania tras la invasión y el ataque de Rusia a ese
país, pero hay un hecho, la muerte de al menos veintitrés personas en la frontera marroquí con España, en Melilla, el pasado 24 de junio, que la Fiscalía ha abierto una investigación. Yo creo que eso es positivo; ahora mi temor es que esa
investigación quede en nada y que solamente el objetivo fuera abrir una investigación. Cada vez estamos conociendo más datos no precisamente gracias al Ministerio del Interior, según los cuales vimos una actuación que pudo ser desproporcionada por
parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España. Está por

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dilucidar. Vimos cómo agentes marroquíes entraron en territorio español. El ministro lo negaba, pero las imágenes están ahí. Y no sabemos hasta dónde pudieron llegar en esa tragedia las responsabilidades de los diferentes cuerpos
policiales, tanto marroquíes como españoles. Yo le pido que siga investigando ante ese drama que ocurrió el día 24, que no solamente quedó en expulsiones sumarias, en las llamadas devoluciones en caliente, sino en un drama que costó la vida a
decenas de personas. Y si digo que mi miedo es que quede en nada, es porque ya hemos visto que a veces la razón de Estado, aquello que decían de la raison d'État, puede más y hay unas investigaciones que se archivan de repente, y lo hemos visto a
colación también de la investigación abierta en el proceso contra el rey emérito. No sé si tuvo la oportunidad, este pasado fin de semana, de leer un artículo interesante del señor Ekaizer, que decía: El proceso a Juan Carlos I -en el Reino Unido-
deja en evidencia a la justicia española. Yo creo que esto es la prueba del algodón. Cuando usted decía que van a seguir los delitos contra la corrupción, este es un caso de libro. ¿Cómo valora esto usted? ¿Cuál fue el cambio de posición o por
qué se hizo extensiva esa interpretación de la inviolabilidad también para actos privados? Me gustaría saber su opinión al respecto, porque puede que ocurran nuevos capítulos en relación con este señor, pero también nos dará claridad sobre otros
hechos de corrupción.


Hoy usted daba su opinión sobre las funciones que debe tener la Audiencia Nacional y mencionaba el caso de la lucha contra el narcotráfico. Pues hoy mismo diarios o webs pseudoinformativas de la extrema derecha ponían el foco en un fiscal
antidroga de la Audiencia Nacional por, teóricamente, dos errores muy graves que ha debido cometer y que esto facilitaría que a una mafia holandesa le haya salido gratis al blanqueo. Me gustaría saber qué tipo de responsabilidades se exigirán
durante su mandato cuando se descuiden asuntos que generan este tipo de escándalos, desde una perspectiva penal, pero también desde la posibilidad de recaudación de las arcas públicas, porque yo estoy seguro de que la inmensa mayoría -no sé la cifra
exacta- de los 2500 fiscales aproximadamente que hay en España hacen su labor profesionalmente, pero en ocasiones, cuando hay errores o algo más que errores, el corporativismo está muy presente y me gustaría saber si va a haber algunos cambios o qué
medidas van a tomar ante hechos similares.


Por ir avanzando de manera rápida, porque son muchos los temas, ha mencionado también la ciberdelincuencia. Yo creo que el caso de ciberdelincuencia o el delito más grande que se ha conocido en estos últimos meses o que más impacto ha
tenido ha sido el caso Pegasus, con tres vertientes: un espionaje realizado con autorización judicial -que eso, desde mi punto de vista, no tiene que ser legal debido a la desproporción y la injustificación de esos hechos, pero eso es otro tema-;
otros espionajes hechos por equis, no se sabe quién -se presupone, pero no se sabe quién-, contra miembros del Gobierno, pero también, según el informe Citizen Lab, hay más de sesenta cargos públicos, abogados, activistas, que han sido espiados no
se sabe por quién. La Fiscalía, en el mes de mayo, hizo un llamamiento a que fuera el juez quien solicitase a la empresa que tiene este software, este malware, que diera los controles y las autorizaciones por las que se habían realizado esos
espionajes. Me gustaría saber si usted, en su mandato, va a seguir por esa línea de intentar ir hasta el fondo de la cuestión para descubrir quién estuvo detrás de esos casos de espionaje.


Otro asunto. Usted mencionaba la formación de los fiscales. Yo creo que la formación siempre es importante, la formación continua, la formación en todo tipo de áreas. Y una de las asignaturas pendientes que seguimos poniendo encima de la
mesa constantemente desde mi grupo parlamentario es la falta de formación en idiomas cooficiales por parte de la Administración de Justicia, pero también en Fiscalía. No se lo preguntaré hoy, porque usted todavía no está en el cargo, pero la
próxima vez que comparezca le voy a preguntar, señor García, cuántos fiscales hay tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral Navarra y cuántos de ellos son capaces de poder trabajar en los dos idiomas cooficiales. Lo digo para
que se dé cuenta de cuál es la realidad, pero también cuál era la realidad hace diez años y cuál sigue siendo a día de hoy, para que se pongan las pilas, si pueden, en esta materia, porque siempre hay buenas palabras, pero luego, sobre el terreno,
las cosas prácticamente no cambian nada.


Usted hablaba de la transparencia y decía que esta institución es en parte desconocida por la ciudadanía. Yo le pediría que comparezca usted más que su predecesora, porque esto ayudará en ese ámbito de transparencia, y, al menos yo, voy a
ser esa mosca co... (risas), constante e insistente para que en todos aquellos asuntos que creamos que son de importancia venga usted a comparecer.


Acabo. Decía que no es malo que hayan emprendido una campaña contra usted, pero es cierto que parte de esa campaña la están realizando lo que llamamos las cloacas del Estado. Nosotros creemos que sí hay una componente política, una
componente de medios de comunicación, pero también de sectores,

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tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como del Poder Judicial, que tienen agenda propia y van por libre, y todos aquellos que no cumplan su agenda serán sus enemigos. En este momento, yo creo que no van ni contra usted, que
están yendo contra el Gobierno para intentar desgastarlo, como es obvio, y da igual a quien hubieran propuesto porque hubieran reaccionado igual. Ahora bien, en el futuro les intentarán seguir condicionando en asuntos que creen que son de Estado,
como decíamos antes de razón de Estado, y lo estamos viendo en asuntos como Cataluña o Euskadi. Tienen agenda propia, no les importa modificar la interpretación jurídica, ir a aspectos de inseguridad jurídica total. Usted defendía la seguridad
jurídica; yo creo que es un principio importante, pero esos sectores del Estado que tienen agenda propia, tienen su propia lectura y, si no se atiene usted, si no se atiene la Fiscalía a esa lectura, irán contra ustedes e intentarán condicionarlos.
Yo les pido que sean conscientes de cuál es la realidad, tanto en Cataluña como en Euskal Herria, situaciones diferentes pero donde hay una realidad política y donde los conflictos, obviamente, se deben resolver con política.


Acabo, ahora sí, señor presidente, que le veo ya haciendo gestos. Por último, le pediría que recuerde aquel informe -siempre me sale mal el término, no lo recuerdo bien- de Cilevics, de la Asamblea Parlamentaria Europea, donde le hicieron
unas recomendaciones a España en relación con Cataluña para dar pasos políticos, y no en ausencia de justicia, sino sobre la base de la justicia restaurativa. Por eso, acabo deseándole suerte si es usted nombrado, que parece que va a ser así, y
recordándole que se guarde de los idus de julio, que van obviamente a emprender una campaña contra usted, pero el objetivo es claro: que siga su agenda, la agenda de las cloacas del Estado.


Muchas gracias, señor García.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Iñarritu.


A continuación, en ausencia del Partido Nacionalista Vasco, vamos a continuar con el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Adelante, señor Bal.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidente, y bienvenido, señor García, y enhorabuena por su nombramiento. De antemano, le pido disculpas porque no me voy a poder quedar a su contestación. Nos han citado a esta comparecencia con muy
poco tiempo, en unas fechas muy complicadas, y me ha sido imposible arreglar las reuniones que tengo a lo largo de la mañana. Escucharé, en cualquier caso, su respuesta con atención en la web del Congreso de los Diputados esta tarde, se lo prometo,
y si accede usted a la petición del señor Iñarritu de venir más que Lola Delgado, tendremos ocasión de intercambiar nuestros pareceres.


Quiero empezar por referirme, efectivamente, a su currículum. Usted era el número dos de la Fiscalía General del Estado, al frente de la Jefatura de la Secretaría Técnica, una persona de confianza de María Dolores Delgado, portavoz y
presidente de la Unión Progresista de Fiscales y, efectivamente, como también se acaba de poner de manifiesto, nos encontramos con un informe del Consejo General del Poder Judicial en el que hay siete votos en contra. He escuchado al representante
de Bildu y, en su opinión, el hecho de que haya una parte de los poderes mediáticos -estos terroríficos a los que se refiere el presidente del Gobierno y frente a los cuales el Gobierno lucha con valentía- en una campaña contra usted es algo bueno.
El señor Iñarritu, como es evidente, está feliz en la política de enfrentamiento. A mí me hubiera gustado que usted fuera una persona indiscutible, que nadie hiciera contra usted una campaña, que nadie le dijera que usted es una persona afín al
Partido Socialista, nadie le dijera que usted es una persona que fue y seguirá siendo mano derecha de Dolores Delgado, una persona que nunca debió ser fiscal general del Estado porque venía de ser ministra de Justicia y de la lista del Partido
Socialista Obrero Español en las últimas elecciones, con el número 5 de Madrid. Y nosotros no queremos eso. Por eso le digo que es lamentable, absolutamente lamentable, que el Gobierno de España no encuentre a una persona -con la cantidad de
fiscales que yo conozco que tienen ese perfil- para ser fiscal general del Estado y parecer -por lo menos parecer, y yo imagino que también serlo- imparcial, neutral, independiente y favorecedor de la independencia de los fiscales con respecto al
Poder Ejecutivo. Lamentablemente le tengo que decir que usted no tiene esa imagen y no es una campaña del brazo armado judicial de la derecha y de oscuros poderes mediáticos que en la sombra tienen agenda propia y todos estos disparates que
acabamos de oír. No, es muy fácil encontrar a un fiscal con un perfil que no tenga adscripción política, en el que no se tenga la sospecha de ser afín o perteneciente al Partido Socialista Obrero Español. Esto para empezar, y además quiero
preguntarle si usted piensa favorecer la imparcialidad del nombramiento del fiscal general del Estado, aunque ya me imagino que me dirá que no, claro.

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En segundo lugar, le quiero preguntar por su papel en el caso Stampa, en donde existen claras sospechas sobre que usted ha participado en el alargamiento artificial del procedimiento de investigación contra el fiscal Stampa. Le quiero
preguntar también sobre esas directrices en relación con que el asesinato de Miguel Ángel Blanco se encontraba prescrito. Usted sabe derecho penal, seguro, por su profesión, y yo también. La prescripción, sabe usted, no es una cuestión del plazo
de prescripción, es una cuestión de las causas de interrupción de la prescripción. Le voy a hacer referencia a la última sentencia del Tribunal Supremo, que es de marzo del año 2022, en la que se pone de manifiesto que hay muchas causas de
interrupción de la prescripción penal contra el culpable, siempre que se dirija el procedimiento de una forma objetiva para la investigación de unos hechos. En esa sentencia, por ejemplo, se esgrime simplemente la renuncia de los procuradores. Por
tanto, mi pregunta es si usted es favorable a que los asesinatos de ETA están prescritos; si ha visto esos autos; si ha visto si la prescripción estaba interrumpida; si ha tenido en la mano el papel, sea papel físico o papel digital, porque, si
no, ¿cómo se explica que el fiscal actuante en el asunto discrepe de usted y pida la retirada de ese procedimiento? ¿No será que es porque hay causas que interrumpen la prescripción en la investigación de ese asesinato y de otros asesinatos
cometidos por la banda terrorista ETA a partir de los años ochenta y noventa? Le digo una cosa: si existe esta duda por parte del fiscal actuante, ¿no será mejor ponerse del lado de las víctimas, como usted ha citado antes, que tanto le preocupan
en la Fiscalía, que de la protección de los verdugos a través de la institución de la prescripción y de la impunidad de los delitos? ¿Existiendo esa duda, no será necesario pelear por las víctimas de los asesinatos de ETA en lugar de defender la
aplicación de la prescripción a esos delitos, se supone que para conseguir la defensa del interés social, según ha dicho usted, invocando lo que dispone el artículo 124 de la Constitución en cuanto a las funciones de la Fiscalía? Le hablo de ética
también, porque su predecesora, sobre la que usted se deshace en elogios, una de las cosas que hizo fue el pucherazo más grande de la historia de la Fiscalía suspendiendo la constitución de la comisión de ética, porque resulta que las elecciones las
había ganado la Asociación de Fiscales y no la Unión Progresista de Fiscales. ¿Qué va a hacer usted con algo tan importante como es la comisión de ética?


Voy terminando, porque también le quiero preguntar sobre esa situación tan curiosa que vivió Lola Delgado, cuando, como miembro de la Unión Progresista de Fiscales, se sumó a una huelga contra el Gobierno de Rajoy reclamando mejores
retribuciones y, por cierto, también reclamaba la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por parte de los propios jueces y magistrados. Por tanto, le tengo que preguntar: usted, en su condición de miembro de la Unión
Progresista de Fiscales -y no faltaría más que el fiscal general del Estado estuviera asociado a una asociación-, ¿cómo va a mejorar de verdad la vida de los fiscales? Primero, me ha dado mucho miedo cuando usted se ha referido al tema del
centralismo democrático de la Fiscalía y ha dicho: vamos a potenciar las instrucciones, vamos a potenciar la jerarquía, y, ya, de soslayo, al final, ha añadido: y también el derecho a discrepar. Si queremos cumplir con Europa, fomente el derecho
a discrepar al que se refiere el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo llevamos pidiendo en el Congreso de los Diputados desde hace tiempo: fortalecer los mecanismos por los que el fiscal actuante, que es el que toca el
papel, pueda hacer valer su criterio frente a la jerarquía. Porque lo que dice la Comisión Europea, señor García, no es que usted tenga un presupuesto propio, no; lo que dice la Comisión Europea es que el ministerio fiscal se independice del
Ejecutivo, o sea, que el fiscal general del Estado parezca independiente, que el fiscal actuante parezca que no sigue las instrucciones del Ejecutivo, que ningún presidente del Gobierno pueda hacer esa pregunta de: ¿De quién depende la Fiscalía?
Eso es lo que le está pidiendo la Comisión Europea y, por supuesto, mayor autoorganización y el presupuesto, pero lo esencial no es eso, señor García, lo esencial es la actuación de acuerdo con los principios de imparcialidad, de neutralidad
política, de objetividad, de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y del interés por la legalidad. Porque, ¿cómo va a atribuir usted la instrucción penal a los fiscales con una ratio de fiscales de cinco fiscales por cada 100 000
habitantes, cuando la media europea es de once fiscales por cada 100 000 habitantes? Algo tan importante como es la promoción de la investigación penal, ¿cómo la va a hacer?, ¿y cómo la va a hacer si no garantiza su independencia, en su actuación,
del Poder Ejecutivo? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con pocos fiscales que tienen que llevar la instrucción judicial y que además obedecen órdenes del fiscal general del Estado al interés del Gobierno de España? Pues no, pues así no, así no se
puede atribuir. Así, aunque efectivamente sea un anacronismo, en lo que coincido con usted, prefiero que sean jueces de instrucción independientes los que sigan la instrucción penal hasta que no me demuestre usted que va a conseguir ese estatus de
independencia en la actuación de la Fiscalía.

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Por último, dice usted que de lege ferenda va a proponer algunas cosas. También me espeluzna un poco lo de la reforma de las competencias de la Audiencia Nacional, pero, en fin, no voy a anticipar criterios sin saber en qué consiste esta
modificación. Le propongo de lege ferenda, por ejemplo -tan preocupado que le he visto a usted por la corrupción- que pida la modificación de la Ley de Indultos de 1870, que se prohíban los indultos por corrupción, que se prohíban los indultos
cuando haya personas que atenten contra valores constitucionales como la unidad del territorio nacional, porque también me ha asustado bastante eso que ha dicho usted de los programas de clemencia. Los programas de clemencia para usted son los
indultos o...


El señor VICEPRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor Bal.


El señor BAL FRANCÉS: ... el acercamiento de presos a las cárceles del País Vasco.


Bueno, pues eso es todo. Le felicito, por supuesto, por su nuevo puesto de trabajo y le pido que conteste a estas preguntas. A partir de la una me tengo que ir, pero escucharé esta tarde la respuesta en la página web del Congreso.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Bal.


A continuación, creo que van a intervenir los señores Pagès y Boadella, si no me equivoco, por turnos iguales. Adelante, señor Pagès, cuando quiera.


El señor BOADELLA ESTEVE: Vamos a intervenir siete y tres minutos.


El señor VICEPRESIDENTE: Comienza el señor Pagès, adelante, tiene la palabra.


El señor PAGÈS I MASSÓ: No va a ser por turnos iguales. Voy a hablar siete minutos y tres mi compañero.


Bienvenido, señor García. Esperamos que usted comparezca aquí más que la señora Delgado, como ya se ha comentado. Le voy a hacer una serie de preguntas muy concretas, porque su currículum creo que no vale la pena comentarlo, porque
sencillamente es idóneo para el puesto para el que se le propone, pero sí que le voy a hacer algunas preguntas concretas. En primer lugar, ¿qué relación cree que debe tener la Fiscalía con las cloacas policiales del Estado que se dedican a atacar
la disidencia política, en concreto al independentismo catalán? ¿Qué relación en concreto cree que debe tener la Fiscalía con las cloacas también mediáticas, y me refiero a personajes como Eduardo Inda o Ferreras de La Sexta? Por esta razón, muy
concretamente, le pregunto si usted ha mantenido alguna reunión con el señor Villarejo, una comida, un café o un encuentro, no sea que vayamos a tener algunos audios sorpresa, como últimamente están apareciendo.


También le quería preguntar sobre el caso Stampa, si usted nos puede explicar si tiene algo que ver con este relevo del fiscal anticorrupción, porque parece ser que su nombre y el de Villarejo están conectando últimamente bastante en los
medios de comunicación y yo le agradecería que nos lo aclarara. También hay una cuestión que le quería preguntar sobre Andorra. ¿Usted ha hablado con alguien del Ministerio del Interior o con los afectados por el caso BPA, Banca Privada de
Andorra? ¿Ha hablado usted con las autoridades andorranas? Sé que usted ha negado que tuviera una reunión con las víctimas del caso BPA, pero igualmente le quiero preguntar al respecto. Como usted sabe, el caso BPA es una rama de la Operación
Cataluña que ocurrió en Andorra cuando agentes policiales e incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios de sus ministros acudieron a un tercer país para cometer diversos delitos, cuestión por la cual están siendo juzgados en este
país. Esta operación tuvo que ver con el intento de buscar pruebas contra los líderes políticos catalanes. Por tanto, era una persecución ideológica que ahora mismo está siendo judicializada y que implica tanto a policías como a un antiguo
presidente del Partido Popular y del Gobierno, Mariano Rajoy, y a varios de sus ministros. Le quiero preguntar si usted tiene alguna relación con alguno de los protagonistas de esta cuestión.


Evidentemente, también le quería preguntar por esa famosa reunión del 3 de marzo de 2020, unas horas antes de que el juez García Castellón dictara la libertad condicional del señor Villarejo. Esa reunión, supuestamente -supuestamente no,
porque está probado- tuvo lugar en casa del señor Garzón y estuvieron presentes Dolores Delgado y también los señores Eduardo Inda y el policía Manuel Cerdán -un policía dedicado a difundir noticias- y usted el día antes de la puesta en libertad del
señor Villarejo. ¿Nos puede explicar qué pasó ahí? Porque realmente huele mal.

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Hay otro tema sobre el que le quería preguntar, que es más genérico, pero yo creo que vale la pena preguntarlo, que es el tema de esto que se ha venido a hablar como la desjudicialización del procés polític e independència en Catalunya.
Señor García, últimamente se ha hablado mucho de desjudicialización y lo que le quería preguntar es: ¿Cuándo la Fiscalía va a poner fin a esta agenda de la que hablaba el señor Iñarritu, a esta agenda que parecen tener algunos sectores de la
Fiscalía, de la Abogacía del Estado, de la magistratura, de la Administración, de la Policía, una agenda propia con visos de parcialidad inquisitorial contra el movimiento democrático independentista catalán? ¿Se ve usted capaz de revertir estas
tendencias ultraderechistas en buena parte de los órganos del Estado? Si alguien quiere desjudicializar algo lo primero que debe pasar es que la Fiscalía deje de impulsar montajes judiciales contra el independentismo catalán. ¿Cree usted que va a
poder acabar con las investigaciones prospectivas indiscriminadas, que no acaban nunca, y lo que buscan es crear inseguridad jurídica? Dos ejemplos. Como usted seguramente sabrá, en el año 2015, el fiscal Zaragoza abrió o inició una causa general
contra el independentismo; una causa general que se concretó en una orden de investigación prospectiva al teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena. La querella redactada ya con acusación de rebelión por el fiscal, José Manuel Maza, se
redactó en septiembre de 2017 sin ni siquiera haber ocurrido los hechos del 20-S o del 1 de octubre. Por tanto, había una predeterminación en la acusación de rebelión contra el independentismo catalán antes de que pasara nada. Por tanto, esta
querella del 2017 estuvo redactada antes de que nada pasara y utilizando de forma instrumental el delito de rebelión. ¿Cuándo va a acabar esta utilización de la Fiscalía que ve violencia y rebelión donde solo hay movilización democrática y
ejercicio de los derechos fundamentales? No porque lo diga yo, sino porque lo dicen, por ejemplo, tres votos particulares del Tribunal Constitucional.


En segundo lugar, voy a poner un ejemplo que me afecta personalmente a mí como miembro que fui de la Sindicatura Electoral de Cataluña. Nos encontramos con que la Fiscalía, concretamente la fiscal Magaldi, presentó una querella contra cinco
académicos que formábamos parte de la Sindicatura Electoral de Cataluña sin ni siquiera tener conocimiento de los hechos que supuestamente comportaban la comisión de unos delitos. Esta es una actitud completamente inquisitorial y prospectiva que
además ha continuado, después de una sentencia absolutoria en primera instancia, con el recurso de la Fiscalía contra esta sentencia absolutoria, que ha llevado a una sentencia anulatoria por la Audiencia Provincial. O sea, nos encontramos con que
la Fiscalía está consiguiendo que sentencias absolutorias sean anuladas. ¿Dónde estamos? ¡Basta ya!, ¡basta ya de persecución!


Otra cuestión, De Lucas...


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Pagès, tiene que ir terminado.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Sí, voy a acabar.


Van a ser dos cuestiones muy rápidas. Una cuestión que quiero preguntarle es el nombramiento del fiscal Ignacio de Lucas. También quiero preguntar sobre si usted cree que puede haber visos de parcialidad en este nombramiento.
Concretamente, usted ha hablado antes de que es importante la recuperación de activos en temas de persecución del narcotráfico. Usted sabe que a este fiscal se le imputan unos errores, intencionados o no, que supuestamente habrían producido hasta
67 000 millones de euros de pérdidas para el Estado, quería preguntarle sobre esta cuestión.


También quería preguntarle por Citizen Lab. Y acabo con una pregunta que quiero hacerle respecto a la Fiscalía Europea; no tanto le pregunto por el caso mascarillas de Ayuso -usted sabe de lo que estoy hablando-, sino por esas últimas
cartas de la fiscal europea, Laura Kovesi, en las que pide el acceso a las bases de datos en igual condición que los fiscales españoles y también pide que se reconozca la competencia preferente de la Fiscalía Europea. ¿Cuándo va a reconocer la
Fiscalía española la primacía del derecho europeo?


Ahora sí que acabo aquí. Solo le pido que tenga un feliz y un buen desarrollo de su función, porque evidentemente usted será nombrado. No es nuestra competencia cuestionar su nombramiento, aunque sí poner de relieve las cuestiones que
podamos considerar que lo ponen en duda. Como pedía el señor Iñarritu, yo le pediría que se lea bien atentamente el informe Cilevics, aprobado por la asamblea de parlamentarios del Consejo de Europa, y que, de una vez por todas, la Fiscalía
española deje de perseguir por motivos ideológicos en este Estado.


Muchas gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Pagès.


Les pido un poquito de colaboración, porque por estos duendes y por estas cosas que tiene la tecnología no nos funciona bien el cronómetro de la sala, con lo cual lo tengo que hacer un poco artesanalmente. Así que, si son tan amables, les
iré advirtiendo cuando les falte medio minuto para terminar.


Muchas gracias.


Vamos a continuar las intervenciones. Por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor Boadella.


Adelante, por favor.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.


Procuraré ajustarme al tiempo.


Señor García, bienvenido y muchas gracias por su intervención. Esto, como se apuntaba anteriormente, es un último paso prácticamente antes de su nombramiento y toma de posesión, pero no por ello menos importante. Por tanto, hay que
agradecer el esfuerzo de sintetizar cuál es su planteamiento que ha hecho hasta el momento. También quiero poner en valor que el sector político, que es tan garante de la Constitución y de las normas del ordenamiento constitucional y del bloqueo
constitucional, parece ser que es el primero que se olvida de que al final la propuesta del fiscal general del Estado es una propuesta del Gobierno. Por tanto, la imparcialidad e independencia del ministerio fiscal se van a garantizar con su
régimen jurídico, pero, en definitiva, es el Gobierno quien puede proponer como fiscal general del Estado a quien considere más oportuno.


Yo sí que quería hacer una breve mención y meritoria a su currículum. Evidentemente es extenso, tiene todos los méritos y, por tanto, quiero desearle suerte y aciertos en su nueva labor. También, como los otros compañeros, quiero pedirle
que esto no se convierta en una sola comparecencia antes de su nombramiento, sino que pueda existir este seguimiento por parte de este órgano que, en definitiva, también tiene sus competencias en este ámbito. No obstante -y muy brevemente-, en este
deseo de suerte en su función, yo sí que le quería plantear algunas ideas de trabajo adicionales a las que usted ha planteado. En primer lugar, usted apuntaba la colaboración con el Defensor del Pueblo, y yo le pediría que colaborase también en
relación con el caso Pegasus y el informe que elaboró el Defensor del Pueblo, que creo sinceramente que supone la vulneración de derechos fundamentales a muchas personas, con una voluntad política entiendo que notoria. Pero más allá de la cuestión
política, la existencia de estas intervenciones o la utilización de esta aplicación Pegasus supone una auténtica vulneración de derechos fundamentales que la Fiscalía debería también estudiar y además debería promover la defensa del interés público
y tomar las acciones que puedan corresponder, no solo para el presidente del Gobierno sino para todas las personas que han sido afectadas por el caso Pegasus.


También le quería señalar que la justicia española tiene algunos fallos determinantes: en 2021, diez condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; en los últimos diez años, sesenta y cinco condenas por temas de derechos humanos. Por
tanto, la Fiscalía tiene un papel clave en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y que estas condenas, a posteriori, no se produzcan, y en este sentido también tiene un papel clave en levantar el pie del acelerador en esta acción
premeditada que se ha producido en el procés independentista de Catalunya. Quiero preguntarle: ¿Cómo cree que esto se tiene que revertir una vez ya está constatado que ha existido?


Me preocupa especialmente -y sí que le agradecería, si puede, que hiciera una mención más extensa- esta cuestión que ha apuntado de la Audiencia Nacional y el propósito de recentralizar y unificar competencias de la Audiencia Nacional. Es
un órgano que siempre decimos que tendría que desaparecer, que es un antiguo vestigio franquista, que acumula una serie de competencias y que se salta las normas más generales o comparadas a nivel de Europa y en cambio usted apostaría -y me
sorprende especialmente-...


El señor VICEPRESIDENTE: Tiene que ir terminando, por favor.


El señor BOADELLA ESTEVE: Acabo en treinta segundos.


... por darle más competencias, con el perjuicio que esto supone para los ciudadanos, ya desde el punto de vista únicamente territorial.


De cara a futuro, puntualmente quiero plantearle una cuestión. Sabe usted que se están tramitando las reformas de las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital. En relación con la organizativa y el

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despliegue de los juzgados de Familia e Infancia y Capacidad y el papel del ministerio fiscal, un compañero suyo, fiscal, me dijo una vez que habían cambiado el ministerio de la fe por el ministerio de la Fiscalía, porque muchos fiscales no
llegan a los juicios, no tienen medios para llegar y, por tanto, ¿cómo se puede solucionar este ministerio de la Fiscalía con una falta de medios evidente? Esto también afectaría a lo otro que usted ha apuntado: a las competencias en el ámbito de
instrucción, que entiendo que son imposibles de realizar con los medios actuales.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Boadella.


Creo que no hay nadie presente del Grupo Parlamentario Republicano, así que, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens.


El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidente.


En primer lugar, señor García Ortiz, quiero agradecer su presencia y sus explicaciones. Hoy estamos aquí para debatir con usted sobre su plan de actuación y también sobre su idoneidad. Sobre lo primero queríamos compartir con usted dos
preocupaciones. La primera es que somos el único país de Europa donde la instrucción de los procedimientos penales no la dirige la Fiscalía. Ya sé que eso tiene que ver con un informe del Consejo General del Poder Judicial, que está pendiente,
sobre la ley que lo tiene que garantizar. Esa preocupación también tiene que ver con otra cuestión, el descontento de la Fiscalía Europea con eso y con la escasa colaboración de la Fiscalía española que usted va a dirigir. Queríamos saber su
opinión sobre esa cuestión.


La segunda preocupación, que también la ha señalado el señor Iñarritu, es por lo que sucedió en Melilla con 23 o 37 personas muertas, según las fuentes. Esta no es una operación bien resuelta, como dijo el presidente, ni tampoco producto
del uso de la fuerza proporcionada, como dijo el ministro; es la masacre más grave que ha sucedido en cuarenta años en la frontera española. Es inaceptable, debe investigarse, eso es lo que nos exigen la Comisión Europea, la ONU y Amnistía
Internacional. Su predecesora en el cargo, doña Dolores Delgado, firmó un decreto para investigar lo sucedido y nos gustaría saber su opinión sobre esas pesquisas, si nos las puede dar, evidentemente, porque nos consta que la Fiscalía ya tiene el
informe de la Guardia Civil junto a las imágenes de los hechos, imágenes que el ministro nos ha negado ver. Han pasado más de treinta días desde la tragedia, aún no sabemos lo que pasó y la ciudadanía tiene derecho a saber. Los familiares de las
víctimas también tienen derecho a saber y esperamos que usted defienda la autonomía de la Fiscalía, con uñas y dientes, para llegar hasta el final en este asunto, con independencia de que el resultado de esa investigación contradiga al presidente o
al ministro. Por tanto, esperamos que no le tiemble el pulso ni a usted ni a ningún fiscal a la hora de actuar, como no le ha temblado al fiscal en el caso de nuestro diputado Alberto Rodríguez frente a la vulneración de derechos que ha sufrido por
la decisión arbitraria de la presidenta de este Congreso, la señora Batet. Es una vergüenza que nuestro compañero lleve ocho meses sin poder representar a los 60 000 votantes que confiaron en él. En todo caso, por eso nos gustaría, como le decía,
saber su opinión sobre esa investigación, si nos la puede dar.


Sobre la cuestión de su idoneidad, aunque la legitimidad relevante para nosotros es la del ejercicio y no la del origen, nuestro grupo parlamentario cree que su candidatura sí cumple con los requisitos para ser el nuevo fiscal general del
Estado. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La ley establece tres requisitos: uno, ser español o española, usted lo es; dos, llevar quince años de experiencia, usted los tiene; y, tres, ser un jurista de reconocido prestigio, y usted lo es.
Creo que hoy la derecha no va a cuestionar que usted sea español o que lleve esos años en la carrera, aunque nunca se sabe con la derecha. Sobre el tercer punto, seguro que dicen alguna cosa sobre su currículum. Ya hemos oído al señor Bal, de
Ciudadanos, cómo propagaba alguno de los bulos que hemos escuchado estos días y que hace poco El País, en un reportaje, desmontaba. Hoy el señor Bal ha hablado de ETA y se ve que no ha leído la nota del propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional,
don Jesús Alonso, que, por cierto, es de la asociación conservadora, negando ese bulo y recordando que el plazo de prescripción cuenta desde la comisión de los hechos y no desde la detención de los autores. Una cosa es lo que desearían algunos y
otra es la ley. Hoy seguramente vamos a oír otros bulos, por ejemplo, el de que usted quería llevar a todo el Partido Popular al banquillo con el Prestige, en Galicia, cuando lo cierto es que usted hizo lo contrario y por eso nadie del Gobierno del
Partido Popular fue condenado entonces. Lo contrario, por cierto, de lo que ha sucedido con los magistrados conservadores del Tribunal Supremo y con el Gobierno andaluz del

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Partido Socialista en el caso de los ERE. Si aplicáramos el criterio de los magistrados del Tribunal Supremo, ese Gobierno del Prestige también estaría hoy condenado, pero ya sabemos que a menudo la visión garantista de los juristas
progresistas no es la misma que la de los conservadores.


Nosotros valoramos su talante dialogante, su rigor y solo tenemos una duda sobre su carrera profesional, y que ya ha sido señalada. La señora ministra de Defensa refiero a esa misteriosa y secreta reunión con un periodista de las cloacas
mediáticas, cómplice de Villarejo, para fabricar pruebas falsas contra nuestra organización con el resultado que ya conocemos. A nosotros nos consta que usted no quería asistir a esa reunión, pero nos gustaría, si usted quiere, que nos diera alguna
explicación. Hoy quizás es una oportunidad para aclarar ese incidente. Sea como sea, para nosotros la mejor prueba de que usted es un jurista de reconocido prestigio, no solo está en su currículum de 14 o 15 páginas, sino en el hecho de que fue el
fiscal más votado para la carrera fiscal en las elecciones al Consejo Fiscal del 2018, a pesar de que se presentó por las listas de una asociación progresista que es minoritaria. Eso tiene mucho mérito, porque ya sabemos que el colectivo al cual
pertenece usted es eminentemente conservador, con sectores incluso reaccionarios y -como decía, su asociación es minoritaria- que sus compañeros y compañeras conservadores, de ideología distinta a la suya, le votaran entonces es un hecho inédito que
dice mucho de usted. Aquí no va a tener la misma suerte, ya hemos oído al portavoz de Ciudadanos, ya hemos leído lo que dice el brazo mediático de la derecha y no nos extraña, porque la derecha en España considera que los únicos fiscales jefes
legítimos son los que nombran ellos, porque tiene una visión patrimonialista del poder. En el fondo el problema es que solo respetan las reglas del juego si les sirven para acceder o conservarlo, pero cuando lo pierden se atrincheran en los
aparatos del Estado para apartar a fiscales, policías o jueces incómodos para ellos. Eso explica también lo que hemos leído sobre los votos de los candidatos de los magistrados conservadores, de un Gobierno ilegítimo, el de los jueces, que tiene el
mandato caducado tras años de secuestro del Partido Popular para evitar su renovación. La derecha no concibe la justicia con imparcialidad o neutralidad, sino como un combate político por otros medios. Por eso esperamos que usted imponga la razón
y el derecho por encima de la política en un momento importante, donde la democracia debe dejar de lado la judicialización de la política. Y digo eso porque estamos demasiado acostumbrados a ver fiscales y jueces con alma de políticos frustrados
que aspiran a ser guionistas de la política española. Que hoy el Partido Popular y sus socios, los creadores de 'la Fiscalía te lo afina' o 'si gobernamos la jodienda de los fiscales, todo esto puede cambiar', le critiquen a usted por falta de
imparcialidad es un acto de cinismo que ofende nuestra inteligencia y nuestra memoria.


Hoy debatimos sobre su idoneidad y los estándares de imparcialidad que deben tener el fiscal jefe y el resto de fiscales. A mí en ese debate me vienen a la memoria mensajes como el de 'Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos' de Mariano
Rajoy, o algún otro famoso mensaje, como el del senador Cosidó, cuando confesó el modus operandi mafioso del Partido Popular para atar en corto, por detrás, los nombramientos de jueces y fiscales, para apartar a fiscales incómodos como el fiscal
jefe de Murcia en 2017 por investigar la corrupción del Partido Popular. Me viene a la memoria lo que han hecho sus predecesores en el cargo, como el señor Maza, el de 'más dura será la caída' o 'los catalanes están abducidos', que fue el primer
fiscal general del Estado reprobado por este Congreso y que destacó por nombrar al fiscal anticorrupción preferido por el Partido Popular, como revelaron los pinchazos telefónicos por corrupción de ese partido. También me vienen a la memoria muchos
otros fiscales generales nombrados por el Partido Popular, como el señor Torres-Dulce en 2014, que tuvo que dimitir por la presión del Partido Popular después del caso Bárcenas, o el nombramiento como fiscal general del señor Cárdenas, famoso por
sus críticas al derecho al aborto, al divorcio e incluso a los anticonceptivos, que él llamaba extremos viciosos. O me viene a la memoria, y termino, lo que pasó con otra fiscal general del Partido Popular, la señora Consuelo Madrigal, firmante de
manifiestos políticos, como el contrario al aborto, y que fue cesada porque se negaba a poner al señor Moix, que...


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Asens, tiene que ir terminando, por favor.


El señor ASENS LLODRÀ: ... aparecía en esos audios de corrupción del Partido Popular.


Termino, presidente. Esa fiscal, desde el Supremo, como Javier Zaragoza, ahora se dedica a criticar al Gobierno, e incluso han presionado a otro fiscal, al señor Luis Navajas, para que intentara admitir querellas infundadas contra el
Gobierno que el propio Supremo inadmitió a trámite. Y hablo del señor Navajas, que como el señor Sánchez Melgar fueron fiscales generales con el Partido Popular, porque, en cambio, en nuestra opinión, eran fiscales independientes, honestos y creían
en el derecho. Una cosa no quita la otra y es de justicia decirlo.

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En definitiva, señor García Ortiz, le deseo la mayor de las suertes y espero que actúe con valentía, con independencia y que defienda su criterio sin dejarse presionar por nadie, y por nadie quiere decir por nadie, tampoco por el Gobierno de
coalición.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Asens.


A continuación, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario VOX, el señor Ortega Smith. Adelante.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor candidato de Pedro Sánchez, prohijado por la fiscal Dolores Delgado. ¡Vaya carta de presentación! Vaya carta de presentación, Pedro Sánchez y Dolores Delgado.


Usted conoce, aunque probablemente no comparta o, al menos, no practique lo que dicen el artículo 124 de la Constitución y el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sobre ese deber del fiscal general de promover la acción de
la justicia, de velar por la independencia de los tribunales de Justicia y de defender la legalidad, y de hacer todo eso bajo los principios de la imparcialidad, la independencia, la unidad de actuación y la jerarquía funcional, algo que vienen
exigiéndole a España el propio Consejo de Europa, la Comisión de Venecia o el Grupo GRECO de Estados contra la corrupción. Autonomía fuera de injerencias políticas o manipulaciones de ningún gobierno. Suena bien, pero a usted probablemente esto le
entre por un oído y le salga por otro, con todo el respeto, porque no piensa seguir ninguna de estas instrucciones, ya lo ha demostrado. No nos tiene que contar lo que va a hacer, ya lo sabemos todos. Por eso quiero aprovechar esta comparecencia
suya para hacerle algunas preguntas que creo que todos los españoles desearían escuchar, aunque no sé si en el sentido de sus respuestas, de quien probablemente va a ser su fiscal general del Estado.


En relación con ese deber fundamental de promover la acción de la justicia, la primera pregunta que le hago es ¿qué va a hacer usted en relación con quienes han dado golpes de Estado? ¿Va a seguir promoviendo eso que dice el ministro
Bolaños en la mesa de la traición sobre que lo que hay que hacer es desjudicializar la política, lo que viene a ser en términos separatistas impunidad para quienes dan golpes de Estado? ¿Va usted a promover sus indultos? ¿Va usted a promover que
todos los cobardes fugados que no se atreven a pisar los tribunales comparezcan y den cuenta de los graves delitos que cometieron, al igual que sus compañeros?


Segunda cuestión, ¿qué va a hacer usted en la acción de la justicia con los grupos de la extrema izquierda que promueven las algaradas y los ataques violentos en las calles de cualquier ciudad de España, especialmente en Cataluña, en el País
Vasco o en Galicia para todo aquel que no piensa igual que ellos o para todo aquel que intenta ejercer, como por ejemplo el partido político VOX en las elecciones, su legítimo derecho del ejercicio político? ¿Qué va a hacer usted con respecto a la
persecución de los delitos de odio político? Por ejemplo, como ocurrió el otro día en Ripollet en un aquelarre financiado por el ministerio de la desigualdad y con financiación de la Generalidad, donde una tipeja con un palo golpeaba unas imágenes
que representaban a varios políticos democráticos, como el presidente de nuestro partido, Santiago Abascal? ¿Qué va a hacer usted en la acción de la justicia contra las mafias que promueven con connivencia de las seudo-ONG el tráfico de las
personas ilegales, poniendo en riesgo sus vidas y utilizando un suculento negocio del tráfico de la inmigración ilegal? ¿Qué va a hacer usted, señor fiscal general del Estado, en la acción de la justicia en defensa de tantos españoles que son
perseguidos por el hecho de querer hablar su lengua materna, la lengua común de todos los españoles en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, que usted conoce bien, en Valencia, en Baleares o en tantos lugares donde por el hecho de hablar español
los niños son señalados en el patio de las escuelas, los padres son marginados y las administraciones y los poderes públicos incumplen las sentencias de los tribunales y los principios de la Constitución? Y, por preguntarle por alguna acción más de
la justicia, ¿va a hacer usted algo en relación con los okupas? ¿Va a hacer usted algo con quienes en organizaciones radicales ocupan propiedades de pobres españoles que no tienen la culpa de que unos energúmenos entren en su propiedad y tarden
meses, a veces años, en recuperar lo que es suyo, lo que les pertenece y que tanto trabajo y tanto esfuerzo les ha costado poder comprar?


Y tengo alguna pregunta más relacionada con ese principio de la imparcialidad o la neutralidad, ¿usted cree, de verdad, que puede postularse y comparecer aquí ante la sede de la soberanía nacional bajo, al menos, la apariencia de
imparcialidad cuando ha estado usted participando activamente en actos del Partido Socialista, en actos donde se estaban conformando programas políticos y donde intervenían

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candidatos del Partido Socialista? ¿A usted le parece que eso es neutralidad o imparcialidad? Usted podrá pensar, como cualquier español, lo que quiera y podrá votar a quien quiera, pero ha dejado bien claro cuál es su afinidad y su
vinculación con un determinado partido, como hizo, y eso también se lo pregunto, durante cuatro años, como presidente de la Unión Progresista de Fiscales, defendiendo tesis en los medios de comunicación muy próximos a ideas de la izquierda radical.
¿Usted va a hablar de neutralidad o imparcialidad, quien ha sido el jefe de la secretaría técnica de la anterior fiscal, Dolores Delgado?


Por cierto, nos ha relatado una interminable lista de las muchas cosas que piensa hacer usted: instrucciones, circulares, promoveré, haré órdenes... Es curioso, porque en el tiempo que ha estado usted no ha dictado una sola circular, una
sola instrucción en interpretación jurisprudencial, en interpretación doctrinal o en aclaración legal. (El señor candidato a fiscal general del Estado, García Ortiz, hace signos negativos). Los fiscales esperaban otra cosa de la Secretaría General
Técnica.


Por último, por no extendernos, porque ya se han citado casos bastante vergonzosos como lo ocurrido con el fiscal Stampa, ¿cree usted en lo que le he relatado, que existe algún principio que nos haga creer que usted va a actuar a partir de
ahora con criterios de imparcialidad, de sometimiento estricto a la legalidad y sin injerencias políticas del Gobierno que lo propone y que lo nombra? La última pregunta creo que usted ya la conoce antes de entrar aquí porque el mismo que le
propuso la respondió. La Fiscalía, ¿de quién depende? Del Gobierno. Pues ya está.


Mire, la valoración de nuestro grupo es que carece usted de cualquier requisito de imparcialidad y, por tanto, carece de la idoneidad mínima que ha de tener un fiscal general del Estado. Se ha citado aquí y yo, por eso, quiero terminar mi
intervención recordando a quien sí demostró ser un fiscal cumplidor de su deber de independencia, a pesar de las presiones que tuvo en aquel momento del Gobierno de turno, de su profesionalidad y de su valentía. El fallecido José Manuel Mata, que
en paz descanse, un fiscal que elevó a la categoría de fiscal general del Estado con dignidad y con honor y que puso, con la ayuda de esta acusación popular, de quien les habla, de VOX, a los golpistas, a quienes pisotearon los derechos y libertades
de todos los españoles, a quienes conculcaron la Constitución, a quienes desoyeron todas las resoluciones judiciales y a quienes hoy amenazan que lo volverían a hacer...


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortega Smith.


Antes de continuar, quisiera hacerles un recordatorio relativo al artículo 16 del Reglamento que establece como una de las obligaciones de los miembros de esta Cámara mantener siempre la cortesía parlamentaria, lo cual, en mi opinión, es
incompatible con hacer juicios de intención sobre las personas. Así que a los demás intervinientes les rogaría que se abstengan de hacer ningún juicio de intenciones sobre incumplimientos futuros por parte del candidato. (Rumores.-La señora Moro
Almaraz: ¿Y el señor Asens?). Respeten a la persona del candidato, con todas las críticas profundas que puedan hacer tanto a sus hechos como a sus opiniones.


Vamos a continuar las intervenciones. El próximo turno de palabra lo tiene, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Santamaría. Adelante, por favor.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes ya a todos ustedes.


Señor García, permítame que comience mi intervención pidiéndole que le transmita a su antecesora en el cargo, la señora Dolores Delgado, una pronta recuperación de los problemas médicos que le afectan.


Dicho lo cual, lamento tener que decirle que su intervención me ha parecido una más que notable falta de respeto a la consideración que merece esta Cámara donde está representado el pueblo español. Señor García, usted no debería ocupar la
tribuna que ocupa hoy y yo no fingiré al respecto. Usted ha sido la mano derecha, la mano izquierda y el alter ego de Dolores Delgado, y la laudatio que ha hecho usted del trabajo de su antecesora, que ha sido indiferente al daño que ustedes dos
han causado a la institución y al Estado de derecho, ha sido la peor de sus presentaciones. Señor García, usted y su predecesora han sido los protagonistas de una de las etapas más negras de nuestra democracia y yo, lamentándolo mucho o sin
lamentarlo, tengo el deber de recordárselo y también de decirle que de usted esperamos una única cuestión: que defienda al Estado de derecho y que asuma, de una vez por todas, un firme compromiso con la neutralidad y la imparcialidad de la
institución que va a presidir.


Señor García, recuerde que, aunque Sánchez haya preferido nombrar a un fiscal general del Gobierno en lugar de a un fiscal general del Estado, usted se debe a los 47 millones de españoles que son sus únicos jefes. Por eso, nos ha parecido
que no se ha tomado usted suficientemente en serio su

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intervención, al olvidar que es usted el responsable, en parte y en parte importante, del descrédito de una institución que ha denunciado mi grupo, pero no solo mi grupo, que ha denunciado la oposición, de forma mayoritaria; la mayoría de
asociaciones de fiscales, fiscales de prestigio, como el señor Zaragoza, progresista, que con su demoledor artículo en el diario El Mundo definió a la perfección el daño que tanto usted como Dolores Delgado le estaban causando a la carrera fiscal.
También se lo han dicho los fiscales en las elecciones al Consejo Fiscal en el que le han dado la espalda a usted y a los que entienden el modo de dirigir la Fiscalía como usted. Ha pasado de ser ese gran hombre tan bien votado a llevarse una
debacle, probablemente por su forma de dirigir la Fiscalía. Esa es la única realidad y no la que usted nos ha descrito.


Señor García, yo voy a ser muy claro. Usted no reúne ninguno de los requisitos que establece la ley para ser fiscal general del Estado. Así se lo ha reconocido el Consejo General del Poder Judicial. Doce de sus vocales no se han atrevido
a decir que es usted una persona idónea, sino que, simplemente, reúne usted los requisitos legales para serlo. Los otros siete han dicho que es usted una persona que no es idónea para el cargo. Para cualquier país civilizado del mundo, cualquier
país que no fuera la España de Sánchez, este sería un dato demoledor que le inhabilitaría a usted para dirigir una institución tan prestigiosa como el ministerio fiscal. Fíjese, señor García, que antes de que llegara el señor Sánchez al Gobierno
era habitual presumirle el valor al soldado -parece una cosa obvia-, la vocación al personal docente y sanitario, la creatividad al artista y, fíjese, a los fiscales les atribuíamos y pensábamos que conocían el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal. Sin embargo, a usted le tengo que preguntar: ¿Conoce usted el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la norma básica que rige el desempeño de sus funciones? Porque, de repente, apareció usted en una foto que tiene usted aquí (muestra
una fotografía) en un acto con el Partido Socialista, cuando el artículo 159 de la ley dice lo que dice. Dice que no puede acudir a actos de naturaleza política que no proceda en el ejercicio de sus funciones. Y usted se plantó en un laboratorio
de ideas del Partido Socialista gallego, repartiendo estopa, como es lógico, a la diestra, y loando las virtudes de la siniestra, como atestiguan las crónicas de la época, que también hemos tenido oportunidad de leerlo. ¿Cómo podemos considerarlo,
entonces, a usted un jurista de reconocido prestigio si no conoce y, además, incumple la norma básica que rige el ministerio fiscal? Yo creo que estamos ante una foto muy desafortunada que demuestra por qué está usted donde está y lo está merced a
la práctica ideológica desarrollada durante el desempeño de sus funciones.


Señorías, yo no sé si ustedes han caído en la cuenta de que la ética y la moral prohíben a la ciencia clonar seres humanos. Sin embargo, la ética, la práctica política y la moral del Partido Socialista les han permitido clonar a la figura
de Dolores Delgado en la persona del compareciente. El compareciente no es más que un clon de la señora Dolores Delgado, no es más que más de lo mismo, un teniente que asciende a capitán. Dicho todo con el máximo de los respetos y, por supuesto,
desde la máxima educación. (Risas). Es usted un fiscal al servicio del proyecto de poder del señor Sánchez, lo que los socialistas llaman uno de los nuestros y, lo que es más grave, el encargado de rebajar la presión del ministerio fiscal en los
procesos que afectan al independentismo para que la mayoría parlamentaria que sostiene al señor Sánchez no se tambalee. Y esto es lo grave. El Estado de derecho descansa en buena medida sobre su espalda y la experiencia que tenemos es pésima.


A usted le corresponde decidir si su etapa al frente del ministerio fiscal va a seguir tiñendo la institución del denso desprestigio por el que optó su predecesora o si, por el contrario, usted intentará levantar la losa reputacional que le
ha dejado la persona que le ha precedido en el desempeño del cargo que ahora ocupa usted. Señor García, créame, nada más me gustaría que dentro de unos meses salir y decir que andaba equivocado en lo que presuponía que iba a ser el ejercicio de su
función, pero para ayudarle le vamos a hacer una serie de preguntas, diez preguntas muy sencillas, muy cortas en las que, si usted cumple tendrá el apoyo, por supuesto, del Partido Popular.


La primera coincide con lo que han señalado ya algunos grupos de esta Cámara. ¿Va usted a comparecer ante esta Cámara cuando se le reclame, ya que tanto ha hablado de transparencia? La fiscal general del Estado que le ha precedido no
concurría ante esta Cámara y se apoyaba en la mayoría del Gobierno en la Mesa de esta Cámara para nunca ser admitida a trámite su participación. Ha convertido a la Fiscalía General del Estado en la institución más opaca del Estado y usted va a
tener que responder a una pregunta, señor García: comparecer o no comparecer. That is the question. Es decir, ¿está usted dispuesto a renunciar al apoyo de sus socios, sus amigos o la mayoría del Gobierno que apoya a los socialistas para poder
comparecer y dar cuentas? Porque le recuerdo que en el 2017 en una entrevista usted decía que había que hacer todo lo posible para evitar que el fiscal general del Estado se convirtiera

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en el rey Sol. Pues nada más adecuado, para que usted no se convierta en el rey Sol, que comparecer ante esta Cámara cuando usted lo considere oportuno y cuando los grupos se lo solicitemos, que nunca será por cuestiones banales.


Dos. Señor García, todos conocemos las diferentes opiniones que genera la interpretación que sobre el cómputo de la prescripción propone el fiscal que juzga a quienes dieron la orden de ejecutar vilmente a Miguel Ángel Blanco. Así que le
pido que por decencia no se ampare en ellas porque las conocemos. Este es el documento firmado por el fiscal (muestra un documento), de 20 de julio, de hace apenas unos días, en el que se dice que es usted la persona que niega que se siga adelante
con esta investigación o que impone una determinada interpretación del cómputo de la prescripción, y yo tengo serias dudas de que usted tuviera, en primer lugar, la competencia para hacerlo. Pero no contento con eso, se han permitido ustedes
cuestionar los informes policiales que amparaban la postura del fiscal González Mota, poniendo en duda la labor en funciones de la Policía judicial, lo que es absolutamente un desprecio a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al Estado de
derecho. Le pregunto: ¿va a ser esto una constante, cuestionar los informes de la Policía judicial, cuando sea preciso sostener la mayoría parlamentaria que sostiene a Sánchez o va a ser solo en los casos en el que le convenga al presidente del
Gobierno? ¿No cree usted que es su deber -¡su deber!- apoyar a los fiscales bajo su mando cuando estos lo único que pretenden es evitar la impunidad de crímenes gravísimos como el de ordenar el asesinato, la ejecución de Miguel Ángel Blanco? ¿No
cree que es su deber rebuscar en el ordenamiento jurídico cualquier posibilidad para que esas personas no salgan impunes? Pues resulta que ese no es su deber, su deber es interpretar la ley a favor de las personas que parece que usted no quiere que
sean juzgadas. (Aplausos). ¿Y por qué no quiere usted que sean juzgadas las personas que fueron los autores intelectuales del asesinato de Miguel Ángel Blanco? Pues para sostener la mayoría de Gobierno que sostiene a su jefe, el señor Sánchez, y
yo creo que esta actitud -y lo digo como una calificación a título personal- se acerca bastante a la actitud de complicidad o colaboración. Señor García, ¿va a permitir, por tanto, que la Fiscalía persiga a quienes dieron la orden de ejecutar a
Miguel Ángel Blanco como pide la asociación Dignidad y Justicia y reclama el pueblo español?


Tres. Sobre la política de nombramientos, le diré que el 70 % de los nombramientos proviene de la asociación que han hecho ustedes, de la asociación que usted presidió y que ha sido recientemente vapuleada en las elecciones del Consejo
Fiscal, como ya he dicho. ¿Hará usted nombramientos en minoría? Por eso, también le pregunto: ¿va usted a objetivar el sistema de elección de las personas que ocupan los más altos puestos de la carrera fiscal para que lleguen solo los mejores y
no los amigos, la familia y los afines?


Cuatro. Una pregunta muy sencilla: ¿va usted a constituir la comisión de ética que exige GRECO, a la que se opusieron usted y su predecesora con uñas y dientes, y que reclama la carrera fiscal y también exige Europa?


Cinco. ¿Podría decirnos qué opina cuando el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat se sientan para hablar de la desjudicialización del conflicto del procés? ¿Podría decirnos qué opina, porque aquí se lo han preguntado
desde otro punto de vista y con otras claras intenciones otros grupos parlamentarios? ¿Qué opina cuando se le dice que esta Fiscalía persigue ideológicamente a personas en un Estado de derecho como es España en el siglo XXI? ¿Podría decirnos qué
opina cuando se habla de que se rebaje la presión de la Fiscalía sobre los procesos fiscales en curso? ¿Cómo va a articular usted esa descompresión? Y si la va a hacer en unos determinados delitos, ¿la va a hacer en otros? ¿Se les ocurren algunos
otros delitos en los que haya que descomprimir, quitar presión, fomentar, promocionar, alentar? Pero más importante, ¿dará usted la espalda a los fiscales que están ahora mismo defendiendo esos procesos en Cataluña? Y más importante aún, le
pregunto: cuando en febrero se jubilen la fiscal jefe de Cataluña, ¿escuchará y hará caso a lo que le diga el Consejo Fiscal proponiendo una persona que garantice la continuidad de los criterios que está siguiendo la Fiscalía o, por el contrario,
tirara de galones para salvar la mayoría de Gobierno que sostiene al señor Sánchez? Son preguntas, como ve, muy claras y muy sencillas, como la que le voy a hacer ahora.


¿Se compromete usted -aunque ya nos ha dicho que no en la intervención- a que la señora Dolores Delgado cuando vuelva a la carrera judicial no se salte 467 puestos del escalafón? (Aplausos). Es así de sencillo. ¿Se compromete? Es lo que
se pretendía con la tristemente famosa Ley Concursal que mi grupo destapó para escarnio y vergüenza de toda la carrera.

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El señor VICEPRESIDENTE: Si es tan amable, vaya terminando, señor Santamaría.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Me quedan tres puntos muy breves y termino, y le agradezco la cortesía.


Siete. ¿Terminará usted con los absurdos enfrentamientos, que guían el día a día de la Fiscalía General del Estado, con el Tribunal Supremo? Tanto le preocupan los menores y andan impugnando los nombramientos con las asociaciones de
fiscales, con la Fiscalía Europea y con el mundo entero.


Ocho. En relación con los señores Chaves y Griñán, ¿comparte usted la posición de presidente del Gobierno cuando manifiesta que pagan justos por pecadores? ¿Cree usted que el Tribunal Supremo condena a los justos? ¿Qué le parece esta
nueva puñalada del señor Sánchez al Estado de derecho, ya que usted es la máxima cabeza del ministerio fiscal? Quizá se entienda ahora la prisa que tiene el señor Sánchez por ocupar el Tribunal Constitucional para así poder dar acceso a las medidas
cautelares que, sin duda alguna, solicitarán estas personas. Por otro lado, le pregunto: ¿ha recibido ya alguna instrucción para ir preparando el indulto de los señores Chaves y Griñán? O más importante, ¿lo sabremos cuando la reciba y
comparecerá usted en esta Cámara a explicar la posición de la Fiscalía si se da el caso de que tome una posición en esta cuestión?


Para terminar, dos cuestiones muy breves. ¿Va a cambiar usted el criterio de la Fiscalía que está recurriendo los terceros grados a etarras y también el acercamiento de los presos de ETA o correrá por delante de su caballo para salvar la
mayoría parlamentaria que apoya a Sánchez y para que ETA deje de acusar a Sánchez y a la Fiscalía de entorpecer los acercamientos y las salidas de los presos de las cárceles? ¿Será usted -ojo a la pregunta-...


El señor VICEPRESIDENTE: Querido Luis, si puedes ir terminando. Gracias.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: ... proactivo en el impulso de la investigación de los 378 asesinatos de la banda terrorista ETA pendientes de resolución? Por último, ¿qué va a hacer para que en Cataluña se cumpla la sentencia que obliga a
impartir el 25 % de las clases en castellano? ¿Será usted una ayuda o un estorbo?


Muchas gracias, presidente, y disculpe. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias.


Vamos a ir terminando. A continuación, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Aranda.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señor presidente.


Se nota que está el señor Rajoy cerquita dando una rueda de prensa y tomando nota de sus diputados.


Señor García, bienvenido a esta Comisión. Dicen que es la más cordial, imagínese usted el resto. (Risas).


Se hace complicado afrontar el planteamiento de la comparecencia. Es verdad que he dado vueltas a qué decir y cómo decirlo, porque, claro, esperaba equivocarme y que no fuera una intervención como la que efectivamente ha sucedido aquí,
traer el lodazal argumental al Congreso es lo que hemos visto; con lo cual, es una intervención un poco complicada. Estamos aquí para valorar como Poder Legislativo -a veces se nos olvida con actitudes un poco más chusqueras que otra cosa- la
idoneidad expresada por el consejo el jueves pasado respecto a la propuesta del Gobierno de don Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado. En general, señorías, todos los fiscales generales, ya sean nombrados por un Gobierno
socialista o uno popular, han tenido el respeto institucional de esta Cámara, dando cumplimiento al sistema de nombramiento que establece la Constitución de independencia orgánica, sea cual sea el Gobierno que lo propone, sea cual sea. Esto fue
así, ciertamente, hasta la desafortunada sesión que tuvimos en esta Cámara con la anterior fiscal, hoy dimitida, en la que se traspasaron todos los límites, récord vigente hasta el día de hoy. Y hablan de politizar la justicia aquellos que tienen
en su haber la frase de 'esto la Fiscalía te lo afina'. Acusan de politizar los que meten la política en la Fiscalía, como ya lo hemos visto en esta intervención cuando se nombró más al presidente el Gobierno que al propio fiscal general, esa
obsesión enfermiza que tienen algunos. No hay nada nuevo bajo el sol. Creo que lo que le critican tampoco tiene que ver con usted. Uno tiene la sensación de que cualquiera que esté en esa silla, incluso Rober Jackson, fiscal de los procesos de
Núremberg, tendría también problemas de idoneidad.


Lo que ocurre es que tienen un problema con el Gobierno de España. Es una versión 3.0 de lo que ya vimos con Felipe González o con Zapatero; es lo mismo. Se trata, en una acción coordinada, deliberada

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e impune, de un ataque a un Gobierno progresista, surgido de las urnas, que vino motivado de una moción de censura contra un partido condenado por financiación ilegal. Es una persecución política y mediática sustentada en una colección de
bulos, insultos y la más insana práctica de la difamación que obedece a esta estrategia de tres partidos convertidos hoy en una suerte moderna y parlamentaria del mitológico cancerbero que guardaba las puertas del Hades, con tres cabezas: un
partido que lucha por su supervivencia, dejando atrás cualquier atisbo liberal; otro, que es el fiel reflejo de la ultraderecha europea, que tan bien le va a Putin, como vemos en Italia, y un tercero, el gran beneficiado de esa estrategia,
dispuesto a recoger los frutos, si es que alguna vez llegan. Siguen un patrón muy claro que se repite de manera constante, y donde hay un patrón, hay una estrategia; eso está claro.


Señorías, la Constitución regula claramente la competencia del nombramiento del fiscal general del Estado: corresponde al rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo del Poder Judicial, y, como se ha dicho, su estatuto orgánico y nuestro
Reglamento del Congreso regulan la sesión que tenemos aquí. Es evidente que la persona propuesta por el Gobierno, usted, reúne con creces los requisitos exigidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. (Rumores). Agradecería que el
diputado Ortega Smith-Molina no se riera durante mi intervención. (El señor Ortega Smith-Molina: A ver si ahora no nos vamos a poder reír). Ya es complicado seguirlo cuando habla, más cuando se ríe también. (El señor Ortega Smith-Molina: No
digas chorradas). No digo chorradas. Si me falta al respeto, señoría, pido a la Mesa amparo en ese sentido.


El señor VICEPRESIDENTE: Por favor, no interrumpan al interviniente. (El señor Ortega Smith-Molina: Se interrumpe él solo).


El señor ARANDA VARGAS: Exacto, no interrumpa. Gracias.


Y le protege a usted una presunción de idoneidad al no existir, evidentemente, pruebas en contrario. Su intervención inicial, señor García Ortiz, da buena cuenta de ello. Si a la anterior fiscal general del Estado se la tachaba de falta de
apariencia de imparcialidad por haber estado sentada en el Consejo Ministros, a usted se le aplica por haber colaborado con ella y por la existencia de un riesgo de pérdida de imparcialidad. Esta extensión no está exenta de peligro, ya que todos
los fiscales de España han debido colaborar con ella aunque no sea de manera directa.


La derecha política y mediática está en una estrategia de destrucción con argumentos preparados fuera de esta Cámara, pero repetidos por algunos en una suerte de cadena de transmisión que, como mínimo, deja en un papel delicado a sus
señorías, que ni someten a controversia las informaciones y bulos que les llegan ni establecen un criterio propio objetivo más allá del acoso y derribo al que ya nos tienen acostumbrados. Y mucho me temo que si han llegado hasta aquí
tranquilamente, después de casi 1400 días sin retomar el Consejo General Poder Judicial, tres años de Gobierno funcionando y al que desde el minuto uno se le cataloga de ilegítimo, es de esperar muy poco de lo que resta de legislatura. (Aplausos).
Yo les recuerdo que el consejo lleva en funciones cerca de cuatro años ante la negativa del Partido Popular a la renovación de este órgano, con lo que dan soporte a esa estrategia espuria irracional que está perjudicando la imagen de España como
democracia plena, con la exclusiva finalidad de mantener unas prerrogativas que no les corresponden. Pero es que, además, ni ante el último informe del Rule of Law el Partido Popular ha sido capaz de asumir su derrota en sus planteamientos, la
soledad de sus posiciones, y siguen bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hablan ustedes sin ruborizarse de transparencia y democracia; claro, los que usaron el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, para tapar
prácticas corruptas y para perseguir a adversarios políticos. (Aplausos). Pero es que, señorías del PP, dice la prensa -que es una afirmación que habría que contrastar- que hasta el 2025 la Audiencia Nacional puede llegar a juzgar hasta
veintisiete casos de corrupción del PP. Claro, si su partido dejara de acumular causas abiertas quizás habría menos fiscales trabajando en sus causas. También es un tema que les va a ustedes en ello.


Además, ustedes mienten. Han mentido cuando la señora Gamarra -y aquí hoy también se ha manifestado- ha dicho que el fiscal se reunía con banqueros andorranos en Madrid. Es un infundio y una calumnia que ha sido desmentida. Mienten,
evidentemente, con acusaciones sobre la posición de la Fiscalía, de usted mismo, en el caso Prestige, en esa causa donde usted defendía intereses generales; intereses que no defendió el Gobierno responsable, con una gestión defectuosa, inadecuada e
irresponsable. Mienten también cuando se le censura su ejercicio de libertad de expresión en unas jornadas con catedráticos y expertos. Ustedes hablan de imparcialidad. Claro, es que te tienes que reír. Yo, haciendo una broma, si algún día algún
Gobierno futuro -que no llegase del PP- ofreciera al señor

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Bal, por ejemplo, un jurista de prestigio, un cargo judicial, yo le prometo que no pondré de antemano en duda su capacidad y su honestidad profesional, pese a haber sido diputado, porque entiendo que un político cuando ejerce su actividad es
político, pero un jurista en su actividad defiende el interés general. Esa es la diferencia, una más, entre ustedes y nosotros. Hay más mentiras, evidentemente -se ha hablado aquí-, sobre los incendios en Galicia, que ya he comentado, y alguna más
que no quiero comentar para no contribuir a este debate barriobajero.


Señorías, el respeto a la verdad es importante y crear relatos falsos para intentar instaurar una realidad alternativa y manipulada es perverso. Señor García Ortiz, mi grupo lo considera a usted una persona idónea para el cargo de fiscal
general del Estado, y ya podría usted tener más virtudes que Santo Tomás y San Agustín juntos, que siendo propuesto por el Gobierno socialista progresista, no les parecería nunca la persona más adecuada a la derecha de este país para ejercer este
cargo, una derecha que se cree con el derecho a ejercer siempre el poder. En ese sentido, y escuchada su intervención con interés, le deseo el ejercicio de su cargo desde los principios de independencia, honestidad y servicio público, que yo sí le
presumo. Tiene usted en su figura una función capital en nuestro sistema democrático junto al resto del cuerpo de fiscales, y sus aciertos y su rumbo serán también determinantes en el devenir de una institución llamada a jugar un papel aún más
central en el futuro si, como es deseo del Gobierno y una parte del legislador, se tramita la nueva LECrim, donde el fiscal se hace cargo de la instrucción.


Para finalizar, usted sabe que este Parlamento llevó a cabo la trasposición de la directiva europea sobre fiscalidad europea, y durante los últimos meses se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que la Fiscalía
Europea ha mostrado cierto malestar en relación con algunas investigaciones penales. Quisiera recabar su parecer ante esta figura de la Fiscalía Europea y su importancia en la persecución de delitos europeos y preguntarle si ha detectado problemas
en la implantación de esta institución europea -insisto- tan importante para luchar contra el fraude y la corrupción. ¿Qué hará como fiscal general del Estado para mejorar las relaciones y la cooperación entre la Fiscalía Europea y la española?


Sin más, gracias por su intervención. Gracias, señor Ortega Smith, por su acompañamiento risueño.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Aranda.


A continuación, tiene un turno de réplica el candidato, que esperemos utilice prudencialmente. Muchísimas gracias.


El señor CANDIDATO A FISCAL GENERAL DEL ESTADO (García Ortiz): No lo dude, señor presidente. Conozco las fechas en que se han producido estos acontecimientos que han dado lugar a que yo pueda ser candidato a fiscal general del Estado.
Exculpo al señor Edmundo Bal, que, sin duda, tiene compromisos mucho más importantes que estar en la Comisión de Justicia ante el candidato a fiscal general del Estado, no lo dudo, y con modestia, con humildad, voy a intentar contestarles a todos
ustedes.


En primer lugar, me habían asustado mucho sobre esta comparecencia. Tengo que decirles que el tono me ha parecido adecuado. Hay cosas que no me han gustado, como es normal; hay insinuaciones, hay mentiras, hay falsedades, hay cosas que no
son lo que deberían ser, pero les agradezco en todo caso a todas sus señorías que se hayan dirigido a mí en general con tono de respeto. No esperaba otra cosa tampoco.


A veces, otras personas proyectan sobre uno una imagen que no corresponde con la que uno tiene de sí mismo o con la que novecientos fiscales o mis compañeros pueden tener de mí. También es comprensible, no pasa nada, pero yo sí les voy a
decir una cosa: yo he cumplido sobradamente -más que sobradamente- cualquier ambición profesional que pudiera tener, la había cumplido ya en la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela. La llamada para ser fiscal jefe de la secretaría técnica es
un honor que no pueden ustedes imaginarse lo que significa para los fiscales -consúltelo con amigos, con amigas, con gente del entorno de la profesión- y ser fiscal general del Estado, sea por un minuto, un segundo, un mes, un año o cinco años, es
un honor increíble para cualquier persona como yo que ama esta profesión y que procurará siempre lo mejor para ella y para sus compañeros, porque yo voy a seguir siendo fiscal después de ser fiscal general del Estado. Eso sí, hay una diferencia
cualitativa entre los fiscales que siendo fiscales son fiscales generales del Estado y los que vuelven a la carrera. Yo creo que nos importa mucho dónde vamos a volver y conocemos muy bien, no tengan ustedes ninguna duda, cuál es nuestra carrera de
origen. Me sorprende un poco que se me diga que no ha variado nada el concepto que tenía después de mi intervención, cuando he visto que lo tenía usted (dirigiéndose al señor Santamaría Ruiz) ya escrito. Bueno, supongo que también es parte del
juego de todo esto, no se preocupe.

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Voy a comenzar por lo que quizá ha resultado más doloroso para mí en algunas circunstancias, algo que se ha escuchado en esta Cámara, y digo lo más doloroso porque sí lo ha supuesto en mi cabeza, en lo que significa para una persona que es
más o menos anónima, dentro de lo que cabe, participar en la vida pública y que en un medio de comunicación, en la portada de un prestigiosísimo medio de este país, se encuentra uno con algo que no ha hecho, un lugar donde no ha estado y una portada
que después lleva a una editorial imputándole acciones que en absoluto ha realizado. No se pueden imaginar la sensación de estupor que puede tener una persona y la sensación de indefensión. Los fiscales tenemos mucha sensación de indefensión
muchas veces, porque somos objeto de crítica, y es normal, pero también tenemos solo respuesta institucional a esas críticas, y esa respuesta institucional nos impide a veces entrar en un debate o contar lo que de verdad le saldría a cualquier
persona normal de una contestación -vamos a decirlo así- emocional o desaforada. No podemos hacerlo y eso a veces restringe y se entiende menos a la Fiscalía. Nos explicamos mal precisamente porque no podemos entrar en esos debates. Entiéndanlo
también ustedes. Sí quiero centrar esto: nunca he estado en el hotel que se dice que estuve; nunca he almorzado con la persona que se dice que almorcé; no conozco a nadie del entorno, ni de la personalidad, ni nada que tenga que ver con ese
asunto, y simplemente la imputación es falsa. Por lo tanto, las consecuencias de haber estado en ese lugar son falsas y el editorial es sencillamente inadecuado y falso. Solo puedo decir que, por supuesto, hemos iniciado la acción de rectificación
con este medio y que, como no ha rectificado en el plazo en el que la ley establece que puede realizarlo, ejerceremos a través de la Abogacía del Estado -ya hemos oficiado a la misma- las acciones legales pertinentes. Pero manifiesto mi estupor
-eso es lo que quiero trasladarles- por que esto pueda ocurrir, sencillamente.


En segundo lugar, y porque ha sido traído prácticamente por todos ustedes -por el señor Iñarritu, el señor Bal, el señor Asens, el señor Ortega Smith, el señor Aranda, el señor Santamaría-, el aval del Consejo General del Poder Judicial me
parece un tema importante y, además, me parece que es un tema que resume también de alguna manera los argumentarios que se han vertido sobre mi persona. Eso me preocupa. Es decir, que haya algo que resuma todos los argumentarios contra un
candidato, con la escasa o nula realidad de lo que allí se dice, para mí es preocupante. Yo no voy a entrar en si el Consejo General del Poder Judicial está caducado o no. Eso es una evidencia. Está caducado. Es un órgano que ha trascendido a su
mandato. Si ser consejero o vocal del Consejo General del Poder Judicial es un ejercicio de responsabilidad y de prudencia, más ejercicio de responsabilidad y prudencia debe serlo cuando tu mandato de alguna manera está caducado. No digo yo que no
deba ejercer sus funciones, no me corresponde a mí, pero hay que ser muy prudente en el ejercicio de esas funciones. A mí me ha avalado el Consejo General del Poder Judicial, que no le quepa duda a nadie, a nadie. No se pueden poner las cosas al
revés para que parezcan lo contrario. Es un bonito juego didáctico de palabras, es un juego floral estupendo, pero ahí está lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, y lo que no dice también. Podían haber hecho doce votos particulares
diciendo lo que usted ha dicho, señor Santamaría, pero no los he visto. (Aplausos). Solo he visto que estoy avalado como vocal del consejo. Los siete votos particulares en contra, la verdad es que son bastante curiosos. En primer lugar, invocan
un juicio de oportunidad, y así lo dicen de manera expresa sobre el nombramiento del fiscal general del Estado. Yo creo que no cabe otra lectura que la constitucional. El juicio de oportunidad le corresponde al presidente del Gobierno o al
Gobierno de la nación. Ese es nuestro modelo. Yo entiendo que el modelo no guste. Incluso participo, señor Santamaría, o a toda esta Cámara, que podemos buscar otro modelo, pero el que tenemos -y esto es el principio de legalidad y seguridad
jurídica- es este, es que no hay otro. Buscaremos otras formas e intentaremos que el fiscal general del Estado no sea el Rey Sol -soy el primero que lo ha dicho y lo mantengo siendo fiscal general del Estado-, pero de momento tenemos la legislación
que tenemos, por lo menos en cuanto al nombramiento; luego veremos que se puede suavizar. Se puede suavizar el poder del fiscal general o se debe suavizar el poder del fiscal general. Estamos de acuerdo. Por eso, respecto a esas imputaciones
entre comillas que me hacía el señor Bal -a lo mejor se lo diré aparte un día en un café- sobre lo que significa cuando hablamos de la jerarquía, estoy diciendo lo contrario de lo que él insinuaba, exactamente lo contrario de lo que él insinuaba.
Es un mal juego dialéctico coger una propuesta que va en un sentido para decir que va en el sentido contrario. Es hacer trampas porque estás dando la respuesta de lo contrario que a ti te han querido dar. Es bonito, supongo que es floral, pero no
ayuda al debate, no ayuda a que nos responsabilizamos de la acción de la Fiscalía.


El exceso competencial -y creo que es un exceso competencial de los vocales disidentes en el voto del Consejo General del Poder Judicial- nos sitúa en un escenario que nuestra Constitución prescribió.

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Si ustedes cogen el artículo 117 de la Constitución que tanto gusta citar en todos los foros, dice que se prohíben los tribunales de honor. Yo me he sentido en un tribunal de honor leyendo el voto particular, porque he visto que unas
personas, sin tener más conocimiento en su propio expediente que mi hoja de servicios -vamos a decirlo así-, se han lanzado a buscar recortes de prensa para decir por qué no soy idóneo para el ejercicio de un determinado cargo. Pónganse ustedes en
mi caso o en cualquier otro caso, en el que llegan con una pretensión, el tribunal lo primero que puede hacer si alguien va a decir algo diferente a lo que tiene delante, es escuchar a la persona, darle audiencia; segundo, darle la posibilidad de
réplica y, tercero, contraponer o contrarrestar lo que allí se está diciendo, lo que ellos mismos están diciendo. Ante un tribunal de honor, yo no he tenido ninguna posibilidad de decir nada y, sin embargo, se me han hecho imputaciones con mucha
seriedad -no por mí, ojo, sino a un fiscal general del Estado-. Es una figura relevante en el ordenamiento jurídico español y no se pueden hacer afirmaciones, o más bien comentarios, sin posibilidad de audiencia o de contraste. El propio Consejo
General del Poder Judicial tiene una amplísima capacidad para ejercer su potestad en los nombramientos que sí le corresponden. El del fiscal general del Estado no le corresponde al Consejo General del Poder Judicial. Recuerdo una sentencia del
Tribunal Supremo, la Sala tercera, 27 de noviembre de 2007, que dice que lo mínimo que debe hacer, pese a la amplísima libertad que tiene, es expresar las fuentes de conocimiento que haya manejado para indagar cuáles podrían ser esos méritos en el
conjunto de los aspirantes, y también los deméritos, ¿por qué no?


Vamos a ver cómo este órgano se dedica a decir: 'Circunstancias nada claras y perjudiciales para el crédito del ministerio público en los expedientes seguidos en relación con el señor Ignacio Stampa o la respuesta proporcionada a la Sala
tercera del Tribunal Supremo para insistir en nombramientos relevantes de la Fiscalía declarados nulos, son episodios que se relacionan con la gestión del candidato propuesto'. Ahí estamos. Soltamos el asunto Stampa. ¿Qué es el asunto Stampa?
¿Cómo puede un órgano que se prestigie decir el asunto Stampa? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la pretensión legítima del señor Ignacio Stampa de reclamación extrapatrimonial? ¿Estamos hablando de las diligencias de investigación
que se dirigieron contra él -por una denuncia del Grupo VOX, no lo olvidemos- ¿Estamos hablando de los asuntos que pueda tener o no en la inspección, de las reclamaciones administrativas? ¿Qué es el asunto Stampa para que un órgano de gobierno de
los jueces diga el asunto Stampa?


Cuando habla del nombramiento del fiscal, de la respuesta proporcionada a la Sala tercera del Supremo para insistir en los nombramientos, es que es lo normal. Cuando el Consejo General del Poder Judicial ve rechazado un candidato porque se
lo anula la Sala tercera del Tribunal Supremo, que es quien puede hacerlo, lo normal -y cojan ustedes la hemeroteca- es que insista en ese candidato; cumple los requisitos de motivación que le exige la Sala tercera e insiste. ¿Por qué aquí es
malo? ¿Solo porque es el fiscal general del Estado o solo porque es el candidato el que lo es? No tiene ninguna explicación. Es tan sencillo como coger la hemeroteca. Por ejemplo, vamos a coger la segunda propuesta de nombramiento, acuerdo del
pleno de 26 de mayo de 2016. Todos los votantes del voto particular hicieron una segunda propuesta de nombramiento en un candidato anulado por la Sala tercera del Tribunal Supremo. Todos. ¿Dónde está la maldad en ejercer tu derecho? Pero si
vamos un poquito más allá nos encontramos con que son expresiones difíciles de aceptar. ¿Por qué? Lo he dicho: nombramiento en la Sala tercera del Tribunal Supremo, con un incidente de ejecución, es decir, un asunto jurisdiccional. ¡Ojo,
jurisdiccional! ¿Qué hacen unos vocales del Consejo General del Poder Judicial inmiscuyéndose en si es bueno o malo un asunto que está bajo la tutela de los tribunales? Es precisamente lo que no debe nunca hacer el Consejo General del Poder
Judicial. Ahí está la autonomía del Poder Judicial respecto al consejo. No hay otra, es la que tienen. Y, sin embargo, porque hay un candidato a fiscal general hemos traspasado esa línea que, desde mi punto de vista, es una línea roja. También
hay procedimientos en contencioso-administrativo del señor Stampa con o contra la Fiscalía General del Estado. ¿Quiénes son ellos para valorar en conjunto? ¿Están incitando al tribunal, a la Sala tercera del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, para que diga o responda algo? Yo creo que es una línea que no debe nunca traspasar el consejo. Y algunos, después de casi diez años de ejercicio, deberían haberlo aprendido desde el principio.


En cuanto a la trayectoria en la secretaría técnica, aquí siento tener que responderle al señor Ortega Smith que es relativamente sencillo coger el Boletín Oficial del Estado o la memoria de la Fiscalía, pero el boletín parece ser más
accesible, y podremos comprobar cuál ha sido la actividad de la Fiscalía General del Estado que usted reprocha que no hemos hecho. Dicen los votos particulares: 'Tampoco su trayectoria

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en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado se ha caracterizado durante su mandato por lo que cabía esperar de ella'. ¿Qué cabía esperar? ¿Qué esperaban esos vocales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del
Estado? (El señor Ortega Smith-Molina: Que trabajaran). Perdonen que elucubre, pero quienes elucubran sobre ellos. Ni merece un juicio positivo. ¿Se dan cuenta de qué forma de trasladar un comentario poco riguroso y poco exacto? Viene de un
órgano de gobierno de los jueces, no viene de ningún otro sitio. 'En todo este período no se ha formulado ni una sola circular -de ahí lo ha sacado el señor Ortega- que contribuya a la formación de doctrina o a esclarecer el sentido de las leyes o
la jurisprudencia'. Discúlpenme ustedes, pero no hay más que irse al Boletín Oficial del Estado. Doctrina de la Fiscalía General del Estado: dos circulares. Circular 1/2021, 8 de abril, sobre plazos de investigación judicial del artículo 324 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Boletín Oficial del Estado. Circular 2/2021, 30 de abril, sobre tratamiento de la competencia territorial en el orden jurisdiccional civil. Boletín Oficial del Estado. Instrucción 1/2020, sobre criterios de
actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. Okupas. ¿Qué va a hacer usted por los okupas? Pues mire, Instrucción 1/2020 sobre allanamientos de morada y ocupación.
Instrucción 1/2021 sobre criterios de actuación en los recursos contencioso-administrativos en relación con la entrada en vigor del Real Decreto 8/2021. Instrucción 1/2022, de 19 de enero, sobre el uso de medios de contención mecánicos o
farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental. Era tan sencillo como eso, pero si se traen argumentarios que vienen de otros sitios, de otros medios de comunicación o de otras asociaciones profesionales, se comete el error de pensar
que la fuente es fiable, y la fuente a veces no es fiable; la fuente a veces tiene un interés particular o un interés personal o una inquina personal que va más allá de la propia fiabilidad de la fuente.


Voy resumiendo la actividad de la secretaría técnica, porque yo dirijo un equipo de diez personas de todas las asociaciones profesionales: sin asociar, de la Unión Progresista de Fiscales, de la Asociación de Fiscales, y no se pueden
ustedes imaginar el revuelo que estas palabras han causado. No se puede decir que no hemos hecho nada cuando en dos años y medio se ha gestionado una pandemia, en los que hemos hecho este libro (lo muestra), que es La Fiscalía ante el reto de la
pandemia COVID-19, en la que todos los decretos prácticamente de la Fiscalía General salen de esa secretaría técnica o en colaboración con esa secretaría técnica; hemos hecho el anteproyecto de ley orgánica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Este es el informe del borrador que hace la secretaría técnica, que aprueba el Consejo Fiscal por unanimidad. (Muestra el informe). El Consejo General del Poder Judicial todavía no lo ha hecho y, por lo que vemos, todavía no lo va a hacer. Es que
decir que no hemos hecho nada... Es que decir que no hemos informado 27 borradores de anteproyectos de ley... Ustedes están en la Comisión de Justicia y ven la cantidad de producción legislativa que están teniendo las Cámaras, la cantidad de
proyectos o anteproyectos de ley que hay. ¡Es que decir que no hemos hecho nada! Es que decir que no hemos hecho las circulares y las instrucciones... Hemos asumido la formación de los fiscales la secretaría técnica. Hemos hecho dos planes de
formación, de formación inicial y continuada, hemos doblado. Hemos conseguido sacar un plan de formación y que los fiscales, durante la pandemia, pudieran trabajar y salieran las nuevas promociones. Hemos hecho casi 60 webinarios. Hemos hecho 117
diarios, que son pequeñas notas de jurisprudencia actualizada para mandar a todos los compañeros. Hemos creado una base de datos, Tesauro Fiscalía General, para ofrecerla a todos los fiscales de España. Hemos hecho un prontuario de derechos y
medidas de conciliación. No le digo los convenios que hemos impulsado, 35 convenios. Realmente me da un poco de reparo pensar que no hemos hecho nada en la secretaría técnica. No creo que mis compañeros de la carrera fiscal piensen lo mismo.


Se nos achaca el seguidismo. No soy el número dos de la carrera, no se confundan. El número dos de la carrera es la teniente fiscal del Tribunal Supremo. Todo el respeto a la jerarquía, como siempre tenemos la carrera fiscal. Yo he sido
solamente, y es mucho -ahora estoy en funciones-, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Les voy a dar unos nombres: Fernando Rodríguez Rey, José Miguel de la Rosa, Jaime Moreno Verdejo, Pedro Crespo Barquero,
Elvira Tejada de la Fuente o Manuel Marchena Gómez. Todos ellos son mis antecesores como fiscales jefes de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Supongo que sobre ellos no habrá un manto de sospecha, porque con lealtad, con
profesionalidad y con el más debido de los respetos, han servido al fiscal general, que legítimamente ocupaba la Fiscalía General del Estado. Supongo que no. Lo que no entiendo es por qué yo voy a ser diferente. También lo que no entiendo es lo
malvada que es Dolores Delgado para un cierto sector de esta Cámara.

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Voy yendo un poco más rápido, disculpe, presidente. Caso, si quieren ustedes llamarlo así, Miguel Ángel Blanco. No hay caso Miguel Ángel Blanco; por favor, les pido respeto a las víctimas, se lo pido a ustedes, no hay caso Miguel Ángel
Blanco. ETA ha sido derrotada gracias a la encomiable labor realizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ese es el hecho, el amparo y respeto a las víctimas es el eje de actuación. (El señor Mateu Istúriz: Y a la Policía y a la Guardia
Civil). Por supuesto. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE: Por favor, un poco de respeto a quien está en el uso de la palabra. Gracias.


El señor CANDIDATO A FISCAL GENERAL DEL ESTADO (García Ortiz): Por supuesto, le agradezco la interrupción, pero como estamos hablando de la Fiscalía y no estamos hablando de la Policía ni de la Guardia Civil ni de su labor ni de la mía,
permítame que hable del tema por el que he sido traído aquí, permítamelo.


En este procedimiento, como en todos los que se llevan a cabo ante este tribunal, la Fiscalía ha ejercido, ejerce y seguirá ejerciendo las labores que la Constitución y el estatuto orgánico nos confieren, promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad. Ni en este procedimiento ni en ningún otro se han dado directrices de ningún tipo, y mucho menos de carácter político... (El señor Santamaría Ruiz muestra un documento) No me exhiba un documento que no quiero ni ver -ahora
hablaré de él, no se preocupe, señor Santamaría-; no sé cómo ese documento puede llegar a su poder-. Como decía, ni en ese procedimiento ni en ningún otro, ni ese documento evidencia que se haya dado ninguna directriz de ningún tipo. Léalo con
atención, que parece que no lo ha hecho.


Reproduzco aquí lo manifestado también por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que continuará ejerciendo su trabajo con legalidad, con lealtad y con pleno respeto a los tribunales. La prescripción -y le aseguro que algo de Derecho Penal
sé, quizá no tanto como algún compareciente en esta Cámara- se declara en un momento procesal oportuno. Hay un momento en el que se declara la prescripción. Desde luego, en el caso que nos ocupa no era el momento de determinar si el delito estaba
prescrito o no estaba prescrito. La Fiscalía de la Audiencia Nacional nunca, nunca, repito, nunca, ni desde 2010 que planteamos la reforma ni hasta ahora, ni cuando trabajaba allí algún ilustre representante de esta Cámara, que podía haber
propuesto la teoría que ahora lleva, ni nadie, ha obstaculizado ni lo hará nunca -y que quede muy claro- las investigaciones abiertas en los distintos juzgados, cuya reapertura -y cojan ustedes la hemeroteca-, no se pueden olvidar, siempre contará y
siempre ha contado con el apoyo del ministerio público. No hay, repito, ningún dictamen, ninguna resolución expresa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la prescripción en este caso, no existe. No es el momento procesal oportuno, podrá
haberlo en su momento, no lo discuto, pero no existe. La filtración interesada y la difusión de los correos internos de la Fiscalía, en que se trata de fijar una postura procesal ante -recuerden- la primera declaración de los investigados y de unas
posibles medidas cautelares, no hace sino aumentar el dolor de las víctimas y da lugar a polémicas no deseadas, que pueden ser objeto de manipulación. Por todo ello, entre otras cosas, debemos situarnos en el momento procesal al que nos estamos
refiriendo, ver que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha impedido, no ha obstaculizado, ni lo hará, ninguna investigación, y que lo extraordinariamente grave que hace daño, no solo al ministerio público, en este caso, no solo a las víctimas,
exacerbando sentimientos que todos deberíamos preservar y cuidar, es que los correos internos que existen para fijar una postura procesal entre el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y sus subordinados puedan salir a la opinión pública para
sostener una determinada postura procesal. (Aplausos.-El señor Santamaría Ruiz hace signos negativos.-Rumores).


Señor presidente, por favor.


El señor VICEPRESIDENTE: Si son tan amables, no interrumpan ni de voz ni tampoco haciendo otro tipo de sonidos, por favor. Escuchemos al interviniente hasta que termine, que ya este trámite se está alargando y vamos a intentar resumirlo lo
antes posible. Muchas gracias.


El señor CANDIDATO A FISCAL GENERAL DEL ESTADO (García Ortiz): Sí, voy terminando, señor presidente, disculpe.


Por todo ello, sí puedo decir que no hay ningún ánimo de falta de transparencia en la Fiscalía que, si todo sigue por el curso adecuado, voy a dirigir, y el sostenimiento de la tesis de la prescripción que realizaba uno de los fiscales de la
Audiencia Nacional, que, por cierto, no ha sido seguida en ningún caso por la Sala de la Audiencia Nacional -y no creo que los insultos que se han proferido sobre mi persona

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se profieran a los magistrados de la Sala de la Audiencia Nacional ni por el Tribunal Supremo, y espero que los insultos que se profieren sobre mi persona tampoco se extiendan a los miembros del Tribunal Supremo-, esa tesis será llevada a la
Junta de Fiscales de Sala, puesto que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ya ha planteado formalmente una consulta a la secretaría técnica y resolverá el fiscal general del Estado, con audiencia de la Junta de Fiscales de Sala, cuál es el
criterio de la Fiscalía española al respecto de la prescripción de los delitos. Es todo lo que les puedo decir en este caso.


Voy a intentar ir más rápido porque creo que perderán algún tren ustedes, si no corro. Entiendo perfectamente que mi presencia en un acto con los logotipos del PSOE, en Galicia, moleste, lo entiendo perfectamente, y entiendo perfectamente
que le moleste al Partido Popular, lo entiendo perfectamente. Si en veintidós o veintitrés años de carrera profesional ir a un acto concreto de un partido o con los logotipos de un partido, para ser más exactos, significa que no puedo ser fiscal
general del Estado, estamos hablando de cosas bastante diferentes. También he ido a algún acto de Comisiones Obreras, también he ido a alguna cuestión relativa a la paz o a la eutanasia. Tenemos ideas y tenemos derecho, tenemos libertad de
expresión para hacerlos. Es un ejercicio muy particular el de la libertad de expresión cuando solo se lo reconocemos a un sector de la sociedad y no se lo reconocemos a otros. (Rumores). En cuanto al contenido del acto, puesto que se ha entrado
en él, es evidente que no han escuchado su contenido. Es un orgullo que llamen a un fiscal para hablar de un tema candente como son los incendios forestales, al lado de dos catedráticos de la Universidad de Vigo y al lado de la presidenta de ADIF.
Tendrían que haber oído ustedes cómo fue de duro parte del debate con el Gobierno bipartito del Partido Socialista, que había gobernado en Galicia, por parte de esos catedráticos, tenían que haberlos oído, pero como da igual lo que se diga, solo
importa la foto, es lo único que importa, esa foto, pues ahí estamos. En todo caso, estoy orgulloso de que la sociedad civil demande a los fiscales para que hablen y para que estén en determinados foros. (El señor Santamaría Ruiz: Hay que cambiar
el estatuto). Vamos a ver, señor Santamaría, como esta cuestión ya fue denunciada por el Partido Popular en Galicia y ya se llevó eso que usted está insinuando, quiero responderle, con mucha seriedad, que no se puede decir: he planteado una
denuncia y, cuando hay una absolución, no decir nada. Este caso es el mismo. Pedí permiso con anterioridad, repito, con anterioridad, a ir a ese acto a la inspección fiscal, representada en ese momento por el señor don Fausto Cartagena, que poco
tiene que ver con partidos políticos, y fui autorizado por él expresamente para acudir. ¿Por qué dicen ustedes que estoy contraviniendo un estatuto? Es más, se me acusó de una falta disciplinaria que no estaba en el estatuto, sino en el
reglamento. No confundamos, en el reglamento. Lo que impide el estatuto es figurar como fiscal en determinadas actuaciones.


Reglamento franquista. Si no te adherías a los principios fundamentales del régimen, también incidías en una responsabilidad siendo fiscal. Se me aplica el estatuto, le pregunto al fiscal inspector y acudo al acto. ¿Dónde está la
insinuación de que he cometido una ilegalidad? ¿Por qué persisten en esto? Ya lo hicieron en Galicia en el año 2019. ¿Por qué volvemos otra vez a lo mismo? Entiendo que no les guste. Por si acaso, el Tribunal Constitucional tiene esto resuelto
desde hace tiempo y dice: Las meras colaboraciones mediante la participación en seminarios con anterioridad al nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional -hablamos del Constitucional- con una fundación de estudios, aunque esté
vinculada a una formación política, resultan en principio inocuas. (El señor Santamaría Ruiz: Con una fundación de estudios). Fundación IDEAS, que era la que organizaba precisamente este acto. Ahí lo tiene. (El señor Santamaría pronuncia
palabras que no se perciben). Si entramos en diálogo, perdemos agilidad. (Rumores). No le he contravenido a usted cuando ha hablado de mí; se lo agradezco.


No quiero esquivar el tema que ha suscitado bastante interés del señor Stampa y la reunión con Eduardo Inda, pero sí quiero darles unos datos, porque, detrás de Inda y de Stampa, está la sombra, al parecer, de un pretendido favorecimiento al
señor Villarejo como investigado, como imputado o como acusado en determinadas actuaciones. Desde que Dolores Delgado es fiscal general del Estado, se han dirigido contra el señor Villarejo al menos tres escritos de acusación en lo que se refiere a
la parte de anticorrupción en la pieza sexta de las diligencias previas 96/17, la tercera y la segunda. Ambas se están juzgando ahora mismo y, por tanto, yo no voy a hacer ningún juicio de valor sobre el señor Villarejo porque es un acusado, tiene
su derecho de defensa y no debemos entrar en descalificaciones personales de nadie. Solo puedo decir que se pedían 14, 47 y 57 años de prisión en escritos de acusación firmados cuando la señora Delgado era fiscal general del Estado. ¿Es esta la
intervención en favor del señor Villarejo? Después se han acumulado las piezas y son 103 años de prisión, si no me equivoco. No hay ningún propósito de favorecimiento, que es a lo que se alude cuando se habla del caso Stampa y del caso Inda.

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Voy a explicarles la reunión con Eduardo Inda. Alguno de los comparecientes ha citado -yo creo que ha sido el señor Asens- la repercusión que tuvo en la Fiscalía que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el señor Navajas, denunciara
públicamente la existencia de presiones en el caso del informe de la Fiscalía española sobre las querellas COVID y las imputaciones que se hacían al Gobierno. El medio de comunicación que trasladó esa primera entrevista fue OK Diario, medio que,
además, no tenía una actitud muy amistosa con la fiscal general del Estado. OK Diario es un medio que muchos fiscales españoles consultan con asiduidad. No sé si se corresponde con el mismo grado de participación que otras audiencias públicas
tienen, pero los fiscales españoles, supongo que a partir de ese acto o también por otras razones, consultan OK Diario con relativa frecuencia. La fiscal general del Estado, ante la hostilidad del medio, quiso suavizar esta situación y,
efectivamente, de la misma manera que se reunió con la Cadena SER, con El País, con La Vanguardia, con El Periódico, con El Diario o con infoLibre, se reunió con Eduardo Inda en las circunstancias que todos ustedes conocen. ¿Qué se trató en esa
reunión? Se habló de temas generales y de generalidades, absolutamente nada que ver con la libertad del señor Villarejo. La libertad del señor Villarejo viene condicionada, simple y llanamente, porque, antes de que Dolores Delgado fuera fiscal
general del Estado, la petición de la Fiscalía Anticorrupción al respecto de la prisión impedía que su enjuiciamiento se desarrollara con posterioridad. Es decir, se iban a agotar los plazos máximos de entrada en prisión del señor Villarejo, y este
era un hecho que solo dependía de que las salas de la Audiencia Nacional pudieran fijar un juicio antes o un juicio después. Es una cuestión absolutamente circunstancial. Pero si un encuentro de un periodista, tenga para ustedes la calificación
que tenga un periodista, y una fiscal general o un hecho como es la libertad del señor Villarejo, sin conocer en absoluto el contenido, nos lleva a disquisiciones -permítanme que se lo diga, porque yo estaba allí- absolutamente lunáticas, mal vamos,
porque no tienen nada que ver con la realidad.


Tampoco tiene que ver con la realidad el tema Stampa. Siento hablar en esta sede de un compañero fiscal, de don Ignacio Stampa, digno de todo respeto y de sostener ante los tribunales cualquier pretensión que él estime que sea necesaria.
El señor Stampa, y lo voy a contar con más rapidez, es fiscal anticorrupción, pero en comisión de servicio, y concursa para que se le adjudique una de las plazas en la Fiscalía Anticorrupción que crea una disposición del Ministerio de Justicia
mientras Dolores Delgado es ministra de Justicia. Desde la toma de posesión hasta el momento en que se produce el concurso discrecional, el 27 de octubre de 2021, la fiscal general del Estado podía perfectamente haberlo sacado en cualquier momento,
pues es potestad del fiscal general del Estado fijar el orden del día del Consejo Fiscal y el momento de los concursos discrecionales. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? La fiscal general del Estado no necesitaba prolongar ni alargar ni
poner antes ni poner después una investigación, porque ella ya tenía el dominio del hecho. Es una coincidencia la existencia de las diligencias.


Pero vamos a lo que me atañe a mí. ¿Por qué se me imputa que he alargado indebidamente unas diligencias de investigación contra un fiscal? A una denuncia de VOX contra ese fiscal y otras personas se abren, como ocurre en nuestro Estado de
derecho, unas diligencias de investigación contra un fiscal en las mismas condiciones que cualquier ciudadano. Examinado por el artículo 25, porque es nuestra obligación, qué diligencias se habían practicado y cuáles no, el fiscal jefe de la
secretaría técnica, que soy yo, entiende que no se ha instruido suficientemente bien y manda por escrito unas sugerencias firmadas. No hay nada de ocultación ni nada de teléfono ni nada que ustedes puedan entender que sea contrario a derecho, sino
que, en el ejercicio responsable de mis capacidades como jefe de la secretaría técnica y con el diálogo constante que tenemos con todas las fiscalías de España cuando nos llegan los hechos relevantes y son informados por la Fiscalía española, yo
hago cinco sugerencias, cinco, al fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid. Fíjense si son sugerencias, que el fiscal superior solo realiza una de las cinco. ¿Dónde está la orden? Porque el fiscal jefe de la secretaría
técnica no puede dar órdenes e instrucciones, solo lo puede hacer el fiscal general del Estado. Me limito, como hago todos los días de mi carrera profesional desde que estoy en la secretaría técnica, a dialogar con los compañeros sobre la
conveniencia o no de determinadas pruebas, diligencias, hechos o actuaciones. No se pueden ustedes imaginar cómo trabajamos. Solo decide realizar una de esas sugerencias y esa diligencia es la que lleva al archivo de la causa. Probablemente
hubiera ocurrido lo mismo si esa se hubiera practicado desde el principio y si se hubiera hecho bien esa instrucción.


Después, lo que ocurre en el Consejo Fiscal realmente se me escapa de mis capacidades. Si ningún consejero decidió apoyar al señor Stampa, cada uno de ellos tendrá que decir por qué no lo hizo. Solo les puedo decir una cosa y es que de la
existencia de esas diligencias y de su resultado nadie sabía nada. Solo hubo una noticia de prensa el 27 de octubre en la que una prestigiosísima profesional de

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la información dijo que el borrador de archivo ha llegado a la Fiscalía General. Luego, de tener alguna información los consejeros, era que esas diligencias se iban a archivar. Al final no fue así, porque pedimos más diligencias y es la
única información que tenían.


Respecto de los asuntos de la inspección, el fiscal jefe inspector sí que informó de que no existía ningún asunto pendiente para este fiscal. Por lo tanto, yo creo que no hay nada, absolutamente nada, que reprobar ni ninguna persecución ni
nada parecido. El señor Stampa sencillamente no recurrió su nombramiento ni agotó las posibilidades de ser fiscal Anticorrupción. No quiso concursar a una plaza que iba por otra vía, por el artículo 355. ¿Es legítimo que ejerza sus acciones? Por
supuesto, porque es un ciudadano como otro cualquiera y como a cualquier otro ciudadano se le trató en las diligencias de investigación, ni mejor ni peor por ser fiscal o dejar de serlo.


Fiscalía Europea y Melilla, dos cuestiones de las que no quiero dejar de hablar. Entenderán ustedes que no pueda hablar de las cuestiones que están judicializadas y sobre futuribles y sobre hipótesis, menos todavía, claro. Con un poco de
seriedad en el ejercicio de esta función no podemos dedicarnos a divagar sobre cuál será el futuro de los indultos ni de los no indultos ni de las modificaciones legislativas que no le corresponden a este fiscal general, que solo va a aplicar la ley
en el momento en que le corresponda aplicarla, nada más. Hay una forma, y solo una, de no equivocarse en esta profesión y es seguir la ley. De cualquier otra manera te equivocas. Siguiendo la ley nunca te vas a confundir. Pero la ley no la hace
el fiscal general, sino ustedes y para eso están ustedes aquí.


Voy acabando. Melilla. Efectivamente, hay un hecho más que relevante y que podemos calificar de objetivamente grave y la Fiscalía española, a través de la Fiscalía Sala de Extranjería y trata de personas, por iniciativa de la Fiscalía
General -digamos que es una iniciativa conjunta, no era muy difícil ponerse de acuerdo en que había que investigar esos hechos y averiguar qué es lo que ha pasado-, decide investigar esos hechos. La fiscal de sala jefe de esa unidad se traslada a
Melilla, toma testimonios, recaba informaciones, pide informes a la Guardia Civil y a los cuerpos encargados, recaba todo el material probatorio y está en el más puro análisis de toda esa información. No puedo revelar nada que esté bajo
investigación del Ministerio Fiscal. Lo que sí le voy a asegurar es que será una investigación exhaustiva que tratará de dar a conocer lo que ha pasado, sea en el ámbito penal o en otros ámbitos, porque es una tragedia humana que está ocurriendo en
nuestras fronteras. No podemos dejar de lado todas esas cuestiones.


Por último, Fiscalía Europea, y con esto termino. Estamos aquí, nada menos que en el Parlamento español, proponiendo el nombramiento de un fiscal general, analizando todo el sistema de contrapesos del sistema judicial y del sistema
político, pensando si el fiscal general debe comparecer más o menos -me comprometo a comparecer las veces que haga falta ante este Parlamento- e intentando encajar la figura de la Fiscalía, que es muy complicada en cualquier ordenamiento del mundo.
Llevamos cuarenta años con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y todavía no nos hemos puesto de acuerdo en el modelo de fiscal español; seguimos con esa discusión viva. Ahora viene la Fiscalía Europea -imagínense, seis fiscales nuevos
vienen a investigar a España- cuya jefa, la señora Kövesi, solo está bajo el amparo del colegio y, por tanto, de la Comisión Europea y es muy complicado encajar eso en nuestra legislación. ¿Va a haber tensiones? Naturalmente que va a haber
tensiones y más que debe haber, como hay en cualquier investigación entre dos juzgados de instrucción, entre la Audiencia Nacional y los juzgados territoriales, entre el Supremo y otros órganos. Y habrá muchas más, no lo duden ustedes, pero eso no
es malo y va a hacer crecer a la institución. ¿Que la Fiscalía Europea demanda más medios? Por supuesto, y los debe tener. ¿Que demanda acceso a las bases de datos en igualdad de condiciones, como dice el reglamento, que la Fiscalía española? Y
los debe tener, se le tendrán que proporcionar. La Fiscalía española no proporciona bases de datos, sino que trabaja en la más leal colaboración con cualquier fiscalía europea, territorial o la que sea. ¿Qué podemos hacer para mejorar?
Efectivamente, ha habido un conflicto, pero tenemos una ley que dice que los conflictos entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía española los resuelve la fiscal general del Estado. Lo dice la ley, no nos lo hemos inventado. No podemos plantear
cuestiones prejudiciales en el ámbito fiscal porque está vedado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no las va a admitir. No cabe en la cabeza, es prejudicial. Nosotros somos Fiscalía, estamos en unas diligencias de investigación y no
podemos equiparar procedimientos. Es una cuestión de derecho procesal. ¿Qué podemos hacer? Vamos a construir sobre este fondo, a colaborar todos, a dar toda la información que la Fiscalía Europea necesite para llevar a cabo sus procedimientos y
que la Fiscalía Europea, cuando tenga información sobre los procedimientos que le correspondan a la Fiscalía española, haga lo mismo. Pero va a haber un ámbito de roce porque las competencias no son tan sencillas y

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ustedes lo ven con las comunidades autónomas, con la competencia territorial, la funcional y la objetiva. Nos manejamos en espacios en los que es muy complicado que una sola norma determine lo que es competencia de unas personas y de otras
y más en el ámbito delictivo. Efectivamente, la Fiscalía Europea tiene competencias en el marco de las defraudaciones contra los intereses de la Comunidad. Claro que es así, pero es que eso puede abarcar otro espectro de delitos para los que no es
competente la Fiscalía Europea y tenemos que delimitarlo. ¿Por qué va a enjuiciar la Fiscalía Europea cosas que nos corresponde enjuiciar a nosotros y al revés? Eso es la competencia. Nadie lo está haciendo mal y todos necesitan atraer su ámbito
competencial porque, si no ocurre eso y no lo hacemos bien, va a llegar un tribunal y va a decir: es nulo y usted, fiscal español, o usted, fiscal europeo, no era competente para hacer eso. Los tribunales nos lo van a decir igual a una fiscalía
que a otra. Por eso, tenemos que depurar estos procedimientos y nosotros vamos a colaborar. En ese sentido, el 27 de mayo pasado hubo un decreto dictado por la fiscal general y se ha creado una pequeña comisión dentro de la Fiscalía General en la
que está el fiscal jefe de Anticorrupción, que es quien lleva la mayoría de los casos que pueden concomitar con la Fiscalía Europea; el fiscal de sala de la Unidad de Cooperación Internacional, recién nombrado, Francisco JiménezVillarejo, y el
fiscal jefe de la secretaría técnica, que era yo, pero lo será la persona que me sustituya, para analizar estos funcionamientos, para tener una especie de laboratorio de ideas y poder ayudar. La mayoría de los fiscales europeos son compañeros de la
carrera fiscal. Creo que hay dos jueces ahora y son excelentes profesionales. ¿Cómo no van a ser excelentes profesionales? ¿Y cómo no vamos a querer lo mismo, que es investigar los delitos, sean los que sean, sean quienes sean los culpables y
sean quienes sean los autores? Si no es más que nuestro oficio. Por lo tanto, ante cualquier sombra de duda o no colaboración tenderemos aquí todos los puentes posibles para resolverla y colaborar.


Hay muchas más cuestiones, pero yo creo que ustedes están ya bastante cansados. Es julio y les relevo de tener que seguir atendiéndome.


Muchísimas gracias, en todo caso, por su atención. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, candidato.


Con esta intervención se da por evacuado el trámite de comparecencia previsto en el artículo 29.2 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en los términos que resultan de las
intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios en la sesión. Así se comunicará a la presidenta del Congreso para su traslado al Gobierno.


Hemos desarrollado esta Comisión con un poquito más de tensión que otras, lo cual, probablemente, es indicativo de que necesitamos un descanso que creo que, por otra parte, nos hemos ganado todos. Así que les deseo a todos un feliz verano
azul y nos vemos en septiembre con energía para seguir trabajando.


Muchas gracias. Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.