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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 614, de 14/03/2022
cve: DSCD-14-CO-614 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 614

SANIDAD Y CONSUMO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA MARÍA ROMERO SÁNCHEZ

Sesión núm. 58

celebrada el lunes,

14 de marzo de 2022



ORDEN DEL DÍA:


Palabras de la Presidencia ... (Página2)


Comparecencia del señor secretario general de Consumo y Juego (Escudero Alday), para trasladar información relativa al Plan de Trabajo 2022 del Ministerio de Consumo, así como sobre las actuaciones en materia de inspección, control y
vigilancia en materia alimentaria y no alimentaria, con especial atención al brote europeo de salmonela. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002094) ... (Página2)



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Se abre la sesión a las doce del mediodía.


PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión. Buenos días a todos los miembros de la Comisión de Sanidad y Consumo. Le doy la bienvenida al secretario general de Consumo y Juego y presidente de la AESAN a esta que es su Comisión.


Permítanme que mis primeras palabras en esta Comisión de Sanidad sean para recordar que hoy se cumplen dos años desde aquel 14 de marzo de 2020 que cambió la vida de todo el mundo, también la vida de todas las familias y de todos los
ciudadanos de nuestro país. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia por coronavirus y desde el 14 de marzo se decretaba el primer estado de alarma. Hoy, que se cumplen dos años - en los que también esta Comisión
ha trabajado de forma intensa, como no podía ser de otra manera-, quiero recordar a todos los fallecidos por COVID, mandar nuestro cariño y solidaridad, por supuesto, a sus familias y mostrar nuestro reconocimiento expreso y sincero a los
profesionales sanitarios, a esos héroes que lucharon y siguen luchando en primera línea contra la COVID en circunstancias muy difíciles, en la que arriesgaron incluso su vida y muchos de ellos la perdieron. Quiero enviar un recuerdo para ellos.
Asimismo, enviamos un mensaje de apoyo y reconocimiento también a todo el pueblo español, a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, que estuvieron a la altura en un momento tan complejo y tan difícil como el que vivimos en aquellos tiempos y
que nadie se podía imaginar, tampoco nosotros desde esta Comisión. Así, pues, nuestro reconocimiento a todos. (Aplausos).


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO (ESCUDERO ALDAY), PARA TRASLADAR INFORMACIÓN RELATIVA AL PLAN DE TRABAJO 2022 DEL MINISTERIO DE CONSUMO, ASÍ COMO SOBRE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE INSPECCIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA EN MATERIA ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL BROTE EUROPEO DE SALMONELA. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/002094).


La señora PRESIDENTA: Entramos en el orden del día, en el que figura la comparecencia del secretario general de Consumo y Juego para trasladar información relativa al Plan de Trabajo 2022 del Ministerio de Consumo, así como sobre las
actuaciones en materia de inspección, control y vigilancia en materia alimentaria y no alimentaria, con especial atención al brote europeo de salmonela. Es una comparecencia a petición propia del Gobierno, con número de expediente 212/2094. Sin
más, doy la bienvenida y la palabra al señor Escudero Alday, que ya ha comparecido en alguna que otra ocasión en esta Comisión y, por tanto, conoce cómo es la dinámica.


El señor SECRETARIO GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO (Escudero Alday): Muchas gracias. Con la venia, señora presidenta. Buenos días, señorías.


Si me permiten, quiero comenzar la comparecencia suscribiendo las palabras de la presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo y hacer un reconocimiento a las víctimas, a sus familias, así como un reconocimiento expreso a las y los
trabajadores sanitarios que tanto, tan bien y tan duro han trabajado y que tanto nos han ayudado al resto de la ciudadanía en este periodo.


Es para mí un honor volver a comparecer en esta Comisión de Sanidad y Consumo, en esta ocasión para abordar los dos puntos objeto de la comparecencia, que realizaré con el siguiente orden: en primer lugar, informaré sobre las líneas
generales del Plan de Trabajo del Ministerio de Consumo para este año 2022 y, en segundo lugar, especificaré las cuestiones relativas a las últimas actuaciones en materia de control y garantía de la seguridad alimentaria, con especial atención al
citado brote europeo de salmonela.


En el punto de partida de mi comparecencia no puedo más que remitirme al Plan Anual Normativo 2022 del Ministerio de Consumo, que, como todo plan anual normativo del Gobierno, está disponible en la página web del Gobierno. El Plan Anual
Normativo 2020 del Ministerio de Consumo tiene una serie de características generales que me gustaría simplemente delinear. En primer lugar, es un plan que se alinea, como no puede ser de otra forma, con los Presupuestos Generales del Estado y con
el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. En segundo lugar, se alinea también con el acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que sujetan este Gobierno, y en tercer lugar, con un instrumento normativo,
institucional y político que ha sido clave para el Ministerio de Consumo desde su creación, que es la nueva Agenda del Consumidor de la Comisión Europea. Como saben, porque creo que



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hemos tenido ocasión de debatir a este respecto en esta Comisión, la creación del Ministerio de Consumo fue prácticamente paralela a la aprobación por parte de la Comisión de la Nueva Agenda del Consumidor, que delinea las políticas
estratégicas de consumo para los años 2020 a 2025. Me gustaría señalar aquí simplemente tres puntos, que son los que también delimitan nuestra labor de Gobierno, siempre en línea con esta agenda de la Comisión Europea. La Nueva Agenda del
Consumidor insiste fundamentalmente -permitan que sea un poco general en este inicio -en tres puntos esenciales: en primer lugar, en reforzar la protección al consumidor, especialmente de aquellas personas y consumidores que se encuentran en
situación de vulnerabilidad en las relaciones de consumo -luego insistiré bastante sobre este punto- y, en segundo lugar, establece los instrumentos para hacernos a las personas consumidoras partícipes de la transición digital y la transición
ecológica; transición digital y transición ecológica que son también dos instrumentos centrales en la política de la Comisión Europea, y no solo en la política de consumo.


También me gustaría reseñar el carácter ambicioso que tiene el Plan Anual Normativo por parte del Ministerio de Consumo. Simplemente, por citar unas cifras, el Ministerio de Consumo es proponente de tres anteproyectos de ley y de catorce
reales decretos. En total son diecisiete instrumentos normativos, anteproyectos de ley, proyectos de ley y reales decretos para un año, que es una cantidad relevante y que nos obliga al Gobierno y al Ministerio de Consumo a realizar una labor
ingente para este año 2022. En total son diecisiete iniciativas, como decía, que se corresponden a las materias de consumo, de juego online y de seguridad alimentaria y nutrición.


Además de esta ingente actividad normativa que nos espera para este año -terminaré mi intervención pidiendo ayuda y participación a los integrantes de la Comisión-, quiero llamar la atención sobre toda la labor que se está realizando desde
el ministerio de cumplimiento de trasposiciones de directivas de la Unión Europea que estaban pendientes desde hace años. En materia de consumo, como saben también, la actuación de la Comisión Europea es una de las más amplias de las políticas de
la Unión Europea, la protección al consumidor siempre ha sido uno de los pilares de la Unión, y en nuestro caso quedaban pendientes por trasponer a nuestro ordenamiento jurídico toda una serie de directivas comunitarias, además de reglamentos,
órdenes en materia de protección y de seguridad de juguetes, algo muy sensible para nuestra ciudadanía, o por ejemplo también en materia de trasposición de aguas minerales o aguas embotelladas. Esta labor, que no se había realizado los años
anteriores, que no se había realizado la década anterior, ha tenido que ser realizada de urgencia por el Ministerio de Consumo. Además, actualmente estamos trabajando con la Comisión en dos temas centrales para la protección del consumidor, que son
un nuevo reglamento de seguridad de productos y la Directiva de Créditos al Consumo, en la que estamos trabajando junto con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Si luego alguno de los grupos lo desea, puedo insistir más en
cuál es la posición que el Gobierno de España está defendiendo en estos instrumentos normativos europeos, que es -ya lo adelanto- siempre la de tener el más alto estándar de protección para las personas consumidoras.


Paso a detallar un poco la actividad del ministerio en cada uno de los tres centros directivos. Empiezo por la Dirección General de Ordenación del Juego. Les anuncio que en breve llegará a esta Cámara y a esta Comisión un anteproyecto de
ley de modificación de la ley del juego con el único objetivo de reforzar los instrumentos de lucha contra el juego ilegal. Como saben, la ley del juego es del año 2011 y el carácter dinámico y la proliferación de las actividades de juego online
requieren que nuestra legislación esté completamente alineada con el estado del sector y el estado del mercado del juego. Insisto, esperamos que en breve llegará a esta Cámara una modificación con el único objetivo de reforzar los instrumentos de
lucha contra el juego ilegal.


Por otro lado, el ministerio está trabajando en un real decreto de entornos más seguros de juego online. Como saben -no es necesario que insista mucho en esta materia-, la competencia del Estado en la materia de juego es para el juego
online. Todo lo que tiene que ver con juego presencial es competencia de las comunidades autónomas. El ministerio está trabajando en un real decreto que establezca instrumentos que permitan evitar comportamientos de juego que puedan ser riesgosos
y que puedan afectar a sectores más vulnerables, como es en esta materia la población juvenil.


Por otra parte, este año, presupuestariamente hablando, es muy importante para la Dirección General de Ordenación del Juego, porque por primera vez se destina un porcentaje de la tasa de juego a políticas públicas de lucha contra el juego
ilegal y de evitación de prácticas de riesgo para los sectores más vulnerables. En los Presupuestos Generales del Estado para este año en vigor está presupuestada una cantidad que llega casi a los 4,5 millones de euros, que se van a destinar no
solo a reforzar la lucha contra



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el juego ilegal, como creo que en esta Comisión tuvimos ocasión de plantear en la anterior comparecencia de presupuestos -estar a la última en la lucha contra el juego ilegal es una obligación por parte de la Dirección General de Ordenación
del Juego y esto requiere un esfuerzo presupuestario importante que el Gobierno realiza este año-, sino que aparte se van a realizar toda una serie de campañas e iniciativas para concienciar básicamente a la ciudadanía y con el objetivo que tantas
veces hemos señalado de evitar prácticas de juego que puedan poner en situación de vulnerabilidad a personas o a colectivos. Digamos que estas serían, siendo muy generalista, las líneas generales de trabajo por parte de la Dirección General de
Ordenación del Juego.


Paso ahora a las líneas generales de la Dirección General de Consumo. En primer lugar, creo que debemos felicitarnos tanto el Gobierno como la Cámara por la aprobación de la Ley 4/2022, de protección de personas consumidoras en situación de
vulnerabilidad social y económica. Si recuerdan, este es el antiguo Real Decreto Ley 1/2021, que se convalidó por el Congreso y que se ha tramitado como proyecto de ley, que finalmente ha dado lugar a la Ley 4/2022 y que introduce por primera vez
en nuestra legislación en materia de consumo la definición legal de la persona consumidora vulnerable. Esta era una vieja demanda tanto de grupos parlamentarios como de asociaciones de consumidores y de profesionales en derecho de consumo, que era
cubrir una laguna de nuestro ordenamiento jurídico, y es que en la legislación horizontal en materia de consumo no teníamos una definición legal de la persona consumidora vulnerable. Finalmente, insisto, poniéndolo como un ejemplo de una buena
práctica de trabajo -por un lado, una iniciativa que viene del Gobierno y, por otro lado, una iniciativa que se completa y se mejora tras el paso por el Congreso y por el Senado-, nos encontramos no solo con la definición legal de la figura de la
persona consumidora vulnerable, sino con algo que creo que también hemos señalado en esta Cámara, que la vulnerabilidad en las relaciones de consumo no solo proviene de cuestiones económicas, sino que también puede provenir de cuestiones sociales,
de cuestiones que tienen que ver con el género, con la edad, con el lugar donde las personas habitamos. En este sentido la ley cubre este concepto amplio de persona consumidora vulnerable y, en segundo lugar, mandata que los poderes públicos
realicen políticas específicas de protección a personas y colectivos que están en situación de vulnerabilidad, políticas específicas que tienen que ver, por ejemplo, con el etiquetado. Llamo la atención sobre la introducción en la Ley 4/2022 de una
disposición adicional que tiene su origen en una enmienda en el Senado del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado aprobada por los grupos y que pudo ser finalmente aquí aprobada en el Congreso, por la cual el Gobierno se compromete, en el plazo
de un año, a establecer un reglamento para el etiquetado en braille de productos y servicios de carácter esencial, y no solo etiquetado en braille, sino también de otras formas o instrumentos que permitan la accesibilidad, de tal forma que personas
que tienen discapacidad en el sentido visual puedan tener un mayor grado de seguridad y accesibilidad a los productos que compran o a los que acceden o en los servicios a los que acceden. Además, esta Ley 4/2022 introduce otra disposición adicional
pactada por los grupos para que en el plazo de tres meses el Gobierno impulse medidas legislativas para favorecer o para proteger a las personas consumidoras vulnerables en el sector financiero. Esto también va a ser un trabajo importante en los
próximos meses.


Al hilo de esto, señalo que también en breve llegará a la Cámara -esperemos- el anteproyecto de ley de servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias que actúan en calidad de clientela, conocido popularmente como anteproyecto
de ley de servicios de atención al cliente. Esto también cubre otra laguna de nuestro ordenamiento jurídico, otra vieja petición de nuevo de grupos parlamentarios, de asociaciones de personas consumidoras y de profesionales en materia de consumo,
que demandaban la aprobación de una ley integral de servicios de atención al cliente. La última vez que en esta Cámara entró un proyecto de ley sobre esta materia fue en el año 2011. Desde el año 2011 no se había avanzado en esta materia y tenemos
fundadas razones para afirmar que en breve llegará a esta Cámara también el anteproyecto de ley, para que -por supuesto, como ha sucedido en el caso anterior- sea mejorada con las aportaciones que los grupos tengan a bien realizar, siempre con el
objetivo de proteger a las personas consumidoras y vulnerables y, en este caso, las que actúan en calidad de clientela.


Me gustaría señalar también que en esta Cámara están ya en tramitación como proyecto de ley los reales decretos leyes 7/2021 y 24/2021, que son resultado de trasposición de directivas de la Unión Europea. Destaco la importancia de algunas
de estas medidas para mejorar la protección a las personas consumidoras. En el caso del Real Decreto Ley 7/2021, llama la atención sobre el avance que supone esta normativa hacia la sostenibilidad de los productos -otro de los requisitos de la
llamada transición ecológica- y el derecho a reparar, en el que, poco a poco, vamos avanzando, como les decía al principio, siempre de la mano de la Comisión Europea. El plazo de garantía legal de los productos pasa de dos a



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tres años, y el plazo de piezas de reparación de productos pasa de cinco a diez años. Esta ampliación de plazo es especialmente importante en materia de protección de esta vertiente de la transición ecológica y de la sostenibilidad.


En segundo lugar, el Real Decreto-ley 24/2021 pretende cubrir dos grandes líneas. Primero, garantizar derechos, trasparencia y evitar publicidad encubierta en webs, buscadores, etcétera. Todos siempre hemos visto y hemos leído en las
páginas web o en los buscadores determinadas recomendaciones de hoteles, de restaurantes, de bares o de productos, y lo que pretendemos es garantizar que, cuando esas recomendaciones se produzcan, sean recomendaciones hechas por particulares y que,
si son hechas por personas que están realizando una actividad publicitaria, quede claro y quede fijado en la propia página web, para que los consumidores, los ciudadanos, sepamos a qué atenernos a la hora de hacer caso o no a una recomendación de
este tipo.


Por otro lado, es muy importante el éxito de este Real Decreto-ley 24/2021 en su tramitación como proyecto de ley, porque de nuevo volvemos a colmar otra laguna en nuestro sistema legal de protección del consumo, una laguna que venía marcada
por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015 que declaró inconstitucional el régimen de infracciones y sanciones que estaba en la ley de consumidores y usuarios. Lo que hacemos es colmar esta laguna y, además, de nuevo cumplimos una
obligación europea que en esa directiva comunitaria se establecía: la obligación por parte de los Estados de establecer un sistema de sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias.


Nuestro real decreto, que ahora queda a juicio de los grupos, pretende cumplir especialmente con este mandato de que las sanciones sean efectivas, proporcionales y disuasorias. Para ello, lo que se plantea en la normativa es que la
Administración General del Estado asuma la competencia sancionadora cuando esta exceda del ámbito de las comunidades autónomas. Es una competencia sancionadora que hasta este momento no se estaba ejerciendo; es decir, no supone ningún tipo de
recentralización, sino simplemente asumir algo que no se venía haciendo, o bien cuando la infracción en materia de consumo afecte a varios Estados o afecte a la unidad de mercado y a la competencia en él. En este caso, si queremos cumplir con el
mandato europeo de que la sanción sea disuasoria, la competencia sancionadora debe recaer en la Administración General del Estado.


Señalo otras dos o tres cuestiones más en materia de consumo propiamente dicha, si me permiten la expresión, de la Dirección General de Consumo. Este año, tanto normativamente como presupuestariamente, también pretendemos reforzar el
sistema arbitral de consumo. Hablamos de todos los conflictos en materia de consumo que ha habido derivados del estado de alarma y de las limitaciones de movilidad que han dado lugar a que actividades que se habían contratado -hoteles,
restaurantes, conciertos, viajes, etcétera- no se hayan podido celebrar; pretendemos que toda esa conflictividad no llegue a los tribunales. Entendemos que es más óptimo para el consumidor el Sistema Arbitral de Consumo, que es un sistema, como
saben ustedes, gratuito para el consumidor y que permite ir dirimiendo todos estos conflictos sin necesidad de su judicialización, lo cual es una ventaja para todas las partes. Esto requiere que modernicemos nuestro Sistema Arbitral de Consumo y
que lo hagamos en dos ámbitos. En primer lugar, en cuanto a su actualización normativa. Está previsto aprobar este año un nuevo real decreto de regulación del Sistema Arbitral de Consumo. Y, por otro lado, en cuanto a su digitalización -como ya
tuve ocasión de señalar en la comparecencia de presupuestos-, y para ello buena parte de los fondos europeos de los que dispone el Ministerio de Consumo para este ejercicio presupuestario van a la digitalización y modernización de las juntas
arbitrales de consumo, una vieja demanda local, provincial y autonómica que también vendríamos a cumplir en este año.


También quiero destacar la actividad de apoyo y fomento de los programas de las asociaciones de consumidores y usuarios, que es un mandato constitucional. El artículo 51 de la Constitución mandata a los poderes públicos apoyar y fomentar la
labor de las asociaciones de consumidores y usuarios, precisamente, como digo, el día anterior al 15 de marzo, que es el Día Mundial del Consumidor, declarado por Naciones Unidas.


Llamo también la atención sobre un aspecto que puede parecer menor desde un punto de vista cuantitativo, pero que es muy importante desde un punto de vista cualitativo y de la formación que trasladamos a nuestras niñas y niños, y es la cada
vez mayor implantación del concurso escolar Consumópolis, que este año va ya por la decimoctava edición y que aumenta de una forma muy significativa el número de colegios participantes; es una cifra récord porque estamos hablando prácticamente de
2500 equipos escolares que participan en este concurso.



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Quiero señalar la relevancia y el refuerzo en la labor del Centro Europeo del Consumidor en un momento complicado como es este, en términos de garantizar derechos de consumidores en situaciones transfronterizas como España. Quiero señalar
que el año pasado, 2021, se tramitaron más que 8000 solicitudes de información, asistencia y asesoramiento, una cifra cada vez más ascendente, lo cual no es de extrañar debido a que nuestro país es un destino turístico y la sociedad española también
es una población tradicionalmente muy turística. Entonces, el centro europeo, que pretende mediar y resolver e informar en estas cuestiones de conflictos en materia transfronteriza, tiene cada vez un papel más relevante y así se ve reforzado este
año también en los Presupuestos Generales del Estado.


Querría llamar la atención asimismo sobre una última cuestión en el ámbito competencial de la Dirección General de Consumo, y es que se ha aprobado en la última Conferencia Sectorial de Consumo el marco estratégico de consumo entre el Estado
y las comunidades autónomas 2022-2025. El último marco estratégico de consumo que se había probado es del año 2006-2009. Es decir, durante la década de 2010 a 2020 prácticamente el Estado y las comunidades autónomas habían estado sin un marco
estratégico de consumo. En cuanto a la relevancia que tiene el marco estratégico de consumo, simplemente llamaré la atención sobre un aspecto: en él se contienen las campañas de vigilancia de mercados sobre determinados productos, tanto de consumo
alimentario como de consumo no alimentario. Esas campañas se proponen por la Administración General del Estado y después son las comunidades autónomas las que se adhieren o no a ellas, porque, como bien saben ustedes también, la competencia en
materia de vigilancia de mercado, inspección, control y sanción es una competencia autonómica. En todo caso, de nuevo es otra laguna que traíamos heredada de la década de 2010-2020 y que resolvemos al aprobar este marco estratégico de consumo, que
cubrirá este ámbito por lo menos hasta el año 2025.


Termino ya con el tercero de los centros directivos dependientes del Ministerio de Consumo, el organismo autónomo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. No es necesario llamar la atención sobre la relevancia de la
labor de la agencia y de sus profesionales para garantizar la seguridad alimentaria, máxime en contextos complicados como el que vivimos, y las políticas de nutrición saludable y sostenible.


Comienzo señalando los principales hitos normativos de la agencia para este año. En primer lugar -de nuevo, perdonen que insista tanto en esto, pero nos habíamos encontrado con importantes lagunas en el ámbito competencial de consumo-,
tenemos que ajustar el organismo autónomo a la Ley 40/2015. Es algo que estaba pendiente desde el año 2015, y esto significa que este año tendremos que aprobar -esperemos que antes del verano- el decreto que regule un nuevo estatuto de la agencia,
que es simplemente cumplir con una obligación que el Gobierno español tenía que haber cumplido hace años, que era ajustarlo a la Ley 40/2015.


En segundo lugar -y de nuevo insisto en cubrir lagunas-, la redacción de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que estaba pendiente desde 2011. Desde ese año, la agencia tenía que llevar a cabo, por mandato, una
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esperemos que este año sí la tengamos.


Y en tercer lugar, también como línea central de este ministerio -el ministro lo ha señalado en tantas ocasiones como ha comparecido en esta Cámara-, las actuaciones en materia de reducción de la obesidad infantil. Como saben, porque lo
hemos señalado ya en varias ocasiones, en España tenemos un grave problema de salud pública, que es el sobrepeso y la obesidad infantil, que afecta especialmente a niñas y niños entre seis y nueve años, y afecta también, dentro de esta gravedad, a
niñas y niños de familias de clase media o con pocos recursos. Esto lo hemos trasladado en muchas ocasiones y es una obligación -yo me atrevería a decir que una obligación como sociedad, en todo caso es obligación del Gobierno- reducir estas cifras
inadmisibles de obesidad infantil, que si son inadmisibles en cualquier sociedad, máxime en una sociedad como la nuestra, que cuenta con pilares como, por ejemplo, la dieta mediterránea. Todo lo que sea trabajar en esta materia es una obligación
del Gobierno.


Y aquí tenemos varias materias. En primer lugar, este año pretendemos poner en marcha un nuevo plan de reformulación de alimentos y bebidas, de tal forma que con la colaboración de la industria alimentaria cada vez consigamos que los
alimentos y bebidas -especialmente los dirigidos a niños- tengan un menor índice de sodio, de grasas y de azúcar.


En segundo lugar, también vamos a trabajar, junto con el Ministerio de Educación, en un real decreto sobre compra pública de comedores escolares, al objeto de intentar que los comedores escolares dentro



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del ámbito competencial de la Administración General del Estado cada vez adquieran productos más saludables y más sostenibles para la alimentación de nuestras niñas y niños.


Y, en tercer lugar, el real decreto, que ya se encuentra en fase de audiencia e información pública, sobre publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil. Me detengo un par de minutos en este real decreto, sin perjuicio de
que posteriormente los grupos soliciten mayor información. Es la necesidad de contar con una norma que regule la publicidad infantil, la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil. Evidentemente, me estoy refiriendo a
publicidad dirigida al público infantil, es decir, lo que las organizaciones internacionales consideran menores de dieciséis años, al objeto de nuevo de terminar con una laguna en nuestro ordenamiento jurídico, y es que en el Estado no exista una
regulación normativa. Queremos establecer una serie de líneas -si me permiten, líneas rojas- que no se pueden traspasar en la publicidad infantil, que van en la línea de lo que vienen diciendo organizaciones internacionales como la OMS,
organizaciones y sociedades científicas como la Fundación Gasol o la Fundación Carasso -por citar algunos ejemplos- y también instituciones como la Comisión Europea, en la línea de que el menor no pueda ser objeto directo de publicidad. Entendemos
que esto es garantía del desarrollo integral del menor, garantía del derecho a la salud. El apoyo social a la medida es incuestionable. Como les digo, sociedades científicas, expertos en salud pública y organizaciones internacionales insisten en
que regulemos esta materia y la regulemos siempre en el interés superior del menor, que es la línea que debe garantizar siempre cualquier política pública. Como les digo, el decreto está ya en fase de audiencia e información pública. Aunque es una
norma de rango reglamentario y no de rango legal, nos gustaría contar con su apoyo, con sus aportaciones y mejoras al texto.


Finalmente, hablando de la AESAN, paso a la segunda parte de la comparecencia. Quiero informarles sobre las actuaciones en materia de inspección, control y vigilancia, con especial atención al brote europeo de salmonela. Para empezar,
quiero trasladarles la mayor garantía y confianza de que contamos con un sistema excelente de seguridad alimentaria y de gestión de alertas alimentarias. Estoy convencido -todas y todos lo sabemos- de que en ningún caso se pone en duda esta
cuestión, pero sí es importante resaltarlo, sobre todo en momentos conflictivos como el que estamos viviendo. La altísima calidad profesional y personal de las personas y servidores públicos que trabajan en la agencia y las técnicas analíticas y de
control que allí se desarrollan nos permiten garantizar el altísimo nivel de seguridad alimentaria del que gozamos en España. Evidentemente, a nadie se nos escapa que esto implica la necesidad de una constante actualización de los medios, de las
técnicas y de un importante desembolso económico. Además, este año también contamos con los fondos europeos en esta materia. Y esto también requiere, como se viene produciendo con fluidez y total normalidad, un trabajo coordinado con las
autoridades sanitarias y de salud pública de las comunidades autónomas, también con el sector alimentario que, en última instancia, es el responsable de poner productos seguros en nuestro mercado.


En este sentido, en los últimos meses hemos asistido -y de ahí mi petición, la petición del Gobierno de comparecer ante ustedes- a algunas noticias que han aparecido en los medios de comunicación, básicamente en el periodo de septiembre a
diciembre del año 2021, que tienen que ver con alertas sobre brotes de salmonelosis. Distinguiré entre dos situaciones que han aparecido y que a veces pueden dar lugar a cierta confusión y que por ello es importante que tengamos claro, por lo menos
desde el punto de vista analítico, su distinción.


Por un lado, una alerta alimentaria que se produjo en diciembre de 2021 por un brote de salmonelosis por consumo de un producto elaborado a partir de carne de pollo en residencias de la Comunidad de Madrid. En este punto, les traslado la
secuencia de los hechos. El 7 de diciembre de 2021 se recibió en la AESAN la notificación de un expediente de alerta alimentaria por parte de los servicios oficiales de la red de alerta de la Comunidad de Madrid, cuyo motivo era la presencia del
salmonela en una materia prima, una carne de pollo. Se trataron catorce casos en dos residencias de ancianos. El 2 de diciembre previo, tras la pertinente toma de muestras, la empresa que gestiona las residencias informó a la Comunidad de Madrid
sobre la localización de un lote en el que se detectó la presencia de salmonela. El producto fue distribuido directamente por la empresa elaboradora a través del canal mayorista y su destino en ningún momento fue el consumidor final individual,
sino comedores colectivos. Ya en esa fecha se confirma que tanto la empresa elaboradora como el canal mayorista que lo suministraron contactaron con sus clientes y retiraron todo el producto que no fue consumido. Además, todos los estudios
realizados por la empresa elaboradora dieron negativos e, igualmente, los estudios de las empresas que facilitaron las materias primas no detectaron que estas pudieran ser el origen de la contaminación. La retirada del



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producto se realizó, como de costumbre, con mucha rapidez y la transmisión de la información también se realizó con la urgencia debida.


Finalmente, la Comunidad de Madrid informó el 18 de febrero del final de las actuaciones al considerar justificada la recogida y almacenamiento del producto afectado. Por tanto, el producto está retirado, no existe este producto en el
mercado, y el destino final, es decir, su destrucción, está en manos de la Comunidad de Madrid como administración competente. Durante todo el proceso, la AESAN ha estado adecuadamente informada y en la página web de la agencia se contiene la
información al respecto. Insisto, como el destino nunca ha sido el consumidor final, todos los productos no consumidos han sido retirados y no ha existido, por tanto, riesgo para la salud pública.


La segunda noticia que apareció -quizá un poco entremezclada- esos días en los medios de comunicación es una actuación, en línea con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y las autoridades competentes de los países de la
Unión Europea, fue en relación con brotes multinacionales también de salmonela. Explico, de la misma forma que en el caso anterior, la secuencia de los hechos. Se produjo una notificación por parte de Francia, el 2 de septiembre de 2021, sobre un
grupo de 46 casos de infecciones por Salmonella Enteritidis ST11. Se confirmó, por tanto, la existencia de un evento multipaís -había, como les digo, 272 casos en varios países de la Unión Europea y en el Reino Unido- y se elaboró un informe, no
una alerta -importante que tengamos en cuenta la distinción de las situaciones-, donde se realizó una evaluación rápida de brotes, una evaluación conjunta entre el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades y la Agencia Europea
de Seguridad Alimentaria, la EFSA.


España participó en la evaluación, estudiando la trazabilidad de los huevos enviados desde el distribuidor español a los mayoristas franceses. Se identificaron tres centros de embalaje a los que habían llegado huevos procedentes de tres
explotaciones avícolas. En los centros de embalaje y en las explotaciones se inmovilizaron todos los huevos procedentes de las granjas sospechosas y se tomaron las muestras oficiales pertinentes. Todas las muestras de huevos que se tomaron en ese
momento fueron negativos para salmonela. El resultado de las investigaciones realizadas en España a partir de la notificación de Francia reflejó que en ese momento no existían huevos sospechosos de poder transmitir la salmonela en el mercado. Por
tanto, no fue necesario iniciar un procedimiento de alerta para la verificación de la retirada del mercado ni tampoco informar a la población. Es importante destacar que en este informe España es el único país que ha aportado datos sobre las
investigaciones microbiológicas de los productos relacionados no solo con estos casos de 2021, sino también con el histórico de casos y de la adopción de medidas de los productos. El objetivo final del informe no es otro que alentar a los Estados
miembros a que trabajen de forma coordinada en la investigación microbiológica de los brotes de origen alimentario.


El informe menciona, finalmente, que solo en el caso de algunas de las personas afectadas en Francia se pudo relacionar con la visita a restaurantes que servían huevos de un proveedor español. El estudio realizado en España permitió
comprobar que en julio de 2021 se había detectado la misma cepa en una de las explotaciones que enviaban huevos a Francia, pero no se volvió a encontrar en los nuevos análisis realizados tras la notificación de Francia. Tanto la EFSA como el propio
informe reconocen que no se pudo identificar un único origen común de la infección para todos los casos del brote en cuestión. Las investigaciones, en cualquier caso, continúan, como continúan en cualquier momento, y siempre se están analizando
posibles fuentes de acceso a esta misma cepa de salmonela. Sobre esta misma cepa en España se habían confirmado, hasta el 22 de diciembre, 22 casos; en serie histórica, 70: 30 en 2018, 39 en 2019, y 1 en 2020. El descenso se debe, sin duda, al
COVID.


Sobre los controles que la agencia realiza o supervisa en materia de seguridad alimentaria -por si sus señorías quieren mayor información sobre los datos de controles-, aunque los datos de 2021 todavía no están disponibles, les señalo, para
que vean la exhaustividad de los controles, algunos datos sobre el informe anual de 2020. Se ha llegado prácticamente al medio millón de inspecciones y auditorías sobre establecimientos alimentarios, con un cumplimiento de la legislación superior
al 80 %. Se han realizado más de 125 000 controles de información alimentaria, con un 88 % de cumplimiento de la legislación. Me gustaría trasladarles y garantizarles el mayor nivel de seguridad alimentaria del que disponemos en España. Nuestras
técnicas son punteras, el compromiso y el trabajo de los técnicos y profesionales de la agencia es excelente, e incluso en situaciones complicadas como esta que estamos viviendo en estos días, la agencia garantiza la seguridad alimentaria de los
productos que se ponen a disposición del mercado.


Ofrezco la colaboración del ministerio para la tramitación parlamentaria de los proyectos normativos y también nos gustaría contar con su colaboración en la mejora de aquellos textos de carácter o rango



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reglamentario que estamos trabajando desde el ministerio. Quedo a su disposición para aquellas cuestiones que estimen oportunas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor secretario general.


A continuación, pasamos al turno de portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, que, como saben, tienen un tiempo de siete minutos. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común, la señora López.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Buenos días. Bienvenido y gracias por su asistencia, señor Escudero. También le doy las gracias, presidenta, por sus palabras al inicio de la Comisión a las cuales queremos, como grupo parlamentario, sumarnos y
también agradecerlas.


Dicho eso, voy a empezar por el final de su intervención, señor secretario, porque creo que tenemos que poner en valor que, con la cantidad de trabajo que tienen por desarrollar, venga a esta Cámara a dar las explicaciones oportunas, además
en temas tan sensibles y que pueden tener una incidencia importante en la sociedad como son los brotes que pueden poner en riesgo la salud pública, aunque le agradecemos que nos haya contado que no hay temor en este caso. Me remito a algunas
legislaciones en trámite o tramitadas a las que usted ha hecho referencia. En primer lugar, usted se ha referido al plan anual normativo que, como usted muy bien ha comentado y todos sabemos, está disponible para todo aquel que lo quiera consultar
en la web. Echándole una ojeada a los planes normativos por ministerio, destaca la alta capacidad de su ministerio para las proposiciones legislativas de distinto rango o de distinta índole. Podemos decir, por ejemplo, que la capacidad legislativa
del ministerio que usted representa es incluso mayor que la de estos ministerios a los que estábamos acostumbrados, como podrían ser los de Industria, Política Territorial o incluso Defensa o Asuntos Exteriores. Desde nuestro grupo creemos que esta
alta capacidad legislativa desarrollada por el ministerio demuestra tres factores.


En primer lugar, lo que usted ha venido refiriendo como laguna. Creemos que en materia de consumo había una necesidad ingente de trabajo que no estaba hecho, de necesidades que no estaban cubiertas. En segundo lugar, creemos que este
trabajo que están desarrollando -que también usted ha definido como una cantidad ingente-se debe a la necesidad de regular en materia de consumo y de estar extremadamente vigilantes de los cambios que se pueden producir en la sociedad para adaptar
estar normativas a esa realidad cambiante, siempre teniendo en cuenta que las personas consumidoras deben contar con las administraciones públicas del Estado para que sus derechos se vean cumplidos y también que, como representantes públicos,
tenemos la responsabilidad de continuar adoptando medidas legislativas que protejan nuestro planeta. El tercer motivo que desde nuestro grupo creemos destacable y que explica y demuestra todas las legislaciones que ustedes han venido desarrollando
en estos primeros años de gobierno -y es de agradecer, además-, es la capacidad de trabajo de los pocos miembros en las distintas categorías que componen el Ministerio de Consumo, de manera que se demuestra su compromiso con aquellas labores
marcadas al inicio de la legislatura. Creo que desde el grupo parlamentario debemos agradecer el trabajo que se está desarrollando.


Dicho esto, me gustaría preguntarle cuál es el estado de las iniciativas que ustedes prevén desarrollar. Ha dicho que algunas ya están en trámite de audiencia y otras que se van a desarrollar reglamentariamente, pero si usted fuera tan
amable de contar un poco más sobre su estado, se lo agradecería.


Ahora, si me queda tiempo, quería hacerle unas referencias a algunas de las legislaciones que usted ha comentado. Lo primero de todo, quiero felicitarle o felicitarnos a todos, porque también ha habido un gran trabajo tanto desde el grupo
parlamentario en el Congreso como de los grupos parlamentarios en el Senado. Como se imaginará, me estoy refiriendo a la 422, de protección de personas consumidoras en situación de vulnerabilidad social y económica, y a las mejoras a que usted ha
hecho referencia y que se han introducido. Me gustaría que, si tiene usted un momento y ya tienen las previsiones hechas, nos contara cómo se va a desarrollar esta ley desde el punto de vista reglamentario. Usted ya ha hecho referencia a los
tiempos, un año para el caso del braille y tres meses para la protección a las personas consumidoras vulnerables del sector financiero. Si nos puede dar algún detalle más concreto, también se lo agradecería.


Asimismo, usted ha hecho referencia al Real Decreto 7/2021. Si bien inicialmente es la trasposición de una directiva europea, yo creo que sí que se puede destacar lo valientes que han sido, porque no solo se cumple con la directiva, sino
que además se incrementa tanto ese avance hacia la economía circular como la protección de los consumidores. Aquí sí que me gustaría hacer una especial mención a la



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importancia de esta ley. Por un lado, porque Europa, en general, es la primera en la generación de residuos tecnológicos y, me parece, si no recuerdo mal -se lo estoy diciendo de memoria- que son más de 16 kilos por habitante y año, lo que
es una cosa totalmente peligrosa. Pero es que, además, en las tasas de reciclaje, de recuperación de estos elementos, no se llega ni tan solo a la mitad: 40 % la media europea y, en el caso de España, un poco por encima, pero todavía insuficiente,
que sería el 43 %. Yo creo que este trabajo que se está desarrollando en el ministerio, que es pionero y referente en Europa, es bueno también para el consumidor. Lejos de esas voces que dicen que es posible que este aumento del plazo de
disponibilidad de las piezas para la reparación y, también, del aumento del plazo de la garantía se puede trasladar a un aumento de costes y, por tanto, a un aumento de precios, sabemos por experiencia que esto no ha sido así y así nos lo están
contando los estudios de diferentes organizaciones de consumidores.


Para acabar -porque veo que se pone la luz en rojo-, también le quería agradecer la importancia que le da al gran problema de la obesidad infantil. Usted ya ha dado los números de obesidad o sobrepeso, más del 40 %; además, con un
componente de género y un complemento de recursos sociales. Pero aquí sí que quiero decir que es muy importante esta nueva regulación que ustedes van a impulsar o están ya impulsando, porque lo han dicho ya las organizaciones internacionales, que
el Código PAOS de autorregulación se ha mostrado insuficiente, no se estaban consiguiendo los resultados que se buscaban y se tiene que dar un paso más, como ustedes ya han hecho, con medidas que sean de implementación y desarrollo obligatorio.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, el Grupo Parlamentario VOX, como van a compartir turno, en primer lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida, por tiempo de tres minutos y medio.


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchísimas gracias, señora presidente.


Mi compañera, la doctora Jara Moreno, se referirá a los aspectos de su intervención, señor secretario general de Consumo, relacionados con la materia alimentaria. Yo me referiré a lo relativo a la Dirección General de Consumo y a la
Dirección General de Juego.


Señor Escudero, permítame que le salude cortésmente, pero que no le agradezca su comparecencia. No le puedo agradecer su comparecencia porque ha comparecido a petición propia, sin que ningún grupo parlamentario haya solicitado su
comparecencia, con la única finalidad de retrasar la comparecencia del ministro de Consumo, que es lo que hemos pedido el Grupo Parlamentario VOX, al igual que otros grupos parlamentarios, y que es lo que ha aprobado la Mesa de esta Comisión de
Sanidad y Consumo.


La comparecencia del ministro es urgente por sus reiteradas acciones y declaraciones en contra de sectores claves de nuestra economía, y la última de sus lamentables declaraciones en contra de los intereses de España en el extranjero. Es la
primera vez que tenemos un ministro del Gobierno de España dañando directa y voluntariamente los intereses y la imagen de España en el extranjero y, lejos de disculparse y procurar enmendar el daño, se ha reafirmado y envalentonado. El ministro
Garzón debe dimitir asumiendo las consecuencias de sus declaraciones y el Ministerio de Consumo, de nueva creación para cumplir con la cuota de los comunistas en el Gobierno de coalición, debe ser disuelto inmediatamente para evitar mayores daños a
los intereses de sectores claves de la economía española.


Se ha referido usted, señor Escudero, a una labor legislativa ingente -la ha calificado como ingente-, con 17 iniciativas legislativas en materia de consumo, juego online, y seguridad alimentaria y nutrición, y también a la trasposición de
directivas comunitarias. Las directivas europeas deben ser traspuestas, pero el resto de iniciativas es mejor que las paralicen. Hasta ahora, solo han servido para dañar los intereses de consumidores y usuarios, y empresarios. En concreto, se ha
referido usted a reglamentos y órdenes en materia de juguetes, que es muy importante para España, ha dicho literalmente. Esta declaración en boca del secretario general de Consumo es especialmente insultante porque ustedes, desde el Ministerio de
Consumo, han dañado al sector juguetero español en el peor momento para un sector tan estacional, en plena campaña de Navidad. Se inventaron una campaña de ingeniería social, perjudicando al sector juguetero español, ese sector que usted mismo ha
calificado en su comparecencia como importante.


En cuanto a la Dirección General de Consumo, se ha felicitado por la aprobación de la Ley 4/2022, de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a Situaciones de Vulnerabilidad Social y Económica. La realidad es que han pervertido un
instrumento de protección a los consumidores en una ley sectaria e ideológica. En cuanto a su tramitación parlamentaria, todos los ponentes fuimos testigos de la degradación



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institucional a la que el Grupo Parlamentario Socialista y sus socios de Gobierno han llevado a esta Cámara legislativa, convirtiendo la sesión de constitución en la única sesión de la ponencia del proyecto de ley. Le pregunto sobre lo que
realmente nos interesa en el ejercicio del control al Gobierno: ¿Cuándo va a venir el ministro a dar explicaciones sobre sus lesivas declaraciones contra tantos sectores económicos españoles? ¿Cómo tiene previsto el ministerio resarcir el daño
económico ocasionado por su ministro a sectores tan importantes como el turístico, el juguetero y el ganadero? ¿Cuándo tienen previsto devolver la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición al Ministerio de Sanidad, del que nunca debió
salir?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra la señora Jara.


La señora JARA MORENO: Buenos días, señora presidenta y señor secretario.


El control oficial de los alimentos de países terceros cuando traspasan fronteras es una pieza clave para garantizar la seguridad alimentaria del consumidor. La creciente entrada de productos alimenticios procedentes de países más allá de
las fronteras comunitarias requiere disponer de sistemas de vigilancia rápidos y eficaces, que de forma coordinada prevengan situaciones críticas y posibiliten tomar las medidas necesarias. Según establece la Constitución española, la sanidad
exterior es competencia exclusiva del Estado, es decir, de todas las acciones en materia de vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de
viajeros.


El Ministerio de Sanidad, antes de que apareciera el superfluo ministerio al que usted representa en el día de hoy, se encargaba de garantizar que los productos alimenticios destinados a consumo humano procedentes de terceros países fuesen
seguros y cumplieran con todas y cada una de las disposiciones comunitarias y nacionales que les son de aplicación, y debería, ahora que es competencia exclusiva de un ministerio con poco contenido, estar en un grado de excelencia que hiciera
imposible ninguna alerta alimentaria. Se debe garantizar que los productos alimenticios procedentes de terceros países cumplen tanto con la normativa nacional como comunitaria y, además, se evalúen la eficacia e idoneidad de los controles en los
procesos de inspección y almacenamiento. Se supone que las partidas comerciales se controlan y los productos alimenticios de origen animal y no animal destinados al consumo humano se someten a un control sanitario o veterinario para determinar su
aptitud o no para su consumo. Estos productos susceptibles de control incluyen carnes, vísceras y productos cárnicos destinados a consumo humano, peces, moluscos vivos y sus huevos para consumo inmediato o transformación complementaria, crustáceos
vivos y sus productos derivados, leche, productos lácteos, huevos, ovoproductos, miel, jalea real, caracoles terrestres y otros productos de origen animal destinados directa o indirectamente al consumo humano. En cuanto a los productos provenientes
de la Unión Europea, estos controles se hacen en origen.


Pese a todo lo expuesto, en los últimos doce meses se han dado diferentes alertas sanitarias por contaminación bacteriológica, tanto de origen comunitario como extracomunitarios, que hacen pensar que los controles en origen en la normativa
comunitaria, dentro de la que nos incluimos, y los controles en frontera no son tan eficientes como debieran, porque, por ejemplo, se ha detectado Listeria monocytógenes en quesos procedentes de Países Bajos, Escherichia coli, productora de toxina
Shiga, en queso brie procedente de Francia o Cronobacter sakazakii y Salmonella Newport en leches especiales infantiles procedente de Estados Unidos, amén de otras procedentes de productos españoles. A mi grupo parlamentario nos gustaría que nos
explicasen si se hacen los controles bacteriológicos y de sustancias no permitidas en la Unión Europea en las partidas extracomunitarias. Porque, si es así y se tienen los resultados antes de la comercialización, no se entienden las contaminaciones
bacterianas detectadas en lotes como, por ejemplo, la leche maternizada procedente de Estados Unidos. Respecto a los microorganismos patógenos que se han detectado en las últimas alertas alimentarias, comunitarias y extracomunitarias, ¿se han
identificado y tipificado? ¿Estamos importando bacterias multirresistentes?


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Riolobos.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.


En representación de los consumidores tengo que decirle, secretario general, que ¿y qué hay de lo mío? Y digo esto porque hoy los consumidores españoles están sumidos en una auténtica alarma social



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derivada de los precios al consumo desbocados que hay en este momento. Lo que nosotros reclamamos es una rebaja de impuestos, tanto de la energía como de los combustibles, para que baje la cesta de la compra, porque los consumidores lo que
no podemos ser es los cajeros automáticos del Gobierno, que lo único que quiere es recaudar más, porque cuanto más suben los precios más recauda el Gobierno. ¿Para qué? Para gastarlo en ministerios inútiles y en una legión enorme de asesores, en
lugar de dedicarlo a bajar los precios de la cesta de la compra.


Le tengo que decir, señor secretario general, que coincido con el portavoz de VOX, en el sentido de que hoy debería estar aquí el ministro de Consumo, fundamentalmente porque lleva seis meses sin comparecer en esta Comisión. Le llevamos
esperando desde octubre -desde octubre, no desde Putin- para hablar de la inflación, del IPC, de la luz, de la subida de la cesta de la compra y de los combustibles, porque tenemos solo del Partido Popular veinticuatro comparecencias pendientes,
porque el señor ministro, si seguimos su agenda, trabaja un día de cada cuatro y porque hay una comparecencia ya aprobada desde hace un montón de meses y el ministro no quiere venir. Dígale al señor Garzón que no nos tenga miedo, que en esta
Comisión no nos lo vamos a comer ni nos comemos a nadie, solamente queremos que venga a comparecer. (Aplausos). ¿Por qué? Porque queremos que explique qué está haciendo el Ministerio de Consumo dentro del Gobierno de España para frenar y
contrarrestar la situación de escalada escandalosa de los precios en nuestro país. Ya sabemos que el señor Sánchez es bastante gafe, y si empezamos a relatar todo lo que ha pasado desde que llegó al Gobierno -la COVID, la Filomena, la DANA, el
volcán, la guerra- (rumores), en fin, todo nos está cayendo encima desde que ha llegado el señor Sánchez. Pero, eso sí, no ha sido capaz -ni el ministro tampoco de defenderlo- de quitar el IVA de las mascarillas del 21 % cuando ya en esta misma
Comisión se aprobó una proposición no de ley del Partido Popular casi por mayoría para que se redujera y el ministro todavía no ha dicho nada ni ha hecho nada cuando hoy, 14 de marzo del 2022, como decía antes la presidenta, se cumplen dos años del
estado de alarma y de la gravísima situación que hemos vivido todos los consumidores españoles.


Nosotros le decimos al señor Garzón -y espero que usted se lo transmita- que además de todas las cosas que usted nos ha contado, que nos parecen fenomenal, se centre en lo urgente. Y lo urgente es, en primer lugar, poner en marcha medidas
económicas y fiscales para que se reduzca la inflación, es decir, el impuesto a los pobres, porque en este momento los efectos perversos que está teniendo sobre la economía familiar son brutales y, en segundo lugar, hay que rebajar temporalmente
todos los impuestos de los combustibles y de la energía, porque mientras no se normalicen los precios a nivel internacional no se puede continuar en la situación que estamos. Eso sí, le pedimos al Gobierno que elimine un montón de gastos -y ahora
se lo voy a explicar- que tiene que son superfluos y que realmente se debería dedicar ese dinero, ese incremento que se ha llegado a estimar en 30 000 millones de ingresos por la subida de los precios del Gobierno en materia de impuestos, para los
que más lo necesitan, que son las personas y los consumidores que lo están pasando mal en este momento. Hay que ir a rebajar los impuestos. ¿Para qué? Para que se rebaje el precio de la cesta de la compra, porque mientras no bajemos la luz ni
bajemos los combustibles, cada vez que sube eso sube la cesta de la compra y los consumidores tenemos más dificultades para llegar a final de mes. Usted dirá: Es que eso no es competencia mía. No es verdad. No nos vuelva a decir eso en su
contestación. Es competencia del Gobierno y de ustedes mientras estén en el Gobierno y el ministro de Consumo sea el ministro responsable de los consumidores. Hay dos derechos fundamentales de los declarados por la ONU en su momento, cuando se
declaró el 15 de marzo como el día del consumidor, que están claramente limitados por la subida de precios que está habiendo en este momento.


¿Cuáles son los problemas más gordos que tenemos en este momento los consumidores? En primer lugar, la inflación desbocada. (Muestra el gráfico). Mire, esta es la situación que están viviendo en este momento los consumidores, una
pendiente casi casi de 90 grados en una subida cada vez mayor de la inflación y de los precios en nuestro país, lo que hace que los consumidores, cuando lleguemos a este 7,6 % y a final de mes, vayamos con la lengua fuera. Porque hay muchas
familias que ya se han quedado atrás y no pueden llegar a final de mes. Señor secretario general, dígale al ministro que esto hay que corregirlo ya, de inmediato, porque la situación con la guerra va a empeorar. No va a mejorar, va a empeorar.


¿Qué le digo más? Pues que cada vez hay más personas vulnerables, cada vez hay más pobres en nuestro país y, además, otra cosa que es muy grave, y es que ustedes están limitando un derecho básico y fundamental como es el derecho de los
consumidores al acceso a bienes y servicios básicos esenciales, porque hay ya colectivos en situación de vulnerabilidad que no pueden hacerlo; un segundo derecho que



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se está vulnerando es a escoger productos o servicios a precios no solo competitivos, sino que están en este momento absolutamente desbocados, y ese no sé si es el cuarto o el quinto derecho de los de la ONU para todos los consumidores. La
inflación y la situación por la subida de los precios que están viviendo las familias son absolutamente inaceptables y ustedes, como ministerio, tienen la obligación de hacer algo. Por poner un ejemplo de los productos que están subiendo, en el
precio de la luz hemos llegado a 700 euros megavatio/hora. Este es el recibo de una pensionista de 82 años. (Muestra un recibo de la luz). Mes de enero, 180 euros. ¿Usted cree que una pensionista cuya pensión no llega a 600 euros puede pagar
180? Vive en un pueblo chiquitito, tiene una casa pequeñita, pero es muy mayor y no tienen calefacción. Por la mañana, cuando se levanta, sus hijas le ponen el braserito hasta que se acuesta y le ponen un calefactor en el baño para poder ducharla
o bañarla. Y vas al precio del recibo y dice: energía consumida, 180 euros; bono social -porque, claro, está dentro de los muy vulnerables que tienen bono social- descuento, 28 euros, más, luego, los impuestos que ponen, en total, 28 euros;
coste final, 180. Es decir, un consumidor vulnerable en este momento en nuestro país tiene un recibo de la luz de 180 euros. ¿De verdad, usted cree que esto no es un problema gordísimo para que viniera el ministro a contarnos qué está haciendo
para resolverlo? Este es un ejemplo más de los muchos que hay.


¿Y qué está ocurriendo, mientras tanto, en la realidad económica de nuestro país? Tenemos la electricidad por las nubes -pero no desde ahora, desde Putin; desde el mes de junio no ha bajado el recibo de la luz, sino que ha estado
incrementándose, ha ido in crescendo-; tenemos una inflación que ha terminado en el 2021 en el 7,5 % y en el mes de enero, como le acabo de enseñar, del 7,6, la mayor de los últimos veintinueve años; los carburantes... Hoy he echado gasolina
viniendo de Talavera, 2,029 euros/ litro, el doble prácticamente de lo que estaba hace un año. ¿Usted cree que con esa subida de los carburantes y de la luz no van a subir los precios de todos los productos al consumo básicos como puede ser la
leche, el pan, cualquier alimento que se consuma en la familia? Es una cosa insoportable, inaceptable.


¿Y sabe qué es lo más grave de todo esto? Que la situación no va a mejorar, sino que va a empeorar. Miren, los ciudadanos están ya hartos de esto. Este es el precio de la gasolina (muestra una gráfica) -le he puesto un ejemplo-, de cada
100 euros, el precio de lo que consumimos son 43; los impuestos especiales de la gasolina 40 euros y el IVA, 17. Es decir, que de cada 100 euros que yo y usted pagamos de gasolina o de gasoil, 57 son para el señor Sánchez y para el Gobierno.
¿Pero ustedes creen que subiendo como están subiendo los precios de una manera tan desorbitada, ustedes pueden estar tocando el violón?


La señora PRESIDENTA: Señora Riolobos, tiene que terminar.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Voy terminando, presidenta, porque luego tengo otro turno. Me lo descuenta, pero déjeme terminar ya. (La señora Ramón Utrabo: No, no.-Rumores).


La señora PRESIDENTA: Eso no es posible, tiene que terminar.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Termino enseguida.


Señor secretario general, le digo una cosa. Transmítale al ministro que los consumidores tenemos muchísimos problemas en este momento, pero que los más gordos son la subida de los precios de la luz y combustibles, más la cesta de la compra,
y que ahí ustedes tienen la obligación de poner medidas en marcha. Bajen los impuestos, no recauden tanto y gasten bien en lugar de tirar el dinero, luego le explicaré cómo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riolobos.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.


La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero darle la bienvenida al secretario de Estado y agradecerle, por supuesto, su magnífica exposición, en la que nos ha dado cuenta detallada de cuáles son los planes que tiene el ministerio y de algunas de las cuestiones
que más preocupan en estos momentos a la ciudadanía. Quiero reconocer también el trabajo que se está llevando a cabo en el ministerio con una intensa actividad legislativa; ya ha planteado los numerosos proyectos legislativos que están en marcha,
algunos ya han culminado su tramitación y otros, como digo, están en marcha. Me consta, como usted ha expuesto, que se está trabajando por parte del ministerio en la trasposición de varias directivas europeas, y están trabajando en unos temas
concretos y muy importantes, como son el reglamento de seguridad del



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productor y la directiva de créditos al consumo. En esta línea, me gustaría plantearle una cuestión. ¿Qué posición tiene el Gobierno de España respecto a estos temas que, desde luego, van a suponer mayores garantías e información para el
consumidor?


En materia de lo que ha expuesto y que atañe directamente a la Dirección General de Ordenación del Juego, quiero congratularme de que por fin haya proyectos en marcha e iniciativas para reforzar la lucha contra el juego ilegal, pero también
quiero plantearle una cuestión que me preocupa mucho y es la seguridad del juego online, evitando ciertos comportamientos. En este sentido, ¿cómo se va a reforzar esa protección, sobre todo para los colectivos más vulnerables, como es la juventud?
Y también me gustaría aquí preguntarle si hay algún proyecto que vaya destinado fundamentalmente a que se garanticen en estas plataforma online que las personas que accedan a este juego online tengan la mayoría de edad y no utilicen documentación
que sea falsa o se la hayan cogido en algunos casos a sus progenitores. Esto nos lo han planteado muchas veces los propios colectivos de padres y madres que pertenecen a las asociaciones. También me gustaría indicar respecto de que en breve va a
llegar a la Cámara el anteproyecto de ley de servicios de atención a las personas consumidoras y usuarios, que nos pudiese detallar cuáles son los principios básicos de este anteproyecto de ley y de qué forma van a ver mejorada los consumidores la
atención en estos servicios. Y con respecto a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, coincido en que debemos de felicitarnos de la importancia que concede este Gobierno a las políticas de seguridad alimentaria, que hace que
España cuente con un nivel excelente, al que contribuyen por supuesto todo los eslabones de la cadena alimentaria: productores, industria, distribuidores, administraciones y asociaciones de consumidores. El incremento de la dotación presupuestaria
de AESAN es alrededor de un 15 por 100 en relación con los presupuestos generales del Estado para el año XXI, que va a permitir consolidar el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, la creación de una red de laboratorios de referencia, un
plan de digitalización y la culminación de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Todos estos instrumentos van a servir para reforzar las garantías de los consumidores ante los efectos que puede provocar el actual conflicto
bélico en Ucrania en relación con los productos que acceden al mercado español. En este sentido, también me gustaría que indicase y desarrollara los hitos principales del sistema de control y los principios en que se basa, sobre todo a efectos de
hacer especial incidencia en que -para evitar sobre todo la demagogia y los populismos- contamos con los recursos suficientes para dar respuesta a situaciones de crisis, como la de la guerra de Ucrania y que en todo caso se va a garantizar la
seguridad de los productos que acceden al mercado español.


Antes de finalizar mi intervención, me gustaría también resaltar que mañana es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, fecha que recuerda el discurso que, también un 15 de marzo en este caso de 1962, pronunció el presidente de
Estados Unidos ante el Congreso de su país y en el que se consideró por primera vez al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo. Se reconoció su relevancia política y se instó a las instituciones a tomar medidas para
proteger sus derechos. Este año debemos de recordar y solidarizarnos con los 44 millones de consumidoras y consumidores ucranianos a los que la guerra ha cercenado sus derechos, empezando por el derecho a la vida; está acabando con su seguridad,
con su modo de vida, desplazándolos de sus hogares y limitando sus libertades. Toda nuestra solidaridad y afecto a este pueblo.


Por último, me gustaría decir algo en relación con la intervención del portavoz de VOX y de la portavoz del Partido Popular. Creo que es el momento de dejar la demagogia y los populismos. Creo que acusar de que este Gobierno está
lesionando los intereses de España y de los españoles es una falsedad total y absoluta. Si alguien ha lesionado los derechos y los intereses de este país, de España, al que todos queremos mucho, porque aunque ustedes lo repitan tanto no llevan la
bandera de la defensa de estos intereses, ha sido la derecha; la derecha es la que ha lesionado fundamentalmente nuestro intereses cuando ha ido a Europa a poner piedras en el camino y obstaculizar la llegada de fondos europeos a este país.
Además, también quiero resaltar que me produce un auténtico sonrojo la frivolidad de la señora portavoz del Partido Popular diciendo que todo nos está cayendo encima, cuando sabe, al igual que el resto del mundo, que las situaciones de crisis que
estamos viviendo en España se están viviendo en España y en el resto del mundo; lo único es que hay una gran diferencia entre los gobiernos a los que les toca gestionar esta crisis, y yo me siento tremendamente orgullosa de que estas situaciones de
crisis que estamos viviendo, primero con la COVID y ahora con la guerra, que tanto afecta a la situación en la que nos encontramos, la esté gestionando este Gobierno, porque qué hubiese sido de nosotros si esta situación cae en manos de gobiernos de
la derecha o de la ultraderecha. (Aplausos). También quiero



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decirle a la señora portavoz del Partido Popular que sabe, al igual que el resto de los que estamos aquí, que ninguna de las materia a las que ha hecho referencia afecta a nada de lo que el señor secretario de Estado ha expuesto aquí, porque
la situación del alza de los precios o de la inflación no es competencia, en absoluto, del Ministerio de Consumo. Por eso, lo que les pido es que dejen los populismos, dejen la demagogia y no vean en cualquier situación de problema una herramienta
para intentar desgastar a este Gobierno. Arrimen el hombro, que ya es hora de que lo hagan.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Concluido este primer turno de los portavoces, tiene de nuevo la palabra para contestar el señor Escudero.


El señor SECRETARIO GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO (Escudero Alday): Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer, como siempre que he tenido la fortuna de comparecer en esta Comisión, el buen tono de los grupos y las propuestas que se realizan, siempre de carácter constructivo y propositivo. Como comencé mi
intervención, ofrezco la total colaboración del ministerio para avanzar no solo en la tramitación normativa y parlamentaria de los proyectos de ley según vayan entrando en esta Cámara, sino también de las normas de rango reglamentario porque, aunque
no son competencia de la Cámara, sí nos gustaría contar con el consenso y el apoyo de los grupos en estas medidas que son bastante transversales y que, en definitiva, creo que cuentan con un consenso social importante. Son muchas las cuestiones que
me han ido señalando, si les parece más que ordenarlas por respuesta a los grupos las ordenaré temáticamente, porque creo que muchas se cruzan y se entrecruzan y esto me permite una reconstrucción un poquito más fluida de las mismas.


Con respeto a todas las medidas que son competencia de este Gobierno y que tienen que ver con la escalada de precios, subida de precios de la energía, de luz, de carburantes, etcétera, que se están produciendo a consecuencia ahora de la
invasión rusa a Ucrania, simplemente aquí me remito a la labor que está realizando el Gobierno, concretamente el presidente del Gobierno, con los socios europeos, que es la mejor forma que tenemos de resolver, en el ámbito de la cooperación entre
Estados y en el ámbito de la Unión Europea, esta terrible situación en la que nos encontramos. El Gobierno lleva meses trabajando en medidas para conseguir la limitación de precios, trabaja también para garantizar el abastecimiento de productos, y
esto es importante que lo tengamos en cuenta. A fecha de hoy podemos garantizar el abastecimiento de productos, por lo menos de los que están bajo la competencia de este ministerio, que no son pocos, así como la seguridad en el acceso al mercado de
todos ellos, y desde nuestro ámbito realizamos medidas para contener los precios. Sí, señora Riolobos, claro que las realizamos y ustedes siempre se han opuesto a las mismas. Ahora vuelve a sacar el tema de las mascarillas, pero recuerdo, recién
decretado el estado de alarma y surgió la cuestión del uso obligatorio de la mascarilla higiénica, que nosotros regulamos los precios junto con el Ministerio de Sanidad y ustedes se opusieron; establecimos un tope al precio y ustedes se opusieron
porque decían que era una medida totalitaria, comunista, etcétera, y que iba a producir además el desabastecimiento de mascarillas en el mercado, y resulta que esto no ha sido así (Aplausos). Lo mismo hicimos cuando tuvimos que limitar precios de
servicios funerarios, se acordará también de aquellos terribles momentos, y ustedes siempre se han opuesto, lo cual forma parte de su propuesta ideológica y económica, que nos parece equivocada pero ustedes tienen todo el derecho a plantearla. Lo
que le pido en la medida de lo posible es que no incurra en contradicciones, no me pida ahora que limitemos los precios cuando durante tiempo estuvo en contra de los mismos. No me diga que tenemos cada vez más consumidores vulnerables, cuando han
presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que incorpora la figura del consumidor vulnerable. Es decir, que una cierta coherencia en la argumentación es debida, sobre todo para tener un debate más enriquecedor.


Por intentar un poco delimitar el ámbito de las cuestiones, con respecto a lo que señalaba el Grupo Parlamentario VOX, paralizar todas las medidas que tienen que ver con la lucha contra el juego ilegal, con la protección de los juguetes y de
la industria juguetera española frente a otra industria de terceros países ajenos a la Unión Europea, yo no estoy de acuerdo con eso, creo que no estamos de acuerdo nadie y le pediría que reconsiderara esa posición. La lucha contra el juego ilegal
es prioridad de este Gobierno, es prioridad de toda la sociedad y ustedes no deberían estar en contra de ello, ni criticarla -como ya hizo en la comparecencia de presupuestos- porque supone un excesivo coste económico. Sí, es decir, la



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cuestión en técnicas contra el fraude del juego y del juego ilegal, efectivamente, supone un coste económico importante, pero es imprescindible hacerlo.


En cuanto a la cuestión de los juguetes, simplemente usted señala algo que no se ajusta a la consecuencia natural de los hechos, es decir, en breve firmaremos un convenio con el sector juguetero, donde el sector juguetero ha tenido a bien
incorporar en su publicidad una serie de normas que ya sé que ustedes no están a favor de las mismas, pero que tienen que ver con garantizar la igualdad de género y evitar estereotipos de género en la publicidad de juguetes dirigida a niñas y niños.
Como digo, en breve firmaremos un convenio de corregulación con el sector juguetero, donde precisamente el sector juguetero asume esta defensa de la igualdad de género y de evitar estereotipos de género en materia publicitaria, y simplemente le
diría que nuestro trabajo en pro de la industria juguetera española es decisivo. Y lo estamos haciendo también en todo lo que tiene que ver con la trasposición de normas europeas. ¿Con el objeto de qué? Con el objeto de que todo el producto
juguetero que llegue a España tenga una garantía y una seguridad imprescindibles para niñas y niños.


Con respecto a la cuestión que planteaba también la señora Jara -lo digo por intentar ir delimitando el ámbito competencial- sobre el tema de sanidad exterior, sigue bajo la competencia del Ministerio de Sanidad. Usted planteaba que no;
les pediría por favor que revisaran un poquito las competencias de cada ministerio. La AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, es un organismo autónomo que está adscrito orgánicamente al Ministerio de Consumo y depende
funcionalmente de tres ministerios, pero sanidad exterior es una competencia que recae en el Ministerio de Sanidad. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de elaborar la crítica, que apuntemos bien al objetivo. En cualquier
caso, sobre esta materia, aunque luego al final podré insistir en algún dato más, les garantizo que la seguridad alimentaria es máxima, los controles que se realizan son máximos, son a la mayor precisión técnica de la que disponemos en cada momento
del desarrollo científico y analítico, y en ese sentido me gustaría transmitirles la seguridad y la confianza en los productos alimentarios y no alimentarios que acceden al mercado español, sin perjuicio de que, por supuesto, haya que estar
vigilantes en cada momento, como lo hace sanidad exterior.


Con respeto ya a las cuestiones más propias de la labor del Ministerio de Consumo, por las que me preguntaban tanto el Grupo Socialista como el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común-En Marea, paso a señalar el
estado de la cuestión un poquito más detallado sobre los puntos que me han planteado. En primer lugar, la señora López me planteaba que es una labor ingente y que tenemos mayor capacidad, más normas en el plan anual normativo que otros ministerios
tradicionales. Esto evidentemente no es una competición ni una cuestión que nos ocupe especialmente, pero lo cierto es que venimos de una década -la década de 2010, 2011, 2012 al 2019, la década de Gobierno del Partido Popular- donde la materia de
consumo no se abordó, no se abordó, ni hubo un intento de presentar a esta Cámara una ley de servicios de atención al cliente. No se abordaron cuestiones legislativas que eran imprescindibles, porque la normativa de consumo debe ir cada vez más
pegada a la evolución de los productos de consumo. Esto no se había hecho durante todos estos años y además teníamos un grave déficit de trasposición y un grave riesgo de incurrir en multas por la no trasposición de directivas comunitarias, riesgo
que hemos evitado en esta legislatura -por lo que debemos felicitarnos todas y todos- y, efectivamente, esto hace que buena parte de la labor normativa que realizamos en el Ministerio de Consumo tenga que ver con cubrir lagunas. En el vocabulario
jurídico una laguna es la ausencia de regulación ante un problema jurídico. Bueno, pues es que esto nos lo encontrábamos en juego. Como saben, teníamos un problema de invasión de publicidad que afectaba a menores y fue necesario resolverlo.
Tenemos un problema de lagunas en materia de consumo, cito la Ley de Servicios de Atención al Cliente -sobre la que luego volveré porque me preguntó el Grupo Socialista-, que es, digamos, el punto más emblemático. Recuerdo que la última vez que
entró en esta Cámara un proyecto de ley del servicio de atención al cliente fue en el año 2011 y, evidentemente, ha habido que modificar sustancialmente el proyecto, porque la situación que teníamos en el 2011 no era la misma, y la agencia, la tan
traída y llevada Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues resulta que su normativa y estructura institucional no estaba ajustada a la Ley 40/2015. Todo el mundo reivindica la agencia, y es estupendo que así se haga porque la
labor es excelente, pero, hombre, debería haberse puesto un poquito más de atención durante los años de gobierno del Partido Popular y así no tendríamos que dedicar tiempo a resolver cuestiones como el marco estratégico de consumo. El último marco
estratégico de consumo fue del año 2009, de tal forma que no teníamos un marco estratégico de consumo



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Estado-comunidades autónomas, que ha sido necesario aprobarlo ahora, lo que significa destinar tiempo, recursos y trabajo.


En cuanto a cuáles son los proyectos en un estado más avanzado, sin perjuicio de la tramitación como proyectos de ley de los Reales Decretos-leyes 7/2021 y 24/2/2021, que esto ya depende de la Cámara, nosotros esperamos que el primero que
depositemos en la Cámara sea el anteproyecto de ley de servicios de atención a la clientela. La diputada del Grupo Socialista me preguntaba sobre cuáles serían las líneas básicas de ese servicio de atención al cliente. La idea aquí es, como saben
ustedes, que dado que buena parte de la normativa de consumo está sectorializada -me estoy refiriendo aquí a normativa pura y dura, es decir, normativa de telecomunicaciones, de servicios financieros, de seguros, de transportes- lo que buscamos es
equiparar los niveles de garantía de la normativa horizontal con la normativa vertical y establecer una serie de niveles mínimos de garantía de los servicios de atención al cliente que sean mínimamente satisfactorios.


Llamo la atención sobre cuatro puntos. En primer lugar, que en cualquier caso sean gratuitos, y en este sentido venimos a completar una norma que ya hicimos en el año 2020, que fue la de prohibir los 902, los servicios de pago en servicios
esenciales, es decir, reclamar un derecho no puede suponer un coste económico para la persona que lo reclama, y vendríamos así a garantizar la gratuidad y la atención personalizada. Respecto de esta cuestión, repasando las viejas tramitaciones de
ese proyecto que se crearon en 2011, las consumidoras y los consumidores lo que pedían especialmente es que en los servicios de atención al cliente -aunque fueran lo más avanzados técnicamente, y hoy en día con los servicios de inteligencia
artificial, se ha avanzado mucho-, se garantizase que cuando una persona consumidora, por las razones que sean, lo solicitase, fuese atendida por una persona y no por una máquina. Esta es una de las innovaciones principales de la normativa, y es
que, con independencia de cuál sea el medio utilizado, si un consumidor en un determinado momento de la reclamación solicita la atención personal, tiene derecho a ello y debe ser garantizada.


También deberá haber -si después, por supuesto, la Cámara, así lo considera oportuno- una separación entre los servicios de atención al cliente y otros servicios comerciales de la empresa para que cuando el consumidor reclame no se vea,
además, sujeto a una oferta comercial, etcétera, si no es para resolver la reclamación en cuestión. Asimismo, tendrá que ser un régimen evaluable, es decir, tendrán que realizarse auditorías y sistemas de evaluación de la calidad. Además, los
trabajadores y trabajadoras de las empresas que trabajen en los servicios de atención al cliente deberán tener formación especializada, atendiendo especialmente a aquellos consumidores que están en situación de vulnerabilidad.


Como les digo, nos gustaría traer en breve este anteproyecto de ley; faltan todavía los trámites administrativos y preceptivos correspondientes, pero me gustaría traerlo en breve y que este proyecto pueda ser objeto de un fructífero debate
en esta Comisión y pudiera ser enriquecido, como lo ha sido -y engancho con otro- la famosa Ley 4/2022, donde se garantiza la definición legal de la persona consumidora vulnerable. Aquí hay dos plazos perentorios que apremian la labor
reglamentaria. En primer lugar, el etiquetado en braille, que, según la disposición adicional primera, debe estar garantizado y debe estar en funcionamiento en el plazo de un año, u otro sistema de accesibilidad. Ya hemos empezado a trabajar con
la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y con las entidades especialistas en esta materia para cumplir con ese plazo de un año, que, como entenderán ustedes, es un plazo muy muy muy ajustado.


Por otro lado, en cuanto a las medidas legislativas que se impulsarán en el plazo de tres meses, además de las que ya se están trabajando por parte de la Vicepresidencia económica y la Secretaría General del Tesoro, algunas de las medidas
que se contemplan en el anteproyecto de ley del servicio de atención al cliente vienen precisamente a reforzar esta atención personalizada en servicios bancarios y financieros a los clientes financieros vulnerables.


También es importante el Real Decreto-ley 7/2021, que avanza en el ámbito de la reparabilidad y en el ámbito de la reducción de residuos. Efectivamente, como señalaba la señora López, respecto de nuestras cifras de residuos tanto en
productos alimentarios como no alimentarios, en productos alimentarios ya se está trabajando por el Ministerio de Agricultura en una reducción del desperdicio alimentario. Al hilo de esta directiva comunitaria, nosotros estamos trabajando para
garantizar la reparabilidad y la durabilidad de los productos. Estamos trabajando y en contacto con las entidades del sector, con toda la industria, porque la industria es muy favorable a esta medida en el sentido de que todos los sectores están de
acuerdo en la necesidad de avanzar hacia productos más duraderos, con un índice de reparabilidad cada vez mayor porque es una buena oportunidad de mercado, es decir, la calidad de los



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productos y nuestra industria se verá reforzada con la duración de los productos, y esto se ve efectivamente como una buena oportunidad de mercado. Es decir, creo que ya quedan muy lejos los tiempos del usar y tirar, de la poca duración de
los productos o productos de uso individual. Les insisto también en que, cuando llegue a la Comisión competente en la materia, podamos ir avanzando en medidas para garantizar la reutilización, la reparación y la reparabilidad y, en definitiva, en
la economía circular, que es algo en lo que, como país, estamos todas y todos comprometidos.


En materia de juego -estoy haciendo un repaso un poco rápido de la de las iniciativas más concretas que antes anuncié-, en breve llegará a la Cámara una modificación para la lucha contra el juego ilegal, y aquí, en líneas generales, tenemos
que distinguir como dos grandes ámbitos de trabajo de la Dirección General de Ordenación del Juego. Uno, que todo lo que tenga que ver con lucha contra el juego ilegal -hay una modificación de la ley porque, como les dije antes, es del año 2011- es
necesario. Es un sector, el del juego, que está en constante modificación y mutación, y es necesario ir ajustando la ley a este respecto. Habrá una segunda modificación de la ley -que se trabajará también, por supuesto, en esta Cámara-, a través
de una propuesta para regular el fenómeno de las loot boxes, para intentar establecer una regulación sobre esta materia que impida no solo fraude en el juego, no solo el juego ilegal, sino que impida también prácticas de juego peligroso, de riesgo,
por personas y colectivos vulnerables. Y aquí viene toda la segunda parte por la que me preguntaba también la diputada del Grupo Socialista, sobre en qué medidas estamos trabajando en ese decreto de entornos de juego online, que, como les digo, es
una norma reglamentaria, no de rango legislativo, pero que nos gustaría también trabajarlo y mejorarlo con sus aportaciones.


Básicamente, aquí se trata de tener la capacidad cada vez mayor de detectar comportamientos de juego que supongan un riesgo, en especial, en patrones vulnerables, y aquí estoy hablando de jóvenes mayores de edad, en el sentido de que son los
únicos, que, si nuestros sistemas de control funcionan, pueden jugar en las plataformas de juego online. Le aseguro, señora diputada, que estamos trabajando para ir articulando todos los mecanismos posibles para evitar que se produzcan esas
situaciones de fraude o de engaño que se pueden llegar a producir, y el objetivo es que ningún menor de dieciocho años acceda a una plataforma de juego, un objetivo que creo que hoy se cumple, sin perjuicio de que, insisto, tengamos que estar
siempre atentos y vigilantes.


Asimismo, tenemos un sector vulnerable en materia de juego, que son los jóvenes, personas de dieciocho a veinticinco años, que pueden ir modulando su comportamiento hacia las generaciones futuras, hacia la siguiente etapa de su vida y que es
importante. Aquí es importante que cada vez más seamos capaces de detectar cuándo se pueden producir esos comportamientos y detectar que el joven caiga en una práctica de juego vulnerable. ¿Cómo se hace esto? Las medidas están contempladas en ese
borrador de real decreto. Lo que se hace es intentar que, una vez constatado que una persona está en una situación de juego de riesgo -la llamo así porque ha jugado una cantidad de dinero superior a lo que se considera razonable en semanas o en
meses-, esa persona no pueda ser considerada cliente VIP, no se le puedan llevar ofertas de promoción o incluso en un determinado momento, si la pérdida es mayor, no pueda utilizar tarjetas de crédito para consumir el producto. Esta es la línea en
la que estamos trabajando, junto con todas las campañas de sensibilización y de apoyo a familias con problemas que ponemos en marcha gracias al presupuesto de este año y que no se habían puesto en marcha en presupuestos anteriores.


Si me permite cinco minutos más, presidenta, me quedan algunas líneas más que me habían señalado. En cuanto al incremento presupuestario de la agencia, por volver otra vez a las cuestiones de seguridad alimentaria -con esto terminaría esta
primera parte-, en materia de seguridad alimentaria es un 15 %. Como siempre, es poco, porque cuando se trata de garantizar seguridad alimentaria todo lo que sea presupuesto bienvenido sea, pero les aseguro que con esta Estrategia Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutrición pendiente desde el año 2011, obligatoria hacerlo desde el año 2011 y que no se hizo, lo que hacemos es reforzar laboratorios -como saben ustedes, la AESAN cuenta con dos laboratorios, el Centro Nacional de
Alimentación en Majadahonda y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas de Vigo, que es un laboratorio de referencia europeo-, reforzar nuestras técnicas, para evitar las alertas. Alertas siempre se van a producir en un determinado momento, lo relevante
es cómo gestionamos la alerta alimentaria, y creo que lo sucedido en esta cuestión de brote de salmonelosis en las residencias madrileñas es un buen ejemplo de cómo se gestiona bien una alerta alimentaria. Tengan en cuenta que lo que tiene que
hacer una alerta alimentaria es garantizar la salud pública y no generar alarma social, es el elemento en el que hay que jugar. Les doy dos datos que creo que antes no les había dado. Hemos hecho casi medio millón de inspecciones en el año 2020,
hemos hecho como Estado desde la agencia más de



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ciento veinticinco mil controles, más de cien mil productos alimenticios y materiales en contacto con alimentos se han muestreado y se han analizado, y hay un cumplimiento de la legislación del 98,7 %. Creo que es una perspectiva siempre
razonable. Trabajan casi siete mil profesionales de las distintas administraciones para garantizar esta seguridad alimentaria.


Una última cuestión, y con eso termino en esta primera ronda de intervención: la relevancia que para este ministerio tiene, como la ha tenido también para otros ministerios en el pasado, la lucha contra la obesidad infantil. Tenemos un
porcentaje del 40 % -se ha señalado por el Grupo Parlamentario Socialista-, creo que este porcentaje es inadmisible, como Gobierno no podemos aceptarlo y como sociedad no podemos aceptar un 40 % de obesidad infantil. El pico máximo de obesidad
infantil lo alcanzamos en 2011, de 2011 a 2015 se rebajó la obesidad infantil, pero desde 2015 estamos paralizados, no se ha rebajado la obesidad infantil en este país, y nos encontramos en un escenario en el que, además, todavía no hemos tenido
ocasión de analizar el impacto que el COVID ha tenido o tiene en la obesidad infantil, porque los estudios no están todavía realizados, pero es previsible que el impacto sea fuerte y muy dañino.


Desde 2015 no hemos rebajado la obesidad infantil, las situaciones de riesgo aumentan y esto ha llevado al Gobierno a ejercer una competencia legal y legítima que tenemos por la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición para regular la
publicidad de alimentos y bebidas dirigida a público infantil. Yo diría que esta regulación tiene dos líneas generales -insisto siempre en que es la publicidad dirigida a público infantil, menores de 16 años, no afecta por tanto a la publicidad
dirigida a adultos, a mayores de edad-, dos vectores que atraviesan la legislación. La primera es que el menor no puede ser objeto de publicidad directa de alimentos que, según la Organización Mundial de la Salud, es decir, la organización
científica por excelencia en la materia, son altos en sodio, azúcar o grasas. Por tanto, la normativa debe establecer un elemento para que esa publicidad no se produzca. En segundo lugar, utilicemos campañas de salud pública, campañas de educación
física, campañas de mejora de nuestros hábitos y fomentemos esas campañas para que lo que reciban los niños y niñas sea una publicidad dirigida al consumo de alimentos y bebidas sanos, que sean beneficiosos para su dieta. Me gustaría que no se
quedara fuera ninguno de los grupos parlamentarios en el apoyo a esta legislación, para lo cual me ofrezco a tener cuantas reuniones o comparecencias estimen ustedes oportunas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario general.


A continuación, pasamos al turno de réplica. Ya saben que disponen de tres minutos. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, la señora López.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Intervengo brevemente, para reiterar el agradecimiento por su comparecencia en el día de hoy y por que se haya prestado a dar esta información más detallada sobre la legislación que están preparando o que está por
venir.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene, en primer lugar, la palabra el señor Rodríguez Almeida.


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente.


Muy rápidamente. A la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quiero manifestarle que estamos de acuerdo en que no es competencia del Ministerio de Consumo el alza de los precios. Por eso debe explicar por qué compareció el ministro de
Consumo el 27 de enero de 2021, a petición propia, para explicar la situación respecto a la subida de la luz; por qué el ministro de Consumo califica el sector turístico español, que tampoco es de su competencia, como un sector de bajo valor
añadido, cuando somos líderes mundiales; por qué, sin ser de su competencia, el ministro de Consumo manifiesta a un medio extranjero que la carne que exporta España es de mala calidad. Señor secretario general, no ha respondido a ninguna de mis
preguntas.


En cuanto al sector juguetero, no le quepa ninguna duda de que han firmado un convenio con ustedes por puro instinto de supervivencia, para no volver a ser atacados por ustedes sin previo aviso.


Respecto a los estereotipos de género en los juguetes, le doy toda la razón, por supuesto que no estamos de acuerdo. El Grupo Parlamentario VOX defiende la libertad de las familias para elegir libremente el entorno de juego para sus hijos
sin que estén violentados ni manipulados por ideologías sectarias que tanto daño han hecho y que tantas vidas han costado. Le recuerdo que el comunismo tiene el récord de ideologías asesinas con más de cien millones de muertes. Siempre nos
encontrará contra la



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restricción de derechos y libertades fundamentales, tal y como avala la estimación de los recursos de inconstitucionalidad que los cincuenta y dos diputados de VOX hemos presentado contra este Gobierno socialcomunista.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra la señora Jara.


La señora JARA MORENO: Señor secretario, está usted tan desubicado como su ministro. La AESAN se constituye como punto nacional de contacto de las siguientes redes de alerta: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, red
nacional coordinada por la AESAN en la que participan las autoridades competentes en materia de seguridad alimentaria de las comunidades y ciudades autónomas, el Ministerio de Defensa a través de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, la
Comisión Europea a través de la Dirección General SANTE y la Subdirección General de Sanidad Exterior, Dirección General de Salud, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad. No se puede desvincular de Sanidad Exterior. Le agradezco de todas
maneras su intento de ilustrarnos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Riolobos.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Escudero, no será de su competencia, según usted y según algunos grupos parlamentarios, pero la Unión Europea, los consumidores, los empresarios y los expertos económicos, todos, están reclamando la bajada de los impuestos de la luz,
de los carburantes y de la cesta de la compra, porque, si no es así, la situación se desarrollará de forma insostenible para los consumidores. En este momento lo que no puede ser es que los beneficios caídos del cielo que está recibiendo el
Gobierno por el incremento de precios -por tanto, porcentualmente hablando va a recaudar muchísimo más de lo que estaba previsto-, en lugar de destinarse a resolver los problemas que tienen los consumidores, cuarenta y siete millones de
consumidores, se esté dedicando a mantener temas inútiles.


Mire usted, el Instituto de Estudios Económicos decía recientemente que en España se pueden reducir los gastos superfluos un 14 %, 60 000 millones de euros sin rebajar la calidad de los servicios, simplemente siendo eficaces. Somos el país
29 de la OCDE con una eficacia de gasto del 74,4 %, frente al 98,6 % de la Unión Europea. Luego, en un escenario diabólico hay todavía mucho trecho para poder hacer muchas cosas como le estamos pidiendo: controlen la inflación, rebajen los
impuestos y garanticen que los ciudadanos podamos llegar a final de mes.


Usted se ha dedicado hoy aquí a hablar de toda la normativa que va a poner en marcha, de la seguridad alimentaria y demás. Usted ha criticado al Partido Popular y la AESAN la creó el Partido Popular, el bono social lo creó el Partido
Popular. No le voy a relatar todas las cosas que hicimos -eso sí- en un Ministerio de Sanidad, Consumo, Bienestar Social e Igualdad, no en cuatro ministerios que ustedes tienen distribuidos ahora.


Fíjese usted, después de dos años de Gobierno y de tres años de Gobierno del señor Sánchez, traen ustedes la primera ley que se ha aprobado recientemente sobre la defensa del consumidor en situación de vulnerabilidad. Se lo dije el otro día
al ministro y se lo repito a usted, ¿cómo puede ser que una ley que tendría que ser importantísima...? Usted dice que la hemos llevado al Tribunal Constitucional, claro, porque ustedes en una ley que tiene cinco páginas para modificar los
artículos, tiene ocho páginas que no tienen nada que ver con el consumidor vulnerable. ¿Cómo pueden dejar que se contamine una ley tan importante de esas características y que, además, no se va poder aplicar porque hay que hacer reglamentos casi
para todo?


Por otro lado, respecto a la seguridad alimentaria, yo he vivido como técnico, cuando trabajaba en la Administración antes de ser política, la creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Llevo toda mi vida
trabajando en ese sector y no me tiene que explicar la calidad altísima de los técnicos, de los laboratorios, de las técnicas analíticas, de los centros de referencia de la AESAN porque lo conozco desde su creación, por eso recriminé al ministro y
se lo digo a usted ahora. Gracias a Dios, sus declaraciones aquí hoy dejan por mentiroso al ministro, ¿se ha dado usted cuenta? Ha dicho: La AESAN es extraordinaria, hacemos un control y una vigilancia alimentaria con una calidad y eficacia con
las



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quinientas mil inspecciones, ciento y pico mil análisis de calidad que se han hecho. Y va el ministro y dice en el Reino Unido que la calidad de la carne es mala, y lo dice mintiendo porque usted acaba de decir aquí que no es que sea buena,
es extraordinaria, porque todos los controles que se están haciendo son extraordinarios. Ha dejado usted por mentiroso hoy aquí a su ministro y yo me alegro porque es lo que nosotros veníamos defendiendo desde hace tiempo, que nuestra calidad es
estupenda. Es lamentable que el ministro responsable de la AESAN, en lugar de estudiarla y de defenderla y de ver lo que usted ha dicho aquí hoy, vaya a un país extranjero a hablar mal de lo nuestro.


Habla usted de que no tiene competencias y, sin embargo, está pendiente del tema de la obesidad, que, por cierto, el cien por cien de la competencia es del Ministerio de Sanidad, no es del Ministerio de Consumo.


La señora PRESIDENTA: Señora Riolobos, tiene que terminar.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Ya termino, presidenta.


Ustedes quieren hacer algo que no se debería hacer como es matar las pulgas a cañonazos. Hay que hacer una estrategia nacional de lucha contra la obesidad en la cual participe el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Consumo, el
Ministerio de Deportes, todos los ministerios implicados, no solamente ustedes. Quieren hacer tres cositas y creen que modificando tres cositas se lucha contra la obesidad. No, todo el mundo tiene que participar. Desde luego, ya le digo una cosa:
por mucha legislación que van a hacer ustedes, todo lo que están haciendo hasta ahora se queda en cero patatero.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ramón.


La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, señora presidenta.


Agradezco de nuevo la intervención al señor Escudero y la respuesta dada especialmente a todas las preguntas y a todas las cuestiones que se han planteado.


Me sumo también a esa petición que hacía usted a la portavoz del Partido Popular al pedirle coherencia allá donde están gobernando. No me parece para nada coherente que, mientras sistemáticamente piden la bajada de impuestos, cuando
gobiernan suben los impuestos, como hicieron en España o como recientemente han hecho en la comunidad a la que pertenezco, Andalucía, con la aprobación, por ejemplo, de la Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, aprobación que hicieron en
plena pandemia, creando nuevos hechos imponibles con un afán meramente recaudatorio. Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones, u otro que dice que el movimiento se demuestra andando. Eso es lo que tiene que hacer el Partido
Popular allí donde gobierna: poner en práctica lo que sistemáticamente está pidiendo con esa bajada de impuestos.


También ha puesto usted de manifiesto, señor Escudero, que en materia de seguridad alimentaria lo primero es garantizar la salud pública y no generar alarma social. Eso fue justo todo lo contrario que hicieron con el brote que hubo en mi
comunidad, Andalucía, con la crisis ocasionada por el brote de listeria con el consumo de la carne mechada. Eso es justo todo lo contrario porque se actuó tarde, mal y con absoluta falta de transparencia.


Por último, quiero decirle también a la señora portavoz del Partido Popular que del cielo no cae nada, por no caer no cae en estos tiempos, aunque hoy esté lloviendo un poquito, ni agua. Con lo cual, hagan el favor de reconocer cuando sea
así y proceda, y creo que en este caso procede, la gestión de este Gobierno para que puedan llegar en esta situación fondos de Europa, fondos que su partido -o no se acuerda ya del señor Casado- intentó obstaculizar en Europa.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Ya para concluir, tiene un último turno el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO (Escudero Alday): Muchas gracias, señora presidenta.


Intervendré muy brevemente, en primer lugar, para agradecer las intervenciones, el tono, las propuestas y las ideas para trabajar en el futuro.


Me hubiera gustado, señora Riolobos, que hubiéramos entrado un poquito más en el debate de qué cuestiones considera usted que son inútiles, cuáles no, cómo podríamos mejorar. Usted ha hablado de



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obesidad infantil, ¿está de acuerdo usted con que se regule la publicidad? No está de acuerdo usted con que se regule la publicidad. Es decir, me gustaría saber un poco qué opina usted, qué piensa; o sea, alguna propuesta normativa. Eso
hubiera estado bien porque esto nos permitiría mejorar, como siempre, las normas. Sigo sin entender si usted no quiere que se regule la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil, sin perjuicio de que haya estrategias más
generales. La regulación de la publicidad es competencia del Ministerio de Consumo, eso sí se lo digo. Está en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y, según el artículo 44 siguientes, es competencia.


Del mismo modo que le agradezco a la señora Jara que me recuerde las competencias de la AESAN, le digo que las conozco perfectamente y también le recuerdo simplemente que, en ese repaso que ha hecho, Sanidad Exterior está en el Ministerio de
Sanidad.


Señor Rodríguez Almeida, el convenio juguetero es un exitazo y el sector lo reconoce como un instrumento clave para reforzar, garantizar e impulsar el sector español. Usted lo lleva a unos términos con los que no estamos de acuerdo.
Simplemente le recuerdo que la igualdad de género es un mandato establecido en el artículo 14 de la Constitución y que esto no es una cuestión de ser comunistas o no ser comunistas -yo lo soy-, pero sí es una cuestión de garantizar el artículo 14 de
la Constitución.


A la diputada señora López y al Grupo Socialista, les agradezco el trabajo. Me gustaría que, con la experiencia que hemos tenido con la Ley 4/2022, pudiéramos repetirla con los próximos proyectos de ley que vengan a esta Cámara y que
podamos, a partir de un proyecto de ley, mejorarlo siempre. Creo que es una buena forma de colaborar entre los distintos poderes del Estado.


Quedo a su disposición para cualquier cuestión adicional que quieran o para cualquier reunión. Siempre estaré encantado de comparecer en esta Comisión. Siempre que lo soliciten, así lo haré.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Escudero.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.