CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 344

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª BEATRIZ MICAELA CARRILLO DE LOS REYES

Sesión núm. 5

celebrada el viernes,

26 de marzo de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (Carmona Vergara), para informar del seguimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000477) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Señorías, muy buenos días.


En primer lugar, quiero agradecer a doña Ángeles Carmona su excelente disponibilidad para colaborar siempre con esta casa cuando lo requerimos, y estoy segura de que esa es la mejor expresión de la colaboración que existe entre nuestras dos
instituciones con el objetivo de hacer frente con eficacia a la lacra que supone la violencia de género.


Como presidenta de esta Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género quiero también agradecer el reconocimiento que el Observatorio del Consejo hizo en el año 2018 a la labor de
las Cortes Generales por medio de las dos subcomisiones del Congreso y del Senado. Como todos ustedes saben, señorías, esta Comisión es precisamente fruto del pacto de Estado que en ese momento se llevó a cabo. Por tanto, quiero agradecerle su
presencia y darle la bienvenida a María Ángeles Carmona y sobre todo por la labor tan fundamental que hace en el campo jurídico para defender los derechos de las mujeres, los derechos humanos que afectan a las mujeres. Te damos la bienvenida y
tienes la palabra.


La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Carmona Vergara): Muchísimas gracias, querida presidenta.


Yo también quería recordar ese momento tan emotivo que fue el reconocimiento a todas las personas que participaron -diputados, diputadas, senadores y senadoras- en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. (Apoya su intervención en
un powerpoint). He traído la foto para que todos nos acordemos del esfuerzo tan enorme que se hizo en la elaboración de este pacto, un pacto en el que yo participé como experta, comparecí la primera tanto en el Congreso como en el Senado. Tengo
que agradecer infinitamente -y lo hago siempre- que absolutamente todas las medidas que se aportaron por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Observatorio están en el pacto, muchas de ellas ya se han puesto en marcha y están teniendo
frutos muy importantes, que es de lo que hoy vengo a hablarles aquí, cómo hemos implementado el pacto de Estado desde el punto de vista del Consejo General del Poder Judicial, qué más tenemos que seguir haciendo, cuáles son las medidas que quedan y
que son bastante urgentes para proteger a las víctimas y a sus hijos y a sus hijas. Mi enhorabuena nuevamente por esta extraordinaria labor que han desplegado todos ustedes.


En el Observatorio y en el Consejo -que, como saben, estamos en funciones, llevamos siete años siendo vocales del Consejo General del Poder Judicial- tengo que decirles que el ámbito de la violencia de género no ha parado de funcionar en
ningún momento; es más, todos los servicios de la casa, todos, absolutamente todos los servicios del Consejo General del Poder Judicial, están implicados en poner en marcha las medidas que son competencia nuestra, del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género. Ahí les he puesto la página del Poder Judicial donde tienen acceso a toda la información, todos los estudios y estadísticas que llevamos haciendo desde hace tantísimos años en el Observatorio y en el Consejo. Como ven, todos
los servicios de la casa: el servicio de inspección, el servicio de formación de jueces -del que les hablaré largo y tendido-, el servicio del promotor de la acción disciplinaria y de la unidad de atención ciudadana, el de estadística, el grupo de
expertos contra la violencia de género -que está formado por magistrados y magistradas, todos especializados en esta materia-, la propia Comisión de Igualdad y el resto de los servicios están todos implicados. No es solo la Comisión sino también el
Pleno han acordado muchas resoluciones que dan impulso a todo lo que les voy a explicar a continuación.


Uno de los ejes principales del pacto de Estado, como saben, es la formación. Nosotros en ese sentido tenemos la competencia ya no solamente para la formación en la carrera judicial sino también para coordinar y colaborar en la formación de
otros operadores jurídicos. Hemos intervenido en miles, muchísimos cursos de formación no solo en la carrera judicial sino también para los fiscales, para los letrados de la Administración de Justicia, para el resto de funcionarios, médicos
forenses, trabajadores sociales, psicólogos, todos los miembros de las unidades de valoración forense, abogados, procuradores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -con quien mantenemos una estrechísima colaboración-, también para cualquier
personal sanitario docente e incluso en los centros educativos, para los profesionales de la comunicación, muy importante también. Hemos impartido cursos de formación a responsables de relaciones humanas en muchas empresas y a representantes
sindicales. Es decir, estamos muy implicados en la formación de todas las personas que tienen alguna relación, que es prácticamente toda la sociedad, con una mujer víctima de violencia de género. Tienen que saber que

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actualmente todos los jueces y juezas que están destinados en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer han tenido que pasar obligatoriamente por un curso de especialización. Es un curso que contiene una fase teórica y una fase práctica y que
se lleva impartiendo desde hace ya muchísimos años, pero a partir del pacto de Estado hemos incluido esta materia en el temario de oposiciones de acceso a la carrera judicial y en todas las actividades formativas de la Escuela Judicial para los
jueces que aprueban las oposiciones y tienen esa estancia en la escuela. Esta formación que hacemos no solamente es una formación jurídica, sino que es una formación en materia de sensibilización y de concienciación, poniendo a los jueces en
situaciones críticas de tener que atender a mujeres que vienen destrozadas y con un relato estremecedor para prepararles sobre cómo deben tratarlas y cómo se les debe tomar declaración. En ese sentido, tanto en la Escuela Judicial como en todas las
guías de criterios de actuación y en las guías de recomendaciones que hacemos para los jueces y juezas se incluyen materiales importantísimos para que haya un trato unánime y homogéneo en todo el territorio nacional a la víctima de la violencia de
género. Por supuesto, también en los juzgados de Familia, donde, por desgracia, también vemos situaciones de violencia que todavía no han sido denunciadas o que nunca se denunciarán. Se trata de una formación evaluada cuantitativa y
cualitativamente. Tienen que saber que a partir de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha incluido una especialidad propia en violencia de género y, al igual que hay jueces especializados en mercantil, en
contencioso-administrativo o en laboral, va a haber jueces especializados exclusivamente en violencia de género. Es como una minioposición dentro de la carrera judicial. Estamos a punto ya de terminar con el proyecto, que necesita un desarrollo
reglamentario y que estamos intentando impulsar a pesar de las dificultades de que estamos en funciones, porque para nosotros es prioritario que empiece a funcionar ya este curso especializado, de tal manera que todos los jueces y juezas que vayan a
formar parte de un tribunal o un juzgado con esta especificidad tengan esta especialidad concreta, que va tener también una parte teórica y una parte práctica de estancia en la propia Escuela Judicial. Aquí se puede ver la modificación legislativa
que se hizo como consecuencia del pacto de Estado. Además, en el artículo 312 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se dice que un juez que quiera acceder a cualquier especialidad -cualquiera, ya sea mercantil, laboral o la que sea- tiene que pasar
por un curso obligatorio preceptivo de perspectiva de género. Tengo que decirles que este curso de perspectiva de género está teniendo un éxito impresionante. Ya son 1374 jueces los que han recibido este curso. Tengan en cuenta que en la carrera
judicial hay 5000 jueces, con lo cual ya tenemos muchísimos, y todavía hay más aspirantes que quieren pasar por estos cursos que, además, son obligatorios. Entendemos que para cualquier jurisdicción es necesario tener esta perspectiva de género.


Otro de los ejes principales del pacto de Estado es la mejora del conocimiento. Como saben, en el Observatorio llevamos desde el año 2003, antes de la Ley Orgánica 1/2004, haciendo estadísticas de todo tipo cada trimestre. Son estadísticas
oficiales, lo que significa que vienen de los propios juzgados. Los juzgados nos aportan esos datos y nosotros los gestionamos. Por eso sabemos cuántas denuncias hay cada trimestre o cada año, cuántas órdenes de protección se han concedido,
cuántas mujeres se han acogido a su derecho a no declarar, cuántas sentencias se han dictado en España, cuántas son absolutorias y cuántas son condenatorias. Es decir, todos los datos lo más escudriñados posible tenemos que publicarlos y ese
esfuerzo de transparencia lo seguimos haciendo; para nosotros es fundamental y cumple con el artículo 11 del Convenio de Estambul. De hecho, la Comisión Nacional de Estadística Judicial, que está formada por el Ministerio de Justicia y por el
Consejo General del Poder Judicial, ya ha modificado los boletines estadísticos para incluir determinados indicadores que se encuentran en el pacto como, por ejemplo, cuántos niños y niñas hijos de víctimas de violencia de género son también
víctimas. Se modificó la ley orgánica en el año 2015 para incluir al menor como víctima directa de la violencia y ya podemos recoger esos datos a través de boletines estadísticos. En el artículo 87 que se modificó de la Ley 5/2018 se encomienda
precisamente al Observatorio esa evaluación continuada y hacer informes sobre cómo se está actuando en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. En ese sentido, el servicio de inspección tiene una unidad especializada en violencia de género, que
son los que van a inspeccionar y hacen las visitas presenciales a los juzgados para ver si se cumplen los estándares que nosotros hemos establecido en el Observatorio y en el Consejo. Elaboran estas estadísticas y estos informes y, además, se hacen
incluso inspecciones a distancia. Como consecuencia de la pandemia, se hacen algunas inspecciones sin presencia física, lo cual es muy muy importante para seguir avanzando para que en todos los juzgados se cumplan requisitos tan importantes como,
por ejemplo, que en las sedes judiciales se tomen todas las medidas para que en ningún momento se confronte a la víctima con el propio agresor. Esto es importantísimo y, en ese sentido, estamos trabajando con las comunidades autónomas para que

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ellas, que tienen precisamente las competencias transferidas en materia de justicia, sepan que en las instalaciones de estos juzgados en concreto es esencial que se cumplan esas normas de distanciamiento entre el agresor y la víctima y que
no haya confrontación.


Hay muchas modificaciones legislativas que están pendientes y yo las voy a ir desgranando, pero es verdad que nuestros órganos judiciales, especialmente la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin necesidad de modificación legislativa ya ha
ido interpretando normas de manera que suponen una implementación importante de estas medidas del pacto de Estado. Entre otros ejes principales del pacto está precisamente la visualización y la atención a otras formas de violencia sobre las
mujeres; ya no solo la violencia en pareja, que es a la que se dedica la Ley Orgánica 1/2004, sino la ampliación del concepto de violencia, tal y como dice el Convenio de Estambul, a cualquier tipo de violencia ejercida sobre una mujer por el hecho
de ser mujer. Nosotros hemos hecho por primera vez un estudio de sentencias dictadas en España de asesinatos de mujeres fuera de la pareja y hemos sacado muchísimas conclusiones. Tendremos que incluir casos tan sumamente desgraciados como el de
Diana Quer, Laura Luelmo; mujeres que fueron asesinadas por ser mujeres, aunque sus asesinos no eran sus parejas, deben ser consideradas víctimas de violencia de género y así lo hemos hecho en nuestros estudios, que los tienen todos en nuestra
página web. Como decíamos, para nosotros es fundamental esa ampliación del concepto. Es algo que queda pendiente, porque no se ha modificado todavía la Ley Orgánica 1/2004 para tener esa ampliación, pero ya se están haciendo estadísticas para que
otras formas de violencia como, por ejemplo, la trata, la violencia sexual fuera de la pareja, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y todo tipo de acoso sexual o acoso por razón de ese género se incluyan también en este concepto.
En ese sentido, a pesar de que aún no se ha producido esa modificación legislativa, nosotros estamos dando pasos adelante.


Asimismo, dice el pacto de Estado que debe introducirse la perspectiva de género en esta legislación. Saben que se ha informado ya en el Consejo General del Poder Judicial la ley integral de los delitos contra la libertad sexual. En el
grupo de expertos estamos haciendo un estudio de sentencias que se han dictado en los últimos años. Creo que hemos recopilado unas doscientas sentencias y el grupo de expertos las va a analizar, como dice el pacto de Estado, para ver cómo ha
evolucionado la jurisprudencia en la aplicación de los tipos penales que actualmente están en el Código Penal y que supongo que se modificarán en los próximos meses. He traído algunas de las sentencias donde se ve ya esa perspectiva de género; son
sentencias muy recientes del Tribunal Supremo. Una habla del abuso sexual y dice el Tribunal Supremo que cualquier acción que implique contacto corporal no consentido es ya abuso sexual. Incluso habla de la parafilia, de ese trastorno, de esos
impulsos que en algunas ocasiones se alega por las defensas de no poder controlar los impulsos sexuales, y el propio Tribunal Supremo dice que en estos casos no deben aplicarse ni las atenuantes ni las eximentes completas o incompletas, porque el
agresor sabe distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo a pesar de tener ese trastorno. Hemos visto sentencias muy conocidas. Esta es la anterior a la tristemente famosa sentencia de La Manada, en la que ya se reconocía que había agresión sexual
en un caso muy muy parecido, pero el agresor era una sola persona, era una mujer que fue agredida sexualmente en un cuarto de baño. Fue importante esta sentencia porque reconoció que la intimidación se puede producir solo por la estancia, esa
intimidación ambiental que suele haber en estos casos de violencia y que suele concurrir en casos como este en concreto, que era una agresión terrible en un cuarto muy muy pequeño y la víctima estaba en una situación de vulnerabilidad extrema.
Igualmente, esta sentencia fue un antes y un después importantísima en nuestro país. Con esta condena se definió exactamente qué es el consentimiento, qué es la fuerza, qué es la intimidación y cómo se debe distinguir el abuso sexual y la agresión
sexual. Respecto a este concepto ampliado de la violencia de género, es verdad que los textos del Congreso y del Senado difieren, puesto que el Congreso sí que reconoce la especificidad de la violencia en pareja y remite a otra legislación integral
esas otras formas de violencia y, sin embargo, el Senado sí que propone la reforma de la Ley Orgánica 1/2004.


Nosotros visibilizamos, tal como dice el pacto de Estado, otras víctimas de la violencia, por supuesto, los menores. Hacemos estudios muy pormenorizados de todos los asesinatos que se producen de menores a manos de sus progenitores y de
menores asesinados por violencia de género, que explicaré cómo lo hacemos, pero también hay veces que estos agresores, que estos asesinos también provocan la muerte de otras personas como pueden ser suegras, parejas actuales de las víctimas, hijos,
amigas, etcétera, y en ese sentido nosotros en nuestros estudios los visibilizamos también. Para nosotros la protección de los menores es crucial, es importantísima y estamos recabando información de todos los juzgados. Desde luego, hacemos
estudios de los asesinatos de niños y niñas por violencia de género, y

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digo por violencia de género porque son asesinados para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una madre y se cometen para maltratar a la madre. Hemos visto tristes asesinatos de niños muy vulnerables que todavía tenían que cumplir
un régimen de visitas con padres condenados por violencia de género por maltratar a su madre desgraciadamente. Nosotros propusimos en el pacto de Estado muchas medidas que todavía no se han implementado porque hace falta reforma legislativa del
Código Penal como, por ejemplo, la imperatividad de la suspensión del régimen de visitas cuando el niño haya convivido, haya sufrido y haya presenciado esas manifestaciones de violencia y cuando haya orden de protección, prohibir las visitas de los
menores a la prisión, etcétera. En fin, hay otras que sí que se han implementado ya, como desvincular la intervención psicológica del menor del ejercicio de la patria potestad, que esto era importantísimo en los juzgados. Tenemos que volver a
repetir, como hacemos en las guías de criterios de actuación y en las recomendaciones que hacemos para los jueces, que el síndrome de alienación parental no puede aplicarse en resoluciones judiciales porque no tiene base científica alguna y, por
tanto, hemos recomendado en todos los órganos judiciales que no se hagan referencias a estos síndromes y todavía quedan algunas reformas en materia de sustracción internacional de menores que están por implementar. Tienen que saber que el Tribunal
Supremo ya ha interpretado que la expresión en presencia de menores, que son los casos en que se agravan las penas cuando se cometen estos delitos de violencia de género, no implica que el menor sea testigo directo, que esté delante en el momento en
el que se produce el hecho, sino simplemente el menor que convive en ese escenario del miedo, como habla el Tribunal Supremo, ya está afectado, ya tiene secuelas psicológicas y ya ese agresor merece una condena superior como dice nuestro Código
Penal.


En nuestra legislación ya en el Estatuto de la víctima se prevé que a los niños hay que tratarlos de una manera específica a la hora de tomarles declaración a través de las salas Gesell, a través del psicólogo, pero hemos hecho en el grupo
de expertos un protocolo específico para la toma de declaración de menores y también para la toma de declaración de las víctimas de violencia de género. En el pacto de Estado se contiene, y también en esta ley orgánica, esta reforma de la Ley
5/2018, la necesidad de reforzar la especialización en el ámbito procesal intermedio, es decir, en los juzgados de lo Penal. Saben que en el ámbito de la instrucción tenemos muchísimos juzgados especializados, 106 exclusivos y 355 que son mixtos,
que tienen competencias en materia de violencia y otras competencias y 33 juzgados de lo Penal y estamos haciendo un esfuerzo enorme para seguir especializando estos juzgados. Precisamente, los juzgados de lo Penal son donde más sentencias se
dictan en esta materia porque las sentencias de las audiencias provinciales son por delitos mucho más graves y, por lo tanto, entendemos que es urgente y necesario. De momento se ha abordado la especialización de 33 juzgados en toda España, aparte
de los 33 que ya tenemos más otros más que necesitaríamos modificar la planta y, por lo tanto, estamos trabajando con el Ministerio de Justicia para que así sea en todos los territorios, para que en todos los territorios haya juzgados
especializados, lo cual significa que el juez, el fiscal y el resto de operadores jurídicos estarán especializados.


Hablábamos de las instalaciones de los juzgados y de la comarcalización a la que se refiere el pacto de Estado. Hemos aprobado en la comisión permanente algunas comarcalizaciones, pero siempre teniendo en cuenta que nunca debe repercutir en
los derechos de la mujer. Es decir, nosotros no podemos comarcalizar para que el juzgado se aleje de la mujer, todo lo contrario, tenemos que intentar que la mujer sienta que el órgano judicial está muy cerca de ella para poder dar ese paso tan
difícil que es denunciar. Por eso, todas las comarcalizaciones que hemos hecho han sido precisamente en partidos judiciales que estaban muy muy cerca y no ha supuesto una merma a la mujer para tener que trasladarse.


Se ha reforzado la prohibición de la mediación. Hemos hecho muchos estudios en el Consejo y también el servicio de mediación del Consejo sigue insistiendo por activa y por pasiva que está absolutamente vedada, absolutamente prohibida la
mediación en el ámbito de la violencia de género y sigue pendiente la modificación de este artículo que quizá sea el que más ríos de tinta está provocando y el que técnica o jurídicamente hablando es el más difícil de resolver. ¿Por qué? Porque el
pacto de Estado dice que hay que intentar evitar los espacios de impunidad que provoca este artículo que, como saben, es el que regula la dispensa de la mujer a no declarar contra su agresor cuando está vigente el vínculo afectivo. Por desgracia,
este artículo es el que provoca la inmensa mayoría de los archivos, de los sobreseimientos provisionales y de las sentencias absolutorias y tiene su sentido. Ya existen muchas sentencias, sobre todo del Tribunal Supremo, que es quien crea
jurisprudencia, que dicen que solo con la declaración de la víctima se puede condenar con una serie de requisitos que debe tener la propia declaración. Pero es cierto que, para romper el principio de presunción de inocencia, muchas veces es

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necesario corroborar periféricamente los hechos que se denuncian. ¿Qué ocurre? Que el maltratador se ocupa de buscar su propia impunidad y en muchas ocasiones se producen estos hechos delictivos en la intimidad del hogar sin testigos y sin
ninguna otra prueba y es difícil llegar a la sentencia condenatoria. Por eso, la declaración de la víctima es tan importante. Claro, debemos ponernos en la piel de la víctima que siente terror, tiene miedo a perder a sus hijos, tiene sentimiento
de culpa porque el propio maltratador les ha hecho saber que ellas son las culpables de lo que les pasa y tienen sentimiento de vergüenza y por eso en muchas ocasiones no quieren denunciar. Yo que trabajo en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer
les puedo asegurar que muchas veces las mujeres me dicen que no quieren declarar porque, mientras ellas están en casa, los golpes los recibe ella, pero cuando se vaya de su casa, ¿quién protege a sus hijos? ¿Quién le asegura que esos niños no van a
recibir los mismos golpes que recibe ella? En ese sentido, por eso es tan importante la información y la formación, que esa mujer sepa que esos niños van a estar protegidos y que hay muchísimas medidas en España para poder sacarlas de ese círculo
de la violencia a ellas y a sus hijos y a sus hijas. En ese sentido, creo que el artículo 416 para todos ustedes va a ser un problema abordarlo porque, si quitamos esta dispensa, ¿qué hacemos? ¿Obligamos a la mujer a prestar juramento y a decir
verdad si está atemorizada? Es complicado. Es complicado. Hay varias tendencias entre los juristas de cómo se debe hacer y está en sus manos abordar este tema tan problemático.


Como decía, estas sentencias del Tribunal Supremo dicen que hay unos matices específicos en la declaración de la víctima, no es cualquier testigo, es un testigo pero que, además, ha sido víctima del delito y, por lo tanto, hay que tener en
cuenta que esa valoración -la valoración judicial, me refiero, como prueba- debe ser exquisita conteniendo una serie de requisitos que ya dice el propio Tribunal Supremo. Por ejemplo, ya nos ha dicho que la tardanza en denunciar los hechos no debe
ser una merma de la credibilidad de la víctima, porque la mujer puede que necesitara reforzarse psicológicamente para dar ese paso tan difícil. Por lo tanto, no debemos ponernos en una situación de pensar que lo que nos están contando no es verdad
porque esa mujer no haya dado el paso inmediatamente o porque no se acuerde de las fechas, por ejemplo. Muchas mujeres no se acuerdan de lo que les ha pasado. Es normal, están viviendo una situación terrible. Si a todos nosotros a veces nos
cuesta trabajo recordar fechas, más todavía a una víctima. Por eso es importante que incluso el Tribunal Supremo haya determinado que no se puede mermar la credibilidad de estas víctimas de violencia de género.


Hay una medida del pacto de Estado -además, fuimos nosotros quienes la propusimos- que elimina el elemento subjetivo. En determinadas audiencias -cada vez menos, porque el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en ese sentido- se exige que
en los casos de violencia de género se acredite que el hecho se cometió con la intención de discriminar, con la intención de machacar a la mujer, con esa intención machista de discriminarla y de machacarla. El Tribunal Supremo ya ha dicho que no es
necesario aplicar ese elemento subjetivo porque no está en el tipo penal realmente. Por eso propusimos que en esos tipos penales se incluyera el auto del Tribunal Supremo, donde se descarta la necesidad de este elemento subjetivo, que se convierte
a veces en una prueba diabólica, para que se deseche y no tenga que acreditarse en los órganos judiciales.


Otra sentencia del Tribunal Supremo en la que se ve esa perspectiva de género es una muy reciente que dice que en una agresión mutua entre una pareja la acción de él siempre va a ser violencia de género, siempre, siempre; la acción de ella
será violencia doméstica, pero la de él siempre será de género. Ahí es donde hago la propuesta de reforma de los artículos del Código Penal que se refieren a violencia de género para que no se aplique ese elemento subjetivo.


El pacto de Estado habla de la agravante de género en ese sentido. Nosotros hemos hecho un estudio -lo hemos adjuntado a la documentación que les hemos remitido- sobre cómo se aplica la agravante de género. Tienen que saber que ya se
aplica en todas las sentencias por asesinato, pero el Tribunal Supremo ha dicho que también debe aplicarse a toda violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer y no solamente en la violencia de pareja. Por eso, al magistrado ponente de esta
sentencia le concedimos el premio del Observatorio hace unos años.


Hemos pedido que se elimine la atenuante de confesión y de reparación del daño, que todavía está pendiente del Código Penal, en los casos de asesinato. ¿Por qué? Porque hemos estudiado que muchas sentencias estiman estas atenuantes de
confesión y reparación del daño, lo que a veces supone un beneficio para el condenado de tres y cuatro años de penas privativas de libertad. Hemos visto que en estos asesinatos la confesión se convierte en un acto de jactancia, en un acto de
reivindicación, y entendemos que eso no puede favorecer al penado. Por eso lo hemos pedido, aunque está pendiente todavía. Aquí tengo un gráfico en el que podemos ver cómo el 37 % de las sentencias por asesinato

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aplican esta atenuante. Claro, evidentemente, está en el Código Penal y se aplica por los órganos judiciales.


¿Qué ocurre con los quebrantamientos? Los quebrantamientos de las medidas de protección en nuestro país son muy comunes y por eso en el pacto de Estado se propone la reforma del artículo 57, para que siempre haya consecuencia cuando haya
quebrantamiento. Es más, que no haya ninguna consecuencia penal para una mujer que permite, que consiente un quebrantamiento. En principio, yo he tratado de ponerme en la piel de una víctima de violencia de género que está atemorizada y que,
claro, es posible que consienta un quebrantamiento. En este sentido, repetimos siempre hasta la saciedad en todas las recomendaciones que ese quebrantamiento consentido no pude tener ninguna consecuencia negativa para la mujer, ni como cooperación
necesaria ni de ninguna manera. Hemos visto que la reincidencia es una de las circunstancias agravantes que más se aplica, junto con el parentesco, y todavía queda mucho por hacer en el ámbito de los programas de reeducación de maltratadores.
También está en el pacto de Estado, pero es necesario que sean preceptivos para que realmente se apliquen y tengan su efectividad, que realmente la tienen.


Otra medida es la preceptividad de la pena de prohibición de acercamiento y comunicación y de porte de armas en todas las condenas, en todas las sentencias condenatorias. El Tribunal Supremo se pronunció en este sentido en el año 2018. Y
en cuanto a la libertad vigilada, nosotros propusimos que hay algunos momentos de vulnerabilidad de la víctima cuando se dicta la sentencia condenatoria y todavía no es firme. En fin, no solo como medida cautelar, sino también como medida después
de cumplir la pena, es importante que se pueda aplicar esta libertad vigilada.


Tengo que decirles que el proyecto de dispositivos electrónicos, las famosas pulseras, están siendo un ejemplo de éxito en la protección de las víctimas de violencia de género. Hemos elevado el número de dispositivos electrónicos en los
últimos siete años. Había una media de setecientos y en este momento tenemos -creo- 2226 dispositivos impuestos en España por violencia de género. Son mujeres que están salvando sus vidas. No hemos sufrido ningún asesinato con un dispositivo
electrónico. Es un éxito de tal calibre que nos están imitando legislaciones de nuestro entorno. De hecho, el año pasado vino una delegación de Francia porque querían incluir en su legislación la posibilidad de esos dispositivos electrónicos, algo
único en muchos países del mundo. Desde luego, tenemos que felicitar a la Delegación del Gobierno por haber implementado esta medida tan extraordinaria y a todos los jueces y juezas de España, que cada vez van poniendo más dispositivos, lo que
supone una mayor seguridad para la víctima y desincentiva a los propios maltratadores de acceder a ella ya que tiene un sistema de alarma vía satélite muy sofisticado. Y felicito también a todas las personas que trabajan en el grupo Cometa, que
vigilan cada día estas órdenes de protección.


Voy terminando. Quiero llamar la atención sobre un par de medidas que quedan por implementar. Una que nos afecta a nosotros como Administración de Justicia, como carrera judicial directamente, se refiere a un plan para la efectividad de
las órdenes de protección. Todas las órdenes de protección que se dictan en España aparecen cada trimestre en los boletines estadísticos. Cada vez el porcentaje de medidas adoptadas es mayor. Se llega a adoptar hasta un 70 o un 75 % de las
órdenes de protección que se piden, lo cual es un éxito de la Administración de Justicia. Y dice el pacto de Estado que se debería incluir en el artículo 544 ter, que regula las órdenes de protección, un listado no cerrado de criterios de
referencia para esta situación de riesgo, para impedir que disminuyan las órdenes de protección. Los grupos de expertos hemos elaborado una serie de condiciones que son las que normalmente suelen adoptarse en los juzgados para dictar una orden de
protección: la existencia de una condena previa, la existencia de una orden previa de alejamiento, la existencia de un parte de sanidad, testigos, etcétera. En ese sentido, en el Consejo hacemos también un seguimiento de los casos de denuncias
cruzadas. Hemos recomendado que es necesario cribar la razonabilidad de la denuncia cruzada. En ocasiones, el propio investigado denuncia que la denunciante le ha agredido a él y nosotros recomendamos que no se automatice que a ella se le tome
declaración como investigada, sino que se vea si ha habido una legítima defensa, si el médico forense puede determinar que las lesiones que tiene él son por legítima defensa, como normalmente ocurre y como se interpreta muchas veces por el Tribunal
Supremo. La mujer no tiene que demostrar heroicamente que no responde ante una agresión. En ese sentido, los órganos judiciales cada vez tienen más conciencia de que no se pueden automatizar esas denuncias cruzadas. Tienen todas las guías de
criterios de actuación y de recomendaciones en la documentación que les hemos enviado.


Hay alguna otra medida importante, como la remisión de las denuncias que se realizan por comparecencia en los juzgados al sistema VioGén. Tengo que decirles que este sistema también está

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resultando un enorme éxito, único en el mundo. Es el sistema informático que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nosotros hemos colaborado con ellos en la última reforma de la secretaría de Estado, en la última
instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad para el protocolo de valoración policial del riesgo. Hemos analizado todos los asesinatos que se han producido en los últimos años en España y de ahí se han sacado indicadores de vulnerabilidad
como, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los asesinatos ocurren en el domicilio, que ocurren en los momentos de crisis de pareja, cuando la mujer verbaliza que quiere dejar la relación -ese es un momento crucial-, o bien cuando la mujer inicia
una relación con otra persona. Hemos visto que la maternidad es un indicador de vulnerabilidad enorme. La inmensa mayoría de las mujeres asesinadas eran madres y madres de niños menores de edad. También es un indicador de vulnerabilidad vivir en
una población inferior a 100 000 habitantes. El 73 % de los asesinatos se producen en poblaciones rurales, por lo tanto, la ruralidad también es un indicador de vulnerabilidad enorme. Todos estos indicadores que hemos sacado se han tenido en
cuenta en los protocolos de valoración policial del riesgo, que cada vez funciona mejor. Tengo que felicitar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia, que han puesto en marcha este protocolo sanitario de valoración urgente del riesgo
y que era necesario para complementar esa valoración policial del riesgo.


Por último -y voy terminando-, hay que modificar el Código Penal para tipificar la ciberdelincuencia de género de una forma un poco más específica. Estamos viendo que las redes sociales y los medios de comunicación social son caldo de
cultivo para las víctimas de violencia de género. Se ejerce muchísimo control y muchísima violencia. Yo, como letrada de la Administración de Justicia, me dedico prácticamente en todas las guardias a hacer cotejos de wasaps, de correos
electrónicos, de Instagram y de todas las redes sociales, donde, por desgracia, se comete violencia de control, amenazas, violencia psicológica. Es terrible. Hay algunos tipos penales que resultan difíciles de encajar, por ejemplo, la suplantación
de identidad. Por eso hemos pedido que se incluya también en el Código Penal, así como otras medidas que se refieren a las indemnizaciones y a la eliminación de la exigencia de fianza. La integración informática de datos ya es una realidad. En
los juzgados ya tenemos conexión directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de sistemas informáticos, lo cual ha supuesto un paso adelante enorme. Estábamos notificando las órdenes de protección por fax a la policía.
¡Imagínense qué inseguridad jurídica tan grande! Ahora se hace por vía telemática y es inmediato. Los datos de las circunstancias por las que pasa la mujer tienen que ir entre las diferentes instituciones de forma absolutamente inmediata.


Por último y para terminar, tienen ahí el informe que hemos hecho sobre los 1000 asesinatos por violencia machista. Aquí nos han felicitado a la entrada por este estudio. Ha sido un esfuerzo enorme. Hemos sacado las 1000 fichas, 1000,
para hacer un homenaje a todas estas mujeres que han muerto por violencia machista para aprender, para hacer autocrítica, para saber qué más tenemos que hacer para evitar estos asesinatos terribles. Porque nuestro objetivo -y que tiene que ser el
de todos y todas- es evitar los asesinatos, que haya cero víctimas de la violencia de género. Y, en ese sentido, nos hemos comprometido dentro del Consejo General del Poder Judicial y en todas las instituciones que forman parte del Observatorio
para llegar a ese objetivo.


Tengo que decirles que seguimos haciendo reuniones de coordinación con la Delegación del Gobierno, con la Fiscalía General del Estado y con el Ministerio del Interior para que las cifras de las víctimas de violencia de género estén
absolutamente coordinadas. Esto parece muy frío y es frío, porque hablar de cifras cuando estamos hablando de vidas humanas es terrible, pero es importantísimo porque España es el país que tiene una estadística más profesional, más eficaz y
necesaria, porque tenemos que poner negro sobre el blanco qué es lo que está pasando para poder tomar medidas -que están en sus manos, señorías- para que estos asesinatos no vuelvan a ocurrir nunca más.


Con esto ya termino. He incluido otras sentencias donde se ve ya esa perspectiva de género. De hecho, hay dos sentencias que se acaban de dictar esta semana, una se refiere al maltrato habitual y otra se refiere al impago de pensiones, que
ya el Tribunal Supremo lo ha considerado como violencia económica. Es la sentencia 239/2021, de esta misma semana, que ha sacado el Tribunal Supremo. Felicitamos a la Sala Segunda por este esfuerzo, por seguir intentando que los criterios que se
impongan y que se van a imponer a todos los órganos judiciales tengan esa perspectiva de género que es la que necesitamos en nuestro país.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Carmona, presidenta del Observatorio. Te agradezco la exposición tan completa que has hecho esta mañana en esta Comisión, pero le vamos a dar

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paso a los grupos parlamentarios que tienen cinco minutos ahora y tres minutos de réplica en el siguiente turno, si consideran oportuno intervenir.


Comenzamos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. La señora Martínez tiene la palabra.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidenta.


En primer lugar, agradezco a la compareciente su presencia porque creo que ha sido una comparecencia muy interesante, ha aportado muchísimos datos.


Sabemos que han transcurrido quince años desde la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género en nuestro país y, sin embargo, seguimos teniendo muchísimas víctimas cada día, muchísimas mujeres que fallecen a manos de su pareja e
incluso a manos de hombres -como ha comentado la compareciente- que no son sus parejas. A pesar de que somos conscientes de los grandes avances que se han realizado, creemos que todavía queda mucho por hacer para acabar con esa violencia
estructural. Quizás ese dato que ha comentado de la relación, por ejemplo, del mundo rural con la vulnerabilidad. Yo quisiera saber si hay posibilidades de ver esos números o de ver cómo acceder o cómo mejorar, porque si ya es difícil en un
entorno como una ciudad, en el mundo rural hay muchísimos menos servicios y tienen menos personal especializado en algunos casos. Por tanto, hay que trabajar mucho y me ha parecido muy interesante esa reflexión y ese dato que nos daba.


En relación con los compromisos adquiridos por parte de las distintas administraciones públicas y, en particular, la Administración General del Estado, el Gobierno de España sigue teniendo muchas tareas pendientes, en particular caben
destacar muchas medidas que están previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que siguen pendientes de desarrollar. Aquí ha comentado que hay unas reformas legislativas pendientes que ayudarían a desarrollar esas iniciativas que
todavía no se han puesto en marcha. Hablamos de plazos, hay unas prioridades, ¿qué reformas se van a hacer antes y cuáles cree que serían más interesantes para centrarnos y que mejoraran todos los problemas y deficiencias que siguen teniendo?


Nuestro grupo parlamentario presentó en el Pleno del Senado hace muy poco una mejora de la legislación en vigor. Nuestra ley preveía un plan de acompañamiento y asesoramiento personalizado que contemple la asistencia a la víctima y a sus
hijos y a las personas sujetas a su tutela o a su guardia y custodia ante la interposición de denuncias y durante todo el procedimiento judicial. También se extendían las prohibiciones recogidas en el artículo 83 del Código Penal, como las de
acercarse a la víctima o establecer contacto con ellos. Son muchas medidas que venían en esa proposición de ley, pero nos encontramos con una falta de apoyo, sobre todo de los partidos que sustentan al Gobierno, aunque sí que es cierto que a veces
falta ese consenso y quizá tenemos que reevaluar qué necesidades tenemos y si el Gobierno tiene prevista una ley o medidas suficientes para evolucionar un poco más rápidamente en estas deficiencias que todavía siguen existiendo y medidas que no se
han implementado.


Otra pregunta es en qué medida ha condicionado al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no se haya desarrollado en su totalidad en el contexto del COVID-19. Yo
creo que la violencia de género es un problema que ya existía, pero que se está agravando y que ha tenido muchísimos problemas durante el COVID. Se ha comentado ya muchísimas veces, tanto en Pleno como en comisiones relacionadas con este tema. Los
números son abrumadores y existe la solución que se aportó de hacer ese manual de protección a la mujer. Nos gustaría que valorara las medidas que se adoptaron en esa guía para mujeres víctimas de violencia de género durante el confinamiento, que
valore esa guía, si cree que es adecuada, si funciona. Porque, dado que todavía esta crisis sanitaria no ha terminado, queremos saber qué valoración le merece.


También queremos que valore el Real Decreto 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Sabemos que hay un problema estructural con el que se está trabajando,
pero también creo que en estos momentos hay que hacer hincapié en que las mujeres quizá se encuentran en una posición de más vulnerabilidad dado ya no se acude al trabajo de la misma manera y el contacto con el resto de personas que pueden
auxiliarlas o ayudarlas es menor. Por eso nos gustaría que hiciera una valoración. Asimismo, qué medidas pueden adoptarse en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a nivel judicial para mejorar la detección de los casos de
violencia de género en el entorno rural, qué papel juegan ahí las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si tenemos suficientes medios. Quisiera que nos explicara un poco más este tema.


Muchísimas gracias por su comparecencia.

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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora María Carvalho.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a la señora presidenta por su comparecencia. Desde luego, es espeluznante lo que está pasando y le agradecemos su comparecencia y su exposición.


Desde el Grupo Parlamentario Republicano queremos traer hoy aquí, a esta Comisión, una mirada multidisciplinar sobre la violencia de género entre las mujeres inmigrantes, sobre todo entre las mujeres inmigrantes que se encuentran en una
situación de irregularidad administrativa. Creemos que este tema debe ser abordado obligatoriamente en diversos ámbitos, como la primera acogida, la atención psicosocial, en el ámbito jurídico y judicial, en el ámbito educativo, laboral, sanitario,
medios de comunicación, policial, etcétera, algo en lo seguramente usted me dará la razón. Lamentablemente, los datos sobre la violencia machista -porque, desde mi punto de vista, es violencia machista- son, como he dicho antes, espeluznantes,
alarmantes, pero debemos reconocer también que los mecanismos de denuncia aún son insuficientes para muchas miles de mujeres que están en situación de invisibilidad básicamente por el sistema. Y lo explico. Hablo de mujeres inmigrantes que están
casadas o están en pareja de hecho con nacionales españoles o europeos y que por miedo -repito, por miedo-, por desconocimiento, por insuficiente aceptación del sistema, no formalizan la denuncia, y usted seguro que conoce muchísimos casos.


La legislación, obviamente, es un referente, lo acaba de explicar usted, y estamos muy de acuerdo, pero la aplicabilidad de la ley no está diseñada tristemente para la diversidad de los perfiles de las mujeres, para la diversidad de las
formas en las que la violencia se plantea en la sociedad. Por ejemplo, muchas mujeres de diferentes orígenes que son víctimas de violencia machista regresan a sus países de origen sin denunciarlo por miedo y también por la falta de información.
Pongo un ejemplo. Hay una asociación en Cataluña que se llama Casa da Gente, que es una asociación de mujeres brasileñas que hace acompañamiento de mujeres brasileñas víctimas de violencia machista, y solo el año pasado acompañó a tres mujeres a
regresar a Brasil, que no querían básicamente por todo esto que le acabo de explicar.


Muchas mujeres inmigrantes no lo denuncian porque la acogida a las víctimas pone la denuncia como punto de partida. Esto es terrible, aunque no lo parezca, pero para una parte de las mujeres, que son las mujeres inmigrantes y sobre todo las
mujeres inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, es una gran opresión, porque no se da tiempo a que estas mujeres sean acogidas y orientadas y, a partir de ahí, se llenen de valor -porque es valor-, de coraje, para dar el paso y
hacer la denuncia. Asimismo, muchas mujeres no lo denuncian porque, tristemente -y aquí voy a una parte muy importante de su ponencia-, una enorme parte del funcionariado no está preparado para una acogida humana y un pensamiento desde la
perspectiva de la víctima, ¡de las víctimas!, porque hay una pluralidad inmensa de víctimas.


Es importante resaltar también, y estoy completamente de acuerdo con usted, que uno de los ejes principales del pacto de Estado es la formación. Necesitamos formación intercultural para conocer la diversidad de las mujeres que sufren
violencia machista. Muchas mujeres no lo denuncian porque los juristas del ámbito de acogida de las víctimas afirman tristemente -y abro comillas- no disponer de suficientes elementos, ya que muchas de las violencias no tienen fácil identificación
y comprobación. Esto es ipsis litteris. Muchas mujeres inmigrantes, vuelvo a decir, sobre todo las inmigrantes sin papeles, no lo denuncian porque temen perder sus papeles, sus solicitudes de residencia, la custodia de sus hijos e hijas y no tener
un lugar donde vivir.


Existe realmente una complejidad de factores a mejorar para que la ley se pueda aplicar a todas, todas las mujeres con todas sus especificidades, según nuestro punto de vista. Para que los datos reflejen realmente...


La señora PRESIDENTA: Señora Carvalho, tiene que ir terminando.


La señora CARVALHO DANTAS: Me quedan solo dos líneas.


Para acabar. Hay un tema que tristemente está muy silenciado, que es el artículo 132 de la Ley 4/200, de extranjería, que es el relativo a las denegaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo para las mujeres y también para sus
hijos cuando la sentencia no es condenatoria, y sabemos perfectamente -usted seguramente más que yo porque trabaja más el tema- que la subjetividad de una sentencia de estas características es enorme. ¿Cómo podemos cambiar esta realidad?


Muchísimas gracias por su comparecencia.

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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Carvalho.


Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también a la señora Carmona.


La verdad es que ha sido muy interesante escuchar la ponencia y saber qué es lo que se está haciendo dentro del Consejo General del Poder Judicial y del trabajo que está haciendo el Observatorio para poder valorar mejor cuáles son las
consecuencias de las violencias machistas que sufrimos las mujeres y qué es lo que podemos hacer desde las instituciones, pero no solamente desde las instituciones, sino desde todos los ámbitos de la vida, por parte de toda la sociedad, para poder
eliminar, acabar con esta violencia que sufrimos las mujeres solo por el hecho de serlo.


Me han parecido muy interesantes las cuestiones que ha comentado sobre la formación, sobre la introducción en el temario de las oposiciones de la carrera judicial, de esa formación jurídica, la sensibilización y la concienciación. Pero creo
que también es importante que salgamos del ámbito judicial y que esa formación también forme parte de otras funciones como, por ejemplo, las funciones policiales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, también en todos los ámbitos de la
Administración, desde los más altos cargos hasta los funcionarios de otros rangos. Es importante no solamente esa formación -que creo que va a ayudar mucho también para esto que voy a decir-, sino que las mujeres también formemos parte de los
órganos de dirección de la carrera judicial. A día de hoy estamos viendo que en las oposiciones entran cada vez más mujeres que hombres en la carrera judicial, que estamos más o menos igualadas en los cuerpos de esa carrera judicial, sin embargo,
por poner solo un ejemplo, en el Tribunal Supremo hay catorce mujeres en el órgano de dirección frente a sesenta y un hombres. Esto es algo también muy importante.


Con respecto a las cuestiones específicas de la violencia, me voy a centrar sobre todo en la violencia fuera de la pareja, puesto que es algo que todavía nuestra legislación no recoge bien porque estamos todavía ante una legislación que
supone que hay víctimas de primera y víctimas de segunda respecto de las violencias machistas por el simple hecho de sufrir la violencia fuera del ámbito de la pareja. La macroencuesta que se realizó y que se expuso hace unos meses sobre violencia
de género nos viene a decir que una de cada dos mujeres hemos sufrido en algún momento violencia machista. Yo hoy voy a decir, porque creo que hay que decirlo sin tapujos, que también he sufrido violencia machista dentro del ámbito de la pareja y
también fuera, y creo que es importante que empecemos a decirlo claramente, que empecemos a vencer ese miedo, que empecemos a vencer ese silencio, esa vergüenza. Mi familia no lo sabe, pero yo lo he sufrido, al igual que otras muchas mujeres, y
esto hay que normalizarlo y hay que empezar a decirlo porque es el primer paso para poder salir de ello. (Aplausos).


Esta macroencuesta también nos dice que el 99,6 % de mujeres que sufren violencia fuera del ámbito de la pareja la sufren a manos de un hombre y que, además, el 44 % la sufren dentro de sus casas. Es decir, la sufren sobre todo por personas
conocidas; personas conocidas significa aquellas personas con las que deberían sentirse seguras: amigos, familiares, conocidos, vecinos... Estas mujeres, que creíamos que en esos ámbitos, al menos, íbamos a estar seguras, que estábamos dentro de
nuestra casa con gente que conocíamos, incluso así, somos violentadas; incluso así, somos violadas e incluso así, sufrimos la violencia machista.


De ahí la importancia de lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad y de lo que está haciendo este Gobierno, en dos sentidos: por un lado, en el sentido de aumentar en los Presupuestos Generales del Estado hasta el 21 % el presupuesto
destinado a la lucha contra la violencia de género: 113 millones de euros para las comunidades autónomas -como usted bien ha dicho, muchas de estas competencias las tienen las comunidades autónomas- para que puedan hacer sus trabajos; 20 millones
para las entidades locales, y 18 millones para las familias y otras instituciones, así como asociaciones que trabajan contra la violencia machista. Yo soy andaluza y, por desgracia, tengo que decir que el Gobierno andaluz ha cedido ante la
ultraderecha, ante el negacionismo de la violencia machista y cada vez está destinando menos fondos a acabar con la violencia machista.


Y para terminar, otra de las patas importantes -es importante decirlo- en la que se está trabajando desde este Gobierno y desde el Ministerio de Igualdad es incluir la violencia sexual en un marco más amplio de las violencias machistas;
pasar del 'no es no' actual, al 'sí es sí'; pasar a que la libertad de las mujeres sea el centro y eliminar esa distinción que hay entre agresión y abuso, porque, como decía al principio, no puede haber víctimas de violencia de primera y víctimas
de violencia de segunda, porque

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muchas mujeres, por el hecho de ser mujeres, muchas de nosotras -de hecho, una de cada dos- hemos sufrido violencia machista y hay que acabar con ello.


La señora PRESIDENTA: Señora Franco, tiene que ir terminando.


La señora FRANCO CARMONA: Por tanto, este concepto la legislación también tiene que recogerlo. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Franco.


Tiene el turno el Grupo Parlamentario VOX, señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias, señora presidente.


Gracias, señora Carmona, por su comparecencia. Tengo muchísimas preguntas que hacerle. En primer lugar, ha mencionado que todos los servicios del Consejo General del Poder Judicial no han parado y no paran de trabajar en violencia de
género, y me gustaría que me dijera si en otro tipo de violencia también trabajan todos los niveles del Consejo General del Poder Judicial.


Ha explicado los cursos que se dan sobre violencia de género a la carrera judicial y fiscal, a funcionarios, a médicos y a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y le quería preguntar si cree que, de verdad, necesitan esa formación tan
específica e ideológica. Ha explicado que para que cualquier juez llegue a cualquier especialidad tiene que haber hecho un curso en perspectiva de género, y planteo si les parece normal que un Gobierno imponga a los profesionales -en este caso, a
los jueces- un curso de carácter ideológico. Imagínense ustedes que VOX, que les horroriza, estuviera en el Gobierno y obligara a los jueces a hacer un curso con equis contenido ideológico. Dirían que es adoctrinamiento y que es una injerencia
intolerable en la independencia del Poder Judicial. Pues quiero que prueben a darle la vuelta para que sean conscientes del adoctrinamiento que supone esto.


Ha hablado de que están haciendo estudios sobre otras personas afectadas por la violencia de género, como niños, padres, etcétera, y le querría preguntar si estos estudios también existen si el agresor es una mujer. Ha mencionado que la
mediación está absolutamente prohibida en los casos de violencia de género y me gustaría saber por qué. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.-Una señora diputada: Un poco de respeto, ¿no?, señora presidenta).


Sobre la presunción de inocencia, me gustaría que me diera su opinión sobre que, en principio, a causa de la Ley Integral contra la Violencia de Género se viola la presunción de inocencia de los hombres sistemáticamente. Además, últimamente
lo hemos visto de una forma flagrante porque, a raíz de las declaraciones de un personaje famoso en televisión, hablando de violencia de género y de que ella se considera víctima -que yo no entro en si es verdad o no, porque yo no lo sé-,
determinadas autoridades públicas han manifestado que están de acuerdo con ella y, por lo tanto, que la persona, en este caso el hombre, al que esa famosa denunciaba es un agresor. ¿Cree que es responsable que las autoridades públicas violen la
presunción de inocencia de esa manera pública?


Además, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, cada vez que una mujer es asesinada, presuntamente, por violencia de género -presuntamente; no hay sentencia-, ya dice que esa mujer ha sido asesinada por violencia de
género, con lo cual, socialmente, se condena al hombre que era la pareja de esa mujer. ¡Pero es que no hay una sentencia y ya se le está poniendo en la picota al hombre, que a veces será verdad, pero otras veces se ha demostrado que no es verdad!
¿Qué le parece a usted esta violación de la presunción de inocencia constante?


También ha hablado del síndrome de alienación parental. Usted no cree que sea cierto y quieren prohibir que se considere en cualquier caso. Veo que les da igual que el síndrome de alienación parental esté incluido en el informe de la OMS,
en la CIE-11 y en la Real Academia Nacional de Medicina. Pero ni siquiera voy a opinar si hay un síndrome o no hay un síndrome, ni siquiera voy a entrar en eso. La alienación parental existe; hay padres que manipulan a los hijos contra el otro
padre. Eso es un hecho. ¿Por qué no quieren tener esto en cuenta? Porque, el otro día, en el ejemplo que he puesto antes, la persona que salía en la televisión acusando al padre de sus hijos de ejercer alienación parental contra ellos, ahí todos
se lo creyeron, pero luego no quieren considerar la alienación parental. ¿Por qué? Me gustaría saber por qué, si creen que existe o no.


También le tengo que mencionar las denuncias falsas, porque los datos que nos dan son falsos. La Fiscalía solo informa cuando la acusación por malos tratos ha llegado a juicio por violencia de género, cuando la Fiscalía ha retirado la
acusación después del juicio y cuando la procesada ha sido acusada y

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condenada en el mismo año; si ha sido condenado en otro año eso no cuenta como denuncia falsa. Solo se cuentan las denuncias falsas de las audiencias provinciales, que usted sabe mejor que yo que ahí llega nada más que un 0,26 % del total
de las denuncias por violencia de género. ¿Por qué no nos dan los datos de todas las denuncias falsas? ¿Por qué solo nos dan los datos de algunas? Quería preguntarle qué le parecería que se dedujera testimonio en cuanto una denuncia por violencia
de género se archiva...


La señora PRESIDENTA: Señora Toscano, debe terminar.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Enseguida termino.


Y si cree que, en general, la Ley Integral contra la Violencia de Género respeta la igualdad ante la ley y respeta la presunción de inocencia. Al final, las víctimas no se están reduciendo. En el gráfico que nos ha puesto antes se ve
perfectamente; no se reducen. Y me gustaría preguntarle, y enseguida termino, si van a hacer algún tipo de autocrítica, porque se ve que la Ley Integral contra la Violencia de Género no funciona, y si cree que podríamos hacer algo por las mujeres
que no se atreven a denunciar, que no saben qué va a pasar con sus hijos, las mujeres que son víctimas de verdad y a las que hay que proteger. ¿No cree que todos esos fondos que acaban en asociaciones y en chiringuitos deberían destinarse a ayuda
directa a las víctimas para que así las víctimas reales sepan que tienen una opción y una posibilidad de futuro y se atrevan a denunciar?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: El siguiente turno es del Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra la señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, señora Carmona, por su muy completa y, como siempre, comprometida intervención y, además, por habernos facilitado previamente múltiples datos y documentos que nos permiten resumir mucho trabajo hecho a lo largo del tiempo.


Quiero tener un recuerdo inicial -si me lo permite- a mis compañeras y compañeros que trabajaron muy intensamente en este Congreso de los Diputados en el Pacto sobre Violencia de Género. Creo que ha sido un hito y que debemos seguir
trabajando ese pacto de la mejor manera posible, de la forma más ordenada posible, porque eso contribuirá siempre a favorecer la lucha contra esta lacra que existe, que es real y que, si se niega, es porque no se quieren ver los datos, lo que no
quiere decir que no existan otras violencias, que no existan otros problemas y otros retos a los que también tenemos que dedicar tiempo.


Quiero hacer un reconocimiento a magistrados, jueces, letrados y fiscales, todo el personal de la Administración de Justicia que de forma tan injusta recibe en ocasiones, y por quien no debe hacerlo, unos ataques que resultan absolutamente
injustificados; un reconocimiento personal y de mi grupo, porque me consta el esfuerzo que dedican a la violencia de género.


Ha dicho usted muchas cosas y hay muchas cosas escritas; por tanto, como tengo el tiempo que tengo, voy a elegir algunas de las cuestiones. En la propia documentación que usted nos presenta, y aquí lo ha hecho en la exposición y en las
diapositivas, señala qué reformas normativas o qué instrumentos habría que implementar a partir del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en su versión Congreso y en su versión Senado, Cortes Generales, y cuáles faltan. ¿No cree usted que
sería mejor -porque la sobreinformación, que cada uno de los ministerios intente en cada momento querer poner una pica en Flandes, solo contribuye a retrasar, a desordenar y a complicar algo que está en el pacto- establecer unas prioridades que
están ahí y que ustedes señalan en sus memorias, en el Consejo y también en el Observatorio, y hoy nos lo ha vuelto a decir? Algunas son imprescindibles. ¿Por qué no hacer eso?


Tenemos un ejemplo clarísimo en el anteproyecto de ley integral de garantía de la libertad sexual. Se hace algo que supone una tendencia muy moderna -muy moderna-, pero absolutamente incorrecta desde nuestro punto de vista, y es pensar que
lo que uno conoce es lo que existe y negar que existen otras cosas. Esto en un discurso político puede ser más o menos divertido, puede llevar a portadas de periódico, a un tuit ingenioso, pero estamos hablando de víctimas, estamos hablando de
delitos, estamos hablando de normas jurídicas y, por tanto, frivolizar a la hora de construir las normas, duplicar normas, empeorar las que ya existen, desconocer lo que se viene aplicando, denigrar el trabajo que se hace en los tribunales, nos
lleva a lo que yo siempre expliqué a mis alumnos, y es que cuando tengas que decidir sobre la valoración de una norma, piensa primero qué ocurriría si te la tienen que aplicar a ti. Me gustaría que dijera eso, porque claramente en este anteproyecto
el Consejo se ha pronunciado con un informe

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contundente y pone de manifiesto que hace lo contrario de lo que habían reclamado, por ejemplo, frente a sentencias como la de La Manada o tantas otras, porque no reconocen la existencia de que el consentimiento es un concepto jurídico; se
puede desarrollar de una manera o de otra, pero no se puede ir contra la presunción de inocencia, no se puede ir contra el principio de taxatividad, porque eso perjudica a las víctimas y a la sociedad, perjudica a la democracia.


Me gustaría que me dijera cómo ven desde el Observatorio que ha afectado esta pandemia a las víctimas de violencia de género. Me gustaría que profundizara en algo que está en su informe, en su intervención, y que es muy grave -y esto se
viene diciendo en el informe de la Fiscalía General y se viene diciendo en el informe del Consejo General del Poder Judicial-, y es el impacto de las redes sociales, las nuevas formas de violencia a través del ciberespacio y de las redes sociales.
Me gustaría que incidiera un poco más en qué consecuencias tenemos que tener en cuenta, si hay que modificar algunas visiones -termino enseguida, presidenta- del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con estos indicadores del informe 1000
-ha señalado algunos- y si de ahí tenemos que sacar conclusiones de qué no hacer o de qué hacer. La última -en este momento- es qué desarrollo, y si es bueno o malo, está teniendo la orden de protección europea respecto a las víctimas de violencia
de género. En la dúplica diré alguna cosa más.


Muchas gracias, presidenta, por su cortesía. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


El siguiente turno, la señora Guinart, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora GUINART MORENO: Gracias, presidenta. Buenos días.


Quiero agradecer a la señora Carmona su presencia y su intervención hoy aquí, en el Congreso. Compareció usted en la Cámara el mes de junio del año pasado ante el entonces grupo de trabajo de política social de la Comisión de
Reconstrucción. Allí ya nos puso en alerta sobre algunos aspectos relacionados con la incidencia de la violencia de género durante la pandemia, cuestiones como la persistencia, incluso la agudización de la violencia machista a pesar de la bajada de
las denuncias, o cómo el hecho estadístico de que la mayoría de asesinatos, como hoy ha reiterado, se producen en poblaciones de menos de 150 000 habitantes. Comentó ya entonces el temor de que los juzgados se colapsaran tras la desescalada, dado
el repunte de denuncias una vez superado el confinamiento estricto, y avanzó las líneas generales del plan de choque para la justicia con medidas específicas para los juzgados de violencia de género. Quería, pues, en primer lugar, saber si existe
ya una primera evaluación sobre la situación en estos juzgados y la eficacia de las medidas de ese plan, que incluye el impulso de la Oficina de atención a las víctimas o herramientas para su acompañamiento en el proceso judicial.


Respecto a los protocolos de valoración forense y a las unidades forenses de valoración integral, nos preocupa la desigual implantación y dotación en las distintas comunidades autónomas. Queríamos saber también si tiene datos concretos al
respecto y, de igual manera, sobre el impulso de las videograbaciones como prueba preconstituida, un extremo que evita la revictimización de las mujeres. Estamos convencidas de que todas estas medidas ayudan a las víctimas a tomar una decisión que
no es nada fácil, interponer una denuncia contra su maltratador, pero en el 85 % de las sentencias no constaban denuncias previas. Es evidente que tenemos una asignatura pendiente, que las mujeres denuncien más y que lo hagan con plenas garantías
de protección, de acompañamiento, de asesoramiento y con toda la información que necesitan para dar ese paso.


El anteproyecto de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, aprobado por el Gobierno a finales del pasado año, contempla una modificación, creo que además muy adecuada tanto en la forma como en el fondo, del artículo que ampara el derecho a
no declarar, una circunstancia a la que, efectivamente, todavía se acogen muchas mujeres y que hace decaer las denuncias, no por falsas, ni mucho menos, sino porque las mujeres ceden muchas veces a presiones de su agresor, de su entorno, y retiran
la denuncia. Este aspecto, al que hoy se ha referido, ya lo destacó usted cuando compareció en sede parlamentaria durante los trabajos de la subcomisión del pacto en 2017. Aún en el ámbito de las denuncias, resulta preocupante el hecho de que
siete de cada diez las presentara la propia víctima y de que el entorno, al que se apeló especialmente durante el confinamiento, solo denuncié en un 2 % de los casos, y nos referimos a casos de los familiares de mujeres víctimas.


Quería también hacer referencia a las órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales, se acuerdan alrededor de un 70 % respecto al total de solicitadas, pero no hay uniformidad, porque en algunos territorios -entre ellos mi
tierra, Cataluña-, algunos de sus partidos judiciales quedan muy

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descolgados de esa media, muy por debajo. Quizás el Observatorio haya analizado estos datos y tenga alguna hipótesis que explique esas desigualdades territoriales. ¿Podrían mejorarse con los criterios de aplicación a los que se refiere el
pacto de Estado? En todo caso, ningún territorio los tiene y, en cambio, existen esas diferencias.


Otro aspecto contemplado en el pacto, y que usted ha destacado, se refiere a la prevención, que pasa por la educación y la inclusión en los currículos educativos de asignaturas específicas para formación y sensibilización en igualdad y
contra la violencia de género, algo que recoge la nueva Ley de educación, la Lomloe. En la ley orgánica de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, en trámite parlamentario, estamos también introduciendo vía enmiendas varios
aspectos recogidos en el pacto de Estado y a los que usted se ha referido como desarrollo legislativo pendiente, lo cual es, en nuestra opinión, una buena noticia.


Otro paso que ha dado recientemente el Legislativo, la semana pasada sin ir más lejos, es la reforma del Código Civil para facilitar el cambio de los apellidos de hijos e hijas de víctimas de violencia de género para que no tengan que llevar
los del padre maltratador si no lo desean, y en la semana del 8 de marzo quedó definitivamente aprobada la Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a víctimas de violencia en COVID.


En 2018 la primera medida legislativa, recién llegado del presidente Pedro Sánchez a Moncloa, fue de impulso al pacto de Estado, la que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley contempla diversos aspectos, tales como la
formación específica en violencia de género de las personas que acceden a la carrera judicial y otros aspectos que usted ya ha comentado, y encomienda al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de datos provenientes de
juzgados de Violencia sobre la Mujer y la elaboración de un informe anual, con remisión a esta Comisión. ¿Cree usted que es necesario ir más allá y que antes del acceso a la carrera judicial, de manera obligatoria y transversal, se incluya también
formación en igualdad y contra la violencia de género en los estudios universitarios de Derecho de todas las universidades?


Finalmente, ayer supimos de esa sentencia del Tribunal Supremo de la que nos felicitamos, porque considera violencia económica el impago de pensiones alimenticias en tanto en cuanto deja a los propios hijos e hijas en un estado de necesidad.
Sabemos que queda camino por recorrer -y concluyo ya- también en cuanto al desarrollo legislativo que usted ha mencionado y al impulso de una ley de trata abolicionista de la prostitución, que consideramos una prioridad. En nuestro grupo
parlamentario queremos reiterar el compromiso con el impulso de un pacto de Estado...


La señora PRESIDENTA: Señora Guinart, tiene que ir terminando.


La señora GUINART MORENO: ...que ya reclamamos en 2014 y conseguimos aprobar unos años después. Significó un punto de inflexión importante y ahora, si cabe, lo es más; en un contexto político en el que la lucha contra la violencia de
género topa con el negacionismo, todavía lo hace más valioso.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Tiene el turno la señora Carmona.


La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Carmona Vergara): Muchas gracias.


Muy interesantes todas las cuestiones que se han planteado; se nota que conocen mucho el tema. Voy a tratar de contestar por orden. Algunas de las preguntas se han repetido. La señora Martínez -ya no está en la sala-se ha referido a la
ruralidad y a la vulnerabilidad especial de las mujeres inmigrantes. Sin duda alguna, le doy toda la razón, pero es evidente que las mujeres, no solamente las extranjeras sino las que están en situación de irregularidad administrativa, tienen una
vulnerabilidad superior porque les da miedo denunciar. Piensan que denunciando las van a echar del país, cuando existen en España medidas para poder acogerlas, poder darles la residencia temporal en España mientras se tramita el procedimiento o
incluso conceder algún recurso habitacional, como una casa de acogida, ayudas de carácter económico, etcétera. Por eso es tan importante que estén informadas; esto es fundamental, crucial. Y en el caso de la ruralidad, que todos los recursos,
toda la información vaya hasta el lugar más recóndito de nuestro país, a través de los ayuntamientos o a través de la Guardia Civil. A veces, en poblaciones muy pequeñas el cuartel de la Guardia Civil puede servir de ayuda.

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Han preguntado muchas de ustedes sobre qué ha ocurrido durante el confinamiento, durante esta crisis sanitaria tan terrible que hemos tenido en España. Hemos visto situaciones realmente graves de mujeres que han convivido con su
maltratador, sin poder salir de casa; mujeres que apenas han podido pedir ayuda ni denunciar y lo único que tenían a mano era llamar al 016. Se ha incrementado muchísimo el número de llamadas a este teléfono de ayuda, especialmente durante los
tres meses de confinamiento, aunque también después. Por otro lado, hemos visto un dato muy positivo, que personas del entorno de la víctima -vecinos, allegados o familiares- han llamado también a ese teléfono. Es decir, vamos viendo, muy
tímidamente, cada vez más implicación.


Respecto al número de denuncias que presentan estas personas -es mínimo la verdad, constituye un 2 %-, va también aumentando mínimamente. Hemos visto que muchos procedimientos se inician por partes de lesiones, es decir, médicos que están
en sus centros sanitarios y que se dan cuenta de que una mujer, lo cuente o no lo cuente, está siendo víctima de violencia de género; lleva el parte al juzgado y ahí abrimos un procedimiento. También por actuación directa de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado se están iniciando procedimientos en los juzgados. No debemos dejar solo en la responsabilidad de la víctima dar este paso de denuncia; por eso fue tan importante el pacto de Estado para que estas mujeres pudieran ser
asistidas sin necesidad de denuncia previa. Esto supuso un antes y un después: mujeres que ahora pueden acudir a una casa de acogida en muchas comunidades autónomas, en todo el territorio nacional; que pueden pedir ayuda para sus hijos; que
pueden pedir un contrato laboral sin necesidad de pasar por ese trago tan terrible que es la denuncia.


Hay mucha preocupación -según veo- también en el ámbito de la formación. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme, como he contado, no solamente en el temario de oposiciones de la Escuela Judicial. Los cursos que nosotros impartimos son cursos
de formación, es decir, no son cursos en los que intentamos inculcar una determinada ideología. Intentamos plasmar la realidad de la violencia de género, la realidad de las desigualdades que ocurren en España para que los jueces y juezas tengan
todas las herramientas. De hecho, como he contado, está teniendo un gran efecto y un gran resultado. Desde luego, me uno a las felicitaciones que la señora Moro ha hecho a la carrera judicial y, especialmente, a las personas que se dedican a la
violencia de género, por ese esfuerzo personal que en muchas ocasiones tenemos que hacer en esos juzgados. Hay que tener en cuenta que en esos juzgados vemos mujeres sufriendo, niños y niñas en una situación terrible, vemos llorar a personas todos
los días, y es algo para lo que se necesita estar formado y para lo que se le necesita estar preparado emocionalmente. En ese sentido, queremos que sea así para todos los operadores jurídicos y no solo para los jueces, para todas las personas que
trabajan y también, por supuesto, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con quienes colaboramos muchísimo para hacer estos cursos de formación y que están haciendo también un esfuerzo enorme para poder atender a estas víctimas.


Nosotros en el Consejo hacemos guías de declaración: cómo hay que tomarle declaración a una víctima; qué es lo que hay que preguntarle; dónde tiene que estar sentada la víctima en el juzgado para que se sienta en un lugar seguro, íntimo;
el tiempo que hay que dedicarle. No se puede tomar declaración atropelladamente para que esa mujer cuente el último episodio; no, tiene que contar todo lo que le ha pasado. Es importante para valorar el riesgo. Nosotros trasladamos a estas
personas y tenemos que sacarles mucha información para saber qué medida adoptar para que esa mujer no tenga riesgo de sufrir un delito más grave. Y no me refiero al asesinato, que por supuestísimo, sino a otro delito de agresión, a otro delito de
violencia psicológica. Por eso es necesario tomarse un tiempo, hacerlo con calma, en determinadas situaciones habitacionales donde esa señora vaya acompañada de alguien de su confianza, a lo que según el Estatuto de la Víctima tiene derecho.
Nosotros, por ejemplo, en nuestro juzgado lo que hacemos es hablar con ella y la preparamos. Le decimos: usted se va a sentar aquí, delante está el juez, está el fiscal, está el letrado de la Administración de Justicia, el funcionario, su abogado,
para que ella se sienta segura para poder contarlo. Para nosotros es importantísimo que nos diga qué es lo que está pasando. En ese sentido formamos a los jueces; no estamos implantando ni estamos imponiendo ninguna ideología de ningún tipo,
estamos formando.


Hay bastante preocupación también por la violencia fuera de la pareja y tienen toda la razón. Es verdad que nuestra Ley 1/2004 era necesaria y constitucional -porque así lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional-; una ley que no
discrimina a nadie, sino todo lo contrario; lo que hace es visibilizar una situación, sacar un problema que estaba absolutamente silenciado en los domicilios. Cada vez hay más denuncias y sí que es cierto que vemos la punta del iceberg. Las
denuncias constituyen alrededor de un 20 % de la realidad y eso lo vemos en los asesinatos, como se ha dicho aquí. La inmensa mayoría de

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los asesinatos se producen sin denuncia previa y en la propia sentencia -no lo digo yo, lo dicen las sentencias del Tribunal Supremo- suele haber un pronunciamiento que dice que esa mujer ha sufrido violencia habitual con anterioridad y no
la ha denunciada nadie. No lo digo yo, lo dicen los jueces porque así se acredita en el procedimiento. Por lo tanto, toda esa violencia que sufre esa mujer no ha sido denunciada y no hemos podido accionar las herramientas de protección que tenemos
en nuestro país para poder evitar esos asesinatos tan terribles.


Tengo que felicitar a la señora Franco por haber sido tan valiente de haber reconocido haber sido víctima de violencia de género. (Aplausos). La felicito, de verdad, porque es un acto de valentía enorme y demuestra que cualquiera de
nosotras es vulnerable a esta violencia. No hay un perfil de víctima de violencia de género; cualquier edad, cualquier nacionalidad, cualquier formación, cualquier nivel cultural es vulnerable a sufrir violencia de género. Por eso la vuelvo a
felicitar. Habla usted de esa vulnerabilidad en el domicilio y le voy a explicar lo que el Tribunal Supremo dice de esa vulnerabilidad. Dice que el escenario del miedo donde se encuentra esa mujer es especialmente vulnerable porque los asesinatos
ocurren en el domicilio y, además, en el ámbito de la pareja, donde las mujeres tienen sus recursos defensivos relajados. Por lo tanto, cuando las asociaciones de mujeres se manifiestan y dicen: no nos matan, nos asesinan, tienen razón, porque las
sentencias cuando las vemos -las tienen todas en el observatorio- lo califican de asesinato, porque se aplica la alevosía de género. El Tribunal Supremo dice que la alevosía de género es ese ataque sorpresivo, cuando no te lo esperas, porque estás
en tu casa, en el ámbito de intimidad. En ese sentido la doctrina del Tribunal Supremo habla de ese escenario del miedo y de esa alevosía de género.


Se habla también -y hay bastante preocupación, según veo- del informe que en el Consejo General del Poder Judicial hemos hecho acerca de la Ley Integral de Garantías de la Libertad Sexual. Debemos tener en cuenta que nosotros en el consejo
lo que hacemos es un informe técnico, no hacemos un informe ni valoramos la oportunidad política de esta ley en absoluto, porque eso es competencia suya, es competencia del Legislativo, no es competencia del consejo en absoluto. Lo que hemos
querido visibilizar es que en algunas ocasiones, técnicamente hablando, la forma de regular esta violencia sexual puede acarrear que se victimice más a la víctima. ¿Por qué? Porque la indefinición del consentimiento puede provocar que se le tengan
que hacer muchas preguntas y se victimice más a la víctima. Esa es una de las conclusiones que saca el consejo. Y, en otro sentido, al no haber distinción entre abuso sexual y agresión sexual, que es una decisión del Legislativo, en algunas
ocasiones puede que tengamos que revisar sentencias porque con la nueva regulación la penalidad puede ser más baja; es decir, puede haber una consecuencia perniciosa distinta y diferente y opuesta a la que se pretende. Es un informe de carácter
técnico exclusivamente y estoy convencida de que se puede perfectamente paliar incluyendo, por ejemplo, una especial agravación de determinadas agresiones sexuales que quizá sean más graves.


Hemos hablado también del síndrome de alienación parental, que nosotros llevamos muchos años diciendo que no debe ser incluido, porque no se considera una categoría científica. Por supuesto que puede ir en un sentido o en otro, lo que
ocurre es que normalmente lo que vemos es que en las sentencias se utiliza siempre en perjuicio de las propias madres y, como consecuencia -nosotros lo vemos cada día y lo decimos-, por miedo a perder a los hijos, esas madres no denuncian y
continúan en ese círculo de la violencia, lo cual las pone a ellas y a sus hijos en una situación de vulnerabilidad realmente grave.


Hemos hablado también de denuncias falsas. La Fiscalía General del Estado en su memoria todos los años saca un informe de cuántas sentencias por denuncia falsa en violencia de género se han dictado en España, y de ahí es de donde sale ese
porcentaje del 0,19 %. En los órganos judiciales es muy excepcional, pero cuando hay pruebas acreditativas de que ha habido algún testimonio falso o alguna denuncia falsa -normalmente falso testimonio, porque es lo que nosotros estamos viendo en
los órganos judiciales-, claro que se les pide testimonio, es nuestra obligación. Pensar que la mayoría de las denuncias son falsas es prácticamente atribuir un delito a los jueces y a los fiscales de España. Entonces, ¿qué pasa, que estamos
viendo en nuestros órganos judiciales a un montón de mujeres denunciar falsamente y no estamos haciendo nada, no estamos denunciando que se está produciendo un delito? Es algo impensable, hemos calculado que debe haber unos 2000 jueces que en algún
momento de cualquiera de las fases del procedimiento tienen que decidir sobre estos temas de violencia de género, y los jueces en España tienen acreditadísima una cualificación profesional muy elevada. Sería imposible pensar que todas o la mayoría
de las denuncias son falsas.


La señora Moro ha planteado varias cuestiones. Se ha referido a las prioridades, qué es lo que para nosotros es más importante de lo que vemos en los juzgados de las medidas del pacto de Estado. Las

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medidas que se refieren a los menores para nosotros son prioritarias, son muy, muy importantes porque son las personas más vulnerables. Y también es muy importante algo que se ha dicho aquí, la ampliación del concepto de violencia de
género, como sea, o bien a través de una ley integral de la trata -de la que también ha hablado la representante del Grupo Parlamentario Socialista- o bien ampliando el concepto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004. Es importante, porque ese
cambio de paradigma de pensar que incluye a todas las mujeres -y esto es así, porque la inmensa mayoría de la violencia se ejerce en pareja- está justificado ese tratamiento especializado, ya que la mayoría de los asesinatos se producen dentro de la
pareja, sin duda alguna. Es necesario ampliar el concepto de violencia de género y visibilizar delitos tan graves como los que desgraciadamente hemos tenido que ver en España de niñas asesinadas después de haber cometido un delito contra la
libertad sexual contra ellas. Es terrible, y en ese sentido desde luego hacía falta esa perspectiva de género en las legislaciones.


También se ha hecho referencia aquí a las oficinas de atención a la víctima. Nosotros estamos impulsando, junto con el Ministerio de Justicia, que se implanten en todo el territorio nacional. Es una herramienta muy, muy eficaz para que la
mujer esté informada antes de interponer la denuncia y después, que después sepa a qué recursos puede acceder como víctima de la violencia.


En cuanto a las videograbaciones, nosotros recomendamos que para los casos de las mujeres que cuando llega el momento de declarar, una vez que está abierto el juicio oral, se retractan, si por lo menos se hubiera videograbado su declaración
-con todas las garantías como si fuera prueba preconstituida- podría introducirse en el juicio para que el órgano lo valorara como una prueba más, de la manera que el tribunal lo determinara. Esa reforma quizá ahora como consecuencia del COVID se
está implementando sola, porque muchas declaraciones se están tomando ya por videoconferencia, se están grabando todas en las salas porque hay que mantener las distancias y todas las medidas de seguridad sanitarias. Por eso estas videograbaciones
se están produciendo, y además con todas las garantías.


Hay preocupación por las órdenes de protección. He contado que nosotros hemos propuesto una modificación del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer una serie de criterios que se deben tener en cuenta a la hora
de adoptar o no adoptar una orden de protección, y sí nos preocupa que por territorios los porcentajes sean tan dispares. Nos preocupa, lo hemos visto y en ese sentido en el grupo de expertos lo hemos analizado. Es cierto que se trata de una
decisión absolutamente jurisdiccional, es una decisión propia del juez, nosotros lo único que podemos hacer desde el observatorio es visibilizar y decir cuáles son esos criterios que entendemos que deben tenerse en cuenta a la hora de adoptar una
orden de protección. Pero evidentemente nosotros respetamos la independencia judicial, esa es una decisión absolutamente jurisdiccional. ¿Qué se puede hacer? Modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está en sus manos.


En cuanto a las redes sociales -se ha hablado aquí también por la señora Moro- hemos pedido que haya una modificación de lo que llamamos ciberdelincuencia de género. Durante la COVID, en el plan de choque que hicimos en el Consejo General
del Poder Judicial para proteger a las víctimas de la violencia de género, propusimos que desde la policía, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya en el atestado, se hicieran los volcados de toda esta información que se difundía a
través de las redes sociales, con el fin de facilitar luego la prueba en los órganos a la hora de hacer los cotejos. Y se está haciendo, la verdad es que estamos teniendo una gran colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en ese sentido
hemos avanzado muchísimo.


Tenemos que seguir avanzando en la orden de protección europea. No obstante, tengo que decirles que España es el país más preparado para poder aplicar la orden de protección europea. Nosotros la aplicamos para mujeres extranjeras, sin
embargo, por el contrario vemos que con las mujeres que se van fuera de España hay poca implicación del resto de los países. De hecho, en los estudios que hacemos en el consejo sobre cómo se aplica esta orden de protección europea se refleja que
España está mucho más preparada, porque llevamos muchos más años trabajando con este tema que en el resto de los países, donde creemos que tiene que haber una mayor implicación.


Por último, la forma en que están reguladas la violencia machista y la violencia de género, así como el tratamiento integral de las víctimas aquí en España, es algo de lo que debemos estar muy orgullosos. España ha recibido menciones y
premios internacionales por la forma en la que se está tratando la violencia de género aquí, nada más y nada menos que de ONU Mujeres. Es una legislación que está siendo imitada y que cumple con los estándares de los acuerdos internacionales de los
que España forma parte, entre ellos, el Convenio de Estambul. Por lo tanto, debemos estar orgullosos. Es verdad que queda mucho por hacer, y entre todos y entre todas tenemos que seguir dando pasos adelante y seguir trabajando

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de la manera en que lo estamos haciendo, de forma coordinada y de la forma más profesional y eficaz, que es lo que nos están reconociendo internacionalmente.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Carmona.


Comenzamos el turno de réplica, si consideran oportuno usarlo. Tiene la palabra la señora Franco, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


La señora FRANCO CARMONA: Simplemente, quiero darle las gracias de nuevo por la exposición y por el trabajo que están haciendo en el Consejo General del Poder Judicial. Me parece importante el trabajo que se hace en los órganos judiciales
y toda la sensibilización que se está realizando. Como parte de la institución del Legislativo y también del grupo que apoya al Gobierno, al Ejecutivo, creo que son importantes los pasos que se están dando. La estrategia nacional para combatir la
violencia machista y la que se ha llamado ley de 'solo sí es sí' pueden ser grandes pasos para colocar el consentimiento y la libertad de las mujeres en el centro. Solo quiero añadir que el texto no solamente está elaborado con criterios políticos,
sino también con criterios muy técnicos, establecidos por expertas juristas en la materia para incluir una serie de medidas de prevención, atención y reparación que pueden poner a España como pionera en toda la Unión Europea. Como bien ha dicho,
España está manteniendo una política contra la violencia de género ejemplar y tiene que seguir siendo así. Tenemos que seguir dando grandes pasos y esto nos puede poner a la cabeza de la Unión Europea en la defensa de las mujeres y no solamente en
la defensa de las mujeres, sino también de los niños y niñas y de todas las personas que estamos sufriendo la violencia machista simplemente porque la sufrimos las mujeres y hay otras personas, como nuestros hijos e hijas, que son víctimas también.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Franco.


Es el turno del Grupo Parlamentario VOX, la señora Toscano.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias.


Creo que la política contra la violencia de género ejemplar no es, porque, como he dicho antes, las víctimas no se están reduciendo. He visto que autocrítica ninguna, pero sí les tengo que felicitar por algo. Ha dicho usted -antes no me ha
dado tiempo a comentárselo- que no quieren que se aplique el elemento subjetivo, y que ya no haya que acreditar el machismo ante una agresión a una mujer. Yo les diría que es imposible demostrar el machismo porque a ninguna mujer se la agrede por
el hecho de ser mujer. Entonces, me alegro de que vaya surgiendo el sentido común, porque a las mujeres, a los hombres y a los niños se nos agrede por otras razones, pero no por el hecho de ser mujer. En ese sentido, me alegro de que empiecen a
entender que demostrar que a una mujer se la agrede por el hecho de ser mujer es imposible, y también me alegro de que vayan cubriendo a los niños y a otros familiares, es decir, que vayan acercándose cada vez más a lo que dice VOX. Me alegro
mucho.


Querría comentar algo sobre la violencia económica, porque este tema surgió también en la Comisión de Igualdad. Es que al final para ustedes todo es violencia; por eso, luego hacen estudios y macroencuestas cuyos resultados dicen que la
mitad de las mujeres en España hemos sufrido violencia de género. Claro, es que incluyen violencia económica, insultos, etcétera. Me parece que se está frivolizando con la violencia. Lo que tenemos que combatir son las agresiones y los asesinatos
contra todo tipo de víctimas. Creo que la mujer no es mejor ni es especial y no tiene que tener una protección especial o más amplia que los menores, los hombres o los homosexuales. Como digo, creo que estamos frivolizando con la palabra
violencia. Hay que distinguir entre violencia y conflicto. Hay que distinguir entre violencia e insultos. A veces, como han hecho ustedes muy bien el trabajo de adoctrinamiento, ya es el pensamiento generalizado, y hay gente que te dice: me han
dicho un piropo y era una ordinariez lo que me estaban diciendo. Eso no es violencia. La persona que te diga una ordinariez es una chabacana, pero ser chabacano no es un delito ni puede ser un delito. Por favor, yo les pediría que nos centráramos
en la violencia de verdad, que es muy seria. Si se considera violencia esas cosas tan pequeñas se desvirtúa y se le quita gravedad a las agresiones. Por favor, les pediría que trabajáramos por la violencia de verdad y por todas las víctimas, y que
separáramos violencia de idioteces.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Toscano.


Es el turno del Grupo Parlamentario Popular, la señora Moro.

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La señora MORO ALMARAZ: Tengo que comenzar diciendo que estoy oyendo cosas que me estremecen. No podemos convertirnos en personas que tenemos la verdad absoluta y que negamos los hechos y los datos. Por lo tanto, nosotros no estamos en
ese negacionismo. (Aplausos).


Me siento orgullosa de haber participado en una ponencia, la de la reforma de la Ley Orgánica 5/2018, que procedió de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y que se tramitó por la vía de urgencia. En ese momento no era
la intención del Grupo Parlamentario Socialista hacerlo por ese trámite de urgencia, pero esto favoreció una concertación en la ponencia a través de transaccionales. El ministro de Justicia, yo misma y otros compañeros redactamos esas
transaccionales, y eso ha permitido que el Consejo General del Poder Judicial y el observatorio hayan mejorado extraordinariamente las acciones de formación y de sensibilización. No es el Gobierno en este caso, y no soy yo quien va a defender a
este Gobierno. No es ningún Gobierno; es este legislador el que ha dado ese mandato. Tengámoslo muy en cuenta, porque seguir faltando al rigor es perjudicar a la violencia de género. Yo les diría -y le pido su opinión si quiere darla- que la
sobreactuación en un extremo y en el otro va mal para la mujer, va mal para las personas vulnerables, va mal para luchar contra todo tipo de violencia y también para luchar contra la violencia de género. Por tanto, yo pediría de verdad que se
dejara a los técnicos revisar el anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual. Estoy con el ministro de Justicia en que hay que simplificar el lenguaje y acercar el lenguaje jurídico a la gente y a la calle, pero eso no quiere decir que
vayamos contra conceptos jurídicos. La palabra indemnidad puede no entenderse y puede sustituirse por otro término, pero no el concepto jurídico, que es lo que hace el anteproyecto. Por tanto, yo pediría que no haya sobreactuación llamándola ley
del 'solo sí es sí', porque el consentimiento es un concepto jurídico y es un concepto de todo el ordenamiento jurídico que informa el Código Penal y que las sentencias señalan. Hagamos un trabajo como el que hicimos en esta Ley 5/2018, del Poder
Judicial.


Quiero preguntarle nuevamente sobre una de las cuestiones que le he mencionado. ¿Cree usted que podemos trabajar para que los medios de comunicación informen mejor sobre los casos de violencia de género? Hemos visto lo que hemos mejorado
en el tiempo con protocolos, por ejemplo, en materia de suicidio o en materia de delitos de odio, aunque hay que seguir trabajando. ¿No sería bueno insistir en convenios con las grandes compañías de telecomunicaciones y de redes sociales y con
asociaciones de periodistas e insistir en los códigos éticos? Lo que ha pasado estos últimos días es incalificable, y el hecho de que una ministra de Igualdad se convierta en un Sábado Deluxe, en lugar de defender el rigor y que la defensa de
posibles víctimas se haga en el ámbito judicial, no lo podemos tolerar. Señorías, es malo para la violencia de género. (Aplausos).


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moro.


Tiene la palabra la señora Guinart Moreno, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora GUINART MORENO: Gracias, presidenta.


Brevemente. Le agradezco, señora Carmona, de nuevo sus aportaciones, sobre todo porque contribuyen a desenmascarar las falacias que juegan a la confusión y al despiste, tergiversan y desvían, en definitiva, el foco del verdadero problema,
que es el de las miles de mujeres que sufren violencia machista en nuestro país. Una de cada dos lo ha sufrido en algún momento de su vida de algún modo, y con alguna de ellas lo hemos comprobado, está hoy aquí y ha intervenido. Mi apoyo y el de
mi grupo a la diputada Isabel Franco. (Aplausos).


Hay un aspecto sobre el que me gustaría que se pronunciara, y es la necesidad de unificación de criterios en las indemnizaciones para que los mismos casos tengan una misma respuesta. Es algo que recoge el análisis de sentencias dictadas en
el año 2018, publicado en octubre de 2020, que nos ha remitido y se ha referido a él, donde se asegura que las indemnizaciones a hijos e hijas oscilaron entre los 20 000 y los 280 000 euros. ¿Cree que es necesario algún tipo de baremo
indemnizatorio para los casos de violencia de género?


Ese mismo estudio pone de manifiesto la falsedad de mitos como el que señala que el maltratador actúa bajo los efectos de alcohol, drogas o alteraciones psíquicas, muy al contrario, los hechos se cometen, dice el informe, con la conciencia
de saber que se están haciendo y queriendo ejecutarlos.


Finalmente hay aspectos polémicos y preocupantes en algunas sentencias judiciales todavía relacionadas con el ya referido SAP, síndrome de alienación parental, síndrome inexistente y sin prueba científica alguna. También controvertida y
relacionada con este tema es la coordinación parental. En un

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reciente estudio la asociación de juristas Themis denuncia su aplicación sin perspectiva de género, y asegura que genera inseguridad jurídica.


En definitiva, nos gustaría saber su parecer al respecto de estos asuntos.


Gracias de nuevo. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Guinart.


Tiene la palabra, señora Carmona.


La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Carmona Vergara): Se me ha olvidado antes aludir a que en el Consejo General del Poder Judicial y en el observatorio
hacemos estudios de todo tipo de violencia, por supuesto, y en concreto en el observatorio hacemos estudios de asesinatos en pareja, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres; los asesinatos de mujeres a hombres son por violencia doméstica y de
hombres a mujeres de género. Así lo identificamos, y también de niños a manos de sus padres, madres y padres, o progenitores o parejas de las madres. Está todo perfectamente identificado en nuestros estudios, y ahí está. Lo cierto y verdad es que
lo que tiene más trascendencia son los asesinatos de mujeres porque son muchos más, numéricamente hablando. Pero por supuesto que en el observatorio seguimos trabajando con violencia doméstica y de género porque así nos llamamos, la violencia
doméstica, la que se refiere a toda la violencia que hay dentro de la unidad familiar, fuera de la pareja.


El piropo no es un delito, pero sí que es cierto que el piropo invade el espacio vital, el espacio de intimidad de las mujeres cuando van por la calle. Normalmente, además, nosotros decimos que es un acto de machismo, que no decimos que sea
un delito porque no está recogido en el Código Penal, pero precisamente las mujeres cuando van solas por la calle y el tipo de manifestaciones que se les hacen a estas mujeres las cosifican en el sentido de que nadie va por la calle y le dice a una
mujer qué buena persona eres o qué inteligente eres. Normalmente hacen referencia al cuerpo físico. En ese sentido nos pronunciamos hace unos años. (Aplausos).


En lo que se refiere a la indemnidad, la señora Moro se ha referido a algo muy, muy importante. Decimos nosotros en este anteproyecto de ley que ha desaparecido el concepto de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, y esto tiene
una connotación importantísima, y es que los menores de edad, por desgracia, son más víctimas de violencia sexual -y lo vemos a diario en todas las sentencias que se dictan en nuestros órganos judiciales en todos sentidos, por supuesto, en el ámbito
familiar y fuera del ámbito familiar- y no tienen libertad sexual, porque no tienen capacidad de decidir, lo que tienen es derecho a la indemnidad sexual. En ese sentido, nosotros decimos en el consejo que quizá ese concepto hay que delimitarlo de
alguna manera, porque un menor no tiene libertad sexual, no tiene capacidad de decidir, lo que tiene es un derecho a su propia indemnidad. Es un matiz absolutamente técnico-jurídico muy, muy específico que quería comentar porque a la señora Moro le
ha interesado.


Ha tocado un tema importantísimo. Estaría días y días hablando sobre cómo debe ser el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación. En el pacto de Estado hay muchísimas medidas que se refieren directamente a los
medios de comunicación, y tengo que decirles que en mi experiencia a lo largo de los años, prácticamente todos los días tengo contacto con algún profesional de la comunicación, cada vez se ve más profesionalidad y más responsabilidad, pero todavía
queda mucho, mucho por hacer. Sin ir más lejos, todavía vemos en telediarios los cadáveres de las mujeres tapados con una sábana blanca saliendo de sus propios domicilios. Eso da una sensación terrible, y yo siempre les cuento a los periodistas
que normalmente al día siguiente tenemos denuncias en nuestros juzgados que dicen: es que mi marido me ha dicho que voy a salir con los pies por delante como esa señora. El daño que se puede producir es incalculable, pero esto es falta de
formación. Es importantísimo que el medio de comunicación no provoque desconfianza en la Administración de Justicia. Esto es fundamental porque puede provocar el efecto adverso de que, una mujer que está viendo en su casa que nadie cree en la
justicia, no quiera denunciar porque piense que no la vamos a proteger. Por eso siempre decimos a los medios de comunicación que mucho cuidado, y que hay que tratar este tema con mucha delicadeza porque se pueden difundir mensajes muy perniciosos
para las mujeres que están siendo víctimas.


Desde luego que es absolutamente necesario el respeto por parte de todas las instituciones, pero todavía más de personas con responsabilidades públicas, el respeto a la Administración de Justicia, y lo venimos repitiendo. Desde el propio
Consejo General del Poder Judicial hemos hecho algunas notas de prensa en las que pedimos ese respeto. Es importante que en un Estado social y democrático de derecho

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haya respeto a las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales se pueden criticar, por supuesto que sí, claro que tenemos que criticarlas y tenemos que controlarlas, y ustedes además que son el Legislativo, pero el respeto a la
independencia judicial es un principio constitucionalmente reconocido y, si queremos seguir estando orgullosos del Estado social, democrático y de derecho que tenemos y que entre todos nos hemos dado, el respeto a las instituciones es fundamental.


Es cierto que el baremo es necesario y está en el pacto de Estado. Son muy dispares las sentencias y las indemnizaciones. Quizá no hay un baremo específico y se aplica en algunas ocasiones el baremo de los accidentes de tráfico. Es decir,
hay que hacer un baremo, sin duda alguna.


Dos cuestiones más, para terminar. En nuestros estudios las conclusiones que sacamos de las sentencias es que no se aplican eximentes ni atenuantes ni por alcoholismo ni por enfermedad mental ni por drogadicción. No están locos estos
asesinos. No están locos y no lo digo yo, lo dicen los órganos y tribunales de nuestro país. No se aplican eximentes, se cometen con toda la frialdad, es decir, no por arrebato ni por obcecación, sino que tienen unas particularidades. En este
tipo de asesinatos a veces se aprecia el ensañamiento. Se provocan los asesinatos con las propias manos. Estas son las conclusiones que saca nuestro médico forense, que también forma parte de nuestro grupo de expertos. Son especialmente crueles
estos asesinatos, y por eso recogemos e intentamos visibilizar con toda la transparencia del mundo lo que dicen nuestros órganos para desmitificar falsos mitos sobre la violencia de género.


Se me ha olvidado decir que hemos hecho en el consejo una guía de criterios de actuación judicial para la trata, y también una guía de criterios de actuación para la custodia compartida, en la que repetimos hasta la saciedad que,
efectivamente, ni la custodia compartida ni la mediación son posibles en violencia de género. La mediación es posible cuando las dos partes están a un mismo nivel. En el caso de la violencia de género no están las dos partes al mismo nivel. Es
más, esto no es que lo digamos nosotros, es que lo dice el Convenio de Estambul y España ha firmado el Convenio de Estambul. Es que no tenemos más remedio que aplicarlo, es así, debe ser así, y es lo lógico.


En cuanto a la coordinación parental, es cierto, también nos ha llegado al observatorio de algunas asociaciones cierta preocupación. Nosotros volvemos a repetir en nuestros estudios y en nuestras guías de criterios de actuación que hay que
extremar las precauciones en los casos en que haya sospecha de que hay violencia de género, porque el coordinador parental no es ni más ni menos que un mediador propiamente dicho.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias. Quiero dar la enhorabuena a María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio del Consejo del Poder Judicial. Creo que has hecho una exposición brillantísima y has aportado muchísimos datos. Al
final, no solo tratamos de dar toda la información relativa a la aplicabilidad del Pacto contra la Violencia de Género, sino que también trasladamos un mensaje muy importante y muy potente a la sociedad, en general, y es que las instituciones
estamos trabajando para salvar la vida de las mujeres y la de sus hijos e hijas. Es importantísimo y fundamental, y por eso quiero agradecerte, María Ángeles, el esfuerzo que estáis dedicando a ello. Creo que el desempeño de tu papel es un honor y
un orgullo, y lo digo con toda la sinceridad, porque es de vital importancia, María Ángeles, la sensibilidad en este tema, en esta materia que nos ocupa, en este trabajo tan duro, tan difícil, pero a la vez tan necesario y urgente para erradicar de
una vez la violencia de género.


Quiero aprovechar para reconocer el valor de la compañera Isabel Franco, del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, por la valentía de contar aquí su experiencia, y para decir a cada mujer que nos vea que no está sola, que estamos todos,
trabajando precisamente para eso, para que ninguna mujer se sienta sola; en las instituciones estamos trabajando de manera muy muy constante para evitar este tipo de situaciones tan dramáticas. Cada vez que una mujer es asesinada, nuestra
democracia es golpeada y se resiente.


Finalizamos la sesión. Muchísimas gracias. (Aplausos).


Era la una y quince minutos de la tarde.