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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 242, de 25/11/2020
cve: DSCD-14-CO-242
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 242
DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL
Sesión núm. 8
celebrada el miércoles,
25 de noviembre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley:
- Por la que se insta al Gobierno a incrementar las subvenciones a los centros especiales de empleo para compensar el incremento del salario mínimo y garantizar su viabilidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de
expediente 161/000301) ... (Página2)
- Relativa a una nueva formulación del modelo de residencias de mayores. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/000876) ...
- Relativa al reconocimiento del grado de discapacidad mínimo del 33% a los pacientes de enfermedades crónicas, autoinmunes y neurodegenerativas con independencia del estadio de la enfermedad. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
(Número de expediente 161/000913) ... (Página16)
- Relativa a reforzar los Servicios Sociales tras el COVID-19 y consolidarlos como el cuarto pilar del Estado del bienestar. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000988) ...
- Sobre una estrategia de inclusión de las personas mayores en la sociedad de la información y de las tecnologías de comunicación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001305) ...
- Sobre la necesidad de actualizar y mejorar la Estrategia Española sobre Discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001490) ... (Página30)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias 2019-2023. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001584) ...
- Sobre la Carta Social Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. (Número de expediente 161/001611) ... (Página39)
- Relativa a la puesta en marcha del Centro de Referencia Estatal (CRE), Ciudad del Mayor de León. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001627) ... (Página44)
Votaciones ... (Página48)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Como saben, la presidenta del Congreso nos ha convocado a todos hoy a las 12:00 del mediodía a un minuto de silencio con motivo de ser el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que suspenderemos la
Comisión durante unos minutos para que todo aquel que quiera participar pueda hacerlo.
En segundo lugar, la próxima fecha que la Mesa del Congreso nos ha reservado es el 14 de diciembre. Entiendo que debe ser por la tarde, pero lo confirmaremos. Como saben, tenemos el acuerdo de celebrar entre tres y cuatro sesiones para
debate de PNL en este periodo de sesiones. Recuerdo que ya hemos hablado de que resulta muy difícil que sean cuatro debido a los presupuestos pero que ya veríamos qué se puede hacer. Creo que, un poco a trancas y barrancas, vamos a conseguir
celebrar tres si también utilizamos el día 14 de diciembre para tal fin. A partir de entonces difícilmente volveremos a reunirnos hasta mediados de febrero, puesto que el mes de enero no es hábil excepto para cuestiones que así lo requieran. Por
tanto, al terminar esta sesión, se reunirán un momento Mesa y portavoces por si hay otra propuesta respecto al día 14 o seguimos con el acuerdo previsto y ese día se debatirán proposiciones no de ley.
Acerca de los tiempos, hoy es un día en el que intentaré ser estricto en su conteo, dado que todo el mundo ha hecho sus cálculos, teniendo en cuenta que algunos de los presentes y también otros ahora ausentes tendrán que intervenir también
en la Comisión de Presupuestos. Por tanto, haremos como se indicó en el correo electrónico que les fue remitido: habrá cinco minutos para la defensa de la proposición no de ley, tres minutos para la defensa de enmiendas, por orden de presentación
en el registro -si hay más de un grupo que presenta la misma enmienda, es decir, si es conjunta, cada uno de ellos dispone de tres minutos- y, finalmente, dos minutos, de menor a mayor, empezando por el Grupo Mixto, para fijar posición. Acabado el
turno de portavoces respecto a cada una de las iniciativas, preguntaré al que ha presentado la iniciativa si acepta o rechaza las enmiendas, en caso de que las hubiera, o si se está llegando a algún acuerdo para redactar una transacción.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCREMENTAR LAS SUBVENCIONES A LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PARA COMPENSAR EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO Y GARANTIZAR SU VIABILIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de
expediente 161/000301).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, corresponde el debate y votación de la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a incrementar las subvenciones a los centros especiales de empleo para compensar el incremento del salario
mínimo y garantizar su viabilidad, presentada por el Grupo Parlamentario Plural. Tiene la palabra el señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar quiero hacer una mención del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y manifestar el reconocimiento del Partit Demòcrata de esta conmemoración.
La proposición no de ley que hoy nos trae aquí hace tiempo que se presentó, antes incluso de la pandemia del COVID. Para nosotros es importante expresar el reconocimiento de los centros especiales de empleo, que ocupan a muchas personas con
discapacidad. Que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo es uno de los objetivos que debería tener cualquier fuerza política. No obstante, es cierto que este objetivo no acaba de combinarse con éxito y que gran parte de las
personas con discapacidad que encuentran una ocupación lo logran en el marco de los centros especiales de trabajo. El sistema para que accedan a un empleo pasa por reducciones, bonificaciones y subvenciones a los centros especiales de empleo, al
menos para poder soportar los costes que supone dar de alta a estos trabajadores. Todo el mundo sabe que la actividad que se realiza en estos centros muchas veces no es la más productiva o la que permite generar más ganancias, por lo que, siendo
una ocupación a veces terapéutica, es necesario que goce de todos los soportes y ayudas correspondientes.
En paralelo a esta realidad, hay otra que encontramos igualmente justa. El salario mínimo interprofesional ha ido subiendo, de modo que en 2019 pasó de 735 euros a 900 euros y en 2020 de 900 euros a 950 euros. Es lógico, es justo, vamos en
la línea correcta de que el salario mínimo se incremente, pero se produce un efecto perverso, y es que, como muchas de las nóminas en estos centros especiales de empleo son como el salario mínimo, automáticamente se incrementan los costes laborales
para estos centros, que lo único que hacen es dar ocupación a personas con discapacidad. Por tanto, las subvenciones que había en su momento por parte del Ministerio de Trabajo para paliar esos gastos que ayudan a la inserción laboral se van viendo
totalmente desfasadas con estos aumentos del salario mínimo interprofesional.
En este escenario es en el que planteamos una proposición no de ley para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a incrementar las subvenciones a los centros especiales de empleo desde el actual 50 % del salario mínimo por cada
trabajador contratado al 60 % del mismo, de modo que se vea incrementada la ayuda en la subvención que se otorga a estos centros para garantizar el mantenimiento del empleo y, por tanto, su viabilidad económica. En un escenario referido al
mantenimiento del empleo durante esta pandemia por el COVID entendemos que es todavía más relevante y dicho incremento debería ser acorde a los incrementos del salario mínimo habidos. Esta sería la manera de garantizar no solo la conservación de
los empleos, sino la viabilidad de muchos de estos centros especiales de empleo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Movellán para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En España 1,8 millones de personas tienen certificado de discapacidad y se encuentran en edad laboral, pero su tasa de empleo solo es del 25,8 %, frente al 65,9 % del resto de la población. La tasa de actividad es del 34,4 %, 43 puntos
menos, según los últimos datos conocidos y publicados por el INE. Un reciente informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, Odismet Fundación ONCE, calcula que alrededor del 60 % de estos trabajadores podría perder su empleo en
el actual escenario y alerta de que, de no tomarse las medidas adecuadas, la actual situación de crisis económica y sanitaria pueda afectar de forma incisiva, cerrando puertas, incrementando la pérdida de empleo y obstaculizando la reinserción
laboral de las personas con discapacidad en España.
La pregunta que nos hacemos es: ¿Qué está haciendo el Gobierno para el mantenimiento y la creación del empleo de las personas con discapacidad en España? Y la respuesta es clara: Como siempre, ir contra corriente. Este Gobierno, como nos
tiene acostumbrados, actúa siempre con mucha propaganda, mucho bombo y platillo, pero siempre tarde y mal. La Orden del Ministerio de Trabajo 1060/2020, publicada el 11 de noviembre, ya reconoce que las subidas unilaterales del salario mínimo
interprofesional para 2019 y 2020 están perjudicando claramente la creación y el mantenimiento de empleo de uno de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral en nuestro país, el de las personas con discapacidad. Han
tardado dos años en darse cuenta de que sus políticas hacen vulnerables a quienes no lo eran y convierten en más vulnerables a quienes ya lo eran, especialmente en el caso que nos trae hoy aquí, los centros especiales de empleo, que constituyen una
palanca esencial en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, por lo que resulta imprescindible
apoyar su sostenibilidad y viabilidad para garantizar el empleo de las 97 653 personas con discapacidad que tienen contratadas, según los datos de sus plantillas.
Desde el Grupo Popular vamos a apoyar esta iniciativa de aumentar al 60 % la subvención por trabajadores con discapacidad contratados para compensar la mayor parte del aumento de los costes laborales que les ha supuesto el incremento del 28
% del salario mínimo desde 2008. Pero no queremos quedarnos solo en eso. Desde el Partido Popular y nuestro grupo parlamentario consideramos que hay que dar un paso más, sobre todo en estos momentos, cuando al impacto del incremento del salario
mínimo se suma la situación excepcional provocada por la crisis del coronavirus, que está golpeando con dureza al empleo y, sobre todo, en lo que se refiere a las oportunidades de futuro de las personas con discapacidad en España. Datos que lo
avalan señalan que en el primer semestre del año se ha producido el primer descenso en la contratación de personas con discapacidad desde el año 2012; entre enero y junio se han firmado 38 176 contratos, un 35 % menos que en el mismo periodo de
2019. Por eso hemos presentado una enmienda para que se incrementen de forma excepcional en un 10 % adicional las subvenciones, hasta llegar al 70 % del salario mínimo mientras continúe la situación de emergencia, la crisis sanitaria y las
restricciones derivadas del COVID. ¿Para qué? Para compensar los mayores costes y los menores ingresos ocasionados como consecuencia de la paralización o la reducción de la actividad económica, porque sabemos que están haciendo un esfuerzo
extraordinario en cuanto a medidas de prevención, contención y gasto en materia de protección de los trabajadores. Nuestra propuesta quiere garantizar la sostenibilidad y la viabilidad económica capaz de conservar los miles de empleos de
trabajadores con discapacidad durante la crisis sanitaria y económica derivada de la COVID y facilite y dé oportunidades de futuro para que puedan integrarse en el mercado ordinario de trabajo. Por esta razón, esperamos que por parte de los
proponentes se admita ese incremento hasta el 70 % de las subvenciones para los centros especiales de empleo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Mixto? (Pausa).
En nombre del Grupo Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Egun on.
En esta cuestión hay un problema de fondo. La necesidad de estos centros está fuera de toda duda, cumplen una función social. Pero, a la vez, hay un riesgo, el de perpetuar una situación y no dar salidas reales y efectivas a personas que
deberían estar en empresas normales o en la Administración cumpliendo su labor. Todo lo que evoluciona puede hacerlo de forma positiva o negativa, y en el caso de la figura de los centros especiales de empleo, que en su origen tenían un buen
enfoque, ha habido una deriva, entrando empresas privadas -no digo que sea en todos los casos, hay empresas del tercer sector que al menos en Euskal Herria funcionan bien y no estoy hablando de ellas-, deteriorándose gravemente el concepto inicial.
De esa forma, desde el inicio se ha ido transformando lo que debería haber sido una medida de excepción en permanente, incluso en algunos casos en un jugoso negocio para algunas empresas privadas, con todo lo que ello implica. Todos sabemos que la
Ley General de Discapacidad dice que el objetivo principal de los centros especiales de empleo es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado adecuado a sus características personales y
que facilite su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo, no que funcionen como empresas productivas, que es lo que ocurre en muchos casos. En ocasiones estamos ante un gran negocio, en el que la discapacidad importa poco, no se tiene
en cuenta. Si queremos una inserción laboral real y efectiva, los centros especiales de empleo no deberían de ser empresas productivas, sino todo lo contrario, el nexo, el enlace para que las personas con discapacidad aterricen en las empresas
ordinarias. Entonces estaríamos hablando de igualdad, sin menospreciar a la persona con discapacidad, a la vez que contribuiríamos a que la sociedad sea más conscientes del valor que tienen las personas con discapacidad.
También creo que es necesario dar un toque de atención a la Administración, que debería de ser la primera en cumplir con la ley e integrar en sus organismos a las personas con discapacidad a través de ese 2 %, que se incumple en la empresa
privada y doblemente grave es que sea así en la Administración.
En principio, tal y como se plantea esta PNL, creemos que es una buena medida, sobre todo refiriéndome a esas empresas que trabajan desde el tercer sector desarrollando esta labor, por lo que vamos a votar a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
Señorías, creo que la iniciativa que debatimos en estos momentos se centra en uno de los principales instrumentos para promover la inserción laboral de las personas con discapacidad. Los centros especiales de empleo son entidades que
cumplen con una labor fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades de un colectivo que hoy en día todavía encuentra muchas dificultades para acceder a un empleo ordinario. La propia iniciativa nos refleja esos casi dos millones de
personas con discapacidad en edad de trabajar y que solo el 35 % de ellos se consideran activos, aunque los números ya los conocemos. Les voy a contar una historia más bien personal, señorías. Yo he sido directivo de una empresa que tenía un
centro especial de empleo. Acabo de oír a la diputada de Bildu hablar de algo que desconoce absolutamente. Las empresas que tienen un centro especial de empleo lo hacen precisamente por la característica social de lo que este supone. No hay nadie
que piense en ganar dinero con un centro especial de empleo, señora diputada. Lo que pasa es que una cosa es no ganar dinero y otra es perderlo, que es distinto, porque las empresas pueden tener fines sociales y cubrir parte de esos fines sociales,
pero es a la Administración a la que realmente la toca dar esa respuesta. Por tanto, los centros especiales de empleo son lugares en los que de verdad se practica la inclusión. Los empresarios que montan centros especiales de empleo creen de
verdad en la labor social que se están haciendo, y entiendo que eso es lo encomiable y lo que hay que destacar. Y lo que hay que hacer es ayudarles y poner las cosas muchísimo más sencillas de como las tienen.
Es verdad que la subida del salario mínimo interprofesional ha planteado desde el año 2008 un problema grande, y es que muchos de estos centros especiales dejan de ser rentables para las empresas. Entonces, lo que no se puede pedir es que
el esfuerzo que no hace la Administración lo tenga que llevar a cabo la iniciativa privada sin nada a cambio. Parece que usted piensa que ganar dinero es algo malo. No sé si es que usted reparte todo el suyo. Las empresas están para ganar dinero,
ese es el objetivo de una empresa. Sé que usted se ríe, pero ese es el objetivo del empresario, porque para eso expone su dinero, para poder ganarlo. Ahora bien, claro que ha de tener unos fines sociales y claro que, efectivamente, se pueden
compatibilizar ambas cosas, pero no siempre a cargo de los empresarios, a quienes sé que ustedes criminalizan como si fueran demonios de la economía. Mire usted, eso no es así, no funciona así. Si no fuera por los empresarios, que crean empleo,
dígame usted quién lo haría. Ya sé que usted todo lo fía a la Administración, pero ya le digo yo que así no funciona la economía ni en este país ni en ninguno.
Así pues, nosotros vamos a votar favorablemente esta iniciativa, porque subir esa subvención al 60 % -no sé si aceptará el grupo proponente la enmienda del Partido Popular- nos parece absolutamente razonable, está justificado por ese
incremento de los costes laborales, y, sobre todo, muy importante, creo que también debemos ayudar a mitigar los efectos de la pandemia. Por tanto, compartimos esta iniciativa.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente.
La integración social y laboral de las personas en situación de discapacidad es uno de los indicadores más claros del éxito o fracaso de un sistema de integración y protección social. Dar autonomía financiera y capacidad productiva a
personas con discapacidad física, movilidad reducida o discapacidad intelectual es un hito del estado del bienestar y un orgullo para cualquier sociedad que se sienta comprometida con el principio de equidad y no discriminación.
Tenemos la suerte de contar con proyectos de éxito en distintos campos y además son referentes en la implementación de modelos de negocio eficientes y plenamente integradores. Ciertamente, todo recurso invertido en inserción laboral de
estos sectores revierte la situación de vulnerabilidad y, por tanto, promueve un retorno social incuestionable que debe ser considerado prioritario. Es más, muchas de estas entidades que dan trabajo al tercer sector tienen un ánimo altruista, y más
las entidades que tenemos en Cataluña, en los Països Catalans. Es por este motivo que vamos a votar favorablemente esta PNL.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común su portavoz, la señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president. Bon día.
El abono de salario es siempre una obligación del empresario o de la empresaria, también en los centros especiales de empleo. En función de las características de la empresa, en algunos casos se disfruta de incentivos o subvenciones
destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo, en este caso de personas con discapacidad. Esta subvención está regulada por la orden ministerial de 1998 en el 50 % del salario mínimo interprofesional. Somos conscientes de las particularidades
y las circunstancias especiales de los centros especiales de empleo, el Gobierno también lo es, y, teniendo en cuenta los incrementos del salario mínimo interprofesional, en 2019 se incrementó la subvención de manera coyuntural y extraordinaria al
55 % del SMI, atendiendo al colectivo al que emplean estas empresas. Con este aumento de 166 euros referido al salario mínimo, los empresarios asumieron 37 euros y el Estado aportó 127, atendiendo a las características de la población que emplea.
En 2020, ante una nueva subida del salario mínimo y la actual situación de crisis sanitaria, se ha dotado un nuevo incremento, también extraordinario, hasta el 55 %, subiendo del 50 al 55 %. De esta manera, el Gobierno de coalición realiza
modificaciones atendiendo a las circunstancias especiales. Pero el incremento permanente de la subvención del 50 al 60 % propuesto por esta PNL no nos parece oportuno, ya que supondría el que el aumento del SMI desde el 2018 fuera costeado en un
94,3 % por el Estado y en un 5,7 % por las empresas, lo cual no parece muy razonable.
Además, el programa de empleo en el que se incluye esta subvención para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo está en curso de ser revisado por el Gobierno, junto al resto de
políticas activas de empleo.
Se ha iniciado un procedimiento de revisión atendiendo por un lado a cambiar la asignación lineal de las ayudas por una proporcional, según el grado y tipo de discapacidad de las personas empleadas en este tipo de empresas, de manera que se
potencie una subvención que sea mayor en el caso de trabajadores con especiales dificultades de acceso al mercado ordinario. También se considera imprescindible el diálogo con las comunidades autónomas, mejorar el control y seguimiento de las
condiciones de trabajo en estos centros. Y se busca con esta revisión de las políticas activas de empleo sobre todo la reordenación y hacer más eficaces estas políticas de empleo de modo que sirvan fundamentalmente para la incorporación de las
personas con discapacidad al mercado de trabajo ordinario. Es fundamental recuperar el principio básico de la integración social y laboral que recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y nuestra Ley General de
Discapacidad. Según este principio los centros especiales de empleo deberían ser fundamentalmente recursos de transición para la incorporación de todas las personas que así puedan al mercado de trabajo ordinario. Este enfoque requiere, sin duda,
un mayor compromiso de las administraciones en el fomento de la contratación de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y también en la propia Administración. Con todo ello avanzaremos hacia una sociedad más justa e inclusiva.
Moltes gràcies.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
A continuación, tiene la palabra... ¿Quién es el portavoz en este caso? Tiene la palabra, señora Ruiz, por el Grupo Parlamentario VOX.
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias, presidente.
Estamos ante una PNL que se registró en marzo de 2020 y estamos a punto de acabar el año, un año que lamentablemente va a terminar bastante peor de lo que empezó. Es una PNL que insta al Gobierno a incrementar las subvenciones a los centros
especiales de empleo para compensar el incremento del salario mínimo y garantizar su viabilidad. Recordemos que el salario mínimo se incrementó por Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, y que ese incremento supuso una subida del 5,56 %, hasta
llegar hasta los 950 euros al mes. Una subida que, por cierto, se hizo contra el criterio de los empresarios autónomos de este país, causando un grave perjuicio a muchos de ellos porque supuso un incremento considerable de los costes para todas las
empresas, incluidos, por supuesto, los centros especiales de empleo. Una subida que se hizo además en un momento muy difícil, tremendamente difícil, como consecuencia de la pandemia que, para colmo, ha disparado también otros costes relacionados
con la protección de la salud, que en esta propuesta se cifra en un 29 %, pero que probablemente sea mayor en el caso de los centros especiales de empleo, puesto que estamos hablando de centros a los que acuden personas de riesgo que
necesitan más medidas de protección y, por tanto, más recursos. Lo triste de todo esto es que ha sido el propio Gobierno el que ha puesto tanto a las empresas como a los centros especiales en una situación complicada en el peor momento y
que, efectivamente, lo ha hecho sin brindarles ningún apoyo y sin echarles una mano para que pudieran hacer frente a este incremento de costes tan elevado, y más triste todavía es que esto no va a terminar aquí, ya que podría ser mucho peor si el
Gobierno va a subir nuevamente el SMI en los próximos meses, como parece que está pensando hacer, hasta llegar a los 1000 euros, que, por otro lado, es lo que le faltaba al sector hostelero, a la agricultura, a los autónomos, a las pymes y, por
supuesto, también a los centros especiales de empleo en estos momentos tan terribles.
No sé qué opinan los proponentes al respecto y si creen que a lo mejor todavía deberían prever ya una subida mayor de la que proponen, en previsión de lo que pueda suceder en los próximos meses, o pedirle directamente al Gobierno que no siga
subiendo el SMI porque, si no, no vamos a acabar nunca de ajustar las subvenciones. En definitiva, creemos que se trata de una propuesta muy genérica, indefinida, y que se ha quedado algo anticuada. Genérica puesto que se pide un aumento de la
subvención al 60 %, sin especificar si esta subida se pide para todos los grados de discapacidad o solo para algunos, indefinida porque tampoco especifica si esta subida se plantea para lo que queda del año, para 2021 o para siempre, y anticuada
porque no se ha actualizado teniendo en cuenta la orden ministerial posterior al registro de la PNL de 11 de noviembre, por la que el Gobierno ya incrementa estas subvenciones con carácter extraordinario, solo para 2020, eso sí, solo en un 55 % y no
en todos los casos, sino solo para personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, incluidas personas con trastorno del espectro del autismo o con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33
% y personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %.
Es decir, que tenemos una orden ministerial del Gobierno que reconoce que la subida del salario mínimo y los costes adicionales creados por la crisis sanitaria pueden entrañar dificultades añadidas al mantenimiento de los puestos de trabajo
de los centros especiales de empleo y, aun así, solo determina una subida extraordinaria para 2020, o sea, para dos meses, que es lo que queda, solo de un 5 % adicional y solo para casos concretos. A nosotros, desde luego, nos parece muy escasa,
insuficiente esta respuesta del Gobierno, sobre todo si piensa seguir aumentando el salario mínimo con la que está cayendo. Y, por tanto, a expensas de conocer cómo queda definitivamente la propuesta, con las enmiendas, con la enmienda en este caso
del Grupo Popular que se propone, apoyaríamos, siempre y cuando la subida de la subvención que se acuerde se prolongue al menos durante todo el 2021 o mientras dure esta crisis tan tremenda, y que se atienda más y mejor a las discapacidades más
severas, que son las que más difícil tienen el poder acceder a un puesto de trabajo, incluso con la mediación de los centros especiales de empleo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
A continuación, tiene la palabra el portavoz o la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra.
La señora LÓPEZ ZAMORA: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, no puedo pasar por alto que otra vez se ha vuelto a mentir en sede parlamentaria. Miren, señorías, por mucho que repitan una mentira no se va a convertir en realidad. El Gobierno subió el salario mínimo interprofesional
con el consenso de patronal y sindicatos, por lo cual no vuelvan a decir que no hubo consenso, porque hubo consenso.
Señorías, hoy venimos a hablar de centros especiales de empleo. En este caso es importante que señalemos la sensibilidad que han tenido el Grupo Parlamentario Socialista y este Gobierno ha tenido, por ejemplo, siendo conscientes de la
dificultad del acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad, y no solo en condiciones ordinarias sino también protegidas. Se procedió con estas circunstancias a incrementar la subvención para el mantenimiento de estos empleados de
manera extraordinaria para el año 2019 debido a la subida del salario mínimo interprofesional, pasando de un 50 % a un 55 % de subvención, facilitando que los centros especiales de empleo como empresarios pudieran cumplir con su obligación, con la
obligación que les corresponde, abonar el salario a sus trabajadores, pero que este aporte extra permitiera la adaptación a esta circunstancia, dadas las especiales características del colectivo. Además, no solo se hizo esto sino que en el año
2020, ante una nueva subida del salario mínimo interprofesional, consensuada con patronal y sindicatos, y los costes adicionales de
adaptación al puesto de trabajo para salvaguardar la salud de los trabajadores debidos a la pandemia mundial, se procede a mantener el incremento del 55 %. Repito, estos incrementos extraordinarios de la subvención han atendido
circunstancias coyunturales para permitir la adaptación a estas. Entonces, ¿por qué fijar un criterio si el Gobierno está analizando cada circunstancia y está adoptando medidas al respecto? ¿Quién asegura que ese porcentaje sea el adecuado?
Por último, desde el Grupo Parlamentario Socialista seguiremos instando al Gobierno a realizar revisiones de la subvención, tales como modificar, como bien han comentado los compañeros de Unidas Podemos, la asignación lineal de las ayudas
por una proporcional según el tipo y grado de discapacidad, para seguir facilitando el acceso al mercado laboral de trabajadores con discapacidad, medidas realistas destinadas a fomentar la integración laboral del colectivo.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: A usted.
A continuación, tiene la palabra el autor, Genís Boadella, para ver si se acepta alguna enmienda o está llegando una transacción. En fin, tiene la palabra.
El señor BOADELLA ESTEVE: Sí. Yo creo que aceptaremos que la enmienda que se propone se añada al texto de la proposición.
El señor PRESIDENTE: No... A ver, entiendo...
El señor BOADELLA ESTEVE: Que la única enmienda que hay, que es de adición, la aceptaremos para que se añada al texto de la proposición.
El señor PRESIDENTE: Bien. De acuerdo. Muy bien.
- RELATIVA A UNA NUEVA FORMULACIÓN DEL MODELO DE RESIDENCIAS DE MAYORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/000876).
El señor PRESIDENTE: Así, a continuación, pasamos al punto número 2 del orden del día, la proposición no de ley relativa a una nueva formulación del modelo de residencias de mayores, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.
Tiene la palabra Pilar Garrido, la portavoz. Tiene la palabra.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.
Está claro que nuestro país envejece y envejece rápidamente. En 2033 una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años según el INE, eso quiere decir que seremos más de 12 millones de personas ancianas frente a los 9 que hay hoy. El debate
del envejecimiento poblacional no se ha dado todavía en nuestro Estado, hemos dedicado tiempo a debatir y discutir sobre algunos elementos importantes, como pueden ser las pensiones de nuestros mayores, pero no hemos abordado todavía la cuestión de
cómo y en qué condiciones queremos que nos cuiden cuando seamos mayores o cómo queremos cuidar a nuestros mayores. La razón es bastante obvia, el Estado del bienestar en el Estado español tiene ciertas deficiencias, es un modelo que podemos
denominar modelo familiarista, donde el cuidado en general y el cuidado de nuestros mayores recae sobre las familias, lo que quiere decir que recae sobre las espaldas de las mujeres. En ese sentido, es urgente repensar este modelo del estado del
bienestar, que ha fundamentado y ha basado la división sexual del trabajo, otorgando valor exclusivamente al trabajo que se realiza fuera de casa y quitándole cualquier tipo de valor social y económico al trabajo que se realiza en el ámbito
doméstico.
La pandemia, la COVID ha puesto más claramente de manifiesto la necesidad de repensar este sistema de cuidados y de repensar el modelo residencial. Hemos visto las enormes carencias de este modelo. Podríamos hablar de la falta crónica de
personal, tanto en las residencias públicas como privadas, de la precariedad laboral, fruto de ese escaso valor que se le da al trabajo de cuidados, de la escasez de recursos, 0,7 del PIB, muy lejos de la media de los países de la OCDE, el nivel de
cobertura, plazas por 1000 personas mayores de 65 años, el volumen de población o de personas que se dedican a prestar estos servicios. Todo eso está muy lejos de los estándares y de las medias de los países europeos de nuestro entorno. Además, en
los últimos años ha habido un proceso de privatización del sector, muchas
residencias son públicas, pero están gestionadas desde lo privado y con intereses privados. Hablamos de grandes empresas que en detrimento del tercer sector se han ido haciendo con este nicho de negocio y han ido actuando en razón no de los
intereses y de los derechos de las personas mayores sino solo con una lógica mercantil y de sacar rendimiento económico.
Los Presupuestos Generales del Estado, que ahora mismo se están debatiendo en la Comisión de Presupuestos, tratan de revertir esta tendencia, esta tendencia que ha hecho tanto daño. Vamos a dedicar 600 millones a la dependencia, 700
millones a impulsar la economía de los cuidados, estamos hablando de invertir más del 50 % que se invertía antes. ¿Con la idea de qué? Con la idea de avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados y también de residencias, donde prioricemos la atención
domiciliaria, debemos de envejecer en nuestro entorno, el enfoque sea un enfoque comunitario, donde se respete y se fomente la autonomía y la dignidad de las personas, adaptando los servicios a las personas y a sus preferencias y no a la inversa.
Por lo tanto, debemos alejarnos del modelo actual, que es un modelo estandarizado, donde a las personas mayores a veces se les trata como meros objetos y solo se cubren sus necesidades básicas. Las personas mayores son ciudadanas y ciudadanos con
todos sus derechos. Por lo tanto, en esta propuesta lo que queremos impulsar es un sistema de residencias público, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración con el tercer sector, un sistema centrado en la atención a las personas,
como decíamos, que respete la autonomía y la dignidad de las personas mayores. También queremos hacer hincapié en que hay que asegurar la transparencia de la gestión de estos servicios residenciales y reforzar los mecanismos de inspección y de
control. No voy a referirme a las situaciones tan bochornosas que hemos visto durante esta pandemia, donde los poderes públicos parece que estaban mirando para otro lado. Por último, hay que revalorizar y dignificar el trabajo de los cuidados,
garantizando por un lado un salario adecuado y suficiente para los trabajadores y las trabajadoras de las residencias para que puedan cuidar en las condiciones adecuadas porque -y con esto acabo- uno de los objetivos también es cuidar adecuadamente
a las personas que nos cuidan. En Euskadi sabemos mucho de esto, hace mucho que las trabajadoras de las residencias, primero en Vizcaya y luego en Guipúzcoa, vienen peleando no solo por mejorar sus condiciones de trabajo sino también por que puedan
cuidar con dignidad a los mayores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Es el mismo, Miguel Gutiérrez. Tiene usted la palabra.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
Señorías, nuestros mayores han sido el colectivo que se ha visto más expuesto y a la vez más afectado por la COVID19 en esta pandemia. Algunos datos siguen siendo escalofriantes hoy en día. De todos los fallecidos a causa de esta
enfermedad o con síntomas compatibles, el 80 % de ellos son personas mayores de 70 años. Casi la totalidad de estos fallecimientos de personas mayores se produjeron durante la primera ola de la pandemia, entre los meses de marzo y junio, y los
afectados fueron sobre todo personas mayores que vivían en centros residenciales. Desde el inicio de la pandemia se estima que casi 23 000 personas mayores han fallecido en residencias por COVID19 con síntomas compatibles con esta enfermedad. Los
contagios y fallecimientos en residencias han sido uno de los episodios más aciagos de esta crisis sanitaria y el ejemplo más palpable del fracaso de toda una generación con las personas mayores, a quien no supimos cuidar y proteger. Lo peor ya no
es que no pudiéramos salvarlas sino que fuimos incapaces de garantizar algo tan básico como la compañía de seres queridos en el momento final de su vida. Nadie debería morir solo nunca, señorías. Esta situación se ha debido en parte por las
propias carencias del modelo de atención residencial, como se señala en la iniciativa que estamos debatiendo. Yo creo que es una lástima que además se haga de forma tan enrevesada como lo hace el grupo proponente, porque primero hablan de
debilidades del modelo de atención para después decir que estas debilidades vienen motivadas, y cito textualmente, 'por la colaboración público-privada', para al final decir que en realidad la gestión internalizada o externalizada no es en sí mismo
el problema, sino el modelo, y el modelo cuyas limitaciones dejan sentir sus efectos, con independencia de quién gestione el servicio. Lamentamos que el grupo proponente no sea capaz de dejar de lado los prejuicios ideológicos, ni siquiera cuando
hablamos de un asunto tan serio y tan delicado.
Sin embargo, y si prescindimos de todos estos vericuetos retóricos para dejar este sello ideológico, que es innecesario ante el drama que tenemos delante de nosotros, compartimos que el modelo de
atención de personas mayores tiene muchas carencias y que esta crisis lo ha dejado claro. Este grupo lo ha dicho muchas veces durante estos últimos meses, no solo nuestro modelo de atención residencial, nuestro modelo de cuidados en general
no funciona, y no lo hace, también se ha dicho, en primer lugar, porque no estamos haciendo un uso adecuado del mismo, no lo estamos usando en la práctica como fue concebido en la teoría.
Todos nos sentimos muy reconfortados al hablar de la autonomía personal, de poner a las personas en el centro del modelo, de los cuidados en el propio entorno de la persona, y así lo dice la Ley de dependencia. Los centros residenciales,
cuando no están dirigidos a usuarios que requieren cuidados continuos y permanentes no son ni deberían de ser más que hogares, hogares con zonas comunes, con actividades programadas, que prestan determinados servicios, pero hogares, al fin y al
cabo, no centros sociosanitarios ni menos aún centros sanitarios. La realidad, sin embargo, es muy distinta, las residencias han sido utilizadas como un cajón de sastre para la atención de necesidades muy diversas y para las que no siempre han
contado con servicios especializados ni, por supuesto, con los recursos para procurarlos. Esta falta de rumbo quedó puesta de manifiesto en la primera ola de la pandemia y, descontrolada la pandemia en las residencias, no solo no se prestó la
atención sanitaria que estas personas requerían sino que hubo casos en los que incluso esta atención se denegó, haciendo recaer el peso de la responsabilidad en la propia residencia. Pero las residencias no estaban capacitadas para prestar esta
atención sanitaria porque, como decía antes, ni era ni puede ni debe ser su cometido. Muchas personas mayores residen allí como podrían residir en su domicilio, vivir en una residencia no le priva a nadie de sus derechos, ni a recibir atención
sanitaria por parte de los centros sanitarios, como el resto de los ciudadanos, ni tampoco a poder moverse con libertad ni estar en compañía de sus familiares, salvo en supuestos en los que el centro deba permanecer en cuarentena. Por desgracia,
son muchos los derechos que se han conculcado durante esta pandemia y las personas mayores han sido las más perjudicadas.
Volviendo a la iniciativa que debatimos, como le decía, estamos bastante de acuerdo en lo que plantea, compartimos, por supuesto, la necesidad de revisar el modelo de atención residencial, compartimos la necesidad de reforzar la coordinación
entre los servicios sociales y sanitarios, compartimos que se asegure la transparencia en la gestión de los centros residenciales, cómo no, y, evidentemente, cada vez que hemos hablado de esto compartimos la necesidad de dignificar la labor que
realizan todos los trabajadores en estos establecimientos residenciales y en el sector de los cuidados en general. Hace falta reconocimiento, sí, pero también condiciones dignas y, mientras dure esta situación de emergencia sanitaria, medios
adecuados de protección. Compartimos casi todo, pero no todo. Como comentaba en un principio, ni se puede ni es legítimo ni es justo ni tiene sentido la imputación de responsabilidades que ustedes parecen deslizar hacia los centros residenciales
públicos de gestión indirecta.
Ustedes dicen que la modalidad de gestión en sí no es el problema, no es el modelo, pero entonces, ¿por qué meter una referencia, más allá de colmar las posibilidades de estas ansias ideológicas? Si no sirve para nada, sobra, porque
manteniéndola seguro que hay quien pudiera interpretar un afán de criminalizarlos y esto no sería más que una irresponsabilidad, y además una irresponsabilidad bastante absurda.
Finalizo, presidente. Hemos presentado una enmienda que ojalá tenga en cuenta todo esto que hemos mencionado, porque lo único que queremos es dejar claro que para llevar a cabo esta revisión del modelo hay que pensar sobre todo en sus
usuarios que son quienes nos deben mover en esta misión. Ni podemos ni debemos prescindir de nadie. Esto es lo que planteamos y lo que esperamos que tenga en consideración el grupo proponente.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para defender la enmienda que ha registrado.
La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy debatimos en esta Comisión un asunto que nos debe de ocupar y preocupar, que necesita inexcusablemente que elevemos nuestro debate, dirigido simplemente a la necesaria atención que dignamente merecen nuestros mayores y nuestras
mayores. España cuenta con una de las más altas tasas de esperanza de vida en el mundo y con un 19,4 % de población mayor de los 65 años. La pandemia que por desgracia nos azota se ha cobrado y sigue cobrándose muchas vidas, además de las
inherentes consecuencias que se suman a esta situación, con múltiples impactos y secuelas a nivel físico, psicológico
y de calidad de vida, atacando primordialmente en la primera ola a nuestras residencias. Nuestras residencias de mayores se configuran como un sustitutorio del propio hogar, son centros abiertos de vida y de convivencia, con un cierto apoyo
sanitario, jamás estaban concebidas como centros para cuarentena o confinamiento. En nuestro país contamos con 5457 centros residenciales, públicos, concertados y privados, donde, al igual que en los espacios sanitarios, tanto profesionales, como
usuarios y familias han tenido que enfrentar una situación durísima, sumada a la limitada plantilla, mucha de ella afectada por el propio virus y con difícil reemplazo por el aumento también de las convocatorias de plazas sanitarias. En definitiva,
esta pandemia mundial nos hace replantearnos si es correcto el modelo con el que contamos o si debemos ir hacia otro distinto en coordinación con los servicios sociales y sanitarios, para tratar de forma integral a lo más importante, la persona.
Hemos sumado unas enmiendas con el carácter constructivo que expresaba al principio, primero, lo que entendemos que es importantísimo, seguir desarrollando plenamente la Ley de dependencia y dotándola presupuestariamente, y se lo decimos
quienes estamos en el Gobierno, hasta llegar al justo 5050, comunidades autónomas y Gobierno. Hemos dado un impulso importantísimo en este presupuesto, pero somos también honestos y queremos ser lógicos con lo que debemos de seguir haciendo, contar
con un mapa completo de plazas residenciales y de recursos, porque es simplemente desde el mejor análisis y el más profundo cuando podemos implementar medidas, implementar todos los estudios necesarios para una mejor radiografía y, por tanto, una
implementación de recursos justa, profesionalizar mediante la formación profesional la atención a nuestros mayores y la tan necesaria coordinación, que creo que también es de lógica, poniendo a las personas, a nuestros mayores en el centro, y que lo
que se muevan sea el resto de servicios, los sociales, los sanitarios y los propios residenciales. Decía Albert Einstein que entre las dificultades se esconde la oportunidad y esa oportunidad la merecen dignamente nuestros mayores.
Espero tengan a bien aprobar esta iniciativa y las enmiendas que presentamos.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Iré citando los grupos de menor a mayor.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto no está.
Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Mertxe Aizpurua tiene la palabra.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente.
Es una cuestión urgente esta que acometemos hoy aquí, el coronavirus, lo sabemos todos, ha tenido un impacto demoledor en los centros residenciales para personas mayores, ha dejado también al descubierto un modelo de cuidados que al menos,
por calificarlo suavemente, es inoperante. Los datos son escalofriantes, la mortalidad de personas en estos centros ha puesto de manifiesto el tremendo impacto diferencial también de la epidemia. Por un lado, a la hora de hablar de este sector, de
esta parte de la población, no hay que olvidar que muchas de las plazas financiadas por dinero público están gestionadas por entidades privadas con y sin ánimo de lucro, es un factor a tener en cuenta, y entre estos proveedores también ha ido
creciendo el peso de las grandes empresas en detrimento de las empresas del tercer sector. Por otro lado, hasta el momento desde el punto de vista comparado España no se caracteriza precisamente por un gasto público elevado en este tipo de centros.
Ahí están los datos de la OCDE, se está lejos de los niveles de otros países europeos, como pueden ser Francia, Bélgica, Alemania, Holanda o Suecia, y tampoco destaca España por las coberturas particularmente altas, y en parte ese menor gasto
público se relaciona también por el escaso nivel retributivo que obtienen en España los trabajadores y trabajadoras de este sector. De hecho, las malas condiciones laborales caracterizan también un sector en el que, una vez más, las mujeres son
ampliamente mayoritarias. En definitiva, coberturas y ratios profesionales insuficientes, ofertas formativas limitadas también, malas condiciones laborales y un gasto muy inferior al que se realiza en otros países de nuestro entorno, como digo,
hasta el momento al menos.
Creo que también hay que tomar en cuenta que las carencias de los centros residenciales tienen mucho que ver con la orientación general del modelo, tal y como se dice en esta PNL. Muchas de las residencias hoy en día siguen siendo una
especie de híbrido entre cuartel, hospital y hotel, una mezcla extraña, pero pocas veces se plantean como lo que realmente debieran de ser, el hogar de la gente que reside en ellas, un lugar para poder vivir como en casa, o al menos que se le
parezca. Es el propio modelo, efectivamente, el que debe ser revisado completamente, hay que tener en cuenta también, tal y como se ha señalado, la capacidad de elección y el control por parte de las personas usuarias, así como
la conciliación de los derechos individuales con las necesidades de organizaciones flexibles frente a modelos que algunas veces son en cierto modo un tanto paternalistas y también excesivamente basados en el saber profesional, pero que
olvidan otros factores a tener en cuenta.
Hay evidencias concluyentes de que las características físicas de los centros, el tamaño, la disponibilidad de habitaciones individuales, las zonas verdes que rodean a estos centros tienen un impacto directo en la calidad de vida y en la
salud de las personas usuarias. Al final lo que hay que tomar esto es como un todo integral, no podemos olvidar que en las residencias, también fuera de ellas, como en todo, la salud es un asunto integral, un asunto integral en el que se conjugan
aspectos ambientales y organizativos que van mucho más allá de lo estrictamente sanitario. El reto está ahí, en garantizar la seguridad de la salud y la calidad de vida de las personas residentes, y cuidando a la vez de que estos centros no se
conviertan al final en unos hospitales sino que se mantengan fieles a esa idea o a ese espíritu que debiera ser de intentar vivir como en casa en esos centros.
Votaremos a favor porque compartimos el planteamiento que se hace en esta proposición no de ley.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Vasco, Íñigo Barandiaran. Tienes la palabra.
El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señor presidente.
Si de algo ha servido, o esperemos que sirva esta tragedia de la pandemia, ha sido precisamente para poner sobre la mesa un debate que ya es ineludible, el de repensar el modelo de residencias, sobre todo porque han sido los principales
destinatarios o las principales víctimas de las consecuencias sanitarias de la crisis, de la pandemia. Sin embargo, es bueno también decir que repensar el modelo de residencias, repensar el modelo de asistencia a la tercera edad, sobre todo a la
tercera edad en situación de dependencia, es algo que se debe hacer desde un punto de vista reflexivo, tendente al acuerdo y no dogmático. Desde ese punto de vista cabe simplemente ofrecer contrastes de modelos, por decirlo de alguna manera.
En Euskadi existen alrededor de 18 500 plazas residenciales de la tercera edad, de las cuales más del 85 %, entre el 85 % y el 90 %, son bien de titularidad o bien concertadas por el sistema público. El nivel de gasto, evidentemente, es
amplio y, pese a ello, pese a ese nivel de inversión importante, lo cierto es que la afectación de la COVID en las residencias de ancianos ha sido muy importante; de hecho, uno de los focos principales, sobre todo al principio, de entrada de la
pandemia fueron determinadas residencias o determinado ámbito residencial, fundamentalmente en Álava, aunque luego también ha habido otros lugares en la segunda ola en los que también ha sido importante su afectación. Esto nos lleva a pensar que no
solo es cuestión de inversión -que también, y desde luego de forma necesaria- sino sobre todo de la definición del modelo de asistencia que queremos para el ámbito residencial para la tercera edad, y esa es una reflexión, vuelvo al principio, que se
ha de hacer de forma reflexiva, pausada y no destinada al enfrentamiento, porque cualquier solución que se le pretenda dar basada, no ya en la confrontación, que es importante, sino en el enfrentamiento y la falta de acuerdo, no va a ser adecuada
porque va a ser objeto de polémica y porque en algún momento se va a pretender reformar al no estar de acuerdo. Entendemos que es una situación, un problema demasiado importante como para jugar con él por intereses meramente políticos o
coyunturales.
En cuanto a la PNL como tal, creo que es en su mayor medida aceptable, solo que parte de una premisa a nuestro modo de ver un tanto excesiva desde el punto de vista de lo que siempre reclamamos, el respeto al ámbito competencial de las
comunidades autónomas, porque no olvidemos que el ámbito residencial se ha atendido fundamentalmente por las entidades locales, por los ayuntamientos sobre todo en un primer momento y se ha atendido también en el caso de Euskadi por las diputaciones
forales o por las comunidades autónomas. Es verdad que existe la posibilidad de establecer unos criterios generales por parte del Estado de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional en la materia, pero lo que no se debe de entender es
que ese impulso que reclama la proposición no de ley se haga en términos de coerción o limitación de las facultades de aquellas actuaciones que ha habido -definirlo hoy como modelo sería un absoluto error-, que sí han tenido determinado impacto
favorable en la población a la que se han dirigido a lo largo del tiempo. Por eso, cuando habla de eficiente coordinación y asignación entre salud y servicios sociales lo hace respecto de materias que son competencia de las comunidades autónomas,
no del Estado, y esa cuestión también parece que de alguna manera siempre sobrevuela cuando es Podemos el que toma la iniciativa en
cualquier materia, y, desde luego, la transferencia en la gestión de servicios residenciales. Sobre todo hay una cuestión importante -esa sí que se ha recalcado por alguno de los intervinientes y me gustaría hacerlo a mí también-, y es la
de dignificar el trabajo de cuidados, la de poner en valor e incluso especializar, valorar y reconocer, por lo tanto, a nivel consecuente el trabajo de los cuidados y de los cuidadores, que es algo que se debe de tener en cuenta a la hora de modelar
el sistema. Creemos que en ese sentido la proposición no de ley aporta cuestiones que son, no solo necesarias, sino también acertadas en algún aspecto, pero en otras induce a un cierto grado de confusión. No la voy a apoyar, peor no me voy a negar
a ella, haciéndole partícipe a la proponente de que, sin embargo, coincidimos, primero, en la intencionalidad de la proposición no de ley, no tanto en algunas medidas, que quizás vayamos a discutir en su momento cuando exista una actuación
legislativa en la materia, que creemos que se debe hacer -vuelvo al principio- en un tono sosegado, reflexivo y conducente a un acuerdo que se ha de alcanzar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Plural, el señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.
Yo creo que a la hora de abordar este tema lo primero que toca hacer es solidarizarse con todas aquellas familias que han perdido a sus seres queridos, sus seres mayores en residencias y en esta pandemia. El tema tiene algo más de
profundidad si uno lo aborda desde lo que ha pasado y no desde el tiroteo político, por decirlo de algún modo, de un partido hacia otro. En este punto, se ha señalado antes -los datos son, efectivamente, escalofriantes-, creo que podemos constatar
que el modelo no ha funcionado, que tiene sus carencias y, por tanto, en este ámbito sí que compartimos una reflexión profunda y necesaria sobre toda esta cuestión. Lo cierto, no obstante, es que no entendemos o no compartimos el análisis o la
visión que se realiza del planteamiento. ¿Que ha pasado esto? Sí. ¿Que hay que analizarlo y plantear una revisión? Sí. Pero es cierto que la proposición plantea todo un viaje ideológico. ¡Hombre!, por aquí sale que esto obedece a la lógica
neoliberal, yo diría que la proposición no a la lógica neocomunista, sino a la comunista directamente. Y, por tanto, cuando aquí se dice que la llamada colaboración público-privada se ha usado para poner recursos públicos al servicio de entidades
privadas que acumulan beneficios, pues no es esto. Quizá ha pasado, quizá hay ejemplos desafortunados, pero la colaboración público-privada ha dado modelos de éxito que no merece este reproche general. Cuando se dice que la privatización y
mercantilización de los cuidados ha ido convirtiendo progresivamente el modelo de residencias en una suerte de factorías de atención no personalizada, yo hasta le podría dar ejemplos de residencias privadas donde la gente ha tenido una atención
perfecta, es decir, que esta lógica de que privatizar y mercantilizar da mal resultado, pues a veces hay residencias privadas que han tenido mejores resultados en cuanto a no contagios que algunas de las del sector público. O cuando se dice que la
transparencia y la mala gestión de la información ha supuesto un añadido desconcierto a las familias, prácticamente -y le hablo del caso catalán- la transparencia, la mala gestión de la información ha venido a cargo de la Administración pública, no
de las residencias, con órdenes contradictorias, con un sistema totalmente caótico en la gestión de la información por parte del departament que se ocupaba de residencias, hasta el punto de que la competencia se cambió a otro departament. Por
tanto, poner toda esta carga ideológica en la previa a la proposición yo creo que desautoriza mucho la buena intención o el debate serio o el debate interesante que tenía la proposición. Aparte, me sumo también a la intervención del PNV en relación
con la invasión que supone la referencia a las comunidades autónomas que se hace en la parte dispositiva.
Por todas estas cuestiones -quiero matizarlo muy bien-, solidarizándonos con toda la situación vivida y lo que han sufrido las familias, entendiendo que este es un debate que se tiene que tener de forma seria y sobre la base de análisis de
resultados, no compartimos que un enfoque con tal viaje ideológico pueda ser la mejor solución para el tema de las residencias y la atención a la gente mayor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, señora Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, president.
Hay que partir de la base de que el sector de los servicios sociales ha sufrido de siempre el problema de no ser un sector estructurado como un verdadero pilar del sistema del bienestar, junto al sistema de
salud o al educativo. Desde la perspectiva asistencial social los modelos de atención centrada en la persona o los modelos residenciales basados en unidades de convivencia no cuentan con un modelo único de gestión. No podemos negar que hay
una atomización del sector y que a menudo dificulta que los diversos agentes cooperen y lleven a cabo una estrategia común de provisión de servicios. El modelo de atención centrada en la persona tiene que garantizar un sistema residencial como
servicio relacional, de acompañamiento a la persona y a la familia, de promoción de las capacidades, de atención a la autonomía y de calidad de vida; hay que plantear el modelo de grandes operadores, que a veces ponen el beneficio ante la calidad
de los servicios. Hemos estado sujetos a una aplicación de la normativa de contratación que ha favorecido la aparición de grandes competidores, que aprovechan las economías de escala para copar las licitaciones, ajustando márgenes de costes,
rebajando calidad asistencial y estandarizando esta actividad. Debemos cambiar nuestro marco legislativo en materia de contratación y garantizar siempre lo siguiente: calidad antes que precio, proximidad versus estandarización, proyecto
asistencial versus especulación. En Cataluña hemos tenido enormes dificultades para impulsar una normativa de contratación de los servicios de atención a las personas, una contratación que priorice la calidad asistencial y ponga freno a las grandes
concesionarias. La demagogia y el electoralismo se ha impuesto muchas veces en los debates razonados y reposados.
Otro elemento importante a destacar es el de las malas condiciones de los profesionales del sector. Hace falta un reconocimiento a los profesionales de los servicios residenciales, hay que hacer crecer su prestigio social, y esto pasa por
una mejora de sus salarios. Debemos denunciar el incumplimiento del Estado en la financiación de este sistema porque repercute gravemente en su calidad. Este es un tema que viene de lejos y que explica las debilidades del sistema que hemos
heredado. A mitad de los años ochenta el Estado traspasó las competencias de servicios sociales a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, se olvidaron de trasladarles su financiación. El déficit de transferencias del Estado en servicios
sociales en Cataluña es histórico y además muy elevado. La deuda anual acumulada durante el periodo 2008-2019 es de casi 3 700 000 euros. Es el Estado quien decide a quiénes se aplican los recursos transferidos y mengua el nivel de autonomía
competencial de la Generalitat y de las comunidades autónomas. El despliegue de la Ley de dependencia a partir del 2016, con una financiación manifiestamente insuficiente por parte del Gobierno central, ha hecho imposible el desempeño de los
objetivos que nos habíamos fijado como país para el conjunto del sistema de fomento de la autonomía personal. El Estado no ha aportado nunca, ni un solo año, la parte proporcional de la financiación que le corresponde para aplicar y desplegar esta
ley, los recortes del PP que aplicó al sistema en el 2012 y 2013 y que no han sido corregidos todavía por el Gobierno del PSOE.
Acabo poniendo en valor que hemos tenido una pandemia que además agrava estas desigualdades, que serán imposibles de afrontar si no entendemos el sistema de servicios sociales como un pilar del Estado del bienestar a todos sus efectos, el de
financiación también.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO VILCHES: VOX ha manifestado en reiteradas ocasiones su indignación por la situación que se ha vivido en las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia, y esta situación se puede estar viviendo nuevamente.
Precisamente todos recordamos cómo el vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales, don Pablo Iglesias Turrión, asumió el mando y la coordinación de la administración de las residencias, con el resultado que todos conocemos, más de 23
000 ancianos fallecidos. A día de hoy el Ministerio no ha dado cuenta de cuáles han sido las gestiones realizadas en esa coordinación, aparte del postureo de salir a una rueda de prensa anunciando la medida. Por tanto, VOX reconoce la extrema
gravedad del problema en lo que respecta a la vulnerable situación en la que el sistema ha colocado a nuestros ancianos, pero nuestro partido no admite el tendencioso diagnóstico que hace esta PNL, que achaca directamente a la titularidad de las
residencias y a la supuesta precariedad de quienes trabajan en ellas los malos resultados obtenidos. Conviene tener en cuenta que una residencia no es un centro medicalizado y ha sido el Servicio Público de Salud el que no ha podido o no ha querido
hacerse cargo del tratamiento de los residentes afectados por el COVID. Sin perjuicio de que la gestión de algunos centros haya podido ser eficiente, no tenemos constancia de denuncias masivas ni de inspecciones administrativas que hayan detectado
grandes fallos en los protocolos internos de las residencias, tampoco en los centros públicos que existen en nuestro país hay diferencias estadísticas
reseñables respecto a otros privados. La tesis según la cual las residencias privadas son malas porque son un negocio, aunque algunas de ellas no tengan ánimo de lucro, y las públicas son maravillosas, es una completa falsedad. Dense
ustedes una vueltecita por las residencias públicas de países como Cuba o Venezuela y descubrirán la verdadera hecatombe humanitaria que se ha producido en centros públicos cuando estos están en régimen de monopolio. Así que nuestro partido votará
en contra de esta PNL.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Ortiz.
El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidente.
Señorías, debatimos una PNL de Unidas Podemos sobre el modelo de residencias de personas mayores en nuestro país, a las que demonizan, intentando buscar falsos culpables y no buscando soluciones desde el diálogo y el acuerdo, que es lo que
necesitan las residencias de personas mayores en plena pandemia sanitaria. Señorías de Unidas Podemos, ¿qué pretenden con esta PNL? Señorías, la gran mayoría de las residencias de personas mayores de este país son públicas y universales. ¿Qué
impedimentos se le pone a cualquier persona mayor para entrar en la red de residencias? ¿La gran mayoría de residencias de este país no funciona a través de un sistema de concierto público de plazas con todas y cada una de las comunidades
autónomas? ¿La gran mayoría de residencias de personas mayores de este país no se construyen, abren y gestionan a través de una normativa autonómica reguladora con las características técnicas, funcionales, de servicios y de número de plazas y de
personal?
A Unidas Podemos ya le decíamos cuando estaban en la oposición que no era lo mismo pregonar que dar trigo. Ahora ustedes gobiernan en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas y también en el Gobierno central. Dejen de hacer
oposición y gobiernen. Hablan de aprobar un acuerdo de gobierno sobre las residencias de personas mayores. ¿En manos de quién ese acuerdo? ¿Del vicepresidente Iglesias, el vicepresidente de Derechos Sociales, el mismo que no ha hecho
absolutamente nada en plena pandemia sanitaria, cuando tantas personas mayores han sido contagiadas por el COVID19 en las residencias, dedicándose a echar las culpas a las comunidades autónomas? ¿Por qué no han coordinado ninguna medida? ¿Por qué
no han activado ninguna ayuda desde el Gobierno central a las residencias de personas mayores? ¿Por qué no han hecho absolutamente nada? Hablan de gestionar desde lo público todas las residencias de personas mayores. Una pregunta, ¿por qué no han
municipalizado ninguna residencia de personas mayores en Madrid cucando gobernaban el Ayuntamiento de Madrid? ¿Por qué siguen licitando la gestión de las residencias de personas mayores en las comunidades autónomas donde gobiernan?
Señorías, estamos en una situación crítica, hace falta gestión, no política. Los tiempos han cambiado. Dejen la pancarta. Ustedes ya son casta. Trabajemos unidos para dotar de más recursos y de nuevos sistemas funcionales a las
residencias de personas mayores y apoyemos a los magníficos profesionales que trabajan en ellas. Se lo decimos de nuevo desde el Grupo Parlamentario Popular, dejen la pancarta de una vez y gobiernen, en coordinación con las comunidades autónomas,
en coordinación con los ayuntamientos, que son los que construyen, abren y gestionan las residencias de personas mayores en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del grupo proponente, la señora Garrido, para decir si acepta o rechaza las enmiendas, o si está llegando o puede llegar a algún tipo de acuerdo.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Sí, presidente, vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Socialista, porque no están en contra y añaden algún elemento que quizás es interesante, y no vamos a admitir la enmienda de Ciudadanos. Yo creo que el
posicionamiento está claro, el posicionamiento de Ciudadanos, junto al PNV, junto al Partido Popular, no es un viaje ideológico... (Rumores).
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Presidente, ¿podemos hablar todos los demás luego?
El señor PRESIDENTE: Perdón, solo tenía la palabra para decir si aceptaba o no las enmiendas.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Sí, pero tendré que explicar por qué digo que no.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: No hace falta que explique nada. No se preocupe. Ya la hemos entendido.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Quien da la palabra soy yo. Y era solo para eso, si aceptaba, no aceptaba o llegaría a algún tipo de acuerdo. No es para volver a abrir el debate.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: No vamos a aceptar la enmienda de Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Muchas gracias.
Teníamos que empezar el punto número tres del orden del día, pero como a las doce hemos de estar en el minuto de silencio, significaría que la portavoz del grupo parlamentario en cuestión haría la exposición y nos iríamos. Yo creo que es
mejor hacerlo todo después, si no parecería una falta de consideración, el que terminara de hablar y nos fuéramos todos, aunque luego volvamos. Por lo tanto, si nadie tiene nada que objetar, cortamos ahora. Intentemos nos quedarnos por allí y
volver lo más pronto que podamos. ¿De acuerdo? (Asentimiento). Muy bien.
Suspendemos momentáneamente la sesión. (Pausa).
- RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD MÍNIMO DEL 33 % A LOS PACIENTES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS, AUTOINMUNES Y NEURODEGENERATIVAS CON INDEPENDENCIA DEL ESTADIO DE LA ENFERMEDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX.
(Número de expediente 161/000913).
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el punto 3.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa al reconocimiento del grado de discapacidad mínimo del 33 % a los pacientes de enfermedades crónicas, autoinmunes y
neurodegenerativas, con independencia del estadio de la enfermedad, que presenta el Grupo Parlamentario VOX, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz, Rocío de Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Yo querría que en esta materia abandonáramos un poco las cadenas de odio que solemos tener hacia esta formación política y que sus señorías trabajáramos en algo que además de necesario es importante para tanta gente vulnerable. Ustedes no
quisieron aprobar nuestras iniciativas en torno a la gratuidad de las mascarillas para tanta gente que lo necesita; también se negaron, por no quebrantar su cordón sanitario, a luchar por la dignidad de las mujeres en el ámbito de la gestación
subrogada. Hoy les pido que abandonen esa actitud y podamos aprobar entre todos esta proposición no de ley, que consideramos indispensable para tanta gente vulnerable.
Por estas razones, nosotros presentamos esta proposición no de ley. Queremos que se reconozca el grado de discapacidad como mínimo del 33 %, que es el límite legal que tiene sentido para ejercer políticas de protección a estos colectivos
con las enfermedades crónicas y con especial atención a las autoinmunes y neurodegenerativas. Y es importante que se haga con independencia del estadio de la enfermedad, porque en muchas ocasiones nos enfrentamos a una variedad y una casuística
infinita de enfermedades, y en muchísimas ocasiones presentes desde la más tierna infancia, en muchos casos están altamente medicalizados, lo que además impiden el buen desarrollo de la educación en el caso de los niños. Son situaciones que también
van acompañadas de procesos psicológicos muy duros, de tratamientos médicos muy complejos y, en cualquier caso, que alteran la normalidad. En el caso de la infancia la atención la ponemos en la educación, que no se desarrolla normalmente, pero a
continuación también estas enfermedades que acompañan a estas personas a lo largo de toda su vida les ponen trabas en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito laboral, en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de los concursos públicos,
etcétera.
En fin, creemos que si se reforman de alguna manera estos baremos y además se hace a nivel nacional, sin contemplar las diferencias que solemos tener en el caso de las comunidades autónomas, protegeríamos mejor a estas personas, las
protegeríamos de cara al acceso a un empleo, porque podrían optar a un empleo protegido de cara a una reserva de plaza en las administraciones públicas y podríamos además conceder a esas personas que pudieran acceder a las subvenciones o
bonificaciones en el caso de autónomos o pequeñas empresas. El caso quizá más reseñable es el caso de la esclerosis múltiple, pero insisto en que la casuística es infinita. Nos enfrentamos además, en muchas ocasiones, a enfermedades con síntomas
invisibles, porque aparentemente esas personas no están enfermas pero por dentro están sufriendo un calvario.
Quiero hacer hincapié en que no basta con aprobar hoy esto, si es que lo llegamos a aprobar, sino que hay que ir más allá. Yo creo que los ciudadanos, y especialmente colectivos como estos, que ya sufren una vulnerabilidad, tienen que ver
que la voluntad política no es declarativa, sino que podemos llegar a plasmar estas cosas en el Boletín Oficial del Estado para mejorar realmente la vida de la gente y sobre todo de los más humildes, que son de los que realmente tiene que encargarse
el Estado. El Estado, según el artículo 9.2 de la Constitución, tiene que remover todos estos obstáculos que sufren todas estas personas, y además también los sufren sus círculos familiares. Pues bien, nosotros tenemos la obligación de cuidar a
estas personas, tenemos la obligación de trabajar por que esto sea una realidad, y espero realmente que esto, si se llega a aprobar, no se quede en un titular, sino que realmente podamos transformar la vida de la gente.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra Rosa Romero.
La señora ROMERO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías.
Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo para las víctimas de violencia de género: cuarenta y una mujeres han muerto en lo que llevamos de año, y expresar mi compromiso y el de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario
Popular, para seguir trabajando en erradicar esta gran lacra social.
Más de un millón de personas en España padecen enfermedades crónicas, autoinmunes y degenerativas, como la esclerosis múltiple, el Alzheimer, otras demencias, el Parkinson o ELA, entre otras. Estas enfermedades, efectivamente, en la gran
mayoría de los casos son de síntomas invisibles, motivo por el que su diagnóstico no siempre es rápido y fácil y hace que carezcan durante bastante tiempo de cualquier tipo de protección. Por ello, las organizaciones de pacientes vienen reclamando
desde hace tiempo que a los afectados y a las personas que padecen este tipo de enfermedades se les reconozca automáticamente, una vez diagnosticados, el 33 % de la discapacidad, debido a las dificultades que, efectivamente, tienen para poder seguir
manteniendo su calidad de vida, su empleo, para acceder a un empleo, pudiendo disponer así de mejores bonificaciones o prestaciones para la ayuda en el transporte o la asistencia de cuidados sociales.
En este tiempo de crisis sanitaria y de pandemia las personas con estas enfermedades han tenido y todavía tienen más dificultades, por ser en la mayoría de los casos más vulnerables al COVID y en muchos casos prácticamente no han podido casi
salir a la calle o no han podido mantener su vida laboral, que son dificultades añadidas, lógicamente, muy negativas. En el caso de los niños con enfermedades de este tipo necesitan urgentemente de este tipo de reconocimiento para poder tener
acceso a recursos educativos adaptados a sus necesidades, bien sea la educación inclusiva o la educación especial, en función del modelo y de la libertad de sus padres para elegirlo.
Nosotros estamos de acuerdo con esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario VOX y, efectivamente, consideramos que es necesario modificar y actualizar estos baremos, porque desde su aprobación no hay duda de que ha
habido cambios sociales importantes,¡. Los cambios demográficos, el incremento en el envejecimiento de la población y, por tanto, el incremento de la dependencia, son factores sociales que han de tenerse en cuenta.
Son preocupantes los retrasos en los reconocimientos de la discapacidad y es preocupante el incremento que se está viendo en la lista de espera. En lo que va de año, de enero a octubre, tenemos datos más que escalofriantes: de más de un
millón de personas dependientes, más de 200 000 no reciben ninguna prestación de ayuda, a pesar de tenerla reconocida y 47 000 personas dependientes han fallecido sin que recibieran ninguna ayuda o prestación; es decir, una media de 160 fallecidos
dependientes al día inmersos en el laberinto del caos de la gestión del vicepresidente Iglesias, del Gobierno de Sánchez, más preocupado de otras cosas que de su gestión, que es un absoluto caos.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
La señora ROMERO SÁNCHEZ: Termino.
Es necesaria una nueva estrategia nacional para la cronicidad, una actualización, y para que se produzca se necesita su aprobación. Nosotros lo hemos presentado como enmienda de adición a su propuesta, para que haya equipos
multidisciplinares que se coordinen mejor, profesionales sanitarios y sociales -termino rápidamente, señor presidente-, lo hemos presentado en forma de enmienda para mejorar la atención a las personas con este tipo de enfermedades, y también les
hemos pedido incrementar
la capacidad resolutiva de la atención primaria, su refuerzo, apoyo a profesionales, así como la dotación tecnológica necesaria.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al turno de fijación de posiciones.
¿Mertxe Aizpurua no está? (Pausa). Entonces, si no me equivoco, tiene la palabra el señor Miguel Gutiérrez, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
La iniciativa que debatimos en estos momentos se centra en la protección que se presta a las personas que padecen enfermedades crónicas en España, y hablamos de un colectivo muy numeroso. No disponemos de un cuadro completo sobre la
cronicidad en nuestro país, pero algunas cifras creo que nos dan cuenta de la magnitud de este fenómeno y es importante que las tengamos en cuenta.
Según el informe Cronos, unos 19 millones de personas pasa por algún tipo de proceso crónico en su vida en nuestro país. La cronicidad copa el 75 % del gasto sanitario en pacientes de más de 65 años y es causa de más de 300 000 muertes al
año. La cronicidad ha aumentado significativamente en las últimas décadas, y podríamos hablar de muchos tipos de cronicidad, pero centrándonos en unos procesos de cronicidad más frecuentes, como es el dolor crónico, el 30 % de los que lo padecen ha
estado de baja a lo largo de su vida laboral, el 22 % han perdido su empleo y el 8 % han visto perjudicada su promoción profesional por su causa; un 4 % de ellos se ha visto obligado a cambiar de puesto de trabajo incluso. El tiempo promedio de
baja media por episodios de dolor crónico es de catorce días.
Como resultado, se estima que en España el coste total directo e indirecto que ocasiona el dolor crónico asciende a 16 000 millones de euros anuales, señorías, lo que supone el 2,5 % del producto interior bruto del país. Y, más allá de lo
económico, en la experiencia del dolor interactúan además otros factores que no son solo biológicos, sino también emocionales y sociales. El 50 % de las personas que padecen dolor crónico sufren trastornos del sueño; el 47 % sufren cuadros
depresivos asociados; el 36 % consideran que tiene un impacto negativo en su familia o amigos, y el 27 % afirma sentirse aislados socialmente a causa del dolor.
Estos datos yo creo que dan cuenta, no solo de la prevalencia de este tipo de dolencias, sino sobre todo de sus consecuencias, tanto para los pacientes como para el conjunto de la sociedad y de nuestra economía. Creemos que resulta
imprescindible que la atención sanitaria que se preste a quienes sufren estas enfermedades se acompañe también de una asistencia sociosanitaria y de una acción protectora de naturaleza social que permita abordar el riesgo de dependencia y de
exclusión al que se ven sometidas muchas de estas personas por causa de una enfermedad que les impide llevar una vida normalizada.
El señor PRESIDENTE: Ha agotado su tiempo.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Sí. Finalizo, presidente.
Teniendo todo esto presente, no podemos añadir nada más salvo que compartimos la necesidad de este reconocimiento automático de la situación de discapacidad a todas las personas que padecen estas enfermedades crónicas, lo mismo que veíamos
adecuado establecer este reconocimiento a otros casos, como el de las personas que padecen enfermedades neurodegenerativas o autoinmunes. Así lo hemos defendido en otras ocasiones en esta Cámara y lo seguiremos defendiendo.
Por todo ello, les adelanto que votaremos a favor de esta iniciativa. Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
A continuación, tiene la palabra -les recuerdo que es por tiempo de dos minutos- el señor Genís Boadella, del Grupo Parlamentario Plural. (Denegación). De acuerdo.
Tiene la palabra, por tanto, la representante del Grupo Parlamentario Republicano. (Denegación). De acuerdo. Si esto me lo dicen antes podemos ir más deprisa.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz, Marisa Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Moltes gràcies, president.
Plantean ustedes en su PNL, señores de VOX, que todas las personas diagnosticadas de cualquier enfermedad crónica, neurodegenerativa o autoinmune sean inmediatamente calificadas con un 33 % de discapacidad. Presuponemos la buena intención
con esta PNL, pero es muy desafortunada. Su
formulación responde a una forma superada de concebir la diversidad humana y, dentro de ella, la relación que se establece entre enfermedad y limitaciones de la actividad de las personas en la vida diaria, que están en función de los
tratamientos, apoyos o supresión de las barreras en su entorno.
Esta PNL se apoya en un modelo ya caduco, en el que el diagnóstico médico determinaría de manera automática la calificación de discapacidad, independientemente de las limitaciones de la actividad. El real decreto que regula el
reconocimiento y la declaración del grado de minusvalía ya establecía que la enfermedad es una cosa y la declaración de discapacidad es otra, no cayó ya entonces en esta relación que ustedes plantean de manera automática. Esta norma no era de un
peligroso Gobierno progre, como a ustedes les gusta decir, era del Gobierno de Aznar y el señor Pimentel, el ministro de Trabajo, y ya planteaba que un proceso patológico que da origen a una limitación ha de ser previamente diagnosticado y debe
haber aplicado las medidas terapéuticas indicadas y, a partir de ahí, en función de las limitaciones que supongan para la vida diaria, se hablaría y se valoraría la discapacidad. De manera que el diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de
valoración en sí mismo.
Ustedes hablan de que las pautas de valoración no se fundamentan en el alcance de la deficiencia, sino en el efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. No tienen en cuenta esta relación entre ambas
cosas. En su PNL llegan a afirmar que el reconocimiento del grado de discapacidad determine de manera automática incluso el acceso a la educación inclusiva o especial, en función del diagnóstico médico. Esto ninguna ley educativa de la democracia
lo ha tenido en cuenta ni lo ha considerado de esta manera. Obviamente, la escolarización depende de las necesidades educativas y de atención del alumno o la alumna. Algunos alumnos con calificación de grado de discapacidad necesitan apoyos
educativos y otros no. Entran ustedes en una doble confusión. El diagnóstico de una enfermedad no implica per se un grado de discapacidad ni el grado de discapacidad implica una intervención educativa concreta.
El señor PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Serán los equipos docentes los que lo deban considerar, los que lo deban determinar. En su PNL no se llega a plantear que a menudo las enfermedades crónicas realmente no tienen ninguna incidencia en la vida diaria
de algunas personas y no sé si ustedes les van a obligar a que tengan una valoración de minusvalía. Desde Unidas Podemos trabajamos para revertir los recortes de las políticas de la derecha durante todos estos años para que todas las personas,
especialmente las más vulnerables, las enfermas y con alguna discapacidad, dispongan de servicios públicos potentes de carácter educativo, social y sanitario que respondan a sus circunstancias concretas de manera eficaz.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: De manera que votaremos no a su PNL.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Gracias.
A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista -le recuerdo que por dos minutos-, su portavoz, Raquel Pedraja.
La señora PEDRAJA SÁINZ: Gracias, presidente.
He leído en numerosas ocasiones su proposición no de ley, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, y la verdad es que hay muchas cosas que no logro entender; no logro entender que se use a algunos de los colectivos más
vulnerables de este país para conseguir un rédito político, en caso de que esta proposición no de ley decaiga; no logro entender que se use a niños y a jóvenes simplemente para conseguir votos, no lo entiendo, porque esas personas sufren. Hay
familias que están sufriendo, personas que están sufriendo, y ustedes solo piensan en un interés político. Entonces, no llego a comprender esa exposición de motivos. Creo que en esa exposición de motivos podrían haber ido otros puntos, como pueden
ser las graves secuelas psicológicas que a veces sufren estas personas, como ansiedad, depresión y cambios de comportamiento; podrían haber ido los costes económicos que tienen para estas familias los medicamentos que tienen que tomar; podría
haber ido también el cambio de hábitos que tienen que tener estas personas, puesto que su calidad de vida cae, o podría haber ido también la incomprensión que sufren muchas veces estas personas porque son enfermedades, como comentábamos antes, muy
silenciosas.
¿Saben ustedes lo que es tener veintisiete años y tener un cuerpo de una persona de ochenta años? ¿Saben ustedes lo que es tener veintisiete años y tener dolores de una persona de ochenta años? Yo sí que lo sé. Yo soy una persona con una
enfermedad rara crónica y autoinmune, y sé lo que se sufre, sé lo que se pasa -lo sé yo, lo sabe mi familia, lo sabemos todos-, pero también sé lo que es tomar una medicación que desde el inicio de la enfermedad te da calidad de vida, eso también lo
sé, y sé que soy una persona afortunada por ello. Quiero que ustedes se planteen por qué una persona con mi misma enfermedad, pero que desde el inicio del diagnóstico, por ejemplo, solo le funciona medio pulmón, tiene que tener el mismo grado de
discapacidad que yo, que no tengo ningún órgano afectado. ¿Por qué? O sea, vamos a generar una injusticia dentro de otra injusticia. Es cierto que ahora existe esa injusticia pero es que vamos a generar una doble injusticia. ¿Vamos a darle el
mismo grado de discapacidad a una persona que no tiene afecciones que a una persona que, por ejemplo, solo le funciona medio pulmón? De verdad, creo que se lo deben plantear. Si no, vamos a generar una desigualdad muchísimo mayor.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista apoyaremos siempre a las personas con enfermedades crónicas, autoinmunes y neurodegenerativas, estaremos siempre con los niños y lucharemos por mejorar su calidad de vida, pero lo haremos teniendo en
cuenta que hay que apoyar proposiciones no de ley que realmente luchen por las personas y no que piensen políticamente.
El Grupo Parlamentario Socialista no puede apoyar esta proposición no de ley por dos motivos: el primero, porque el Consejo Interterritorial de Salud no tiene competencias...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
La señora PEDRAJA SÁINZ: Acabo.
... para dictar grados en discapacidad y, el segundo, porque el grado de discapacidad se concede a la persona, no se concede a un grupo de personas. De verdad, estaremos siempre al lado de todas las personas con este tipo de enfermedades y
apoyaremos todas aquellas propuestas que vengan de los grupos que realmente quieran mejorar la vida de los ciudadanos, pero no podemos apoyar esta proposición no de ley porque simplemente busca sacar un rédito político de la desgracia de miles de
personas.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Finalmente, para decir si acepta o no...
La señora ROMERO VILCHES: Aceptamos la enmienda del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Muy bien.
- RELATIVA A REFORZAR LOS SERVICIOS SOCIALES TRAS EL COVID-19 Y CONSOLIDARLOS COMO EL CUARTO PILAR DEL ESTADO DEL BIENESTAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000988).
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día, proposición no de ley relativa a reforzar los servicios sociales tras el COVID19 y consolidarlos como el cuarto pilar del Estado del bienestar. La presenta el Grupo Parlamentario
Socialista y tiene la palabra su portavoz, Sonia Guerra.
La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidente.
Señorías, la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad pretende situar en el centro de la agenda política la importancia de
reforzar los servicios sociales y de consolidarlos como el cuarto pilar del Estado del bienestar. El artículo 1.º de nuestra Constitución define a España como un Estado social y, por lo tanto, es necesario y urgente trabajar de manera diligente
para cumplir con el primer artículo de nuestra Carta Magna. Los servicios sociales llevan años tejiendo esa red de protección para todas y todos los ciudadanos, sobre todo para los más vulnerables, pero debemos destacar en especial el papel que han
tenido los servicios sociales la última década. Lejos quedan las alusiones de antaño, aquellas que hacían referencia a las profesionales de los servicios sociales de los usuarios crónicos como único público objetivo de los servicios sociales
municipales; un concepto que nos dejaba claro que la pobreza no se contagia pero que sí se hereda generación tras generación. La crisis de 2008, el alto índice de desempleo, los sueldos precarios, las hipotecas desorbitadas y unas rentas
autonómicas en muchos casos insuficientes llevó a buena parte de la población a acudir a los servicios sociales municipales para
sobrevivir. Los recortes son incompatibles con el Estado del bienestar. Es un hecho, es una realidad y es una lección que no debemos olvidar.
Señorías, diez años después, en 2018, el índice Arope todavía señalaba que la pobreza y la exclusión social en nuestro país era del 26,1 %, casi tres puntos más altos que en el año 2007 y cuatro puntos más altos que la media europea.
Nuestra tasa de pobreza duplicaba la media de la Unión Europea. En España el porcentaje de hogares por debajo del 30 % de la renta mediana antes de la pandemia rozaba el 7 %, una situación que impactaba en más de dos millones de niños y niñas. Ya
en 2019, con Pedro Sánchez, se aprobó la Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Un año después, en marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia como una crisis sanitaria
con impacto a nivel económico y social que golpeaba nuevamente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad de nuestro país. Desde entonces hasta la actualidad el Gobierno de España ha luchado contra la pandemia a tres niveles: sanitario,
económico y social; medidas económicas y sociales que han permitido construir un escudo social para proteger a todas y cada una de las españolas, y que ustedes bien conocen, señorías: aprobación de ERTE, subsidios extraordinarios por desempleo
para trabajadores temporales, también para las trabajadoras del hogar, moratorias de hipotecas y de alquileres, suspensión de desahucios, garantía de suministros, habilitación de espacios para personas sin hogar y un nuevo derecho de ciudadanía como
es el ingreso mínimo vital; una prestación que desde hace años diversos organismos internacionales, como el Consejo de Europa, la ONU o el propio Fondo Monetario Internacional, recomendaban al Gobierno de España que desarrollase para luchar contra
la pobreza estructural existente en nuestro país.
Durante la COVID el Gobierno ha dado respuesta urgente a situaciones sobrevenidas y estas deben seguir siendo el camino a seguir, como muestran los Presupuestos Generales del Estado: incremento del 70 % del presupuesto de los servicios
sociales, incremento del 59 % en la lucha contra la pobreza infantil, incremento del 30 % en las partidas de fomento de empleo, incremento de más de 515 millones de euros para becas, y todo ello en cooperación y en el marco de las competencias de
las comunidades autónomas y de las administraciones locales, como muestra también la propuesta de incremento del 150 % para el plan concertado. Ahora más que nunca debemos trabajar unidos y unidas para dar a los servicios sociales, a las
trabajadoras y trabajadores sociales, a las educadoras y educadores sociales el reconocimiento que se merecen, y eso pasa también, señorías, por la educación y la consolidación del sistema de servicios sociales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
A continuación, tiene la palabra para defender las enmiendas presentadas, en primer lugar por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Miguel Gutiérrez. Recuerde que tiene tres minutos.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
Esta proposición rescata un asunto sobre el que ya hemos tenido ocasión de debatir en otras ocasiones en esta Cámara, como es la necesidad de potenciar los servicios sociales y consolidarlos como pilar de nuestro Estado del bienestar. Este
objetivo supone un reto considerable, similar al que se pretendió abordar, con un éxito relativo, con la Ley de Dependencia. Como ocurría con los servicios de residencias, centros de día, ayudas a domicilio, teleasistencia, los servicios sociales
responden a una realidad ya asentada, con presencia a lo largo y ancho del territorio; de hecho, a diferencia de los primeros, que en muchos casos tienen un alcance meramente municipal, los servicios sociales se despliegan en un entramado mucho más
organizado y bajo competencias autonómicas, que desde el inicio ha ejercido la dirección de estos servicios. Siendo así, a nuestro entender, son dos los retos que quedan por delante. El primer reto es de organización. No podremos aspirar a
consolidar los servicios sociales como un pilar del Estado del bienestar si no somos capaces de hacerlos funcionar dentro de un verdadero sistema nacional de servicios sociales, y no seremos capaces de hacerlo si no los dotamos con medios de
coordinación sectorial, diálogo, participación e intercambio de información y sin los instrumentos técnicos que hagan efectiva esa integración, siguiendo la misma estela marcada por el proceso de consolidación del Sistema Nacional de Salud; por
ejemplo, una tarjeta social interoperable o una historia social única. El segundo reto es de gestión o, más bien, de concepto de cómo debe ser esta gestión de las prestaciones que se ofrecen desde los servicios sociales. Creo que ahí la sanidad
también es un espejo en el que debemos mirar muchas veces cuando hablemos de esta aspiración de los servicios sociales porque ambos
persiguen fines similares en cuanto a sus objetivos, que además son complementarios entre sí: ambos intervienen en el bienestar de las personas entendido como un todo, pero mientras el abordaje sanitario parte de las circunstancias
fisiológicas de las personas, que se proyectan hacia su entorno, los servicios sociales deberían proceder a la inversa, a partir de las circunstancias del entorno, que se proyectan hacia la persona, en ocasiones incluso a nivel fisiológico, como
demuestra, sin ir más lejos, la relación tan fuerte y consistente que existe entre la salud y la pobreza.
Frente a esta visión, a veces por falta de ímpetu, la mayoría por falta de medios y de personal, y otras por la inercia que generan las seguridades de lo conocido y el temor a la incertidumbre, desde los servicios sociales se peca de una
excesiva rigidez, derivada tanto de los procesos como de la gestión del personal, que no permite la flexibilidad que requeriría una atención personalizada a cada ciudadano. Esta rigidez creemos que actúa en ambos sentidos: impone ataduras sobre el
trabajador social y todos los profesionales que actúan en el ámbito de los servicios sociales y además la inhiben para lo bueno y para lo malo de responsabilidades. Teniendo esto en cuenta, compartimos los planteamientos que se hacen en esta
proposición. Hemos presentado una enmienda, como ustedes saben, respetando el redactado original de la proposición, con un mero afán de enriquecer el contenido: introducimos una referencia expresa a que entre las medidas que se contemplan se
incluya también el establecimiento de esta tarjeta social interoperable y una historia social única, dos medidas que consideramos importantes para asegurar el correcto funcionamiento de este sistema.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Navarro.
La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Esta mañana el Grupo Parlamentario Socialista trae esta iniciativa, bien intencionada, pero que viene a poner de manifiesto que al Grupo Socialista lo único que le queda de social es precisamente la ese de sus siglas. Ustedes no pueden
hablar de recortes porque dejaron un país en quiebra y al borde del rescate. No hay peor política social que 3,5 millones de parados, que solo ustedes, en su etapa de Gobierno de Zapatero, socialista, nos dejaron, y una desigualdad cinco veces
mayor que en los países del entorno de la OCDE, además cuando había caído la recaudación en más de 70 000 millones de euros. Y ustedes han lastrado también el futuro de este país, que hoy sufre las consecuencias de la peor gestión de la crisis
sanitaria, pero es que además ya llevaban más de catorce meses de Gobierno socialista y los datos del paro ya lo estaban demostrando.
La gestión del Partido Popular está encima de la mesa y la conocen ustedes y los españoles: creábamos medio millón de puestos de trabajo al año y además alcanzamos una cifra récord de gasto social, con unos Presupuestos Generales del Estado
que han llegado desde el año 2018 hasta el día de hoy, donde 7 de cada 10 euros se destinaban a gasto social. También, aprobamos el 0,7 % del impuesto de sociedades para las entidades del tercer sector y pagamos además sus deudas, señorías, 1034
millones de euros que dejaron en el cajón correspondientes a las cuotas de las cuidadoras no profesionales y que adeudaban a la Seguridad Social, y hasta un millón de prestaciones y servicios de dependencia de calidad y profesionales que pusimos a
disposición de los ciudadanos. Hoy, en su cuenta de balance hay 3 800 000 españoles en el paro, 700 000 trabajadores afectados por un ERTE -gracias a Dios que todavía está en pie la reforma laboral del Partido Popular- y tenemos 1 200 000 familias
con todos sus miembros en paro. Y, además, los resultados de su escudo social han resultado ser un fracaso absoluto. En cuanto a la protección a los colectivos más vulnerables, como por ejemplo las empleadas del hogar, solo una de cada cuatro está
recibiendo la prestación que le corresponde; la gran medida del ingreso mínimo vital vuelve a ser otro fracaso, hay 600 000 personas esperando que les resuelvan sus expedientes y además solo 136 000 tienen un expediente favorable y están cobrando
la prestación. ¿Dónde están las 800 000 personas que anunciaba el ministro que iban a estar protegidas por este maravilloso escudo social? Con ello solo han colapsado el sistema de la Seguridad Social, el Sistema Público de Empleo Estatal y, en
definitiva, toda la Administración. Pero, lo que es más grave, han recortado las aportaciones a Cáritas y a Cruz Roja, las entidades del tercer sector que están haciendo frente a la multiplicación exponencial de las colas del hambre, que, por
cierto, ya no salen en el telediario, como también nos están ocultando los 70 000 fallecidos que ha dejado la COVID en España.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
La señora NAVARRO LACOBA: Y, mientras, traen esta mañana un brindis al sol: mayor refuerzo para los servicios sociales municipales y de las comunidades autónomas. ¿Sabe que en Castilla-La Mancha el presidente Page ha eliminado de un
plumazo el Ingreso Mínimo de Solidaridad? ¿Sabe que los trabajadores sociales de mi tierra han calificado como aberrante este hecho, con la mayor crisis social que se está viviendo como consecuencia de la crisis sanitaria? ¿Qué tiene que decir de
todo esto el vicepresidente social? Anda en búsqueda de los votos de Bildu para apuntalar su sillón y ustedes, tan ricamente, para apuntalarse también en la Moncloa.
Vamos a votar que sí porque han admitido parte de nuestra enmienda y, por supuesto, porque para ordenar los servicios municipales y de las comunidades autónomas es absolutamente necesario que una ley de servicios sociales básicos entre en la
Cámara cuanto antes.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, ya en el turno de fijación de posiciones -les recuerdo que por dos minutos-, el Grupo Mixto. No está. Bildu no ha vuelto. ¿El Grupo Vasco intervendrá?
El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, por supuesto.
Yo empiezo a parecer el Pepito Grillo de la reivindicación del respeto a la Constitución en esta materia -en esta y en otras- en la que simplemente vamos a recordar que este es un Estado plural compuesto, complejo también, pero en el que las
competencias en esta materia y en otras están definidas y están definidas para que se desarrollen en el modo en el que se ha hecho, y es verdad que en muchos momentos, y en este en especial -después del COVID las desigualdades o la situación social
es mucho más compleja, es mucho más delicada de lo que era hasta ahora-, cabe reivindicar determinados esfuerzos de colaboración entre todas las instituciones y en entre todas las entidades. Pero conviene recordar no solo el capítulo tercero del
título I de la Constitución, no solo los artículos 40 y 51, y no solo tampoco la Ley de Bases de Régimen Local, que de alguna manera reivindica también la propia proposición no de ley, sino sobre todo que el ejercicio de estas competencias por parte
de las comunidades autónomas ha llevado a resultados, es cierto, desiguales, pero desiguales en los territorios como consecuencia de la capacidad que cada una ha tenido para intervenir en la materia. Hay desigualdad porque hay desigualdad en la
intervención, en el apoyo financiero que se ha hecho en el ámbito de la ruptura de la desigualdad o en el ámbito de la igualdad, como se quiera.
Si atendemos a la parte propositiva de la proposición no de ley, es cierto que empieza bien hablando de colaboración con las comunidades autónomas, no tango con la Federación Española de Municipios y Provincias, porque, siendo competencia de
las comunidades autónomas, son estas las que con sus propias entidades representativas de municipios van a desarrollar esas políticas, pero, evidentemente, reforzar el rol de los servicios municipales no está mal, tampoco está mal dotarlas de
financiación, pero empieza con un elemento que nos llama la atención: definir y configurar un nuevo sistema de servicios sociales de calidad, garantista y universal. Vamos a ver, ustedes han hablado de determinadas referencias, como es el índice
Arope u otras referencias de desigualdad o de pobreza, en las que, curiosamente y solo como dato, así como el índice de pobreza, el índice Arope, en España es del 26,1 %, en Euskadi es del 20,4 %, algo significará.
El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.
El señor BARANDIARAN BENITO: De acuerdo. Simplemente, una pequeña distinción. Habla en el último punto de cartera mínima de servicios sociales cuando debería hablar de catálogo, porque no es lo mismo, la cartera y el catálogo son dos
conceptos diferenciados que suponen atribución de obligaciones y de financiación diferenciadas.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Plural.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que yo también tengo que hacer referencia a lo que se ha planteado ahora mismo, la cuestión competencial. Parece mentira que no se tenga en cuenta esta cuestión y, por tanto, se hable de definir y configurar un nuevo sistema de
servicios sociales de calidad, garantista y universal desde la perspectiva del Estado y de no tener en cuenta el régimen de competencias, en este caso competencias
exclusivas por parte de la Generalitat de Catalunya. Plantea la proposición no de ley reforzar el rol de los servicios sociales municipales. Pues mire, para reforzar el rol de los servicios municipales se hubieran podido desarrollar los
convenios que el Real Decreto-ley por el que se establece el ingreso mínimo vital prevé para que los servicios sociales puedan hacer algunos trámites en materia de ese ingreso mínimo vital, como pasar la información a la Seguridad Social. Todos
estos convenios previstos en el Real Decreto-ley del ingreso mínimo vital todavía están por desarrollar. Y en la línea de medidas de suplemento de crédito ya puestas en marcha por el actual Gobierno, desbloquear los remanentes municipales. Si no
se hubiera tardado tanto en acabarlo de articular, se hubiera ayudado un poco más en esta cuestión.
El espíritu de la proposición lo compartimos, es cierto que, efectivamente, hay que abordar el sistema de servicios sociales, pero hay que abordarlo no solo como perspectiva del cuarto pilar del Estado del bienestar, sino también desde la
perspectiva de una competencia propia de las comunidades autónomas y que, por tanto, alguna cuestión tendrán que decir en esta materia todas las comunidades autónomas que tienen competencias en el ámbito de servicios sociales.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Republicano, Inés Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, president.
Estamos de acuerdo en que los servicios sociales tienen que ser el cuarto pilar del Estado del bienestar; para nosotros, promover la inclusión y la cohesión social es indispensable. A nosotros no hace falta que nos convenzan de todo esto,
tenemos a nuestros compañeros pilotando el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya y les aseguramos que los estados autonómicos no necesitamos colaboración, necesitamos autogestión. A los servicios sociales
municipales no les tienen que dotar de rol, les tienen que dotar de sustento económico. En definitiva, tienen que dotar a las comunidades del presupuesto necesario para hacer frente a la crisis social en que nos vemos inmersos y que más se va a
agravar por causa de la COVID19. Por tanto, señorías del PSOE, que están en el Gobierno, necesitamos que nos doten económicamente con la deuda que hace años que vienen arrastrando, y más en servicios sociales.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Ismael Cortés.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidente.
En Unidas Podemos-En Comú Podem damos la bienvenida a esta iniciativa del Grupo Socialista para reforzar los servicios sociales como cuarto pilar del Estado del bienestar, y quiero destacar a este respecto las medidas que el Gobierno de
coalición ha adoptado para combatir la crisis provocada por la pandemia de la COVID19. Mediante el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, del 17 de marzo, el Gobierno autorizó a las entidades locales a destinar su superávit a financiar gasto
social, con un límite global de 300 millones de euros. Además, se ha creado el Fondo COVID19, aprobado mediante el Real Decreto-ley 22/2020, de 17 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID19 y se establecen las reglas relativas a
su distribución y libramiento. Este fondo está dotado con 16 000 millones de euros para las comunidades autónomas. Y en el ámbito del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en coordinación con el Ministerio de Inclusión, se ha puesto en
marcha el ingreso mínimo vital, una nueva prestación de la Seguridad Social que va acompañada de estrategias de inclusión focalizadas. Su aprobación se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la COVID19, que
se suman a las de las familias que ya se encontraban en dificultades previamente. Además, también en el ámbito del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aporta 917 millones de euros, que van a
abarcar diferentes programas, como la modernización de infraestructuras, la mejora de los modelos de protección residencial o el acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, incluyendo a los migrantes. Asimismo, quiero
destacar que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha dotado con 59 millones de euros más su actuación destinada a la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, prestaciones básicas de los servicios sociales, alcanzando una
dotación global para 2021 de 159 millones de euros.
Para seguir ahondando en todas estas inversiones y consolidar el cuarto pilar del Estado del bienestar, evidentemente mi grupo votará a favor de esta PNL.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la portavoz, Rocío de Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nos enfrentamos a una proposición no de ley del Partido Socialista sobre reforzar los servicios sociales tras el COVID y consolidarlos como el cuarto pilar del Estado del bienestar. El estado de bienestar de los españoles, señorías, hay que
tener muy claro que pasa por terminar con el estado de bienestar de los políticos, con el estado de bienestar de las autonomías, con el estado de bienestar de este Estado, con una Administración duplicada y triplicada en determinadas ocasiones, y
todo el gasto superfluo que eso acarrea, porque ese dinero que nos estamos gastando de una manera tan negligente es el dinero que no está yendo a la gente que realmente lo necesita, y eso a VOX nos preocupa muchísimo. Entonces, a mí me surge esa
duda: proposición no de ley para reforzar los servicios sociales, pero ¿qué entiende el PSOE por servicios sociales? Porque ¿entiende el PSOE que es, como hemos visto en estos presupuestos generales que acaban de presentar, gastarse 80 millones
para arreglar los centros de los MENA? ¿Entiende el PSOE que los servicios sociales son 20 millones para que el Instituto de la Mujer nos diga que las mujeres no existen? ¿Son 300 000 euros al día para pagar los hoteles a los inmigrantes en
Canarias, en Almería o en Baleares? ¿Los servicios sociales son para el PSOE los 4 millones que dedicamos a la Dirección General de los Derechos de los Animales cuando esas ya son competencias municipales? ¿Son los 22 000 euros en cuidar el jardín
del Instituto de la Mujer? ¿Esos son los servicios sociales para el Partido Socialista? Me hago todas esas preguntas porque no sabemos realmente en qué está este supuesto Partido Socialista que tanto se preocupa por la gente cuando la gente lo que
está es en las colas del hambre. El Partido Socialista no se está preocupando de llenar las neveras de nadie ni de pagarles los libros a las familias que no pueden.
También vemos cómo esta proposición no de ley nos habla de la Ley de Dependencia y, como siempre, de reforzar la Ley de Dependencia. Reforzar la Ley de Dependencia es terminar con el sistema autonómico en la Ley de Dependencia; reforzar la
Ley de Dependencia es darse cuenta de que 176 personas al día mueren sin haber recibido la prestación por dependencia y eso no se puede permitir, eso es una vergüenza. Servicios sociales es preocuparse porque justo hoy, hace unas dos horas,
acabamos de saber que Hacienda recorta la paga extra a 75 000 pensionistas. Pues servicios sociales son arreglar menos jardines para la señora ministra de Igualdad y cuidar a estos 75 000 pensionistas a los que les hemos quitado la paga extra.
Señorías, o autonomías o unos servicios sociales reales y fuertes, y nosotros lo tenemos claro.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del grupo proponente para decir si acepta o rechaza las enmiendas o está trabajando en una transacción.
La señora GUERRA LÓPEZ: Estamos trabajando en una transacción con las enmiendas presentadas por Partido Popular y Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- SOBRE UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001305).
El señor PRESIDENTE: Empezamos el punto siguiente del orden del día, que es la proposición no de ley sobre una estrategia de inclusión de las personas mayores en la sociedad de la información y de las tecnologías de comunicación, que
también es del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, Susana Ros.
La señora ROS MARTÍNEZ: Moltes gràcies, president.
Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a mi compañera, Carmen Andrés, que es la que ha realizado esta proposición no de ley, que considero oportuna y acertada. Y quiero también
agradecerle la generosidad que ha tenido al cederme la defensa de esta proposición no de ley al estar ella en otra Comisión.
Señorías, según datos estadísticos del INE, la media de esperanza de vida en España en 2019 era de 83,59 años, siendo de 80,87 para los hombres y de 86,22 para las mujeres. Desde el año 2000, el promedio ha mejorado a razón de cuatro años
por década y esta mayor esperanza de vida ha dado lugar a que la longevidad se convierta en un reto para los poderes públicos en varios aspectos. El primero, la sostenibilidad del sistema para garantizar una esperanza de vida saludable y autónoma:
buena salud, pensiones, atención a la dependencia. Y el segundo, pero no menos importante, disponer los medios necesarios para que cada generación se sienta parte, forme parte efectiva de la sociedad. Sobre el primero, hace pocos días celebramos
las conclusiones del Pacto de Toledo, que van en la línea de la garantía de la autonomía de las personas mayores y dependientes; sobre el segundo, la inclusión, la cohesión social, las estadísticas nos señalan que las personas mayores son un grupo
social que corre el riesgo de quedarse aislados de una sociedad que funciona cada vez más, y en tiempos de pandemia mucho más, en un entorno digital para obtener servicios, trabajar y relacionarse. Según los datos del INE referidos a 2019, un 23,4
% de las personas mayores de 74 años ha utilizado internet en los últimos tres meses, frente a un 90 % de las personas entre 16 y 74 años. Los usos mayoritarios han sido la mensajería instantánea, la lectura de prensa y el correo electrónico. Por
ello, resulta imprescindible fomentar las habilidades de las TIC en las personas mayores: para favorecer su acceso a los servicios públicos que atienden necesidades y para mantener y ampliar su ámbito de relación personal y social, evitando con
ello el aislamiento social y la soledad. En el contexto actual, esta necesidad resulta de primer orden para este colectivo y la Agenda España Digital 2025 ya incluye un conjunto de acciones encaminadas a garantizar el acceso inclusivo e igualitario
en tecnologías, poniendo el foco en las personas mayores. El Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat), del Imserso, trabaja también en la inclusión digital y la accesibilidad a las TIC, y, sin duda, la nueva Ley
General de Telecomunicaciones incluirá una nueva regulación del servicio universal que garantice el acceso funcional a internet en condiciones de asequibilidad.
Pero es imprescindible, señorías, que el Congreso contribuya también con sus iniciativas a impulsar estos trabajos en un contexto en el que el riesgo de exclusión de las personas mayores de la sociedad en la que viven, marcada por las
medidas del distanciamiento social, es mayor. Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista solicita el apoyo de sus señorías a esta proposición no de ley. Tengo que decir que hemos transaccionado con el Partido Popular la enmienda que había
presentado. Y quiero acabar, señorías, ya que hablamos de nuestras y nuestros mayores acordándome hoy, 25 de noviembre, de las mujeres mayores de 65 años, ya que, según el estudio de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, el 40 % de
las víctimas ha sufrido durante más de cuarenta años violencia machista y el 27 % entre veinte y treinta años.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular para exponer la enmienda que ha presentado. Doña Teresa Angulo tiene la palabra.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.
Señorías, nos solicita hoy el Partido Socialista que el Gobierno apruebe una estrategia de inclusión de las personas mayores en la sociedad de la información y las TIC, un tema este -el de la necesidad de trabajar en la formación y
competencias digitales de las personas mayores para reducir su brecha digital y facilitar el acceso a las numerosas oportunidades que el mundo digital les ofrece- sobre el cual el Partido Popular ya ha presentado diversas iniciativas con propuestas
sobre cómo llevarlo a cabo. Porque vivir en las mismas condiciones de desarrollo sin importar el lugar es un derecho que a nadie se le puede negar, y en aquellos lugares menos poblados, con más dispersión; en definitiva, donde la distancia es una
brecha aún mayor, las TIC son una oportunidad para garantizar ese derecho. Es en la España despoblada, rural, donde vive un porcentaje mayor de personas mayores; se calcula que más de 2 millones de mayores de 65 años viven solos, muchos de ellos
aislados, aunque estos datos no se conocen con exactitud y por eso en nuestra enmienda incluimos la elaboración de un censo que sirva para conocer esa realidad y abordarla de la mejor manera posible. Son personas a las que la pandemia ha
dificultado sus actividades esenciales y en muchos casos los ha colocado en una soledad o incomunicación terrible, incluso quizás en desamparo, porque no han podido mantener contacto con su familia, sus cuidadores, sus médicos, y puede que en unos
casos sí
haya sido por no disponer de conocimientos en el uso de nuevas tecnologías, pero, señorías, lo que es cierto es que para miles de ellos no ha sido posible porque sus municipios no tienen acceso a internet, y de eso no habla el Partido
Socialista en su PNL, pero nosotros sí lo hacemos en nuestra enmienda. Porque decir lo que hay que hacer está muy bien, pero el cómo hacerlo es fundamental. Durante esta pandemia miles de personas mayores no hubieran vivido esa soledad o desamparo
si el Gobierno de coalición no hubiera metido en el cajón el Plan 300x100, que el Partido Popular dejó aprobado y presupuestado con 500 millones de euros y que aseguraba que en 2021 el cien por cien de la población tendría acceso a banda ancha.
Tomar decisiones que suponen dejar sin cobertura de banda ancha doce provincias españolas, precisamente zonas rurales y con una población envejecida, fue imponerles una nueva forma de exclusión social. ¿Saben ustedes cuántos mayores hubieran
evitado vivir aislados, sin contacto con sus hijos y nietos si el Gobierno socialista no se hubiera olvidado de la España rural y hubiera ejecutado un plan que, como digo, se encontró hecho y presupuestado? Por eso, señorías, estamos de acuerdo en
una estrategia para dotar de competencias digitales a nuestros mayores, pero sin las infraestructuras necesarias de nada servirá. Por eso, en nuestras enmiendas les pedimos desarrollar un plan urgente de conectividad y banda ancha para los
municipios despoblados con un índice alto de población mayor, así como un programa de desarrollo de servicios digitales en zonas rurales para la accesibilidad de las personas mayores. Les pedimos que se pongan urgentemente a trabajar para que todos
los españoles, vivan donde vivan, tengan acceso a internet, porque si hasta ahora esto era una cuestión que afectaba a la competitividad económica, a la economía en sí, ahora ya nos hemos dado cuenta en estos meses de que esto también es una
cuestión en la que se juega la vida y la salud para millones de personas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, les recuerdo que por dos minutos cada uno, turno para fijar posición. Me parece que el primero es el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Miguel Gutiérrez, porque los anteriores no están.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
Ciertamente, cada vez más contenidos se generan, distribuyen y consumen en el medio digital, lo que genera a su vez un número creciente de interacciones que se desarrollan en todas sus etapas y procesos exclusivamente en este medio digital.
Estas interacciones no solo tienen efectos en este medio digital, sino que traspasan sus barreras al analógico, igual que sucede a la inversa. Abundando más en esta reflexión, se da un fenómeno paradójico: muy poca gente, teniendo en cuenta el
conjunto de la población, utiliza de forma asidua determinadas redes sociales; sin embargo, personas que son prescriptoras en sus respetivos ámbitos -periodistas, médicos, jueces, deportistas- consumen contenidos en este medio que les sirven a su
vez para crear sus propios contenidos, que luego se pueden ver en prensa o televisión, lo que hace que entender los medios digitales sea condición necesaria para entender qué sucede en los analógicos. Hay mucha gente que, al no participar de este
mundo digital, al quedar descolgada del mismo, pierde su posición como consumidor y, por tanto, la capacidad de que sus preferencias cuenten a la hora de modelar los contenidos que se le ofrecen. Esto pasa de manera contundente con la mayoría de
las personas mayores, expuestas de manera continua a contenidos de medios que les son completamente desconocidos. Esta desconexión tiene a su vez otras implicaciones que van más allá del contenido; desde un plano meramente tecnológico, verse
privado o carecer de las habilidades para interactuar con estas tecnologías impide también aprovecharse de sus funcionalidades, de las que cada vez dependemos más a la hora de comunicarnos, de trabajar, de realizar trámites del día a día con el
banco, pagar la luz o el agua, hacer trámites administrativos. Pensemos que incluso en este confinamiento que hemos pasado durante estos meses todos hemos aprendido a pasos acelerados cómo hacer videollamadas, cómo configurar una webcam, cómo hacer
Zoom, Teams, Skype. El teletrabajo ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una realidad que se imponía sobre nosotros, aunque no para todos, y eso es lo relevante, porque la generalización de la tecnología pone de manifiesto brechas que
ya estaban ahí, pero que se van agrandando a medida que todos hacemos un uso cada vez más constante y en cada vez más ámbitos de las tecnologías de la comunicación, brechas que tienen que ver con la pobreza, sin lugar a dudas, pero que también son
generacionales, y a veces no del todo directas. Sucede que muchas personas mayores quedan desconectadas porque carecen de habilidades, claro que sí, pero, no menos importante, porque están solas y no hay nadie que haga una videollamada junto a
ellos, incluso que les enseñe cómo hacerla por su cuenta, y esa soledad, señorías, no es digital, es analógica y ya estaba ahí.
Finalizo.
El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Finalizo, presidente.
Con esta proposición, en la que se propone la elaboración de una estrategia de inclusión, nosotros estamos de acuerdo, compartimos estos planteamientos, y creemos además que la comunicación a través de medios digitales será muy eficiente
para prevenir la soledad no deseada, pero hay que tener en cuenta las dificultades a las que se enfrentan las personas mayores, sobre todo con dificultades socioeconómicas.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Genís Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para hacer también una reflexión sobre las nuevas tecnologías, que en sí mismas no son ni buenas ni malas, depende del uso que les demos. Por tanto, dotar de herramientas, dotar de formación a las personas mayores
nos puede ayudar también a combatir aquello que se ha llamado el analfabetismo digital. Cada día es más complicado hacer un trámite, como se apuntaba, con el banco, con la Administración pública o incluso con las entidades culturales o de ocio a
las que la gente esté apuntada; es necesario disponer de la formación y de las herramientas para poder acceder a determinados servicios, y toma especial relieve la necesidad de garantizar que no se produzca una desconexión generacional tanto desde
el punto de vista de mantener esta conexión como desde el punto de vista también de alerta sobre los riesgos que toda esta gestión de la información, toda esta gestión de las nuevas tecnologías supone para muchas personas, y aquí déjenme que les
apunte prácticas delictivas, como el phishing, que personas mayores son mucho más vulnerables a caer en estas trampas de códigos y contraseñas a través de las nuevas tecnologías.
No obstante, podríamos hacer algún matiz en el sentido de que, cuando se plantea impulsar en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, ya volvemos a estar en quién se encarga de dar las órdenes en esta cuestión, pero es
cierto que el reto y el planteamiento es muy necesario y, por tanto, votaremos a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Republicano, Inés Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente.
Estamos de acuerdo que, ante la gravedad de la pandemia y en el aislamiento al que nos ha abocado, las herramientas informáticas son imprescindibles. La población mayor tiene, igualmente, que comunicarse y continuar su vida social, y muchas
veces esta comunicación le sirve también como terapia o como medicina de las enfermedades que puedan sufrir. Pero, estamos en lo mismo, existen muchísimas entidades y asociaciones de personas mayores donde imparten clases, tienen salas
informatizadas para sus usuarios y hace años y años que luchan precariamente para que estas personas mayores estén continuamente actualizándose, y es por eso que les volvemos a hacer hincapié en que doten a cada territorio del presupuesto necesario
para que ellos mismos sepan cómo gestionarse y a qué asociaciones les hacen más falta estos recursos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, Lucía Muñoz.
La señora MUÑOZ DALDA: Gràcies, president.
Es evidente que la situación sanitaria en la que nos encontramos, en la que no son recomendables las reuniones presenciales, el contacto entre personas, requiere que los poderes públicos presten especial atención a aquellas personas que
tienen limitaciones en la comunicación por el riesgo que corren de quedarse aisladas de una sociedad que se comunica a distancia a través de Internet, digamos en un entorno digital. El Grupo Socialista señala en esta iniciativa a un grupo social
concreto que corre ese riesgo, que son las personas mayores. Tal y como se plantea en la exposición de motivos de la iniciativa, las personas mayores son un grupo social significativo, en el sentido de que hay muchas personas mayores en este país
que no utilizan Internet y que eso influye en las oportunidades que tienen de
relacionarse, de acceder a información, de acceder a servicios públicos y, por tanto, nos parece razonable y pertinente en el actual contexto de pandemia elaborar una estrategia de inclusión de las personas mayores en la sociedad de la
información y de las tecnologías de la comunicación.
Desde Unidas Podemos pensamos que el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, el Ceapat, del Imserso, cumple una misión que está perfectamente alineada con los objetivos genéricos que se desprenden de los puntos
de la PNL, así pues, nos parece que tendría sentido que el Ceapat colaborara en la consecución de dichos objetivos. También cabe mencionar que la Agenda Digital 2025 del Gobierno tiene como objetivo impulsar la transformación digital del país,
aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la economía digital. Dicha estrategia incluye un conjunto de acciones, como el Plan Nacional de Competencias Digitales, encaminadas a garantizar un acceso inclusivo e igualitario a
las tecnologías, poniendo el foco además en colectivos como las personas mayores. Además, la Agenda Digital 2025 incluye medidas como impulsar la digitalización de la Administración pública, incluyendo como objetivo expreso la personalización de
los servicios públicos digitales para que estos sean fáciles de usar y adaptados en la medida de lo posible a las necesidades de cada persona.
Por tanto, todo lo anterior parece indicar que este Gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista está trabajando para que las personas con limitaciones en la comunicación, que no son solo las personas mayores, pero también, no se
queden atrás.
El señor PRESIDENTE: Ha consumido su tiempo.
La señora MUÑOZ DALDA: Desde Unidas Podemos apoyaremos las iniciativas que vayan en este sentido de no dejar a nadie atrás y, por tanto, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Reyes Romero.
La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señor presidente.
Resulta difícil poner objeciones a la PNL que nos ocupa, sobre todo en cuanto a la fundamentación teórica, aunque sí querríamos hacer precisiones. Por un lado, resulta evidente la mejora de las expectativas de vida en cantidad y en calidad
de la población española, esta realidad es muy positiva, pero tiene, como consecuencia, el progresivo envejecimiento de la población a través de la dramática reducción de la natalidad, problema al que el Gobierno no presta la menor atención, tal vez
por eso tienen ustedes el proyecto de legalizar la eutanasia, como respuesta poco amable al excesivo envejecimiento de la población española, que se convierte en un problema cuando lo que empieza a escasear es la población activa, a cuyo cargo están
los jubilados. Por otro lado, el proceso de digitalización de la información resulta imparable, y es cierto que se habla todavía de una brecha digital que resulta alarmante en el sector más joven de la población, sobre todo cuando se debe a
situaciones socioeconómicas o al lugar de residencia de los ciudadanos. La brecha digital aumenta a menudo por el ritmo vertiginoso en el que progresan las nuevas tecnologías de la comunicación y afecta especialmente a los que van teniendo cierta
edad. Pero, aunque la lucha contra la brecha digital debe priorizarse en los sectores más jóvenes de la población, desde VOX valoramos muy positivamente que los organismos dedicados a la atención de las personas de más edad, como pueden ser el
Imserso y otras instituciones, presten atención a este punto. Precisamente una de las consecuencias del envejecimiento es la dificultad de tramitar personalmente los asuntos administrativos, y máxime en una situación de riesgo sanitario, que
seguramente se prolongará en el tiempo. Debería ser prioridad de la Administración arbitrar procedimientos sencillos e intuitivos que con toda la seguridad jurídica permitan la transacción telemática de los servicios públicos y hagan la vida diaria
más fácil para nuestros mayores.
Por lo tanto, vamos a votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra la portavoz que la ha propuesto, para que nos diga si acepta o rechaza las enmiendas o si está trabajando en una transacción.
La señora ROS MARTÍNEZ: Hemos llegado a un acuerdo de una transaccional con el Partido Popular, que haremos llegar a la Mesa, y quiero agradecerles a todos los grupos su apoyo.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
- SOBRE LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR Y MEJORAR LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001490).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto número 6 del orden del día, proposición no de ley sobre la necesidad de actualizar y mejorar la Estrategia Española sobre Discapacidad, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra la señora Carmen González Guinda.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidente.
Ante todo, hoy quiero tener un recuerdo para las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, que, como sabemos, lo hacen en un porcentaje mucho mayor que el de las mujeres sin discapacidad. Para ellas un recuerdo.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido, probablemente, el hecho más significativo de los que ha realizado la sociedad en favor de las personas con discapacidad. La convención supuso un cambio paradigmático de
las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. Esta convención, que supuso reafirmar que todas las personas con todo tipo de discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, debe hacerse
realidad mediante las actuaciones y coordinación de todas las administraciones implicadas junto a la sociedad civil organizada.
En el Partido Popular somos plenamente conscientes del significado e implicaciones de esta convención, de tal forma que en 2013 el Gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprobaba el texto
refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que siguiendo los preceptos de la convención internacional incluye un título dedicado a garantizar sus derechos como ciudadanos en un reconocimiento
expreso de la libertad en la toma de decisiones y todas las definiciones de discriminación por asociación y acoso, entre otras. El compromiso del Partido Popular con los casi 4 millones de personas con discapacidad en España, el 10 % de la
población, es total, y entendemos que el Gobierno de España de modo urgente ha de adoptar importantes medidas que tengan como denominador común dos objetivos fundamentales: potenciar la inserción y el desarrollo laboral de las personas con
discapacidad y reforzar su protección en el ejercicio de sus derechos.
La Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 estableció en nuestro país un marco referente y una directriz a largo plazo de las políticas públicas en materia de discapacidad, sus objetivos están orientados a la intervención en los
ámbitos primordiales de actuación, identificados por la Comisión Europea en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2010-2020, ámbitos elegidos por su contribución potencial para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europea 2020 y lo previsto
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta estrategia se ha desarrollado a través de dos planes de acción, el último abarcaba el periodo 2014-2020 y los principios que lo inspiraban están recogidos, asimismo, en la
Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Actualmente, y próximos a que finalice su periodo de vigencia, no existe actualización o puesta en marcha de herramientas alternativas por parte del Gobierno de
España a este respecto, máxime ante el momento histórico de crisis que están sufriendo los ciudadanos, y especialmente las personas con discapacidad, más expuestas que nunca a la incertidumbre laboral y sanitaria, sin olvidar el menoscabo de sus
derechos y calidad de vida durante la pandemia.
Por este motivo, el Partido Popular considera imprescindible su actualización, con el objeto de mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias en España. Igualmente, esta nueva estrategia
debe ir acompañada de planes de acción, dotados presupuestariamente y que permitan el desarrollo y cumplimiento de sus fines y actuaciones de forma adecuada y suficiente. Necesitamos una nueva estrategia, en el marco de un sistema de
responsabilidad pública, que garantice la igualdad de oportunidades en clave de derechos, de empoderamiento para el desarrollo de sus proyectos de vida y de apoyos orientados a la calidad de vida y a la participación comunitaria, y debe además
garantizar una actuación transversal y coordinada que conecte todos los departamentos ministeriales, siempre con la valiosa colaboración del tercer sector, una estrategia que se configure desde una perspectiva integral y se dirija a los casi 4
millones de personas con discapacidad y a sus familias, cuidadores y a toda la sociedad en general.
Por todo ello, hemos acordado una transaccional, que espero salga adelante, para impulsar precisamente la nueva estrategia nacional de discapacidad.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tienen la palabra los representantes de los grupos que han presentado enmiendas.
Por tres minutos, en primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Miguel Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
Según el informe Olivenza 2019, en España hay 1,56 millones de personas con discapacidad con edades comprendidas entre los seis y los sesenta y cuatro años. Si ampliamos esta consideración a toda la población, este número aumenta hasta los
3,85 millones de personas, el 8,5 % de la población, de las cuales cerca de 270 000 viven en centros residenciales. Con la finalidad de abordar las circunstancias específicas de estos ciudadanos, de promover su igualdad social y avanzar hacia la
plena inclusión, se aprobó la Estrategia Española de Discapacidad, cuya vigencia se estableció en el periodo 2012-2020, lo que hace que finalice este mismo año. Esta estrategia se despliega con el objetivo estratégico de coadyuvar al cumplimiento
de los objetivos cuantificados de la Estrategia Europea 2020, y planteaba la accesibilidad, el conocimiento de la realidad de la discapacidad, la participación y la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Para alcanzar estos
objetivos la estrategia, además, articulaba una serie de medidas estratégicas a través de diferentes ámbitos de actuación, como hemos mencionado, accesibilidad, empleo, educación y formación, pobreza, exclusión social, participación real y efectiva,
igualdad, colectivos vulnerables, sanidad, acción exterior. Para eso se proveyó un plan de acción, que también finaliza precisamente este año. Yo creo que precisamente la finalización en este año tanto de la estrategia como de este segundo plan de
acción, que insta al Gobierno a la elaboración y aprobación de una nueva estrategia española, quizás deberíamos fijarla con un horizonte 2030 y alinearlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la propia Agenda 2030.
Sobra decir que estamos de acuerdo con esta propuesta, así como con los términos en los que se concreta y que votaremos a favor. Hemos presentado, no obstante, dos enmiendas. La verdad es que la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad y la promoción de la igualdad está en el núcleo del proyecto político de Ciudadanos, lo hemos demostrado con un montón de iniciativas. Una de ellas está a punto de culminar su tramitación parlamentaria, la ley por la que se prohíbe la
esterilización forzosa de las personas con discapacidad; otra estamos tramitándola también en esta Cámara, la de medidas para garantizar la accesibilidad cognitiva, y tramitaremos en breve otra sobre la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal,
para hacer una accesibilidad universal real de verdad.
En todo caso, estas dos enmiendas son muy concretas y tienen dos ámbitos de actuación. Una, sobre el ordenamiento jurídico español, que creemos que hay que modificar, el procedimiento está regulado en el Real Decreto 1971/1999, del 23 de
diciembre, y creemos que hay que actualizarlo para incorporar la experiencia adquirida durante todo este tiempo. La segunda enmienda tiene que ver con la reformulación del criterio para la consideración de las personas con discapacidad, creo que
esto es algo que están reclamándonos todos los colectivos y, por tanto, nuestras enmiendas van en ese sentido. Yo creo que desde los sectores del movimiento asociativo de la discapacidad se ha planteado la necesidad de valorar la modificación de
estos umbrales y esperamos que esto sea tenido en cuenta por el grupo proponente y que consigamos cerrar una transaccional en este sentido.
Muchísimas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, su portavoz, Marisa Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Moltes gràcies, president. Bon dia.
Unidas Podemos votaremos a favor de esta PNL, estamos de acuerdo y coincide con la intención del Gobierno de coalición de elaborar la próxima estrategia española sobre discapacidad y sus planes de acción. Planteamos una enmienda que plantea
la cuestión de la coherencia con la próxima estrategia europea y que introduce algunos elementos que pensamos que mejoran el texto. No sabemos, sin embargo, si esta PNL supone un cambio de rumbo en las políticas del Partido Popular o son una
declaración sin efectos prácticos, tenemos dudas de si ustedes están de acuerdo con su propia PNL.
Empiezan ustedes hablando de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y el cambio paradigmático que supuso, pero los Gobiernos del Partido Popular llevan años y años, durante la crisis anterior, de recortes
generalizados, provocando un grave retroceso en la calidad de vida de las personas con discapacidad, de sus familias, y generando mucho sufrimiento. Su preocupación por las familias y las cuidadoras de personas con discapacidad es real ahora porque
en 2012 retiraron las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales, privándolas de la posibilidad de acceder a pensiones, la mayoría mujeres, que deben dejar a veces sus trabajos para atender a sus familiares dependientes.
Y podemos hablar de educación. Estoy segura de que conocen que el artículo 24 de la Convención que citan exige que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos del sistema general de educación, que puedan acceder a una educación
inclusiva y disponer de los apoyos necesarios en el sistema general. Varios años después de la ratificación de la convención por nuestro país ustedes aprobaron, con la comunidad educativa en contra, la Lomce, que, por un lado, no suprimía la
escolarización forzosa en educación especial, aun en contra de los alumnos y de las familias, y no garantizaba los apoyos personalizados y efectivos, al no revertir los recortes en los centros ordinarios. Y ahora, tras la aprobación de la Lomloe,
ustedes están mintiendo a la sociedad con el bulo de que esta ley suprime los centros de educación especial. Basa su falsedad en que esta ley tiene en cuenta la voluntad de las familias que muestran su preferencia por el régimen más inclusivo, que
es lo que dice la convención, y además la ley habla de que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Señores del Partido Popular, dejen de mentir con esta
ley, hagan política de la que soluciona problemas y no generen más problemas, no angustien a las familias, no generen incertidumbre, no utilicen el sufrimiento de las familias para sus fines partidistas. La Lomloe no suprime los centros de
educación especial, los centros contarán con muchos más medios para poder atender a todas las personas, a todo el alumnado, sea cual sea su diversidad, son un beneficio para toda la sociedad, la inclusión educativa y social. Cuando el señor Casado
dice que derogará la Ley Celaá...
El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: ... ¿quiere decir que volverá a hacer forzosa la escolarización en los centros de educación especial o eliminará recursos en los centros ordinarios?
La estrategia española sobre discapacidad y planes de acción, por supuesto que se implementará por este Gobierno de coalición, y lo tiene muy claro, en línea y ligado a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo esto
exige una fiscalidad justa, equitativa y progresiva, que nosotros defendemos y a la que ustedes se oponen.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Esa fiscalidad es la que permitirá esas políticas de apoyo a este sector.
Les animo, señores del Partido Popular, a votar a favor de su PNL y, sobre todo, de actuar en consecuencia y de asumir lo que están diciendo; les animo a hacer política y dejar la mentira de lado. Este Gobierno de coalición cumplirá con
toda seguridad con sus compromisos en esta materia para avanzar en derechos e igualdad.
Moltes gràcies.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Reyes Romero, por tres minutos.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro partido se muestra de manera firme y coherente como defensor de la dignidad de la persona humana, como declara el artículo 10 de la Constitución española y el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Evidentemente, la discapacidad no es ninguna condición que invalide ni menoscabe en alguna medida la dignidad de la persona humana y actualmente, después de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad de 2006 parece que somos conscientes de que el cien por cien de la población mundial tenemos en mayor o menor medida algún grado de discapacidad, algunas incapacidades, que, como decimos, jamás deberían ir en perjuicio de nuestros
derechos humanos básicos. En este sentido, hago una mención especial al derecho a la vida,
que, desgraciadamente, se ve limitado para las personas afectadas de discapacidad en los casos del aborto provocado y amenazado en el proyecto de ley de eutanasia. En todo caso, denunciamos la contradicción que supone defender los derechos
de las personas discapacitadas y considerar dicha condición como un título válido para privarlas del derecho a la vida, como sostienen todos los partidos, menos VOX.
Estando básicamente de acuerdo con el contenido esencial de la PNL, nos hemos permitido plantear una enmienda, aprovechando que el actual Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad ha tenido vigencia en el periodo
comprendido entre 2014 y 2020. A nuestro modo de ver, hay que evitar la tendencia contemporánea a hacer grandilocuentes declaraciones de derechos y más derechos en papel, porque de nada sirven las declaraciones retóricas si las mismas no van
acompañadas de medidas efectivas.
En este sentido, hemos querido concretar algunas líneas esenciales que deberían figurar en el plan de acción. En primer lugar, la educación como herramienta esencial de formación de todo tipo de personas, también las discapacitadas.
Observamos con preocupación cómo la Ley Celaá prepara la progresiva eliminación de los centros de educación especial, perjudicando así a sus beneficiarios. Dejen de mentir ustedes, señoras de Podemos, y díganme qué integración puede tener una
persona con una discapacidad profunda a la que le están negando ustedes la atención personalizada que necesitan. En segundo lugar, el empleo como aspecto clave para favorecer el plan de vida lo más autónomo posible de estas personas. En tercer
lugar, el plan debería contemplar una acción especial para personas residentes en zonas desfavorecidas o despobladas, como son las de la España vaciada o los ancianos que muchas veces han perdido el entorno familiar en el que habían vivido hasta la
fecha. Y, por último, entendemos que sigue siendo fundamental atender desde los poderes públicos a la figura del cuidador, generalmente perteneciente a la familia, sea hombre o mujer, porque a veces el cuidador es la persona que no está enferma,
unas veces es el hombre y otras veces la mujer, generalmente perteneciente a la familia, que es el gran colchón social que atiende las necesidades básicas de las personas, especialmente de las más desfavorecidas. En estos momentos de destrucción
familiar, la Administración haría bien en incentivar en lo posible esta herramienta natural de la especie humana, que permite a todos vivir con dignidad y autonomía.
El señor PRESIDENTE: Se ha agotado su tiempo.
La señora ROMERO VILCHES: Voy terminando.
Hemos presentado una enmienda de modificación, que esperábamos que aceptaran, pero creo que han preferido admitir una enmienda claramente ideologizada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Maribel García.
La señora GARCÍA LÓPEZ: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
La Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 y el Plan de Acción 2014-2020 siguen vigentes hasta finales de este año y en breve se llevará a cabo la evaluación del Plan de Acción que ayudará a redactar la nueva estrategia. El Plan de
Acción actual pretende la eliminación de las causas de discriminación a partir de la idea de que la igualdad de derechos de todas las personas ha de ser el referente para cualquier medida que pretende actuar sobre las condiciones de exclusión en las
que frecuentemente se encuentran las personas con discapacidad.
Se presentó una enmienda de modificación, con la cual hemos acordado una transaccional con el grupo proponente, de la que podemos destacar que los principios de igualdad de oportunidades y de igualdad entre mujeres y hombres tienen
necesariamente que formar parte esencial del plan, favoreciendo la perspectiva de género en el contexto de la discapacidad, de tal forma que las mujeres con discapacidad, las cuales se enfrentan frecuentemente a una doble discriminación, se
encuentren expresamente contempladas. De igual forma, se deben tener en cuenta los niños y niñas con discapacidad, grupo con especial riesgo de caer en situaciones de exclusión, violencia y pobreza, y en el que la Convención de la ONU fija especial
interés, y también prestar especial atención a las personas con discapacidad que viven en zonas rurales y a las personas mayores, colectivos cada vez más numerosos, a quienes benefician las acciones del plan que repercuten en el fomento de un
envejecimiento activo.
Cabe destacar que la próxima Estrategia Española sobre Discapacidad, como la vigente, deberá ser coherente con las líneas establecidas para la próxima Estrategia Europea sobre Discapacidad, que se encuentra en estos momentos en fase de
elaboración y que está previsto se publique durante el primer trimestre de 2021. Es evidente que la futura estrategia tendrá en cuenta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como las recomendaciones emitidas
por su comité. Por supuesto, para su elaboración el Gobierno contará con la participación de las administraciones y agentes interesados, así como con las comunidades autónomas y las entidades del tercer sector de acción social.
Señorías, ahora que estamos debatiendo los Presupuestos Generales del Estado, si en algo se caracterizan los mismos es porque son los más sociales de la historia y su lema es meridianamente claro: que nadie se quede atrás. Por eso, en los
Presupuestos Generales del Estado hay una dotación específica de 25 millones de euros para desarrollar un plan de inversiones para avanzar en la accesibilidad universal y así avanzar en la inclusión plena de las personas con discapacidad.
Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra enmienda y haber llegado a esta transaccional. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, empezamos el turno de fijación de posiciones del resto de los grupos de menor a mayor, los que no han presentado enmiendas.
No estando los grupos a los que les corresponde, por el Grupo Plural, el señor Genís Boadella tiene la palabra.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Celebramos la iniciativa, es interesante, además, por lo que veo en la enmienda, acabará viniendo de la mano de los dos grandes grupos. Yo solo les quería hacer una reflexión, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad se
aprobó en 2006 y el Partido Popular ahora nos dice que ellos dieron un gran paso en la medida en que se aprobó en 2013 la Ley general de derechos de personas con discapacidad, pero lo cierto es que España va con los deberes pendientes en este tema.
Hace escasos meses se aprobaba la erradicación de la esterilización forzosa en el Código Penal y actualmente, parado por el tema de los presupuestos, está en trámite toda la reforma de la legislación civil en materia de capacidad. Por tanto, es
interesante esta adaptación y este enamoramiento con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad -lo cierto es que el sector hace años y años que lo reclama y esta actualización es más necesaria que nunca- tanto en el Partido Popular
como en el Partido Socialista cuando ambos han estado en el Gobierno en los últimos tiempos y de momento han tenido en el cajón todo aquello relativo a adaptar la legislación española a las premisas de la convención de derechos. Creo que,
afortunadamente, nos tenemos que congratular que ahora avanza en la Comisión de Justicia el cambio de paradigma y el cambio de legislación civil en materia de capacidad y, por tanto, es bueno también que el Congreso interpele para definir mejor la
estrategia de futuro en materia de discapacidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, Inés Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente.
Miles de entidades del tercer sector social realizan un esfuerzo diario y constante en la atención y defensa de las personas y de las situaciones de vulnerabilidad social que sufren. Está fuera de cualquier tipo de duda y de discusión. Es
necesario establecer un mecanismo de financiación que asegure la pervivencia de estas entidades. Hay que asegurar un horizonte de estabilidad que les permita trabajar y no estar pendientes de si podrán seguir realizando su labor. Consecuentemente,
estamos de acuerdo con toda la exposición de motivos de esta PNL que nos han presentado, pero se olvidaron de redactar propuestas que no fueran un brindis al sol, quizás porque también se olvidaron de aplicarlas cuando gobernaban ustedes.
Como en cada punto, voy a reiterar la necesidad de dotar económicamente a cada conselleria de cada comunidad para poder ayudar a todas estas entidades que trabajan para la inclusión social y la de todas las personas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A efectos de aceptar o rechazar las enmiendas o decir lo que crea conveniente sobre ellas, tiene la palabra la portavoz que ha presentado la iniciativa, Carmen González.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Como he dicho, se ha presentado una transaccional intentando recoger las propuestas del Grupo Socialista, Ciudadanos y VOX en la medida en la que hemos podido.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR EL PLAN NACIONAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 2019-2023. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001584).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el séptimo punto del orden del día: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar el Plan nacional de Alzheimer y otras demencias 2019-2023, presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Presidente, un momento, ¿me puede dar la palabra?
El señor PRESIDENTE: Sí.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: La enmienda de VOX no se admitió. La transaccional era con PSOE y Ciudadanos. Quería dejarlo claro.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Bien.
Ahora entramos en el séptimo punto del orden del día. ¿De acuerdo? Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, Alicia García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Señorías, lo primero que quiero hacer es felicitar y agradecer el trabajo de la Confederación española de asociaciones de familiares de personas con alzhéimer y otras demencias y sobre todo a las asociaciones de familiares de personas con
alzhéimer que trabajan todos los días en nuestros diferentes territorios.
Los populares defendemos firmemente el modelo de colaboración entre las administraciones y el movimiento asociativo para la atención de las personas con alzhéimer y otras demencias. Quiero tener un recuerdo para los miles y miles de
familiares que día a día caminan junto a sus seres queridos, guiándoles y apoyándoles en su vida diaria frente a las importantes limitaciones y situaciones de dependencia que va generando la enfermedad de Alzheimer. Para el Partido Popular, las
personas mayores y las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias son prioritarias en el marco de nuestra política social; son prioritarias nuestras personas mayores en nuestro país, que representan un 19,4 % de nuestra
población y, además, es prioritaria para el Partido Popular la atención a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
En España hay 1 200 000 personas afectadas por la enfermedad y más de 5 millones de personas entre quienes la padecen y sus familiares y cuidadores que bien merecen la atención de este Gobierno. La atención integral y las consecuencias del
alzhéimer deben ser uno de los principales objetivos del Gobierno. Sin duda hay que tratarlo como una política de Estado y creo que este Gobierno no lo está haciendo. El Plan nacional de alzhéimer y otras demencias fue presentado, pero no
aprobado, en abril, en plena campaña electoral, en 2019; no fue hasta octubre de 2019 cuando se aprobó en el Consejo Territorial de Servicios Sociales e Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estamos en noviembre de 2020, un año y una
pandemia después, y la verdad es que el Gobierno ha condenado al olvido este Plan nacional de alzhéimer que hoy rescatamos en el Congreso de los Diputados. Nos hacemos eco, con esta iniciativa, de una petición de Ceafa, de la Confederación española
de asociaciones de familiares de personas con alzhéimer y otras demencias, que dirigieron una carta en el mes de octubre al presidente del Gobierno y al ministro de Derechos Sociales y no tuvieron respuesta. Solicitaban la aprobación de una
dotación presupuestaria para el Plan integral de alzhéimer y otras demencias en los presupuestos generales de 2021. Ha llegado poco, un millón de euros, no lo suficiente. Por ello, hay que tener en cuenta los datos que supone esta enfermedad.
Además del coste emocional de muchas familias, hay que tener en cuenta el coste medio anual que supone para una familia, que son 31 000 euros, según estima Ceafa. Por ello, el
Partido Popular ha propuesto una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para dotar este Plan nacional de alzhéimer con 5 millones de euros.
Al hilo de esto, quiero comentar una noticia que cayó como un jarro de agua fría en Ávila, en mi ciudad. Leo el titular: La Asociación del alzhéimer pide ayuda pública para evitar su cierre tras veinticinco años de vida. Tuvieron que
cerrar varios meses como consecuencia de la pandemia; ahora hay un notable descenso de usuarios y un incremento de los gastos extraordinarios que suponen los equipos de protección individual y la adaptación de espacios. Tienen menos ingresos y más
gastos. Es una asociación que tiene veinticinco años y que afronta con amargura la posibilidad real de no poder atender a los enfermos y a sus familias y, además, la posible pérdida de empleo. Por eso pedimos al Gobierno apoyo para que estos
centros y asociaciones no tengan que cerrar.
Igualmente ocurre con el Centro de referencia estatal de alzhéimer de Salamanca, dependiente del Imserso. La crisis sanitaria no puede ser excusa para acabar con este centro de referencia en España. Por ello, los populares solicitamos que
se reanuden los servicios, los recursos, los programas de intervención, de atención, de investigación y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Por ello, considero importante impulsar medidas dirigidas a garantizar el bienestar, la dignidad y
la calidad de vida de los enfermos de alzhéimer, máxime en momentos como el actual, en el que la crisis de la COVID ha afectado con mayor virulencia a los mayores y, entre ellos, a los más vulnerables: los dependientes, sus familias y cuidadores.
La COVID se ha cebado con los mayores, con los dependientes, y no solo con los que vivían en las residencias, sino también con los que estaban en lista de espera: 47 000 personas han fallecido esperando alguna de las ayudas del sistema de la
dependencia, según los propios datos del ministerio. Por ello, los populares solicitamos al Gobierno, a través de esta iniciativa, que apoye decididamente el Plan nacional de alzhéimer y otras demencias, impulsando su puesta en marcha con carácter
inmediato. También pedimos que se incorporen en el plan integral todas las medidas y acciones necesarias para mitigar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas derivadas de la COVID y para evitar el cierre de los centros de atención de
alzhéimer, y que se articule una línea específica en los Presupuestos Generales del Estado que venga a garantizar la financiación del plan, tal y como pide la Confederación de familiares de enfermos de alzhéimer.
El señor PRESIDENTE: Ha consumido su tiempo.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Muchas gracias.
Estamos trabajando en una enmienda transaccional, que creo que ya hemos presentado, con varios grupos de la Cámara. Agradezco su trabajo.
El señor PRESIDENTE: Bien.
A continuación, tendrán la palabra los grupos que han presentado enmiendas, empezando por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Miguel Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.
Señorías, el alzhéimer afecta al 7 % de la población española mayor de 65 años y al 50 % de los mayores de 85 años. Esto supone que más de 1 200 000 personas en España padece alzhéimer, lo que hace que esta enfermedad sea la causa más común
de demencia. Pero, además, según la Sociedad Española de Neurología, a los anteriores deberíamos sumar un 30 o un 40 % de casos que no se diagnostican. Con esto, señorías, el alzhéimer se sitúa entre las diez patologías más mortales del mundo.
Con la finalidad de abordar esta enfermedad hace un año, desde el Ministerio de Sanidad, se aprobó el Plan integral de alzhéimer y otras demencias, que tiene vigencia para el periodo 2019-2023. Es imposible ignorar el hecho de que este plan
se va a desarrollar en un contexto muy distinto del actual, que está marcado por la pandemia de la COVID-19, al igual que es obligado recordar que las personas con alzhéimer y otras demencias, en particular, y el conjunto de personas mayores, en
general, han sido no uno de los colectivos más castigados por esta pandemia, sino el que más. Son muchas las personas con alzhéimer que se han visto privadas de atención y muchos centros de día, donde recibían los tratamientos de mitigación del
impacto de la enfermedad, han estado cerrados durante buena parte de esta crisis sanitaria. También eran muchos los que vivían en residencias, que fueron el epicentro de la primera ola de la pandemia, que no llegaban a ser conscientes ni a
comprender lo que estaba sucediendo. Todos ellos, en el mejor de los casos, vieron trastocada una rutina que les resultaba vital para controlar la evolución de su enfermedad, y muchos de ellos, desgraciadamente, perdieron la vida sin poder contar
con la compañía
de sus seres queridos. Como hemos tenido ocasión de repetir muchas veces en esta Cámara, tenemos que hacer todo lo posible por aprender de lo ocurrido, señorías, no solo para detectar en qué ha fallado el sistema, sino para corregirlo y
evitar que vuelva a repetirse esta situación que, en relación con nuestras personas mayores, cabe calificar de verdadero fracaso generacional. Nos gustaría poder afirmar que, efectivamente, hemos aprendido algo de esta experiencia, pero la
evolución de esta segunda ola no nos permite ser demasiado optimistas al respecto.
Dicho esto, mi grupo ha presentado una enmienda que añade una propuesta que creemos que es de enorme relevancia y serviría de gran ayuda para todas las personas que padecen alzhéimer, sus cuidadores y familiares. La propuesta pasa por
reforzar la acción protectora que desde el ámbito social se presta a las personas que sufren esta enfermedad, mediante la previsión de que todas ellas, desde el mismo momento del diagnóstico, con independencia del estadio de la enfermedad y de su
sintomatología concreta, sean consideradas personas con discapacidad a todos los efectos previstos en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y se incluyan en el resto del ordenamiento jurídico, sin
descartar que se pueda aplicar un grado mayor en una valoración posterior. Este reconocimiento automático implicaría que las personas con alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas tuvieran acceso automático a toda la acción protectora que
conlleva la discapacidad, tanto en lo relativo a las prestaciones económicas, como técnicas y farmacéuticas. Son medidas que, sin duda, pueden contribuir a que todas estas personas tengan facilidades para sobrellevar las dificultades que puede
imponerles su enfermedad y que pueden permitir garantizar su inclusión social incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas limitativos causados por la enfermedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
A continuación, tiene la palabra, para exponer su enmienda, la representante del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Lucía Muñoz.
La señora MUÑOZ DALDA: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, desde Unidas Podemos queremos expresar nuestro apoyo y reconocimiento a la labor cotidiana, a la dedicación permanente de las asociaciones de familiares de personas enfermas de alzhéimer. Unidas Podemos y este Gobierno
tienen el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de alzhéimer, pero también de las personas que cuidan a las enfermas. Por eso hemos propuesto una enmienda a la PNL del Grupo Popular, que incorpora un punto en el que
planteamos la necesidad de impulsar un plan de apoyo para las personas cuidadoras que analice sus demandas y necesidades. Este análisis con perspectiva de género debe servir para mejorar las condiciones en las que se ejerce el cuidado, tanto si
existe un vínculo laboral como si no, además de garantizar unas condiciones de cuidado dignas para las personas que cuidan y para las personas cuidadas. Simplemente quiero resaltar que sí existe una partida económica en los créditos asignados al
Imserso para el desarrollo del Plan nacional de alzhéimer; se evidencia así que el Imserso tiene entre sus objetivos relanzar el Plan nacional de alzhéimer.
La enmienda que hemos presentado junto con el Grupo Socialista aclara dónde se deben tomar las decisiones en relación con la actualización, alcance y puesta en marcha de este plan, que debe ser el Grupo estatal de demencias, con sede en el
Centro de referencia estatal de atención a las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Salamanca. Todas las medidas y acciones necesarias para mitigar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales derivadas del COVID deben
ser analizadas por este Grupo estatal de demencias y compartidas con el Ministerio de Sanidad. Esperamos que tengan a bien aceptar la transaccional y, si es así, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Yolanda Seva.
La señora SEVA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Trae el Grupo Popular una proposición no de ley para impulsar el Plan nacional integral de alzhéimer y otras demencias, a la que Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda para apoyar dicho plan y las consecuencias tras la
pandemia e impulsar un plan de apoyo para las personas cuidadoras, con perspectiva de género, para mejorar sus condiciones en el cuidado.
Señorías del Partido Popular, se hace necesario en estos momentos el sentido de Estado y el apoyo a unos presupuestos que den respuesta a las necesidades de las personas dependientes, como los enfermos de alzhéimer. Esta enfermedad, la
epidemia silenciosa del siglo XXI, no solo afecta a los pacientes, sino también a sus familias y cuidadores. En 2019, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en coordinación con el movimiento asociativo y expertos de diferentes
ámbitos, puso en marcha el Plan integral de alzhéimer y otras demencias, aprobado con las comunidades autónomas en el consejo territorial, cuya prioridad es la salud pública y su problema social, respondiendo al Plan de acción mundial sobre la
respuesta de salud pública elaborado por la OMS. Este plan responde a la elevada prevalencia de las demencias, ya que estas son la principal causa de discapacidad y dependencia.
El alzhéimer es devastador y genera graves impactos tanto en los enfermos como en las familias, en un contexto generalizado de falta de conocimiento, conciencia y comprensión de la enfermedad. El plan recoge objetivos claros de promoción
del envejecimiento activo, diagnóstico precoz, investigación, prevención y tratamiento, involucrando a los agentes sociales, dando respuesta y apoyo a enfermos y familiares cuidadores alrededor de cuatro ejes: la sensibilización y la
concienciación, la persona como centro de atención, la dignidad de las personas y, sobre todo, la investigación, innovación y conocimiento. Los presupuestos incluyen una partida de un millón de euros para el Imserso para relanzar dicho plan, cuya
actualización será impulsada a través del Grupo estatal de demencias, con sede en el Centro de referencia de Salamanca, donde, del mismo modo, se tomarán las medidas para mitigar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales derivadas de la
COVID-19. Debemos recordar que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que promulgó la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y que fue el Gobierno del Partido Popular, de 2012 a 2017, el que hizo
un recorte de 4600 millones de euros, con una lista de espera en 2018 de más de 300 000 personas en situación de dependencia.
Finalizo. La responsabilidad está en nuestras manos. Aprobemos unos presupuestos que den impulso a este plan, que, con la dotación de las comunidades autónomas, dará respuesta a las necesidades sociales de nuestro país. La esencia de las
personas va mucho más allá de su memoria. Luchemos por sus derechos y su dignidad y no las olvidemos. Hemos llegado a una enmienda transaccional que ya hemos hecho llegar a la Mesa y agradecemos a la portavoz del Grupo Popular la disposición de
llegar a consensos en temas tan importantes como el que hoy se trae a esta Comisión.
Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
A continuación, vamos a iniciar el turno de fijación de posiciones, de menor a mayor. El Grupo Mixto continúa sin estar. ¿Maite Aizpurua?
La señora AIZPURUA ARZALLUS: No intervendré.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
¿Grupo Vasco? No está. ¿Señor, Boadella? No está. Solo queda en este turno de fijación de posiciones la representante del Grupo Parlamentario VOX, Cristina Esteban.
La señora ESTEBAN CALONJE: Muchas gracias, presidente.
Muchos llaman al alzhéimer la epidemia del siglo XXI, y aunque no sea una enfermedad contagiosa, el alzhéimer afecta cada vez a un número mayor de personas. En España hay aproximadamente 1 200 000 enfermos, pero si contamos a las familias,
hay cerca de 5 millones de personas afectadas por esta enfermedad. El 5 % de los que la contraen lo hacen antes de los sesenta y cinco años, todavía en edad laboral y algunos con hijos menores y adolescentes todavía dependientes y viviendo en el
hogar familiar. En los estadios iniciales es difícil de diagnosticar. La familia sufre una tremenda frustración al no entender las actitudes del enfermo. Creen que su persona allegada les está tratando con indiferencia y desgana. Se produce un
desequilibrio colosal y todo el núcleo familiar entra en crisis. El curso progresivo de la enfermedad irá agravando paulatinamente las manifestaciones conductuales, emocionales y psicológicas del afectado, consumiendo muchos más recursos de
atención, cuidado y dedicación de los integrantes de la familia, en especial de cuidador principal. Este es presa de una devastadora sintomatología adversa, cursada bajo síntomas físicos, psicológicos, conductuales y sociales que precipitarán las
cargas y, a consecuencia de esto, una peor atención al enfermo. El deterioro del cuidador provoca un cambio trascendente en la estructura familiar. El agotamiento de la persona se manifiesta en fatiga, problemas de
sueño, cefaleas y una gama extensa de problemas orgánicos. Emocionalmente se visualiza a una persona irritable, ansiosa, depresiva, desgastada, de actitud defensiva, recluida socialmente, aislada del exterior, esquiva de las relaciones
sociales y difusa en el plano interpersonal. Al cuidador se asocia una mayor probabilidad de padecer problemas psicológicos tales como la depresión y el estrés e incluso un riesgo mayor de muerte. Y es que el alzhéimer no es una enfermedad mortal
en sí, sino que puede acompañar al enfermo hasta veinte o treinta años.
En el ámbito familiar, suele ser uno de los cónyuges el que cuida al otro, es el sano el que cuida al enfermo, con lo cual introducir en los cuidados la perspectiva de género, aparte de absurdo, es no querer conocer la enfermedad. En VOX
hemos defendido siempre el cuidado de los enfermos y siempre hemos apoyado a la familia, y es de vital importancia fortalecer y ampliar el Plan nacional integral de alzhéimer y otras demencias y hacerlo extensivo a los familiares cuidadores del
enfermo, dejando aparte la ideología. Qué pena que el PP se trague estas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
Gracias.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario que ha presentado la iniciativa, el Grupo Popular, Alicia García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Hemos transaccionado y ya la tienen.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- SOBRE LA CARTA SOCIAL EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU. (Número de expediente 161/001611).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto número 8 del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la Carta Social Europea, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra su
portavoz, Merche Aizpurua.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente.
Todos y todas ustedes saben qué es la Carta Social Europea, ese articulado que podría equipararse con la Constitución Europea y que recoge los derechos sociales sobre vivienda, salud, educación y trabajo. Como toda norma o tratado
internacional, la carta fue ratificada por España en la ya lejana fecha de 1980, pero la Carta Social Europea fue ampliada en 1996 y todavía el Gobierno español no la ha ratificado. En esa actualización se incluía un protocolo de reclamaciones
colectivas que permitía denunciar a los Estados firmantes ante el Comité Europeo de Derechos Sociales si se incumpliera lo que se estipulaba en ella.
La revisión, tal como se indica en la PNL, añadía ocho nuevos derechos sociales: protección en caso de despido, tutela de los créditos a los trabajadores en caso de insolvencia del empleador, el derecho a la dignidad en el trabajo, a la
igualdad de oportunidades para trabajadores con responsabilidades familiares, a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo, a la protección contra la pobreza y la exclusión social y el derecho a la vivienda. Simplemente,
por decirlo rápido, si la Carta Social Europea hubiese sido ratificada por España en su momento, algunos aspectos de las reformas laborales del Partido Popular, tan dañinas para los trabajadores, habrían sido no ajustadas a derecho; también algunos
aspectos de la reforma laboral anterior, la auspiciada por el PSOE. Hace ya más de un año, en febrero de 2019, el Gobierno inició los trámites para ratificar la carta revisada, que debería aprobar el Congreso, pero aún no lo ha hecho. También es
cierto que después de que hubiésemos registrado esta PNL, concretamente una semana después, el Gobierno certificó su compromiso con esta Carta social y dio un primer paso, anunciando en el Consejo de Ministros que pronto se abriría el procedimiento.
También la ministra de Trabajo anunció que el Gobierno pretendía suscribirla antes de final de año, y desde ese mismo ministerio han anunciado que el Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para la adhesión al protocolo de reclamaciones
colectivas. Nos alegramos por todo ello, pero como de las palabras a los hechos hay a veces un salto que repentinamente se antoja insalvable, consideramos necesario empujar en este empeño y, por ello, mantenemos esta PNL que esperamos que reciba el
apoyo quizás no de todas las fuerzas políticas aquí representadas, pero sí al menos de aquellas que en sus manifestaciones públicas se han pronunciado en este sentido.
El segundo punto de la proposición no de ley, el de las reclamaciones colectivas, es tan importante como la propia carta, ya que sin ese protocolo, la Carta social sería simplemente un brindis al sol. En su último informe sobre el Estado
español, este organismo consideró que incumplía varios de sus preceptos: más horas de trabajo de las debidas, horas extras no compensadas y otra serie de cuestiones que se denunciaban de aquella forma. Por resumir, diría que defender la Carta
social es defender la política social y los derechos de los desfavorecidos; es defender políticas sociales justas; es garantía y es protección, a la vez que es asegurar el derecho al trabajo y el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a
realizar ese trabajo en condiciones dignas y justas; es defender los derechos de las personas con discapacidad, su autonomía y su igualdad de oportunidades; es proteger los derechos de la infancia, de niños, niñas y jóvenes; es asegurar la
protección social que miles de personas, familias y mayores necesitan para sustentar sus vidas; es avanzar en la erradicación de la pobreza y en la exclusión social; es cumplir con el derecho a la vivienda. También es -y esto es muy importante-
asegurar unas pensiones mínimas dignas, que permitan a nuestros mayores llevar una vida digna. Esto es importante, porque llevan mucho tiempo, demasiado tiempo exigiéndolo, pidiendo que se les escuche y que se les aseguren unas pensiones públicas
dignas. Es su derecho y debemos darles respuesta. En definitiva, es garantía, es protección, es defender la dignidad de los trabajadores, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los mayores. Cumplir con la Carta Social Europea es construir
una sociedad justa y con derechos, algo que toda sociedad que quiera asegurar su futuro debería hacer.
Eskerrik asko, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: No se ha presentado ninguna enmienda a esta iniciativa. Por tanto, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones, de menor a mayor. ¿Grupo Mixto? No está. Por el grupo Ciudadanos, tiene la palabra su
representante, Sara Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, la iniciativa que hoy debatimos hace referencia a un tratado internacional elaborado por el Consejo de Europa, que supone uno de los principales instrumentos del ordenamiento jurídico internacional en la protección y promoción de
los derechos económicos y sociales. Respecto a la Carta Social Europea revisada, pese a haberse firmado en el año 2000, tal y como se ha expuesto, tan solo un año después de su entrada en vigor, veinticuatro años después de su aprobación todavía no
se ha procedido a su ratificación. Esperamos, con toda la información que se nos ha proporcionado, que sea ratificada de una manera inmediata.
Es importante tener en cuenta que esta nueva versión de la Carta Social Europea, además de actualizar los derechos que recoge la primera versión, incorpora ocho más, derechos además muy relevantes, que van desde la protección en caso de
despido a la tutela de los créditos de los trabajadores, la igualdad en el trabajo, la igualdad de oportunidades de trabajadores en relación con las responsabilidades familiares, la protección de los representantes de los trabajadores en la empresa,
la información y consulta de los procedimientos de despido colectivo, la protección contra la pobreza y la exclusión social y la vivienda. Son derechos todos ellos que se encuentran recogidos con mayor o menor nivel en el desarrollo de nuestra
legislación, pero como Estado responsable, como un Estado social y democrático de derecho, nos corresponde avanzar en esta materia.
Como ya se ha expuesto por parte del grupo proponente, es importante que se adopte el protocolo de reclamaciones colectivas, que actúa como mecanismo de supervisión del cumplimiento de la carta por parte del Comité de Derechos Económicos y
Sociales del Consejo de Europa. Es un procedimiento de reclamación que permite a determinados actores plantear cuestiones relativas a la incorrecta aplicación de esta carta. Muchos sindicatos, ONG, tercer sector son los que utilizan este mecanismo
para dar efectividad real a este instrumento de especial relevancia. Por tanto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos va a apoyar la iniciativa presentada.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Plural. (Denegación). Bien. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra Inés Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente
La PNL que nos traen los compañeros de Bildu nos parece de enorme importancia, ya que nos permite abordar un debate fundamental en materia de protección social: hasta qué punto el Estado está comprometido con los derechos sociales y hasta
qué punto está comprometido con los mandatos
vinculantes o no vinculantes de los tratados que suscribe. Nos parece imprescindible que el Gobierno suscriba la Carta Social Europea y que ratifique el protocolo de reclamaciones colectivas, pero será aun más importante que luego acate y
sea consecuente con dichos compromisos, porque el Estado español ha sido experto en incumplir las resoluciones vinculantes y las recomendaciones o directrices de multitud de acuerdos y tratados que decidió firmar de forma voluntaria. Tenemos un
ejemplo muy reciente con el informe del Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, que ha reiterado a España su petición de poner en libertad a los presos politics catalans mediante la resolución que
adoptó en 2019. Después de recibir una petición del Gobierno español para revisar la resolución, este organismo internacional decidió mantener la opinión, porque no ve ningún motivo para revertirla. ¿Qué ha hecho el Estado ante dicho informe de
Naciones Unidas? Nada. Cuando un Estado firma un acuerdo, tiene el deber de asumir las obligaciones que de ello se derivan, y la experiencia nos hace ser muy escépticos sobre esto. Deseamos que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos cumpla su
compromiso de ratificación de la Carta Social Europea y velaremos para que sus preceptos sean cumplidos en favor de los derechos sociales de los ciudadanos, especialmente de aquellos en situación más vulnerable.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Ismael Cortés.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común da la bienvenida a esta iniciativa presentada por el Grupo EH Bildu, porque la ratificación de la Carta Social Europea revisada es una asignatura pendiente desde 1996.
Una versión que modificaba, como ya se ha presentado aquí, algunos derechos e incorporaba ocho más: la protección en caso de despido, la tutela de los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador, la inequidad en el trabajo, la
igualdad de oportunidades de los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, la protección de los representantes de los trabajadores en la empresa, la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo, la protección
contra la pobreza y la exclusión social y el derecho a la vivienda. Ahora bien, quiero recordar, como ya ha hecho aquí la portavoz de Bildu, que el Consejo de Ministros del pasado 10 de noviembre aprobó el acuerdo por el que se dispone su remisión
a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha carta.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró el paso dado por el Ejecutivo en un reciente artículo publicado en elDiario.es, expresando precisamente que la Carta Social supone la consolidación de nuestro Estado social poniendo fin a la
autoexclusión de España del texto más importante de todos los que en Europa garantiza los derechos sociales. Se trata efectivamente de un mecanismo que permite que los agentes sociales y ONG puedan denunciar a uno o varios Estados por
incumplimientos de la Carta Social Europea ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Este organismo es el garante del cumplimiento de los derechos plasmados en la carta y que en su último informe sobre España, precisamente el año pasado,
consideró que España incumplía varios de sus preceptos por causas de las horas extras no compensadas o preavisos insuficientes en caso de despido, entre otros. Unidas Podemos-En Comú Podem, en coherencia con nuestro compromiso con la Carta Social
Europea, votará a favor de esta proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona.
La señora OLONA CHOCLÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Aizpurua, el Grupo Parlamentario VOX va a votar que no a la PNL que hoy nos presentan, y quiero que entienda bien a qué responde nuestra negativa porque es un no rotundo. Es un no rotundo a su grupo parlamentario EH Bildu y es un no
rotundo a usted personalmente, porque quienes hoy integran en sus filas a terroristas condenados y justifican el terrorismo de ETA carecen de legitimidad democrática para reivindicar absolutamente nada, y mucho menos para defender los derechos de
los trabajadores. VOX no va a permitir, VOX no le va a permitir, que caiga en el olvido que con ustedes a casi mil trabajadores se les arrebató su derecho más básico: el derecho a la vida. Usted personalmente, señora
Aizpurua, como editora fue la responsable de todas las dianas que se ponían en el periódico proetarra Egin. Les señalaba y ETA ponía la bala a periodistas y políticos. Y usted, señora Aizpurua, fue condenada por apología del terrorismo con
ocasión de una editorial que escribió titulada 'Por los gudaris de ayer y hoy'.
¿Se reconoce en esta fotografía, señora Aizpurua? (Muestra una portada del diario Gara). Es usted con ETA. ¿Y sabe lo que hacían? Les blanqueaban. Al igual que hoy un Partido Socialista sin principios ni dignidad se encarga de blanquear
su historia sangrienta. Pues le decimos que no, señora Aizpurua. Con VOX, ustedes y el partido extorsionador vasco, nunca lograrán la ensoñación que tanto ansían de una Euskal Herria independiente. Es indecente que EH Bildu se disfrace ahora de
Partido Nacionalista Vasco con el aplauso del Partido Socialista. Yo personalmente le combatí en el norte a usted, señora Aizpurua, como presidenta de Udalbiltza. Y hoy volvemos a encontrarnos cada una donde teníamos que estar, como no cabe otra
forma: usted, con los etarras, y yo, con los españoles. Se lo prometo, señora Aizpurua. No vencerán, así tengamos que hacerles frente hasta las mismas puertas del infierno.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, Carmelo Romero.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Muchas gracias.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Ya en el año 1980 se ratificó la Carta Social Europea en la que se recogen una serie de derechos sociales que España se compromete a incorporar a su ordenamiento jurídico y a cumplir en su
actividad ordinaria, y así se viene haciendo. Con posterioridad, en el año 2000, España firmó una revisión de esa Carta Social Europea en la que se amplía el contenido incluyendo más derechos y un protocolo de reclamaciones colectivas, que son los
que están pendientes de ratificar por el Pleno del Congreso de los Diputados y por el Senado. En la Carta Social Europea se recogen derechos básicos y derechos importantes como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la
educación, el derecho al empleo, el derecho a la protección jurídica y social, el derecho a la no discriminación, etcétera.
No obstante, tengo que decir que todos ellos están siendo observados y cumplidos por España, bien de manera directa ya que hemos ratificado e incorporado en 1980 la Carta Social Europea, o bien de forma indirecta en otras normativas como es
la propia Constitución española de 1978 y sus leyes que la desarrollan, así como con distintos tratados internacionales que son ratificados por España donde se recogen también gran parte de estos derechos, como también el Tratado de la Unión
Europea, a la que nosotros pertenecemos y eso es así. Por cierto, señora Aizpurua, dígale al Consejo de Europa que corrija el artículo 15 donde se habla de las personas minusválidas, son personas con discapacidad, no minusválidas. Estas personas
son más válidas y necesarias que muchas de las personas que estamos aquí.
Mire usted, señora Aizpurua. Yo le propongo una enmienda in voce que consiste en que se introduzcan otros derechos, independientemente de estos derechos que se consagran en la Carta Social Europea, como por ejemplo, primero, que no señale
desde los periódicos a nadie para que después vengan unos pistoleros a pegarle un tiro; segundo, que se tenga derecho a que no se ponga una bomba lapa en el coche para que estalle al cogerlo para cuando un trabajador va a ir a su trabajo...
El señor PRESIDENTE: Ha agotado su tiempo de sobra.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.
... tercero, los niños tienen derecho a disfrutar de la compañía de sus padres y a ser cuidados por sus padres y que no les maten a sus padres por la espalda; cuarto, tienen derecho a que no se secuestre a nadie, a ningún trabajador, que no
lo metan en un zulo o en un agujero, y por último, tienen derecho además a no ser asesinados con un tiro en la nuca.
Termino, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Termine.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Es un momento... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Además, es usted miembro de la Mesa tendría que ser un poco más respetuoso con los tiempos.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Un segundo nada más.
El señor PRESIDENTE: Por favor, que solo sea un segundo.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Para manifestar el posicionamiento de mi voto. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Bien, sea breve, por favor.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: No obstante, como este asunto va a ir al Pleno porque tiene que ir necesariamente al Pleno, será allí, y no aquí, donde manifestaremos nuestro sentido del voto. Hoy queremos votar que no, pero no a los derechos
sino a Bildu y a la señora Aizpurua.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
A continuación, para terminar este turno, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pau Marí Klose. Si puede ser, por dos minutos, aunque si excede un poco del tiempo tampoco le diré nada.
El señor MARÍ KLOSE: Muchas gracias, señor presidente.
Yo me ceñiré a la cuestión, que es algo que parece poco habitual en las últimas intervenciones. Según Thomas Humphrey Marshall, uno de los pensadores sociales británicos más importantes del siglo XX y que no era precisamente un peligroso
socialcomunista, sino que se le ha catalogado habitualmente como un liberalprogresista, los derechos de ciudadanía han pasado por tres etapas: en una primera etapa, en el siglo XVIII, surgieron los derechos cívicos como el derecho a la propiedad, a
la libertad de creencias o a la asociación; en el siglo XIX surgieron los derechos políticos, como el sufragio político, que en algunos países como el nuestro se hicieron esperar un poquito más, y en el siglo XX surgieron los derechos sociales que
fundamentaron la protección de los trabajadores y la construcción del Estado del bienestar. Oyendo ciertas cosas en esta Cámara, uno puede estar tentado a pensar que algunos representantes de la ultraderecha, y de la derecha, siguen instalados en
el siglo XVII, rechazando una carta de derechos básicos sobre la base de un ad hominem absurdo.
La Carta Social Europea, y su versión revisada, es la expresión más avanzada, más completa del reconocimiento transnacional de estos derechos sociales. Por ello, la vamos a apoyar, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que la
promovimos en la legislatura anterior, aunque no pudo ser sometida a dictamen por disolución de las Cortes, y ha vuelto a ser remitida a las Cortes por el Gobierno el pasado 11 de noviembre, que solicitó su tramitación por el proceso de urgencia.
En la Comisión de Asuntos Exteriores, de la que sé alguna cosa, será objeto de dictamen previsiblemente este próximo mes de diciembre y también previsiblemente la votación de hoy nos anticipe el resultado de la votación que tendrá lugar allí. El
Gobierno también ha iniciado los trámites para la aplicación en España del Protocolo de 1995 de Reclamaciones Colectivas, con la mayor celeridad posible. Al firmarla, nos situamos junto a Noruega, Suecia, Francia, Holanda, la República Checa,
Portugal, Italia, Irlanda, que como saben sus señorías, son los países que se sitúan en todos los rankings a la cabeza de los países con mayor calidad democrática, y nos separamos de un conjunto de países que más claramente adolecen de esa calidad,
liderados generalmente por dirigentes conservadores con dudoso pedigrí democrático respecto a derechos humanos y de ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Se le acabó el tiempo.
El señor MARÍ KLOSE: Acabo, presidente, con un párrafo.
El señor PRESIDENTE: Sea breve, por favor.
El señor MARÍ KLOSE: En todo caso, estamos ante un avance sustantivo muy importante que manda además un mensaje, el mensaje de un país dispuesto a situarse en la vanguardia del multilateralismo y la construcción de una legislación
internacional robusta. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Veo que se ha leído usted la Carta Social Europea.
Como no se han presentado enmiendas, el grupo proponente no tiene que aceptarlas ni rechazarlas.
- RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL (CRE), CIUDAD DEL MAYOR DE LEÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001627).
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo a todos los grupos que llamen a aquellos miembros de la Comisión, o sus sustitutos, para que vayan llegando hasta aquí.
A continuación, entramos en la 9.ª y última proposición no de ley relativa a la puesta en marcha del Centro de Referencia Estatal, Ciudad del Mayor de León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra
la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Andrea Fernández.
La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como sabrán la crisis social y sanitaria que ha derivado del COVID ha desvelado algunas carencias que tiene nuestro sistema, más concretamente en todo aquello que está relacionado con las políticas de atención a las personas
mayores. Un punto clave en todo esto es el factor territorial, y además hay que tener en cuenta que en esta materia la competencia está derivada a las comunidades autónomas. La vejez en España, como sabrán, encuentra su epicentro en el noroeste de
España porque según datos del INE, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma más envejecida de nuestro país. Por ello, en este marco referencial podemos analizar con mucha claridad esta cuestión.
Además, si nos centramos un poco en cómo es el modelo de gestión en esta comunidad autónoma, en Castilla y León, podemos ver que el sector de los cuidados a las personas mayores es esencialmente privado y que en los últimos tiempos no se ha
creado ninguna residencia pública. Asimismo, todas aquellas que son de titularidad pública, que son del Estado, están gestionadas de manera privada. Por tanto, podemos ver que este sector, que es fundamentalmente privado aunque incentivado desde
lo público, es bastante ineficiente, como nos ha demostrado esta crisis. ¿Todo esto en qué repercute? En que el acceso a los cuidados para las personas mayores está especialmente vinculado a la capacidad económica de las familias, lo cual tiene un
efecto especialmente negativo para las mujeres, que en el caso de las clases trabajadoras son las encargadas de los cuidados en las familias.
Dicho esto, también podemos ahondar en cómo es el modelo de atención a la vejez que imperan en los centros, tal y como están hoy en día concebidos y es que están basados exclusivamente en un cuidado asistencial mínimo, que no promociona el
desarrollo de las personas o la integración de estas en el entramado social. Por suerte, contamos -hablo de León porque es el caso que personalmente yo más conozco- con iniciativas locales que difieren de este modelo y que demuestran que otra forma
de gestión de los cuidados hacia las personas mayores puede ser posible. Les puedo poner algunos ejemplos para que ustedes si quieren se informen y los conozcan. Hablamos del caso de la residencia del centro asistencial de día de Matanza de los
Oteros, Laguna de Negrillos o San Emiliano de Babia que establece una experiencia muy interesante en este sentido, porque adapta la atención a las personas mayores en el entorno de la montaña. Todas ellas son experiencias que son muy enriquecedoras
y demuestran que otro modelo asistencial es posible. Todo esto hace que la provincia de León sea un marco inmejorable para investigar y conocer todo aquello relacionado con la vejez.
Por eso, en el año 2007, se puso en marcha el proyecto de centro de referencia estatal Ciudad del Mayor. Este proyecto se ha quedado reducido, limitado, sin desarrollar y tiene una capacidad potencial de transformación del modelo de
atención a las personas mayores que es muy importante. Por eso creemos que es necesario que este Gobierno apueste de nuevo por esta forma de entender la atención a la vejez, mucho más vinculada a la investigación, a la ciencia, a la autonomía y a
la esperanza de vida desde un punto de vista de la calidad de vida y no tanto de la prolongación de la vida de las personas.
Por todo ello creemos que apostar por este cambio de paradigma es muy importante, más ahora que después de la crisis sanitaria que hemos vivido entendemos que se ha demostrado que los cuidados de las personas mayores tienen que estar en el
ámbito público, tienen que estar en el centro por una cuestión de justicia social, de igualdad y sobre todo de dignidad hacia estas personas. Además, creemos que apostar por este tipo de proyectos es muy importante porque genera un entramado, un
sector de empleo tanto directo como indirecto, que puede repercutir de forma muy positiva para aquellos territorios como puede ser el mío, que es León, que está especialmente castigado por el problema de la despoblación. Además no podemos olvidar
que es un territorio de los más castigados por el cierre de la minería, la transición, etcétera. Por tanto, creemos que es obligación de los Gobiernos y de las instituciones públicas apostar por incentivar el desarrollo y la promoción de estos
territorios. Por eso creo que puede ser,
además de una oportunidad para la investigación y para el cambio en este sentido, una oportunidad para una tierra como es la mía que se lo merece y creo que debemos apostar por el desarrollo justo, el desarrollo basado en la investigación y
en la innovación porque es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo.
Por todo eso, confiamos en que el Gobierno impulsará este centro de desarrollo y vamos a instar al Gobierno a que retome este proyecto y confiamos en que así lo hará. No obstante, este grupo parlamentario quiere darle ese impulso.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, Carmen González.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidente.
Señorías del PSOE, como leonesa me alegro que ustedes presenten aquí esta proposición no de ley relativa a la puesta en marcha de la Ciudad del Mayor en León, puesto que con ella responden ustedes a unas preguntas mías no contestadas todavía
por el Gobierno, por su vicepresidente segundo, el señor Iglesias. En octubre de 2019 se anunció por el PSOE de León la contratación del director y del personal del centro, pero a pesar de ello durante todo este tiempo el centro ha seguido cerrado
a los ciudadanos. ¿Cuál es la causa por la que a pesar de haber contratado personal no se ha abierto el centro a los ciudadanos? ¿Qué funciones han estado realizando los profesionales contratados desde hace casi un año, mientras las puertas del
centro siguen cerradas y no se prestan servicios? Tras la contratación del personal, ¿qué tipo de servicios van a prestarse cuando se produzca la apertura a los usuarios? Con su PNL ustedes me responden claramente: nada se ha hecho en este
centro, puesto que se insta en ella al Gobierno a ponerlo en marcha a fecha de hoy. Hacen bien en urgir desde el PSOE al vicepresidente segundo de Podemos, su socio de Gobierno, a la creación de este centro la Ciudad del Mayor, aunque dudo que les
preste atención pues durante la pandemia ha mostrado sobradamente su dejación de funciones en todo lo relativo a la atención de nuestros mayores.
En octubre de 2017 el Partido Popular cambió el proyecto inicial para convertirlo en un Centro de Referencia Estatal para personas con autismo. El Imserso elaboró un proyecto de orden ministerial por el que se regulaba el Centro de
Referencia Estatal de atención a personas en situación de dependencia derivada de trastornos del espectro de autismo que usted, señor Fernández, conoce. Este proyecto de Centro de Referencia Estatal de Autismo se presentó en León a los medios de
comunicación y tras la moción de censura la entonces secretaria de Estado socialista, en su comparecencia de 16 de octubre de 2018 en la Comisión para la Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados, reafirmó entonces su
compromiso con el autismo, señalando que había una propuesta para el Centro de Referencia de Autismo sobre el que ya se había trabajado y que esperaba que para 2019 se materializara su apertura. También la ministra, en dos preguntas escritas al
Gobierno, confirmó su compromiso meses después. Meses después conocimos la noticia de que a pesar de los compromisos adquiridos con anterioridad, el Centro de Referencia Estatal de Autismo se iba a destinar a la Ciudad del Mayor. Y esa misma
ministra, la señora Carcedo -a la que saludo porque se encuentra aquí presente y no creo que desdiga las palabras que ahora menciono-, declaraba lo siguiente: 'Se vuelve a la concepción original, la de establecer allí un complejo que dé servicios a
los mayores a través de plazas residenciales públicas y también un centro de día -de ahí el sentido de nuestra enmienda-. La Ciudad del Mayor -decía la entonces ministra- se convertirá, además, en centro de referencia estatal, es decir, que desde
León se realizará una importante labor investigadora relacionada con el envejecimiento'. Pues bien, yo ya les anticipo nuestro sentido del voto a favor de esta iniciativa, como no podía ser de otra manera. Pero me gustaría saber -y se lo digo
directamente a usted, señora Fernández, que es también de León como yo- si su partido va a votar a favor en la Comisión de Presupuestos, que precisamente se está celebrando ahora, de la enmienda que plantea el Partido Popular a los presupuestos del
2021 de una partida de 2,5 millones de euros para la creación del Centro de Referencia Estatal del Espectro de Autismo, dentro del sistema para la autonomía y atención a la dependencia del que antes le he hablado.
Por otro lado, quería también entrar en las contradicciones que hacen en su PNL, si bien existe una necesidad tras la evidencia que ha puesto esta pandemia de la revisión del modelo residencial, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, hay
distintas contradicciones. Ustedes atacan a la Comunidad de Castilla y León, obviamente están siempre atacando a las comunidades...
El señor PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Solo será un minuto.
Ponen como modelos de éxito, uno que precisamente está con veinticuatro plazas concertadas con la Junta de Castilla y León y otro que está financiado en un tercio. Yo le podría nombrar Santa Colomba o Benavides de Órbigo, gobernados por el
Partido Popular, porque no solo el PSOE tiene experiencias de éxito en sus ayuntamientos, que sean -repito- verdaderas experiencias de éxito. Por cierto, en Castilla y León hay 700 residencias con casi 48 000 plazas, de las cuales...
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: ... 38 677 tienen financiación pública. Lo importante no es quién lo financia, si lo público o lo privado, lo importante es cómo se financia. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: A continuación iniciamos el turno de fijación de posiciones de menor a mayor. ¿Grupo Mixto? (Pausa). Veo que no está. ¿Señora Aizpurua? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra Íñigo Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: No pensaba intervenir en este punto, pero hay una frase de Publio Tenencio Africano que dice: Humani nihil a me alienum puto, nada humano me es ajeno. De igual manera que la cuestión relativa al Centro del
Mayor en León que propone la diputada socialista podía ser algo que ella misma reconoce que es competencia de las comunidades autónomas y no del Estado, y eso me podría llevar a no tomar en cuenta y no intervenir en esta cuestión, lo cierto es que
hay cosas de las que no te puedes abstraer. No te puedes abstraer de esto y no te puedes abstraer de entender que la política aquí en estos momentos tiene que tener unos caracteres y una manera determinada.
Acabamos de ver cómo fuerzas, que evidentemente tienen no solo ideologías diferentes y contrapuestas sino que además tienen en su debe muchas cosas relativas a los derechos humanos, han sido atizadas de una forma absolutamente inaceptable
desde el punto de vista de lo que es la política en sí misma. No me gusta lo que he visto en el anterior punto, y lo tengo que decir. (Continúa su intervención en euskera). Simplemente, quiero decir que ni esta cuestión ni otras nos son ajenas,
como para descalificar a nadie porque intervenga en nombre de otros muchos ciudadanos en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Respecto a la iniciativa que ahora debatimos, en relación con la puesta en marcha del proyecto del Centro de Referencia Estatal Ciudad del Mayor en la ciudad de León, queremos dejar claro desde el principio que estamos a favor. Ahora bien,
estamos a favor exactamente de este tipo de iniciativa y lo digo desde el principio porque quería hacer una aclaración y es que una gran parte del contenido que plantean en la propia iniciativa nos parece un absoluto despropósito. En primer lugar,
nos lo parece por los circunloquios totalmente innecesarios y cargados de prejuicios ideológicos que hace la iniciativa en su exposición de motivos. No nos sorprende ver a Podemos levantando pancartas contra la participación de la iniciativa
privada y social, mediante fórmulas de gestión indirecta de los servicios para residencias, pero que lo haga el PSOE no deja de tener un punto cómico, habida cuenta de que se trata de un partido que no ha tenido ningún problema no solo en recurrir a
la colaboración público-privada para poner en marcha nuevos servicios, sino incluso de externalizar la gestión de muchos de ellos. De hecho, en algunos casos han sido líderes en esta materia. A fin de cuentas, por ejemplo, en Andalucía bajo su
gestión fue la comunidad que tenía más servicios sanitarios externalizados. Nosotros creemos firmemente que determinadas cuestiones en determinas maneras los prejuicios ideológicos sobran, cuando se trata de hablar de prestación de servicios, pero
no deja de ser llamativo que traten ustedes de atacar a la Comunidad de Castilla y León en lo que se refiere a la prestación de servicios, incluido servicios sociales, cuando esta comunidad precisamente es una de las que encabeza todas las
clasificaciones en cuanto a calidad, satisfacción y eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Finalmente, como ustedes mismos señalan bien en el proyecto, lo puso en marcha un Gobierno de España liderado por el PSOE en 2017. Bien, pero ese mismo Gobierno estuvo constituido hasta el año 2011. ¿Quién gobernaba en esos momentos en
Castilla y León? Igualmente, el Partido Socialista. Entonces, ¿qué les retuvo?, ¿qué problema había para poner en marcha esta iniciativa?
Terminaré diciendo que estamos a favor, pero que lo que corresponde es ir más allá de los discursos y ponerse a trabajar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Plural. ¿Va a intervenir? (Denegación). ¿Grupo Parlamentario Republicano? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz, Lucía Muñoz.
La señora MUÑOZ DALDA: Gracias, presidente.
Simplemente, quiero decir que votaremos a favor de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su portavoz, Juan Luis Steegmann. No sé si lo he pronunciado bien.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Bueno, hay distintas formas, no se preocupe. Esta es una buena.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra por dos minutos.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Muchas gracias.
¿Cuenta desde ahora, verdad?
El señor PRESIDENTE: Sí.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con la venia, señor presidente.
Señorías, en esta Comisión de Derechos Sociales tenemos un invitado, un buitre que está rondando nuestras cabezas. Este buitre se llama ley de eutanasia que de aprobarse, y si tiene macabro éxito, disminuirá el número de personas
discapacitadas, de la misma manera que la epidemia del COVID19 ha disminuido en 24 000 personas a los mayores de 60 años. Con esta negra luz, tenemos que leer la PNL propuesta por sus señorías socialistas, por la señora Fernández, que he de decir
que ha mejorado la exposición, por lo que diré después.
El Centro de Referencia Estatal -ya saben ustedes que todo lo que sea de referencia estatal a nosotros nos gusta mucho- se ideó hace años como un CRE a la atención a las personas mayores y después se cambió, como ya se ha dicho, hacia
personas con discapacidad intelectual, en concreto el autismo. De hecho, una pregunta formulada por nuestro diputado por León don Pablo Calvo Lister en marzo de este año, sobre si se mantenía el proyecto como centro de día, fue contestada en mayo
en el sentido en que se le encomendaba la misión de constituirse como un centro para atender a la discapacidad intelectual. El edificio se encuentra construido, pero su puesta en marcha no tiene fecha. En el mes de noviembre de 2019 se dotó de
personal técnico al centro, lo que permitía su apertura como cualquier otro centro de día, pero su naturaleza y finalidad para lo que fue diseñado brillan por su ausencia. Ninguno de los sucesivos Gobiernos, ni del PP ni del PSOE, han hecho nada
para impulsar su culminación.
La PNL del PSOE en su exposición de motivos, como ha mencionado su señoría de Ciudadanos, se basa en criticar las residencias privadas y criticar a las comunidades autónomas por su gestión en la epidemia, pero se olvida de que el
vicepresidente tenía el mando único el 19 de marzo, señorías, y en anunciar el paso de un modelo de residencias a un modelo de asistencia domiciliaria, lo cual, señora Fernández, acabaría con la actual Ley de Dependencia, ¿verdad? Por lo tanto, la
PNL insta al Gobierno a que el CRE Ciudad del Mayor se ocupe de las personas mayores, sin ninguna concreción en la exposición de motivos ni en el petitum en cuanto a su misión.
Esta PNL no solamente es criticable por su falta de concreción, sino por lo siguiente. La última noticia que tenemos sobre este centro, de 11 de mayo, era que se iba a dedicar al autismo...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ha sobrepasado ya su tiempo.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Voy terminando.
El señor PRESIDENTE: Todo, su tiempo, señoría, y lo que le he añadido al principio.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Qué amable. Termino enseguida.
No hay partida específica en el proyecto de ley, no hay en la provincia una visualización y, aunque parecería inaudito que el propio partido del Gobierno se compela o inste a sí mismo a dar el impulso definitivo a la Ciudad del Mayor de
León, celebramos que el Grupo Parlamentario Socialista inste, ejerciendo su función de control al Gobierno, a que el partido comunista, su socio comunista, trabaje de una vez y deje de ver series.
Vigilaremos atentamente y mostraremos nuestra posición a cualquier iniciativa que intente que los centros de referencia estatal de mayores discapacitados se conviertan en centros de promoción de la eutanasia.
Ya he terminado, y muchas gracias por su indulgencia, señoría. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
Finalmente, y a los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada o explicar si han llegado a una transacción, tiene la palabra la portavoz que ha expuesto la iniciativa, Andrea Fernández.
La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Hemos transaccionado una enmienda con el Partido Popular, no sé si hay que hacer la entrega ahora del texto.
El señor PRESIDENTE: Lo tenemos, señoría. De acuerdo.
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: No sé si están presentes todos los que tienen que estar.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: No, señor presidente, falta Ernesto Lluch.
El señor PRESIDENTE: En un par de minutos comenzamos; vamos a ordenar las transacciones.
¿Algún grupo no tiene alguna de las transacciones? Se han ido repartiendo, pero puede ser que no tengan alguna. (Pausa).
¿Hay algún grupo que todavía esté esperando que llegue alguien? ¿Están todos? (Asentimiento).
Vamos a empezar. Un consejo para que las cosas sean más claras y más sencillas. Cuando digamos sí o no o lo que sea, por favor, mantengan el brazo en alto un momento.
Votamos la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a incrementar las subvenciones a los centros especiales de empleo para compensar el incremento del salario mínimo y garantizar su viabilidad. Es del Grupo Parlamentario
Plural, y se somete a votación con la inclusión de una enmienda del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley relativa a una nueva formulación del modelo de residencias de mayores, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, que se somete a votación con la inclusión de una enmienda del
Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 6; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley relativa al reconocimiento del grado de discapacidad mínimo del 33 % a los pacientes de enfermedades crónicas, autoinmunes y neurodegenerativas, con independencia del estadio de la enfermedad; es del Grupo
Parlamentario VOX, y se somete a votación con la inclusión de las enmiendas del grupo autor, las autoenmiendas, y otra del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a reforzar los servicios sociales tras el COVID19 y consolidarlos como el cuarto pilar del Estado del bienestar, del Grupo Parlamentario Socialista, que se somete a votación en los términos de la enmienda
transaccional que ha sido distribuida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 3; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre una estrategia de inclusión de las personas mayores en la sociedad de la información y de las tecnologías de comunicación, del Grupo Parlamentario Socialista. Esta se vota en los términos de la enmienda
transaccional, que también ha sido distribuida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre la necesidad de actualizar y mejorar la Estrategia Española sobre Discapacidad; es del Grupo Parlamentario Popular y se vota en los términos de una enmienda transaccional, que también ha sido distribuida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 5; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar el Plan Nacional de Alzheimer y Otras Demencias 2019-2023; es del Grupo Parlamentario Popular, y se vota en los términos de la enmienda transaccional, que también ha sido
distribuida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre la Carta Social Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Última proposición no de ley, relativa a la puesta en marcha del Centro de Referencia Estatal Ciudad del Mayor de León, es del Grupo Parlamentario Socialista, y se somete a votación en los términos de una enmienda transaccional, que también
ha sido distribuida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 1; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, haríamos una reunión exprés de Mesa y portavoces, como he dicho al principio, para comentar un par de temas.
Gracias por haber respetado muy mayoritariamente los tiempos.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.