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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 14, de 27/11/2019
cve: DSCD-13-PL-14
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2019 XIII LEGISLATURA Núm. 14
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión de la Diputación Permanente núm. 5
celebrada el miércoles,
27 de noviembre de 2019
ORDEN DEL DÍA:
Tramitación de proyecto de ley:
- Proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook (procedente del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre). 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie A, número 1-1, de 5 de noviembre de 2019. (Número de expediente 121/000001) ... (Página4)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. ('BOE' núm. 266, de 5 de
noviembre de 2019). (Número de expediente 130/000004) ... (Página13)
- Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social. ('BOE' núm. 278, de 19 de noviembre de 2019). (Número de expediente 130/000006) ...
- Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ('BOE' núm. 271, de 11 de noviembre de 2019). (Número
de expediente 130/000005) ... (Página43)
- Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de
centrales térmicas de generación. ('BOE' núm. 282, de 23 de noviembre de 2019). (Número de expediente 130/000007) ... (Página55)
Tramitación de proyecto de ley. (Votación) ... (Página68)
Votación de conjunto ... (Página70)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página71)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
Tramitación de proyecto de ley ... (Página4)
- Proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook (procedente del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre) ...
En defensa de sus enmiendas intervienen las señoras Oramas González-Moro y Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Rueda Perelló, del Grupo
Parlamentario VOX; Rosell Aguilar, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Gómez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página13)
- Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones ...
La señora ministra de Economía y Empresa en funciones (Calviño Santamaría) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Aizpurua Arzallus y Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bassa
Coll, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Sánchez del Real, del Grupo Parlamentario VOX; Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Gutiérrez Vivas, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; la señora Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular, y el señor González Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.
Cierra el debate la señora ministra de Economía y Empresa en funciones.
- Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social ... (Página31)
La señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones (Valerio Cordero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Aizpurua Arzallus y Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo
Parlamentario VOX; Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Garcés Sanagustín, del Grupo Parlamentario Popular, así como la
señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista.
- Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ... (Página43)
La señora ministra para la Transición Ecológica en funciones (Ribera Rodríguez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Aizpurua Arzallus y Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX; Guijarro García, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; De Quinto Romero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Casero Ávila, del Grupo Parlamentario Popular, y Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista.
- Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de
centrales térmicas de generación ... (Página55)
La señora ministra para la Transición Ecológica en funciones (Ribera Rodríguez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano; los
señores Garriga Vaz de Concicao, del Grupo Parlamentario VOX, y Pisarello Prados, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores
Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular, y Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Tramitación de proyecto de ley. (Votación) ... (Página68)
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook (procedente del Real
Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre), así como las enmiendas transaccionales.
Votación de conjunto ... (Página70)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley de referencia, se aprueba por 33 votos a favor y 35 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página71)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y
telecomunicaciones, se aprueba por 50 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social, se aprueba por 63 votos a favor y 5 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se aprueba por 62
votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da
respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación, se aprueba por 50 votos a favor y 19 abstenciones.
Se levanta la sesión a las tres de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE LEY:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA APERTURA DE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA DEL GRUPO EMPRESARIAL THOMAS COOK (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 12/2019, DE 11 DE OCTUBRE). (Número de
expediente 121/000001).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Se abre la sesión. Buenos días.
En primer lugar, corresponde debatir la tramitación del proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, procedente del Real
Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre. A este proyecto de ley se han presentado cuarenta y cuatro enmiendas al articulado. Les informo de que la enmienda número 39 ha sido retirada por su autor. Para la defensa de sus enmiendas y para
posicionarse en relación con el resto, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro. Tienen doce minutos entre las dos.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy debatimos la convalidación del decreto de Thomas Cook y nosotros hemos presentado una serie de enmiendas -que también han presentado otros grupos- sobre extender los beneficios o las bonificaciones para el empleo no solo a los fijos
discontinuos, que solo afecta a Baleares, sino también a otro tipo de contratación. A su vez, ante las medidas que ha planteado el Gobierno, queremos evitar que se dé la opción de que puestos de trabajo que en este momento son indefinidos se vean
afectados por parte de determinadas empresas que puedan acogerse a medidas de temporalidad. En ese sentido, he hablado con la portavoz de Podemos, con la de Ciudadanos y con los de otros grupos, para ver si en el tema que afecta a laborales podemos
llegar a una transaccional; si no, yo por lo menos apoyaré todas las medidas que plantean, pero parece lógico que no solo sea para los fijos discontinuos y que unas medidas de apoyo no hagan que puestos de trabajo indefinidos pasen a ser precarios
por decisiones empresariales.
Al igual que otros grupos, también hemos presentado otra serie de medidas con respecto al tema de las tasas aéreas. Yo le he manifestado al Partido Popular que ya en la época del Gobierno socialista del señor Zapatero hicimos una rebaja
durante un tiempo determinado de prácticamente el cien por cien de las tasas aéreas, como hicieron Grecia y Egipto en determinados momentos, pero no se puede generalizar
porque lo que interesa es que aumente la conectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe plantear una medida de eliminación de las tasas aéreas durante un periodo determinado, que pueden ser seis u ocho meses, pero para aquellas compañías
que incrementen vuelos con respecto al ejercicio de 2019. Eso ya lo hicimos en otro momento.
Por otro lado, hemos planteado un tema importantísimo, que es donde voy a centrar mi intervención. Como saben ustedes, el Estatuto de Canarias se aprobó hace justo un año, en este mismo mes, así como el Régimen Económico y Fiscal. Después
de muchos años, se negoció con Bruselas por parte del Gobierno español pero también en su momento por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias -al igual que tienen otras regiones ultraperiféricas- lo que se llama la quinta libertad. ¿Esa quinta
libertad qué es lo que permite? Que cualquier vuelo de cualquier país que sobrevuele Canarias pueda aterrizar en Canarias, coger y descargar mercancías y pasajeros sin que estén afectados por lo que se llama reciprocidad europea. Eso quedó
redactado en el artículo 5 del REF, que dice lo siguiente: 'Respecto al transporte aéreo por compañías extranjeras desde, hacia y en tránsito por el archipiélago se aplicarán los principios de máxima flexibilidad que sean compatibles con la
política aérea estatal y comunitaria con el objeto de permitir la conexión directa de las Islas Canarias con otros países, especialmente de África y América, en particular en lo relativo a la aplicación de la quinta libertad del aire, y potenciar
así su papel como centro de distribución de tráficos de pasajeros y carga entre los tres continentes, siendo no obstante necesario garantizar que los proyectos que puedan presentarse por los operadores aéreos acrediten solvencia técnica y económica
y resulten beneficiosos para Canarias'. No sé si ustedes recordarán que hace una semana hicieron escala en Canarias el presidente chino y el presidente Putin precisamente en menos de dos días. Hace seis meses lo hicieron el presidente iraní y el
presidente en aquel momento Evo Morales. Además, el presidente chino cada vez que va a América -igual que los presidentes de Asia y el ruso- hace la escala técnica en Canarias. ¿Por qué? Porque es la escala técnica adecuada. ¿Qué quiere decir
eso? Que Canarias podría convertirse en el gran hub europeo, un Miami, un Singapur o un Dubái, si realmente aplicáramos la quinta libertad. Eso para Canarias sería fundamental porque podríamos multiplicar por 2000 la conectividad de nuestro
Archipiélago en todo lo que son las conexiones Latinoamérica-África y Latinoamérica-Asia. Eso crearía también miles de puestos de trabajo en mantenimiento en líneas aéreas y en muchísimas cosas, pero no solo eso, esto fue debatido y aprobado por
todas las fuerzas políticas; lo tenemos en el estatuto y de lo único que se trata es de implementarlo. Sabemos que siempre ha habido una presión de Iberia para que la T4 sea la conexión con América Latina y el aeropuerto de El Prat la conexión con
Asia. Lo que es absurdo es que en este momento Canarias esté compitiendo con Holanda, con Londres, con otros destinos, donde van absolutamente todos los vuelos de los países africanos para hacer las conexiones con el resto de Europa, y los de
América Latina tampoco operan en este caso con Canarias. Además, no solo está la evolución de Thomas Cook, sino también la incertidumbre a partir del día 1 de enero con respecto a Ryanair, que cierra las bases de Canarias, lo que y va a suponer
quinientos puestos de trabajo directos y no solo eso, sino miles de nuevas plazas que desaparecen al perder esos treinta aviones que tienen su base en Canarias. El Gobierno de Portugal se implicó, pero el Gobierno de España ha dicho que el tema de
Ryanair es un tema laboral, que no es así. Pero no solo eso, Condor, el principal operador del turismo alemán, en este momento tiene un préstamo puente del Gobierno alemán por cinco meses y nosotros necesitamos dar viabilidad porque lo único que le
faltaba a Canarias, y me imagino que a Baleares, es que Condor en cinco meses dejara de operar. Tenemos la incertidumbre de lo que puede ser en este momento la fusión de Air Europa con Iberia, que tienen el 85 % de todas las conexiones
Canarias-Península. Eso haría operar prácticamente en monopolio. Además, con la desaparición de parte de Norwegian y de Ryanair en los próximos meses, habíamos planteado una enmienda, pero la hemos retirado porque creemos que es un tema muy
importante en el que tiene que actuar Bruselas y la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia, porque no podemos dejar todas las conexiones Canarias-Península en una sola compañía.
Termino ya. Muchísimas gracias, señor presidente, y el resto del tiempo lo tiene mi compañera de Junts per Catalunya.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Borràs.
La señora BORRÀS CASTANYER: Muchas gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley, procedente del real decreto-ley, afecta, como se ha dicho, básicamente a Baleares y a Canarias, si bien indirectamente también está afectando a otros territorios. En este contexto,
desde Junts per Catalunya hemos planteado cuatro enmiendas, de la número 26 a la número 29, con el propósito de extender algunos de los beneficios que otorgará la ley a Cataluña y a otros territorios con elevada actividad turística.
En la primera enmienda, la 26, proponemos que la bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social se extienda a todas las comunidades autónomas, debido a que si bien es cierto que las islas Canarias y las Illes Balears han sido las
principales damnificadas por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, también ha afectado a otros territorios que tienen una actividad turística muy tensionada.
La segunda enmienda, la número 27, propone que, en la ejecución del Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, se respete la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en turismo. Aquí se visualiza de nuevo la
centralización de facto que demasiado a menudo utiliza el Gobierno en múltiples ámbitos, invadiendo el Estado competencias de las comunidades autónomas a golpe de talonario. Son las comunidades autónomas quienes tienen la competencia exclusiva en
materia de turismo y quienes deben gestionar las ayudas y las subvenciones en turismo, y no es de recibo que sea el Estado quien se salte la competencia por el hecho de disponer de una mejor financiación.
La tercera y la cuarta enmienda, las números 28 y 29, son muy relevantes para Junts per Catalunya porque proponen medidas para reducir las tasas aeroportuarias de los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Reus. Estos dos aeropuertos han
sufrido el impacto de la quiebra de este grupo empresarial y esta, en el caso del aeropuerto de Girona, se añade además al cierre de la base de operaciones de Ryanair, por lo que urge atraer a estos aeropuertos nuevas rutas aéreas mediante la
reducción de las tasas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Intervengo para dar por defendidas las enmiendas, dado su eminente carácter técnico.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Rueda Perelló
La señora RUEDA PERELLÓ: Buenos días, señorías.
La quiebra del turoperador británico Thomas Cook ha hecho mella en el sector turístico español. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos afirma que las consecuencias se traducen en deudas millonarias sin cobrar,
cientos de despidos y cierre de hoteles. Según su presidente, de quinientos hoteles afectados por la quiebra de Thomas Cook, los destinos turísticos más dañados son Canarias y Baleares, con un 40 % de la planta hotelera afectada, seguidos por la
Costa del Sal, con un 20 %, y Cataluña y Comunidad Valenciana, con un 10 %. La Asociación de hoteleros de la Costa del Sol cifra, sólo en la Costa del Sol, pérdidas por valor de 4 millones de euros. Sabemos que la quiebra ha asestado un duro golpe
en el sector, pero en todo el sector, y en gran parte del territorio español. Por eso, el Grupo Parlamentario VOX solicita que no se discrimine en la actividad y en el empleo del sector vinculado a la actividad turística en toda España. La
insolvencia del grupo ha afectado en mayor medida a Baleares y Canarias, pero también ha tenido un evidente impacto y ha causado un claro perjuicio al resto de comunidades y ciudades autónomas de España, con mayor intensidad en los territorios
vinculados a sol y playa. Se hace precisa la modificación que VOX propone al artículo 2, con el fin de no generar una injustificada discriminación en la actividad turística de toda España y ayudar a todo el territorio español para que las empresas
y los autónomos puedan seguir generando y manteniendo el empleo durante estos meses y combatiendo la estacionalidad.
Señorías, VOX cree en las empresas turísticas españolas, en los autónomos, en la generación de empleo, defiende a los trabajadores, lucha por la eliminación de impuestos y trabas y por medidas para paliar los efectos de la quiebra. Sin
embargo, este proyecto de ley tiene muchas lagunas. El artículo en concreto dice: para recuperar la pérdida de conectividad, consolidar la diversificación y mejorar el destino. Sin embargo, lo que hay que paliar es el impacto de la caída de
Thomas Cook. Habla de mejorar el destino, y el destino es fantástico y, afortunadamente, no ha sufrido catástrofe natural, pero piensen en el resto de destinos afectados, como Andalucía, Valencia o Cataluña, entre otros, porque todos los destinos
podrían necesitar mejoras, mejor conectividad y consolidar la diversificación. Este proyecto de ley dice que Thomas Cook presentó ante un tribunal británico procedimiento de insolvencia, cesando operaciones de efecto inmediato y cancelando
reservas; un grupo empresarial británico -según fuentes del sector turístico- que llegó a cerrar ejercicios a fecha 31 de octubre con bonus de millones de libras esterlinas. ¿Y saben qué dice el sector? Que los beneficios se los repartió una
empresa británica y que las pérdidas por la mala gestión las pagamos los españoles. El capítulo I, artículo 1, habla de medidas para paliar los efectos y VOX se pregunta: ¿Cómo se fiscalizarán esas medidas? ¿Qué seguimiento se realizará? Este
proyecto de ley propone una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para atender medidas financieras. ¿De qué medidas financieras hablan? Por otro lado, establece una concesión directa de subvenciones a Canarias y a Baleares. ¿Y
Andalucía? ¿Y el resto de comunidades? Según miembros de SKAL, una asociación de profesionales del turismo, las pequeñas agencias y establecimientos turísticos fuera del territorio insular han tenido pérdidas y parece que a nadie le importa y que
nadie hace nada por ellos. El texto dice que las circunstancias descritas, siendo difíciles o imposibles de prever, hacen impredecible una acción normativa inmediata. Pues bien, cuando se conoció la noticia, el sector habló de crónica de una
muerte anunciada. Había indicios. Antes del verano anunciaron unas pérdidas en el semestre de casi 1700 millones de euros. Presenta una disposición adicional y afirma que el Gobierno destinará 1,5 millones de euros a Segittur. ¿Hará el Gobierno
un control efectivo? ¿Tenemos la certeza de que llegará al sector o irá destinado a cargos? Disculpen mi incredulidad, y créanme que no quiero poner en tela de juicio a dicha sociedad mercantil, pero es que vengo de Andalucía y allí, como todos
saben, aunque muchos intenten negarlo, bajo el Gobierno del Partido Socialista hemos padecido, y bastante, con los casos de corrupción y los millones de euros perdidos y malgastados. Ya ven, muchas lagunas, sobre todo para aquellos que defendemos
la transparencia, la eficiencia, el principio de igualdad y la buena gestión del dinero público, que les recuerdo que es el dinero de todos los españoles que recaudan a base de nuestros impuestos. Votaremos sí a algunas enmiendas, no a otras y nos
abstendremos en varias, pero deben saber que el sentido del voto del Grupo Parlamentario VOX está siempre condicionado por el deseo de establecer un marco de armonización en el sector para ofrecer las mismas oportunidades, basándonos en los
principios de solidaridad e igualdad, la generación de empleo y la creación de oportunidades.
Finalizo con una petición. Por favor, que las ayudas se destinen realmente a las empresas del sector. Trabajemos medidas concretas para consolidar nuestra posición en el liderazgo internacional, potenciando nuestro crecimiento. Eliminemos
trabas, impuestos y ayudemos a pymes y a autónomos. Dejen de gastar con mirada a corto plazo para ganar votos frente a elecciones. Favorezcan a las empresas españolas para que puedan ocupar el hueco comercial que ha dejado Thomas Cook. Y ojalá
que el dinero llegue realmente a quien tiene que pagar las facturas tras este desastre.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Rosell Aguilar.
La señora ROSELL AGUILAR: Gracias, señor presidente.
Buenos días. Ya dijimos el 22 de octubre, cuando votamos a favor de la convalidación del real decreto pero interesamos este trámite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, que era insuficiente, sobre todo para garantizar los
derechos de las personas trabajadoras. No tenía en consideración las especificidades del mercado laboral de Canarias y su estacionalidad, que es muy distinta a la de Baleares. Nos alegró que el Gobierno tomase medidas para paliar la insolvencia
del grupo Thomas Cook y que se hubiera reunido con la patronal y con las comunidades autónomas afectadas; sin embargo, ya dijimos que era un decreto poco ambicioso, quizá algo influido por el momento electoral, y poco garantista con las personas
trabajadoras afectadas. En esta línea nos advertía el sindicato Comisiones Obreras. Ciertamente, cometió el error de referirse solo al empleo fijo discontinuo que corresponde al sector turístico de Baleares, no de Canarias. En realidad, en este
caso, frente a otros alarmismos, hemos comprobado que, transcurridos varios meses, en los territorios de Baleares y Canarias el mercado se ha recompuesto rápidamente y otras empresas similares a la quebrada se han repartido las piezas rápidamente.
En tiempos de bonanza no reparten riqueza, pero sí pérdidas: pérdidas económicas, pérdidas de empleo, de nuevo el miedo a mayor inestabilidad y precariedad económica y laboral, que es lo que realmente preocupa a la ciudadanía de este país. En
realidad, seguimos insistiendo en que tenemos un modelo de país de monocultivo, valga la
expresión, como el colonialismo, que obligaba a dedicarse únicamente a la exportación de recursos naturales y materias primas a los colonizados, empobreciéndolos y debilitándolos. Nuestro país sigue exportando turismo de sol, de playa y de
islas sobresaturadas. Se reconoce la fuerte dependencia de las islas Canarias y de las Islas Baleares del grupo empresarial turístico con efectos nocivos muy relevantes en el sector, porque el turismo representa efectivamente el 45 % del sector en
Baleares y el 35 % en Canarias, pero la riqueza generada no se corresponde con el bienestar que luego repercute en las islas de una manera muy inferior. Con esta línea, a las personas residentes en las islas nos preocupa, más allá de la insolvencia
de Thomas Cook y de las previstas o amenazadas por empresas similares de economía extractiva y con poco respeto a los derechos laborales, que con cada crisis empresarial tengamos que poner parches y paliativos para no cambiar nada de un modelo
económico dependiente y vulnerable. Por eso, insistimos en apostar por la diversificación, la sostenibilidad turística y la innovación y acabar con la dependencia y la estacionalidad, así como luchar contra la vulnerabilidad de nuestras economías
y, sobre todo, proteger a la ciudadanía de la avaricia de un mercado que se queda con los beneficios y socializa las pérdidas.
Nuestras enmiendas de adición son pocas. La primera es un artículo nuevo en el que se establece que, en los supuestos en los que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo sobre la
base de circunstancias excepcionales, el SEPE y, en su caso, el Instituto Social de la Marina podrán autorizar que el tiempo que se perciban las prestaciones por desempleo reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
reformado en 2015 y que traigan su causa inmediata de los sucesos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos y que se pueda autorizar también que se
perciban prestaciones por desempleo por aquellos trabajadores y trabajadoras incluidos en estos expedientes que carezcan de los periodos de cotización necesarios para tener derecho a ellos.
La segunda enmienda, la número 42, tiene su origen en Comisiones Obreras y prevé ampliar como colectivos sujetos al sistema de jubilación parcial a las personas afectadas por la insolvencia de Thomas Cook y modificar los colectivos que
puedan acogerse al sistema de jubilación parcial para incluir a las personas afectadas directamente por estas situaciones de urgente necesidad que sean establecidas reglamentariamente. También hay una enmienda de adición para incluir esto en un
subapartado g) en el apartado 6 de la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social, personas afectadas por situaciones de urgente necesidad y que así sean establecidas reglamentariamente.
La tercera enmienda, la número 43, tendría por objetivo ampliar como colectivos sujetos al sistema de jubilación parcial a las personas afectadas por los motivos recogidos en esta ley.
La cuarta, la enmienda número 44, tiene su origen tanto en Baleares como en Canarias y en sus respectivos parlamentos autonómicos, donde tenemos representación y también en el Gobierno. Propone que las medidas de apoyo previstas para
contratos fijos-discontinuos se amplíen a fijos; que los sectores de turismo, comercio y hostelería se amplíen al transporte y distribución vinculados a la actividad turística, y que la bonificación prevista en el artículo 9 del Real Decreto-ley
8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, sea de aplicación, con carácter excepcional, además de en los meses y a las personas trabajadoras previstas en el
artículo, a las empresas dedicadas al turismo, comercio, hostelería, transporte y distribución, siempre que se encuentren vinculadas a este sector en sus centros de trabajo de las comunidades autónomas de Illes Balears y de Canarias y acrediten el
cumplimiento de los restantes requisitos, ampliando con carácter excepcional este supuesto a los trabajadores con contratos fijos.
La última enmienda propone condicionar las líneas de financiación al mantenimiento del empleo.
Como ya hemos hablado entre nosotras, estamos dispuestas al máximo diálogo para aumentar la conectividad de Canarias y Baleares, fomentar la denominada quinta libertad en el Estatuto de Autonomía de Canarias y exigir en cada pacto y en cada
ley hasta que sea causa común el máximo respeto a los derechos laborales y a los derechos humanos y, desde luego, un cambio de paradigma en cuanto a la lucha contra la crisis climática como la prioridad del presente y no ya del futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Buenos días, compañeros.
Si algo nos ha dejado claro la quiebra de Thomas Cook es la vulnerabilidad de una de las joyas de la corona, que es nuestro sector turístico. La quiebra de un turoperador puede hacer que haya comunidades autónomas, como la de Canarias, cuyo
PIB pueda haber descendido hasta en 6,5 puntos. También nos debería hacer reflexionar sobre las previsiones a futuro y sobre las medidas de contingencia que los distintos Gobiernos que resulten de los posibles acuerdos vayan teniendo respecto a las
señales que puedan mandar los mercados.
Por lo que se refiere a las enmiendas, hemos sido los únicos que hemos enmendado en la exposición de motivos en relación con la conectividad. Como ya han hablado otros compañeros, otros ponentes, la conectividad es clave para mantener los
principios de igualdad y de movimiento por el territorio, como así dicta la Constitución, que hacen que todos los ciudadanos de nuestro país seamos iguales. En este caso hemos especificado Canarias y Baleares porque, al ser territorios insulares,
no tienen alternativa. La compañera de Coalición Canaria hablaba de la quinta libertad del aire. Es cierto que Canarias geográficamente tiene una posición específica y privilegiada para poder dotarse de ello y para que se fomente realmente, como
ya también se ha dicho -ya está incluida en nuestro estatuto de autonomía-, pero también lo es que tenemos que hablar -quizá no en este real decreto, pero ahí lo dejo para los futuros gobernantes- del fomento del uso de códigos compartidos e ir un
paso más allá. Es clave garantizar la conectividad, máxime cuando estamos viendo lo que está pasando con Ryanair, que ya ha anunciado que va a cerrar tres bases, y que Norwegian da mensajes bastante contradictorios. Quiero volver a repetir que a
nosotros nos preocupa la situación de Iberia. Ahora mismo Iberia acaba de lanzar esa compra de Air Europa, con lo cual estamos hablando de que casi todos los trayectos nacionales están cubiertos con compañías que pueden llegar a ser
extracomunitarias si no hay un acuerdo del brexit. Pido al Gobierno en funciones que ponga un poco más de énfasis en cuanto a la situación de Iberia, porque no es la situación de una empresa privada sino que estamos hablando de que se puede llegar
al aislamiento casi total, en cuanto a movilidad dentro de un territorio nacional, de una comunidad autónoma. Nosotros no tenemos la culpa de estar a casi 2500 kilómetros y la Constitución nos avala para que nos podamos mover. Así que pido
encarecidamente que la situación de Iberia no se tome como la de una empresa privada sino como una prioridad. Presentamos una enmienda también para que se sigan fomentando las medidas de alivio en relación con las tasas aeroportuarias, porque
todavía no se ha garantizado esa reconversión o esa ocupación de las rutas que ha dejado Thomas Cook.
Respecto al artículo 2, hemos presentado una enmienda en materia laboral porque pensamos que hay que fomentar los contratos fijos discontinuos y garantizar las medidas laborales. Por eso también hemos incluido a los autónomos, a los que
trabajan por cuenta propia, que no están incluidos en este real decreto. También son trabajadores del sector turístico y se están viendo afectados por la quiebra de Thomas Cook. Por eso, proponemos que tengan una bonificación del 50 % en sus
aportaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes en un periodo de seis meses. Al final se trata no solo de hablar de empleados por cuenta ajena sino también de empleados por cuenta propia, de esos autónomos que son al final los más
vulnerables de toda la cadena. Es importante también que este real decreto reafirme e incentive la contratación fija discontinua, estos contratos indefinidos. Si premiamos la contratación temporal estaremos haciendo un flaco favor a todo nuestro
sistema. En el artículo 2 no solamente hablamos de Canarias y Baleares, que son las más afectadas, sino también de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, al ser comunidades que también se han visto afectadas por la quiebra del turoperador.
Respecto al artículo 4, proponemos añadir la moratoria de los créditos oficiales, como ya adelantamos en la exposición de hace un mes, para todas aquellas facturas que puedan acreditar que han sido impagas por esta compañía en un periodo no
superior a doce meses. Es importante que no asfixiemos más al sector y que trabajemos por esa moratoria de los créditos oficiales.
Respecto al artículo 5, entendíamos que las cuantías eran insuficientes y que el razonamiento que se daba, quitar de una partida y ponerlo en otra y no generar una partida nueva, no respondía a las necesidades que tienen en este momento las
comunidades que han sido afectadas. Proponemos ampliar la cuantía para Canarias de 15 millones a 20; la de Baleares, de 8 a 12, y la de Andalucía que sea de 6. Creemos que es importante también que se tenga en cuenta que provincias como Almería y
Málaga también han sido castigadas, es cierto que no tanto como Baleares y Canarias, pero era importante en este caso introducirlo.
Introducimos un capítulo nuevo, que también adelantamos, y aquí hay que decir que, en la medida de sus competencias, el Gobierno canario ya ha tomado medidas en lo que tiene que ver con la fiscalidad
autonómica. Como saben, en lugar del IVA, allí existe el IGIC y ya ha habido una exención del mismo para todas las facturas no cobradas por parte del turoperador, pero creemos que es necesario extenderlo al resto del territorio nacional.
Por eso, volvemos a proponer que esas facturas que no han sido cobradas, que no han sido pagadas por el turoperador puedan gozar de la exención de IVA. No podemos seguir asfixiando con impuestos sobre facturas que ni siquiera se han cobrado y que,
al final, son el fruto de la quiebra de un turoperador.
Quiero lanzar una reflexión sobre todo esto, y es que tenemos que trabajar con previsión, tenemos que trabajar con medidas de contingencia y mirando hacia el futuro. No va a ser la primera vez que durante esta legislatura -en la cual no
estaré- se hable de conectividad, porque en este caso los territorios insulares son más vulnerables que nunca y es necesario que se fomenten las medidas de competitividad y las medidas que garanticen que las islas no se van a quedar aisladas, porque
es un derecho que protege la Constitución.
Más allá de eso, hemos presentado distintos textos a los diferentes grupos políticos para ver si podemos hacer enmiendas transaccionales. La voluntad de los ponentes, por lo menos con quienes hemos hablado, es llegar a un acuerdo, porque
este real decreto trata de medidas de urgencia, pero también esperamos que a partir de él se empiece a trabajar con un poquito más de previsión para no llegar a esta situación.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Para finalizar la exposición de las enmiendas, por un tiempo de doce minutos tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, la señora Montesinos de Miguel.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Muchas gracias, señor presidente.
Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular recogen las claves del que debía haber sido el plan de contingencia que pedimos al Gobierno, en este caso al ministro de Fomento -al ausente ministro de Fomento- cuando conocimos la
quiebra de Thomas Cook. Lo planteábamos en tres ámbitos, que son claves para entender la situación: en primer lugar, garantizar la conectividad -como ya se ha escuchado esta mañana- entre el Reino Unido y España, para lo que se pedía la exención
de las tasas aeroportuarias para aquellas compañías aéreas que asumieran las rutas canceladas por Thomas Cook -rutas que, por otra parte, debían ser ocupadas por compañías que aumentaran el número de plazas a partir del 1 de septiembre-; en segundo
lugar, en lo relativo a las exenciones fiscales y ayudas a las empresas directamente afectadas por la quiebra, incluyendo líneas de crédito especiales para todos los afectados, con una línea específica para las pymes, y la bonificación de las cuotas
a la Seguridad Social para garantizar el empleo. ¿Qué sucedió? Que obtuvimos una vez más la callada por respuesta, lo que es habitual en este desgobierno. No podemos olvidar, y eso lo debemos tener todos muy presente, que el ministro Ábalos
conocía sobradamente la situación de Thomas Cook. La podía conocer por los medios de comunicación, como muchos de nosotros, pero él, como ministro de Fomento, tenía la obligación de recibir cada tres meses el informe de sostenibilidad financiera de
todas las compañías aéreas que operan en territorio nacional. Este grupo parlamentario le solicitó ese informe y, una vez más, la callada por respuesta; ante ese escenario, ante la incomparecencia del Gobierno una vez más, el retraso en las
medidas, la inacción y el silencio por respuesta. Ábalos dedica a sus quehaceres políticos, a sus quehaceres de partido lo que no hace como ministro de Fomento. ¿Qué aplicaba? El silencio una vez más, siguiendo la línea del presidente del
Gobierno, del presidente Sánchez; guarda silencio cuando las cosas vienen mal dadas. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con los ERE en España? Resulta que el mayor caso de corrupción en la historia de España, con 680 millones de euros, en el que se
han visto implicados y condenados dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español, que a su vez fueron presidentes de la Junta de Andalucía, ministro del Gobierno de Zapatero...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Montesinos de Miguel...
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Perdone, termino muy rápidamente; es un ejemplo, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por favor, señoría, adécuese al tema. Estamos hablando de Thomas Cook, y, como bien sabe, en el Reglamento se especifica que tenemos que centrarnos en el tema.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Sí, así lo voy a hacer, señor presidente, siguiendo sus indicaciones, pero no me quiero dejar a la vicepresidenta y a la ministra de Hacienda del actual Gobierno socialista, que formaron parte también del
Gobierno de los ERE.
Pues bien, el señor Ábalos sigue la línea marcada por el presidente del Gobierno y en silencio absoluto. No obstante, la verdad es que me van a permitir que diga que casi prefiero que guarde silencio y que no nos adorne sus declaraciones
con frases como, cuando conocimos los datos de desempleo: Hay más paro porque hay más confianza en encontrar empleo, ya que, en el caso de Thomas Cook y siguiendo el paralelismo, podía haber dicho: Thomas Cook ha quebrado porque hay confianza para
encontrar un mejor negocio. Desgraciadamente, ese podría haber sido el paralelismo, y, por tanto, casi nos quedamos con el silencio del Gobierno.
Frente a esa petición de un plan de contingencia que nosotros le habíamos hecho, como decía, el Gobierno ha dado la callada por respuesta y se ha olvidado una vez más de la conectividad. Ante ello, hemos presentado una batería de enmiendas
al texto del real decreto que hoy se tramita como proyecto de ley. Proponemos la enmienda 8 para bonificar el cien por cien de las tasas aeroportuarias en Canarias y Baleares, una enmienda en línea con las presentadas por otros grupos
parlamentarios, como Ciudadanos y Coalición Canaria. Asimismo, como anticipábamos, apoyaremos la enmienda número 16, de Ciudadanos, relativa a aeropuertos secundarios que también se hayan visto afectados por la quiebra de Thomas Cook. Por
supuestísimo, apoyaremos la enmienda de Coalición Canaria que hace referencia a la quinta libertad, enmienda que es clave para el territorio de Canarias. No debemos olvidar que para el Partido Popular la reducción de los costes aeroportuarios hará
aumentar la competitividad y la conectividad de todo el territorio.
En relación con las medidas de apoyo financiero al sector turístico, estábamos de acuerdo con el tipo de medidas pero no con la cuantía ni, por supuesto, con la redacción ambigua, que deja abiertos los plazos en exceso y no garantiza su
ejecución, lo que, al fin y al cabo, es un marchamo habitual del Gobierno socialista, sea cual fuere el mismo. Las enmiendas 4 y 7, que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Popular, establecen el plazo máximo de un mes tanto para habilitar
las líneas de crédito como para conceder las subvenciones, que además se realizarán en un único pago. Nuestra enmienda número 5 eleva el importe de las subvenciones a 30 millones para Canarias y a 15 para Baleares, prácticamente el doble de lo
previsto y por encima de lo que otros grupos parlamentarios han propuesto en sus enmiendas. Desde nuestro grupo apoyaríamos incluir los 6 millones para Andalucía, tal y como propone Ciudadanos en su enmienda 14, pero, desde luego, debería adaptarse
a los importes que sugiere el Grupo Parlamentario Popular tanto para Canarias como para Baleares. En cuanto a la enmienda número 9, elevamos a 15 millones los fondos para reforzar la estrategia de destinos turísticos inteligentes, porque,
realmente, señorías, 1 450 000 euros nos parece, cuando menos, una tomadura de pelo, por no decir algo más gordo. También apoyaremos las salvaguardas que hace el PNV -lógico y natural-, porque, a pesar de que es uno de los grupos que sustentan al
Gobierno, no se fía de él y lo que hace en su enmienda número 23 es salvaguardar que realmente se cumpla lo que proponen las enmiendas que hemos presentado el resto de grupos, también los plazos y cuantías que en ellas se reflejan. Respecto a la
enmienda 35, de Coalición Canaria, aunque, como decíamos antes, habría que modificar el importe de las subvenciones, también coincidiríamos con ellos. En definitiva, estas son las enmiendas referentes a las medidas de apoyo financiero al sector
turístico.
En cuanto a las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que se recogen en el artículo 2, hemos registrado dos enmiendas claves. Una de ellas, la número 2, hace referencia a las actividades del transporte y la distribución, además
de las que corresponden al comercio y la hostelería. Y la enmienda número 3 es relativa a otras modalidades de contratación indefinida, que son las que se utilizan de forma habitual en las islas y que ya alguno de los grupos que me ha precedido en
el uso de la palabra ha recalcado, porque ellos también lo han incorporado.
En cualquier caso, espero que no caiga en saco roto el trabajo realizado y las mejoras que se puedan incorporar hoy, mejoras entre las que también está considerar en las enmiendas a comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña y Comunidad
Valenciana; y digo que no caiga en saco roto el trabajo realizado y las mejoras que se puedan incorporar y así poder combatir el fariseísmo de este Gobierno, que está en funciones cuando le conviene, y, cuando no, está ejerciendo, porque este tema
que nos ocupa esta mañana, el de las enmiendas al real decreto-ley ante la quiebra de Thomas Cook, ha sido, una vez más, una acción tardía, retrasada, mal presentada e incompleta del Gobierno del Partido Socialista, Gobierno
en funciones que, desde luego, ha dejado absolutamente en abandono a todos aquellos que han sufrido y sobre quienes ha repercutido la quiebra de Thomas Cook.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por último, para fijación de posición, en representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gómez Hernández por un tiempo de siete minutos.
El señor GÓMEZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, en primer lugar, creo que es muy importante circunscribir o delimitar el radio de actuación ante el decreto-ley convalidado el pasado 22 de octubre y que atendía exclusivamente a una situación coyuntural, dada por la quiebra de un
turoperador; no podemos olvidar un plan de actuación global que lleva el ministerio durante todo su mandato. Por lo tanto, el decreto-ley contempla actuaciones orientadas a atender una situación coyuntural, repito. Y la verdad es que me
sorprenden algunas de las intervenciones, especialmente esta última, de la portavoz del Partido Popular, quien es capaz de juzgar un real decreto-ley que responde a medidas importantes para el sector ante esta quiebra. Por cierto, es la primera vez
que se articula un real decreto de estas características, cuando precisamente el Partido Popular en el Gobierno vivió dos realidades: una con Orizonia y otra con Monarch, y no hizo absolutamente nada. Esa es la diferencia entre la proactividad de
un Gobierno del Partido Socialista y la inacción del Gobierno del Partido Popular, que nos llevó, entre otras muchas cosas, a tener un sector turístico bastante debilitado. En el debate y convalidación -porque fue convalidado el pasado 22 de
octubre- advertimos de la situación por una cuestión estrictamente de plazos de la tramitación como proyecto de ley de este real decreto y su debilidad, porque los plazos estaban perfectamente marcados, fijados y éramos conocedores del recorrido de
este proyecto de ley. Por lo tanto, desde la responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista, trasladamos esa preocupación a propósito del trabajo que se iba a realizar y los plazos. Todos somos conocedores de que el próximo día 2 de diciembre
va a decaer, ya que tiene que seguir su curso el trámite de proyecto de ley.
Tengo que decir algo muy importante, y es que este decreto ha sido consensuado con los Gobiernos de las comunidades autónomas y los Gobiernos insulares, así como con las administraciones locales y el sector, y atiende a las necesidades
planteadas en esos numerosos encuentros que celebró el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por lo tanto, no es un real decreto que se inventa el ministerio sin interlocutar absolutamente con nadie, como se ha trasladado en diferentes
intervenciones en el día de hoy. Es decir, es un real decreto consensuado, que recoge medidas contundentes que han tenido repercusión positiva para el sector. De hecho, estamos notando cómo se va recuperando paulatinamente en las dos principales
comunidades autónomas afectadas por la quiebra de Thomas Cook. Desde esa perspectiva, el Gobierno sigue trabajando más allá de las medidas comprendidas en este real decreto, y seguimos trabajando no solo con proactividad, sino también con previsión
en el desarrollo normal del sector turístico en todo el país. Ahora bien, aprovechar la tramitación como proyecto de ley de un real decreto para incorporar medidas en todos los ámbitos de acción del Gobierno desde luego es un error, un error
garrafal. A partir del día 3 todos los grupos parlamentarios tienen la enorme oportunidad de tramitar cuantas iniciativas consideren oportunas, pero seamos responsables, seamos conscientes y, sobre todo, conocedores de la realidad del sector
turístico, y no oportunistas. Es muy importante... (rumores). Sí, lo digo con absoluto convencimiento y conocimiento del sector. En Canarias, por ejemplo, este es un sector vital para la economía, como ocurre en Baleares y en otras comunidades
autónomas, y se ha ido recuperando. Aquí han hablado de conectividad y de las líneas que van a limitar la operatividad, de las que están dejando de operar, pero no de las que se incorporan a la conectividad en Canarias. Tenemos nuevas aerolíneas
que se incorporan y que cubren lo que deja Thomas Cook, y además incorporan nuevas conexiones. España es el país mejor conectado del mundo y las comunidades autónomas de las que estamos hablando en el día de hoy desde luego tienen un amplio
espectro de conectividad; francamente mejorable, dicho sea de paso, pero desde esa perspectiva está trabajando el Gobierno de España.
Las medidas han sido de impacto, de impacto positivo, y lo reconocen las propias comunidades autónomas. Los convenios se han firmado ya con los dos Gobiernos autonómicos en materia de financiación. También son perfectamente conocedores de
las limitaciones presupuestarias de contar con un presupuesto prorrogado y del cierre presupuestario en el mes de diciembre. Por lo tanto, aquí hay iniciativas que desde el Grupo Parlamentario Socialista y también desde el Gobierno interpretamos
que son positivas. Entendemos que se pueden trabajar perfectamente y se deben incorporar en la acción de
Gobierno, pero siguiendo el trámite adecuado y oportuno, y desde esa perspectiva actuamos desde el Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, tengo que decir que se incorporan en enmiendas aspectos que ya se comprenden, los comprende el
propio Estatuto de Autonomía de Canarias, y está de más recogerlos en enmiendas a un real decreto. Desde luego, el propósito del Gobierno del Partido Socialista es implementar estas medidas y llevarlas a cabo.
Desde otra perspectiva y para finalizar mi intervención, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar cuando la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho mención en reiteradas ocasiones al ministro Ábalos, incluso a los ERE y a
tantas cosas que no son objeto de debate en este punto. No quiero recordarle a usted y a su grupo parlamentario que el único partido condenado en este país es el Partido Popular. (Rumores.-Aplausos). El único condenado en este país es el Partido
Popular, no el Partido Socialista. (Rumores.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continúe, por favor, señor Gómez.
El señor GÓMEZ HERNÁNDEZ: Y hablando de generosidad presupuestaria y del objeto de las partidas económicas que debemos incorporar en esta enmienda, me pregunto cómo en el anterior Gobierno del Partido Popular no fueron más generosos con
estas comunidades autónomas y el sector turístico, porque prácticamente no comprendían espacios presupuestarios para la mejora de las infraestructuras turísticas, y, desde luego, la desaparición absoluta en materia de conectividad. ¿Qué esfuerzo
hizo el Gobierno del Partido Popular en materia de conectividad?
En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista se va a abstener, por lo argumentado, por lo expuesto en mi intervención, desde la responsabilidad. Y, desde luego, ya trasladamos en el debate de convalidación el pasado 22 de octubre que,
por responsabilidad y plazos, no era posible tramitarlo como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias a todos.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 14/2019, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES POR RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL, CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente
130/000004).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuando con el debate, pasamos al siguiente punto: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de
seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno en funciones la señora ministra de Economía y Empresa.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA EN FUNCIONES (Calviño Santamaría): Buenos días. Muchas gracias, presidente.
Señorías, comparezco hoy ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para defender la convalidación del Real Decreto-ley 14/2019, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de
administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
Como todos ustedes saben, la sociedad está experimentando cambios vertiginosos a resultas del desarrollo y empleo de las nuevas tecnologías y redes de comunicación por parte, entre otros, de las administraciones públicas. Esta revolución
digital nos ofrece una oportunidad única para el impulso de la economía, para el incremento de la riqueza y el bienestar del que disfrutan los ciudadanos. Pero, al mismo tiempo que abrazamos estos avances, es imprescindible también garantizar que
los nuevos instrumentos que adoptamos cada día no resultan en amenazas para los derechos individuales y sociales, para la seguridad y estabilidad, para los valores que impulsan nuestros sistemas políticos y nuestra democracia abierta y plural. Esta
misma semana he participado en Berlín en la cumbre del Internet Governance Forum, el Foro de Gobernanza de Internet, en donde se ha puesto de manifiesto la urgencia de responder a estos retos. Es imprescindible que encontremos el punto de
equilibrio adecuado entre progreso
tecnológico y garantía de seguir teniendo una sociedad próspera y justa, segura, que proteja la intimidad de las personas y en la que los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones. Esta tarea debe partir de un análisis detallado de
cómo impacta el desarrollo tecnológico en nuestros derechos y libertades -qué pasa con nuestra intimidad, nuestra privacidad, cómo se gestionan nuestros datos personales, para qué fines se usan-, de modo que podamos estar seguros de que no acaban
utilizándose en nuestra contra en fenómenos de todos conocidos de desinformación o manipulación. Además, la hiperconectividad acentúa algunas de las vulnerabilidades de la seguridad pública, exige una mejor protección de las redes y sistemas, así
como de la privacidad y de los derechos digitales del ciudadano, y nos hace más vulnerables ante amenazas como el robo de datos e información, el jaqueo de dispositivos móviles y sistemas industriales o los ciberataques contra infraestructuras
críticas. De hecho, la Ley de Seguridad Nacional, de 2015, y la Estrategia de Seguridad Nacional, de 2017, ya identifican las ciberamenazas, el espionaje y los riesgos asociados a las nuevas tecnologías como uno de los principales desafíos de la
sociedad actual.
Esta realidad exige establecer sin demora un marco jurídico que garantice el interés general y, en particular, la seguridad pública, asegurando la adecuada prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la administración
digital se emplea para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos. Este real decreto-ley no es el primer paso en este camino; antes ya han venido normas importantes emanadas de este Parlamento que persiguen ese
mismo objetivo de garantizar el interés general en la nueva realidad digital. Estoy pensando, por ejemplo, en la Ley orgánica de protección de datos personales y derechos digitales que ustedes mismos aprobaron en la pasada legislatura y que tiene
todo un capítulo dedicado a los derechos digitales. Además, para impulsar un debate abierto sobre todas estas cuestiones, el Gobierno ha puesto en marcha el foro internacional de expertos Digital Future Society. Y no estamos solos en esta tarea:
la Unión Europea se ha puesto a la vanguardia mediante la adopción del Reglamento de Protección de Datos, más conocido por sus siglas en inglés, GDPR, que puede consolidarse como un estándar a nivel mundial.
A nivel europeo, se plantea también la necesidad de desplegar de forma coordinada una infraestructura de almacenamiento de datos segura y soberana. El Gobierno alemán ha presentado recientemente el proyecto de nube europea Gaia X, que
busca, por una parte, impulsar la innovación, la actividad industrial y la competencia europea en este campo y, por otra, fomentar nuestra independencia digital, ante el dominio abrumador en este campo de empresas estadounidenses. El Gobierno de
España, de hecho, junto con la industria y organismos públicos, está considerando adherirse a este proyecto, consciente de que es fundamental garantizar que los datos de nuestros ciudadanos, que cada vez más se almacenan en la nube, estén
adecuadamente gestionados, con respeto a nuestras normas de privacidad y protección, nuestros valores y principios. En definitiva, es imprescindible garantizar a los ciudadanos un nivel de seguridad y protección de sus derechos en el ámbito digital
exactamente igual al que tienen en el ámbito analógico, y este, y no otro, es el objetivo que se persigue con este real decreto-ley, señorías, que incluye medidas en los ámbitos de la documentación nacional de identidad, la identificación
electrónica ante la Administración y datos en poder de las administraciones públicas, la contratación pública, las telecomunicaciones y la seguridad en las redes y sistemas de información.
El real decreto-ley que se somete hoy a convalidación es coherente con los principios de urgente y extraordinaria necesidad que se exigen a esta figura jurídica. Se trata de una norma urgente, habida cuenta de la celeridad con la que se
están produciendo los avances en esta materia y dada la situación política actual, con el Gobierno en funciones y las Cámaras disueltas. Esperar a la constitución de las nuevas Cortes y tramitar un proyecto de ley habría impedido contar con la
suficiente celeridad con un marco jurídico preventivo que sirva para proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos. (Rumores).
Me resulta muy difícil continuar, presidente, porque hay un rumor tal que no me escucho ni a mí misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Ruego, por favor, silencio. Cualquier conversación la tienen atenuada o pueden tener la oportunidad de salir de la sala. Gracias.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA EN FUNCIONES (Calviño Santamaría): Es que voy a pasar ahora a explicar cuál es el contenido de este real decreto-ley.
El primer objetivo de este real decreto-ley es despejar cualquier género de dudas sobre la exclusividad que caracteriza al documento nacional de identidad como único documento oficial de acreditación de la
identidad y de los datos personales de su titular en España, con eficacia general y validez a todos los efectos públicos y privados. Esto se hace en contraposición con otros documentos que otras personas, tanto públicas como privadas,
puedan expedir para identificar a sus titulares a determinados efectos. Para ello se modifica la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, de 2015, y la Ley de Firma Electrónica, de 2003, para expresar, sin ningún género de dudas, esta
característica tanto del DNI en su versión física como en su versión electrónica.
Por otra parte, resulta imprescindible garantizar la seguridad pública tanto en las relaciones entre las distintas administraciones cuando tratan datos personales como entre ciudadanos y administraciones cuando las últimas proceden a la
recopilación, tratamiento y almacenamiento de datos personales. Para ello se modifican varios aspectos de la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de 2015. Se introduce un trámite de autorización previa por
parte de la Administración General del Estado para sistemas de identificación electrónica y de firma electrónica distintos a aquellos que se basan en certificados electrónicos cualificados ya incluidos en la lista de confianza que mantiene y publica
la Secretaría de Estado para el Avance Digital. Esta autorización únicamente buscara verificar que el sistema elegido por una administración u organismo público no produce afectaciones o riesgos a la seguridad pública. No se trata, por tanto, de
condicionar los sistemas de identificación y firma que las administraciones públicas puedan elegir como idóneos, más allá de los que están obligados a aceptar por normativa comunitaria, sino de garantizar que esa elección se hace sin perjuicio de la
seguridad pública que a todos interesa. Por esas mismas razones, se introduce la obligación de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de estos sistemas de identificación o firma electrónica que
requieren de autorización previa se encuentren físicamente en territorio de la Unión Europea o, en el caso de categorías especiales de datos, en territorio español. Salvo excepciones, estos datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer
país u organización internacional, si bien deberán estar disponibles para su acceso por parte de autoridades judiciales y administrativas competentes. Igualmente, se exige que los sistemas de información y comunicaciones para la recogida,
almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, así
como los correspondientes tratamientos de datos personales se ubiquen y presten dentro del territorio de la Unión Europea y que solo puedan ser cedidos a terceros países cuando estos ofrezcan garantías suficientes según la Comisión Europea o cuando
así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España. Asimismo, se establece un mecanismo dirigido a garantizar que los datos cedidos por una administración a otra no son utilizados para un uso incompatible con su
finalidad original, y se habilita a la Administración General del Estado a suspender la transmisión de datos de manera cautelar por el tiempo estrictamente necesario para su preservación si existen razones de seguridad nacional que así lo aconsejen.
Así pues, con esta reforma, cuando una administración reciba datos cedidos por otra deberá comunicarlo si va a usarlos para una finalidad distinta de la prevista inicialmente, y, si la administración cedente considera que dicha finalidad es
incompatible con el objetivo original, podrá oponerse a ese uso, apelando a la legislación de protección de datos.
Por otra parte, resulta primordial aplicar el principio de prudencia y precaución a la hora de utilizar nuevas tecnologías todavía en desarrollo en el tratamiento de datos personales en manos de las administraciones públicas. Del mismo modo
que no usaríamos cuentas de correo electrónico poco seguras para transmitir datos sensibles, por ejemplo, sobre nuestras cuentas bancarias, tampoco debemos utilizar a la ligera tecnologías todavía en desarrollo. De ahí que el real decreto-ley
prohíba expresamente la autorización ante las administraciones públicas de sistemas de identificación o de firma electrónica basados en tecnologías de registro distribuido, como, por ejemplo, el blockchain, en tanto en cuanto no sean regulados
específicamente por el Estado, en el marco del derecho de la Unión Europea. Quiero ser clara. Esta medida no supone la prohibición de ninguna tecnología disruptiva, como puede ser el blockchain, sino únicamente la aplicación del principio de
precaución en un ámbito muy concreto: el de la firma e identificación ante las administraciones públicas, y de forma temporal: hasta que haya una regulación específica. Es más, el Gobierno de España apuesta de forma decidida por ese tipo de
tecnologías, como demuestra, por ejemplo, el impulso que hemos dado al sandbox financiero, un banco controlado de pruebas para la innovación en el sector que desarrollará muchas iniciativas basadas precisamente en el blockchain para garantizar que
la innovación se produce en un entorno regulatorio adecuado y en plena seguridad para los ciudadanos. Creo que no podemos tener un estándar inferior cuando se trata de la relación con la Administración pública.
En cuanto a los cambios en materia de contratación pública, responden a la necesidad de reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y la protección de la seguridad pública, asegurando que las empresas que
contratan con la Administración están sujetas a obligaciones específicas previstas en la legislación comunitaria. Para ello, se modifica la Ley de Contratos del Sector Público, de 2017, introduciendo medidas que garantizan que en todas las fases de
la contratación, el expediente, la licitación y la ejecución del contrato contratistas y subcontratistas respetan la legislación europea en materia de protección de datos. Todas estas modificaciones legales son conformes a la normativa de
protección de datos y al Reglamento General de Protección de Datos comunitario actualmente en vigor. En un sentido más amplio, estas modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público también incentivarán a las empresas a cumplir la normativa
nacional y europea de protección de datos y garantizarán que las administraciones públicas elaboran pliegos de condiciones prestando particular atención a estos aspectos tan sensibles.
En materia de telecomunicaciones, se introducen cuatro modificaciones en la Ley General de Telecomunicaciones, de 2014, cuyo único objetivo es potenciar las facultades del Gobierno para poder afrontar situaciones que pueden afectar al
mantenimiento del orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, que son bienes primordiales del Estado de derecho. En primer lugar, se mejoran las posibilidades de actuación del Ministerio de Economía y Empresa cuando la comisión de
una presunta actuación infractora a través del uso de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas pueda suponer una amenaza grave e inmediata o cuando en determinados supuestos excepcionales sea necesario asumir la gestión directa o la
intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Esta posibilidad no es nueva, ya está recogida en la Ley General de Telecomunicaciones. Lo único que se hace es aclarar qué se entiende por redes y servicios de comunicaciones
electrónicas, precisando que incluye también los sistemas accesorios o cualquier infraestructura susceptible de alojar redes de comunicaciones electrónicas. Es decir que no se trata -como he leído en algunos titulares- de capacitar al Gobierno para
intervenir servicios digitales como webs, redes sociales, wasaps o similares. No se trata tampoco de tomar el control de medios de comunicación o contenidos audiovisuales. Evidentemente nuestro Estado de derecho protege de manera clara y rotunda
la libertad de los ciudadanos a recibir información y a comunicarse sin cortapisas. No, señorías, el ámbito de aplicación de la medida comprende única y exclusivamente las redes por las que circula la información tal y como ya estaba previsto hasta
ahora y únicamente en determinadas circunstancias de especial gravedad se persigue conseguir un funcionamiento más eficiente de las telecomunicaciones y una mayor coordinación entre las administraciones públicas facilitando la firma de acuerdos y
convenios que eviten la duplicidad de infraestructuras y una mayor capilaridad en la conectividad total. Y para ello todas las administraciones públicas deberán comunicar al Ministerio de Economía y Empresa los proyectos de instalación y
explotación de redes de comunicaciones electrónicas en régimen de auto prestación de cierta dimensión, tanto si se produce de forma directa o como cualquier entidad o sociedad dependiente o a la que se le ha otorgado alguna concesión o habilitación
al efecto. De este modo podremos contar con un censo del conjunto de redes de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación desplegadas o a desplegar por las diferentes administraciones públicas para cuya instalación se requiera ocupar
dominio público Por otra parte se amplían las potestades sancionadoras del Ministerio de Economía y Empresa en los despliegues de redes de comunicaciones electrónicas para que pueda ejercerse no solo respecto de los operadores de telecomunicaciones
sino también respecto a cualquier titular de infraestructura física susceptible de alojar redes de comunicaciones electrónicas tales como tuberías, mástiles o edificios.
Y por último, se adecua nuestra normativa del Código de Comunicaciones Electrónicas para reconocer nuevos supuestos, adicionales a los ya previstos hasta ahora, en los que el Ministerio de Economía y Empresa puede adoptar medidas
cautelarísimas con carácter previo al inicio de un expediente sancionador. Es decir que hasta ahora el ministerio ya estaba facultado para tomar estas medidas cautelarísimas, en caso de amenazas inmediatas y graves para la salud pública, cuando se
interfiera gravemente a otros servicios o redes y comunicaciones electrónicas o cuando de la supuesta actividad infractora pueden producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de seguridad pública, protección civil y emergencias, y
ahora se añaden dos supuestos: cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público o la seguridad pública o la seguridad nacional o cuando se creen graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes
electrónicas o usuarios del espectro radioeléctrico por razones de imperiosa urgencia. Estas son las razones de imperiosa necesidad que justificarían la intervención excepcional del Ministerio de Economía y Empresa en línea con la normativa
comunitaria. Cabe señalar que la propia legislación es muy garantista, ya que establece que será el procedimiento posterior sancionador el que determinará las responsabilidades pertinentes y que el cese no podrá exceder del plazo de un mes.
Finalmente se prevén medidas para reforzar la coordinación en materia de seguridad en las redes y sistemas de información del sector público otorgando al Centro Criptológico Nacional la función de coordinador nacional de la respuesta técnica
de los equipos del sector público ante incidentes de seguridad informática de especial gravedad. Señorías, la realidad diaria nos demuestra que el impacto de los incidentes de seguridad en los sistemas de información de las entidades del sector
público, cuando son de carácter grave como sucede con los ciberataques disruptivos más frecuentes, no se limita a un único organismo, territorio o sector, sino que persigue propagarse al mayor número de entidades posible. Por eso cualquier
actuación aislada resulta ineficaz y la mejor manera de proteger un ámbito tan sensible como son los datos personales de los ciudadanos nos exige articular medidas coordinadas a todos los niveles de la Administración. Nuestras redes información
serán tan seguras y fuertes como lo sea su eslabón más débil y cuando estamos hablando de un asunto tan esencial como es el de la protección de los derechos de las personas y el buen funcionamiento de la Administración pública no podemos permitir
que una falta de coordinación ponga en jaque todo el sistema. La seguridad de las naciones ya no se limita a la defensa de nuestra integridad física, de nuestras fronteras, sino que cada vez más se juega en el ciberespacio y por eso es tan
importante que mantengamos actualizadas las herramientas que el Estado de derecho nos concede para protegernos, máxime cuando la seguridad es un asunto cada vez más difuso cuya robustez depende de que todo el sistema esté perfectamente engrasado.
El Estado es el responsable último de la integridad de todos los ciudadanos, de la protección de todos sus derechos y libertades, de la seguridad de sus datos personales y por eso, sin menoscabo de las atribuciones competenciales establecidas en
nuestra Constitución, este real decreto-ley garantiza que el Estado pueda ejercer esas funciones en las mejores condiciones.
Por todo ello solicito su apoyo para la convalidación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios en esta Diputación Permanente. En representación del Grupo Parlamentario Mixto, por siete minutos distribuidos entre los tres intervinientes,
tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Nosotros no vamos a apoyar este decreto. Creemos que la calidad democrática de este país se está viendo perjudicada por las últimas leyes. Hay un endurecimiento de las leyes que coartan las libertades. Primero fue
la Ley mordaza, luego la reforma del Código Penal y ahora este decreto que permite intervenir Internet como lo hacen países como China, Arabia Saudí, Turquía o Irak.
No lo vamos a apoyar, en primer lugar, porque creemos que una cosa tan importante se debería haber discutido con mucha más calma y, en segundo lugar, porque si la amenaza es el orden público, entendemos que no interpretamos lo mismo orden
público nosotros que, por ejemplo, los señores que tengo a mi izquierda física. (Rumores). Me parece preocupante. Imaginemos que en unas hipotéticas nuevas elecciones estos señores pudieran interpretar lo que es una amenaza al orden público -los
señores de Ciudadanos, ya que me estaban mirando-. (El señor Gutiérrez Vivas: Porque eres el que está hablando). Entendemos, por tanto, que esto se debería haber hecho con más sosiego y no con un decreto-ley sino sin prisas y con mucha más calma.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
A continuación, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Buenos días, señorías.
Nosotros tampoco vamos a aprobar este decreto porque... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por favor, un poco de silencio.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Consideramos que este decreto nos sitúa en un estado de excepción digital en el que el Gobierno, sin necesidad de que un juez lo dictamine, puede determinar el cierre de webs, redes y soportes o elementos
estructurales. Creemos que estamos ante un nuevo recorte
de libertades, un nuevo paso atrás en derechos, una nueva muestra de lo que el Estado es capaz de hacer para acallar la disidencia y un nuevo ejemplo de cómo a este Gobierno en funciones se le va la mano hacia posturas reaccionarias cuando
se trata de afrontar el problema político que el Estado español arrastra y no es capaz de gestionar ni resolver desde hace décadas, porque Cataluña, aunque no se explicite en el documento, está en el origen de este decreto.
Un decreto que empeora notablemente la situación anterior, que ya era pésima, que amplía enormemente el abanico de elementos que el Ejecutivo puede intervenir y también los motivos, tan interpretables y laxos como el de la amenaza inmediata
y grave para el orden público o la seguridad nacional. Porque, a partir de aquí -creo que lo más grave que aporta este decreto es el riesgo que corren los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho de reunión o
manifestación-, cualquier cosa, desde mostrar la adhesión a determinadas movilizaciones, criticar a las fuerzas de seguridad, por poner un ejemplo, o defender a presos políticos o exiliados, puede considerarse una incitación a la comisión de
desórdenes públicos o una amenaza a la seguridad nacional. Pero este decreto tiene, además, otras derivadas preocupantes. Una de ellas es la que plantea un ataque a la soberanía institucional y una transgresión competencial; se trata de la
obligatoriedad para los Gobiernos autonómicos de pedir permiso al Gobierno central si quieren desarrollar cualquier sistema de firma o identificación electrónica, prohibiendo que se puedan hacer con sistemas distribuidos, como el blockchain, en los
que, además, el Estado se coloca como intermediario. La historia nos ha demostrado con creces, muchas veces, que cuando se empieza aprobando legislaciones excepcionales, lo excepcional es lo que se convierte en habitual y esta excepcionalidad, que
se muta en cotidiana, se ha visto ya con la Ley mordaza, de tal manera que en estos momentos diez personas están siendo juzgadas en Madrid con la Ley mordaza por participar en una manifestación y se les pide seis años de cárcel. Creo que hay que
llamar a las cosas por su nombre. Esto no es simplemente el Real Decreto-ley 14/2019, esto es la ampliación de la Ley mordaza a las nuevas tecnologías, esto es censura digital, esto es el estado de excepción digital aplicado al independentismo, sí,
pero que si se lleva adelante cercenará libertades en todo el Estado español.
Por eso nuestro voto será en contra. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Señora Borràs Castanyer, le restan dos minutos y medio.
La señora BORRÀS CASTANYER: Muchas gracias, señor presidente.
Lamento que el principio de precaución al que había hecho alusión la ministra no se haya aplicado, sin embargo, en este caso: un Gobierno en funciones que regula por real decreto-ley materias muy sensibles para personas, administraciones y
empresas, sin tener en cuenta las normativas emanadas de la Unión Europea y que sin duda no procede.
Abordamos esta convalidación que regula estas materias de manera absolutamente precipitada y con suma frivolidad. Este decreto-ley modifica, de golpe, seis leyes y otro decreto-ley. El actual Gobierno en funciones pretende convalidarlo en
la Diputación Permanente sin que los distintos grupos parlamentarios del Congreso y del Senado podamos introducir las enmiendas que se consideremos oportunas, y eso es un flaco favor a la actividad parlamentaria en general, pero a la democracia, por
supuesto. Si en las próximas semanas hay un Gobierno que considera oportuno impulsar una normativa como la que se plantea, que lo presente como un proyecto de ley ordinario, junto a los preceptivos informes que deben acompañar los proyectos de ley,
para que pueda ser debatido con la profundidad que merece, en Pleno y en Comisión; pero no corresponde, sin duda alguna, aprobar una modificación legislativa tan relevante de forma tan burda y en el tiempo de descuento de una legislatura fallida.
Estamos ante la Ley Corcuera digital. Lo expresó así el conseller Puignero, responsable del Departament de Politiques Digitals de la Generalitat. De la Ley de la patada en la puerta pasamos ahora a la ley Sánchez, que es la ley de la patada en el
servidor, sin una orden judicial y agarrándose a ámbitos tan ambiguos como el de orden público. El Govern de Catalunya ayer mismo ya aprobó iniciar los trámites legales correspondientes, porque este real decreto-ley supone una invasión grave de
competencias en materia de comunicaciones electrónicas, de organización de la Administración de la Generalitat y también sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas que dependen de la Generalitat. Si esta ley prospera, nada tendrá
que envidiar el Estado español a los regímenes autoritarios en materia de Internet, porque el Gobierno se otorgará la potestad de cortar Internet por el concepto genérico -y muy utilizado, por cierto, por los regímenes autoritarios- de orden
público, no solo el de seguridad; y no solo cortar sino, lo que es peor, espiar la información que circula por la red...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Borràs, debe finalizar.
La señora BORRÀS CASTANYER: En ese sentido, estamos ante un real decreto-ley de precipitada aprobación que vulnera probablemente el Reglamento eIDAS sobre estándares de identificación electrónica, los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas dentro del mercado único europeo, los derechos de los ciudadanos ante las transformaciones digitales que estamos abordando y que sin duda limitará también el desarrollo competitivo de las empresas al supeditar el
desarrollo de la digitalización o la utilización de tecnologías de seguridad digital a la prioridad de este control por parte del Estado, un Estado tecnófobo que se protege a sí mismo contra los ciudadanos, que vulnera sus derechos y que efectúa con
este real decreto-ley un golpe de Estado digital.
Por tanto, obviamente, vamos a votar en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, queremos manifestar que no apoyaremos la convalidación del presente real decreto. Se nos presenta un decreto-ley con carácter de urgencia y algunas leyes que se pretende adaptar son de los años 2015 y 2017 y están amparadas
en normativa europea, que les precede, del año 2014. Nos sorprende que, teniendo a la vista una normativa europea con unas leyes ya vigentes desde hace cuatro o cinco años, se nos diga ahora que estamos en un supuesto de urgencia. Por otro lado,
el fundamento que se invoca, genéricamente, en el decreto-ley es el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional, focalizándose esta circunstancia en dimensiones de intervención e interferencia por el Estado en las administraciones
públicas. Ya criticamos esta situación y creemos que este decreto-ley abunda en el Decreto-ley 12/2018, de protección de redes y sistemas, cuando ya manifestábamos -lo enmendamos, pero decayó la legislatura y las enmiendas no pudieron continuar-
que se ponía bajo vigilancia del CNI y de la Secretaría de Estado de Seguridad el edificio digital de las administraciones públicas autonómicas.
Ahora se invoca el orden público, la seguridad nacional y la seguridad pública, que tienen un tratamiento específico en leyes específicas en nuestro ordenamiento: la Ley de Seguridad Ciudadana, el Código Penal, la Ley de Seguridad Nacional;
entendemos que habría que haber acudido a esas normas y, en el ámbito de la disciplina de esas normas, haber tratado esta cuestión si realmente se debiera haber tratado, pero no por un decreto-ley. Son precisamente estas Leyes de Seguridad Nacional
y de Seguridad Ciudadana las que establecen procedimientos garantistas sobre cuándo tiene que intervenir el Estado si considera que están comprometidos el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. Este decreto-ley no tiene las
garantías de la Ley de Seguridad Nacional ni las de la Ley de Seguridad Ciudadana cuando el Estado interviene, incluso en el ámbito de otras administraciones. Entonces, entendemos que este decreto-ley tiene una carencia fundamental porque no
establece ningún procedimiento garantista pactado como se acordó en otras leyes, sino que simplemente interviene prácticamente por la vía de hecho.
Sorprende también que se apele a la seguridad nacional para proteger los valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, los derechos, el bienestar, los principios y valores constitucionales en ámbitos de especial interés para la
seguridad nacional, como son la ciberseguridad, el régimen económico y financiero, la seguridad energética, la seguridad sanitaria o el espacio aéreo, y sorprende que se considere por este decreto-ley que solo compromete la seguridad nacional la
intervención de las administraciones públicas autonómicas, pero no cuando los privados, en los ámbitos de interés de la seguridad nacional, operan con las mismas tecnologías y no se cuestiona dónde ubican sus sistemas y sus informaciones. Nos
sorprende que un decreto-ley considere que la mayor amenaza para la seguridad nacional son las administraciones cuando usan unas determinadas tecnologías o ubican unos determinados sistemas y que cuando sucede eso mismo -y está sucediendo con
empresas financieras, empresas de transporte estratégicas o empresas de energía- no se ponga ningún impedimento a esa actuación. ¿Qué pasa, que solo supone un riesgo a la integridad nacional y a la seguridad nacional en esos sectores la actuación
de las administraciones públicas? Francamente no lo entendemos. Repito, parece que el peligro para la seguridad nacional son las administraciones públicas y que no suponen ningún problema comportamientos equivalentes de los privados en los ámbitos
estratégicos para la seguridad nacional. Creemos que esto es el mundo al revés: que un Estado considere que su mayor problema y su mayor
peligro para su seguridad son las administraciones cuando usan unos sistemas y no lo sean los particulares en las áreas trascendentes para la seguridad cuando usan los mismos sistemas y tecnologías, francamente no lo entendemos.
Bajando ya a un aspecto más concreto: ¿por qué ciertas tecnologías que en esta norma se impiden hasta nueva orden, hasta nueva disposición, son un factor de riesgo para la seguridad nacional cuando las usan las administraciones autonómicas?
Cuando la Unión Europea se congratula y fomenta sistemas que parecen garantizar con éxito la protección de datos, que son precisamente los que se impide que ejerciten o apliquen las comunidades autónomas con esta norma, yo me pregunto: ¿Es tan
grande el riesgo que generan las administraciones públicas para que se habilite, con un decreto-ley por urgencia, sin debate, una intervención autorizatoria del Estado desde la Administración General? Quiero recordar que los controles que el 153 de
la Constitución habilita al Estado respecto a las comunidades autónomas son cuatro: Tribunal Constitucional, Gobierno del Estado cuando las comunidades ejerciten facultades delegadas por el Estado vía 152, el control por los tribunales ordinarios
de la jurisdicción contenciosa y el Tribunal de Cuentas. Desde luego, en un Estado descentralizado políticamente no cabe ni la tutela jerárquica ni el control anticipado de las actuaciones de las administraciones.
Quiero recordar la sentencia 55/18 del Tribunal Constitucional que en materia de ciberseguridad dicta: El diseño, creación y mantenimiento de la Administración electrónica es un aspecto central de la potestad de autoorganización inherente a
la autonomía política.
Otro aspecto muy concreto es la protección de datos. Algunas limitaciones se amparan, digamos, en garantizar o pretender garantizar el uso adecuado de los datos cedidos. Esta es una cuestión que abordamos en esta Cámara mediante una ley
orgánica en 2018, la 3/18 creo recordar, y se estableció, de acuerdo con el Reglamento europeo, que es la primera vez que regula el ejercicio de un derecho fundamental, que son los datos de los ciudadanos, de los nuestros, cuáles eran las
autoridades que vigilaban el tratamiento adecuado o inadecuado de los datos y sus cesiones, y eso en toda la Unión son las autoridades de protección de datos, que en el Estado español es la Agencia Estatal de Protección de Datos y las autonómicas.
En este caso estábamos la vasca y la catalana y no sé si la andaluza, que está en trámite de creación. Este es el sistema instalado por una ley orgánica que vuelca la regulación de un derecho fundamental de la Unión, como es el de la protección de
datos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Legarda, debe finalizar.
El señor LEGARDA URIARTE: Voy acabando en un segundo.
Ustedes rompen ese sistema de garantías y ese sistema de Administración regulatoria interfiere en la Administración del Estado. Podría apuntar alguna otra cosa más, pero voy finalizando.
En el pasado reciente manifestamos nuestra preocupación por la forma y por el fondo del decreto ley de redes y sistemas al poner a las administraciones, singularmente a las autonómicas, bajo la inspección del CNI y de la Secretaría de Estado
de Seguridad. Ahora abundan en la circunstancia, autorizando con un control jerárquico tecnologías e impidiendo tecnologías que no se impiden para ningún otro operador en sectores estratégicos para la seguridad nacional. Estamos muy preocupados de
que se actúe en este ámbito, que es la nueva Administración, la Administración digital, de esta manera. No comprendemos la urgencia, no comprendemos que se aborde sin un debate sosegado y poniendo todos los intereses, balanceándonos, y sí tenemos
que manifestar que en esta materia o bien este camino se reconduce de manera rápida y se acuerda a la mayor brevedad posible o bien nuestra predisposición a colaborar con ustedes estará seriamente comprometida.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Legarda.
En representación del Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Bassa Col.
La señora BASSA COL: Gracias.
Buenos días señoras y señores diputados.
Hoy doce jóvenes se enfrentan a penas de hasta seis años de prisión por el simple hecho de manifestarse para pedir la derogación de la Ley mordaza. Se les pretende aplicar la legislación represiva contra la que protestaban. Con sus leyes
mordazas van a llenar las cárceles de activistas y disidentes al mismo ritmo que llenan las instituciones de fascistas.
El PSOE, más allá de ser incapaz de derogar la Ley mordaza y más allá de aplicarla sin sonrojo, con este real decreto se suma a la estrategia legislativa represiva de leyes mordazas, en este caso aprobando la llamada Ley mordaza digital. La
aprobaron horas antes de que se iniciara formalmente la campaña electoral para acallar la protesta y la indignación en Cataluña ante la injusta sentencia a nuestras presas y presos políticos. Pero les digo una cosa, no pueden frenar nuestra
indignación por decreto; con su real decreto no pueden frenar el tsunami de dignidad y solidaridad de nuestro pueblo. Con todas las leyes que quieran, con todos sus jueces y con todas sus cárceles no podrán frenar la firme voluntad democrática y
popular del pueblo de Cataluña.
Señoras y señores del Grupo Socialista, no tenemos claro a dónde quieren llegar con esta ofensiva represiva en el ámbito legislativo, judicial y policial, pero sí tenemos una cosa clara: no habrá estabilidad política mientras no aborden
políticamente aquellos conflictos de naturaleza política. No habrá estabilidad política mientras mantengan la vía represiva. Así que resolvamos esta cuestión mediante el diálogo, la negociación y la democracia. Cuando estén dispuestos a sentarse
y a hacer política de verdad, nosotros estaremos ahí, porque es donde siempre hemos estado. Con ese todo vale contra el independentismo, ustedes están legitimando la limitación de derechos y libertades de toda la ciudadanía; están poniendo en
cuestión el derecho a la libertad de expresión, de información y el derecho a la disidencia política. Hoy somos los independentistas los que estamos en la diana, pero el PSOE está brindando en bandeja al trifachito un real decreto con el que mañana
pueden perseguir a movimientos sociales o sindicales que cuestionen o amenacen, según su criterio, el statu quo. De hecho, este real decreto degrada el sistema de libertades, acercándoles a regímenes autoritarios como el chino o el turco. Con esta
ofensiva contra los derechos y libertades no demuestran la fortaleza del Estado sino su propia debilidad y la de su democracia. Cuán débiles y vulnerables deben sentirse si tienen que recurrir a la represión contra un movimiento democrático y
pacifista que reivindica la palabra y el diálogo. Cuán pequeñas y endebles deben ser sus convicciones si se creen incapaces de convencer a los catalanes con sus argumentos.
Este real decreto habilita al Gobierno para que sin orden judicial, sin habilitación del Congreso y sin ningún límite o regulación legal, decrete el estado de excepción digital, es decir, da una patada a Montesquieu y la separación de
poderes, y permite que sea el Gobierno y no un juez quien pueda intervenir o cerrar, total o parcialmente, el acceso Internet, redes sociales o servicios de comunicación electrónicos. Y para mayor arbitrariedad e inseguridad jurídica, esta facultad
se justifica bajo el indeterminado precepto de riesgo para la seguridad nacional. El redactado del real decreto afecta de una forma tan flagrante a la libertad de expresión y de información que permitiría al Gobierno censurar arbitrariamente
vídeos, fotos o informaciones en plataformas como Twitter o Facebook. Y en caso de que dichas plataformas se negaran, la Administración General del Estado podría cortar o imposibilitar el acceso de las mismas. También se podrán cerrar webs,
intervenir sistemas de comunicación, pinchar cualquier infraestructura o canal de telecomunicaciones, siempre que se cree un supuesto de amenaza a la mencionada e indeterminada seguridad nacional o a los intereses económicos. Y me temo que alguno
de los presentes podría considerar que el derecho a la huelga supone una amenaza a los intereses económicos o que el derecho a la manifestación puede suponer un riesgo para la seguridad nacional. La censura en Internet es un peligroso sendero por
el que han transitado no pocos regímenes autoritarios en el mundo. Aparte de descrédito y deslegitimación del Estado en cuestión, lo que siempre consiguen, al contrario de lo que es su voluntad, es una amplificación de los mensajes censurados. El
decreto es contrario a la legislación comunitaria y afecta gravemente los derechos y libertades reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y si hay que ir a los tribunales europeos para derogar este decreto, tengan
claro que lo haremos.
Señores del PSOE, deberían retirar este real decreto, no por llegar a un pacto con Esquerra sino por los derechos y libertades de la ciudadanía española, por pura democracia. Porque no pueden aprobar por decreto y en campaña electoral,
mediante Diputación Permanente, sin posibilidad de presentar enmiendas, un recorte de derechos como este. Les honraría que reflexionaran y dijeran: Tienen razón, nos equivocamos presentando ese decreto, porque este real decreto atenta contra
derechos y libertades fundamentales y lo hace pasando por encima tanto del Poder Legislativo como del Judicial e imposibilitando cualquier mecanismo de control democrático. Hay señalados juristas que destacan la inconstitucionalidad de este real
decreto. El descrédito de la justicia y del Tribunal Constitucional es tal en Cataluña que ya no sabemos a qué atenernos. Ya no sé si su sacrosanta Constitución permite esta escandalosa censura y recorte de derechos y libertades y tampoco sé qué
interpretación hará de ello un Tribunal Constitucional formado por jueces...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Bassa, debe finalizar.
La señora BASSA COLL: ... preconstitucionalistas, pero les digo una cosa: yo me avergonzaría de que mi país tuviera una Constitución que permitiera por decreto tal poder autoritario y arbitrario al Gobierno. De hecho, con cada recorte de
derechos y libertades nos dan más motivos para desear la independencia, con cada vuelta de tuerca en la represión hacen cada vez más necesaria y urgente la república catalana. (Rumores).
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez del Real.
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: En primer lugar, la república no existe -coma-, añada usted el adjetivo que quiera.
Bueno, empecemos porque esto es un sainete y empieza a ser un chiste. Podemos irnos a marzo del año 2020. Ocho de la mañana, palacio de Galapagar, mala noche en la pareja vicepresidencial. Descuelgan el teléfono, llaman al ministro del
ramo... (Una señora diputada: ¡Ya está bien! ¡Un poco de respeto!). Descuelgan el teléfono, se dirigen al ministro del ramo y le dicen: Activa el botón, ha llegado el momento. 0300, hora zulú, lugar indeterminado sobre el Mediterráneo. El
Falcon vuela en total seguridad. Nuestro bello presidente se retira la gafas reflectantes (una señora diputada: ¡Qué falta de respeto, de verdad! Otra señora diputada: ¡Maleducado!), llama y dice: Actívese el botón cuanto antes. Este es el
riesgo que tenemos. (Rumores.-Un señor diputado: ¡La quieren liar, como siempre!). Señor vicepresidente, si voy a tener interrupciones espero que aplique el tiempo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, continúe, pero, por favor, adécuese al tema. Continúe. (Rumores).
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: Estoy adecuándome... (Una señora diputada: ¡Si no insulta es más fácil!). Perdone, señor vicepresidente en funciones de Presidencia... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Guarden silencio.
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: ... ha permitido que se hable de presos políticos en esta sala, ha permitido que se mencione una república inexistente, lo que usted quiera... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Guarden silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: ¿Y ahora me va a decir a mí que no puedo decir lo que desee sobre el tema? ¡Por favor! Y no me esté descontando el tiempo, por favor, por interrupciones de los de siempre.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pido a los demás que guarden silencio y a usted, por favor, que se adecue al tiempo.
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: Cuando se han referido a nosotros como fascistas hace unos minutos, usted no ha protegido a esta parte.
Sigamos. El problema de este real decreto es muy claro. Estamos en un sainete entre los diversos socios del futuro presunto presidente del Gobierno y han tirado ustedes por la vía del medio, con un decreto que tiene varios capítulos
técnicos con los que podemos estar de acuerdo. El capítulo I -el uso del DNI con carácter exclusivo- nos parece muy razonable. En cuanto a los capítulos II y III, en los que se regula la soberanía digital y de los datos, bienvenidos sean, señores
socialistas, a la soberanía española, al menos en el mundo de los datos y la protección de qué debe y qué no debe entrar en nuestras fronteras, sean digitales o físicas. De hecho, nos congratulamos de que al menos en esos temas sean capaces de
proclamar la soberanía, aunque sea a rastras de Europa. Al menos en eso aciertan ustedes. El capítulo V, con las reservas, está en la línea adecuada de protección y control, nuestra economía y seguridad, pero llegamos al capítulo IV de este real
decreto y aquí hay poca risa. Aquí hay que venir reído de casa porque lo que están planteando es un nuevo botón de control total y absoluto sobre las comunicaciones y sobre las voces.
Es evidente que, ante los sediciosos, ante aquellos que tratan de romper el Estado, hay que tener mecanismos, pero esos ya existen, están en la Constitución. Por un lado, en el artículo 116, en el que los estados de alarma y de excepción
están regulados y controlados por esta misma Diputación en caso de no existencia de un Gobierno. Y por otro, en el artículo 155 de verdad, no ese 155 blandito. Es decir, la Constitución ya tiene mecanismos para parar lo que ustedes describen como
urgencias constitucionales; lo que pasa es que tienen miedo porque incluso en la exposición de motivos mencionan unos presuntos hechos. Este real decreto parece estar redactado por Faemino y Cansado porque habla de unos hechos sucedidos en algún
lugar de España. ¿A qué hechos se refieren, señores y señoras miembras del Gobierno? ¿A qué se refieren ustedes con los hechos? ¿Dónde han pasado hechos? ¿Qué hechos? Ni siquiera tienen el valor de decir a qué hechos se refieren. Lo
importantes es que lo que dicen en este capítulo IV -es evidente- es que no se regula con tutela judicial suficiente la patada al servidor o a la antena, y eso es grave, porque deberían aplicar la Constitución para parar las actividades de sedición
y los delitos, las leyes vigentes, y no inventarse un nuevo microestado de excepción digital para poder aplicarlo y no decir: No, yo no he aplicado el estado de excepción.
En la propia exposición de motivos además se abre un riesgo importante y es que mencionan la desinformación, ese ente abstracto en el que sistemáticamente se nos puede meter a cualquiera que tengamos una opinión discrepante o distinta al
statu quo progre. La misma ministra nos acaba de citar esto como una justificación esencial. Nos lo acaba de decir con sus palabras: la desinformación y la manipulación. ¿Quién decide qué es manipulación? Cuando ustedes se inventan verdades
absolutas -y algunos intentan caerles bien aceptándolas-, ¿son ustedes los que dicen lo que es verdad y lo que no es verdad? ¿Son ustedes los que dicen lo que es información y lo que no es información? Nos parece muy grave, porque sin audiencia
previa del presunto infractor pueden ustedes hacer el cese de la actividad. Es decir, ustedes tiran por la vía del medio y luego, si eso, ya veremos. Ustedes a uno de los suyos, a uno de sus futuros socios admiradores de regímenes absolutamente
dictatoriales, les dan el sueño húmedo de cualquier progre, de cualquier comunista y de cualquier socialista de la historia del mundo, que es tener el botón del Hermano Mayor, el botón del Gran Hermano. (Rumores).
No estamos solos en esto. Los españoles saben cuáles son sus libertades y da igual la coyuntura. Han hecho ustedes un convoluto de cosas técnicas y necesarias con una trampa. Esto es una trampa, esto es un caballo de Troya que algún día
se puede volver contra todos nosotros. Hay un origen político: no han tenido el coraje de aplicar el 116 o el 155 de verdad y ahora se inventan esta especie de micro 0,01 para aplicarlo. Tampoco se pongan ustedes estupendos, que esto no va de
ustedes, sino de todos los españoles a los que ni siquiera mencionan en la introducción. Por cierto son hechos que dice que se han producido en algún lugar de España de cuyo nombre no quiero acordarme, pero Marlaska nos invita a visitarlo con toda
normalidad mientras arden las calles. Les falta el coraje político de hacer lo que hay que hacer con la Constitución en la mano.
Irónicamente, ¿quiénes se oponen a esto? -Señores, esto es el mundo al revés-. ¡Sus futuros socios de Gobierno! Sus futuros apoyadores están aquí montando el escándalo de que ustedes los quieren acallar y de que les van a llevar a los
tribunales. De verdad, Faemino y Cansado estarían disfrutando. Este es el esperpento clásico español. Y lo hacen por la vía del viernes, ese viernes que tanto les gusta en este periodo en el que no paran de utilizar ustedes el viernes y los
reales decretos para sacar cosas. Evidentemente, esto debería ser una ley orgánica, debería conllevar un debate serio y transparente y dar voz a esta Cámara en el momento adecuado, porque no hay urgencia. Ninguna de las cosas que ustedes han dicho
lleva a la urgencia del proceso. Evidentemente, cuando surgen estas situaciones o las otras que hay que regular -ataques externos, situaciones en las que un virus ataque a los sistemas esenciales del Estado-, hay que actuar con rapidez, pero para
actuar con rapidez hay que actuar con calma en el diseño de las situaciones de emergencia.
En conclusión, volvamos a la hora zulú, volvamos a las ocho de la mañana. El problema es que ustedes están inventando el botón termonuclear digital para acallar a otros; y me da igual quiénes sean, porque nosotros defendemos la libertad de
expresión de los españoles. No me vale eso de 'esto no sirve para parar webs'. Por supuesto que sirve para parar webs. Basta con cortar la luz para parar una web. (Rumores). En todo caso, les decimos que este real decreto contiene algunos
elementos positivos -repito, la utilización del DNI, la localización de los servidores de datos, la utilización de los datos, el conocimiento de los datos y la contratación pública-, pero nos parece que no se puede hacer algo sin tutela judicial.
Están ustedes inventando aquella famosa Ley de Defensa de la República. Miren, ni hay república, ni la de ustedes, pero tampoco la suya -y esperemos que no la haya-, y esta entidad jurídica
que antes se llamaba España -y que creemos que debe seguir llamándose así, Reino de España- se defiende con la Constitución; ahí fuera está expuesto un facsímil muy bien firmadito. Se defiende con firmeza y con ganas, y se lo digo a todos
los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara. Con la Constitución, sí; con trampitas, con golpes al servidor, con 'vamos a hacerlo poquito, el primer bit nada más', así no se hacen las cosas, y menos con urgencia.
Le agradezco la extensión que me ha dado. En conclusión, ¿tiene elementos positivos y técnicos? Sí. Lamentablemente, no podemos procesar esto por la vía urgente. Están los capítulos I, II, III, pero el capítulo IV nos preocupa, porque no
solo no soluciona la situación en ese territorio de cuyo nombre sí quiero acordarme, que es Cataluña, parte de España, sino que encima crea un grave problema.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe finalizar, señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: Le da el botón termonuclear a los bolivarianos que van a entrar en el Gobierno de España si cumplen las expectativas que ustedes tienen. Por cierto, también pretenden ustedes meter a aquellos que más se quejan de
esta norma. ¡Qué situación del absurdo! Estaría contento alguno de nuestros autores clásicos.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, señor presidente. Bon día, señorías.
Sin duda, uno de los retos más relevantes y fundamentales que tenemos por delante como sociedad y como legisladores y legisladoras es dar respuesta, a nuestro juicio de forma profundamente garantista, a legislaciones en el ámbito digital y
de la estructuración democrática de la infoesfera. Pudiera parecer que desde el ámbito legislativo no acabáramos de asumir y de entender que, al igual que las libertades y los derechos son fundamentales en la vida no virtual y en el espacio
público, lo son en el ámbito digital, tanto en las redes como en aquellas infraestructuras digitales que las posibilitan. De igual forma, la aplicación o el diseño legislativo de paquetes normativos que contienen en su interior medidas de carácter
excepcional sin una justificación real, concreta o exhaustiva no parecen la mejor forma ni la mejor de las noticias en el ámbito de la gestión de la infoesfera digital.
El real decreto que nos trae hoy el Gobierno introduce novedades relevantes en materia de protección de datos, blockchain o ciberseguridad y consta de seis artículos, distribuidos en cuatro capítulos. El primero modifica la Ley de Seguridad
Ciudadana -la Ley mordaza-, y la Ley de Firma Electrónica. El segundo modifica la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El tercero modifica la Ley de Contratos del Sector Público y el cuarto y
el quinto modifican, como saben, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de seguridad de las redes y sistemas de información. El primer capítulo modifica la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Firma Electrónica en el sentido de solo
conceder valor para la acreditación de los datos personales y la identificación al DNI. Parece que la finalidad de la norma es cerrar la posibilidad de uso de otros certificados electrónicos. Esta medida -lo decimos nosotros, pero también lo están
poniendo encima de la mesa muchas organizaciones de la sociedad civil y también otras administraciones- puede generar una recentralización digital peligrosa.
El segundo capítulo adopta medidas en relación con los distintos sistemas de identificación y firmas electrónicas de los interesados en un procedimiento administrativo. Es esta una propuesta sobre la que presentamos nuestra disconformidad y
sobre la que demandamos modificaciones para introducir un mecanismo de control judicial rápido y eficaz que permita recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa la denegación de la autorización de este sistema de
identificación y firma, incorporando así una mayor garantía para las personas en su relación con las administraciones públicas a través de medios electrónicos y digitales. Así, como mínimo, añadiríamos un nuevo texto que modificaría los artículos
9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 35/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El texto que proponemos se incluiría tanto en el artículo 3.1 como en el artículo 3.2 y tendría como finalidad que
cualquier decisión de la Administración relativa a concesiones o denegaciones de autorizaciones de sistemas de identificación digital pueda ser de inmediato sometida a control jurisdiccional. Su redacción quedaría planteada en los siguientes
términos: La resolución sobre la
concesión o denegación de la autorización pondrá fin a la vía administrativa, siendo, en consecuencia, directamente recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
A mayores, crearíamos una nueva disposición adicional de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que un organismo en el que participan todas las comunidades autónomas pudiera intervenir para garantizar que las
posibles denegaciones de autorizaciones de sistemas de identificación digital se efectúan sin menoscabo de las competencias autonómicas. Tendría la siguiente redacción: La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública informará a la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional de las resoluciones denegatorias de la autorización prevista en los artículos 9.2 y 10.2 de esta ley, que, en su caso, se hayan dictado en el plazo
máximo de tres meses desde la adopción de la citada resolución.
Asimismo, cuando los ciudadanos se relacionen con la Administración por medios electrónicos, los equipos técnicos utilizados para recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de los datos personales, según este real decreto, deben estar
alojados dentro de la Unión Europea. Cuando, además, se traten de categorías especiales del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos que se refiere a datos sensibles, estos deberían estar ubicados dentro del territorio del Estado
español. Atención, pues, a este punto, ya que puede chocar con el Reglamento General de Protección de Datos, que establece otras posibles fórmulas de transferencias internacionales. En todo caso, a este respecto, es necesario para nosotras aclarar
que el grupo confederal no está de acuerdo, al igual que no lo está con los paraísos fiscales, con los paraísos digitales.
En el capítulo cuarto se llevan a cabo las medidas más llamativas de la reforma. La modificación de la Ley General de Telecomunicaciones permite al Gobierno asumir la gestión directa y la intervención de las redes y servicios de
comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. Todos ellos son conceptos jurídicos indeterminados, con un alto nivel de imprecisión, que
permitirían un amplio margen de apreciación y, posiblemente, de discrecionalidad por parte del Gobierno o de un próximo Gobierno. Es decir, antes ya se incluía en la Ley General de Telecomunicaciones la posibilidad de que la Administración pudiera
asumir la gestión de servicios de comunicaciones electrónicas y la explotación de redes por motivos de seguridad nacional, pero también se recogía la posibilidad de intervenir esos servicios y redes previo informe de la CNMC. En la modificación
ahora se suprime la necesidad de este informe preceptivo a la intervención cuando se justifique por motivos de seguridad nacional o seguridad pública, añadiéndose el nuevo motivo de orden público, lo que puede generar más discrecionalidad en la
actuación del Gobierno.
Junto con lo anterior, se añade además un supuesto en la facultad de la Administración de ordenar el cese de la actividad infractora con carácter previo a un procedimiento sancionador y sin audiencia previa cuando exista una amenaza
inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. Otra vez los mismos conceptos jurídicos indeterminados que permiten actuaciones discrecionales. Entendiendo que, aunque el Gobierno se haya apresurado -y hoy
también lo ha dicho la señora ministra- a cuestionarlo, esto puede afectar a derechos fundamentales, como el derecho a la información del artículo 20, agudizado además por el hecho de que se eliminaría el trámite de audiencia previa en un
procedimiento sancionador y de cierre de servicios y redes, habría motivos para plantear la inconstitucionalidad en este punto.
Para desterrar esta posibilidad, así como el uso discrecional, entendemos imprescindible incluir en el artículo 6.1, que modifica el apartado 6 del artículo 4, apartado 4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de la Ley General de
Telecomunicaciones, el siguiente texto: En ningún caso esta intervención podrá suponer una restricción de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en el ordenamiento jurídico.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Gómez-Reino, tiene que terminar.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Voy acabando.
Asimismo, en orden a dotar de mayores garantías al procedimiento sancionador, se exige lo siguiente: Primero, introduciendo la exigencia de motivación de la resolución de cese de la presunta actividad infractora en el apartado 1, artículo
81, de la citada Ley de Telecomunicaciones; y, segundo, añadir un apartado 3 en el artículo 81 de la Ley de Telecomunicaciones con la siguiente redacción: La resolución a la que se refieren los apartados anteriores será directamente recurrible
ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
Desde nuestro grupo entendemos -y acabo ya- que todos los recortes de libertades que se aplican a Internet pueden acabar siendo traducidos en recortes de libertades también en las calles. Por lo tanto,
parece imprescindible, como mínimo garantista y democrático, exigir un control judicial rápido de todas las decisiones de la Administración, una salvaguarda total en cualquier norma, también en esta, de la garantía de que en ningún caso van
a ser vulnerados los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como garantizar mecanismos que eviten la recentralización digital y posibiliten la normal y democrática relación entre administraciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en este grupo parlamentario coincidimos en que una de las principales amenazas del Estado y de sus administraciones públicas en nuestros días son el ciberespionaje o los robos de información. Por lo tanto, entendemos que es
necesario hacer reformas que contribuyan a la protección de los organismos públicos locales, regionales o nacionales. Es fundamental generar un clima de confianza digital que permita reforzar la protección de los organismos y que estimule la
implicación de los ciudadanos en el entorno digital, para lo cual el sector de la ciberseguridad se configura como elemento habilitador clave.
Si los ciudadanos no se sienten seguros en la red, la competitividad de nuestro país como nación se verá mermada dentro de un entorno cada vez más global. Además, no debemos olvidar que más del 80 % de los servicios esenciales que se
prestan en España son suministrados también por el sector privado, lo que convierte a las empresas privadas en el principal ente amenazado y, por consiguiente, en el gran conocedor de los riesgos y amenazas del ciberespacio.
Quiero reivindicar el importante papel que puede jugar dentro de este ámbito nuestro sector privado, no solo por la alta tecnología que ofrecen nuestras empresas, sino también por la alta capacitación de nuestros profesionales, por lo que
aprovechamos esta comparecencia para instar al Gobierno a procurar avances en los siguientes ámbitos: Más formación a la empresa española por parte del Ministerio de Industria, para proporcionar una mayor información sobre cuáles son los riesgos a
los que se enfrentan, así como las necesidades de inversión para mitigar estas amenazas; la creación de juzgados específicos para combatir delitos de ciberseguridad, así como una mayor formación en ciberseguridad para la Administración de Justicia,
de forma que tanto jueces como fiscales adquieran mayor formación en la materia; mayor cultura de la ciberseguridad y más concienciación; más campañas de publicidad institucional sobre la necesidad de invertir en ciberseguridad, así como la
relevancia de reforzar la fase de prevención de riesgos; y más colaboración público-privada para alcanzar una exitosa estrategia de lucha contra la ciberseguridad.
Señora ministra, la verdad es que el real decreto que nos ha traído -ya se lo han comentado todos los grupos que han intervenido antes que el nuestro- es una chapuza legislativa. No voy a abundar en la cantidad de juicios de valor que han
hecho -yo creo que con mucho sentido- sobre la chapuza legislativa que supone en sí este real decreto, las cosas que pretende modificar y la trascendencia que tienen todas ellas, pero, pese a todo eso, este real decreto para nosotros evidencia una
incongruencia aún mayor que la chapuza legislativa, que es la trayectoria de este Gobierno en funciones y del señor Sánchez, de nuestro presidente en funciones.
El Gobierno nos pide apoyo para reforzar la seguridad pública en materia de Administración digital y la contratación del sector público al tiempo que busca el apoyo de unos socios nacionalistas que llevan desde hace años menoscabando la
seguridad pública en esta materia a través, por ejemplo, de un proyecto de DNI catalán. El pasado mes de septiembre, en vísperas de la Diada, el señor Quim Torra presentó un nuevo modelo de identidad digital descentralizado y autosoberano que
denominó Identicat; un sistema de identidad digital cuyo objetivo es empoderar a la ciudadanía en el ámbito digital para que los usuarios sean propietarios, gestores y custodios de los datos personales en sus relaciones con el sector público y
privado, y que ha sido impulsado por una Administración que ya ha organizado de manera ilegal dos votaciones sobre la independencia de Cataluña, unas votaciones que además fueron organizadas a través de un sistema de datos alternativo al censo
electoral que depende del Estado, lo cual lo único que hace es añadir más preocupación a todo esto.
Ese proyecto lo lideró -se ha mencionado aquí ese nombre hace nada- el señor Jordi Puigneró, quien ha defendido en varias ocasiones la necesidad de crear la república digital catalana. Pero no es la primera vez que tenemos constancia del
proyecto de identidad catalana que tenía previsto la Generalidad.
Según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil hace años, la Generalidad había encargado a través del Cesicat un proyecto de gestión de identidad ciudadana, es decir, un DNI catalán, que constituiría uno de los múltiples
proyectos que tenía previsto poner en marcha la Generalidad para desarrollar las estructuras del Estado catalán. La idea de este proyecto es que este DNI catalán, además de reconocer la nacionalidad catalana, agrupara datos como los de la Seguridad
Social y la identificación fiscal y diera acceso a toda clase de derechos y servicios sociales que a día de hoy dependen del Estado español.
En resumidas cuentas, señores del Gobierno, sí pueden contar con nosotros para la ciberseguridad, sí pueden contar con nosotros para la protección de los ciudadanos y los consumidores, pero no pueden contar con nosotros para sostener las
intenciones sediciosas de quienes están robando datos para inventarse un DNI, pisotear los derechos y romper la igualdad entre los españoles. No, en definitiva, a quienes planean con ustedes formar socios de Gobierno. Sin ir más lejos, este pasado
fin de semana pudimos comprobar de nuevo que Sánchez sigue negociando con los nacionalistas de Esquerra, incluso ha elegido un fontanero del 1 de octubre imputado por malversación y desobediencia. Mire usted por donde, el señor Jové, con quien
negocia el Partido Socialista el Gobierno de todos los españoles, usó datos de los catalanes para un censo digital que vulnera la legalidad, porque todos sabemos que el presidente Sánchez, si puede, elegirá siempre a populistas y nacionalistas como
aliados.
Pero los españoles no pueden seguir dependiendo de quienes quieren romper España, señorías. Por eso, señorías del PSOE, nosotros les proponemos que rectifiquen. Están ustedes a tiempo de volver al constitucionalismo; están ustedes a
tiempo de cambiar de aliados; están ustedes a tiempo de evitar que los españoles volvamos a depender de los nacionalistas y los extremistas; están ustedes a tiempo de tender la mano a quienes velan por el interés de los españoles y de abandonar
como socios a quienes quieren romper España; están ustedes a tiempo de no tener ministros que hablen de presos políticos; están ustedes a tiempo de no tener que volver a la cárcel a negociar unos presupuestos; están ustedes a tiempo de tomar nota
de lo que dicen sus barones regionales y recordar a sus compañeros del PSC que Cataluña no es una nación; están ustedes a tiempo de evitar un Gobierno de pesadilla y que así el presidente Sánchez pueda volver a dormir tranquilo por las noches.
Están ustedes a tiempo y estamos todos los españoles a tiempo. Hable usted con las fuerzas con las que suma una mayoría más que cualificada. Tienen ustedes la posibilidad de alcanzar una mayoría que se extiende hasta 221 escaños que pueden salvar
a este país de quienes quieren romper España, una mayoría más que cualificada de españoles dispuesta a ofrecerle pactos de Estado sin hipotecas con los nacionalistas ni los populistas. De ustedes depende estar peleando con fuerzas minoritarias que
quieren romper España o, por el contrario, estar con quienes representan lo que la mayoría de los españoles han pedido en las urnas. Rectifiquen y busquen de socios a los constitucionalistas, a quienes quieren trabajar por España, a quienes velan
por el interés de la mayoría de los españoles. O ellos, o nosotros, señorías del PSOE; elijan, estamos a tiempo. Usted ha visto en esta Cámara ahora mismo cómo todos los socios con los que usted pretende formar un Gobierno le van a tumbar un real
decreto, que si sale adelante no será precisamente por su apoyo. ¿Así es como piensan ustedes seguir? Creo que esto no conduce a nada y no conduce a nada al Partido Socialista. La deriva del Partido Socialista es terrible. Le pido y le exijo al
Partido Socialista... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Gutiérrez, debe ir finalizando.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente. Voy acabando.
Le exijo al Partido Socialista, a aquellos parlamentarios, a aquellos políticos sensatos que tiene este partido a que ayuden a que el expresidente Sánchez abandone el camino que ha emprendido.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Vázquez Blanco.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchísimas gracias, señor presidente.
Quería hacer una consideración previa porque si es asqueroso, deleznable que un político robe, lo es más cuando esos políticos son presidentes del Partido Socialista y roban a parados, a familias y a personas en situación de
vulnerabilidad... (Rumores.-Protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Vázquez, un segundo, por favor.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Eso sí que es muy desagradable.
Dicha esta cuestión previa... (Continúan los rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Vázquez, por favor, adécuese al tema.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Sí, pero me va a descontar el tiempo, porque ya lo veo en rojo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No, no, todavía no he descontado lo anterior. No se preocupe, le descuento estos diez segundos.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señor presidente, hecha esta consideración y cuestión previa, si tuviera que titular esta Diputación Permanente la titularía Durmiendo con tu enemigo, capítulo enésimo, por ponerle un número. Así es como
titularíamos hoy esta Diputación Permanente. Se nos presenta un real decreto sobre medidas urgentes por razón de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. Se trata de un real
decreto que tengo que decir que la señora vicepresidenta, que está haciendo declaraciones fuera, acaba de decir que no es por Cataluña. En la exposición de motivos pone: 'Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio
español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación'. Claro que no pone Cataluña, porque no se atreven ni a poner en una exposición de motivos que este real decreto lo hacen por la
situación de inseguridad que se está viviendo en Cataluña. Nosotros vamos a ser consecuentes. Este real decreto tiene su apoyo en la Ley de Seguridad Nacional, aprobada por el Partido Popular en el año 2015. Nosotros, a diferencia de todos estos
que le van a votar que no -que van a ser sus socios-, vamos a votar que sí, pero vamos a votar que sí y vamos a llamar a las cosas por su nombre porque queremos parar la república catalana digital, sí, la república catalana digital, que está
comprobado en informes policiales y de la Guardia Civil que tenían incluso una posible monedita -a la que le iban a llamar la libra- y que tenían una agencia tributaria. Entre otras cosas, me falta saber si tenían al señor Rufián en el Parlamento
dieciocho meses o más porque ya les iba a decir que en eso iban a fallar, que le iban a tener más tiempo y cobrando toda la vida. El resto lo tenían todo ya montado, tanto es así que crearon una identidad soberana para un DNI, un DNI que ustedes se
atreven a decir que era para empoderar a los ciudadanos, ahora que está de moda la palabra. Unos, cosiendo un botón; otros, haciéndoles un DNI contrario al DNI español. Es que está de moda esto.
Señorías, nosotros estamos a favor del Gobierno en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana y darle toda la fortaleza al DNI español, ese DNI que creo que a partir de enero se iba a ver vulnerado por parte de unos señores independentistas que
están creando eso, la república digital. ¿Por qué ven ustedes malo que los servidores estén en España y en los países de la Unión Europea? ¿Es que acaso la Generalitat tiene servidores en paraísos digitales? Dígamelo, señor Rufián, que creo que
usted lo sabe. Sí que los tienen. Entonces los servidores con los datos de los catalanes -su censo, sus datos de salud, todos sus datos personales...- tienen que estar en territorio español o en territorio de la Unión Europea, y por eso vamos a
apoyar al Gobierno.
Otro punto es el tema de la red de telecomunicaciones. ¿Le parece mal que tengan que pedir permiso? ¡Que no es lo de las app; que esto no va a cerrar Tsunami Democrático ni nada de eso! ¿Le parece mal que tengan que pedir permiso al
Gobierno para hacer la red de telecomunicaciones, la que está haciendo la Generalitat de espaldas al Gobierno? ¿Le parece bien? Este decreto sí es urgente. Es verdad que Podemos está rayando la inconstitucionalidad en algún precepto, pero es
urgente y necesario este decreto; tan urgente que el Gobierno se vio obligado en plena precampaña electoral a aprobarlo, porque fue cuando se conocieron los datos de lo que ustedes intentaban hacer. Nosotros vamos a apoyar al Gobierno en que
siempre la competencia del Estado debe ser sobre la identidad soberana, siempre. Ahí nos va a tener al Partido Popular.
Respecto a los compañeros que tienen detrás, todos los de Durmiendo con su enemigo, concretamente Esquerra, es muy penoso debatir con ustedes, porque acaba de decir usted que se va a juzgar hoy a tres jóvenes por intentar derogar la Ley de
Seguridad Ciudadana en 2013. Señoría, ¡si no se aprobó hasta 2015! Por tanto corrija usted lo de derogarla, porque no la teníamos tan siquiera en 2013. Yo he sido ponente de esa ley, y el señor Rufián, que está a su lado, también. (Risas). Fue
en 2015.
Respecto a la vía represiva, ¿cuál es la vía represiva? ¿La que ustedes están ejerciendo sobre los catalanes que quieren vivir en libertad, que quieren circular con sus coches tranquilamente por las
autopistas, sobre los policías que están dando la cara por el Estado, por la democracia? ¿A eso llaman ustedes vía represiva? ¡La que ustedes hacen contra toda esa gente! La vía represiva es la que acaba de aprobar el Partido Socialista
con ustedes para desalojar a la policía de vía Laietana. Eso sí que es faltar a la seguridad de Cataluña. Por eso hoy produce indignidad que sea el Partido Popular precisamente el que en una cuestión de seguridad en Cataluña sea el que esté al
lado del Gobierno, mientras ustedes el otro día, el Partido Socialista, votaron con Esquerra Republicana de Cataluña para desalojar a la policía de vía Laietana. Lo que no consiguieron los CDR con su violencia, con su agresión contra la policía lo
consigue el Partido Socialista, regalándole esa cesión al independentismo a cambio del pacto (aplausos), una cesión indignante, señoría. Le pido, señora ministra, que por mis compañeros policías hable con el resto de compañeros del gabinete de
ministros y apoyen que la policía no se vaya de vía Laietana, porque no son moneda de cambio de ningún Gobierno ni de ningún pacto que ustedes estén negociando. Hoy produce perplejidad que estemos nosotros aquí, apoyando este real decreto, apoyando
al Gobierno, defendiendo la seguridad en Cataluña, y hoy a la tarde ustedes se sienten a negociar: el señor Rufián con la señora Lastra (la señora Lastra Fernández: Mañana) para romper España. (La señora Lastra: A mí no me faltes al respeto).
Sí, indignidad, señora Lastra; indignidad que hoy yo tenga que apoyar a este Gobierno (un señor diputado: ¡Vergüenza!), que nosotros tengamos que apoyar a este Gobierno, mientras ustedes se dedican a negociar con gente que está en prisión, con
gente condenada por sedición, por malversación. Esa es la indignidad que produce. (Aplausos.-Protestas por parte del señor Simancas Simancas). ¡Y que hoy yo y el Partido Popular tengamos que tragar con este real decreto, incluso con la
posibilidad de que pueda ser recurrido por inconstitucional! Pero sí, la medida es urgente, era necesaria y hay que convalidarla, porque si no estos artistas que tienen ahí detrás, esos, el día 1 de enero van a tener una república digital.
Señor Rufián, muchos compañeros policías me han pedido que le enseñara este papel y hoy lo voy a hacer. (Muestra un folio en el que se lee: ¡La república no existe, idiota!). La república no existe, sea real, digital o como quiera que la
llame. Vamos a luchar desde el Partido Popular para que nunca tengan ni república ni nada, sino una Cataluña libre, pacífica, de gente que quiere vivir en paz, para que puedan volver a trabajar 3800 empresarios que se han tenido que ir...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Vázquez, debe ir finalizando.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: ... y para que los autónomos no se vean obligados a cerrar sus persianas cada vez que ustedes montan un lío. Para eso van a tener al Partido Popular al lado del Gobierno, cualquiera que sea su color. Nosotros, a
diferencia de los extremos que se juntan hoy aquí -VOX, con el resto- y que no votan este real decreto, señora ministra, vamos a estar a su lado para defender la democracia, la libertad y la seguridad en Cataluña. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien! ¡Bravo!-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Ramos.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, con afecto y con cariño a todos, buenos días. (Risas).
Bajemos el tono, agrio algunas veces... (Rumores.-Aplausos). Tenemos que dar ejemplo a la calle y yo creo... (Rumores). Sí, sí, yo creo... -y lo digo por un tema de educación- que todos sabemos que vivimos en una democracia consolidada
e integrada en el marco europeo, con un cuerpo legislativo que garantiza y protege los derechos y libertades de la ciudadanía, en un mundo que avanza a gran velocidad, en especial en todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales, con la
red global de Internet como soporte, pero que Internet sea global no quiere decir que la protección a nuestros ciudadanos y la prevención de los delitos en contra de los derechos fundamentales no requiera de respuestas inmediatas, en nuestro caso
contando también con la exigente normativa europea de protección de datos personales. Nuestras sociedades democráticas actuales tienen que actualizar permanentemente sus legislaciones para que los derechos fundamentales de los ciudadanos
precisamente no se vean arrollados y superados por los avances tecnológicos, que evolucionan a una velocidad vertiginosa. Yo les pregunto a todos, señorías, dónde quieren que se guarden sus datos personales más sensibles. ¿En servidores de la
Unión Europea o fuera de la Unión Europea, sin control, en países que no pueden o no quieren colaborar con el cibercrimen? Les aseguro que en todos, en todos los rincones de España, en nuestras comunidades
autónomas, hasta en el lugar más recóndito elegirán sin duda la seguridad y la libertad que ofrece la exigente normativa europea de protección de datos. Estamos hablando de eso, de proteger su valiosa intimidad, sus datos frente a las
nuevas y recientes amenazas que existen y que por ignorarlas no desaparecen. Es lo que hace este real decreto-ley, que se encuadra a la perfección, tanto en lo previsto en nuestra Constitución como en la normativa europea, y de este modo los
ciudadanos se sentirán más seguros y por lo tanto más libres.
Como bien ha explicado la ministra este real decreto-ley realiza modificaciones legislativas para reforzar el DNI electrónico y la identificación electrónica ante las administraciones públicas, para proteger los datos de los ciudadanos que
utilizan y conservan las administraciones, para reforzar el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales en el ámbito de la contratación pública, y para ampliar la seguridad en materia de telecomunicaciones y los deberes de
cooperación de las administraciones en el ámbito de la ciberseguridad. Señorías, este real decreto-ley respeta todos los preceptos constitucionales y no invade competencias de otras administraciones territoriales. No permite al Gobierno cerrar
webs, redes sociales o aplicaciones de mensajería sin intervención judicial; no afecta a servicios públicos digitales que están regulados en la Ley de servicio de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y mucho menos afecta a los
medios de comunicación ni a los contenidos audiovisuales enviados a través de las redes, y de ninguna manera sirve para intervenir comunicaciones de los ciudadanos o coartar su libertad de expresión.
Se modifica la Ley General de Telecomunicaciones para añadir algunos nuevos supuestos en los que la Administración General del Estado puede asumir la gestión directa o intervención de comunicaciones electrónicas, algo que ya estaba previsto
en nuestra legislación y que solo se puede hacer en situaciones de excepcionalidad y de forma transitoria. Esta modificación persigue reforzar la integridad de las redes en caso de necesidad para garantizar su operatividad, en ningún caso sirve
para cerrarlas. Esta norma refuerza el DNI electrónico como el único con suficiente valor por sí solo para la acreditación a todos los efectos de la identidad y los datos personales de su titular, pero no excluye otros sistemas de identificación
digital o firma distintos a aquellos que se basan en un certificado digital. Aplicando el principio de precaución se declaran no admisibles los sistemas de identificación y de firma basados en tecnologías de registro distribuido en el ámbito de las
relaciones de los ciudadanos y empresas con las administraciones públicas, hasta que no estén regulados en el marco del derecho de la Unión Europea. Esto no es una prohibición general del uso de este tipo de tecnologías, de hecho, como ha dicho la
ministra, el Gobierno fomenta la innovación en el uso de tecnologías de este tipo con iniciativas como el sandbox financiero. Solo es una reserva temporal y provisional, una mera restricción de su uso para una aplicación muy concreta: la firma e
identificación ante las administraciones públicas. El Grupo Parlamentario Socialista está totalmente alineado con los objetivos de esta norma por los argumentos que les acabo de detallar, y además clarificaremos y mejoraremos la ley en un futuro
proyecto de ley, que debe trasponer una directiva digital. Estamos convencidos de que es imprescindible garantizar que los avances en la Administración digital que establecen las distintas administraciones públicas de nuestro ordenamiento
territorial estén basados en intereses legítimos, que no solo no comprometen los derechos y libertades, sino todo lo contrario, contribuyen a defenderlos mejor ante las nuevas amenazas, garantizando así los derechos fundamentales de nuestros
ciudadanos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor González Ramos.
Tiene la palabra la señora ministra en funciones.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA EN FUNCIONES (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Simplemente haré dos breves reflexiones. En primer lugar, creo que este debate demuestra el gran interés que tenemos todos por salvaguardar la seguridad pública e individual en materia de
Administración digital, y en definitiva por garantizar del mejor modo posible los derechos de los ciudadanos, que es el objetivo de este real decreto-ley.
Sin ánimo de reabrir el debate en absoluto quiero hacer tres comentarios. El primero es que esta norma, como no puede ser de otra manera, respeta el marco jurídico nacional y comunitario, la separación de poderes, las competencias del
Estado y de las comunidades autónomas, prevé que las decisiones han de ser motivadas, que se han de respetar los derechos fundamentales y que pueden ser recurridas ante
la jurisdicción competente. Por lo tanto no veo problema en aclarar estos extremos en la forma más oportuna desde el punto de vista jurídico, como se ha sugerido aquí hoy.
En segundo lugar, a la luz de lo escuchado hoy aquí, veo que es preciso aclarar algunas confusiones y reforzar el trabajo y la cooperación de todos los niveles de la Administración, así que también me parece adecuado informar a las
comunidades autónomas de la ejecución de la ley a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional. En cuanto se inicie la legislatura convocaremos los órganos y los mecanismos que tenemos para cooperar y coordinar a las
comunidades autónomas en el ámbito de las telecomunicaciones.
En tercer lugar, está claro que se trata de una realidad que cambia de forma vertiginosa. Por eso estoy convencida de que tendremos ocasión de trabajar conjuntamente para seguir desarrollando el marco normativo en el ámbito digital en la
próxima legislatura, y tener así en cuenta algunas de las propuestas que se han hecho hoy aquí.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señora ministra.
- REAL DECRETO-LEY 16/2019, DE 18 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 130/000006).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al siguiente punto, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la
Seguridad Social.
Para presentarlo tiene la palabra, en nombre del Gobierno en funciones, la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones.
Tiene la palabra. (Rumores). Perdón, señora ministra, ruego silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL EN FUNCIONES (Valerio Cordero): Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías. El pasado 15 de noviembre el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social, cuya convalidación vengo a
solicitar a esta Cámara. Este real decreto-ley permite el pago de la nómina ordinaria y extraordinaria del mes de diciembre de más de 9,5 millones de pensiones y del resto de prestaciones que abona el sistema de Seguridad Social. Pero antes de
entrar en el contenido de esta norma, permítanme situarlo en su contexto. La situación de prórroga presupuestaria que, de acuerdo con el artículo 134.4 de la Constitución española, se produjo el pasado uno de enero ha impedido que los estados de
gastos de los presupuestos de la Seguridad Social recojan los créditos suficientes para hacer frente al abono de los derechos reconocidos, y ello debido fundamentalmente al incremento del importe de las prestaciones económicas del sistema, como
consecuencia de las sucesivas mejoras de su acción protectora aprobadas entre 2018 y 2019, del crecimiento del número de personas beneficiarias, así como del aumento del importe de la pensión media de las pensiones contributivas. Es esta
insuficiencia presupuestaria la que nos compele, de una parte, a acudir a una ampliación de crédito en los términos que se establecen en el artículo 54.2 a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de otra, a incrementar la
transferencia del Estado a la Seguridad Social para apoyar su equilibrio presupuestario.
Los ingresos de la Seguridad Social están creciendo de forma muy significativa, por encima de las previsiones iniciales del presupuesto prorrogado. Ello es consecuencia de las diferentes medidas acordadas en el Real Decreto-ley 28/2018, de
28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que entre otras incrementaron de forma sustancial las bases máximas de cotización; a las que se suman otras medidas
adoptadas por el Gobierno como la subida del salario mínimo interprofesional -que constituye el suelo base de cotización, es decir, determina también la cuantía de la base mínima de cotización-, la recuperación de la cotización de las personas
cuidadoras no profesionales de personas dependientes, sin olvidarnos del restablecimiento del 125 % de la base mínima de cotización de las personas que están percibiendo el subsidio para mayores de cincuenta y dos años. La lucha contra el fraude
laboral y de la Seguridad Social, la puesta en marcha -además de los planes habituales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social- del Plan Director por un Trabajo Digno, que han hecho entre otras cuestiones aflorar empleo sumergido, que ha
implicado una recaudación de 1300 millones de euros; también el control del fraude en los contratos a tiempo parcial que
realmente son contratos a tiempo completo, o de las horas extras realizadas no retribuidas, y no cotizadas por ello. También del impacto sobre el empleo del crecimiento que está experimentando la economía española, impacto que se refleja de
forma palmaria en el incremento de las personas afiliadas a la Seguridad Social. En octubre 19.429.993, es decir un 2,30 % de incremento en relación a octubre del año 2018, que ha implicado que tengamos en ese mes 436.920 personas más afiliadas que
en el mismo mes del año anterior.
Estos hechos, junto con el incremento también de los salarios negociados en convenios colectivos -recuerdo el cuarto ANC firmado por los agentes sociales el pasado año a principios de julio-, están dando lugar a que se produzca un aumento
muy significativo de los ingresos por cotizaciones sociales, en torno al 8 %. La ampliación del crédito propuesto se realiza con cargo a la previsión de mayores ingresos sobre la previsión del presupuesto inicial para 2019. Este incremento de los
ingresos por cotizaciones sociales, que va a soportar la mayor parte de las necesidades de gasto adicional, plantea sin embargo problemas de contabilidad financiera como consecuencia del peculiar procedimiento de gestión y liquidación de estos
ingresos por cotizaciones sociales.
Como ustedes conocen, los ingresos devengados en un mes se liquidan y abonan por los obligados al pago en el mes siguiente al del devengo, y se reconocen en contabilidad el mes posterior a su recaudación. Es decir que en el momento en el
que se plantea el abono de la paga extraordinaria de las pensiones, así como el resto de las prestaciones pagaderas al final del ejercicio, se requiere la existencia de la partida presupuestaria correspondiente que ampare la asunción del mismo. Sin
embargo la actual partida presupuestaria es insuficiente para abonar estas prestaciones. La alternativa que permite solventar esta insuficiencia es la aprobación de este real decreto-ley, que posibilita que para este ejercicio 2019 las ampliaciones
de crédito que deban ser autorizadas en el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina puedan ser financiadas, tal y como acabo de señalar, no en función de los ingresos por derechos reconocidos que se
imputan en términos contables con posterioridad a su recaudación, sino en función de los mayores ingresos sobre los inicialmente previstos a partir de las previsiones de liquidación formuladas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, con base en las estimaciones realizadas por las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. De esta manera, tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como el Instituto Social de la Marina, dispondrán de los créditos
necesarios para poder abonar las prestaciones de la Seguridad Social a las personas beneficiarias de las mismas.
Junto a esta ampliación de crédito el real decreto-ley también prevé el incremento de la transferencia del Estado a la Seguridad Social para apoyar su equilibrio presupuestario, complementando los recursos que la Seguridad Social recibe del
Estado. Con esta finalidad se incrementa la transferencia a la Tesorería General de la Seguridad Social por parte del Tesoro Público por un importe de 600 millones de euros, cantidad que se suma a la transferencia de 1331,9 millones de euros ya
prevista en el presupuesto prorrogado de 2018, así que nos da una suma de prácticamente 2000 millones de euros de transferencia. Esta mayor transferencia puede producirse como consecuencia del crecimiento económico que ha determinado una minoración
del pago de los intereses de la deuda.
También quiero, aunque no es objeto del acuerdo para la convalidación de este real decreto-ley, aprovechar esta oportunidad para recordarles que también en este Consejo de Ministros hubo un acuerdo para que se autorizase al Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a utilizar como máximo un 3 % de la cantidad que tenemos en estos momentos depositada en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido habitualmente como hucha de las pensiones. Como máximo se
autorizó que se pudiese utilizar un 3 %, aplicando el límite que está establecido en el artículo 4 de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, que regula el fondo, es decir, como máximo se podrían utilizar del Fondo de Reserva 3598,20 millones de euros.
Tengo que anunciarles que, por los datos que me hicieron llegar ayer los responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social -por cierto nos acompañan en esta comparecencia, tanto el secretario de Estado, Octavio Granado, como el director
general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, a quienes doy las gracias por estar aquí-, vamos a tener que disponer de una cantidad menor de la inicialmente autorizada. Va a ser suficiente con utilizar en torno a 2900
millones de euros del Fondo de Reserva. Por lo tanto quedarán en esta hucha de las pensiones aproximadamente unos 2150 millones de euros a finales de diciembre de este año.
En este real decreto ley, pues, concurren los requisitos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad exigidos por el artículo 86 de nuestro texto constitucional, dado el grave perjuicio que supondría para las personas beneficiarias de
las prestaciones de la Seguridad Social la no percepción de la totalidad de las
mismas, conculcando los derechos reconocidos en los artículos 41 y 50 de nuestra Constitución. En definitiva, señorías, las disposiciones contenidas en el presente real decreto-ley que hoy traigo a convalidación deben ser necesariamente
incorporadas al ordenamiento jurídico en un plazo más breve que el previsto para la tramitación parlamentaria de las leyes, toda vez que su entrada en vigor y aplicación debe ser inmediata para garantizar la atención durante el presente ejercicio
2019 de todos los gastos en pensiones y prestaciones de la Seguridad Social. Además ha de considerarse que, en virtud del artículo 21.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el Gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley al Congreso
de los Diputados o en su caso al Senado, máxime en la situación actual, en que se encuentran disueltas las Cortes Generales. También el artículo 21.3 señala que el Gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos
públicos, absteniéndose de adoptar cualesquiera otras medidas, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, que creemos firmemente que se dan en este supuesto. Demorar la aplicación de esta medida a la
tramitación parlamentaria de un proyecto de ley constituido un nuevo Gobierno quebraría la efectividad de la acción requerida, debido a la necesidad de inmediatez de la medida, justificándose la aprobación de esta norma en los términos también que
prevé el fundamento jurídico 6 de la sentencia del Tribunal Constitucional 111/1983, de 2 de diciembre.
A continuación y para finalizar mi intervención voy a proceder a realizar una brevísima explicación del contenido del real decreto-ley 16/2019. Este real decreto-ley consta de dos artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones
finales. En el artículo 1 se regula la ampliación de crédito financiada con la previsión de mayores ingresos sobre los establecidos en el presupuesto inicial del ejercicio. Se atienden con ellos los gastos derivados de pensiones contributivas,
prestaciones por incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de hijo o hija menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, así
como las prestaciones de pago único, siempre que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas, sea obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía esté objetivamente determinada. En el artículo 2 se regula
la posibilidad de incrementar en el importe ya mencionado de 600 millones de euros la transferencia del Estado a la Seguridad Social para apoyar su equilibrio presupuestario. La disposición derogatoria única establece una derogación genérica de
cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto por este real decreto-ley. La disposición final modifica el artículo primero del Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para
la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objeto de adecuar el ámbito subjetivo del programa de apoyo a los términos establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como realizar determinadas mejoras técnicas para establecer el nombre que podrá usarse respecto a la cumbre en su difusión en soportes publicitarios, la concreción del
órgano al que corresponderá la certificación de los gastos realizados, y al que corresponderá la concreción de los programas y actividades específicas a desarrollar. Por cierto, después de mi intervención, tendrán ustedes aquí a la ministra de
Transición Ecológica para hablarles de los aspectos fundamentales del real decreto-ley que regula todo lo relativo a la celebración de la Cumbre del Clima en nuestro país.
En definitiva, señorías, el presupuesto prorrogado para el ejercicio 2018 del Gobierno del Partido Popular no pudo prever las mejoras que durante los años 2018 y 2019 se han llevado a cabo en materia de prestaciones públicas del sistema de
Seguridad Social, especialmente en materia de pensiones, ni tampoco el aumento de ingresos por cotizaciones, derivado entre otros motivos del incremento del empleo y en consecuencia de la afiliación. Yo espero y deseo que cuanto antes podamos
aprobar un presupuesto general del Estado y de la Seguridad Social para el año 2020, y que también cuanto antes se puedan retomar los trabajos que quedaron muy avanzados en la anterior legislatura, tanto en la Comisión de Pacto de Toledo como en la
Mesa de Diálogo Social, para dar tranquilidad y certidumbre sobre el presente y el futuro de nuestro sistema público de Seguridad Social a toda la ciudadanía.
Para concluir, y resumiendo, diré que el real decreto-ley incorpora dos circunstancias que les he comentado anteriormente y equilibra la partida de gastos y la de ingresos, paliando la distancia entre las dos magnitudes que sirvieron de base
para confeccionar el citado presupuesto y el volumen de obligaciones que debe soportar. Por todo ello solicito a la Cámara su convalidación para garantizar el pago de unas pensiones suficientes en tiempo y forma, dando cumplimiento al mandato
recogido en los artículos 41 y 50 del texto constitucional, y toda vez que en el mismo concurren las circunstancias habilitantes que determinan su validez.
Muchas gracias por su atención, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios en esta Diputación Permanente. Por el Grupo Parlamentario Mixto tienen siete minutos ambas comparecientes. La señora Aizpurua Arzallus
interviene en primer lugar.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente.
El Gobierno en funciones solicita que se pueda habilitar crédito suficiente para hacer frente al gasto en prestaciones y pensiones; piden una ampliación del crédito y una ampliación de los fondos para la Seguridad Social. Bien, no seremos
nosotros quienes impidamos que se satisfagan los derechos de la ciudadanía que depende de una prestación o una pensión. Bastante tienen con sobrevivir con las pensiones de miseria que reciben como para tener que soportar también la incompetencia
gubernamental. Pero aclaremos algunas cosas, porque si no parecería que la falta de crédito se debe a una circunstancia meteorológica sin causas ni responsables.
Para empezar señalan ustedes que la principal causa es que los presupuestos prorrogados, los del PP, han visto superadas las previsiones de la Seguridad Social. Cierto, e igual de cierto que son ustedes los únicos responsables de que su
Gobierno no haya conseguido aprobar presupuesto alguno, y que por tanto sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes acaban pagando la incapacidad de acordar. Dicen ustedes que harán una nueva transferencia a la Seguridad Social para evitar así
acabar de vaciar el Fondo de Reserva, la hucha, porque este fondo, la hucha, está vacío, no hay prácticamente recursos. El PP lo vació; sí, estamos de acuerdo. Pero, ¿saben qué cajas llenaron PP y PSOE juntos? Las de los bancos; cajas bien
llenas con 65 000 millones -que se dice pronto- que robaron a la ciudadanía para regalárselos a los bancos. ¿Y saben cuánto han ganado los bancos rescatados desde entonces? Alrededor de 225 000 millones de euros ¿Saben lo que han devuelto? Unos
5000 millones. Y por si fuera poco se oponen a exigir que lo devuelvan, igual que se oponen a crear un impuesto para la banca, porque una vez más que los ricos sigan siendo ricos es más importante que el hecho de que la ciudadanía tenga derecho a
vivir con dignidad. Son 65 000 millones que, en vez de llenar la hucha de las pensiones, llenan las cuentas de resultados de bancos. La conclusión es clara: dinero hay, pero en vez de destinarlo a pensiones y prestaciones ese dinero se ha
regalado a los bancos.
Desde Euskal Herria Bildu nos comprometimos a impulsar la agenda social, la de los derechos sociales y económicos, y por eso hoy volveremos a exigir que se escuche al movimiento de pensionistas y se asuman sus peticiones, que las pensiones
se revaloricen al IPC por ley, que se termine con el factor de sostenibilidad definitivamente y que, en el caso de Euskal Herria, se instauren pensiones mínimas de 1080 euros y se proceda al traspaso inmediato de la competencia de la gestión de la
Seguridad Social. Los pensionistas no piden la luna; simplemente piden vivir con dignidad. Por eso, demandamos al Gobierno que, de una vez por todas, cumpla con estos colectivos y demuestre que quieren avanzar en políticas progresistas que miren
por la mayoría social. Hoy apoyaremos este parche, lo anuncio ya, pero lo repetimos: si se apuesta por construir un Gobierno con políticas valientes que defiendan los derechos y libertades de la ciudadanía, si se apuesta por avanzar en una agenda
democratizadora y solucionar los problemas sociales y políticos que tiene este Estado, nos encontrarán en ese camino. De lo contrario, nos tendrán enfrente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Tiene la palabra la señora Borràs Castanyer.
La señora BORRÀS CASTANYER: Muchas gracias.
Ya hemos visto que este real decreto-ley persigue dos objetivos: ampliar los créditos de la Seguridad Social al objeto de ajustarlos a las prestaciones a las que está haciendo frente en este ejercicio, así como incrementar la transferencia
del Estado a la Seguridad Social para incidir en su equilibrio presupuestario. Y, por otro lado, quiere corregir las prisas con las que se elaboró el real decreto-ley anterior, el 15/2019, en lo que se refiere a la declaración de acontecimiento de
excepcional interés público para la COP25. Ya se ha debatido el tema de los incentivos fiscales otorgados a la organización de la COP25 y aquí se corrige técnicamente la norma para solventar la precipitada redacción que se le dio en el precepto
regulado en este real decreto-ley. Sin embargo, nos parece que el tema relevante de este real decreto-ley es el que formalmente afecta al presupuesto de la Seguridad Social.
Votaremos que sí a su convalidación tanto en lo que se refiere a las ampliaciones de crédito como en lo que se refiere a las mayores transferencias del presupuesto del Estado al de la Seguridad Social. Es esta una norma que formalmente debe
aprobarse, pero que visibiliza cuestiones de una gran relevancia. En primer lugar, los gastos de la Seguridad Social crecen a un ritmo superior al de los ingresos, y no se puede olvidar que detrás de esta realidad están el mantenimiento de las
elevadas tasas de paro, los bajos salarios derivados de una estructura productiva que descansa en exceso en sectores de bajo valor añadido y la propia precariedad laboral. Corregir esta realidad debe ser un objetivo imprescindible para la próxima
legislatura; lo es para Cataluña. Y correspondería al Estado, en segundo lugar, efectuar mayores transferencias a la Seguridad Social para cubrir la totalidad de aquellos gastos que corresponden a prestaciones no contributivas, como, por ejemplo,
todos los complementos de pensiones mínimas, a los que deberían añadirse otros gastos de la Seguridad Social que responden más a decisiones de política presupuestaria, como pueden ser los permisos de maternidad o de paternidad, que a decisiones de
la Seguridad Social vinculadas a las cotizaciones. Por tanto, separar completamente las fuentes de financiación de la Seguridad Social es imprescindible. En tercer lugar, urge revertir la caída de las reservas de la Seguridad Social para pagar las
pensiones. Nos ha dicho ahora la ministra que en vez de ser 3000 euros van a ser casi 3000 euros; se han rebajado 100 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar la paga de diciembre de las pensiones, dejando el fondo en poco
más de 2000 millones de los más de 64 000 que tenía a finales del 2010. La denominada generación del baby boom está a punto de llegar a la jubilación y el Estado no se ha preparado para hacerle frente. Este es otro de los grandes retos que tiene
pendientes esta legislatura, retos que el Estado viene obviando detrás del debate territorial que comporta su cruzada contra el independentismo. En último lugar, el real decreto no incorpora todavía el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones y vamos a reclamarlo en el debate de investidura para que sea aprobado antes de fin de año y pueda estar vigente desde enero de 2020.
Por tanto, convalidaremos el real decreto-ley, pero aprovecho la ocasión para recordar que los grandes retos y debates que tiene ante sí el Estado no pueden camuflarse de una legislatura a otra, de un Gobierno a otro, detrás de las cortinas
de humo de la coyuntura económica, de la ficticia legalidad o de las cruzadas territoriales. Los grandes debates como el de las pensiones, como el del cambio climático, y muy especialmente el reto territorial que presenta Cataluña, requieren ser
planteados seriamente, debatidos en profundidad y votados; sobre todo, votados. Veremos cuál será el recorrido del nuevo Gobierno ante estos desafíos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señora Borràs.
En representación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente simplemente para manifestar que apoyaremos la convalidación del decreto-ley porque pretende abordar una situación que es urgente. El aumento de gastos derivados del incremento de las pensiones, del incremento de
los beneficiarios y de la mejora de la acción protectora por medidas que se han tomado en estos dos últimos años ha llevado en este ejercicio a que al llegar a diciembre no haya suficiente liquidez. Hay que tener en cuenta que eso es debido en
buena parte, como expone el decreto en su parte primera, a que los presupuestos y los ingresos están definidos por los que se acordaron en diciembre de 2017 para el año 2018 y entonces está generando unas tensiones de tesorería que se están viendo
precisamente en el mes de diciembre. Las tres medidas que adopta el Consejo de Ministros, aunque son solo dos por decreto-ley, la ampliación del crédito y el incremento de la transferencia del Estado, la segunda en 600 y pico millones y la primera
modificando la Ley Presupuestaria para que lo devengado se cobre el año siguiente -en fin, que se pueda aplicar-, evidentemente las apoyaremos.
En cuanto a las tensiones del Fondo de Reserva y a disponer de otros tres mil y pico millones, o la cantidad que ha señalado usted, señora ministra, lo que está poniendo de manifiesto es una circunstancia que llevamos arrastrando ya desde
hace varias legislaturas, todos somos conscientes de que hay que abordar la reforma de la Seguridad Social, sus fuentes de financiación, que hay que externalizar ciertos gastos que sean presupuestarios, etcétera. En fin, hay una serie de decisiones
sobre la tasa de sustitución, el salario de sustitución o la pensión de sustitución, su vinculación al IPC, etcétera. Ahí hay muchos asuntos y el Pacto de Toledo tiene que ser la clave porque se va retrasando y retrasando y al final los problemas
van engordando.
Para finalizar, también he de recordar, aunque no es propiamente competencia de este foro, que está pendiente el cumplimiento del Estatuto de Gernika, del estatuto vasco, con respecto a la materia de Seguridad Social. Y quiero recordar
asimismo que en fechas muy recientes el mismo Tribunal Constitucional -no me acuerdo ahora muy bien de la expresión que utiliza- se ha quedado perplejo al comprobar que después de cuarenta años haya cláusulas del Estatuto de Gernika -en concreto la
transitoria quinta, que hace referencia a un convenio para la gestión del régimen económico y luego a la gestión de las entidades gestoras- que siguen pendientes.
Con estas dos cuestiones quisiera cerrar esta intervención, exhortando una vez más a que el Pacto de Toledo se reúna y llegue a acuerdos porque la situación no es que empiece a ser insostenible, es que ya es insostenible, y recordando el
cumplimiento del Estatuto de Gernika en esta materia.
Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señora ministra, nos encontramos aquí con un real decreto-ley que llama la atención, en primer lugar, porque es realmente una mezcolanza bastante poco lógica. Se mezclan dos cuestiones que son totalmente diferentes entre sí, y una de ellas
en concreto es de una importancia sustancial. Esto nos parece una muestra de una pésima técnica legislativa y también de cómo se está conduciendo el Gobierno en funciones del Partido Socialista, que va a matacaballo, con una situación de una falta
de previsión que es efectivamente llamativa.
Al margen de esto, y ya entrando a valorar el real decreto-ley que nos presenta hoy aquí, usted expresa dos o tres motivos: una ley de presupuestos prorrogada que no se adapta a la modificación de la cantidad de beneficiarios de la
Seguridad Social, por un lado y, por otro, más gastos. En primer lugar, ustedes tenían que tener ya previsto el número de beneficiarios de la Seguridad Social. Eso está en los modelos y se puede calcular rectamente y ustedes podrían haberlo
previsto mucho antes que hoy con este real decreto-ley.
En cuanto a los gastos, ese incremento de gastos que nos está usted presentando en gran parte no es más que la factura de esos viernes sociales en los que ustedes han basado su campaña electoral. De nuevo, este incremento de gasto tenían
ustedes que haberlo previsto. Sin embargo, aguantan este real decreto-ley hasta el último momento, hasta el momento en que efectivamente es perentoria su aprobación. ¿Y por qué lo aguantan hasta el último momento? Para evitar debatirlo, exponerlo
y abrirlo en canal para que todos los españoles puedan analizar las cuestiones concretas que aquí se están tratando. Ustedes nos dejan hoy aquí a los pies de los caballos y nos obligan a aprobar o a no hacerlo, pero sí a retratarnos frente a un
real decreto-ley que es fundamental para una parte muy importante de los españoles, que son aquellos que reciben sus percepciones de la Seguridad Social.
La realidad es que este real decreto-ley debería haberse tramitado en sede parlamentaria cuando las Cortes estaban en ejercicio. Debían ustedes haberlo traído para debatirlo, analizarlo y examinar, por un lado, a qué se ha debido ese
sobrecoste; por otro lado, por qué no se ha previsto y se han establecido los métodos para suplir ese sobrecoste, y en último lugar, para que se nos explicite al detalle en qué se ha gastado de más, cómo se va a recaudar y en qué se va a gastar ese
dinero que ustedes vienen a pedir hoy aquí. La realidad es que vienen y además nos justifican la oportunidad de este real decreto-ley basándose en una previsión de mayores ingresos, hablando de un crecimiento de forma significativa -y cito sus
palabras- en el empleo. ¿Y qué va a suceder si se revela, como parece que se está revelando, que nos encontramos ante una nueva bajada del empleo? ¿Qué va a suceder si el año 2019 se inicia con una bajada del empleo? Veo que se encoje de
hombros... De nuevo estamos ante la típica situación del Partido Socialista en la que no hemos empezado a ingresar dinero y ustedes ya están dilapidándolo. Nos encontramos ante la situación de que hoy tenemos que votar aquí el futuro muy próximo
de muchos pensionistas por su falta de previsión y su incapacidad para gestionar una situación que ya deberían haber previsto.
Además, quiero señalar que la realidad es muy irónica. Vienen ustedes aquí a ampliar ese crédito de la Seguridad Social en 600 millones, una cantidad que es muy semejante a esos 680 millones que el Gobierno del Partido Socialista andaluz
hizo desaparecer en Andalucía. Es muy irónico, porque las cantidades son muy parejas, pero eso nos demuestra lo importante que es el dinero público, lo importante que es la gestión pública. Y de nuevo, y quiero volver a decirlo, ustedes no han
cumplido diligentemente
con su deber. Ustedes deberían haber traído este texto varios meses antes para que hubiera sido debatido y analizado por estas Cortes.
Por último, cierro con el hecho de que se cuele en un real decreto-ley una cuestión de tantísima importancia respecto a la Cumbre Mundial del Clima. Señores, esto tendrían que haberlo previsto. Es lamentable que estemos supliendo carencias
de un real decreto con otro real decreto, colocándolas a escondidas en un real decreto detrás de otro. La realidad es que el Grupo Parlamentario VOX se ve obligado a abstenerse con respecto a este real decreto, pero lo cierto es que la técnica y
los métodos legislativos que han empleado para traerlo a esta Cámara merecerían que se votase en contra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Figaredo.
En representación del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, presidente.
La no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 nos ha llevado a mantener prorrogados los del señor Montoro, los del Partido Popular, lo que ha determinado que las partidas previstas en los presupuestos de la Seguridad
Social sean insuficientes para afrontar los incrementos del gasto en pensiones que se ha producido en el año 2019. Por ello, ahora se requiere un ajuste contable que permita afrontar el pago de las prestaciones. De acuerdo con la Ley general
presupuestaria, y una vez descartadas otras opciones por inviables, la única posibilidad que le queda a la Seguridad Social es financiar esta ampliación de créditos con cargo al incremento previsto de ingresos durante este ejercicio económico.
Paralelamente, con vistas a garantizar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, se autoriza en el real decreto-ley que debatimos hoy el incremento en 600 millones de euros de las transferencias que el Estado realiza a la Seguridad
Social. Puesto que estas medidas son necesarias para garantizar el pago de las pensiones si no existen otras opciones para afrontar su pago, nuestra posición va a ser favorable a la convalidación de la norma. No obstante, la medida propuesta es
sintomática de las tensiones financieras que atraviesa la Seguridad Social y de la necesidad de un planteamiento global orientado a incrementar los ingresos de la Seguridad Social.
Ni la Seguridad Social en su conjunto ni su subsistema de pensiones tienen por qué ser financieramente insostenibles debido al envejecimiento de la población y a otros factores. Existe un espacio para la decisión política que permite
introducir las reformas internas y externas al sistema público de pensiones que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera y al mismo tiempo para que se proporcionen pensiones suficientes y adecuadas para las actuales y futuras
generaciones, tal como exigen los principios constitucionales contemplados en los artículos 41 y 50 de nuestra Constitución. Conseguir un equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social y de las pensiones en particular no tiene que pasar
necesariamente por una reducción de las prestaciones del sistema, sino por una racionalización interna del mismo y por la predisposición de otras fuentes externas de financiación. Recientemente hemos comprobado que cambiando las políticas públicas
se puede mejorar la recaudación de la Seguridad Social. El acuerdo presupuestario con nosotras supuso la aprobación de la subida del SMI y el pequeño destope del 7 % de las bases máximas de cotización. Esto ha favorecido no solo el incremento de
los salarios, sino también el de las cotizaciones, lo que ha redundado en un aumento de la recaudación.
Nuestro grupo considera imprescindible adoptar nuevas medidas, además de las ya aprobadas, para seguir incrementando los ingresos de la Seguridad Social. Así, deberíamos suprimir el tope máximo de cotización, lo que aportaría al sistema
7000 millones de euros, suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, que no sirven para fomentar la creación de empleo y que para lo único que sirven es para abaratar los costes de las contrataciones que
las empresas iban a hacer igualmente y que suponen una fuerte pérdida de ingresos, a nuestro juicio injustificada, para la Seguridad Social; luchar contra el fraude a la Seguridad Social potenciando la actividad de Inspección de Trabajo mediante la
organización de campañas en aquellos sectores en los que se ha detectado mayor fraude, lo que se estima que aportaría al sistema unos 6000 millones de euros; asumir por parte del Estado los gastos de gestión administrativa de la Seguridad Social,
4000 millones de euros, y financiar el sistema público de Seguridad Social vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y
suficientes. Debemos recordar que las pensiones públicas constituyen un derecho de los ciudadanos y ciudadanas y el Estado debe proveer los recursos necesarios para hacerlo efectivo. Además, la presión fiscal en España
es sensiblemente inferior, como saben, a la media de la eurozona, por lo que hay un amplio margen para avanzar por este camino. La mayoría de los países de nuestro entorno financian las pensiones también con impuestos en mayor o menor
medida, lo que sin duda avala esta posibilidad. Un aumento de la presión fiscal de 1 o 2 puntos durante entre cinco y diez años permitiría recaudar del orden de 12 500 millones de euros. En definitiva, si bien para atender la necesidad urgente de
hacer frente al pago de las pensiones en este ejercicio es necesaria la adopción de las medidas contempladas en el presente real decreto, que apoyaremos, no podemos perder de vista la necesidad de afrontar los grandes retos que el mantenimiento del
sistema público de pensiones exige.
Finalmente, quiero mencionar que no mostramos tampoco objeción a la modificación del artículo 1 del Real Decreto 15/2019, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre/contra el Cambio
Climático.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, ministra. Buenos días, señorías.
Más allá del apoyo al real decreto -como no puede ser de manera, lo apoyaremos-, vivimos una situación extraordinaria en la que no tenemos Presupuestos Generales del Estado y es verdad que tenemos que aumentar esos créditos y esas
transferencias para poder pagar el incremento del número de pensionistas, el incremento de las pensiones medias -lo cual es una buena noticia- y también el incremento del gasto debido a las últimas modificaciones y mejoras en materia de protección
social. Pero siendo esta mi última intervención ante esta Cámara, porque me voy ya, y teniendo en cuenta el intenso debate que hemos tenido durante estos últimos cuatro años en el marco del Pacto de Toledo, me gustaría irme hoy haciendo una pequeña
reflexión/petición y se la hago mirándola a los ojos: hagan las reformas en el sistema de Seguridad Social que son necesarias. Usted sabe cuáles son necesarias, usted estaba en el Partido Socialista en el año 2011 y usted tiene un secretario de
Estado de la Seguridad Social -creo que lo tengo por aquí detrás- que estaba también en el año 2011. Ustedes tomaron decisiones muy complicadas en el año 2011 que han ayudado a ese transatlántico del que ustedes hablan en el que hay que tomar las
medidas de forma muy anticipada para que tengamos pensiones más allá del año 2050. Lo que estamos viendo, no solo en este real decreto, sino durante todo el tiempo que ustedes llevan en el Gobierno, no dejan de ser parches y tiritas al sistema.
Ustedes criticaron durante mucho tiempo en el marco del Pacto de Toledo que el Partido Popular no hacía nada, que lo único que hacía era tirar de la hucha de las pensiones y que lo único que hacía era pedir créditos al Estado a través de los
Presupuestos Generales del Estado, pero lo que ustedes han hecho es básicamente lo mismo. Bueno, han subido las cotizaciones un 7 % y han tomado alguna medida más, pero realmente seguimos teniendo el mismo déficit. No se han tomado medidas
potentes para acabar con el déficit a corto plazo y tampoco se han llevado a cabo las reformas paramétricas que son necesarias para que ese transatlántico sea capaz de acabar con la dicotomía de suficiencia versus sostenibilidad que llevamos mucho
tiempo debatiendo.
Ustedes han puesto parches y han despistado a la gente. En campaña han hablado de blindar las pensiones en la Constitución; esa es su gran medida. Las pensiones están blindadas en la Constitución. Igual que la reforma del artículo 135 en
su momento fue una reforma para traer tranquilidad a los mercados, todos sabemos que las pensiones se van a pagar. Lo que tenemos que asegurar es que dichas pensiones se puedan pagar en cuantía suficiente y la mejor forma de blindar las pensiones
es tener dinero para pagar esas pensiones, tener un sistema saneado. La verdad es que tanto con la reforma del año 2011, una reforma valiente y complicada de sacar adelante, como con la reforma del Partido Popular del año 2013 todos los organismos
tanto públicos como privados nos dijeron que el giro del barco era el correcto y que de aquí al año 2050 seríamos capaces de tener un sistema sostenible en el tiempo. La reforma del año 2013 del Partido Popular está básicamente tumbada de facto y
todos estamos de acuerdo, porque no podemos hacer recaer sobre los actuales pensionistas el coste del recorte del gasto en materia de pensiones. Todos estamos de acuerdo en que no se pueden recortar un 20 % las pensiones a los pensionistas
actuales. Pero tampoco podemos hacer recaer el coste de las pensiones sobre los actuales trabajadores, sobre la actual generación, que es lo que dicen ustedes: no se preocupen, lo pagaremos todo con impuestos, lo pagaremos todo con transferencias
de los Presupuestos Generales del Estado. Eso significa precisamente romper la equidad intergeneracional en la que se basa el sistema, porque los
trabajadores de hoy ya están pagando el sistema de pensiones a través de las cotizaciones; no les podemos hacer que lo paguen también a través de impuestos. Por lo tanto, si hay que hacer ajustes, tienen que recaer sobre todas las capas de
la población, como se hizo en el momento de la crisis. En el momento de la gran crisis económica de los años 2007 y 2008 se bajó el sueldo a los funcionarios, se hizo una reforma laboral que devaluó los salarios y ustedes tuvieron que congelar las
pensiones a los pensionistas. Si tenemos que hacer ajustes, tienen que ser ajustes a largo plazo y tienen que recaer sobre todas las capas de la sociedad y no solo sobre los actuales trabajadores.
Yo les animo a retomar el Pacto de Toledo. Estoy seguro de que ahí está la solución, pero lo van a tener complicado teniendo en cuenta a quiénes tenemos detrás y a los que tienen ustedes a su lado. Podemos -usted lo sabe, y ahí tiene a su
representante en el Pacto de Toledo- fue el partido que en el momento en el que se supo que había una convocatoria de elecciones bajó a romper y a dinamitar el Pacto de Toledo. Estamos viendo cuáles son sus recetas, lo está viendo. Como apliquen
las recetas que tienen sus socios de al lado no queda una empresa en este país, y veremos quién paga las cotizaciones. Ojalá consigan sacar adelante el Pacto de Toledo; nosotros estaremos ahí también con nuestros compañeros. Si no consiguen sacar
adelante el Pacto de Toledo, porque va a estar complicado, háganlo, sean valientes. En el año 2011 lo hicieron. Tomen las decisiones que tienen que tomar. Tenemos el mejor sistema de Seguridad Social del mundo, un sistema de Seguridad Social con
cien años de historia. En el año 1919 se creó el primer seguro contra la vejez. Tenemos cien años de historia. Hagamos que el sistema cumpla otros cien años más, que se jubile su generación y la mía -yo, si Dios quiere, me jubilaré entorno al
2050, que es el problema que tenemos, el largo plazo- y que también se puedan jubilar nuestros hijos. Esa es mi reflexión. Les animo a que lo consigan.
Para terminar, quisiera dar las gracias a todos mis compañeros de Ciudadanos por la confianza que han depositado en mí durante todo este tiempo, a la Presidencia de la Cámara, no solo a la actual, también a la de la etapa anterior, que se
han portado muy bien conmigo, a los compañeros de las diferentes Comisiones, en las que hemos tenido unos debates muy constructivos, y a todo el personal del Congreso: ujieres, policías, etcétera, que creo que hacen una labor excepcional. Espero
que esto sea un hasta luego y no un adiós definitivo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Del Campo.
En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Garcés Sanagustín.
El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias, señora ministra, y, por seguir un poco la línea protocolaria, gracias a aquellos diputados que van a salir del Congreso y que han hecho un buen trabajo,
aunque no pertenezcan al Grupo Parlamentario Popular, muchísimas gracias por sus palabras. Estamos seguros de que podremos seguir colaborando de cara al futuro.
Señora ministra, le doy la bienvenida a esta Cámara, que es la suya, evidentemente, pero no sé si darle también la despedida, porque en paralelo y en alguna sala de este hemiciclo se está produciendo un despiece institucional que va a ser la
forja del nuevo Gobierno. Están ustedes construyendo la base de la estructura del nuevo desgobierno o, mejor dicho, la estructura de la nueva Administración. Hemos conocido que en esa estructura va a haber una fragmentación y una separación
orgánica entre la parte de empleo y la parte de Seguridad Social. Yo a usted le deseo lo mejor, señora Valerio, como se lo deseo a cualquier parlamentario de esta Cámara, pero creo sinceramente que romper la unidad orgánica que ha caracterizado a
lo largo de cuarenta años la unidad de acción entre lo que es el área de la política pública de empleo y las políticas públicas de la Seguridad Social es un error grave que se descubrirá y se pagará. De todos modos, estamos hablando de una
hipótesis y tendremos tiempo de ver si se consolida una fragmentación que, como digo, sería disfuncional.
En segundo lugar, hoy me considero también un diputado suplente, porque no está quien tendría que estar hablando aquí hoy, está en Caracas. Si me permiten, hoy dedicaré unas palabras a Iñaki Echániz, a Belén Hoyo y a Valentina Martínez, que
hoy están defendiendo las libertades en Caracas, en Venezuela, defendiendo los derechos fundamentales y las libertades públicas. (Aplausos). Es importante decirlo porque pocos partidos en esta Cámara han tenido el atrevimiento de ir a Caracas en
defensa absoluta, a ultranza y con coraje, de la libertad y los derechos civiles de los ciudadanos de Venezuela.
Señora ministra, vamos a votar que sí; evidentemente, no tenemos ninguna otra opción. Se lo digo claramente. Lo que están haciendo ustedes es un instrumento jurídico de articulación de un crédito
ampliable, basado en la aplicación lógica de la Ley General Presupuestaria, para atender las insuficiencias del sistema, como se ha hecho a lo largo de los últimos años: 3600 millones con cargo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y
600 millones atendidos directamente con transferencia contra el presupuesto del propio Estado. Lamentablemente, hace años que se rompió la diferenciación del sistema de fuentes, un sistema que se había blindado y que había sido garantía, además,
del desarrollo de la financiación tanto por parte de los ingresos finalistas que iban directamente destinados a la financiación general del Estado como la parte afectada por las cotizaciones sociales al sistema de la Seguridad Social. Hoy, el
Defensor del Pueblo decía que políticamente España está una fase de colapso. La Seguridad Social también está en una situación de colapso, señora ministra, y lo está por la crisis demográfica. Bienvenido a las soluciones demográficas, Partido
Socialista Obrero Español, que siempre había considerado que la natalidad era una especie de valor religioso, cristiano o, incluso, un valor moral. No, la natalidad es un problema en este país. Bienvenidos a los problemas de la pirámide
poblacional. Pero, sobre todo, ministra, nos ha faltado hacer políticas reformistas a lo largo de estos últimos dieciocho meses. Le tengo que reconocer que no han existido las mejores condiciones ambientales e institucionales, señora ministra,
pero han faltado. Cuando propusimos en agosto de este año en la Comisión de seguimiento que se convocara urgentemente el Pacto de Toledo, lamentablemente ustedes no nos hicieron caso. La situación es de colapso. No queremos ser alarmistas,
evidentemente las pensiones no están ahora mismo en cuestión, pero ante un estado de desaceleración económica pujante, como la que usted sabe que viene, ante pérdidas de empleo como las que se están produciendo ahora mismo, todos los sistemas de
abastecimiento financiero del sistema de la Seguridad Social se están viendo seriamente dañados.
Hay tres pilares, señora ministra, que consolidan el sistema de la Seguridad Social. Son, por una parte -y estará de acuerdo- el empleo; en segundo lugar, los recursos financieros, y en tercer lugar, la estabilidad financiera derivada del
equilibrio financiero que tiene que tener el sistema.
En materia de empleo no voy a repetir la doctrina Ábalos, porque se ha repetido insistentemente en esta sala y la verdad es que, al final, probablemente conduciría ya a la desidia y a la indolencia, pero estamos ante una muy mala situación,
señora ministra. Es verdad que hay algunos datos e indicadores que todavía corroboran que hay un crecimiento en algunas áreas de empleo, pero usted sabe perfectamente que en el mes de octubre se perdieron 98 000 empleos; esos empleos que decía el
señor Ábalos que no pasaba nada que se perdieran porque, evidentemente, era una manifestación y un indicador de que había confianza para buscar empleo. Desde luego, era una afirmación muy oprobiosa para todas esas personas y esas familias que se
están quedando ahora mismo sin trabajo.
Usted sabe perfectamente como yo, ya que ha trabajado por la igualdad durante muchos años, que desde hace doce meses 6000 mujeres han perdido el empleo en este país, 26 000 jóvenes han perdido el empleo en este país. Sabe perfectamente,
señora ministra, que cuando gobierna el Partido Socialista -y pasó en la etapa de Rodríguez Zapatero- de cada tres empleos que se pierden, dos corresponden a mujeres. No es una buena política de igualdad aquella que barre, y además en condiciones
muy vulnerables, el empleo femenino en este país.
Es más, ustedes apuestan para acabar con la despoblación, pero hay 47 000 personas paradas más en el régimen general agrario. Además, ustedes apostaban por la contratación indefinida, pero quiero recordarles que en octubre del año pasado la
contratación indefinida en este país crecía en un 19,5 % y ahora está decreciendo en 1,7 %. Por lo tanto, ese primer pilar, señora ministra, se está deteriorando; se está deteriorando y no se ha tomado ninguna medida.
En segundo lugar, están los recursos del sistema, lo que se ha llamado -y usted ha dicho bien- la hucha de las pensiones. Mire qué paradoja: en el año 2000 quien le está hablando redactó la primera Ley de Estabilidad Presupuestaria; yo
blindé jurídicamente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y en el año 2003 tuve que hacer el anteproyecto de ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Ustedes votaron en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ustedes
impugnaron en algunas comunidades autónomas la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ustedes, diez años después, con la fe del converso, apostaron constitucionalmente por blindar la estabilidad presupuestaria en la Constitución española. Todavía no
sé si ustedes apoyan o no la estabilidad presupuestaria y la estabilidad financiera. Son cíclicos, cada diez años van cambiando de opinión, y creo que han vuelto a cambiar de opinión, aunque lo han hecho tácitamente, no lo han hecho explícitamente.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social nace con el objetivo de servir puntualmente a las necesidades del sistema, pero no se puede convertir en una solución estructural, y usted lo sabe, señora ministra. Evidentemente, tenemos que
recurrir a fondos del Estado, porque el fondo ya es insuficiente.
Ustedes llegaron a decir que habían batido el récord -y es verdad- cuando se llenó la hucha de las pensiones en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; como también es verdad que en los años 2010 y 2011 no recurrieron a la aplicación
del remanente de tesorería para que nutriera de fondos el Fondo de Reserva la Seguridad Social, sino que aplicaron directamente el remanente para, a través de un procedimiento menos transparente y nítido, poder pagar las prestaciones del sistema.
Esa es la realidad, señora ministra.
Y el tercer pilar -y voy acabando- es la estabilidad financiera o el equilibrio financiero. Mire, el 70 % del desequilibrio financiero neto del sistema de la Seguridad Social se corresponde directamente con la destrucción masiva de empleo
que hubo en la etapa del señor Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, le digo que tenemos empleo, que tenemos recursos y que tenemos estabilidad presupuestaria. Y fíjese qué paradoja: e, de empleo, ere, de recursos, y e, de estabilidad; ERE, señora
ministra, ERE.
Le voy a poner el ejemplo de ese consejero de Empleo de la Junta de Andalucía que estuvo cotizando desde que nació. Y lo decía bien en este caso -y por una vez voy a hacer caso de lo que dice VOX, solo por una vez y sin que sirva de
precedente-, porque es verdad que hay una especie de similitud y de equivalencia entre los 680 millones, que efectivamente fueron distraídos fraudulenta y dolosamente de la Hacienda pública andaluza, y los 600 millones de la transferencia del
Estado. Es una mera cábala, señora ministra, es una coincidencia, pero simplemente permítame que lo podamos utilizar en sede parlamentaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe ir terminando, por favor.
El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Voy acabando.
Mire, yo ignoro si dentro de unos años ustedes responderán con arreglo a la fórmula que utilizó el secretario de Estado de la Seguridad Social 'destruimos tres millones de empleo y no nos comportamos adecuadamente' -eso dijo el secretario de
Estado de la Seguridad Social-, o utilizaremos la fórmula que usted utilizó de 'nos han metido un gol por la escuadra'. No me gustaría ser funcionario de su ministerio, señora ministra. Yo soy funcionario, pero le aseguro que me gustaría que mi
ministro me protegiera. Los problemas de un ministerio son directamente del ministro, y cuando hay descoordinación el problema corresponde al ministro.
Acabo. Hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo y que dijo el 12 de agosto de este año. A propósito del silencio del señor Sánchez, que sigue callando sobre multitud de cosas, usted dijo lo siguiente...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Garcés, debe terminar inmediatamente, por favor.
El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Acabo. Veinte segundos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Lleva ya bastante tiempo consumido.
El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Gracias, señor presidente.
Dijo la siguiente frase: El señor Sánchez es un ser humano y tiene derecho a unos mínimos días de vacaciones. Mire, el Grupo Parlamentario Popular le acepta las dos frases: el señor Sánchez es un ser humano -muy especial- y desde luego sí
que necesita vacaciones, pero permanentes.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Perea i Conillas.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.
Yo creo que aquí ha habido muestras solidarias por parte de todos los grupos con Venezuela, y ya que estamos aquí, que estamos en España, que estamos en Madrid, le recomendaría al portavoz del Partido Popular que le recomendase al alcalde de
Madrid que acoja a los venezolanos que están en la calle desasistidos, asistidos por el Samur (Aplausos.-El señor Garcés Sanagustín: No están así; sois vosotros), a los que les han dado la espalda y no esperan nada de ustedes. Por respeto, no se
llenen la boca con Venezuela. (El señor Garcés Sanagustín: No habléis de Venezuela; no tenéis derecho a hablar de Venezuela).
Este Grupo Socialista dará apoyo a la aprobación del Real Decreto-ley 16/2019 por coherencia y por estar ajustado a derecho y por subrayarse -y creo que la ministra lo ha hecho de una forma tenaz-
la evidente y urgente necesidad, y centraré el tema -y me sabe mal decirlo- desde la humildad. Creo que hay un gran desconocimiento no solo del sistema de Seguridad Social, sino del propio real decreto que hoy traemos para su aprobación.
El real decreto que hoy traemos para su aprobación es un decreto que viene a decir: Señores, tenemos unos presupuestos prorrogados de 2018 que tenían una previsión de ingresos -lo ha dicho el compañero de Podemos- y nos hemos encontrado con que ha
habido un incremento del gasto, no solo porque hayamos tenido un incremento de la pensión media sino porque se han hecho políticas sociales activas en beneficio de la ciudadanía que afectan directamente a miles de personas. Por ello, necesitamos un
instrumento que nos permita paliar ese déficit. ¿Qué instrumento es? No tiramos solo del Fondo de Reserva -ha dicho la ministra que no llegamos al límite-, sino que además lo hacemos de forma diferente a ustedes, señores del Partido Popular.
Resulta que gracias al incremento de las políticas que se han hecho en estos quince meses, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, hoy tenemos en el sistema mayores ingresos -y aunque haya formaciones que no se lo crean hay un
informe del director general que lo sostiene- que nos permiten hacer frente a estos gastos. ¿De dónde vienen estos mayores ingresos? De un crecimiento económico que ha mejorado, por ejemplo, la gestión en cuanto a efectos de la deuda. ¿En qué
más? En el empleo, con el incremento del salario mínimo interprofesional, el acuerdo de la mejora del salario para trabajadores por cuenta ajena, la mejora del acuerdo con Función pública para que los trabajadores públicos tengan un incremento de
un 2,25 % para 2019, y cómo no, del de las cuidadoras no profesionales, las cuales se han podido adherir a un convenio que les va a permitir tener ingresos y pensiones más dignas. Eso ha hecho el Partido Socialista con el apoyo de otros grupos de
la Cámara. De ahí vienen los ingresos y los gastos a los que evidentemente se ha de hacer frente. Y hablamos de una mejora en la gestión presupuestaria. Señores del Partido Popular, ustedes aprobaron un presupuesto en 2018 en el que no habían
dotado ni la subida del 1,6 % de las pensiones, porque no estaba en el presupuesto, ni la subida de las pensiones de viudedad, que tampoco estaba dotada. A eso se ha tenido que hacer frente a lo largo del año 2018 y también en 2019.
Por tanto, yo pediría prudencia y humildad -que yo también me lo aplico a mí misma-, pero los datos son los que son. Yo no puedo admitir lo que dicen determinadas formaciones, a las que no quiero nombrar porque creo que no merecen ser
nombradas en este acto, más que nada porque desconocen totalmente de qué estamos hablando. Que digan que estamos ampliando un crédito financiero al banco y que digan que hay un sobrecoste, supone que no se han mirado nada, y eso es una desfachatez
y una falta de honradez en esta sede parlamentaria, y lo digo así de claro. Si venimos a una Diputación Permanente venimos aprendidos, estudiados, y si algo no se entiende se pregunta, con lo cual, me voy a limitar a esto.
Evidentemente, hablar del sistema público de pensiones da mucha cancha para hacer demagogia, y yo no voy a entrar en esa demagogia. Pero sí les voy a decir que, en primer lugar, el presidente del Gobierno se comprometió a abonar el
incremento del IPC de las pensiones para 2020, de la misma forma que lo hizo para 2019, y que ese compromiso, en cuanto sea presidente, lo llevará a cabo.
En segundo lugar, hablemos del Pacto de Toledo. Han hecho propuestas que están en el Pacto de Toledo, que las hemos debatido durante tres años. Aprovecho en este punto para darle un cálido abrazo a Sergio del Campo, que ha contribuido,
pero tendré que afearle una cosa: señor Del Campo, señores de Ciudadanos y señores del PP, se descolgó Podemos en el acuerdo del Pacto de Toledo a última hora y ustedes tardaron treinta segundos, igual que el Partido Popular. Dicho esto, seré
propositiva. Espero que usted vuelva, señor Del Campo, porque al final teníamos muy claro qué medidas teníamos que adoptar, por un lado, las pensiones dignas -y el IPC era básico- y, por otro lado, medidas relacionadas con los ingresos.
En cualquier caso, estamos aquí porque utilizamos un mecanismo, la ampliación de crédito -lo decía el portavoz del Partido Popular-, que es un mecanismo presupuestario. Y lo que proponemos en vez de tirar de un préstamo bancario o tirar
solo del Fondo de Reserva, ya que hemos tenido una mejora en nuestros ingresos porque lo demostramos con el informe de la dirección general y hay que aplicarlo ahora porque se acaba el año, es este real decreto para poder ajustarlo y pagarlo este
año. Para ello hay que darle la máxima tranquilidad a la ciudadanía. Cuando se habla de que está en colapso, de que hemos hecho parches..., demuestran falta de conocimiento del sistema, de cómo se ha ejecutado la Seguridad Social -y tengo aquí
tanto al secretario de Estado como al director general de Tesorería-, de cómo se ha gestionado el sistema, a pesar de las duras condiciones. Los ingresos son una realidad, por tanto aprovechemos que tenemos una mejora del empleo y una mejora de las
prestaciones: la subida del
salario mínimo, la mejora de los convenios de cotización, el subsidio para mayores de cincuenta años... Cuando hablamos de subida de salarios, de subida del salario mínimo, de convenios de cuidadores no profesionales, del subsidio de
mayores de cincuenta y dos años, ¿de qué estamos hablando? De que la gente tenga un ingreso y que además se continúe cotizando.
Voy acabando, presidente. Es decir, estamos hablando de mejorar la acción protectora ahora y de futuro, y para eso se requieren unos ingresos. Este real decreto no es un salto al vacío, como algunos han querido hacer ver; este real
decreto se basa y es coherente con el Presupuesto General del Estado que presentamos para 2019. Aquí tengo que decir que no es una situación normal -lo ha dicho la ministra-, estamos con un Gobierno funciones y con un presupuesto prorrogado, con lo
cual no hay ese margen de maniobra. Este decreto -evidentemente ajustado a derecho y coherente- nos permite esta posibilidad y, por tanto, lo que tienen que hacer es dar su apoyo. Les agradecería a los grupos que lo hicieran, a pesar de las
críticas. Les invito a que vuelvan al Pacto de Toledo porque la Comisión del Pacto de Toledo ha sido el instrumento más válido que hemos tenido para consensuar desde posiciones muy diferentes; es lo que nos ha permitido construir nuestro país, lo
que nos ha permitido hacer frente a una crisis muy dura con pensiones dignas. Ese es el camino por el que tenemos que transitar y ese es el camino por el que quiere transitar el Partido Socialista.
Acabo con una cosa. Señores del PP, o de Ciudadanos -no recuerdo bien-, nunca ha habido tantas mujeres cotizando en la Seguridad Social como ahora. Cuando quieran, se lo explico. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señora Perea.
- REAL DECRETO-LEY 15/2019, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA LA ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA DE LA XXV CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 130/000005).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al 4.º punto del orden día: convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la
XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra para la Transición Ecológica en funciones.
La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN FUNCIONES (Ribera Rodríguez): Presidente, señorías, muchas gracias por esta oportunidad para defender un decreto-ley instrumental pero fundamental para poder dar respuesta, en el escaso
margen de tiempo que teníamos, a una situación insólita en el contexto del multilateralismo: la dificultad de un país amigo, de un país hermano para poder abordar el conjunto de la responsabilidad asumida con la celebración de la Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su capital, en Santiago de Chile. Intentaré en esta exposición, que tiene por finalidad pedirles la convalidación del real decreto-ley publicado con motivo de la
próxima celebración en Madrid de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, explicarles las razones de extraordinaria y urgente necesidad que nos
llevaron a dictar estas normas, la importancia que tiene para nuestro país acoger esta conferencia y el hecho de que se trate de un ejercicio de responsabilidad solidaria entre Estados comprometidos con el multilateralismo activo que necesitamos
para abordar los grandes desafíos globales.
El ofrecimiento de España, consensuado con la República de Chile, compartido por la sociedad, para acoger esta importante y decisiva cita internacional, posteriormente aceptado por la Mesa de Gobierno de la Convención Marco de Naciones
Unidas, supone celebrar la cumbre en las fechas inicialmente previstas sin poner en riesgo la normalidad en estas reuniones y, de este modo, no perder un tiempo valioso en el desarrollo y adopción de las actuaciones necesarias dentro del marco
político y jurídico internacional frente a la emergencia climática, y cumplir con los requerimientos de Naciones Unidas y con la regla tradicionalmente respetada de que en cada año haya una región, dentro de las regiones de Naciones Unidas, que
asuma el liderazgo, la tutela política de un proceso complejo en el que todos estamos comprometidos.
Desde la entrada en vigor de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en marzo del año 1994, los Estados vienen trabajando de forma coordinada, intentando hacer cada vez más
eficaces, transversales y profundos los esfuerzos para responder a este gran desafío. La conferencia se reúne de forma periódica una vez al año para establecer nuevas metas, desarrollar los procesos de trabajo en común, evaluar los efectos,
la consecución de los objetivos y entender dónde hay que reforzar la actuación. La próxima Conferencia de las Partes, programada para los días que van desde el 2 al 13 de diciembre, estaba previsto que se celebrara en Santiago de Chile, pero, dada
la terrible y difícil situación de este país, con quien ya hemos hecho pública nuestra solidaridad, y tras la renuncia por parte del presidente Piñera a actuar como anfitrión de la conferencia el pasado 30 de octubre, la secretaria ejecutiva de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, anunció formalmente que Chile no albergaría la conferencia y se estaban explorando opciones alternativas para las que había difícil respuesta en tan escaso margen de tiempo.
Después del paso dado en la lucha contra el cambio climático que supuso el Acuerdo de París, conferencia celebrada en diciembre de 2015, donde se reflejaron objetivos máximos de riesgo, de consecución de reducción de emisiones, no podíamos
permitir la ausencia de una respuesta multilateral eficaz en este ámbito. Por tanto, la Conferencia de las Partes debe servir para que los negociadores de los distintos países participantes en la convención cierren el reglamento de desarrollo del
Acuerdo de París, trabajen en su plena aplicación y difundan, extiendan, la actuación en materia de clima entre todos los actores -más allá de los representantes de los Gobiernos nacionales-. Es una conferencia que tiene un carácter estratégico
para la comunidad internacional y debe servir para facilitar el proceso de revisión al alza de los compromisos por parte de los países a partir del año 2020, es decir, apenas quince días después del cierre de la conferencia prevista para el año
2019, con la finalidad de lograr la neutralidad climática y nuevos compromisos nacionales en línea con lo que Naciones Unidas viene recordándonos y con lo que nos hemos comprometido frente a la dificultad que ponen de manifiesto año tras año los
estudios que señalan cómo el diferencial, en lugar de acortarse, sigue incrementándose. Por tanto, el aplazamiento y suspensión de la conferencia hubiera provocado importantes efectos negativos sobre la normalidad, sobre el desarrollo de las
acciones a desplegar por parte de la comunidad internacional con una frustración inmensa expresada en las calles, donde nuestros ciudadanos exigen más deprisa un mayor compromiso y una respuesta más eficaz ante la emergencia climática.
Atendiendo a la necesidad de contar con un país que se ofreciese como sede de la conferencia y desarrollase todas las respuestas para poder abordar la logística de una cita tan importante, tras la renuncia de Chile y en sintonía con el
compromiso cada vez mayor del conjunto de la sociedad española al respecto y la urgencia de actuar, España asumió la posibilidad de ofrecer a la presidencia chilena el que se aceptara un cambio de sede, de tal modo que la conferencia en lugar de
celebrarse en Santiago pudiera celebrarse en la ciudad de Madrid. A pesar del trabajo avanzado por las autoridades chilenas, la organización en Madrid exigía un esfuerzo muy notable por parte de distintos departamentos ministeriales, con unas
capacidades logísticas que tenían que ser plenamente aseguradas en un plazo de tiempo enormemente exigente. Por tanto, un complejo operativo de organización por parte del Reino de España, que nos exigía a todos dar lo mejor de nosotros mismos.
Dada la inminencia de su celebración, se hacía necesario adoptar de manera inmediata las medidas que nos permitieran que dicho operativo se desplegara con normalidad, con todas las garantías, de manera ágil, efectiva, transparente y cumpliendo
nuestra normativa. Por ello, se han adoptado distintas disposiciones, reales decretos sujetos a esta convalidación: el Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, modificado en su artículo 1 por la disposición final primera del Real Decreto-ley
16/2019, de 18 de noviembre, así como el Real Decreto 639/2019, de 8 de noviembre, por el que se crea el comité organizador de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Comienzo con el análisis de las medidas contenidas en estas normas, refiriéndome, en primer lugar, a las relativas a la participación del sector privado en la conferencia y vinculadas a participación los incentivos fiscales contemplados para
promover la misma. El Gobierno entiende que para asegurar la eficiencia, la organización y celebración de la cumbre es esencial fomentar la participación del sector privado, activando por ello el mecanismo previsto de incentivos fiscales al
mecenazgo. El artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo regula para supuestos de este tipo los llamados programas de apoyo a acontecimientos
de excepcional interés público. Mediante estos programas, que deben ser establecidos mediante norma con rango de ley, es posible establecer un conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones de mecenazgo que se realicen
para asegurar el adecuado desarrollo de aquellos acontecimientos que la propia ley identifique en cada caso como de excepcional interés público.
Con la finalidad de hacer aplicable al presente supuesto dicho régimen especial de incentivos fiscales al mecenazgo, el artículo 1 de este real decreto-ley declara el programa 'Vigésima quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, décimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes en Calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto y la segunda sesión de la Conferencia de las Partes como Reunión de
las Partes del Acuerdo de París y quincuagésimo primera reunión de los Órganos Subsidiarios de la Convención, tanto del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico como del Órgano Subsidiario de Implementación' como acontecimiento
de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Asimismo, el artículo 1 de este real decreto-ley que traigo hoy a convalidación establece la duración del programa de apoyo al
acontecimiento, que abarcará desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020 para poder asegurar que puedan remitirse al órgano competente el desarrollo y concreción de las actuaciones a realizar, declarando que los beneficios fiscales
del programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y remitiendo a la citada ley lo que atañe a la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa.
La disposición final primera del Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, que modifica este artículo que acabo de explicar, establece que el nombre del acontecimiento para su difusión en los soportes publicitarios será COP25,
Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático 2019, XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Asimismo, la norma contempla como órgano competente para la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y
planes del programa a la comisión técnica del comité organizador de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Como es razonable suponer, la celebración de la cumbre en las fechas previstas exige la realización de múltiples actuaciones por parte de diversos órganos de la Administración General del Estado. Algunas de ellas no pueden ser atendidas con
los recursos propios previamente establecidos en el presupuesto y, por tanto, requieren ser desempeñadas por terceros a través de la celebración de contratos públicos. La preparación de este acontecimiento en el plazo disponible obliga a arbitrar
medidas urgentes en materia de contratación.
En estas circunstancias, la aplicación del procedimiento de urgencia previsto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen diversas directivas al ordenamiento jurídico
español, no resulta suficiente para garantizar que los contratos necesarios puedan ser celebrados en el escaso margen de tiempo disponible, apenas un mes. Este precepto permite agilizar los procedimientos de contratación a través de la reducción de
algunos de los plazos previstos para los supuestos ordinarios, pero la duración total de los procedimientos resultantes seguiría siendo excesiva para hacer frente a la situación a la que responde este real decreto-ley.
Por todo ello, y con carácter puntual, transparente y específico, y atendiendo a la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos a la que responde este real decreto-ley, el primer apartado del artículo 2 que se somete en esta
sesión a convalidación procede a declarar la celebración de la citada conferencia como circunstancia que justifica la aplicación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a los contratos
necesarios para la preparación y celebración de la cumbre. De este precepto se despliegan, igualmente, otros efectos que tienen que ver con aquellos contratos que hubieran de celebrarse para atender a las necesidades derivadas de la organización de
la citada conferencia cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto-ley, es decir, salvar la semana escasa que tardamos en preparar para la remisión al Consejo de Ministros y posterior remisión a esta
Cámara de la norma que traigo hoy a convalidación.
Por otra parte, con la intención de conseguir un mayor control de los fondos destinados a la organización de la conferencia sobre cambio climático se establece una unidad en la gestión de carácter obligatoria, a través del sistema de pagos a
justificar. Esta figura en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tiene carácter potestativo. Consideramos que es fundamental y conveniente que se active con ocasión de este acontecimiento. Con ello se prevé lograr una mayor agilidad en la gestión,
especialmente importante dados los cortos plazos establecidos, dotándola del mayor control ya que toda la gestión debe quedar reflejada en las cuentas que se tienen que rendir con motivo de la justificación de los libramientos. Todo ello sin
perjuicio de que el sistema se complete mediante la adopción de normas de rango inferior y de los actos administrativos necesarios para cumplir con todas las tareas que se nos han encomendado: creación de cajas pagadoras, aperturas de cuentas
corrientes y obligatoria rendición de cuentas.
El artículo 3 de este real decreto-ley designa al secretario de Estado de Medioambiente como órgano competente para la contratación, para aprobar y disponer los gastos necesarios, contractuales o no, y para reconocer las correspondientes
obligaciones con la finalidad de garantizar que las gestiones se realizan de manera ordenada y eficiente bajo la autoridad de un único órgano administrativo. Por lo demás, para la preparación y celebración de esta conferencia resulta preciso que la
Administración General del Estado pueda disponer de manera inmediata de medios personales y económicos suficientes para abordar las actuaciones que resulten imprescindibles. Por ello, la disposición adicional primera del real decreto-ley habilita a
los ministerios de Hacienda y Política Territorial y Función Pública para adoptar todas las medidas necesarias en materia de personal para la ejecución y desarrollo de todas las actividades vinculadas a la celebración de la conferencia. Por su
parte, la disposición adicional segunda de este real decreto-ley dispone que las actuaciones previstas se financiarán de conformidad con la Ley general presupuestaria y serán atendidas con cargo a la disponibilidad presupuestaria, para lo cual el
Ministerio de Hacienda ha aprobado las modificaciones presupuestarias correspondientes.
Así, el contenido de la norma se limita a lo estrictamente indispensable para responder con eficacia a la situación de urgencia a la que debemos hacer frente, pues permite garantizar que las medidas de fomento del mecenazgo y que los
contratos necesarios para la celebración de la cumbre puedan ponerse en marcha dentro del margen de tiempo disponible, sin modificar el marco normativo preexistente y atendiendo a todas las obligaciones y exigencias de transparencia y orden en la
gestión del gasto público. Asimismo, se centraliza en el secretario de Estado de Medioambiente las competencias relativas a la contratación, con la finalidad de garantizar que las actuaciones se realizan de manera ordenada, bajo la dependencia de
un único órgano administrativo. Para garantizar la disponibilidad de medios se introducen las correspondientes habilitaciones de los ministerios competentes por razón de la materia y por los motivos que acaban de exponerse, entendemos que queda
ampliamente justificada la concurrencia de los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan al Gobierno para aprobar el real decreto-ley dentro del margen de apreciación que, en cuanto a órgano de dirección
política del Estado, le reconoce el artículo 86.1 de la Constitución; el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, habilita al Gobierno en funciones para adoptar las medidas necesarias para el despacho ordinario de los
asuntos públicos, así como para adoptar otras medidas en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así se justifique.
La celebración de la Cumbre del Clima constituye un acontecimiento puntual, imprevisto, extraordinario, y todas las gestiones imprescindibles para que llegue a buen puerto requerían este trabajo con carácter de urgencia. La celebración
abarca solamente dos semanas, no incide bajo ningún concepto en el desarrollo futuro de la actividad de dirección política del próximo Gobierno y la inminencia de las fechas de celebración nos obligaba a adoptar las medidas descritas. Las medidas
contenidas en este decreto-ley son adecuadas y proporcionadas a lo que debíamos abordar. En resumen, la celebración en Madrid representa un esfuerzo colectivo que debe llevarse a la práctica con todas las garantías, con el mejor hacer y facilitando
el buen funcionamiento de las negociaciones y la participación que nos pide el secretario general de Naciones Unidas. La urgencia es tal que no se puede esperar. España, en un ejercicio de responsabilidad y de compromiso, ha querido contribuir al
conjunto de la comunidad internacional. Estamos seguros de que una vez más la sociedad española afrontará un evento de tanta envergadura dando lo mejor de sí misma, con responsabilidad y buen hacer, en este caso para contribuir a hacer frente al
principal problema al que nos enfrentamos, una materia que trasciende fronteras, culturas y generaciones. Por eso, solicito humildemente la convalidación de este real decreto-ley dictado por razones de urgencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señora ministra.
En representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por siete minutos distribuidos entre los tres, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
En primer lugar, quiero felicitarme como ciudadano por la cumbre y ya se lo manifestamos así a la propia ministra. Pero permítanme hacer un par de reflexiones: una preocupación y una angustia. En primer lugar, preocupación porque serán
algunas de las empresas más contaminantes las que patrocinarán este evento. En cierta medida, me parece un contrasentido que podamos blanquear a algunas de estas empresas. En segundo lugar, angustia. Decía ayer el ciudadano Aznar que estaba
angustiado por la
formación de este Gobierno. Yo no estoy nada, nada angustiado. Me angustia más que un señor que nos metió en una guerra con una mentira nos quiera dar lecciones. Lo que me angustia es que mientras hacemos cumbres -insisto, nos alegra y
nos parece muy bien- el CO2 marque justamente ayer un récord, lo que de alguna manera nos está diciendo que organizamos muchas cumbres, pero que probablemente no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. Me angustia que estemos dejando un
futuro peor y me angustia que cuando este Gobierno pueda hacer determinadas cosas, pequeñas pero que vayan en la línea de dejar un mundo mejor, no las haga. Y doy tres ejemplos en clave valenciana. Primer ejemplo: el puerto de Valencia. Se
quiere ampliar; tiene una DIA favorable, pero han cambiado el proyecto y quieren hacer lo mismo con la misma DIA. Si se cambia el proyecto, tiene que haber una nueva declaración de impacto ambiental y este Gobierno parece que se esté quitando las
pulgas de encima para no hacer una nueva declaración de impacto ambiental con un proyecto que ha modificado. Segundo ejemplo: cercanías. Hemos perdido el 40 % de los usuarios de cercanías en los últimos diez años y estamos teniendo un servicio de
cercanías peor. Por último, la ampliación de la V-21, que destruyó 80 000 metros cuadrados de huerta. Creo que hay que hacer cumbres, pero hay que dar ejemplo también desde los ministerios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias.
La COP25, es decir, la vigesimoquinta Conferencia sobre el Clima; vigesimoquinta y vamos a peor. Esta semana los niveles de emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera han marcado un nuevo máximo histórico. El calentamiento
global crece, las catástrofes climáticas cada vez son más frecuentes, las grandes empresas contaminan cada vez más, los Gobiernos no toman decisiones efectivas ni reales, el planeta cada vez está más en riesgo y el futuro cada vez es más negro. Por
tanto, la pregunta sería: para qué otra cumbre del clima, para que volver a juntar a los máximos mandatarios mundiales que pronuncian discursos floridos, si luego no se traducen en decisiones urgentes; para qué volver a firmar compromisos que,
además de ser insuficientes, ni siquiera se cumplen. La cuestión no es cuántas conferencias se hagan, cuánto atrezo se le ponga a las mismas, ni cuántos compromisos firmen los Gobiernos; la cuestión radica en cuándo van a empezar los Estados más
contaminantes y poderosos del mundo a asumir sus responsabilidades y a acabar con las políticas que están matando el planeta.
Mientras la ciudadanía -esa sí- adopta compromisos, mientras la juventud despierta conciencias, los Gobiernos -el español incluido- hacen oídos sordos, miran para otro lado y permiten que quienes se están cargando el planeta sigan
haciéndolo. Las empresas más contaminantes del mundo siguen contaminando y los Gobiernos siguen permitiéndolo, y la ciudadanía y el planeta seguimos pagando las consecuencias. Este es el resumen. Y no, no estamos en contra de que se alcancen
acuerdos que hagan frente a la crisis climática, pero tampoco vamos a blanquear a unos Gobiernos y a unas elites que solo miran por sus intereses económicos y que anteponen sus beneficios al planeta. Las cumbres mundiales seguirán siendo un simple
espectáculo mientras nadie se comprometa a tomar medidas reales y efectivas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Borràs Castanyer.
La señora BORRÀS CASTANYER: Muchas gracias.
Pues sí, finalmente Madrid, por la renuncia de Chile, acogerá la COP25. Es significativa la agilidad y la predisposición que ha mostrado el Gobierno para asumir la organización de este acontecimiento; una agilidad y predisposición que nos
agradaría también que fuese exhibida por el mismo Gobierno ante otros retos de gran relevancia que tiene abiertos y a los que no da respuesta. La ministra de Transición Ecológica siempre se ha mostrado ambiciosa en sus objetivos de transición hacia
un nuevo modelo económico y energético. Sin embargo, la ambición no siempre ha venido acompañada por la decisión ni por la búsqueda de sinergias con otras administraciones que tienen competencia en la materia como, por ejemplo, la Generalitat de
Catalunya. Cataluña legisló en 2017 su ley contra el cambio climático, fuimos pioneros, y el Gobierno del Estado todavía no ha aprobado la suya. Sin embargo, el Gobierno popular la recurrió ante el Tribunal Constitucional y el Gobierno socialista
mantuvo una parte de ese recurso.
Los dos grandes sectores de emisiones difusas de gases de efecto invernadero son el transporte y la vivienda, y son las comunidades autónomas las administraciones que tienen competencias en ambos sectores. En cambio, los recursos que
podrían destinarse a aminorar estas emisiones, como son los ingresos derivados de la venta de derechos de emisión y los ingresos procedentes del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, los administra el Estado. Ese es otro ejemplo
de centralización que nada tiene que ver con las teorías del Estado de las autonomías y de la lealtad institucional. Pero es que también Europa le afea alguna de esas propuestas que no acaban de confirmarse. La Comisión Europea denunció en marzo
de este año a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber traspuesto a la legislación española la Directiva 2012/27 de la Unión Europea, de eficiencia energética. Esta denuncia llegaba después de haber excedido en cinco
años su incorporación a la normativa estatal y de que en octubre de 2017 se le abriera un procedimiento de infracción. Pero también el Estado español ha sido el último de la Unión Europea en presentar a la Comisión Europea su Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima 2021-2030; un plan que, sin duda, es crucial para combatir el cambio climático. España sigue teniendo una asignatura pendiente en lo que respecta a desacoplar la evolución del PIB de la emisión de gases de efecto
invernadero, tal como ya ha indicado la Agencia Europea del Medio Ambiente, es decir, que España es el país de la Unión Europea en el que más crecieron las emisiones de gases de efecto invernadero, en términos absolutos, entre 1990 y 2017. En este
periodo aumentaron un 17,9 % las emisiones, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se redujeron un 23,5 %. Por tanto, España se muestra incapaz de aumentar el PIB y reducir emisiones, un reto que sí está consiguiendo la Unión Europea en su
conjunto.
En síntesis, diremos que sí a la convalidación del real decreto, aplaudiendo el interés que ha mostrado el Gobierno para actuar de caja de resonancia de este tema, que es el gran reto global de nuestras generaciones para con el planeta.
Pero esta conferencia no puede ser una operación de escaparate. Hay muchísimo por hacer y no procede que desde el centralismo estatal se limite y dificulte la capacidad de actuación de Cataluña en la lucha contra el cambio climático; al contrario,
debería incentivarse, con la consiguiente transferencia de recursos que ello conlleva.
Termino. La ministra se ha referido al cumplimiento de criterio de Naciones Unidas, pero parece que no atiende a todo lo que dice Naciones Unidas porque la consideración del grupo de trabajo sobre...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Borràs, debe finalizar, por favor.
La señora BORRÀS CASTANYER: ... cesiones tributarias de Naciones Unidas no merece su atención, como sí debería hacerlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.
El decreto que se somete hoy a la consideración de esta Diputación Permanente trae causa en la decisión personal del presidente del Gobierno en funciones de convertir Madrid en sede de la Cumbre del Clima, una vez que Chile ha tenido que
renunciar a hacerlo por la situación interna que vive dicho país. Este grupo parlamentario considera que la decisión del señor Sánchez no solo no es de extraordinario interés general para España, como aduce el decreto, sino que más bien conlleva
graves riesgos para ese interés general, y ello por tres razones fundamentales. Primero, porque una cumbre de estas características, por su complejidad, no se organiza a bote pronto, deprisa y corriendo, y tamaña improvisación puede, desde luego,
ir en detrimento de la imagen de España y de su consideración acreditada como sede de eventos de esta naturaleza, y esto no lo dice solo este grupo parlamentario, porque la señora ministra en su intervención ha hablado de escaso margen de tiempo del
que se dispone, de difícil respuesta o de situación insólita. Segundo, porque la propia realidad política nacional, con un Gobierno en funciones cuyo horizonte de futuro sigue siendo incierto, no parece que sea la mejor base de fondo para acoger
una conferencia mundial como esta, y prueba de ello es que ya se han anunciado determinados acontecimientos que pueden incidir negativamente en el desarrollo de esa cumbre, al menos en la normalidad de su organización y en la consideración que
obtenga España, su imagen de conjunto, como consecuencia de la celebración de este acto: acontecimientos como las anunciadas huelgas de transporte urbano o como los intentos -al menos en términos de intenciones, ya dichas- de los CDR de ver si
pueden dejarse caer
por Madrid para organizar algún pitote con ocasión de la celebración de la cumbre. Y en tercer lugar, porque el Gobierno sigue manteniendo una absoluta nebulosa sobre el coste real que esta cumbre va a suponerle al erario público, es decir,
al bolsillo de todos los españoles, por mucho que trate de incentivar financiación privada vía mecenazgo. Esta última, desde luego, señora ministra, señorías, no es una cuestión baladí en un momento en el que son cada vez más escasos los recursos
financieros públicos disponibles, en el que los recortes inmediatos que exige Bruselas resultan abrumadores, casi 7000 millones de euros para el año próximo, y en el que la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras resulta asfixiante,
por más que la intención del hipotético futuro Gobierno social-comunista esté en incrementarla aún más.
En cambio, sí sabemos que el Gobierno ha ofrecido una aportación específica, al margen del coste de esta cumbre, de 150 millones de euros a la ONU para la denominada lucha contra el cambio climático, cifra esta que, por cierto, se
corresponde exactamente con el total de inversiones comprometidas por los últimos Gobiernos desde hace años, y no ejecutadas, para evitar el gravísimo deterioro de un paraje emblemático del patrimonio medioambiental español y europeo como es el lago
de la albufera de Valencia, del que, por cierto, el señor Baldoví, una vez más, no ha dicho ni pío. Sobran, pues, operaciones de propaganda como la que hoy se nos propone y hace falta actuar con decisión sobre aspectos sustanciales para la garantía
de nuestro patrimonio ecológico, no vayamos a quedarnos en un discurso universalista sin antes tratar de arreglar la propia casa. España necesita iniciativas claras para ir arreglando su propia casa: necesita frenar el despoblamiento del medio
rural; necesita recuperar la rentabilidad de los sectores agrario y ganadero para que no se abandonen esas actividades, que son eminentemente conservacionistas; necesita impulsar una política nacional vertebradora del agua, socialmente justa,
económicamente eficiente y ecológicamente sostenible; necesita definir una política de fuentes, costes y usos energéticos acordes con las posibilidades reales de nuestro país; necesita planificar una política de tratamiento y evaluación de
residuos no agresiva con el medio ambiente; necesita establecer mecanismos sensatos para el logro de emisiones limpias y reducción de las contaminantes, especialmente en las grandes ciudades; necesita activar una política integral de conservación
y regeneración de costas, ríos y montes; y también, por supuesto, necesita coordinar la colaboración entre administraciones, evitar conflictos competenciales entre estas y unificar y simplificar la multiplicidad de disposiciones normativas. Es
decir, todo lo que el señor Sánchez no está haciendo ni está tampoco en el discurso demagógico y universalista, generalista de la izquierda.
Así pues, señor presidente -concluyo-, el Grupo Parlamentario VOX se opondrá a la convalidación de este real decreto-ley porque la celebración en España de dicha cumbre, con la precipitación organizativa y la realidad del momento político
español, responde estrictamente a un criterio de oportunidad del señor Sánchez, con un mero afán autopropagandístico que se antepone al verdadero interés general. Y, además, el coste económico que para el Estado implica la organización de esa
cumbre operará en detrimento de la atención urgente a determinadas realidades que son auténticas emergencias sociales en este momento para la garantía de la efectividad de los derechos y la igualdad de oportunidades de todos los españoles. En
definitiva, señorías, menos propaganda, menos globalismo, menos sanchismo fotográfico, menos autobombo inútil y más compromiso ecológico efectivo, y, desde luego, más compromiso con la solidaridad, con la justicia social y con las necesidades reales
de las clases trabajadoras y populares más débiles de nuestro país. Esta es la cuestión y no otra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.
Querría básicamente cubrir esta presentación con tres puntos. En primer lugar, lamentar que no se haya celebrado en la región latinoamericana, como en principio se había previsto. Como saben ustedes, inicialmente la propuesta fue asumida
por Brasil. Sin embargo, con el cambio de Gobierno, el señor Bolsonaro la rechazó y esto ya es una muy mala noticia por parte de un país que ocupa el 65 % de la cuenca amazónica, que es, a su vez, el responsable del 20 % del oxígeno que respiramos
en este planeta, y resulta, en todo caso, bastante descorazonador. También lamentamos que no haya podido ser Chile quien albergue la celebración de esta cumbre debido a la inestabilidad sociopolítica que vive en las últimas semanas.
En todo caso, sí querríamos congratularnos de que haya sido España, en coordinación con Chile y con la propia oficina competente de Naciones Unidas, quien haya tomado ese testigo. Y lo decimos, sobre todo, por la importancia y a la vez
urgencia de que se celebre esta cumbre en tanto está llamada a ultimar, como se ha dicho ya anteriormente, el reglamento de aplicación del Acuerdo de París que entrará en vigor el próximo año. Es fundamental, por tanto, pasar del escenario Kioto al
escenario París, implementando así medidas más ambiciosas para frenar el cambio climático y en consonancia con la aceleración y radicalización de las transformaciones climáticas inicialmente previstas por la comunidad internacional.
Estamos de acuerdo con el Gobierno en que hay un carácter urgente y extraordinario y que, desde luego, se ajusta al interés general, por lo que entendemos justificada la aprobación de estas medidas por la vía del real decreto-ley.
Entendemos que el Gobierno apenas va a tener cuatro semanas para poder organizar un evento tan complejo como este al que nos referimos y al que hemos llegado a leer en alguna fuente que se espera que asistan 25 000 personas, lo cual genera todo tipo
de desafíos en términos de intendencia, además de políticos.
Celebramos también que Naciones Unidas haya aceptado la oferta del Gobierno español, aunque intuimos que se trata de una muestra de confianza en la potencialidad renovadora de España antes que de un espaldarazo a las políticas
medioambientales que se han llevado a cabo hasta el momento. Quiero recordar que las políticas del Gobierno anterior, las del PP, fueron sencillamente inexistentes en lo que a políticas medioambientales se refiere, cuando no abiertamente
regresivas. No quiero recordar episodios infaustos como el del impuesto al sol y demás ejemplos.
Por lo demás, permítanme introducir este pequeño apéndice, puesto que quiero manifestar nuestra vergüenza ajena por la actitud que ha tenido el alcalde de Madrid cuando ha querido atribuirse el mérito de la selección de nuestro país después
de haber anunciado el desmantelamiento de buena parte de las políticas verdes implementadas por el anterior equipo de Gobierno en la capital.
Finalmente, señora ministra, me va a permitir un último punto donde querría incluir algunos comentarios en torno a la figura del mecenazgo que se va a utilizar también para la organización de esta cumbre, como usted misma ha anunciado.
Señora Ribera, no nos interesa tanto este tipo de compromisos voluntarios y puntuales, sino que las principales empresas en el mundo -no solo las energéticas, pero sobre todo ellas- entiendan que tendrán que asumir nuevos marcos normativos de cara a
garantizar el futuro de la vida humana en el planeta. Por tanto, si no podemos acordar que hay una cuestión ética detrás de este tipo de asociación, al menos podremos acordar que tiene ciertas carencias al menos estéticas. ¿A qué me refiero con
esto? Parece ser que Iberdrola, según han anunciado algunos medios, participará de este esquema -no sabemos muy bien todavía con qué aportación, pero al menos algunos medios han avisado de esta aparente voluntad- y, sin embargo, quiero recordar que
la eléctrica figura como una de las diez empresas que más gases de efecto invernadero emiten en España según el Observatorio de la Sostenibilidad, una organización de la sociedad civil que viene haciendo registros desde el año 2014. Bien es verdad
que este mismo observatorio dice que Iberdrola habría pasado del puesto quinto al octavo entre los años 2017 y 2018, cosa que, sin duda, es una buena noticia. También es verdad que Iberdrola recibió un varapalo jurídico hace no tanto -creo que fue
en septiembre del año pasado-, ya que fue condenada por la Audiencia Nacional por embolsarse subvenciones dirigidas a la potenciación de energías renovables, mientras dicha energía se producía mediante quema de gas.
También quiero hablar de que otros medios apuntan al propio Banco Santander como un posible patrocinador de esta cumbre. Esta entidad se sitúa en el puesto número 31 del ranking de entidades mundiales que más financian la inversión en
combustibles fósiles, según el informe Fossil fuel finance report card del año 2019. En el caso de la financiación a la extracción de petróleo y gas en aguas ultraprofundas, una práctica especialmente antiecológica, el banco se sitúa en el puesto
número 5, señora ministra. Por tanto, lo que pedimos a estas grandes empresas es muy sencillo: en primer lugar, compromisos fiscales concretos y, en segundo lugar, el cumplimiento de las nuevas leyes energéticas, que se están viendo modificadas en
todo el mundo a raíz de los compromisos de París. Solo con ese compromiso consciente y sobre todo sistemático y sostenido en el tiempo de todos los actores involucrados en este proceso -no con dádivas puntuales que pueden hacer algunas empresas-
lograremos superar el que posiblemente sea el mayor desafío que ha enfrentado en su historia la especie humana.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De Quinto Romero.
El señor DE QUINTO ROMERO: Señorías, se nos propone convalidar el real decreto-ley que tiene por objeto dotar de instrumentos de carácter fiscal y organizativo a la celebración de la conferencia de Naciones Unidas, conocida por COP25, en la
ciudad de Madrid. Anticipo a los miembros de la Diputación Permanente nuestro voto a favor. Este real decreto encaja en las circunstancias que la ley prevé para ser promovido por un Gobierno en funciones, así como entendemos el beneficio que
supone para España, como país, y para Madrid, como ciudad, acoger un evento de tal trascendencia. Por otra parte, quisiera manifestar mi pesar por el motivo que nos ha llevado a disponer de esta oportunidad, que no es otro que la difícil situación
que atraviesa un país amigo, como es Chile, lo que les ha forzado a tener que renunciar a hospedar esta cumbre mundial. Efectivamente, cuando se destruye la convivencia, cuando la violencia y el desorden emergen, las oportunidades y la prosperidad
huyen. Esto es algo sobre lo que algunos deberían tomar buena nota.
El cambio climático es una realidad que nos afecta a todos y que no se puede solucionar aisladamente, de manera nacional, regional o local, sino que requiere el compromiso y el esfuerzo de todas las naciones. En la actualidad existe una
gran disparidad entre los países, tanto en lo que respecta a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero como a los distintos niveles de compromiso para reducir los mismos. Por ejemplo, China, que contribuye con el 28 % de las emisiones
mundiales tiene planificada la construcción de una central de carbón por semana. China, al igual que India -responsable esta última del 7 % de las emisiones-, son conscientes de la situación, pero supeditan sus políticas medioambientales a la lucha
contra la pobreza en sus respectivos países. Por su parte, Estados Unidos, con unas emisiones que alcanzan el 16 %, dispone de una población con un alto grado de concienciación que a veces contrasta con las posiciones que adopta su presidente. En
cualquier caso, hay que reconocer que Estados Unidos está reduciendo sus emisiones en los últimos años debido a que están sustituyendo el carbón por el gas como fuente principal de energía. Por su parte, la Unión Europea representa el 9 % de las
emisiones mundiales y España un 0,7 % dentro de ese 9 %. Europa está ejerciendo un papel de liderazgo en esta batalla y un papel que, por supuesto, cuenta con el total apoyo de nuestra formación, de Ciudadanos. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia).
El cambio climático es un asunto de máxima importancia que debe concitar amplios consensos y nunca ha de convertirse en un arma partidista. Es un tema que preocupa, o por lo menos debería preocupar, a todos: hombres, mujeres, jóvenes,
adultos, morenos, rubios, calvos, así como a votantes tanto de izquierdas, como de centro o de derechas. Con demasiada frecuencia hemos comprobado cómo el sectarismo de la izquierda ha intentado apropiarse de determinadas causas, expulsando de su
defensa a formaciones como la nuestra. Lo hemos sufrido tanto en el caso de la lucha por la igualdad de género como en el de los derechos de los colectivos LGTBI. Esperamos no tener que sufrirlo de nuevo con el cambio climático, porque la
izquierda no tiene el patrimonio del corazón de la gente ni el patrimonio de las causas justas. Su intento de apropiarse de dichas causas no solo es mezquino, sino que las perjudica. Por nuestra parte, desde las instituciones en las que gobernamos
Madrid vamos a contribuir al éxito de esta conferencia. En este sentido, la vicealcaldía presentará un proyecto para la creación de un bosque metropolitano que rodeará la ciudad de Madrid. Estos proyectos, que están basados en soluciones
naturales, son avalados por la Comisión Europea y por Naciones Unidas como prioridad en la lucha contra el cambio climático. Asimismo, participaremos activamente en varios eventos paralelos a la agenda oficial de la cumbre.
Ciudadanos siempre ha apostado por una transición energética eficaz y eficiente que asegure un modelo sostenible, competitivo y seguro. Para conseguir esta transición hemos propuesto muchas medidas y entre ellas destacaré las siguientes:
promover una ley de cambio climático y transición energética que garantice la seguridad jurídica y la no dependencia de combustibles fósiles, desarrollar un modelo de subasta para la introducción de energías renovables basado en criterios de
eficacia tecnológica y eficiencia económica y su programación con un calendario estable, promover la eficiencia energética a través de la rehabilitación de 300 000 viviendas al año y que todos los nuevos inmuebles, los edificios e instalaciones
públicas se construyan bajo estándares de consumo casi nulo, así como incentivar la renovación del parque automovilístico privado por modelos menos contaminantes e impulsar la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
Nuestras propuestas contrastan con la inacción del Gobierno, un Gobierno que, en nuestra opinión, se ha caracterizado por sus grandes declaraciones y sus escasas acciones, así como por vender humo y contaminar el debate político con globos sonda.
No cabe que ustedes escuden su inacción en que han estado en funciones la mayor parte del tiempo, porque eso
no ha sido óbice para que sacaran adelante otros proyectos como los mal llamados decretos sociales cuando electoralmente les ha convenido.
En materia energética, el Partido Socialista ha condenado a buena parte de la industria española con declaraciones fuera de lugar y alejadas del rigor técnico que debe sustentar la política energética, siendo paradigmático el descenso
continuo de las matriculaciones de automóviles en nuestro país. Esta improvisación constante se materializa en el hecho de que el Gobierno haya publicado un anteproyecto de ley de cambio climático carente de todo consenso político y que, sin
embargo, haya experimentado hasta tres modificaciones en lo que respecta a la venta de vehículos de combustión, lo que da muestra de la improvisación y descoordinación del Ejecutivo. Además, nos encontramos un Plan nacional integrado de energía y
clima que se presenta como el campeón de la lucha contra el cambio climático y, sin embargo, no se explica cómo se van a pagar los más de 200 000 millones de euros que creo que usted misma, señora Ribera, cifró para esta tarea. Incluso la
hipocresía llega al punto de que este Gobierno no haya convocado una sola subasta de energías renovables desde que se configuró en junio de 2018. En su comparecencia del 11 de julio de dicho año, señora Ribera, usted declaró -cito textualmente-:
Será necesario contar con un sistema de subastas para poder integrar razonablemente en el sistema y de la manera más inteligente posible algo que tendrá que convertirse en norma. Pues bien, hasta hoy no tenemos noticias de ese sistema de subastas
porque el Gobierno no ha presentado ni una sola medida relacionada con este tema.
La señora PRESIDENTA: Señor De Quinto, tiene que terminar.
El señor DE QUINTO ROMERO: Termino ya.
Quiero concluir apelando de nuevo a la responsabilidad de todos y condenando el sectarismo. Como he dicho, el cambio climático es un desafío que requiere el compromiso de todos, por ello pido al Partido Socialista que no lo utilice de
comodín contra quienes estamos en esta bancada y que empiece a sustituir los discursos por acciones concretas.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Quinto.
En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Casero Ávila.
El señor CASERO ÁVILA: Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. En primer lugar, quiero empezar diciendo que es una buena noticia que España se haya ofrecido para organizar la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No podíamos dejar de lado a un país amigo, al que desde aquí mando toda nuestra solidaridad, ya que cuando Brasil, un país gobernado por el centroderecha, rechazó
organizar esta conferencia, Chile aceptó hacerlo, pero ahora por diferentes motivos y por las revueltas sociales se ve obligado a tener que rechazar la organización de un evento de estas características. España, un país hermano de Chile, no podía
dejarlo solo ni abandonar a una región como Latinoamérica con la que tenemos tantos vínculos.
La conferencia es el lugar donde se toman las decisiones más importantes acerca de esa manida cuestión de la que todos venimos hablando a lo largo de los últimos tiempos, que es el cambio climático. No es una mera reunión simbólica, sino
donde se decide cómo se van a ir ejecutando los diferentes planes que los Gobiernos han acordado en distintos momentos, como sucedió con el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París en 2015; y además de una manera transversal, organizada y de forma
que todas las partes se encuentren implicadas y puedan poner en marcha las medidas no de manera unilateral, sino multilateral para que el cambio climático deje de ser un problema y así contribuir a su desaceleración de manera evidente. Por lo
tanto, vaya por delante que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la convalidación de este real decreto-ley que permite al Gobierno de España celebrar en los próximos días esa conferencia que, como hemos dicho anteriormente, no puede celebrar
Chile. Además, esta conferencia, denominada COP25, tiene especial importancia porque posiblemente sea la última parada para acordar las medidas de aplicación del Acuerdo de París que, como saben, debe entrar en vigor en el año 2020.
Una vez dicho esto, lo primero que vamos hacer es exigir transparencia. Es nuestra obligación como representantes de lo público exigir transparencia para que todo el dinero, los medios y recursos que se dediquen a esta cuestión estén
sometidos al más estricto control y evitar que situaciones de anormalidad
queden al margen de los controles de fiscalización de gasto que así lo requieran. Sé que nadie escarmienta en cabeza ajena porque es difícil, pero se lo digo por experiencia. Los que saben de dónde vengo y cuál es mi comunidad autónoma de
origen me van a permitir que dé un consejo al Gobierno y al Partido Socialista: no se queden solo en propaganda y marketing, porque han tenido ciento veinte diputados en estas elecciones, pero si siguen por ese camino, créanme que en las siguientes
serán bastantes menos. (Rumores). Se lo digo por experiencia propia y porque sé quién susurra al oído del presidente del Gobierno y de quién surgen todas estas ideas. ¿Por qué digo esto? Porque de nada sirve que nos vanagloriemos de celebrar la
conferencia en Madrid sin tener en cuenta que este Gobierno en un año y medio no ha tomado ni una sola medida en materia de cambio climático. Se encontraron una ley de cambio climático consensuada y lista para aprobarse; una ley de cambio
climático que el Partido Popular no había presentado, pero que estaba preparada y ustedes tuvieron a su disposición en el ministerio, con participación social y ciudadana; sin embargo, un año y medio después seguimos sin tener ley de cambio
climático. Fue esa derecha que hizo tanto daño al clima -según algunos intervinientes en esta sala- la que firmó en el año 1997 el Protocolo de Kioto, la primera que creó un Ministerio de Medio Ambiente en nuestro país, la que firmó el Acuerdo de
París en 2015, y fue un Gobierno de derechas del Partido Popular el decisivo para la negociación del Marco sobre clima y energía para 2030 de la Unión Europea. También ha sido un hombre del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, el que ha defendido
denodadamente en Europa -y se ha convertido en una referencia mundial- que hay que luchar contra el cambio climático y, por lo tanto, no debemos hacer de esto, como se ha dicho también aquí, un tema de enfrentamiento político, sino más bien de
acuerdo entre todos para poder avanzar.
También hay que dejar claras algunas cuestiones que se han mencionado aquí. Es propio del Gobierno socialista invitar y que luego paguen otros; ya lo vivimos con el Open Arms, lo intentaron en Andalucía y lo hicieron con todas aquellas
cosas con las que ustedes quieren apuntarse un tanto. Anuncian como Gobierno lo que van a hacer y no tienen en cuenta al resto de administraciones que se van a ver implicadas en sus decisiones. Eso ha vuelto a suceder aquí; ustedes han contado
con Madrid, pero no han contado inicialmente ni con su ayuntamiento ni con la comunidad autónoma. Ahora, en este real decreto recogen que estas entidades formarán parte, como tiene que ser, de esa comisión que organizará la conferencia que se va a
celebrar la próxima semana en la capital de España, pero ustedes incluso anunciaron medidas sin que el ayuntamiento ni la comunidad autónoma tuvieran conocimiento de ellas. Desde aquí quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid y a la comunidad
autónoma que asuman esa responsabilidad que tienen los Gobiernos del Partido Popular -somos un partido responsable y un partido de Gobierno- de colaborar con el Gobierno central para que esa conferencia pueda celebrarse. Evidentemente, antes de
tomar estas decisiones, hay que contar con el resto de administraciones públicas que se vean afectadas. Ustedes, que son los paladines de la libertad, los paladines de la defensa de las autonomías, de la autonomía local y de las regiones, a la hora
de tomar estas decisiones deberían tener en cuenta a quienes están al frente de ellas porque también fueron elegidos por los ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Señor Casero, tiene que terminar. Gracias.
El señor CASERO ÁVILA: Voy terminando.
Finalizo pidiendo que, más allá de la conferencia que se va a celebrar en Madrid, seamos capaces de poner en marcha un verdadero proyecto de ley de cambio climático que sea aprobado a la mayor brevedad posible, para que España no sea uno de
los países que no cuenta con ello; de modo que no tenga que llegar otro Gobierno para cumplir lo que ustedes no cumplieron. Usted sabe que cuando abandonó la secretaría de Estado del Gobierno de España en el año 2011, se recibió una carta de la
comisaria europea en aquel momento, Connie Hedegaard, diciendo que nuestro país estaba incumpliendo flagrantemente los acuerdos a los que se había comprometido con la Unión Europea. Ustedes gobernaron desde 2004 a 2011, por lo tanto, menos
marketing y más realidad.
Nada más y muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Casero.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón Couselo.
El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidenta.
En primer lugar, es de obligado cumplimiento felicitar al Gobierno y, singularmente, a usted, a la ministra para la Transición Ecológica, por su compromiso con el medio ambiente y, concretamente, por su
compromiso con los desafíos derivados de abordar la emergencia climática y las consecuencias no deseables que para la humanidad representa un fenómeno, el del cambio climático, que los científicos han demostrado de forma palmaria. Es cierto
que aún quedan los irreductibles que pretenden negarlo u obviarlo. Decían los griegos que lo evidente era aquello que no necesitaba demostración, pero en este caso debemos hablar de evidencias científicas, cada vez más numerosas, y todas ellas
concluyentes. Nuestro planeta está en situación de emergencia. De no actuar de forma urgente y global, estamos muy lejos de evitar lo que ya para algunos es inevitable. En fin, a ese grupo de irreductibles incrédulos podría aplicársele la frase
de San Agustín 'para el que quiere creer tengo mil razones, para el que no quiere creer no tengo ninguna'.
El Gobierno de España y usted, señora ministra, han reaccionado con inmediatez ante la decisión del Gobierno chileno de suspender la COP25 en su país, ofreciéndose a asumir la celebración de este crucial evento en España; un ofrecimiento
realizado, además, con prontitud y exquisitez, que permite que Chile pueda seguir ejerciendo la Presidencia de la COP y el liderazgo en las negociaciones que tendrán lugar. Como ha dicho usted, es un gesto fruto del compromiso firme con el
multilateralismo inclusivo, única fórmula para afrontar el reto que el planeta tiene por delante. Acabamos de escuchar aquí que esto no es una cuestión de interés general; ¿qué más interés general que la salvaguarda del planeta, incluso
seguramente la salvaguarda de nuestra especie?
Debatimos hoy la convalidación del Real Decreto-ley 15/2019, un texto de corte técnico que incorpora y da forma legal a aquellos instrumentos administrativos necesarios para posibilitar la implementación de toda la normativa en materia de
incentivos fiscales al mecenazgo, para fomentar la participación de capital privado, medidas urgentes en materia de contratación, definiciones de comités y demás órganos, en materia de personal, etcétera. Es una herramienta imprescindible que
precisa disponer de rango de ley para la puesta en marcha de esta COP25, acontecimiento que requiere una preparación de uno o dos años y que nuestro país tiene que poner en marcha en poco más de un mes. Es un real decreto-ley que, además, nos
muestra que contamos con un corpus legal, maduro y suficiente como para que cuestiones complejas y urgentes, como es la organización de un evento de esta magnitud, pueda acometerse sin necesidad de aprobar leyes ad hoc, sino simplemente siguiendo
las disposiciones legales previstas para un caso como el que nos ocupa.
La necesidad de responder a esa urgencia es la que sin duda ha motivado la incorporación de una serie de precisiones que fue necesario añadir en el Real Decreto-ley 16/2019, tal y como bien ha reseñado la propia ministra. Pero el árbol no
debe impedirnos ver el bosque, señorías, y este real decreto-ley de carácter eminentemente técnico no debe ocultar que la celebración de la COP25 en Madrid se corresponde con un declarado y firme compromiso del Gobierno, con una agenda climática que
está en un momento crucial, en un momento en que los discursos y manifiestos deben dejar paso a la acción inmediata. Tiempo de actuar, como reza el lema de esta edición. La sociedad así nos lo requiere y especialmente una juventud que no nos
reclama discursos y sí medidas eficaces urgentes que salten la frontera del papel a la realidad. Antes oíamos hablar aquí de Gobiernos que firmaban; no basta ya con firmar; lo que hay que hacer es actuar; tiempo de actuar que también ha de darse
en nuestro país.
Señora ministra, usted se ha referido en más de una ocasión al Green New Deal y concretamente al Green New Deal español que supone el Marco estratégico de energía y clima; un Marco estratégico cuyos elementos centrales son el anteproyecto
de ley de cambio climático y transición energética, el Plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030 y la Estrategia de transición justa. Haré una referencia muy especial a esta última, la Estrategia de transición justa, ya que nuestro país
es el primero -y creo que por ahora el único- en incorporar algo tan importante como esto; que la lucha por nuestro planeta ha de ser compatible con la justicia social.
Para acabar -no puedo evitarlo-, como docente permítame hacer una referencia a la educación. La Lomce del inefable ministro Wert redujo los contenidos medioambientales en los currículos de todas las etapas educativas; una decisión a todas
luces errónea. Por ello, señora ministra, quiero agradecerle sus referencias a la educación ambiental como -y cito textualmente- instrumento necesario para asegurar el éxito del desafío que tenemos por delante y aprovechar todas sus oportunidades.
Sin duda, la derogación de la Lomce y el impulso de una nueva ley educativa corregirán el actual dislate. Finalizo reiterando, señora ministra, el total apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.
Moitas grazas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Meijón.
- REAL DECRETO-LEY 17/2019, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA LA NECESARIA ADAPTACIÓN DE PARÁMETROS RETRIBUTIVOS QUE AFECTAN AL SISTEMA ELÉCTRICO Y POR EL QUE SE DA RESPUESTA AL PROCESO DE CESE DE ACTIVIDAD DE
CENTRALES TÉRMICAS DE GENERACIÓN. (Número de expediente 130/000007).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de
parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico, y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno en funciones, la señora ministra para la Transición Ecológica.
La MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN FUNCIONES (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, señora presidenta. Me alegro mucho de verla y compartir este rato también con usted.
Vengo en nombre del Gobierno a pedir la convalidación del Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, adoptado por el Consejo de Ministros el viernes pasado, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros
retributivos que afectan al sistema eléctrico, y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación. Es un real decreto-ley enormemente técnico y también de enorme importancia. Se trata de una norma que
es imprescindible para definir un marco predecible que genere confianza, que ofrezca certidumbre para permitir, por una parte, asentar las energías renovables cumpliendo con la previsibilidad necesaria para inversores previos, y por otra, facilitar
la consecución de objetivos en materia de clima y energía aprovechando las oportunidades industriales y económicas derivadas de hacerlo en tiempo y forma.
Este real decreto-ley es condición necesaria pero no suficiente para abordar algunas de las cuestiones que vienen del pasado; un proceso que nos obliga a pensar en términos de transición como es debido. Quedan, evidentemente, muchos otros
elementos que tendremos que impulsar, pero estando en funciones solamente podíamos acometer la respuesta necesaria a las cuestiones que se plantean en este texto: predictibilidad, estabilidad, solvencia del sistema y confianza en la capacidad de
nuestro sistema para seguir avanzando. Si hemos aprobado esta normativa ahora es precisamente porque era ineludible dar respuesta con carácter urgente a las cuestiones que en ella se abordan. De no haber actuado ahora podríamos perder, no ya como
Gobierno sino como país, la credibilidad ante inversores en energías renovables que arrastran desde hace tiempo incertidumbre con respecto a qué ocurriría a partir del 31 de diciembre de 2019 e incertidumbre con respecto a inversores internacionales
que no han encontrado respuesta adecuada hasta la fecha. Con ello, queremos facilitar, fortalecer, la oportunidad de generar confianza en inversiones en este ámbito durante los próximos años y evitar dejar en la estacada a muchas familias que han
confiado e invertido en energías renovables, tal y como ha venido poniendo de manifiesto esta misma Cámara en reiteradas ocasiones. El riesgo es aún mayor de cara a la actividad económica y las oportunidades laborales para aquellas zonas que están
asistiendo a cierres de centrales eléctricas que tendrán efecto en los próximos meses.
El real decreto-ley que presentamos para su convalidación trata dos grandes asuntos imprescindibles para poder activar una transición energética que sea eficiente, inclusiva y justa. En primer lugar, se da respuesta a la necesidad de
definir la rentabilidad que perciben las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos para el siguiente periodo regulatorio. Por tanto, da respuesta a previsiones de nuestro marco normativo en vigor, a uno de los parámetros clave del que
depende el importe del régimen retributivo específico que perciben las instalaciones. Por esta razón, la normativa prevé que se debe aprobar mediante una norma con rango de ley. Así está contemplado en el artículo 14.4 de la Ley 24/2013 y en el
artículo 19 del Real Decreto 413/2014.
Yo no tenía intención de entrar en gran detalle técnico con respecto a cómo se calculan y qué incidencia tienen estas previsiones, pero me van a permitir que, dada la facilidad con que algunos medios de comunicación supuestamente serios han
hecho correr enormes bulos generando mentiras que han sido difundidas ampliamente en el día de ayer, entre a explicar exactamente cómo se calcula esto que la ley denomina rentabilidad razonable. La rentabilidad razonable establecida en el real
decreto-ley que traigo a convalidación se aplica a todas las instalaciones de tecnologías renovables, cogeneración y residuos que tienen derecho a la percepción del régimen retributivo específico. Por lo tanto, no causa efectos sobre las
instalaciones que no perciban este régimen retributivo, por ejemplo, por haber finalizado su vida útil, ni a subastas diferentes al régimen retributivo específico que se pudieran desarrollar en el futuro. Esto es así
porque la retribución que recibe este tipo de instalaciones según la normativa energética puede verse modificada cada seis años. Es necesario actualizar los llamados periodos regulatorios, cuestión que nos marcaba como fecha límite antes
del 1 de enero de 2020 para ser claros con respecto a dicha rentabilidad, momento en el que empieza el segundo periodo regulatorio que se inicia con los años que van desde 2020 hasta 2025, ambos incluidos.
Si se hubiera llegado al 1 de enero de 2020 sin la aprobación de este real decreto-ley, se daría una situación de inseguridad jurídica inaudita en nuestro país; inseguridad que nos llevaría a tres posibles escenarios de rentabilidad con
analistas y comentaristas defendiendo uno u otro, motivo por el cual estaría más que asegurada una inmensa litigiosidad, con gran conflictividad y con un impacto muy notable en las rentas de aquellos hogares, pequeños inversores, que tenían
colocados sus ahorros en inversiones en pequeñas plantas de energía renovable para las que necesitaban contar con una cifra clara a partir del 1 de enero de 2020. Si bien la normativa prevé que en ausencia de una norma con rango de ley que fije una
nueva rentabilidad razonable de las instalaciones con régimen retributivo específico se entiende prorrogada la existente -primera lectura-, se genera una situación de incertidumbre que era contestada por otros que hacían interpretaciones distintas,
ya que este parámetro se había fijado añadiendo un diferencial al interés de los bonos del Estado y, por tanto, había quien defendía que correspondía aplicar una previsión de una orden ministerial desarrollada y aprobada por el anterior ministro de
Energía. Como digo, lecturas diferentes sobre qué cabía interpretar, qué cabía imponer.
En ausencia de este real decreto-ley, jurídicamente no estaba claro si la rentabilidad aplicable a estas instalaciones era la existente en este momento o si era otra; si venían recibiendo en función de si su retribución procede de antes o
después de 2013 o si la rentabilidad aplicable debería ser más bien del orden de lo que establecía como método de cálculo la posibilidad de la orden ministerial del ministro Nadal o la propuesta tramitada y aprobada por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Tres variables diferentes, tres respuestas diferentes, por lo tanto, seguro foco de litigiosidad y conflicto. Además de ser inasumible para la Administración y para el propio sector dicha situación de inseguridad, la
posible reducción de la rentabilidad razonable por debajo de la cifra establecida, dada la evolución de los bonos del Estado, supondría un recorte muy significativo en inversiones que estaban calculadas para los costes de inversión iniciales en el
momento en que se acometieron, y no para los costes actuales gracias a una evolución muy significativa, muy positiva de la curva tecnológica de las tecnologías de las que estamos hablando. Además de poner en riesgo a los pequeños promotores en el
ámbito nacional, el impacto por esta incertidumbre o estas dudas de cara al exterior para la reputación de España como país en el que invertir en renovables sería desastroso. Todo ello precisamente cuando en el actual contexto necesitamos hacer lo
contrario; atraer, movilizar, facilitar, confianza, generación de expectativas razonables con respecto al tipo de medidas que hay que adoptar, impulsando las oportunidades industriales, el ahorro energético, la innovación, el desarrollo de las
energías renovables... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora ministra. Ruego un poquito de silencio, por favor. Gracias.
La señora ministra PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN FUNCIONES (Ribera Rodríguez): Y no solo como respuesta a los modos de generación de electricidad, sino también como un gran sector industrial de presente y de futuro. Por ello este real
decreto-ley que aprobamos fija el valor de la rentabilidad razonable para este nuevo periodo regulatorio, una rentabilidad que se fija en el 7,09 siguiendo la metodología y los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como
regulador independiente, tramitado convenientemente y con participación de todos los actores que quisieron hacer sus comentarios; una propuesta de la CNMC de metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de la actividad de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos para el siguiente periodo regulatorio 2020-2025, en un informe hecho público y aprobado el 30 de octubre de 2018. En esta propuesta la comisión calcula la
rentabilidad razonable o tasa de retribución financiera sobre la base del coste medio ponderado de los recursos propios o ajenos, una metodología que está siendo aplicada en todos los países de nuestro entorno, la más comúnmente aplicada por todos
los reguladores europeos en sus ámbitos de competencia, de tal modo que se puedan establecer tasas de retribución de actividades reguladas comparables. Esta metodología refleja la realidad de los mercados de capital donde las empresas reguladas
encuentran su financiación y, por tanto, pretende definir de forma efectiva y objetiva una rentabilidad que efectivamente sea razonable. La propia comisión en el informe que calcula y recomienda este valor para la rentabilidad razonable hace
público y transparente el procedimiento y los datos que ha utilizado en su cálculo para obtener dicha cifra. Consiste en un análisis
de costes de fondos propios, costes de deuda, costes de apalancamiento de veinticuatro empresas distintas que operan en siete países diferentes, con economías y calificaciones crediticias similares a la española, y teniendo en cuenta las
especificidades de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos, así como el riesgo financiero inherente a la estimación de los precios del mercado eléctrico; solvente,
contrastado, justificado, transparente, sometido a información pública y aprobado.
Como la normativa vigente exige aprobar la rentabilidad razonable para cada periodo antes de finalizar el último año del periodo, estábamos obligados a presentar esta propuesta y tenerla publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del
31 de diciembre. Para ello, el Real Decreto 413/2013 establece que al principio del último año del periodo regulatorio, el ministerio competente eleve un anteproyecto de ley que recoja la propuesta de rentabilidad para el siguiente periodo, y así
lo hizo el Gobierno. Sobre la base de la propuesta de metodología emitida por la comisión, en octubre de 2018 el Gobierno presentó el correspondiente anteproyecto de ley. No obstante, la disolución de las Cortes en dos ocasiones este año ha
imposibilitado la tramitación efectiva de esta norma a tiempo para su entrada en vigor, lo que nos fuerza, dado el escaso margen de tiempo que tenemos de aquí al 31 de diciembre, a aprobar las disposiciones que allí se contenían a través de un real
decreto-ley. Es de extraordinaria y urgente necesidad la aprobación de dicho valor de rentabilidad razonable antes de final de año para proporcionar seguridad, certidumbre y visibilidad a los titulares, y estamos convencidos de que el hecho de que
las cifras, los parámetros aquí incluidos sean exactamente los mismos que fueron sometidos a información pública en dos ocasiones, da estabilidad, seguridad, solvencia y credibilidad a nuestra propuesta. La ausencia de regulación hubiera supuesto
una inmensa incertidumbre, como decía antes, tanto sobre los ingresos futuros de las instalaciones como en orden a dificultar la financiación de nuevos proyectos, paralizando nuevas inversiones necesarias para hacer posible la transición. Una vez
fijada por rango de ley la rentabilidad razonable, como hace este decreto-ley, la normativa tendrá que incluir una orden ministerial que especifique los parámetros retributivos aplicables a distintas instalaciones para hacer efectiva la rentabilidad
razonable fijada sin ningún margen de error. Dadas las fechas y la necesidad de desarrollar una tramitación de estas normas que sea garantista y permita la audiencia a todos los sectores, de forma excepcional el decreto-ley habilita para que la
adopción de esa orden ministerial sea aprobada no antes del 31 de diciembre, sino antes de final de febrero de 2020, sin que sus efectos se dilaten, sino que tengan consecuencia a la hora de elegir periodo retributivo, régimen retributivo, desde el
día 1 de enero de 2020.
Por otra parte, debíamos dar respuesta a las peticiones, a las solicitudes de los titulares de instalaciones que se vieron afectados por cambios significativos en la normativa sobre retribución de las instalaciones de renovables,
cogeneración y residuos en el año 2013. Esto ha supuesto un elevado número de litigios a nivel nacional e internacional contra España y ha minado la credibilidad de la apuesta del país por las renovables y el cambio de modelo energético; hay más
de 64 000 plantas afectadas en España, se reclaman unos 10 000 millones de euros y hay 800 millones de resoluciones a favor de los demandantes. El real decreto-ley busca dar respuesta a los miles de instalaciones de generación renovable,
cogeneración y residuos a partir exactamente de la misma medida, la misma propuesta, con algún ajuste en los periodos, que ya fue debatida y aprobada, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo alguna excepción, en el Congreso de los
Diputados en mayo de 2018; una medida que fue recogida también en el anteproyecto de ley que a principios de este año ya incluía esos parámetros de rentabilidad razonable y que no ha podido culminar su tramitación al estar el Gobierno en funciones,
pero que de nuevo debe ser aprobada en paralelo a la reducción de la rentabilidad razonable por aplicación de la metodología WACC. Esta medida consiste en dar una opción a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, a las que se les
cambió el marco retributivo en el año 2013, para que su valor de rentabilidad razonable quede congelado en los dos próximos periodos regulatorios, como medida paliativa del impacto que en su momento sufrieron, al valor del que han disfrutado en este
primer periodo, es decir del 7,39 %. Al contrario de lo que se ha dicho estos últimos días de manera torticera y burda, de manera global esta propuesta supone, como mucho, mantener el valor de la rentabilidad que venían percibiendo las
instalaciones, nunca incrementar el precio de la electricidad, todo ello -recordemos- sobre la base de decisiones de inversión llevadas a cabo con arreglo a los cálculos de aquel momento hace años. No se trata, por tanto, de nuevos cargos, de
nuevas obligaciones, no supone ningún incremento en la factura eléctrica -en el mejor de los casos supondrá una reducción si logramos ese desistimiento en los procesos en curso- y nos permite dar estabilidad, seguridad y alternativa a una buena
parte de los pequeños ahorradores de nuestro país y una alternativa que deje de ser considerada una anomalía por parte de los tribunales de arbitraje
internacional. Hablamos de recuperar la certidumbre, la visibilidad del sector de la energía renovable, de forma que recursos como el sol o el viento formen parte predominante de nuestro sistema energético, haciéndolo más limpio, más
seguro, más diverso, más eficiente, contribuyendo a la bajada de la factura eléctrica de los consumidores y a la mejora de la competitividad de las empresas. Precisamente, a propósito del precio de la electricidad, los datos indican que vamos
camino de cerrar el año 2019 con un precio del mercado mayorista medio de 49,64 euros por megavatio/hora; es decir, un 13,3 % inferior al valor con el que cerramos en 2018, 57,27 euros. Traducido al impacto de los consumidores, hablamos de una
reducción de un 5,3 de la factura eléctrica para los consumidores domésticos en 2019 comparado con 2018, mientras que la bajaba para los grandes consumidores industriales es del 10,6 %. En todo caso, la medida planteada en el real decreto-ley
ofrece una alternativa a las instalaciones, que tienen también el derecho a renunciar y seguir con la normativa aplicable si así lo prefieren; nadie les obliga a un modelo o a otro, pueden optar, de tal modo que deben decidir si se les actualiza la
rentabilidad razonable y la retribución que perciben en función del estado de la economía en cada momento. Para acogerse a esta posibilidad, las instalaciones deben renunciar a los procesos arbitrales o judiciales que puedan tener marcha o
renunciar a la percepción de las compensaciones o indemnizaciones que se les pudieran haber reconocido en estos procesos; esa regla que extiende la rentabilidad actual no puede darse en simultáneo a la percepción en su momento y en su caso de las
compensaciones o indemnizaciones que pudieran fijarse y tendrán que elegir entre una opción u otra. Estas medidas están destinadas a dar certidumbre y visibilidad a las instalaciones renovables, cogeneración y residuos. Como decía antes, se trata
de activar una respuesta para las instalaciones que vieron modificado su régimen retributivo con la normativa de 2013, paliando el impacto, y son algo fundamental para reforzar la credibilidad de la apuesta española por el cambio de modelo y
movilizar las inversiones que necesitamos.
Por último, en relación con el establecimiento de la rentabilidad de actividades reguladas en el sector eléctrico, este decreto-ley actualiza la tasa de retribución financiera para la actividad de producción en los sistemas eléctricos no
peninsulares, algo que también debía ser completado antes del día 31 de diciembre de 2019, permitiendo que los ciudadanos y las empresas de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla puedan contar con acceso a la electricidad en igualdad de condiciones que
el resto del país, repartiendo al 50 % entre los Presupuestos Generales del Estado y el sistema eléctrico el coste de esta factura.
El inicio del periodo regulatorio 2020-2025 también afecta a la retribución de los costes adicionales de estas actividades, lo que, por tanto, requiere que la tasa de retribución financiera se fije por ley antes del día 1 de enero. Del
mismo modo que con la rentabilidad razonable aplicable a renovables, hemos partido del valor propuesto por el regulador independiente, suponiendo que el efecto de esta aplicación nos traslada una reducción al 5,58 frente al 6,5 actual, una propuesta
que aparecía también en el anteproyecto de ley mencionado antes y sometido a exposición pública a principios de 2019. Por tanto, ninguna sorpresa tampoco. La falta de aprobación de este real decreto-ley hubiera supuesto la prórroga automática de
la rentabilidad vigente y, por tanto, un sobrecoste injustificado de unos 7 millones de euros al año para los sistemas extrapeninsulares.
Por otro lado, el real decreto-ley que presentamos también incorpora medidas de transición justa en territorios en los que se va a producir el cierre de centrales de carbón. Actualmente, estamos tramitando solicitudes de cierre que han
planteado los titulares de ocho de las catorce centrales de carbón existentes en la Península. Se trata de una potencia de generación de 5000 megavatios cuyo cierre estaba previsto durante el año 2020, con un potencial impacto significativo sobre
la actividad económica y laboral en las comarcas afectadas; en algunos casos, se trata de comarcas que han visto simultáneamente el cierre de minas de carbón. Desde el ministerio hemos venido trabajando con los actores sociales, económicos e
institucionales de las zonas afectadas en el contexto de la Estrategia de Transición Justa y la definición de un plan de acción urgente para el periodo 2018-2021. Este trabajo ha puesto de manifiesto que para dinamizar la actividad económica en
cada una de estas zonas, facilitando la generación de las oportunidades laborales correspondientes, es necesaria la plena implicación de las administraciones locales y autonómicas y es necesario un esfuerzo notable por parte de la sociedad civil y
de los actores económicos, pero sobre todo es fundamental la actuación, la reorientación, la aplicación de todo aquello que pueda hacer, que pueda activar el Gobierno de España. En concreto, existen dos recursos presentes en las zonas afectadas que
están bajo regulación del Estado que con una normativa adecuada pueden movilizar, atraer y orientar inversiones y actividades en las zonas afectadas, dado que quedan liberados a partir del momento del cierre. Los dos recursos a los que me refiero
son la capacidad de conexión y evacuación a la red eléctrica que existe en aquellos nudos donde se ven cierres de centrales de carbón o nucleares, así como el uso
de la concesión del agua que hasta ahora utilizaban estas centrales para su refrigeración y que queda liberada como consecuencia del cierre. En concreto, en cuanto a la conexión a la red eléctrica, el real decreto-ley habilita una excepción
en la norma habitual y, en lugar de asignar la capacidad de red eléctrica por orden de solicitudes, se habilita al Gobierno a regular procedimientos para conceder una parte o la totalidad de esa capacidad de red en esas ubicaciones a los mejores
proyectos que en cuanto a valor añadido, creación de empleo y otros criterios sociales, ambientales, económicos y técnicos permitan una mejor reactivación, una mayor creación de empleo de calidad en la zona; cada zona, evidentemente, deberá ser
evaluada en función del recurso, la capacidad disponible y el interés, la participación, por parte de los vecinos y las comunidades locales. En cuanto al uso de agua, se establece una excepción a la jerarquía o el orden de preferencia que establece
con carácter general la Ley de Aguas, con un esquema parecido al de la evacuación de la electricidad. Las concesiones de uso de agua se podrán ponderar teniendo en cuenta criterios económicos, sociales y ambientales en las propias zonas afectadas
por cierres, de tal manera que nos sirva para movilizar inversiones y proyectos que garanticen la actividad económica en la zona frente al desierto, la dificultad y la complejidad de la reactivación industrial en su ausencia. No obstante, el
abastecimiento de la población seguirá siendo, evidentemente, siempre prioritario. Ambos elementos significan una propuesta innovadora, congruente y coherente con nuestros postulados, nuestros principios, nuestra convicción de que una
transformación de semejante alcance solamente puede tener lugar si es teniendo en cuenta en un papel prioritario, central y protagonista a las personas. Necesitamos redirigir inversiones a las zonas afectadas de manera ágil, acercar las soluciones
allí donde se producen los problemas. ¿Por qué lo regulamos ahora? Porque los cierres previstos de las centrales con arreglo al derecho europeo tendrán efecto en el año 2020. Si bien los propios procesos de cierre y el desmantelamiento generan
cierta actividad laboral, puesto que hay actividad asociada a ese planteamiento de cierre y desmantelamiento, es imprescindible que desde ya mismo emitamos señales correctas que permitan diseñar, proponer, madurar y tramitar proyectos concretos en
las zonas afectadas para que empiecen a generar actividad de forma acompasada a los procesos de cierre. En ausencia de esta normativa las zonas afectadas podrían haber quedado excluidas de proyectos energéticos o de proyectos asociados al uso de
agua y verse perjudicadas duramente por la transición.
Por otro lado, la inclusión de elementos sociales, como la generación de empleo en la valoración de los proyectos a emprender, facilita una optimización de los resultados para el territorio. Aunque el trabajo de reactivación en estas zonas
incorporará el apoyo a proyectos diferentes en distintos sectores que tendremos que identificar -que estamos identificando a través de los convenios de transición-, este real decreto-ley permite facilitar una parte significativa de las inversiones
en zonas en las que, además de los problemas de desempleo, existen problemas de despoblación y de servicios, donde se exige de las instituciones poner sobre la mesa soluciones a tiempo. Es mucho más importante, dado que las personas que viven en
estos territorios pueden tener que tomar la decisión de migrar si no encuentran alternativas eficaces en un plazo de tiempo relativamente corto.
Con estas dos cuestiones planteadas en este real decreto -decía- no culminamos todo el proceso de transformación y regulación de los grandes desafíos que plantea el cambio de modelo energético, que debe ser justo e inclusivo, pero sí se
abordan respuestas concretas a cuestiones de urgente y extraordinaria necesidad que exigían respuestas eficaces en un plazo de tiempo muy corto, antes de fin de año. Por todo ello, les ruego que convaliden esta propuesta que les traigo hoy.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra en funciones.
En turno de fijación de posiciones intervienen los representantes de los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente. En primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Borràs Castanyer.
La señora BORRÀS CASTANYER: Gracias, presidenta.
Como ha dicho la ministra, estamos ante un real decreto-ley que era necesario aprobar antes de final de año con el fin de otorgar una mínima estabilidad a la actividad y a la retribución financiera de las energías renovables afectadas por
las disposiciones que se adoptaron en el año 2013. Este real decreto adopta, básicamente, dos medidas. La primera es la actualización del régimen financiero para las instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos que perciben primas. La segunda es que otorga al Gobierno la capacidad de regular el acceso a las infraestructuras eléctricas de evacuación y las concesiones hidráulicas excedentarias a partir del
cierre de centrales térmicas de generación, carbón o termonucleares. La primera era, sin duda, imprescindible. La disposición final segunda determina la denominada rentabilidad razonable aplicable a las instalaciones de producción de
energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables que tenían la retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 13/2017. Es esta, pues, una manera de compensar las lamentables decisiones adoptadas en 2013 por el Gobierno
del Partido Popular que paralizaron la expansión de las renovables y llevaron a muchas de las instalaciones a la quiebra. Con la aprobación de este real decreto se asegura una rentabilidad razonable para los próximos doce años a las instalaciones
de renovables, lo cual va a permitir mantener en activo buena parte de las mismas, que sin esta disposición podrían ver peligrar su futuro. Quedará pendiente, sin embargo, lo que establece la disposición adicional única, que aplaza hasta finales de
febrero la revisión de los parámetros retributivos de algunas de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Tres meses de margen que pueden ser suficientes para aprobar
la orden ministerial correspondiente si hay Gobierno, pero que puede no serlo si no lo hay.
En lo que se refiere a la regulación de acceso a las infraestructuras eléctricas de evacuación y concesiones hidráulicas excedentarias derivadas del cierre de las centrales térmicas de carbón o termonucleares, las medidas que se adoptan son
genéricas, pero van en la dirección adecuada teniendo en cuenta que a la larga pueden afectar al cierre de las centrales nucleares ubicadas en Catalunya.
Un último comentario final sobre las centrales de carbón. A diferencia de lo que ocurre de media en Europa, el Estado español es uno de los que siguen aumentando emisiones de CO2 en una etapa en la que las deberíamos estar reduciendo. Las
medidas adoptadas en la presente normativa van en la dirección correcta, pero el objetivo especificado en la exposición de motivos de cerrar 8 de las 14 centrales resulta insuficiente y se debería tramitar el cierre de todas ellas. Sin embargo,
vamos a votar a favor de esta convalidación del real decreto-ley a la espera de más ambición en la lucha contra la emergencia climática que impulse un nuevo Gobierno, si lo hay.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Borràs.
En representación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. Seré breve.
Daremos nuestro apoyo a la convalidación del real decreto-ley porque nos parece que en su conjunto articula una serie de medidas que son ponderadas y razonables. Como ha expuesto la señora ministra, da primero estabilidad regulatoria a la
producción de energía a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos. A final de año finaliza el periodo regulatorio y si no hubiera una nueva norma regulatoria las opciones son o prorrogar el actual marco regulatorio o volver al marco
regulatorio de 2013, que era un marco regulatorio bastante perjudicial -de hecho, ha cambiado la retribución razonable en este decreto-, creo recordar que era el bono del Estado más 200 puntos. Este nuevo marco regulatorio para el periodo 2020-2025
evita un vacío legal, afianza la seguridad jurídica para las instalaciones del sector, da respuesta a las demandas de predictibilidad y estabilidad regulatoria y da también señales positivas de cara al futuro para los inversores. Al fijar la
retribución 2020-2025 se establece una tasa de rentabilidad del 7,09 que lo amplía al 7,389 para aquellas empresas que se vieron perjudicadas en su rentabilidad estimada una vez que se produjo la entrada en vigor de otro real decreto-ley, el Real
Decreto-ley 9/2013, que estableció la limitación de la rentabilidad. En ese sentido, se traslada un mensaje de estabilidad regulatoria, porque ya no es hasta el año 2025, sino que serían dos periodos, hasta 2031.
Algo que también nos parece loable es que se intenta evitar una situación muy conflictiva, como son las reclamaciones ante las cortes internacionales arbitrales -ya nos ha dicho la señora ministra las cantidades que hay pendientes y las
cantidades aparentemente falladas, creo que eran 800 millones- precisamente por parte de los perjudicados por el decreto-ley de 2013. Ahí hay un conflicto entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las cortes internacionales arbitrales,
que el Tribunal de Justicia no reconoce, la Comisión tampoco y finalmente parece que se dirigen a Estados Unidos a cobrar las indemnizaciones a través de, digamos, la incautación de propiedades, etcétera.
Por último, lo que nos parece una medida muy adecuada por su dimensión social y su criterio social es reconducir las plantas de carbón cerradas hacia la utilización de energías renovables, con el objetivo de mantener la actividad y el empleo
en estas zonas afectadas por el cierre.
En definitiva -y ya voy finalizando, presidenta-, un conjunto de medidas que consideramos equilibrado y necesario para que no se produzca una situación de grave inestabilidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
En representación del Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Bassa Coll.
La señora BASSA COLL: Gracias, señora presidenta.
En este punto debatimos un real decreto-ley que tiene como objeto dar respuesta urgente a una amplia demanda del sector fotovoltaico, un real decreto al que no podemos decir que no, puesto que nos parece de justicia poner fin, aunque sea en
parte, a múltiples agravios que ha sufrido el sector fotovoltaico en los últimos años, posición que también va en línea con nuestra postura, indudablemente favorable a potenciar las inversiones en energías de origen renovable. No obstante, tampoco
se librarán de que incidamos en ciertos aspectos que de manera implícita se ven reflejados en este real decreto y que hacen referencia al modelo energético que en un futuro próximo queremos conseguir y construir o perecemos en el intento.
Repasaré los agravios que el sector fotovoltaico ha sufrido, unos agravios que -recordemos- han afectado a miles de familias, a miles de pequeños inversores que apostaron sus ahorros; familias que en su momento decidieron apostar ahorros y
crédito invirtiendo en lo que el Gobierno de España recomendaba y publicaba en 2007: invertir en fotovoltaica. En el caso de Cataluña estamos hablando de 4300 familias que invirtieron en energía solar fotovoltaica y que en los años posteriores han
visto recortados sus derechos y garantías legales hasta en cinco ocasiones. Uno de los recortes más sonados es sin duda alguna el hachazo perpetrado por el Gobierno de Rajoy en el año 2013 a las retribuciones a las renovables, un recorte de 1700
millones al año de las remuneraciones que percibían estas instalaciones. Los resultados: un aumento de la litigiosidad, sobre todo en tribunales internacionales de arbitraje, que ya ha costado miles de millones a las arcas del Estado y, lo que no
es menos importante, una notabilísima pérdida de confianza para que se produzcan nuevas inversiones en el sector, algo que solo el tiempo permitirá valorar. Por ello, esa medida, aunque sea un parche, supone un alivio para inversores y para estos
pequeños productores de energía fotovoltaica que han contribuido a la lucha contra el cambio climático, en su gran mayoría con instalaciones anteriores al año 2013, y que sufrieron el hachazo de Rajoy. Con este real decreto se evita que a partir
del día 1 de enero de 2020 esta retribución se vea recortada en un 20 % adicional, un nuevo ajuste que hubiera sido inasumible para muchos de estos pequeños inversores, que llevan acumulados agresivos recortes retroactivos en la última década.
Pero tenemos algunas preguntas en la vía de entender por qué se queda a medio camino y no remata contundentemente el litigio. ¿Por qué no ha extendido la estabilidad a toda la vía regulatoria de las plantas? ¿Por qué no afrontaba con los
mismos criterios de urgencia las subastas y los nuevos requisitos para los puntos de conexión? Aun con ello, creemos que es imprescindible restituir la seguridad jurídica a estos productores de energía solar, tal y como llevan muchos años
reclamando asociaciones de afectados, singularmente Anpier Cataluña.
Y tenemos algunas críticas, señorías, que les sonarán porque Esquerra Republicana de Catalunya lo repite desde hace no menos de cuatro legislaturas cada vez que tiene ocasión: la transición energética va más allá de pasar de utilizar
combustibles fósiles a energías de origen renovable. Es causa, pero además puede ser efecto de un cambio de modelo socioeconómico y entendemos que este cambio pasa tanto por la democratización de la energía como por crear un escenario de no
concentración, como sucede actualmente. Democratización y descentralización deben ir de la mano o no habrá un auténtico cambio. Por ello, es imprescindible proteger a los pequeños productores de energía, que tienen que realizar esfuerzos muy
superiores a los de la gran empresa y que necesitan todo nuestro apoyo. Es necesaria una legislación que les sea favorable y que no lastre sus economías.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bassa.
En representación del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Garriga Vaz de Concicao.
El señor GARRIGA VAZ DE CONCICAO: Muchas gracias, señora presidenta. Espero que esté mucho mejor. Me alegro de verla por aquí.
En el Grupo Parlamentario VOX consideramos que la política energética de los últimos cuarenta años se ha hecho sobre la base de ideologías y no teniendo en cuenta el porvenir de los consumidores ni atendiendo a criterios de eficiencia
energética. Este decreto-ley es una medida mal concebida; ni está garantizado que estas compañías dejen de pleitear -de hecho, esta mañana oíamos declaraciones de abogados de grandes fondos de inversión que ya decían que no iban a cejar en su
empeño- ni es admisible que se aplique una retribución sin discriminar entre pequeños inversores y grandes eléctricas. La firma de una rentabilidad desorbitada por parte del nefasto Gobierno de Rodríguez Zapatero ha generado problemas para
inversores, para consumidores, para la imagen de nuestra nación y para las arcas públicas del Estado. Los grandes afectados, como siempre, son los pequeños inversores, esas pequeñas familias que invirtieron sus ahorros, los trabajadores de medianas
empresas, y debemos darles respuesta pero con un proyecto a largo plazo que dé estabilidad y tranquilidad al sector, algo que está demandando desde hace muchísimo tiempo. Se generó una burbuja insostenible en el sector de las renovables siguiendo
esa nueva religión de la economía verde, sin prever, por supuesto, ninguna planificación rigurosa. Al cierre de centrales térmicas de carbón, en los próximos años se sumarán siete plantas más de energías nucleares. ¿Me pueden decir, si lo saben,
el alto coste social, laboral y familiar que supondrá? Seguramente no lo podrán hacer porque dudo que lo tengan cuantificado, pero a nosotros nos preocupa, y mucho, y no nos quedamos tranquilos con el plan que citaba la ministra y que ha elaborado
el ministerio. Porque no basta con fomentar la posible nueva actividad en dichas zonas, debemos tomar medidas concretas y urgentes. Emisiones cero, por ejemplo, es lo que produce la energía nuclear y, ante el cierre de varias plantas, tampoco hay
una simulación de un plan energético a largo plazo y no se tiene cubierta -esto es algo que nos preocupa enormemente- esa oferta sin las nucleares, alrededor de un 20 o un 30 %. De ahí que exijamos un plan de energías a largo plazo. El futuro al
que nos encaminan pasará por importar energía nuclear de Francia o por utilizar centrales que también contaminen, como son las de ciclo combinado.
En este grupo parlamentario, como ya hemos dicho, apostaremos por la autosuficiencia energética española y por energía almacenable que pueda cubrir, por ejemplo, los picos energéticos. Ahora, el Gobierno en funciones, olvidando las
intrínsecas limitaciones que tiene su situación jurídica de transitoriedad, eventualidad e interinidad, decide aprobar este real decreto aludiendo a esa urgencia que se fundamenta, en boca de la ministra, en la imagen que podríamos dar de nuestro
país respecto a inversores extranjeros y en la inseguridad jurídica, sí, de la que ya gozaban, por cierto desde hace años, esos inversores. Lejos de incentivar la inversión energética, se avala con la aprobación de este decreto-ley el sobrecoste
energético de Zapatero, un auténtico despropósito y una irresponsabilidad que nos ha llevado a liderar, por ejemplo, los ranking internacionales, junto con otras naciones, de más litigios energéticos, como Argentina o Venezuela. Y es irresponsable,
porque tiene una gran trascendencia para nuestra economía nacional y se van a encarecer, a pesar de que lo nieguen, los gastos de generación y se frustra, como es evidente por lo expuesto con anterioridad, la posibilidad de abaratar el precio de la
luz a medio plazo, aunque según el Gobierno acarreará menos costes en la factura de la luz para los consumidores y para los Presupuestos Generales del Estado. No nos engañen. ¿Nos puede clarificar cómo se reduce la factura de la luz si se vuelve a
pagar la misma rentabilidad que antes y encima se cierran centrales nucleares y térmicas de carbón? Es por este motivo por el que el Grupo Parlamentario VOX, por responsabilidad con nuestros compatriotas, se abstendrá. Lo hará para no incurrir en
medidas que puedan hipotecar, por ejemplo, a medio plazo el coste energético de los españoles, pero a la vez trabajará para dar estabilidad y tranquilidad al sector a largo plazo. Velaremos por desarrollar un plan de la energía, con el objetivo de
conseguir la autosuficiencia energética de España, sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia, alejados, por supuesto, de ocurrencias de Bruselas o modas impuestas por lobbies, como han demostrado los anteriores Gobiernos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Garriga.
En representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.
El señor PISARELLO PRADOS: Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, nosotros vamos a dar el visto bueno a esta iniciativa porque consideramos que hace tiempo que concurre una situación de extraordinaria y urgente necesidad en esta materia. De hecho, en el mes de julio de 2018, presentamos
una propuesta legislativa que apuntaba ya la necesidad de adaptar los parámetros retributivos del sector eléctrico para hacerlos razonables y, luego, en el acuerdo
presupuestario al que llegamos con el Partido Socialista, en octubre de 2018, insistimos en la misma dirección. Por lo tanto, saludamos de forma favorable que in extremis se haya presentado este decreto-ley, que para nosotros puede ser un
primer paso para un cambio de rumbo, porque naturalmente no pasa ni por minimizar la situación de emergencia climática en la que estamos ni por negarla, sino por acometer con valentía un cambio, un cambio que -como también se ha dicho aquí- tiene
que ser de modelo económico, de modelo productivo, de modelo energético, con una mirada claramente ecológica, social y modernizadora también.
Somos conscientes de que las medidas que traen causa de este debate obedecen a un objetivo loable que se planteó durante la Administración de Zapatero, que es hacer una apuesta importante por las renovables. Quizá en aquel momento no se
incorporó la previsión de lo que suponían las burbujas que se estaban generando y el posterior estallido de la crisis, y quizá se incurrió en aquello que el Juan de Mairena de Machado solía decir, que los disparos de retórica futurista no previeron
los retrocesos de la culata, que acabaron siendo más violentos que los tiros. Utilizando ese lenguaje machadiano, la violencia que vino luego fue el frenazo en seco de muchos proyectos que se habían iniciado, recortes durísimos que se produjeron,
blindaje de centrales contaminantes, todo ello acompañado del que, a nuestro juicio, fue un bochornoso discurso por parte del Partido Popular, que consistió básicamente en la negación de la emergencia climática. Todo eso, como bien se explica aquí,
acabó conduciendo a demandas millonarias contra España por la frustración de las expectativas creadas, demandas millonarias que estamos viendo que tendrían unos efectos sociales y económicos que serían devastadores.
Desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que este decreto-ley puede ayudar a minimizar daños, puede ayudar a que determinados sectores que son importantes para que la transición ecológica se produzca tengan un cierto respiro. De
entrada, puede ayudar a que esas indemnizaciones excesivamente cuantiosas no vayan a parar a las facturas de la luz para los consumidores, que ya sería una pésima noticia. En segundo lugar, puede servir para proteger a las familias productoras de
energía voltaica, que han padecido lo indecible en estos últimos años -explicaba ahora el caso de Cataluña, pero ha pasado en muchos otros sitios- por hacer en realidad una apuesta de futuro. Finalmente, puede facilitar que existan -nos parece que
eso es correcto- reglas claras respecto a las inversiones en renovables; queremos que continúen y por eso necesitamos un marco retributivo que sea sostenible y razonable. Nos parece que, aunque se podía haber llegado más lejos, el real decreto-ley
va en esa dirección.
Creemos que este real decreto-ley debería servir para recuperar una década perdida y para que a partir de ahora los costes de esa transición energética, que es inaplazable, puedan recaer sobre todo en quien más tiene o en quien más contamina
y no, en cambio, en la ciudadanía de a pie, en el pequeño comercio, y mucho menos en la pequeña y mediana empresa, que quiere apostar por las renovables o, al menos, adaptarse a este cambio. Hemos visto en estos últimos tiempos -y yo creo que el
caso de Francia y de otros países arroja una lección muy clara- que la transición energética fracasará si es percibida por amplios sectores de la población como una amenaza en el acceso a la luz, al gas, al agua, a servicios básicos e incluso al
transporte público, como vemos que está pasando en otros países, o si esas mayorías sociales perciben que los cierres de centrales contaminantes pueden ser una amenaza para el empleo y no lo que deberían ser, que es la oportunidad para la generación
de nuevos empleos de calidad que sean sostenibles y que tengan valor añadido. Por tanto, damos nuestro apoyo a este real decreto-ley, que nos permite recuperar el tiempo perdido.
Creemos que ahora, con ocasión de la Cumbre del Clima, es lo que nos pedirán muchos actores sociales que estarán en nuestra ciudad: afirmar esta idea de que, más allá de la voz del privilegio, que se expresa a través de los grandes
oligopolios del sector, es posible un nuevo pacto social, un nuevo pacto verde que pueda incluir a un arco muy transversal de fuerzas políticas y sociales. Para que eso se pueda hacer, hace falta valentía, hace falta solvencia, hace falta sentido
de urgencia -porque la situación es muy grave-, hace falta tener sentido de futuro y también hace falta tener un sentido de la importancia de la presencia de lo público en este debate. Nosotros, modestamente, en el Gobierno de la ciudad de
Barcelona hemos podido impulsar la comercializadora de energía pública más importante del Estado en este momento y creemos que es un camino que va en la dirección de lo que se ha dicho aquí: que se considere que la energía es un bien común, un
recurso básico que no puede estar en manos de los grandes oligopolios, que debe democratizarse y que debe estar al servicio de la democratización y de la modernización del sistema económico. Las jóvenes generaciones y la gente, los actores que
vamos a tener aquí cuando se produzca la Cumbre del Clima, seguramente nos lo exigirán.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pisarello.
En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Ministra, compañeros, creo que para abordar este real decreto tenemos que contar la historia de cómo hemos llegado al día de hoy.
El señor Rodríguez Zapatero hizo una política energética en este caso del todo desorbitada y les prometió a muchos pequeños inversores de nuestro país que el sol era suyo y que el Estado estaba ahí para respaldarles o, lo que es lo mismo,
les estafó, y ahora seguiré argumentando por qué llegamos hasta a situación. Ya en la segunda etapa del señor Zapatero el ministro Sebastián empezó a ver que la normativa no era la que tenía que ser y empezó a hacer esas modificaciones. Luego,
pasamos al Gobierno del Partido Popular, y no solamente cambió la normativa, sino que además hizo algo que generó inseguridad jurídica, que fue aplicar retroactividad a todas esas inversiones, es decir, que a nosotros nos ponen unas reglas del juego
publicadas en el BOE el día equis, invertimos con esas reglas del juego y el día zeta el Gobierno, que cambia, nos dice que está muy bien, pero que no solo cambia la normativa a partir de hoy, sino que retrocedemos hasta el primer día en el que eso
se publicó en el BOE y que ya no sirve de nada.
La realidad es que hoy somos uno de los países con mayor número de arbitrajes internacionales en materia energética y que la imagen que ha dado nuestro sistema -en este caso, nuestro país- en materia energética ha sido deplorable. Yo sí que
creo que este real decreto está fundamentado con un criterio de urgencia, porque los que conozcan un poco el sector energético saben que las retribuciones se dividen al final en períodos de seis años y semiperiodos de tres años y que, en este caso,
a finales del mes de diciembre culminará ese otro periodo y tendrá que haber una normativa nueva vigente a partir del 1 de enero. Teniendo en cuenta esa foto que acabo de presentar de por qué hemos llegado hasta aquí, creo que sí que está
justificado el criterio de urgencia. Es cierto que puede ser visto como un parche, porque es un parche. El sistema no es perfecto; de hecho, lo que hemos visto durante todos estos años es que no se ha entendido la política energética como una
política de futuro, como una política con una proyección a largo plazo, sino -como ha ocurrido también con la educación- como una política cortoplacista de cuatro años, que dé votos cuando acabe la legislatura, pero sin parar a pensar qué va a pasar
después. Este real decreto, aun entendiendo que es un parche, viene a no seguir castigando a todos esos pequeños inversores a los que se les prometió que el Estado iba estar ahí y a los que luego se dejó tirados.
Además, podrá ser una de las salvaguardas que pueda tener nuestro país ante los distintos arbitrajes internacionales. ¿Y por qué digo salvaguarda? En todos los laudos que han condenado a España se ha alegado que el Gobierno español -en
este caso, España- no ha propuesto ninguna medida alternativa para que se pueda desestimar o no ese laudo. Este real decreto desarrolla esa herramienta por la la cual el Gobierno de España -en este caso, España- hace una oferta determinada y
tendrán que ser después ellos quienes determinen si el laudo condena o no a España, si es condenatorio o no, con lo cual crea esa salvaguarda. Repito: ¿es perfecto? No, no lo es. ¿En algunos casos es insuficiente? Lo es ¿Que hay muchas
urgencias que hay que abordar y que no están abordadas en el real decreto? También, pero sí tiene criterios de urgencia y responde de manera inequívoca a todos aquellos a los que un Gobierno estafó y otro Gobierno acabó de ahogar. Así que sí, el
sistema energético no es perfecto, pero en este caso está más que justificado.
Nosotros llevamos tres años y once meses en este Parlamento trayendo sesión tras sesión medidas en materia energética para reducir el precio de la luz: auditoría del sistema energético, auditoría de la factura de la luz, rediseño de la
factura de la luz o eliminación de cargas impositivas que están en la factura de la luz y que no son necesarias. Estas medidas supondrían un ahorro directo y una bajada del precio en la factura de la luz, pero todas tienen algo en común, y es que
han sido votadas en contra por absolutamente todos los grupos. Así que ahora no nos vengan a decir que si sube o baja el precio de la luz, porque aquí se han presentado innumerables proposiciones racionales y técnicas para bajar el precio de la luz
de manera directa a los ciudadanos en nuestro país y no les ha importado demasiado, porque siempre han votado en contra. Eso debería hacerles reflexionar. Ahora más que nunca necesitamos un pacto de Estado por la energía. Ahora más que nunca
necesitamos elaborar un proyecto a treinta años. Ahora más que nunca necesitamos establecer un marco predecible y con seguridad jurídica. Ahora más que nunca tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y de pensar en las políticas sectarias -porque
algunas veces, lamentablemente, son sectarias en función de la tecnología- y empezar a pensar en qué
futuro, en qué país y en qué modelo energético queremos. Nosotros lo tenemos claro. Queremos un futuro sostenible para el año 2050, pero para eso hay que mandar señales, hay que establecer unos calendarios y hay que dejar también previstos
esos huecos tecnológicos, porque la tecnología va a seguir desarrollándose. Si no hacemos eso, volveremos a pagar lo que ya pagamos con el señor Rodríguez Zapatero, y es la curva de aprendizaje de todas las tecnologías en materia de renovables.
Hay una gran ocasión en la legislatura que puede venir -o no, porque todavía no sabemos si saldrá adelante- para llegar a un gran acuerdo, que sobre todo sea responsable y que tenga criterio técnico. Sinceramente -y lo digo por los tres años y once
meses que llevamos aquí debatiendo en materia energética-, si nos centrásemos más en la parte técnica y en intentar buscar la senda de acuerdo para un futuro en materia energética, no estaríamos hablando ni de ideologización de las tecnologías ni
tampoco de nuevos cambios de normativas y de retroactividades que al final acaban pagando todos, porque no solamente pagan unos pocos. Así que Ciudadanos seguirá trabajando para que se llegue a este pacto de Estado por la energía, que no es
ideológico, sino necesario.
Como ya he dicho, ratificamos nuestro apoyo, porque llevamos defendiéndolo desde hace más de cuatro años, porque lo tenemos en nuestro programa electoral y porque creemos que no se cambia la norma, sino que simplemente se mantiene lo que hay
a día de hoy. No se vuelve a la locura del señor Rodríguez Zapatero, pero a partir de ahora deberíamos aprender que los parches que se están poniendo en nuestro sistema energético pueden hacernos pagar más en el futuro. Con la responsabilidad y,
en este caso, con el deber de ayudar con este voto a aquellos pequeños inversores a los que estafó un Gobierno de España, hemos mostrado nuestra posición.
Quiero aprovechar estos últimos minutos para despedirme. Ha sido un honor. Muchísimas gracias y muchos éxitos en lo personal para todos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez. Le deseamos lo mejor.
En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidenta.
En un ejercicio de responsabilidad, nuestro grupo tampoco va votar en contra de este real decreto, pero me permitirán explicar algunas consideraciones acerca del mismo.
Quedan seis días para la disolución de la Cámara y, a nuestro juicio, un real decreto de tanta importancia debería haber ocupado un momento previo y haber permitido el ejercicio legítimo de la oposición para perfeccionar y mejorar un texto
que, sin lugar a dudas, es trascendental y muy importante para la economía española. Esto no ha sido así, porque dentro de seis días finalizará la legislatura y, por tanto, es imposible modificarlo. A nuestro juicio, podría haberse elegido un
momento previo. Este real decreto llega tarde, limitando -insisto- el ejercicio legítimo de la oposición de control al Gobierno y a su actividad legislativa.
Obviamente, el Partido Popular, que es firmante del Acuerdo de París, está de acuerdo con la Carta de la Energía del año 1997. Creemos en un modelo energético en el que se prime una energía que sea eficiente económicamente y que no lastre
la economía ni el bienestar de las familias, que ayude y coadyuve a reducir las emisiones con una energía que sea limpia y que favorezca esa sostenibilidad y, por último, que garantice el suministro veinticuatro horas al día, siete días a la semana,
que sea, por tanto, segura. Esto se consigue siempre, evidentemente, garantizando el empleo y la actividad económica allí donde la energía forma parte esencial del proceso económico. La transición energética es una oportunidad, sin lugar a dudas,
pero una oportunidad que debe acometerse a una velocidad adecuada para evitar que esa transición traiga consigo un deterioro de nuestra economía y por tanto del empleo.
Se alude como uno de los elementos fundamentales para traer este real decreto a la litigiosidad -es evidente-, fundamentalmente en el Ciadi, en el Banco Mundial, y en el Tribunal de Arbitraje. A nuestro juicio -así lo han dicho otros
grupos-, esta litigiosidad no se va a reducir con este real decreto, por lo que ese argumento esencial que ha presentado la ministra como elemento troncal para la aprobación del real decreto no lo es, porque las empresas que han litigado van a
continuar haciéndolo. No hace falta que me extienda más, porque hay declaraciones de despachos de abogados y de compañías que así lo testimonian.
Creo que también es fundamental utilizar esta intervención para hablar de los antecedentes. Estamos así hoy porque existió una mala planificación energética, una política energética errónea, errática, que arranca del Real Decreto 661/2007,
un real decreto que condiciona la política energética española, y que, a juicio del señor Miguel Sebastián, ministro de Energía de nuestro país, se produjo en la primavera -leo textualmente declaraciones de un artículo suyo- de 2008 ante las propias
narices del
Gobierno, de su Gobierno. Fue alentada deslealmente esta burbuja por los ayuntamientos y comunidades autónomas, que daban todo tipo de facilidades burocráticas, algunas apurando al máximo la legalidad, para facilitar la avalancha de
solicitudes antes de que finalizara el año. Esta es la descripción que hace el señor Sebastián del proceso de generación o de instalación renovable a raíz del Real Decreto 661/2007. En aquella época, pues, iniciamos el principal endemismo negativo
que tiene la política energética de nuestro país, que es la politización de las tecnologías y la adscripción ideológica de una tecnología a un partido o a otro. Las consecuencias son conocidas. Entre los años 2004 y 2011 acumulamos un déficit
tarifario de más de 29 000 millones de euros y un incremento en la factura eléctrica para familias y empresas del 70 %. Estas son las consecuencias de una política errática de un partido, de un Gobierno que actualmente rige el destino de nuestro
país.
Lo que hizo el Gobierno subsiguiente, del Partido Popular, fue corregir estos errores. En primer lugar, con un real decreto, el 9/2013, que fijó una retribución razonable para la generación renovable, retribución convalidada en mayo del año
2016 por el Tribunal Supremo, entendiendo que era una medida justa, habida cuenta la situación económica en la que se encontraba nuestro país. En segundo lugar, los Gobiernos del Partido Popular congelaron la parte regulada de la factura e hicieron
decrecer esos peajes, garantizando por fin la sostenibilidad económica del sistema eléctrico español, que se encontraba quebrado en el año 2011. A renglón seguido, impulsamos unas subastas de energía renovable, en los años 2016 y 2017, como bien
sabe la ministra: 8000 megavatios en el año 2017 y 700 en el año 2016; todos estos megavatios de energía renovable, que estarán instalados antes del 1 de enero de 2020, todos, sin suponer un incremento en la factura eléctrica de los españoles y,
por tanto, con un coste cero para el bolsillo de las empresas y familias españolas. Ese fue el trabajo que nosotros realizamos y lo que permitirá probablemente al presidente del Gobierno en la próxima COP25 -evidentemente, nos alegramos de que se
celebre en Madrid; la tristeza viene dada por el hecho de que se celebre en Madrid debido a lo que está ocurriendo actualmente en Chile- vanagloriarse del porcentaje de energía renovable que se encuentra instalada en nuestro país. Esto es así
gracias a esta subasta y por eso España va a cumplir su objetivo de generación primaria renovable del 20 % en 2020, porque se hicieron las cosas bien y porque no se castigó la factura ni la economía española.
Yo me pregunto y les pregunto ustedes: ¿saben cuántos megavatios de energía renovable se han promovido en el periodo de gobierno del señor Sánchez, adalid de la sostenibilidad? El señor Sánchez defiende de manera abierta el desarrollo
renovable; verbalmente, porque, materialmente, ¿cuántos megavatios de energía renovable se han promovido en el año 2018? Cero. ¿Y en el año 2019? Cero. Es decir, que los megavatios de energía renovable que se van a incorporar a la red
próximamente son megavatios de energía renovable lanzados e impulsados por subastas del Partido Popular. Muchas veces, más allá de lo que se dice, hay que hacerlo. La acción política no es solamente dictar, es también ejecutar, y estas políticas
las desarrolló el Partido Popular. Nosotros sí dimos predictibilidad y estabilidad regulatoria a un sistema que se encontraba quebrado, manteniendo la retribución razonable a la que antes hice mención. Es más, en el mes de noviembre del año 2018,
ya en la oposición, presentamos una proposición de ley para excluir de la revisión de rentabilidad a las instalaciones fotovoltaicas menores de 300 kilovatios. Por tanto, estábamos en condiciones de aumentar el peso de la energía renovable una vez
que conseguimos darle sostenibilidad al sistema eléctrico español.
Termino ya. En vista de la facilidad con la que se encuentran razones de urgencia y de extraordinaria necesidad para presentar reales decretos, tengo cuatro propuestas muy sencillas y muy rápidas que hacerle a la señora ministra. En primer
lugar, si se suprime el impuesto de generación del 7 %, como pedimos en septiembre del año 2018, eso supone automáticamente una reducción de la factura eléctrica del 3 %. Invito a que después del 3 de diciembre se apruebe ese real decreto. En
segundo lugar, acompañaremos y ayudaremos al Gobierno en la presentación de subastas renovables que no tengan sobrecoste de ningún tipo -como las que anteriormente mencioné-, si así lo hacen después del 3 de diciembre. En tercer lugar, queremos que
traigan el estatuto electrointensivo, que permitirá reducir los costes energéticos a las grandes industrias españolas y, por tanto, posibilitará que haya empleo industrial de calidad, menor temporalidad y futuro en nuestro país. Evidentemente,
ustedes no traen en este real decreto el estatuto electrointensivo porque se equivocaron, porque el estatuto que ustedes tenían redactado se lo echó atrás la Comisión Europea porque no quisieron, no supieron o no pudieron negociar con la ella.
Háganlo y traigan de una vez ese estatuto, porque hay regiones españolas -estoy pensando fundamentalmente en Galicia y Asturias- que demandan y necesitan con prontitud que este estatuto esté aprobado. Y le hago una última propuesta. Una vez que
este real decreto quede convalidado, la invito a
que traiga a esta Cámara cómo piensan compensar el futuro déficit tarifario que ya está en ciernes más de 400 millones de euros en este año sin que perjudique la factura de familias y de empresas. Con esos cuatro retos que le lanzamos, le
rogamos que después del 3 de diciembre, con carácter de extraordinaria y urgente necesidad, traiga esos reales decretos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mariscal.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón Couselo.
El señor MEIJÓN COUSELO: Grazas, presidenta.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista anunciamos, como no podía ser de otra manera, nuestro voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley, que responde sin duda a unos ambiciosos objetivos del Gobierno en materia
medioambiental y que compartimos en su totalidad. En primer lugar, fijar como objetivo del sistema energético español el tránsito a un estado de sistema neutro de emisiones, así como alcanzar y cumplir los objetivos plenos del Marco Estratégico de
Energía y Clima. Y tan importante como este punto primero al que hacía referencia es que ese tránsito tenga lugar a través de un proceso socialmente justo e inclusivo que no deje a nadie atrás, generando para ello un marco normativo que permita
impulsar la reactivación industrial en las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas -lógicamente, en este real decreto se incorporan las medidas necesarias para la adaptación de los parámetros retributivos que afectan al sistema
eléctrico de nuestro país-, un marco legal que además genere certidumbre en el sector, ofrezca una rentabilidad razonable y permita mitigar la litigiosidad, consideraciones que sin duda facilitarán el incremento de mayores inversiones y de nuevos
proyectos en materia de energías alternativas.
Empezando por esto último, como todas sus señorías conocen, la normativa de 2013 generó modificaciones muy importantes en el régimen retributivo de las energías renovables. Que el representante del Partido Popular diga que se hizo todo bien
me extraña mucho. Este cambio provocó una afectación en unas 64 000 plantas, provocando un importante número de litigios y procesos arbitrales, tanto en la jurisdicción española como en las cortes arbitrales internacionales, que han dado lugar -y
aún podrían dar lugar a más- a compensaciones e indemnizaciones millonarias a las que deberá hacer frente el Estado. Por ello, en este real decreto-ley se ofrecen opciones razonables a los afectados, a aquellos con instalaciones anteriores a 2013,
para que puedan acogerse voluntariamente a mantener la rentabilidad actual del 7,398 y 7,4 %, hasta el año 2031, a cambio de la renuncia a las compensaciones aprobadas o de desistir de los procesos en curso. Para el resto de las instalaciones, la
rentabilidad razonable queda actualizada con carácter general en el 7,09, siguiendo, y no de forma caprichosa, las propuestas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el periodo 2020-2025. Se actualizan también las tasas de
retribución financiera de la producción de energía eléctrica con retribución adicional en los territorios no peninsulares, que pasa del actual 6,50 al 5,58, del 7,4 al 7,09, del 6,5 al 5,58, dos medidas que supondrán menores costes en la factura de
la luz para los usuarios y también, cómo no, para los Presupuestos Generales del Estado; basta ya de noticias falsas.
Por lo que respecta a las medidas destinadas a favorecer una transición energética socialmente justa, queremos destacar -y usted, señora ministra, lo ha explicado de forma meridiana- la importancia que supone acudir a la ponderación de
criterios sociales, con especial incidencia en la generación de empleo, y también medioambientales, criterios que afectarán tanto a la concesión de acceso de evacuación a la red como a la concesión de uso de aguas asociado a las centrales que
cierran y quedarán liberadas en el momento del cese de actividad. Se trata, pues, de paliar el impacto ocasionado por el cierre que se produzca de las centrales térmicas, impacto que, recordemos, tiene repercusión directa en la pérdida de empleo de
los ciudadanos y las ciudadanas, a los que una transición justa no puede dejar en estado de desamparo. Y no es la única medida; sirva como ejemplo la referencia a la orden del pasado día 19 de noviembre, de concesión de ayudas a proyectos de
entidades locales afectadas por un proceso de cierre de centrales termoeléctricas de carbón.
Señorías, una transición justa exige respuestas proactivas por parte del Gobierno, y aquí está muy bien traída, hablando de energía eléctrica, la metáfora del apagón: para que nadie quede atrás, es preciso sustituir el apagón que pudiera
darse en materia de empleo por la transformación de la actividad industrial y económica. Eso es lo que se está haciendo desde el Gobierno, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, y sabe, señora ministra, que cuenta con nuestro apoyo más
decidido.
Máis nada. Moitas grazas, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Meijón.
Con esto se terminan los debates de las distintas iniciativas. En dos minutos iniciaremos las votaciones. (Pausa).
TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE LEY. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA APERTURA DE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA DEL GRUPO EMPRESARIAL THOMAS COOK (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 12/2019, DE 11 DE OCTUBRE). (Número de
expediente 121/000001).
La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos las votaciones.
En primer lugar, votamos el proyecto de ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial, Thomas Cook, procedente del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de
octubre.
Enmiendas al articulado presentadas por la representante del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas.
Enmienda 31.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda 32.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra 11; abstenciones 44.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda 37.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 28.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, 5; abstenciones, 27.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 40.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 9; en contra, 29; abstenciones, 28.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de la señora Oramas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 22; en contra, 11; abstenciones, 33.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al articulado presentadas por la representante del Grupo Parlamentario Mixto, señora Borràs.
Enmienda número 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 1; en contra, 32; abstenciones, 32.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 27.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 10; en contra, 29; abstenciones, 27.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas al articulado presentadas por el representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votamos, en primer lugar, la enmienda 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 34; abstenciones, 35.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 13; abstenciones, 41.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas al articulado presentadas por la representante del Grupo Parlamentario VOX. Enmienda número 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 38; abstenciones, 25.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas al articulado presentadas por representantes del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Votamos en primer lugar la enmienda 41.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 24; abstenciones, 35.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 42.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 29; abstenciones, 31.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 43.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 29; abstenciones, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 44.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 11; abstenciones, 35.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas al articulado presentadas por el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Votamos, en primer lugar, la enmienda número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 8; abstenciones, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas 11 y 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 36.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 43.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 13; abstenciones, 29.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 38.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al articulado presentadas por la representante del Grupo Parlamentario Popular. Enmienda número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 13; abstenciones 30.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 16; abstenciones, 38.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a votar enmiendas transaccionales. En primer lugar, enmienda transaccional número 1 a las enmiendas 4, del representante del Grupo Parlamentario Popular; 13, del representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y 45, del
representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 35.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 2 a las enmiendas 2 y 3, del representante del Grupo Parlamentario Popular; 12, del representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y 33, del representante del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 37.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 3 a las enmiendas 5 a 7, del representante del Grupo Parlamentario Popular; 14, del representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y 35, del representante del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 35.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Última enmienda transaccional; la número 4 a la enmienda 8, del representante del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 13; abstenciones, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Finalmente, se procede a la votación de conjunto del proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial, Thomas Cook,
teniendo en cuenta, en su caso, las correcciones técnicas distribuidas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 35.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado dicho proyecto de ley, que se remitirá al Senado.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).
- REAL DECRETO-LEY 14/2019, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES POR RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL, CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente
130/000004).
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y
telecomunicaciones.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 50; en contra, 10; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
- REAL DECRETO-LEY 16/2019, DE 18 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 130/000006).
La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 63; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
- REAL DECRETO-LEY 15/2019, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA LA ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA DE LA XXV CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 130/000005).
La señora PRESIDENTA: En tercer lugar, Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 62; en contra, 5; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
- REAL DECRETO-LEY 17/2019, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA LA NECESARIA ADAPTACIÓN DE PARÁMETROS RETRIBUTIVOS QUE AFECTAN AL SISTEMA ELÉCTRICO Y POR EL QUE SE DA RESPUESTA AL PROCESO DE CESE DE ACTIVIDAD DE
CENTRALES TÉRMICAS DE GENERACIÓN. (Número de expediente 130/000007).
La señora PRESIDENTA: Finalmente, Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al
proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 50; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
Muchísimas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.