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DS. Senado, Pleno, núm. 84, de 10/10/2018
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 45


celebrada el miércoles, 10 de octubre de 2018


ORDEN DEL DÍA






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en materia de transición energética.


671/000092
cambio climático; energía renovable; política de medio
ambiente; política energética


GPP






DECLARACIONES INSTITUCIONALES




Declaración institucional por la que el Senado expresa sus
condolencias por las víctimas de las inundaciones ocurridas el día 9 de
octubre en la isla de Mallorca (Illes Balears) y muestra su total apoyo a
las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas.


630/000045

GPP
GPS
GPPOD
GPER
GPV
GPN
GPMX






MOCIONES




Moción por la que el Senado reconoce la labor de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado e insta al Gobierno a no reducir su
presencia en ninguna parte del territorio nacional.


662/000127
Cataluña; Estado de Derecho; Navarra; País Vasco;
fuerza de naturaleza militar; policía; seguridad pública


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a limitar el
aforamiento de Diputados, Senadores y miembros del Gobierno al ejercicio
estricto de las funciones del cargo.


662/000126
Cámara Alta; cámara de elección directa; inmunidad
parlamentaria; jurisdicción superior


GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley de
18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia
de indulto, de forma que se incluyan como delitos a los que no se puede
aplicar el indulto la rebelión, los delitos contra la Corona y la
sedición.


662/000128
infracción; prescripción de la pena

GPP






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY




Proposición de Ley básica de agentes forestales.

622/000022
personal de servicios; proposición de ley; protección
del medio ambiente


GPPOD







PETICIONES




Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el
período ordinario de sesiones de febrero a junio de 2018.


871/000004
Comisión parlamentaria; informe de actividad; período
de sesiones; petición








TRIBUNAL DE CUENTAS




DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO




Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2016, así como la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.


770/000004
auditoría; control presupuestario; presupuesto del
Estado







SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA.


671/000092

GPP


El señor Pascual Madina defiende la moción.


El señor Navarrete Pla defiende las dieciséis enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Mulet García y
de él mismo.


La señora Rivero Segalàs y la señora Julios Reyes defienden las
dos enmiendas del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata
(PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria
(AHI/CC-PNC).


El señor Mato Escalona defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Pascual Madina expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen el señor Navarrete Pla y la
señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la
señora Rivero Segalàs y la señora Julios Reyes, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Aubà Fleix, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la
señora Jiménez García, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; el señor Mato Escalona, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor López Rodríguez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 232;
votos emitidos, 231; a favor, 142; en contra, 85; abstenciones, 4.









DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO EXPRESA SUS
CONDOLENCIAS POR LAS VÍCTIMAS DE LAS INUNDACIONES OCURRIDAS EL DÍA 9 DE
OCTUBRE EN LA ISLA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) Y MUESTRA SU TOTAL APOYO A
LAS TAREAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS.


630/000045

GPP
GPS
GPPOD
GPER
GPV
GPN
GPMX


El señor presidente lee la declaración institucional, que se
aprueba por asentimiento de la Cámara.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RECONOCE LA LABOR DE LAS FUERZAS
Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO E INSTA AL GOBIERNO A NO REDUCIR SU
PRESENCIA EN NINGUNA PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL.


662/000127

GPP


El señor Oyarzábal de Miguel defiende la moción.


El señor Alegre Buxeda defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Roldán Suárez,
de él mismo, del señor Crisol Lafront y del señor Marcos Arias.


El señor Iñarritu García defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador.


La señora Freixanet Mateo defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor González Cabaña defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Cosidó Gutiérrez pide la palabra por alusiones. El señor
presidente le informa de que podrá intervenir en el turno de
portavoces.


El señor Oyarzábal de Miguel expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo
Parlamentario Mixto con número de registro 126644.


En turno de portavoces intervienen: el señor Alegre Buxeda, el
señor Iñarritu García y el señor Yanguas Fernández, por el Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes y el señor Cleries i
Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata
(PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria
(AHI/CC-PNC); el señor Gallastegui Altube, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Castellana Gamisans, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Arrieta Arrieta, por el
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor
González Cabaña, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Oyarzábal de Miguel y el señor Cosidó Gutiérrez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor presidente interviene respondiendo a las protestas por
los tiempos reglamentarios de intervención.


Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto con número de registro 126644, con el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 145; en contra,
91; abstenciones, 3.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LIMITAR EL
AFORAMIENTO DE DIPUTADOS, SENADORES Y MIEMBROS DEL GOBIERNO AL EJERCICIO
ESTRICTO DE LAS FUNCIONES DEL CARGO.


662/000126

GPS


El señor Rodríguez Esquerdo defiende la moción.


El señor Marcos Arias defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto presentada por iniciativa de la señora Roldán Suárez, del señor
Alegre Buxeda, del señor Crisol Lafront y de él mismo.


El señor Mulet García defiende las siete enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y del
señor Navarrete Pla.


La señora Etxano Varela defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Garrido Gutiérrez defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Altava Lavall defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Rodríguez Esquerdo expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen el señor Marcos Arias, el señor
Mulet García, la señora Domínguez de Posada Puertas, el señor Iñarritu
García y el señor Yanguas Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la
señora Pascal Capdevila y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano
Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Picornell Grenzner, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana;
la señora Palencia García, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 237;
votos emitidos, 236; a favor, 195; abstenciones, 41.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY DE
18 DE JUNIO DE 1870 ESTABLECIENDO REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA
DE INDULTO, DE FORMA QUE SE INCLUYAN COMO DELITOS A LOS QUE NO SE PUEDE
APLICAR EL INDULTO LA REBELIÓN, LOS DELITOS CONTRA LA CORONA Y LA
SEDICIÓN.


662/000128

GPP


Se anuncia por megafonía un simulacro de emergencia cuando la
señora Vindel López ha comenzado su turno de defensa de la moción. Se
desaloja el hemiciclo.


Se suspende la sesión a las doce horas y cincuenta minutos.


Se reanuda la sesión a las trece horas y cinco minutos.


La señora Vindel López continúa la defensa de la moción.


El señor Alegre Buxeda definede la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Roldán Suárez,
de él mismo, del señor Crisol Lafront y del señor Marcos Arias.


El señor Mulet García defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y del
señor Navarrete Pla.


La señora Iglesias Parra defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Vindel López expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda, el
señor Mulet García, la señora Domínguez de Posada Puertas y el señor
Iñarritu García, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes
y el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Estradé Palau, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Comorera Estarellas, por
el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora
Iglesias Parra, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vindel
López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se pospone la votación.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY BÁSICA DE AGENTES FORESTALES.

622/000022

GPPOD


La señora Vilà Galán defiende la toma en consideración.


En turno de portavoces intervienen: la señora Domínguez de Posada
Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por
el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor
Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
el señor Aubà Fleix, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana;
la señora Vilà Galán, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; el señor Montes Jort, por el Grupo Parlamentario
Socialista; y el señor Álvarez Cabrero, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se pospone la votación.










PETICIONES





INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN EL
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE 2018.


871/000004



El señor López Rodríguez (Dámaso), presidente de la Comisión de
Peticiones, presenta el informe.









TRIBUNAL DE CUENTAS




DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO





DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.


770/000004



En turno de portavoces intervienen: la señora Rivero Segalàs, por
el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor
Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea; la señora Lima Cid, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el
señor Fernández González, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se pospone la votación.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY DE
18 DE JUNIO DE 1870 ESTABLECIENDO REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA
DE INDULTO, DE FORMA QUE SE INCLUYAN COMO DELITOS A LOS QUE NO SE PUEDE
APLICAR EL INDULTO LA REBELIÓN, LOS DELITOS CONTRA LA CORONA Y LA
SEDICIÓN. (Votación).


662/000128

GPP


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 229;
votos emitidos, 228; a favor, 141; en contra, 85; abstenciones, 2.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY BÁSICA DE AGENTES FORESTALES.
(Votación).


622/000022

GPPOD


Se aprueba la toma en consideración con el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 223; a favor, 81; en contra, 9;
abstenciones, 133.










TRIBUNAL DE CUENTAS




DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO





DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
(Votación).


770/000004



Se aprueba el dictamen con la resolución propuesta por la
Comisión, con el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos,
230; a favor, 218; abstenciones, 12.


Se levanta la sesión a las quince horas y cuarenta y cinco
minutos.








Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.


Tomen asiento, por favor. Se reanuda la sesión.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA.


671/000092

GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.3.


El señor PRESIDENTE: Se han presentado a esta moción consecuencia
de interpelación diecinueve enmiendas: dieciséis del Grupo Parlamentario
Mixto, por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; dos del Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria; y una del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo de cinco
minutos el senador Pascual.


El señor PASCUAL MADINA: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías.


El Grupo Parlamentario Popular se presenta aquí con una moción
consecuencia de interpelación a raíz del Pleno anterior, en el que
preguntamos a la ministra sobre el precio de la luz y sobre una serie de
medidas que nosotros entendíamos fundamentales para controlar ese precio.
Como ya le anunciamos, y dado que no respondió prácticamente a nada de lo
que aquí se le requirió, presentamos esta moción. A su vez, la moción
consecuencia de interpelación viene a raíz de las desastrosas
consecuencias que siempre han tenido las políticas socialistas en el
sistema eléctrico y que han acabado pagando todos los ciudadanos. Les
explicaré algunas de esas medidas desastrosas. Empezamos con Felipe
González y aquella moratoria nuclear, es decir, cuando el señor Felipe
González salió del Gobierno, y siendo ya presidente de un grupo de
expertos para abordar el futuro de la Unión Europea, dijo que la energía
nuclear era más razonable que otras energías. Recuerden, él había sido el
de la moratoria nuclear. Recuerden también al señor Sebastián con sus
primas a las renovables, que sí había que primar pero no en esa cantidad
económica ni ese número de primas, y que preparó un agujero grandísimo en
el sistema eléctrico que estaremos pagando los españoles durante
veinticinco años. El señor Sebastián, cuando salió del Gobierno, dijo
literalmente en una entrevista: «Se nos fue la olla con las
renovables.»


Estas dos decisiones las vendieron a bombo y platillo, la enorme
maquinaria de la izquierda dijo en su momento que eran grandes logros. La
realidad es que a corto plazo fueron grandes logros para ellos, pero a
medio y largo plazo supusieron un agujero en el bolsillo de los
ciudadanos, porque, como les he dicho, lo estaremos pagando durante mucho
tiempo y con nefastas consecuencias.


Y como no hay dos sin tres, entiendan que seamos muy recelosos a
lo que vayan a hacer y a proponer ahora. Nos tememos que vayan a tomar
medidas fundamentadas en posiciones ideológicas. Por tanto, el sentido de
la moción es plantearles una serie de medidas que eviten que esa posición
únicamente ideológica vaya a suponer en un futuro, cuando evidentemente
ya no gobiernen, que el Partido Popular tenga que volver a revertir sus
consecuencias.


¿Cuáles son esas medidas? La primera es abordar la transición
energética desde tres ámbitos. En el ámbito medioambiental, por supuesto,
por supuestísimo —ya no cabe duda, ningún partido político lo
cuestiona— cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones
de CO2 y de instalación de renovables; no comprometer el sistema
energético a los españoles; y que esto se haga al menor costo posible,
impulsando también la eficiencia energética. La segunda, continuar
instalando, desde luego y por supuesto, energías renovables. Les doy una
relación de las energías que o bien están instaladas o están en
promoción. Me he quedado corto con las que vienen en la moción porque he
actualizado los datos estos días y la energía solar fotovoltaica es aún
un poco mayor. Hemos querido poner estos megavatios para que no vuelvan a
decir que con el Partido Popular no se hizo nada con las renovables.
Cuando lo vayan a decir, lean lo que está en promoción y se lo piensan.
La tercera, impulsar decididamente las interconexiones para poder
integrar de una manera adecuada esas energías renovables. La cuarta,
mantener el carbón como parte del mix energético nacional. Y algo muy
importante que inexplicablemente en el Congreso de los Diputados votaron
en contra y que les voy a leer exactamente. Por favor, estén atentos
porque es tan evidente y sensato que parece increíble que en su día lo
rechazaran en el Congreso: «Evitar que el cierre de las centrales de
generación eléctrica viables se pueda hacer de forma unilateral
—entendemos la empresa— sin tener en cuenta el interés
general de todos los españoles ni los objetivos o garantías de suministro
y cambio climático e impacto en el precio de la electricidad.» Fíjense
que esto va dirigido al Gobierno que esté gobernando, aquí no habla de
que el Partido Popular pueda hacer; no, de que el Gobierno pueda hacer,
el Gobierno; en su caso, ustedes. ¿A ustedes les parece sensato decir que
de manera unilateral una empresa, por las razones que quiera, como que no
le interesa o que gana más de otra manera, o porque su estrategia
comercial es otra, pueda cerrar una central de generación eléctrica
porque sí y poniendo en riesgo tanto la estabilidad del sistema como los
precios? Pues es tan de sentido común que eso no se debe hacer. Es muy
inexplicable que hayan votado en contra en el Congreso de los
Diputados.


Luego hablamos también de replantearse el tema...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor PASCUAL MADINA: Acabo, señoría.


Por lo tanto, señorías, estas medidas están planteadas para que el
Ministerio de Transición Ecológica se siga llamando así y no le tengamos
que cambiar el nombre por el de transición ideológica.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pascual.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Gracias por darme la bienvenida al trabajo, pero le recuerdo que
ayer fue el día del País Valencià y, por lo tanto, tenía derecho... (El
señor Arias Navia pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí. Usted
solo fue a la manifestación.


El señor PRESIDENTE: Senador, Arias, haga el favor de
callarse.


El señor NAVARRETE PLA: Avui debatim, perdó senyor president, avui
debatim la moció del Grup Popular en què es demana sobre energia,
etcètera, etcètera, i en la seua exposició de motius fan ja la tàctica
habitual del «y tú más», de que malament ho han fet els altres, i tampoc
assumir encara que siga culpabilitat o els seus errors, com ha dit el
senador, podrien haver admès també errors seus, no només del Partit
Socialista, no?


Bé, a Compromís com sempre ens agrada presentar esmenes i demanar
l’ampliació de mides de les mocions i per tant hem presentat 17
esmenes, 11 d’addició, que demanen moltes coses. Demanen una
convocatòria d’un pla Renove per a les plaques solars, perquè hi
han moltes que ja tenen una antiguitat i per tant no són tan eficients
com les que tenim ara. Demanem desmantellar el projecte Castor
d’experts, demanem la paralització de la MAT entre Almassora i
Morella, aprovada esta idea per part de les Corts Valencianes i també del
Congrés dels Diputats, i per tant creiem que és important fer-ho. Demanem
prohibir per llei el fracking, demanem paralitzar els projectes com una
mina d’urani a Retortillo, demanem el desmantellament progressiu de
les nuclears, demanem derogar una llei de mines que és preconstitucional,
i adaptar-la als nous temps i a les noves circumstàncies, tant de la
legislació europea com de les comunitats autònomes. Demanem modificar la
legislació de manera per a que siga justa, transparent en saber com és el
preu de retribució de les energies produïdes. Demanem la realització
d’una auditoria sobre el sistema elèctric...


Totes estes són d’addició i sé que des del Partit Popular
segurament em diran que tenen a veure amb el tema de fons d’esta
moció, però veient que vostès han presentat en el punt cinquè un tema que
tampoc ho tenia gaire, que ho han colat així de rasquinyada, doncs
nosaltres també ho fem.


També hem demanat una última esmena d’addició, que és la més
potent, que és la més contundent i la més llarga, en què demana
bàsicament la posada en marxa d’un pla de transició energètica,
basada en l’eficiència energètica, en les energies renovables,
reduint la demanda energètica en tots els àmbits, aconseguir també la
potenciació mitjançant noves normatives més contundents i més clares que
donen confiança a l’autoconsum.


Per tant creiem que són bones, que són ampliar l’espectre
d’esta moció conseqüència d’interpretació del Partit Popular,
i per tant esperem que alguna ens l’accepten.


Després, per part, les altres que tenim són esmenes presentades de
modificació; modifiquen els seus punts. Començaré explicant que
l’esmena que modifica el punt sisè demana convergir fiscalment a
nivell mediambiental amb la resta de països d’Europa: tenim la
pressió fiscal mediambientalment parlant més laxa, i per tant convindria
apropar-nos-en a Europa en tot. També demanem mesures per a la
reconversió creïble, transparent, efectiva, del sector del carbó. No cal
fer plans per a que després no siguen acomplerts; cal fer-los, ser clars
i ser transparents per a que la gent que viu del carbó sàpiga quin és el
seu futur i què els espera. També demanem un impuls de les energies
renovables, però inclús sent més valents que la Unió Europea i demanant
que siguen... anar més enllà del que ens demana els objectius de la Unió
Europea i dels acords de París. També demanem, com diu el Partit Popular,
un impuls a les interconnexions elèctriques, que està bé perquè complirem
amb els objectius, amb els requisits que ens ha fet la Unió Europea. Però
cal fer-ho bé. No podem fer, amb l’excusa que és una obligació per
part de la Unió Europea, el que no podem fer és col·locar les línies de
molt alta tensió i altres infraestructures d’interconnexió
energètica de manera barroera i col·locar-la per on ens done la gana. Hem
de respectar els punts sensibles, hem de fer-la passar per exemple, com
fa la línia de molt alta tensió de les Gavarres, soterrada, podem fer
respectant les normes europees que diu que cal estar a un metre per cada
kilovolt de separació entre el nucli urbà de residència i la línia de
molt alta tensió, cosa que no es fa en molts dels projectes que estan
actualment preparant-se per a presentar, i també demanem, com a últim,
abordar una transició energètica que tinga com a eixos fonamentals el
compliment dels compromisos internacionals, com he dit abans, promoure
una energia neta al 100 % per al 2050, o també garantir
l’estabilitat de la xarxa elèctrica però assegurant el
subministrament en condicions dignes, en condicions transparents i clares
perquè tothom, en tots els operadors i tots els usuaris siguen clarament
coneixedors d’en quina situació estaran i que no els la canviaran a
mitjà termini per a conveniència del Govern centrar.


Per tant espero que algunes d’elles tinguen a bé per part de
Partit Popular ser admeses perquè crec que n’hi han algunes que són
prou positives. Altres soc conscient que em diran que no «vienen a
cuento».


Gràcies, senyor president.


Hoy debatimos la moción del Grupo Popular sobre la energía,
etcétera, etcétera. En su exposición de motivos hacen su táctica habitual
del y tú más y de lo mal que lo han hecho los otros y no asumen, aunque
sea mínimamente, su culpabilidad o sus errores. Podrían haber admitido
sus errores y no solo, como ha dicho el senador, los del Partido
Socialista.


En Compromís nos gusta, como siempre, presentar enmiendas y pedir
la ampliación de las medidas de las mociones. Por lo tanto, hemos
presentado 17 enmiendas, 11 de adición, que piden muchas cosas. Por
ejemplo, una convocatoria del Plan Renove para las placas solares, porque
hay muchas que ya tienen una antigüedad y no son tan eficientes como las
que hay ahora; desmantelar el proyecto Castor; la paralización de la MAT
entre Almassora y Morella, aprobada por las Cortes valencianas y también
por el Congreso de los Diputados, por consiguiente, creemos que es
importante hacerlo; prohibir por ley el fracking; paralizar proyectos
como el de una mina de uranio en Retortillo; el desmantelamiento
progresivo de las nucleares; derogar una ley de minas, que es
preconstitucional, y adaptarla a los nuevos tiempos y a las nuevas
circunstancias, tanto a la legislación europea como a la autonómica;
modificar la legislación para que sea justa y trasparente acerca de cuál
es el precio de la retribución de las energías producidas; la realización
de una auditoria sobre el sistema eléctrico.


Todas estas enmiendas son de adición, y seguramente el Partido
Popular me dirá que no tienen nada que ver con el tema de fondo de esta
moción, pero, viendo que ustedes han presentado en el punto quinto un
tema que tampoco tenía mucho que ver y que han colado de refilón, pues
nosotros también lo hacemos.


Pedimos en una última enmienda de adición, que es la más
contundente y más larga, la puesta en marcha de un plan de transición
energética, basada en la eficiencia energética, en las energías
renovables, reduciendo la demanda energética en todos los ámbitos; y
conseguir la potenciación a través de nuevas normativas más contundentes
y más claras que den confianza al autoconsumo.


Por tanto, creemos que estas enmiendas son buenas, significan
ampliar el espectro de esta moción consecuencia de interpelación del
Partido Popular, por lo que esperamos que nos acepten alguna.


Las otras enmiendas son de modificación. Empezaré explicando que
la enmienda que modifica el punto 6 pide converger fiscalmente a nivel
medioambiental con el resto de países de Europa. Tenemos la presión
fiscal, medioambientalmente hablando, más laxa. Por consiguiente,
convendría acercarnos a Europa en todo. También pedimos medidas para la
reconversión creíble, trasparente y efectiva del sector del carbón. No
hay que hacer planes para que después no sean cumplidos, hemos de ser
claros y trasparentes para que la gente que vive del carbón sepa qué les
espera en el futuro. Pedimos un impulso de las energías renovables
también, incluso siendo más valientes que la Unión Europea, e ir más allá
de los objetivos de la Unión Europea y de los acuerdos de París. Asimismo
solicitamos, como dice el PP, un impulso a las interconexiones
eléctricas, que está bien, porque cumpliremos los objetivos y requisitos
que nos pide la Unión Europea. Pero hay que hacerlo bien, lo que no
podemos hacer, con la excusa de que es una obligación que nos pone la
Unión Europea, es colocar las líneas de muy alta tensión y otras
infraestructuras de interconexión energética de manera vasta y por donde
nos dé la gana, tenemos que respetar los puntos sensibles. Por ejemplo,
podemos hacerlo como la de las Gavarres, enterrada, y podemos hacerlo
respetando las normas europeas que dicen que hay que estar a un metro por
cada kilovoltio de separación entre el núcleo urbano de residencia y la
línea de muy alta tensión, cosa que no se hace en muchos de los proyectos
que se están preparando ahora para presentarlos. También pedimos,
finalmente, abordar una transición energética que tenga como ejes
fundamentales el cumplimiento de los compromisos internacionales, como he
dicho antes; promover una energía limpia al cien por cien para el 2050, y
garantizar la estabilidad de la red eléctrica, pero asegurando el
suministro en condiciones dignas, transparentes y claras para que todo el
mundo la conozca, todos los operadores y todos los usuarios, para que
estos sean conocedores de en qué situación están y sepan que no se la
cambiarán a medio plazo a conveniencia del Gobierno central.


Por lo tanto, espero que el PP tenga a bien admitir algunas de
ellas, porque creo que hay algunas muy positivas. Respecto a otras, soy
consciente de que dirán que no vienen a cuento.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmienda del Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora
Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. Des de l’escó,
estant.


En matèria de transició energètica o plans energètics, la veritat
és que tampoc el Partit Popular no ens inspira molta credibilitat per
algunes decisions que va prendre mentre governava, que, lluny
d’aportar solucions, el que van fer va ser complicar la vida i
estic parlant, per exemple, dels peatges a la mitja tensió, que es
tracten d’una manera diferent en uns territoris i en
d’altres, per posar un exemple.


Però no ens n’hem pogut estar de fer una esmena quan diuen
de continuar mantenint el carbó dins del mix energètic. Nosaltres som
partidaris d’impulsar una estratègia per substituir el mix
energètic del carbó. Tothom sap que aquesta energia és la responsable
d’un 17 % de l’electricitat i no obstant això, en retorna
un 58 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.


En el marc en el qual estem, en què els informes de l’ONU
ens diuen que no podem badar, que hem de començar ja, que tenim dotze
anys de decalatge, no massa més, per arreglar aquests efectes nocius per
al medi ambient i la salut de les persones, entenem que, certament, dins
del paquet energètic, cal pensar com es reconverteix el carbó i com
s’aporten solucions en la línia de la moció que es va debatre en
aquesta Cambra, però, en cap cas, s’ha de seguir mantenint dins del
mix energètic.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente. Intervengo desde el escaño.


En materia de transición energética o de planes energéticos, la
verdad es que el Partido Popular no nos inspira mucha credibilidad por
algunas decisiones que tomó mientras gobernaba, que, lejos de aportar
soluciones, lo que hicieron fue complicar la vida. Estoy hablando, por
ejemplo, de los peajes a la media tensión, que se tratan de una forma
distinta en unos territorios y en otros.


No hemos podido evitar hacer una enmienda cuando dicen continuar
manteniendo el carbón dentro del mix energético. Nosotros somos
partidarios de impulsar una estrategia para sustituir el mix energético
del carbón. Todo el mundo sabe que esta energía es la responsable de
un 17 % de la electricidad y sin embargo, retorna un 58 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero.


En el marco en el que estamos, en el que los informes de la ONU
nos dicen que no podemos despistarnos, que tenemos que empezar ya, que
tenemos doce años como máximo para arreglar estos efectos nocivos para la
salud y el medioambiente, entendemos que, dentro del paquete energético,
hay que pensar cómo se reconvierte el carbón y cómo se aportan soluciones
en la línea de la moción que se debatió en esta Cámara, pero, en ningún
caso, se debe seguir manteniendo dentro del mix energético.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Senadora Julios, tiene la palabra.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Coalición Canaria ha presentado una enmienda de sustitución no
tanto porque no estemos de acuerdo con algunos de los puntos —con
otros, no tanto— planteados por el Grupo Popular como porque
entendemos que estamos en un tema de una gran trascendencia, estratégico
para el futuro de las próximas generaciones para el desarrollo económico
y social de todos los territorios del Estado español. Nos parece que no
podemos seguir con debates cortoplacistas, con medidas coyunturales y
parciales que no nos van a llevar a ningún lado. Desde luego, no nos van
a sacar de la zona de cola del tren en el desarrollo de la
sostenibilidad.


Nosotros entendemos que los países que han sido capaces de pactar
estrategias y de planificar su desarrollo de sostenibilidad dentro de los
sistemas energéticos, sus procesos de transición y su mejora del mix
energético, y que han sido capaces de dar un ámbito de pacto de Estado a
estos desarrollos y a estas estrategias, son los que hoy están a la
cabeza. Desde luego, no somos nosotros.


Por ello, nosotros estamos planteando una iniciativa para que el
Senado inste al Gobierno de España a que iniciemos procesos de
negociación y consenso con los agentes sociales, políticos y económicos
para abordar una profunda reforma estructural del sistema energético que
permita a España y a todas las comunidades autónomas abordar el proceso
de transición energética y dotar de estabilidad al sistema energético en
España. De lo contrario, hoy abordaremos una iniciativa para tratar la
pobreza energética, el precio de la energía o el carbón, mañana la
presentarán porque un Gobierno ha subido un impuesto y el ministro
siguiente lo ha bajado. Creo que de esa manera no vamos a consolidar una
estrategia que nos lleve a estar en la cabeza y no en el vagón de
cola.


Nosotros consideramos, señorías, que ningún Gobierno de España
—ni del Partido Popular ni del Partido Socialista— puede
dejar de asumir su responsabilidad para poder estar en cabeza en cuanto
al desarrollo de las energías renovables y de la transición energética.
Por lo tanto, nos toca asumir responsabilidades a todos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mato.


El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías.


Pues bien, después de haber estudiado con detenimiento esta
moción, yo creo que es necesario hacer una reflexión previa acerca de lo
que a mí me parece que es la estrategia del Partido Popular de los
últimos meses: ¡Echarse al monte y decir lo que haga falta!


Señorías, que, después de siete años de mayoría absoluta de
Gobierno del Partido Popular —en los que ese Gobierno cambió
unilateralmente todas las normas del sistema energético español—,
hoy vengan con esta moción a este Pleno no es ni serio ni en absoluto
creíble. (Aplausos). No hay más que leer la exposición de motivos. ¡Esto
no es una moción, señorías, esto es un argumentario! Es un
argumentario.


Señor Pascual, le voy a dar unos cuantos datos. Con sus ministros
Soria y Nadal, los precios de la energía no dejaron de subir en ningún
momento y, por primera vez en España, se empezó a hablar de pobreza
energética. Los sobrecostes de una energía disparada provocaron pérdida
de competitividad, lo que, sumado a la crisis económica, supuso en
muchísimos casos el cierre de muchas empresas de nuestro país. ¿Y cuál
fue la única fórmula en la que trabajó el Gobierno para mejorar la
competitividad? Hacer una reforma laboral que abría la puerta a la
precarización del empleo y a tener en este país, por primera vez,
trabajadores pobres. Por lo tanto, señorías, fue la ciudadanía la que
pagó y sigue pagando hoy los efectos de esa política errática en la que
nos metieron ustedes. Además —como sabe, señor Pascual—,
durante estos años no dejó de subir la emisión de gases de efecto
invernadero en nuestro país, desviándonos a su vez de los compromisos a
los que nos habíamos comprometido con la comunidad internacional. ¿Y qué
hicieron ustedes, señorías? ¿Qué defendió el Partido Popular? Pues todo
lo contrario, todo lo contrario, señorías. En esta Cámara, y a
regañadientes, el propio ministro Nadal reconoció que la creciente
incorporación de energías renovables al sistema abarataba notablemente
los precios.


Por eso, hoy, señor Pascual, con la tonelada de carbón a 100
euros, el barril de Brent a 79 dólares y la tonelada de CO2 a 20 euros,
el precio de nuestra electricidad está disparado. Estos precios altos son
costes que tienen todos los generadores, que se internalizan muy
rápidamente en el precio y que, al final, paga el consumidor. Señor
Pascual, ¡abran los ojos!: generar electricidad a partir de combustibles
fósiles es caro, está sujeto a una gran volatilidad y lo será cada vez
más en el futuro. Pero es que, además, esa tendencia al alza no se
produce solamente en España, sino en todos los países de nuestro entorno.
¿Y qué ha sucedido en estos países durante este tiempo? A lo largo de
este tiempo, mientras que en España no se atenuaban los precios, en el
resto de países sí gracias a la penetración de mayor potencia renovable
en el sistema. Nosotros abandonamos esa senda, mantuvimos los precios
altos y con eso lastramos notablemente nuestra competitividad. Dejaron
muy tocado el sector renovable, hubo miles de despidos y, además, echaron
por la borda el esfuerzo que había hecho este país en la década anterior.
En siete años, señorías, no abordaron absolutamente ninguno de los
problemas de fondo que tiene nuestro mercado eléctrico. Se lo dijo la
ministra Rivera, y yo se lo repito: ¡Cero anticipación y cero
previsiones! ¿O no sabían ustedes, en el año 2011, que las centrales
térmicas que no adaptaran sus sistemas a la normativa medioambiental
tenían que poner el cierre en el año 2018? ¿No lo sabían, señor Pascual?
¿No lo sabían Soria y Nadal? ¡Claro que lo sabían! ¿Qué hizo el Gobierno
por las cuencas mineras, señor Pascual? ¿Qué hizo el Partido Popular por
las cuencas mineras? Absolutamente nada. ¿Quiere que le recuerde lo que
pasó con Garoña? ¡Si llegaron y no sabían si tenía que cerrar o no tenía
que cerrar! Todo improvisación, señorías —a cada problema un
parche—, reformas en el mercado que realizaron con carácter
unilateral, sin respaldo de la normativa comunitaria y que le están
costando muy caro a la ciudadanía de este país. Le voy a hacer una cuenta
muy rápida. Hay 42 arbitrajes presentados ante diferentes organismos
internacionales de arbitraje que tienen un valor estimado de 10 000
millones de euros que puede tener que pagar este país, que, además,
sumados a los 5000 millones reclamados por los inversores españoles ante
los tribunales nacionales, dan como resultado la factura pendiente de la
política errática que han llevado a cabo durante estos años. En siete
años de gobierno no fueron capaces de presentar ni siquiera una ley de
transición energética y de cambio climático que estuviese mínimamente
consensuada.


Termino. Hoy aquí, a escasos cuatro meses de la llegada de un
gobierno, sin ningún rubor, nos presentan una moción en defensa de la
energía renovable, las interconexiones,…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MATO ESCALONA: … el carbón, la nuclear, el diésel,
y el precio bajo. Solo le faltó a usted decir que quería además dos de
pulpo. (Risas). Hoy en esta Cámara, señor Pascual, al que se le ha ido a
olla es a usted, y todo a un tiempo. ¡Qué poca seriedad!


Señorías, termino. Presentamos la enmienda que recoge las
directrices del Gobierno, con las normas aprobadas...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor MATO ESCALONA: ... en el último Consejo de Ministros, de
las que le hablaré un poco más adelante.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mato.


Tiene la palabra el senador Pascual, para indicar si acepta o no
las enmiendas.


El señor PASCUAL MADINA: Gracias, señor presidente.


La verdad es que antes se me ha pasado mandar un cariñoso abrazo
al pueblo de Sant Llorenç, donde ha habido cinco fallecidos por
inundación, de parte de nuestro grupo y de todo el plenario
(Aplausos).


Voy a empezar por la no presentación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, que se ha dedicado a contestarme. Me gustaría
tener tiempo para contestar al señor Mato, pero tengo que responder a
todas las enmiendas, aunque me tiene que dejar decirle algo. Usted me
hace números, yo se los voy a hacer muy rápidamente, y son los números
definitivos; contra estos no hay vuelta de hoja. (Rumores). Entra Mariano
Rajoy al Gobierno y se encuentra una deuda de 24 000 millones de euros en
el sistema eléctrico, con un déficit, que algún año estaba en los 6000
millones de euros, y un consenso general de todos los actores del sistema
de que esto se caía, se caía, literalmente se caía, y tuvo que hacer una
reforma. Y ustedes han estado ocho años callados con la reforma porque
sabían que no había otra. Y, aun así, dentro de la factura eléctrica
estamos pagando todos los españoles hoy —el día 1 de noviembre que
lo recuerden todos los que reciban la factura— 9000 millones de
euros por sus nefastas políticas. Esos son los números definitivos.
(Aplausos). Y no me hable de Garoña, no voy a entrar; no me hable de
Garoña, que soy de Burgos. Perdóneme, Mato. Al final su enmienda es
simplemente lo que nos dijo la ministra y por eso mismo presenta su
enmienda, y por eso presentamos la moción, no hay vuelta de hoja.


Señor Cleries, no, es que como la firma, señora Rivero, el carbón
tiene un fin, pero de su redacción se deduce que el fin quiere que sea
mañana, y nosotros lo que proponemos es no echar la persiana mañana.
Realmente, nuestro texto y el suyo son muy parecidos, por lo tanto, deje
que presentemos nuestro texto.


Señora Julios, comparto su exposición completamente. Si usted
hubiese presentado una enmienda de adición, no de sustitución, la
hubiésemos aceptado, porque precisamente es lo que queremos, que para que
no sea una decisión únicamente ideológica lo que nos presenta, la
ministra Rivera hable con todos los grupos y entre todos veamos de qué
manera, en una decisión tan importante, abordamos el futuro
energético.


Compromís, en las seis primeras enmiendas se ha dedicado a hacer
otra redacción de nuestro petitum. Es otra redacción, con sus puntos.
Pero como es otra redacción, deje que presentemos la nuestra.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor PASCUAL MADINA: Y si la presentan en comisión, igual
hasta se la aprobamos. No obstante, quería hacerle una puntualización
sobre la enmienda 14. Habría estado bien que hubiesen estado en la
Comisión de Transición Ecológica que se celebró la semana pasada. Porque
nosotros presentamos una propuesta consensuada con los afectados.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor PASCUAL MADINA: Y ustedes evitaron muy hábilmente tener
que apoyarla.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pascual.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Lo primero es recordar a los afectados de las riadas de hoy en
Sant Llorenç. Lo segundo es decirles que ustedes serán conscientes, por
eso de que se nos dijo que retiráramos o no una moción en una comisión,
de que se cambió la fecha de la misma. Como algunos tenemos
responsabilidades y agendas, no podemos asistir a todos los sitios. Yo
aún no tengo el don de la ubicuidad.


Y, en relación con esta moción, como dije antes, la exposición de
motivos solo hace una especie de comparación de lo que han hecho mal unos
—en este caso, el Partido Socialista—, pero no hay nada de
autocrítica sobre lo que han hecho ustedes mal, que quizás hayan hecho
algo mal.


Lo que quería decirle con nuestras enmiendas es que hay que ser
valientes, que hay que tomar más medidas, que hay que ir más allá de la
simple exposición de motivos y de pedir que solucionemos los temas. ¿Qué
hacemos para solucionarlos? Porque, como saben ustedes, hay un informe de
la ONU que dice que si no hacemos nada tendremos subida del nivel del
mar, tendremos desertificación en nuestro territorio y tendremos falta de
agua. Por lo tanto, habrá que hacer algo. Y ahí estamos. Esa es la
cuestión.


Usted ya nos ha dicho que no las va a aceptar, pero esté tranquilo
porque se las presentaremos en una comisión para que nos las
apruebe.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.


Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, señor
presidente.


Los efectos de la transición ecológica anunciada por el Gobierno
han hecho resonar con fuerza las alarmas en Asturias y en la industria
española. La desertización y la deslocalización amenazan la continuidad
de importantes sectores como consecuencia de la ausencia en España de una
política reindustrializadora. A ello se suma el despropósito anunciado
por el Gobierno socialista de cerrar las centrales térmicas de generación
de electricidad, que en Asturias alimentan las grandes industrias de
consumo electrointensivo y exportan energía.


El cierre de estas centrales alentado por el Gobierno supondrá el
encarecimiento del recibo de la luz con impacto sobre la factura final de
un consumidor medio de entre un 5 y un 10 %. En España ya estamos a la
cabeza europea en carestía de la electricidad, más aún, con los máximos
históricos alcanzados en días pasados. La renuncia al carbón, nuestro
único combustible fósil autóctono, supone sacrificar nuestra soberanía
energética.






En 2017 el carbón supuso el 17,4 de toda la electricidad
generada en España. Es decir, fue la tercera fuente de energía en el mix
energético, detrás de la nuclear y la eólica.


Con el pretexto de cumplir los acuerdos de París, el Gobierno de
España se desmarca de la política energética, que, sin embargo, mantienen
otros países de la Unión Europea, como Alemania o Polonia, donde sus
dirigentes, antes de disfrazarse de verde, piensan en otras alternativas
para proteger el interés de sus ciudadanos, para crecer económicamente,
así como para crear empleo y bienestar.


Señorías, el Gobierno socialista copia su política desertizadora
de los manuales ecologistas más rancios. Calca su política de cierres, de
declaraciones equivocadas sobre los efectos perversos para el
medioambiente y la salud, de un ministro francés ya dimitido. Señorías,
hay otras alternativas y el Gobierno las tiene a su alcance. En los
presupuestos generales para 2018, que en el debate de la moción de
censura, el señor Sánchez se comprometió a ejecutar, se incorporaron a
instancias de Foro importantes dotaciones, como son los 20 millones para
reducir las emisiones en las centrales térmicas y los 150 millones en
ayudas a la industria de consumo electrointensivo para costes indirectos
del CO2.


El Gobierno, en lugar de aplicar la ejecución presupuestaria para
la que solo le quedaba medio año, se ha lanzado, irresponsable y
frívolamente, a pintar de verde la política energética, con lo que solo
va a conseguir inquietar y desestabilizar a las comunidades autónomas,
amenazando su supervivencia económica y social.


Y respecto al último punto de la moción, en Foro pensamos que la
ministra ha sembrado una alarma irresponsable en el sector del automóvil,
que ha costado muchos millones de euros, y no podemos olvidar que la
industria del automóvil representa el 10 % del PIB. La semana pasada, mi
compañero, el diputado de Foro, presentó una PNL en el Congreso en estos
términos de la moción que presenta hoy el Grupo Popular, que, por cierto,
salió adelante y, por tanto, nosotros vamos a votar hoy a favor de esta
moción del Grupo Popular, porque, además, es uno de los puntos
fundamentales de nuestro acuerdo de coalición electoral.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la
senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


Intervengo, únicamente, para manifestar nuestra abstención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Senadora Julios, tiene la palabra.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Lamentamos que el portavoz del Grupo Popular pida negociación en
estos temas, porque no ha demostrado mucha capacidad para negociar,
puesto que, si no me equivoco yo, entendí que no aceptaba ninguna de las
enmiendas presentadas por los grupos. Quizá es porque la propia
iniciativa del Grupo Popular nos habla, en la exposición de motivos, solo
de los males y de los errores de las políticas energéticas del Partido
Socialista. Si bien es cierto que puedo compartir con ustedes que se
produjeron errores en la política energética del Partido Socialista, creo
que se olvidan de mencionar, en su exposición de motivos, los
desbarajustes y los graves errores de la política energética de los
gobiernos del Partido Popular. Nadie cuestiona hoy, sin irme más lejos,
el gran retroceso que se produjo, en una legislatura reciente, cuando
teníamos como ministro al señor Soria, en el desarrollo de las renovables
o los errores que vamos a pagar todas las generaciones, las futuras
también, por el valor de los laudos a cuenta de los recursos presentados
en la Unión Europea por la retroactividad de las primas a las renovables,
que alcanzan ya varios miles de millones. Recordemos también el
desconcierto que se provocó, incluso en países de Europa, con el llamado
impuesto al sol o la quiebra a la que llevaron a miles de pequeñas
empresas de fotovoltaica en el caso de Canarias, pero también en otros
territorios de España.


Señorías, tenemos ya que tomar decisiones. Estamos de acuerdo en
que hay que tomarlas y de manera urgente, pero para ello hace falta hacer
un pacto de Estado con estos temas que nos dé estabilidad y continuidad,
que permita que hagamos una transición energética hacia un mix energético
mucho más sostenible que el que tenemos ahora. Desde luego, es
incomprensible que países que tienen unas condiciones climáticas peores
que las nuestras, como es el caso de Alemania, estén hoy a la cabeza de
las energías renovables y que España, que tiene sol, agua y viento, no
esté a la cabeza del desarrollo de las energías limpias. Por eso,
señorías, nosotros tampoco vamos a apoyar esta iniciativa. No está
cargada de voluntad de consenso o de pacto, y parece querer continuar con
el rifirrafe que nos ha llevado a donde estamos. Con esas estrategias no
saldremos de donde estamos. Señorías, lo cierto —ya concluyo—
es que en Canarias, que tenemos sistemas eléctricos insulares aislados
por completo en cada una de las islas, salvo en Lanzarote y
Fuerteventura, que están comunicadas por un cable submarino, tenemos que
ser autosuficientes en la generación de energía y somos muy vulnerables a
los bandazos de la política energética. Por eso, con responsabilidad,
estamos haciendo este planteamiento. Basta ya de confrontación en un tema
que es estratégico para el futuro del desarrollo económico y social de
España y de todos sus territorios.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, senatori jaun-andreok.


Señorías, la transición energética es ir de un punto actual
insostenible medioambiental y económicamente a un puerto más seguro y
sostenible. El problema es que para ir de nuestra posición actual a ese
nuevo puerto solo lo podemos hacer con el viento en contra, porque todos
queremos disponer de energía cada vez que le damos al interruptor o
pisamos el acelerador en cualquier momento, sea cuando sea, de noche o de
día; todos queremos disponer de toda la energía que necesitemos en ese
momento, que esta energía sea asequible, si puede ser barata, y que
podamos asegurarnos que todos los ciudadanos tenemos acceso a ella en
esas condiciones independientemente de nuestros ingresos; y que todo esto
no ponga en peligro el futuro de nuestros hijos y de la humanidad.


Todo esto, señorías, es viento en contra, porque es mucho más
fácil dejarse llevar que luchar para cambiar las cosas. Por lo tanto, si
tenemos que ir de nuestra posición actual al nuevo puerto situado a
barlovento, solo podemos hacerlo navegando en ceñida, digamos que
desplazándonos de costado —aquí hay algunos que saben muy bien de
lo que estoy hablando—, buscando el mejor equilibrio entre el rumbo
directo, que es imposible porque el viento viene de frente, que nos lleva
al puerto y el ángulo que lleva nuestras velas en relación al viento.
Quien sabe navegar a vela —vuelvo a repetir que aquí hay gente que
sabe mucho de esto— es consciente de que lo tendremos que hacer
dando bordos, navegando un rato ciñendo a babor sobre un costado del
barco y cambiando al otro costado del barco ciñendo a estribor cuando
veamos que nos vamos alejando del rumbo, o que el viento es mejor de la
otra manera, porque hemos de ser capaces de detectar y prevenir lo que va
a hacer el viento, la fuerza que va a tener, y de hacer cambios
constantes en el reglaje, ya que si cambiamos un reglaje se nos modifica
todo el resto, por lo que hemos de buscar el mejor rendimiento para
equilibrarnos todos y poder trabajar mejor.


En resumen, señorías, la única manera de navegar contra el viento
es en zigzag, no hay más vuelta, con paciencia, porque el objetivo, la
boya, el puerto parece que está ahí mismo en la distancia, pero en
realidad está muy lejos en el tiempo. De eso tenemos que ser conscientes,
por lo que hemos de avanzar aunque no lo parezca; y, en cualquier caso,
no retroceder; tenemos, incluso, que contar con la posibilidad de cambiar
de puerto objetivo, porque a lo mejor nos damos cuenta, según vamos
navegando, de que es imposible llegar al puerto que nos habíamos
planteado y tenemos que dirigirnos a otro más cercano y lo más parecido
posible al que teníamos en mente. Pudiera suceder simplemente que en el
transcurso del viaje la tripulación decida que en vez de comer alubias
con chorizo en este puerto quiere comer paella en el otro, que también es
una cuestión importante. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de
modificar nuestros objetivos, pero trabajando. Lo que no podemos hacer es
empeñarnos en trabajar y en avanzar en rumbo directo contra el viento;
eso no se puede hacer, es imposible; no se puede ir contra el viento.
Tampoco podemos dedicarnos a pontificar lo bien que nos iría si el viento
dominante en vez de venir de frente viniera de popa: iríamos a toda
marcha; pero eso no va a pasar: el viento dominante viene de frente. Y
menos aún podemos quedarnos paralizados en el puerto discutiendo si lo
que vamos a comer cuando lleguemos es arroz con pollo o paella. Eso
tampoco nos lleva a ninguna parte. Y eso es, señorías del Partido
Popular, lo que ustedes nos plantean hoy aquí: seguir discutiendo si al
final comeremos paella o arroz con pollo. Desde luego, eso es hacer
politiquería. Eso es intentar meter el dedo en el ojo a este Gobierno, y
cuando no esté este al otro. Y así no vamos a avanzar — lo ha dicho
la senadora Julios y lo han dicho los que me han precedido en el uso de
la palabra— nada, porque vamos a dedicarnos a intentar meter el
dedo en el otro al otro; y eso no sirve para nada.


Esto que nos traen ustedes hoy, señorías, es lo mismo que ya
discutíamos en 2012, en los mismos términos. Han estado ustedes
gobernando hasta ahora y han hecho exactamente en muchos casos lo
contrario de lo que aquí nos piden. Hemos tenido la suerte de reducir las
emisiones porque, por desgracia, la crisis se ha cargado a muchas
empresas del Estado español. En cuanto ha subido el precio del carbono,
como no hemos reducido su emisión, se nos han descoyuntado todas las
cuentas de la electricidad, y eso es consecuencia de la no política
energética del Estado español.


Es curioso —voy a terminar porque iba a hablar del diésel
pero no me va a dar tiempo— que tengamos un buen libro de bitácora,
el informe que hizo la Comisión de Expertos que ustedes mismos
encargaron, realizado por expertos de todo tipo, y que no les guste, y
por eso lo han enterrado debajo de siete mil papeles. El propio José Luis
de la Fuente O’Connor, que fue designado por la UGT, en una
reflexión particular dice que es un informe valiente; un informe valiente
que probablemente el Gobierno no se esperaba; quien lo encargó no lo
esperaba.


Nosotros pedimos al Partido Socialista que lo haga suyo, que lo
tome como punto de partida, y que sigamos trabajando en esa línea, porque
esa es la manera de hacerlo, no politiqueando aquí, sino teniendo
expertos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.


Que se nos den dos alternativas para elegir —no cinco,
porque, si no, nos vamos a marear—, dos alternativas; que se nos
posibilite que podamos ir cambiando el rumbo y la configuración del barco
según vayamos navegando. No nos quedemos aquí en la discusión.


Nosotros, señor presidente, señorías, no vamos a entrar en este
lío. No queremos estar en esta feria. Queremos trabajar, lo hicimos en la
Comisión de Expertos. Lo seguiremos haciendo.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.


Pero, desde luego, en esto no vamos a entrar y votaremos en
contra.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Aubà Fleix.


EL señor AUBÀ FLEIX: Gràcies president.


Senyories, fa poques setmanes que la ministra de Transició
Ecològica manifestava la voluntat de tancar el parc nuclear espanyol a
mesura que les centrals nuclears complissin la seva vida útil
tecnològica, és a dir, quan complissin quaranta anys. En el cas de la
central d’Ascó?, el 2023, i en el de la de Vandellòs, el 2028.


Aquesta voluntat de tancar les centrals nuclears quan finalitzin
la seva vida útil és compartida per Esquerra Republicana. Ara bé, exigim
que, des d’ara mateix i fins a la data de tancament de les centrals
nuclears, l’Estat espanyol implementi durant els propers anys un
pla de diversificació i reactivació econòmica, laboral i industrial de
les zones que acullen les dues centrals nuclears d’Ascó i
Vandellòs; un pla que tindria com a únic objectiu revertir
l’impacte ambiental i laboral negatiu que representarà el tancament
de les centrals nuclears, i oferir oportunitats de futur als seus
habitants i als pobles que depenen completament del monocultiu
nuclear.


Fins a la data tant els Governs del PP com els del PSOE
s’han negat a donar compliment a una petició que, de forma
reiterada i des de fa més d’una dècada, Esquerra Republicana
planteja a les Corts. Els pobles i comarques que depenen del monocultiu
nuclear haurien de gaudir d’alternatives econòmiques i laborals de
futur quan tanquin les centrals nuclears, perquè així estan condemnats al
despoblament més absolut, i això exigeix ​​una actuació
prèvia al tancament. Seria desitjable que l’Estat destinés una part
de l’impost nuclear estatal per incrementar aquest pla preventiu de
diversificació econòmica a les zones nuclears davant l’impacte
laboral negatiu que provocarà el tancament.


Però el més greu de tot és que el Govern espanyol no hagi actuat
en aquest sentit. El més greu és que la Generalitat de Catalunya ha
decidit actuar per donar una alternativa laboral i econòmica enfront del
tancament de les centrals nuclears, i que el Govern del PP ho ha impedit.
Cal recordar que la Generalitat de Catalunya, al gener de 2015, impulsava
i proposava, a proposta d’Esquerra, la creació de dos nous impostos
de caràcter ambiental que gravarien els efectes contaminants per la
producció elèctrica d’origen nuclear. A més, el 10 % del que es
recaptaria amb aquest impost català revertiria en els municipis situats a
les zones nuclears amb l’objectiu de crear un fons que ajudés a la
diversificació i la reactivació econòmica d’aquestes zones abans de
finalitzar la vida útil de les centrals nuclears. Aquest fons permetria
durant els anys anteriors al tancament de les centrals atraure, captar i
facilitar la instal·lació de noves empreses que ajudarien a crear un
teixit empresarial competitiu i alternatiu al tradicional model de
monocultiu econòmic nuclear, condemnat a desaparèixer amb el tancament de
les centrals.


La Vicepresidència del Govern de la Generalitat i la Conselleria
d’Economia van consensuar un reglament que regulava els criteris de
distribució del fons econòmic amb els ajuntaments de la zona i les
centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs. Per desgràcia, al juliol
de 2015 el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit un recurs
d’inconstitucionalitat sobre l’impost català presentat pel
Govern del PP i que després declarava inconstitucional a l’abril
de 2016. Davant aquest fet la Generalitat va replantejar l’impost i
el mes d’octubre de 2016 creava un nou impost per gravar el risc
mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i
emissions d’elements tòxics de les centrals nuclears. A més
anunciava que destinaria a les zones un 20 % del que recaptaria
l’impost, fet que podia representar l’aportació d’uns
fons econòmics per a la zona de Vandellòs i Ascó de 11 milions
d’euros. Però, un cop més, per desgràcia, el Govern del PP va
impedir l’entrada en vigor d’aquest punt i el mes de gener el
Tribunal Constitucional admetia a tràmit aquest recurs.


A què espera el govern del Partit Socialista per retirar el recurs
d’inconstitucionalitat de l’impost català de la nuclear? Des
d’Esquerra Republicana exigim al Govern del PSOE que retiri de
manera immediata aquest recurs d’inconstitucionalitat del Govern
del PP sobre l’impost català de la nuclear que grava el risc
mediambiental. Li demanem de manera immediata que deixi que la
Generalitat de Catalunya pugui implementar els fons econòmics que faran
possible la diversificació i la reactivació econòmica, laboral i
industrial de les zones que acullen les centrals nuclears d’Ascó i
Vandellòs abans que es produeixi el seu tancament.


Moltes gràcies.


Gracias presidente.


Señorías, hace pocas semanas que la ministra de Transición
Ecológica manifestaba la voluntad de cerrar el parque nuclear español a
medida que las centrales nucleares cumpliesen su vida útil tecnológica,
es decir, cuando cumplieran cuarenta años. En el caso de la central de
Ascó en 2023, y en el de la de Vandellós en 2028.


Esta voluntad de cerrar las centrales nucleares cuando finalicen
su vida útil es compartida por Esquerra Republicana. Ahora bien, exigimos
que, desde ahora mismo y hasta la fecha de cierre de las centrales
nucleares, el Estado español implemente durante los próximos años un plan
de diversificación y reactivación económica, laboral e industrial de las
zonas que acogen las dos centrales nucleares de Ascó y Vandellós; un plan
que tendría como único objetivo revertir el impacto ambiental y laboral
negativo que representará el cierre de las centrales nucleares, y ofrecer
oportunidades de futuro a sus habitantes y a los pueblos que dependen
completamente del entorno nuclear.


Hasta la fecha tanto los Gobiernos del PP como los del PSOE se han
negado a dar cumplimiento a una petición que, de forma reiterada y desde
hace más de una década, Esquerra Republicana plantea en las Cortes. Los
pueblos y comarcas que dependen del monocultivo nuclear deberían tener
alternativas económicas y laborales de futuro cuando cierren las
centrales nucleares, porque así están condenadas al despoblamiento más
absoluto, y eso exige una actuación previa al cierre. Sería deseable que
el Estado destinara una parte del impuesto nuclear a desarrollar este
plan preventivo de diversificación económica en las zonas nucleares ante
el impacto laboral negativo que provocará el cierre.


Pero lo más grave de todo es que el Gobierno español no haya
actuado en este sentido. Lo más grave es que la Generalitat de Catalunya
ha decidido actuar para dar una alternativa laboral y económica frente al
cierre de las centrales nucleares, y que el Gobierno del PP lo ha
impedido. Hay que recordar que la Generalitat de Catalunya, en enero
de 2015, impulsaba y proponía, a propuesta de Esquerra, la creación de
dos nuevos impuestos de carácter ambiental que gravarán los efectos
contaminantes por la producción eléctrica de origen nuclear. Además,
el 10 % de este impuesto catalán revertiría en los municipios situados en
las zonas nucleares con el objetivo de crear un fondo que generara la
diversificación y la reactivación económica de estas zonas antes de
finalizar la vida útil de las centrales nucleares. Este fondo permitiría
durante los años anteriores al cierre de las centrales atraer, captar y
facilitar la instalación de nuevas empresas que ayudarían a crear un
tejido empresarial competitivo y alternativo al tradicional modelo de
monocultivo económico nuclear, condenado a desaparecer con el cierre de
las centrales.


La Vicepresidencia del Gobierno de la Generalitat y la Consejería
de Economía consensuaron un reglamento que regulaba los criterios de
distribución del fondo económico con los ayuntamientos de la zona y las
centrales nucleares de Ascó y Vandellós. Por desgracia, en julio de 2015
el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de
inconstitucionalidad del impuesto catalán presentado por el Gobierno del
PP y que después declaraba inconstitucional en abril de 2016. Este hecho
hizo que en octubre de 2016 se replanteara también el impuesto que
gravaba precisamente la producción, manipulación y transporte, custodia y
emisiones de elementos tóxicos de las centrales nucleares, que producía
un impacto en estas zonas, y que podía representar unos fondos económicos
para la zona de Vandellós y Ascó de 11 millones de euros. Pero, una vez
más, por desgracia, el Gobierno del PP impidió la entrada en vigor de
este punto y en el mes de enero el Tribunal Constitucional admitía a
trámite este recurso.


Esquerra Republicana exige al Gobierno del PSOE que retire de
manera inmediata este recurso de inconstitucionalidad del Gobierno del PP
sobre el impuesto catalán. Pedimos que deje que la Generalitat de
Cataluña pueda implementar los fondos económicos que harán posible la
diversificación y la reactivación económica laboral e industrial de las
zonas que acogen las centrales nucleares de Ascó y Vandellós antes de que
se produzca su cierre.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aubà.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Jiménez.


La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Leyendo la exposición de motivos de la
moción consecuencia de interpelación que nos trae hoy el Partido Popular
no deja de ser sorprendente la súbita preocupación de este partido por el
precio de la luz. Hubiera resultado mucho más creíble si cuando estuvo en
el Gobierno hubiera tomado medidas al respecto, porque parece que el
precio de la luz o la pobreza energética son problemas sobrevenidos,
pero, como usted sabe, señoría, viene de lejos. En efecto, en el mes de
septiembre el precio medio del mercado eléctrico español se disparó
alcanzado los 71,3 euros por megavatio hora; se trata del precio medio
más elevado desde 2008. Y lo peor es que expertos en la materia auguran
que en los próximos meses la tendencia al alza se mantendrá. Las causas
coyunturales de esta tendencia, que afectarán también, como ya se ha
dicho, a otros países europeos, se encuentran en que a su vez han subido
los precios del carbón, del gas, del Brent, y del coste de derechos de
emisiones de CO2.


Señorías, nos enfrentamos a una crisis de precios grave, a una
crisis de precios que en España no es puntual ni coyuntural sino
estructural. Además, no estamos simplemente ante un debate económico;
este es también un debate de valores y de modelo de país y para nosotros
la energía no es una mercancía más, es un bien de primera necesidad y un
derecho que debemos garantizar. Tenemos un sistema energético caro, sucio
e ineficiente social y ecológicamente, además de profundamente injusto,
hecho a medida de las grandes eléctricas a costa de la ciudadanía de este
país. La solución, por tanto, no pasa por medidas cortoplacistas o por
parches, sino por ahondar y reformar verdaderamente nuestro sistema
energético.


En materia de transición energética llevamos prácticamente una
década perdida, una década de retraso producida por los recortes y los
hachazos a las energías renovables. Por eso, no puedo dejar de expresar
la estupefacción que me causa ver que ahora en esta moción el Partido
Popular pretende defender el impulso decidido de las energías renovables,
cuando ustedes, y solo ustedes, son responsables de haber frenado y
penalizado el desarrollo de la energía eólica y fotovoltaica. Gracias a
sus gobiernos —ya hemos nombrado a ministros como Soria y
Nadal— España pasó de ser un país puntero en renovables a
penalizarlas y gravarlas con cargos injustos que nos ridiculizan
internacionalmente y que, además, nos van a costar millones de euros en
tribunales internacionales.


Les diré más; creemos que el problema estructural, el de fondo, es
un sistema liberalizado por un Gobierno del Partido Popular, pero que en
la práctica ni está basado en verdadera competencia ni ha servido para
mejorar la competitividad de las empresas. Es un sistema que ha supuesto,
de facto, una estafa para las personas consumidoras, pero gracias al
cual, eso sí, las grandes eléctricas reciben pingues beneficios como
consecuencia de una mala regulación. Es un sistema lleno de agujeros, de
opacidad y de desequilibrios. Como ejemplo podría citar los beneficios
caídos del cielo, gracias a los cuales, empresas amortizadas desde hace
muchos años son retribuidas al precio de la tecnología más cara. Se trata
de un privilegio que pervierte el funcionamiento del propio mercado; de
un mercado en el que unos hacen caja, mientras los consumidores pagamos
sardinas al precio de langosta. Este ejemplo se ha utilizado en muchos
supuestos. Lo mismo ocurre con los pagos por capacidad, que, de hecho,
son subvenciones encubiertas a empresas contaminantes de carbón y gas.
Somos el país, además, con los costes más elevados en concepto de
interrumpibilidad. Tenemos un sistema claramente sobredimensionado, cuyos
costes, además, nunca, repito, nunca, se han auditado externamente.


Ustedes en esta moción mezclan pagos con capacidad con transición
justa, por la que, por cierto, ustedes no han apostado jamás, en una
perpetua huida hacia delante que ha abocado a las cuencas mineras a una
situación ciertamente desesperada. Ahora nos hablan de transición justa,
pero ustedes no hicieron nada cuando estaba en su mano para anticiparse
al problema. Defienden las interconexiones que comprometen el papel de
las renovables como fuente energética sustitutiva de las contaminantes,
además de generar una fuerte contestación social. Y si tanto les preocupa
el precio de la luz, ¿por qué sistemáticamente se han negado a auditar el
sistema eléctrico?


Por supuesto que podríamos suscribir algunos puntos de su moción,
como el primero, pero es que no tienen credibilidad ninguna, señorías del
Partido Popular. Como ya les han dicho otros grupos, esta moción es un
ejercicio de oportunismo político y demagogia, que presenta un partido
que estuvo siete años gobernando este país y no hizo nada por la
transición energética, y menos auditar, y sí...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora JIMÉNEZ GARCÍA: ... mucho —termino,
presidente— por perpetuar el modelo fósil y defender el estricto
interés del oligopolio eléctrico.


Por estos motivos, votaremos en contra a esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Jiménez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Mato.


El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.


Antes de nada, en nombre de mi grupo, también quiero transmitir
nuestras condolencias a las víctimas de Sant LLorenç y a sus familiares.
Si no lo hicimos en la primera intervención fue porque se nos informó de
que se iba a hacer una declaración institucional por todos los
grupos.


Señorías, hablemos con rigor de la energía. Electrificar la
economía es una necesidad, también es una oportunidad, pero para dar
respuesta a las demandas de la ciudadanía y de las empresas, necesitamos
abordar la reforma del marco regulatorio que tenemos hoy en día, que ha
quedado obsoleto y que presenta numerosos problemas. Nuestro sistema fijo
está sobredimensionado en costes fijos. Actualmente, hay una reducción de
la demanda y, además, la potencia instalada en los últimos diez años
supera con creces la que se ha generado hoy, especialmente, como saben,
en los ciclos combinados.


Tenemos un mercado eléctrico regulado por una normativa concebida,
única y exclusivamente, para centrales convencionales de generación y,
como saben, poco a poco, se ha ido incorporando potencia renovable al
sistema. Tenemos un mercado marginalista que da lugar a que los costes
marginales determinen durante el 50 % de las horas el precio máximo del
mercado, y esto genera, como ya se ha dicho aquí, sobrerretribuciones
para algunas tecnologías e infrarretribuciones, para otras. El 50 % de la
factura eléctrica del pequeño consumidor corresponde a transporte,
distribución, peajes y otros cargos del sistema. Y además se estima que
hay que movilizar alrededor de cien millones de euros de aquí al
año 2030, para ir paulatinamente reduciendo nuestras emisiones de acuerdo
con los compromisos establecidos. Asimismo, la transformación de nuestra
economía a la transición energética no debería recaer, única y
exclusivamente, sobre los consumidores eléctricos; es un proyecto de país
y, por tanto, tiene que ser un proyecto de toda la ciudadanía.


Consecuencia de todo ello: hoy el consumidor paga un elevado
precio de la energía que está muy alejado del volumen de energía
efectivamente consumido. Como dijo la ministra Ribera la semana pasada,
esto requiere que a medio plazo se haga una reforma en profundidad de
nuestro mercado eléctrico para abaratar los costes y acercar el coste de
la producción al coste que efectivamente paga el consumidor. Señorías,
ustedes no han hecho nada para resolver estas cuestiones. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Mato.


Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa).


Continúe.


El señor MATO ESCALONA: Señorías, han estado siete años gobernando
y no han abordado la reforma en profundidad que necesita el mercado
eléctrico. Pero antes de hacer todo eso, que será a medio plazo y hay que
empezar cuanto antes, hoy hay un Gobierno distinto en España, y tal y
como dijo la ministra hace dos semanas, hay problemas urgentes. La
ministra decía que la acción del Gobierno se iba a centrar primero en
aquellas cuestiones más urgentes que tienen incidencia directa sobre las
personas, y por ello, señorías, el pasado Consejo de Ministros aprobó
algunas de las cuestiones más urgentes para impulsar la transición
energética y, sobre todo, para proteger a los consumidores más
vulnerables. Le voy a recordar algunas: Se amplió la cobertura del bono
social eléctrico; se generó un bono social térmico, una ayuda directa
para que las personas que más lo necesitan puedan pagar la calefacción en
invierno; se estableció una batería de medidas de protección a los
consumidores, entre las cuales está la posibilidad de contratar potencia
en múltiplos de 0,1 kilovoltios para ajustarla a las necesidades de
consumo; se obliga a que las comercializadoras incluyan en las facturas
de aquellos consumidores acogidos al PVC el precio que hubiesen tenido
que pagar si estuviesen en otras tarifas; se prohíbe a las
comercializadoras abusar en la publicidad o la contratación puerta a
puerta; se regula la información a la que pueden acceder las
comercializadoras respecto a datos de consumo y ofrecer el mejor producto
en función de la demanda. Además, para incentivar de forma urgente la
transición energética, se ha eliminado el impuesto al sol. En apoyo de la
implantación del vehículo eléctrico se ha eliminado la figura del gestor
de carga, que, como saben y se ha visto, es uno de los mayores
impedimentos para la implantación de puntos de recarga de coches
públicos. Además, para favorecer la moderación de los precios, se han
tomado dos medidas importantes: se ha suspendido el impuesto del 7 % a la
generación eléctrica y se ha introducido una exención al impuesto
especial de hidrocarburos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MATO ESCALONA: Termino, señor presidente.


El Gobierno también ha aprobado algunas medidas imprescindibles
para eliminar las barreras que obstaculizan la transición
energética.


Señor Pascual, usted me hablaba de los datos. ¿Sabe cuánta
potencia hay instalada de aquellos 8000 megavatios hoy en España, que
subastó el Partido Popular? 100 megavatios, señoría. Son 8000 frente
a 100.


Por tanto —y termino, señorías—, en esto es en lo que
se tiene que centrar un Gobierno responsable.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor MATO ESCALONA: Con un solo decreto y en apenas cien días
ha hecho más un Gobierno del PSOE contra la pobreza energética, la
protección de los consumidores, la transición hacia una generación
renovable, que en siete años el Gobierno del Partido Popular. Por eso,
señorías, hoy vamos a rechazar de plano en este Pleno su moción. Trabajen
por el bienestar de los españoles...


El señor PRESIDENTE: Termine, senador Mato, que está sobrepasando
su tiempo en exceso.


El señor MATO ESCALONA: ... en lugar de trabajar por un titular.
Eso sí sería hacer país, señorías. Hoy aquí han hecho demagogia.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mato.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
López.


El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, he compartido plácidamente desde mi escaño todo el
debate y he constatado algunas evidencias. La primera es que mi compañero
el senador Pascual le ha dado un baño en conocimiento en la materia, en
claridad de ideas y en propuestas de futuro al señor Mato.
(Protestas.— Aplausos). La segunda, señor Mato, que no es lo mismo
predicar que dar trigo. Señores socialistas, ustedes hacen demagogia
cuando están en la oposición también con estos temas de tanto calado y
tanta trascendencia como son los relacionados con las energías, pero
ustedes no están en la oposición, ustedes tienen que tomar decisiones,
ustedes tienen que dirigir la política estratégica de este país. Y la
tercera, que hay decisiones que hay que tomar con premura, con seriedad y
con visión a medio y largo plazo. Tomarlos en esta materia desde la
ideología y los apriorismos es insensato y muy dañino para la
sociedad.


Por todo ello, el Grupo Popular ha presentado esta moción
consecuencia de interpelación, porque nosotros tenemos opinión, conocemos
lo que necesita el sistema energético y sabemos lo que hay que hacer hoy
para consolidar una propuesta razonable, medida y equilibrada a medio
plazo.


Señorías, somos un país con carencias energéticas palmarias que
necesita de apuestas claras por ciertas energías de medio y largo
recorrido. Miren, señorías, eliminar las centrales nucleares nos va a
costar más de un 25 % de incremento del precio en la factura de la luz.
Señores socialistas, ustedes no apuestan por las interconexiones con la
rotundidad necesaria, ustedes están obsesionados con las energías
renovables y saben que a día de hoy no pueden dar respuestas inmediatas y
continuadas a las actuales demandas del consumo.


Por si todo esto fuera poco, hay dos temas: el carbón y el diésel,
que están siendo gestionados por ustedes con desacierto, sin rigor y con
absoluta improvisación. Hago mía en toda su extensión la intervención de
ayer del senador Sánchez. Los senadores de Castilla y León, Asturias y
Aragón sabemos que el carbón no es una energía de futuro, pero lo que
ustedes, señores del PSOE, plantean es echar el cierre ya, y eso va a
influir en el bolsillo de los ciudadanos y va a generar problemas en
zonas deprimidas que lo único que tienen es el carbón como medio de
subsistencia, desarrollo y permanencia de la población. Han montado
ustedes un lío en este asunto de cierta dimensión. En Aragón hay tres
opiniones: la del presidente Lambán; la de la ministra y la del
presidente del Gobierno. La señora ministra anunció públicamente que el
carbón tenía los días contados y, por consiguiente, también la central
térmica de Andorra en Teruel. El anuncio de la señora ministra es a todas
luces improcedente, inoportuno, mal calculado y peor comunicado, y ha
dejado en entredicho al señor presidente socialista de Aragón, que se
manifestaba hace apenas unos meses a favor de la proposición de ley del
Partido Popular y de las tesis del entonces ministro, señor Nadal, de
ampliación del plazo. Pues bien, ayer mismo dijo el señor Lambán que
había encontrado al presidente Sánchez abierto a hablar y a valorar la
ampliación del plazo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál es la decisión? ¿Cómo
puede darse tanta inseguridad y falta de criterio en un asunto tan
sensible?


Señorías del Grupo Socialista, las cosas se hacen con seriedad,
con rigor y con coherencia, tres virtudes de las que ustedes carecen. Hoy
por hoy las centrales del carbón son todavía fundamentales para la
seguridad del suministro, para la contención del precio de la
electricidad, para la sostenibilidad de la economía de las familias, para
la competitividad de las empresas y, por supuesto, para mantener los
puestos de trabajo y evitar la despoblación de estas zonas. Por ello es
necesario pedir al Gobierno un pacto nacional, que se amplíe el plan
Miner y que se firme uno nuevo del 2019 al 2030 que contemple la
reindustrialización de las cuencas mineras turolenses.


Señores del PSOE y del Gobierno, cumplan con el compromiso del
señor Lambán con Teruel y no provoquen la pobreza y la despoblación de
una comarca y de una provincia tan castigada.


Ustedes también asustaron con el tema del diésel, el combustible
que consumen las clases medias, los autónomos y los pequeños y medianos
empresarios, y luego rectificaron.






¿Qué van a hacer? ¿Se mantienen en la
propuesta o se ratifican en la rectificación?


Por estas consideraciones y por las que ha esgrimido mi compañero,
el senador Pascual, solicitamos el voto favorable a esta moción.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ (Octavio Adolfo): Es una moción que fija
posición sobre el futuro de la energía en España, con razón, coherencia y
rigor, para poner luz y certidumbre en esta senda de despropósitos y
ocurrencias en las que está el Gobierno Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Popular, tal y como ha sido
presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232;
votos emitidos, 231; a favor, 142; en contra, 85; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO EXPRESA SUS
CONDOLENCIAS POR LAS VÍCTIMAS DE LAS INUNDACIONES OCURRIDAS EL DÍA 9 DE
OCTUBRE EN LA ISLA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) Y MUESTRA SU TOTAL APOYO A
LAS TAREAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS.


630/000045

GPP
GPS
GPPOD
GPER
GPV
GPN
GPMX


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de comenzar con el siguiente
punto del orden del día, voy a dar lectura a una declaración
institucional que ha sido presentada por todos los grupos parlamentarios
y que dice lo siguiente:


«Ante las inundaciones que se produjeron ayer en el municipio
mallorquín de Sant Llorenç y otros municipios, debido a fuertes tormentas
que registraron más de ciento ochenta litros por metro cuadrado, ciento
cincuenta de ellos en menos de dos horas y que desbordaron el torrente de
la localidad, ocasionando, al menos, cinco víctimas mortales y varios
desaparecidos, además de múltiples daños de todo tipo en bienes muebles e
inmuebles tanto de naturaleza privada como pública, el Senado muestra sus
condolencias por todas las víctimas, además de dar su apoyo a todas las
personas que se han visto involucradas en el desastre que todo ello ha
supuesto.


El Senado muestra su total apoyo a los ayuntamientos afectados, al
Consell Insular de Mallorca y al Govern Balear, así como al Gobierno de
España para que con la máxima coordinación posible y con el esfuerzo de
todas las instituciones se proceda a realizar los trabajos y tomar las
medidas necesarias para restablecer lo antes posible la difícil situación
en la que han quedado muchas familias y los municipios.


El Senado da todo su apoyo a los servicios de emergencia y fuerzas
de seguridad de todas las instituciones intervinientes y les agradece el
trabajo que han estado y están aún realizando.


Palacio del Senado, 10 de octubre de 2018». (Aplausos).









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RECONOCE LA LABOR DE LAS FUERZAS
Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO E INSTA AL GOBIERNO A NO REDUCIR SU
PRESENCIA EN NINGUNA PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL.


662/000127

GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la moción, tiene la
palabra el senador Oyarzábal.


El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senador Oyarzábal, espere un momento.


Señorías, abandonen el hemiciclo con rapidez y en silencio, por
favor. (Pausa).


A esta moción se han presentado cinco enmiendas: dos del Grupo
Parlamentario Mixto —una por iniciativa del senador Iñarritu y otra
por iniciativa de la senadora Roldán y los senadores Alegre, Crisol y
Marcos—; una del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, y dos del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Oyarzábal.


El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el Grupo Popular pretende con esta moción reivindicar el
trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la
labor valiente de policías nacionales y de guardias civiles, que han
sufrido y siguen sufriendo acoso en Cataluña, en Navarra y en el País
Vasco. Es un acoso, señorías, en buena medida alentado por el
nacionalismo y por ese separatismo que busca expulsar y borrar cualquier
huella del Estado en esas comunidades. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un momento, senador Oyarzábal.


Señorías, las tertulias, en el pasillo, y guarden silencio, por
favor. Hay que estar todos los días con lo mismo; no guardan el más
mínimo respeto al senador que está hablando. Guarden silencio.


Continúe.


El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Muchas gracias.


Es un acoso, señorías, a veces amparado o consentido por
autoridades autonómicas y locales de manera irresponsable e inadmisible.
Ante los últimos hechos acontecidos en Cataluña, cuyas imágenes causaron
rabia e indignación a una inmensa mayoría de españoles decentes, se hace
necesario que todas las instituciones, también el Senado de España,
mostremos de manera explícita nuestro apoyo, nuestro reconocimiento a la
difícil labor que desempeñan, en defensa de las libertades de todas las
personas, de sus derechos y de los valores democráticos sobre los que se
asienta nuestra convivencia, los agentes de la ley, los policías
nacionales y los guardias civiles.


No se pueden tolerar, señorías, las presiones y agresiones que
vienen sufriendo policías y guardias civiles, incluso cuando están fuera
de servicio, como ocurrió en Alsasua, y aprovecho para mandar un abrazo a
los guardias civiles agredidos y a sus parejas. No se puede consentir
tampoco el acoso, el señalamiento social que sufren sus familias, casi
siempre en silencio, y hasta sus hijos en las escuelas, como conocimos
por las denuncias efectuadas en Cataluña.


Señorías, creo que hay que parar esta locura. Una sociedad
democrática no puede permitir que se acose, se señale y se ataque de esa
manera a sus servidores públicos. No es decente, señorías, mirar para
otro lado cuando se denigra de esta manera a los agentes de la ley del
Estado en esas comunidades. Y es una irresponsabilidad tratar de quitar
importancia o minimizar —como han hecho algunas fuerzas políticas
y, lo que es más grave, el propio Gobierno— la gravedad de esos
hechos.


Las imágenes al término de la manifestación del 29 de septiembre
en Barcelona, en las que se reivindicaba la equiparación salarial de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que también aprovechaba para
apoyar y respaldar la acción de policías y guardias civiles el 1 de
octubre de 2017, no dejaron lugar a dudas. Esas imágenes nos llevaron a
pensar que esto no puede continuar así, que no podemos permitir que esto
continúe así: policías y guardias civiles perseguidos e insultados por
radicales que llegaron a agredir violentamente a varios asistentes.
Señorías, hubo más de 24 heridos, y todavía estamos esperando la condena
del presidente del Gobierno; todavía la estamos esperando. (Aplausos).
Ningún miembro del Gobierno tuvo la gallardía de condenar los hechos y de
arropar a esos guardias y policías agredidos en Barcelona, y eso me
parece triste y una auténtica vergüenza.


Se eleva la tensión, se incrementan las provocaciones diarias a la
ciudadanía no nacionalista en Cataluña, especialmente a los policías y a
los guardias civiles, como durante tantos años hemos vivido y padecido en
el País Vasco y en Navarra. Se coarta la libertad, se asfixia la
democracia bajo la coacción constante de estos grupos parafascistas, de
estos grupos del separatismo catalán cargados de odio. Y podemos
cruzarnos de brazos, ponernos de perfil, pero de esa manera no se frena a
los violentos. Los violentos, señorías, cuando te pones de perfil, cuando
les dejas hacer, cuando les dejas que tomen la calle, se envalentonan, se
crecen y tratan de hacernos la vida imposible para que nos marchemos del
País Vasco, de Navarra y de Cataluña. ¡Y no nos vamos a marchar,
señorías, no nos vamos a marchar! (Aplausos).


La Constitución establece que el Estado tiene competencia
exclusiva en materia de seguridad pública. Si bien la Ley de fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado prevé que las comunidades autónomas y los
ayuntamientos participen de ese mantenimiento de la seguridad con cuerpos
propios, en su artículo 9 se establece claramente que las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado ejercen sus funciones en todo el
territorio nacional. Por eso, a través de esta moción queremos instar al
Gobierno no solo a apoyar a la policía y a los guardias civiles como se
merecen, sino a mantener la presencia y número de efectivos de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil, especialmente en Cataluña, en Navarra y
en el País Vasco y no reducirlos. Queremos que la Guardia Civil y la
Policía Nacional sigan en el País Vasco; que la Guardia Civil y la
Policía Nacional sigan en Navarra y que la Guardia Civil y la Policía
Nacional mantengan su presencia en Cataluña. (Aplausos). Señorías, es
necesario.


A través de esta moción condenamos las agresiones, las coacciones
y las presiones sufridas y queremos expresar nuestro apoyo a todas esas
personas, a todos los agentes, policías y guardias civiles, y a sus
familias, mostrándoles nuestro cariño desde aquí y diciéndoles que
estamos con ellos, que estamos de su lado.


Por último, también con esta moción pretendemos, señorías, el
establecimiento de un complemento de territorialidad —de
peligrosidad, se llamaba en el País Vasco— para los efectivos
destinados en Cataluña, que compense de alguna manera las situaciones de
tensión, de peligrosidad a las que se ven sometidas.


Señorías, se puede parar los pies a los radicales, se puede parar
los pies a los violentos. Lo hicimos antes y estamos convencidos de que
se puede hacer con la ley en la mano, con la unidad de los partidos
constitucionales, pero, sobre todo, señorías, solo se puede hacer con
determinación y confianza en la democracia española. Creo que esta moción
debería unirnos, especialmente a los partidos que defendemos la
Constitución, para respaldar, allí donde más lo necesitan, a los agentes
de la ley: a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Oyarzábal.


Para defender su enmienda, tiene la palabra el senador Alegre, del
Grupo Parlamentario Mixto.


El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente. Intervendré
desde el escaño.


Nuestro grupo ha presentado una enmienda de adición para la
creación de un punto cuarto, pues a pesar de compartir la exposición del
senador Oyarzábal, creo que hemos de aprovechar cualquier ocasión para
recordar y profundizar en el tema de la equiparación salarial. Ese es el
leitmotiv de nuestra enmienda: añadir el cumplimiento de acuerdos que ya
hemos adoptado en materia de equiparación salarial con policías
autonómicas que están mejor retribuidas que los cuerpos y fuerzas de
seguridad, y a quienes incluso parece que les van a dar 700 millones de
euros más para que estén mejor retribuidas.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.


Senador Iñarritu, tiene la palabra.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Egun on. Buenos días.


Este es un tema recurrente. Que yo recuerde, al menos he hablado
dos veces sobre este asunto. Parece que cuando resurge esa nueva derecha,
como la llaman algunos y algunas, otros tienen que venir aquí a sacar
músculo y a demostrar que ellos son más nueva derecha que otros.


No hay argumentos nuevos respecto al año anterior, yo ya dije
aquí, en esta Cámara, que, como solicita la inmensa mayoría de la
sociedad vasca, y así lo han ratificado sus instituciones, se pide la
salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una medida
democrática, legal y lógica. ¿Por qué? En primer lugar, porque Euskal
Herria, el País Vasco, la comunidad autónoma vasca, y Navarra cuentan con
el mayor ratio policial de la Europa continental, y esto coincide con que
Euskal Herria es de las regiones europeas con menor índice de
criminalidad. Además, en la comunidad autónoma vasca y en la Comunidad
Foral de Navarra ya hay policías integrales, policías propias que tienen
capacidades y competencias en seguridad; y en este momento está habiendo
una invasión competencial, señor Oyarzábal, están entrando en materias
que no les corresponden, porque usted sabe perfectamente que la Guardia
Civil y la Policía Nacional en este momento en Euskal Herria tienen
competencias residuales, y con un número mínimo de agentes,
desgraciadamente, que yo elevaría a cero, sería suficiente para llevar a
cabo esas competencias.


Ustedes traen aquí muchas veces propuestas de racionalización de
la Administración para acabar con la duplicidad y con el despilfarro. Y
¿qué es que haya en este momento 6000 agentes de la Guardia Civil y de la
Policía Nacional en Euskal Herria? Un despilfarro, se están gastando
cientos de millones de euros que podrían ir destinados a otras cosas
perfectamente. Les recuerdo además que en este momento con la paga extra
—que no es de peligrosidad, como usted decía, sino de
territorialidad, según me dijo el Gobierno cuando estaba en manos del
Partido Popular— están cobrando más dinero que cuando ETA estaba
activa, que cuando ETA existía. Se están despilfarrando en torno a 50
millones de euros con esos premios por estar en Euskal Herria a agentes
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por este motivo
numerosas instituciones, parlamentos y ayuntamientos han solicitado la
salida de estas fuerzas policiales de Euskal Herria, porque va en contra
incluso del propio estatuto de autonomía, y ya sé que ustedes votaron en
contra. Si ustedes me dicen: es que somos foralistas, ya saben que, según
las leyes forales, hasta las leyes abolitorias no podía haber un miembro
de las fuerzas armadas o policiales en los territorios forales. Si
algunos son tan autonomistas, constitucionalistas o foralistas es un
sinsentido incluso en términos históricos. Pero, fíjese usted, este
sinsentido, que haya miles de agentes policiales españoles en Euskal
Herria en este momento, choca con la necesidad que tienen otros
territorios del Estado de fuerzas de seguridad.


Le voy a leer tres titulares que han salido en la prensa en estas
últimas fechas. ABC, para que no se sospeche que se trata de un medio
cercano: «Interior busca agentes para reforzar de forma urgente el Campo
de Gibraltar». De este mismo verano, El País: «Tráfico vincula el aumento
de muertes —en accidentes de tráfico— al recorte de 1000
agentes». El Confidencial: «El campo sin Guardia Civil, 5000 agentes
menos y apenas una decena de guardias civiles para investigar 600 robos
en una provincia». Es un sinsentido que en este momento haya miles de
agentes en Euskal Herria, mientras la sociedad vasca está pidiendo que se
vayan, cuando en otras zonas del Estado sí tienen esa necesidad. Ya sé
que a ustedes esto de las necesidades y el despilfarro les da igual,
fueron capaces de enviar 6000 policías a pegar a abuelas y a jóvenes que
iban a votar (Protestas), y de gastarse 87 millones de euros a la vez que
estaban recortando en otros lugares. El despilfarro les da igual,
necesitaban esa medida ejemplarizante para partir la cara a los votantes
y salir en todas las televisiones y periódicos del mundo —luego, en
el turno de portavoces, hablaré de la violencia—.


Señorías, una vez más, tenemos que plantear la fórmula de las
cinco erres, que se podría resumir en: retirada, repliegue, repatriación,
reducción o readecuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Euskal
Herria, porque la inmensa mayoría de nuestra sociedad no las quiere.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora
Freixanet.


La señora FREIXANET MATEO: Señorías.


Es increíble cuántas mociones pueden traer ustedes aquí pidiendo
respeto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al mismo
tiempo que cuando gobiernan solo instrumentalizan y desatienden sus
peticiones laborales. Casi tantas como mociones traen aquí gritando:
¡Viva la unidad de España!, cuando son ustedes especialistas en romperla
económica, social y territorialmente. En este sentido, cada vez que
ustedes gobiernan, hay un cachito del Estado que se plantea irse lejos de
ustedes.


El número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil que deben trabajar en Cataluña no debe depender ni de sus
intereses partidistas ni de su construcción de relato del enemigo
interior. Dependerá de las necesidades policiales de cada momento para
cubrir sus cometidos, que son, estatutaria y constitucionalmente, muy
claros y concretos. Además, se decidirá en la Junta de Seguridad, en
función de criterios profesionales.


Cataluña, como Euskadi, tiene competencias plenas en materia de
seguridad de la ciudadanía. Es curioso qué intocables les parecen algunos
artículos constitucionales y cómo se limpian la corbata con el resto,
señorías. La Policía y la Guardia Civil tienen competencia en fronteras,
en aeropuertos y en infraestructuras críticas en Cataluña. Se trata de un
trabajo delicado pues seguimos en alerta antiterrorista 4, así que el
número de efectivos dependerá de necesidades reales y no de sus políticas
de tierra quemada ni de sus relatos catastrofistas. Y lo mismo respecto a
sueldos y pluses. Hay que separar el pan de sus obsesiones.


Insinúan ustedes que en Cataluña vivimos en un clima de violencia;
se atreven a decir que en Cataluña no hay libertad verdadera. Puede ser
ignorancia, pero se parece a la mala fe. En Cataluña, actualmente, hay
libertad, aunque cada día más amordazada, como en el resto de España, en
la que van a juicio canciones o un señor que se cagó en Dios. Lo que
insinúa su moción es que en Cataluña, lugar sin ley y contaminada de
separatismo, es peligrosísimo el trabajo policial y que hay que pagar un
plus por ese destino de riesgo. ¿De verdad es un destino de riesgo? ¿No
se acuerdan ustedes, por ejemplo, de esos agentes que están en zonas
donde diariamente, de forma precaria, se enfrentan a la delincuencia
organizada, al narcotráfico o a bandas armadas? ¿No? Sacrifican la verdad
para levantar su relato.


Se les llena la boca pidiendo respeto por los cuerpos policiales,
pero respeto es atender sus peticiones laborales y faltan cosas tan
básicas como chalecos antibalas; falta política de conciliación de
trabajo y vida; faltan derechos sindicales y asociativos; y falta la
equiparación salarial de los cuerpos estatales a las policías
autonómicas. La realidad es tozuda y resulta que son ustedes quienes
llevan décadas negando a la Policía y a la Guardia Civil los derechos más
elementales.


En cualquier caso, es más que eso, porque respeto es dejar de
trasladar al sistema policial un conflicto que es responsabilidad de los
gobiernos. En el conflicto territorial catalán ustedes han protagonizado
la mitad del drama: encendieron el fuego cuando el Estatut; lo dejaron
arden con su desprecio; y el día que se animaron a hacer algo, lanzaron a
la Policía contra centenares de ciudadanos y ciudadanas, ese 1 de
octubre, en un mandato imposible, desproporcionado, indiscriminado,
desastroso y fallido.


En una cosa tienen razón y es que existe ambiente de tensión,
aunque para muchas ya es de hartazgo. Pero si se van a dedicar a buscar
culpables de la tensión, pueden empezar por la autocrítica. Ustedes se
escondieron tras la Policía, pero resulta que respeto es no
instrumentalizarlos, que respeto es no darles órdenes delirantes y que
respeto es no utilizarlos de escudo de sus incompetencias.


Esperemos que el actual Gobierno sea capaz de alejarse años luz de
ustedes y que lidere una negociación buscando una salida política
constructiva y democrática al conflicto. No será fácil, pues hay heridas,
y en múltiples direcciones, pero hay algo positivo, y es que ustedes no
gobiernan.


Termino. En el sentido planteado, enmendamos la totalidad y
proponemos: Primero, la atención a las reivindicaciones laborales y
sindicales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y, segundo,
dejar de canalizar por la vía policial un conflicto que es político,
irresoluble policialmente. Si se atreven a hablar de respeto a la
Policía, tengan la decencia de apoyar nuestras enmiendas. Y, si se
animan, podrían también probar a respetar al conjunto de la sociedad
catalana, tengan sus mismas ideas de patria, otras, ambas o ninguna.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora FREIXANET MATEO: Termino.


Por tanto, por favor, dejen de traer aquí mociones perversas,
dejen de meter gasolina donde ya quema y dejen de buscar votos en la
mentira y en la inflamación.


Gracias, señoría. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Freixanet.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador González Cabaña.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, presidente.


Señor Oyarzábal, con todo mi respeto, ¿dónde estaba usted el día 2
por la mañana, cuando celebrábamos la Comisión de Interior y el ministro
condenó las agresiones a policías y guardias civiles en Barcelona? ¿Dónde
estaba usted? ¿Tomando café? (Aplausos).


Señorías, a nuestro entender, la presente moción no debería
haberse incluido en el orden del día de este Pleno porque, según el
artículo 175.2 del Reglamento del Senado, las mociones a las que se
refiere el artículo 174 —como es el caso de esta— deben
presentarse, señor Cosidó, o mejor dicho, doctor Cosidó, acompañadas de
una evaluación de su coste económico; obligación que no ha cumplido su
grupo. Una vez más, el Partido Popular confunde en el Senado la mayoría
absoluta con el ordeno y mando, como si de su cortijo particular se
tratara, incumpliendo reiteradamente el reglamento de la Cámara. Esto
empieza ya a ser una manía obsesiva de su portavoz, el doctor Cosidó
—en adelante señor Cosidó—, que quizá añore sus tiempos
gloriosos en la Dirección General de la Policía, donde sí ordenaba y
mandaba.


Señor Cosidó, hemos presentado dos enmiendas de modificación a los
puntos 1 y 2, y una enmienda de supresión del punto 3 por una sencilla
razón, porque su obsesión —que le viene de lejos— por
utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para alimentar,
exclusivamente, el conflicto territorial de Cataluña le está llevando a
una competencia insana con Ciudadanos y con otras fuerzas de la derecha
más dura, que no tienen representación parlamentaria. Allá ustedes con su
viaje recentralizador y renacionalista a ninguna parte. Nosotros no vamos
a permitir la utilización de unos servidores públicos, las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, con los fines espurios que usted
pretende con esta moción.


Señor Cosidó, cuando en esta moción ustedes pretenden mostrar su
apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo hacen con una
racanería digna de elogio, especialmente con los agentes destinados en
Euskadi, Navarra y Cataluña. Y el resto del Estado, ¿para cuándo, señor
Cosidó? ¿Nos quieren hacer creer que hay que apoyar a unos policías más
que a otros? ¿Hay que querer a unos guardias más que a otros,
simplemente, atendiendo a su lugar de destino? La realidad nos demuestra
cada día, y usted la conoce bien, que el trabajo policial es duro y
difícil en cualquier lugar del Estado español.


Con relación al punto 2, en nuestra enmienda queremos dejar claro
que para nosotros el movimiento se demuestra andando y no con palmaditas
en la espalda. Estamos cansados de apoyos coyunturales que solo buscan el
beneficio político a corto plazo. Para nosotros, el apoyo hay que
demostrarlo dotando a los agentes con los medios adecuados y necesarios
para cumplir con su trabajo y poniendo en marcha, como decía la senadora
Freixanet, las medidas que hagan efectivas la conciliación familiar y
profesional de policías y guardias civiles.


En la misma línea, planteamos también la supresión del punto 3,
que recoge el complemento de territorialidad. ¿Por qué se da en Cataluña
y no en Andalucía, en la provincia de Cádiz o en el Campo de Gibraltar?
Eso lo debe saber bien su secretario general, el señor Ortiz, senador,
como yo, de la provincia. Ahí sí tenemos un largo historial de agresiones
a policías y guardias civiles en la lucha contra el narcotráfico y contra
el contrabando. (Aplausos). Pero, claro, a usted, señor Cosidó, Andalucía
no le interesa y así les va. No les reporta beneficios políticos porque
en Andalucía no hay un conflicto territorial que le interese alimentar
con una moción como esta. Resulta triste que para usted y para su grupo,
señor Cosidó, los policías y guardias civiles que exponen su vida en la
lucha contra el narco o en salvar vidas humanas en el mar sean policías y
guardias civiles de segunda. (Aplausos). Les importa menos la presión que
sufren las familias de estos agentes simplemente porque no les sirve para
alimentar conflictos territoriales. Es lamentable, señorías.


En esa discriminación no nos van a encontrar, señor Cosidó. No
dividan más a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el único
objetivo de alimentar conflictos políticos. La Policía Nacional todavía
sufre las discriminaciones de su etapa al frente de la Dirección
General.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminado, señoría.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Termino, señor presidente.


Aquellos agentes sometidos a turnos siguen padeciendo su acuerdo
con algunos sindicatos —no con todos— que dio como resultado
que a día de hoy trabajen entre 12 y 15 días más al año. Usted lo firmó;
usted es el responsable.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Otra tarea pendiente para el Gobierno
socialista que ustedes dejan: su bendita herencia recibida, señor Cosidó.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Cabaña.


Tiene la palabra el senador Oyarzábal, para indicar si acepta o no
las enmiendas. (El señor Cosidó Gutiérrez pide la palabra).


¿Qué desea, senador Cosidó?


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: No recuerdo el número del artículo,
pero el portavoz socialista ha hecho numerosas alusiones a mi persona, en
una moción que yo ni siquiera he intervenido; por tanto, le pediría la
palabra por el artículo que refleja las alusiones.


El señor PRESIDENTE: Queda un turno de portavoces para todos los
grupos, que puede ser utilizado por cualquier senador.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cosidó.


Senador Oyarzábal, tiene la palabra. (Rumores).


Señorías, guarden silencio. (Rumores).


Guarden silencio.


El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, vamos a aceptar la enmienda de adición presentada por
Ciudadanos porque, efectivamente, señor Alegre, compartimos que dotar los
próximos presupuestos del Estado de las partidas necesarias que
complementen la equiparación salarial es algo que firmamos —creo
que el 12 de septiembre— en esta misma Cámara; por lo tanto, lo
entendemos como propio y lo asumimos como tal.


En relación con la enmienda de Bildu, señor Iñarritu, ¿qué quiere
que le diga? No hay por dónde cogerla. Antes de nada, le voy a pedir al
señor presidente que le exija a usted que retire eso de que la policía
fue a Cataluña a pegar a abuelas. Creo que lo tiene que retirar, señor
Iñarritu; no se lo podemos aceptar.


Ustedes están en la campaña permanente del: que se vayan. Usted
pertenece a un partido, a una coalición que organizó una estrategia de
señalamiento social contra los policías, los guardias civiles y sus
familias. (Denegaciones del señor Iñarritu García). Sí. Usted pertenece a
una coalición en la que dirigentes locales de su partido organizan
manifestaciones, todavía este año, para que se marche la Guardia Civil y
en las que se llama perros a los agentes de la ley. (Denegaciones del
señor Iñarritu García). Sí, usted pertenece a ese partido. Usted está en
la estrategia del «que se vayan». Usted, además, dice que se repatrie a
los guardiaciviles y a los policías nacionales. En este sentido, le tengo
que decir que los policías nacionales y los guardiaciviles que ejercen,
trabajan y viven en el País Vasco están en su tierra. En el País Vasco
están en su tierra y van a seguir allí. (Aplausos). Usted no da carné de
vasco.


Me decía un guardiacivil no hace mucho: ya no nos matan, pero no
nos dejan vivir. Esta moción va de eso, señorías, señor González Cabaña,
y no de la conciliación laboral y familiar. Pero ¿qué van a conciliar, si
sus familias no pueden vivir tranquilas? Estamos hablando de lo que ya
padecieron la Guardia Civil y la Policía Nacional durante tantos años en
el País Vasco y en Navarra, que no queremos que ocurra en Cataluña.
(Denegaciones del señor Martí Deulofeu). De eso estamos hablando, y no de
condiciones laborales, que también nos preocupan, pero que ya son
responsabilidad de su Gobierno. Traemos aquí las vivencias derivadas del
señalamiento social por parte de un separatismo que quiere expulsarlos de
la sociedad. Sí, señorías, eso es lo que hemos vivido, y gracias a la
Guardia Civil terminamos en el País Vasco con los violentos. Les debemos
mucho. ¡Claro que sí, señorías! Yo creo que tenemos que dejar claro que
no se van a ir.


En Podemos vienen a hablar de materiales y de chalecos antibala. O
sea, que además de darles puñetazos, creen ustedes que vamos a pasar ya a
una fase en la que les van a disparar. (Protestas).


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Oiga, es que no estamos hablando de
su equipación, sino de que, cuando están de paisano, no se los deja
vivir, se los acosa, se los agrede y se los insulta; de eso estamos
hablando. Esta moción trae al Senado las vivencias de los guardiaciviles
y policías nacionales en Cataluña, exactamente igual a las vivencias que
padecieron en el País Vasco y en Navarra; de eso estamos hablando. En
este momento no estamos hablando de equipación.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Habrá otro momento para hablar de
eso.


Lo más sorprendente —termino, señor presidente, porque
tenemos una réplica— es la enmienda del Partido Socialista. El
Partido Socialista, con su enmienda, no se compromete a mantener la
presencia de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional en Cataluña, en
el País Vasco y en Navarra, ni siquiera es capaz de condenar en el Senado
las agresiones a los Guardias Civiles y ni siquiera puede hablar de
complementos.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, senador Oyarzábal.


El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Señor González Cabaña, es
impresentable la actitud del Partido Socialista, que en este momento
respalda el Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Oyarzábal.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Alegre.


El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.


A veces queremos esconder la cabeza debajo del ala e intentamos
hablar de otras cosas que no son aquellas a las que nos deberíamos
referir.


Nosotros vamos a dar apoyo a esta moción. He oído al senador
Iñarritu decir que hay que repatriar, pero se repatria a alguien que no
está en su patria. ¿Y cómo se repatria a un español dentro de España? No
lo entiendo. Y, además, que lo diga el senador Iñarritu.


En Cataluña estamos corriendo el riesgo de una exclusión social
específica a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado. Y les voy a poner un ejemplo concreto: ¿cómo califican ustedes,
señores del Partido Socialista, que profesores del Instituto El Palau, de
San Andrés de la Barca, hagan levantar a los niños que son hijos de
guardiaciviles de la casa cuartel que hay al lado, para que quede claro,
se los señale y se los marque como tales? ¿Eso cómo lo califican ustedes?
(La señora Pérez Esteve: ¡Eso es mentira!). Eso no es mentira. Bueno, es
igual, no voy a entrar en diálogos. Si quiere, ya hablaremos de eso en
otro momento. ¿Cómo califican que se ponga un lacito morado en la bata a
unos niños de una guardería municipal de Molins de Rey, mientras que a
los demás se les pone un lacito amarillo, para que se sepa que son hijos
de miembros de la Policía Nacional? (Rumores). ¿Cómo lo llaman a
eso?


Si ustedes no son capaces de entender eso, es muy difícil que
puedan entender otras cosas.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.


Tiene la palabra el senador Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Haciendo caso al señor Oyarzábal, quiero retirar la afirmación de
que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pegaran a abuelas. En
este sentido, querría añadir que pegaron a abuelos, a abuelas, a adultos,
a jóvenes y a todo el mundo que estaba allí. (Aplausos).


Es cierta, y hay que reconocerlo, una cosa que usted ha dicho: que
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cientos de ellos, han
pagado con sus vidas el haber sido destinados a Euskal Herria, y hay que
pedir el recuerdo y dar el pésame a sus familias. ¡Cómo no! Sin embargo,
también hay una cosa cierta: que las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado han tenido un papel en la historia represiva durante la dictadura,
que ha sido especialmente dura en Euskal Herria. Y usted, que es de
Vitoria, recordará los hechos del 3 de marzo; por cierto, tenemos que
aguantar la estatua del carnicero de Vitoria, todos los días, cuando
entramos a este hemiciclo.


El señor PRESIDENTE: Senador Iñarritu, le ruego que retire esas
palabras y que guarde respeto a un señor que ha sido senador y una figura
clave en la última historia de España.






(Aplausos).


El señor IÑARRITU GARCÍA: Por respeto a las víctimas del 3 de
marzo no puedo retirar mis palabras. Además, no me he referido a nadie,
usted sabrá en quién está pensando.


El señor PRESIDENTE: Usted también lo sabe y ha sido un insulto.
Usted lo sabe y yo también. Por eso se lo pido.


El señor IÑARRITU GARCÍA: ¿Puedo seguir?


El señor PRESIDENTE: Si lo retira.


El señor IÑARRITU GARCÍA: No lo voy a retirar. Retiren la estatua
del carnicero de Vitoria y estaremos todos más a gusto, reconociendo a
las víctimas de todas las violencias.


Voy más allá, y hablaré del papel de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en el terrorismo de Estado y en la guerra sucia, en
la tortura sistemática, haciendo del cuartel de Intxaurrondo el centro de
tortura más grande de Europa occidental. (Protestas). Y las ejecuciones
sumarias. Les hablo del 3 de marzo en Vitoria, pero también de los
Sanfermines de 1978 y de tantos y tantos actos que todavía están sin
reconocer por el Estado y que también necesitan ser esclarecidos, en
reconocimiento a todas las víctimas, de todas las violencias.


Y qué decir de las cloacas del Estado, del narcotráfico, de los
montajes policiales. Hablaba usted del caso Altsasu, pero recordará
también el caso de los cuatro de Guildford. Pues bien, esas personas son
tan culpables como los cuatro de Guildford, que se hicieron famosos y
fueron inmortalizados en la película En el nombre del padre; tan
culpables como ellos.


Por eso, señorías, como solicita la inmensa mayoría del País Vasco
y porque es tiempo de paz, time for peace, time to go, como dicen en
Irlanda del Norte, o bien Ospa, alde hemendik, es tiempo de irse porque
es tiempo de paz.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.


Senador Yanguas, tiene la palabra.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a comenzar con una cita: Que se vaya la Guardia Civil de
Navarra es una reivindicación de ETA y mía, dijo Koldo Martínez, portavoz
de Geroa Bai, que es el PNV de Navarra, el 15 de octubre de 2015. La
actual consejera de Interior del Gobierno foral, de EH Bildu, la señora
Beaumont, dijo también hace no mucho: Pido reducir unidades de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional porque me parece desproporcionada la ratio
de policía por habitante en Navarra. Y en esas estamos, con el Gobierno
nacionalista de Navarra.


En mi comunidad, señorías, lo que hace falta no es echar a la
Guardia Civil ni a la Policía Nacional, lo que hace falta es coordinación
y lealtad entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque los
miembros de estos cuerpos, en este caso los de la Policía Foral, no
pueden estar al albur de unos políticos que no están a su altura.


En Navarra no sobra ni un policía nacional ni un guardia civil ni
un policía foral. En Navarra hay odio de radicales fascistas hacia la
Guardia Civil, y ya se ha hablado aquí de lo que ocurrió en Alsasua y de
la paliza que dieron a unas personas por ser guardias civiles.


En Alsasua, señorías, mi partido —y también otros, pero yo
voy a referirme a Unión del Pueblo Navarro— obtuvo casi el 12 % de
los votos en las elecciones de 2015, y hay una lista de personas de fuera
del pueblo. La gente de allí nos vota, tenemos casi 500 votos, pero saben
que si se significan, si van con nuestras siglas y dan ese paso ya no
volverán a poder seguir viviendo en su pueblo, en Alsasua. Eso está
ocurriendo hoy en Navarra, e igual gracias a la Guardia Civil no ocurren
más cosas.


Hace unos días estuvimos en Leiza, y termino, señor presidente,
homenajeando al cabo de la Guardia Civil Beiro, a quien mató la ETA. La
placa de homenaje se pone y se quita ese día, porque los radicales
fascistas no la dejarían ni un segundo más sin dañarla. Y luego la
presidenta Barkos dice que la convivencia en Navarra es maravillosa.


Desde luego, no quiero ser agorero y catastrofista porque, sí,
algo hemos avanzado, pero para que en Navarra haya una convivencia real
mucho tenemos que seguir avanzando, y para eso decisiones sectarias,
sesgadas, solo para los suyos, que son las que toma el Gobierno de
Navarra, nos alejan de ese objetivo.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.


Por eso, agradezco la moción presentada y votaré
favorablemente.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la
senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Coalición Canaria ha manifestado en esta Cámara en diversas
ocasiones su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así
como a las iniciativas que aquí se han debatido en relación con las
mejoras de las retribuciones de dichos profesionales, para que sean
dignas. Sin embargo, esta iniciativa persigue otra cosa, persigue ahondar
en una estrategia, que es la de la confrontación y todos sabemos dónde
nos conduce: al lugar en el que estamos. Ahondar en esta estrategia es
ahondar en el problema, y aún más, de forma irresponsable, permitir que
continúe enquistado.


Por eso, señorías, nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa
porque seguimos convencidos de que un problema de carácter territorial,
como es este, solo se puede resolver desde el diálogo, desde el diálogo
político. Tiene que tener una resolución política, y no sirve parapetarse
en la justicia, como ya hemos visto, ni en las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, y mucho menos buscar la confrontación entre las
distintas policías.


Quiero reiterar aquí nuestro agradecimiento y nuestro
reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero
también a la policía autónoma catalana, a la vasca, a la navarra y a la
canaria; todas ellas, al igual que la policía local, creadas bajo el
amparo de la Constitución y de los estatutos de autonomía.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.


Senador Cleries, tiene la palabra.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, president.


Nosaltres, al Partit Demòcrata, davant d’aquesta iniciativa,
d’aquesta moció, que és una falsedat el que s’hi explica pel
que fa a Catalunya, els demanem que deixin de jugar amb la convivència.
Només volen impulsar la crispació i l’odi; i així no es fan
societats. Per tant, vostès estan jugant amb foc, i estan buscant un
enfrontament que no existeix, perquè la Policia Nacional i la Guàrdia
Civil a Catalunya, i les seves famílies, no han tingut ni tenen problemes
en general, i ho puc dir així; ni a Sant Andreu de la Barca. Vostès aquí
no tenen cap senador de Catalunya, i parlen molt de Catalunya sense
conèixer-ho. Jo, de Sant Andreu de la Barca, en puc parlar. Visc a pocs
quilòmetres de Sant Andreu de la Barca, i tinc amic i coneguts que són
guàrdies civils del quarter de Sant Andreu de la Barca. Per tant, segons
quines coses, segons quines pel·lícules de ciència-ficció, els demano que
no les facin, perquè vostès estan fent mal a la societat catalana.


Els vull recordar que el que sí que va fer mal, i molt, i molt, és
el que va passar l’1 d’octubre. L’«a por ellos» no surt
gratis, i això sí que ha deixat una petjada a la societat catalana, per
culpa dels qui dirigien i manaven, que, per cert, no van fer cas de la
jutgessa Mercedes Armas, que va dir que s’havia d’impedir el
referèndum «sin romper la normal convivencia». Doncs déu n’hi do,
per no voler trencar la «normal convivència», tot el que vostès van fer i
van manar a la Policia i a la Guàrdia Civil aquell dia. Els demanem que
no juguin amb tot això.


També els vull recordar que s’obliden que hi ha un Estatut
—com que vostès el van recórrer, però això segueix vigent—
que diu que en la seguretat ciutadana també té competències la
Generalitat de Catalunya. Tenim un cos de Mossos d’Esquadra, del
qual ens sentim orgullosos, que va la seva feina ben feta. Amb tot el que
estan fent en aquesta moció, vostès posen també en qüestió la relació
entre Mossos d’Esquadra, Policia i Guàrdia Civil; i això és una
irresponsabilitat per part seva, i creiem que s’equivoquen de totes
totes.


També els vull recordar —com que tinc poc temps— que
per molt que vagin burxant, no aconseguiran trencar la convivència i la
cohesió social a Catalunya. No la trencaran de cap manera, perquè
Catalunya s’ha construït acceptant tothom tal com és. Però això no
treu per a que hi hagi un projecte d’un Estat propi per a
Catalunya; de tota la gent: dels que hi van néixer, dels que acaben
d’arribar-hi o dels que van venir fa 40 o 50 anys.


Tampoc no hi ha cap problema lingüístic ni cap problema de
convivència. Per tant, els demanem que vostès no siguin promotors
d’aquest trencament, perquè serà responsabilitat seva.


Muchas gracias, señor presidente.


El Partido Demócrata, dado que lo que dice la moción con respecto
a Cataluña es una falsedad, les pide que dejen de jugar con la
convivencia. Ustedes solo quieren impulsar la crispación y el odio, y así
no se construyen sociedades. Ustedes están jugando con fuego y están
buscando un enfrentamiento que no existe porque la Policía Nacional y la
Guardia Civil en Cataluña, y sus familias, no han tenido ni tienen
problemas, en general, ni siquiera en Sant Andreu de la Barca; lo digo
así de claro. Ustedes no tienen aquí ningún senador de Cataluña, y hablan
mucho de Cataluña sin conocerla; en cambio, yo puedo hablar de Sant
Andreu de la Barca porque vivo a pocos kilómetros y tengo amigos y
conocidos que son guardias civiles de ese cuartel. Por tanto, les pido
que no hagan según qué cosas, que no hagan películas de ciencia ficción
porque están haciendo daño a la sociedad catalana.


Les quiero recordar que lo que sí hizo daño, y mucho, fue lo que
pasó el 1 de octubre. El «A por ellos» no sale gratis, y eso sí que ha
dejado una huella en la sociedad catalana por culpa de quienes dirigían y
mandaban que, por cierto, no hicieron caso a la jueza Mercedes Armas, que
dijo que había que impedir el referéndum sin romper la normal
convivencia. Pues bien, para no querer romper la normal convivencia, hay
que ver todo lo que ordenaron a la Policía y a la Guardia Civil aquel
día. Por eso, les pedimos que no jueguen con todo esto.


También quiero recordarles que se olvidan de que hay un estatuto
—ustedes lo recurrieron— que sigue vigente, y que dice que la
Generalitat de Cataluña tiene también competencias relativas a seguridad
ciudadana. El cuerpo de Mossos d’Esquadra, del que nos sentimos
orgullosos, cumple bien su labor, pero con todo lo que solicitan en esta
moción ponen también en cuestión la relación entre Mossos
d’Esquadra, Policía y Guardia Civil, y esa es una irresponsabilidad
por su parte. Creemos que se equivocan de medio a medio.


También quiero recordarles, aunque tengo poco tiempo, que por
mucho que quieran y sigan hurgando no conseguirán romper la convivencia y
la cohesión social en Cataluña. No la van a romper de ninguna forma
porque Cataluña se ha construido aceptando a todo el mundo tal como es.
Pero eso no quita para que haya un proyecto de un Estado propio para
Cataluña de todo el mundo: de los que nacieron en Cataluña, de los que
acaban de llegar o de los que vinieron hace cuarenta o cincuenta años. Y
no hay ningún problema lingüístico ni ningún problema de convivencia. Por
tanto, les pedimos que ustedes no sean promotores de esa ruptura, porque
será su responsabilidad.


El señor PRESIDENTE: Termine, señor Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Acabo, senyor president.


I ja és ben trist —i acabo, senyor president— que per
a una formació política de Govern l’objectiu respecte de Catalunya,
com que no mengen vots d’allà, sigui trencar la convivència.
Demanin perdó a Catalunya i no juguin amb Catalunya.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Acabo, señor presidente.


Y es triste que el objetivo de una formación política de gobierno
respecto a Cataluña, puesto que no beben votos allí, sea romper la
convivencia. Por tanto, pidan perdón a Cataluña y no jueguen con
Cataluña.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Gallastegui.


El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Gracias, presidente.


Señorías, egun on guztioi. Muy buenos días a todas y a todos.


Señores del Partido Popular, para debates frívolos no cuenten con
el Partido Nacionalista Vasco. Lo que se ha dicho aquí no se ajusta a la
realidad. Pero también quiero dejar claro en este hemiciclo que la
sociedad vasca es la que erradicó a ETA de su posicionamiento; claro
está, con una gran ayuda, impresionante gran ayuda, de todas las fuerzas
de seguridad.


Señorías del Grupo Popular, ya nos tienen acostumbrados a sus
mociones, unas iniciativas que intentan ensombrecer, embarrar la
actividad política y parlamentaria. Ahora nos vienen con esta sobre las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, su seguridad, tolerancia,
respeto y, ya de paso, mezclando el independentismo catalán con el
contexto social en el País Vasco y nuestra singularidad, con el supuesto
objetivo de preservar la seguridad en el sistema policial.


Parece que ustedes promueven y aplican la legalidad cuando les
interesa, y como ejemplo la mención en el primer punto de la moción de no
reducir la presencia de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia
Civil en ninguna parte del territorio nacional, especialmente en País
Vasco, Navarra y Cataluña. Queremos pensar que esto tiene una
justificación en términos de seguridad y bienestar y ni por asomo tiene
una justificación política, ¿verdad? ¿O es que seguimos, en algún tipo
encubierto, en estado de excepción o, mejor dicho, de excepcionalidad?
Este es el modelo policial que ustedes defienden al servicio de intereses
políticos a veces inconfesables. Esto es precisamente lo que ustedes
plantean en el punto primero de la moción: un modelo policial que
resuelva los conflictos políticos. Y —repito— no plantean que
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se reduzcan
especialmente en esas tres comunidades autónomas con criterios técnicos,
sino por criterios políticos y electoralistas.


El contexto social y político de Euskadi ha cambiado, es
radicalmente diferente al que padecimos desgraciadamente durante casi
cuarenta años. Estamos en una realidad diferente a lo que nos podíamos
encontrar hace cinco, diez o quince años, radicalmente diferente,
señorías del Partido Popular.


Hago mías las palabras de la consejera de Seguridad, Estefanía
Beltrán de Heredia. En Euskadi tenemos dos cosas bien claras: por una
parte, que la Ertzaintza es la Policía integral de Euskadi y, por tanto,
desarrolla y puede desarrollar todas las competencias de cualquier
Policía con solvencia, eficacia y eficiencia. El Estatuto de Gernika, ley
orgánica refrendada por el pueblo, establece una serie de competencias
residuales para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Euskadi,
y es sobre esta base sobre la que el Partido Popular debería defender la
legalidad. Los efectivos, por tanto, han de acomodarse a esas funciones,
a las necesidades reales, y no a la conveniencia política. Esta no es una
opinión del Grupo Vasco, que también, sino un eje central del Gobierno
vasco. El número de efectivos policiales se debe adecuar, pero no por
capricho de nuestro grupo, sino porque el ratio policial debe estar
justificado en términos objetivos por las tasas de criminalidad,
peligrosidad u homicidios, datos objetivos estos fácilmente
contrastables: datos de criminalidad, ratio policial, etcétera.


Por lo tanto, y como ya he mencionado al principio de mi
intervención, esta moción busca la confrontación embarrada, y el debate
busca poca o ninguna solución a los conflictos de naturaleza política.
Por lo dicho, votaremos que no a esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gallastegui.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Castellana.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Gràcies, president.


Són lícits l’engany, la intoxicació i la manipulació per
assaltar el poder? És acceptable el populisme per assaltar el poder? És
tolerable la propagació de l’odi per assaltar el poder? Doncs
aquesta moció és un compendi de tot això. Aquesta moció no reivindica
res. Aquesta moció exemplifica com al Reino de España hi ha partits
disposats a la intoxicació i a l’odi per tal d’assaltar un
poder que consideren seu. Creen un relat fals que atia l’odi,
perquè creuen que això els durà al poder.


Tenint en compte els centenars i centenars de morts víctimes de la
violència política que hi hagut els darrers anys, des de la transició
política, insulten aquestes víctimes equiparant aquestes violències.
Converteixen una Cambra parlamentària en un veritable abocador de la
manipulació i de l’odi. Són partits amb ganes de destruir tot allò
que s’interposa entre ells i el poder, a qualsevol preu, ni que
sigui a costa de la pau, la justícia i la democràcia.


La seva moció —l’hi repeteixo— és una gran
falsedat de cap a peus. Saben que és fals l’assetjament a Policia
Nacional i Guàrdia Civil. Saben que és falsa la versió que donen sobre
els fets que van succeir el 29 de setembre a Catalunya. I ho saben perquè
el falsejament continuat de la realitat els ha dut a vostès, el grup
parlamentari que té majoria absoluta en aquesta Cambra a tenir zero
senadors dels 24 que envia Catalunya a aquesta Cambra. Saben que
l’únic límit a la llibertat a Catalunya és l’«a por ellos»
del nacionalisme espanyol desaforat contra Catalunya. Però els és igual,
perquè el nacionalisme espanyol —sí, nacionalisme espanyol—
està disposat a tot. Vostès, els nacionalistes espanyols i les seves
ambicions posen en risc el present i el futur de tots els qui vivim al
reino de España. Com és el seu nacionalisme? Vostès idolatren els seus
símbols, però no els importen les persones. Els han explicat amb molt més
coneixement que jo —un humil senador— la falta d’agents
a les zones rurals, la falta d’agents al camp de Gibraltar. Però
no, a vostès no els importa la seguretat d’aquests persones; primer
els importen els seus símbols, el seu nacionalisme. Quan vostè es referia
al separatisme, vostès creen el relat de l’enemic del poble, i el
deshumanitzen. Vostès ens deshumanitzen.


El Reino de España és una realitat administrativa, una realitat en
format d’Estat; fins aquí, tots d’acord. Però saben què? Jo
no n’estic segur, de què és Espanya. Potser perquè jo no formo part
de la nació espanyola. Però els asseguro una cosa: les mentides i
l’odi que escampa aquesta moció no estan justificades en cap cas.
Ni tan sols per Espanya, sigui el que sigui. Per això nosaltres votarem
en contra d’aquesta moció, però no és la posició que volíem afirmar
aquí. El que els demanem és que retirin aquesta moció.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Gracias, presidente.


¿Son lícitos el engaño, la intoxicación y la manipulación para
asaltar el poder? ¿Es aceptable el populismo para asaltar el poder? ¿Es
tolerable la propagación del odio para asaltar el poder? Pues esta moción
es un compendio de todo esto. Esta moción no reivindica nada. Esta moción
ejemplifica cómo en el Reino de España hay partidos dispuestos a la
intoxicación y al odio con tal de asaltar un poder que consideran suyo.
Crean un relato falso que atiza el odio porque les parece que eso les va
a llevar al poder.


Teniendo en cuenta los cientos y cientos de muertos víctimas de la
violencia política que ha habido en los últimos años desde la transición
política, insultan a esas víctimas equiparando estas violencias.
Convierten una Cámara parlamentaria en un auténtico vertedero de la
manipulación y del odio; partidos con ganas de destruir todo lo que se
interponga entre ellos y el poder a cualquier precio, aunque sea a costa
de la paz, la justicia y la democracia.


Su moción, se lo repito, es una gran falsedad de arriba abajo.
Saben que es falso el acoso a policías nacionales y guardias civiles.
Saben que es falsa la versión que dan sobre los hechos que sucedieron
el 29 de septiembre en Cataluña; y lo saben, porque el falseamiento
continuado de la realidad les ha llevado a ustedes, al grupo
parlamentario que tiene mayoría absoluta en esta Cámara, a tener cero
senadores de los veinticuatro que envía Cataluña a esta Cámara. Saben que
el único límite a la libertad en Cataluña es el «a por ellos» del
nacionalismo español desaforado contra Cataluña. Pero les da lo mismo,
porque el nacionalismo español —sí, digo nacionalismo
español— está dispuesto a todo. Ustedes, los nacionalistas
españoles y sus ambiciones, ponen en riesgo el presente y el futuro de
todos los que vivimos en el Reino de España. ¿Cómo es su nacionalismo?
Ustedes idolatran sus símbolos, pero no les importan las personas. Les
han explicado con mucho más conocimiento que yo, un humilde senador, la
falta de agentes en las zonas rurales, la falta de agentes en el Campo de
Gibraltar; pero no, a ustedes no les importa la seguridad de esas
personas, primero les importan sus símbolos, su nacionalismo. Ustedes
—cuando se refería al separatismo— crean el relato del
enemigo del pueblo y lo deshumanizan. Ustedes nos deshumanizan.


El Reino de España es una realidad administrativa, una realidad en
forma de Estado. Hasta aquí, todos de acuerdo. Pero ¿saben? yo no estoy
seguro de lo que es España, tal vez porque yo no formo parte de la nación
española. Pero les aseguro una cosa: las mentiras y el odio que difunde
esta moción no están justificados en ningún caso, ni siquiera por España,
sea lo que sea. Por eso nosotros vamos a votar en contra de esta moción.
Pero no es la postura que queríamos afirmar aquí; lo que les pedimos es
que retiren esta moción.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castellana.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Arrieta.


El señor ARRIETA ARRIETA: Egun on.


Señor Oyarzábal, ¿sería muy atrevido por mi parte decir que
retirara esta moción? Es que no apoya nada. ¿Usted viene aquí a decir que
la Cataluña de hoy es la Euskadi de los ochenta? ¿Y viene a decir que la
Euskadi de hoy es la Euskadi de los ochenta?


Vamos a ver, seamos serios: la moción que se debate hoy en Pleno
nada tiene que ver con ese apoyo que ustedes plantean para la Policía
Nacional y la Guardia Civil. Lo que hoy nos presenta el Partido Popular
es una moción que pretende que castiguemos aquellas reivindicaciones
políticas que no comparte. Así, aunque situándose en Cataluña, deja muy
claro que no se fía para nada del devenir político de Euskadi y de
Navarra y pide que especialmente en estos territorios no se reduzcan los
efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero hay más:
haciendo una lectura interesada de la Constitución, viene a decirnos que
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las responsables de
mantener el orden en todo el territorio nacional, olvidando que en
algunas comunidades autónomas, como la mía, Euskadi, tenemos una Policía,
la Ertzaintza, que actualmente tiene la consideración de Policía integral
del País Vasco. Es titular de todas las competencias en materias de orden
público, seguridad ciudadana, tráfico, juego y espectáculo, y tiene
también la facultad, la capacidad de ejercer labores de lucha
antiterrorista, investigación y policía judicial. Y le recuerdo que quien
hasta hace muy pocos meses era ministro del Interior, el señor Zoido,
firmó con el Gobierno vasco la presencia de la Policía vasca en bases de
datos estatales y europeas, así como que pudiera actuar en Francia.


Quizá debiéramos mostrar nuestro apoyo a estos cuerpos hablando de
temas relacionados con su quehacer diario y que la moción del PP
silencia. Y quizá el primer paso pudiera ser también no olvidar la
situación de estas fuerzas en el Campo de Gibraltar u otros lugares, en
los que de manera constante se enfrentan al narcotráfico y al crimen
organizado.


Hablan ustedes de vivencias, y vamos a hablar de vivencias.
Actualmente, se da una prejubilación por causas mentales cada tres días a
la Guardia Civil. ¿Lo sabían ustedes? Es así. Es una profesión
considerada de riesgo, pero cuya principal causa de jubilación anticipada
por incapacidad no son los problemas físicos derivados de ese trabajo,
sino los psicológicos. Los datos relativos al número de guardias civiles
retirados antes de llegar a la jubilación por pérdida de aptitudes
psicofísicas son alarmantes. Desde enero del año 2012 hasta 2018 se han
producido 1901 jubilaciones por incapacidad de guardias civiles, de las
cuales 730 han sido por motivos psíquicos, otras 630, por motivos
físicos, y 570, por motivos mixtos. En números absolutos, son 2298
jubilaciones anticipadas en el cuerpo si se suman todas las
escalas: 1 teniente general, 2 generales de división, 7 capitanes, 1
comandante, 17 tenientes
coroneles, 4 coroneles, 31 sargentos, 60 sargentos
primeros, 47 brigadas, 32 subtenientes, un suboficial mayor, 1901
guardias civiles, 10 cabos, 181 cabos primeros, 3 cabos mayores.


Señorías, estamos de acuerdo en que la Policía Nacional y la
Guardia Civil han sufrido hostilidad e innumerables ataques en los
últimos años, pero ¿están dispuestos a que contabilicemos los ataques
sufridos por el PP? ¿El PP que restringe, cuando no prohíbe, el derecho
de manifestación de la Policía y de la Guardia Civil? ¿Qué ha votado en
contra en el Congreso de los Diputados de nuestra propuesta para hacer
efectivo el derecho de asociación de la Guardia Civil? ¿El PP que ha
modificado la Ley del Código Penal militar para endurecer su aplicación a
los guardias civiles?






¿El PP que aprobó la Ley de personal de Policía y
Guardia Civil en contra de sindicatos de Policía y asociaciones de la
Guardia Civil? Y así podríamos seguir. Para tapar las incompetencias del
Gobierno del PP en la resolución del conflicto de Cataluña, nos presentan
esta moción de defensa y apoyo a los profesionales de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, cuando lo cierto es que son ustedes
quienes llevan décadas negando a Policía Nacional y Guardia Civil algunos
de los derechos más elementales.


Vamos a votar no a esta moción, pero nuestro grupo parlamentario
les emplaza a trabajar en las enmiendas que hemos presentado en aras de
una verdadera defensa y apoyo a la Policía Nacional y Guardia Civil.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ARRIETA ARRIETA: En definitiva, medidas que conviertan a
los profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil en
funcionarios de primera y no de tercera.


Eskerrik asko. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
González Cabaña.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, señor presidente.


Señor Oyarzábal, no le he oído contestar a mi pregunta de si
estaba presente en la Comisión de Interior y escuchó al ministro condenar
las agresiones a policías y guardias civiles en Barcelona. Espero que, si
el señor Cosidó no ocupa su tiempo en el turno de portavoces, usted tenga
la oportunidad de contestármelo.


A mí me parece —lo ha dicho el señor Arrieta de manera
perfecta— que ha habido un cierto aire de trivialización de la
situación del terrorismo, con lo que pasamos y sufrimos todos; ustedes,
los ciudadanos del País Vasco, los primeros. No se deben hacer ejercicios
como el que usted ha hecho en el sentido que le señalaba el senador
Arrieta.


Señoría, el intento del Grupo Popular de alimentar el conflicto
territorial de Cataluña empieza a ser ya una constante en las últimas
sesiones de esta Cámara, se trate el tema que se trate. El señor Cosidó
es el rayo que no cesa: ha decidido convertir a su grupo parlamentario en
el tea party del Senado español, y esta moción es su enésimo intento por
reactivar el fuego catalán. La nostalgia del 155 está sobrevolando
siempre la bancada popular. Qué tiempos aquellos de la policía patriótica
que hacía el trabajo sucio del Gobierno del Partido Popular.


Esta moción pretende colocar a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado en el centro de la actualidad política utilizándolas como
herramienta permanente de ataque al Gobierno. Nuestro grupo parlamentario
considera que la Policía y la Guardia Civil, junto al resto de las
policías del Estado, son actores fundamentales para la defensa de
nuestros derechos y libertades; por ello, nuestro grupo parlamentario y
el Gobierno les dejan fuera de los enfrentamientos políticos en relación
con el conflicto territorial, a diferencia del Partido Popular y
Ciudadanos, que han decidido que todo vale para hacer caer al
Gobierno.


La exposición de motivos contiene errores impropios de un portavoz
que ha tenido tan alta responsabilidades en el Ministerio del Interior.
Es cierto que el artículo 149.1 establece que el Estado tiene la
competencia de la seguridad pública, señor Cosidó, pero también es cierto
que los estatutos de autonomía de las comunidades de Cataluña y el País
Vasco, aprobados mediante leyes orgánicas, determinan que las policías
autonómicas vasca y catalana, Ertzaintza y Mossos, son policías
integrales que sustituyen a la Policía y a la Guardia Civil en esos
territorios.


Puede resultar una obviedad a estas alturas recordar que los
estatutos de autonomía son parte del ordenamiento jurídico español
vigente y deben ser respetados, pero, visto lo visto, parece necesario
recordarlo. Parece, no solo que se quisiera enfrentar a policías y
guardiaciviles según el lugar de destino, como ya he explicado en mi
primera intervención, sino también a estos con las policías autonómicas,
cuando todos sabemos que la Ley 2/1986, de fuerzas y cuerpos de
seguridad, también incluye a los cuerpos de policía Ertzaintza, Mossos y
Policía foral de esas comunidades autónomas como fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado; y todos ellos deberán prestarse —como aquí se
ha dicho— mutuo auxilio e información recíproca en el ejercicio de
las funciones que tienen encomendadas. Mantener el orden y garantizar la
seguridad pública son competencias ejercidas por las policías autonómicas
en los territorios donde se han desarrollado sus competencias, y no es
posible, sin una modificación de los estatutos —impensable, pienso
yo—, reconsiderar esa situación. Resulta chocante que el partido en
el Gobierno de España —el Partido Popular— que transfirió
mediante la Ley Orgánica 6/1997 las competencias ejecutivas en materia de
tráfico a la Generalitat pretenda ahora desandar lo andado.


Nadie puede dudar del respaldo del Gobierno a nuestras fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado. Buena prueba de ello es que va a ser
este el Gobierno que, por fin, va a poner en marcha el acuerdo de la
equiparación salarial de marzo —que ustedes firmaron y del que
nunca más se supo hasta ahora—, que se va a hacer efectivo en la
nómina de octubre.


Señorías, no pidan nuestro apoyo para consolidar policías de
primera y policías de segunda, según les interese a ustedes. No nos pidan
que el sufrimiento de las familias de esos policías y guardias civiles se
valore más en una parte del Estado español que en otra. No quieran
contagiarnos su nostalgia falsamente patriótica. Jueguen limpio...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Voy terminando, señor presidente.


Jueguen limpio con quienes velan por nuestra seguridad en
cualquier rincón de España. Y si tienen mala conciencia sobre lo que
hicieron mientras gobernaron, no quieran limpiarla cuestionando nuestro
ordenamiento jurídico. No nos culpen a nosotros. No fuimos nosotros los
que dimos prebendas por servicios que ahora la justicia investiga.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Termino, presidente.


No quieran desviar la atención sobre sus actuaciones al frente de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dejen de enfrentar a los
distintos territorios del Estado español y recuerden el dicho popular
—no popular por ustedes—: quien juega con fuego, termina
quemándose, señor Cosidó. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Cabaña.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Oyarzábal.


El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Muchas gracias, señor
presidente.


Intervendré muy brevemente para que, como el portavoz socialista
no ha hecho ni caso a mi intervención, también pueda contestarle el
portavoz de mi grupo.


Esta moción no se refiere solo a lo que ocurrió el otro día en
Barcelona, que también. Allí se agredió a policías y guardias civiles
desarmados, de paisano. Todavía escucho la voz —seguramente muchos
la recordamos— de aquel energúmeno que gritaba en el cogote de un
guardia civil: ¡Te quiero arrancar la cabeza! ¡Te arrancaría la cabeza
ahora mismo! Yo no sé quién ha inoculado ese odio, pero, desde luego. eso
es lo que pudimos ver, eso es lo que representan esos grupos de
energúmenos y de locos que emanan odio y que persiguen a la Policía y a
la Guardia Civil en Cataluña.


Lo que estamos diciendo es que no queremos que se reproduzcan las
campañas de acoso. Yo no he trivializado aquí —Dios me libre—
sobre el terrorismo en el País Vasco, no. Pero lo que yo he vivido y lo
que han vivido muchos guardias civiles y policías en el País Vasco es una
campaña bien orquestada de señalamiento público, denigrando su labor, de
acorralamiento social, que afectaba a sus familias y a sus hijos. Yo no
quiero que ningún guardia civil tenga que esconder su profesión en el
País Vasco, Navarra o Cataluña; ni que sus hijos tengan que ocultar la
profesión de su padre en la escuela; ni que sus familias tengan que
ocultar en su círculo más próximo de amigos a qué se dedican su marido,
su hijo o su padre. Eso es lo que ha pasado; y, si no, pregúntenlo,
señorías. Yo creo que cuando se asedian comandancias, cuando se asaltan
edificios públicos y se ultrajan los símbolos de todos, la bandera,
tenemos derecho a venir aquí a denunciarlo.


Ayer se habló, señorías, de adoctrinamiento. Cuando se impone un
clima como el que les hablaba en la escuela, en los libros, señalando
socialmente a aquellos que no son nacionalistas, creo que lo debemos
denunciar.


Me duele especialmente —y no voy a contestar al
representante de Bildu, porque creo que sus palabras no merecen
contestación por nuestra parte— la actitud del Partido Socialista:
esconde la cabeza, no se atreve a entrar en el fondo de la cuestión.
(Rumores). Sí, sí. Escuchamos ayer decir a la vicepresidenta del Gobierno
cuando se refería a la situación en Cataluña que el problema se suscitó
allí el 1 de octubre del año pasado y que le parecía inasumible la
actuación de los policías y los guardias civiles. Qué cobardía la de un
Gobierno que no es capaz de defender a los agentes de la ley.
(Rumores.— Aplausos). Qué cobardía la de este Gobierno, que no es
capaz de defender a la Policía. Y qué duros ustedes. Qué duros ustedes,
los socialistas, siempre con la Policía cuando actúa, con los jueces
cuando actúan contra el separatismo, y qué duros con los partidos
constitucionalistas cuando defendemos la libertad en cualquier rincón de
nuestro país. (Aplausos). Qué duros. Y qué blanditos, qué blanditos y
suaves son ustedes siempre con los separatistas. (Rumores).


Termino ya. La diferencia entre ustedes y nosotros, entre su
partido y el mío, señor Cabaña, es que cuando el Partido Popular tuvo
ocasión sumó sus votos a los del Partido Socialista para desalojar al
nacionalismo del poder. Ustedes, en cambio, en cuanto tuvieron
oportunidad unieron sus votos a los de los nacionalistas para desalojar
al Partido Popular del poder. (Aplausos). Lo hicieron en Vitoria, en
tantos ayuntamientos, y lo volvieron a hacer hace pocos meses.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Oyarzábal. (El señor
Cosidó Gutiérrez pide la palabra).


Senador Cosidó, tiene la palabra.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente. Sobre la
base del artículo 88.1.


Con el afecto personal que sabe que le tengo, senador Cabaña,
primero, muchas gracias, senador, por el tratamiento. Quiero decirle que
en mi caso en ningún momento me escondo, en ningún momento miento, y me
siento muy orgulloso de mi doctorado y de mi tesis doctoral (Aplausos), a
diferencia del doctor Sánchez, que, a pesar de su cobardía y de su
indecencia, espero que pronto esté aquí para poder explicarse y decir lo
mismo que acabo de decir. (Aplausos).


Segundo. Senador Cabaña, hay dos cosas de su intervención que me
producen mucha tristeza. La primera, que el pacto que ustedes tienen
suscrito con los independentistas les impida apoyar a la Policía Nacional
y a la Guardia Civil en Cataluña, el País Vasco y Navarra.
(Aplausos.— Protestas). Sinceramente, me da tristeza. Además, me
preocupa…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. (Protestas).


Señorías, guarden silencio.


Vaya terminando, senador Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Me preocupa que ustedes no voten esta
moción, porque eso significa que los planes, en el pacto oculto que
ustedes tienen con los independentistas para sacar a la Policía Nacional
y a la Guardia Civil de Cataluña, del País Vasco y de Navarra, son
ciertos; porque, si no, ustedes votarían esta moción. (Fuertes
aplausos.— Protestas).


Y, por último, senador Cabaña, usted y yo tuvimos oportunidad, yo,
como director de la Policía, y usted, como portavoz… (Fuertes
protestas). El artículo 88.1 me da cinco minutos…


El señor PRESIDENTE: Senador Cosidó, espere un momento.


Señorías, vamos a ver: el tiempo es igual para todos y debe ser
respetado por todos. (Rumores). Pero déjenme terminar y déjenme hablar,
si me lo permiten. El senador Mato se ha excedido en su intervención
anterior en más de un minuto y cuarto; el senador González Cabaña se ha
excedido en su intervención anterior en casi un minuto; y al senador
Cosidó le estoy pidiendo que termine, porque también está excediendo su
tiempo. Ustedes verán, porque yo estoy harto de decirlo y repetirlo
siempre, si quieren que yo sea tolerante con los tiempos o quieren que
los aplique a rajatabla. No lo digo ahora por el senador Cosidó. Lo puedo
decir en la mañana de hoy por el senador Mato, por el senador González
Cabaña y por todos aquellos que abusan de la tolerancia que yo pueda
tener en la utilización de los tiempos. (Aplausos). Haga el favor de
terminar, senador Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Termino, señor presidente.


Únicamente quiero decirle al senador Cabaña que su interpelación
viene con dos o tres años de retraso. Tuvo oportunidad de presentarla, y
no lo hizo, en su momento y, por lo tanto, está claramente fuera de
plazo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Pero reitero mi profundo
orgullo...


El señor PRESIDENTE: Llamen a votación.


Para mí es muy fácil y muy sencillo hacer como en el Congreso: se
cumple el minuto, el segundo que está reglamentado y se quita el sonido.
Pero no me parece correcto. Si un senador está en el uso de la palabra y
está expresando un argumento, no me parece correcto que se lo deje mudo.
Por eso yo tengo la tolerancia de decirle que vaya terminando. Pero
finalicen la frase o el argumento y no abusen de esa confianza para
utilizar un minuto o un minuto y medio. Para mí es mucho más fácil decir:
a partir del próximo Pleno, los tiempos se aplican a rajatabla. Ustedes
verán si prefieren que tengamos esa tolerancia para terminar con lo que
se están diciendo o deciden abusar de esa tolerancia y se exceden en el
tiempo. Eso, en la próxima Junta de Portavoces lo podemos debatir entre
todos los portavoces de los grupos. (Aplausos). Pero lo que no puede ser
es el abuso del tiempo. Lo digo por unos y por otros, porque,
desgraciadamente, lo hacen senadores de todos los grupos. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo
Parlamentario Mixto con número de registro 126 644.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239;
votos emitidos, 239; a favor, 145; en contra, 91; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LIMITAR EL
AFORAMIENTO DE DIPUTADOS, SENADORES Y MIEMBROS DEL GOBIERNO AL EJERCICIO
ESTRICTO DE LAS FUNCIONES DEL CARGO.


662/000126

GPS


El señor presidente da lectura al punto 6.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado once
enmiendas: ocho del Grupo Parlamentario Mixto —siete por iniciativa
de los senadores Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de la senadora
Roldán y de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—; una del Grupo
Parlamentario Vasco; una del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, y una del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. (El
señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la defensa de la
moción, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, la cuestión de los aforamientos se ha convertido en un
debate reiterado en esta Cámara y en la política española en los últimos
tiempos, si bien es verdad que el partido mayoritario de la derecha
siempre ha rechazado la eliminación, la suspensión o su limitación.
Esperemos que hoy, a la tercera sea la vencida, y, tras el apoyo que
recibió una iniciativa parecida en el Congreso de los Diputados, tengamos
definitivamente la oportunidad de que los aforamientos inicien un camino
hacia su desaparición.


El Grupo Socialista presenta de nuevo ante esta Cámara la
necesidad de una reforma de la Constitución, en sus artículos 71.3
y 102.1, para proceder a limitar los aforamientos de diputados, senadores
y miembros del Gobierno al ejercicio estricto de las funciones de su
cargo. Hoy, señorías, les traemos a todos un reto, les provocamos para
que apoyen esta moción y para que los ciudadanos vuelvan a creer en la
política después de siete años de alejamiento.


La figura del aforamiento, como ustedes saben, surge en la
Revolución Francesa y llega hasta nuestros días. Con su inclusión en el
texto constitucional, el aforamiento se ha justificado por diferentes
razones: una, evitar la instrumentalización política; otra, atribuir a
los tribunales con mayor experiencia y cualificación el contenido de
causas potencialmente con consecuencias institucionales; y una tercera
razón es asegurar que la actuación judicial responda a los principios de
legalidad e imparcialidad. Pero lo cierto, señorías, es que en nuestros
días esta excepción al principio de igualdad ante la ley resulta
anacrónica e inapropiada. Ninguna de las tres razones que les he apuntado
es suficiente para romper este principio y hoy no resulta proporcional a
las finalidades que se pretenden conseguir. La ciudadanía, y ustedes lo
saben, percibe esta institución como un privilegio innecesario para los
políticos, lo que sin duda contribuye a la distancia entre los ciudadanos
y nosotros, sus representantes, porque, al final, en España todo
ciudadano que comete un delito es juzgado por un tribunal ordinario,
mientras que si el ciudadano es aforado, lo será por un tribunal
superior, de una comunidad autónoma o el Tribunal Supremo.


Señorías, ustedes conocen que la doctrina en este asunto tiene
también disparidades. Por un lado, están los que califican a los
tribunales superiores como más cualificados y, por otro lado, están los
que ven un desprecio hacia los jueces predeterminados por la ley. Pero
como bien reconoce el propio Tribunal Constitucional, en el aforamiento
debe subyacer necesariamente la defensa del interés general y no el
particular. Señorías, a estas alturas de la película, todas estas
consideraciones doctrinales pueden estar bien o no, pero lo cierto es que
hoy los aforamientos son anacrónicos e inapropiados.


La ministra de Justicia y el presidente del Gobierno, oyendo a la
ciudadanía, han anunciado que el Gobierno y el Partido Socialista estamos
dispuestos a abordar, de manera cierta, la limitación de los
aforamientos, tal y como reconoce la iniciativa que hoy presentamos, para
racionalizarlos y cumplir con los principios de igualdad ante la ley y
los tribunales, reformando los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución.
El Gobierno ha empezado a hacer su trabajo, ha encargado un estudio a la
sección procesal de la Comisión General de Codificación y al propio
Consejo de Estado para que, como órgano consultivo, elabore una propuesta
de reforma limitada de la Constitución y su comisión de estudio
desarrolle una nueva redacción de la norma y de las leyes a modificar,
para que las Cortes Generales debatan sobre la oportuna reforma
constitucional. Los socialistas pretendemos que este régimen especial sea
eliminado y hoy nos encontramos con un momento político propicio, espero,
para afrontar este asunto definitivamente.


En esta Cámara, a propuesta del Grupo Socialista, el aforamiento
fue debatido en dos ocasiones a lo largo de 2016, en marzo y en
septiembre. Lamentablemente, nunca tuvo éxito, pues la mayoría absoluta
de la derecha rechazó las dos iniciativas. En los debates parlamentarios
algún grupo —creo que fue el Grupo Nacionalista Vasco—
solicitó realizar una reflexión profunda, que fuera técnica, solvente y
bien asentada para hacer un análisis real de los aforamientos. Hoy, con
esta moción, traemos la reflexión que pedía el señor Cazalis, cumpliendo
con esa recomendación que nos hacía. También en 2016, el Grupo Popular
proponía crear en esta Cámara una ponencia en la Comisión Constitucional
para estudiar la institución del aforamiento del artículo 71 y adaptarlo
a los tiempos actuales. Como siempre, fue un nuevo brindis al sol, las
palabras se las llevó el viento y de esa ponencia nunca más se supo. De
ahí que nosotros sí creamos que se debe debatir y reflexionar sobre el
aforamiento.


Hay 250 000 aforados en nuestro país, 232 000 son de miembros de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto estatales como
autonómicas, y el resto pertenecemos a las instituciones del Estado, a
las comunidades autónomas, a los miembros de las carreras judicial y
fiscal, a los tribunales de cuentas, a la Casa Real, al Consejo de
Estado, a los defensores del pueblo, diputados, senadores, parlamentarios
autonómicos, cargos del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y
Consejo General del Poder Judicial —espero no haberme dejado
ninguno—. Y ante esta situación inadecuada, la ciudadanía está
demandando coherencia, igualdad y regeneración. Nosotros venimos
reclamando esto desde 2015, pero ha sido —por lo menos en esta
Cámara— como clamar en el desierto. Hoy lo volvemos a hacer porque
somos conscientes de que la propia evolución de la sociedad y la
fortaleza de las instituciones exigen un replanteamiento constructivo de
esta institución.


Hace dos años señalaba yo mismo en esta tribuna que la palabra
aforado en nuestro país cada vez era más conocida y cada vez era más
controvertida; cada vez genera más rechazo en nuestra sociedad. Por ello
es necesario, ahora más que nunca, una profunda revisión para que no se
altere ni se sigan alterando las reglas judiciales, penales y
territoriales, y se supere ya esa suspicacia, esa desconfianza o ese
recelo que ha generado en la sociedad española, donde la idea de que la
justicia no es igual para todos es un hecho cierto.


Los socialistas volvemos a apostar firmemente por esta reforma
constitucional y la queremos impulsar para eliminar esta prerrogativa
anómala e injusta, como ocurre en países de nuestro entorno: Portugal,
Italia o Francia, por citar algunos. Los socialistas pretendemos,
también, reconducir una situación que tiene a maltraer a los jueces de
instrucción porque, si les toca juzgar a un aforado, y ustedes lo saben,
el proceso va a salir de su instancia y, por tanto, se les privará de
hacer su trabajo. Esa disfunción también hay que superarla, y no solo por
la independencia de la justicia, sino también como paso para la
regeneración institucional. El fuero judicial, señorías, implica y
conlleva dos situaciones: alterar la competencia judicial y establecer
unos ciudadanos de primera y otros de segunda. Y esto no cabe en estos
momentos. Todos, señorías, todos somos iguales ante la ley, y no
olvidemos que todos nos debemos regir por la misma justicia y los mismos
tribunales.


Los socialistas consideramos que ante esta cuestión hoy existe
—parece ser así— suficiente consenso —lo veremos a lo
largo de esta mañana— entre las fuerzas políticas con
representación parlamentaria para superar esta prerrogativa que
contradice, como les decía, el principio de igualdad. En cuarenta años
han cambiado muchas cosas en España, señorías, y nosotros tenemos la
obligación de dar respuesta a esos cambios. La situación actual no es la
misma que se vivía en 1978 y tenemos la obligación de racionalizar la
figura del aforamiento por el bien de nuestras instituciones
democráticas. Nosotros somos aforados y debemos adoptar un compromiso
cierto para terminar con él, porque afecta al núcleo esencial de la
justicia y de nuestra credibilidad política. El aforamiento —no lo
voy a repetir más veces— es una institución que necesita una
revisión. Con este tipo de actuaciones —si lo conseguimos
hoy— podremos recuperar la dignidad social de los políticos que hoy
en día —y ustedes lo saben— está por los suelos para miles y
miles de españoles.


Para terminar, señor presidente, ustedes conocen perfectamente que
el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial han
solicitado también que se limite el aforamiento a los cargos públicos al
observar su mal uso y su utilización como blindaje. Señorías, hoy
volvemos a tener otra ocasión para que el Senado plantee una respuesta de
respeto a los ciudadanos españoles. Una respuesta, señorías, a todos los
jueces naturales; una respuesta para eliminar de nuestro ordenamiento
jurídico una situación anómala e injusta. Una respuesta para acabar con
los blindajes y con las garantías o con esas prerrogativas de naturales
formal, como a algunos les gusta decir. Albert Camus decía que si
fracasamos en conciliar la justicia y la igualdad fracasaremos en el
resto. Los socialistas les pedimos eso, señorías, les pedimos altura de
miras para apoyar esta moción y recuperar el valor de una política útil
para la sociedad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Rodríguez Esquerdo.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Marcos.


El señor MARCOS ARIAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, Ciudadanos siempre se ha posicionado en contra de los
aforamientos políticos. Consideramos que se trata de un privilegio que
han venido disfrutando de manera absolutamente injustificada diputados,
senadores, miembros del Gobierno de España, miembros de las asambleas
legislativas autonómicas y de los Gobiernos en las comunidades
autónomas.


Efectivamente, las exigencias de regeneración democrática de una
sociedad moderna y de progreso demandan rápidamente la supresión de esta
figura con el fin principal de demostrar a los ciudadanos en su conjunto
que los políticos que aquí y en el Congreso de los Diputados nos sentamos
no sentimos necesidad alguna de disfrutar de un trato de favor que,
además, de injustificado —insistimos— no hace sino acrecentar
la distancia entre los representantes y los representados contra el
principio, señorías, fundamental de igualdad.


Pero, señorías del Partido Socialista, el 17 de septiembre el
presidente del Gobierno aseguró por la mañana que promovería una reforma
exprés de la Constitución en dos meses para eliminar el aforamiento de
los políticos, pero a lo largo de ese mismo día el señor Sánchez concretó
que, en realidad, no se eliminaría, sino que únicamente se acotaría,
manteniendo el aforamiento para delitos cometidos en el estricto
ejercicio del cargo de diputados y senadores. Al día siguiente Ciudadanos
presentó en el Congreso de Diputados una iniciativa, que se aprobó, para
suprimir los aforamientos. Se trataba de suprimir los aforamientos,
señorías: reformar en el plazo de tres meses los artículos 71.3 y 102.1
de la Constitución, promover la supresión de los aforamientos de
diputados, senadores y miembros del Gobierno y, además, instar a los
parlamentos autonómicos, donde todavía no se había acordado esta reforma,
a modificar sus respectivos estatutos.


Lo moción que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista,
a la que hemos presentado una enmienda, puede ser solamente una cortina
de humo, o quizá no. Si mantenemos los aforamientos al ejercicio estricto
de las funciones del cargo, tal como se propone, ¿qué pasaría, señorías,
con aquella corrupción sobre la que suelen ser investigados los
políticos?, como ha adelantado el portavoz del Partido Socialista; ¿qué
pasaría con esos políticos?, ¿qué pasaría con las concesiones
arbitrarias, contratos falsos o sobrecostes fraudulentos?


Lo que le proponemos en nuestra enmienda es precisamente proceder
a la supresión de los aforamientos de los diputados, senadores y miembros
del Gobierno, eliminar la limitación y eliminar el ejercicio estricto de
las funciones de su cargo, porque en Ciudadanos estamos por el principio
de igualdad y porque creemos profundamente en la regeneración
democrática.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Marcos.


Tiene la palabra el senador Mulet.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Efectivament, la Constitució es va aprovar fa 40 anys i, com
qualsevol text que té 40 anys, fa falta revisar-lo. Ni els pobles, ni les
nacions, ni les persones d’ara són les de fa 40 anys. La realitat
ha canviat moltíssim, i igual que quan es van fer les Corts de Cadis, es
va fer la Constitució de Cadis, era exemplar, ara avui en dia eixa
Constitució seria inaplicable. Per tant, després de 40 anys, pensem que
fa falta revisar a fondo la Constitució.


Que cal revisar els aforaments?, òbviament; estem a favor
d’eliminar aforaments no únicament de dels diputats i senadors:
podríem començar per al Casa Reial i acabaríem fins a l’última
instància.


Per tant, si hem d’obrir el meló de la reforma de la
Constitució, obrim-lo en totes les prioritats. És més prioritari eliminar
els aforaments avui en dia que per exemple reformar el títol 2 de la
Constitució, per a que la prefectura de l’Estat es trie de manera
democràtica? Per a nosaltres no, és igual d’urgent. Per tant, fem
una reforma de calat, una reforma de fons, perquè si el que volem
únicament és el titular fàcil, bé, eliminem els aforament a diputats i
senadors, fem una reforma constitucional, i totes les urgències
territorials que té l’Estat espanyol es queden en un segon
pla.


Nosaltres hem presentat una sèrie d’esmenes perquè farien
falta moltes més reformes de les que nosaltres diem, però pensem que
estes són fonamentals. I entre elles n’hi ha una que sí que ens
agradaria que l’acceptaren. L’acceptaren perquè sabem que el
Partit Popular està a favor també d’esta esmena i sabem que
l’àmplia majoria del poble valencià està a favor d’esta
reforma constitucional. El que demanem és que el dret civil valencià puga
estar reconegut per la Constitució. Els recorde que les tres diputacions
provincials, el parlament valencià per unanimitat, comptant Compromís,
Partit Popular, Partit Socialista, Podemos i Ciudadanos, i 341
ajuntaments, és a dir, el 90 % de la població del País Valencià, ha votat
a favor d’esta reforma constitucional per a garantir el dret civil
valencià. Justament ahir celebràvem 780 anys del naixement del poble
valencià, 600 des que es va crear la Generalitat Valenciana, per tant som
un poble que sempre ha tingut legislació pròpia fins que han aplegat els
Borbons. Per tant, pensem que no hem de tindre menys dret que qualsevol
altra comunitat autònoma.


Sí que els agrairíem que acceptaren esta esmena del dret civil
valencià, que la incloguérem; sabem que les altres, doncs òbviament
parlar de monarquia o república a un partit monàrquic com el Partit
Socialista doncs l’alterarà molt, però el tema del dret civil
valencià després de la unanimitat que hem tingut al parlament valencià,
sí que els demanaríem que esta esmena almenys l’acceptaren i la
poguérem votar a favor per unanimitat.


Gràcies.


Efectivamente, la Constitución se aprobó hace cuarenta años y,
como cualquier texto de hace cuarenta años, hace falta revisarlo. Ni los
pueblos ni las naciones ni las personas de ahora son las de hace cuarenta
años. La realidad ha cambiado muchísimo. En época de las Cortes de Cádiz
la Constitución de Cádiz era ejemplar y hoy en día esa Constitución sería
inaplicable. Por lo tanto, después de cuarenta años creemos que hay que
revisar a fondo la Constitución.


Consideramos que hay que revisar los aforamientos. Obviamente,
estamos a favor de eliminarlos, y no solo los de diputados y senadores,
sino que podríamos empezar por los de la Casa Real y acabar con los de
cualquier instancia, hasta la última.


Por lo tanto, si hemos de abrir el melón de la reforma de la
Constitución, abrámoslo con todas las prioridades. ¿Es más prioritario
eliminar los aforamientos hoy en día que, por ejemplo, reformar el Título
II de la Constitución para que la jefatura del Estado se elija
democráticamente? Para nosotros es igual de urgente. Por lo tanto,
hagamos una reforma de calado, una reforma de fondo, porque si solo
queremos un titular fácil, pues sí, eliminemos los aforamientos de
diputados y senadores en una reforma constitucional y todas las urgencias
territoriales que tiene el Estado español se quedarán en un segundo
plano.


Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas, aunque harían
falta muchas más reformas de las que apuntamos, pero creemos que estas
son fundamentales. Entre ellas, hay una que sí nos gustaría que
aceptaran. Sabemos que el Partido Popular está a favor de esta enmienda y
sabemos que la amplia mayoría del pueblo valenciano está a favor de esta
reforma constitucional, y lo que pedimos es que el derecho civil
valenciano pueda estar reconocido por la Constitución. Les recuerdo que
tiene el apoyo de las tres diputaciones provinciales, que en el
Parlamento valenciano salió por unanimidad y contó con el voto de
Compromís y de los grupos Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos, y
que 341 ayuntamientos, es decir, el 90 % de la población del País
Valenciano ha votado a favor de esta reforma constitucional para
garantizar el derecho civil valenciano. Justo ayer celebramos los 780
años del nacimiento del pueblo valenciano, 600 años desde que se creó la
Generalitat Valenciana. Por lo tanto, somos un pueblo que siempre hemos
tenido legislación propia, hasta que llegaron los Borbones. Por ello,
consideramos que no tenemos que tener menos derecho que cualquier otra
comunidad autónoma.


Por tanto, les agradecería que aceptaran nuestra enmienda sobre el
derecho civil valenciano, que la incluyeran, sabiendo que las otras,
obviamente, no van a ser aceptadas, porque ya sabemos que hablar de
monarquía o de república a un partido monárquico como el Partido
Socialista le puede alterar mucho. Después de la unanimidad que obtuvo en
el Parlamento valenciano el tema del derecho civil valenciano, me
gustaría pedir a los miembros de la Mesa que aceptaran nuestra enmienda y
pudiéramos votarla por unanimidad.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Mulet.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Extano.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente.


Egun on guztioi. El Grupo Vasco formula una enmienda de
modificación a la presentada por el Partido Socialista. De esta manera,
solicitaríamos la reforma de la Constitución y del resto del ordenamiento
jurídico, el que sea competencia de estas Cámaras, para suprimir todos
los aforamientos sin excepción y modificar también el artículo 56.3 de la
Constitución a fin de suprimir la inviolabilidad del Rey en su actividad
no institucional, toda vez esto último que en su actividad institucional
sus actos deben estar refrendados, como se establece en el artículo 64 de
la Constitución, y carecen de validez sin dicho refrendo.


Justificamos esta enmienda al considerar que no se debe
discriminar entre aforados y aforadas. El alcance de la moción presentada
por el Grupo Socialista es, a nuestro entender, limitado. Solicitaríamos
la eliminación de todos los aforamientos, no solo en el ámbito político e
institucional, sino también ampliarlo al judicial, seguridad, etcétera,
así como eliminar el estatus de desigualdad ante la ley del Jefe del
Estado respecto al resto de la ciudadanía. Lo dice la Constitución en su
artículo 14: los españoles son iguales ante la ley. Lo dijo también en su
mensaje navideño el rey ahora emérito: todos los españoles son iguales
ante la ley.


En España es un exceso, hay más de 280 000 personas aforadas. En
concreto, a junio de 2014, la cifra que informa el Gobierno en
contestación a una pregunta del portavoz de nuestro grupo, el señor
Bildarratz, es de 280 154; unos 2000 desempeñaríamos cargos políticos de
designación o electos por la ciudadanía, otros 15 000 serían miembros del
Poder Judicial , de la Fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial,
Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, etcétera, otros 260 000
pertenecerían a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros 5 a
la familia real. Aunque no todos estos aforamientos tienen el mismo
grado, ni la norma que los afora es la misma ni en naturaleza ni en
relevancia.


A pesar del mensaje navideño, coincidiendo en el tiempo con la ley
orgánica por la que se hacía efectiva la abdicación del rey Juan Carlos
I, y aprovechando el trámite de enmiendas de otra ley orgánica, se
modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el apoyo del Partido
Popular y de algún otro grupo muy minoritario, y se incorporaron también
como aforados a la reina consorte y al consorte de la reina, a la
princesa o al príncipe de Asturias y su consorte, así como al rey o reina
que hubieran abdicado y a su consorte. Pero hay que decirlo, no solo para
las causas penales, como el resto de aforados, sino también para las
causas civiles. A mi grupo no le parece razonable retirar el aforamiento
a parlamentarios y miembros del Gobierno, los que derivan de los
artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, y mantenerlo para el resto de
aforamientos; no vemos el porqué y no lo compartimos.


No entendemos que con el aforamiento, la protección a determinados
cargos públicos y funcionariado, actualmente estén mejoradas las
funciones que constitucionalmente tienen atribuidas. La pregunta que nos
hacemos es si los aforamientos son imprescindibles y necesarios para que
las funciones de cargos públicos, gobierno, funcionariado, hasta 280 000,
no se vean perturbadas. Nuestra respuesta es no, motivo por el que
presentamos esta enmienda que esperamos sea aceptada.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Etxano.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Garrido.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario, como ya todos saben, está muy de acuerdo
con limitar los aforamientos, que es lo que básicamente recoge la
propuesta del Partido Socialista, pero entendemos que esta moción es
francamente insuficiente. Si pretendemos de verdad acabar con las
anomalías que recoge nuestro texto constitucional, que pensamos perjudica
la calidad de nuestra democracia, hagámoslo en serio, con sensatez sí,
pero también con coherencia y con valentía. No planteen las cosas a
medias, porque parece que lo hacen más por marketing político que por
convencimiento propio. Dicen que quieren eliminar anomalías o
anacronismos y apuntalar ese principio tan fundamental en nuestro texto
constitucional, como es el hecho de que todos y todas somos iguales ante
la ley, y yo me pregunto por qué hoy no debatimos sobre la inviolabilidad
del rey. Quizás, algunas de sus señorías están pensando que ese antiguo
aforismo inglés que dice que el rey no puede hacer nada malo tiene algo
de cierto. Podemos irnos un poco más atrás, a las monarquías medievales,
que, como saben ustedes, se presumía que tenían origen divino y se
entendía —y esto es todavía más fuerte— que el rey no podía
pecar, non potest peccare. Pues bien, yo creo que estamos en otro momento
histórico. Esto ya lo dejamos atrás hace mucho tiempo y, por tanto, la
inviolabilidad de la persona del rey no parece algo aplicable hoy a las
democracias del siglo XXI. En primer lugar, porque es innecesaria. Como
sabemos, en las monarquías constitucionales el rey no tiene funciones
efectivas sino que, como se suele decir, el rey reina pero no gobierna, y
por eso existe la figura del refrendo, que todos y todas conocemos. En
segundo lugar, si nos referimos a sus actividades no institucionales sino
a sus actividades privadas, personales, el hecho de que estos actos o
estas actuaciones queden bajo el amparo de la inviolabilidad del cargo me
parece algo realmente fuera de lugar. Por esa razón, hemos propuesto la
limitación de esa inviolabilidad del rey.


En nuestra enmienda también proponemos la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en la que se recogió como aforado al rey
emérito y también a parte de la familia real. Esta decisión, como sus
señorías también conocen, se tomó de manera inmediata a la abdicación del
rey, y fue, dicho de una manera muy sencilla, un despropósito, tanto por
la forma en la que se hizo —ahora lo voy a recordar— como por
su contenido. El procedimiento fue una verdadera chapuza. Se aprovechó
que pasaba una ley por el Congreso, una ley que tocaba asuntos laborales
de los jueces, si no recuerdo mal, para introducir varias enmiendas
—era la Ley de racionalización del sector público, o algo así, una
norma totalmente ajena al aforamiento de los altos cargos—. Pero,
como pasaba por ahí, utilizaron una figura. Y luego, señores del PP
—ustedes tienen una memoria muy corta—, han criticado al
Partido Socialista cuando ha intentado presentar una enmienda para poder
modificar la Ley de estabilidad presupuestaria. Pues bien, ustedes en
este caso hicieron lo mismo, diría que peor, pero no me da tiempo a
explicarlo —en tres días, un debate urgente, en fin, una
chapuza—. Hasta aquí el procedimiento y, en cuanto al contenido,
les diré que muchos expertos constitucionalistas, de cualquier color
político, han dicho que ven en este aforamiento del rey emérito y su
familia serias dudas de constitucionalidad. Se han citado como argumentos
la vulneración del derecho al juez natural o el artículo 9.3 de la
Constitución, que recoge, como saben, la irretroactividad de las normas
restrictivas, pero, sobre todo, esto es muy grave por el hecho de que
recoja el aforo en sí mismo. ¿Por qué? Porque las personas afectadas no
ocupan ningún cargo público, por lo que no hay ningún argumento válido
para discriminarlas positivamente estableciendo, como saben, un fuero
jurisdiccional propio. Por lo tanto, en nuestra enmienda también pedimos
la derogación de este despropósito en procedimiento y en forma. Es
necesario que lleguemos a realizar una reforma constitucional que, al
menos, elimine esos anacronismos de los que he hablado.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Garrido.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Con la venia, señor presidente.


En la moción se insta a proponer una reforma de la Constitución
para la limitación del aforamiento de miembros del Ejecutivo y del
Legislativo. El origen histórico del aforamiento, como es sabido, senador
Rodríguez Esquerdo, nace para proteger la libertad para hablar, la
libertad frente a la detención y la libertad de reunión de los
parlamentarios ingleses, porque ya lo contempla, cien años antes de la
Revolución francesa, la Bill of Rights de 1689 en su apartado noveno. De
todas maneras, todavía hoy sigue habiendo confusión terminológica entre
irresponsabilidad, inviolabilidad, inmunidad, aforamiento y privilegios.
La inmunidad comprende la inviolabilidad más la inmunidad parlamentaria y
encuentra la base constitucional más importante en los artículos 71,
apartados 1 y 2, y 66 de nuestra Constitución.


Señorías, el aforamiento no es un beneficio del aforado —y
esto es importante tenerlo claro—, sino que es un beneficio de la
institución a la que el aforado pertenece. Y precisamente por eso, dada
la complejidad del asunto, queremos abordarlo con prudencia y criterio,
algo que entendemos no contempla la reforma exprés constitucional que se
plantea en la moción del Grupo Parlamentario Socialista.


El Grupo Parlamentario Popular propone una enmienda de
modificación a la moción presentada, donde, tras la propuesta solicitada
al Consejo de Estado, se añada también la petición de informes a los
órganos colegiados que cuentan con la mejor competencia técnica para
exponer el régimen actual de los aforamientos y su acción popular, así
como sus posibilidades de reforma, para remitir a las Cortes Generales
después el proyecto de ley de reforma constitucional.


Senador Rodríguez Esquerdo, le animamos a aceptar también la
enmienda presentada sobre el reconocimiento del derecho foral civil
valenciano. Es de justicia histórica y una petición de toda la Comunidad
Valenciana. Efectivamente, hace falta que ya de una vez se reconozca ese
derecho foral valenciano que tuvimos en su momento.


Precisamente, con la necesidad de abordar con rigor esta reforma
de los aforamientos, y sobre todo, para garantizar que se realiza de
forma coherente con todo el ordenamiento jurídico, así como que se
protege adecuadamente el ejercicio en libertad de las funciones públicas
que las prerrogativas pretenden tutelar, este grupo parlamentario propone
que la reforma comience, además de con la petición de informe del Consejo
de Estado —tal y como es preceptivo por el artículo 107 de la
Constitución como supremo órgano consultivo del Gobierno—, con la
solicitud de informes a los órganos colegiados de la mejor competencia
técnica para exponer el régimen actual de los aforamientos y su acusación
popular, acción que debería quedar en manos del Ministerio Fiscal y de la
acusación particular, como son: el Consejo General del Poder Judicial, el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Comisión General de
Codificación. Y, asimismo, que dichos órganos constitucionales y
administrativos puedan informar sobre la posición jurídica que le
corresponde a la acusación popular —exartículo 125 de la
Constitución— y la numerosa jurisprudencia constitucional y
ordinaria existente al respecto como referentes que marcan la línea
jurisprudencial a seguir: las sentencias del Tribunal
Constitucional 62/1983, de 11 de julio, y 147/1985, de 29 de octubre, y
numerosas sentencias del Tribunal Supremo, sobre todo, de 17 de diciembre
de 2007 y de 8 de abril de 2008, y auto del Tribunal Supremo de 15 de
junio de 2009 respecto a la legitimación activa y los requisitos
objetivos y de actividad propios de la institución para adecuar la acción
popular para aquellos delitos en los que haya uniformidad en la doctrina
científica y en la jurisprudencia.


De esta manera, señorías, entendemos que, acogiendo la enmienda
que presentamos y sometiendo a estudio e informe de estos órganos la
alteración de un elemento transversal procesal, como es el fuero, el
principio del juez natural, legal o predeterminado por la ley, se puede
realizar la modificación constitucional con las garantías jurídicas
apropiadas dentro del modelo completo constitucional y de legislación
orgánica. Por eso, solicitamos al grupo parlamentario proponente de la
moción la incorporación en el texto de la enmienda de modificación que
defendemos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Altava.


Para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas, tiene la
palabra el senador Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para posicionarme sobre las enmiendas.


¿Monárquico, señor Mulet?, ¿monárquico? Son ciento treinta y nueve
años de historia republicana del Partido Socialista Obrero Español, y no
nos ponemos camisetas. No me venga aquí con tonterías ahora.
(Aplausos).


Compromís presenta siete enmiendas sobre la jefatura del Estado,
la financiación autonómica a la Iglesia, la economía, el servicio a las
personas, las Fuerzas Armadas y la federación de comunidades autónomas,
además de la legitimación del derecho civil valenciano. Con muchas de sus
propuestas estaríamos de acuerdo, pero estamos hablando de aforamientos,
señor Mulet. Hay otras comisiones en el Congreso de los Diputados donde
se puede hablar de esto. Traigan ustedes una moción con estos asuntos y
lo valoraremos, pero hoy hablamos de aforamientos.


Ciudadanos presenta una enmienda sobre la supresión del
aforamiento, y lo dicen bien ustedes en su enmienda, pero yo lo único que
le pido, señor Marcos, es que esperemos a ver cómo lo delimita el Consejo
de Estado en su informe. Sí le quiero adelantar una cosa respecto a los
delitos de corrupción que usted antes planteaba. El Partido Socialista lo
ha dicho claramente, hemos pedido al Consejo de Estado que se incluyan
estos delitos en su informe, por lo tanto, queremos que los delitos de
corrupción los dirima el juez natural y no el Tribunal Supremo.


El Partido Nacionalista Vasco presenta una enmienda para suprimir
todos los aforamientos, y le digo lo mismo, señora Etxano, que le decía
al señor Marcos, y es que vamos a esperar a ver qué dice el Consejo de
Estado. Ustedes, hace dos años —se lo decía antes al señor
Cazalis—, pidieron una reflexión, pues vamos a reflexionar y a ver
qué dice el Consejo de Estado. También solicitan la inviolabilidad del
rey, al igual que hace Podemos en su enmienda. Yo a esto solo les puedo
decir que para ello es necesaria una reforma agravada de la Constitución,
lo que implicaría la disolución de las Cortes, la convocatoria de
elecciones y la celebración de un referéndum. En fin, es mucho más
complejo que el procedimiento ordinario que presentaron el presidente del
Gobierno y el Grupo Socialista sobre esta reforma para la inviolabilidad
del rey. Por tanto, tampoco la aceptaríamos.


La senadora Garrido, de Podemos —ahora no la veo, pero se lo
cuentan—, hablaba de la eliminación del artículo 55 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, pero, como le decía al señor Mulet, estamos
hablando de aforamientos y no es el objetivo de esta enmienda. Ella decía
que se hicieron chapuzas con el artículo 55 —y acabo ya, señor
presidente—, pues no vayamos a hacerlas nosotros en este caso.


Por último, señor Altava, ustedes, que presentan una enmienda de
modificación —gracias, señor Altava, que no presentan una enmienda
de sustitución como era habitual en el Grupo Parlamentario
Popular—, pretenden que informen, además del Consejo de Estado,
otros órganos colegiados. Pues bien, cuando ustedes estaban en el
Gobierno no consultaban ni al propio Consejo de Estado y ahora quieren
que se consulte a más. Perfecto. Yo no sé si es una técnica dilatoria o
que ustedes no confían nada en los responsables que van a tener que hacer
el informe, todos ellos juristas de reconocido prestigio.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Termino ya, señor presidente.


Además, añaden la coletilla de la acción popular, pretendiendo
modificar o reformar el artículo 125 de la Constitución, con lo que
nosotros no estamos de acuerdo. Por tanto, tampoco aceptaríamos esa
enmienda.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto van a intervenir cinco senadores.
Disponen de seis minutos. Senador Marcos, tiene la palabra.


El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente. Seré muy breve porque
tenemos varias intervenciones.


Lamentamos que no hayan admitido nuestra enmienda, y se lo digo
sin acritud y con todo cariño, senador. ¿Hay que esperar a la
regeneración democrática? ¿Hay que esperar al principio de igualdad? ¿Hay
que esperar, realmente, a una sociedad de ciudadanos libres e iguales?
¿Vamos a suprimir o no los aforamientos? ¿Están jugando con el Partido
Popular a ver cuál es el líder de la partitocracia, el bipartidismo?


Gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, senador Marcos.


Senador Mulet, tiene la palabra.


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


Obviamente, estamos hablando de una moción y ya sabemos que las
mociones no sirven absolutamente para nada más que para tenernos aquí
discutiendo. A ustedes, por su historial, los conocemos perfectamente.
Han sido monárquicos toda la vida; de hecho, el presidente del Gobierno
decía que esta monarquía que tenemos hoy en día, que nos avergüenza a la
mayoría de los demócratas, es ejemplar, moderna y modélica. Si no son
monárquicos, háganselo mirar y cambien el discurso.


No me ha dado ningún argumento de por qué, si van a reformar
ustedes la Constitución, no se pueden reformar otros puntos más urgentes
que este. Me parece bien que se reforme esto, pero hay puntos muy
urgentes. El 135 lo reformaron con nocturnidad y alevosía sin ningún tipo
de problema. ¿Por qué no lo reforman otra vez y lo eliminan? ¿O el
artículo 16 o el 156 o la reforma del Título II?






¿Por qué no? Ningún
argumento. ¿Que estamos hablando de aforamientos? Vale, estamos hablando
de aforamientos que se tienen que hacer única y exclusivamente mediante
una reforma constitucional. Abramos el melón y modifiquemos lo que se
tenga que modificar en la Constitución, pero es que no me ha dado ningún
argumento. Lo lamento.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Mulet.


Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Señorías del Grupo Socialista, no entiendo muy bien por qué traen
esta moción a debate hoy si el señor Sánchez ya anunció una reforma
exprés de la Constitución para terminar con todos los aforamientos. Pero
como todo al cocer mengua, ustedes hoy solo se refieren a diputados,
senadores y miembros del Gobierno.


El procedimiento establecido en el artículo 167 de la Constitución
no parece que pueda llevarse a cabo en esos sesenta días, máxime cuando
la supresión de todos los aforamientos afecta a estatutos de autonomía y
a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En abril de 2016 mantuvimos en esta
Cámara un debate en el que se solicitaba una ponencia que estudiara seria
y rigurosamente los aforamientos, alejándonos de la política espectáculo,
del electoralismo y de la demagogia. En aquel debate el senador Rodríguez
Esquerdo calificó la propuesta de trampa. Con todo el respeto, señoría,
¿dónde está la trampa? ¿En el anuncio del presidente del Gobierno de
suprimir todos los aforamientos o en la moción menguada que hoy
debatimos? No obstante, no se preocupe, nosotros vamos a votar a
favor.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Domínguez
de Posada.


Tiene la palabra el senador Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente.


Se nos queda corta la propuesta. Nosotros defendemos retirar todos
los aforamientos y, sobre todo a fortiori, retirar también la
inviolabilidad del jefe del Estado, porque imagínense ustedes que un día,
Dios no lo quiera, hay la mala suerte de que el jefe del Estado comete un
fratricidio, pues no se le podría juzgar, o que se convierte en un
comisionista o que tiene cuentas fiscales en un paraíso fiscal o que
presiona a empresas para que se vayan de un territorio o algo muchísimo
más grave, y es que se le ocurre participar en un golpe de Estado, como
aquel del 23F. ¿Sería mala suerte, verdad? Pues hay que hacer algo para
evitar que esto pueda ocurrir algún día; si no, sería muy mala suerte
para este Estado.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Iñarritu.


Tiene la palabra el senador Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


UPN va a apoyar esta moción del Grupo Socialista que solicita la
supresión de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del
Gobierno en el ejercicio de su cargo. Al igual que ocurrió en el 2016,
Unión del Pueblo Navarro no ha cambiado de posición y estamos a favor de
eliminar los aforamientos. Me alegro de esperar a ese informe del Consejo
de Estado que nos decía el Partido Socialista, porque entiendo que la
igualdad de todos ante la ley es la máxima que nos tiene que guiar en
esta casa. Mi partido, UPN, cree que es hora de fortalecer la confianza
de los ciudadanos en la clase política y en la democracia, y esta
situación de los aforamientos debe acabar, máxime en los casos en los que
nada tiene que ver con lo que podamos decir o no en esta tribuna. Todavía
nos ha sobrado tiempo, señor presidente.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Yanguas. Lo han hecho ustedes muy bien.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Pascal.


La señora PASCAL CAPDEVILA: Gràcies, senyor president.


D’entrada, volem fixar el nostre posicionament. Nosaltres
ens abstindrem en aquesta moció, ja ho vam fer en el Congrés dels
diputats i, per tant, seguirem en consonància. Estem d’acord en la
línia de la limitació, just a les funcions del càrrec que ens ocupa als
parlamentaris i compartim les explicacions que s’han fet per part
de molts grups de la iniciativa històrica que té l’aforament. Jo li
voldria explicar el posicionament d’abstenció del nostre grup en
base a qüestionar-li el fons i la forma de com s’han fet les coses
en aquest àmbit.


La forma: els aforaments no es poden resoldre senzillament amb una
moció que va presentar el grup parlamentari de Ciutadans, allò del fast
food i de la política ràpida i fent electoralisme com es fa fer. Però és
que després ve el president del govern i fa una roda de premsa i
senzillament posa sobre la taula un tema que vol fer de pressa i
corrents. Vostè mateix deia abans que portem en aquesta cambra molt de
temps parlant sobre aquest tema. Per tant, si obrim el meló,
l’obrim ben obert, parlem de tot, i ens deixem
d’electoralisme i de política fàcil i política fast food.


Però jo també li qüestiono el fons i l’abast. Per a
nosaltres també es queda curta aquesta moció perquè només fa referència
als parlamentaris i, en canvi, no fa referència, per exemple, a la
corona. Què li hem de dir nosaltres sobre la corona, o sobre el rei, el
rei del «a por ellos»... Com podem acceptar que no estigui condicionat, o
que no s’estigui considerant la possibilitat de modificar també
aquest aforament? O que no es parli, per exemple, dels cossos i forces de
seguretat de l’Estat. Per tant, si ho fem, ho fem per a tothom, ho
fem bé, i ho fem en profunditat.


I finalment, voldria dir-li també, que si aquí hi ha d’haver
un gran consens, a mi m’estranya moltíssim que el grup proponent no
hagi acceptat cap de les esmenes que s’han presentat per part dels
grups parlamentaris que, com hem vist, han estat moltes. Nosaltres,
concretament, no n’hem presentat perquè ens semblava que ens podíem
explicar sense cap esmena i compartim concretament l’esmena que els
companys del Partit Nacionalista Basc han fet.


Per tant, en aquest àmbit hi serem. Hi serem en un debat seriós i
rigorós, de limitació, de posada al dia d’un sistema com aquest,
però en tot cas no hi serem amb l’electoralisme que s’està
veient, aprofitant la política de titulars i de fast food en què han
convertit la política espanyola. Amb uns que competeixen amb els altres,
senyors de Ciutadans, amb senyors del Partit Popular, i el Partit
Socialista senzillament amb grans proclames, però sense abordar, en el
fons els temes que realment interessen a la gent.


Per tant, senyor president, nosaltres ens abstindrem.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


De entrada, quisiera fijar nuestro posicionamiento. Nosotros nos
vamos a abstener en esta moción. Ya lo hicimos en el Congreso de los
Diputados y, por tanto, vamos a seguir en consonancia. Estamos de acuerdo
con la línea de la limitación en las funciones del cargo que nos ocupa a
los parlamentarios y compartimos las explicaciones que han dado muchos
grupos. Pero quiero explicar el posicionamiento de abstención de mi grupo
sobre la base de cuestionar el fondo y la forma de cómo se han hecho las
cosas en este ámbito.


Los aforamientos no se pueden resolver simplemente con una moción
como la que presentó Ciudadanos con aquello del fast food y la política
rápida y haciendo electoralismo como se hizo. Después viene el presidente
del Gobierno, convoca una rueda de prensa y pone sobre la mesa un tema
que quiere hacer deprisa y corriendo. Usted mismo decía antes que hace
mucho tiempo que hablamos de este tema en esta Cámara. Así pues, sí
abrimos el melón, lo abrimos muy abierto, hablamos de todo y nos dejamos
de electoralismo y de política fast food.


También cuestiono el fondo y el alcance. Para nosotros también se
queda corta esta moción, porque solo hace referencia a los parlamentarios
y, en cambio, no hace referencia a la Corona. ¿Qué podemos decirle
nosotros sobre la Corona y el rey del «a por ellos»? ¿Cómo podemos
aceptar que no esté condicionado o que no se esté considerando la
posibilidad de modificar también este aforamiento? ¿O, por ejemplo, que
no se hable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Si lo
hacemos, lo hacemos para todo el mundo y lo hacemos bien y en
profundidad.


Por último, quisiera decir que, si aquí tiene que haber un gran
consenso, me extraña mucho que el grupo proponente no haya aceptado ni
una de las enmiendas que han sido presentadas por los grupos
parlamentarios, que, como hemos visto, han sido muchas. Nosotros no hemos
presentado porque pensábamos que podíamos explicarnos sin ninguna
enmienda. Además, compartimos la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco.


Nosotros estamos a favor de un debate serio, de alcance, para
poner al día un sistema como este, pero no con el electoralismo que se
está viendo; con la política de titulares y de fast food; con unos que
compiten con otros, Ciudadanos con el Grupo Popular, y el Partido
Socialista simplemente con grandes proclamas pero sin abordar, en el
fondo, los temas que realmente interesan a la gente.


Así que, señor presidente, nosotros nos vamos a abstener.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Pascal.


Senador Rodríguez, tiene la palabra.


El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.


Hablar de aforamientos se ha convertido casi casi en hablar de un
privilegio, un privilegio de la clase política que la ciudadanía del
siglo XXI no entiende. A nadie se le escapa que estar aforado o aforada
es, ni más ni menos, que ser juzgado por un tribunal distinto al que
correspondería a un ciudadano de a pie, simplemente por el ejercicio de
un cargo o profesión e incluso en algunos casos ni siquiera eso.


Revisemos los datos. En España hay actualmente casi 250 000
aforados de los que algo más de 232 000 son miembros de las fuerzas y
cuerpos de seguridad estatales o autonómicos; 5 pertenecen a la familia
real, y el resto, sobre 17 600, pertenece a instituciones del Estado o
las comunidades autónomas, y entre ellos nos encontramos nosotros, los
diputados y senadores a los que precisamente hace referencia esta moción.
Con este apunte quiero expresar que, en materia de aforamientos, hay que
ir mucho más allá.


Ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos existe la
figura del aforado. En países como Portugal e Italia solo está aforado el
presidente de la república, mientras que en Francia solo están aforados
el presidente de la república, el primer ministro y sus ministros. La
gran cantidad de aforamientos que existen en España, la inviolabilidad de
personalidades como el jefe del Estado deben hacernos reflexionar sobre
la necesidad de perpetuar, al menos en líneas generales, una figura que,
en muchas ocasiones, solo sirve para complicar o enrevesar los procesos
judiciales de sus señorías y, cómo no, alejarnos aún más de la realidad
social de este país.


Canarias, como en tantas ocasiones, ha sido valiente. En el nuevo
estatuto de autonomía que se debate en este momento, y precisamente aquí,
en el Senado, ya se elimina la figura del aforado a nivel autonómico. Las
personas que desarrollamos de forma temporal el noble ejercicio de lo
público, de servir a los demás, debemos hacer lo posible por lograr la
reconciliación con la ciudadanía que nos elige, ciudadanía a la que
representamos y, en definitiva, ciudadanía a la que nos debemos.


Aunque consideramos que esta moción podría ser mucho más
ambiciosa, por supuesto que contará con el apoyo de la Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria.


Termino, señor presidente. Contará con nuestro apoyo por tres
principios fundamentales: por justicia, por respeto a la ciudadanía y por
poner a este país en el año 2018.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez
Cejas.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Eguerdi on berriro.


Tal y como ha quedado la moción, estaríamos hablando de la
limitación de los aforamientos a políticos. Mi grupo entiende que todos
los aforamientos derivados del actual ordenamiento jurídico responden a
una decisión política. Por tanto, su eliminación derivaría también de una
decisión política.


Históricamente, podemos entender que los aforamientos incorporados
a la Constitución de 1978 consistieron en una defensa a ultranza de la
democracia, de la actividad parlamentaria y de la no interferencia en
tiempos convulsos. La pregunta que nos hacemos es si en 2018 es necesario
mantener esta figura del aforamiento. Por tanto, la cuestión que se
trataría de resolver es si seguimos desconfiando de las garantías
democráticas y jurídicas, considerando más garantista para salvaguardar
la independencia de algunos cargos el ejercicio de las funciones que
llevan aparejadas la excepción del aforamiento a las reglas generales de
competencia y mantenemos la desigualdad para que, en el caso de los y las
aforadas, las causas sean vistas por órganos judiciales colegiados de
mayor nivel o de nivel superior.


Si miramos a nuestro alrededor para ver el funcionamiento de
democracias consolidadas, comprobamos que ni Alemania ni Reino Unido ni
los Estados Unidos de América tienen ningún aforamiento. Políticos y
cargos públicos son juzgados por los mismos tribunales que el resto de la
ciudadanía y en todos los países el mayor número de aforamientos se da en
España.


Hago un inciso para referirme a algo que mi grupo ha comentado
muchas veces. Señorías, el problema es la corrupción. El problema es el
mal uso que han hecho de estas herramientas muchos imputados de muchos
partidos políticos para ocultar delitos ya cometidos o para obstaculizar
investigaciones y procesos judiciales en los que estaban implicados,
junto con algunos otros mecanismos de intromisión del Poder Ejecutivo y
Legislativo en el Poder Judicial; mal uso que ha llevado a la ciudadanía
a asociar directamente aforamientos y prerrogativas parlamentarias con
privilegio y, lo que es peor, con impunidad. Creo que a la ciudadanía no
le importa demasiado quién debe juzgar a los aforados o aforadas, siempre
que la petición de responsabilidades se lleve con agilidad y
efectividad.


Y centrándonos nuevamente en la moción, el ordenamiento jurídico
al más alto nivel, la Constitución y los estatutos posteriormente, han
determinado que los presidentes y demás miembros de los gobiernos y los
miembros de las cámaras legislativas sean aforados ante la sala de lo
Penal del Tribunal Supremo o respectivos tribunales superiores. ¿Se
podrían suprimir estos aforamientos constitucionales? Por supuesto, la
respuesta es sí. El legislador constitucional y el estatutario no están
condicionados. Constitucionalmente, hay países que no los tienen y
podemos afirmar que sus funciones no se hallan perjudicadas, pero también
hay otros aforamientos sin aquella protección constitucional y
estatutaria. Se podría hablar de una extensión masiva del aforamiento:
los establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la Ley
Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hasta 280 000,
como ya he detallado en la defensa de la enmienda. Y nos seguimos
preguntando: ¿Se podrían suprimir todos estos aforamientos? Por supuesto.
En estos últimos casos, incluso sin modificar la Constitución, pues el
legislador ordinario no está condicionado, y en muchos países de nuestro
entorno resultan inimaginables. Lo que no entendemos es que en esta
moción que presenta el Grupo Socialista no se considere esta posibilidad
y sí la que afecta a los contemplados por la Constitución, precisamente
aquellos a quienes las normas más relevantes del ordenamiento más quieren
proteger. Señorías, no lo entendemos y, además, no lo compartimos.


A nuestro entender, si en sus orígenes la figura del aforamiento
se concibió como una garantía para los representantes políticos,
actualmente se ha producido una distorsión de la figura y ha dejado de
funcionar como una garantía, percibiéndose como un privilegio. Los
aforados, las aforadas, no estaríamos sujetos a las normas ordinarias que
determinan la competencia de los tribunales para conocer o enjuiciar un
asunto: artículo 24.1 de la Constitución, el derecho a la tutela judicial
efectiva.


España está advertida por el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas. Además, el artículo 14.5 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos dice que toda persona declarada culpable de
un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio sea sometido a un
tribunal superior, cosa que en los aforamientos se incumple
sistemáticamente, ya que los aforados y aforadas únicamente tienen el
derecho a una instancia, alterando el derecho al juez legal
predeterminado por la ley. Que un cargo público esté aforado implica que
se entienda que, de alguna manera, el Tribunal Supremo o los tribunales
superiores serán más justos que los ordinarios, y la respuesta es que no,
salvo que estemos poniendo en entredicho la labor de un juez ordinario
predeterminado y, esto, mi grupo no lo hace. Si el problema pudiera ser
algo que ponemos en duda nosotros, que pudieran existir denuncias falsas,
lo que se debería reforzar o potenciar es el delito de denuncia falsa. La
situación política o social de 2018 no es la misma que la de 1978, esto
no significa que los peligros para una democracia real hayan
desaparecido, en todo caso se habrán transformado.


Por lo tanto, entendemos que es importante y saludable el
replanteamiento de las medidas. Nos hemos preguntado y hemos analizado si
es razonable mantener estas figuras de aforamiento, incluida la
inviolabilidad del rey en sus actos no institucionales, y nuestra
respuesta es que no. Apoyaremos en esta Cámara cualquier reforma que
suponga la supresión de todos los aforamientos sin excepción...,


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora ETXANO VARELA: Termino enseguida, señor presidente.


... como en los países que se citan como más ejemplares, mientras
tanto, en esta moción nos abstendremos.


Gracias. Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Etxano.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Picornell.


El señor PICORNELL GRENZNER: Gràcies, President.


Senadores, senadors, abans de res, des d’aquest faristol,
voldria enviar un record especial a totes les víctimes i als afectats
pels terribles aiguats de Mallorca. Una abraçada a tots ells i tot el
suports des del nostre grup parlamentari.


Dit això, per a nosaltres, estem davant d’una anormalitat
democràtica. Un debat que no es produiria en qualsevol Estat amb
profundes arrels i conviccions democràtiques. I dic que l’Estat
espanyol no té arrels i conviccions democràtiques fortes perquè no fa
gaires anys els hereus del franquisme van escriure una Constitució que
llavors sí que va comptar amb el suport social, però, insisteixo, mentre
uns escrivien una Constitució després de signar sentències de mort,
altres amb motxilles democràtiques històriques i que venien de molt lluny
seguíem il·legalitzats durant les primeres eleccions, com va ser el cas
d’Esquerra Republicana. I arribo aquí per dir que aquest tarannà es
veu reflectit en el moment d’utilitzar les institucions en benefici
propi, personal i únic. En aquest sentit, algunes de les eines que van
crear en aquesta Constitució han servit perquè alguns polítics
l’utilitzin, com deia, en benefici exclusivament personal i
pervertint per nosaltres la política i arribant fins a límits
insospitats.


La figura de l’aforament, en si mateix, des d’Esquerre
Republicana creiem que pot tenir el seu sentit, el de protegir
l’exercici de la política. El de protegir el debat parlamentari, no
només en aquesta Cambra i sinó també fora d’aquestes parets. Però
és evident que algú es va encarregar d’utilitzar l’aforament,
aquesta figura, per a altres coses, per amagar-se, per aixoplugar-se
darrere de casos de corrupció, etc. etc. Aquesta corrupció, per a
nosaltres, és una xacra que hem d’eliminar de la nostra funció com
a parlamentaris, com a diputats, diputades, senadors i senadores. I
haurien de ser motiu d’escarni públic si així es confirmés. Qui
roba, qui posa la mà a la caixa, ha de pagar les conseqüències. Estem
d’acord des d’Esquerra Republicana amb la limitació de
l’aforament que proposa el Partit Socialista, però nosaltres ens
preguntem quin sentit té limitar-ho a uns càrrecs sí i altres càrrecs no.
Quin és l’objectiu de la proposta senyors del Partit Socialista? Si
és el d’eliminar qualsevol possibilitat d’aixopluc
d’aquesta eina Constitucionals per a comportaments execrables, que
ho sigui per a tothom. I nosaltres creiem que qui primer hauria de donar
exemple és la monarquia, és el cap d’Estat. Per què el rei ha de
ser inviolable? Per què ell pot fer, presumptament, el que vulgui? Per
què se li pressuposa una innocència que potser té o potser no té? Si és
veritat allò de que la llei és igual per a tots, doncs que ho sigui de
veritat, que es noti.


Deia que estem d’acord amb la limitació i si volen fins i
tot podem estar d’acord amb algunes de les esmenes que s’han
presentat. Podem estar fins i tot d’acord en eliminar aquesta
figura de l’aforament, perquè, saben què? A nosaltres, de fet,
aquest aforament no ens ajuda, no ens ha ajudat en absolut. El sistema
actual porta, ha portat, e la presidenta del Parlament, a la Carme
Forcadell a la presó justament per una cosa conseqüència del seu exercici
parlamentari, de les seves tasques com a presidenta d’una Cambra
parlamentària; això per una banda i, per l’altra, exclou de
qualsevol investigació a Pablo Casado d’una qüestió que no té res a
veure amb el seu càrrec polític. Sovint l’aforament ha servit, com
deia, per tapar casos de corrupció, per tapar les vergonyes i les
corrupteles d’alguns. Doncs, saben què? Des d’Esquerra
Republicana no tenim cap mena de por en haver-nos de posar a la llum
pública, en haver d’explicar què fem i què deixem de fer en
l’exercici del nostre càrrec. No ens cal amagar-nos perquè mai no
hem posat la mà a la caixa em més de 80 anys d’història. No ens cal
perquè no som culpables. I, si hi ha alguns partits polítics, alguns
parlamentaris que no estan nets, que els caigui el pes de la llei a sobre
i no s’amaguin ni s’escudin, com va passar en aquesta Cambra,
en la qual senadors i senadores van utilitzar aquesta figura per mantenir
el seu càrrec. Doncs si aquests s’amaguen, nosaltres no cal que ho
fem. En aquest sentit, l’aforament no ens ajuda i no entenem perquè
alguns l’han seguit utilitzant de manera reiterada per a una cosa
que no s’hauria d’utilitzar. Si vostès, la gent del Partit
Popular, per exemple, està lluny d’aquesta netedat, carreguin amb
tota la responsabilitat, si us plau.


I de què serveix confiar en un Tribunal Suprem que és amic dels
grans poders, que és amic del Partit Popular?


Nosaltres no hi volem seguir confiant, no hi confiem, no hi
creiem, i per a nosaltres és una injustícia. I acabo, senyor president.
El senador del Patit Socialista ens reptava a aquest debat, i nosaltres
estem contents que ens repti a aquest debat. Si s’ha pervertit el
sistema, regenerem-lo, si algú ha intentat beneficiar-se’n, és hora
de canviar-lo, però si a banda de pervertit, no tothom és controlat i
fiscalitzat, nosaltres no hi trobem sentit.


Gracias, presidente.


Senadoras, senadores, antes de nada, desde esta tribuna quiero
mostrar nuestro apoyo a las víctimas y afectados de Mallorca.


Dicho esto, estamos en un debate que es una anormalidad
democrática, un debate que no se produciría en ningún Estado con
profundas raíces y convicciones democráticas. Y digo que el Estado
español no tiene raíces democráticas fuertes porque no hace muchos años
los herederos del franquismo escribieron una constitución que entonces
contó con apoyo social, pero, insisto, mientras unos escribían una
constitución después de firmar sentencias de muerte, otros, con mochilas
democráticas históricas que venían de muy lejos, seguían ilegalizados en
las primeras elecciones, como fue el caso de Esquerra Republicana. Y
llego aquí para decirles que esta manera de hacer se ve reflejada en el
momento de utilizar unas instituciones en beneficio propio, personal y
único. En este sentido, algunas de las herramientas que fueron creadas
por esta Constitución han servido para que algunos de los políticos las
utilicen en beneficio exclusivo, personal, pervirtiendo, desde nuestro
punto de vista, la política hasta límites insospechados.


Esquerra Republicana cree que la figura del aforamiento en sí
misma puede tener su sentido, el de proteger el ejercicio de la política,
el debate parlamentario, no solo en esta Cámara sino también fuera de
estas paredes, pero es evidente que alguien se encargó de utilizar el
aforamiento para otras cosas, para protegerse detrás de casos de
corrupción, etcétera, y esta corrupción es una lacra que hay que
eliminar, tanto en nuestra función como diputados o como senadores, y
tendría que ser motivo de escarnio público si así se confirmara; quien
roba, quien mete la mano en la caja, debe asumir las consecuencias.
Esquerra Republicana está de acuerdo en la limitación del aforamiento
propuesta por el Grupo Socialista, pero nos preguntamos qué sentido tiene
limitarlo a unos cargos sí y a otros no. ¿Cuál es el objetivo de la
propuesta, señores del Grupo Socialista? Si es el de eliminar cualquier
posibilidad de protección para comportamientos execrables, pues que lo
sea para todo el mundo. Creemos que quien primero debería dar ejemplo,
quien primero debería predicar con el ejemplo es la monarquía, es el jefe
del Estado. ¿Por qué el rey debe ser inviolable? ¿Por qué puede hacer
presuntamente lo que quiera? ¿Por qué se le presupone una inocencia que
tal vez tiene o no tiene? Si es cierto que la ley es igual para todo el
mundo, que lo sea y que se note.


Decía que estamos de acuerdo con esta limitación e incluso con
algunas de las enmiendas que se han presentado, incluso podríamos estar
de acuerdo con eliminar esta figura del aforamiento, porque a nosotros
este aforamiento no nos ayuda ni nos ha ayudado en absoluto. El sistema
actual ha llevado a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, a la
cárcel precisamente como consecuencia del ejercicio de su cargo
parlamentario, de sus tareas en la Cámara parlamentaria y, sin embargo,
excluye de cualquier investigación a Pablo Casado por una cuestión que no
tiene nada que ver con su cargo político. A menudo el aforamiento ha
servido para tapar casos de corrupción, las vergüenzas y las corruptelas
de algunos, pero en Esquerra Republicana no tenemos ningún tipo de miedo
de mostrarnos a la luz pública, a explicar qué hacemos o dejamos de hacer
en el ejercicio de nuestro cargo. Nunca hemos puesto la mano en la caja
en más de 80 años de historia. Por tanto, no tenemos ningún problema
porque no somos culpables. Y si hay algunos parlamentarios que no están
limpios, que les caiga encima el peso de la ley y que no se escondan ni
se escuden, como sucedió en esta Cámara cuando senadoras y senadores
utilizaron esto para mantener su cargo. Si ellos se esconden, nosotros
no. En este sentido, el aforamiento no nos ayuda, y no entendemos por qué
algunos lo han utilizado de forma reiterada para algo para lo que no
deberían haberlo utilizado. Si la gente del Partido Popular está lejos de
esta transparencia, que carguen con toda la responsabilidad.


¿De qué sirve confiar en un Tribunal Supremo que es amigo de los
grandes poderes y del Partido Popular? Nosotros no queremos seguir
confiando y creemos que es una injusticia.


Termino diciendo que el senador del Grupo Socialista nos retaba a
este debate y estamos contentos de que lo haya hecho. Si alguien ha
intentado beneficiarse de estas cosas, ha llegado el momento de
cambiarlo, pero si no todo el mundo es fiscalizado, no tiene
sentido.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


El señor PICORNELL GRENZNER: Si el Partit Socialista fa aquest
gest d’honestedat i d’ampliar aquesta mesura a tots els
aforats i aforades, ens hi trobaran. Mentrestant, si el debat no és
complet, no ens hi trobaran.


Moltes gràcies.


Si el Grupo Socialista hace este gesto de honestidad, tiene que
llegar a todos los aforados y aforadas. Si no, no nos encontrarán
ahí.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Picornell.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Palencia.


La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Eguerdi on.


Para el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
limitar el aforamiento es una medida fundamental y prioritaria para
avanzar en la senda de la regeneración democrática en un contexto,
además, en que el anterior Gobierno del Partido Popular se ha dedicado a
parasitar las instituciones, poniéndolas al servicio de la corrupción y
de sus intereses particulares hasta límites francamente
insospechados.


Y así, nos encontramos en el contexto español con que la figura de
los aforamientos entorpece el funcionamiento democrático de nuestras
instituciones, porque la verdad es que se ha abusado mucho, muchísimo de
ella, principalmente en la aplicación tan amplísima que se ha dado. El
actual número de personas aforadas, que según los últimos datos ronda
las 280 000, nos sitúa en una situación realmente anómala si la
comparamos con los países de nuestro entorno, como Francia, Portugal o
Alemania, donde esta condición de aforamiento se reserva, o bien solo a
una persona para la presidencia de la república o la jefatura del Estado
—a la que aquí, en cambio, reservamos la inviolabilidad, esa que
partidos que se dicen no monárquicos no quieren suprimir—, o bien a
un grupo reducido de personas, y podemos concluir constatando que el
funcionamiento de las instituciones de estos países no se ha visto
perturbado ni alterado de manera alguna. En definitiva, somos el número
uno de Europa y, quizás, del mundo, en personas aforadas.


Señorías, se ha abusado tanto de esta figura de los aforamientos
que, a día de hoy, para mucha gente ser aforado significa privilegios,
impunidad y protección de los corruptos. La sensación que le queda a la
ciudadanía es que determinada clase política está blindada por los
poderes del Estado. Y esto es muy grave, porque deteriora nuestras
instituciones y nuestro sistema político.


Por último, hablemos de reforma constitucional. Cada vez más
ciudadanos y ciudadanas están de acuerdo con acometer una reforma
profunda de la Constitución, porque los partidos gobernantes durante
estos 40 años han hecho que tengamos una Constitución que es ahora mismo
papel mojado en muchos de sus contenidos y que, como diría el profesor
Carlos de Cabo, no sirve para proteger a los débiles, siendo este el
objetivo primero de las constituciones que nacieron con el Estado social.
Por tanto, hace falta afrontar una reforma seria de la Constitución
española, pero una reforma que sirva a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Tenemos que volver a recuperar esa idea que antes apuntaba de la
Constitución de los débiles, de la Constitución de la solidaridad. Solo
así el pueblo la respetará, querrá su Constitución y la hará suya. Y para
esto hace falta un debate profundo y sin tabúes.


La reforma constitucional tiene que ir acompañada de una propuesta
que trascienda la necesaria reforma del aforamiento.






Tiene que ser una
reforma de regeneración democrática en sentido amplio, que aborde
distintos asuntos de primerísimo interés como, por ejemplo, el cese de
las puertas giratorias, por no decir la necesidad de constitucionalizar
vías de salida al laberinto territorial, como el reconocimiento de la
España plurinacional y diversa, o encontrar cualquier fórmula que permita
derogar la lógica austericida de la reforma del artículo 135, de manera
que nos permita constitucionalizar ese nuevo Estado de bienestar que
blinde los derechos sociales.


Para terminar, señorías, como requisito sine qua non, tiene que
ser una Constitución feminista, con las mujeres haciendo y pensando esa
Constitución. Tiene que ser una Constitución que nos reconozca a las
mujeres, primero, como sujeto político y, a partir de ahí, que incorpore
todos nuestros derechos. Señorías del Partido Socialista, en ese encamino
nos encontrarán.


Muchas gracias.


Eskerrik asko. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Palencia.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, voy a intentar ser breve porque creo que todos tenemos
las posiciones muy definidas.


Una cosita, señor Mulet: el Partido Socialista Obrero Español,
con 139 años de historia, no va a aceptar ni una lección de democracia ni
de república de alguien que ha venido hace diez años, se ha puesto una
camiseta y se cree que con eso da la vuelta al mundo; ni una.
(Aplausos).


Señorías, hoy puede ser un día importante para la justicia, para
la democracia de nuestro país, para los ciudadanos, para el Grupo
Socialista, para el Gobierno de Pedro Sánchez e incluso para mí, si hoy
consigo ganar una moción, señor Altava, que sería la primera, y sería un
éxito. Después de varios intentos, hoy podemos iniciar, quizá, un camino
para limitar los aforamientos y acabar con una prerrogativa o un
privilegio, acabar con una excepción al principio de igualdad después de
escuchar las demandas de los ciudadanos, respetando también lo que dicen
los ciudadanos y a nosotros mismos. Yo espero que no sea otro intento
vano de no tomar nota de lo que dicen los ciudadanos españoles.


No quiero repetir argumentos que hoy todos hemos expuesto en esta
tribuna, pero se ha hablado de trato preferente y de que es un problema
de credibilidad. Efectivamente, la Unión Europea nos ha condenado de
manera reiterada por no resolver este problema jurídico, al igual que las
Naciones Unidas, y, sin duda alguna, esto influye en la credibilidad y la
dignidad de la política. Es necesario recuperar la confianza de la
ciudadanía en la política y en la credibilidad de las instituciones, es
necesario regenerar la vida pública, y para ello consideramos que un gran
paso puede ser esta moción, que es lo que ha pretendido hacer el
Gobierno. Si España es un auténtico Estado de derecho, este privilegio,
sin duda, lesiona la actuación judicial natural. Por lo tanto, también
habrá que solucionar eso. El propio Consejo General del Poder Judicial ha
afirmado que el aforamiento es un privilegio que retrasa la imputación y
alarga procedimientos judiciales, llegando incluso hasta la
prescripción.


Señorías, nosotros somos aforados, y perder esta condición es
hacernos judicialmente iguales a aquellos a los que representamos y están
ahí fuera. Y en esa igualdad, señorías, es donde reside el principio de
la democracia. Como decía, hoy podemos dar el primer paso hacia las
modificaciones imprescindibles para profundizar en unas demandas que los
ciudadanos nos piden. Esto no lo digo yo, sino que lo decían dos
diputados del Parlamento de Cantabria, tan dispares como uno de
Ciudadanos y otro de Podemos. Tenemos un compromiso con el conjunto de
los ciudadanos: trabajar por la regeneración democrática. Tendremos que
acompasar y analizar la reforma de la Constitución, valorándose si
eliminamos los aforamientos. Tampoco lo digo yo, sino que lo decía, en
diciembre de 2016, la señora vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría. El Parlamento de Galicia, en 2017, también consideró
necesaria la supresión de los aforamientos. El Parlamento vasco, señora
Etxano, en 2016, instó a reformar la Constitución para eliminar los
aforamientos, por lo que no entiendo su abstención de hoy. El PDeCAT
también manifestaba en el Congreso, en abril de 2017, la limitación de la
figura de los aforamientos y, a pesar de eso, hoy, señora Pascal, ustedes
se abstienen.


El Grupo Socialista en esta Cámara ha solicitado la reforma de la
Constitución para suprimir los aforamientos, y como ven en este breve
repaso que les he hecho, creo que todo el arco político ha pretendido o
aceptado en los últimos años suprimir o limitar los aforamientos. Espero
que no desaprovechemos esta oportunidad y que, por fin, el Senado se
ponga de acuerdo mayoritariamente para acabar con este anacrónico e
inoportuno fuero.


Señorías, como decía en mi primera intervención, recuperemos la
dignidad social de los políticos y de la política, reformemos la
Constitución en sus artículos 71.3 y 102.1, esperemos a los dictámenes
del Consejo de Estado y procedamos a limitar los aforamientos, tal y como
proponemos en la iniciativa que hoy se debate, porque, al final, no se
olviden de una cosa: la justicia no solo es un derecho, la justicia
también es un conjunto de valores sobre los que se debe basar la sociedad
del Estado.


Señor Mulet, valores. La independencia, la equidad, la igualdad,
la libertad son algunos de ellos, de la justicia y también del Partido
Socialista. No lo olvide nunca.


Señorías, una cosa no es justa por ser ley, debe ser ley porque es
justa. Y hoy parece —eso espero— que podemos iniciar el
camino para hacer una ley mucho más justa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.


Le voy a dar una alegría otoñal al senador Rodríguez Esquerdo:
vamos a votar a favor de la moción (Aplausos), como no podía ser de otra
manera, como ya hicimos en el año 2016, siendo partidarios de la reforma
de los aforamientos, y como ha hecho nuestro grupo parlamentario en el
Congreso. Ya tiene la lección aprendida, porque usted sabía que la íbamos
a votar favorablemente.


Pero su moción es prescindible, absolutamente prescindible, porque
el Gobierno ya está trabajando en esto. ¿Y qué vienen a decirle ustedes
al Gobierno? ¿A darle una palmadita en la espalda? Lo único que falta por
preguntar es: ¿y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo entre
ustedes y el Gobierno? ¿Vienen a darle una palmadita en la espalda?
Cuando lo que tenían que haber hecho es presentar una iniciativa distinta
para que el Gobierno pudiera trabajar en otras cuestiones en las que no
está trabajando.


Señorías, el concepto del aforamiento en su base conceptual
sustantiva ni es de derecho constitucional ni es de derecho penal, es de
derecho procesal. En cuanto a la parte sustantiva, su moción solamente
habla de la supresión del aforamiento del Poder Ejecutivo, que afecta al
presidente y a los miembros del Gobierno, y a los miembros del Poder
Legislativo, presidente o presidenta del Congreso, del Senado, diputados
y senadores cuyo proceso por delitos conoce la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo. Solo podemos tratar el aforamiento del Poder
Legislativo y del Ejecutivo nacional, pero, señorías, los estatutos de
autonomía también prevén el aforamiento a miembros de gobiernos y
parlamentos autonómicos. Quizá también se podría plantear ir hacia la
eliminación del aforamiento de diputados autonómicos, ya que el Estado
autonómico ha generado numerosos casos de aforamiento que están por
resolver. Pero el Gobierno no puede modificar unilateralmente los
estatutos de autonomía, como es conocido, ni siquiera iniciar el
procedimiento que corresponde directamente a los gobiernos o a las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas.


Por eso, precisamente por eso, y dada la complejidad del asunto,
comprendido en un todo en el ordenamiento jurídico, queremos abordarlo
con prudencia, con rigor jurídico, algo que no contempla el Gobierno del
Partido Socialista, que presenta una reforma exprés.


Nuestra enmienda a la moción —si la hubieran aceptado—
hubiera permitido disponer de más elementos de juicio, una vez conocidos
los informes que solicitamos, para que este debate se produjera.


Señorías, la propuesta del Partido Popular al respecto es muy
clara. En las elecciones generales de 2016 ya mantuvimos reducir los
aforamientos e impulsar la adopción de las iniciativas legislativas
necesarias por los distintos sujetos legitimados para limitar la
atribución al Tribunal Supremo y a los tribunales superiores de Justicia
de la competencia para el enjuiciamiento de autoridades y cargos
públicos. La postura del Partido Popular es coherente y sostenida.
Incluimos también la supresión en el acuerdo de investidura con
Ciudadanos en agosto de 2016 para la XII Legislatura —en los 150
compromisos para mejorar España—, incluyendo la medida de
eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y
representantes públicos.


Recordemos también que el Grupo Popular ya presentó en esta Cámara
una moción proponiendo un pacto de Estado para la regeneración y la
calidad de la democracia, donde se recogía la supresión de aforamientos,
que tuve el honor de defenderla aquí, llevándola en nombre de mi Grupo.
También se aprobó en abril de 2016 en el Senado una moción para crear una
ponencia de estudio —que ya se ha comentado— sobre la
institución del aforamiento, su reforma y limitación. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).


Estamos de acuerdo, señorías, con que la supresión del aforamiento
debe abordarse, y la hemos apoyado en diversos comunidades autónomas,
donde ya se ha suprimido o se ha modificado, como Murcia, Cantabria y
Canarias, a diferencia de lo que ha hecho, precisamente, el Partido
Socialista en Andalucía, donde se opusieron, junto con Ciudadanos, que
también se opuso, a la supresión del aforamiento, aunque aquí, ahora, la
presentan animando al Gobierno a reformarlo. Causa mucha sensación esa
dicotomía que tienen: aquí aprueban una cosa y en Andalucía no.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta
modificación constitucional, que se debe hacer con seriedad, rigor y
consenso, y no como un procedimiento que pueda llevar a pensar que es una
modificación constitucional de mera ocurrencia o en caliente. Como quiera
que implica la reforma de la Constitución, debe realizarse con el mayor
consenso entre las fuerzas políticas y con un objetivo claro y
definido.


Por ello, nuestro voto va a ser afirmativo a la moción, aunque
entendemos que se hubiera debido aceptar la enmienda en la que
solicitábamos la petición de informes y consideración sobre la
institución del aforamiento y de su acción popular por parte de muy
calificados organismos jurídicos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, antes de la votación les informo de que vamos a
continuar con el orden del día del Pleno hasta el final, pero que no se
votará hasta, por lo menos, las tres de la tarde, que es cuando yo
calculo, más o menos, que puede acabar el Pleno. La moción que vamos a
empezar a debatir después de la votación ya no se va votar, y todas las
votaciones las vamos a realizar a partir de las tres de la tarde.


Sometemos a votación, a continuación, la moción del Grupo
Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237;
votos emitidos, 236; a favor, 195; abstenciones, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY DE
18 DE JUNIO DE 1870 ESTABLECIENDO REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA
DE INDULTO, DE FORMA QUE SE INCLUYAN COMO DELITOS A LOS QUE NO SE PUEDE
APLICAR EL INDULTO LA REBELIÓN, LOS DELITOS CONTRA LA CORONA Y LA
SEDICIÓN.


662/000128

GPP


El señor presidente da lectura al punto 6.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cinco
enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto —tres por
iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de la
senadora Roldán y los senadores Alegre, Crisol y Marcos—; y una del
Grupo Parlamentario Socialista. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso,
ocupa la Presidencia).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la defensa de la
moción, tiene la palabra la senadora Vindel. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor; si no, no podemos
continuar.


Cuando quiera, señoría.


La señora VINDEL LÓPEZ: Año 2015...


Se anuncia por megafonía un simulacro de emergencia.— Se
desaloja el hemiciclo.— Se suspende la sesión a las doce horas y
cincuenta minutos.


Se reanuda la sesión a las trece horas y cinco minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, vamos a continuar
el Pleno.


Senadora Vindel, cuando usted quiera, por ir avanzando.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Es una alegría verles a todos ustedes después de este susto y de
saber que nos encontramos todos muy bien. (Risas).


Iba a decirles, año 2015, Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, ante la
comparecencia de este en la Cámara Alta por un asunto ajeno al Gobierno;
comillas, a efectos del Diario de Sesiones: «Me gustaría decirle al señor
Rajoy que el Senado no es un confesonario. Al Senado se va a dar
explicaciones». Fin de las comillas. Pues ya está tardando el señor
Sánchez en venir aquí. Le esperamos. (Aplausos).


Señor presidente, señorías, el Grupo Popular quiere que los
delitos de rebelión, los cometidos contra la Corona y el delito de
sedición no puedan ser objeto de indulto. Los dos primeros, como saben
bien, son delitos contra la Constitución, y el último es un delito contra
el orden público. Por eso, pedimos al Gobierno que presente un proyecto
de ley en ese sentido. Será necesario, señorías, modificar una ley muy
antigua, una ley que tiene casi siglo y medio, 148 años, es de 1870, la
Ley de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, y que responde a
las necesidades propias de la sociedad de aquella época, pero ahora es
necesaria su reforma, atendiendo a las circunstancias actuales. Desde su
entrada en vigor, tan solo ha sido modificada en 1988 en 13 artículos y
en 2015, en una disposición adicional que obliga al Gobierno a remitir
semestralmente a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados un
informe sobre la concesión de indultos. Actualmente, en el artículo 2 de
la ley se recoge un catálogo de situaciones procesales excluidas de la
aplicación del indulto, pero no recoge un catálogo de delitos a los que
no sea aplicable la gracia del indulto, con independencia de la situación
procesal del reo. No obstante, dada la gravedad de determinados tipos de
delitos y el sujeto pasivo de los mismos, será necesaria la exclusión de
estos en la gracia del indulto.


Señorías, el indulto es y debe ser una medida y un recurso
excepcional. Solo es democráticamente asumible cuando en su concesión
concurren razones de justicia, de equidad y de utilidad. Esta moción
responde a razones de calendario y también al carácter preventivo que
tiene. Me explico. El 1 de agosto del año 2016 el Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso presentó una proposición de ley por la que se
excluía del indulto los delitos cometidos por la autoridad en el
ejercicio de su función, cargo público o prevaliéndose del mismo para
obtener un beneficio económico para sí o un tercero. Para entendernos,
señorías, el delito de corrupción. Y también se excluía en ese texto las
condenas por delitos relacionadas con la violencia de género. No ha sido
sino hasta seis meses después, en febrero de 2017, cuando en la toma en
consideración en el pleno del Congreso, mi grupo votó favorablemente y la
iniciativa pasó a comisión.


El siempre tortuoso camino de la ampliación del plazo de enmiendas
en el Congreso finalizó, señorías, un año después, en febrero de este
año, en 2018. Pero hete aquí que ocho meses después de presentadas las
enmiendas seguimos esperando que la Comisión de Justicia del Congreso se
pronuncie, cosa que no acertamos a entender, porque salvo que los grupos
y la Mesa de la comisión siguen siendo los mismos, de febrero a aquí
algún cambio ha habido. Por ejemplo, los grupos hemos presentado
bastantes enmiendas. Mi grupo en concreto ha presentado, entre otros,
este texto que hoy proponemos aquí como moción para que se incorpore como
enmienda a la iniciativa socialista. Otro cambio es que el Gobierno ya no
es el mismo. Ya no gobierna Mariano Rajoy al que ya no sustenta el
Partido Popular, sino que en Moncloa está Pedro Sánchez con —ya
saben ustedes— el Gobierno más débil y más minoritario de la
democracia.


No parece por las trazas que ni a este Gobierno ni a la notable
presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso les interese mucho
tramitar la ley que ellos mismos propusieron hace dos años, salvo hasta
ayer —¡oh casualidad!—, que de repente convocaron para que se
constituyera durante dos minutos la ponencia en la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputados. Una iniciativa —ya se lo digo de
entrada— incompleta, escasa y muy necesitada de modificaciones de
calado, e incluso ayer los propios letrados del Congreso advirtieron de
la posible inconstitucionalidad de un par de disposiciones.


En estos días, señorías, algunos miembros del Gobierno han
señalado la oportunidad de indultar a los políticos presos catalanes como
manera de solucionar el «conflicto» en Cataluña —a efectos del
acta, la expresión «conflicto» con comillas—. Estos presos
encarcelados preventivamente por graves delitos contra el Estado sobre la
base de argumentos jurídicos y de la aplicación de la ley, como no podía
ser de otra manera, lo están por aplicación del Código Penal y por
aplicación de la Ley de enjuiciamiento criminal, y a juicio del
instructor existe riesgo de reiteración delictiva. Y esta es, señorías,
la razón de calendario de por qué esta moción hoy y ahora, por la
necesidad de que sepamos a ciencia cierta dónde está cada uno, y
especialmente el grupo que pasó de la noche a la mañana de la oposición
al Gobierno vía moción de censura. Y me dirijo en concreto al Grupo
Socialista. Por el bien de todos, y cuando digo todos incluyo también a
sus votantes, a los que tienen francamente despistados y notoriamente
preocupados, es necesario que hoy, 10 de octubre de 2018, sepamos de una
vez por todas si ustedes van a indultar a los incursos en delitos contra
la Constitución, en delitos contra la democracia, o no, y no nos vale con
la constitución durante dos minutos, como sucedió ayer en el Congreso de
los Diputados, de una ponencia en la Comisión de Justicia.


Veamos las hemerotecas. Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa
Cunillera: «Si se pide el indulto, soy partidaria. Pero lo han de pedir».
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: «No sería lógico alargar la
prisión preventiva a los líderes independentistas si el juicio se retrasa
mucho». Intervienen en ese momento las ministras de Hacienda y de
Política Territorial y Función Pública para desautorizar a la delegada
del Gobierno y expresar que no es el momento de plantear esta opción
porque el juicio no ha tenido lugar. Y tercia, señorías, el ministro de
Fomento para decir que son unas declaraciones de humanidad de Tere
—Tere debe ser la delegada del Gobierno en Cataluña—. Como en
La Venganza de Don Mendo, señorías, terció el ministro Ábalos e hizo mal
tercio. Finalmente el señor Sánchez, ya para redondear la jugada, dice
desde Canadá que el indulto es una hipótesis y apela a la empatía para
restablecer la convivencia en Cataluña. Claro, dice esto porque el
presidente de la Generalitat todavía no le había dado el famoso ultimátum
del referéndum de autodeterminación que vence el 1 de noviembre. Ha sido
dar un ultimátum al señor Sánchez, pedir el señor Torra una reunión en
Moncloa, y ni empatía ni por supuesto Moncloa ni diálogo. Nada. Si a todo
esto le añadimos la actitud intolerable de la todavía ministra de
Justicia hacia el magistrado Llarena, del Tribunal Supremo
—recordarán su negativa, luego rectificada, a sufragar su defensa
en el tribunal belga porque era, según ella, un asunto privado—,
concluirán, como nosotros, que a este Gobierno no le conviene enemistarse
en absoluto con sus socios catalanes, compañeros de los encarcelados, si
es que lo que quiere es seguir firmando en el Boletín Oficial del
Estado.


Es muy malo intentar gobernar y no tener una posición clara
respecto a la situación de los presos políticos, pero peor aún es que se
pretenda utilizar el indulto como contraprestación política a cambio de
un favor particular, el Boletín Oficial otra vez, y no por razones de
interés general.


Señorías, la democracia consiste, precisamente, en negar que todo
precio sirva para cualquier fin. Entonces, como nos esperamos cualquier
cosa de ustedes, pedimos la modificación inmediata de la Ley de 1870,
para que ustedes olviden cualquier tentación de regalar impunidad a
quienes quieren quebrar el ordenamiento constitucional sin conseguir los
mecanismos de reforma previstos por la propia Constitución.


Hay quien dice que ustedes están tentados a ponerse de perfil a la
primera de cambio, intentando presionar, indirectamente, a jueces y
fiscales para que ellos hagan el trabajo que les correspondería a ustedes
y además les salga gratis la jugada. Me estoy refiriendo a toda una
vicepresidenta al alegar que la prisión provisional ya no tiene
sentido.


En este sentido, les aconsejo prudencia, señorías, prudencia,
porque de ser así solo conseguirían deslegitimar y desacreditar a
nuestras instituciones. Espero que se hayan dado cuenta de que su
pretensión de excluir el indulto solo en los casos de violencia de género
y de corrupción, y no en estos que les presento en este momento, no da
plena satisfacción a la creciente demanda que se está generando por parte
de la sociedad que no quiere que se quebrante el orden constitucional ni
que les salga gratis a sus autores.


Les pido que voten a favor de esta moción, presenten un proyecto
de ley y, mientras tanto, por favor, desbloqueen, pero de verdad, la
Comisión de Justicia del Congreso. Hagan algo, ¿o es que no se han dado
cuenta todavía de lo urgente que es?


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Vindel.


Para la defensa de la enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Alegre.


El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente. Muy
brevemente.


Nosotros hemos propuesto una enmienda de adición a la moción que
nos propone el Grupo Parlamentario Popular, para que detrás de la
expresión «la sedición», se añada «y la corrupción política». Somos
conscientes de que el espíritu que plantea la senadora Vindel no es
exactamente ese, pero el grupo de Ciudadanos pretende que en todo
momento, cuando se intente modificar cualquier ley, se introduzcan
también los elementos que afecten a la corrupción política.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Alegre.


Senador Mulet, tiene la palabra.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Estamos más o menos en familia, hay poca gente. Se ve que no han
entendido que era un simulacro y que no era real. (Rumores).


Al que anàvem. (Remors). No sé què m’estan dient, és que no
sé què m’estan dient. Simplement, estava fent el comentari com a
que està tan buit com si no hi haguera un simulacre. A estes hores,
desbandada general. Ahir alguns es queixaven que els valencians
estiguérem celebrant el Nou d’Octubre, i eixa gent este matí a
les 9 del matí no estaven ací i ara tampoc no estan ací, i després tampoc
no estaran ací. (Remors).


A lo que íbamos… (Rumores). No sé lo que me están diciendo;
simplemente estaba diciendo que estaba tan vacío como si no hubiera sido
un simulacro. A estas horas hay desbandada general y ayer alguien se
quejaba de que algunos estuviéramos celebrando el 9 de octubre. Esta
gente a las nueve de la mañana no estaba aquí, ahora tampoco está aquí y
después tampoco estará. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Por favor, señorías, no
hagan un debate, y cíñase usted también a la cuestión.


El señor MULET GARCÍA: Bé, la figura de l’indult, com saben,
és de l’any 1870, són 9 anys abans que es fundara el PSOE. Abans em
deien que no donara històries de què ha sigut el PSOE. No en donaré; tot
el món les sap, la gent del PSOE també, i també sabem per a què ha servit
l’indult ací. L’indult ha servit, a l’Estat espanyol,
per a que els governs del Partit Popular i el Partit Socialista
indultaren guàrdies civils que es mofen d’abusos sexuals,
narcotraficants, torturadors, banquers corruptes, alcaldes que fan
delictes electorals. L’indult en els governs del Partit Popular i
el Partit Socialista ha valgut per a que els del GAL, bé, Barrionuevo i
Vera, el senyor X sabem que no, doncs també se’ls indulte (el
senyor X no va entrar a la presó), ha valgut per a indultar borratxos
kamikazes, ha valgut per a indultar defraudadors, lladres (d’això
imagine que en saben molt), militars que van falsejar les morts del
Yak 42, els de Filesa... Ha servit l’indult, en mans del Partit
Popular i del Partit Socialista per a indultar presidents autonòmics
corruptes, a Jesús Gil, colpistes com Armada, i ara ens diuen vostès,
senyors del Partit Popular, primer ens diuen que no es pot indultar
presos polítics catalans. Això Freud ho ha analitzat, i després diuen no,
que s’han equivocat i estan parlant de polítics presos. Una qüestió
de primer de psicoanàlisi, no?


El problema, senyor de la dreta extrema, és que diuen que no es
pot indultar la gent que estiga ofenent la Corona. Els insults o els
atacs a la Corona no es poden indultar de cap manera. El problema és que
no hi hauria de... el que faria falta és no tindre una Corona, el que
faria falta és que no estigueren tipificats els delictes de la Corona com
són llibertat d’opinió; el que faria falta és que no foren
inviolables els membres de la Corina, perdó, de la Corona. Vostès són més
d’indultar delinqüents, de tota manera, com hem vist al llarg
historial de com han aplicat els indults quan han estat governant. Però
els sap mal que es puga indultar a qui ha estat condemnat per incitar la
gent a votar. Això és la diferència.


L’indult entenem tots que és una anomalia en un estat de
dret modern; vostès segurament també ho són. Si existeix l’indult
òbviament s’haurà d’aplicar per a aquells casos més
excepcionals, no per a l’ús i abús que han fet vostès quan han
estat governant. Que l’executiu encara a hores d’avui tinga
la gràcia, no?, eixe concepte que quina por que fa, per a poder vulnerar,
canviar la voluntat del poder legislatiu, del poder judicial, perdó, és
ja un símptoma que alguna cosa fa soroll. També que vinga un orde
religiós i que es dedique a dir a qui s’ha d’indultar o no
per a Setmana Santa també és una cosa que en un estat normal de dret és
una anomalia. Però bé, d’anomalies estem molt acostumats.


Vostès, els companys de Rato, de Bárcenas, de Milagrosa Martínez,
de Rafael Blasco o de Zaplana, diuen que no toca indultar primer van dir
presos polítics, després polítics presos... no ho sé, vostès s’ho
miraran. També vostès estan autoindultant a vostès mateixos, que
continuen a pesar de ser un partit condemnat per corrupció continuen
sense dissoldre’s. Per tant, nosaltres en les nostres esmenes diem
que som partidaris òbviament de revisar la figura de l’indult, és
un anacronisme. Faria falta buscar eixos casos que diu la senyora Vindel,
dels casos de violència de gènere, els casos de corrupció, fer una
reforma efectiva, i limitar-lo molt a casos molt molt excepcionals. I
també faria falta una nova llei de partits polítics per a il·legalitzar
els partits polítics corruptes condemnats per corrupció.


Per tant, avui debatrem una moció, sabem que les mocions no valen
absolutament per a res més que per a estar ací dos hores debatent, cada u
dir la seua postura i ens n’anem a casa tant contents. Però bé, per
a això està el Senat.


Gràcies.


La figura del indulto, como saben, es del año 1870, nueve años
antes de que se fundara el PSOE. Antes me decían que no diera lecciones
de lo que ha sido el PSOE y no las daré porque todo el mundo lo sabe,
como también sabe para qué ha servido el indulto aquí. El indulto en el
Estado español ha servido para que los gobiernos del Partido Popular y el
Partido Socialista indultaran a guardiaciviles que se mofan de abusos
sexuales, a narcotraficantes, a torturadores, a banqueros corruptos y a
alcaldes que cometen delitos electorales. El indulto, entre los gobiernos
del Partido Popular y del Partido Socialista, ha valido para que los del
GAL, bueno, Barrionuevo y Vera, el señor X sabemos que no, fueran
indultados. El señor X no entró en prisión. Ha servido para indultar a
borrachos kamikaces, a defraudadores, a ladrones, de esto creo que saben
mucho, a militares que falsearon las muertes del Yak-42, a los de Filesa.
Ha servido el indulto en manos del Partido Popular y del Gobierno
socialista para indultar a presidentes de parlamentos autonómicos
corruptos, a Jesús, Gil, a golpistas como Armada y ahora nos dicen
ustedes, señores del Partido Popular, que no se puede indultar a presos
políticos catalanes. Eso Freud lo analizó. Después dirán que se han
equivocado y que son políticos presos. Creo que esto es una cuestión de
psicoanálisis.


El problema, señores de la derecha extrema, es que dicen que no se
puede indultar a la gente que esté ofendiendo a la Corona. Los insultos o
los ataques a la Corona no se pueden evitar de ninguna forma. Lo que no
tendría que existir es ninguna Corona; lo que haría falta es que no
estuvieran tipificados los delitos de la Corona como delitos de opinión;
lo que haría falta es que no fueran inviolables los miembros de la
Corina, perdón…, de la Corona. Ustedes son más de indultar a
delincuentes, como ya vemos en el largo historial de cómo han aplicado el
indulto cuando han gobernado. Pero les sabe mal que se indulte a quien
haya sido condenado por incitar a la gente a votar. Esa es la
diferencia.


Todos entendemos que el indulto es una anomalía en un Estado de
derecho moderno. Ustedes también lo estarán. Si existe el indulto,
obviamente se tendrá que aplicar en los casos más excepcionales, no para
el uso y abuso que han hecho ustedes cuando han gobernado. Que el
Ejecutivo todavía en estos momentos tenga la gracia de poder vulnerar y
cambiar la voluntad del Poder Judicial es un síntoma de que algo hace
ruido. También que venga una orden religiosa y que se dedique a decir a
quién se tiene que indultar o no en Semana Santa también es una cosa que
en un Estado de derecho moderno es una anomalía. Pero a las anomalías
estamos muy acostumbrados.


Los compañeros de Rato, Bárcenas, Milagrosa Martínez, Blasco,
Zaplana dicen que no toca indultar, primero dijeron a presos políticos y
luego a políticos presos. Ustedes se lo harán mirar. También están
ustedes autoindultándose porque, a pesar de ser el suyo un partido
condenado, no se ha disuelto. Nosotros somos partidarios de revisar la
figura del indulto, es un anacronismo. Haría falta buscar esos casos que
dice la señora Vindel, los casos de violencia de género, de corrupción,
hacer una reforma efectiva y limitarlo a casos muy muy excepcionales; y
también haría falta una nueva ley de partidos políticos para ilegalizar a
los partidos políticos condenados por corrupción.


Por tanto, hoy debatiremos una moción. Sabemos que las mociones no
valen para nada más que para estar aquí horas debatiendo, decir cada uno
su postura e irse a casa tan contentos. Pero bueno, para eso está el
Senado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Iglesias.


La señora IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de
sustitución a esta moción para instar al Gobierno y al conjunto de grupos
parlamentarios a impulsar la proposición de ley de reforma de la Ley
de 1870 que regula los indultos, como ya ha hecho referencia la senadora
Vindel, que se está actualmente tramitando en las Cortes Generales, ahora
mismo en el Congreso. Efectivamente, existe un procedimiento legislativo
en marcha a raíz de una proposición de ley presentada por el Grupo
Socialista, cuya toma en consideración fue adoptada por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y
actualmente se encuentra, como ha dicho también la portavoz del Grupo
Popular, en fase de ponencia, constituida ayer, como bien ha dicho.
Repito, la toma en consideración se adoptó por unanimidad. Es un tema que
todos creemos necesario abordar, lo que sería conveniente es que todos lo
hiciéramos con rigor y con seriedad.


El Grupo Socialista considera que esta moción es absolutamente
extemporánea no solo, como digo, porque ya existe un procedimiento
legislativo en marcha, sino porque el Partido Popular ha presentado
varias enmiendas, en concreto la enmienda número 35, que plantea hasta
doce grupos de delitos que pretende excluir de la posibilidad de conceder
el indulto, entre los que se encuentran los que son objeto hoy de esta
moción, la sedición, la rebelión y los delitos contra la Corona.


No entendemos, por tanto, que se traiga a la Cámara hoy esta
moción. Nos lo ha intentado explicar, nos ha dicho que es por una
cuestión de calendario. Como ha dicho usted, la ponencia está constituida
y el asunto está en marcha. Y luego ha dicho una cosa que a mí me ha
llamado poderosamente la atención. Dice usted que es por una cuestión
preventiva. Yo no soy una especialista en este tema, pero ¿a usted le
parece normal que una persona ya incursa, por el motivo que sea, en una
situación procesal de repente se vea afectada por una norma que se dicta
ad hoc? A mí me parece que no es normal. ¿Usted por qué cree que las
leyes penales no pueden tener carácter retroactivo? Por algo será.


En fin, mantenemos nuestra enmienda por los motivos que he
explicado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Iglesias.


Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra la
senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Señor presidente, señorías.


El senador Alegre, en nombre del grupo Ciudadanos, en la enmienda
de adición que presenta, añade la corrupción; mantiene nuestros delitos
contra la Corona, contra la Constitución y contra el orden público, y
añade la corrupción.


Señoría, es innecesario porque esta moción deriva de la inacción
del Grupo Socialista durante dos años respecto a la iniciativa que
presentaron en el Congreso de los Diputados, que ya contempla la
corrupción. Por lo tanto, no es necesario que, en este caso, que son
delitos muy tasados, muy concretos, figure la corrupción, que yo creo que
lo distorsionaría.


Las enmiendas que ha defendido, de aquella manera, el senador
Mulet son de todo cariz y de todo palo. Son de adición, son de supresión,
son de modificación. Esto es como el gran Groucho Marx: estos son mis
principios, pero si no les gustan, tengo otros. Estas son enmiendas, pero
si no le gustan, tengo otras. No, no es así, porque además mezcla unas
cosas con otras. Usted mezcla la tortura policial con el delito de
rebelión; usted mezcla la violencia de género con la sedición y los
delitos de tortura; usted habla de que hay que dejar a la Iglesia fuera
de las procesiones y acabar con la influencia que tiene. En fin, un lío.
Yo casi prefiero no pronunciarme más, porque me da la sensación de que se
han calificado por sí mismos.


De todas formas, como me imaginaba que usted iba a hacer
referencia a los indultos concedidos por el Gobierno de Rajoy, le diré
que en 2014 fueron el 1,05 % de los solicitados; en 2015, el 1,27;
en 2016, el 0,72. Y si quiere, vamos más atrás en el tiempo: en el
año 2009, Gobierno socialista, fueron el 7,85; en el año 2010, el 6,41.
Además, el 99 % de los indultos concedidos por el Gobierno del PP lo
fueron con parecer favorable del tribunal sentenciador y del Ministerio
Fiscal.


Ahora llego a la enmienda presentada por el Grupo Socialista y
defendida por la señora Iglesias. Tenemos serias dudas en cuanto a la
forma, porque si usted se da un paseo por los cuatro apartados del
artículo 174 del Reglamento, en ninguna parte permite —tampoco lo
prohíbe— instar a los grupos del Congreso de los Diputados, y
ustedes instan al Gobierno y a los grupos del Congreso de los Diputados.
Pero no voy a hacer yo aquí, de la cuestión formal, una pega; es
simplemente un comentario.


El fondo es peor, porque, señoría, ustedes instan al Gobierno a
impulsar la iniciativa socialista que está en tramitación en el Congreso.
Y yo le pregunto: ¿y para qué sirve la división de poderes, señoría?
Porque, por un lado, está el Ejecutivo y, por otro, el Legislativo.
Entonces, no los mezclen. Hasta ahora, lo normal es que el Gobierno
presente un proyecto de ley a las Cámaras y el Legislativo lo tramite y
lo modifique o no.


Además, su enmienda es totalmente innecesaria, señoría, porque
dice que se impulse la iniciativa que presentaron ustedes hace dos años
—respecto a la que, hasta ayer, no han hecho absolutamente
nada— y que se está tramitando en las Cortes. Pues como ya la han
puesto en marcha, ¿para qué queremos su enmienda? Para nada,
señoría.


Rechazamos las tres.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Vindel.


A continuación, pasamos al turno de portavoces.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto —en el que
intervendrán cuatro portavoces—, tiene la palabra el senador
Alegre.


El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora Vindel, estamos a favor de prohibir la concesión
de indultos a los políticos no solamente en los casos de rebelión,
sedición sino también en los casos de corrupción política o cualquier
otro. Si alguien no ha de tener derecho al indulto somos los políticos.
Tenemos una responsabilidad social mayor que los demás y, por lo tanto,
debemos ser más cuidadosos con estos temas.


Tengo muy poco tiempo, porque somos cuatro los intervinientes,
pero quería decirle, señora Vindel, que ha vuelto usted a cometer un
error en su intervención a la hora de exponer la moción. Ha vuelto a
hablar de presos políticos. Lo ha dicho levemente, pero lo ha dicho. (La
señora Vindel López: No, no). Sí, sí, repase el Diario de Sesiones y verá
cómo ha dicho presos políticos. No pueden ustedes comprar ese discurso.
Se equivocaron en la moción y tuvieron que hacer una corrección de
errores (La señora Vindel López: No, no). Sí, hicieron una corrección de
errores, no me diga que no, y hoy se le ha vuelto a escapar. Les pido,
por favor, que no compren ese discurso. En España no hay presos
políticos. (Rumores). Por lo tanto, les pido que no compren ese
discurso.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Alegre.


Senador Mulet, tiene la palabra.


El señor MULET GARCÍA: Gracias. Intervendré también
brevemente.


Señora Vindel, tenemos principios y los tenemos cuando gobernamos
y cuando estamos en la oposición, no vamos cambiando reiteradamente como
hacen ustedes.


Obviamente, a una moción se pueden presentar enmiendas de
modificación o para añadir nuevos puntos. En este caso, nosotros
queríamos modificar algunos puntos y añadir puntos nuevos. Sin embargo,
usted ha entrado simplemente en la descalificación, y no me ha dicho si
está a favor o no de que no se pueda indultar la corrupción política, si
está a favor o no de que se pueda indultar la tortura policial;






no me ha
dicho si está a favor o no de que se puedan indultar los delitos contra
la salud pública, los delitos contra el medioambiente, los delitos de
tráfico de drogas, delitos contra la salud pública y por robo, o contra
la Hacienda pública en caso de cargos públicos. He entendido que sí está
a favor de las injerencias religiosas en la concesión de los
indultos.


Por lo tanto, como nuestro trabajo aquí, al igual que el suyo, es
presentar mociones y enmiendas, también las hemos presentado a su moción.
Les podrán parecer mejores o peores, pero, al fin y al cabo, este es el
juego parlamentario y estamos en nuestro derecho de presentar las
enmiendas que creamos oportunas a sus textos.


Simplemente, lamento que no acepten nuestras enmiendas.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Mulet.


Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Estamos hablando de delitos gravísimos, no solo por las penas que
llevan aparejadas, sino porque son delitos cuya comisión pretende
subvertir el orden constitucional. En opinión de Foro, es imprescindible
que estos delitos se incluyan en la ley como delitos que no pueden ser
objeto de indulto, indulto que, por otra parte, siempre es de carácter
excepcional.


En estos complicados momentos que vive nuestro país, no podemos
permitirnos que la medida de gracia del indulto dependa del político de
turno. Hemos escuchado hablar a la vicepresidenta del Gobierno, a la
ministra de Política Territorial y a la delegada del Gobierno en
Cataluña, y, señorías, están jugando con fuego, olvidando acontecimientos
dramáticos de nuestra historia, cuyas consecuencias aún siguen coleando y
que nosotros, en Foro, no queremos que se repitan. Este país es una
democracia avanzada en la que no hay presos políticos, hay políticos
presos que, cuando sean juzgados, si son condenados, deberán cumplir las
penas que les imponga el tribunal y sin opción a indulto de ninguna
especie.


Votaremos sí a esta moción.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias.


Tiene la palabra el senador Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Comparto lo dicho por la senadora Vindel en su exposición de que
esta ley es anacrónica. Obviamente. Tengamos en cuenta que, hoy en día,
en el Estado español se promueven indultos por cofradías que adoran a
tallas policromadas de madera. Y esto sucede en el siglo XXI en Europa y
hay que modificarlo. Pero respecto al asunto de los delitos graves, yo
creo, no sé si lo compartirán, que el delito más nauseabundo que se puede
hacer en la Función pública es el de la corrupción y también el de la
tortura. Vemos cómo en estos últimos años se ha indultado a 277 corruptos
condenados. ¿Y qué sucede con los torturadores? Recordemos que en el País
Vasco, de todas aquellas personas que han sido condenadas por torturas,
su inmensa mayoría ha sido indultada, han sido ascendidas y han sido
condecoradas. Esto es la tortura premiada y con una impunidad total.
¿Estos delitos no les preocupan? ¿No les parece que no deberían ser
dignos de ser indultados? ¡Y qué decir del terrorismo de Estado, todos
ellos indultados también!


Para acabar, señorías, se referían al asunto de los presos y
presas políticas catalanas, presos políticos de libro, según la
definición del Consejo de Europa. Lo que es una vergüenza, lo que es
intolerable, lo que es injusto es que estas personas estén hoy en día en
la cárcel, no unas cuantas personas, no, todo un gobierno está en el
exilio o en la cárcel. Han convertido a España en la Turquía occidental,
y esta es la vergüenza que no tiene ningún sentido. Por eso, tot el meu
suport als presos i preses polítiques catalans. Free catalan political
prisoners now. Shame on you.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señor
Iñarritu.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Si un ciudadano me preguntara en la calle para qué estamos
debatiendo hoy sobre la modificación, propuesta por el Grupo Popular, de
una ley que es de 1870, una modificación ad hoc, me costaría mucho
explicarlo, porque ya sabemos que las modificaciones puntuales de las
leyes no es la mejor técnica legislativa. Pero todavía me costaría
explicar mucho más que el Senado se manifieste para modificar
puntualmente esta ley y no para modificarla profundamente. Corresponde al
Senado. Ahora mismo se está tramitando una proposición de ley que
modifica esta ley en el Congreso, a la que se supone el Grupo Popular y
el resto de los grupos habrán presentado sus enmiendas. Hoy el Senado
debe instar a que esta ley que data de 1870 se modifique rápidamente, y
que cada grupo haga las aportaciones correspondientes por vía de
enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Julios.


Senador Bagué, tiene la palabra.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, president.


Comentava ara un altre portaveu que el propi grup parlamentari va
presentar una esmena d’autocorrecció per eliminar del text «presos
polítics» i substituir-ho per «polítics catalans presos». Suposo que el
subconscient treballa i per això van cometre aquest error que, pel que
sembla, com deia un altre senador, han tornar a fer ara aquí. Al PP
sempre fan servir el comodí de Catalunya. Quan no saben de què parlar,
doncs parlem de Catalunya. I cada vegada, parlem de Catalunya; doncs molt
bé, doncs parlem de Catalunya. El PP planteja que es modifiqui aquesta
llei amb l’objectiu que no s’hi incloguin els delictes de
rebel·lió, contra la Corona i sedició com a delictes als quals es pugui
aplicar l’indult. El PP continua insistint a fer una legislació i
un codi penal adaptats a les seves circumstàncies i objectius.


La senadora Vindel ha dit que al Codi Penal hi ha unes figures
concretes. No és veritat; al codi penal fer una consulta no està penat
enlloc. Al Codi Penal no hi surt, que convocar un referèndum estigui
penat. Al revés, això es va excloure. El que passa és que vostès van
dient mentides, les van repetint i al final suposo que algú se les creu.
De fet, no sé de què ens estranyem. El Partit Popular, al final de la Xa
Legislatura, va modificar la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional
sense ni el suport del PSOE. Si són molts valents, vostès! Vostès van
modificar la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional només per
«otorgarle capacidad sancionadora», si no ho recordo malament, en
absoluta solitud, sense ni tan sols el suport del PSOE. Mirin si són
valents, vostès, quan fan reformes.


Per evitar barbaritats, el famós jutjat número 13 acaba de dir,
després d’un any d’instrucció, que no hi ha sedició ni
rebel·lió, i que no és competent. Doncs potser que regulem aquests abusos
dels tribunals, perquè si resulta que la presó preventiva pot durar
indefinidament, i al cap d’un any resulta que un jutge diu que de
fet no hi ha res... Jo no sé si és gaire seriós que la justícia plantegi
això. Si el plantejament de modificació de la llei de l’indult fos
sincer i honest, el PP hauria de presentar un plantejament més global i
d’acord amb el dret comparat. I, si al Congrés dels Diputats tenen
en marxa projectes de reforma, el més normal no seria fer una moció aquí.
El PP, saltant-se tota prudència i contenció, està proposant una reforma
per a uns casos concrets; així de clar. Podrien posar-hi noms i cognoms.
Vostès estan proposant una reforma que hi falta només posar el nom; ja
podrien fer-ho directament.


Al Partit Demòcrata sempre hem defensat la idoneïtat de plantejar
una revisió i modificació de la llei de l’indult, però convindria
que fos un debat més profund, més seré, amb més rigor i, sobretot, amb el
màxim consens parlamentari; no amb mocions oportunistes de cara a la
galeria. El PP ens té acostumats a tota mena de despropòsits. El PP de
Madrid vol que se censuri el documental de l’1 d’octubre de
Mediapro. El president nacional, Pablo Casado, proposa il·legalitzar
partits polítics. Un altre dia proposa que certs partits polítics no
puguin rebre subvencions econòmiques. Suposo que ja deuen tenir una
llista de quins són els partits polítics que no poden rebre subvencions
econòmiques. En proposar modificar el delicte de rebel·lió perquè el
requisit de la violència deixi de ser necessari, que estan dient? Quan el
senyor Casado proposa modificar el delicte de rebel·lió perquè el
requisit de la violència deixi de ser necessari, que està dient, el
senyor Casado? Que no hi va haver violència; perquè si no, no faria
aquesta proposta, això sembla evident. Si no, quin sentit té proposar
això? El senyor Casado està reconeixent que no hi va haver violència. Si
hem de modificar el concepte de rebel·lió, és evident que vol dir que no
hi ha hagut violència. Com han dit, d’altra banda, tots els
tribunals europeus; perquè Alemanya, Bèlgica, Anglaterra i Suïssa
—quatre estats— han dit que la justícia espanyola no està
fent bé la seva feina.


Per tant, l’autarquia judicial a la qual estem sotmesos
hauria de començar a acabar abans que no facin més el ridícul a nivell
internacional.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Comentaba ahora el portavoz del grupo proponente que han
presentado una enmienda de autocorrección para eliminar del texto presos
políticos y sustituirlo por políticos catalanes presos. Supongo que el
subconsciente trabaja y cometieron este error que, por lo que parece y
decía otro senador, han vuelto a cometer ahora aquí. Ustedes, en el PP,
siempre utilizan el comodín de Cataluña; cuando no saben de qué hablar,
dicen pues vamos a hablar de Cataluña, y cada vez hablamos de Cataluña.
Pues muy bien, hablemos de Cataluña. El Grupo Popular plantea que se
modifique esta ley con el objetivo de que no se incluyan los delitos de
rebelión contra la Corona y de sedición en los delitos a los que se puede
aplicar el indulto. El PP sigue insistiendo en hacer una legislación y un
Código Penal adaptados a sus circunstancias y objetivos.


La senadora Vindel ha dicho que en el Código Penal hay unas
figuras concretas, y no es cierto. El Código Penal, en ninguna parte,
dice que hacer una consulta está penado; no se dice nada en el Código
Penal de que convocar un referéndum esté penado, al revés, se excluyó.
Pero ustedes van diciendo mentiras, van repitiéndolas y supongo que al
final alguien acaba creyéndoselas. De hecho no sé de qué nos extrañamos.
El Partido Popular al final de la X Legislatura modificó la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional sin siquiera tener el apoyo del PSOE. Son muy
valientes ustedes; modificaron la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional solo para otorgarle capacidad sancionadora, si mal no
recuerdo, en total soledad, sin siquiera el apoyo del Partido Socialista.
Fíjense si son valientes ustedes cuando hacen reformas.


Para evitar barbaridades, el famoso Juzgado número 13 acaba de
decir, tras un año de instrucción, que no hay ni sedición ni rebelión y
que no es competente. Quizás deberíamos regular estos abusos de los
tribunales porque, si la prisión preventiva puede durar indefinidamente y
al cabo de un año un juez dice que no hay nada,... No sé si es muy serio
que la justicia plantee esto. Si el planteamiento del PP de modificación
de la Ley del indulto fuera sincero y honesto, sería más global y de
acuerdo con el derecho comparado. Si en el Congreso de los Diputados
tienen en marcha proyectos de reforma, lo normal no sería presentar una
moción aquí. El PP, saltándose toda prudencia, está proponiendo una
reforma para unos casos concretos, así de claro. Podríamos ponerles
nombres y apellidos; ustedes están proponiendo una reforma a la que solo
le falta ponerle un nombre y podrían hacerlo directamente.


En el Partido Demócrata hemos defendido siempre la idoneidad de
plantear una revisión y modificación de la Ley del indulto, pero
convendría que fuera un debate más profundo, más sereno, con más rigor y,
sobre todo, con el máximo consenso parlamentario y no mociones
oportunistas de cara a la galería. Ustedes, señorías del PP, nos tienen
acostumbrados a todo tipo de despropósitos. El PP de Madrid quiere que se
censure el documental del 1 de octubre de Mediapro. El presidente
nacional, Pablo Casado, propone ilegalizar partidos políticos. Otro día
propone que ciertos partidos políticos no puedan recibir subvenciones
económicas —supongo que ya deben de tener una lista de los partidos
políticos que no pueden recibir subvenciones económicas—. Proponen
modificar el delito de rebelión para que el requisito de la violencia
deje de ser necesario. ¿Qué están diciendo con esto? Cuando el señor
Casado propone modificar el delito de rebelión para que el requisito de
la violencia deje de ser necesario, ¿qué está diciendo el señor Casado?
¿Que no hubo violencia? Porque si no, no haría esa propuesta, parece
evidente. Si no, ¿qué sentido tiene proponer esto? El señor Casado está
reconociendo que no hubo violencia. Si tienen que modificar el concepto
de rebelión, es evidente, quiere decir que no ha habido violencia, como
han dicho, por otra parte, todos los tribunales europeos. Alemania,
Bélgica, Inglaterra y Suiza, estos cuatro estados, han dicho que la
justicia española no está haciendo bien su trabajo.


Por lo tanto, yo creo que la autarquía judicial a la que estamos
sometidos debería empezar a acabarse antes de que hagan más el ridículo a
nivel internacional.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Bagué.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, senadora Ahedo, tiene la
palabra.


La señora AHEDO CEZA: Egun on, mahiburu jauna; egun on
guztioi.


A lo mejor, antes de este debate de la moción, deberíamos hacer
uno que está claro en la sociedad y es si el indulto a día de hoy es
necesario o no, y seguro que encontraríamos argumentos para poder
defender cualquiera de las dos posturas: desde el anacronismo que podría
suponer mantener en el siglo XXI una figura más propia de la monarquía
absoluta, o de lo que se ha hablado en muchas ocasiones, de la separación
de poderes. ¿Porque el Ejecutivo puede interferir en una decisión del
Judicial? Lo que pasa es que eso nos llevaba también a saber si el
Judicial puede interferir en decisiones del Legislativo, y tenemos
sobrados ejemplos de que así lo ha hecho. Por otro lado, se podría
plantear otra reflexión, si no conviene que la sociedad se reserve una
herramienta para determinadas actuaciones y para poder atemperar una
decisión judicial, pero lo voy a dejar ahí.


Miren, cuando hablamos de indulto en general, yo siempre me
acuerdo de Poncio Pilatos en la Pascua judía, cuando en vez de liberar a
Jesucristo, liberó a Barrabás. No sé si estuvo muy acertado el Poncio
porque, más de 2000 años después, cuando alguien nos hace una faena,
seguimos diciendo: Vaya barrabasada me has hecho. Y eso me lleva a pensar
que esta medida de gracia, el indulto, a veces de gracia no tiene nada,
sobre todo cuando se utiliza y se ha utilizado repetidamente con
arbitrariedad, en vez de con la discrecionalidad que le corresponde
—cuando hemos visto indultos masivos, coincidiendo, por ejemplo,
con Semana Santa o con el Año Jubilar; cuando habitualmente lo que ha
imperado ha sido la ley del embudo, dependiendo de qué gobierno estuviese
y tuviese que dar la gracia—. No me voy a dedicar a dar ejemplos
porque se me va el tiempo.


Estas reflexiones que estoy haciendo yo ahora están en la sociedad
y como políticos creo que también nos corresponde reflexionar sobre esto
en algún momento. Pero, a día de hoy, aquí, nos guste o no nos guste
—ya lo debatiremos si es el caso—, esta medida especial de
gracia que debería tener un carácter excepcional existe, ese es el hecho,
y el Grupo Popular nos propone hoy que no sea aplicable a tres delitos
concretos.


Desde nuestro punto de vista, y, en general, les voy a decir que
el referente para un indulto no es el delito en sí, sino las
circunstancias específicas del caso, y no entenderlo así supondría privar
por ley de la posibilidad de que se tutele la realización de la justicia
material y de que se ejercite el interés superior de la sociedad. El
derecho de gracia se construye no sobre el delito cometido, salvo las
prescripciones constitucionales al efecto, sino sobre aspectos relativos
a la realización de la justicia material o equidad en el justamente
penado para responder a las necesidades de corrección de las decisiones
judiciales. Así que no mezclemos el mal uso que se ha hecho hasta ahora
con otras cuestiones y no nos liemos a ver qué delitos han de ser no
indultables, cuando la esencia no debería ser esa.


Con lo dicho hasta ahora creo que es clara nuestra posición y creo
que está claro cuál va a ser nuestro voto. Pero me gustaría hacer una
última reflexión. Ya se ha dicho aquí, el Congreso ya está tramitando la
modificación de la Ley del indulto, ayer mismo se constituyó la ponencia.
El Grupo Popular ha presentado veinte enmiendas. Me voy a referir a la
enmienda número 35, que plantea exceptuar del indulto, al menos, doce
delitos. Tiene doce letras —de la letra a) a la letra l)—.
Teóricamente, al Partido Popular le preocupan doce delitos, que, según ha
dicho la señora Vindel, son de gravedad suma. Pero casualidad, hoy aquí
solo nos presentan uno. El Grupo Popular hoy nos ha traído aquí su punto
g): Delitos de rebelión y sedición; delitos contra la Corona. Allá cada
cual con sus obsesiones. Pero yo debería preguntarles si van a setas o
van a Rolex. Y les explico por qué. Porque si, de verdad, lo que les
interesa es que estos delitos se conviertan en no indultables, sigan el
trámite legislativo, intenten convencer a otros grupos y saquen su
enmienda número 35, con su punto g), en el Congreso, y listo, queda
incluido en la nueva ley de indulto. Pero no, ustedes lo traen aquí en
forma de moción, donde saben que con su rodillo da igual lo que
manifestemos el resto de los grupos y donde es totalmente ineficaz.
Porque urgente... Ustedes dicen que necesitamos la introducción inmediata
de esta modificación. Oiga, que aquí todos sabemos que aprobando una
moción en el Senado no hay una introducción directa en una ley y se
modifica. Todos sabemos que el procedimiento legislativo es otro. Así
que, a lo mejor, lo que pasa es que lo que al Grupo Popular le parecía
útil es esta forma de hacer política, que, desde luego, no va en absoluto
con nuestro estilo y que no sé a qué intereses ni a qué objetivos
responde, la política de la foto, la que utiliza el Parlamento de forma
partidista y no tanto en interés de la ciudadanía...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora AHEDO CEZA: Voy terminando, señor presidente.


... y en esta época en la que algunos están más papistas que el
papa, probablemente hablaremos de independentistas con cuernos y rabo,
demostrando que somos los mayores defensores de la unidad sacrosanta de
España, porque eso nos va a ayudar a pescar en algunos caladeros. Si no,
es difícil entender que se presente esto hoy aquí.


Y finalizo. Nuestro grupo va a votar en contra de esta moción por
dos cuestiones. La primera, por concepto, el que ya he explicado. El
derecho de gracia no se construye sobre el delito. Y la segunda: voy a
parafrasear a nuestro portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso,
que dijo:...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.


La señora AHEDO CEZA: ... «Para operaciones de marketing político
no cuenten con nuestro grupo parlamentario.»


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Ahedo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Estradé.


El señor ESTRADÉ PALAU: Senyor president, bona tarda.


Senyora senadora del Partit Popular, miri si és cert que
existeixen presos polítics a l’Estat espanyol que vostè, a més a
més de reconèixer-ho en un lapsus freudià, que és molt significatiu, ens
proposa que reformem una llei que té 150 anys només amb l’objectiu
de castigar un col·lectiu concret i per uns fets que ja s’han
produït.


Miri si en són, de presos polítics, que vostè vol reformar una
llei com aquesta, que no s’ha reformat abans malgrat que hi ha
hagut actes molt més greus, que han afectat a molts milers de persones, i
només ho fa per a aquest col·lectiu.


Això que vostè proposa contradiu els principis generals del dret,
contradiu la pràctica legislativa de totes les democràcies i no té
precedent a Europa. Però bé, ara que l’Estat espanyol s’ha
convertit en una autarquia judicial, a més a més, el volen convertir en
una autarquia legislativa. Segueixin així, que ho aconseguiran.


Si els preocupa tant el delicte de rebel·lió, per què no condemnen
l’única rebel·lió que hi ha hagut a Espanya els últims 80 anys? La
que es va produir el 17 i el 18 de juliol del 1936; és aquesta la que han
de condemnar i que no han condemnat mai. Va produir més de mig milió de
morts, i encara és hora que s’anul·lin totes les sentències del
franquisme; encara és hora que s’anul·lin, i que es reparin totes
les víctimes. Perquè després d’un cop d’Estat i d’una
rebel·lió protagonitzada per militars, tot el que va produir el
franquisme era nul de ple dret. Però aquests sí que vostès els han
indultat, aquests els han encobert i encara els defensen.


Si els preocupa que es trenqui Espanya, comencin per denunciar el
gangsterisme polític i la corrupció. Això sí que trenca una societat,
això sí que causa desafecció, això sí que trenca el contracte social
entre les elits que tenen la riquesa i els que la produeixen i tenen dret
a compartir-la. En canvi, amb això, vostès, que tenen centenars
d’imputats, el que fan és trencar de veritat la societat espanyola;
i aconseguir que la gent humil, la gent treballadora, perdi la confiança
en la gent que la dirigeix.


Li diré encara una altra cosa. Si vol prohibir l’indult, per
què no el prohibeix per a la corrupció política, per al frau fiscal, per
a la tortura? Per què no el prohibeixen per a aquests delictes? O és que
s’ha d’haver creat un GAL perquè t’indultin en aquest
país, com van fer vostès? Fins que no creïs un GAL, fins que no hagis
ordenat torturar i segrestar, es veu que no tens dret a l’indult?
Vostès van indultar. Vostès van indultar, en nom de la unitat
d’Espanya i de la sagrada lluita per la unitat d’Espanya, els
promotors del terrorisme d’Estat. Aquesta és la vergonya que
arrosseguen. Però, és clar, resulta que ara ens hem de posar amb uns
polítics que el que han fet és organitzar un referèndum exercint el dret
a l’autodeterminació que tenen tots els pobles; fins i tot el poble
català. Tots el tenim, aquest dret. Per tant, el que cal fer és deixar
d’intoxicar, deixar de difamar, deixar de crear un estat
d’opinió perquè alguns jutges del Tribunal Suprem segueixin
interpretant el dret penal d’una forma esbiaixada, i intentar que
el conflicte de sobiranies que hi ha entre Espanya i Catalunya es pugui
resoldre d’una forma civilitzada.


Per tant, no votarem a favor, evidentment, d’aquesta
proposta que ens fan. Però si prosperés, si realment s’acabés
modificant aquesta llei, segur que un tribunal o altre —també
d’àmbit europeu— acabaria dient el mateix que estan dient ja
els tribunals belgues, alemanys o escocesos. Que no hi ha hagut
rebel·lió, que no hi ha hagut violència, i que el que està fent algun
jutge del Tribunal Suprem vostès ara ho volen fer en l’àmbit
legislatiu. El que ells estan fent en l’àmbit judicial vostès ho
volen fer en l’àmbit legislatiu. Per tant, condemnin l’única
rebel·lió que hi va haver, encara que l’haguessin protagonitzat
molts dels seus pares i dels seus avis, perquè aquesta és la que de
veritat ha fet mal a Espanya i va provocar centenars de milers de morts i
una devastació sense precedents.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Buenas tardes, señor presidente.


Señora senadora del Grupo Popular, fíjese si es cierto que existen
presos políticos en el Estado español que usted, además de reconocerlo en
un lapsus freudiano, que es muy significativo, nos propone que reformemos
una ley que tiene 150 años con solo el objetivo de castigar a un
colectivo concreto y por unos hechos que ya se han producido.


Fíjese hasta qué punto son presos políticos que usted quiere
reformar una ley como esta que no se ha reformado antes, y a pesar de que
ha habido actos mucho más graves y que han afectado a muchos miles de
personas, solo lo hace mirando a este colectivo.


Esto que usted propone contradice los principios generales del
derecho, contradice la práctica legislativa de todas las democracias, y
no tiene precedente en Europa. Pero ahora que el Estado español se ha
convertido en una autarquía judicial, lo quieren convertir en una
autarquía legislativa. Sigan así porque lo van a conseguir.


Si les preocupa tanto el delito de rebelión, ¿por qué no condenan
la única rebelión que ha habido en España en los últimos ochenta años, la
que tuvo lugar los días 17 y 18 de julio de 1936? ¡Esa es la que hay que
condenar, y nunca la han condenado, y produjo más de medio millón de
muertos! Ya va siendo hora de que se anulen todas las sentencias del
franquismo y que se repare a todas las víctimas, porque, después de un
golpe de Estado, de una rebelión protagonizada por militares, todo lo que
produjo el franquismo era nulo de pleno derecho. A estos sí los han
indultado; a estos los han encubierto y aún los defienden.


Si les preocupa que se rompa España, empiecen por denunciar el
gansterismo político y la corrupción. Eso sí que rompe a una sociedad;
eso sí que causa desafección. Eso sí rompe el contrato social entre las
elites que tienen la riqueza y quienes la producen y tienen derecho a
compartirla. En cambio, ustedes, que tienen a centenares de imputados, lo
que hacen es romper de verdad la sociedad española y conseguir que la
gente humilde, la gente trabajadora pierda la confianza en las personas
que los dirigen.


Y le quiero decir una cosa más. Si quiere prohibir el indulto,
¿por qué no lo prohíbe para la corrupción política, para el fraude
fiscal, para la tortura? ¿Por qué no lo prohíben para esos delitos? ¿O es
que hay que crear un GAL para que te indulten en este país como hicieron
ustedes? Hasta que no crees un GAL, hasta que no hayas ordenado torturar
y secuestrar, parece ser que no tienes derecho al indulto.






Ustedes
indultaron en nombre de la unidad de España y de la sagrada lucha por la
unidad de España a los promotores del terrorismo de Estado. Esa es la
vergüenza que arrastran. Pero, claro, resulta que ahora nos tenemos que
meter con unos políticos que han organizado un referéndum ejerciendo el
derecho a la autodeterminación que tienen todos los pueblos, incluso el
pueblo catalán. Todos tenemos ese derecho. Por lo tanto, lo que tenemos
que hacer es dejar de intoxicar, dejar de difamar, dejar de crear un
estado de opinión para que algunos jueces del Tribunal Supremo sigan
interpretando el derecho penal de una forma sesgada e intentar que el
conflicto de soberanías que hay entre España y Cataluña se pueda resolver
de una forma civilizada.


Por lo tanto, no vamos a votar evidentemente a favor de esta
propuesta que nos hacen, pero si prosperase, si realmente se modificase
esta ley, seguro que algún tribunal —también de ámbito
europeo— acabaría diciendo lo mismo que están diciendo ya los
tribunales belgas, alemanes o escoceses, que no ha habido rebelión, que
no ha habido violencia, y que lo que está haciendo algún juez del
Tribunal Supremo ustedes quieren hacerlo en el ámbito legislativo; que lo
que ellos hacen en el ámbito judicial, quieren hacerlo ustedes en el
ámbito legislativo. Así pues, condenen la única rebelión que ha habido,
aunque la protagonizasen muchos de sus padres y abuelos, porque esa es la
que de verdad ha hecho daño a España y provocó centenares de miles de
muertos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Estradé.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.


Buenas tardes.


En su escalada para seguir inflamando el conflicto con Cataluña
nos traen otra absurda moción. Ustedes no tienen ningún interés en
mejorar la justicia ni en reformar una ley del siglo XIX. No. A ustedes
solo les interesa el titular en las noticias de que el Senado ha aprobado
una moción instando al Gobierno a prohibir los indultos a condenados por
rebelión o sedición en esa competición que tienen con Ciudadanos y con
Vox para ver quién es más duro con Cataluña en busca del votante
ultranacionalista español. Para disimular añaden además los delitos
contra la Corona en esa defensa a ultranza de la monarquía que han puesto
de manifiesto con los partidos mal llamados constitucionalistas, que se
niegan a la comisión de investigación en el Congreso y sostienen a
ultranza la inviolabilidad del rey, demostrando que no todos somos
iguales ante la ley. Y es absurdo y propagandístico, porque, como saben
—y ya se lo han dicho otros oradores en esta tribuna—, ya hay
una proposición de ley de reforma de la Ley del indulto en el Congreso, y
es allí donde realmente se va a discutir su reforma.


Ustedes, en esta moción, proponen prohibir el indulto para la
rebelión, la sedición y los delitos contra la Corona y, sin embargo, no
tienen problema en que se siga posibilitando el indulto para asesinatos o
delitos contra la libertad sexual, por ejemplo. Ese y no otro es el orden
de prioridad en la defensa de los bienes jurídicos que nos demuestra el
Partido Popular. En esta moción antes está el bien jurídico de la unidad
de España que la vida de la gente, que la libertad sexual de la
ciudadanía, que el medio ambiente, que los delitos económicos, que un
funcionamiento democrático y libre de corrupción. Todo ello está en su
orden de prioridades por debajo de la unidad de España, una España
corrupta, contaminada, insegura, pero, ante todo, unida. Esa es la España
del Partido Popular.


Pero hablamos de la reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de
reglas para el ejercicio de la gracia e indulto. Es curioso que el
Partido Popular se anime ahora a modificar al fin el indulto, algo que ha
utilizado tanto en el pasado. En algunas ocasiones se ha hecho uso del
indulto cuando el ejercicio rigurosísimo de la ley genera un sentimiento
en justicia, cuando ha ocurrido con personas sobre las que recaía una
ejecución de condena después de muchos años cuando ya habían hecho su
vida, un instrumento, por tanto, para corregir cuestiones de justicia
material. Pero también se ha hecho otra utilización del indulto, y no hay
más que ver las estadísticas. La mayor incidencia de indultos se ha dado
en temas de malversación, en temas de prevaricación, en temas
relacionados con la corrupción política; en casos absolutamente
escandalosos sin justificación ni motivación, incluso anulados
posteriormente por resoluciones judiciales. Y conviene recordar que más
de la mitad de esos indultos a corruptos, hasta un total de 139, o lo que
es lo mismo, algo más de un 60 %, se concedieron durante el Gobierno de
José María Aznar, ese que tanto reivindica Pablo Casado. Porque si
hablamos de blanditos, ustedes con los corruptos han sido un rato de
blanditos.


Prevaricación y malversación son el tercero y el cuarto en la
lista de delitos con más indultos sobre el número de condenas, solo por
detrás de los delitos contra el medioambiente y aquellos cometidos por
funcionarios contra la libertad individual. Ese es el problema del
indulto, el uso que se ha hecho del mismo durante estos tiempos, y sobre
ello, hasta esta legislatura, ni siquiera han planteado reforma alguna.
Sin duda el indulto en España requiere una profunda reforma, pero no
evidentemente esta que nos proponen.


Nosotros creemos, como ya dijimos en la toma en consideración de
la proposición de ley del Partido Socialista, que en cualquier reforma de
la Ley del indulto, en primer lugar, el criterio no debe ser el tipo de
delito, como decía también la senadora del PNV, sino que tiene que ser la
necesidad de la pena, la prevención general y la prevención
especial.


Como escribía Rodrigo Tena en un artículo, no está de más recordar
que la primera norma y casi única de derecho público que contenía la Ley
de las doce tablas era la de la prohibición de promulgar leyes contra una
persona determinada, en opinión de Cicerón, lo más injusto que cabe
concebir, ya que la ley, por su propia esencia, debe ser una resolución y
un mandato para todos. Es lo que hacen ustedes con esta moción. ¿Se dan
cuenta de que con ustedes vamos muchos siglos para atrás, incluso en el
ámbito del derecho?


En un Estado de derecho consolidado y estable no se debe tener
miedo a utilizar el indulto por razones de oportunidad política y de
interés general, llegado el caso, siempre que se haga con las debidas
garantías. Lo que será necesario erradicar es la falta de motivación de
la medida, lo que lleva a pensar en arbitrariedades y clientelismos, su
alejamiento de las ideas de justicia y equidad, y no su prohibición en
determinados delitos.


Por todas esas razones, evidentemente, mi grupo parlamentario va a
votar en contra de su moción. Aquí se debe legislar por el interés
general, no para buscar venganzas ni réditos electorales.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Iglesias.


La señora IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente.


Señorías del Partido Popular, hace unas semanas su grupo trajo a
esta Cámara una moción que hablaba de reivindicar el respeto al Senado,
pero ustedes en realidad no estaban reivindicando el respeto al Senado,
estaban reivindicando su obra, estaban reivindicándose a sí mismos, en
concreto, la modificación de la Ley de estabilidad que permitió a esta
Cámara vetar la senda de estabilidad, modificación que llevaron a cabo,
como todo el mundo sabe, por su cuenta y riesgo. ¿Usar el Senado para
beneficio de su partido es respetarlo? Yo creo que no, que es todo lo
contrario. Pero a ustedes con esto del respeto les pasa como con la
lealtad, que siempre se lo están pidiendo a los demás pero cuando les
toca a ustedes o no saben o no pueden o, lo que es peor, no quieren. En
cuestión de lealtad, desde luego, ustedes y nosotros, el Grupo
Socialista, no hablamos el mismo idioma.


Como he dicho en el anterior turno de defensa de enmiendas,
entendemos que esta moción es extemporánea. La presentan aquí porque
saben que con su mayoría absoluta va a salir adelante. Les da igual que
esto se esté debatiendo en el Congreso. Les da igual que ustedes estén
participando en ese debate —usted ha admitido que se han presentado
enmiendas luego están participando en él—. Les da igual la suerte
que corran esas cuestiones en el Congreso. Lo que buscan —y ya se
ha dicho aquí— es la foto del día; buscan, además —parece que
esto se ha convertido en su única propuesta para España—, aparecer
como los más duros entre los duros frente al soberanismo, en esa especie
de competición —lo acaba de comentar el portavoz de Podemos y le
aseguro que no nos hemos puesto de acuerdo— a mi juicio absurda
entre las derechas de este país.


El Grupo Socialista, desde luego, no va a colaborar en la
utilización torticera de esta Cámara, que, además, se suma a otras
muchas, y le pongo dos ejemplos; uno, la Comisión de Investigación sobre
la financiación de los partidos políticos, que no es una comisión, sino
una contracomisión, porque se programa en función de lo que ocurre en la
verdadera comisión de investigación que se lleva a cabo en el Congreso;
esto es así; y dos, su empecinamiento en traer al presidente del Gobierno
a esta Cámara cuando ustedes digan, como ustedes digan y para lo que
ustedes digan; ustedes no traen aquí a Pedro Sánchez para hacer política,
lo quieren traer para hacer circo y amarillismo básicamente.


El Partido Popular, el del respeto al Senado, ha inaugurado la era
del rodillo en la oposición. Nosotros hemos presentado en el Congreso,
como saben, una proposición de ley que plantea establecer excepciones,
que actualmente no existen, a la posibilidad de conceder indulto en
función del tipo de delito que se cometa, aunque esto también podría ser
discutible, ciertamente. Pero nuestra propuesta se ciñe a dos delitos en
concreto: los casos de corrupción y los de violencia de género. ¿Por qué
estos dos? Porque los primeros, los delitos cometidos por responsables
políticos en el ejercicio de su cargo afectan a la esencia misma del
sistema, cuestionan el propio sistema, que a su vez es la razón por la
que resultan tan escandalosos a ojos de la sociedad. Y los segundos, los
delitos de violencia de género, porque son un problema de enormes
dimensiones, que afecta a la mitad de la población española. Como todas
las mujeres españolas pueden ser potenciales víctimas de esta lacra, es
realmente un problema de Estado y por ello lo hemos incluido. Y
entendemos que es en ese procedimiento donde hay que hablar de lo que
haga falta. Hablaremos de todo, de esto también. Pero es allí donde
ustedes tienen que plantear sus opciones, no aquí, ahora. Nos parece
evidente, se lo han dicho también, que esto es fruto del frenesí
antiindependentista que se empeñan en exhibir día sí y día también y de
algún que otro cálculo electoral, posiblemente de las dos cosas.


A la propuesta del Grupo Popular solo le falta ponerle nombres y
apellidos, usted lo ha reconocido de manera implícita, los nombres y
apellidos de los políticos catalanes presos a consecuencia de los hechos
relacionados con el proceso independentista. Así no se legisla, ustedes
lo saben.


Por otra parte les digo, señorías del Partido Popular, que ustedes
no dejan, para enmarcar bien su discurso de enfrentamiento en este
contexto, de hablar de golpe de Estado, de golpistas. Pero hubo más
consenso en denominar como golpe los hechos del 23 de febrero, y no
recordamos iniciativa legislativa alguna de su grupo cuando se produjeron
las peticiones de indultos de Armada y de Tejero. Claro que siempre ha
habido clases; se conoce que de rebeliones, también.


En fin, hoy podíamos ser más operativos, más útiles. Podíamos
estar hablando ahora de otra cosa, pero también podíamos tener un Partido
Popular que hiciera una oposición seria y constructiva y no es el caso,
la verdad.


Vamos a votar en contra de esta moción.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero dar las gracias, aunque no esté presente,
a la señora Domínguez de Posada por haber manifestado que va a votar a
favor de la moción que acabamos de presentar.


Me he debido de explicar muy mal, senadora Julios. El Congreso
activó ayer una iniciativa ultracongelada durante dos años porque el
Grupo Popular ha presentado esta moción hoy aquí; una iniciativa
socialista la activó ayer solo durante dos minutos para constituir una
ponencia. Punto.


Senadora Ahedo, usted se lamentaba de que no podamos contar con
ustedes, pues si ya lo sabemos. Es muy difícil para nosotros contar con
ustedes, sobre todo desde hace un tiempo, ¿verdad?


Senador Estradé, vaya regañina que me ha echado. No le pienso
pedir perdón por presentar esta moción. Ya me disculpará. No, no, la
presentamos, y estamos muy orgullosos de ello. ¡Vaya regañina!; Guerra
Civil incluida, señorías. ¡Pero si la Comisión de Justicia donde tratamos
la Legión Cóndor y demás fue el mes pasado, en septiembre! Señoría, por
favor, que estamos en otra cosa.


Al senador Comorera le diré que me remito a los datos que le he
dado al senador Mulet, sobre el número de indultos habidos en el último
Gobierno del Partido Popular.


Señorías, no sé qué es lo que han oído, porque, como bien han
dicho, cometimos un error a la hora de presentar la moción y tuvimos que
presentar una corrección de errores. La presentamos, y yo les voy a leer
textualmente el párrafo que les he leído: En estos días, algunos miembros
del Gobierno han señalado la oportunidad de indultar a los políticos
presos catalanes como manera de solucionar «el conflicto» —lo digo
entre comillas para el Diario de Sesiones— en Cataluña. Yo no he
comprado absolutamente ningún discurso y, naturalmente, no hay ningún
preso en España, que quede muy clarito.


Pero voy a contestar al Grupo Socialista que ha dicho que es una
moción extemporánea y preventiva, entre otras muchas cosas. ¿Por qué es
preventiva? Primeramente, señoría, la moción —cada vez estoy más
convencida— es oportuna porque es consecuente y conveniente. Y es
preventiva —responderle me resulta muy fácil—, señoría,
porque no nos podemos fiar de su partido, de su Gobierno, ni de su
palabra. Porque no hay más que escuchar lo que dicen. No son casuales
todas esas repentinas declaraciones a las que me he referido. Lo que
ustedes han dicho ya lo habían anunciado antes, pero no se acuerdan. ¿Se
acuerdan, señorías, del señor Iceta, que en plena campaña autonómica
anunció que solicitaría el indulto para quienes resultaran condenados por
su participación en el proceso independentista porque en Cataluña
—comillas— «iba a ser necesario cerrar heridas que tienen un
origen político»? ¿Y la respuesta del PSOE cuál fue? ¡Ah!, que era una
opinión personal de su candidato. Hoy, que están ustedes en el Gobierno,
vemos cómo una opinión personal puede acabar siendo una postura
compartida por su partido y por su Gobierno; una postura totalmente
incompatible con el sentido de Estado y el respeto a la división de
poderes en los que se basa nuestra democracia.


Pero le voy a dar más pistas del señor Iceta, senadora Iglesias.
Se manifestó en contra de prohibir por ley los indultos por sedición y
rebelión cuando mi grupo registró sus enmiendas en el Congreso para
impedirlos. No se pueden cambiar las leyes para casos concretos, dijo.
¡Qué pronto se les olvida a ustedes la doctrina Iceta cuando esos casos
concretos se refieren a sus intereses particulares! Entonces sí les
parece conveniente cambiar una ley orgánica para reducir las competencias
del Senado, ¿verdad? Eso sí les vale a ustedes. Lo suyo es cambiar las
normas para poner coto al Senado, no a los independentistas. (Aplausos).
Eso es lo suyo. ¿No se dan cuenta ustedes de que así están dando más aire
y más alas a los que pretenden saltarse todos los límites? ¿Tan ciegos
están? Porque todo esto —no nos engañemos, señoría— no son
fotos ni mandangas, todo esto es el pago de la factura de la Presidencia
del señor Sánchez. Y no se puede ser presidente de todos los españoles
cuando se es deudor de una parte de los políticos catalanes ni se puede
trabajar por el interés general cuando te marcan la agenda los
independentistas catalanes. Es responsabilidad del Gobierno asegurar el
pleno respeto a las normas y a las leyes, al orden constitucional y
también al orden público, señorías, a los derechos de todos los catalanes
y a los deberes de sus gobernantes, porque tienen derecho a que se les
respete la gente que no quiere que se corten carreteras, la gente que
obedece las resoluciones de los tribunales, la gente que está en contra
de que se legisle en contra del ordenamiento jurídico español, y la gente
que está siendo señalada, aislada, insultada, perseguida e increpada por
los del otro lado; toda esta gente tienen derecho a que se respeten sus
derechos. Y difícilmente puede defender...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora VINDEL LÓPEZ: ... el cumplimiento de la ley
—termino, señor presidente— quien cuestiona las decisiones de
los tribunales o la conveniencia de sus medidas. Considerar un acto
privado un auto de procesamiento... ¡Pero, señorías!


Nosotros apostamos por la ley y su cumplimiento. Es nuestra forma
de hacer política como lo es asegurarnos que ningún Gobierno utilizará el
indulto como un pago de sus acuerdos. Lo demás, son historias.
(Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Vindel.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY BÁSICA DE AGENTES FORESTALES.

622/000022

GPPOD


El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los
puntos 7., 7.1. y 7.1.1.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la defensa de la toma
en consideración tiene la palabra la senadora Vilà.


La señora VILÀ GALÁN: Muchas gracias, presidente.


Quiero agradecer hoy aquí la presencia de los y las agentes
forestales y medioambientales que nos acompañan de Aeafma, de UGT, de
Comisiones Obreras, de CSIF y de APAF. También quiero dar las gracias a
aquellos que desgraciadamente no nos pueden acompañar hoy porque han
muerto o han sido asesinados en acto de servicio. Me refiero a Xavi y a
David, que fueron asesinados por un cazador el pasado 21 de enero
de 2017; también a los cuatro agentes fallecidos en actos de servicio.
Toda nuestra solidaridad para ellos y sus familias. También damos las
gracias a todos los agentes que han sufrido agresiones graves, que son
muchos. Según este mapa que les muestro solo entre 2015 y 2018 ha
habido 32 las agresiones graves o asesinatos o muertes en acto de
servicio.


En esta Cámara hemos visto cómo el Grupo Popular ha presentado
una y otra vez mociones de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero en estos reconocimientos
nunca incluyen a los agentes forestales y medioambientales, sino a los
que han intervenido, por ejemplo, en el conflicto catalán, como hemos
visto hoy, olvidándose de aquellos y aquellas que día a día, sin hacer
ningún ruido y si ningún foco mediático, luchan para preservar nuestro
medioambiente, nuestra flora y nuestra fauna, arriesgando su vida
demasiadas veces.


En su artículo 45, sobre el papel de las administraciones
públicas como garantes de la utilización racional de los recursos
naturales, la Constitución reclama, entre otros instrumentos, la creación
de un cuerpo específico de policía ambiental que debe articularse en
torno a la figura histórica y reconocida de unos funcionarios públicos,
los agentes forestales, que desempeñan de forma innegable un papel
crucial en la protección de nuestros recursos naturales. El año pasado,
en 2017, celebrábamos el 140 aniversario de su existencia. Les debemos
mucho a los guardias forestales y ambientales que en condiciones
laborales, francamente mejorables, han velado con rigor y profesionalidad
por los ecosistemas naturales y seminaturales de nuestra tierra. Sin
embargo, y por desgracia, no siempre tienen el reconocimiento ni las
herramientas y respaldo legales para poder desempeñar su encomiable labor
con eficacia, independencia y seguridad, y de esto va esta proposición de
ley.


Se ha evidenciado en los últimos años que España sufre una crisis
territorial y que este Estado autonómico diseñado por la Constitución
de 1978 ha generado un marasmo de regulaciones y una disparidad entre los
distintos cuerpos de guardería forestal que nos ha llevado hasta donde
estamos hoy mismo. En estos momentos, existen cuerpos de guardería de
carácter autonómico, pero también local. Existen denominaciones,
funciones y atribuciones absolutamente dispares que, a nuestro juicio,
requieren una equiparación al alza. De ahí que propongamos para su debate
en las Cortes Generales del Estado esta proposición de ley que aspira,
únicamente, a establecer el régimen jurídico básico de los cuerpos y
escalas de agentes forestales y medioambientales y el marco jurídico
adecuado para el desempeño de las labores de policía, custodia y
vigilancia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y ambiental con
carácter de legislación básica, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1, apartados 18 y 23 de la Constitución.


No se trata, ni mucho menos, de garantizar la uniformidad en todo
el Estado de este cuerpo, sino de establecer una ordenación de mínimos,
susceptible de desarrollo autonómico, respetuosa siempre y en todo caso
con la distribución competencial. Aquellas comunidades que ya tienen una
jurisdicción propia y desarrollada, como el caso de Cataluña y Madrid, no
se verán para nada afectadas. Se trata, señorías, de tener un espíritu de
cooperación y solidaridad con aquellas que no lo tienen. Se trata de
garantizar un estándar de calidad para todos los cuerpos,
independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentren.
Porque la orografía no entiende de fronteras políticas ni
administrativas. No les pregunten a las especies en peligro de extinción
si se encuentran en Cataluña o en Aragón porque no lo saben. Lo que
votamos hoy, señorías, no es la aprobación del texto presentado por esta
formación política, sino el texto presentado por los propios agentes
forestales y medioambientales y ustedes van a poder enmendarlo si así lo
desean una vez pase la toma en consideración.


Una vez aprobada la toma, como bien saben, se podrán formular
enmiendas y debates parlamentarios para consensuar el alcance y contenido
de todos y cada uno de sus preceptos. Estoy segura de que podremos
encontrar un texto equilibrado que dé las adecuadas respuestas a las
necesidades de la guardería ambiental y forestal y recoja las diferentes
sensibilidades del arco parlamentario.


Les animo de corazón a que hagan todas las enmiendas que precisen
necesarias si es que este texto no les complace, pero también les animo
encarecidamente a que dejen pasar esta ley al Congreso para que sus
esfuerzos no queden en cenizas, para que las agresiones que han sufrido
no queden en el olvido. En el Congreso nuestros grupos respectivos
tendrán ocasión de materializar una ley a gusto de todos, pero dejen, por
lo menos, que los agentes forestales y medioambientales tengan la ocasión
de ver cómo se debate su ley y de ver cómo su trabajo es relevante para
nosotros.


Votar en contra de la toma en consideración significa rechazar de
plano el debate parlamentario sobre la mejora de las condiciones de este
colectivo que, insisto, realiza una labor fundamental frente a la
infracción y el delito medioambiental en unas condiciones de desamparo y
aislamiento que reclama la intervención urgente del legislador. Creo
sinceramente que ni la guardería forestal y ni el medioambiente se
merecen tal desplante.


La policía ambiental es un instrumento de tutela ambiental y, por
tanto, afecta al título competencial de medioambiente que regulan los
artículos 148.1, apartado 8, y 149.1, apartado 23, que atribuyen al
Estado la competencia para dictar la legislación ambiental básica y a las
comunidades autónomas su desarrollo normativo, gestión y aplicación. La
Constitución contempla la posibilidad de desarrollar leyes básicas para
garantizar unos mínimos de calidad en el servicio y las condiciones
laborales de nuestros servidores. Eso no es invadir competencias,
señorías, porque cada comunidad autónoma hará lo que crea más
conveniente; eso es futuro, bienestar para todos; eso es cooperación
entre los distintos pueblos y autonomías del Estado.


La proposición de ley básica de agentes forestales que hoy les
presentamos es un reconocimiento a la labor de los distintos cuerpos,
puesto que, tal y como decimos en su exposición de motivos, los agentes
forestales realizan funciones de policía y sufren los mismos conflictos
que otras policías, pero en su caso les ocurre en medio del monte, en
solitario muchas veces y ante personas armadas cuando se trata de
verificar el ejercicio de la actividad cinegética. Estas agresiones deben
contemplarse desde la perspectiva de la seguridad laboral y, por ello, es
imprescindible que empecemos a elevar la categoría de estos agentes,
regulando sus atribuciones, sus funciones y su dotación de medios.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Vilà.


¿Va a haber algún turno a favor o en contra? (Denegaciones).


Pasamos entonces al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Domínguez de Posada.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Voy a ser muy breve. He leído la propuesta que hace el Grupo
Parlamentario de Podemos, que, como decimos en Asturias, mezcla un poco
churras con merinas, contiene errores importantes e invade asuntos
competenciales de las comunidades autónomas. La técnica legislativa, la
dicción y la redacción, tampoco es excesivamente buena —ya sé que
todo eso se puede modificar—, no concreta los medios de defensa que
deben portar los agentes forestales y parece, incluso, que deja abierta
la posibilidad a que los agentes forestales sean un cuerpo armado, algo
que en Asturias preocupa y mucho. Yo con mi voto no impediré que pase al
Congreso, porque, señorías, me abstendré.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Domínguez de Posada.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Bienvenidos a todos los agentes
forestales, a todos los sindicatos, al cos d?agents rurals de
Cataluña.


Señorías, Cataluña cree en la necesidad de un cuerpo de agentes
rurales consolidado, que permita funciones en la gestión del medio y de
la policía medioambiental; no solo lo creemos, sino que llevamos muchos
años trabajando y regulando para que sea así. Es cierto que quedan muchas
cosas por atender y mucho por hacer, pero ya me referiré a ello
luego.


Con esta proposición se pretende generalizar los elementos
esenciales que podemos encontrar en el modelo actual competencial y
organizativo del Cos d?Agents Rurals al resto de comunidades autónomas.
Hasta aquí ningún problema. Pensamos que tiene que ser así, que es un
sector que tiene que estar asistido y bien regulado. Desde aquí nuestro
reconocimiento a los agentes rurales. Yo vengo de una zona, el Pallars
Sobirá, que es en sí toda la comarca un ecosistema natural y el Cos
d?Agents Rurals es un cuerpo cercano, respetado y querido. Y voy a hacer
referencia también a aquellos agentes que han perdido la vida, han sido
asesinados y que han consternado al país y también a aquellos que han
sido maltratados o han recibido alguna agresión ejerciendo sus funciones
para proteger nuestro medio.


¿Dónde encuentro yo —y también mi partido, el Partit
Demòcrata, y la Conselleria de Agricultura de nuestro Gobierno— el
problema? En el instrumento. Se nos plantea como una ley básica estatal,
y ahí no estamos cómodos. Es cierto que es una ley básica estatal que
toca un poco todo, por ejemplo, pretende regular el régimen jurídico.
Somos conscientes y conocemos el debate que hay sobre el modelo, sus
funciones de colaboración con la gestión del medio natural y sus
funciones de policía judicial, y cómo reforzar una u otra o ambas.
Conocemos este debate. Toca las condiciones como agentes de autoridad;
define sus funciones; describe sus facultades; trata incluso su relación
con otras fuerzas y cuerpos de seguridad en relación concurrente de
cooperación y no subordinada; su condición de servicio público de
intervención y asistencia en emergencia; la uniformidad; los medios de
defensa —poco concretos en la propuesta, es cierto—; el
acceso al cuerpo; los programas de formación. Lo toca un poco todo.


Pero después de decir esto, tengo que incidir en que la propuesta
en sí misma no se muestra contraria a las competencias, funciones,
estructura y organización del Cos d’Agents Rurals en estos
momentos, pero ustedes saben que tenemos una normativa específica en
Cataluña y hemos trabajado mucho para que así sea. Somos conscientes de
que queda trabajo por hacer. Y esta normativa se ha realizado sobre la
base de los debates en el Parlament de Cataluña con los diferentes
gobiernos y también, cómo no, como tiene que ser en democracia, con la
aportación de la oposición en aquellas cosas que creen que no se están
haciendo suficientemente bien.


En Cataluña hay un plan estratégico específico organizativo y
operativo. En estos momentos, por ejemplo —no sé si me dará tiempo
a abordarlo todo—, estamos intentando desplegar un reglamento de
armas. No es poca cosa ni material sencillo, y ustedes lo conocen bien,
pero tenemos intención de continuar desplegando este modelo propio sin
ningún problema para que se pueda implementar en cualquiera de las otras
comunidades.


Nosotros entendemos la ley marco como un riesgo al despliegue de
nuestro propio sistema, como todas las leyes marcos que se han hecho en
este país. Luego me referiré a lo que hacemos en Cataluña por si no tengo
tiempo. Ustedes saben —y no voy a pedir perdón por tener una visión
jacobina del Estado— que en Cataluña estamos inmersos en un procés
polític muy complicado en un entorno de represión, con presos políticos y
exiliados, y nosotros no vamos a rebajar las expectativas en este
sentido. Durante toda la X Legislatura no dejamos de defender
competencias de las comunidades autónomas, pero, para nosotros, esta
propuesta de ley marco va más allá del puro autonomismo: es una
centralización, y así lo entendemos.


Dicho esto, ¿esto tiene que ser un problema para dar solución al
colectivo? No, pero quizás es más complicado si cada uno aborda el marco
competencial que tiene conferido.


En Cataluña, respecto a esta propuesta —y ya les digo que
queda trabajo por hacer—, su condición de agentes de la autoridad
con funciones de policía administrativa especial y de policía judicial
está recogida en el Estatut. Hay mucho camino por recorrer, pero esto ya
está recogido. Las funciones están definidas en la Ley 13/2003, de 4 de
julio, del Cos d’Agents Rurals, así como en el Decreto 266/2007,
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de este cuerpo. En
cuanto a las facultades, es cierto que la legislación catalana no es tan
amplia como la que ustedes proponen aquí. El artículo 58 de la Ley de
montes también lo recogía como se propone. Se hace una mención al tema de
los drones, que sé que es un tema que se tiene que implementar, pero no
es la máxima preocupación del Cos d’Agents Rurals. Está integrado
en este momento y tienen autorización de los operadores. Es cierto que a
partir de una altura no se puede operar todavía, pero está integrado.
También lo están los medios de defensa; el proyecto de decreto de armas
del Cos d’Agents Rurals; la uniformidad entendida como equipo de
protección individual; la participación en emergencias.


Pero llegamos a un punto, que yo creo que es crucial y que
ustedes plantean —y que nosotros y el Govern lo encontramos muy
interesante—, que es la propuesta de modificación del reglamento de
armas para poder acceder a una licencia tipo A. Esto sería absolutamente
positivo para el cuerpo, pues con ello se podría evitar que hubiera tres
licencias diferentes, como ocurre en este momento: las de fuego
defensivas —tipo C— y la de gestión de fauna —tipo D y
E—, y que estas no tengan que estar sujetas a renovaciones cada
cinco años.


Por tanto, quiero dejar negro sobre blanco que nosotros estamos a
favor de encontrar una solución. Conocemos la problemática. Hace
muchísimos años que el Parlament de Catalunya se esfuerza para dar
cobertura, la que se merece, a este cuerpo, que, por otra parte, es un
cuerpo reconocido y respetado en Cataluña. Sin embargo, no nos gusta el
instrumento que ustedes nos proponen aquí. Yo estaría mucho más cómoda,
como miembro del Partit Demòcrata y atendiendo a las sugerencias que hace
el departament en cuanto a posibles interferencias en su despliegue,
votando no, pero no lo haré, no seré yo quien ponga palos a las ruedas
para que se pueda debatir y encontrar soluciones a este asunto. Si el
Gobierno central está por la labor de dar cobertura a lo que necesitan
estos cuerpos y estos agentes en las competencias de Interior, sabremos
entendernos, porque al final, el Estado —que no es el que nosotros
queremos, ya que lo queremos superar—, el que tenemos en este
momento, se basa en las premisas de respeto competencial, coordinación,
diálogo, cooperación, eficacia y eficiencia. Solo con lo que tenemos, si
hay voluntad, nos podemos entender.


Por tanto, nosotros nos abstendremos para que se pueda debatir
esta cuestión y en el debate nos encontrarán. Los agentes saben que
estamos a su lado y que propondremos todas aquellas aportaciones que sean
buenas para el cuerpo, pero que respeten nuestro ámbito competencial y
que sea el Parlament de Catalunya quien legisle sobre el Cos
d’Agents Rurals de Catalunya y no que, con la excusa de que el
Ministerio del Interior no atiende sus obligaciones, una ley marco quede
en manos del Estado para que aquello que se ha legislado en un Parlament
lo legislen desde España.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna;
arratsalde on, senatari jaun-andreok; arratsalde on también a los que nos
están escuchando desde la tribuna.


No creo que vaya a desviarme mucho de lo que se ha dicho aquí
hasta ahora, pero voy a intentar aclararlo.


Senadora Vilà, nos presentan aquí la toma en consideración de una
proposición de ley básica de agentes forestales. El concepto nuclear es
el de básica. Vaya por delante que no vamos aceptar que el hecho de no
estar de acuerdo con tomar en consideración esta proposición de ley
—que a nuestro juicio, invade clara y gravemente las competencias
recogidas en el Estatuto de Gernika— se confunda con una
despreocupación sobre la seguridad de los forestales y sus condiciones de
trabajo, de los vascos o del resto. Eso no lo vamos a tolerar.


Conocemos los esfuerzos sectoriales que se han hecho para
facilitarnos la debida información y, como tal, queremos considerar lo
que estamos viendo y leyendo en mensajes y en redes sociales. Por eso
mismo quiero ser muy claro y cuidadoso en la exposición de nuestros
argumentos, para que nadie se equivoque.


Señorías, nosotros estuvimos en contra de la modificación de la
Ley de montes que planteó el Partido Popular en la X Legislatura. Por las
mismas razones, tampoco podemos aceptar el sentido último y básico de
esta propuesta. La proposición de ley resulta contradictoria en su propio
seno. Desde una perspectiva competencial, pretendidamente se respetan las
competencias autonómicas, pero se impulsa una ley que será básica en un
doble sentido: material y formal. La proposición regula en su artículo 3
la naturaleza jurídica de los que denomina agentes forestales y
medioambientales y les atribuye la condición de Policía administrativa
especial y de Policía judicial y el carácter de agentes de la autoridad.
En cambio, a día de hoy, por ejemplo, en el caso vasco, cada diputación
competente en el tema de montes ha apostado por su propio esquema de
trabajo, y creemos que con suficiencia, por lo que este artículo 3
invadiría y eliminaría la capacidad de autorganización de la institución
competente.


El artículo 4 les atribuye una serie de funciones de policía
medioambiental que trasciende el contenido del concepto básico, dada su
pormenorización. Muchas de las funciones que ahí se señalan ya se
realizan a día de hoy por los cuerpos existentes, pero puede darse la
circunstancia de que incluso, en función del organigrama en el que estén
integrados, no se realicen todas.


En Vizcaya, que es el territorio del que provengo, tenemos
guardas forestales que dependen del servicio de Montes, guardas de caza y
pesca que dependen del servicio de Fauna y Cinegética, guardas
medioambientales que dependen de Patrimonio Natural y, por supuesto, el
grupo de delitos medioambientales de la Ertzaintza, y las cosas
funcionan. Como ha dicho la senadora Rivero, siempre se pueden mejorar,
evidentemente; se pueden mejorar y mucho, y esperemos que sea así, pero
funcionan.


No estamos de acuerdo con que sea una ley básica la que equipare
a los agentes forestales vascos a las fuerzas y cuerpos de seguridad sin
que esa reflexión y esa decisión sea tomada por las instituciones vascas
competentes, ejecutivas y legislativas. Por otro lado, las funciones de
colaboración y cooperación expuestas en el artículo 6 ya se vienen
realizando, entendemos que con cierto éxito, entre los forestales vascos
y la Ertzaintza, que, como ya se ha dicho en esta Cámara, es una policía
integral totalmente integrada —valga la redundancia— en el
esquema Schengen.


Consideramos que en el artículo 7 también se regulan los
servicios de emergencia más allá de lo que puede considerarse básico,
pero lo mismo podemos decir del artículo 10, que establece la
uniformidad, acreditación y vehículos. Por cierto, en los años ochenta se
obligó a todos los agentes forestales de Vizcaya a ir uniformados, y al
final tuvo que eliminarse el decreto porque los propios agentes, los
propios guardas, no lo cumplían y no lo querían. Ya ven, autorganización,
y si hace falta introducir los uniformes de nuevo, plantéese, discútase,
lléguese a un acuerdo y hágase.


En el artículo 11 también se establecen los medios de defensa
reglamentando, literalmente, las condiciones, protocolos, servicios,
modelos y personal que deban portar medios de defensa, invadiendo
cualquier competencia de seguridad ciudadana y capacidad de
autoorganización de las instituciones competentes, en este caso las
vascas. En Vizcaya, por ejemplo, existe el llamado Código 10 desde hace
más de diez años, esto es: protocolo de violencia externa de la guardería
forestal de la diputación, o sea, procedimientos de trabajo, protocolos
de actuación y formación bajo el objetivo político de riesgo cero para
aquellos casos en los que el/la agente forestal esté solo o intuya
posible riesgo. Curiosamente, en estos diez años de funcionamiento nunca
se ha activado el protocolo; en estos últimos meses, casualmente, en los
que han repuntado los casos, la activación del Código 10 ha sido
considerada una falsa alarma en el 99,9 % de los casos, de lo cual nos
felicitamos y alegramos.


En el artículo 15 se establecen los sistemas de formación y se
actualiza la adecuación de cuerpos y escalas de agentes forestales
medioambientales, así como la promoción específica en su seno, utilizando
las categorías similares a los cuerpos nacionales, como en casi toda la
proposición de ley.


En el artículo 17 se adscribe indefectiblemente la guardería al
área de medioambiente, olvidando que bien pudieran estar en el área de
agricultura o donde se englobasen los servicios de montes.


Y, por fin, la disposición final cuarta procura la habilitación
para el desarrollo reglamentario. Ya observamos en esta disposición final
la vocación centralizadora de la proposición de ley y, de facto, la
conversión de los agentes forestales y medioambientales en un cuerpo
nacional, que si por algo se caracteriza es porque la legislación estatal
uniformiza su régimen estatutario.


Por otra parte, en el caso de Euskadi, el artículo 11.1.a) de su
estatuto de autonomía le confiere competencias de desarrollo legislativo
y ejecución en materia de medioambiente y ecología. El artículo 10.8 del
mismo estatuto atribuye a Euskadi la competencia exclusiva de montes,
aprovechamiento de servicios forestales, vías pecuarias y pastos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la
Constitución.


Y ahí está el truco. Analizando los preceptos de la disposición y
la jurisprudencia constitucional en esta materia, llegamos a la
conclusión de que la regulación del régimen estatutario de los agentes
forestales y medioambientales no puede considerarse un concepto básico
que habilite la competencia estatal. Además, señorías, la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, general de protección de medioambiente del País Vasco,
establece en su artículo 106.2, de inspección y control, que el personal
que realice la inspección dispondrá en el ejercicio de esta función de la
consideración de agentes de autoridad, hallándose facultados para
acceder, en su caso, sin previo aviso tras su identificación a las
instalaciones en las que se desarrollen actividades objeto de esta ley.
Por tanto, ya la legislación vasca en materia medioambiental confiere el
carácter de agentes de autoridad a los agentes forestales que realizan
las funciones disciplinarias previstas en ella. Prevé su sistema de
identificación y la presunción de certeza de sus actas de
infracción.


Nosotros consideramos que no es preciso que la legislación
estatal identifique en Euskadi la naturaleza de este cuerpo autonómico.
En materia de montes la competencia de Euskadi es de naturaleza foral, en
virtud de lo dispuesto en la Ley de territorios históricos, existiendo
normas forales en los tres territorios históricos de la comunidad
autónoma vasca. Todas estas normas forales atribuyen el carácter de
agente de autoridad a los guardas forestales e inspectores que ejercen
las abundantes competencias que en materia de montes esta norma dispone.
Por último, si estamos ante una policía administrativa, una policía
administrativa especial y policía judicial, los artículos 13, 14 y 17 del
Estatuto de Gernika confieren a las instituciones vascas tanto las
competencias policiales, que se corresponden con una policía integral,
como las propias de la Policía judicial.


Por todo esto, no podemos aceptar este texto como base para una
proposición de ley en la materia. Ni como texto final, por supuesto; ni
mucho menos como texto para iniciar el debate. Entendemos que haya que
ocuparse de todo esto, sobre todo allá donde no se ha desarrollado nada.
Eso lo entendemos. Pero una ley básica afectaría a todas las comunidades
autónomas y nosotros creemos, como ya hemos dicho, que eso invadiría
enormemente las competencias de la comunidad autónoma vasca. No podemos
votar a favor de una norma que, con el objeto de solucionar un problema
en las comunidades autónomas —o donde sea— que no han
cumplido con sus obligaciones, invada y condicione las competencias de
aquellas otras que lo hemos estado haciendo, y creo que mejor; pero, al
menos, lo hemos estado haciendo o lo hemos intentado.


Porque cuando se habla de una ley básica, de legislación básica,
siempre acaban dándonos un mordisco en nuestras competencias, siempre,
indefectiblemente. Y esta legislación básica nos da más miedo que un
nublado, entre otras cosas porque hasta el Partido Popular se podría
plantear aceptarla, yendo en contra de su propia modificación previa,
porque es claramente recentralizadora.


Por eso vamos a votar en contra, con el compromiso de que
seguiremos trabajando como hasta ahora para que los agentes forestales y
el resto de funcionarios y empleados públicos, bajo la competencia de las
instituciones vascas, desarrollen sus actividades de la manera más segura
y eficaz posible. Apoyaremos cualquier medida y trabajaremos en ello para
que se pueda extender al resto del Estado, mejorando lo que haya que
mejorar, pero siempre con nuestra capacidad de autorganizacion y respeto
absoluto a las competencias de las instituciones vascas. Y aquí partimos
de una proposición base que no permite trabajar. Podrían haber utilizado
cualquier otra figura, sin que fuera una ley básica, porque la ley básica
es lo que es, afecta a todo el mundo, y además, cuando se empieza a
discutir una ley básica siempre acabamos perdiendo los que tenemos
competencias y los que queremos desarrollarlas y ejecutarlas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Aubà.


El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, señor presidente.


Mando un saludo a los agentes forestales que nos acompañan.


La propuesta que nos presenta la senadora Vilà nos parece
interesante, sobre todo, para aquellas comunidades que no tienen
regulación alguna, que no es el caso de Cataluña.


Permítanme que ponga en valor el trabajo del Parlamento de
Cataluña, que durante muchos años, como ha comentado la senadora, ha
venido legislando y aprobando diferentes modelos que han dado resultado,
así como a la exconsellera de Agricultura, Meritxell Serret, que supo dar
a los agentes rurales el rango de dirección general, poniendo en valor a
este colectivo; además de la continuidad que le está dando la actual
consellera de Cultura, Teresa Jordà.


Por este motivo que he expuesto, estamos a favor de dar soporte a
la toma en consideración de esta proposición de ley. Pero, como han dicho
los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, estaremos
también muy pendientes para que no interfiera en las competencias de la
Generalitat. Por tanto, soporte sí, pero vigilantes, porque, como decía
el senador que me ha precedido, vemos que el Estado siempre acaba
mordiendo a las comunidades autónomas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aubà.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Vilà.


La señora VILÀ GALÁN: Muchas gracias, presidente.


No sé si ustedes se dan cuenta de que esta ley nos ha puesto a
todos delante del espejo, porque se han alineado las derechas. Resulta
que Foro Asturias, PDeCAT y PNV —y me falta por escuchar al Partido
Popular, pero en su día presentamos una moción para pedir una comisión de
estudio para trabajar de forma pausada sobre esta le y ver si era
posible, si era factible, y el Partido Popular ya votó en contra por
invasión de competencias—, todas las derechas del Senado, se han
puesto de acuerdo alegando invasión de competencias: las
recentralizadoras, como el Partido Popular y Foro Asturias, y las
nacionalistas como PNV y PDeCAT. Algo raro hay en esta ley, algo pasa que
no están explicando y algo pasa que no nos quieren contar; pero es raro,
como mínimo, extraño.


Lo que hoy venimos a reivindicar no es solo un problema propio de
los agentes forestales y medioambientales de nuestro país; más de un
millar de agentes forestales de todo el mundo han fallecido y muchos más
han resultado heridos en los últimos diez años mientras estaban en acto
de servicio. La gran mayoría asesinados por cazadores furtivos en busca
de animales para comercializar ilegalmente con ellos, como rinocerontes o
elefantes. Esto no es típico de aquí, pero está pasando en todo el mundo
y también nos afecta. Así lo aseguraron Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y la Federación Internacional de
Guardabosques. Eso es lo que les ocurrió a Xavi y a David, nuestros
compañeros asesinados por un cazador en Lleida en acto de servicio. La
directora general de la UICN, Inger Andersen, señaló en un mensaje con
motivo del Día Mundial de los Guardabosques que muchas muertes de agentes
forestales no se denuncian, con lo que el número real de quienes mueren
mientras trabajan en todo el mundo es probablemente mucho mayor.


En definitiva, hablamos muchas veces de héroes anónimos. Nuestros
agentes forestales y medioambientales han dicho basta y durante más de un
año y medio han abandonado sus diferencias ideológicas, sus diferencias
sindicales, sus diferencias políticas para trabajar en el texto que hoy
les presentamos. Estos y estas agentes han sido capaces de dejar sus
diferencias a un lado y también sus procedencias autonómicas y locales
para elaborar un texto de mínimos. Nos resulta un poco triste que se nos
diga en esta Cámara —básicamente vengo a resumir la intervención
PDeCAT y del PNV—: nos importan nuestros agentes territoriales, nos
importan los agentes territoriales de nuestra comunidad autónoma o de
nuestra nación, pero no nos importa lo que les pase a todos los demás.
Francamente, nos parece lamentable, porque aquí tenemos una oportunidad,
lo hemos dicho por activa y por pasiva, con artículos de la Constitución,
de explicarlo. Y lo voy vuelvo a explicar: esta ley básica no invade sus
competencias y para nada tendrán que renunciar a lo que ya han regulado
en sus comunidades autónomas.


Vamos a hablar claro. A aquellos que se excusan diciendo que esta
ley puede invadir competencias, les digo que dejen esas mentiras a un
lado, porque no les creemos, ni tampoco los agentes forestales. Hemos
dicho por activa y por pasiva que el artículo 149.1.23 de la Constitución
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre dos ámbitos
diferenciados, aunque estrechamente vinculados entre sí: por una parte,
la legislación básica sobre protección del medioambiente, sin perjuicio
de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas
adicionales de protección y, por otra, la legislación básica sobre montes
y aprovechamientos forestales y vías pecuarias. A propósito de ello, el
Estado puede impulsar esta ley básica sin perjuicio de que posteriormente
cada comunidad autónoma o Administración Local desarrolle en el ejercicio
de sus competencias el perfil de estos funcionarios que mejor atiendan
sus necesidades.


Aquellos que de repente hoy se han levantado y dicen que les
preocupa la invasión de competencias utilizan este leitmotiv para ocultar
que en realidad lo que les preocupa es tener una policía medioambiental
fuerte. Esto es lo que les preocupa. Son los mismos a los que no les
preocupa el medioambiente y a quienes les molesta la existencia de los
agentes forestales porque les hacen cumplir la normativa cuando van de
caza, cuando pretenden construirse un chalet en una zona protegida o en
suelo rústico sin autorización. También molestan a los agricultores y
ganaderos que no hacen las cosas bien, que son pocos pero que existen, y
hacen mucho daño a nuestro medioambiente con la utilización de
fitosanitarios prohibidos o con el exceso de cabaña porcina. En
definitiva, nuestros agentes forestales molestan a todos aquellos que
quieren hacer las cosas mal, hasta el punto de que se les agrede o se les
asesina.


Respecto a dicha legislación, como decía antes, el Tribunal
Constitucional ha destacado una serie de criterios de orden material,
sistematizados en sus sentencias 109/2017, de 21 de septiembre; 53/2017,
de 11 de mayo; y 101/2005, de 20 de abril, con distintos criterios.


El primer criterio es el relativo al deber estatal de dejar a un
margen el desarrollo de la legislación básica por la normativa
autonómica, que, aun siendo menor que en otros ámbitos, no puede llegar a
tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno en las
comunidades autónomas con competencia en materia de medioambiente,
vaciándolas así de contenido.


El segundo criterio consiste en que lo básico en esta materia
cumpla una función de ordenación mediante mínimos, que ha de respetarse
en todo caso pero que puede permitir que las comunidades autónomas con
competencias en la materia establezcan niveles de protección más
altos.


El tercer criterio es el referente al alcance de la afectación
transversal que las directrices básicas medioambientales pueden tener no
ya sobre las normas de desarrollo del Legislativo y la ejecución en la
propia materia de medioambiente, sino sobre las competencias sectoriales
de las comunidades autónomas con las que se entrecruzan y que están
directamente implicadas.


El cuarto criterio alude a la necesidad de que el Estado fije las
normas que impongan un encuadramiento de una política global en materia
de medioambiente, dado el alcance, no ya nacional, sino internacional que
tiene la regulación de esta materia, así como la exigencia de la
indispensable solidaridad colectiva a que se refiere en el
artículo 45.2.


Se puede decir más alto, pero no más claro: No hay invasión de
competencias.


Esta proposición de ley, señorías ha querido dejar un importante
espacio de desarrollo normativo de las comunidades autónomas,
estableciendo únicamente una ordenación de mínimos que garantice, eso sí,
el adecuado ejercicio de las funciones de la Policía ambiental,
encomendadas a la guardería ambiental y forestal. Además, esta
intervención legislativa de carácter estatal está sobradamente
justificada, conforme hemos expuesto, dentro del necesario cumplimiento
de la legislación de protección de la naturaleza, tanto autonómica como
estatal y de la Unión Europea.


No, señorías, si algo no se le puede achacar a esta proposición
de ley es que invada competencias de las comunidades autónomas o
subvierta el marco constitucional en algún aspecto. Desde aquí queremos
hacer llegar toda nuestra solidaridad a los y las agentes que han sufrido
agresiones y, por supuesto, a las familias de los fallecidos, como hemos
dicho antes.


La última agresión ha sido la sufrida por un compañero de la
Junta de Castilla y León, que fue agredido con un hacha por un ganadero
cuando el agente se desplazó a su propiedad para comunicarle una sanción
administrativa. También, como ejemplo reciente, tenemos la agresión del
compañero de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que fue
atacado por un grupo de vecinos de la localidad onubense de Lucena cuando
realizaba las tareas de inspección de pozos ilegales en el entorno de
Doñana; el agente estuvo hospitalizado tres días. Los compañeros de la
Asociación Profesional de los Agentes del Medio Natural del Principado de
Asturias encontraron un lobo decapitado encima del vehículo de uno de los
agentes del medio natural del Sella, y el mismo coche apareció con las
ruedas pinchadas. No se trata de una situación o de situaciones aisladas,
como se ha querido entender. En los últimos años se han multiplicado las
agresiones de forma insufrible, pero este número de agresiones solo hace
referencia a situaciones límite. Los casos en los que en el trabajo
sufren insultos y descalificaciones son innumerables. En el año 2013 se
les retiró las armas a los agentes forestales y de medioambiente. El
pasado 3 de octubre se subastaron en León 68 pistolas modelo Star
BKM 9mm, retiradas tres años antes; eran las últimas armas en manos de
este colectivo. Desde entonces 6500 efectivos que trabajan en España van
desarmados, y civiles con licencias dudosas las utilizan en su
lugar.


En los años ochenta, las competencias de medioambiente fueron
transferidas, ciertamente; hoy la comunidad autónoma tiene una normativa
distinta para los agentes forestales.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora VILÀ GALÁN: Termino, señor presidente.


Señorías, solo pedimos que los agentes de las distintas
comunidades puedan, por lo menos, reconocerse entre ellos. Nuestros
agentes son una de las fuerzas que más contacto tienen con las armas,
debido sobre todo a las actuaciones de control del sector cinegético.
Ante tal responsabilidad, ante tal peligro, no podemos nunca más
considerar que los agentes forestales y medioambientales son policías de
segunda.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora VILÀ GALÁN: Son profesionales y personas humanas de
primera y deben ser tratados como tal.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vilà.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Montes.


El señor MONTES JORT: Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya
a todas y a todos.


Deseo —se ha hecho ya por otros grupos, sobre todo por el
grupo proponente— comenzar mi intervención denunciando las
agresiones o intentos de agresión a los agentes forestales en el
desempeño de su labor, de su tarea, de su función, como la que ayer
sufrió un agente forestal en el municipio de Boñar, en la provincia de
León. Mi apoyo y mi solidaridad con todos los que han sido objeto de
agresiones, de ataques o de intentos de ataque, entre los que cito al
portavoz del Partido Popular, mi paisano, el señor Álvarez; mi
solidaridad con todos ellos.


Quiero saludar y dar la bienvenida a los agentes forestales que
hoy nos acompañan y agradecerles su ayuda y colaboración. Para fijar
nuestro posicionamiento hemos tenido muy en cuenta la información, su
opinión, sus propuestas y sus demandas, todas las que nos han hecho
llegar; sin duda han sido —y sobre todo espero y pido que sigan
siéndolo— fundamentales para continuar con este trabajo. Un trabajo
—me van a permitir la licencia personal— de cuidado de
nuestro medioambiente, de nuestro medio rural, de nuestros bosques, de
nuestro medio, que conozco de primera mano y me toca muy directamente.
Amigos y familiares míos, y me siento muy orgulloso de ello, se dedicaron
y se dedican a eso, y lo voy a personificar en mi abuelo paterno. A él va
dirigida esta intervención. Es una de las personas de las que más he
aprendido y cuyo trabajo, ejemplo, enseñanzas vitales y lecciones han
marcado mi vida. Mi abuelo, señorías, fue guarda forestal de los montes
de Valsaín, en la sierra de Guadarrama.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista valorando
la iniciativa de esta propuesta de toma en consideración de la
proposición de ley de agentes forestales que debatimos, y ya adelanto que
nuestro posicionamiento a favor de la toma en consideración de esta
proposición pretende buscar y facilitar su tramitación. Y lo hacemos
porque, teniendo una postura propia en el asunto, coincidimos en lo
fundamental, en el objetivo, en la necesidad de reconocer y legislar en
la materia que nos ocupa y preocupa, con la proponente.


Nuestro voto favorable a la toma en consideración va acompañado
de un compromiso, del compromiso responsable de plantear modificaciones y
enmiendas para mejorar el texto presentado y subsanar cualquier
dificultad, sobre todo de tipo competencial o constitucional, como aquí
en algunas intervenciones se ha indicado. Y es que, señorías, la
proposición de ley, tal y como se ha redactado, desde nuestro punto de
vista, para la consecución de los objetivos marcados —y eso es lo
importante, es lo fundamental—, sin duda en el trámite
parlamentario habrá que ajustar, mejorar y acometer.


En todo caso, reiteramos la importancia, queremos dejar clara la
importancia fundamental de los agentes forestales y de su trabajo, de su
función de servicio a la ciudadanía y a nuestro medio natural, y por ello
la necesidad imperiosa de dotarles del reconocimiento y el marco legal
adecuado y apropiado en el desempeño de su labor; una labor, sin duda,
como digo, fundamental, de gestión, prevención —se ha dicho aquí
ya—, cuidado, vigilancia, preservación y defensa de nuestro
medioambiente y de nuestros ecosistemas, de los seres vivos que en ellos
habitamos, de información, formación. Se trata de una tarea, señorías,
imprescindible si la entendemos desde la sostenibilidad y la solidaridad
interterritorial e intergeneracional. No se pueden poner puertas al campo
y, mucho menos, cerrarlo con una llave, y querer guardarla en el
bolsillo. En definitiva, un trabajo, una vocación, que queremos y debemos
reconocer y agradecer, a la que es necesario dotar de un marco básico
legal adecuado y viable, constitucional y competencialmente.


Por tanto, por lealtad y responsabilidad con el sector, vamos a
apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. En ese
sentido y en ese contexto, hay que entenderse, y ya tendremos tiempo
durante el desarrollo de su tramitación, como se ha dicho aquí y han
ofertado diferentes grupos, de debatir, de exponer posiciones, aspectos y
cuestiones concretas para mejorarla.


Por consiguiente, nuestra posición es constructiva para conseguir
ese mínimo común legislativo, un marco de mejora continua de la capacidad
profesional y reguladora de las importantes funciones de los agentes
forestales. En esa tarea debemos tener en cuenta, y lo hacemos, la actual
composición, el reparto de fuerzas políticas en el Senado, la mayoría que
tiene el Partido Popular en la Cámara, y la utilización que hace de ella.






La tenemos muy en cuenta la hora de marcar y definir nuestra estrategia y
posicionamiento para lograr los objetivos que, en este caso, propone la
iniciativa, diseñar la hoja de ruta y, obviamente, para conseguir ese
objetivo y evitar caer en riesgos, choques legales, constitucionales o
competenciales ni en estériles confrontaciones partidistas. El tema es
tan importante como para hacer un esfuerzo, con objeto de llegar a un
acuerdo.


Por tanto, estamos expectantes para ver cómo juega el Partido
Popular en este asunto. Vamos a ver cómo utiliza su mayoría, de manera
constructiva o destructiva. Espero, confío y deseo en que el grupo
mayoritario buscará coincidencias y soluciones. En todo caso, compañera
proponente, en este juego, en nuestra estrategia —me van a permitir
que utilice un lenguaje futbolístico—, habrá que ir partido a
partido para lograr lo que se propone. Nuestro juego será rápido, seguro
y por la banda izquierda, por supuesto. En definitiva, votaremos a favor
de la toma en consideración de la proposición de ley con el compromiso de
trabajar constructivamente para su mejora.


Señorías, en el Partido Socialista Obrero Español siempre hemos
estado en la vanguardia de las mejoras y por el reconocimiento de los
agentes forestales. No voy a relatarles aquí iniciativas parlamentarias,
ni siquiera acuerdos de gobierno, como los que se plasmaron con la
publicación del artículo 6 q) de la Ley de Montes, en la época del
Gobierno de mi compañero José Luis Rodríguez Zapatero. Reitero que el
Partido Socialista apuesta por un mínimo común legislativo, un marco de
mejora continua de la capacidad profesional de los agentes forestales y
regulador de sus importantes funciones en la gestión, defensa y
protección de nuestro patrimonio natural y de la biodiversidad; un
cuerpo, el de agentes forestales, formado por más de 6000 profesionales
en todo el país, con siglos de referencia —y también se ha dicho
aquí— en lo relativo al cuidado y trabajo a favor de la ciudadanía
y de nuestros bosques. Se trata de funcionarios públicos reconocidos en
todos los territorios y que integran —son parte fundamental—
nuestro paisaje, y el paisaje no tiene fronteras: el territorio natural,
social y cultural. Decía Edward Moody que debemos proteger los bosques
para nuestros hijos, nuestros nietos, y todos los niños que nacerán.
Debemos proteger los bosques para todos los que no pueden hablar en su
nombre: los animales, los pájaros, los peces, los árboles. Ese es el
asunto.


Como les decía, no es tiempo de poner puertas al campo. Nuestro
objetivo es elaborar, trabajar y colaborar en una norma en el sentido que
les he venido indicando, y en ello vamos a estar en primera línea.


Concluyo. En definitiva, como les vengo diciendo, votaremos
favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley
presentada. Trabajaremos planteando y proponiendo aquellas enmiendas y
modificaciones necesarias para mejorarla, así como para adecuar y adaptar
su articulado desde el punto de vista competencial y constitucional. En
este sentido, mando un mensaje de tranquilidad a los grupos que ven
ciertos fantasmas en estos momentos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montes.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Álvarez Cabrero.


El señor ÁLVAREZ CABRERO: Con su permiso, señor presidente.
Señorías, señora Vilà, buenas tardes. Quiero saludar también a los
agentes forestales que están hoy con nosotros.


Hace 34 años culminaron, como ya se ha dicho anteriormente, los
traspasos de funciones y servicios en materia de conservación de la
naturaleza del Estado a los entes autonómicos: bienes, derechos,
obligaciones, créditos y personal.


El Partido Socialista, en aquel momento, pudo haber reservado
este cuerpo nacional con una doble adscripción, funcional y orgánica, que
hubiera evitado estos problemas, y no lo hizo. El hecho de que la
Constitución contemple la competencia exclusiva de las comunidades
autónomas en gestión no significaba que fuera a través de funcionarios de
exclusiva adscripción, como existe en otros cuerpos.


Se hizo lo que se hizo por los motivos que fuere y hoy tenemos el
marco jurídico que tenemos y la situación actual que se está conociendo
en esta Cámara. Y hasta aquí hemos llegado, desgraciadamente. Las
comisiones mixtas de transferencias acordaron las bases y señalaron las
funciones que se reservaba el Estado, y entre ellas no se encuentra la de
establecer condiciones básicas específicas dentro del colectivo
medioambiental del personal transferido —esta es la realidad, no es
que yo lo diga—; tampoco está regular las del personal de nueva
creación, como en el caso que nos ocupa, creado por las comunidades
autónomas. Esto no es algo que diga el Partido Popular, lo dicen las
normas jurídicas que nos hemos dado en este país. Por ejemplo, los reales
decretos de bases de traslado, los reales decretos de transferencias, y
están firmados por el Partido Socialista. Así es; esta es la
historia.


Supongo que ustedes saben todo esto y, aun así, en su exposición
no nos han aclarado nuestras dudas sobre el cumplimiento de los
parámetros de constitucionalidad, y me refiero a la posible invasión de
competencias a los entes territoriales, como ya han dicho algunos
grupos.


Por otro lado, me preocupan los parámetros de legalidad del texto
presentado, aunque no se ha hablado aquí de ello. Me preocupa porque está
vedado que una ley ordinaria regule aspectos de una ley orgánica, y me
estoy refiriendo, como saben, a la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado.


Por todo ello, es muy difícil fundamentar el voto de mi grupo
conociendo informes anteriores de la Administración, porque hemos sido
Gobierno hasta hace cinco meses. Esa duda nos hace pensar que los futuros
controles jurídicos pudieran revocar la validez de este texto, y
estaríamos como al principio, habiendo creado falsas expectativas al
colectivo y con el problema —y creo que en esto estamos todos de
acuerdo— sin solucionar.


Permítanme que les proponga otras alternativas, tanto a Podemos
como al Grupo Socialista, señor Montes. Podemos es en la práctica pilar
fundamental del actual Gobierno; creo que eso lo sabe todo el mundo.
Mejor dicho, Podemos es la cimentación que lo sustenta y que equilibra su
vida en la Moncloa y cuando la cimentación se mueva, en forma de
peticiones y demandas, el edificio se adaptará a ellas; y si el cimiento
cede, el edificio sanchista caerá, si ha de caer. Por lo tanto, pueden y
tienen capacidad de conminar al Gobierno para que esto sea aún más
rápido, para que presente este texto en forma de proyecto de ley
—que, por cierto, en cinco meses no han presentado ninguno—
o, ahora sí, con forma de real decreto ley. Si es tan inmediata y tan
extraordinaria y urgente esta necesidad, por supuesto. En este sentido,
pidamos al Gobierno que lo haga vía real decreto, que en 30 días se
convalida en el Congreso de los Diputados con el mismo texto que se ha
presentado aquí, porque yo no me fío de dónde llegará este texto si es
que sale de aquí.


No me digan que no hay extraordinaria y urgente necesidad, como
les he dicho, porque el texto expositivo de esta proposición de ley lo
justifica. Además, vean cómo utiliza el actual Gobierno la extraordinaria
y urgente necesidad en los decretos leyes que hasta ahora ha aprobado. En
estos casos, el Gobierno pediría dictamen, posiblemente al Consejo de
Estado, se evitarían los problemas que nos han planteado aquí los
partidos nacionalistas de posible inconstitucionalidad, además de
ilegalidad, y todos contentos y adelante con el decreto ley.


Señora Vilà, me consta que usted ha traído este documento a esta
Cámara con muy buena voluntad, pero permítame que le diga que su partido
hoy no tiene ninguna gana de sacar adelante esto en el futuro, y le
explico por qué. En principio, a su partido le apetece que nosotros y
otros grupos nos retratemos, como así he visto en algún tuit. La prueba
evidente es que hay otra PDL similar que ha sufrido ya una tramitación,
que se ha publicado en el boletín de las Cortes y que lleva un año y
cinco meses dormida en el limbo de la Carrera de San Jerónimo. ¿Y quién
tenía que haber propuesto que eso se impulsara? Pues su partido.


Ustedes les han dicho a estos colectivos que hay unos cupos o
milongas parecidas, pero saben que no es así. Ustedes han presentado 94
proposiciones de ley en catorce meses y eso significa que, aunque no
hubiera más partidos que el suyo en el Congreso, solo se tramitarían sus
iniciativas; que acabaría una legislatura larga y no se habrían visto
todas; que a pesar de celebrar los plenos en días festivos, sería
imposible; y, por supuesto, que lo que aprobáramos en las Cámaras después
lo tendrían que tramitar los funcionarios y no hay funcionarios
suficientes en esta Cámara y en la otra para tramitar todas estas
iniciativas. Quedan bien con todos los colectivos, presentan sus demandas
a sabiendas de que nunca llegarán, echan la culpa del cupo a los demás y,
finalmente, si la legislatura se va, esto decae y desaparece y, ¿qué les
decimos a estos colectivos? Es más, como les decía antes, el actual
Gobierno no ha aprobado ninguna ley, por lo tanto, creo que la solución
rápida es el real decreto ley, señor Montes; esa es la solución.


Haré algunas reflexiones. Me preocupa el mensaje general que se
nos manda desde esta proposición entre líneas. ¿Y cuál es el mensaje
general? Que varios cuerpos autonómicos —como, por ejemplo, el
colectivo de agentes catalanes—, están pidiendo también, como
otros, el amparo de una cobertura nacional. Fíjense que no hablamos de
queja porque, en este caso, no hay quejas contra su absurda pretensión de
hacer ahí una república; se quejan de su propia gestión de la autonomía,
de que hace años se les entregasen unos cuerpos que funcionaban
perfectamente. Eso es lo que se pone en cuestión y unos votan a favor,
otros se abstienen. Y todo eso después de la que han montado con el
asunto catalán. Además, esto tiene visos de inconstitucionalidad por
posible invasión de competencias constitucionales, —y lo ha dicho
el señor Cazalis, no lo digo yo— y ¿ahora sí que están de acuerdo?
¡Pero qué broma para este país es esto! De verdad, como me decía alguien,
hoy está el Senado al revés. Esto es un mundo de locos.


Quiero finalizar recordando que el Icona, en 1984 —para
algunas autonomías antes—, era un cuerpo forestal con una
incomparable dotación de parque móvil, con vehículos todo terreno
—y, por cierto, en Cataluña lo primero que hicieron fue subastar
todos los coches oficiales en cuanto recibieron las transferencias porque
en las matrículas ponía PMM, Parque Móvil del Ministerio, y no querían
nada con España, y hace años ya—, motocicletas, motos de montaña,
embarcaciones, equipos de comunicaciones, uniformidad, etcétera; es
decir, que se transfirieron equipos completos. Además, y lo más
importante, y es el problema que nos ocupa, la dotación personal de
defensa disuasoria y de seguridad. Desde el Icona se transfirieron estos
cuerpos con armas largas y cortas, con revólveres o pistolas 9 milímetros
Parabellum, como ya se ha dicho aquí —y, por cierto, creo que hay
una comunidad autónoma que aún las conserva—. Además, entre otras
muchas cosas, se transfirió un reglamento de 1966 en el que se les
confería el carácter de cuerpo armado, siguiendo la tradición —que
viene casi de la Edad Media— de cuerpo armado estatal.


¿Saben lo que pedía la izquierda en la constitución de las
primeras mesas de uniformidad en algunas autonomías? Que las trabillas
que sujetaban los cintos de los forestales se hicieran cortas para que no
pudieran llevar pistolas porque era muy militar. Eso era lo que pedía la
izquierda hace 15-18 años.


Ahora este cuerpo, desmembrado en 18 trozos, demanda el Estado
esta armonización, después de que se partiese este modelo ejemplar en el
momento de la descentralización. Eso nos ha de dar pie, señor presidente,
voy acabando, a una profunda, muy profunda reflexión.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ÁLVAREZ CABRERO: Lamento que las dudas sobre los
parámetros de constitucionalidad del texto presentado no permitan
fundamentar a este grupo, a la vista de este último párrafo, un voto a
favor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Cabrero.










PETICIONES





INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN EL
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE 2018.


871/000004



El señor presidente da lectura s los puntos 8. y 8.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe, tiene la
palabra el presidente de la comisión, el senador López Rodríguez.


El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ (Dámaso): Gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenas tardes.


Antes de leerles el informe sobre la actuación de la Comisión de
Peticiones, quiero manifestar una vez más mi agradecimiento a todos y
cada uno de los miembros de la comisión, así como al letrado de esta, don
Diego López Garrido.


Sin más preámbulos, comienzo a leerles el informe sobre las
actividades de la Comisión de Peticiones en el periodo de sesiones de
febrero a junio de 2018.


En el curso de la sesión celebrada el día 12 de septiembre
de 2018, la Comisión de Peticiones aprobó el informe correspondiente al
período de sesiones comprendidos entre los días 1 de febrero y 30 de
junio de 2018.


Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del
Senado, la Comisión de Peticiones acordó en esa misma sesión elevar a la
Presidencia de la Cámara el informe de referencia, en donde se ofrece la
relación de las peticiones presentadas, las decisiones que se adoptaron
sobre ellas, así como de las contestaciones correspondientes a las
peticiones recibidas entre julio y diciembre de 2017.


Durante el período de sesiones a que se contrae el presente
informe, de febrero a junio de 2018, la comisión ha recibido un total
de 32 peticiones: se han archivado 12 peticiones, sin perjuicio de dar
conocimiento a los peticionarios si hay en el escrito datos que lo
permitan, por no tener carácter de petición, faltarles las indicaciones
indispensables para conocer su objeto, no tener otra finalidad que su
conocimiento por la comisión o tratarse de reiteraciones en temas ya
resueltos anteriormente por la comisión y sin que se aporte ningún
elemento de juicio nuevo; 10 peticiones se han remitido a departamentos
ministeriales; y, otras 10 peticiones, se han remitido a otros
organismos. Este informe de la comisión se ha publicado en el Diario de
Sesiones del Senado, incluyendo la relación nominal de los peticionarios,
número de petición e indicación sumaria de su contenido, así como el
organismo al que se le traslada.


Durante el primer semestre de este año se han recibido respuestas
a 15 peticiones correspondientes al periodo de sesiones de septiembre a
diciembre de 2017. Dado el número de peticiones que deben trasladarse a
diversos organismos, la comisión se ha preocupado de su seguimiento y, a
dicho efecto, se cuenta con expedientes individuales de cada petición,
siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el
estado de su tramitación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López Rodríguez.


¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).


De acuerdo.









TRIBUNAL DE CUENTAS




DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO





DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.


770/000004



El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1.
y 9.1.1.


El señor PRESIDENTE: La Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas ha emitido Dictamen en relación con la cuenta general
del Estado correspondiente al ejercicio 2016, que incluye la Resolución
aprobada por dicha comisión en su sesión del día 19 de septiembre
de 2018.


¿Turno a favor? (Denegaciones).


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la
senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


Intervendré muy brevemente, como hicimos ya en el Congreso de los
Diputados y sin aportar nada nuevo respecto a lo que manifestamos
allí.


Estamos ante un documento técnico y no vamos a discutir el
trabajo de la Intervención General de la Administración del Estado y del
Tribunal de Cuentas en la elaboración y fiscalización de la cuenta
general del Estado, pero sí queremos manifestar, como hicimos allí, que
estos datos ponen en valor las premisas que nosotros utilizamos y aquello
que nos temíamos para votar en contra de los presupuestos del año 2016,
tanto por lo que hace referencia a la elaboración de esos presupuestos,
en los que los ingresos estaban sobrevalorados —así lo avisamos y
así se ha puesto de relieve—, como por lo que se refiere a la
ejecución presupuestaria. Es una ejecución presupuestaria que solo ha
rozado el cien por cien en materia de defensa, y que deja claro, en
cuando a las infraestructuras, que los programas para Cataluña son
sustancialmente inferiores a los del conjunto del Estado.


Por tanto, solo quiero poner de relieve que aquello en lo que
basamos nuestro voto negativo a los presupuestos de 2016, del Partido
Popular, queda recogido en este informe técnico.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Hoy tratamos la cuenta general de 2016 y queremos incidir, antes
de nada, en el retraso con el que llega este informe al Senado; casi dos
años de retraso que hacen que la rendición de cuentas tenga poco
sentido.


Además, en el informe de la cuenta general faltan entidades que
no han presentado sus cuentas; de hecho, aumentan con respecto al
año 2015. Son 13 en total, y hay entidades como la Confederación
Hidrográfica del Tajo que ni ahora ni nunca ha presentado sus cuentas
ante el Tribunal de Cuentas.


Por otro lado, como ya se ha mencionado, lo que deja patente la
cuenta general del Estado son los trucos de ejecución presupuestaria que
estuvo usando el Gobierno del Partido Popular. Quisiera referirme a tres
cuestiones en concreto. En primer lugar, a la ampliación de créditos en
el Ministerio de Defensa como un modo de ampliar su presupuesto. Estas
modificaciones de créditos hicieron que el presupuesto de defensa
aumentara, entre el 2012 y 2016, en más de 10 000 millones de euros. En
segundo lugar, la falta de ejecución de algunas partidas, y me parecen
especialmente importantes las de I+D+i, ya que se han quedado 3212
millones de euros por ejecutar solo en el año 2016. Y, por último, la
sobrestimación de los ingresos públicos del Estado, la desviación
negativa en esas previsiones, especialmente importante en la Seguridad
Social por un importe de más de 13 000 millones, y también en los
ingresos tributarios por un importe de más de 6000 millones.


Todo esto señala una estrategia del Gobierno del Partido Popular
para encubrir sus recortes y maximizar sus apuestas políticas, como en el
caso del Ministerio de Defensa.


Del nuevo Gobierno esperamos que sea todo lo contrario que el
Gobierno del Partido Popular. Esperamos que ejecuten los presupuestos y
que no usen las modificaciones presupuestarias para recortar sino para
ampliar las partidas de gasto social y de inversión productiva.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Lima.


La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.


De las cuentas que hoy se presentan el Partido Socialista podría
sacar unas conclusiones claras, que ya emitimos en el momento de aprobar
este presupuesto: la primera, que no era un presupuesto creíble; la
segunda, que los ingresos venían inflados; y, sobre todo, que se había
dado no disponibilidad a ciertos gastos tan importantes como los
mencionados en innovación y desarrollo.


Me van a permitir que desgrane aspectos fundamentales de estas
cuentas, que hemos debatido en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
La parte positiva, obviamente, no la vamos a dejar atrás, y es que ha
sido remitida en tiempo y forma, reduciéndose el plazo de elaboración y,
a nivel general, que es la imagen fiel de la cuenta general consolidada,
además de contar con los informes favorables del Ministerio Fiscal y la
Abogacía del Estado. Sin embargo, no nos debemos dejar atrás las
salvedades y también las deficiencias que el tribunal ha puesto encima de
la mesa: se siguen sin corregir las deficiencias más relevantes que se
han venido reiterando en todos los informes de fiscalización de años
anteriores; sigue sin incluirse la declaración de cumplimiento con
respecto a los principios de estabilidad presupuestaria; no se presentan
en términos de contabilidad nacional; y están pendientes 13 entidades
públicas. Obligadas o no obligadas, entendemos que la Administración
General del Estado debe ser espejo de ejemplaridad para todas las
administraciones, y que no podemos pedir a las comunidades autónomas y a
las entidades locales que presenten las cuentas de todas sus entidades
públicas si el Estado no hace exactamente lo mismo.


En cuanto al proceso de consolidación, SEPI ha vuelto a no
incluir en su perímetro de consolidación las cuentas de Radiotelevisión
Española, a pesar de poseer el cien por cien de sus acciones. En 2016, la
Administración Central sigue sin cumplir con la regla de gasto;
simplemente se cumplió en el primer año de implantación, en 2013.


Se continúa sin presupuestar el capítulo 9, de ingresos pasivos
financieros, por parte de la Administración del Estado, de la Agencia
Tributaria y de la Seguridad Social. En este caso, hay carencia de
inventarios completos con respecto a diferentes ministerios y, sobre
todo, de aquellas transferencias que se habían hecho a las comunidades
autónomas, en el caso de los servicios sociales y de la sanidad.


Por lo tanto, el informe presentado por el Tribunal de Cuentas
confirma las muchas razones por las que, en su día, mi grupo
parlamentario, el Grupo Socialista, decidió no aprobarlo. Fueron unos
presupuestos inflados, y lo vemos claro en los datos: ingresos, 19 400
millones de euros de más, el 70 % correspondientes a las cotizaciones, y
el 30 % restante, a impuestos directos, con una desviación negativa
reiterada desde el año 2012. Por otro lado, no se abordaban los problemas
estructurales de la Seguridad Social, se echó mano al Fondo de reserva,
con 20 000 millones, y la utilización de préstamos transitorios por
diferentes cantidades. Además, la deuda pública se elevó un 4,35 %; se
mantenían las políticas de recorte, y lo vemos también muy claro en las
obligaciones reconocidas para 2016, que eran de 408 000 millones de
euros, 40 000 millones menos que en el año 2015; y se siguen sin
contabilizar en presupuestos las prestaciones contributivas y no
contributivas, así como la debida compensación a la Seguridad Social por
la cesión de patrimonio a las comunidades autónomas.


Por lo tanto, apoyamos y entendemos que son muy importantes en
este informe aspectos tan fundamentales como exigir el cumplimiento de
las recomendaciones o salvedades que especifica el Tribunal de Cuentas,
acortar los plazos de rendición, tramitación y aprobación de la cuenta
general, presentación de las cuentas en tiempo y forma y las
publicaciones exigidas por ley, profundizar en el análisis de los
resultados, aportar un estado comparativo con otros años y elaborar un
resumen entendible y sobre todo comprensible para hacer las consiguientes
observaciones.


Termino. Lo aprobamos porque es un informe técnico, muy elaborado
y con todos los informes favorables de la intervención general, de la
Abogacía del Estado, y lo hemos debatido en las diferentes comisiones,
pero este dictamen no hace más que indicar —y vuelvo a repetir lo
que dije al principio—, que las cuentas que presentó el Partido
Popular no nos engañaban a los parlamentarios y parlamentarias, engañaban
directamente a toda la ciudadanía, y vuelven a ratificar que lo único que
hacían era apretarles el cinturón a los que menos tenían.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Fernández.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.


Señorías, traemos hoy al Pleno el dictamen de la Cuenta General
del Estado de 2016, una nueva cuenta general que ya es la cuarta en lo
que va de legislatura. En esta legislatura ya hemos aprobado los
dictámenes de las cuentas generales del Estado de 2013, 2014 y 2015, y
hoy aprobaremos la de 2016; es decir, en dos años vamos a aprobar cuatro
cuentas generales. Y esto es así, porque la primera parte de esta
legislatura se ha caracterizado por unos valores que debemos tener en
cuenta y apreciar, como son los valores de la estabilidad y la confianza.
Durante el Gobierno del Partido Popular se aprobaron presupuestos
generales y cuentas generales en todos los ejercicios, lo que es un
síntoma inequívoco de estabilidad que trae como consecuencia y resultado
la confianza en unas cuentas públicas. Además —esto es lo más
importante—, en estos últimos años estas cuentas públicas han sido
el reflejo de un gran éxito, el éxito de un país como España, que,
gracias a una adecuada política económica, ha sabido salir de una enorme
crisis para dar paso a una recuperación y a un crecimiento que ya nadie
niega y que solo se pondrá en riesgo si el Gobierno actual, junto a sus
socios, se empecina en echar por tierra las políticas que han propiciado
esta recuperación y este crecimiento y, con ello, los valores de
estabilidad y confianza, que espero que no se dilapiden a partir de
ahora.


En lo que resta de legislatura, en esta legislatura cada vez más
agónica, tendremos ocasión de comprobar si el Gobierno socialista
realmente es capaz de aprobar unos nuevos presupuestos y si las cuentas
generales siguen reflejando, como estas, la recuperación económica del
país, tal y como ha ocurrido en los últimos ejercicios.


La Cuenta General del Estado de 2016 se rindió en plazo, y hoy
culminamos su tramitación parlamentaria con una disposición favorable de
todos los grupos, igual que ocurrió en el Congreso, y en unos plazos más
que razonables. Pero debemos felicitarnos, no solo por aprobar la cuenta
general en plazo, sino, sobre todo, porque refleja la consolidación
económica de un país que, gracias al esfuerzo de todos los españoles y a
la adecuada política económica del Gobierno del Partido Popular, ha dado
paso a un escenario económico positivo y esperanzador que, al menos hasta
hace poco, permitía afrontar el futuro con optimismo, ilusión y
confianza.


La consolidación del crecimiento económico y la reducción del
desempleo a un ritmo de medio millón de desempleados menos cada año son
razones para ilusionar e invitar al optimismo, sin olvidar por ello los
múltiples retos y riesgos que todavía tenemos por delante. Esta cuenta
general refleja una economía saneada, caracterizada, por un lado, por más
empleo, más crecimiento económico y, gracias a ello, más ingresos
públicos; y, por otro, por menos paro, menos impuestos y menos
déficit.


Por desgracia, ha bastado un cambio de Gobierno y la amenaza de
la vuelta a las desastrosas recetas económicas del Gobierno socialista
para empezar a encontrar indicadores que ya nos hablan de desaceleración,
de menos empleo, de menos crecimiento económico, y además la certeza de
tener que sufrir más impuestos y más déficit, porque son medidas ya
anunciadas por el Gobierno socialista y sus socios, que, al parecer, son
quienes dictan las líneas generales de las nuevas políticas económicas. Y
es que la economía española vuelve a estar en manos de un Gobierno
socialista, es decir, en manos de aquellos que cuando la han dirigido la
han destrozado y la han masacrado literalmente. Aquellos que, aunque
pueda parecer increíble, son los mismos que en la actualidad, con una
soberbia digna de mejor causa, nos dan —a veces a voz en
grito— consejos y lecciones a quienes hemos tenido la obligación de
arreglar sus múltiples errores, desatinos y despropósitos.


Por lo que se refiere al contenido de la cuenta general, conviene
recordar que su corrección ya ha sido puesta de manifiesto por la
Intervención General, por el Tribunal de Cuentas y por prácticamente
todos los grupos, que la aprueban porque —cito literalmente—
presenta la estructura y el contenido establecido en las disposiciones
que le son de aplicación, es coherente internamente y con la
documentación complementaria que le sirve de fundamento y refleja
adecuadamente la actividad económico-financiera, así como su situación
patrimonial. Y ello, porque pone de manifiesto una realidad caracterizada
precisamente por esa coherencia.


A partir de aquí, los distintos grupos hacemos una serie de
observaciones, y yo me limitaré a hacer unas consideraciones muy
generales sobre esas observaciones, centrándome en aquellas que han
realizado hoy, y también en el Congreso, Podemos y el Grupo
Socialista.


Podemos desprecia la ejecución presupuestaria de los gobiernos
del Partido Popular aludiendo a modificaciones presupuestarias sobre
estimación de ingresos, y olvida que tanto la Intervención General del
Estado como el Tribunal de Cuentas consideran que ambas cuestiones se
encuentran dentro de la más absoluta corrección y normalidad a la vista
de las magnitudes y de las cuantías a las que nos estamos refiriendo. Y
es que, ustedes, por utilizar una expresión de Antonio Machado,
desprecian cuanto ignoran; por eso las señorías de Podemos desprecian
mucho, porque es mucho lo que ignoran. Y eso es así, hasta el punto de
que llegan a ignorar incluso que las propuestas que formulan como
alternativa a las políticas económicas del Partido Popular son las mismas
que han traído hambre, miseria y pobreza a todas aquellas sociedades
donde se han implantado. Por desgracia, hoy todavía tenemos ejemplos
sangrantes de países en los que políticas como las suyas les han llevado
al desastre más absoluto; pese a todo, para ustedes siguen siendo modelos
y referentes, y ello, por interesadas, y a veces inconfesables, razones
ideológicas.


Lo del Grupo Socialista es lo de siempre: dime de lo que presumes
y te diré de lo que careces. Hablan, sin fundamento real alguno, de falta
de rigor de esta cuenta y, como ponen de manifiesto en el Congreso en
relación con este tema, dicen que el proyecto de presupuestos que
presentará el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez va a ser riguroso en sus
planteamientos y ejecución. Es evidente que, con afirmaciones como esta,
el Grupo Socialista revela que ha sufrido una especie de transformación
de naturaleza casi religiosa, porque con este anuncio de un presupuesto
riguroso demuestra que tiene una fe inquebrantable en los milagros. Y es
que hace falta tener mucha fe y creer ciegamente en los milagros para
afirmar que el Gobierno socialista, es decir, el Gobierno de los
cambiazos, de las rectificaciones, de las improvisaciones y de las
chapuzas, ahora va a hacer unos presupuestos sumamente rigurosos. Y
encima, va a hacerlo con la inestimable, la altruista y la desinteresada
ayuda y colaboración de sus socios de Podemos y los separatistas, es
decir, va a hacerlo con la ayuda de aquellos que siempre
—siempre— han demostrado que defienden el interés exclusivo
de España y del conjunto de los españoles. Y espero que haya quedado
clara la ironía que encierran mis palabras en este punto. Con estos
antecedentes y con estos socios, ¿realmente piensan que tienen los
elementos y los mimbres necesarios para elaborar unos presupuestos que
sean un dechado de rigor y de coherencia? Nosotros creemos que no. Desde
luego, les felicito por la nueva y renovada fe en los milagros, pero
permítannos que nosotros, el Grupo Popular, no nos sumemos apasionada y
desenfrenadamente a ella, porque nosotros no compartimos su fe en que los
futuros presupuestos del Gobierno socialista y sus socios sean rigurosos.
Nosotros en este punto nos manifestamos claramente agnósticos o incluso
abiertamente ateos.


Miren, para que sea posible que los socialistas puedan presentar
unos presupuestos realmente rigurosos lo único que se me ocurre es que el
Gobierno de Sánchez se dedique a plagiar los presupuestos del Partido
Popular, que en eso sí han demostrado tener una gran experiencia.
(Aplausos). Y si quieren ser rigurosos, permítanme un humilde consejo: no
plagien en ningún caso los presupuestos del señor Rodríguez Zapatero; y
si lo hacen, no se les ocurra someterlos a algo parecido a un detector de
mentiras, porque sonarían todas las alarmas y se evidenciaría una vez más
que ustedes siguen manteniéndose en la falsedad y la mentira. Y es que,
como hemos podido comprobar en el pasado, las mentiras en las cuentas
públicas que ustedes presentaron terminamos pagándolas todos los
españoles, tal como ocurrió con las famosas facturas en los cajones de
infausto recuerdo o la falsedad de las magnitudes macroeconómicas de sus
últimas cuentas.


Pero, por fortuna, lo que hoy nos trae aquí no son las cuentas
del Gobierno socialista, que tiempo habrá para pelear con ellas, sino que
lo que ahora nos incumbe es la Cuenta General del Estado de 2016, una
cuenta coherente y rigurosa que evidencia cómo durante dicho ejercicio se
ha profundizado en la recuperación económica y en el crecimiento del
empleo y, por lo tanto, en los valores que invocaba al principio: la
estabilidad y la confianza, que, por desgracia, ya echamos de menos.


Por todas estas razones, espero, como ha ocurrido en el Congreso,
que este dictamen se pueda aprobar con el máximo apoyo de todos los
grupos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY DE
18 DE JUNIO DE 1870 ESTABLECIENDO REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA
DE INDULTO, DE FORMA QUE SE INCLUYAN COMO DELITOS A LOS QUE NO SE PUEDE
APLICAR EL INDULTO LA REBELIÓN, LOS DELITOS CONTRA LA CORONA Y LA
SEDICIÓN. (Votación).


662/000128

GPP


El señor PRESIDENTE: Señorías, sometemos a votación, en primer
lugar, la última moción, del Grupo Parlamentario Popular, tal y como ha
sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229;
votos emitidos, 228; a favor, 141; en contra, 85; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY BÁSICA DE AGENTES FORESTALES.
(Votación).


622/000022

GPPOD


El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, la toma en
consideración de la proposición de ley básica de agentes forestales.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 223; a favor, 81; en contra, 9;
abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de
la Proposición de Ley básica de agentes forestales. (Aplausos).


No hay que votar el informe de la Comisión de Peticiones.










TRIBUNAL DE CUENTAS




DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO





DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
(Votación).


770/000004



El señor PRESIDENTE: Por tanto, pasamos a votar el Dictamen sobre
la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 2016, así
como la Resolución adoptada por la Comisión Mixta para las Relaciones con
el Tribunal de Cuentas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 218; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen, con la
resolución propuesta por la comisión mixta.


Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes.


Eran las quince horas y cuarenta y cinco minutos.