CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 321

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO PRADAS TORRES

Sesión núm. 11

celebrada el miércoles,

20 de septiembre de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia, a petición propia, del señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero), para informar sobre las últimas medidas aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 15 de septiembre en
defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en Cataluña. (Número de expediente 214/000041) ... (Página2)

Página 2

Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión, pero antes permítanme que comente que hoy hemos tenido Mesa y portavoces de nuestra Comisión, y como han faltado algunos grupos quería comentar que hemos
quedado en que la semana que viene, seguramente el jueves, dependiendo de cuándo tengan entrada los presupuestos en esta casa, vamos a mantener una reunión de la Comisión para ver proposiciones no de ley. Seguramente será el jueves y se ha dado de
plazo hasta el viernes para determinar las que va a presentar cada grupo; las que no estén el viernes, lógicamente, no se verán. Es decir, la haremos con las que hasta ahora están notificadas por los grupos que han asistido, más las que hagan
llegar a los servicios del letrado de aquí al viernes. Perdón por este pequeño inciso, pero es que faltaban tres o cuatro grupos y quería comentarlo.


Sin más, damos comienzo a esta sesión que está solicitada por el propio ministerio, por el Gobierno, para informar sobre las últimas medidas aprobadas por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el 15 de septiembre, en
defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en Cataluña. La sesión se va a desarrollar, como es habitual, con una intervención del ministro por el tiempo que estime necesario. Después, daré un turno habitual
de unos ocho minutos aproximadamente, en los que suelo ser flexible. A continuación, una segunda intervención por parte del ministro y, finalmente, una pequeña réplica de un par de minutos a cada uno de los grupos.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Comparezco hoy de nuevo ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, para explicar a sus señorías las nuevas medidas aprobadas por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el pasado viernes
día 15 de septiembre, para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos fundamentales y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la Constitución y las leyes en defensa del interés general. La
actuación del Ministerio de Hacienda y Función Pública trata siempre de preservar la estabilidad económica del país y, por lo tanto, va más allá de la situación concreta de un momento determinado. Las medidas que la Comisión delegada del Gobierno
aprueba cuando se producen situaciones de riesgo para la estabilidad no tienen otra intención que la de acabar con esa inestabilidad y, por eso, son proporcionales al riesgo que combaten y se prolongan en el tiempo mientras ese peligro para la
economía y para la sociedad se mantenga. Así pues, son medidas que van a estar en vigor de manera indefinida, sin que la realización o no de determinadas actuaciones pueda suponer el fin de las mismas. Para ser más preciso, lo que algunos grupos
políticos y el propio Gobierno de la Generalitat pretenden el 1 de octubre no afecta a las condiciones que tiene impuesta la comunidad autónoma desde que se acogió a los mecanismos de financiación del Estado ni a las condiciones que posteriormente
se le han ido señalando, sino que estarán en vigor los meses o el tiempo que sea preciso, mientras sea necesario su cumplimiento para garantizar, precisamente, los objetivos de estabilidad y, por supuesto, el atenimiento a la legalidad vigente.
También me gustaría dejar claro desde un primer momento, aunque no creo que haya dudas, que esta comparecencia -como decía el presidente- a solicitud del Gobierno, a solicitud del ministro que les habla, tiene que ver exclusivamente con las
decisiones que ha tomado la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y las que ha adoptado, en consecuencia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, del que soy responsable. Las actuaciones que para asegurar el cumplimiento de la
ley están realizando otros poderes del Estado en el ejercicio de sus atribuciones y desde la más estricta independencia con la que trabajan jueces y fiscales no son objeto de esta comparecencia. De la misma manera, debo decir que nada puedo aportar
a este respecto a los miembros de esta Comisión.


Debo recordar que esta comparecencia -a petición propia, insisto- se produce tres semanas después de la anterior, que tuvo lugar a finales de agosto para explicar las medidas adicionales de control que estableció la comisión delegada el 21
julio ante la grave situación provocada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Ya entonces tuve ocasión de manifestar que, en el caso de que la Generalitat de Catalunya incumpliera las medidas aprobadas y siguiera poniendo en riesgo la
recuperación económica de España, el Gobierno se vería obligado a adoptar otras iniciativas que garantizaran el cumplimiento de las leyes y la defensa del interés general, que es lo que siempre hemos buscado y lo que pretendemos ahora con estas
nuevas medidas. Como saben sus señorías, el acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 21 de julio, exigía a la Comunidad Autónoma de Cataluña un

Página 3

informe semanal en el que se certificara que no se habían iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de pagos o gastos presupuestarios o extrapresupuestarios que pudieran estar destinados a financiar actividades
vinculadas con la celebración de un pretendido referéndum de independencia, una posibilidad que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal unos días antes, el 5 de julio. Este acuerdo suponía en esencia un esfuerzo normativo de las medidas
que habían sido aprobadas por el Gobierno de España en noviembre de 2015. En aquel momento, la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos había decidido establecer para Cataluña una condicionalidad específica en virtud del plan de
ajuste que tiene la comunidad para estar adherida al Fondo de Liquidez Autonómica, FLA, que la obliga a aceptar cualquier medida que acuerde la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para cumplir los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.


Como saben sus señorías, la ley faculta al Gobierno a adoptar medidas correctoras o coercitivas, como por ejemplo la obligación de aprobar acuerdos de no disponibilidad cuando una determinada institución pone en riesgo, además de la propia
legalidad vigente, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública comprometidos por el Reino de España ante la Unión Europea. Estas medidas han sido tomadas por la Comisión delegada del Gobierno a lo largo de estos
años en diversas ocasiones y frente a diversas instituciones autonómicas y locales. Sin ir más lejos, el año pasado este ministro, estando en funciones, requirió a varias comunidades autónomas a aprobar el acuerdo de no disponibilidad ante el
elevado riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Las comunidades autónomas afectadas dialogaron con el entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y finalmente ocho comunidades adoptaron los
correspondientes acuerdos de no disponibilidad, incluida la propia Cataluña. En todas las actuaciones de la comisión delegada las medidas han estado encaminadas a corregir o paliar los desequilibrios detectados y las causas de los mismos,
conscientes de que si no se actúa frente a la raíz o al origen de esos desequilibrios difícilmente se va a poder acabar con los mismos y poner fin a esas situaciones de riesgo para la estabilidad no sólo presupuestaria, sino también económica del
país.


Señorías, esta es la primera cuestión clave para entender las medidas que el Gobierno de España ha venido tomando respecto a Cataluña en los últimos meses y también debo recordar respecto a otras comunidades autónomas, cuya posición
financiera ha puesto en riesgo en algún momento los objetivos acordados con la Unión Europea. Debemos ser conscientes del escenario en el que nos desenvolvemos cada una de las administraciones públicas y cada uno de los niveles de gestión política.
Ni Cataluña ni el resto de las comunidades autónomas pueden actuar como si fueran un ente aislado, es decir, como si no hubiera otras realidades alrededor e incluso por encima en la Administración catalana. Lo que estoy diciendo de las comunidades
autónomas lo digo también del Estado español. Ni España ni ningún otro país miembro de la Europa del euro puede actuar de manera aislada en su política presupuestaria y financiera. Voluntariamente, España ha compartido soberanía con el resto de
los socios que componemos la Unión Europea, igual que lo han hecho Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia o cualquier otro país de la zona euro. Estar en Europa supone muchas cosas y una de las más importantes, desde el punto de vista de la
organización interna, es que existen unas normas de funcionamiento, unos tratados y unas directivas que afectan a todos los Estados miembros y que regulan, organizan y establecen una política común en numerosos ámbitos. Uno de esos ámbitos es el
presupuestario-financiero. La autonomía de España y del resto de los países tiene unos límites a los que todos debemos ceñirnos, y el no hacerlo tiene consecuencias de diversa índole, incluyendo todo tipo de sanciones, multas o formas de
intervención. Formamos parte de la eurozona y todos aceptamos esas reglas. Unas veces nos gustarán más y otras menos -a mí el primero-, pero sabiendo siempre eso es lo que debemos asumir por el hecho de pertenecer a esa gran Unión Europea, que es
el proceso de integración política más amplio y también más generoso que hemos vivido los ciudadanos europeos; y, desde luego, las reglas están para cumplirlas. A partir de esa premisa, las reglas de gobernanza europea nos afectan a todos, a los
países miembros y a los distintos niveles de Administración que existen en esos países. Porque cuando un Estado acepta estar en ese ámbito político lo hace en nombre de todos y cuando traslada a su ordenamiento las reglas comunitarias lo hace
también para ser responsable de que todas las administraciones van a colaborar en el cumplimiento de esos acuerdos. En el caso de los objetivos de estabilidad, el Estado español debe cumplir lo que establece la Unión Europea. Hay momentos en los
que podemos entrar a discutir y negociar la viabilidad de esos objetivos pero, una vez que se fijan, la obligación del Estado es garantizar su cumplimiento. A partir de ahí, es el Estado el que tiene el deber de coordinar las distintas políticas

Página 4

económicas y de coordinar a las distintas administraciones para alcanzar ese objetivo, según establece la Unión Europea. Esto no va de que cada Administración actúe por su cuenta para cumplir una meta, sino de que esa meta se logra como
país, de una manera coordinada, y es el Gobierno -y concretamente la Hacienda pública- el que se encarga de esa coordinación. España cumplió el año pasado su objetivo de déficit porque lo cumplió el conjunto de las administraciones públicas, no
porque lo hicieran una a una por separado. Por eso, los riesgos que generan políticas como las que está desarrollando la Generalitat de Catalunya no los medimos en función de la estabilidad presupuestaria de Cataluña sino del conjunto del Estado,
que es el que tiene asumidos los compromisos con la Unión Europea y por eso el Gobierno tiene la obligación de actuar con la finalidad de que esos compromisos no se pongan en peligro. ¿Y cómo actúa el Gobierno? Pues en el marco de la legalidad
europea y de la legalidad española donde, por cierto, no hay espacio para la contradicción: donde hay legalidad española hay legalidad europea y donde hay legalidad europea hay legalidad española; no hay otro tipo de escenarios o de espacios donde
ejercer legalidades propias. Por eso -quiero decirlo con toda claridad-, una Administración actúa frente a la ley cuando lo hace también frente a Europa.


Cuando hablamos de la organización de nuestro Estado de las autonomías debemos ser conscientes de que también hay límites en la gestión política. La Constitución española reconoce en su artículo 156 que las comunidades autónomas gozan de
autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, pero el artículo 156 limita esa autonomía financiera a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles -se habla mucho del
artículo 155, pero hay otros artículos en la Constitución española que son los que está utilizando y en los que está basando sus decisiones el Gobierno español-. Unos principios que se desarrollan en la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas, de manera que ninguna comunidad autónoma puede ejercer su autonomía financiera al margen de la necesaria coordinación con la Hacienda estatal y al margen del principio de solidaridad. Por otra parte, el artículo 135 de la
Constitución señala que todas las administraciones públicas deben adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, de tal manera que, como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, la estabilidad supone un límite
constitucional a la autonomía financiera. Así pues, cuando el Estado actúa para garantizar la estabilidad presupuestaria, que es un principio constitucional desarrollado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, o cuando
actúa para garantizar que no se rompe la coordinación de una Administración autonómica con la Hacienda pública o que no se quiebra el principio de solidaridad entre españoles, puede hacerlo limitando la autonomía financiera de una comunidad
autónoma, por supuesto, porque esa autonomía no es ilimitada, los límites están en nuestra Constitución. ¿Y con esa actuación estamos atentando contra el Estado de las autonomías o contra las instituciones o las competencias de una comunidad? En
absoluto, de ningún modo, todo lo contrario. Estamos defendiendo el Estado de las autonomías, que tiene su origen y su razón de ser en la Constitución, que es la que marca los límites de las distintas comunidades, que son y forman parte de un
Estado único con un ordenamiento jurídico también único en el que se integran los ordenamientos de las distintas comunidades; unos ordenamientos que no existirían, por cierto, si no existiera ese Estado de las autonomías ni esa Constitución.


Señorías, todas las administraciones y todas las autoridades sabemos cuáles son los límites para nuestra gestión. La Administración autonómica catalana sabe que la Constitución limita su autonomía financiera -o debería saberlo- y sabe que
la Ley de estabilidad es la norma que regula el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea y que sitúan al Gobierno del Estado como el garante de ese cumplimiento y también como el garante del interés general y de la igualdad de
todos los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales. Este es otro principio absolutamente básico de nuestro ordenamiento legal. Insisto, la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales,
tarea y responsabilidad del Gobierno de España. Fue a partir de la Ley de estabilidad y de esa responsabilidad que tiene el Gobierno de garantizar los servicios mínimos cuando dispusimos la creación de instrumentos de liquidez para que las
comunidades autónomas pudieran financiar esos servicios. Desde el principio, Cataluña es una de las comunidades que se acogieron voluntariamente al Fondo de Liquidez Autonómica, el mecanismo puesto en marcha por el Estado que le proporcionaba la
liquidez que le era imposible conseguir en los mercados para financiar los servicios públicos que reciben los catalanes. Al hacerlo aceptó, como las demás, someterse a las condiciones que le impusiera la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos para asegurar el cumplimiento de esos objetivos y según señalaba la ley. Les recuerdo que la Generalitat no solo se sumó al FLA y

Página 5

aceptó las condiciones sino que los parlamentarios que pertenecían a Convergència i Unió, el partido del anterior y del actual president -se supone-, apoyaron con su voto en las Cortes las normas que regulan toda su estructura legal, desde
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a la puesta en marcha de las distintas modificaciones introducidas en los mecanismos de liquidez y sus condiciones. Lo cierto es que la liquidez que le ha dado el Estado
español le ha venido bien a Cataluña y a toda España. Por supuesto que se trata de eso, se trata de facilitar los instrumentos que convienen a todas las comunidades y a todos los ayuntamientos, que es lo que garantiza el acceso igualitario de los
ciudadanos a los servicios públicos. Y, desde luego, es absolutamente clave para impulsar la recuperación económica que estamos viviendo y la importante creación de empleo que de ella se deriva. Pero también ha sido especialmente positivo -y es
bueno reconocerlo una vez más, como ya expliqué en mi anterior comparecencia- para Cataluña, que era una de las comunidades que tenía una situación financiera más delicada -es así, objetivamente-. Por eso, y por su envergadura económica, es la
comunidad autónoma que más ha recibido estos años: 69 278 millones de euros, el 29,5 %, casi el 30 % del total. De esta cifra, 23,8 millones se han destinado a pago directo a proveedores, siendo también la comunidad que más dinero ha recibido en
este capítulo. En total, estos fondos han servido para pagar casi 1 600 000 facturas de proveedores de servicios públicos de la comunidad. Como consecuencia, el acceso a la liquidez del Estado le ha supuesto a la comunidad unos ahorros estos años
de 9979 millones de euros, que se transformarán a lo largo de la vida de estos préstamos en un ahorro de más de 19 000 millones de euros, que viene a ser casi un 39 % del total de los ahorros que obtendrán el conjunto de las comunidades autónomas
que han accedido a la liquidez facilitada por el Estado. Lo paradójico y lo lamentable es que, siendo la comunidad que más se ha beneficiado de estos mecanismos, siendo la comunidad que aporta el 19 % del PIB de la economía española, estando a la
cabeza de las comunidades con crecimiento y creación de empleo, en buena medida por esa política de estabilidad y esa financiación que hemos sido capaces de habilitar, sea la que tiene hoy peor calificación y la prima de riesgo más elevada, debido
precisamente a la política que practica la Generalitat que, en vez de dedicarse a gestionar una política de estabilidad presupuestaria, se dedica a otras finalidades, poniendo en riesgo así la propia recuperación de Cataluña y del conjunto de
España.


El Gobierno de la Generalitat, conocedor en todo momento de las obligaciones que había asumido al adherirse al FLA, siempre ha aceptado las medidas que le ha impuesto la Comisión delegada del Gobierno, subrayo, siempre. De hecho, como he
señalado anteriormente, en noviembre de 2015 el Gobierno ya decidió someter a la comunidad autónoma a una condicionalidad específica diferente de las del resto de las comunidades FLA y exclusivamente aplicada, por tanto, a Cataluña. Les recuerdo a
sus señorías que esto ocurrió después de que el Gobierno detectara que determinados acontecimientos de carácter político tenían impacto negativo en la situación financiera de la Generalitat como era el empeoramiento del rating de su deuda. Los
acontecimientos que menciono tienen su culminación cuando los diputados independentistas del Parlament catalán aprobaron una resolución declarando el inicio del proceso de creación de un Estado independiente, asegurando que no se iban a aceptar las
resoluciones de las instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional e instando al Govern a cumplir exclusivamente las normas o mandatos de la propia Cámara autonómica. Esto es lo que ocurrió en 2015. Es decir, que el Gobierno introdujo
nuevas medidas de condicionalidad como consecuencia de unos hechos fácilmente reconocibles en la actualidad. Por lo visto, en aquel momento no eran tan reconocibles, pero existían realmente a los ojos de todos. Lo que entonces aprobó el Gobierno
fue aceptado por la Generalitat de Catalunya sin apelar siquiera a ningún recurso judicial, sin apelar a los tribunales del Estado que ellos dicen que han superado. Insisto, en el año 2015 se atuvieron a esas condiciones y tuvo la misma raíz
política. ¿O no tuvo la misma raíz política? La declaración política del Parlamento de Cataluña. Por tanto, ¿dónde está la diferencia ahora? ¿Dónde está realmente esa capacidad que dicen algunos aducirse en relación con la situación del año
2015? El Gobierno de la Generalitat, insisto, no recurrió las nuevas medidas de control reforzado que se le puso entonces y además incluso las aceptó por razón de aceptar el plan de ajuste de la comunidad autónoma. ¿Era una medida entonces
proporcional que garantizaba el cumplimiento del principio de responsabilidad establecido en la Constitución y en la Ley de estabilidad, en virtud del cual el Estado es garante de la prestación de los servicios públicos en todo el territorio?
Insisto, es nuestra Ley de estabilidad aprobada por esta Cámara en el año 2012 con el voto favorable -lo tengo que volver a poner de relieve- de Convergència y Unió y del Gobierno de la Generalitat de entonces. Estaba totalmente de acuerdo con esos
mecanismos y con esa capacidad que se le otorgaba al Gobierno de España a actuar en los supuestos en que fuera necesario.

Página 6

El control reforzado consiste -no sé si el presidente Puigdemont está informado de esta parte, pero rogaría también a su señoría que, vista la rueda de prensa de esta mañana, se la trasladara para que realmente sea consciente de los límites
de su papel como presidente de la Generalitat y de la coherencia implícita de lo que significa su mandato como consecuencia de mandatos anteriores- en un informe mensual de la Intervención de la comunidad autónoma en el que certifica que el pago de
facturas a través del FLA atiende exclusivamente el pago de los servicios públicos fundamentales en unos programas concretos que figuraban en el acuerdo. Además, los recursos mensuales que recibe la comunidad autónoma del sistema de financiación se
destinan prioritariamente a determinados servicios públicos, también definidos en el acuerdo. Finalmente, el informe deja constancia por parte de la Intervención de que los actos sobre los que ha tenido conocimiento no contravienen el ordenamiento
jurídico vigente. Este acuerdo -repito a sus señorías- no fue recurrido por la Generalitat y ha sido cumplido mes a mes por el Gobierno de la Generalitat desde que entró en vigor en 2015. No ha ocurrido lo mismo con las medidas de refuerzo que se
aprobaron en el mes de julio, que sí fueron recurridas por la Generalitat, que incluso solicitó su suspensión cautelar -as cautelarísimas, como se denominan en la terminología jurídica-, extremo que fue rechazado el pasado viernes por el Tribunal
Supremo. En cualquier caso, a pesar de la presentación del recurso y la solicitud de medidas cautelares -tal y como informé en mi anterior comparecencia-, la exigencia del informe semanal fue atendida por el Gobierno de la Generalitat desde la
primera semana, el periodo que va del 17 al 23 de julio. Esos informes iban firmados por los distintos consejeros y por el vicepresidente de la Generalitat, que había asumido la responsabilidad de dar fe de que hasta ese momento no se había
iniciado o tramitado ningún gasto destinado al referéndum ilegal. Eso es lo que certificaba el vicepresidente de la Generalitat semanalmente, que ningún gasto se había destinado al referéndum ilegal, firmado de su puño y letra y remitido al
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Sin embargo, la semana pasada se quebró esta instrucción semanal que llegaba al ministerio puntualmente, y se quebró porque la señora interventora general de la Generalitat comunicó formalmente por escrito
que por instrucción de la Vicepresidencia de la Generalitat se iban a dejar de enviar al Ministerio de Hacienda y Función Pública los requerimientos de información. A su vez, el propio vicepresidente, el señor Junqueras, comunicó el pasado día 14
el acuerdo de su Consejo de Gobierno en el que se considera que el nuevo marco legal aprobado por el Parlamento autonómico es incompatible con la decisión de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y que, por lo tanto, no volvería
-decía en la carta- a dar respuesta a los certificados o requerimientos de información que curse la comisión delegada. ¿Esta actitud cómo se puede calificar? ¿De desobediencia -no sé, es difícil, no encuentro el adjetivo o la definición precisa-
de las condiciones fijadas? ¡Si las estaban aceptando! Entonces, ellos mismos deciden, al amparo de una nueva legislación, incumplir. Eso nos colocaba ante la abierta posibilidad de que el Govern de la Generalitat fuera a incumplir la prohibición
de destinar dinero a gastos relacionados con el referéndum ilegal de la independencia. Además, estas comunicaciones de la Generalitat se han producido después de que el Parlament de Catalunya aprobara las leyes de referéndum de autodeterminación y
los desarrollos reglamentarios necesarios para la convocatoria de la consulta sobre la independencia de Catalunya. Una decisión que no solo supone una grave vulneración del ordenamiento jurídico vigente y una manifiesta desobediencia de las
sucesivas resoluciones del Tribunal Constitucional, es que además se produjo haciendo gala de unos usos parlamentarios insólitos en cualquier democracia y que sin duda estuvieron a la altura de la falta de respeto a las leyes del Estado de derecho,
de las que se jactan sus promotores.


Para añadir más confusión al proceder errático de la Generalitat, a la falta de coherencia de sus razonamientos jurídicos y al caos con que desempeña ese viaje al margen de la legalidad, el pasado lunes -estamos a miércoles por la tarde- la
interventora general de la Generalitat envió al Ministerio de Hacienda y Función Pública las certificaciones que se había negado a remitir la semana anterior y hoy mismo ha remitido las correspondientes a esta semana. Y todo esto sin aclarar de
dónde viene este cambio de criterio. Como ven, lo que estamos viviendo es muy coherente con la acción de un Gobierno. Todo esto sin aclarar por qué vuelve a ser la interventora general la que remite los certificados y no el vicepresidente, que se
había atribuido esa responsabilidad en el Consejo de Gobierno de la Generalitat. Sin que nadie explique nada, sin que nadie dé fe de nada y sin que nadie en la Generalitat rectifique la afirmación del señor Junqueras de que el nuevo marco legal
catalán le faculta para desobedecer los acuerdos de la Comisión delegada para Asuntos Económicos, hoy en el ministerio se está estudiando la aportación de la Intervención General en relación con la aplicación de los gastos y requiriéndole nueva
información.

Página 7

Señorías, hay un problema añadido en esta forma de actuar del Govern y es la delicada situación a la que empujan a los funcionarios de las Generalitat. Les están empujando a incumplir la ley, les están invitando o presionando para que se
queden fuera de la legalidad, con las consecuencias de toda índole que eso puede tener para esas personas y para sus carreras profesionales. Las autoridades catalanas se están inventando un limbo jurídico, pretendiendo que las normas del Estado ya
nos les afectan, y eso no es verdad. El ordenamiento jurídico español mantiene su total y plena vigencia. Por eso, el informe enviado por esta funcionaria es lo que hay que hacer: seguir cumpliendo la legalidad vigente en nuestro país; como lo
es la obligación de todos los empleados públicos que, en una situación de mucha presión por parte de sus superiores políticos, siguen realizando su actividad en el marco de la ley; como hace unos días vimos que ocurría en el Parlament de Catalunya
con los letrados o con el propio secretario general. Si el vicepresidente de la Generalitat se avoca la competencia de enviar los certificados, lo mínimo que puede hacer es ejecutarla. Si el vicepresidente dice que va a celebrar un referéndum,
tendrá que financiar ese acto ilegal y, por tanto, su obligación debería ser reconocer ese gasto y no esconderse incumpliendo las condiciones que le impone el Gobierno a través de la comisión delegada.


Esta tarde he enviado otra carta al vicepresidente, el señor Junqueras, recordándole que los acuerdos de la comisión delegada son de obligado cumplimiento y que espero que los cumpla y los haga cumplir, porque esa es su obligación como
autoridad de una comunidad autónoma. Ahí es, señorías, donde está la raíz y el origen de los riesgos para todos los ciudadanos y para la economía nacional: en la pretensión de la Generalitat de que las normas del Estado -en este caso concreto, las
de la Comisión delegada para Asuntos Económicos- no afectan a las instituciones catalanas; en la negativa del Govern a aplicar las condiciones de la citada comisión; en suma, en la obstinación de las autoridades autonómicas de seguir caminando
hacía ellos sabrán explicar dónde y de hacerlo, además, actuando como si ya estuvieran al margen de las leyes del Estado español. Es evidente que estos acontecimientos agravan aún más el peligro que ya existía para la prestación de los servicios
públicos esenciales en Cataluña y para la propia estabilidad presupuestaria de España, que es vital porque sobre esa estabilidad se basa la recuperación económica que genera un importante incremento de los ingresos públicos con los que financiamos
los servicios públicos e impulsa la creación de empleo, de la que tantas familias y ciudadanos se benefician en todas las comunidades autónomas y, por supuesto, en Cataluña. Además, esta actitud supone una amenaza directa para las finanzas del
Estado y para la Hacienda pública, máxime teniendo en cuenta que el Estado es el máximo acreedor de Cataluña, con una deuda de 75 443 millones de euros, la más alta de todas las comunidades autónomas tanto en volumen global como per capita.
Cataluña debe al Estado por la financiación recibida 50 627 millones de euros, el 67,1 % del total de su deuda, cuando en 2012 ese porcentaje -insisto, el 67 %- era del 16,6 %, lo que da idea del enorme esfuerzo que ha hecho el Estado para aliviar
la mala situación financiera de la comunidad autónoma. Como he dicho antes, ese esfuerzo tiene contrapartidas para todas las comunidades que han solicitado acceder al FLA, fundamentalmente la aceptación de la condicionalidad impuesta por el
Gobierno a través de la Comisión delegada para Asuntos Económicos. Lo que ha hecho la Generalitat en los últimos días rompe con el sistema de control de la situación presupuestaria y financiera de la comunidad autónoma que ejerce el Gobierno y, al
mismo tiempo, quiebra la necesaria coordinación entre comunidades autónomas y la Hacienda del Estado, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera y, en definitiva, la estabilidad presupuestaria.


En suma, podemos encontrarnos con que la falta de lealtad institucional de la Generalitat puede hacer quebrar el sistema que está haciendo posible la salida de la crisis y la viabilidad de los servicios públicos fundamentales tanto en el
conjunto de España como en Cataluña, y es obligación del Gobierno evitarlo. Distintos organismos, entidades y agencias de calificación insisten estos días en que la crisis política provocada por el desafío promovido por la Generalitat supone un
factor negativo para la recuperación económica y para la prima de riesgo, lo que introduce factores de incertidumbre que pueden afectar a la economía y repercutir negativamente en la creación de empleo y en la reducción del déficit público. Como he
señalado al comienzo de mi intervención, esta situación obliga al Gobierno a actuar de nuevo en el ejercicio de sus funciones conforme a la Constitución y al resto de las leyes y en defensa de esa legalidad que se está vulnerando en Cataluña. En
este sentido, la Ley de estabilidad señala, en su artículo 8, el principio de responsabilidad de los poderes públicos que garantiza la Constitución y, al mismo tiempo, recuerda que el Estado es el último garante del cumplimiento de las obligaciones
de las administraciones públicas y, en particular, de la prestación de los servicios públicos de los ciudadanos. De esta manera, aunque cada Administración es responsable de sus actos, la ley faculta al Estado para actuar cuando esos actos puedan
perjudicar el interés general poniendo en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas o el

Página 8

derecho de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y, en particular, el acceso a los servicios públicos fundamentales.


A la vista de que la Generalitat pretende incumplir las condiciones de la comisión delegada, despreciando su deber de lealtad institucional, y romper la coordinación en la gestión de la Hacienda pública, y ante el riesgo evidente de que
utilice el dinero público para el ilegal referéndum de independencia, el Gobierno ha decidido controlar los pagos de la Administración autonómica. Este paso, uno más en la respuesta de la situación política en la que estamos, no supone un control
político de la Generalitat, ya que el Gobierno en ningún momento suspende ninguna de sus competencias. Lo que sí supone es que el Gobierno del Estado controlará la gestión de sus pagos, y lo hace con todas las medidas que fueron aprobadas por la
Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el pasado viernes día 15 y que se mantienen en vigor -insisto, esas se mantienen en vigor diga lo que diga el vicepresidente de la Generalitat-. En primer lugar, el Gobierno concedió un plazo
de cuarenta y ocho horas al presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo de la comisión delegada para que adoptara y comunicara al Ministerio de Hacienda y Función Pública un
acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto de la Generalitat que afecte a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales. Esto supone que, en la práctica, la Generalitat debía congelar su presupuesto
-es equivalente a lo que llamamos un cierre anticipado de presupuesto- y no podría realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos excepto si afectan a servicios públicos esenciales. Evidentemente, este acuerdo de no disponibilidad
trata de evitar que se puedan aprobar gastos para financiar actividades ilícitas, como todos los gastos relacionados con la convocatoria y celebración del referéndum ilegal.


Excepcionalmente, y con el fin de que esta medida no perjudique la financiación de alguna necesidad que surja en los próximos días o semanas y que sea de interés general, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a solicitud del
interventor general de la comunidad autónoma, podrá autorizar la revocación parcial de dicho acuerdo de no disponibilidad si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad. Insisto en que es una figura muy parecida al
cierre anticipado de presupuesto y que implica que sean los órganos de gobierno los que vayan decidiendo cada materia de gasto que no queda sujeta a ese cierre. Como saben sus señorías, el plazo para cumplir con este primer acuerdo finalizó ayer,
martes, y el Gobierno de la Generalitat hizo caso omiso a la decisión de la comisión delegada. Como consecuencia, y tal como establecía el acuerdo de la comisión delegada en caso de incumplimiento del mismo, ayer a última hora firmé una orden
ministerial con el citado acuerdo de no disponibilidad, de lo cual he informado al presidente de la Generalitat y a la interventora general de la comunidad para que actúen en consecuencia a la hora de gestionar el presupuesto público.


En segundo lugar, a partir de ahora, el Gobierno se va a encargar de pagar directamente todos los gastos relacionados con los servicios públicos fundamentales que presta la Generalitat de Catalunya. A tal finalidad, la comunidad autónoma
deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales, con la firma de la Intervención General certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada ni con el referéndum ilegal ni
con ninguna otra actividad ilegal, de acuerdo con el marco jurídico español. El Estado ya no va a enviar nuevas transferencias a la comunidad autónoma para pagar esos servicios, sino que, a partir de que reciba la información pertinente, abonará
directamente, por cuenta de la comunidad, tanto las facturas de los proveedores como las nóminas de los empleados públicos. Tengo que decirles que el Ministerio de Hacienda y Función Pública aún no ha recibido esa información. No obstante,
confiamos en que, en este caso al menos, no haya desobediencia por parte de la Generalitat, porque, evidentemente, lo último que pretendemos es perjudicar a nadie; al revés, queremos garantizar los cobros pendientes a personas y empresas, que
tienen todo el derecho a cobrar y, además, a cobrar en plazo. También quiero decir que las nóminas de los funcionarios de la Generalitat no están en peligro. El Gobierno está actuando para encontrar la fórmula que nos permita conocer los importes
y realizar el pago, porque lo único que faltaba es que los errores políticos de los gobernantes de la Generalitat y su falta de colaboración fueran a pagarlos los funcionarios y sus familias. Eso no puede ocurrir, no va a ocurrir y, por tanto,
vamos a aseverarlo con toda rotundidad en la tarde de hoy.


Para que se hagan una idea, los ingresos que recibe Cataluña por el sistema de financiación ascienden a más de 1463 millones de euros cada mes. Este dinero es, evidentemente, para que Cataluña pague sus servicios públicos fundamentales; lo
que cambia es que ya no irá a las cuentas de la Generalitat para que esta pague sus facturas y nóminas, sino que será el Estado el que pague estos gastos directamente,

Página 9

contra certificado -insisto- de la Intervención General de la Generalitat. Este control de los pagos de la Generalitat no afecta, por tanto, a las competencias autonómicas en sí, que siguen en vigor, que se siguen gestionando, ya que las
instituciones de la comunidad mantienen intacto su poder de decisión en el marco de las leyes; lo que sí hace es evitar el riesgo de que el dinero se utilice arbitrariamente o, peor aún, ilegalmente y, por tanto, lo que sí hace es garantizar que va
a donde tiene que ir, que es a pagar los servicios públicos de los catalanes. En este caso, insisto, va a sufragar los gastos de los servicios públicos que están previstos en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015. No hay que olvidar que el peso de esos dos capítulos, de esos dos anexos asciende a alrededor del 90 % del total anual del sector público administrativo. Insisto en que esto es el 90 % y, por tanto,
solo queda un 10 % fuera del ámbito de esa definición de servicios públicos esenciales.


La tercera medida aprobada por la comisión delegada consiste en tratar de evitar que los pagos que realice la Generalitat a través de las entidades bancarias puedan destinarse a gastos ilegales. A partir de ahora, para poder ordenar estos
pagos, la Generalitat deberá incluir un certificado del interventor o, en su caso, una declaración responsable de los titulares de los órganos correspondientes de la comunidad autónoma, en donde se garantice que los gastos que se abonan están
incluidos en el acuerdo de la comisión delegada. En el caso de que no se incluyan los citados certificados o declaraciones responsables, o en el caso de que se falsee su contenido, se podrán exigir las correspondientes responsabilidades, incluso
penales, si fuera el caso.


Señorías, estamos hablando de evitar no solo perjuicios a los catalanes, a la economía catalana, sino también al conjunto de los españoles y al conjunto de la economía española. También estamos abordando y tratando de evitar la comisión de
actos contrarios a la ley; de evitar delitos, en suma, en los que algunos con su actitud personal están claramente incurriendo. En este sentido, las entidades financieras tienen también una responsabilidad, como cualquier otra, y por eso hemos
enviado a las mismas el acuerdo de la comisión delegada, para que puedan actuar con conocimiento y de acuerdo a lo que se exige en el mismo y a lo que señalan las leyes.


Por ese motivo, en el caso de que identifiquen alguna operación que tuviera relación con el referéndum o que fuera contraria a alguna de las decisiones de los tribunales, las entidades financieras están obligadas a poner este hecho en
conocimiento de la fiscalía o, en su caso, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Se trata, sin duda, de una medida novedosa en este escenario, pero que tiene también su similitud en
otros casos, en los que, como aquí, el Estado de derecho trata de que no se cometan delitos. No hay que olvidar que los bancos ya trabajan con las autoridades desde hace años para evitar que sus servicios financieros se utilicen para la comisión de
delitos, y eso es lo que van a hacer respecto a las operaciones de la Generalitat y las entidades y órganos que dependen de la misma.


Otra de las medidas aprobada por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos es que todas las operaciones de endeudamiento -no solo las de largo, como se hace actualmente, sino también las de corto plazo- requerirán
autorización previa del Consejo de Ministros, de manera que ninguna entidad podrá prestar dinero a la Generalitat sin esa autorización.


Insisto en la idea fundamental. Todas estas medidas no afectan a las competencias de la Generalitat. No estamos asumiendo el control de ninguna competencia; estamos controlando los gastos. Así pues, no coartamos la gestión de las
autoridades de la Generalitat, sino que la hacemos más transparente, que es algo que todo el mundo alcanza a entender, porque una de las responsabilidades de un gestor público es la transparencia y el control de sus actos para que los poderes
encargados de vigilar dichos actos -ya sea el Parlamento, la Sindicatura de Cuentas o los tribunales- puedan saber si con el dinero de todos se está haciendo algo contrario a la ley.


Señor presidente, señorías, la Comunidad Autónoma de Cataluña está sometida a las mismas leyes que el resto de las comunidades autónomas de España -lamento haber tenido que repetir en la tarde de hoy esta obviedad, pero es así: está
sometida a las mismas leyes que el resto de las comunidades autónomas de España- y sus autoridades tienen que obedecerlas, como tenemos que obedecerlas las demás autoridades sujetas a la ley, así como cumplir las sentencias, como cualquier otra
autoridad económica, como cualquier otro ciudadano español o como cualquier otro miembro del Gobierno de España. En eso está el Gobierno, en que se cumplan las leyes, en que se cumpla la Constitución, la Ley de Estabilidad y el resto de normas que
garantizan la vigencia del Estado de derecho, y en este caso protegen la estabilidad presupuestaria, la coordinación y la solidaridad entre administraciones, principios

Página 10

jurídicos establecidos en la Constitución y que, desde el punto de vista económico, son fundamentales, son clave para la vertebración de las relaciones financieras de todas nuestras administraciones. Sin estabilidad presupuestaria, sin
coordinación entre las comunidades autónomas y la Hacienda del Estado y sin solidaridad entre las distintas administraciones es imposible que acabemos de salir definitivamente de esta crisis, y lo que no podemos hacer es poner en riesgo la
recuperación económica creadora de empleo que estamos viviendo. Eso es algo que el Gobierno no quiere y, sencillamente, no va a permitir. Por eso estamos utilizando, y vamos a seguir haciéndolo, los medios legales que están en nuestras manos. El
Ministerio de Hacienda y Función Pública actúa en el marco de las competencias que le otorga la ley ante los riesgos que amenazan a la recuperación económica, y lo hace de una manera proporcionada a los hechos a los que debe dar respuesta y a la
situación que pretende corregir. La actuación del Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene otra tarea y se enmarca en el plano económico y presupuestario. Nuestro objetivo no es, ni mucho menos, poner en entredicho la autonomía de Cataluña.
Todo lo contrario, lo que está haciendo el Gobierno es proteger el Estado de las autonomías de los intentos de ruptura y de los peligros de desestabilización económica que lo amenazan desde hace meses, y al mismo tiempo garantizar a todos los
ciudadanos la prestación de los servicios básicos y la mejora de sus condiciones de vida, vivan en el lugar que vivan, a través de los principios de estabilidad presupuestaria, del ejercicio de la solidaridad y la coordinación de las comunidades
autónomas con la Hacienda pública del Estado. No nos mueve otro afán que el interés general. Tenemos de nuestro lado la legalidad española y europea, y también tenemos un compromiso, el compromiso que todos nosotros hemos asumido ante los
españoles de cumplir y hacer cumplir las leyes para que nadie ponga en peligro la convivencia, la estabilidad, la solidaridad y los deseos de progreso y bienestar a los que tienen derecho las actuales generaciones y las que, en el futuro, heredarán
un país que nos pertenece a todos.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Como les comentaba al principio, por un tiempo de ocho minutos, voy a dar la palabra a todos los grupos, en este caso en orden de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra el señor Bel, del Grupo Mixto.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, yo quisiera empezar mi intervención pidiendo respeto al presidente Puigdemont. El presidente Puigdemont se entera perfectamente de lo que pasa en su entorno y en cualquier sitio, y no hace falta que se lo explique nadie. Yo
diría que no se puede decir lo mismo del presidente Rajoy, vistas sus declaraciones en la Audiencia Nacional los últimos tiempos. Por tanto, respeto al presidente Puigdemont. (Aplausos).


Vayamos al caso. Esta es una intervención de raíz política, no una intervención financiera, de la Generalitat de Catalunya de pies a cabeza. Usted ha dicho: la antigua Convergència i Unió votó la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Efectivamente, y ustedes, intentándose amparar en esta ley, toman esta serie de medidas. El recurso de la Generalitat ya se resolverá cuando se tenga que resolver, pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria, capítulo IV, sección 3.ª, regula las
medidas coercitivas, estas que han tomado, en el artículo 25, y en el artículo 26 las medidas de cumplimiento forzoso; esta ley que usted dice que votamos y que está aplicando. Se lo voy a leer. 'Artículo 26. En el supuesto de que una Comunidad
Autónoma no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos previsto (...), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución' -este que no les gusta-, 'requerirá al Presidente de la Comunidad Autónoma para que lleve a cabo,
en el plazo que se indique al efecto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad...' Estamos de acuerdo. Continúa: 'En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas
necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa.'


Hablaba usted de transparencia y de control ajustado. Ustedes no están respetando su ley. Una comisión delegada está sustituyendo lo que en su ley, esta que también aprobamos nosotros, requiere la aprobación de una de las Cámaras, señor
ministro. Por tanto, lo que están haciendo es un traje a su medida. De las consecuencias después hablaremos si tienen tiempo, pero ustedes serán responsables.


¿Qué está haciendo este acuerdo de la comisión delegada? Es un acuerdo de no disponibilidad. Ese es un tema de estabilidad presupuestaria. No, es un tema de estos locos independentistas, que se van a gastar el dinero en lo que no toca.
¿Sabe cuáles son los programas que quedan afectados por la no disponibilidad? Se los voy a leer, todos no porque son muchos, pero sí algunos tan peligrosos, tan

Página 11

secesionistas, tan independentistas como los siguientes: 321, políticas de juventud; 322, políticas de mujeres; 323, acción cívica y voluntariado; 324, relaciones con las confesiones religiosas; 333, igualdad, calidad e integración
laboral; 335, formación profesional agraria y pesquera; 432, barrios y núcleos antiguos de vivienda; 421, creación de empresas culturales, internacionalización de la cultura, patrimonio cultural, asociacionismo, promoción de la lengua catalana;
ordenación, control e información del consumo; actividad física y deportiva; investigación y desarrollo, investigación y desarrollo en ciencia y tecnología agroalimentaria, investigación y desarrollo biomédico y en ciencias de la salud; sanidad
vegetal, animal; control de producción, ordenación, reconversión y soporte a sectores agrarios y pesqueros. Y así podríamos seguir: turismo, ordenación, fomento y promoción turística; ordenación, fomento y promoción del comercio y la artesanía.
Sobre estas partidas han hecho cierre presupuestario. ¿Nos querrá explicar qué tienen que ver con el proceso estas partidas? ¿Nos querrá explicar qué tienen que ver estas partidas con la estabilidad presupuestaria, señor ministro?


Esto es lo que están haciendo: una intervención directa en la autonomía financiera de la Generalitat, una intervención de forma torticera y barroera en relación con Cataluña, como están haciendo prácticamente en todas sus intervenciones.
Lo que tendrían que haber hecho es presentar la suspensión de la autonomía porque lo que pretenden hacer es suspender la autonomía; lo que están haciendo es suspender la autonomía. Yo no voy a hablar de lo que ha pasado esta mañana -seguramente, a
mí también me daría vergüenza hablar de lo que ha pasado esta mañana-: La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de cargos electos, de cargos del Gobierno en siete departamentos de la Generalitat, señor ministro. Usted dice que no es su
competencia. Hablemos de su competencia. Usted es ministro del Gobierno de España. Van a ser responsables -se lo decía esta mañana- de lo que están haciendo con Cataluña durante los próximos años. Yo creo que no son conscientes de ello.
Ustedes, a su forma -creo que bienintencionada-, intentan mantener a Cataluña dentro de España. (Rumores). Sí, sí que lo intentan, pero lo están haciendo, si me permite que se lo diga, de forma muy patosa. Lo están haciendo como aquel que intenta
mantener el agua entre sus manos sin darse cuenta de que el agua se le está escapando entre los dedos. Ustedes no han hecho ninguna declaración de buena voluntad en relación con Cataluña. Este diálogo al que apelan no lo han mantenido ni lo
quieren mantener y la utilización de la fuerza jurídica, de la fuerza policial, como la están ejerciendo a lo largo de los últimos días, quizá les pueda dar una victoria a muy corto plazo, pero seguramente les va a dar una derrota a corto, a medio y
a largo plazo, y los únicos responsables, señor ministro, son ustedes.


Lo que están haciendo con la Generalitat de Catalunya no tiene precedentes, señor ministro, y no es una cuestión de aplicar la ley, no es una cuestión de imponer legislación europea o legislación española. Yo no he visto en la legislación
europea que se permita, por una causa general, intentar imputar al 75 % de los alcaldes de un país; o entrar en medios de comunicación sin orden judicial; o entrar en las imprentas -voy acabando, señor presidente-; o, lo que es peor, intentar
laminar la libertad de expresión de cada uno de los conciudadanos. Estamos, simplemente, intentando que los catalanes expresen libremente su voluntad, que libremente puedan decidir su futuro. Y no se puede criminalizar; no se puede actuar como
una república africana del siglo XIX o del siglo XX, se lo digo sinceramente. En todo caso, ustedes son responsables de lo que pase en Cataluña y de lo que pase en España. Se lo digo a ustedes y se lo digo a los socios de investidura del señor
Rajoy, los activos y los pasivos...


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: ... porque seguramente sin el aval activo o pasivo de ellos esto no sería posible.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Arratsalde on. Buenas tardes.


Señor ministro, el Grupo Parlamentario Vasco agradece su comparecencia hoy en esta Comisión para dar cuenta de un tema tan importante. Señor ministro, ustedes están justificando la decisión tomada -entre otras- con el argumento de que los
gastos pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit y, por tanto, es una decisión basada en la Ley de Racionalización y Estabilidad

Página 12

Financiera. La verdad es que la utilización de este argumento nos sorprende si tenemos en cuenta, por un lado, lo dicho por el ministro de Economía, señor De Guindos, el 27 de julio en la Comisión de Economía, en la que decía, abro
comillas, 'que las perspectivas de Cataluña son brillantísimas, porque además de ser una economía competitiva es una economía que ha aprovechado la reducción del coste de financiación y que va a continuar creciendo entre el 2,5 % y el 3 % en los
próximos años'. Cierro comillas. También nos sorprende si tenemos en cuenta lo dicho por la Airef, que afirma que este año Cataluña está en condiciones de presentar un déficit público en línea con el límite que su ministerio ha acordado y, por
tanto, aplicable a todas las comunidades autónomas; es decir, que Cataluña se encuentra entre las once comunidades capaces de cumplir con el objetivo de déficit del 0,6 del PIB. Además, debemos recordar que en 2016 el desfase presupuestario de la
Generalitat se quedó en el 0,93, a 3 décimas del objetivo común para las autonomías. Esta mejora viene dada por el aumento de las transferencias del sistema de financiación, por la mejora de ingresos propios por la recuperación o el crecimiento
económico y por el incremento de los fondos comunitarios, por lo que no cabe o no se debiera atribuir solamente a Cataluña la mochila del posible incumplimiento de la estabilidad presupuestaria del conjunto del Estado. Entendemos también que este
argumento no es más que una excusa, ya que hay otras comunidades autónomas que no van a cumplir el objetivo de déficit y, a pesar de que se les ha requerido o se les requiera para que aprueben acuerdos de no disponibilidad de créditos y efectúen las
retenciones necesarias para garantizar el objetivo de estabilidad presupuestaria, no han tomado con respecto a las mismas el mismo tipo de medidas adoptadas para Cataluña, unas medidas adicionales y más exhaustivas. Por ello, entendemos que la
decisión adoptada no está solo basada en criterios económicos.


Este tipo de medidas puede que traten de estrangular a la Generalitat, pero lo cierto es que si el hecho de la adopción de este tipo de medidas lo es para que el dinero no vaya destinado al referéndum, han de tener en cuenta que Cataluña
también dispone de otros tributos que recauda, como son el impuesto de transmisiones patrimoniales o sucesiones, y aunque haya solicitado a la banca información acerca de los movimientos que haga la Generalitat con respecto a los mismos, permítanos
que nosotros dudemos de la legalidad de esta última medida. Para nosotros, desde luego, y a pesar de estas medidas, es difícil que el Estado encuentre una solución mientras no admita que la cuestión catalana no es un problema jurídico, sino
político, y al que por tanto hay que darle también una solución política.


Me gustaría traer aquí unas palabras del profesor Juanjo Álvarez, y cito textualmente: Es cierto que la legalidad y la seguridad jurídica deben presidir el ejercicio de la convivencia en democracia, pero la apelación recurrente a la misma
para impedir el desarrollo de otros valores y principios democráticos merece, cuando menos, una reflexión. Por lo tanto, ante situaciones nuevas, entendemos que se debe adaptar y adecuar la legalidad y el derecho a la realidad social, atendiendo
también a lo que la ciudadanía nos reclama.


Quiero mencionar también que, a pesar de que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un texto aprobado por el Parlament en el que declaraba al pueblo catalán como sujeto político y jurídico, también declaraba constitucionales las
referencias al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña, ya que son una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad.


Como ya le dije en su anterior comparecencia respecto a la posible suspensión del FLA, no creemos que este tipo de medidas contribuyan a mejorar la situación del conflicto entre el Estado y la Generalitat, sino más bien al contrario. Y
desde luego pensamos que es el momento, como ya le dije, del diálogo entre diferentes, el momento del consenso y de la voluntad para encontrar una solución política al conflicto catalán sin necesidad de utilizar la fuerza del Estado, que lo único
que hace es reforzar o aumentar la crispación y el enfrentamiento, contribuyendo a lanzar un mensaje de inestabilidad política, económica y financiera no solo de manera interna, sino también a la comunidad internacional.


Además, tengo que decir que no vemos con buenos ojos los acontecimientos ocurridos, y no es que lo diga el PNV, sino que se lo dijo ayer la Cámara al rechazar la iniciativa de Ciudadanos porque no se quiso admitir que se pudiera abrir un
diálogo político que hoy creemos, señor ministro, muy necesario.


Gracias. Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.

Página 13

La señora CAPELLA I FARRÉ: Molt bona tarda a tothom.


Señor ministro, con su firma en esta orden ministerial más las medidas aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ustedes aplican directamente el artículo 155 de la Constitución española y proclaman el Estado de
excepción en Cataluña, y sin ningún tipo de respaldo parlamentario ni legalidad ni legitimidad, un auténtico golpe de Estado. Porque, ¿al amparo de qué ley, señor Montoro, dice usted que se puede intervenir la Generalitat de Catalunya? Señor
Montoro, con la excusa de obligar al cumplimiento de la ley, usted se salta toda la ley y todo el Estado de derecho, y a sabiendas, y en el Código Penal esto tiene nombre y apellidos.


Lamento profundamente que se tenga que celebrar esta comparecencia, pues no deja de ser la tapadera que utilizan para justificar el golpe de Estado que están asestando al Estado de derecho. Hoy es un día triste para la democracia y para los
catalanes y catalanas, pero también para los demócratas españoles desde que se recuperó la democracia, tan triste como el 23-F. Hoy hemos visto y vivido en Cataluña cómo el Estado de golpe se ha hecho golpe de Estado. Al levantarnos esta mañana,
los catalanes y catalanas hemos sido conscientes de que vivimos bajo el Estado de excepción y espero que los demócratas españoles también sean conscientes de ello. Lo que han consumado ustedes es la aplicación de facto del artículo 155 de la
Constitución por la puerta de atrás, sin control parlamentario. Están desmantelando desde hace tiempo el Estado de derecho, la autonomía catalana, su autogobierno y en consecuencia el Estado de las autonomías. Hoy ha sido la culminación de
muchísimas acciones que vienen de lejos, porque no son únicamente las de hoy. El Govern de Catalunya ha sido hoy objeto de una agresión coordinada por las fuerzas policiales comandadas por el Ministerio del Interior del Gobierno español -una guerra
sucia que ya viene de lejos- con el objetivo de impedir a la ciudadanía de Cataluña que pueda expresarse democráticamente y en libertad el próximo 1 de octubre y con el propósito, de pasada, de suspender la actividad del Gobierno surgido de las
urnas el 27 de septiembre de 2015. Le recuerdo que el Govern de Catalunya tiene un amplio apoyo ciudadano y parlamentario y tiene legitimidad democrática para defender y representar los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y por
tanto defender su autogobierno. Esta agresión está fuera de la ley. Estos días se están vulnerando derechos y libertades públicas y con ello, como decía con anterioridad, se produce la quiebra del Estado de derecho. Se vulneran garantías
constitucionales y son violentados derechos fundamentales y libertades públicas. Se vulnera la Carta de Naciones Unidas de los Derechos Fundamentales y el Pacto de Derechos Civiles, entre otros. Hemos visto cómo se vulnera el derecho a la libertad
de expresión, de reunión, de opinión, de prensa, el secreto de las comunicaciones y así hasta un largo etcétera. En estas últimas horas, especialmente hoy, el Estado español ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña y ha aplicado el Estado
de excepción, como decía con anterioridad.


Señor ministro, lo diré hasta la saciedad y las veces que convenga. El referéndum del día 1 de octubre no es ilegal, no está en el Código Penal -a ver si se enteran de una vez- porque no es delito. Y la ley que lo ampara, mientras el
Tribunal Constitucional no lo diga, es constitucional porque el Constitucional no ha dicho que no sea constitucional. A ver si se enteran de una vez. Ilegales son otras cosas que ustedes conocen sobradamente.


Libertades y derechos están siendo suprimidos y reprimidos: los alcaldes son citados a declarar a las fiscalías sin haber cometido ningún tipo de delito y solo como medida de intimidación, tal y como reconoce, jactándose de ello, el propio
fiscal general del Estado -por cierto, reprobado-; irrupciones policiales en sedes del Gobierno de Cataluña; detenciones a altos cargos y técnicos del Gobierno; registros indiscriminados, incluso en domicilios particulares y de letrados en
ejercicio; intimidación a medios de comunicación; una actuación de la fiscalía, como decía, al margen del control judicial; el intento de bloqueo sin orden judicial de las cuentas de la Generalitat; la violación del secreto de las comunicaciones
postales; el cierre y bloqueo de páginas web; la amenaza al conjunto de la ciudadanía, que desea expresarse y decidir su futuro -vean las imágenes de Cataluña que les llegan a través de los medios de comunicación, a ver si se enteran de una vez-.
Son acciones todas ellas que generan una situación inaceptable en democracia, propia de gobiernos totalitarios que pretenden resolver por la vía de la suspensión del Estado de derecho y del asedio a la democracia y a las libertades la demanda de la
inmensa mayoría del pueblo de Cataluña. Y por si esto fuera poco, señor ministro, ustedes, en el tema económico, están poniendo en riesgo de forma irresponsable -ustedes, no Cataluña- la economía de todo el Estado y del conjunto de la Unión
Europea. Porque su Gobierno no solo cuestiona los derechos civiles básicos y las libertades públicas sino que también pone en peligro la estabilidad financiera de la zona euro. Usted ha remitido una carta a la Intervención General de la
Generalitat de Catalunya, donde pretende apoderarse, por cierto, del

Página 14

control del presupuesto destinado a financiar no únicamente los salarios de los trabajadores públicos y los servicios públicos esenciales; el señor Bel le hacía un listado de aquello que quedará sin pagar y sin responder a la ciudadanía,
por su intervención, por la intervención del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Gobierno de España. Usted hoy aquí pretende dar una pátina de legalidad a su orden y a las decisiones que han tomado, basándolo fraudulentamente en
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la Lofca, pero usted sabe que no existe tal encaje legal en la ley; usted lo sabe, señor ministro, usted sabe que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no dice lo que usted nos ha referido hoy aquí -se lo
recordaba el señor Bel-. Además, usted lo ha reconocido implícitamente en su intervención. Se están saltando la ley; se lo he dicho en múltiples ocasiones: los principales incumplidores de la ley, de los acuerdos políticos, de la legislación
vigente señalan siempre con el dedo a otros. Porque, señor Montoro, usted sabe perfectamente que Cataluña cumple, que el Govern de Catalunya redujo de forma significativa su déficit en los últimos años: más de 4000 millones de euros en 2016. Esta
reducción representa el 85 % de la reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas para el año 2016, ministro, y usted esto no lo puede negar. Sabe que cumplimos con las normas y sabe que cumplimos con los requisitos exigidos de
estabilidad presupuestaria. Por tanto, está claro que la orden ministerial -las decisiones que ustedes han tomado y las milongas que hoy aquí nos ha contado usted- no es una cuestión de estabilidad presupuestaria sino una medida ilegal, arbitraria,
discriminatoria, que busca objetivos políticos muy concretos y todos sabemos cuáles son. Quienes realmente ponen en riesgo la estabilidad presupuestaria son ustedes -y un ejemplo es el que ha salido hoy en los medios de comunicación- inflando el
presupuesto de Defensa en más de 1000 millones de euros en los seis primeros meses del año. Eso sí que desestabiliza el presupuesto del Estado y las cuentas y las finanzas públicas. La orden ministerial, además, exige a las entidades de crédito de
Cataluña que bloqueen las cuentas del Govern de Catalunya, exigiendo que cualquier pago vaya acompañado de un certificado de la Intervención General que confirme que no pretende financiar actividades ilegales.


Ministro, se lo voy a volver a recordar: el referéndum no es ilegal, no es delito, y sabe usted que solo se contempla autorizar el bloqueo de cuentas, desde el punto de vista de los tratados europeos y de la legislación europea, cuando se
trata de actividades relacionadas con el terrorismo y el blanqueo de dinero, y esto, señor ministro, usted lo sabe. Es un acto altamente irresponsable el que llevan a cabo ustedes, que amenaza con poner en peligro el buen funcionamiento de los
sistemas de pago, la financiación de los gastos públicos básicos e incluso la estabilidad, como le decía, del sistema financiero de la zona euro. Congelan los fondos y los activos financieros propiedad de la Generalitat de Catalunya. Esto también
es manifiestamente contrario -y voy acabando, presidente- a la libre circulación de capitales y a los pagos definidos en el Tratado de la Unión Europea. La medida puede provocar otra reacción pública -que yo dejo caer para ver si así ustedes se
enteran de algo- que puede ser una protesta en forma de retiro de depósitos bancarios, y usted esto lo sabe. La Generalitat dispone de un presupuesto de 38 000 millones de euros y ejecuta un promedio mensual de 2000 millones de euros de órdenes de
pago. Pregúntele a La Caixa y al Banc de Sabadell qué les está pasando hoy con el valor de sus acciones.


La conclusión: ¿ustedes realmente creen que la ciudadanía de Cataluña dejará de reclamar el derecho a expresarse democráticamente en las urnas y que renunciará a poder expresarse a través de las urnas el próximo 1 de octubre? ¿Ustedes se
creen realmente que haciendo todo esto el Govern de Catalunya, los representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos de Catalunya vamos a renunciar a poner en manos de la ciudadanía la posibilidad...


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: ... de decidir su futuro? Si me contesta de forma afirmativa será una clara muestra de que ustedes han desconectado definitivamente de Cataluña.


Y ahora, si se me permite -y acabo ya-, nos vamos a ausentar de esta comparecencia y lo hago con todo el respeto a las instituciones del Estado que representan a la ciudadanía española, pero en estos momentos vamos a estar donde toca, con la
muchísima gente de Madrid que se está solidarizando con Cataluña, defendiendo el derecho a decidir y las libertades democráticas.


Gracias. (Las señoras Capella i Farré y Jordà i Roura abandonan la sala).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre.

Página 15

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor Montoro, decíamos ayer -y aquí no es, como en el caso de Fray Luis de León, que hayan pasado muchos años, han pasado solamente veinte días-, y desgraciadamente parece que se equivocó, que no se estaban destinando fondos
públicos a la financiación del referéndum de Cataluña. En esa ocasión le decía desde mi grupo parlamentario Ciudadanos que nos parecía imprescindible una intensificación del control de los gastos y de los pagos de la Generalitat de Catalunya, que
no nos podíamos fiar de la palabra del señor Junqueras y que nos parecían también insuficientes los certificados de la interventora general. Evidentemente hoy la situación ha cambiado por completo porque también le tengo que reconocer que el pasado
jueves se pasó del incumplimiento, que en nuestra opinión podría continuar produciéndose, a la abierta desobediencia a la legislación y a la abierta desobediencia a la legislación presupuestaria. Por eso, aunque entendemos que las medidas que
ustedes tuvieron que tomar el pasado viernes son particularmente duras y que a nadie en su sano juicio -a ningún ministro de Hacienda- le gustaría tener que enfrentarse a una situación así, nos parece que están justificadas. Todas estas medidas se
toman dentro de la legalidad en una situación como esta para restablecer el Estado de derecho porque, efectivamente, hoy la autonomía de Cataluña está en riesgo, pero está en riesgo porque prácticamente ha sido suspendida por el Gobierno de
Puigdemont y la mayoría separatista en el Parlament que, saltándose los procedimientos y las leyes, dio prácticamente un golpe a la democracia en los últimos días. Por tanto, creemos que estas medidas, siempre que estén dentro de la ley, están
justificadas.


Por otra parte, si nos ceñimos al ámbito que usted ha traído aquí, que es muy relevante -y le agradecemos su comparecencia, especialmente porque usted viene a comparecer ante una Cámara democrática mientras que el Parlament de Catalunya ha
sido literalmente cerrado por la mayoría separatista, que no permite que haya control al Govern, con todo lo que está ocurriendo-, le diré que, en nuestra opinión, las medidas que ha tomado tienen un fundamento constitucional y claro, un fundamento
constitucional en el principio de programación del gasto público del artículo 31 y un fundamento constitucional también en el artículo 156 de coordinación con la Hacienda estatal. Evidentemente, si la interventora general y el señor Junqueras se
niegan a someterse a la legislación y se niegan a remitir ningún tipo de información, no puede haber coordinación entre la Hacienda estatal y la Hacienda de las comunidades autónomas. Si eso es así, es evidente que es imposible saber en qué
situación se está. Pero lo más grave de todo en nuestra opinión es que la actuación, la voluntad en su momento de la interventora y también del señor Junqueras parece ser que incumple también -y es lo que más nos preocupa- el artículo 133.4 de la
Constitución, que establece que una Administración pública en España -incluida la Generalitat, el Estado, quien sea- solamente puede contraer obligaciones financieras y ejecutar y pagar gasto público de acuerdo con las leyes. Evidentemente, si hay
una declaración oficial de que los máximos órganos de control no se sometan a las leyes, hay un problema de legalidad, por supuesto. También hay un problema político, pero evidentemente si no existe control alguno porque no hay legalidad
presupuestaria es claro que está en riesgo la estabilidad presupuestaria. Por consiguiente, si eso es así, la única solución es que el control se ejercite desde el Ministerio de Hacienda. Reconocemos que las medidas son contundentes; no debíamos
haber llegado hasta aquí. En su momento, y se lo solicitamos, debíamos haber intensificado el control, debían estar los interventores del Estado en Barcelona, pero, en cualquier caso, dada la situación a la que se enfrentaron el pasado jueves, la
medida es correcta.


Aunque la señora Capella ya no esté aquí, es bueno recordar que no es cierto que ustedes, el Gobierno y la Comisión delegada, hayan bloqueado las cuentas corrientes de la Generalitat. Lo único que se les exige es una obligación de acompañar
el gasto con un certificado, pero el dinero sigue disponible por parte de la Generalitat. El certificado es pura y simplemente de que se cumplen las leyes, una cuestión obvia para cualquier tipo de organismo de control, y lo que ha pasado en
Cataluña en estos días es que ha saltado por los aires toda la legalidad y también la presupuestaria. Por tanto, la única solución es el control del dinero desde Madrid y pedir la colaboración a las entidades financieras porque, efectivamente, el
blanqueo de capitales es intentar impedir que el sistema financiero se utilice como instrumento para la comisión de delitos y el dinero público debe gastarse exclusivamente en las finalidades previstas en la ley, y todo lo que no sea eso podría
constituir un delito de malversación de caudales públicos y, por consiguiente, tiene todo el sentido que se pida la colaboración de las entidades financieras.


Dicho esto, la fundamentación jurídica está en la disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque la Comunidad Autónoma de Cataluña se adhirió al FLA y estos artículos remiten a las medidas coercitivas y de
cumplimiento forzoso de los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ya le pregunté el 31 de agosto y me dijo efectivamente que no descartaban tener que

Página 16

aplicarlos, como desgraciadamente ha ocurrido. Hay que tener en cuenta que estas medidas son también unas medidas de mantenimiento de los servicios públicos porque si el dinero se gasta sin control, sin legalidad, si se gasta en unas cosas,
no se gasta en otras y hay que garantizar que los servicios públicos llegan a todos los catalanes.


Un tema muy importante es que mientras la Generalitat de Catalunya está arrogándose el derecho en la ley de transitoriedad a no someterse al control de los tribunales, mientras el president Puigdemont dice que a él solamente le puede
inhabilitar el Parlament, estas medidas que ustedes han tomado están sometidas, como todas las demás, al control y a la revisión de los tribunales de justicia. Es decir, que si la Generalitat no está de acuerdo con ellas, puede impugnarlas, puede
pedir medidas cautelares y puede pedir lo que en jerga se denominan medidas cautelarísimas -y no ha querido pedirlas- para obligar al Tribunal Supremo a pronunciarse en cuarenta y ocho horas. Es decir, está bastante claro que ni siquiera creen que
iban a ganar en el Tribunal Supremo. Y ante esto hay que decir que el conseller Junqueras es una auténtica estafa porque está vendiendo a la ciudadanía de Cataluña algo que contraviene los principios básicos. Él está diciendo -y también lo dijo la
interventora general, aunque luego parece que ha cambiado de criterio- que toda la orden quedaba suspendida porque ellos recurriesen. Es un principio del derecho que las órdenes de una autoridad las suspenden los tribunales, incluso cuando se
aplica el privilegio del artículo 161.2 tiene que reunirse. Es decir, que si el Estado recurre una disposición de las comunidades autónomas y pide la suspensión, el Tribunal Constitucional tiene que aceptarla. Aquí no hay una orden de suspensión
del Tribunal Supremo. En consecuencia, estas medidas están sometidas a la revisión de los tribunales porque estamos en un Estado de derecho. Efectivamente, el margen de la autonomía de Cataluña ha disminuido y puede haber problemas con los
servicios públicos por todo esto, pero creemos que la responsabilidad es del Gobierno de la Generalitat, de la mayoría separatista en el Parlament, que han dejado de cumplir las leyes y que están dando un golpe a la democracia. Esta respuesta que
han dado ustedes cuenta con nuestro apoyo porque creemos que es lo adecuado y lo que se podía hacer en una situación como esta.


Para concluir, le pido, señor Montoro, que hagan todo lo posible, todo lo que esté en su mano para que los servicios públicos continúen funcionando en Cataluña y para que los funcionarios y los demás empleados públicos -pese a la falta de
colaboración de la Generalitat- puedan cobrar sus nóminas. Para esto y para el reestablecimiento del Estado de derecho, por supuesto, tendrán toda la colaboración de mi grupo parlamentario y hablo en nombre de mi partido, de los más de 700 000
catalanes y de los más de 3 millones de españoles que nos votaron en las últimas elecciones.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.


En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.


Ministro, su comparecencia hoy es muy insuficiente. Nuestro grupo parlamentario solicitó la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso. La gravedad de la situación exige que el presidente del Gobierno comparezca
ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones. Si no es ahora, cuando vivimos la crisis política más profunda desde 1978, no sé cuándo va a comparecer el presidente; que no se esconda detrás de fiscales, de jueces o de la Guardia Civil y
comparezca para hablar de la situación que se está produciendo en Cataluña.


Usted decía que no quería hablar de lo que ha acontecido hoy en Cataluña; nosotros, sí. Hoy se ha producido una escalada represiva en el estado de excepción que ustedes están implementando en Cataluña. Hoy hemos sentido indignación y
vergüenza como demócratas y como catalanes. Hoy hemos visto imágenes que parecen de otra época o de otras latitudes. Su Gobierno se empieza a parecer más a gobiernos autoritarios, como el de Orbán en Hungría o el Erdogan en Turquía, que a un
gobierno de la Unión Europea. La entrada de la Guardia Civil en los departamentos de la Generalitat y la detención de altos cargos supone una escalada represiva de una enorme gravedad. Por esto, nuestro grupo ha salido a las puertas del Congreso
con este cartel, que dice: Detenciones no, democracia sí. Porque ante la vulneración de derechos y libertades siempre nos tendrán enfrente.


Hoy la cuestión ya no es independencia sí o independencia no, ni siquiera Cataluña o España, se trata de los derechos y las libertades de la ciudadanía; de la salud de la democracia española. Esto va de derechos civiles y de preservar las
instituciones catalanas. Supongo que usted conoce la expresión som

Página 17

un sol poble, somos un solo pueblo. Bien, creo que estos días vamos a ver una demostración de gente que piensa muy distinto, que tiene opiniones distintas sobre el referéndum pero que está unida en la defensa de los derechos y las
libertades y unida en la defensa del autogobierno de Cataluña y que va a contar con la solidaridad de mucha gente demócrata en toda España que no entiende -y esa es la clave- que un problema político se afronte con detenciones de adversarios
políticos y entrando en los departamentos de la Generalitat; con la Guardia Civil y la Policía entrando en imprentas; con la Policía irrumpiendo en medios de comunicación y en sedes de partidos sin orden judicial; con la identificación por parte
de la Policía de activistas políticos; con el control de las comunicaciones -de Correos en este caso-; con querellas contra miembros del Gobierno y cargos electos; con la prohibición de actos públicos y de debates por el mero hecho de aparecer
las palabras 'derecho a decidir', y no solo en Cataluña sino también en Vitoria, Gijón y Madrid, y ya veremos qué sucede ahora en Zaragoza; con las citaciones a más de 700 alcaldes y alcaldesas por parte de la fiscalía -por cierto, algunos sin
haber firmado ningún tipo de decreto-; con la amenaza de detenciones al amparo de ninguna orden judicial, solo con la clara intención de intimidar y generar miedo a toda persona que se implique en el 1 de octubre, como de hecho ha venido a decir el
fiscal reprobado Maza.


Ustedes hablan de salvar la democracia y de defender los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo? ¿Vulnerando libertades y derechos como el de expresión, información y reunión que son la esencia de la democracia? La democracia solo se puede
defender con más democracia, no con menos. Como dice Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, perseguir a aquellos que quieren ceder locales para poner urnas es una situación que no admiten los valores de la Constitución en un país
democrático. El acuerdo de la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos es un paso más en esta escalada punitiva y represiva. Nada tiene que ver lo que ustedes han hecho con la situación económica de Cataluña o de la Generalitat ni
tiene nada que ver con los requerimientos de la Unión Europea. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria que nosotros siempre hemos rechazado de plano, el Gobierno podría intervenir las finanzas de la Generalitat si se demuestra que está
incumpliendo el plan de ajuste a partir de una serie de requerimientos, plazos y trámites previos y a través de la aprobación del Senado, como se decía antes. Ustedes esto se lo han saltado totalmente. Ustedes han cogido la directa y han ido a
intervenir directamente las finanzas de la Generalitat. Suspenden de facto la autonomía de Cataluña y lo hacen con una orden ministerial, con un acto administrativo. ¡Una orden ministerial! Esto es increíble, pero ¿esto qué es? No me diga que la
intervención de las finanzas de la Generalitat no afecta al autogobierno y que no vulnera la autonomía de Cataluña. ¿De qué autonomía estamos hablando cuando toman el control de la caja de la Generalitat? ¿De qué autonomía estamos hablando cuando
ustedes pretenden pagar directamente a los funcionarios? ¿De qué autonomía estamos hablando cuando los servicios básicos de salud, educación, etcétera los van a pagar ustedes? ¿De qué autonomía estamos hablando cuando han tomado el control de más
de 300 entidades públicas catalanas, desde las universidades a los hospitales? En fin, esa es la cuestión.


En España a lo largo de la historia autonomía y democracia siempre han estado ligadas. Sin autonomía financiera no hay autonomía política y no hay autonomía financiera sin un mínimo control de la propia caja. Sin autonomía están dando
ustedes un hachazo a la misma democracia. Siempre hemos dicho en los últimos años que el Estado de las autonomías está agotado. Pues bien, ustedes con estas medidas lo acaban de liquidar. Se acaban de cargar el autogobierno de Cataluña. ¿Qué es
lo que están haciendo en realidad? Están aplicando el artículo 155 de la Constitución que permite la intervención del Gobierno de las comunidades autónomas. ¿Por qué no lo aplican directamente? Bueno, ya veremos, porque son perfectamente capaces
de hacerlo. Ahora no lo hacen porque como mínimo exige publicidad sobre las medidas coercitivas -que deben ser concretas-, un debate en el Senado y una votación. Ustedes lo que quieren es tener las manos libres para hacer lo que quieran en
Cataluña sin control jurídico ni parlamentario.


Como decía un constitucionalista conocido, Javier Pérez Royo, que no es catalán precisamente, se está produciendo de facto una suspensión del derecho a la autonomía en Cataluña, adoptándose por los órganos del Estado medidas que son
incompatibles con la naturaleza y el ejercicio de tal derecho. Ustedes sí que se cargan la Constitución que tanto dicen defender; se cargan el artículo 156 que garantiza la autonomía financiera de las comunidades autónomas para la ejecución de sus
competencias.


No me gusta lo que hizo el Gobierno catalán y la mayoría del Parlamento catalán en los días 6 y 7 de este mes. Creo que fue un error y nosotros tampoco compartimos la hoja de ruta del Gobierno catalán, pero la cuestión es por qué hemos
llegado a esta situación. Estamos donde estamos porque el Gobierno

Página 18

se ha negado sistemáticamente a dialogar con el Govern de la Generalitat y las fuerzas políticas catalanas sobre qué salida pactada van a dar a la voluntad mayoritaria de decidir el futuro político de Cataluña, porque esa es una demanda
mayoritaria del 70 o el 80 % de la ciudadanía. El mismo porcentaje que hace unos años estaba perfectamente de acuerdo con el Estatut d'Autonomía y la Constitución ahora plantea la voluntad de decidir sobre su futuro político -mucha gente
independentista y muchísima gente que no es independentista-, porque ustedes rompieron el pacto territorial, el pacto constitucional, con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Esa es la cuestión. Para ustedes la cuestión catalana es un
problema de orden público, un problema penal, y no un problema político que hay que resolver por cauces democráticos. Como les decía, ustedes rompieron ese pacto constitucional, pero no han presentado ningún tipo de alternativa o de recomposición
de ese pacto constitucional. Han dicho no al pacto fiscal, no han presentado ninguna alternativa ni siquiera de mejora del autogobierno. Todo lo contrario, impulsaron con la excusa de la crisis una ola recentralizadora. En el fondo el problema
que tienen es su alergia a reconocer la realidad plurinacional y plurilingüística de España, de su propio país. El problema de fondo es su aversión a que los ciudadanos puedan decidir libremente. Un conservador como Cameron pactó con el Gobierno
escocés un referéndum. ¿Está en mejor situación ahora Escocia o Cataluña, el Reino Unido o España? Compare la situación en la que se encuentran un país y otro; yo creo que están mucho mejor Escocia y el Reino Unido con un referéndum pactado.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Termino ya.


Señor ministro, esto no lo resuelven guardias civiles, policías, jueces o fiscales; esto se resuelve en la mesa de negociación y en los Parlamentos. ¿Usted quiere hacerle un favor a la democracia? Pues si quieren hacer un favor a la
democracia, lo que deberían hacer ustedes es presentar su dimisión, porque ustedes han fracasado, están inhabilitados como Gobierno, han creado desorden en lugar de orden, inestabilidad en lugar de estabilidad y plantean una salida autoritaria que
es ampliamente rechazada por la mayoría de la sociedad catalana. Usted tendría que dimitir, y también el vicepresidente y el presidente del Gobierno por irresponsables y por poner en riesgo la democracia.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Milla.


El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías, buenas tardes, señor ministro. Por si hubiera alguna duda, quiero empezar dejando algo muy claro, y es que en el Grupo Parlamentario Socialista estamos con el Estado de derecho y con la legalidad, especialmente con
la legalidad catalana, que ha sido la primera víctima del proceso independentista. Estamos con esos alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de Cataluña a los que se está señalando, insultando e incluso amenazando por no favorecer la
celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Estamos con los hombres y con las mujeres que se están enfrentando a quienes quieren atribuirse falsamente la representación única de Cataluña y que están llevando a una crisis sin precedentes a
todas las instituciones catalanas. Estamos con quienes defienden -como defendemos nosotros mismos- que la Constitución y el marco normativo se pueden y seguramente se deben reformar, pero que todo ello se ha de hacer usando los instrumentos que la
propia legalidad nos proporciona y no situándose al margen de la legalidad o en contra de la misma. Esta es nuestra posición; estamos con la legalidad y con el Estado de derecho, y coincidimos en ello con el Gobierno de España, pero esa
coincidencia en modo alguno se debe interpretar como un apoyo acrítico, incondicional o como una carta blanca, y mucho menos como un acto de fe; es un apoyo a la defensa de la legalidad, a la defensa del Estado de derecho y de la democracia.


Lo que no va a hacer el Grupo Socialista, desde luego, es consentir que el mal llamado proceso soberanista se apodere de toda las política española, como si los demás problemas que condicionan el día a día de millones de españoles y de
españolas se hubieran esfumado por arte de magia o como si las consecuencias de las actuaciones del Gobierno de España durante los últimos cinco años no se hubiesen producido. Señor Montoro, para nuestro grupo continúa usted siendo un ministro
reprobado por la mayoría del Congreso por haber impulsado, aprobado y defendido una amnistía inconstitucional injusta que ha supuesto una pérdida irrecuperable de miles de millones de euros para las arcas públicas. Para el Grupo

Página 19

Socialista el señor Rajoy continúa siendo el presidente que se resiste a reemplazar a dos ministros que han sido reprobados por la misma Cámara que le otorgó la confianza que le permite ser presidente del Gobierno y que además tiene, en
nuestra opinión -insisto, en nuestra opinión-, responsabilidades políticas por acción u omisión en la financiación ilegal de su partido. No vamos a aceptar que el mal llamado proceso soberanista se convierta en una especie de detergente que
blanquee todas las responsabilidades del Gobierno o del Partido Popular pero, como dije al principio, ello no es obstáculo para que el Grupo Socialista coincida con el Gobierno en la necesidad de exigir el respeto a la legalidad vigente y al Estado
de derecho, que para nosotros está por encima de todo, porque sin la observancia de las leyes que otorgan derechos, que aseguran libertades y establecen las garantías necesarias para ejercer esos derechos y disfrutar de esas libertades no hay
democracia.


Señor ministro, el pasado 31 de agosto compareció usted en esta Cámara para explicar las medidas que adoptó a finales de julio para el control y el seguimiento de la gestión presupuestaria de las cuentas de la Generalitat de Catalunya. En
aquella sesión se refirió usted hasta en seis ocasiones, si no recuerdo mal, a la contradicción que suponía, por un lado, cumplir las obligaciones de información establecidas por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del día 21
de julio de 2017 y, por otro lado, se refería a que un Gobierno que cumplía sus obligaciones declaraba reiteradamente que se iba a producir un referéndum, que nunca se podría realizar mientras se cumpliesen las medidas de control y seguimiento
adoptadas por esa comisión delegada y por las anteriores. Tanto insistió usted en esta cuestión, tanto la recalcó, que durante aquella comparecencia no me quedó muy claro si lo que pretendía era subrayar insistentemente esa contradicción, si se
trataba de una advertencia o si estaba usted retando al Gobierno catalán a que incumpliera las normas; un incumplimiento que, en caso de producirse, les permitiría a ustedes continuar jugando esa partida de frontón con los independentistas
catalanes en la que cada uno actúa como muro frente al otro recibiendo, sin inmutarse, incluso, a veces con satisfacción, los pelotazos del contrario para marcar puntos en Cataluña, en el caso de los independentistas, y para marcar puntos en el
resto de España, en el caso de ustedes.


Pues bien, no hemos tenido que esperar mucho tiempo. Ya tenemos aquí el incumplimiento al que se refería usted el día 31 de agosto. Si sus palabras de esa fecha eran una advertencia, no han servido para nada. Si se trataban de un reto, le
han cogido el guante, señor Montoro, aunque a nosotros desde luego no nos extraña nada teniendo en cuenta la irresponsabilidad de la que viene haciendo gala el Gobierno catalán. El Gobierno de España ha reaccionado ante ese incumplimiento mediante
una orden ministerial -la disposición de menor rango normativo- en la que se limita a hacer público, como anexo, el acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 15 de septiembre. Es decir, que una medida tan
trascendental, como a nuestro juicio es esta, no está acordada por el Consejo de Ministros, sino que la responsabilidad de su puesta en marcha recae sobre un ministro, usted mismo, que respalda el acuerdo de un órgano gubernamental, la Comisión
delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que por sí mismo carece de facultades ejecutivas.


Nosotros no vamos a dejar de apoyar medidas cuyo objetivo sea evitar que se destinen recursos públicos a financiar actividades ilegales, las que sean, pero tengo que decirle que el medio elegido en este caso nos parece un tanto extraño, un
tanto limitado. Han optado ustedes por una fórmula en la que ni siquiera media un informe del Consejo de Estado, de modo que, al final, la norma ha sido recurrida por el Gobierno catalán, el recurso ha sido admitido por el Tribunal Supremo, parece
que ello va a dar pie a una nueva contienda legal, que de esa contienda legal nacerá -ha nacido- una nueva disputa que nos tememos pueda convertirse en una nueva partida de frontón, entre el Partido Popular y los independentistas, en la que cada uno
busca sacar réditos políticos a costa de alimentar la confrontación y la tensión en vez de apostar por la calma, por el sosiego y por el diálogo.


Señor ministro, los socialistas vamos a coincidir con ustedes en la necesidad de respetar la legalidad y el Estado de derecho, pero les vamos a exigir respuestas proporcionadas, eficaces, aplicadas de manera inteligente, elaboradas sin que
haya la más mínima sombra de duda sobre su encaje legal y garantizando siempre y en cualquier caso los menores perjuicios para la ciudadanía. La determinación del Estado de impedir la celebración de un referéndum, a nuestro juicio ilegal, no puede
en ningún caso limitar el debate político ni los derechos consagrados en la Constitución. A nuestro juicio, señorías, se han perdido cinco años, que han acabado con la convocatoria, como digo, de un referéndum ilegal y carente de garantías
democráticas, pero lo que vaya a ocurrir en esa fecha, el próximo 1 de octubre, lo que sea, era evitable, como también era evitable lo que ha pasado en las últimas semanas y era evitable lo que pueda haber ocurrido en los últimos días, aunque nos
tememos que ya no es evitable. Pero, afortunadamente, el

Página 20

próximo 1 de octubre ni va a empezar nada ni va a terminar nada, por eso nos parece fundamental estar preparados para hacer lo que no se ha hecho hasta ahora. No debemos dejar toda la tierra quemada, porque sobre la tierra devastada no
puede germinar nada. Ayer mismo, en la Junta de Portavoces del Congreso casi todas las fuerzas políticas -concluyo, señor presidente- se posicionaron favorablemente con respecto a la creación de una comisión de estudio impulsada por el PSOE con el
objeto de crear en el marco parlamentario una mesa de diálogo entre todas las fuerzas políticas para dar salida a la situación en que se encuentra Cataluña.


Es necesario que la situación de confrontación que existe dé pasos a nuevos espacios de diálogo. Nos parece imprescindible que por fin se abra un proceso completamente abierto de diálogo para abordar el tema de Cataluña y del diseño de la
reforma territorial de España. En este sentido, nuestra apuesta -concluyo-, la de los socialistas, continúa siendo la que siempre ha sido: la apuesta por el diálogo, la apuesta por el debate y la apuesta por el entendimiento.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Roca.


El señor ROCA MAS: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor ministro, por comparecer para informar sobre las últimas medidas aprobadas por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en
Cataluña.


La primera pregunta que cabe hacerse es cuál es el origen de esta medida. El origen está en lo que los independentistas, que llevan casi cuarenta años gobernando Cataluña, hicieron el 6 y el 7 de septiembre en el Parlament de Catalunya. Lo
que están haciendo los independentistas es profundamente antidemocrático. Los independentistas intentaron liquidar en unas horas el Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Constitució
espanyola, el derecho de la Unión Europea y todo el derecho internacional. Los independentistas intentaron en unas horas derogar la democracia en Cataluña, y lo hicieron silenciando a la oposición, pisoteando los derechos democráticos del 53 % de
los catalanes. Fue un atropello antidemocrático de los independentistas, un atropello que ningún Estado democrático del mundo aceptaría bajo ningún concepto.


El Estado de derecho ha reaccionado y está reaccionando para evitar que se cometan delitos contra la democracia, y menos con dinero público. El Tribunal Constitucional ha suspendido las leyes de ruptura de la legalidad aprobadas en el
Parlament; están suspendidas. El Gobierno de España ha tomado medidas para que los que gobiernan la Generalitat dejen de malversar l'autogovern en beneficio de su objetivo ilegal y antidemocrático. El Gobierno de España debe prevenir el delito,
porque ya tenemos constancia de que ha habido un despilfarro millonario en una campaña de un referéndum ilegal. Hemos visto millones de euros en papeletas, millones de euros en carteles, millones de euros en publicidad, millones de euros en
subvenciones.


La justicia está persiguiendo a aquellos que ya han incumplido la ley, piensen lo que piensen, porque en España, señorías, no hay detenidos políticos. Estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque supone liquidar la
soberanía nacional y el derecho que tenemos todos los españoles a decidir lo que es nuestro país. Y si alguien es valiente para saltarse la ley, debe serlo además para asumir sus responsabilidades, en especial si es político. En España el Estado
de derecho funciona y está para restituir la democracia en Cataluña, y quiero hacer un reconocimiento expreso a todos los miembros de la Administración de Justicia -en especial en Cataluña- y a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, porque tienen todo nuestro respeto. Tras lustros de pedagogía del odio, del Espanya ens roba, del Espanya és una democràcia de baixa intensitat, la democracia está funcionando para defender los derechos de los catalanes.


El procés no tiene nada de festivo, ni de democrático. Lo hemos visto en los últimos días: han falseado campañas de los partidos de la oposición. ¿Quién puede estar orgulloso de que se suplante a la oposición en democracia? Puigdemont
incitaba a la gente a interpelar por la calle a sus alcaldes por pensar diferente. ¿Quién puede estar orgulloso de un presidente que llama al desorden y a la coacción? La CUP, uno de los partidos antisistema que dan apoyo al Govern de la
Generalitat, llama a señalar a los que piensan diferente, hace carteles de responsables electos, pinta dianas, ocupa sedes de partidos políticos de la oposición, acosa y amenaza. Es una vergüenza para cualquier demócrata. ¿Quién puede estar
orgulloso de esa actitud violenta? Hoy mismo los independentistas deciden suspender de facto la democracia tanto

Página 21

en el Parlament como en muchos ayuntamientos, al cancelar la actividad democrática. ¿Quién puede estar orgulloso de suspender la democracia en Cataluña?


Quiero hacer un reconocimiento expreso, hablando de ayuntamientos, a todos los alcaldes y alcaldesas del PSC, a todos los concejales del PP y de Ciudadanos que en Cataluña están defendiendo la democracia con mucha valentía (Aplausos), en
especial a los que sufren el acoso independentista en soledad, en pueblos pequeños. Tenéis nuestro respeto, nuestra admiración y todo nuestro cariño. No esteu sols, estem amb vosaltres.


Algunos querían hacer historia desde un coche oficial, y desgraciadamente lo han conseguido, han metido a Cataluña en una de las páginas más oscuras de la historia democrática europea. Tengo aquí la foto de la sesión de aprobación de las
leyes de ruptura de la legalidad. (Muestra una fotografía del hemiciclo del Parlamento catalán). La foto de un Parlament semivacío no solo atenta contra España y contra el PP, atenta contra Cataluña y contra la democracia. La foto de un Parlament
semivacío no es la foto de nada constituyente ni constructivo, es la foto de un procés destructivo y antidemocrático. Esta, señorías, es la peor foto de la historia reciente de Cataluña. ¿Quién puede estar orgulloso de esta foto?


Ya hace tiempo que en el resto de España solo se ve lo peor de Cataluña, la Cataluña que no respeta nada, la que silba e insulta, la que se avergüenza de sus padres y abuelos, la que deshonra a sus vecinos, la que amenaza, la que odia.
Nuestro compromiso es con lo mejor de Cataluña. La mayoría de catalanes no somos antiespañoles, y espero y deseo que el resto de España sepa distinguir y que se acaben las generalizaciones injustas que hablan de Cataluña y los catalanes, más que
nada para que no paguemos justos por pecadores. Con toda la modestia que uno tiene que tener quiero decir que en Cataluña tenemos un montón de cosas buenas, un montón de cosas muy buenas que queremos compartir con el resto de España y que creo que
el resto de España puede copiar y puede aprender de Cataluña. También queremos compartir, aprender y disfrutar del resto de España, que tiene muchas cosas muy buenas. Lo que tenemos bueno es mucho, es rico y es plural, porque en la unidad,
señorías, somos mejores.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca.


En un segundo turno, tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


En primer lugar, mi agradecimiento a los grupos parlamentarios que han mostrado el apoyo a las decisiones del Gobierno sobre esta materia, un asunto difícil, complicado sin duda alguna, pero esto es el ejercicio de un Gobierno en democracia,
hacer frente a las situaciones difíciles con medidas adecuadas a las mismas.


En relación con el discurso que ha hecho el representante del Grupo Parlamentario Popular, es un discurso integrador de lo que debe ser esa realidad de convivencia que durante siglos nos ha llevado adelante juntos a españoles que hemos
nacido en diferentes lugares. Por cierto, a nadie nos han preguntado donde queríamos nacer. (Risas). Por tanto, ese regreso al nacionalismo más primitivo -que no tiene otro nombre- en un mundo global, en un mundo internacionalizado, en una España
que además de ser plenamente una democracia es por primera vez en siglos plenamente Europa -no aislada de la misma-, en ese país, algunos, unas minorías, imponen unos criterios que ellos denominan democráticos. Democrático es el acto estamos
realizando en el encuentro de esta tarde aquí, en la Cámara, en el Congreso de los Diputados. Por eso decía que debo agradecer la intervención también del portavoz de Ciudadanos, que ha sido clara y transparente en términos de apoyo, entendiendo lo
que significan estas medidas, con sus connotaciones y sus limitaciones.


Se lo agradezco también al Grupo Parlamentario Socialista, que además insiste -está en su legítimo derecho- en que apoyar unos determinados planteamientos del Gobierno no significa en modo alguno apoyar el conjunto de la acción del Gobierno
-ni ningún Gobierno democrático debe pretender así el ejercicio de la oposición-. Pero tienen razón cuando insisten en que este proceso, llamado por algunos soberanista o independentista, no es nada más que un proceso de división, de
enfrentamiento, de crear confrontación social donde no debería haberla realmente, donde no debería, bajo ningún pretexto a estas alturas del siglo XXI, prosperar. El ejercicio de la democracia consiste en que el Gobierno venga a explicar sus
acciones, sus decisiones y, como decíamos en el control de esta mañana, a asumir sus responsabilidades. Pero no entiendo bien qué clase de democracia practican algunos grupos políticos que una vez que intervienen se van -eso es muy democrático- a
ejercer otro derecho, que sin duda alguna

Página 22

es muy democrático. Sin embargo, no sé si entendemos lo que hacemos en esta Cámara cuando se ausentan, como ha hecho esta mañana el propio PDeCAT.


Después de someter a control al Gobierno, ¿puede decir el señor Bel alguna palabra mía que le haya ofendido para que su grupo parlamentario haya abandonado el hemiciclo esta mañana? Hemos hablado de asumir cada uno nuestras
responsabilidades frente a la realidad presente y la realidad futura que se irá marcando, como decía el señor Bel esta mañana. Pero la política, el teatro de la política, entrar y salir, tiene sus límites. Si hay una comparecencia, el Gobierno
viene a comparecer porque es su obligación: explicar a la Cámara, que es explicar a los representantes de la soberanía nacional que están sentados aquí, y por eso todos ellos tienen esa legitimidad, empezando por la del Gobierno.


Yo mismo soy también diputado, y hoy estoy aquí sentado en mi condición de miembro del Gobierno por descontado, pero también en mi condición de miembro de esta Cámara, del Congreso de los Diputados, siendo muy consciente de lo que eso
representa. Representa que millones de españoles han hecho posible que cada uno de nosotros estemos aquí sentados. Y acertaremos o no acertaremos en nuestras decisiones, por supuesto, como en cualquier acción humana, pero en democracia lo que
caracteriza a esas decisiones es que las contrastas, y ese contraste nunca es una imposición. Por eso, el discurso que hacen algunos de ustedes sobre un Gobierno autoritario después... Entonces, ¿para qué viene un Gobierno autoritario a esta
Cámara horas después de tomar la decisión? Para algunos de ustedes, como ocurre normalmente con los representantes del Grupo de Podemos, si no están en su propia esfera no existen; y, entonces, ¿qué ejercicio de democracia viene a realizar un
Gobierno que se parece a otros Gobiernos? Pero ¿en qué se parece el Gobierno español a otros Gobiernos si somos un Gobierno que además estamos en clara minoría? Si estamos en el Gobierno será porque alguien de aquí nos está apoyando, digo yo,
(Risas), y lo volverá a hacer en los próximos Presupuestos Generales del Estado porque, si no, ya me contarán ustedes. Por tanto, no sé qué concepto de la democracia tienen.


Ustedes resumen la democracia como entienden cuando su propio líder se ha permitido decir en los pasillos del Congreso que en España hay presos políticos. Esa es una auténtica barbaridad que debería retirar el señor Iglesias inmediatamente
porque es impropio de un grupo parlamentario que se sienta en esta Cámara. (Aplausos). Así es como hay que hablar. Se está actuando esta mañana, pero nadie hace una intervención policial en España que no sea bajo el amparo de la justicia, nadie,
nadie. Para que se hagan una idea, yo soy el miembro del Gobierno que ha venido esta tarde y que ha participado en el control sin saber nada de esas intervenciones de esta mañana; las estoy viendo a través de los medios de comunicación, que
representan la ventaja que tenemos hoy. Eso es estar en una democracia y en una separación de poderes. Están actuando los poderes judiciales y las fuerzas de seguridad, que tienen que tener nuestro máximo reconocimiento porque son el Estado de
derecho y tienen por supuesto la obligación de hacer ese ejercicio. Yo no sé si los representantes de Podemos lo entienden, porque además de profesores de Ciencia Política están distinguiendo realmente lo que es un Estado de derecho, lo que es una
separación de poderes, que es exactamente lo que existe en España mucho antes de que ustedes llegaran a esta Cámara. Ninguno de nosotros estaría aquí si no fuéramos una democracia y no hubiera una separación de poderes como realmente existe en
España.


Vuelvo entonces a la acción de Gobierno, que es lo que vengo a explicar en la tarde de hoy a esta Cámara y a sus representantes. Algunos tienen tan poca elegancia democrática que no esperan la respuesta del Gobierno a sus argumentos, porque
dicen que tienen que irse deprisa a otro tipo de acto político más importante que representar a los ciudadanos que les han votado en esta Cámara. Pero allá ellos en su forma de entender la democracia. Por eso se lo decía también esta mañana con el
gesto del propio PDeCAT abandonando el hemiciclo a no se sabe qué ni por qué abandona el hemiciclo, máxime cuando estamos ejerciendo una sesión de control al Gobierno y está respondiendo el Gobierno de acuerdo con las premisas que está planteando.
Pero el Gobierno no puede responder por la acción de los poderes del Estado de derecho. ¿Eso es difícil de entender? ¿Eso tengo que explicarlo en esta Cámara? Esa es la confusión que trasladan algunos de ustedes respecto de los poderes del
Gobierno, como si el Gobierno fuera quien diera esas órdenes. La obligación del Gobierno es ir tomando decisiones a medida que se van produciendo los acontecimientos. Esa es la responsabilidad del Gobierno y, por supuesto, hacerlo siempre en
términos democráticos, transparentes y de control, que es exactamente lo que estamos haciendo, lo que hacemos los gobiernos democráticos. Parece que para algunos la democracia es solo gobierno donde ellos gobiernan; y cuando se sujetan a esas
leyes, por ejemplo, la Ley de estabilidad, que, como bien decían, no nos gusta nada. ¡Claro! ¿Pero saben cómo se cambia? Aquí, aquí. ¿Y saben lo que tienen que hacer aquellos independentistas que desean cambiar la Constitución? Pues reunir la
suficiente

Página 23

mayoría aquí en esta Cámara. Eso es la democracia; eso es realmente el Estado de derecho. Vienen ustedes, les votan lo suficiente y cambian las leyes. Y a partir de ahí, todos nos atenemos a las consecuencias de ese cambio; y ya
veremos, porque, claro, ustedes gobiernan donde gobiernan sujetos por esas leyes. ¿Y por qué no lo dicen? Si por nosotros fuera, incumpliríamos las leyes de estabilidad. Pero, claro, no les deja el Estado de derecho; no les deja el propio
Gobierno en la parte que le corresponde de control administrativo; ¡por supuesto que no les dejamos! No vamos a permitir que la interpretación o el deseo político de algunos, que sigue siendo una minoría -grande, pero una minoría- vaya en contra de
las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo en España. Eso no lo vamos a permitir.


Para eso estamos en el Gobierno, para eso representamos una opción política y para eso tenemos convicciones e ideas, y una de ellas, precisamente, es la que conforma la Constitución española. Estamos en defensa de la Constitución española.
Sí, estamos en su defensa porque realmente esa es nuestra obligación. ¡Es que eso es la democracia y el ejercicio de un Gobierno! Por tanto, si alguno cree que el Gobierno puede utilizar otro instrumento para desarrollar este tipo de medidas
también lo puede traer, como grupo político, a esta Cámara. Tráiganlo a la Cámara; traduzcamos algunas de estas medidas o todas las medidas en términos de propuestas legislativas, y lo haríamos con mucho gusto desde el propio Gobierno y apoyando
en términos de la Administración del Gobierno a ello. Pero yo he venido a explicar las últimas medidas que, efectivamente, no son las que vine a explicar hace tres semanas.


¿Por qué he venido con nuevas medidas? Porque han ocurrido los hechos que describía el señor Roca en el Parlamento de Cataluña. ¿Eso es predecible por el Gobierno a finales de agosto? No, eso es lo que el Gobierno trata de impedir que
ocurra, pero alguien lo lleva adelante. ¿Ese alguien no sabe que está conculcando la legislación española y la legislación europea? ¿De verdad no lo sabe? ¿Y no le explica a la gente que está conculcando esa legislación? ¿O no, como he tenido
que escuchar de la señora diputada de Esquerra? Dice que no es ilegal el referéndum (Risas) -esto sí que es para nota-, que es una acción legal. Pero vamos a ver, después de escuchar esa afirmación, todo es válido, ¿no? ¿Qué legislación de
nuestro Estado de las autonomías otorga esa capacidad a una autonomía, a un ayuntamiento o a una comunidad de vecinos? ¿Una comunidad de vecinos puede decidir no pagar el IBI en España porque ha decidido ser autosuficiente? (Risas). ¿De eso es de
lo que estamos hablando? ¿Eso existe en algún país desarrollado del mundo? Usted forma parte de un conjunto y ese conjunto es el que decide en todo momento. ¿Eso no es la democracia, que decida el conjunto en todo momento? Y por supuesto en esa
democracia hay unos poderes, unos poderes que están separados, como ocurre en España, y que en este momento en materia de gobierno ejerce el Gobierno del Partido Popular. Y hay un miembro de ese Gobierno que ejerce en esta materia. ¿El Gobierno
del Partido Popular, el Gobierno del presidente Rajoy y el ministro que les habla no están en la obligación de tomar medidas ante lo que está ocurriendo? ¿No es su obligación garantizar la legalidad en el uso de los recursos públicos? Por parte de
cualquier gestor público, no ya, por supuesto, por parte de los miembros de una de nuestras comunidades autónomas más grandes. ¿No hay ese control de legalidad? ¿No es una obligación por parte del Gobierno de España exigirla?


¿Pero a quién incomoda? ¿Por qué el señor Junqueras no sigue, puesto que decidió seguir certificando él mismo? ¿Porque se ha dedicado a otra cosa? ¿Pero qué problema tiene si está haciendo todo legal? ¿Por qué no asume sus
responsabilidades? Si está todo bien, ¿qué problema hay? Es que yo no llego ni a verlo ni a entenderlo. ¿Se imaginan que la Intervención General del Estado, ubicada en el Ministerio de Hacienda, estuviera recibiendo instrucciones de ilegalidad
por parte del ministro? ¿Cómo respondería esa Intervención? No se lo plantean ustedes, ¿verdad? Es imposible. ¿Y eso puede ocurrir en el Gobierno de una comunidad autónoma? Seguro que no, ¿verdad? Y no está ocurriendo. ¿O es el responsable
político máximo el que está incurriendo en una ilegalidad que está declarando él mismo? ¿No es eso lo que está ocurriendo? Quienes tenemos la última responsabilidad, adjudicada por la Constitución española, esa que les gusta a ustedes... A los de
Podemos no sé si les gusta la Constitución o la conocen, porque cuando hablan del artículo 135 estoy convencido de que no se lo han leído nunca. Hacen decir al artículo 135 lo que no dice, porque no lo dice. El artículo 135 habla de estabilidad
presupuestaria, pero no dice nada de recortes en gasto social, absolutamente nada, y ustedes hacen decir a dicho artículo lo que su simple lectura no dice y, a partir de ahí, con ese artículo que traslada a España el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea nada más y nada menos, tenemos en España incorporado a la Constitución el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tienen la ventaja de que como no se leen los artículos...

Página 24

Vuelvo a la Constitución. ¿La Constitución no atribuye al Gobierno la capacidad de identificar que toda acción es legal en el uso de los recursos públicos? ¿No atribuye al Gobierno la capacidad y la obligación de la coordinación de las
políticas económicas y presupuestarias? ¿No lo hace también en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera? Pues lo hace. ¿Y qué estamos aplicando? Nuestro ordenamiento jurídico a una situación excepcional. ¿Pero
quién duda de que sea una situación excepcional? Ahora tienen que preguntarse quién está llevando a esa situación excepcional. ¿Hay alguna merma en materia de competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña? Es decir, ¿la Consejería de Sanidad
va a dejar de ejercer sus responsabilidades? ¿Lo va a hacer la Consejería de Educación? Porque un control de pagos realmente lo que hace es que intercepta el pago por parte de algunos que se han colocado en la ilegalidad; es que se han colocado
ahí. Eso es lo que nos están diciendo nuestros tribunales, que son los que definen dónde está la frontera de la legalidad. ¿O no son los tribunales?


Ese es el Estado de derecho, que es lo que está funcionando en España y la responsabilidad del Gobierno, ante esa acción... En fin, yo no les voy a decir nunca que se pongan en mi lugar; eso vaya por delante, cada uno tiene su papel y su
función y es muy importante esa función como miembro de ese grupo político, pero imagínense que se les dirige el vicepresidente de la Generalitat diciéndoles que ha decidido no remitir el control de legalidad amparándose en una ley, la ley de
referéndum, que ha aprobado el Parlamento de Cataluña. ¿Qué harían? ¿Le contestarían diciéndole que no habíamos caído los demás en que se había aprobado en un parlamento autonómico una ley? ¿Usted ha leído la ley de referéndum? ¿Sabe lo que dice
esa ley? Dice que es superior a todas las leyes -lo dice-, a todas, a toda la normativa europea, hasta que se materialice ese referéndum. Realmente ustedes no es que hayan creado un nuevo Estado de derecho, es que han suspendido los Estados de
derecho de España y de la Unión Europea. (Aplausos). Realmente eso es lo que han hecho. Y, amparándose en esa ley, el vicepresidente Junqueras envía una carta al ministro diciéndole que no pasa por su control. ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿No
es lógica la reacción del ministro convocando al Gobierno y exponiéndole al Gobierno y al presidente del Gobierno que se puede y se debe actuar? ¿No es eso lo coherente y lo lógico? ¿O lo lógico es seguir diciendo que no pasa nada, que no está
ocurriendo nada? Sí está ocurriendo, está ocurriendo que la ley está suspendida por el Tribunal Constitucional y el presupuesto del referéndum de la Generalitat está suspendido; está declarada ilegal la partida del presupuesto de la Generalitat,
¿o no, señor Bel? El 5 de julio declaró el Constitucional ilegal esa partida. Por tanto, ¿de qué están hablando? ¿De cometer ilegalidades? Y el responsable máximo de los servicios públicos, de los recursos públicos de los españoles, ¿asiste
pasivamente a esa situación de continua ilegalidad? De verdad que es formidable la apuesta a la que me están emplazando. Eso es así. ¿Qué hacemos? ¿No hacemos nada, cuando entendemos que las leyes nos amparan?


Dicen que es algo más que una orden ministerial. Son decisiones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que es el órgano competente, definido como el órgano competente cuya presidencia ejerce el presidente del
Gobierno, cuya vicepresidencia ejerce la vicepresidenta del Gobierno y donde estamos presentes todos los miembros del área económica y social del Gobierno, además de altos cargos. Dicen que eso no es suficiente. Es que no podía hacerlo el Consejo
de Ministros, tenía que avocar a la Comisión delegada en función de nuestra Ley de estabilidad y por eso lo hace la Comisión delegada. A partir de ahí, la orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Función Pública desarrolla los acuerdos de la
Comisión delegada. Es lo que estamos haciendo en ese vehículo, pero si algún grupo entiende que hay otro procedimiento legal más, sería bien recibido y estaríamos encantados de poder darle otro tipo de vehículo legal. Y si hay dudas a ese
respecto, resolvámoslas conjuntamente porque la situación, efectivamente, lo requiere.


Yo vengo aquí a explicar cuál es el comportamiento, la conducta del Gobierno y en ese sentido quiero decirles también que, como bien han marcado, claro que habrá un 2 de octubre. Cataluña es una de las grandes áreas de los territorios de
España y de Europa con más capacidad de emprender, con más capacidad de acción. La gente irá a trabajar, estará trabajando, estará haciendo su actividad, estará exportando, estará invirtiendo porque la vida va a continuar, con la confianza de que
en esta Cámara vamos a ser capaces de hacer una política de entendimiento; esa confianza, que está haciendo que haya una recuperación económica en Cataluña y en toda España. Pero la obligación del Gobierno es precisamente también impedir que esa
recuperación se trunque por razón de determinadas intenciones políticas.

Página 25

¿Se puede ser independentista en España o en el resto de Europa? Pues claro que se puede, ¿cómo no se va a poder? Con toda normalidad se puede, pero también se puede ser no independentista. Lo digo por las críticas, como bien han señalado
aquí, que sufren personas que no comulgan con sus ideas. ¿Y eso no es democracia? La democracia es imponerse en sus ideas, la democracia es contar los manifestantes en una manifestación; no, la democracia es otra cosa, la democracia es una
representación y una votación con garantías, no es la utilización de recursos públicos para actividades ilegales. Porque, ¿quién ha financiado esas papeletas que ahora son incautadas por orden judicial? ¿Quién ha financiado eso? Si lo ha
financiado alguien con responsabilidades públicas, va a responder, pero tiene que responder con todas sus consecuencias, incluido su patrimonio, como dicen nuestras leyes. ¿O es que usted cree que se puede ordenar desde un puesto público la
aplicación de los recursos presupuestarios que son de todos porque tengas una intención política y una intencionalidad política que no es compatible con la legislación? Eso es una ilegalidad manifiesta y, por tanto, te va a caer todo el peso de la
ley encima. En ese terreno también le tengo que decir que el Gobierno irá desarrollando sus acciones, su toma de decisión en función de las circunstancias a las que nos vamos enfrentando.


Pero, insisto en la idea, la autonomía sigue funcionando a plena capacidad. Lo que se introduce es un control de pagos, un control de legalidad, que ya me contarán ustedes a quién le estorba -a alguien le estorba, está claro, pero ese
alguien es el que tiene que responder y no yo esta tarde; a alguien le está estorbando ese control de legalidad- y lo que tratamos con el procedimiento establecido es, precisamente, garantizar que ese alguien no dedique esos recursos públicos a lo
que no está en su presupuesto, que no dedique esos recursos públicos a lo que es una ilegalidad. Eso es lo que estamos haciendo. Y con eso, ¿por qué se dice que hemos impedido la autonomía, como he escuchado al señor Puigdemont a mediodía de hoy?
¿Por qué? Si él va a seguir gobernando. Él tiene toda la acción de Gobierno para desarrollar las actividades legales, obviamente; no tiene ninguna capacidad el señor Puigdemont para desarrollar ninguna actividad ilegal, como no la tiene el
Gobierno de España. Eso es la democracia, el imperio de la ley y la ley está aquí, en esta Cámara y en las otras Cámaras de un Estado descentralizado como es el Estado de las autonomías, pero respetando en todo momento esa legalidad.


En resumen, la verdad es que hay determinados debates que no entiendo. Lo del diálogo, por supuesto, pero ya les explicamos cada uno de nosotros que intervenimos en esta Cámara, y lo hace continuamente el presidente del Gobierno, que no
puedo dialogar sobre algo que excede de la ley. ¿Eso se entiende? A mí me viene alguien a dialogar sobre un planteamiento de exceso de una ley y le diré que si no le gusta la ley, que presente una iniciativa política que transforme o modifique esa
ley. ¿Qué es el diálogo? ¿La imposición frente a la soberanía nacional? ¿Dónde radica la soberanía nacional en una democracia como la española? En el pueblo. ¿Ustedes como grupos políticos pueden negociar una suplantación completa de la
soberanía nacional? No pueden, no tienen esa capacidad y, por tanto, eso es la democracia. Habrá que hacer los referéndums a todos los españoles y no subvertir y suplir la soberanía por partes como algunos pretenden hacer porque eso no es la
democracia. La democracia no es expresar una opinión en público, eso no es la democracia solo, la democracia va mucho más allá, es una toma de decisión colectiva que se hace por delegación en representantes en elecciones democráticas con garantías
y con responsabilidades y los Gobiernos ni nos sentamos ni nos vamos a sentar a dialogar nada que esté fuera de nuestra norma y de nuestra Constitución. Quien quiera cambiar la Constitución que venga aquí con la propuesta. El señor Puigdemont no
vino aquí con su propuesta, no vino aquí. Pregúntese por qué no vino aquí a presentar su propuesta, que es donde está delegada esa soberanía nacional. Por tanto, eso es lo que tiene que hacer quien quiera modificar y quien quiera hacer las
apuestas pertinentes para cambiar las leyes, empezando por la ley de la Constitución.


Insisto en la idea de que aquí para nada se ha restado capacidad en relación con el ejercicio de la autonomía en Cataluña, lo que se ha hecho es garantizar los pagos, puesto que la actitud de determinados dirigentes políticos de la
Generalitat están induciéndonos a pensar que realmente buena parte de esos recursos no se van a destinar a lo que se tienen que destinar, que es a proveer los servicios públicos, por supuesto facilitados desde la función pública, desde los
funcionarios, que no deben temer nada de un sistema como el que estamos estableciendo. Es un sistema completamente neutro y lo único que hace es que, en vez de que vayan anticipos a cuenta cada mes, se pagarán cada mes esas nóminas, esos
proveedores de la Administración pública directamente con los recursos que son los que facilitan el pago de los impuestos entre todos.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Página 26

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Por un tiempo de dos minutos, que espero que no sobrepasen sus señorías, voy a dar un segundo turno. Cuanto más largas sean sus intervenciones, más larga puede ser después la intervención del ministro porque necesitará más tiempo.


En primer lugar, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, me he quedado a escucharle y la verdad es que no me ha servido de mucho porque no me ha contestado a ninguna de las cuestiones que le he planteado. Por tanto, no afee a otros que se han ido. Por si le interesa, nosotros
esta mañana nos hemos ausentado del hemiciclo no por sus palabras, hemos dado rendida cuenta al salir del hemiciclo. Hombre, que desde el Partido Popular nos digan que no se deben abandonar Cámaras o hemiciclos... ¡Qué quiere que le diga!


Usted insiste en que la autonomía continúa igual, que las competencias son las mismas y que no se afecta a la autonomía financiera de la Generalitat. Se lo he preguntado antes y se lo vuelvo a preguntar ahora, señor ministro. Artículo 1,
acuerdo de no disponibilidad de treinta y cinco programas aprobados por el Parlamento de Cataluña que no fueron impugnados ante el Tribunal Constitucional -como sí lo fueron otros programas- y ustedes acuerdan el cierre presupuestario de programas
tan subversivos como la renta garantizada, programas de tercer sector, de cultura, de promoción económica, de vivienda, de ayuda al deporte, de formación profesional agraria, para nada. ¿Esto qué tiene que ver con el referéndum? ¿Qué tiene que ver
con la independencia? ¿Se limita o no se limita la autonomía? ¿Lo aprobó el Parlament de Catalunya o no lo aprobó el Parlament de Catalunya?


En todo caso, vayamos al fondo de la cuestión, señor ministro. Ustedes sabrán, se lo digo sinceramente. Saben cómo pienso y saben cómo actúo. Cuando usted califica el discurso del portavoz del Partido Popular como un discurso integrador,
comprendo que no conocen para nada Cataluña, y esto es una grave irresponsabilidad. Cuando el portavoz del Partido Popular felicita a los alcaldes y alcaldesas del PSC, eso tendría que hacer reflexionar a más de uno, más allá de que no pueda
felicitar a los del Partido Popular porque no tiene en Cataluña, lo que también les tendría que hacer reflexionar.


El señor PRESIDENTE: Señor Bel, tiene que terminar.


El señor BEL ACCENSI: En todo caso, como los compañeros de Esquerra Republicana se han ausentado, si me deja acumular los dos minutos, se lo agradecería... (Rumores.-Risas).


El señor PRESIDENTE: Por mucho parecido que haya, no es posible por esta Presidencia. (Aplausos).


El señor BEL ACCENSI: Voy terminando, señor presidente.


En todo caso, lo que está pasando es muy grave, es gravísimo, señor ministro, y ustedes tendrían que plantearse si estas medidas que viene a explicar hoy usted aquí y otras complementarias ayudan a resolver el problema de Cataluña o lo
empeora. Reflexionen y, antes de tomar nuevas medidas, tengan en cuenta aquellos que apelan al 2 de octubre, etcétera -y piensan en esta clave-, si ustedes creen que desde su óptica -ya no le digo desde la mía o desde la de la mayoría de los
catalanes- estas medidas van a ayudar...


El señor PRESIDENTE: Señor Bel, ha duplicado el tiempo que le correspondía. Tiene que terminar ya.


El señor BEL ACCENSI: ... a integrar Cataluña en el Estado español.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Este turno no es obligatorio, quien quiera puede usarlo y quien no quiera, bien. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Señor ministro, le vuelvo a dar las gracias por dar cuenta de las medidas como lo hace siempre. Solamente quiero hacer una última reflexión que no es otra cosa que lo que ya le he dicho en mi intervención. Ahora más que nunca entendemos
que es el momento de la política porque la cuestión catalana no es solamente un problema jurídico. Queremos pedirles y solicitarles que sean valientes, que

Página 27

sigan la recomendación que adoptó ayer la Cámara, que no es otra que la posibilidad de abrir una puerta al diálogo político, a la negociación y al acuerdo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchísimas gracias, señor presidente.


Quiero hacer una reflexión muy básica. La democracia existe en el Estado de derecho cuando se cumplen las leyes. En nuestra opinión, con aquellos que quieren modificar las leyes, aunque no compartamos nada, claro que se puede y se debe
dialogar, pero con aquellos que pretenden acabar de un plumazo con las leyes es muy complicado dialogar y en cualquier caso mucho menos cuando están dando en este momento un golpe a la democracia. Lo digo con todas las letras y no solo por la ley
del referéndum, que se considera máxima, sino porque la ley de transitoriedad aprobada por ese mismo Parlament es un puñetero disparate. Es decir, también acaba allí con la separación de poderes, el president de la Generalitat no puede ser
destituido más que por el Parlament y nombra al Poder Judicial. Allí se acaba con el Estado de derecho, y con los que acaban con el Estado de derecho en medio de un golpe no creemos que la solución sea el diálogo. El diálogo llegará cuando se
restablezca la legalidad, la democracia y el Estado de derecho.


En este sentido, me gustaría concluir diciendo que por supuesto apoyamos las últimas medidas del Gobierno, porque nos parecen una reacción imprescindible y necesaria y, sobre todo, quiero transmitir desde aquí nuestro apoyo a los
funcionarios públicos que cumplen con su obligación, a los cargos políticos, alcaldes, concejales, miembros del Parlament y funcionarios que cumplen con la legalidad vigente. Esa es la obligación de cualquier ciudadano, pero especialmente de los
que somos funcionarios públicos. Por supuesto, quiero transmitirles también nuestro respeto. Los que creemos en el Estado de derecho, creemos que un país que no tiene separación de poderes no tiene Constitución. Hay que respetar al Poder Judicial
y, cuando toma decisiones, hay que respetarlas, las compartamos o no. Eso también incluye decisiones que están tomando los jueces que no son fáciles y que nosotros debemos apoyar y respetar, porque creemos que un Estado de derecho es básico para la
convivencia y la democracia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.


La única conclusión que sacamos de su comparecencia es que su política para Cataluña continúa siendo la política de la imposición, la política de la coacción y, como hemos visto hoy, la estrategia del miedo. El problema de fondo es que
ustedes no tienen otra política hacia la sociedad catalana que no sea la salida autoritaria. El problema es que no se pueden imponer a una mayoría social que quiere decidir libremente su futuro y que lo querría hacer además -estoy convencido de
ello- de forma acordada y pactada, como han hecho otros países, porque hay soluciones políticas y soluciones constitucionales para ello. La Constitución y la ley no pueden servir para impedir o coartar la participación de la ciudadanía, sino para
canalizarla. Si esto no es posible, hay que reinterpretar o cambiar la ley. Por tanto, no es que ustedes no puedan, porque es perfectamente posible -ha habido constitucionalistas prestigiosos, como Rubio Llorente, que nos indicaron el camino en
este sentido-, sino que simplemente no quieren. Su única política para Cataluña es la imposición de un marco estatutario y constitucional en el que entre el 70 y el 80 % de la ciudadanía no se reconoce: independentistas, federalistas o gente que
simplemente es catalanista.


En democracia no solo vale vencer por la fuerza, aunque sea con el escudo judicial; en democracia es necesario convencer también. Ustedes se están quedando como un partido residual y minoritario en Cataluña justamente porque no tienen
ninguna propuesta ni ninguna política hacia la sociedad catalana. Sin ley no hay democracia, estoy de acuerdo, pero sin justicia y sin respeto a los derechos civiles que deben garantizar las leyes y el Gobierno tampoco la hay. Ustedes, que se
llenan la boca con las leyes, son la fuerza política que más ha tenido que comparecer ante los tribunales de justicia por saltarse la ley. Su presidente ha tenido que ir a la Audiencia Nacional no por poner urnas, sino por casos de corrupción.

Página 28

Ustedes tienen el récord de imputados por casos de corrupción en toda Europa. Son el partido del pago de comisiones a cambio de obras públicas, el partido de los ministros reprobados, el partido de la operación Cataluña, de la policía
política. ¿Esa es su estrategia en relación con Cataluña? Nosotros estamos firmemente convencidos de que esto tiene solución. En democracia negociar no es una opción, es una obligación, y en este caso es imprescindible el diálogo y la negociación
para encontrar una salida que no suponga ningún tipo de imposición, porque estamos convencidos de que desde el reconocimiento a ese derecho a decidir y a la propia realidad plurinacional de Cataluña, en ese marco es donde está la solución.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Milla.


El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente porque tampoco quiero repetir argumentos. A nuestro juicio, el Gobierno catalán y los diputados y diputadas independentistas que le apoyan en el Parlamento han optado por una vía que no solo es unilateral sino que
es ilegal, una vía que les ha llevado a vulnerar por este orden el Reglamento del Parlament, los derechos de la oposición, el Estatuto de Cataluña y la Constitución española. Se trata de una vía que es unilateral, que es ilegal y que entendemos que
está condenada al fracaso porque comporta la actuación de los poderes del Estado para evitar la celebración de un referéndum que es ilegal porque para realizarlo hay que hacer actividades ilegales; por tanto el referéndum es ilegal. Los
socialistas siempre hemos alertado contra el choque de trenes que otros minimizaban, y nosotros hemos defendido que había otro camino, el camino del diálogo, de la negociación y del pacto, pero desgraciadamente nuestras advertencias no han sido
atendidas y el choque de trenes al que nos referíamos parece que ha llegado. Entendemos que no nos debemos engañar, la solución al problema de la relación entre Cataluña y el resto de España no va a venir de la mano de los tribunales. Creemos que
el camino es el diálogo y que más pronto que tarde ese camino se podrá abrir; de hecho, en este Parlamento, en el propio Congreso se ha abierto un espacio para poder andar ese camino y esperamos que incluso se incorporen a recorrer ese camino
fuerzas políticas que no apoyaron la creación de esa Comisión. Pero mientras todo esto ocurra, señorías, señor presidente, señor ministro, los socialistas entendemos que el respeto de la legalidad nos obliga a todos y a todas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Roca.


El señor ROCA MAS; Muchas gracias, señor presidente.


Lustros de matraca nacionalista han confundido a mucha gente de buena fe y contemplan el conflicto que vivimos en Cataluña como un conflicto entre Cataluña y España, pero es un conflicto entre catalanes. Por eso me hace gracia cuando se
habla de pueblo o poble de Cataluña, porque la señora que ocupa la Presidencia del Parlament de la Generalitat dijo que yo no era pueblo de Cataluña, de hecho dijo que yo era el enemigo. El señor que ocupa la Presidencia de la Generalitat dijo que
había que foragitar invasors, había que expulsar a los invasores, a los no independentistas, y nos comparó con la invasión nazi de los Países Bajos, que es una comparación absolutamente delirante. Claro, yo no soy independentista, a estas alturas
de la vida me parece que no lo voy a ser nunca, y además como mi albedrío es bastante más maduro que todas las máquinas de hacer independentistas que se puedan inventar, creo que no voy a cambiar. ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué me iban a hacer si se
salieran con la suya los independentistas? ¿Quién me protegería? A mí y a unos cuantos cientos de miles de catalanes. De eso nadie habla. Se ha hablado aquí de estado de excepción. Oiga, eso no es verdad. ¿Sabe lo que pasa en Cataluña? Que lo
que tienen que hacer los independentistas es dejar en paz a nuestros concejales, es dejar en paz nuestras sedes, es dejar en paz nuestros actos. Nosotros no vamos a los suyos; no vengan a nuestros actos, vayan ustedes con sus antorchas y esas
cosas que hacen y déjenos en paz, dejen en paz y no amenacen a la gente que quiera ir en una lista con el Partido Popular, con Ciudadanos y me temo que pronto con el PSC. Señores de Convergència, no se preocupen por los alcaldes del PP, pregúntense
cuántos catalanes tendrán un alcalde convergente en 2019, esa es la pregunta que se tienen que hacer. (La señora Madrazo Díaz: Esa es muy buena.-Risas). Con una frase -y ya acabo, presidente, muchas gracias por su

Página 29

amabilidad-, ¡volem votar!, queremos votar, con dos palabras evitas que la gente piense; ese es el mecanismo del totalitarismo, apelar al sentimiento. Luego la gente ya no entiende y pide el ¡volem votar! ¿Quieren que votemos los
catalanes? ¿Pues saben lo que pueden hacer ustedes que tienen capacidad o podrían tenerla? Aprueben una ley electoral en Cataluña, que somos la única comunidad autónoma sin ley electoral, porque la ausencia de ley electoral permite la hegemonía de
los independentistas en el Parlament de Catalunya durante cuarenta años (Aplausos), porque lo de la democracia cuando puede poner en peligro su mayoría ya no les gusta tanto. Pregúntennos sobre educación, sobre sanidad, sobre competencias de la
Generalitat. ¿Por qué todos los presidentes de la Generalitat han llevado a sus hijos a escuelas trilingües y al resto de la gente nos prohíben ir a escuelas trilingües si no te las puedes pagar? Pregúntennos, pregunten sobre cosas que sean
competencia de la Generalitat. No, ustedes quieren solo una pregunta. Es una democracia monopreguntativa (Risas), solo quieren preguntar si se puede perpetuar el régimen, si todo el poder económico, político, social, mediático y burocrático de
Cataluña debe depositarse en la Presidencia de la Generalitat, que además ustedes manejarán convenientemente para garantizársela.


El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señor Roca.


El señor ROCA MAS: Acabo, señor presidente.


Además, con una trampa: una sola pregunta para perpetuar el régimen y, si fallamos, repetimos. (Risas). Eso no es ser demócrata.


Señores de Podemos, por falta de tiempo se van a ir ustedes hoy de rositas. (Risas). Han llamado ustedes un error a lo que pasó el 6 y el 7 de septiembre en el Parlament de Catalunya, y yo remito a la gente a las intervenciones de sus
compañeros, los señores Rabell y Coscubiela.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Cierra este turno de intervenciones el señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Insisto en que el discurso del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión en el día de hoy, el señor Roca, es integrador. El problema de los separatistas es que son discriminadores. No pueden entender que exista gente que
piense de una manera distinta. Es algo propio. Primero, la patria, segundo, la patria y, tercero, la patria. ¿Y en qué consiste la patria? ¿Es una democracia? ¿Hay desarrollo? ¿Hay empleo? ¿Hay bienestar social? ¿Hay educación? ¿Hay
sanidad? ¿Hay realmente solidaridad intergeneracional? ¿Hay pensiones? ¿Eso es la patria o no es eso la patria? Pues eso es lo que trabajamos aquí, por que en esta que tenemos ahora, que es España, que es la que define nuestra Constitución, nos
podamos entender desde las diferencias, que pueden ser muchas en términos ideológicos -es que deben ser diferentes en términos ideológicos-, pero nos vamos a entender. Hemos progresado en bienestar común, en integración europea, y de manera
notable; nunca habíamos llegado a esos estándares. ¿Y no lo hemos hecho juntos? ¿A quién le sobra quién en esa España en este momento? ¿Pero qué es lo que les sobra? Hemos hecho ese desarrollo, tenemos que mejorar, pero ¿a los independentistas
catalanes no les preocupa que haya empleo? ¿Ese no es el gran objetivo? ¿Y están diciendo que en un futuro país, pequeño, fuera de la Unión Europea, habrá más empleo que en un país que está integrado en otro país, como ellos dicen, que realmente
es miembro de la Unión Europea, que es la formidable integración política que ha vivido con reglas, con normas, con principios, con partidos, en toda la historia de Europa? ¿Eso no es realmente constructivo? ¿Eso no es la democracia, eso no es
entenderse, eso no es respetarse? Por eso es tan importante que haya esos representantes de los grupos políticos en todos los pueblos y en todas las ciudades de Cataluña. Por eso es tan importante. Yo tengo la suerte de conocer a muchos de ellos,
de haber estado con muchos de ellos, y por eso también era muy importante que en esa crisis que vivimos en 2012 no se cerraran miles de ayuntamientos por una quiebra financiera y que tuviera la representación la democracia allí desde la pluralidad.
Desde la pluralidad no es decir al que piensa en ti que realmente es un extranjero en ese territorio. Eso es lo peor de la exclusión, y eso es lo que está pasando. ¿O no está pasando eso? Insisto en la intención del Gobierno de España con estas
medidas.

Página 30

Señor Bel, no confunda un cierre presupuestario con una anulación de las partidas. Ya he explicado en mi primera intervención que un cierre presupuestario se modifica a través de la propuesta de la Intervención General de la Generalitat
suficientemente justificada y motivada para que continúe el desarrollo presupuestario. Eso es lo que hace y, por tanto, eso es lo que permitirá desarrollar completamente el presupuesto de la Generalitat. ¿Es que no tengo motivos para desconfiar de
los actuales dirigentes de la Generalitat? ¿No tengo motivos para desconfiar de un vicepresidente en esta materia que se dirige a mí por carta para decirme que no me va a informar sobre la legalidad de las actuaciones en el ejercicio de su
presupuesto? ¿Usted ve eso normal? ¿Tengo que seguir confiando? Y ese vicepresidente tiene el amparo del presidente Puigdemont. Destituya usted al señor Junqueras; le hago una sugerencia, tanto que dicen los grupos políticos que lo que quieren
es que me vaya, aunque eso es cada vez que aparezco (Risas), eso está descontado ya. No se preocupe que eso en mi mochila personal lo llevo ya muy descontado.


Señorías, qué hace un Gobierno cuando se encuentra en una situación como esta, cuando le dice el vicepresidente de la Generalitat que al amparo de una norma que sustituye a todas las demás -las normas españolas, las normas europeas- Cataluña
ha entrado en una legalidad diferente, una norma además suspendida por el Tribunal Constitucional, y a partir de ahí escribe una carta al Gobierno de España diciendo que ya no tiene obligación. ¿Que no tiene obligación? Pues vamos a ver si existen
esas obligaciones. Este es el sentido de las normas, que son normas moderadas. Usted va a seguir ejerciendo el ejercicio de gobierno, pero en los pagos, como usted no garantiza la legalidad, la va a garantizar el Gobierno de España, y eso no es
sustituir, es limitar la autonomía financiera de acuerdo, insisto, con los principios de nuestra Constitución, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Porque es que si no, si ya no hace uno eso, no sé para qué está en determinados cargos. Igual que cuando se dirige a mí algún concejal diciendo: señor ministro, me gustaría gastar más. Pues no se lo permite la ley. No es que no se
lo permita el ministro, sino que no se lo permite la ley. Venga usted aquí y cambie la ley; consigan mayoría suficiente para cambiar la ley -mayoría que por lo pronto no han conseguido- y entonces ya veremos. Eso es la democracia. Por tanto, ya
veremos; nada que objetar. Por eso construimos todos un discurso político y una acción política.


También quiero dar las gracias a Ciudadanos, que enfatiza la importancia del Estado de derecho, que es la democracia misma, así como al Grupo Socialista, que lo hace igualmente, sin pestañear, ante una situación como la que estamos viviendo.
El principio de legalidad es lo que es, y quienes se están colocando fuera del principio de legalidad no son los demócratas. Por tanto, el Gobierno está dispuesto a seguir trabajando conjuntamente con todos los grupos parlamentarios en una
situación como esta para ir modulando todas las actuaciones y todas las medidas, pero no le pidan al Gobierno, en primer lugar, diálogo sobre lo que no puede dialogar, que es sobre la soberanía nacional, y, en segundo lugar, estamos a su disposición
a partir del desarrollo de todas estas medidas, porque para que sean estas eficaces necesitamos también la buena voluntad de muchos campos intermedios de la Administración. De la buena voluntad de los dirigentes políticos de la Generalitat
francamente no esperamos nada, porque ya han demostrado suficientemente que entre otras cosas no tienen palabra. No se atienen a la legalidad y, por tanto, lo que hay que hacer es reconducirles y demostrar que viven en un Estado de derecho, pero
detrás de ello hay todo un aparato de Administración, de funcionarios comprometidos con la provisión de los servicios públicos, y debemos estar convencidos en la tarde de hoy de que el método que articulamos desde el Gobierno es para garantizar que
todo va a seguir igual o mejor en términos de funcionamiento de los servicios públicos hoy atribuidos a la Generalitat de Catalunya.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia, y muchas gracias a todos los grupos por el tono. Yo sé que las distancias entre grupos es abismal en algunos casos y es de agradecer por esta Presidencia que se
mantengan las formas. Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y veinte minutos de la tarde.