CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 260

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ

Sesión núm. 12

celebrada el martes,

20 de junio de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor gobernador del Banco de España (Linde de Castro), para presentar el informe anual del Banco de España. Por acuerdo de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad. (Número de expediente 212/000867) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Comparecencias de candidatos propuestos por el Gobierno para consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (Número de expediente 276/000009):


- Del señor candidato Bacigalupo Saggese y de las señoras candidatas Ortiz Aguilar y Canedo Arrillaga. (Número de expediente 276/000009) ... (Página22)

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Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


- COMPARECENCIA DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (LINDE DE CASTRO), PARA PRESENTAR EL INFORME ANUAL DEL BANCO DE ESPAÑA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. (Número de expediente 212/000867).


El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad convocada para el día de hoy, cuyo primer punto del orden del día es la comparecencia del gobernador del Banco de España para
presentar el informe anual del Banco de España, a quien damos la bienvenida.


Quisiera hacerles una observación. Como bien saben ustedes, hace unos días se presentó un informe por parte del Banco de España relativo al rescate bancario. Habida cuenta de que este es un tema que se trata específicamente en la Comisión
especial creada al efecto, les pediría a sus señorías que, en la medida de lo posible, remitan esa cuestión a la citada Comisión y que hoy nos centremos en lo que es el informe anual del Banco de España.


El sistema que vamos a seguir es el normal de estas comparecencias. En primer lugar, tomará la palabra el señor gobernador por el tiempo que estime pertinente para presentar el informe, después daré la palabra a los grupos parlamentarios de
mayor a menor, cerrando el Grupo Popular, y espero que en esta ocasión no me olvide de que también interviene porque al final siempre se me olvida. En cuanto al tiempo, no será de más de diez minutos por grupo. Finalmente, tomará la palabra el
gobernador para contestar, responder y matizar las cuestiones y las observaciones que a ustedes les haya parecido conveniente formular.


Agradeciéndole nuevamente al señor gobernador su presencia en esta Comisión, tiene la palabra para la presentación de su informe.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias, presidente.


Señorías, comparezco ante esta Comisión con motivo de la presentación del informe anual del Banco de España correspondiente al año 2016. Querría comenzar repasando los elementos más destacados de la actual fase de expansión de la economía
española, que se inició hace ya casi cuatro años. A continuación, describiré las perspectivas de nuestra economía para el futuro inmediato, apoyándome en el informe de proyecciones macroeconómicas que el banco publicó el pasado 13 junio y me
referiré a los principales riesgos que se ciernen sobre la evolución prevista. Finalmente, abordaré los principales retos de política económica a los que nuestro país se enfrenta en un horizonte temporal más dilatado, para terminar con una breve
referencia a los desafíos a los que está sometido el proyecto europeo.


De acuerdo con las estimaciones disponibles, el PIB español habría alcanzado en el trimestre actual el nivel previo a la crisis tras crecer en 2015 y en 2016 a un ritmo del 3,2 %, tasas notablemente más elevadas que las registradas en el
resto de las principales economías del área del euro y por encima en ambos periodos de las previsiones iniciales. En cuanto a la situación del mercado laboral, uno de los grandes motivos de preocupación para nuestra economía y nuestra sociedad, se
están registrando datos positivos en términos de las tasas de crecimiento del empleo, también superando expectativas. Sin embargo, estamos todavía lejos de alcanzar los niveles de ocupación previos a la crisis, dado el enorme impacto que esta tuvo
sobre nuestro mercado de trabajo. A diferencia de lo ocurrido en ciclos expansivos anteriores, los avances de la actividad y el empleo están siendo compatibles con una continuación del proceso de corrección de los desequilibrios de la economía. El
carácter más equilibrado y sostenible de la actual recuperación guarda estrecha relación con los factores que la han hecho posible, conjugando algunos que deben considerarse transitorios con otros cuyo impacto puede ser más persistente.


Querría referirme a dos cuestiones centrales para explicar este crecimiento más equilibrado: la mejora en la competitividad y la normalización en las condiciones financieras. Uno de los cambios más importantes operados en el funcionamiento
de nuestra economía desde la crisis ha sido la recuperación de la competitividad frente al exterior. El ajuste de costes y precios ha estimulado las exportaciones y también ha permitido a nuestros sectores productivos competir mejor en nuestro
mercado interior con las importaciones. Ello ha inducido un aumento de la demanda de factores productivos, impulsando las decisiones empresariales de inversión y alentando la creación de puestos de trabajo. El aumento del empleo, favorecido por
una dinámica de crecimientos salariales moderados, se ha traducido en una recuperación significativa del consumo de los hogares. El crecimiento moderado de precios y costes está contribuyendo a que, a diferencia de otras expansiones anteriores, la
mayor actividad económica no se

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consiga a expensas de un empeoramiento del saldo exterior. De hecho, en 2016 la economía española mostró un superávit corriente cercano al 2 % del PIB y se espera una evolución positiva del saldo exterior a medio plazo, aunque probablemente
más moderada que la de los dos últimos años.


La recuperación de la actividad económica y de la competitividad guarda relación asimismo con la disminución de los costes de financiación. Desde los episodios más agudos de tensión financiera sufridos en la segunda mitad de 2011 y primera
mitad de 2012 se ha producido una paulatina normalización del coste de la financiación de empresas y familias, con una menor divergencia respecto a los tipos de interés que soportan los agentes económicos de otros países del eurosistema. La
disminución del coste de la financiación ha estimulado la inversión empresarial y ha contribuido a mejorar las posibilidades de gasto de las familias con un impacto positivo sobre la actividad económica. La normalización de las condiciones
financieras se ha extendido además al nivel de endeudamiento de las familias y empresas, que se ha reducido en términos relativos de manera significativa en los últimos años. En consonancia con esta reducción de endeudamiento del sector privado, el
crédito bancario sigue moderándose a nivel agregado, aunque a tasas cada vez menos negativas, en particular, el destinado a familias y empresas no financieras que no pertenecen al sector de construcción y promoción inmobiliaria.


De acuerdo con las últimas proyecciones económicas publicadas por el Banco de España, se prevé que la fase expansiva se prolongue hasta 2019, si bien tendería a producirse una moderación de la actividad debido, entre otros factores, al tono
menos expansivo de la política fiscal y al mantenimiento o a la subida de los precios del petróleo y otras materias primas y, en todo caso, por encima de lo observado en los últimos dos años. En términos de la composición del gasto, el tono menos
expansivo de la política fiscal y la compresión de las rentas de los agentes residentes originada por el repunte de la inflación asociado al incremento de los precios energéticos observados desde 2016 harán que la demanda interna privada modere algo
su avance. Por su parte, la demanda exterior neta seguirá ejerciendo una ligera aportación positiva en un contexto en el que se prevé una continuación del dinamismo de las exportaciones y una cierta prolongación del tono relativamente débil de las
importaciones.


Las perspectivas favorables para la actividad económica que acabo de describir están sometidas a riesgos que proceden en lo esencial del contexto exterior. En primer lugar, aunque se ha producido una mejora de las perspectivas de la
actividad y el comercio mundiales, esa mejora ha venido acompañada de un incremento de la incertidumbre global debido a la mayor fuerza de posiciones restrictivas en cuanto a los intercambios comerciales, los movimientos migratorios y la
coordinación internacional de políticas, por ejemplo, en el terreno de la regulación financiera. En segundo lugar, no debemos olvidar que, a pesar de los significativos avances en el proceso de desapalancamiento de los últimos años, nuestro nivel
de endeudamiento es todavía elevado. De hecho, los progresos en la reducción del nivel de deuda no han sido homogéneos. Así, mientras que las administraciones públicas todavía muestran niveles de endeudamiento cercanos a sus máximos en la historia
reciente, aspectos en los que después me extenderé, el desendeudamiento del sector privado ha sido muy significativo. En todo caso, para la economía en su conjunto, el endeudamiento neto exterior sigue siendo muy elevado. Su reducción exige el
mantenimiento persistente de superávits exteriores, lo que se vería dificultado en un contexto de contracción de los flujos comerciales internacionales o de eventuales subidas en los tipos de interés. Para mantener un crecimiento económico
equilibrado, la baja rentabilidad de las entidades de depósito españolas implica, sin duda, una dificultad. Este fenómeno, que también se observa en otros sistemas bancarios europeos, está relacionado con la presión que el contexto de tipos de
interés reducidos ejerce sobre el margen de intermediación, pero también con un nivel de activos y productivos todavía elevado, un volumen de negocio limitado y un entorno competitivo en el que un creciente número de entidades no procedentes del
ámbito financiero son cada vez más activas en la oferta de servicios que de modo tradicional provenían de las propias entidades bancarias.


Teniendo en cuenta estas perspectivas para el corto y medio plazo, paso a referirme a los retos que la economía española debe afrontar a más largo plazo. Nuestro informe se refiere a cuatro prioridades: necesidad de combatir los efectos
del envejecimiento de la población, luchar contra el desempleo de larga duración, incrementar el avance de la productividad y reducir el endeudamiento público. Como en otros países de nuestro entorno, estamos asistiendo a un fuerte proceso de
envejecimiento de la población, un fenómeno con profundas implicaciones en diversos ámbitos. Este desarrollo, que venía observándose desde hace ya varias décadas, se ha acelerado a raíz del impacto de la crisis sobre las cifras de nacimientos y los
flujos migratorios. Así, el colectivo de personas mayores de sesenta y cinco años, que en 1970 no llegaba al 10 % del total de la población, representa en la actualidad el 21 % y, según las

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proyecciones del INE, más de una cuarta parte de los residentes de nuestro país superará esa edad en un plazo de quince años. A día de hoy, se pueden identificar dos tipos de efectos adversos de este fenómeno sobre el crecimiento económico.
En primer lugar, el envejecimiento de la población está provocando una reducción del número de personas que están dispuestas a trabajar o a buscar empleo. En segundo lugar, pueden identificarse efectos negativos indirectos del envejecimiento
poblacional sobre la productividad, sobre las decisiones de ahorro e inversión y sobre la generación de innovaciones. Como resultado, el envejecimiento plantea desafíos de gran envergadura para la política fiscal, ya que un número menor de personas
activas, posiblemente con una menor capacidad productiva en promedio, habrán de sustentar las necesidades vitales de una cifra creciente de individuos dependientes. En realidad, el alcance y las consecuencias del envejecimiento poblacional enmarcan
los demás retos a largo plazo a los que tiene que enfrentarse nuestra economía.


Las fórmulas para combatir las secuelas de la evolución demográfica pasan por la búsqueda de vías para lograr un mayor uso del factor trabajo y un mayor crecimiento de la productividad. A pesar de la recuperación, nuestro nivel de empleo es
aún inferior al previo a la crisis. La tasa de paro se situó en el primer trimestre de 2017 en el 18,8 %, muy por encima del observado en los demás países del área euro, con excepción de Grecia. Este elevado nivel de desempleo se concentra en
colectivos que incluyen a personas con menor nivel de formación y a las más jóvenes, con edades comprendidas entre los dieciséis y los veintinueve años, a las que la recuperación económica ha alcanzado con menor intensidad, pues continúan
presentando tasas de paro por encima del 30 %. La permanencia en la situación de desempleo durante un periodo de tiempo muy prolongado reduce las habilidades que los individuos habían adquirido con su experiencia profesional anterior, lo que a su
vez refuerza las dificultades para obtener un nuevo puesto de trabajo. La reintegración de estas personas al empleo ha de constituir una de las prioridades de la política económica. Es preciso anotar que la evolución del grado de la desigualdad de
rentas en nuestro país está relacionada muy estrechamente con la del nivel de paro.


Otro elemento clave para contrarrestar los efectos negativos del envejecimiento de la población sobre el crecimiento económico es el fomento de la productividad. Querría destacar tres áreas relevantes de mejora. En primer lugar,
incrementar la productividad requiere una atención continuada a la mejora del sistema educativo y al fomento de la acumulación de capital tecnológico. Las deficiencias de nuestro sistema educativo quedan ilustradas, por ejemplo, por el hecho de que
el porcentaje de población con edades comprendidas entre los veinticinco y los treinta y cuatro años, con un nivel de estudios inferior a la enseñanza secundaria completa, es en España del 35 %, más del doble que en el promedio de los países de la
Unión Europea. A la hora de diseñar cualquier reforma educativa, el fomento de capacidades ligadas a las nuevas tecnologías debería constituir un objetivo prioritario. En segundo lugar, el fomento de la competencia en algunos mercados de bienes y
servicios utilizados como consumos intermedios en otros procesos productivos contribuiría a paliar la brecha existente entre el crecimiento medio de la productividad de las empresas españolas y el observado en los países de nuestro entorno. En
concreto, sería deseable una revisión de ciertos elementos regulatorios existentes en algunas industrias de red, como es el caso de las telecomunicaciones, el transporte y la energía o los servicios profesionales. Finalmente, hay aspectos de la
regulación laboral que influyen en el débil crecimiento de la productividad. La vinculación de los aumentos salariales a nivel de empresa a la evolución de la productividad sigue siendo muy reducida. Por ejemplo, las cifras disponibles indican que
menos del 6 % de los trabajadores en España están cubiertos por convenios de empresa. Adicionalmente, el hecho de que los trabajadores con contrato temporal sigan asumiendo la mayor parte del peso de los ajustes ante perturbaciones negativas
incrementa la volatilidad del empleo y desincentiva la formación de capital humano. La reducción de las diferencias entre los distintos tipos de contrato, que sería negativa si desincentiva la demanda total de empleo, contribuiría a favorecer el
avance de la productividad y la reducción de la desigualdad.


Paso ahora a referirme al elevado nivel de endeudamiento público, uno de los legados más notorios de la crisis. Tras aumentar en más de 60 puntos porcentuales con respecto a su nivel previo a la crisis, la ratio de deuda pública sobre el
PIB se ha estabilizado en el entorno del cien por cien del PIB, en un contexto en el que nuestro nivel de déficit público continúa siendo elevado cuando nos comparamos con otros países del área euro. No podemos dejar de considerar los riesgos que
plantea esta situación y resulta necesario reducir la deuda de las administraciones públicas tanto para atenuar la vulnerabilidad de las cuentas públicas ante un eventual endurecimiento de las condiciones de financiación como para restablecer la
capacidad de maniobra de la política fiscal ante eventuales perturbaciones negativas. Sin embargo, incluso en el actual entorno favorable de crecimiento económico y de tipos de interés reducidos,

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es escasa la probabilidad de que el nivel de deuda de las administraciones públicas españolas se sitúe por debajo del nivel de referencia en el área euro, el 60 %, en la próxima década. Los factores que apoyan el proceso de desendeudamiento
público son un mayor crecimiento de la economía en términos reales, un repunte de las perspectivas de inflación, una evolución contenida de los tipos de interés y una disminución del déficit. Me centraré en los dos últimos factores: la carga de
intereses y la consolidación presupuestaria. Es obvio que un nivel alto de deuda pública implica una carga de intereses también elevada. Aunque el gasto en intereses de las administraciones públicas se ha visto moderado por los efectos de la
política monetaria, su nivel cercano al 3 % del PIB está por encima del promedio registrado desde el nacimiento de la moneda única en 1999. Además, el coste de oportunidad de este gasto es muy elevado. Podemos recordar, por ejemplo, que el volumen
de recursos que el conjunto de las administraciones públicas dedica en la actualidad a la suma de educación preescolar, primaria y secundaria es similar al coste de cubrir el servicio de la deuda. Además, debemos tener presente que las condiciones
de financiación de la deuda pública pueden volverse menos favorables en la actualidad. En este sentido, dado el elevado nivel de la deuda, un aumento de los tipos de interés puede tener un impacto significativo sobre el gasto por intereses, si bien
este efecto tardaría tiempo en manifestarse, puesto que el dilatado plazo medio de vencimientos hace que la traslación de los cambios en los tipos de interés al coste de financiar la deuda se produzca solo de modo gradual. Esta situación nos obliga
a seguir avanzando en la racionalización y eficiencia del gasto público, priorizando aquellas partidas que presentan un mayor potencial para mejorar la productividad y el crecimiento a largo plazo. Tras la crisis, el gasto de inversión pública se
ha reducido a la mitad, hasta situarse de modo significativo por debajo del nivel promedio del área del euro e incluso por debajo probablemente, aunque esto no es fácil de calcular, de la cuota necesaria para cubrir la depreciación del capital
público existente. En la vertiente de los ingresos, debería considerarse una revisión de la composición de figuras impositivas que, una vez fijado el nivel deseado de gasto público, permita obtener la recaudación necesaria del modo más estable y
eficiente para la economía. En comparación con la media de la Unión Europea, es un hecho que España destaca por presentar un peso de los ingresos tributarios sobre el PIB relativamente reducido, siendo atribuible esta brecha en la comparación
dentro de la unión económica y monetaria al bajo peso relativo de la imposición indirecta, particularmente en los ámbitos de los impuestos medioambientales y especiales.


Finalmente, también puede señalarse que desde una perspectiva a medio y largo plazo el envejecimiento poblacional presiona al alza el gasto en partidas como la sanidad, el cuidado de los mayores y las pensiones, naturalmente. En este último
caso, las reformas introducidas en los últimos años, como el retraso en la edad de jubilación, la definición de un factor de sostenibilidad que liga la pensión inicial al incremento de la esperanza de vida y el nuevo mecanismo que condiciona la
revisión anual de las pensiones al equilibrio entre ingresos y gastos del sistema, con topes máximos y mínimos, han contribuido sin duda a contener el aumento del gasto y a reforzar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Ahora
bien, en ausencia de incrementos de los ingresos, el mecanismo de ajuste descansaría de modo principal sobre una disminución de la pensión media con respecto al salario medio, lo que se conoce como tasa de sustitución. De cara al futuro, sería
conveniente establecer una tasa de sustitución objetiva a partir de la cual deben adecuarse los ingresos del sistema para garantizar su sostenibilidad. Es deseable, además, que la estrategia de reforma elegida conduzca a un aumento de la
transparencia del sistema y a un refuerzo de la relación entre las contribuciones y las prestaciones, manteniendo mecanismos de ajuste automático que garanticen el equilibrio financiero.


Quería terminar refiriéndome muy brevemente a los riesgos surgidos en el ámbito europeo y también en el ámbito global a partir de posiciones políticas y movimientos de opinión contrarios a la globalización y al libre comercio. No hace falta
insistir en que estos movimientos son negativos para nuestras perspectivas de recuperación y en general para la evolución de una economía como la española, cada vez más integrada en el ámbito global, que en los últimos años ha mejorado de modo
notable su capacidad de competencia con el exterior. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es, en mi opinión, un fenómeno negativo, aunque los resultados de las recientes elecciones europeas parecen indicar un cierto frenazo o al menos una
cierta reelaboración de estas tendencias. En todo caso, en la zona euro -en la que se desenvuelve nuestra economía- será muy importante mantener los objetivos de integración en el ámbito financiero y bancario y abordar el proyecto de unión en el
mercado de capitales. Pero es importante que la consecución de una auténtica unión económica pueda progresar más allá del ámbito financiero. En esta línea, nuestro informe anual se refiere a la discusión de posibles vías de avance hacia una
política fiscal que incorpore elementos comunes de estabilización dentro del área del euro, en un contexto como

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el actual, en el que los elevados niveles de deuda pública limitan los márgenes de actuación presupuestaria en un buen número de países. Los progresos en este ámbito contribuirían a dotar de mayor potencia a las políticas fiscales dentro
del área del euro y por tanto a minimizar las posibles consecuencias negativas -tanto económicas como sociales y políticas- de futuras crisis.


Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor gobernador.


Es el turno de los grupos, como hemos dicho, de mayor a menor. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, por un tiempo de diez minutos.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor gobernador, queremos darle la bienvenida y, si me permiten, señor presidente y señor gobernador, dado que han sucedido cosas importantes en nuestro país en estas últimas semanas, como la
intervención del sexto banco de nuestro país y la publicación del informe realizado por el Banco de España, que ha tenido un enorme eco en la sociedad y en los medios de comunicación, me gustaría hablar de estas cuestiones nada más comenzar. Quiero
también agradecerle al Banco de España y al señor gobernador este informe que se ha elaborado sobre la crisis del sistema financiero y bancario de nuestro país. Creo que es de enorme utilidad para la Comisión de investigación que ha echado a andar
en el Congreso de los Diputados; además, es un informe claro y bien estructurado, algo que quiero agradecerle, pero también tiene algunas limitaciones que me gustaría comentar a continuación. El informe, a nuestro juicio, es un resumen demasiado
genérico, muy descriptivo y nada autocrítico de lo que ha sucedido en la crisis financiera de nuestro país; un informe que no entra en profundidad en las causas de la crisis, no analiza qué se pudo hacer y no se hizo por parte del supervisor. Le
voy a trasladar un dato definitivo, señor gobernador, que está en la página 66 del mencionado informe. El cuadro 1.1 probablemente es el más importante del informe. El crédito a promoción y a la construcción en 2008 era 7,6 veces el crédito de
2000, un crecimiento que no se produjo en esa dimensión en ningún lugar del mundo y que tuvo su génesis en un elemento diferencial del modelo económico español, como fue la política del suelo de finales de los noventa. Aquí está el verdadero
problema del sistema financiero español y el supervisor no puede alegar que su respuesta fuera las provisiones contracíclicas por valor de 26 000 millones de euros. Se pudo y se debió hacer más. Repito el dato, en 2008 el crédito a promotoras y a
la construcción era 7,6 veces el que había en el año 2000, un crecimiento del crédito como en ningún lugar del mundo. Un informe, señor gobernador -si me permite-, sin una evaluación de los procedimientos internos y organizativos del Banco de
España en materia de supervisión y control, que tiene sus efectos sobre la sobrevaloración de los activos, la concentración de riesgos o los créditos morosos. A nuestro entender, el Banco de España también debería haber encargado una evaluación
externa e independiente de la actuación de la institución en la crisis de nuestro sistema financiero, un tipo de práctica que se va extendiendo a instituciones públicas a nivel internacional y alguna a nivel nacional. Este informe será analizado
más adelante en esa Comisión de investigación, en la que esperamos contar con su comparecencia.


¿Por qué para nosotros es importante analizar bien las causas del papel de los Gobiernos y de los reguladores y supervisores? Por las consecuencias de la crisis. Los costes de la crisis financiera, si me lo permiten, señorías, los costes
de no haber puesto coto a la burbuja de crédito de bancos y cajas, no son solamente -y no son pocos- los 60 000 millones que tiene que poner el contribuyente más el devenir de la Sareb y los 40 000 millones de créditos fiscales avalados por el
Estado. No solo son estos los costes de la crisis financiera -y no son pocos-, son muchos más, desgraciadamente. Me refiero al sufrimiento de muchos ciudadanos, de miles de desempleados, de desigualdad, de menor productividad y los mayores costes
de financiación para las empresas y el sector público y privado. Hay que recordar que la factura de los intereses de la deuda pública llegó a ser de 45 000 millones de euros. Por cierto, los costes para los contribuyentes -tengo que decirlo aquí-
hubiesen sido mayores si no se hubiera puesto el cortafuegos del rescate de algunas cajas de ahorros; sin ese cortafuegos el efecto contagio hubiese sido mayor porque, como se ha demostrado con el Popular, la banca no estaba al margen de la
concentración de riesgo inmobiliario. Y ahora, si me permiten, les hablaré de la resolución y liquidación del Banco Popular, porque hay cuestiones pendientes que se tienen que aclarar. También aquí se tienen que dirimir responsabilidades porque la
caída del sexto banco de nuestro país ha supuesto que alrededor de 400 000 familias hayan perdido sus inversiones, muchas de ellas pequeñas ahorradoras e inversoras, además de los efectos sobre la estabilidad financiera y la menor competencia en el
sector como consecuencia de la

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concentración bancaria. Cuando oímos las declaraciones de unos y de otros diciendo que la culpa de la liquidación no la ha tenido nadie -parece, si me lo permiten, que la ha tenido el cha cha cha-, la obligación del Congreso de los
Diputados es dirimir responsabilidades porque estamos hablando, nada más y nada menos, que del sexto banco de nuestro país. ¿Qué cuestiones se tienen que dilucidar, señor gobernador? Primero, el papel del Gobierno y del ministro de Economía,
aplazando las decisiones sobre el Banco Popular durante cinco años. Como le dije al ministro de Economía hace unos días, el tiempo en economía financiera no es la solución, sino que empeora las cosas. Lo que dice la experiencia es que en las
entidades bancarias con problemas de liquidez, el origen de los mismos tiene que ver con la solvencia. El Popular era un banco zombi, como reconoció aquí el ministro de Economía en su comparecencia, y no se tomaron medidas antes porque a muchos
-sobre todo a la banca privada- les interesaba circunscribir el problema de nuestro sistema financiero a las cajas de ahorros. El ministro de Economía dice que esto no nos ha costado dinero a los contribuyentes. Veremos. De momento, la
monetización de los créditos fiscales puede llegar a ser de 2000 millones de euros.


Una segunda cuestión pendiente de aclarar es el papel del supervisor, el papel del Banco de España, y en concreto cómo ha evaluado, qué procedimientos ha seguido con uno de los principales riesgos bancarios, el activo del balance del Banco
Popular durante los últimos cinco años. Es una cuestión que se tiene que aclarar y se tiene que debatir y también aquí en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo es posible, señor gobernador, que una entidad solvente se quedara sin colateral en poco
tiempo y se cortara el ELA? ¿Por qué el Banco de España -que, digamos, se había venido diciendo que era un banco solvente- dejó de implementar el ELA para el Banco Popular? Pregunto: ¿Era un problema solo de liquidez? Si era un problema de
liquidez no era un problema de solvencia. ¿No será que, efectivamente, el problema era de solvencia, señor gobernador? En tercer lugar, la credibilidad de los test de estrés después de que el Banco Popular aprobara el último test realizado en 2016
por la Autoridad Bancaria Europea. Una cuarta cuestión a aclarar es el papel de la empresa que audita los estados contables del Banco Popular. En quinto lugar, la mala praxis, evidentemente, de los gestores de la comercialización de capital
convertible y la ampliación de capital y en este supuesto el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En sexto lugar, las declaraciones de la presidenta de la Junta Única de Resolución del día 23 de mayo. Para algunos son estas
declaraciones el origen de los problemas del Banco Popular. Mi grupo ha pedido su comparecencia en esta Comisión al amparo de lo previsto en el artículo 46 del Reglamento de la Unión Europea 806/2014. En séptimo lugar, también la Comisión Nacional
del Mercado de Valores tiene que explicar por qué no intervino en la caída de la cotización del Popular y sí lo hizo en la caída de la cotización del Liberbank. En octavo lugar, la presidenta del Mecanismo Único de Resolución dijo ayer mismo que ve
margen para que se investigue la retirada de fondos públicos por si hubo información privilegiada. Como ve, señor gobernador, un buen montón de cuestiones por esclarecer. Señor gobernador, el papel y la transparencia en la toma de decisiones de
los supervisores en una de las palancas más importantes para la estabilidad financiera es fundamental y para evitar nuevas crisis y la obligación de este Parlamento -se lo adelanto- es llegar hasta el final. Por eso, el asunto del Banco Popular
tiene que ser incorporado de lleno a la Comisión de investigación sobre el sistema financiero español.


Por último -y termino ya, señor presidente-, quiero hacer dos comentarios sobre el informe anual del año 2016 relativos a dos cuestiones a nuestro juicio decisivas desde el punto de vista de la política económica. En primer lugar, el
crecimiento inclusivo es una de las preocupaciones de un buen número de economistas en nuestro tiempo y también de un buen número de instituciones, entre ellas el Fondo Monetario Internacional. Los riesgos de la globalización y de los cambios
tecnológicos tienen unos efectos también sobre el crecimiento económico. El último dato interanual pone de manifiesto que las rentas del capital crecen casi el doble que las rentas salariales. Y el Banco de España se adentra en uno de los temas
cruciales que va a determinar en gran parte el futuro de la desigualdad, de la actividad económica y del crecimiento de la economía española en los últimos años. Nos parece bien que, efectivamente, el informe se refiera a esas cuestiones porque es
una cuestión crucial. En definitiva, estamos volviendo a un debate clásico que vuelve a ser el debate de cómo repartir el excedente de explotación y las rentas salariales a partir de la renta nacional. Es el debate clásico entre el capital y el
trabajo. El Banco de España alerta de que los beneficios empresariales crecen más que los salarios y señala que esto puede ser indicativo -leo textualmente- de un insuficiente grado de competencia en algunos mercados.


En segundo lugar -y termino ya-, el Bando de España ha confirmado lo que llevamos diciendo algunos los últimos años, que dos tercios del crecimiento económico de nuestro país se explican

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fundamentalmente por factores transitorios; por el lado de la oferta, la caída del precio del petróleo y por el lado de la demanda, la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y por el fin de los ajustes fiscales tras el
cambio de orientación de la Comisión Europea. Tema importante desde el punto de vista de las reformas que nuestro país necesita para ganar productividad y, por tanto, convergencia de renta. Insisto, perdone porque haya hablado de dos temas
importantes de enorme actualidad que interesan a los españoles antes de hablar del informe anual del Banco de España pero nos parece de enorme interés para la sociedad española.


Gracias, señor gobernador, por la atención, y gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.


A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por el que según sus indicaciones van a intervenir el señor Montero y el señor Mayoral. Disponen de diez minutos, ustedes se
distribuyen el tiempo como les parezca oportuno.


El señor MONTERO SOLER: Diez minutos y su generosidad, nunca bien ponderada. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Pero la distribución no se la hago yo, la distribución del tiempo la hacen ustedes sabiendo que tienen diez minutos.


Muchas gracias.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señor gobernador, quiero darle la bienvenida.


Me voy a centrar esencialmente en la parte del informe anual. Creo que hay tiempo y tendremos la Comisión de investigación para cebarnos con el otro contenido. El informe que presenta la institución que usted gobierna es de gran utilidad
porque viene a demostrar que las bases de la recuperación española no son solo transitorias sino que además han sido mayoritariamente ajenas a la gestión del Gobierno, que además son terriblemente débiles y que no generan inclusión social sino todo
lo contrario. Espero que el informe le haya llegado ya el Gobierno y a partir de ahora los ministros del ramo dejen de darnos la turra con una realidad virtual que se compadece poco con la que el informe traslada. El Gobierno alude continuamente a
la fortaleza diferencial del crecimiento de la economía española frente a las otras economías de la eurozona y lo que ustedes ponen en el recuadro 1.2 de las páginas 55 a 57 es a qué obedece ese crecimiento diferencial y su carácter transitorio.
Entre 2014 y 2016 -los años de la recuperación española- hemos crecido, sorprendentemente con respecto a las previsiones de primavera de 2014, 3,2 puntos porcentuales de PIB más de lo esperado en las previsiones mientras que las previsiones para el
resto de la eurozona solo se han desviado en positivo 0,3 décimas. ¿Por qué? ¿Por las reformas del Gobierno? No, porque ustedes en la página 57 establecen que presuntamente las reformas del Gobierno solo habrían aportado 1 punto porcentual de ese
crecimiento. Presuntamente, porque sugieren solo la existencia, no se mojan en concretarla y se ve que o no les ha dado tiempo a calcular el impacto de las reformas sobre el producto interior bruto, no saben cómo hacerlo o probablemente no lo
tienen. Lo que sí está claro de su informe y parece manifiesto es que hay tres factores de crecimiento esenciales, dos de ellos que son exógenos y por lo tanto no imputables a la gestión de Gobierno, y uno que sí es endógeno pero que viene a
demostrar lo contrario a lo que el Gobierno dice que ha hecho y sus efectos.


Además, el impacto diferencial sobre la economía española no obedece a las virtudes y a la mejora de la situación estructural de la economía española sino que se sustenta fundamentalmente sobre sus desequilibrios, que aún no se encuentran
corregidos. ¿Cuáles son los factores diferenciales? Empiezo por los exógenos. La subestimación de los precios del petróleo, un 32 % menos para el año 2015 y un 14 % menos para el año 2016, que hace que esa subestimación -en la bajada de los
precios del petróleo- repercuta positivamente sobre la renta de los hogares. Por un lado, debido a la elevada inelasticidad de la demanda de bienes energéticos que tienen esos agentes y sobre la tasa de inflación, por otro; mejorando ligeramente
la competitividad de la economía española. Además, hay otro elemento sobre el que incide y es la estructura de costes del sector productivo español. La alta dependencia energética del petróleo de los procesos de producción por unidad de PIB de
España, que tiene casi 9 puntos de diferencia con respecto a la media de la Unión Europea, hace que la repercusión positiva de la bajada de los precios del petróleo sobre los costes de producción fuera mucho mayor en España que en el resto de
Europa. Es decir, los 0,6 puntos porcentuales del PIB que suponen la bajada de los

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precios del petróleo derivan de la menor eficiencia energética de la comunidad española y de nuestro proceso de producción, de la elevada dependencia de una fuente de energía no renovable -y, sin embargo, ustedes no hablan nada de las
fuentes de energía renovable y del posible impacto que podrían tener- y, en tercer lugar, de la elevada inelasticidad de la demanda de los hogares españoles ante la misma. A ninguna de esas conclusiones llegan, las dejan en el aire, pero para
ponerlas en evidencia estamos nosotros.


El segundo elemento exógeno es la política monetaria, común para el conjunto de la eurozona pero con impacto mayor sobre la economía española por dos vías esenciales: la depreciación del tipo de cambio efectivo nominal y el abaratamiento de
los costes de la financiación. Aquí hay dos elementos que me parece significativo resaltar: uno, el que pone en cuestión aquella magnífica metáfora que el maestro Luis Ángel Rojo, su antecesor en el cargo hace tiempo ya, explicaba cuando decía que
la cuerda de la política monetaria servía para tirar del burro pero no para empujar al burro a beber. La aportación de la política monetaria expansiva a la economía española ha sido la mayor en relación con los otros factores -1,7 puntos
porcentuales del crecimiento del PIB en España-, tardía, porque se dieron cuenta de que la heterodoxia igual funcionaba, pero enorme. ¿Y cuál ha sido el canal a través del cual el efecto diferencial se ha traducido de una manera más intensa a la
economía española? Básicamente el nivel de endeudamiento de los agentes; al estar más endeudados a tipos de interés variable, el impacto de la política monetaria expansiva sobre los tipos de interés ha sido mayor que en el resto de Europa. Es un
endeudamiento que en el caso del sector público sigue situando a la economía española en una condición de vulnerabilidad mucho más en el momento en que se invierta la curva de tipos de interés.


El tercer elemento es el tono expansivo de la política fiscal, pues se ha deteriorado el saldo primario ajustado del ciclo 1,8 puntos del PIB con respecto a lo previsto, mientras que en la eurozona ha sido del 0,3. Es decir, aplicando una
política fiscal expansiva han contribuido ustedes al crecimiento. Qué raro, ¿no? Porque venían diciendo que la austeridad fiscal y la consolidación presupuestaria eran las fuentes sobre las que se sustentaba el crecimiento. Todavía se niegan a
reconocer que una política fiscal expansiva, incluso poco progresiva, como la que se ha dado en España, y poco inteligente, como la que ha aplicado el señor Montoro -lo que ahora explicaré-, se encuentra en la explicación de la recuperación de la
economía española. ¿Por qué digo lo de poco inteligente? Página 127 del informe -abro comillas-: Los multiplicadores asociados a aumentos discrecionales del consumo y de la inversión pública suelen ser superiores a los de los impuestos -¡ohhh!-,
dado el efecto directo de los primeros sobre la demanda agregada de la economía. En cuanto a los distintos componentes del gasto, la evidencia empírica muestra que el aumento de la inversión pública -¡ohhh!- lleva asociado un mayor multiplicador
que el del gasto corriente. Fin de la cita, que diría Rajoy. Es decir, cada vez que viene el señor De Guindos me tengo que pelear con él con respecto a la existencia o no de los multiplicadores keynesianos del gasto. Gracias, y háganle llegar el
informe.


El señor PRESIDENTE: Señor Montero, lleva siete minutos.


El señor MONTERO SOLER: Sí.


Pero el señor Montoro ha hecho exactamente lo contrario de lo que prescribe toda la teoría y avala la evidencia empírica: apuesta por el multiplicador de los impuestos en lugar de hacerlo por el de gasto y apuesta por mantener el gasto
corriente en lugar de hacerlo por el lado de la inversión pública. Yo no sé para qué tienen los servicios de investigación, salvo para ignorarlos o ningunearlos.


Solo le haré una última sugerencia, y con esto cierro. La única alusión que se hace a la desigualdad en todo el informe está en la página 48, vinculándola al desempleo. Aunque solo sea para saltarse la recomendación a la torera, traten,
para el próximo informe, de analizar las consecuencias de la desigualdad sobre el crecimiento económico; ya no hablo de la cohesión social -hablar de eso podría parecer un insulto-, pero sí de la restricción sobre el crecimiento económico, sobre lo
que hay bastante literatura empírica y teórica al respecto que les permitirá saltársela a la torera nuevamente.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montero.


Señor Mayoral, tiene dos minutos.

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El señor MAYORAL PERALES: Iré volando y seré telegráfico.


La verdad es que viendo el informe anual del Banco de España siempre me sorprende, cada vez que se hace público, que se hable tan poco de bancos -es una cosa que me sorprende bastante con la que está cayendo-, sobre todo cuando vamos al
apartado que se refiere a la situación de las entidades de crédito. Claro, el problema es que la praxis es criterio de verdad y hay algunas cosas que se afirman en el informe que no se corresponden con la realidad. Viene a decir que, a pesar de la
situación de solvencia de las entidades de crédito, su reducida rentabilidad es un elemento de vulnerabilidad para la economía. Muy bien, hasta ahí perfecto. Luego dice: Asimismo, los ejercicios de resistencia de la autoridad bancaria europea en
julio del año pasado y del Banco de España en noviembre mostraron que el sistema bancario español continuaría presentando a escala agregada niveles de capital por encima de los mínimos requeridos, incluso en un escenario macroeconómico adverso. La
realidad nuevamente nos ha demostrado que los mecanismos de supervisión no han funcionado porque nos encontramos con que una entidad financiera que hizo una ampliación de capital de 2500 millones de euros el año pasado hoy vale uno, y creo que eso
es algo que habrá que explicar en alguna parte.


No deja de sorprender algo que viene a manifestar la propia Asociación de Inspectores del Banco de España, y es que es difícil poder encajar que nos congratulemos de que haya desaparecido la sexta entidad financiera del país y estemos dando
palmas con las orejas porque no ha contagiado a otras entidades. Nosotros compartimos el criterio de que tiene cierta importancia; nos parece que tiene cierta gravedad que haya pasado dos controles y que esos controles no hayan sido capaces de
poner el cascabel al gato, de advertir lo que estaba pasando y de que haya habido 2500 millones de euros que entraron en esa entidad el año pasado y que se fueron por el sumidero. Da que pensar, porque quizás ya estaba quebrada hace ya mucho tiempo
y que la solvencia de esa entidad estaba en esa situación, con lo cual hay dudas acerca de esos mecanismos de supervisión y de la efectividad del Mecanismo Único de Supervisión. En ese sentido, quiero preguntarle concretamente qué riesgos tienen
otras entidades, porque la propia Asociación de Inspectores del Banco de España nos decía que ni será la última ni será la peor. A este respecto, le pregunto concretamente si se ha reunido usted con la Asociación de Inspectores del Banco de España
para hablar de eso que nos están denunciando, porque si no es la última y puede no ser la peor ¿cuáles son las que vienen? ¿Es Liberbank la siguiente entidad financiera? ¿Hay otras entidades financieras en estos momentos en esta situación que
pongan en riesgo el sistema financiero en nuestro país? Por último, una pregunta muy concreta y muy sencilla: ¿Nos podría explicar en qué consiste la desconsolidación del balance de CaixaBank?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mayoral.


Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor gobernador, buenos días. Bienvenido a la Comisión de Economía. Mi grupo parlamentario había solicitado su comparecencia en esta Comisión hace más de cinco meses. De hecho, aunque usted ha comparecido tanto en la Comisión
de Presupuestos como en la de Pacto de Toledo, todavía no lo había hecho en esta Comisión ni en esta legislatura ni en la anterior, así que nos alegramos de que haya encontrado un hueco porque han pasado muchas cosas, y no precisamente positivas, en
el sistema financiero.


Coincido con el señor Mayoral, y en buena parte también con las intervenciones anteriores, en lo poco que se habla de supervisión financiera en el informe anual del Banco de España, cuestión sobre la que quizás el banco tenga un mayor margen
de actuación que sobre otras cosas de las que se hablan que son muy interesantes, como el ajuste de sobrecapacidad de la economía china, la política fiscal y el proteccionismo del presidente Trump o el signo de la política salarial y fiscal en
Alemania.


Centrándonos en lo que ha pasado, hace relativamente poco más de 300 000 accionistas del sexto banco español han perdido todo su dinero tras una resolución que intentó explicar aquí el señor De Guindos. Sobre esta cuestión, usted señaló
hace un par de semanas que no estaba preparado para explicarla en el Senado. Entiendo que hay cosas para cuya explicación nunca se está preparado, pero los españoles se merecen una explicación, especialmente los 300 000 accionistas que han perdido
su dinero, sobre los riesgos que ha supuesto todo esto para la estabilidad financiera, especialmente desde que ayer la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión, Danièle Nouy, instó a que ese investigase incluso la fuga por información
privilegiada.

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En fin, aquí el ministro de Economía había señalado reiteradamente que el Banco Popular era solvente; lo hizo el 3 de abril en Navarra Televisión, el 10 de abril en el Círculo Financiero de La Caixa, el 19 de abril en Deloitte y el 16 de
mayo en el Salón del Automóvil de Barcelona. Cuando la semana pasada le preguntó el señor Saura en qué se había basado, dijo que en estas cuestiones se había basado en lo que decían ustedes: en la información del Banco de España. Le cito
literalmente: Pero en estos temas -temas de los tests de estrés, de contraste de la supervisión- el Ministerio de Economía, a diferencia de lo que ocurre con las compañías de seguros, donde la Dirección General de Seguros tiene sus inspectores y el
director general de Seguros depende de la Secretaría de Estado de Economía, que a su vez depende del ministro, aquí no tienen ningún tipo de capacidad. Por eso mismo, si el señor Saura hubiera preguntado al Banco de España, incluso a instancias del
Partido Socialista, pues tiene algún representante en el Consejo y en la Comisión Ejecutiva del Banco de España, estoy convencido de que la contestación hubiera sido exactamente la misma que me dieron a mí.


Sobre la autonomía del Banco de España, ¿tiene el Partido Socialista, y como parece deducirse de las afirmaciones del ministro en sede parlamentaria también el Partido Popular, representantes políticos en el consejo y en la comisión
ejecutiva del Banco de España? En segundo término, respecto a la situación de la solvencia de entidades concretas,¿los representantes de los partidos políticos en la comisión ejecutiva informan a los diputados y al ministro sobre esta situación
concreta, que en su caso afectaría al deber de sigilo en las actuaciones? Como después de ocho días de estas afirmaciones del ministro en sede parlamentaria no he visto ninguna reacción del Banco de España ni del PP ni del PSOE a este supuesto
reconocimiento de la politización del banco, por eso le pregunto. Por otra parte, ¿son correctas las afirmaciones del ministro de que el Banco de España le había informado de que el Banco Popular era solvente? Y si el ministro no mentía la semana
pasada, ¿esto no indica un gravísimo fallo en la supervisión del sistema financiero? Si a mitad de mayo el banco era solvente no puede ser que en junio sea insolvente.


Otra cuestión relacionada con la anterior, aunque ya se la ha referido el señor Saura. El ministro reconoció que el Banco Popular en un banco zombi, es decir, traduciendo de la jerga, un banco sin capacidad para prestar porque su capacidad
se agota en ir refinanciando créditos fallidos. Si esto era cierto, ¿desde cuándo? Otra cuestión. Oficialmente la causa de resolución del Banco Popular fue la iliquidez. El miércoles 7 de junio el Banco Popular no hubiese podido abrir por falta
de liquidez. Sin embargo, en la línea de liquidez de emergencia del Banco Central Europeo que canalizan ustedes, el Banco de España, solamente se adelantó liquidez por el 15 % de las garantías que ofreció el Banco Popular. ¿Por qué no se le prestó
sin garantías? ¿Por qué no se le dio un mayor porcentaje de garantías? Evidentemente porque se consideró que no era solvente, pero como mínimo se le podría haber prestado un porcentaje algo superior de garantías para haber llegado hasta el fin de
semana, lo cual hubiese permitido seguramente, como publica hoy de hecho, por ejemplo, la prensa, que hubiese habido alguna oferta alternativa sobre el Banco Popular a la que presentó el Banco Santander. Tengamos en cuenta finalmente que estamos en
el caso de una expropiación de estas acciones por un euro y en la legislación española, como en todas las legislaciones de los países europeos, cuando hay una expropiación tiene que haber un justiprecio. Todo esto indica que el banco no era
solvente.


El pasado viernes el Banco de España hacía público su análisis de la crisis financiera y, aunque se analizará con más profundidad en la Comisión de investigación, solamente un par de observaciones. En toda esta cuestión -de hecho también se
ha referido usted ahora en el informe anual al tema de la consolidación presupuestaria- hay un problema. No sé por qué se ignora el impuesto de sociedades y más en concreto los activos fiscales diferidos de la banca. De todo el detalle sobre el
coste del rescate, en 257 páginas, solamente hay una referencia a pie de página al coste del aval que hemos dado de más de 30 000 millones de euros a la banca. Eso sí, en esta nota -se refiere aquí a una nota de 2013- el Banco de España señalaba
que la probabilidad de que esto supusiese una merma de recursos públicos solamente se activará en supuestos de reducida probabilidad de ocurrencia. Bueno, pues han pasado. Ante esta reducida probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con el artículo
130 de la Ley del Impuesto de Sociedades, en estos momentos el Banco Santander, como dueño del Banco Popular, puede solicitar una devolución de 600 millones de euros que no se han ingresado previamente en la Hacienda Pública. Esto es más coste de
rescate y supone al final una inyección por vía indirecta de recursos públicos. No sé si ocurrirá o no, yo se lo pregunto, pero supone un riesgo evidente y no es de reducida probabilidad de ocurrencia.


Por otra parte, con referencia a este informe, el Banco de España señala que hay dos causas fundamentales de que su actuación no detectase los problemas en las cajas de ahorro: por un lado, unos

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instrumentos regulatorios que resultaron claramente insuficientes y, por otro, la doble recesión que se produjo. A esta doble recesión se refería también usted en su artículo de El país del 10 de febrero. La estabilización que parecía
lograda en 2010 se interrumpió en 2011. En fin, según usted, se equivocaron todas las instituciones nacionales e internacionales en todo esto. Esta teoría de la doble recesión, heredera de los brotes verdes de Zapatero y Elena Salgado, como causa
de todos los problemas es discutible, pero aun así ahora parece que sí disponen de los instrumentos regulatorios, según ustedes mismos, y, como también usted ha dicho, no estamos en una situación de recesión sino de expansión, con un crecimiento por
encima del 3 %. En este caso, ¿cómo se deterioró la situación de un banco, en este caso el Banco Popular, para que en unos meses pasase de pasar los test de estrés de la EBA y que no hubiese ningún problema, como dijo reiteradamente el ministro,
según él con información suya, a tener que adjudicarlo por un euro? La situación ahora es mucho mejor que la de 2011, pero lo que es común en ambos casos, como en el caso de Bankia, como decía el Tribunal Supremo, es que las cuentas no reflejaban
en absoluto la realidad. Esto nuevamente indica problemas graves de supervisión y que los resultados de la supervisión siguen siendo los mismos.


En fin, centrándonos en el futuro, que, como decía Woody Allen, es lo más importante porque ahí es donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas, le dejo dos preguntas. ¿Hay alguna entidad más con problemas de solvencia en España en estos
momentos? Y con todo esto y vistos los resultados, que no cambian -bancos supuestamente solventes que tienen que ser intervenidos de un día para otro-, ¿no necesita una reforma la supervisión financiera? Aquí incluso hay otras cuestiones obvias.
¿Cómo tiene el Fondo de Garantía de Depósitos, que depende de ustedes, capacidad para garantizar 100 000 euros en caso de resolución de cualquier banco? Y si no es así, ¿por qué no y que se está haciendo para solucionar la falta de cuantías del
Fondo de Garantía de Depósitos?


En fin, le hago todas estas preguntas siendo perfectamente consciente de que la opinión del Partido Popular y del PSOE es completamente la contraria. Por ejemplo, en el PSOE la defensa de la gestión que hicieron de las cajas politizadas
implica la defensa cerrada de la supervisión que hizo el anterior gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y en el caso del Partido Popular la última vez que debatimos este tema señalaba textualmente: para el Partido Popular el Banco de España
ha sido el organismo clave y diferencial que ha marcado la recuperación de la economía española. También es cierto que en los últimos días el PP ha cambiado de opinión y ha considerado que este elemento clave en la salida de la crisis ha sido la
amnistía fiscal. Sin embargo, los hechos son tozudos, los resultados de la supervisión bancaria no parecen haber cambiado.


Más allá de todo esto de la supervisión financiera, me gustaría preguntarle respecto del informe anual algunas cuestiones en concreto sobre la política fiscal a las que usted se ha referido. En primer término, usted ha señalado el problema
que hay con la imposición indirecta en España, pero es cierto que los impuestos indirectos, particularmente el IVA, han aumentado. Sin embargo, si uno compara con los resultados recaudatorios de 2007, lo que ha caído drásticamente es la recaudación
por el impuesto de sociedades, con lo cual, cuando se dedican a hablar de la política fiscal de la Unión Económica y Monetaria, no hay referencias sorprendentemente a la base común del impuesto de sociedades, a paraísos fiscales y sí,
sorprendentemente, a la estructura del seguro de desempleo en Estados Unidos. Me gustaría, siendo concretos, saber qué opina usted de la exposición de la banca española a los paraísos fiscales, si cree que debería reducirse o si deberían las
filiales de la banca española informar de sus operaciones a las autoridades fiscales españolas, como hemos propuesto reiteradamente desde el Congreso.


Concluyo. Le agradezco su comparecencia, señor Linde, y le ruego encarecidamente que dé una explicación especialmente sobre los procesos de supervisión y por qué ha terminado en una resolución el Banco Popular, proceso que sin duda podría
haber sido muchísimo peor para los depositantes y para los fondos públicos pero que ha tenido un grave coste para 300 000 accionistas y que pone encima de la mesa muchas dudas que deberían despejarse sobre la estabilidad financiera.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor de la Torre.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia, gobernador del Banco de España, presidente, diputadas y diputados.

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Quiero poner de relieve, en primer lugar, la coincidencia de la presentación del informe anual del Banco de España y el informe sobre la crisis financiera y bancaria en España 2008-2014, coincidencia que además hace difícil no referirse a
este último en atención al contexto en el que nos encontramos y la perplejidad de la ciudadanía en relación con la intervención del Banco de España, o la no intervención por no supervisar adecuadamente al Banco Popular.


En todo caso, me referiré brevemente al informe anual que usted presenta en relación con los retos usted plantea -envejecimiento de la población, desocupación, productividad y reducción del endeudamiento público- y concretamente a dos
aspectos. El primero es el de la desocupación, porque es una constante y se reproduce anualmente cada vez que se analiza la evolución de la ocupación en el Estado español en relación con el alto porcentaje, más de un 30 %, de paro juvenil. El otro
aspecto es que la desocupación se nutre de personas con poca cualificación profesional y por tanto difícilmente ocupables en un futuro inmediato. En último lugar, al alto grado de endeudamiento público, el cien por cien del PIB. En este caso me
referiré al cálculo que hacía la Airef. Calculó los días de trabajo que tiene que emplear cada ciudadano para pagar toda la deuda pública del Estado español. Debería dedicar las rentas del trabajo de casi diez meses y destinarlas a saldar la deuda
para que esta quedase reducida a cero. Creo que los retos de la economía española son difícilmente alcanzables en atención a la situación actual, corríjame usted si voy equivocada.


En todo caso -y me referiré al informe sobre la crisis financiera y bancaria-, es verdad que será objeto de análisis en la Comisión de investigación, que iniciará sus trabajo en breve, pero es evidente que en atención a lo que ha pasado esta
última semana difícilmente podríamos eludir referirnos a este informe, porque también ustedes lo han hecho público coincidiendo con la presentación del informe anual. Y me gustaría destacar la importancia que tiene el lenguaje cuando ustedes lo
utilizan en este informe y analizan la crisis financiera y bancaria y la distribuyen en cuatro etapas, en las que además dividen el informe: los años de expansión económica, 2000-2007; el inicio de la crisis, 2008-2011; el recrudecimiento de la
crisis, 2012-2013, y la normalización económica y financiera. Nos llama especialmente la atención este último aspecto, cuando hablan de normalización económica y financiera, y luego entenderá usted por qué lo digo. Más que nada porque a Esquerra
Republicana -entiendo que ustedes me dirán que deben ser prudentes a la hora de hacer determinadas afirmaciones- nos preocupa que se disimule la situación económica actual y se vuelva a esconder la crisis -o esta aún no salida de la crisis- con las
palabras o el lenguaje que utilizan: normalización económica y financiera en 2014, cuando -ponía el ejemplo con anterioridad- acabamos de ver que la semana pasada uno de los grandes bancos españoles, el que hace solo una década era el mejor del
mundo, pasaba a valer un solo euro, a pesar de los diversos stress test y otros informes realizados por todo el sistema regulatorio español. Más bien parece una broma de mal gusto que se hable de normalización, a no ser que por parte del Banco de
España -corríjame, señor gobernador- consideren que la situación normal de la economía española es la de estar permanentemente al borde de la quiebra.


En lo que sí coincidimos Esquerra Republicana con otras personas que han evaluado este informe -no me estoy refiriendo al anual sino al informe financiero y bancario- es en que se trata de un informe acrítico, que más bien pretende ser
exculpatorio, que no busca en ningún momento juzgar lo que pasó ni perseguir responsabilidades por el resultado final del proceso. Como decía, usted me dirá que se debe actuar con prudencia en el redactado de informes y yo le anticipo que basta de
tanta prudencia porque la prudencia nos ha llevado adónde nos ha llevado. Como dijo un insigne representante de Esquerra Republicana, el señor Carbonell: Que la prudencia no nos haga traidores. Traidores con las obligaciones que tenemos
contraídas en el ejercicio de los distintos cargos. Se lo digo también porque, al final, la prudencia ha llevado a mantener el statu quo que ha acabado beneficiando a aquellos que se han jubilado con pensiones multimillonarias y, en definitiva, a
exculparse los unos con los otros respecto a las responsabilidades que se asumían: desde el Ministerio de Economía cuando se hacen afirmaciones que se sustentan en las afirmaciones que hacen los órganos regulatorios, etcétera, etcétera. En todo
caso, ustedes en este informe bancario y financiero recogen las actuaciones supervisoras desarrolladas por el Banco de España en el ejercicio de sus competencias y, a pesar de que ustedes ponen el acento en esas actuaciones supervisoras, le
formularé dos preguntas porque es una cuestión que nos preocupa mucho. ¿Por qué tarda tanto en actuar en Banco de España? ¿Por qué actúa cuando ya no hay solución? Pasó con las cajas de ahorros, pero también nos lo preguntamos en relación con lo
que ha sucedido esta semana pasada con el Banco Popular. ¿Por qué se tarda tanto en actuar? ¿Por qué su actuación -estoy hablando del Banco de España, no lo determino únicamente en su persona- y las decisiones que toma

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el Banco de España no son decididas y consistentes cuando las toma? Porque ya hemos visto las consecuencias que se han ido sucediendo. Es verdad que ustedes, habitualmente, también se escudan -y no digo que no tengan razón- en la falta de
medios o instrumentos supervisores, pero este es un mal que tenemos todos; también los diputados podríamos escudarnos en estas excusas.


Del informe tenemos la impresión de que ustedes cuando lo redactan y, por tanto, emiten la información que nos trasladan, representan la crónica de un desastre anunciado, aquello de que todo el mundo sabía que iba a suceder algún día y nadie
se atrevía a decirlo. Pero las personas que tenían la responsabilidad, decidida por todos, de poner orden -seny, como decimos los catalanes- en el sistema bancario callaron, se escondieron, hicieron dejación de sus funciones -es el criterio de
Esquerra Republicana- y no hicieron uso de su capacidad de evitar que sucediese. Ustedes son conscientes del encargo recibido y por el que, en definitiva, tienen las funciones encomendadas. Esto me viene a cuento decirlo porque ayer mismo se
publicaba que la jefa de supervisión bancaria europea decía que veía factible que las autoridades judiciales españolas investiguen la retirada de fondos del Banco Popular por parte de ayuntamientos y autonomías pocos días antes de su venta, en
atención a ver si existe -y lo pongo entre comillas- o ha habido tráfico de información y si algunas instancias han intentado protegerse mejor que los pequeños ahorradores. Esto también me sirve para poder afirmar que en Europa la visión que se
tiene sobre la supervisión bancaria no debe ser distinta de la que se tiene sobre la justicia o sobre la energía o sobre otros tantos aspectos.


Concluyo apuntando unas cifras que ustedes ponen de relieve en el informe sobre la crisis financiera y bancaria en España: la factura del rescate. El total de las ayudas ha superado los 76 000 millones de euros, de los que el Banco de
España da por perdidos 60 000 millones; es decir, el 80 % del rescate, que viene a significar el 3,6 % del PIB español o, en todo caso, dos veces el valor del agujero de la Seguridad Social, siete veces la previsión de gastos en infraestructuras
incluida en los Presupuestos Generales del Estado, más de lo que se gastará en intereses de la deuda este año. Por tanto, ocho de cada diez euros públicos dedicados a sanear el sistema financiero español, que han desaparecido para siempre. Por
tanto -permita que se lo diga así de claro y de forma franca- para nosotros han perdido la credibilidad con relación a su capacidad de supervisión, que además se ha visto cuestionada no únicamente por Esquerra Republicana, sino por la opinión
pública y por la mayoría de los grupos parlamentarios. Esto deja en mal lugar a España en el contexto europeo. En definitiva, desde la visión de un ciudadano o una ciudadana media debe ponerse en duda la profesionalidad, la independencia y la
credibilidad de los órganos supervisores y controladores y, en este caso, como está usted hoy aquí, tengo que decirle que la del Banco de España.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.


No hay representantes del Grupo Vasco ni del Grupo Mixto, por lo que tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, señora Palmer.


La señora PALMER TOUS: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular al gobernador del Banco de España a esta Comisión de Economía y, evidentemente, agradecer su comparecencia con motivo de la presentación del informe anual
del Banco de España para el año 2016.


En cuanto a este informe, creo que se ratifica lo que ya se había señalado con anterioridad en otros informes de diversos organismos nacionales e internacionales, y es que la economía española es una economía robusta, es una economía que
sigue creciendo a ritmos superiores a la media de nuestro entorno europeo, con tasas cercanas al 3 %; de hecho, superiores al 3 %. Así lo hizo en el año 2015 y también en el año 2016, mientras que la Unión Europea está creciendo a poco más de la
mitad de esa cifra. Creo que el esfuerzo que ha realizado el pueblo español y, evidentemente y sin duda, la actuación en materia de política económica que se ha llevado a cabo y se está llevando a cabo por parte del Gobierno del Partido Popular han
sido esenciales para explicar este crecimiento diferencial. Aunque es cierto que habido elementos transitorios, como define el informe, para explicar la recuperación económica, como la bajada de precios del petróleo -que evidentemente nos influye
porque somos una economía dependiente en términos energéticos- o la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo -esos elementos han colaborado en la recuperación-, también es cierto que existen otros, que el informe describe como factores
con efectos persistentes, que han tenido un papel protagonista en la reactivación económica y en la solidez del crecimiento de la economía española en estos años, nos referimos

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claramente a la mejora de la competitividad de nuestra economía, un proceso de ajuste competitivo que no solo explica la recuperación que se ha vivido en España sino también las favorables proyecciones económicas que se están realizando
sobre la evolución de España si se atiende a los informes que se están llevando a cabo por parte de distintos organismos como la OCDE, la CEOE o el propio Banco de España.


Junto a la consolidación de la demanda interna, del consumo de los hogares y de la inversión empresarial, la fortaleza de las exportaciones que estamos viviendo -que actualmente está superando el 33 % del PIB-, con un considerable además -y
creo que es importante- incremento de la cuota de mercado, de distintos mercados, con una diversificación geográfica importante hacia mercados con un potencial de crecimiento enorme, esta consolidación de la demanda interna -decía- junto con este
dinamismo de las exportaciones están definiendo un modelo productivo que genera un crecimiento más equilibrado y definen, en definitiva, una economía muy competitiva. Por segundo año consecutivo hay una aportación positiva de las exportaciones
netas y esto no ocurría desde el año 1997; es decir, en los últimos veinte años no habíamos tenido dos ejercicios con una aportación del sector exterior positiva al crecimiento económico. Éste será el quinto ejercicio en el cual España va a tener
superávit por cuenta corriente; España, prácticamente nunca había tenido dos años consecutivos con un saldo positivo de la cuenta corriente, por lo tanto cinco años es para ponerlo en valor.


Además, este dinamismo ha provocado un aumento de la demanda de los factores productivos con efectos claros sobre la inversión empresarial y muy relevantes sobre la reducción del desempleo. Los datos registrados de paro y afiliación del
SEPE de mayo son datos históricos, están batiendo todos los récords y muestran que se han creado casi 700 000 empleos en el último año y más de 2 millones desde el peor momento de la crisis. Actualmente hemos recuperado, y esto es importante, dos
tercios de los empleos destruidos durante la crisis. También es relevante señalar que el empleo ha llegado a todas las personas y a todos los rincones de nuestro país. En términos anuales, el paro se ha reducido en todas las edades, tanto en
hombres como en mujeres, en todos los sectores, en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias. Por otro lado -también se ha comentado aquí-, esta creación de empleo ha permitido una importante reducción de la población con carencia
material severa que, como todos ustedes saben, es uno de los indicadores del Arope, que ha bajado del 7,1 % al 5,8 % en los dos últimos años. Los análisis disponibles nos muestran el impacto que tiene el incremento del desempleo en la evolución de
la desigualdad durante la crisis, como también la evidencia apunta que la creación de empleo reduce significativamente esta lacra, como se menciona en el informe. Por tanto, continuar con una recuperación sostenida del empleo favorece la reducción
de la desigualdad, y en ello estamos. En definitiva, la economía española se caracteriza en la actualidad por ser un modelo productivo equilibrado, un modelo competitivo y un modelo intenso en generación de empleo. El elemento clave para explicar
la mejora competitiva, que es la base sólida permanente del crecimiento económico español -lo señala claramente el informe-, son las reformas emprendidas por el Gobierno. En un reciente artículo, la revista especializada en política y economía The
Economist, bajo el titular: 'España señala el camino para el sur de Europa', afirma que España está viendo los resultados de las reformas estructurales aplicadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, tras los problemas que el país afrontó por la crisis
global y la burbuja inmobiliaria. Y continúa: Gran parte del mérito por esta recuperación está en las reformas estructurales que el Gobierno apoyó a lo largo de 2012. Por tanto, las reformas han tenido algo que ver con la recuperación, y no solo
lo dice este Gobierno. Son unas reformas encaminadas a la mejora de la competitividad pero también -vale la pena señalarlo porque aquí se ha comentado- a la recuperación de la confianza internacional, y esto último se logró gracias a las medidas de
reestructuración del sistema financiero, que fue y es un elemento imprescindible para explicar el crecimiento diferencial español. Se tomaron medidas que supusieron un ejercicio de transparencia de los balances sin parangón. No se trataba solo de
inyectar liquidez, no se trataba de esa inyección de liquidez que finalmente se llevó a cabo con el Gobierno del Partido Popular, porque eso ya se había hecho antes con un Gobierno del Partido Socialista que, recordemos, otorgó ayudas de capital que
suponían en torno al 40 % de la ayuda total desembolsada. Por tanto, hubo ayudas financieras anteriormente, pero todos sabemos que la situación no se corrigió. ¿Por qué? Porque solo se limitaron a inyectar, sin ninguna medida adicional de
reestructuración del sistema. No se realizó ninguna reestructuración del sector ni se modificó el gobierno corporativo de las entidades, no se ajustó la remuneración de los banqueros, no hubo ningún tipo de modificación en relación con las
indemnizaciones y pensiones, etcétera. Por tanto, era urgente tomar otras medidas para lograr la estabilidad financiera y

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desterrar de una vez por todas la desconfianza que generaban nuestras entidades, y así se hizo desde el Gobierno.


Las medidas que se pusieron en marcha para la reforma del sistema financiero fueron destinadas esencialmente a reforzar la solvencia de las entidades financieras dotándolas de mayores provisiones y exigencias de capital, a incrementar la
transparencia y la profesionalidad, a limitar las retribuciones de los directivos y a reducir la exposición a los créditos morosos y a los activos inmobiliarios tóxicos. Para esto último el elemento clave fue la constitución de la Sareb que, como
todos ustedes saben, compró nada más y nada menos de 50 000 millones de euros de activos tóxicos. Todo esto en un contexto europeo y en el marco de una unión bancaria que nos dota a todos de unas reglas de juego común.


En suma, esta reforma del sistema financiero, aunque es cierto que necesitó de un préstamo europeo, fue acompañada de reformas estructurales importantes en el sistema financiero, a diferencia de las efectuadas en los Gobiernos socialistas
anteriores, donde exclusivamente se inyectó dinero sin que eso fuera acompañado de reformas de calado que fortalecieran al sistema frente a problemas futuros. Como ustedes dicen en el informe, el anterior fue un ajuste tardío e insuficiente. Todos
sabemos que es indudable que si la restructuración y saneamiento del sector se hubieran producido con anterioridad, las ayudas públicas requeridas a partir de 2012 hubieran sido muy inferiores. Quisiera recordar aquí, por si alguien se ha olvidado,
que si no hubiera habido esa inyección de capital los depositantes habrían perdido su dinero. No podíamos dejar a las familias -que no a los banqueros, no a las grandes fortunas, sino a las familias, a los pequeños ahorradores- perder su dinero.
Tras el rescate ganaron los ciudadanos, ganaron los depositantes. Además, existían consecuencias macroeconómicas de esa reforma del sistema financiero ya que había una percepción por parte de los mercados de problemas de solvencia del sistema
financiero español que se trasladaban al propio Estado; es decir, había un efecto contagio entre el riesgo bancario y el riesgo soberano, por lo que era imprescindible llevar a cabo esa reforma del sistema financiero, esa restructuración bancaria,
y así se hizo. Gracias a ello ya nadie duda de la solvencia del sistema financiero español y las entidades vuelven a cumplir con su labor, que es la de dotar de créditos a empresas y familias.


Para finalizar me gustaría plantearle al gobernador algunas cuestiones, aprovechando y agradeciendo de nuevo su presencia, su comparecencia. Aunque es verdad que debemos valorar como positivos los incrementos de lo que se denomina como
crédito nuevo, las nuevas operaciones, porque responden a la fortaleza de la economía y en definitiva suponen que hay confianza en el futuro económico del país, también es cierto que debemos fijarnos en los sectores a los que va destinado. Ya sé
que antes, incluso en Basilea I, no existían límites específicos de concentración sectorial, pero la pregunta es: ¿cómo puede ser que en el año 2000 el 47% del crédito al sector privado residente fuera concentrado a la construcción y al sector
inmobiliario y en 2007 fuera el 62,5%? Es decir, si ya era preocupante ese 47%, ¿por qué en vez de obligar a la reducción se permitió el crecimiento hasta el 62,5? Ustedes mismos en su informe dicen: Una parte de las cajas de ahorro acumuló
desequilibrios derivados de la elevada exposición al sector de la promoción y construcción inmobiliarias.


Finalmente, se ha preguntado aquí varias veces, y creo que es importante conocer la opinión del gobernador, sobre lo sucedido la semana pasada con Liberbank; es decir, cuáles cree que fueron las motivaciones de los movimientos en torno al
banco. Y querría preguntarle también si hay alguna entidad financiera en la actualidad que le cause algún tipo de preocupación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palmer.


Terminado el turno de los grupos parlamentarios, doy la palabra al señor gobernador para que haga las matizaciones o dé las explicaciones complementarias que le parezca oportuno. Señor gobernador, tiene usted la palabra.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por todas las preguntas de los señores diputados.


Creo que estamos de acuerdo en que ha habido tres bloques de comentarios o preguntas: uno -las menos- sobre el informe anual; luego habido comentarios y preguntas sobre el informe que ha elaborado el Banco de España y que se hizo público
hace unos días sobre la crisis banquera y financiera española entre 2008 y 2014, y luego ha habido preguntas y comentarios sobre el problema de la resolución del Banco Popular. Entonces, con permiso del señor presidente y de los señores diputados
-que espero obtener-, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer algunos comentarios sobre el informe anual para despejar

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el tema que es objeto de esta convocatoria -en la convocatoria que yo he recibido de la presidenta del Congreso se me dice que estoy convocado para presentar el informe anual, no otra cosa, pero por cortesía elemental y porque es un tema
importante, también comentaré los otros dos puntos- y luego, una vez que haya despejado las cuestiones planteadas sobre el informe anual, que -insisto- han sido muy pocas y donde realmente tengo algunas discrepancias y algunas cosas que aclarar,
pero no muchas, pasaría a los otros dos asuntos.


En primer lugar, en relación con el informe anual, debo hacer una aclaración, que el Banco de España publica muchas cosas al cabo del año, como saben los señores diputados: el informe anual; el informe de estabilidad financiera, que tiene
cuatro ejemplares al año; el informe de supervisión; el informe de quejas del servicio de reclamaciones; es decir, el Banco de España publica una gran cantidad de documentación sobre su actividad. Y tradicionalmente -no es de ahora, sino de
siempre- el informe anual no ha tenido prácticamente nada relativo a supervisión, porque eso está concentrado en el informe de supervisión, que es un informe muy amplio que supongo que ustedes conocen y, si no lo conocen, les recomiendo que lo vean
porque es muy completo y muy formativo. Entonces, efectivamente, en este informe anual, como en los demás, como es lo tradicional, no hay prácticamente nada relativo a la supervisión ni a la estabilidad financiera porque eso es objeto de informes
separados. Esa es la costumbre del Banco de España desde hace muchos años, nos parece que es una buena práctica y si quisiéramos meter todo en un informe anual haríamos un informe de mil páginas, que no sería realmente manejable. Ese es un
argumento que me parece importante.


Por otra parte, el informe anual, como ustedes pueden suponer o lo saben ya seguro, es un documento complejo que se empieza a elaborar en enero o en febrero, de forma que su elaboración pasa por diversos estadios, participa mucha gente y,
como ustedes pueden suponer y seguro que me creen, nosotros en enero no sabíamos qué iba a ocurrir con Popular en el mes de junio, no lo sabíamos. Me parece que me creerán si digo eso de modo rotundo. Por consiguiente, no les puede extrañar y no
les debe extrañar, y no es nada criticable -yo creo-, que en el informe anual, siguiendo la tradición, se hable del marco macroeconómico español e internacional y de las cuestiones de fondo de la economía En ese sentido, la existencia del informe de
envejecimiento de la población, el problema de la productividad que tenemos en España, el problema de las pensiones, que es el gran problema de nuestro gasto público, y el problema de la falta de competencia de algunos sectores clave son cuestiones
filosóficas o de economía general que si no se abordan en este informe del Banco de España no se abordan en ningún sitio, digo en un documento anual. Por consiguiente, creo que no es criticable -yo no lo considero criticable; me parece que es
oportuno- y que nuestro informe cumple perfectamente su función y su objeto, que es tratar del entorno macroeconómico, de la evolución macroeconómica, las perspectivas macroeconómicas españolas en el contexto internacional y señalar los grandes
temas de fondo a los que se enfrenta nuestra economía. Qué duda cabe que frenar nuestro endeudamiento y disminuirlo si es posible es un gran tema, que es un gran tema hacerse una idea de las consecuencias del envejecimiento acelerado de la
población y cómo responder a esos desafíos, a esos problemas que son indudables: el problema de nuestra productividad -tenemos un crecimiento de la productividad bajo en comparación con el contexto europeo en el que nos movemos-; en fin,
cuestiones que ustedes conocen seguro, a las que no voy a dedicar más tiempo. De forma que creo que el informe tiene el ámbito de interés que debe tener, que es el tradicional en ese informe anual. Los temas de supervisión y de estabilidad
financiera, que son muy importantes, los temas de reclamaciones y otros muchos temas, como el de deuda pública, son objeto de informes separados, esa es la tradición del Banco de España de siempre, y yo no he pensado que fuese necesario, ni yo en
persona ni el Consejo de Gobierno ni la Comisión Ejecutiva, cambiar ese procedimiento o esa costumbre de tratamiento de problemas. Además, seguro que ustedes conocen nuestra página web -por cierto, que ha recibido varios premios como la mejor
página web de la banca central en Europa; varias veces-, que tiene muchísima información de todo tipo y, desde luego, hay un portal especial dedicado a los temas del sector bancario, sus problemas y el rescate. Pero, en fin, estos son temas
adicionales. Eso en cuanto a lo que dice y lo que no dice el informe anual y por qué el informe anual no habla apenas del sector financiero -porque son otros temas- ni del sector bancario, ni por supuesto del Popular, ni por supuesto de lo que fue
el rescate en los años 2008 a 2014.


Aclarado eso, me parece que este informe es un poco distinto a los informes anteriores en el sentido de que insiste mucho -creo que con razón, creo que es una insistencia correcta- en la importancia del fenómeno del envejecimiento de la
población y el problema demográfico, e insiste mucho en el problema de endeudamiento público. Ha habido en España, como todos sabemos, un proceso de desendeudamiento,

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de desapalancamiento de deuda privada pero no así de deuda pública. En todo caso, a nivel agregado, tenemos un endeudamiento neto frente al exterior muy elevado, muy importante, y eso nos hace vulnerables claramente, reduce el espacio de
maniobra fiscal y nos hace vulnerables ante un empeoramiento de la situación de tipos de interés. En consecuencia, no es un tema menor. Hay que insistir en esa vulnerabilidad y en la necesidad de consolidar fiscalmente y frenar el déficit, y
frenar el crecimiento de la deuda PIB, de la ratio de deuda PIB, que son elementos clave de nuestro futuro. Por consiguiente, creo que el Banco de España hace muy bien en insistir en estos puntos, que son puntos no diré filosóficos, sino puntos muy
de fondo de nuestra conducción económica y nuestra política económica, esté en el poder quien esté, es igual, porque esos son problemas que nos afectan a todos sea cual sea el Gobierno en el poder. Por consiguiente, creo que esa insistencia es
buena y ese análisis es correcto. Yo lo defiendo y por eso lo mantenemos ahí.


El Banco de España no hace este informe, y nunca lo ha hecho, para defender a un Gobierno o a otro, eso debe quedar claro, nunca ha sido para defender a Gobiernos. El Banco de España es una entidad independiente, una entidad autónoma, es lo
que dice su ley de autonomía, que es a la que nos obliga el Estatuto Europeo de Bancos Centrales, y por consiguiente nosotros decimos en el informe lo que nos parece que hay que decir. Si a veces favorece a un Gobierno o a otro eso nos da
exactamente igual, lo quiero decir con toda claridad. El Banco de España nunca ha hecho un informe anual pensando en favorecer a un Gobierno o en ser simpático a un Gobierno o a otro, eso no se ha hecho jamás, y desde luego no en mi mandato como
gobernador. Por consiguiente, si a veces resulta que decimos cosas que parece que apoyan una política económica de un Gobierno determinado, puede ser perfectamente, es posible. Nosotros creemos que algunas de las reformas que acometió el Gobierno
del Partido Popular en el año 2012 ayudaron mucho a la recuperación, lo pensamos, lo decimos, lo hemos dicho desde el primer momento y lo seguimos diciendo igual que en el año 2012 o 2013. Esto lo digo así de claro y así de contundente. Creo que
hemos tenido vientos de cola y que nuestra recuperación se ha apoyado en parte en elementos transitorios; no cabe ninguna duda, lo hemos dicho y explicado muchas veces.


Es verdad que ha habido un elemento más permanente ligado a reformas que no solo se adoptaron en 2011 sino también en 2012. Por ejemplo, las reformas aprobadas en materia de pensiones han sido muy importantes para hacer el sistema
sostenible. Esas reformas se iniciaron antes de las elecciones de 2011, por consiguiente, no todo han sido vientos de cola, ha habido reformas importantes que han contribuido a que nuestra economía saliese de la grave situación en que se encontraba
en 2012, y que han sido un elemento muy importante para la recuperación de la capacidad de competencia con el exterior, que yo siempre digo que es la pieza que falta del puzzle. España ya ha pasado por esto que nos está ocurriendo, ya ha estado
otras veces en esta especie de triángulo virtuoso en el que está viviendo desde hace ya tres años, es decir, una economía que crece fuertemente, que crea empleo fuertemente y que tiene superávit exterior, pero no tantos años seguidos. La pieza que
hace posible ese puzzle es la capacidad de competencia frente al exterior, eso es lo esencial. Sin esa mejora de la capacidad de competencia y sin mantenerla, no sería posible estar en ese triángulo virtuoso tres años seguidos. Insistimos en eso,
nos parece que es muy importante, y por eso lo destacamos.


De este buen crecimiento económico español de los últimos tres o cuatro años, ¿qué partes se debe a las reformas y qué parte se debe a los vientos de cola? O sea, ¿qué parte se puede atribuir al mérito del Gobierno y qué parte se puede
atribuir a otros méritos? Yo no lo sé, y a mi parecer hacer esa distinción es muy difícil; hacer esa imputación es francamente muy difícil; puede ser un juego econométrico de economistas, de técnicos o de economía matemática o de economía
estadística muy relevante, pero no me parece que sea algo que se pueda medir de una forma incontrovertible. Creo que no se puede negar que una parte de esa capacidad de mejorar la competencia, que es clave en nuestra situación de triángulo
virtuoso, se debe a las reformas acometidas, me parece que sencillamente es negar la evidencia. Yo no me atrevería a decir qué parte se debe a unos y qué parte se debe a otros; francamente, no me parece posible. O, por ejemplo, ¿qué parte se debe
a la política monetaria expansiva?, ¿qué parte se debe a la normalización de las condiciones financieras de nuestra economía? Sin duda alguna en parte se debe a eso, pero llegar a imputar, llegar a atribuir en décimas de PIB qué parte corresponde,
es muy difícil. Me parece muy bien que los técnicos y los economistas de este oficio lo hagan, me parece estupendo, no tengo nada en contra, pero no me parece una discusión en la que se llega a resultados incontrovertibles, me parece que eso no es
posible. En fin, es posible que haya habido una parte de nuestro crecimiento económico diferencial atribuible a vientos de cola, atribuible a reformas acometidas en España y debidas

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al azar y a consecuencias no deseadas o no previstas de otras decisiones, pero yo no perdería mucho tiempo en este tipo de disquisiciones. No sé si me he dejado algo importante de tipo general.


En cuanto a la desigualdad, el Banco de España ha mantenido desde hace tiempo que por supuesto en algunas mediciones la desigualdad ha crecido en los últimos años. Por supuesto que hay otros elementos, pero según nuestros análisis -y no
solo los nuestros-, el desempleo, el paro, es el principal factor de incremento de la desigualdad; parece que esto es algo indiscutible según los técnicos, según los estudiosos de esta materia. Por supuesto que hay otros factores, pero es evidente
que para combatir la desigualdad en España como medida fundamental hay que conseguir que crezca el empleo. No digo que sea la única medida, la única preocupación, pero conseguir el aumento del empleo es un paso ineludible para intentar controlar el
aumento de la desigualdad, y nos parece que eso es evidente. Puede ser que haya alguien que piense que no es así, pero nosotros creemos que eso es bastante claro e indiscutible. También hemos señalado que la inversión pública ha sido el renglón de
ajuste fiscal y presupuestario de los últimos años y que eso no es bueno, llevamos tiempo diciéndolo y lo repetimos. Tenemos en este momento un nivel de inversión pública muy bajo, y nosotros nunca hemos ocultado, disimulado o negado que esa
inversión pública que se mantiene en niveles muy bajos desde hace ya cuatro o cinco años sea mala para el crecimiento económico, sea mala para la recuperación de capital, sea mala para la productividad y sea mala desde todo punto de vista. Esto es
lo que nosotros señalamos, y no es nuestra responsabilidad decir más; nuestro análisis macroeconómico nos lleva a decir que ese ajuste sobre inversión pública y ese mantenimiento de un nivel muy bajo de inversión pública es malo para la economía.
Esto no solo lo decimos en este ejercicio, ya lo hemos dicho en otros. No sé si me dejó algo de tipo general importante; si me dejo algo, por favor, recuérdenmelo los señores diputados.


Ahora pasaría a los otros dos temas. El primero es la cuestión del informe del rescate financiero. Con todo respeto y toda cortesía, quiero decir que ya estoy convocado para inaugurar las comparecencias a comienzos de julio; no sé el día
exacto, pero será en uno de esos días. Esa Comisión se hace para analizar el rescate y, por supuesto, el documento básico al que yo me voy a referir en esa comparecencia es el documento que hemos elaborado, documento que -aprovecho para decirlo- ha
sido un gran esfuerzo para el banco. Yo creo que es un gran documento, será el documento de referencia sobre la crisis financiera. Naturalmente todo es mejorable, todo se puede analizar desde distintos puntos de vista. Quizás algunos encuentren
que es poco crítico, poco autocrítico, y otros piensen que no se refiere a los puntos esenciales. Las críticas pueden ser muy variadas y yo las admito perfectamente; me parece que todas las críticas son posibles, y algunas estarán justificadas y
otras quizás menos. Lo que yo quiero decir es que, con permiso de los señores diputados y del señor presidente, preferiría no entrar en analizar el informe salvo en un punto, que es la intención del mismo. Este informe no pretende exculpar a nadie
ni culpar a nadie ni acusar o dejar de acusar a nadie ni justificar nada; es un informe que pretende ser un elemento de referencia para cualquier punto de vista, para los que tengan un enfoque muy negativo del Banco de España y de lo que se hizo
entonces y los que tengan un enfoque positivo del Banco de España y lo que se hizo entonces. El informe se ha hecho para que lo lean con tranquilidad y sin enfadarse -por así decirlo- todos los puntos de vista que puedan estar interesados en la
materia, para que lo puedan leer todos los señores diputados que participarán en esa Comisión de Investigación y que querrán tener elementos objetivos y discutibles.


Hemos querido hacer un informe lo más aséptico posible, lo más neutral posible y lo más informativo posible para que todo el mundo lo pueda utilizar en el sentido que estime oportuno. Un informe que hubiese entrado en juzgar, en encontrar
culpables o en encontrar inocentes o en justificar actuaciones, habría sido muy poco adecuado en opinión del Banco de España, porque no habría servido para lo que tenía que servir. Con este informe el Banco de España no pretende justificar nada ni
acusar a nadie ni encontrar ningún motivo de señalamiento. Tratamos de hacer un documento que contenga mucha información, bien ordenada y que se pueda entender bien, porque esta materia también se presta a ser un poco esotérica y a decir cosas que
no se entienden. Hemos tratado de hacer un informe que se entienda muy bien, que se lea muy bien, que sea muy claro y que tenga mucha información y bien ordenada. Además, tiene que ser un informe -y esto es muy importante- que no obligue a empezar
en la página 1 y acabar en la página última, porque eso sería muy pesado y mucha gente lo dejaría. Es un informe que puede leerse según uno quiera. Uno puede empezar en el capítulo 3 o en otro capítulo. Está hecho de tal modo que es posible leer
un trozo y solo ese trozo sea interesante y sea adecuado. No obliga a leer todo para entender las partes separadas. Está hecho con esa intención. Podremos haber acertado o no, pero está hecho con la intención de ayudar al lector y que el lector
tenga una lectura fácil. Esa es la

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idea fundamental de ese informe. Yo he visto en la prensa -no por lo que han dicho aquí los señores diputados- varios comentarios del tipo de que el Banco de España no es crítico, no se autocritica, no reconoce las culpas, no encuentra
culpables... Pues, efectivamente, eso no se hace en absoluto en el informe; no era su intención y es lo que pensamos que era más adecuado. (El señor Mayoral Perales pronuncia palabras que no se perciben dirigiéndose a la señora Capella i Farré).


Con el permiso del señor presidente, en cuanto al informe me quedaría aquí, porque entrar en más detalles, primero, no tenemos tiempo, y, segundo, aunque a algún diputado le parezca extraño, yo no vengo preparado hoy para hacer una
intervención larga y amplia sobre el informe porque no era hoy el tema de la comparecencia. De momento, me quedo aquí y, por supuesto, si hay alguna pregunta o algún comentario adicional con mucho gusto trataré de responderlo después.


Ahora pasaría al asunto del Banco Popular. Como ustedes pueden suponer, este es un tema delicado y me voy a limitar a hacer algunos comentarios en forma muy resumida. En primer lugar, debo decir que -como saben los señores diputados- desde
noviembre de 2014 el Banco de España no es el supervisor de las entidades españolas significativas y, por consiguiente, no es supervisor del Popular, desde noviembre de 2014. Desde entonces, el supervisor de las entidades españolas significativas,
como de las entidades significativas alemanas, francesas, italianas y de todos los miembros de la unión bancaria es el Mecanismo Único de Supervisión con sede en el BCE en Frankfurt. Por supuesto, esto no quiere decir que el Banco de España, como
el Banco de Francia, el Banco de Italia o el Banco de Holanda o el Bafin alemán no colabore, no participe, no trabaje con el supervisor único europeo. Pero debe quedar claro que, legalmente, el supervisor de las entidades significativas no es el
Banco de España, no es el Banco de Francia, no es el Banco de Holanda; es el Mecanismo Único de Supervisión con sede en Frankfurt, en el BCE.


En segundo lugar, el Banco de España no es la autoridad de resolución europea tampoco, porque tenemos una norma europea común; es el Board de resolución, es el Consejo de resolución europeo, que está dirigido por la Junta Única de
Resolución. El Banco de España ni siquiera participa en esas reuniones más que como observador. Por consiguiente, el Board de resolución, que es la autoridad de resolución, toma sus decisiones de acuerdo con la ley europea, y el representante del
Board de resolución europeo en España, la contraparte, digamos, es el FROB que -como ustedes saben- depende del Ministerio de Economía, que es la autoridad española de resolución. Las funciones del Banco de España en resolución son solamente en
resolución preventiva de entidades no significativas. Esta es la situación real. Por consiguiente, debo decir que en el proceso de resolución del Popular, el Banco de España no participó, sencillamente, porque no es su competencia. (El señor
Mayoral Perales pronuncia palabras que no se perciben).


¿En qué participó el Banco de España? El Banco de España participó en este procedimiento o en estos hechos de dos formas: en el suministro de liquidez y emergencia, que es de todos conocido porque ha salido en todas partes, y en la
aceptación de que el Banco de Santander adquiriese lo que se llama una participación significativa, en este caso, la total propiedad del Banco Popular.


En cuanto a la provisión de liquidez de emergencia -esto se puede contar porque es público-, hay una norma europea que viene del Estatuto de los bancos centrales de hace casi veinte años, que establece que los bancos centrales nacionales
pueden suministrar liquidez de emergencia de acuerdo con unas condiciones, unos procedimientos y unas garantías. Por cierto, esta normativa fue remozada y aprobada hace solo un mes por el BCE, pero no había ningún cambio; lo que había era un
reforzamiento y una reiteración de normas que ya existían. Entonces, lo que puedo decir es que el Banco de España participó en el suministro de liquidez del Popular, de acuerdo estrictamente con las normas en vigor, de acuerdo estrictamente con las
normas del sistema europeo de bancos centrales y con las normas vigentes en materia de colateral y en materia de descuentos de colateral. Esto es lo que puedo contar porque es exactamente así, y esto es lo que ocurrió. Han circulado por ahí
informaciones que son completamente erróneas, por decirlo así, sobre que el Banco de España no habría utilizado una parte importante del colateral disponible. Esto es falso, completamente falso. Puedo dar todo tipo de detalles sobre esto y, si es
preciso, los daré en su momento, naturalmente, pero yo les digo que el Banco de España actuó, en materia de suministro de liquidez al Popular, estrictamente de acuerdo con las normas en vigor, estrictamente de acuerdo con la legalidad, aplicando las
normas obligatorias para el Banco de España en materia de colateral, o sea de garantías, y con los descuentos que había que aplicar teniendo en cuenta los que se aplican en la ventanilla ordinaria del BCE. Por consiguiente, en esa materia no tengo
nada más

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que decir que el Banco de España actuó de acuerdo con la normativa en todo momento, y que hicimos lo que teníamos que hacer en todo momento.


El Banco de España también participó en confirmarle al Board de resolución, confirmar a la autoridad de resolución europea, que el Santander era un banco idóneo, era un banco adecuado para comprar el Popular. Eso es lo que se pedía del
Banco de España, porque está previsto en la normativa europea que cuando un banco adquiere otro en formato de resolución, la autoridad bancaria nacional o el banco central nacional correspondiente confirme que el comprador es adecuado, es idóneo
para esa función. Esto es lo que nosotros, por supuesto, hicimos. Confirmamos que el Santander era idóneo para esta operación. Sobre esto no puedo decir más, porque es lo que puedo informar.


Se ha hablado además de la ampliación del Popular en mayo de hace un año, del año 2016, y ahí debo decir que las operaciones de aumento de capital en las entidades bancarias no están sujetas a autorización del supervisor bancario ni del
Banco de España, que no es su supervisor, ni del supervisor que es el MUS. (El señor Mayoral Perales pronuncia palabras que no se perciben). Estas operaciones no están sujetas a autorización. Antes, hasta el año 2014, había un trámite de no
posición, es decir, el Banco de España tenía que no oponerse a esa ampliación de capital, pero la Ley 10/2014, de 26 de junio, eliminó ese trámite. Por consiguiente, el Banco de España no tenía ninguna capacidad ni para oponerse ni para apoyar, ni
una cosa ni otra. Este es el estado legal de la cuestión en este momento. Si entramos en lo que se hizo en mayo de 2016, tampoco soy quién para opinar en este momento, el Banco Popular tomó esa decisión de ampliar capital para cubrir sus
necesidades de capital. (Risas). En ese momento, no había ninguna razón para pensar que iba a haber una crisis de liquidez como la que se produjo al final, pues no existía hace un año. Yo no sé de nadie de los aquí presentes ni de los no
presentes que dijese nada en relación con los riesgos de liquidez del Banco Popular. Eso no existió, que yo sepa; yo no he visto ni un rastro de eso, ni de expertos ni de no expertos, de nadie. Luego yo creo que aquí hay evitar el sesgo
retrospectivo y decir: ya lo dije yo. No, no, usted no dijo eso; usted lo dice ahora que lo visto, claro, al cabo de un año o de cinco años. Por tanto, en esta materia -esto es un tema importante- también hay que evitar el sesgo retrospectivo,
que es muy fácil pero que no lleva ningún sitio. Sobre el Popular es lo que puedo decir.


Hay un punto importante, que es la distinción entre liquidez e insolvencia. ¿Qué es solvencia? ¿Qué es un banco solvente? Un banco solvente lo es de acuerdo con las definiciones de la norma europea, claro. La solvencia no se mide de
forma poética; se mide de forma aritmética. Hay unos activos ponderados por riesgo, hay un capital, hay unas proporciones y hay unas ratios. Entonces, el banco que cumple las ratios es solvente y el que no, no. Entonces, yo puedo decir que el
Banco Popular, de acuerdo con las normas en vigor y de acuerdo con la opinión no del Banco de España, sino del Mecanismo Único de Supervisión, era solvente hasta el día 5 junio. Esto es así, porque si no hubiera sido solvente el Banco de España no
hubiera podido dar liquidez de emergencia. (Risas). Entiendo que algunas personas se rían, pero así es la regulación. (El señor Mayoral Perales: Por no llorar). La regulación es como es y la regulación europea establece que se mide la solvencia
en función de unas ratios. Hay unos activos y unos pasivos, se piden las ratios y cuando ese banco cumple esas ratios, es solvente.


Quiero decir, que me parece que es evidente y se ha sabido, que el problema del Popular no ha sido un problema de solvencia, sino de liquidez. Admito que haya personas escépticas o personas que creen que eso no es así, pero yo me estoy
fiando de la opinión del Mecanismo Único de Supervisión que es el supervisor y que tiene 1000 personas dedicadas a estudiar estas cosas y son bastante expertos en la materia. Por tanto, entiendo que tampoco son cuestiones matemáticas, sino que
admiten opiniones distintas y son cuestiones opináticas en parte. La solvencia es una ratio, es una fracción y esa fracción se sigue por los expertos, se computa por los expertos y los expertos consideraban que el Popular cumplía los ratios de
solvencia perfectamente. Los cumplía en las cuentas del año 2016 y los cumplía en las cuentas del primer trimestre de 2017. Esto es un hecho. Esto no lo dice el Banco de España, sino el supervisor, que es el Mecanismo Único de Supervisión.


El problema de liquidez que el Popular ha sufrido no deriva del tema de solvencia. Todo deriva de todo y todo está conectado en la vida, claro; todo está relacionado con todo, pero lo que puedo decir -es mi opinión no ya como gobernador
del Banco de España, sino como persona que lleva en esto muchos años y que ha seguido muchos bancos durante mucho tiempo- es que el problema del Popular no ha sido un problema de solvencia. El ataque, el run de depósitos y la corrida de depósitos
que ha habido en el Popular no se ha debido a que los depositantes han dicho: como hay un problema de solvencia, salgo corriendo. No es eso. Evidentemente no es eso. El tema del Popular es distinto. Creo que no es el

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momento ni vengo preparado para analizar el desarrollo completo de la liquidez del Popular, pero digo del modo más claro y firme posible que la resolución del Popular no ha sido por un problema de solvencia, sino de liquidez. Esto se ha
dicho ya muchas veces y no digo nada que no conozca la opinión pública. Y claro que el origen del problema de liquidez puede ponerse en conexión, por ejemplo, con necesidades de provisiones futuras, obviamente, pero no es la causa inmediata.


Me quedaría aquí y, por supuesto, con mucho gusto me someto a más preguntas.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor gobernador.


Efectivamente, como bien dice, hay otros órganos que pueden tratar más en profundidad el asunto. Le agradezco incluso la deferencia que ha tenido en extender lo que era el informe anual, propiamente dicho, a esos otros comentarios al hilo
de las intervenciones de sus señorías.


Si me permiten, quiero hacer una observación a la Comisión. Como las comparecencias estaban previstas a una hora determinada, suspendemos hasta las doce la Comisión. Para que sus señorías lo tengan en cuenta. (Pausa).


COMPARECENCIAS DE CANDIDATOS PROPUESTOS POR EL GOBIERNO PARA CONSEJEROS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. (Número de expediente 276/000009):


- DEL SEÑOR CANDIDATO BACIGALUPO SAGGESE Y DE LAS SEÑORAS CANDIDATAS ORTIZ AGUILAR Y CANEDO ARRILLAGA. (Número de expediente 276/000009).


El señor PRESIDENTE: Si les parece a los miembros de la Comisión, reanudamos la misma y vamos a examinar el segundo punto del orden del día que tiene por objeto la comparecencia de los miembros propuestos por el Gobierno como consejeros a
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dicha propuesta afecta a don Mariano Bacigalupo Saggese, doña María Ortiz Aguilar y doña María del Pilar Canedo Arrillaga. El desarrollo de la sesión tendrá lugar en forma similar a lo que
hemos hecho en ocasiones anteriores. En primer lugar, voy a dar la palabra sucesivamente a cada una de las personas propuestas; después habrá una intervención de los grupos de menor a mayor, cerrando y terminando el Grupo Popular y, finalmente, si
hay alguna pregunta, observación o algún otro planteamiento que crean sus señorías que deban contestar los comparecientes, también les daré la palabra. Al mismo tiempo, aprovecho para saludar al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia y a varios de los miembros de la misma, que nos honran con su visita.


Sin más preámbulos, vamos a comenzar. En primer lugar, toma la palabra don Mariano Bacigalupo; después, doña María Ortiz y finalmente, doña María del Pilar Canedo. Señor Bacigalupo, tiene usted la palabra.


El señor CANDIDATO A CONSEJERO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Bacigalupo Saggese): Muchas gracias, señor presidente.


Muy buenos días, señoras y señores diputados. Ante todo deseo expresarles que es para mí un honor comparecer en el Parlamento y, en particular, ante esta Comisión del Congreso de los Diputados con objeto de someterme al examen previsto
tanto en la Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como, con carácter general, también en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. De acuerdo con las citadas normas,
este examen tiene por objeto apreciar la idoneidad del candidato o candidata propuesto y la eventual existencia de conflictos de intereses, de tal modo que esta Comisión pueda, a resultas de dicho examen, pronunciar su dictamen sobre estos extremos.
Por tanto, el objeto de mi intervención inicial en el marco de la presente comparecencia ha de consistir necesariamente en una breve referencia a mi formación y trayectoria académica y profesional y a la específica vinculación de ambas con el ámbito
de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.


Nací en 1968 y, tras cursar el bachillerato en el Colegio Alemán de Madrid, inicié en 1986 los estudios de Derecho en la Universidad alemana de Friburgo de Brisgovia. Superé con calificación distinguida el examen jurídico de Estado ante el
Ministerio de Justicia del Land Baden-Wurtemberg a finales de 1991 y en enero de 1992 me fue otorgado formalmente el título de licenciado en Derecho, posteriormente homologado en España. Inmediatamente, a continuación fui seleccionado para una
plaza de profesor ayudante en la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Friburgo, donde también inicié mi investigación doctoral sobre La discrecionalidad administrativa y su

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control judicial. Al siguiente curso académico me incorporé ya a la carrera docente en la universidad española, realizando los cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y el posgrado en Derecho Constitucional y Ciencia
Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, obteniendo una plaza de profesor ayudante en la Facultad de Derecho de la UNED. En 1997 me doctoré con premio extraordinario y desde 1999 soy profesor titular de universidad en el
Departamento de Derecho Administrativo de la UNED. Me han sido evaluados positivamente hasta la fecha tres sexenios de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, así como cuatro quinquenios docentes por la
universidad.


Soy autor de numerosas publicaciones jurídicas que se inscriben en el ámbito del derecho administrativo y constitucional, el derecho público, económico y regulatorio y el derecho de la Unión Europea. Entre otros, soy autor, coautor o
codirector de obras tales como Manual del Sector de Hidrocarburos, 2008; de la obra colectiva dirigida con el profesor Santiago Muñoz Machado, Derecho de la Regulación Económica, Sector Energético, 2009; Cuestiones Actuales del Derecho de la
Energía: Regulación, Competencia y Control Judicial, 2010; Comentarios a la Ley de Defensa de la Competencia o de los Comentarios a la Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicado por Thomson Reuters en el
año 2014. Además de la universidad, desarrollo actualmente mi actividad académica como profesor asociado de Derecho de la Energía en el Instituto de Empresa y en el Club Español de la Energía. Asimismo, pertenezco al consejo académico de la
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE, en la que codirijo el Foro de Energía y Regulación.


En cuanto a mi trayectoria profesional, he desempeñado diversos cargos en la universidad y en otras instituciones públicas. Señaladamente, por guardar una especial relación con el examen objeto de esta comparecencia, he sido entre 2006 y
2012 director del servicio jurídico y más adelante también, secretario del consejo de la Comisión Nacional de Energía, responsabilidad esta que incluyó asimismo la Secretaría del Consejo Consultivo de Electricidad y del Consejo Consultivo de
Hidrocarburos. Anteriormente, había desempeñado también los cargos de secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, así como el de letrado jefe de Sección de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial. Por lo
que se refiere a la actualidad, en 2011 fui nombrado, a propuesta de la Comisión Europea, en el marco de un procedimiento de selección concurrencial de ámbito europeo, miembro de la Sala de Recurso Board of Peel de la Agencia de Cooperación de los
Reguladores de la Energía de la Unión Europea, ACER su acrónimo, órgano de la agencia que conoce de los recursos en vía administrativa contra sus decisiones, habiendo sido renovado en octubre del pasado año para un segundo mandato de cinco años. En
dicho organismo europeo me hallo sometido anualmente a un riguroso examen de conflictos de intereses con arreglo a los requerimientos que rigen al respecto en las instituciones de la Unión Europea. Finalmente, he de señalar que desde que me
reincorporé a la universidad en el año 2013, desarrollo también desde la misma actividades de transferencia de conocimiento como consultor jurídico en las áreas de energía, sectores regulados y competencia. En este marco he actuado fundamentalmente
como árbitro o experto independiente, perito en arbitrajes y procedimientos judiciales relacionados con dichas materias. Esta actividad la he venido realizando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, a
través de la oficina de transferencia de mi universidad, y en colaboración externa ocasional y puntual con algunos despachos profesionales de tamaño medio. En este punto, me interesaría destacar que en mi actividad de consultoría regulatoria -al
margen, por tanto, de la actividad arbitral o pericial- no he asesorado a empresas cotizadas en España o en otros mercados de otros países, sino en lo esencial a empresas de tamaño medio y pymes.


En fin, considero en atención a la trayectoria académica y profesional que les acabo de exponer muy sintéticamente, que presento un perfil idóneo para el ejercicio del cargo para el que he sido propuesto y que el recto desempeño del mismo no
se vería en mi caso afectado de modo mínimamente significativo por la existencia de conflictos de intereses, sin perjuicio de que en la hipótesis, que juzgo marginal, de que se presentaran existen, como es sabido, vía y cauces legales para evitarlos
a través de la correspondiente inhibición o abstención.


Si se me permite, quisiera, siquiera telegráficamente antes de terminar, llamar la atención de sus señorías sobre los retos institucionales que afronta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el horizonte inmediato. No
pretendo ahora referirme al debate público sobre una posible reforma estructural de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -que posiblemente se sustancie en fechas próximas en sede parlamentaria- sino concretamente al procedimiento de
infracción que tiene

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abierto el Reino de España por la Comisión Europea por trasposición incorrecta de las directivas europeas de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, directivas ambas, por cierto, en cuya
profundización están trabajando las instituciones de la Unión Europea en el marco de un nuevo paquete legislativo de invierno de energía limpia para todos. Como saben, la Comisión Europea, objeta entre otros extremos, que el legislador español no
ha atribuido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el alcance exigido por estas directivas, determinadas competencias regulatorias en materia de energía. En septiembre del pasado año, la Comisión Europea ha elevado dichas
objeciones a dictamen motivado, paso previo a la eventual interposición de un recurso por incumplimiento contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En particular, la Comisión Europea objeta que las competencias regulatorias de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en determinadas materias queden subordinadas a las normas reglamentarias que, de acuerdo con la legislación vigente en España -Ley del Sector Eléctrico, Ley del Sector de Hidrocarburos, la propia
Ley 3/2013, de Creación de la CNMC-, el Gobierno o la Administración General del Estado pueden seguir dictando en relación con las mismas, y en cuyo marco la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ve, por tanto, constreñida a ejercer
sus propias competencias. Cualquier reforma que se pueda proponer en relación con el sistema institucional de regulación de mercados debería abordar, a mi juicio, con carácter prioritario, esta asignatura pendiente.


Por otro lado -y voy finalizando-, sobre la reforma en sí del modelo institucional anunciada por el Gobierno en el marco de una consulta pública el pasado mes de marzo, y sobre la que no oculto tener opinión porque es pública y la he
expresado en sede académica, también por escrito en reiteradas ocasiones, no juzgo pertinente pronunciarme, al menos en el marco de mi intervención inicial y sin perjuicio, naturalmente, de cuantas cuestiones deseen suscitar sus señorías en esta
comparecencia. He sido propuesto para formar parte del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y entiendo, si finalmente fuera acreedor de la confianza para incorporarme a la misma, que es mi deber servir a la institución
con lealtad y sometimiento pleno a la regulación vigente aunque también por descontado a las decisiones que el legislador pueda adoptar en el futuro.


Deseo concluir ya esta breve exposición subrayando mi vocación por el desempeño de responsabilidades públicas, en particular en el ámbito de la regulación económica, como pone de manifiesto la trayectoria profesional que les he expuesto
resumidamente y también mi compromiso para trabajar en el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de sus competencias por una defensa de la competencia y por una supervisión y regulación de mercados al servicio
del bienestar y del progreso social, en suma al servicio del interés general, que es cabalmente, como perfectamente saben sus señorías, la finalidad que guía y debe guiar el ejercicio de toda potestad pública.


Quedo pues a su entera disposición para, como establece la ley, atender todas aquellas preguntas o solicitudes de aclaración que juzguen convenientes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bacigalupo.


A continuación toma la palabra con igual finalidad doña María Ortiz Aguilar.


La señora CANDIDATA A CONSEJERO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Ortiz Aguilar): Muchas gracias, presidente.


Buenos días, señoras y señores diputados. Hace ya prácticamente cuatro años comparecí en esta misma sala ante la entonces Comisión de Economía y Competitividad para la valoración de mi idoneidad como candidata propuesta a consejera de la
CNMC que entonces empezaba a andar. Para mí es un honor comparecer otra vez en el Parlamento ante ustedes, la Comisión Economía, Industria y Competitividad, para valorar de nuevo mi idoneidad e independencia como candidata propuesta a renovar mi
nombramiento como consejera de la CNMC. Para mí el papel de esta Comisión en el seguimiento de la actividad de la CNMC es de enorme relevancia.


En relación con el primer objeto de mi comparecencia, que es la idoneidad para el cargo valorada en relación con mi formación y experiencia, déjenme decirles que mi formación es jurídica y económica. Yo me licencié en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid en 1988 y en 1992 ingresé en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Desde entonces he desarrollado toda mi actividad profesional como servidora pública en el ámbito de la
Administración General del Estado y puedo decir que estos veinticinco años de ejercicio profesional en la Administración me han permitido

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especializarme en tres ámbitos fundamentalmente: en el ámbito de la defensa de la competencia, en el ámbito de la regulación económica y en cuestiones relacionadas con el derecho de la Unión Europea y el funcionamiento institucional de la
Unión Europea en general. Esta experiencia y especialización es previa a mi nombramiento anterior como consejera de la CNMC, y aunque me referiré sin duda más adelante a lo que han sido estos cuatro años de desarrollo profesional como consejera en
la CNMC, puesto que esta Comisión es diferente a la que me valoró en 2013, déjenme referirme brevemente antes a la experiencia profesional previa a mi primer nombramiento.


Cuando ingresé en la Administración y tras mi paso inicial previo por la Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda durante unos años, me incorporé en 1998 como subdirectora de Estudios al Tribunal de Defensa de la
Competencia y allí tuve la oportunidad de trabajar como apoyo técnico en el que en aquellos años era el órgano resolutorio de la autoridad de competencia en España. Participé sobre todo en la preparación de informes de operaciones de concentración
y, por cierto, en aquellos años tuvieron lugar algunas operaciones de concentración en el sector energético muy relevantes, pero participé igualmente en la elaboración de otros informes sectoriales para expedientes sancionadores e informes de otro
tipo relacionados con la entrada y el ejercicio de operadores en determinadas actividades. Saben ustedes que todos estos informes y resoluciones requieren un análisis previo muy preciso del marco regulatorio del sector en el que se producen y que
un porcentaje muy elevado de estos expedientes suelen tener que ver precisamente con los sectores regulados.


Posteriormente pasé a ser subdirectora de Legislación y relaciones institucionales del Servicio de Defensa de la Competencia, que era entonces el órgano instructor de la autoridad de competencia en España, y mis competencias incluían, entre
otras, la tramitación de las reformas normativas de la normativa nacional, y de esta época es la tramitación y aprobación de la Ley 1/2002, de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la
competencia -por aquel entonces se pusieron en marcha los organismos de competencia de las comunidades autónomas-; igualmente el Consejo de Defensa de la Competencia, que es un lugar de encuentro que en el momento actual se sigue reuniendo entre la
CNMC y los órganos de las comunidades autónomas. Asimismo, me tocaba encargarme de las reformas normativas en el ámbito de la Unión Europea, y tuve la ocasión, durante el primer semestre del año 2002, de presidir el grupo de trabajo Competencia
dependiente del grupo Competitividad, donde por aquel entonces se estaba negociando lo que sería la modernización de toda la normativa de competencia que cristalizó en el Reglamento 1/2003, que es el que ha sentado las bases en todo el proceso de
descentralización de la aplicación de la normativa de la Unión Europea, de la aplicación privada, de la desaparición de determinadas autorizaciones, etcétera. Muchos de estos cambios exigieron posteriormente adaptaciones de la normativa nacional,
en las que también tuve ocasión de participar. De aquella época son también el seguimiento y participación en las reuniones de directores generales de Competencia, el Comité de Competencia de la OCDE y un tema muy importante que era el seguimiento
de las ayudas públicas y su análisis desde el punto de vista de la normativa de la Unión Europea.


Posteriormente he desempeñado, durante seis años, el puesto de consejera económica y comercial en la representación permanente de España ante la Unión Europea, y eso significó para mí la oportunidad de conocer muy en profundidad el
funcionamiento de todos los mecanismos para la preparación, negociación y adopción de decisiones en el marco de la Unión Europea. Aunque en aquella época mis funciones estaban más focalizadas al comercio internacional de servicios y a las
negociaciones del GATS, también entonces tuve la oportunidad de presidir desde Bruselas este Comité de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones durante el primer semestre del año 2010 durante la Presidencia española de aquel semestre.


Más recientemente he desempeñado el cargo de subdirectora de Competencia y Regulación en la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía y Competitividad, ya bajo el marco de la Ley 15/2007, que supuso una reforma muy
importante del marco normativo de la competencia en España, con la introducción de nuevos mecanismos como el Programa de clemencia, que ha mejorado muchísimo la aplicación de esta normativa en España. Y durante este tiempo también destacaría las
tareas en el seguimiento de la aplicación y el desarrollo de la Directiva de Servicios en España y todo lo que esto supone en el ámbito de la buena regulación económica, y de hecho, todos estos temas se veían en el Comité de Mejora de la Regulación,
del que también tuve que ocuparme.


En razón de toda esta experiencia, en septiembre de 2013 se valoró mi idoneidad para desempeñar el cargo de consejera de la CNMC, y hoy en relación con esta renovación que tienen ustedes que valorar

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tengo que referirme necesariamente a la experiencia adicional a toda la anterior que han supuesto los cuatro años como consejera de la CNMC. Estos cuatro años ha sido muy intensos en el ámbito profesional, han sido cuatro años en el consejo
de un órgano supervisor regulador multisectorial y convergente como es la CNMC, y de estos años me gustaría destacar tres cuestiones concretas que creo que son relevantes de cara al futuro a corto y medio plazo de funcionamiento de la CNMC.
Primero, la experiencia en el ámbito institucional. Aunque yo conocía la Ley 3/2013, la incorporación al consejo de la CNMC me ha permitido vivir muy de cerca todo lo que ha sido la puesta en marcha de la institución tanto en la integración de
medios y equipos personales como en los procedimientos de los distintos expedientes. La actividad resolutoria no ha sufrido ningún tipo de interrupción durante estos años, pero en paralelo se han ido desarrollando procedimientos para asegurar -y yo
creo que este es un tema muy relevante- que dentro de las distintas decisiones se incorporaran los puntos de vista de las distintas unidades de la CNMC para recoger toda esta visión multisectorial que tiene esta institución y con ello reforzar la
rigurosidad y la solidez de las decisiones. Este es uno de los principales activos y fortalezas de la CNMC en los que yo seguiré trabajando si se renueva mi nombramiento. Evidentemente esta fortaleza se basa también en el capital humano y en los
profesionales de la CNMC, que yo creo que tienen una preparación excelente.


El segundo elemento importante de esta experiencia es el adquirido en el ámbito resolutorio y sustantivo de cuatro años en la Sala de Defensa de la Competencia, pero también participando en los plenos y en la elaboración de los informes
cruzados sobre expedientes más propios de la Sala de Supervisión Regulatoria. La actividad de la Sala de Defensa de la Competencia ha sido impresionante en todos los ámbitos. La visión global que se adquiere con este trabajo sobre cuáles son los
temas y los retos en los principales ámbitos de actividad de la CNMC es importante y, sobre la base de esta visión general tanto en el ámbito de competencia como de regulación, creo que estoy también preparada para rotar entre salas cuando eso tenga
que suceder si es que renuevo en el consejo. Finalmente, me gustaría destacar también de estos cuatro años la visión relacionada con lo que es la evolución de los mercados y de la actividad económica. Desde el consejo de la CNMC se adquiere una
visión muy global sobre la transformación de los diferentes mercados y sectores. Yo creo que tanto para la CNMC como para otras muchas instituciones también es un reto lo que está suponiendo la revolución tecnológica y la digitalización de la
actividad económica, que ha acelerado procesos de innovación, que está transformando absolutamente los procesos productivos, la estructura de los mercados y el papel de la intermediación. Todo esto está facilitando la convergencia de los servicios,
la aparición de nuevos inputs, como los datos, y la aparición de nuevas actividades. Con esta visión panorámica de la conexión y evolución de los distintos mercados un elemento central es saber elegir el instrumento más adecuado para solucionar
cada problema concreto que se va planteando. En mi opinión, esta es otra de las fortalezas de la CNMC y yo me comprometo a seguir en esta línea si finalmente soy renovada. Creo que toda esta experiencia previa refuerza mi idoneidad para este cargo
en esta nueva etapa que se abre y creo que puedo contribuir a ella de forma positiva si finalmente está Comisión da el visto bueno a mi renovación. Todavía queda mucho por hacer, tanto en el ámbito de la Ley de Defensa de la Competencia como en los
sectores, hay mucho ajuste fino que está por delante y a todo ello dedicaré mis esfuerzos si me renuevan como consejera.


Muy brevemente, en relación con el otro aspecto de mi intervención, que es mi independencia respecto a los sectores, respecto al Gobierno y la garantía de una actuación objetiva e imparcial, independiente del Gobierno y de los sectores
supervisados, como pueden haber visto ustedes bien en mi currículum, toda mi actividad profesional la he desempeñado como servidora pública, nunca he desempeñado ninguna actividad profesional en el ámbito del sector privado. Como funcionaria
destinada en algunos cargos del Ministerio de Economía y Competitividad sí que he tenido asignado algún consejo de una empresa pública. Uno de estos fue el consejo de AENA justo antes de mi nombramiento en la primera ocasión, al que renuncié cuando
fui propuesta por primera vez como consejera de la CNMC; por ello, durante los dos años primeros de mi mandato en la CNMC me he abstenido de todas las resoluciones que se han adoptado en relación con el sector aeroportuario. Creo que no tengo
otras cuestiones que comentar, salvo que en el ejercicio de mi cargo seré absolutamente escrupulosa porque además yo creo que las autoridades de supervisión y regulación deben ejercer sus competencias con absoluta independencia y transparencia.
Como digo, seré escrupulosa, como he hecho hasta el momento, y cumpliré con mis obligaciones de la Ley de altos cargos.


Para terminar, creo que la CNMC es un organismo imprescindible para nuestro país, más si cabe en un momento como el que nos encontramos. En estos cuatro años como consejera en la CNMC y en los veintiún anteriores creo que de demostrado mi
independencia y objetividad respecto al Gobierno y los

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sectores, creo que he actuado con rigor y responsabilidad. Si esta Comisión lo aprueba, yo acepto el reto que supone mi renovación y desde luego tienen mi compromiso de seguir sirviendo a los intereses generales y desempeñando las funciones
del cargo con eficiencia, integridad, responsabilidad, objetividad, independencia y transparencia.


Muchas gracias, quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.


Finalmente, tiene la palabra doña María del Pilar Canedo Arrillaga.


La señora CANDIDATA A CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Canedo Arrillaga): Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señoras y señores diputados. Para mí evidentemente es un honor comparecer hoy ante esta Comisión de Economía, Industria y Competitividad con el fin de presentar ante ustedes mi perfil académico profesional para que pueda
evaluarse, como se ha hecho en los casos anteriores, mi idoneidad para el cargo de vocal en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el que he sido propuesta. Voy a dividir mi intervención en dos partes, una primera en la que de
manera muy somera me voy a referir a los puntos esenciales de mi currículum, y una segunda en la que haré referencia a la que podría ser mi función como vocal de la CNMC en el caso de que sus señorías tengan a bien aceptar mi propuesta.


Comienzo por esta breve referencia a los elementos esenciales de mi perfil académico profesional comentando que soy licenciada en derecho con especialidad económica por la Universidad de Deusto, que es la misma universidad en la que con
posterioridad y en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid realicé mi tesis doctoral precisamente en materia de Derecho de la Competencia. En su momento hice la tesis doctoral sobre los derechos de defensa en los procedimientos
administrativos sancionadores que tienen lugar ante la Comisión Europea en materia de competencia.


Tras defender mi tesis, he dedicado mi vida profesional fundamentalmente a la investigación en diversos aspectos de derecho de la competencia fundamentalmente en la Universidad de Deusto, que es la universidad donde soy profesora de Derecho
Internacional Privado, en este momento en excedencia aunque con una compatibilidad que me permite dar algunas clases autorizadas por el Gobierno vasco, al que -como les comentaré a continuación- en este momento estoy adscrita. He dirigido varios
proyectos de investigación en materia de competencia, tengo más de cincuenta publicaciones especializadas también en materia de competencia y he impartido alrededor de doscientas conferencias en materia de competencia intentando transmitir los
valores positivos de la competencia a ámbitos muy distintos de oyentes, desde personas muy jóvenes de quince años con charlas en institutos y a investigadores y profesionales del más alto nivel, hasta llegar al doctorado. En la Universidad de
Deusto fui también vicedecana durante más de diez años, dirigí un master Erasmus Mundus y un doctorado en materia de Derecho Trasnacional y actualmente tengo mi último sexenio vivo de investigación reconocido por la Cneai. Poco antes de abandonar
mi dedicación exclusiva a la Universidad de Deusto obtuve la cátedra Jean Monnet en Derecho Trasnacional concedida por la Comisión Europea y estoy colegiada como no ejerciente en un colegio de abogados, siempre he estado como no ejerciente. En el
año 2010 fui nombrada como vocal del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. Posteriormente fui presidente de ese organismo y, con posterioridad, en julio de 2012, fui nombrada presidente de la Autoridad Vasca de la Competencia, que es el
organismo que todavía hoy tengo el orgullo de presidir. Presidir este organismo, con todo lo que ello conlleva de trabajo y de reflexión, así como de relación con grandes profesionales, y además colaborar en la reflexión que permitió la creación de
ese organismo autónomo del Gobierno vasco, me ha facilitado desarrollar una visión práctica del Derecho de la Competencia, que es lo que voy a pasar a continuación a exponerles. Si ustedes lo consideran pertinente y soy aceptada en esta propuesta,
creo que me permitirá colaborar como vocal en el Consejo de la CNMC.


Con esto paso a la segunda parte de mi exposición, en la que voy a plantear cuál podría ser mi aportación como vocal del Consejo de la CNMC. En contra de una opinión que lamentablemente se ha generalizado en la sociedad, considero que el
derecho de la competencia es una herramienta que se crea en los Estados sociales y democráticos de derecho para luchar, entre otras cosas, contra la desigualdad entre operadores económicos. Considero también que es una herramienta para hacer
accesibles más y mejores bienes y servicios a capas lo más amplias posible de la población. Considero que es una herramienta para permitir a los operadores emprendedores que nos ofrezcan servicios nuevos e innovadores. Considero que es una
herramienta para la creación de empleo de calidad y, en última

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instancia, considero que es una herramienta para la mejora de la competitividad de la economía. Por todas esas razones, considero que la política de competencia es una herramienta muy poderosa para crear bienestar para los ciudadanos y
protección del interés general frente a intereses particulares.


Pienso que una competencia libre y justa resulta extraordinariamente social porque hace accesibles bienes y servicios a capas muy amplias de la población, frente a la alternativa que convierte esos bienes y servicios en solamente accesibles
a las élites de la sociedad; por lo tanto, creo en una política de competencia que permita el acceso a los bienes y servicios a la mayor parte posible de los ciudadanos. Creo que la competencia favorece a las capas más desfavorecidas de la
sociedad, en contra precisamente de una tendencia generalizada a considerar que la política de competencia y las autoridades de competencia favorecen a los grandes operadores. Y creo precisamente que las autoridades de competencia debemos
contribuir a luchar contra esa concepción generalizada de la sociedad, en la conciencia -que también debe tenerse en cuenta y más en este foro- de que la competencia no es un valor absoluto. La competencia cede, y debe ceder, ante valores más
relevantes, que son precisamente los que el legislador, es decir, sus señorías, deben, por medio de la creación de normas jurídicas, poner por encima de la competencia, que en determinadas ocasiones debe limitarse. Pero creo firmemente que las
autoridades de competencia deben enfrentarse al poder, lamentablemente relevante, que en nuestra sociedad tienen los lobbies, que acaban creando una tendencia de opinión pública que debe ser contrarrestada. Esa es una de las funciones relevantes de
la autoridad de competencia en la que me gustaría trabajar.


Para conseguir esas ventajas que recibe la sociedad de una política de competencia, de mejoras de calidad, de mejoras de precio y de innovación, las autoridades de competencia tienen básicamente dos funciones, a las que me voy a referir para
tratar los retos que considero más relevantes en cada una de ellas: defensa de la competencia y promoción de la competencia. Cuando hablamos de defensa nos referimos fundamentalmente a procedimientos administrativos sancionadores. En este caso,
los retos a los que se enfrenta la autoridad de competencia en nuestro país son muy relevantes. El primero de ellos es descubrir cuáles son los acuerdos entre operadores y las prácticas de abuso de posición de dominio, tan ventajosas para las
empresas -puesto que obtienen un sobrebeneficio extraordinario- y tan nocivas para el interés general. Para ello es imprescindible establecer un sistema de sanciones, que sean evidentemente proporcionales a la infracción que se comete y al desvalor
que eso genera en la sociedad, pero que cumplan el objetivo real de ser disuasorias, cosa que lamentablemente, teniendo en cuenta nuestro sistema, en algunos casos no se consigue. Siguen existiendo -y deberíamos luchar contra ello- situaciones en
las que a los operadores económicos les resulta más ventajoso cometer una infracción, por el riesgo más limitado de que se detecte la existencia de la infracción y por la limitación existente en las multas impuestas, que tiene como consecuencia que
a las empresas les compense más infringir que respetar el ordenamiento jurídico. Para conseguir ese objetivo de multas efectivamente disuasorias resulta imprescindible que las resoluciones de la autoridad de competencia sean robustas y convincentes
y que sean confirmadas en el mayor tanto por ciento posibles por las autoridades jurisdiccionales, y que las sanciones justas se paguen efectivamente. Después, hay innumerables cuestiones sobre las que tenemos que seguir avanzando y a mí me
gustaría contribuir en esa reflexión: las sanciones a las personas físicas, las prohibiciones de contratar con las administraciones cuando se cometen determinados ilícitos, el cálculo de las multas, el freno de las infracciones más nocivas. Pero
me voy a detener en dos desafíos que están encima de la mesa de un organismo como la CNMC en este momento. Uno de ellos es un viejo desafío y otro es un desafío reciente.


En cuanto al viejo desafío, lamentablemente me voy a referir a unos acuerdos anticompetitivos referidos a la contratación pública. Estas prácticas son demasiado comunes en nuestras sociedades; no creo que sean exclusivos de la sociedad
española, pero los que nos toca a nosotros es intentar abordar la forma de frenarlos en nuestro mercado. Son prácticas en las que las empresas obtienen un sobrebeneficio que resulta extraordinariamente negativo para los ciudadanos porque las
administraciones reciben peores servicios cuando existen esas prácticas anticompetitivas y, además, las administraciones dedican más dinero del necesario para conseguir la prestación de servicios públicos. Por lo tanto, debemos centrar la atención
en el freno de las prácticas anticompetitivas relacionadas con las administraciones públicas. Aquí nuevamente nos encontramos con la exigencia de lobbies que de forma muy eficiente, y teniendo en cuenta que en muchas ocasiones tienen más medios
económicos que las administraciones, acaban convenciendo a las administraciones e incluso a los ciudadanos de que resulta conveniente contratar caro y contratar local, cuando de lo que habría que convencer a los ciudadanos es de contratar

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bueno e innovador, y lo que deberían conseguir las administraciones es que las empresas locales sean buenas e innovadoras. El reto más reciente -lo ha mencionado también la candidata Ortiz- hace referencia a los nuevos mercados; a como el
big data, los algoritmos que autoaprenden y todas estas modificaciones a las que nos enfrentamos en nuestros ordenamientos jurídicos modifican la aplicación de la normativa de competencia y la propia concepción de los mercados relevantes, y creo que
una autoridad como la CNMC, a la que en este momento se plantea mi incorporación, debe necesariamente ser capaz de responder adecuadamente a esos retos.


El otro gran ámbito de trabajo de las autoridades es la promoción de la competencia, en la que la función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resulta extraordinariamente relevante en nuestra sociedad. Lamentablemente,
en muchos casos tenemos normas antiguas que no se adaptan a las necesidades sociales actuales y también tenemos normas recientes que protegen a operadores que nosotros denominamos incumbentes; es decir, a los operadores que llevan toda la vida
ofreciendo determinados bienes y servicios al mercado. Estas leyes, lógicamente, son contrarias al interés general porque hacen desaparecer para los operadores el incentivo a la mejora que los ciudadanos necesitamos. Por lo tanto, en esta labor
necesitamos conseguir una economía ágil, con facilidades para el emprendimiento, con facilidades para las pymes; necesitamos una modernización de los servicios profesionales; necesitamos conseguir un entramado empresarial e industrial que genere
competitividad, lo cual permitirá la creación de empleo de calidad, y necesitamos evitar lo que las autoridades de competencia denominamos captura del regulador, y para ello el ordenamiento jurídico nos ofrece herramientas.


Tenemos también actos administrativos -y aquí muchas veces nos referimos a la contratación pública- que benefician a veces a determinados operadores que no son los que ofrecerían los mejores servicios y en las mejores condiciones a los
ciudadanos. En el ámbito de la contratación pública hay muchas cuestiones que abordar: la relación entre convenios y contratos públicos, el empleo inadecuado de los medios propios y otras cuestiones que, lamentablemente, superan el ámbito de las
autoridades de competencia porque requieren la aplicación de otras ramas del ordenamiento jurídico. En todos estos casos las autoridades reguladoras y de competencia tenemos una función: convencer a las administraciones y al legislador de las
ventajas que la competencia genera en la sociedad. Pero cuando no se consigue ese objetivo, nuestro ordenamiento jurídico nos ofrece una herramienta muy eficiente, que es el recurso a los tribunales, para que sea precisamente el Poder Judicial
quien se pronuncie sobre las posibles limitaciones por la vía de la impugnación de las normas jurídicas y de los actos administrativos.


¿Cómo pueden conseguirse estos objetivos realmente relevantes? Con convicción, con motivación, con seriedad en el trabajo y rigor técnico y con independencia respecto de la Administración y respecto de los lobbies empresariales; con nuevos
enfoques y superación de inercias y abriéndonos a la cooperación que creo firmemente que debe producirse hacia arriba y hacia abajo, es decir, cooperación con autoridades internacionales o autoridades de otros países de la que se pueden obtener
resultados muy positivos y cooperación igualmente con las autoridades autonómicas que en este momento aún existen y que son también en algunos casos fuertes e independientes. Creo que la cooperación en todos estos ámbitos generará un beneficio para
el interés general, es decir, predicaremos con el ejemplo esa eficiencia que nos toca exigir a los operadores económicos.


Para todo ello, modestamente, ofrezco mi convicción en los beneficios de la competencia para la sociedad, mi compromiso de trabajo serio y mi independencia, ambas cuestiones en mi ADN profesional, mi experiencia y motivación, y la confianza
depositada en mi perfil, que agradezco doblemente: porque proviene de personas que no me conocen en este caso, y tampoco me conocieron en el caso del nombramiento en la Autoridad Vasca de la Competencia, más que por mi trabajo, pero que me han
permito comparecer hoy ante ustedes por lo que reitero el agradecimiento a ellos y a ustedes, y quedo enteramente a su disposición.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Canedo.


Turno ahora de los distintos grupos, como les anunciaba de mayor a menor. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Botella.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.


Señora Canedo, señora Ortiz y señor Bacigalupo, entiendo que es un alto honor para ustedes ser propuestos por el ministro de Economía del Gobierno de España atendiendo a su prestigio y a su competencia profesional para ser miembros del
Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la

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Competencia. Es un precepto legal que ustedes comparezcan ante esta Comisión del Congreso para defender su idoneidad para el puesto y lo hacen no solo ante las diputadas y los diputados que somos miembros de esta Comisión, sino también, y
muy importante, ante la sociedad española, dada la alta responsabilidad a la que están llamados y ya que aspiran a prestar este servicio público a nuestro país.


Esta comparecencia para la renovación de consejeros desde nuestro punto de vista marca un punto de inflexión, un punto de vuelta a la normalidad, también jurídica, en la CNMC, aunque todavía pendiente de culminar. Es imprescindible extraer
conclusiones de todo lo ocurrido con la CNMC desde el año 2012 en este país por la acción del Gobierno del presidente Rajoy, porque su falta de ejemplaridad en todo este proceso ha afectado a la normalidad democrática y ha afectado al funcionamiento
y a la independencia del máximo órgano regulador de los mercados y la competencia en España como todos los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista han venido denunciando desde el año 2012 en sede parlamentaria. Y es que en 2012, a propuesta
del Gobierno del Partido Popular, se procedió a la fusión de los organismos reguladores y de la autoridad de la competencia en la CNMC, disfrazada de innovación en la arquitectura institucional y de una supuesta máxima austeridad, que no ha dado los
resultados deseados desde nuestro punto de vista ni en nuestra valoración ni en términos de ahorro ni de confianza institucional ni de seguridad jurídica ni de defensa de la competencia ni de eficiencia en los mercados regulados ni, en definitiva, y
casi lo más grave, para beneficio de los consumidores. A ello hay que añadir el grave asalto a la independencia del organismo, como digo, realizado por el Gobierno Rajoy apoyado por su mayoría parlamentaria, al vulnerar el mandato de los consejeros
previsto en la legislación europea y española para no coincidir con el ciclo político y garantizar justamente su independencia. Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 19 enero de 2017, ha
supuesto un severo varapalo para el Gobierno, especialmente para sus máximos defensores en este tema, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el entonces y actual ministro Luis De Guindos, por cuanto anula dos reales decretos del Consejo de
Ministros por ser contrarios a derecho en relación con los ceses anticipados del entonces presidente y un consejero de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, y condena a la Administración General del Estado a reponerles. Es pertinente no
olvidar lo ocurrido porque tanto la jurisprudencia europea como la ley en España, entonces y ahora, y el Tribunal Supremo con esta sentencia avalan la independencia de los consejeros, que es el tema al que yo quería referirme; avalan la
independencia de los consejeros en la base misma de la independencia de las autoridades nacionales de regulación y competencia, la avalan frente a la contingencia de los cambios políticos, la avalan frente a los intereses del mercado y de
potenciales o posibles instrucciones de los Gobiernos y regulan muy limitadamente los casos de su cese. Es decir, que para que la CNMC cumpla los requisitos de competencia, independencia, imparcialidad y transparencia el primer requisito es que lo
sean también sus consejeros, algo por lo que entendemos no veló suficientemente el ministro de Economía, como ya amenazó en sede parlamentaria desde la oposición en 2011 el entonces portavoz, señor Montoro, que dijo que cuando alcanzara el Gobierno
el Partido Popular harían este tipo de reformas, algo que ahora el Tribunal Supremo ha sentenciado. Esperamos que con esto se cubra ya definitivamente esta etapa, que el Gobierno haya aprendido y que cumpla de manera inmediata reponiendo en sus
derechos a los consejeros indebidamente cesados como garantía de que la independencia en España no tiene un precio.


Señorías, señoras y señor candidato, nuestro grupo considera que las declaraciones de idoneidad, sus datos profesionales, formación académica y exigencia profesional muestran unos currículos que se adecuan en los tres casos a los criterios
de idoneidad y competencia profesionales exigidos. De entrada, no observamos ningún dato que pueda suponer un conflicto de intereses y en su intervención ustedes ya han dado su compromiso y su cumplida explicación al respecto.


Muy brevemente, para finalizar, permítanme que desde el Grupo Parlamentario Socialista les formule unas cuestiones a las que nos gustaría que ustedes en algún momento, si hay oportunidad de tiempo, puedan referirse, y en cualquier caso las
dejo como cuestiones de reflexión a futuro. En el ámbito del marco institucional de los reguladores, para lograr el fortalecimiento de su independencia y de su condición de garantes del buen funcionamiento de los mercados, ¿qué funciones y
competencias deberían tener los reguladores? ¿Cómo podría mejorarse el procedimiento de toma de decisiones y el aumento de la transparencia? ¿Creen necesario los candidatos a consejeros que se realicen valoraciones externas y periódicas para la
actuación de la CNMC? En el modelo actualmente vigente -sería la tercera cuestión- en España de un consejo generalista, rotatorio, que adopta decisiones que requieren de un alto nivel de especialización en un amplio número de secciones y de
sectores, ¿cómo enfocan su función de consejeros

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en una toma de decisiones sectoriales altamente especializada? ¿Consideran que esta naturaleza de la entidad reduce la efectividad del regulador?


Respecto a las relaciones del regulador con el Gobierno, ¿consideran que la CNMC debería absorber aquellas funciones que necesiten de un regulador independiente como, por ejemplo, la fijación de los peajes de la electricidad y del gas o la
gestión del espacio radioeléctrico, y traspasar aquellas funciones meramente administrativas al ministerio correspondiente?


El tema de los oligopolios es un tema que consideramos trascendente. En algunos sectores regulados, como transporte, energía, telecomunicaciones y sector financiero, creemos que se camina hacia la creación de oligopolios. ¿Qué medidas
consideran que se deberían tomar en el marco del propio organismo regulador, así como de carácter legislativo, para regular que estos oligopolios no tengan efectos negativos sobre los usuarios en precios, en servicios, en condiciones contractuales,
etcétera?


Y, muy brevemente, tres cuestiones determinadas para cada uno de ustedes. Señor Bacigalupo, desde su experiencia y conocimiento, ¿qué diferencias observa en la actual situación de los mercados regulados en España respecto a otros grandes
países de la Unión Europea, como es el caso de Alemania y Francia?


Señora Ortiz, usted lleva, según nos ha explicado, cuatro años como consejera de la CNMC, voy a hacerle una pregunta sencilla, pero directa: ¿Qué debe cambiarse para mejorar el funcionamiento de la CNMC?


Por último, señora Canedo, he leído una información en El Mundo, que me gustaría que nos aclarara, con motivo de la propuesta del Consejo de Ministros, en la que dejaba en una entradilla -no sé si era una cuestión del periodista, entiendo
que sí, pero creo que procede que usted misma nos lo pueda aclarar- respecto a su compatibilidad en relación con el cargo que ostenta actualmente como presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia. Dada su experiencia, me gustaría que nos
explicara brevemente una cuestión que nos preocupa mucho: a qué cree que se debe el hecho de que España esté a la cabeza de los países que más tarde y de manera más incompleta traspone la normativa comunitaria.


Muchas gracias y les deseo el mayor de los éxitos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.


Por el Grupo de Unidos Podemos, señora Martínez.


La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Quiero dar las gracias y la bienvenida a las tres personas que hoy se presentan como candidatas a ocupar un puesto de vocales en el Consejo de la CNMC, tres perfiles adecuados, competentes y de alta cualificación para el puesto que se les
propone. Sin embargo, mi grupo parlamentario quiere hacer una mención al proceso por el que han llegado estos nombramientos. Efectivamente, es el Gobierno quien formalmente hace la proposición mediante el Boletín Oficial del Estado, pero todos
sabemos que normalmente las personas vienen a propuesta de partidos políticos y en este caso queremos manifestar nuestro malestar por el hecho de que, saltándose toda lógica de proporcionalidad parlamentaria, no se haya tenido ninguna comunicación
ni conversación entre el Gobierno y este grupo parlamentario. Esperamos que en septiembre, cuando se renovarán otros tres puestos del consejo, se hable con nosotros porque creemos que sería inaceptable que se diera cuota u oportunidad de proponer
personas a grupos parlamentarios de representación estrictamente autonómica y se dejará fuera a nuestro grupo, que tiene 5 millones de votos. En un momento en el que está completamente abierto el proceso de reforma del regulador, creemos que es
importante que tanto en el proceso como en la institución participen todas las sensibilidades con representación política de peso en esta Cámara.


Como decíamos, tal como y aparece en los currículum, en los formularios que se nos han facilitado, no cabe duda de la competencia de las personas, sin embargo echo de menos algún apartado en el que se declaren potenciales conflictos de
interés. Todos somos conscientes de que la identificación y la transparencia son la mejor manera de gestionar estos conflictos de intereses, así que en el ejercicio de la capacidad de control parlamentario que me otorga la ley voy a hacerles unas
preguntas muy directas y muy concretas, que creo que son de especial relevancia, sobre todo después de los casos aparecidos últimamente en prensa y denunciados ante la Oficina de Conflictos Intereses del Gobierno. Primero, quiero preguntarles por
su relación o la de algún familiar directo con el partido que les propone y si tienen algún cargo de responsabilidad en ellos. Y -aunque algunos de los proponentes ya lo han citado- si tienen algún potencial conflicto de intereses en sectores
regulados, ustedes o su familia, y en caso de que surgiera el conflicto, cómo se gestionaría ¿mediante la inhibición, la abstención o qué otras fórmulas

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adoptarían? Mi segunda pregunta sería por los votos particulares, que también se ha constatado en los últimos años que se han emitido algunos votos particulares que podrían violar la normativa y dar información a las empresas para recurrir
la decisión de la CNMC. Les pregunto cuál es su opinión al respecto y cuál sería la técnica jurídica o de qué manera deberían emitirse estos votos particulares para evitar esta situación. Llegan a la CNMC en un momento de debate político
totalmente abierto, hay polémica y desencuentros -eso no es ningún dato oculto-, una CNMC con sus competencias cercenadas -como bien ha explicado el señor Bacigalupo- y que continuamente hace informes que el Gobierno no tiene en cuenta, como el
último de la subasta de renovables. Quiero preguntarles su opinión directa sobre la propuesta de reforma que está encima de la mesa para la CNMC pero también sobre qué características debería tener el futuro regulador. Mi impresión es que estamos
en un debate centrado en la forma pero que no estamos hablando del fondo y tenemos que saber para qué queremos un regulador en un momento en que la economía está cambiando mucho más rápido que las instituciones, a pesar de ser instituciones
relativamente jóvenes. La señora Ortiz y la señora Canedo han hecho mención tanto a los procesos de digitalización como a la multiplicidad de los operadores económicos, pero me gustaría que profundizaran un poquito más en esta línea de cómo debería
ser el regulador para la economía que vamos a tener dentro de diez años.


La señora Ortiz ha sido consejera desde los inicios en la CNMC y me gustaría que nos diera su valoración de esta etapa, tanto si cree que la creación y actuación que ha tenido la CNMC en todos estos años ha respondido a las expectativas y
los objetivos que justificaron la Ley 3/2013, como de qué manera se ha vivido internamente lo que desde fuera se ha percibido como una división interna. ¿Dónde han estado realmente los problemas en el seno del consejo de la CNMC y cuáles han sido
las barreras para la independencia real del organismo, que es lo que yo creo que ha estado en jaque en estos años?


A la señora Canedo me gustaría preguntarle por las principales líneas y la orientación de su labor al frente de la Autoridad de la Competencia Vasca, cuáles han sido las mayores dificultades o los ámbitos de actuación más recurrentes -si
podemos decirlo así-. Desde su experiencia en un organismo regulador y de supervisión autonómico, ¿cuáles son los mecanismos de cooperación, coordinación y sinergias que deberían crearse entre el organismo estatal y los autonómicos y cómo
consolidar esa diversidad de organismos que existe a día de hoy en España?


Por último, al señor Bacigalupo quisiera preguntarle algunas cuestiones relativas a la regulación energética que día sí y día también están de actualidad y algunas cuestiones concretas sobre su etapa como responsable del servicio jurídico de
la CNE -era un momento clave para la liberación del sector-, porque son cuestiones que en cierta manera vuelven y vuelven otra vez y que tienen su continuidad en el presente. La primera cuestión es sobre la OPA de E.ON a Endesa, que la Comisión
Nacional de la Energía rechazó por cuestiones de seguridad nacional, pero finalmente se optó por Enel poniendo a Endesa en manos de un operador extranjero. Hoy tenemos al Gobierno indignado por la decisión de Endesa de cerrar centrales térmicas y
acusando a Enel de velar por los intereses de Italia. Me gustaría, a raíz de esto, presentarle tres puntos que afectan directamente a aspectos clave de la regulación energética y que son de plena actualidad. En primer lugar, la realidad de que las
empresas de generación, transporte y distribución de energía en nuestro país -sistema eléctrico, gasista e hidrocarburos- están en manos de fondos de inversión extranjeros o actores extranjeros- ¿Qué garantías nos da esto para el sistema? Me
refiero tanto a los derechos de las personas como a las infraestructuras y al propio concepto de seguridad energética. En segundo lugar, todo tipo de rumorología que hay acerca de la compra de Endesa por fondos de inversión extranjeros -Blackstone,
CVC, KKR-. Incluso se está hablando y especulando que puede ser moneda de cambio en la operación de la OPA de Atlantia, de comprar Abertis para salvar Hispasat. ¿Cómo debe gestionarse esto desde el organismo de regulación y qué criterios deben
tenerse en función de lo que estamos hablando de seguridad energética, derechos de las personas, etcétera? En tercer lugar, la regulación vía real decreto que parece que va a llevar a cabo el Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación
energética para que decisiones estratégicas no queden al albur de decisiones empresariales, algo que no deja de ser sorprendente en un Gobierno de profundas convicciones liberales; el propio ministro considera la regulación como un mal remedio,
cuando es todo lo contrario y hemos visto que la regulación es imperiosa para salvaguardar el interés general y el bien común.


También quiero mencionar los recortes a las primas de las renovables, lo que supuso una evidente quiebra de la seguridad jurídica en España y que contó con el aval de la Comisión Nacional de la Energía. Usted declaró en un artículo
publicado en la revista Otrosi -y cito textualmente- que no vulneraban esa seguridad porque persiguen una finalidad legítima y se apoyan en una justificación razonable -como es

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reducir el déficit de tarifa- y es una exigencia imperiosa de interés general. Es cierto que en ese artículo matizaba que no compartía la decisión de poner toda la carga en las renovables -sino que debería haberse repartido en otros
peajes-, pero la realidad es que a día de hoy tenemos un laudo arbitral que obliga a España a indemnizar a los inversores. ¿En qué posición deja eso el dictamen de la Comisión Nacional de la Energía y qué posición a futuro, teniendo en cuenta que
en febrero el Gobierno publicó una orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de plantas renovables, de cogeneración y residuos contra el criterio de la CNMC? Me gustaría saber su opinión, si esta vez sí está justificado el interés
general; una vez que esta orden sabemos que va a ser recurrida, esta cuestión no va a acabar aquí y seguramente será parte del trabajo de la CNMC en los próximos meses.


Por último -y termino con esto-, el caso Céntrica contra Unesa en el acceso a la información de los SIPS, lo que vienen a ser las bases de datos de los clientes de las grandes eléctricas. Este caso fue un claro ejemplo en el que competencia
y supervisión tuvieron criterios diferentes. La CNC determinó que sí había acuerdo y un abuso por parte de las eléctricas en el uso de esa información y que iba contra el proceso de liberalización que en ese momento se estaba dando y la CNE rebatió
alguno de estos argumentos y consideró que no había acuerdo. La actual CNMC se creó precisamente para buscar una mayor colaboración y sinergia entre ambos ámbitos de actuación y ahora está encima de la mesa volver a separarlos. ¿Qué criterios,
actuaciones, mecanismos deberían implementarse para evitar estas distintas interpretaciones? Y me gustaría conocer la opinión de la señora Ortiz y de la señora Canedo en este punto.


También quiero preguntarle sobre el papel del regulador en la transición energética, en un modelo en el que vamos hacia la producción distribuida y multiplicidad de accesos. Y en el contexto de digitalización de la energía vemos de nuevo
que el acceso a la información va a ser clave para la democratización de la energía, en la que muchos creemos y defendemos. Y podemos volver a encontrarnos casos como el de Céntrica contra Unesa, ¿cómo vamos a solucionar desde el punto de vista de
la regulación este pilar?


Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Felicidades por la propuesta y si finalmente son elegidos por esta Comisión les deseo toda la suerte y fuerza del mundo para el puesto que les espera.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Voy a intentar centrarme en la cuestión, que es la idoneidad de los comparecientes, propuestos para vocales del consejo de la CNMC. Desde Ciudadanos -lo hemos repetido muchas veces- creemos que para generar riqueza y, por supuesto, para
poder distribuirla, la mejor forma es mediante el libre mercado y la libre competencia, pero para que realmente haya libre competencia es necesario que haya unos reguladores y unos supervisores fuertes e independientes que puedan controlar que se
cumplen las reglas del juego y que estas son las mismas para todos, que ganen aquellas empresas que mejor hacen las cosas, que son más competitivas, que mejores bienes y servicios y al mejor precio ofrecen, y no aquellas empresas que mejores
contactos tienen, que son las que pertenecen al capitalismo de amiguetes.


Por desgracia, en España en los últimos años hemos tenido demasiados ejemplos de que esto no ha sido así, de que no han ganado las empresas mejores y más competitivas, sino las empresas que mejores contactos tenían. Esto ha supuesto un alto
coste para nuestra economía, para nuestro PIB y para nuestra competitividad como país. Por eso, en el acuerdo de investidura con el Partido Popular proponíamos, exigíamos desde Ciudadanos una modificación de la forma de nombramiento de los
consejeros de la CNMC para garantizar la independencia de los mismos, para garantizar la autonomía de la CNMC, y por eso nos habría gustado que estos nombramientos se hubiesen hecho ya con esa nueva normativa. Hemos insistido al ministro -y
precisamente la semana pasada en su comparecencia volvimos a hacerlo- en que trajese ese proyecto de ley para modificar la forma de los nombramientos. Esperemos también que el Partido Socialista, ahora que parece que está resolviendo sus
cuestiones, pueda apoyar esta propuesta para que salga adelante. Aparte de la modificación de los nombramientos de los consejeros, por todos es sabido que proponemos la separación de la CNMC en dos organismos: uno se encargaría de la regulación y
la supervisión de los mercados, y otro sería la autoridad independiente de la defensa de la competencia. Sin embargo, creemos que esto no debe quedarse ahí, que no debe ser solo una cuestión de separar unos órganos creyendo que ya todo está
resuelto. No, creemos que estos órganos además tienen que tener autonomía funcional y económica; por ejemplo, para contratar a unas

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personas, no deberían depender de que el Ministerio de Economía diese el visto bueno y les permitiera contratarlas o no, sino que tendría que tener una autonomía funcional y económica; y por supuesto los organismos tienen que recuperar
competencias, como antes señalaba alguno de los intervinientes.


En cuanto a los candidatos propuestos, por supuesto tienen una capacidad más que contrastada, eso es indudable, y solo hay que ver los currículum y el formulario que se nos ha facilitado. Es verdad que eso es importante para que no haya una
captura del regulador, porque si ya los candidatos no tienen la capacidad contrastada es fácilmente que sean influenciables. Si uno no sabe de un tema, lo que le digan es lo que va a hacer. En este caso nos alegramos de que no sea así. Por
desgracia no siempre ha sido así. Ha habido casos desgraciados en los que no se tenía la capacidad suficiente y creemos que los tres candidatos sí la reúnen. Pero esto no es una condición única, hace falta también, aparte de tener la capacidad
suficiente, la independencia.


Como señalaba la representante del Grupo Podemos, en el formulario no se habla nada del conflicto de intereses. Un interviniente ha señalado algún tema que podría tener, en cuyo caso se abstendría. Yo querría que incidiese en ese aspecto,
si son independientes o si tienen alguna relación con algún partido político, y si la tienen en qué sentido, y no solo ustedes, sino sus familiares, y también si tienen intereses económicos, particulares o familiares con empresas o han tenido
relación con empresas que se puedan ver afectadas por la regulación o por la supervisión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.


Por el Grupo de Esquerra no hay ningún portavoz; por el Grupo Vasco, tampoco.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, en nombre del Partit Demòcrata doy la bienvenida a los tres candidatos, el señor Bacigalupo, la señora Ortiz y la señora Canedo. De hecho, creo que ha quedado patente la función de su comparecencia hoy aquí. Nuestra
función como Comisión es evaluar esencialmente dos aspectos más allá de conocer la opinión que ustedes puedan tener sobre diferentes ámbitos: analizar la idoneidad y evaluar los potenciales conflictos de intereses. Desde el Partit Demòcrata la
idoneidad la damos absolutamente por evaluada y la valoramos positivamente, tanto desde el ámbito de la formación de cada uno de ustedes como desde su experiencia profesional y las carreras profesionales que les avalan. Yo también añadiría que las
intervenciones que han hecho ustedes, aunque sea brevemente, hoy en su exposición para el Partit Demòcrata son el aval suficiente para darles absoluta confianza con relación a la idoneidad.


Con relación al conflicto de intereses también nos gustaría ampliar un tanto la información. La independencia que se debe exigir en relación con el conflicto de intereses, como alguna candidata ha apuntado, es doble: en relación con los
sectores regulados y también con relación al Gobierno. Ustedes, mayoritariamente, han desarrollado su carrera profesional en el ámbito del servicio público, con lo cual respecto a los sectores yo creo que está garantizada su independencia y no
puede haber más conflictos de intereses que los que apuntaba algún candidato, que había efectuado trabajos de consultoría regulatoria esencialmente a pequeñas y medianas empresas o a empresas medias, en todo caso no empresas cotizadas. Pero sí que
nos gustaría que no tanto concretasen sino, simplemente, que manifestaran más explícitamente cada uno de ustedes que no existe ningún elemento que nos deba preocupar en cuanto a su independencia en relación con el Gobierno.


Por nuestra parte, simplemente quiero agradecerles su comparecencia, aunque sea por imperativo legal; felicitarles, porque estoy seguro de que van a superar este trámite de manera satisfactoria, y desearles muchísima suerte y acierto en su
desarrollo como consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.


Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Por el Grupo Popular, señor Bravo.


El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, quiero comenzar, como no puede ser de otra manera, dando la bienvenida y agradeciendo su presencia a los tres candidatos a consejeros de la CNMC, doña María Ortiz, doña María Pilar Canedo

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y don Mariano Bacigalupo. Intentaré no hacerles un examen y no pedirles un pronunciamiento, porque entendemos que todavía no son miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, por tanto, que en algunas materias
difícilmente podrían dar un pronunciamiento o tener un conocimiento de causa total.


Dicho esto, nos encontramos aquí hoy para aprobar los nombramientos de tres nuevos consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero permítannos que antes -por alusiones de la diputada del PSOE, cuando hablaba de
falta de ejemplaridad, de fusión disfrazada- demos algunos datos sobre lo que ha sido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el año 2016. Pongamos en positivo: 9 resoluciones sancionadoras de cárteles, 3 resoluciones por conducta
restrictiva, 2 resoluciones por incumplimiento; en resumen, 14 resoluciones con un alcance de 227 millones de euros en sanciones. Asimismo, 15 sanciones contra personas físicas -directivos-, que es algo relativamente novedoso, con base en el
artículo 63.2, cifradas, en el año 2015, en un ahorro para los consumidores finales de 838 millones de euros, o en el año 2016, de 835. Además, se notificaron 104 operaciones de concentración. También hay aspectos positivos como la creación de un
buzón de denuncias, el avance en el registro de los grupos de interés y el trabajo eficaz en los últimos años. Es una organización con un plazo de tramitación de 18 meses, cosa que es muy novedosa, porque en el ámbito de la Unión Europea no existe
prácticamente en ningún otro país. Se conoce, es público, que los asesores de empresa, que se preocupan tanto de la responsabilidad penal en el ámbito fiscal y en el ámbito social, también han empezado a preocuparse en el ámbito de los mercados y
de la competencia, por lo que quiero felicitar -aunque no están presentes- a los miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a su presidente, porque creo que, a pesar de lo que otros vaticinaban, el trabajo ha sido bueno. No
es mérito del Gobierno, no es mérito del Partido Popular; en todo caso, como no puede ser de otra manera, es mérito de los miembros de la Comisión.


Si bien todo lo anteriormente expuesto es el reflejo de lo realizado el año pasado, no podemos obviar cuáles son los retos del futuro, de los que algunos han hablado aquí. Frente a esa fusión disfrazada de arquitectura o a ese voto
particular -si creemos que están dando información privilegiada lo que tenemos que hacer es denunciarlo-, tengo que decir que no creo que nadie impida que un miembro de un tribunal pueda hacer un voto particular. Además, eso refleja una mayor
transparencia. Si en una organización hay crítica es porque funciona bien y funcionará mejor. Pero, bueno, esa es una opinión del Grupo Parlamentario Popular. Entiendo que a otros partidos no les guste que haya oposición, no les guste que les
digan nada en contra y quieran que todo el mundo vaya a una decisión de un solo criterio.


Hablamos de una comisión que vela por el buen funcionamiento de los mercados y la competencia y, en consecuencia, protege en última instancia tanto a los consumidores como a las empresas en el ánimo de que exista un mercado libre de
competencia en el que se cumplan las reglas establecidas. Estos objetivos de futuro los podríamos englobar. En primer lugar y como hemos dicho, hay un plazo de dieciocho meses, pero no debemos olvidar, y es cierto, que cuando se extiende en el
ámbito judicial -Audiencia Nacional, Tribunal Supremo- se puede extender hasta seis años o incluso ocho. Eso resta parte de su validez y eficacia; tenemos que ser capaces de mejorar ese procedimiento. En segundo lugar, tenemos que mejorar la
situación, ya que proviene de una fusión -como bien decía la diputada del PSOE- en la que hay personal laboral y personal funcionario y eso genera una cierta dificultad en su gestión. Tenemos que ser capaces de ayudar para que su gestión sea mejor
e incluso tenga mayor agilidad para la contratación. Por otro lado, el objetivo prioritario -es cierto que es un acuerdo con Ciudadanos- es la división de la CNMC en dos entidades independientes: por un lado, una autoridad de los mercados, que
asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados y, por otro, una autoridad de defensa de la competencia, que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea
de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado.


¿Por qué estamos convencidos de que esto va a ser bueno, de que no pasa nada si hemos hecho una fusión y ahora dividimos porque creemos que es mejor? Por dos motivos. Primero, porque lleva más de tres años funcionando y creemos que es
tiempo suficiente para conocer las bondades y debilidades del sistema y cómo ponerlas en práctica. Segundo, porque es cierto que la comisión es única, pero no es menos cierto que opera con dos salas, una sala de competencia y otra de regulación, y
por tanto es la semilla de este proyecto que entre todos -estoy convencido- conseguiremos sacar adelante.


He visto que hay una parte que han dejado fuera -y que posteriormente aprovecharé para preguntar a la candidata-, en materia de comunidades autónomas. Hay una parte importante de trabajo por parte

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de las comunidades autónomas que he visto que el resto de partidos ha obviado; se ve que no les interesa mucho, pero a nosotros sí. Sabemos que tienen dificultades de estructura, dificultades de personal, dificultades de retribución y creo
que un elemento importante que ayudará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será sin duda potenciar el ámbito de las comunidades autónomas.


Son importantes objetivos, no lo vamos a negar, muy ambiciosos, y por ello requerirán un enorme esfuerzo que permita alcanzarlos, sin romper lo conseguido hasta ahora, sin quebrar la seguridad jurídica y la confianza de los mercados como
referente fundamental y, como no puede ser de otra manera y así se está demostrando hasta ahora por parte del Partido Popular, basado en obtener el máximo consenso de las partes. Ello exige, por tanto, escuchar a todos los actores implicados,
recoger sus inquietudes y propuestas y, por último, aprender de las experiencias obtenidas. No es fácil el objetivo, pero entendemos que sí muy ilusionante. ¿Y todo para qué? Para continuar la senda del crecimiento de más del 3 %, como hemos
hecho en los últimos años, y para recuperar más de 700 000 puestos de trabajo, como hemos hecho en los últimos doce meses. Estas medidas van encaminadas a un único objetivo: la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo.


Si me permiten, me centraré en los tres candidatos, como no puede ser otra manera. En primer lugar, les quiero transmitir que el honor en todo caso es nuestro por haber podido escuchar sus méritos y, sobre todo, sus compromisos con la
comisión en el caso de que finalmente sean designados como consejeros de la misma. Como hemos dicho anteriormente, tenemos a doña María Ortiz Aguilar, a doña María Pilar Canedo Arrillaga y a don Mariano Bacigalupo Saggese. Si algo podemos destacar
de los currículos de los tres candidatos es sin duda su excelente formación y trayectoria académica, que entendemos que está fuera de toda duda y, sinceramente, creemos que es difícil de superar. Su trayectoria profesional aporta a esta
organización un enorme potencial y la idoneidad para el puesto, al igual que han dicho mis compañeros, no plantea ninguna duda.


Si me lo permiten, destacaré algunos de sus méritos. Son causa común sus experiencias en el extranjero -Alemania, Londres, Unión Europea-, y sus experiencias laborales: subdirectora de competencia de regulación económica; subdirectora de
estudios del Tribunal de Defensa de la Competencia; presidenta de la Asociación Vasca de Defensa de la Competencia; actividad docente en la Fundación para la investigación sobre el desarrollo y la empresa, siendo director del Foro de energía y
regulación; docente dentro del programa avanzado sobre el marco jurídico de sectores energéticos en el Instituto de la Empresa; docencia en el curso avanzado de Derecho y energía en el Club Español de la Energía, del máximo nivel todos; director
de la asesoría jurídica del vicesecretario del Consejo de la Comisión Nacional; experiencia anterior como consejera de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y nos consta y -permítanme que no diga el nombre- el máximo compromiso en su
anterior desempeño para cuestiones que podrían afectar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, como ponerse del lado de la comisión, utilizar los medios para comunicarle los problemas, y no solamente eso, sino también comunicarle las
posibles soluciones y servir de nexo para la misma. Creo que todo esto ya dice mucho de los candidatos.


Esta propuesta de nombramiento responde a una voluntad inequívoca de obtener acuerdos y consensos en todo aquello que afecta a la gestión de nuestro país, y en esa línea hemos sido capaces de consensuar los tres nuevos consejeros, que además
de acreditar unos méritos académicos y profesionales de gran altura, han obtenido el reconocimiento de la mayoría de las formaciones políticas representadas en el Congreso. El sistema de nombramientos está encuadrado en un objetivo común de este
Gobierno -y así lo ha transmitido el ministro De Guindos-, que es la mejora de la gobernanza, y ello amparado en cuatro principios: transparencia, meritocracia, participación democrática e inexistencia de conflictos de intereses. El ministro De
Guindos ya anticipaba que nuestro sistema de nombramientos tenía como fin garantizar la independencia de los altos cargos y, sobre esa base, serían votados en esta Comisión, como se producirá a continuación. Estamos mejorando, continuamos mejorando
esa transparencia.


Por último, me gustaría lanzarles no un pronunciamiento de la Comisión, sino cuestiones propias a cada uno de ustedes. Don Mariano, me gustaría, si es posible y en atención a su currículum, preguntarle cuál cree que puede ser su aportación
en el ámbito de la energía dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y cuáles considera que son los retos a más corto plazo sobre la base del procedimiento que usted anteriormente apuntaba de la Unión Europea. En segundo
lugar, a doña Pilar Canedo me gustaría preguntarle cuál es el futuro a corto y medio plazo de la figura de la defensa de la competencia en el ámbito de las comunidades autónomas y dónde cree que debemos poner, por su experiencia anterior, el foco
para mejorarla. Por último, a doña María Ortiz quiero preguntarle, según su

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experiencia anterior, cuál considera que debe ser nuestra conexión en materia de competencia y mercados con la Unión Europea, con la comisaria europea de la Competencia; qué podemos aportar, qué podemos recibir y cuáles deben ser los
objetivos en ese medio plazo.


Por último, les deseo la mayor de las suertes en sus nuevos cometidos, porque estamos seguros de que serán aprobados por la Comisión.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.


A continuación daré la palabra a los tres candidatos propuestos. Como quiera que en muchas ocasiones las preguntas que les han formulado son verdaderas tesis doctorales sobre las cuestiones debatidas, les voy a pedir la mayor concreción
posible y, fundamentalmente, que especifiquen lo que les afecta como conflicto de intereses o alguna opinión particular al respecto, porque, si no, nos vamos a ir muy lejos en el horario previsto. Así pues, respetando su absoluta autonomía para
decir lo que tengan por conveniente, les voy a pedir que sean concretos, que se ciñan fundamentalmente al tema de su posible conflicto de intereses o de idoneidad -aunque la idoneidad de los candidatos no ha sido cuestionada por ninguno de los
portavoces que han intervenido- y que en aquellos casos en los que se les haya pedido una opinión más generalizada sobre lo que pueda ser el futuro, ustedes -que lo saben hacer muy bien- lo concreten lo máximo posible. Muchas gracias.


Señor Bacigalupo.


El señor CANDIDATO A CONSEJERO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Bacigalupo Saggese): Muchas gracias, señor presidente. Quiero dar las gracias también a los portavoces de los distintos grupos por sus respectivas
intervenciones y, naturalmente, por lo que han tenido de encomio hacia las trayectorias de los que hoy somos comparecientes, así como por todas las cuestiones que se han suscitado, que han sido muchas y muy interesantes. Seguramente no sea posible
en el marco temporal disponible que me pueda referir a todas y cada una de ellas, sobre todo porque se han planteado cuestiones de fondo muy relevantes, muy interesantes y que sin duda concitan y deben concitar la inquietud del regulador en el
futuro, pero en las que entrar con detalle -insisto- nos llevaría excesivamente lejos. Es verdad que se han planteado algunas cuestiones muy directamente referidas a situaciones que puedan concurrir en cada uno de los comparecientes. Yo,
naturalmente, no quiero eludirlas y quiero centrarme en ellas, porque además así nos lo encarece el presidente.


En materia de conflicto de intereses, los portavoces de los grupos han planteado de manera muy explícita dos tipos de cuestiones, si no recuerdo mal, sobre la relación de los comparecientes con los partidos políticos. Yo no tengo ningún
inconveniente en reconocerles que pertenezco a un partido político, pero tengo que añadir a continuación que, a mi juicio, pertenecer a un partido político -y creo que decir esto en sede parlamentaria es realmente relevante- no constituye -supongo
que los diputados y diputadas lo ven así igualmente- demérito, tacha o mácula alguna que pueda anular los méritos académicos y profesionales que en su caso puedan concurrir en los comparecientes o en cualquier persona. Al pertenecer a un partido
político, yo personalmente ejerzo un derecho fundamental de libertad de asociación con unas entidades de relevancia constitucional, reconocidas como tales en el título preliminar de nuestra Constitución. Por lo tanto, reitero que, a mi juicio, no
constituye demérito, tacha o mácula ni motivo de conflicto de intereses, como tampoco creo que los representantes de la soberanía popular estén incursos por definición en conflicto de interés por representar a partidos políticos. En cualquier caso,
también deseo aclarar que toda la trayectoria académica y profesional que les he expuesto -y en la que no soy consciente o no me consta que se hayan planteado reservas, dudas o resquemores sobre mi independencia y mi imparcialidad- la he realizado
concurriendo en mi caso esa circunstancia.


En cuanto al conflicto de intereses que pueda tener su origen en la actividad de orden profesional, les he comentado en mi intervención inicial que he realizado actividad de transferencia de conocimiento a la sociedad desde la universidad
como profesor en régimen de dedicación a tiempo completo, a través de los instrumentos específicos de los que se dotan las universidades públicas para tal fin, que son las oficinas de transferencia de resultados de investigación. Asimismo, les he
dicho que lo he hecho fundamentalmente como árbitro y perito independiente; tal vez sea de interés resaltar que para ser árbitro o perito independiente en procedimientos judiciales, tanto la Ley de Arbitraje como la Ley de Enjuiciamiento Civil
exigen la plena independencia tanto de los árbitros como de los peritos respecto del objeto de los procesos y de las partes.

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También deseo reiterarles -creo que lo mencioné inicialmente- que en la actualidad pertenezco a un órgano de la Agencia de cooperación de reguladores de la energía de la Unión Europea y que, como tal, me encuentro sometido anualmente a un
riguroso examen de conflicto de intereses que desde el año 2011, año desde el que pertenezco a dicho órgano, he superado sin reservas en todos los casos.


Creo que estas son esencialmente las cuestiones que se han planteado en relación con los conflictos de intereses. Insisto, ha habido muchas otras cuestiones muy interesantes, cuestiones de fondo que comparto en muy amplia medida. Entiendo
que no disponemos del tiempo suficiente para entrar con detalle en cada una de ellas y, por tanto, no procederé, en el marco de esta intervención, a responderlas minuciosamente. Naturalmente, estaré a disposición de sus señorías para poder, si
acaso en un contacto bilateral, atender esas cuestiones.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Bacigalupo.


Doña María Ortiz.


La señora CANDIDATA A CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Ortiz Aguilar): Muchas gracias. Quiero agradecer también las palabras amables recibidas de todas las señoras y los señores diputados.


En relación con el tema sobre el que nos ha pedido centrarnos el presidente de la Comisión, quiero decirles que me siento absolutamente independiente. No tengo ninguna afiliación política y mi experiencia profesional y mi profesionalidad
las avala el hecho de que toda mi actividad se ha desarrollado en el ámbito de sector público. Cuentan, como lo he venido haciendo hasta ahora, en los cuatro años que he estado en la CNMC, con mi compromiso absoluto de cumplir con la Ley de Altos
Cargos, que de hecho, como consejera de la CNMC, ya estoy cumpliendo.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Ortiz.


Señora Canedo.


La señora CANDIDATA A CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Canedo Arrillaga): Muchas gracias, señor presidente. Lógicamente, me uno al agradecimiento por las palabras de todos los grupos respecto de nuestros
perfiles.


Voy a proceder a responder a las preguntas que se me han formulado de manera directa. En primer lugar, respecto de la independencia, yo -lo he comentado en mi propia intervención inicial- no tengo vinculación política de ningún tipo, ni
siquiera conocimiento personal de ninguna de las personas que me han propuesto, a las que, sin embargo, agradezco enormemente su propuesta, tanto en este caso como en el caso anterior de la Autoridad Vasca de la Competencia -en la que actualmente
todavía estoy actuando como presidenta-, en el que fui propuesta por otro partido político sin tener tampoco conocimiento personal de ninguna de las personas que me proponían. Por lo tanto, mi independencia política es absoluta. Agradezco
especialmente que lo que se haya valorado -entiendo- para realizar esta propuesta sea mi trayectoria profesional.


Tengo acciones, a titulo totalmente minoritario y particular, de compañías cotizadas, como ahorro, como cualquier persona.


Respecto a la compatibilidad por la que me preguntaba la señora Botella, se trata de una información periodística y, lógicamente, lo que haría en el caso de ser aprobada por ustedes como posible candidata para este cargo sería renunciar a mi
cargo como presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia.


Sí me gustaría, aunque no pueda responder a todas las cuestiones, contestar a una pregunta que me han planteado dos de ustedes, fundamentalmente por mi calidad todavía hoy de presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia. Creo que la
coordinación y la colaboración entre autoridades autonómicas y la autoridad estatal resultan necesarias, en primer lugar, porque lo establece el ordenamiento jurídico y, en segundo lugar, porque nosotros somos autoridades que buscamos la eficiencia,
y de esa cooperación lo que se deriva precisamente es eficiencia. Para ello, las autoridades, todas, la estatal y las autonómicas, tienen que cumplir los requisitos de independencia a los que todos ustedes se han referido; tienen que ser
independientes de las administraciones e independientes en la toma de decisiones respecto de todos los operadores a los que se refieren; tienen que ser independientes por su capacitación técnica e independientes por tener medios suficientes para
tomar decisiones, porque, lamentablemente, en algunos casos existen autoridades de competencia autonómica cuyos escasísimos medios hacen que tengan

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dificultades para tomar decisiones solventes. Para que las autoridades autonómicas, lo mismo que la autoridad estatal, funcionen deben ser autoridades fuertes, con competencia para resolver los problemas efectivos que existen en los
mercados.


La señora Martínez me preguntaba por las líneas fundamentales en las que ha actuado la Autoridad de la Competencia Vasca. Son fundamentalmente dos. Una de ellas coincide con la autoridad estatal y la otra, por la propia idiosincrasia de
una autoridad autonómica, difiere. Nosotros nos hemos centrado, por exigencias del mercado, en cuestiones vinculadas con la contratación pública. La mayoría de los asuntos relevantes económicamente que se han resuelto en la Autoridad Vasca de la
Competencia tenían lamentablemente el trasfondo de la contratación pública. Asimismo, creo que la gran labor que deben realizar las autoridades, todas, las autonómicas y la estatal, está también vinculada con la denominada captura del regulador y
con conseguir normas jurídicas que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los operadores en el mercado. Debo decir que en mi trabajo en la Autoridad Vasca de la Competencia he actuado con absoluta independencia, lo cual es una cuestión
personal, pero no solo eso, sino que también debo reconocer que el Gobierno vasco en todo el tiempo en el que yo he trabajado en la Autoridad Vasca de la Competencia, que han sido siete años, ha mostrado una absoluta independencia y jamás ha
interferido en el trabajo de nuestra autoridad. Creo que eso es algo muy digno de destacar y debe ser la forma de funcionamiento de las autoridades.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Canedo.


Como ustedes conocen, el motivo de esta comparecencia era dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que contempla que, tras la
comparecencia, la Comisión determine si hay causa o no obstativa o impeditiva de sus nombramientos. No se ha anunciado por parte de ninguno de los grupos parlamentarios -entiendo que es así- veto a ninguna de las propuestas de estos nombramientos,
con lo cual no habrá lugar a ningún tipo de votación, si lo he entendido bien.


Asimismo, agradezco a los tres comparecientes su disposición para que haya encuentros bilaterales o reuniones en las que ustedes puedan tratar todos estos temas de más calado y más profundidad, temas que afectan al futuro, al desarrollo y a
los inconvenientes y ventajas que puede haber. Así lo han ofrecido los distintos comparecientes y yo animo a los miembros de la Comisión a que hagan uso de ese ofrecimiento que les han hecho. (La señora Martínez Rodríguez pide la palabra). Antes
de darle la palabra, señora Martínez, vuelvo a repetir que, si no hay en estos momentos ningún impedimento, no vamos a proceder a ninguna votación.


Tiene la palabra, señora Martínez.


La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Simplemente quería expresar la disconformidad de mi grupo con cómo ha dirigido la Presidencia la réplica de los comparecientes. Si se trataba simplemente de decir en esta comparecencia si había conflicto o no
de intereses, creo que se podía haber avisado con anterioridad. Considero que la idoneidad de los candidatos que han comparecido también se puede valorar respecto a sus posiciones y opiniones en temas relevantes relacionados con el regulador, y
simplemente deseo mostrarle nuestra disconformidad y nuestro malestar por no haber dado tiempo suficiente, aunque hubiera sido brevemente, para responder a las preguntas que muchos de mis compañeros hemos planteado.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, la Presidencia entiende que su actuación es conforme a lo que determina la ley de creación de la CNMC. Por tanto, admitiendo y comprendiendo su queja, de la que quedará constancia en el Diario de
Sesiones, si no hay más observaciones, se levanta la sesión.


Eran la una y treinta y cinco minutos de tarde.