CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 42

SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO

Sesión núm. 28

celebrada el miércoles,

4 de abril de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera:


- De la señora Araújo Chamorro (exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha), para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 219/001111)... (Página2)


- De la señora Fernández Currás (exconsejera de Hacienda de la Xunta de Galicia), para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 219/001112)... (Página20)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos.


Antes de dar comienzo a la sesión, quiero informarles de que, por razones de índole familiar del que fue consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana y diputado Gerardo Camps, vamos a aplazar la comparecencia que estaba prevista para
esta tarde. Con el visto bueno de todos los miembros de la Comisión -porque así lo hablé ayer con ellos-, queda ratificado. El día 10, que tenemos fijada la comparecencia del gobernador del Banco de España, volveremos a poner nueva fecha para la
comparecencia que hoy se aplaza así como para otras nuevas del calendario.


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA:


- DE LA SEÑORA ARAÚJO CHAMORRO (EXCONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA) PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/001111).


La señora PRESIDENTA: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera de España y el Programa de Asistencia Financiera del día 4 de abril de 2018. Sus señorías disponen del orden del día y en primer
lugar desarrollaremos, en régimen de sesión pública, las comparecencias de doña María Luisa Araújo Chamorro, exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha, de doña Marta Fernández Currás, exconsejera de Hacienda de la Xunta de
Galicia, y se aplaza la de don Gerardo Camps. Tras la finalización de dichas comparecencias, en el segundo punto del orden del día figuraban acuerdos de la Comisión. Por ahora no hay nada previsto, pero figurará formalmente el aplazamiento de la
comparecencia de don Gerardo Camps.


De acuerdo con lo dispuesto por la propia Comisión, en la sesión del día 28 de febrero de 2018, la comparecencia de la señora Araújo Chamorro seguirá el siguiente formato: sin intervención inicial de la compareciente, se abre un turno de
los portavoces de los grupos parlamentarios de siete minutos, comenzando por el grupo solicitante, y a continuación le responderá el compareciente. Después, habrá un segundo turno de réplica de los portavoces de tres minutos y seguidamente
contestará el compareciente.


Damos comienzo, pues, a la comparecencia. Agradezco a la compareciente su disponibilidad y, al tratarse de comparecencias sujetas a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado a la compareciente la posibilidad de poder
comparecer acompañada de la persona que designe para asistirla. Asimismo, esta Presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos de los comparecientes reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Recuerdo
igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Se concede el turno de palabra a los portavoces para que formulen sus preguntas a la señora Araújo Chamorro. Por el Grupo Popular,
solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Araújo.


El caso de Castilla-La Mancha es uno de los puntos negros de esta crisis financiera y económica. Por un lado, los datos de la comunidad en sus años como consejera dan un poco de vértigo. Comparar el endeudamiento, el déficit, los ingresos
tributarios, el empleo y el paro de su comunidad en el año 2000 -cuando a usted la nombraron consejera- y en 2011 -cuando abandonó el cargo- es tremendo. Por otro lado, no queda ninguna caja de ahorro en su comunidad autónoma, han desaparecido
todas. Además CCM, la Caja Castilla-La Mancha, fue la primera en caer de todas las cajas. Como le decía, es uno de los puntos negros de esta crisis, que su comunidad ha pagado caro y seguirá pagando caro durante años.


En cuanto a CCM, hemos tenido en esta Comisión a su expresidente -o exvendedor, reina madre, animador sociocultural, como se calificaba él mismo- y vimos en su comparecencia la dejación de funciones de su consejo. Pero quiero preguntarle
por su consejería, si también hizo dejación de funciones durante los años 2000 a 2008. Hay que recordar que era responsable de la coordinación, el control e inspección de las cajas de ahorro, según el artículo 71 de la Ley 4/1997, de 10 de julio,
de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha. Hemos visto en esta Comisión que CCM era un compendio de todas las malas prácticas bancarias, hasta incluso llegar a incumplir los requerimientos del Banco de España, por lo que fueron imputados y
condenados varios miembros del consejo, incluido el presidente, por delito societario y falsedad contable. ¿Sabe usted si hubo manipulación en las cuentas del ejercicio de 2008 para que apareciera un beneficio ficticio?

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Como le decía, CCM fue un claro ejemplo de lo que no se tenía que haber hecho en esos años: ineficaz y anticuado control de riesgo, exceso de inversión en el sector inmobiliario, una rápida expansión fuera de su región de origen, con
destino principalmente en Levante, y una excesiva financiación en los mercados mayoristas internacionales. Y la guinda del pastel: tener una enorme corporación industrial, de la que sobresalía el ruinoso aeropuerto de Ciudad Real y el difuso
proyecto del Reino de don Quijote, que CCM financió, parece ser que impulsada por el Gobierno regional y en asociación con empresarios del ladrillo de la zona, cuando el ciclo inmobiliario se estaba agotando.


En cuanto a la inversión inmobiliaria, CCM incumplió cualquier protocolo de riesgo financiero al llegar a concentrar el 40 % en apenas tres personas y sus grupos de empresas: los constructores Domingo Díaz de Mera, Ignacio Barco y Román
Sanahuja. Y la puntilla para CCM fue el aeropuerto de Ciudad Real que, sumergido en un interminable proceso de subasta y con una deuda de 529 millones de euros, el aeropuerto autoproclamado público tuvo en CCM a su máximo accionista, ya que la
entidad llegó a poseer el 68,28 % de la infraestructura entre acciones propias y pignoradas. ¿Por qué el Gobierno de Castilla-la-Mancha decía que el aeropuerto era público si la mayoría estaba en manos de la CCM? ¿Quizá porque consideraban a la
CCM como pública o porque CCM dependía cien por cien en su gestión de las decisiones de su Gobierno, el Gobierno de Castilla-la-Mancha? ¿Qué hizo su consejería ante todo este despropósito durante los años en que usted fue consejera? ¿Tenían
ustedes representantes en el consejo o en la asamblea de CCM? Mientras, se duplicaron la retribución entre 2004 a 2007. ¿Tenía la consejería algún control sobre la remuneración de los consejeros de la caja?


Pero lo peor de todo fueron las inhabilitaciones y multas a miembros del consejo y las imputaciones y condenas por la Audiencia Nacional. El Misterio de Economía sancionó con inhabilitación y multa por presentar deficiencias en su
estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno, en sus procedimientos administrativos y contables; por incumplimiento de las normas vigentes en materia de límites de riesgo o de cualquiera otra que impongan limitaciones cuantitativas
absolutas o relativas al volumen de determinadas operaciones activas y pasivas; por insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos cuando estos se sitúen por debajo del 80 % del mínimo establecido reglamentariamente en
función de los riesgos asumidos. En el caso de la sentencia penal de la Audiencia Nacional -el delito era societario, de falsedad contable-, los hechos probados hablaban de que en el año 2008 la Caja de Ahorro de Castilla-la-Mancha atravesaba una
falta de liquidez. El director general de Supervisión del Banco de España dirigió un requerimiento al presidente de la caja para que pusiera especial interés en la correcta contabilización y cobertura de las operaciones crediticias, para que
pusiera especial interés en la correcta y diligente contabilización de las correcciones valorativas de los instrumentos de capital comprendidos en la cartera de activos financieros disponibles para la venta. El consejo fue informado de los
anteriores requerimientos el 27 de noviembre y el 12 de diciembre del mismo año y se encomendó a la dirección general que se continuara con la práctica de reclasificaciones, coberturas y saneamientos que había exigido el Banco de España. Pero el 10
de febrero se remitieron al Banco de España, en cumplimiento de las obligaciones impuestas, los estados financieros individuales y consolidados, en los que no se habían atendido los requerimientos del Banco de España y no se reflejaba, por tanto, la
situación financiera real de la entidad. Me gustaría alguna respuesta de usted como exconsejera ante estos hechos.


En cuanto a las inversiones de Caja Castilla-La Mancha y la influencia en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la corporación se definía a sí misma en su página web como un puente entre las empresas de su ámbito de actuación y el
mundo empresarial nacional e internacional. Se conformaba como un vehículo a través del cual la entidad mantiene una vinculación directa con todos los sectores empresariales identificando proyectos de inversiones que sean motor del desarrollo
industrial tanto en la región como fuera de ella. Esto era muy bonito, pero la realidad es que estaba entregada a la compra de suelo. Gracias a la financiación de la matriz, una vez comenzado el proceso de gestión de ese suelo, Plainsa se quedaba
con una parte y se deshacía de otra con fuertes plusvalías. Los compradores eran los propios clientes de la entidad, que además recibían de la caja financiación por el cien por cien por unos suelos que, en muchos casos, ni siquiera estaban
clasificados como urbanos. Esto funcionaba cuando todo iba viento en popa, pero el proceso de maduración del suelo es largo y al final tanto los suelos urbanos como los no urbanos no valen lo que se pagó por ellos, lo que dejó a la entidad y a sus
prestatarios al filo de la navaja.


Me gustaría preguntarle cuáles fueron las responsabilidades de los gestores en unos posibles créditos dudosos vinculados al sector de la construcción y origen de un agujero de unos 3000 millones en caja

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Castilla-La Mancha y también si hubo inversiones o créditos concedidos a empresas por decisiones políticas y no económicas por encima de criterios técnicos.


En el momento de la integración de Caja Castilla-La Mancha en Cajastur, los cuatro representantes sindicales en Caja Castilla-La Mancha se reunieron para denunciar la mala actuación del Banco de España frente a la caja en la recta final de
su intervención. Criticaban la actitud de distanciamiento al no tener encuentros con los principales grupos de representación para explicarles el protocolo básico aprobado por los consejos de administración, el Fondo de Garantía de Depósitos y la
CCM. Tampoco compartían que la Caja Castilla-La Mancha perdiera la ficha bancaria y que esto se permitía mediante la modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha aprobada por su grupo. También incluso prepararon un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley de cajas regional, cuya reforma pedía el PSOE, para convertir la entidad en una fundación al considerarlo una intromisión en la Lorca, y añadían que el plan era que CCM mantuviera la ficha financiera al menos en
cuanto terminara de liquidarse la operación industrial, entre cinco y diez años. Así pues, veían inseguridad jurídica en que esta operación se hiciera antes de que se modificara la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorros, la Lorca, y temían
que el Banco de España quizá pretendiera abrir una vía a la italiana y llegar a la desaparición...


La señora PRESIDENTA: Señor Paniagua, lleva usted ocho minutos y medio.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Estoy acabando.


La señora PRESIDENTA: Lo que le quiero decir es que el acuerdo que tenemos es que, mientras se hagan preguntas, esta presidenta no va a cortar. Yo le pediría que a partir de este momento hiciera todas las preguntas. No le voy a cortar el
tiempo mientras usted haga preguntas pero, si nos va relatando hechos, le limitaré el tiempo.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Perfecto. Pues solamente quiero preguntarle si apoyaron esta visión de los sindicatos y cuál fue su estrategia ante la situación de Caja Castilla-La Mancha y la actuación del Banco de España y del Gobierno de
Rodríguez Zapatero. Los sindicatos exigieron también una investigación más rigurosa en el marco del comité de dirección y una depuración de las responsabilidades y quería preguntarle si ustedes hicieron algo parecido.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua.


Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Buenos días. Gracias por acudir a esta comparecencia, en la que nos va a dar una serie de explicaciones o algunas pautas que queremos conocer. Es verdad que la Caja Castilla-La Mancha desapareció en marzo de 2009 con un rescate de unos
5000 millones de euros. Fue la primera entidad en caer y creo que también un ejemplo de todo lo que se hizo mal y que luego ocurrió en las cajas: una ineficacia, no control de riesgo, un exceso de inversión en el sector inmobiliario, rápida
expansión fuera de la comunidad autónoma y una excesiva financiación en los mercados mayoristas internacionales. Quería plantearle algunas cuestiones concretas. Me gustaría saber si cree usted que hubo una concentración de riesgo excesiva,
especialmente en el sector inmobiliario, o si no la hubo, y qué papel jugaron los Gobiernos de Castilla-La Mancha en la estrategia de la entidad. ¿Por qué en Caja Castilla-La Mancha se concedieron préstamos de alto riesgo en el sector inmobiliario
a empresarios sobre todo ligados a los distintos Gobiernos? Se ha observado que la caja tuvo un plan de expansión muy fuerte. Quisiera saber si usted conocía a cuánto ascendió esa inversión y posteriormente con qué pérdida se saldó la misma.


A lo largo de todas estas comparecencias hemos entendido que muchas de las cajas de ahorros y bancos llevaron en general una pésima gestión del riesgo del riesgo de crédito independientemente del tipo de gobernanza bajo la que funcionaban.
Las decisiones erróneas que tomaron algunas cajas y que las ha llevado a la quiebra no eran tanto motivadas por datos macroeconómicos, porque tenemos una muestra de que algunas cajas no se vieron afectadas. Me gustaría saber si usted cree que esto
obedecía a algún otro tipo de criterio. Si es así, desde su punto de vista, me gustaría saber cuál. En el caso de las cajas se ha evidenciado la problemática de los conflictos de interés que surgen sobre todo entre las labores de auditoría y
consultoría, ya que la evidencia señala que la supervisión sigue apoyándose en

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auditorías externas para realizar su función. En el caso de la Caja de Castilla creo que Price estimó en 2009 que el agujero de la entidad eran 3000 millones de euros. Me gustaría saber qué le pareció a usted esta valoración y por qué cree
que la valoración la hizo una entidad privada. Me gustaría saber qué papel cree que tienen que tener las auditorías privadas si, como se ha demostrado en muchas ocasiones, a veces esas valoraciones han estado mal realizadas o han sido unas
valoraciones inferiores.


Por último, me gustaría saber cuál es su valoración acerca del impacto de la desaparición de la caja en cuanto al tejido empresarial de la región, cuál fue su papel en todo esto como consejera de Hacienda y si cree que usted tuvo algún tipo
de responsabilidad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, presidenta. Buenos días a todos y le doy la bienvenida a la compareciente.


Después del profuso resumen de lo acaecido en la Caja Castilla-La Mancha hecho por el portavoz del Partido Popular y por la portavoz del PNV, la verdad es que voy a ir directamente a las preguntas, que yo creo que es lo más interesante.
Empezando por el principio, por el boom de esos años, las cajas de ahorros, como bien sabemos todos, mostraron una mayor expansión del crédito especialmente a familias para comprar la vivienda y empresas no financieras del sector de la construcción
y actividades inmobiliarias. Además el peso de la construcción y de la promoción en la inversión crediticia y en el activo total fue mucho mayor en el caso de las cajas de ahorros que en los bancos. Le quería hacer la siente pregunta: ¿por qué
cree usted que ocurrió esto y qué llevó, en su opinión, a que las cajas se expusieran más al ladrillo, en cuanto que, en teoría, su modelo de negocio no estaba precisamente focalizado al sector inmobiliario?


Por otra parte, cuando estalló la crisis, el volumen de créditos dudosos y el ratio de morosidad experimentaron un fuerte crecimiento, que fue mucho mayor en el caso de las cajas de ahorros que en los bancos otra vez. La siguiente pregunta
es en qué medida piensa usted que esto tiene que ver con la presencia de políticos en los órganos de decisión de las cajas de ahorros. Sabemos que las decisiones tomadas en el marco político distan mucho de ser muchas veces eficientes o rentables,
afectando habitualmente a la capacidad de analizar el riesgo de ciertas operaciones y, como bien sabemos y lo hemos dicho alguna vez en esta Comisión, hay un paper del señor Garicano y del señor Cuñat que muestra claramente que el capital humano de
las cajas tiene mucho que ver con la calidad de los créditos concedidos, siendo peores cuando había políticos en sus órganos de dirección y estos no tenían formación superior o no tenían experiencia en banca. En ese sentido le quería preguntar cómo
piensa usted que influyó el gobierno corporativo y la composición de los órganos de dirección de las cajas en la mala calidad de los gestores y si piensa usted que se debería poner al frente de instituciones financieras a gestores sin formación
económica o financiera y sin experiencia previa en el sector; es decir, si realmente debemos tener gestores profesionales o políticos que están puestos por designación de sus partidos. Está claro que las cajas mostraron siempre una importante
cercanía a los órganos políticos en la decisión donde se enmarcaban territorialmente, lo que ha sido señalado muy a menudo como una de las razones que podía explicar su mal comportamiento en los periodos de crisis. ¿Estaba Caja Castilla-La Mancha
politizada? Si es así, ¿hasta qué punto? Y si le parece que esto era una buena idea. Por otro lado, le quería preguntar si no cree que el problema de la gestión es un problema de gestión o de modelo y si piensa que simplemente cambiando los
gestores y con unos nuevos políticos en sus órganos de administración se podía haber solucionado el problema. También quería preguntarle si no cree usted que se volvería adolecer de los mismos problemas si volviésemos a esta situación y si cree que
debería haber cambiado la Lorca, una ley que llenaba los órganos de dirección de la mitad del sistema financiero español de políticos, como le decía, muchas veces sin formación superior ni experiencia en el sector bancario ni en el financiero.


En cuanto a las fusiones, le quería preguntar directamente si se tomaron decisiones deliberadamente políticas en la integración de Caja Castilla-La Mancha; si hubo intentos de fusionar Caja Castilla-La Mancha con otras cajas; si conoce de
alguna caja que estuviera interesada en fusionarse con Caja Castilla-La Mancha y, si fue así, por qué no fructificaron los intentos.


También quería preguntarle sobre las financiaciones de los elefantes blancos: los aeropuertos sin aviones, autopistas de peajes sin coches. Si le consta que Caja Castilla-La Mancha financiase, además

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de proyectos del Gobierno de Castilla-La Mancha o de ayuntamientos, algún proyecto de este tipo en concreto. Y si piensa que las cajas han sido el vértice financiero del triángulo del capitalismo clientelar local-regional. Sabemos todos
que hay incentivos perversos en proyectos que nada tienen que ver con la necesidad, con la eficiencia y con la eficacia de los mismos. ¿De qué otro modo los políticos en la Administración local, provincial y autonómica podían haber financiado sus
aeropuertos sin aviones, sus obras faraónicas, en definitiva, su megalomanía, si no tuviesen la connivencia de la Caja de Castilla-La Mancha, en este caso?


Por último, en cuanto a los reguladores, ¿cómo valora usted el papel que tuvieron, especialmente el Banco de España, en los procesos de integración de las cajas de ahorro? ¿Le consta que el Banco de España detectara alguna irregularidad en
el proceso de alguna fusión? ¿Hubo comunicaciones del Banco de España alertando del problema?


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, bienvenida, doña María Luisa Araújo.


Vamos a hacer algunas preguntas, dando por hecho que algunas de las anteriores también las podríamos haber formulado nosotros pero tampoco queremos repetirnos. En cualquier caso, todos conocemos cuál ha sido la evolución de Caja Castilla-La
Mancha y cuál ha sido también el coste para el conjunto de las arcas públicas y, por lo tanto, para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. La primera pregunta pertinente es saber cuándo ustedes, desde la junta, se enteraron de que existían
problemas serios en Caja Castilla-La Mancha y cómo reaccionaron ante esa noticia, en qué momento se dieron cuenta o les avisaron de que existían una serie de problemas y, consecuentemente, a quiénes atribuye usted, por su trayectoria profesional -ya
que desde 1999 a 2011 estuvo en el máximo cargo de la gestión económica de la junta-, la responsabilidad de ese agujero. En un determinado momento ustedes se enteran de que hay un problema serio y supongo que hacen una interpretación y una
valoración y piensan que esto requiere algún tipo de solución -me gustaría saber en qué tipo de soluciones pensaron- y un diagnóstico sobre quiénes son los responsables.


Voy más allá del ciclo. Todos somos conscientes de que estamos hablando de un ciclo en el que había una burbuja inmobiliaria y que existía un porcentaje de la responsabilidad derivada del ciclo macroeconómico, pero no se le puede atribuir a
este ciclo la total responsabilidad porque, como bien decía la portavoz del PNV, había otras cajas -fueran las vascas, la Caixa o, por ejemplo, una más cercana como Unicaja- que también bajo el mismo ciclo no tuvieron que recibir ese tipo de ayudas
y tenían un estilo de gobernanza similar. Por tanto, hay que ir más allá de las cuestiones macroeconómicas para encontrar responsabilidades. ¿Usted cree que había alguna responsabilidad en esos gestores de las cajas, en este caso de la Caja
Castilla-La Mancha? ¿Por qué cree usted que, efectivamente, algunas sí quebraron y otras no? ¿Cuál es la diferencia de gestión real y práctica entre, por ejemplo, Unicaja y Caja Castilla-La Mancha? ¿Son diferentes las estrategias de inversión?
¿Son diferentes los modelos de desarrollo que se promovían desde las entidades públicas, como la Junta de Andalucía o la Junta de Castilla-La Mancha, con respecto a sus territorios y a sus instrumentos financieros? O, por el contrario, ¿cuáles son
los elementos o variables que considera usted que fueron determinantes para explicar esa diferencia entre la evolución de unas cajas y otras?


En cuanto a lo que se ha llamado gobernanza, ¿cree usted que existió un conflicto de interés en algún momento entre las grandes empresas, o pequeñas y medianas empresas, que estaban en el territorio de Caja Castilla-La Mancha y los partidos
políticos y su mediación a través de los instrumentos financieros? ¿Cree usted que en algún momento hubo algún tipo de conflicto de interés? ¿Percibió usted que tiene alguna relación el tipo de modelo de desarrollo que se promovía desde la junta
con las operaciones arriesgadas, y que finalmente fracasaron, de inversión en Caja Castilla-La Mancha? Esto está vinculado a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, a su juicio, las causas de los agujeros contables? Más allá del conocimiento de que
hay un agujero contable en Caja Castilla-La Mancha, lógicamente, ese agujero proviene de alguna operación, probablemente de muchas operaciones sumadas. Probablemente, tengan una importancia no menor agentes económicos menores, como familias, pero
probablemente lo más importante sean grandes operaciones, macroproyectos que se han llevado la gran parte de las pérdidas. ¿Cuáles son esos macroproyectos? ¿Cuáles son, a su juicio, los grandes agujeros que tenía Caja

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Castilla-La Mancha, esas grandes decisiones que fueron erróneas desde el punto de vista económico? ¿Cuál era el modelo de desarrollo que promovía la junta en ese momento? Nosotros somos un grupo que aquí ha defendido la necesidad de contar
con instrumentos públicos de financiación, independientemente de la cristalización que eso pudiera tener en cada país. Hay banca pública en países como Alemania, hay banca pública con muchos modelos distintos, y nosotros defendemos ese tipo de
instrumentos. Pero ese es un instrumento y, por lo tanto, lo que define cuál es su fin es el objetivo político y no es lo mismo un modelo de desarrollo basado en subirse al carro de la burbuja inmobiliaria que un modelo de desarrollo destinado a
promover a los pequeños y medianos empresarios. Probablemente, la promoción de pequeños y medianos empresarios y agricultores es menos arriesgada y menos problemática que invertir en aeropuertos, por ejemplo. Este tipo de cuestión y de pregunta
creo que es relevante: ¿Qué tipo de modelo de desarrollo macroeconómico tenía pensado, a medio plazo, la Junta de Castilla-La Mancha y cómo eso tenía vinculación con las operaciones de Caja Castilla-La Mancha? Porque la pregunta que muchos se
hacen -quizá de una forma muy vulgar, pero desde el punto de vista macroeconómico creo que tiene mucho sentido- es qué sentido social y de desarrollo tiene la planificación de un aeropuerto, por ejemplo, en Ciudad Real. ¿Qué sentido político? No
hablo ni siquiera del sentido económico, no hablo de rentabilidad; hablo de cómo encaja un aeropuerto en Ciudad Real dentro de un modelo de desarrollo, de qué modelo de desarrollo estamos hablando, qué características tiene.


Para terminar, ¿ustedes en algún momento tuvieron alguna relación con los reguladores que permitiera vislumbrar o arrojar luz sobre el estado real de Caja Castilla-La Mancha, en particular con el Banco de España? Nosotros hemos tenido aquí
a inspectores del Banco de España, a mucha gente del Banco de España y es obvio que quien conoce verdaderamente bien la realidad de una entidad financiera son los inspectores que ven, préstamo a préstamo, cuáles son razonables y cuáles no. Eso en
virtud de un conocimiento no solo sustantivo sino entendiendo el contexto, entendiendo el ciclo, etcétera. Es evidente que había gente que estaba mirando los préstamos, y es evidente que cuando tienes una operación que con el tiempo se demuestra
que tiene miles de millones de euros de pérdidas, evidentemente, alguien que ha revisado ese préstamo tiene que haberse dado cuenta de que, por lo menos, era arriesgado. ¿Ustedes recibieron algún tipo de input en este sentido? ¿Ustedes tuvieron
algún tipo de comunicación con el Banco de España, con sus inspectores, con alguien que, incluso de forma informal, les dijera: esta es una operación que tiene riesgos y que puede acabar mal? ¿Ese tipo de contactos se produjo?


Finalmente, una pregunta -la última ya-: ¿quiénes tomaban la decisión final en la Caja Castilla-La Mancha? En lo que usted pueda conocer, por supuesto. ¿La tomaba el presidente o la tomaban determinados directivos? Y, sobre todo, cuando
estos directivos y presidentes validaban una operación financiera porque encajaba con un modelo de desarrollo, por ejemplo, y con una visión holística de la política territorial y regional, ¿había siempre alguien -técnicos y profesionales- que
terminaba de validar esa operación, o simplemente era una decisión que tenía más una naturaleza política? Creo que esta es una pregunta relevante en el ámbito de la discusión sobre la gobernanza porque, como hemos defendido muchas veces, el modelo
es similar al que existía no solo en Unicaja sino en las cajas vascas, es decir, personas provenientes de la política pero que siempre tenían a su lado a gestores profesionales que eran los que en última instancia decían si esa idea política que
tenían ustedes estaba bien o estaba mal. Evidentemente, creo que es relevante saber si esto era una simple cuestión de gente que provenía de la política o si, por el contrario, tenía cierta racionalización a través de sus profesionales adscritos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Garzón.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Herráiz.


La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, presidenta.


Gracias, señora Araujo. Únicamente le haré una serie de preguntas, pero permítame una brevísima introducción, un comentario para mi querido compañero Paniagua. La diferencia entre los datos de 2000 y 2009 respecto a empleo, deuda y todo lo
demás fue considerable en todas las administraciones y en todos los territorios. Podremos tener diferencias sobre cuál fue el origen de la crisis, pero en lo que no hay diferencias y sí acuerdo es en que hubo una crisis que modificó sustancialmente
esos datos, como he dicho, en todas las administraciones y territorios.


Señora Araujo, ¿considera usted que la situación financiera de Caja Castilla-La Mancha era diferente y peor que la situación de las otras cajas en el momento en que fue intervenida? ¿Por qué cree que se actuó antes sobre Caja Castilla-La
Mancha que sobre otras cajas. ¿Cree que se pudo haber evitado la

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fuerte expansión que tuvieron las cajas y quién tenía que haberlo hecho? ¿Los controles para la concesión de créditos en Caja Castilla-La Mancha eran similares a los del resto de cajas? Visto desde el momento actual, ¿considera que el
Gobierno regional, al que usted pertenecía, cumplió adecuadamente con su obligación de garantizar el buen funcionamiento de los órganos de gobierno de la caja? ¿Conoce si en algún momento algún representante en el consejo de administración de la
caja votó de forma diferente al voto mayoritario? ¿Recibió el Gobierno al que usted pertenecía algún aviso por parte del Banco de España respecto a la situación de la caja con anterioridad a su intervención?


Informaciones de principios de marzo de 2009 decían que Caja Castilla-La Mancha y Unicaja habían comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que habían alcanzado unas bases de acuerdo para la fusión de ambas entidades. ¿Por qué
cree que no se llegó a concretar esa fusión? ¿Qué influencia considera que tuvieron en la retirada de depósitos las declaraciones públicas de representantes del Partido Popular sobre la supuesta situación de la caja? Esta retirada de depósitos,
¿qué influencia cree que tuvo en el desenlace final y en la intervención? ¿Cómo valora que el Partido Popular obligara a sus representantes a dimitir de los órganos de la caja en los que estaban y que a los que no lo hicieron los hayan expulsado?
Decían que el problema de la caja era de liquidez, no de solvencia, en ese caso, ¿se podría haber resuelto el problema con otro tipo de medidas? Se otorgó a Caja Castilla-La Mancha un aval de 9000 millones, de los que solo utilizó 1500 que, según
hemos escuchado aquí, devolvió. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Qué opina de las circunstancias y valoración con la que se hizo la venta a Cajastur? ¿Qué opinión tiene del funcionamiento de la Fundación Caja Castilla-La Mancha, que se había quedado
con el 25 %, y de su posterior absorción por el grupo Liberbank? ¿Qué opina de la incorporación a la corporación de la Caja de Ahorros Castilla-La Mancha del señor López del Hierro? La auditora Price, a pesar de que no era auditora de Caja
Castilla-La Mancha, dijo antes de la intervención que la caja tenía un agujero de 3000 millones de euros, cifra que no coincidía con la utilizada por el Bando de España. En aquel momento, el señor De Guindos era responsable de los servicios
financieros de Price, ¿qué opina de esta digamos coincidencia de la presencia del señor De Guindos con esas declaraciones? ¿Considera que en Castilla-La Mancha están cubiertas las necesidades de banca de proximidad?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pérez Herráiz.


Vamos a hacer un receso de quince minutos para que la compareciente pueda organizar las respuestas a todos los portavoces. (Pausa).


Reiniciamos la sesión dando la palabra a la señora Araújo Chamorro para contestar a los portavoces.


La señora ARAÚJO CHAMORRO (Exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha): Buenos días.


Quiero comenzar agradeciendo a esta Comisión que haya decidido escuchar la voz de las comunidades autónomas al abordar un tema como este. Me parece que es muy relevante. También quiero señalar que la mayoría de las cuestiones de las que
estamos hablando sucedieron hace ya mucho tiempo, nueve años, y yo desde hace siete años he dejado la actividad política, con lo cual, el acceso a determinada información está, obviamente, muy limitado. Aun así, intentaré responder a las cuestiones
que han planteado en sus intervenciones. Como algunas de ellas se han reiterado, he preferido agruparlas por temas y luego, si ustedes ven que ha habido alguna cuestión que se ha dejado sin contestar, en un segundo turno tendremos ocasión de
abordarlo.


De manera muy breve, porque además creo que este no era el objetivo de esta comparecencia, o eso me había parecido entender, sin querer despertar ningún motivo para la polémica, quiero dejar una cosa clara acerca de lo que es el balance de
la gestión económica desarrollada por el Gobierno de Castilla-La Mancha -en realidad no por el Gobierno de Castilla-La Mancha, sino por la propia comunidad autónoma- a lo largo de los años en los que tuve el honor de ser la consejera de Economía y
Hacienda. En esos diez años la región avanzó más de veinticinco puntos en convergencia con la Unión Europea; no es un dato de esta compareciente hoy, consejera en su momento, sino que es un dato de Eurostat. En los últimos diez años en los que,
como decía, tuve el honor de ser consejera de Economía y Hacienda, crecimos en media anual por encima de la media española. Sin que eso nos haga estar satisfechos, porque es una región que efectivamente necesita y necesitaba avanzar mucho en
convergencia, sí que creo que conviene matizar algunas de las afirmaciones que se han hecho.


En cuanto a la gestión de las cuentas públicas, la última cuenta que se entregó o que se rindió cuando dejamos la comunidad autónoma fue la del ejercicio 2010. La deuda por habitante se situaba prácticamente

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en la media de deuda por habitante del resto de comunidades autónomas, 2700 euros frente a 2500; en el último año, la deuda en Castilla-La Mancha creció un poquito por encima de lo que había crecido en la media del conjunto de comunidades
autónomas, pero menos que en otras nueve comunidades como el País Vasco, Extremadura, Murcia, Navarra, Aragón, Asturias, La Rioja, Canarias, Cantabria y Cataluña; y lo que es más importante para medir la sostenibilidad es que la carga financiera,
lo que teníamos que pagar en concepto de intereses y amortización de operaciones que vencían, era solamente el 6 % de los ingresos corrientes, que verdaderamente es un ratio bastante cómodo. La crisis complicó la situación de todas las comunidades
autónomas y el último dato que he podido consultar del Banco de España del ejercicio 2015 es que Castilla-La Mancha había más que duplicado la deuda, cada día -incluyendo domingos y festivos- la deuda en Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015 creció
en 5 millones de euros. Si lo relacionamos con el PIB la situación es aún peor, porque mientras que la deuda del conjunto de comunidades autónomas se duplicó en relación con el PIB, creció un 106 %, en Castilla-La Mancha lo hizo en un 128 %. Eso
habla de que no solo creció la deuda sino que también la región se empobreció. En el año 2010 no cumplimos el objetivo de déficit pero tampoco se cumplió ni en 2012 ni en 2013 ni en 2014. Insisto, es solamente por no pasar por alto afirmaciones
que se han hecho que creo que no se corresponden con la realidad y porque el objetivo de esta comparecencia no es este.


Esto me permite enlazar con diferentes cuestiones que han planteado algunos de los señores diputados, que demandaban, en particular el señor Garzón, una aclaración acerca de qué modelo de desarrollo se perseguía desde el Gobierno de
Castilla-La Mancha. Nuestra comunidad autónoma era una de las más pobres en el conjunto de la Unión Europea en su momento pero sí teníamos una cualidad o un valor que entendíamos que debíamos explotar, que era nuestra situación en el centro de la
península. Por eso, sobre todo en los últimos años en los que estuve en el Gobierno de Castilla-La Mancha, se apostó mucho por el desarrollo de las infraestructuras porque creíamos que nuestra posición era un valor económico en sí mismo. En ese
sentido, invertimos en aquellas que eran competencia de la comunidad autónoma. Se hizo un gran esfuerzo en materia de carreteras y de autovías y en esa legislatura se duplicó el número de kilómetros de autovía. Conscientes de que nuestro tejido
productivo era el que era, apostamos por el pequeño tejido empresarial de Castilla-La Mancha, por las pequeñas y medianas empresas. En esta última legislatura concedimos subvenciones a más de 8100 empresas pequeñas y medianas y a casi 5000
autónomos.


El segundo eje de apuesta era intentar fortalecer el pequeño tejido empresarial de la región y apostar por nuevos sectores que entendíamos que podrían contribuir a cambiar lo que había sido la tradicional trayectoria económica de la región.
Hicimos una apuesta muy grande por el sector aeronáutico, no aeroportuario, aeronáutico. En Castilla-La Mancha había algunas empresas del sector de muchísima importancia, como Airbus, y en esos últimos años conseguimos que se instalaran otras
empresas que entendíamos que podían fortalecer este incipiente sector para la comunidad autónoma, como fueron Eurocopter y Aernnova, y apostamos por otras que estaban ya instaladas en la región y que entendíamos que podrían contribuir a fortalecer
el sector aeronáutico, como es Tecnove. Fue una apuesta muy clara. También apostamos por el desarrollo del sector turístico en la medida en que entendíamos que el desarrollo del turismo rural podía fortalecer a una comunidad autónoma que es una de
las más extensas de nuestro país. Esas eran nuestras prioridades y no otras. En ese sentido, entenderán que poco podíamos pretender influir en las decisiones de la entidad financiera, que tuvo su principal problema en la expansión fuera del
territorio de Castilla-La Mancha y en un sector que no era un sector estratégico para Castilla-La Mancha, como es el sector inmobiliario. Creo que el sentido común puede llevar a deducir que el Gobierno de Castilla-La Mancha no va a apostar por que
las principales inversiones de Caja Castilla-La Mancha se efectúen en territorios limítrofes, en Levante o en la Comunidad de Madrid.


En casi todas sus intervenciones se ha abordado el tema de cuáles eran las competencias que teníamos en Castilla-La Mancha, pero lo que les diga es absolutamente válido para el resto de comparecientes de otras comunidades autónomas porque el
marco jurídico es el mismo para todos, viene fundamentalmente dibujado por la Constitución Española. El artículo 149.1, en su apartado 11, dice que le corresponden al Estado como competencias exclusivas aquellas que tienen que ver con el sistema
monetario, divisas, cambio y convertibilidad, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros. Además, en el apartado 13, reserva como competencia exclusiva del Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica. Al amparo de esta competencia exclusiva que define la Constitución Española se desarrollan una serie de normativas, entre las que quiero destacar la Ley 13/1994, de 1 de junio, que regula la autonomía del Banco de España y que incorpora
explícitamente

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como competencia del Banco de España la de supervisar conforme a las disposiciones vigentes la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito. En desarrollo de esta competencia exclusiva del
Estado se dicta la Ley 26/1998, de 29 julio, de disciplina e intervención de entidades de crédito, que en su artículo 43 indica que corresponderá al Banco de España el control e inspección de las entidades de crédito, extendiéndose esta competencia
a cualquier oficina o centro dentro o fuera del territorio nacional, y también la Ley 13/1985, de 25 mayo, de inversiones obligatorias, recursos propios y obligaciones de información, que dice literalmente que corresponderá al Banco de España en su
condición de autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito, etcétera. En uso de las competencias que atribuye la Constitución en exclusiva al Estado se dicta una ley que es de aplicación para todas las comunidades autónomas,
la Ley 31/1985, de órganos rectores de cajas de ahorros, sobre la que volveré cuando intente responder a algunas de las siguientes cuestiones que ustedes han planteado.


En Castilla-La Mancha, igual que en el resto de comunidades autónomas, recogimos una competencia relacionada con la tutela de las cajas de ahorros en el estatuto de autonomía y la desarrollamos a través de la ley que se ha citado por algunos
de los señores diputados, la Ley 4/1997, de 10 julio, de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha. El artículo 2 de esta ley dice que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la consejería competente, ejercerá, en el marco de las
bases de ordenación de la actividad económica general y de la política monetaria del Estado y en el ámbito de las competencias recogidas en el estatuto de autonomía, el protectorado de las cajas de ahorros con domicilio social en Castilla-La Mancha
conforme a los siguientes principios. Es decir, como no puede ser de otra manera, en el caso de Castilla-La Mancha y en el caso del resto de comunidades autónomas el ejercicio de las competencias propias tiene que matizarse o limitarse por lo que
es el marco de las bases de ordenación de la actividad económica general, que obviamente corresponde y tiene que corresponder al Gobierno de la nación. En este sentido, dado que este no es un asunto que haya quedado meridianamente claro ni ahora ni
en el pasado, ha habido algunos recursos por parte de algunos gobiernos autonómicos ante el Tribunal Constitucional y también ha habido algún litigio planteado desde el Banco de España contra la actividad de alguna comunidad autónoma.


Me voy a permitir hacer alusión a dos sentencias del Tribunal Constitucional y a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para intentar aclarar lo que ha sido la interpretación de quien puede interpretar el marco
constitucional, como es el Tribunal Constitucional, y de cómo se ha interpretado también desde del Poder Judicial el ejercicio de las competencias en esta materia. La primera sentencia, la 96/1996, resuelve un recurso de inconstitucionalidad
interpuesto tanto por el Gobierno vasco como por la Generalitat de Catalunya contra determinados preceptos de la Ley de disciplina e intervención de entidades de crédito y en ella textualmente el tribunal, en su fundamento jurídico séptimo, recuerda
que es el Estado quien debe definir, con arreglo a criterios de política económica y monetaria, los medios más adecuados para ejercer su competencia sobre los aspectos básicos de la ordenación del crédito que, como reiteradamente ha declarado este
tribunal, puede abarcar incluso aspectos de mera ejecución. Es decir, el Estado no solo tiene competencias para legislar sino que también tiene competencias para ejecutar. En ese sentido, se reconoce el carácter instrumental que posee la potestad
sancionadora respecto del ejercicio de las competencias sustantivas.


El fundamento jurídico octavo señala además que la transparencia y la solvencia de las entidades de crédito, así como el cumplimiento de las normas de carácter monetario encuentran cobertura en el artículo 149.1.11ª de la Constitución que
antes les he mencionado. Junto a ello, la sentencia del Tribunal Constitucional 235/1999 examina la constitucionalidad de la disposición adicional primera de la Ley de Autonomía del Banco de España y concluye señalando que dicha disposición, en
cuanto atribuye al Banco de España el control y supervisión de todos los establecimientos financieros de crédito, no es contraria al orden constitucional de distribución de competencias en la materia.


Finalmente, quiero aludir a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que resuelve un recurso contencioso-administrativo que interpuso el Banco de España contra la Comunidad Autónoma del País Vasco a raíz de unos
requerimientos que efectuó el departamento de finanzas a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián y que da la razón al Banco de España. Me voy a permitir leérsela: Como hemos expuesto, el factor de conexión territorial, el
lugar donde radique la sede estatutaria de la entidad, no atribuye a la comunidad autónoma la potestad de inspección, que es lo que parece sustentarse en último término por la comunidad autónoma. Como reiteradamente viene estableciendo el Tribunal
Constitucional, las funciones de vigilancia, inspección y control no pueden

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separarse de las competencias sustantivas de ordenación del crédito a la que sirven. En el caso concreto, aunque se trata de una inspección de alcance limitado, las acciones inspectoras abarcaron aspectos sustantivos, cuya competencia
corresponde en exclusiva al Estado y por tanto al Banco de España la función inspectora. La atribución al Banco de España de la competencia para el ejercicio de estas funciones ejecutivas se justifica, como recuerda la sentencia del Tribunal
Constitucional 235/1999, de 16 de diciembre, por su especialización técnica, de manera que la ordenación básica del crédito corresponde no solo a los cuerpos colegisladores y al Gobierno, sino también a nivel operativo al Banco de España -sentencia
del Tribunal Constitucional 135/1992-, y por su consideración como garante del buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero, de la que deriva el carácter básico de las funciones que ejerce, que tienen por objeto la preservación de la
solvencia de las entidades de crédito que trasciende de los casos concretos y proteger un interés supraautonómico, cual es la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. No es posible la concurrencia de competencias supervisoras sobre el
mismo ámbito sustantivo. Se comparte la argumentación sostenida por la parte recurrente, esto es, el Banco de España, puesto que quien ostenta la competencia exclusiva sustantiva es quien ejerce la función inspectora. Y, como se indica en el
escrito de la demanda, el ejercicio de la función inspectora sobre ámbitos reservados en exclusiva al Estado supone una injerencia en el ámbito de esa competencia y perturba y mediatiza su ejercicio. En conclusión, parece claro que corresponde al
Banco de España supervisar la solvencia del conjunto del sistema financiero, el control y la inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora básica, si bien se reconoce un margen a las comunidades autónomas para ejercer una determinada
actividad sancionadora, y las comunidades autónomas ejercen sus competencias en el marco de las bases del Estado. ¿Eso quiere decir que en la comunidad autónoma no teníamos ningún tipo de competencia? No. Eso quiere decir que nuestras
competencias se limitaban a lo que detalla nuestra Ley 4/1997.


En concreto, la comunidad autónoma sí tiene competencias en materia de creación, fusión, disolución y liquidación de cajas de ahorros que tengan su sede en la comunidad autónoma. De hecho, estas operaciones requieren autorización del
Consejo de Gobierno. La aprobación de los acuerdos fundacionales, estatutos, modificaciones y control de los procesos de liquidación se efectuará por la consejería competente y en dicha consejería se llevará un registro de cajas de ahorros.
También tiene competencias en materia de seguimiento de los procesos electorales para garantizar que se aplican los principios de legalidad, transparencia y participación democrática. Aquí la consejería competente puede requerir a la Comisión
electoral, que es la comisión de control -una vez que se abre el proceso electoral se transforma en Comisión electoral-, o a cualquier otro órgano de la caja cuanta información estime pertinente para entender que quedan garantizados estos principios
que he señalado antes. Asimismo, la consejería puede ser consultada por la Comisión electoral en cualquier momento y puede advertir de las irregularidades que se detecten a lo largo del proceso electoral. También tiene competencias la comunidad
autónoma en materia de órganos de gobierno en un doble sentido. En un primer sentido, controlando su existencia y composición a través del registro de órganos de gobierno de cajas de ahorros. Es un registro que se mantiene permanentemente
actualizado, con las altas y bajas que se producen en la composición de estos órganos. Y en un segundo sentido, tiene competencias en cuestiones relacionadas con la transparencia. Permítanme que ponga esto en valor, pues en esta Comisión no se
está hablando de una cuestión que constituya un éxito como país, sino de un fracaso -de esto también me gustaría hablar al final de esta primera intervención-, que es la práctica desaparición del sector cajas de ahorros. Aquí no se puede ser
complaciente, obviamente, pero hay cosas que en el ámbito de las diferentes comunidades autónomas -estoy segura de que otros comparecientes también lo manifestarán así- se intentaron hacer bien.


Nosotros intentamos controlar en materia de órganos de gobierno la mayor de las transparencias en todo aquello que tuviera que ver con el régimen retributivo. Todos los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros de
Castilla-La Mancha ejercían su función gratuitamente, aunque el presidente del consejo de administración sí podía tener un salario. Es cierto que en los años anteriores al estallido de la crisis financiera este salario se incrementó, pero, si
conocen la cifra final, está muy, muy lejos de las que eran habituales en el sector y no me refiero a los directivos, que por supuesto, sino a los presidentes de otras entidades financieras. De hecho, cuando ya había estallado por completo la
crisis financiera y había una buena parte de entidades intervenidas, el Gobierno de España, justo en la anterior legislatura, tuvo que limitar las retribuciones que podían percibir los presidentes de este tipo de entidades y lo que ganaba el
presidente de Caja Castilla-La Mancha antes de que estallara la crisis financiera no era ni lo que ganaban en un cuatrimestre algunas de las personas que estaban al frente de entidades intervenidas una

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vez estallada la crisis. Con esto tampoco quiero justificar las retribuciones. Se aprobaron por el consejo, tomamos nota y ya está, pero es cierto que el resto de miembros del consejo de administración, comisión de control y resto de
comisiones ejercían su función gratuitamente y lo quiero poner en valor. Solo percibían una dieta que debía sujetarse a un límite máximo que autorizábamos también en la consejería. Esto también era competencia nuestra. El límite máximo de esta
dieta era de 450 euros para el consejo de administración, para la comisión de control y para la comisión ejecutiva y de 400 euros para el resto de comisiones. Y una última cosa, que no sé si podrán decir otras comunidades autónomas, es que todos
los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de Castilla-La Mancha estaban obligados a presentar su declaración de bienes, rentas y actividades, que se publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y que está disponible. Yo, por
curiosidad, estos días, desde que supe que tenía que comparecer, he consultado y he podido ver las declaraciones de bienes, rentas y actividades de algunos de los miembros del consejo de administración de CCM y de Caja de Guadalajara y siguen
estando disponibles para que cualquier ciudadano a través de Internet las pueda consultar. Esto se hacía cuando se tomaba posesión, cuando se cesaba y anualmente entre el 1 y el 30 julio. Esta era nuestra competencia: intentar garantizar la
transparencia dentro de lo que es el esquema de retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas.


También teníamos competencias en materia de obra social. Se aprobaba tanto la liquidación de los presupuestos de la obra social del ejercicio precedente como el presupuesto para el ejercicio posterior. Y teníamos competencias en materia de
publicidad. Todas las campañas publicitarias que demandasen ahorro a los ciudadanos se aprobaban previamente por la consejería y ahí controlábamos que la publicidad recogiera de manera clara y precisa, con información suficiente, el producto que se
ofertaba, que el tipo de interés que se ofertaba se hubiera calculado correctamente. En definitiva, que cualquier persona que no fuera particularmente experta en temas financieros fuera capaz de deducir qué era lo que se le publicitaba.


Recibíamos información. El cauce habitual de comunicación era la comisión de control, que enviaba información con carácter semestral. Informaba sobre el nombramiento y cese de presidente y director general, respondía a peticiones de
información de la consejería e informaba sobre presuntas irregularidades que detectasen a lo largo de su ejercicio. Era en esta comisión de control donde había un representante de la Consejería de Economía y Hacienda, un funcionario. En el caso de
Caja de Guadalajara, era el jefe del servicio jurídico de la consejería y, en el caso de Caja CastillaLa Mancha, el representante era un funcionario de la Intervención General de la Junta de Comunidades. Esta era nuestra participación en los
órganos de gobierno de las cajas: un representante de la consejería con voz y sin voto. Además de la información que recibíamos habitualmente a través de la comisión de control, se recibía información contable -la que determinaba el Banco de
España- una vez que se aprobaban las cuentas: balance, estado financiero y cuenta de resultados. Por tanto, estas eran las competencias que ejercíamos en la comunidad autónoma. ¿Dejación de funciones en el ejercicio de estas competencias? Tengo
que contestar que no se produjeron y me remito al hecho de que ni el Banco de España ni en ningún procedimiento posterior se nos imputó ningún tipo de dejación de funciones en el ejercicio de las competencias que ordinariamente nos correspondían.


Me referiré ahora a las decisiones que se adoptaron en CCM y qué circuito seguían, que es un asunto que ha planteado el señor Garzón, o la politización o no de los órganos de Gobierno, que es un asunto que ha planteado el señor Ramírez, y el
régimen de retribuciones de los órganos de gobierno, cuestión que ha planteado el señor Paniagua. La composición de los órganos de gobierno de las cajas en CastillaLa Mancha se tenía que ajustar obviamente a lo que con carácter básico establecía la
Ley sobre regulación de los órganos rectores de las cajas de ahorros en el ámbito estatal para el conjunto del Estado. En esta ley, Lorca, se definen cuáles son los órganos -asamblea, consejo de administración y comisión de control- y cuáles son
sus competencias y se señalan los grupos que necesariamente tienen que tener representación en estos órganos de gobierno. En el ejercicio de nuestras competencias a través de la Ley 4/1997 recogemos toda esta normativa básica y concretamos las
cuestiones dentro de nuestro margen de actuación. Los órganos de gobierno en las cajas de la región eran los que definía la Lorca: la asamblea, el consejo de administración y la comisión de control. Como les he señalado, básicamente con carácter
general todos estos puestos eran gratuitos, se cobraba solo la dieta y se estaba obligado a ser particularmente transparente con la publicación anual de los bienes, rentas y actividades de cada uno de los miembros. En nuestra Ley de cajas
establecimos tres horquillas de dimensión de la asamblea general, que iban en función de los recursos propios de la entidad. CCM estaba en el tramo alto con 150 miembros

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y la Caja de Guadalajara, la otra entidad financiera de la región, estaba en el tramo bajo con 60 miembros. En los dos casos la composición no pública de la asamblea era mayoritaria, acatando lo que decía en este sentido la Ley sobre
regulación de los órganos rectores de las cajas de ahorros. El 30 % de la composición de la asamblea eran impositores; el 9 %, empleados de la entidad; el 12 %, asociaciones, instituciones y organizaciones de carácter no público que designaban el
Consejo Económico y Social y el Parlamento regional. El Parlamento regional designaba a algunas asociaciones u ONG que entendía que era de interés que estuvieran representadas en la asamblea general de las cajas de CastillaLa Mancha. Además, el 8
% era representación de las entidades fundadoras -en los dos casos, CCM y Caja de Guadalajara, eran las diputaciones-; el 22 % era representación de las corporaciones locales en las que desarrollaban su actividad ambas entidades financieras; y el
19 % eran consejeros que se designaban a propuesta de las Cortes de CastillaLa Mancha. Estos mismos porcentajes se van reproduciendo en todos los órganos de gobierno de estas entidades financieras.


En el caso de CCM, el consejo de administración, que es el máximo órgano de gobierno de la entidad, está integrado por quince miembros: tres representan a las corporaciones municipales; cinco, a los impositores; tres, a las Cortes; un
vocal, a las entidades fundadoras; un vocal representa a los empleados según el resultado de las elecciones sindicales de la entidad; y dos vocales representan a organizaciones e instituciones no públicas. En el período que va desde 2004 hasta la
intervención esta representación la ostentó un representante del mundo empresarial y otro de las organizaciones agrarias, ya que en nuestra región este sector era y es muy importante. Por tanto, hay pluralidad y, al decir pluralidad, no solo me
refiero a que estaban representadas las dos principales fuerzas políticas de la región, ni muchísimo menos. Me refiero a que se pretendía que estuvieran representados todos los intereses que tenían algo que ver con la entidad financiera, desde los
propios empleados y los clientes de la institución a organizaciones que, como señalaba antes, tienen una importancia muy destacada si hablamos de la economía y el desarrollo social de CastillaLa Mancha. Por tanto, existía pluralidad y control en
estos órganos. En el ejercicio de las competencias que antes he señalado, señor Paniagua, las retribuciones eran las que le he comentado.


Destaco un factor del que no he hablado hasta ahora y que quiero poner en valor, aunque finalmente no sirviera para que las decisiones no fueran tan equivocadas como resultaron ser: todos los acuerdos del consejo de administración desde el
año 2004 hasta la intervención lo fueron por unanimidad, no por mayoría sino por unanimidad. Creo que es un valor para cualquier organización y, desde luego, para una entidad financiera ser capaz de concitar la unanimidad de todos los que tienen
capacidad de decisión. Por tanto, las decisiones en el ámbito de la entidad se adoptaban por los órganos de gobierno de la entidad. Esta es la realidad. Si hubiera sido de otra manera, probablemente el consejo de administración no hubiera
respaldado de manera unánime esas decisiones. Contaban con los informes del personal directivo y de los órganos de control de la propia entidad aunque, por lo que hemos sabido después, ni en esta ni en la inmensa mayoría de las otras entidades
financieras que se están analizando en el seno de esta Comisión estuvieron acertados. Tampoco como país lo estuvimos, puesto que sufrimos una crisis que fue más grave que la que sufrieron otros socios de nuestro entorno económico de la Unión
Europea. En cuanto a proceso de toma de decisiones y órganos de Gobierno, esto es todo.


Casi todos ustedes han hecho algunas preguntas acerca de cuándo nos enteramos y cuándo supo el Gobierno de CastillaLa Mancha la situación de la entidad. Como les decía, hasta principios de 2009 en realidad las decisiones de Caja CastillaLa
Mancha se venían adoptando por unanimidad de sus órganos de gobierno. Por tanto, la información de la que disponíamos o el mensaje que nos llegaba desde la entidad era de relativa tranquilidad.


Es cierto que en el año 2008 -pero eso lo conocimos cuando ya estábamos en 2009- todo el conjunto de cajas de ahorro comenzó a sufrir de manera muy seria el impacto de la crisis. El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro
de la época, Juan Ramón Quintás, en una rueda de prensa, señalaba que el conjunto de cajas de ahorros había visto reducidos sus resultados en ese año casi un 40 %, concretamente un 38,7 %. Eso lo supimos, como decía, a mediados del año 2009. Lo
que sí conocimos a principios del año 2008 fue la intención del Banco de España de iniciar una inspección. Se nos comunicó en febrero de ese ejercicio y no fue hasta octubre cuando se concluyó ese trabajo de inspección.


Entiendo que conocen ustedes el informe del Banco de España porque han hecho alusión a los dos principales problemas que nos trasladaron. Uno, el incremento de la actividad crediticia de la entidad en el periodo 2005-2007, que supera al del
resto de cajas. Este es uno de esos factores diferenciales que

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ustedes han demandado, me preguntaban qué es lo que sucedió a CCM respecto a otras entidades. Es cierto que en todo el sector se incrementó mucho el crédito y es cierto también -a tenor de lo que nos informó el Banco de España- que en el
caso de Castilla-La Mancha este crecimiento de la inversión crediticia fue aun mayor y además se concentró de manera muy singular en el sector inmobiliario y en esta expansión en el territorio, que no era propio de la entidad financiera. Junto a
ello, ya observaba una escasa dotación frente al riesgo de morosidad. Además de eso y para poder financiarse, la caja había acudido de manera notable a los mercados mayoristas para obtener financiación y, si bien reconoce que la gestión de la
cartera crediticia era bastante adecuada, también es cierto que, por su dimensión, hacía que la caja estuviera en una posición de fragilidad importante. Quizá este sea el segundo factor que diferencia a esta entidad financiera de lo que sucedió en
otras entidades.


En el momento en el que conocimos esto, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha nos pusimos, como no podía ser de otra manera, a disposición del Banco de España para intentar buscar una solución en la medida de nuestras competencias y
posibilidades. Tanto el Banco de España como el Gobierno de España estimaron que para todas las entidades que estaban atravesando una situación de dificultad, la mejor de las soluciones tenía que venir del ámbito privado. En ese sentido, lo que se
promovió en esa época -y es lo que luego fuimos viendo en los meses que siguieron- fue un proceso de integración en otras entidades que a priori no planteaban este tipo de debilidades, para intentar que el resultado fuera una entidad algo más fuerte
que continuara siendo competitiva en el mercado financiero.


Colaboramos, en la medida nuestras posibilidades, e intentamos algún proyecto de fusión anterior al de Unicaja, que no fue posible porque las entidades deciden libremente lo que quieren hacer y el margen de influencia de los Gobiernos
autonómicos en este sentido es muy escaso. Asimismo se demostró que el propio Banco de España tampoco era lo suficientemente fuerte como para empujar a una entidad financiera a hacer lo que no deseaba hacer. Finalmente la opción de Unicaja fue la
que pareció perfilarse como más viable. Tan es así que en los órganos de gobierno de ambas entidades financieras se adoptó la decisión de avanzar por este camino y, a principios de marzo, emitieron un comunicado conjunto -al que ustedes han
aludido- según el cual se había llegado a un principio de acuerdo, se habían establecido unas primeras bases y se iniciaba un trabajo de due diligence en el ámbito de ambas entidades. Cuando conocimos esto, el Gobierno de Castilla-La Mancha
compareció en el pleno del Parlamento regional para dar cumplida información. No obstante luego esto resultó que no era posible. En ese momento es cuando apareció la auditoría de Price, que evalúa un agujero de la caja, que luego no pareció
corresponderse con la realidad y sobre lo que yo no quiero opinar, porque además la entidad auditora de CCM no era Price, era Ernst & Young, con lo cual no tengo nada que decir respecto a este asunto.


Una vez que se vio que no era posible una solución en el ámbito privado, a finales de marzo, ante el grave problema de liquidez de la caja, se decidió la intervención. Y subrayo esto -aunque creo que es innecesario- porque en su momento el
gobernador del Banco de España, el ministro de Economía y Hacienda y con posterioridad -por lo que he podido seguir por la prensa-, en sede parlamentaria, dijeron que la intervención de la caja se decidió no porque la entidad no fuera solvente sino
porque presentaba un problema de liquidez, un grave problema de liquidez. En esa medida se ha planteado también qué incidencia pudieron tener determinadas actitudes de algunos representantes políticos en la región, que no ayudaron -yo me voy a
quedar aquí- a dar estabilidad a la caja en un momento en el que era particularmente vulnerable.


Se intervino la entidad y pasaron a componer el consejo de administración tres personas designadas por el Banco de España. Simultáneamente, en noviembre de 2008, se había iniciado una segunda inspección sobre CCM. Las cuentas que conocía
el Gobierno regional antes de la intervención, las últimas cuentas que conocíamos de Caja Castilla-La Mancha, eran las de 2007. De hecho, las cuentas de 2008 las rinden los administradores del Banco de España, que además no respetaron el plazo sino
que lo ampliaron para su presentación. También quiero destacar este hecho. Desconozco, porque en su momento no se nos rindieron, estas supuestas cuentas que se presentaron de manera anticipada al Banco de España. A nosotros las cuentas que nos
llegaban eran las que ya había aprobado el Banco de España y por tanto las últimas que conocíamos antes de la intervención fueron las correspondientes al ejercicio 2007. Como les digo, conocimos las cuentas de 2008 a través de quien era entonces el
órgano de gobierno de la entidad, el consejo de administración gobernado por estas tres personas designadas por el Banco de España, y conocimos también el resultado de la inspección que se hizo -y que parece ustedes también conocen a tenor de sus
intervenciones-, en el que básicamente se subrayaba el deterioro de las inversiones de CCM Corporación y de otras sociedades participadas, fundamentalmente por problemas

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de minusvalías en proyectos inmobiliarios. Hay problemas en la clasificación y un gran deterioro en la inversión crediticia dentro del sector promotor y constructor, igual que le estaba sucediendo al conjunto de este país. Efectivamente no
se habían atendido de manera suficiente los requerimientos que ya se habían puesto de manifiesto con ocasión de la anterior intervención y se señalaban deficiencias en la estructura organizativa de la entidad, falta de procedimientos y de criterios
escritos relativos al análisis de riesgo. Parecía que la estructura de la entidad no respondía a las demandas de la situación y por eso el Banco de España señaló que quizá la entidad sufría un impacto mayor y más rápido que otras entidades
financieras. La política de inversiones no había sido la más acertada, ni la de CCM ni la del conjunto la economía española.


Sobre si las cuentas que inicialmente se rindieron al Banco de España estuvieron manipuladas o no, ya les he dicho que en la consejería no las recibimos y además, como compareciente, no me quiero manifestar sobre un proceso que aún está
abierto judicialmente. Expreso así mi máximo respeto por el funcionamiento de los órganos judiciales, como no puede ser de otra manera. Conocido todo esto, estabilizada la entidad, se empezó a trabajar por parte del Banco de España en la búsqueda
de una solución para CCM y se estimó que la propuesta que planteaba el grupo Cajastur era una propuesta interesante. Consistía en que CCM dejaba de ser una entidad financiera, pasaba a ser una fundación, se cedían todos sus activos y pasivos a una
futura entidad financiera, Banco Castilla-La Mancha, a cambio del 25 % de las acciones de ese nuevo grupo financiero. Esta fue la alternativa y a día de hoy continúa funcionando. Esta solución fue aprobada por la comisión ejecutiva del Banco de
España y por la comisión gestora del Fondo de Garantía de Depósitos. La ayuda que recibe CCM procedía del Fondo de Garantía de Depósitos. También en estos días he querido consultar información a través de Internet porque, como les decía, hace
siete años no tengo responsabilidades y mi acceso es prácticamente el mismo que el de cualquier ciudadano, puedo abrir el ordenador y consultar. En este caso he consultado una información del Banco de España que habla de unas ayudas otorgadas desde
el Fondo de Garantía de Depósitos a CCM de algo más de 1700 millones de euros. Por tanto, el Fondo de Garantía de Depósitos tenía mucho que decir en la solución que se diera a CCM. Finalmente, fue aprobado por la asamblea. El día que se celebró
esta asamblea asistieron 140 consejeros y votaron a favor de esta solución 110. El resto se ausentó, se abstuvo o votó en contra. Votos en contra solo hubo tres. Los trabajadores no se manifestaron en contra de esta solución. No recuerdo
sinceramente que hicieran las manifestaciones que ha señalado el señor Paniagua. Aun así, el hecho es que el conjunto de los trabajadores en la asamblea apoyó la solución y el hecho es que no presentaron ningún recurso de inconstitucionalidad, con
lo cual yo creo que hay que remitirse a los hechos.


Esto fue lo que pasó con CCM desde nuestro conocimiento y esta fue la intervención que tuvimos, que fue, en el momento en el que desde el Banco de España a finales de 2008 se nos manifiesta la situación de fragilidad de la caja, contribuir
para intentar encontrar la solución que en ese momento al Banco de España le parecía que era la más adecuada -por tanto, a nosotros también, nada que objetar-, que era intentar una solución en el ámbito privado, que lamentablemente no fue posible.
A partir de ahí, seguimos cumpliendo con lo que fueron nuestras competencias, y en esa medida aprobamos en el consejo de gobierno la decisión de liquidación de la entidad, la constitución de la nueva fundación. En el ámbito de la consejería se
aprobaron los estatutos, aprobación que fue objeto de un recurso contencioso administrativo que fue inadmitido. Así que sobre cómo se arbitró la solución desde un punto de vista jurídico con posterioridad, absoluta tranquilidad.


En cuanto a la decisión de inversiones de la corporación de CCM, quiero hacer una primera matización, y es que la comunidad autónoma no tenía ningún tipo de competencia. Era un consejo bastante plural en el que se integraban
fundamentalmente consejeros que no procedían del ámbito público, consejeros independientes -pueden verlo si tienen acceso a la composición de ese consejo-, en muchos casos con un currículum brillante, gente muy profesional, muy cualificada, algún
consejero a propuesta directa de algún grupo político determinado. Yo creo que huelga cualquier comentario respecto a quién propuso al consejero que ha sido citado por la señora diputada. Nada que decir sobre esto porque en su momento no teníamos
ningún tipo de competencia. Fue la decisión de la entidad y se respeta. Es la corporación la que decide cómo se compone su máximo órgano de gobierno.


Entrando ya en la parte de inversiones de Caja Castilla-La Mancha, algunas relacionadas con la corporación y otras no, el aeropuerto de Ciudad Real nunca ha sido público. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido en el aeropuerto de
Ciudad Real cero euros, cero. Así que difícilmente en ninguna rueda de prensa o en ninguna manifestación informal hemos podido decir que el aeropuerto de Ciudad

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Real era público, porque no lo era. ¿Entiendo como ciudadana de Castilla-La Mancha que la caja estuviera en este proyecto? Yo creo que sí. Cualquier ciudadano puede entender que la principal entidad financiera de la región esté en un
proyecto que estimábamos como castellano-manchegos que podía contribuir al desarrollo del territorio, fundamentalmente de Ciudad Real. Yo no soy de Ciudad Real, pero entiendo que un proyecto de estas características puede contribuir a ello,
enlazándolo con eso que comentaba al comienzo de cuál era nuestro modelo de crecimiento económico para la región. El principal valor de Castilla-La Mancha es su localización geográfica. ¿Por qué no pensar que hay un grupo de empresarios privados
que pueden ver en el sector aeronáutico, muy vinculado a la logística, un factor de desarrollo? Y en esa medida, ¿por qué no entender que una entidad financiera muy arraigada en la región va a participar ahí? Pero esto no pasa de ser afirmaciones
como ciudadana de Castilla-La Mancha porque, insisto y lo quiero subrayar, el aeropuerto de Ciudad Real nunca ha sido público y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido cero euros en esta infraestructura y en alguna otra que se ha mencionado
también.


¿En la caja se cometieron errores en determinadas inversiones? Pues sí, pero a tenor de lo que hemos visto que ponen de manifiesto las inspecciones del Banco de España, que son los que conocen con carácter pormenorizado todas las
operaciones de crédito que aborda la entidad, los principales errores se concentran en el sector inmobiliario, en el sector promotor y constructor, que, si me permiten, poco tenía que ver con el tejido productivo de Castilla-La Mancha que les
describía antes. Aquí la caja pecó del mismo pecado que el conjunto del país. Por eso, todos sufrimos la crisis económica que hemos venido sufriendo a lo largo de estos años. Entenderán, como ya he señalado, que influencia desde el Gobierno de
Castilla-La Mancha para que la caja invirtiera, fundamentalmente fuera de la región, en un sector que tiene poco que ver con nuestro tejido productivo, ninguna; pero ni en esa ni en otras. El Gobierno de Castilla-La Mancha jamás sugirió que se
invirtiese en ninguna empresa ni en ningún sector. No conocíamos las inversiones de la entidad. Lo que sí sabíamos era que todas las decisiones de inversión se adoptaban siguiendo el circuito de aprobación de este tipo de operaciones que tenía
establecido la entidad y que todos los acuerdos se adoptaban por unanimidad. Eso era lo que conocía la Consejería de Economía y Hacienda.


Me van a permitir que subraye que además de estas inversiones, que fueron las que en definitiva colocaron a la caja en una situación de fragilidad, la caja también abordó inversiones muy importantes y muy interesantes para la región e hizo
el papel de banca de proximidad subvencionando la nave de la cooperativa en un municipio en el que difícilmente cualquier otra entidad financiera la habría financiado y ayudando al agricultor de un pequeño pueblo a comprarse el tractor, porque, si
no hubieran existido las cajas de ahorros, difícilmente habría llegado otra entidad a financiar esta adquisición. Esto también fue política de la caja y es una pena que en esta Comisión, en la que efectivamente se está abordando un fracaso, no se
pongan de manifiesto estas cuestiones. Las cajas de ahorros contribuyeron a hacer posible que ciudadanos, sobre todo en regiones como la mía que no tienen fácil acceder a servicios financieros de calidad, pudieran hacerlo. Coincido con la
intervención que ha hecho el señor Garzón en este sentido. Creo que como país vamos a lamentar mucho que esto sea así. En cuanto a las auditorías que conocíamos, nosotros solo conocíamos la auditoría del Banco de España, los informes de
intervención. Luego la entidad libremente decide quién es el auditor externo que la audita y, como les decía, no era Price, era Ernst & Young en el caso de CCM.


Yo creo que he contestado más o menos a las cuestiones que ustedes han planteado. Si hubiera cualquier otra cuestión sobre la que quisieran volver o que haya pasado por alto intentando agrupar las respuestas y dar un tono coherente a esta
intervención, con mucho gusto en el siguiente turno lo haré.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Araújo Chamorro.


Vamos a pasar al turno de réplica. Vamos hacer una cosa para simplificar: cuando lleguen a los tres minutos les aviso y, a partir de ese momento, se limitan a hacer preguntas o a terminar rápido, aunque si tienen muchas preguntas yo no les
voy a cortar.


Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.


Antes, en mi primera intervención, hablaba de la conjunción de todo, porque realmente Castilla-La Mancha ha sido una de las comunidades autónomas que más han sufrido las consecuencias de la crisis financiera, a nivel de comunidad, a nivel de
que no les queda ninguna entidad, ninguna caja de ahorros en su territorio y, además, la primera de las cajas en caer fue una caja de Castilla-La Mancha. En cuanto al caso del Banco Castilla-La Mancha que ha comentado, aunque todavía sigue con
domicilio en

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Castilla-La Mancha, ya se ha llegado a un acuerdo para la fusión por absorción y supongo que en breve desaparecerá el domicilio de la Comunidad de Castilla-La Mancha.


En relación con esa especie de conspiración que parece que había antes de la intervención de Caja Castilla-La Mancha de la que ha hablado la representante socialista -usted ha hablado poco sobre eso-, los datos que hay de la salida de
depósitos del Banco de España durante el mes de marzo, previo a la intervención de Caja Castilla-La Mancha, hablan de que el 50 % de la salida de depósitos provienen de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entonces parece raro que hubiera
una conspiración. En el caso del presidente de la Caja Castilla-La Mancha, el señor Hernández Moltó, en la fusión con Unicaja se habló bastante durante esa época de que al final Unicaja no había entrado en la fusión porque había información que no
se les había facilitado, que se les había ocultado información. Teniendo en cuenta, además, que ha sido, como les he leído antes, imputado y condenado tanto por el Ministerio de Economía como por la Audiencia Nacional, parece que era un
comportamiento habitual.


Usted nos ha dicho que la comunidad tenía como objetivo financiar las pymes, pero, al final, la Caja Castilla-La Mancha, dirigida por un socialista, se dedicaba a hacer grandes inversiones, fundamentalmente de ladrillo. Usted nos ha dicho
que poco podían hacer, pero yo creo que ustedes sí que podían haber hecho algo más desde la Junta de Comunidades.


Por otra parte, nos ha trasladado algo que nosotros ya sabemos en la Comisión, que la responsabilidad fundamental de la crisis era del Gobierno de la nación. Entre los años 2004 a 2008 que fue la formación de la burbuja crediticia, la
responsabilidad fundamental fue del Gobierno de la nación y de sus instrumentos -de entonces y de ahora-, como son el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También entre los años 2008 a 2011, en la primera época de la
resolución de la crisis financiera y la inacción y la inoperancia real, la falta de solución al problema del sistema financiero y, por otro lado, a partir del año 2012 en adelante con el proceso de reestructuración del sistema financiero, debería
ser -y es- responsabilidad del Gobierno de la nación acometer de una vez la resolución del sistema, resolverlo y ponerlo otra vez a trabajar para recuperar la economía.


Al inicio nos dice que agradece mucho la comparecencia de las comunidades autónomas, pero que no tenían ninguna responsabilidad en el fracaso de las cajas de su comunidad o de otras comunidades. No sé, nuestro grupo y yo personalmente
creemos que podrían haber hecho algo más.


Quiero acabar diciendo lo que usted nos ha trasladado. Nos ha explicado muy bien qué es lo que ha perdido Castilla-La Mancha y, sobre todo, sus zonas rurales con la desaparición de CCM y de Caja Guadalajara. Por eso, yo creo que era tan
importante haberlo hecho bien y que desde la Junta de Comunidades hubieran hecho algo más para salvar estas entidades y no dejar que llegaran a la situación a la que llegaron.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua.


Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señora presidenta.


Seré breve. Señora Araújo, la verdad es que las explicaciones que ha dado son bastante completas, pero, de fondo, lo que dejan entrever es que ustedes no tenían responsabilidades en nada. Yo creo que sí que ha dicho que la Ley 4/1997 deja
claro que tienen ciertas responsabilidades en lo que sucedió con la caja. De hecho, me ha parecido que ha dicho que tenían dentro de ese órgano de gobierno a un funcionario que tenía voz pero no voto. Entiendo que ese funcionario pasaría informes
pertinentes de lo que se estaba realizando en esos consejos, porque si no no sé para qué mandamos una persona allí, solo para que tuviese voz, que no la utilizara y si luego no iba a hacer un brief, un resumen, un informe de lo que estaba
sucediendo, la verdad es que cuanto menos sería bastante extraño.


Yo no voy a hablar de los salarios de los banqueros, bancarios y directores. Conozco perfectamente cuál era el salario del señor Hernández Moltó. Si lo comparamos con otros a lo mejor nos puede parecer que es más reducido, pero me parece
que es reducir el problema de fondo al mínimo, sobre todo porque si hablamos de cifras -y usted que es licenciada en Económicas sabe que las matemáticas lo soportan todo- en los últimos años, de 2004 a 2007, el salario subió un 22 % y las dietas
subieron un 43 %. De hecho, casualmente, cuando se duplicó el salario el presidente de la caja en aquel momento dejó de publicarlo, dejó de ser transparente; esa transparencia que seguramente desde el Gobierno de la junta sí se producía, pero
parece ser que el señor Hernández Moltó decidió que ya no era necesario ser tan transparente.

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Otra cosa que me preocupa es que usted califica a los miembros del consejo como personas brillantes, profesionales y altamente cualificadas. Déjeme que le diga que el resultado final fue que hubo un agujero de miles de millones de euros,
que la Caja de Castilla-La Mancha desapareció tal y como se concibió inicialmente y que, desde luego, el tejido social, empresarial y productivo de la comunidad castellano-manchega ha quedado tocado, porque, lógicamente, era una entidad que no pudo
sustentar el objetivo inicial que tenía, que era precisamente ayudar a esas pymes. Usted decía que una de sus líneas de actuaciones fundamentales dentro de la estructura económica era potenciar ayudas a las pymes y a los autónomos, pero,
lógicamente, con una caja de ahorros menos en ese ámbito territorial será mucho más complejo.


Supongo que conoce el término bancarrota y cuál es su origen. Claro que el problema fue un fallo de liquidez, de ahí viene precisamente el problema; el problema de la liquidez seguramente será la dimensión de la cartera crediticia que
tenía, la burbuja que se había producido. Además, son actividades que, como ha dicho también usted, no tienen nada que ver con el sector tradicional al que se suponía que se dedicaban las cajas de ahorros sino al sector inmobiliario y crediticio de
la construcción, y además fuera del entorno territorial natural de la Caja Castilla-La Mancha como eran, precisamente, la Comunidad de Madrid y el Levante. Desde luego, algo de falta de brillantez, falta de profesionalidad y falta de cualificación
tendría que haber en ese consejo porque, además, cuando usted pone en valor que en los últimos tres años todas las decisiones que se tomaban eran por unanimidad -literalmente-, a uno le hace pensar que o bien faltaba algo de rigor en la toma de
decisiones o bien -como sí que dice y usted ha vuelto a recordar- había una falta de procedimientos en el análisis sistemático de los riesgos que se estaban produciendo. Desde luego, esto no es de ser ni muy profesional ni muy cualificado ni muy
brillante.


La señora PRESIDENTA: Lleva tres minutos.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Solo era eso. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Discúlpeme.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, presidenta.


Aunque discrepamos en algunos elementos de la interpretación y del enfoque de la compareciente, damos por satisfechas las respuestas a las preguntas que hemos formulado y, por lo tanto, no tenemos nada más que decir.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Garzón.


Por el Grupo Socialista, la señora Pérez Herráiz.


La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, presidenta.


Yo tampoco haré más preguntas. Permítame, únicamente, que le comente a mi querido compañero Paniagua que yo no hablé de ninguna conspiración, solo de hechos objetivos y contrastados.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pérez.


Tiene la palabra para responder y cerrar la comparecencia, la señora Araújo Chamorro.


La señora ARAÚJO CHAMORRO (Exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha): De manera muy breve.


En su intervención, el señor Paniagua ha hablado de un posible futuro de Banco Castilla-La Mancha que yo, obviamente, desconozco, aunque reconozco ser cliente de Banco Castilla-La Mancha, así que como cliente espero que las decisiones que se
adopten sobre su futuro sean las mejores. Lo era antes de la crisis, durante la crisis y sigo siéndolo y también de lo que ha pasado a ser Caja de Guadalajara. Luego, personalmente, estoy interesada en que las cosas vayan lo mejor posible.


Quiero aclarar la cuestión de la salida de depósitos que se produce a lo largo del mes de marzo. Yo creo que es una cuestión que se puede entender con mucha facilidad. Acabo de decir que soy clienta de Banco Castilla-La Mancha y de Caja de
Guadalajara, ahora en CaixaBank. Tengo domiciliada mi nómina en una de estas dos entidades, en esa entidad se carga el recibo de la hipoteca de mi casa, se cargan los

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gastos de la escolarización de mi hija, el recibo de la comunidad de vecinos, los recibos de la luz, el agua, el gas, la alarma de mi casa. ¿Por qué? Porque una de estas entidades es mi entidad financiera de referencia, en la que recibo
mis ingresos y desde la que pago. CCM era la entidad financiera de referencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Que ese mes salieron depósitos -no recuerdo la cifra que ha dado, pero seguramente será cierta-? Sí, y llegaron, y llegó la
participación en los ingresos del Estado, y se ingresaron los tributos propios que recaudaba la comunidad autónoma y se ingresaron los fondos de la Unión Europea que periódicamente veníamos recibiendo. Era nuestra entidad financiera de referencia,
desde la que hacíamos todos los pagos porque era en la que recibíamos todos los ingresos. Mensaje más claro de apoyo a la principal entidad financiera regional desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no podíamos hacer. No sé si después ha seguido
sucediendo así. Durante todo el tiempo en el que fui consejera de Economía y Hacienda -con la caja intervenida, antes, durante y después- CCM fue la entidad financiera de referencia del Gobierno de Castilla-La Mancha.


También ha planteado el señor Paniagua algunas cuestiones sobre condenas por malas prácticas al presidente de Caja Castilla-La Mancha en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda. No, al presidente solo no, a todos los miembros del
consejo de administración, los que estaban en el momento de la intervención y los que estaban en el momento anterior. Una decisión del Ministerio de Economía, a propuesta del Banco de España, sobre la que tampoco quiero pronunciarme, pero por dejar
las cosas en su contexto, se condenó al presidente de la entidad y a todos los miembros del consejo de administración. Sobre la decisión judicial, creo que aún está en trámite de recurso por lo que tampoco quiero opinar nada al respecto. Sobre si
podríamos haber hecho más o cosas diferentes, me atrevería a decir -y con esto no solo quiero dar respuesta al señor Paniagua, también al señor Ramírez-, pues sí, probablemente podríamos haber hecho cosas diferentes, nosotros, el Gobierno de España,
el Banco de España, el Banco Central Europeo. Esta es la primera crisis del euro y, en ese contexto, nadie tenía previsto un plan de contingencia frente a la crisis. Empezando por el ámbito europeo, todo el mundo fue improvisando soluciones para
un problema para el que no estábamos preparados porque la vida del euro era breve y nadie había pensado que fuera a estallar una crisis a los pocos años de nacer la moneda común, con todo lo que esto conlleva. Si hoy tuviera que adoptar las
decisiones el Banco Central Europeo, estoy segura de que habrían sido otras; si hoy las tuviera que adoptar el Gobierno de España, estoy segura de que serían otras; si hoy las tuviera que adoptar el Banco de España, estoy segura de que serían
otras, y si hoy las comunidades autónomas tuvieran competencias en cajas de ahorros -que lamentablemente casi ninguna tiene porque no solo ha desaparecido CCM, sino que ha desaparecido el sector-, probablemente se plantearían otros mecanismos de
control. Pero no fue así, en ese momento se tenía la información que se tenían y se tenían los instrumentos que se tenían. El Gobierno regional cumplió con su marco competencial yo creo que bien y así lo entendió el Banco de España, ya que, a
pesar de que instruyó procedimientos -ya señalados- contra todos aquellos que habían adoptado decisiones en el ámbito de CCM, jamás comentó nada de dejación de funciones del Gobierno regional ni se planteó ninguna otra cuestión en otro ámbito. Es
cierto, lo ha dicho el señor Ramírez, que a la comisión de control asistía un representante, un funcionario, designado por la Consejería de Economía y Hacienda que tenía voz y no voto. La información que nos pasaba era que las decisiones se
adoptaban con los informes que requería la propia organización y que las decisiones se adoptaban por unanimidad. Hasta que no conocemos el resultado de la inspección del Banco de España a finales de 2008 no tenemos idea de por dónde van las
decisiones de inversión de la entidad.


En cuanto a los consejeros, me he manifestado respecto a los consejeros de la corporación de CCM. Creo que en su intervención, probablemente porque no me haya expresado bien, ha confundido mis observaciones respecto a los consejeros de la
corporación y el trabajo desarrollado por los consejeros del consejo de administración. En ambos casos, vuelvo a subrayar que adoptaban las decisiones por un amplísimo consenso y asistidos, asesorados por los informes que ellos estimaron oportunos.


Por último, quiero concluir que, efectivamente, estamos hablando de un fracaso. Como he señalado en mi primera intervención, comparto algunas de las reflexiones que han hecho el señor Garzón y el señor Ramírez sobre lo que perjudica al
conjunto de España no contar con entidades financieras que jueguen el papel que han jugado nuestras cajas de ahorros, y más en una región como la nuestra, muy extensa y con una densidad de población muy baja, es decir, población muy dispersa en
núcleos muy pequeños desde los que es muy difícil acceder a servicios financieros. Aun así, hay cuestiones de las que sí me siento razonablemente satisfecha y me refiero al trabajo de control que hicimos en determinadas cuestiones. Hoy aquí
ninguno de ustedes me ha preguntado por ninguna indemnización millonaria que cobrase ninguno de

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los que formaron parte de los órganos de gobierno de CCM o de Caja de Guadalajara, ni por ninguna pensión millonaria, ni por ninguna tarjeta o retribución diferente de las que les he comentado, que era el sueldo, poco o mucho, dietas,
elevadas o no elevadas pero controladas, y la verdad es que eso me hace estar satisfecha. Tampoco he tenido que dar ninguna explicación acerca de ninguna emisión de preferentes ni salidas a bolsa. ¿Es suficiente como para decir que nuestra gestión
fue un éxito? No, ni la que se realizó en Castilla-La Mancha ni la que se realizó en el conjunto del país, porque si hubiera sido solo un problema de Castilla-La Mancha hoy no estaría haciendo esta comparecencia en el Congreso de los Diputados,
estaría en el Parlamento regional. A pesar de que alguno de ustedes ha señalado que en mi intervención he querido delimitar la responsabilidad que teníamos -me parecía que era lo suyo y seguramente cualquiera de los consejeros que vengan a
continuación podrá suscribir esa parte de mi discurso al cien por cien, porque no he hecho nada más que leer las leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional y de un Tribunal Superior de Justicia- y a pesar de la limitada información que les
he podido trasladar, quiero acabar como empecé, dando las gracias a esta Comisión por el trabajo que desarrolla. También como ciudadana me siento satisfecha de que nuestro Parlamento esté intentando dar respuestas a los ciudadanos sobre lo que
pasó. Me gustaría, como ciudadana, que hiciesen propuestas para que en el futuro no vuelva a suceder.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a la señora Araújo Chamorro por sus explicaciones, su tono y también por su sobriedad.


La siguiente compareciente está aquí pero legalmente no podemos adelantarla, por lo que vamos a empezar a las doce en punto para acabar en tiempo. Reiniciaremos a las doce. (Pausa).


- DE LA SEÑORA FERNÁNDEZ CURRÁS (EXCONSEJERA DE HACIENDA DE LA XUNTA DE GALICIA), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/001112).


La señora PRESIDENTA: Reiniciamos la sesión de la Comisión.


De acuerdo con lo dispuesto por la propia Comisión en la sesión del día 28 de febrero de 2018, la comparecencia de la señora Fernández Currás seguirá el siguiente formato. Sin intervención inicial de la compareciente, se abre un turno de
los portavoces de los grupos parlamentarios por siete minutos, comenzando por el grupo solicitante, con respuesta del compareciente y un segundo turno de réplica de los portavoces de tres minutos y contestación del compareciente. Damos comienzo a
la comparecencia, agradeciendo a la compareciente su disponibilidad. Al tratarse de comparecencias sujetas a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado a la compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañada de la persona que
designe para asistir. Asimismo, esta Presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos de la compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Recuerdo, igualmente, la obligación contenida en el
artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Se concede el turno de palabra a los portavoces para que formulen sus preguntas a la señora Fernández Currás. Por el grupo solicitante, Grupo Socialista, tiene la palabra
la señora Pérez Herráiz.


La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, presidenta.


Gracias, señora Fernández Currás. Como prácticamente solo formularé preguntas, intentaré utilizar un ritmo más lento. Señora Fernández Currás, con la información que tuvo usted respecto de las dos cajas gallegas, ¿cuál cree que era el
grado de debilidad de cada una? Un compareciente previo dijo en algún momento que entre las dos había una diferencia de seis meses; yo le pregunté si me podría explicar eso mejor y no me respondió.


El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad, en noviembre de 2009, defender que los centros de decisión de las cajas de ahorros gallegas se mantuvieran en Galicia. Usted fue parte del Gobierno sustentado por aquel Parlamento. ¿Qué
ventajas consideraba el Gobierno que tenía para Galicia conservar los centros de decisión de las cajas? En 2009, PricewaterhouseCoopers elabora el informe denominado Albariño respecto de la viabilidad de la fusión de Caixa Galicia con otra entidad
y dijeron que, según la limitada información disponible, la operación parecía viable; dicen limitada porque no se contrastó con la otra entidad y con sus auditores. Discúlpeme, desconozco absolutamente el funcionamiento de las empresas consultoras
y de auditorías, pero resulta muy sorprendente informar sobre algo sin contrastar la información sobre la que se va a basar el informe. Teniendo en cuenta que el hasta hace muy poco

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ministro de Economía, señor De Guindos, trabajó en dicha auditora, ¿qué influencia cree que tuvo el señor De Guindos en el informe Albariño, que avalaba la solvencia de la fusión a pesar de no haber sido contrastada la información?


La Xunta de Galicia contrató un informe a KPMG por 1 millón de euros. La empresa fue seleccionada por acuerdo de las cajas y el método de contratación no está claro. ¿Cómo justifica haberse saltado los procedimientos propios de la
Administración para hacer una contratación pública? El resultado de ese informe lo presentó usted el 20 de enero de 2010 como una auditoría. ¿Por qué presentó como una auditoría lo que era solo un informe? Con los datos de las cajas y de sus
auditoras, hasta 2009 las cajas iban bien, tenían beneficios pero, después, el agujero fue de 9000 millones; evidentemente, algo estaba pasando que las auditoras no veían o no querían ver. A pesar de ello, el Gobierno de Galicia seguía confiando
en las empresas auditoras pero, ¿por qué confiar en ellas para hacer un informe que avalara la fusión? ¿No les importaba que, como de hecho pasó, no acertaran? ¿Buscaban solo una justificación a corto plazo para hacer lo que querían? Como he
dicho, no era una auditoría, era un informe encargado por la Xunta de Galicia, decían que muy serio y con todos los datos en la información, pero en el informe dicen que no realizaron contraste alguno sobre la información recibida de Caixa Galicia,
Caixanova, Xunta, etcétera, y que no verificaban la veracidad o exactitud de los datos. Como he dicho, muy sorprendente. El informe preveía para 2015, y después de la devolución de las ayudas del FROB, rentabilidad y eficiencia altas y un nivel de
solvencia muy adecuado. La realidad es que la nueva entidad necesitó 9000 millones. ¿A qué cree que se puede deber un fallo tan importante en las previsiones? Usted dijo que la auditoría externa encargada por la Xunta de Galicia a KPMG avala la
solvencia de la fusión de las cajas gallegas. Caixanova se resistía, pero le dijeron que las otras posibilidades no serían avaladas. A pesar de que los de Caixanova decían que serían necesarias más ayudas del FROB, ustedes insisten y le dicen que
tengan en cuenta en sus valoraciones la venta de oficinas. Finalmente, Caixanova aceptó, la venta de oficinas no resultó y la fusión tampoco tuvo el resultado previsto. Una vez transcurrido el tiempo, ¿cómo valora todo esto y cómo justifica que,
ante la posible aprobación de la fusión, se modificase la reciente Ley de Cajas de Galicia para saltar el límite de edad de setenta años, que era lo mismo que decir que tenía que continuar en la nueva institución el señor Gayoso? ¿Cree que esa
prórroga tuvo alguna relación con la modificación de los contratos para mejorar las posibles indemnizaciones de los directivos y que hoy los tiene encausados?


En julio de 2012, Novagalicia Banco vendió Geriatros por 45 millones. La entidad dijo que con esta operación obtenía las plusvalías previstas en su plan de recapitalización, pero Magnum Capital la vende de nuevo en julio de 2015 por 300
millones. ¿Se infravaloró en el momento de la primera venta? ¿Puede tener alguna relación con esa infravaloración el hecho de que uno de los directivos de la empresa compradora, Magnum Capital, era Ángel Corcóstegui, presidente de Roland Berger,
una de las consultoras a las que Economía contrató para valorar los activos de las entidades? A pesar de que había plazo para la venta de la entidad intervenida hasta 2017, se vendió en diciembre de 2013 por 1000 millones y Abanca, el año
siguiente, tuvo unos beneficios, incluyendo los extraordinarios, superiores a 1157 millones y continuó con beneficios los años siguientes: en 2015, 380; en 2016, 358 y en 2017, 367. ¿Cómo valora que la venta se hiciera en ese momento y por ese
precio con un resultado tan ventajoso para el adquiriente, especialmente teniendo en cuenta que la entidad se había saneado? ¿Qué puede justificar esa prisa en el caso de Galicia cuando no se tiene en otros casos?


Como veo que se me ha terminado el tiempo, en el segundo turno continuaré con las preguntas. Únicamente quiero decir que soy consciente de que usted ya no estaba en esas responsabilidades, pero sí en el Gobierno de España siendo parte del
mismo grupo que sí influía en estas decisiones. Por tanto, me gustaría conocer su opinión sobre estos temas.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Señora Herráiz, si tiene más preguntas, es preferible que las formule en este momento, que yo no le voy a cortar porque después hay que organizar las respuestas. No hay problema de tiempo. Por tanto, si tiene usted
preguntas pendientes, es preferible que las plantee en la primera intervención para que después la compareciente pueda preparar las respuestas de forma global. ¿De acuerdo?


La señora PÉREZ HERRÁIZ: De acuerdo.

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La señora PRESIDENTA: Ha concluido sus siete minutos, pero tiene usted el tiempo que necesite para las preguntas que quiera realizar.


La señora PÉREZ HERRÁIZ: Pues entonces hago alguna pregunta más.


¿Qué opina usted de cómo se valoró la colección de arte de las cajas y los inmuebles emblemáticos que tenían las dos entidades? ¿Conoce qué actitud tuvo ante esto, que tanto perjudicaba a Galicia, el Gobierno gallego al que usted había
pertenecido? ¿Cómo valora el impulso por parte del Gobierno gallego, con información que hoy consideran no veraz, para que empresas gallegas participaran en Novagalicia Banco, aportando 70 millones de euros el mismo año en que la entidad fue
vendida y, por tanto, perdieron totalmente su inversión?


Galicia estuvo especialmente afectada por esta crisis, pero sobre todo lo estuvo por una parte de esta crisis, que fue la emisión de preferentes. Se emitieron en España 9772 millones. De ellos, 1832 por las entidades gallegas; un 18,75 %,
un porcentaje muy superior al que nos correspondería por cualquier parámetro que utilizáramos. El presidente de Adicae dijo que aunque el arbitraje para las preferentes lo aprobó el Gobierno de España, lo diseñó el Gobierno de Galicia, al que usted
había pertenecido, por la proximidad de las elecciones autonómicas y que no era el más adecuado. ¿Qué nos puede decir de esto?


Por último, ¿cuál es su valoración sobre este sistema de arbitraje que promovió el Gobierno y cómo valora que el arbitraje fuera auditado por la misma empresa, Pricewaterhouse, que había auditado la emisión?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pérez Herráiz.


Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, presidenta.


Bienvenida, señora Fernández Currás, a la comparecencia de hoy. No voy a entrar en los mismos detalles en los que ha entrado la portavoz que me ha precedido. Me voy a situar básicamente en el tema de la politización de las cajas gallegas.


Las cajas siempre han mostrado una importante cercanía con los órganos políticos. Lo hemos visto no solo en Galicia, sino en otras comunidades autónomas. En ese sentido, le quería preguntar si Caixa Galicia y Caixanova estaban politizadas,
una pregunta clara y directa; y si lo estaban -cosa que nos consta-, ¿hasta qué punto? Querríamos saber si esto le parece que fue una buena idea, ya que creemos que, lógicamente, hay un problema en el modelo de gestión a la hora de coger personas
que no estaban cualificadas, que no provenían del sector financiero, y yo creo que ese es uno de los males endémicos que hemos tenido en el sector de cajas y por eso estamos viviendo la práctica desaparición de las mismas.


Hubo un proyecto de fusión de las cajas que se apadrinó por la Xunta y que puso en pie de guerra a toda Galicia; desde luego al Partido Popular contra el Partido Socialista; a Caixa Galicia, que quería la fusión para escapar de Cajamadrid,
contra Caixanova, que pretendía seguir sola o sumarse a un SIP; al alcalde de Vigo contra el de A Coruña; a La voz de Galicia contra El faro de Vigo. En este sentido, le quería preguntar si se tomaron decisiones deliberadamente políticas por
parte de la Xunta en la fusión de las cajas gallegas; si hubo un intento de fusionar las cajas gallegas con cajas de otras comunidades autónomas, que creemos que es así; si conoce otras cajas que estuvieran interesadas en fusionarse con Caixa
Galicia o con Caixanova; y si en esos intentos estuvo detrás algún miembro de la Xunta, no sé si el presidente Feijóo, particularmente interesado en que se fusionasen así las cajas gallegas.


En este sentido, queríamos hacer referencia a la Ley de Cajas de Feijóo, la Ley de Cajas de Galicia de 2009, que fue aprobada con los votos del Partido Popular y de los nacionalistas gallegos, y que estableció que el Parlamento de Galicia
fuera la Administración que autorizara las fusiones una vez que hubiera un informe de la Xunta; informe al que luego me referiré. Quería preguntarle si no piensa que eso daba plenos poderes, poderes absolutos al Gobierno gallego a la hora de
decidir con quién se fusionaban y cómo se fusionaban; si no piensa que esa ley era contraproducente o incluso que era una injerencia que ahondaba aún más en el caos político de las cajas; y si algún miembro del Gobierno de la Xunta, en este caso
el señor Feijóo, estaba especialmente interesado en promover esa ley y con qué intención, si era para mantener el control sobre las cajas, o para que hubiera una caja de ahorros gallega, en las prioridades por parte del Gobierno.


Usted presentó -y así lo ha dicho la portavoz del Partido Socialista que me ha precedido en el uso de la palabra- el informe que se denominó por parte de los medios 'del millón de euros', que fue utilizado

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para avalar esa fusión de las dos cajas de ahorros gallegas, que en un primer momento se dijo que contenía información confidencial que no debía conocer la otra. El punto que no se criticó fue la estimación de beneficios de la entidad
resultante de la fusión, que se establecía en unos 2671 millones de euros. Le quiero preguntar cómo valora usted el informe que avaló la fusión de las cajas gallegas; si estaban bien contabilizados los deterioros en las cuentas de las cajas
gallegas; si las provisiones estaban bien contabilizadas; si la morosidad estaba bien contabilizada; si conocía la Xunta la situación patrimonial de las cajas, que con este informe y con el coste del mismo entiendo que, desde luego, se había
hecho un profundo y riguroso análisis de cuál era realmente la situación patrimonial, que reflejaba un balance real y que, por lo tanto, la Xunta estaría en disposición de conocer cuál era la situación patrimonial; si estaban ambas cajas
correctamente informadas de la situación de la otra, algo fundamental cuando uno se va a fusionar, ya que desde luego se quiere saber quién va ser el compañero de viaje y cuál es la situación patrimonial de las mismas.


Y en el caso de los reguladores a nivel estatal, también le quería preguntar qué papel tuvieron, especialmente el Banco de España, que es el que tiene la máxima responsabilidad, en este caso, en el proceso de fusión; y si hubo algún tipo de
presión por parte de algún miembro de la Xunta, de algún miembro del Gobierno de la Xunta, para que el Banco de España respaldara la fusión de las cajas gallegas por un interés político que primase sobre un interés general que hubiese podido darse
en el caso de una fusión con alguna otra entidad, llámese Caixa o llámese cualquier otra.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz.


La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidenta.


(Comienza su intervención en gallego). Digo la primera vez y lo digo con tristeza porque las dos somos gallegas, y usted se ha revelado ante la Comisión de investigación de las cajas gallegas para dar explicaciones a las instituciones
gallegas a pesar de que su partido, el propio Partido Popular, le ha requerido en sucesivas ocasiones, institucionalmente representando al pueblo gallego y también como partido, para que usted compareciera y no lo quiso hacer. Desde luego, me da
mucha lástima porque creemos que los dirigentes y las dirigentes tienen que dar la cara y, sobre todo, respetar a las instituciones que las han nombrado, como fue su caso, que la nombró un Gobierno del Partido Popular, pero en una comunidad autónoma
que se llama Galicia. Lo siento profundamente. Por lo tanto, hoy es una oportunidad para que usted nos clarifique cuál ha sido su gestión y la del señor Feijóo, toda vez que esta Comisión ha impedido la comparecencia del señor Feijóo.


La primera pregunta que queríamos formularle desde En Marea, señora Fernández Currás, es que, como usted sabe, el Consello de la Xunta de Galicia, y aquí lo tenemos, (muestra un documento), el día 18 de noviembre de 2010 acordó la fusión de
las dos cajas. Este acuerdo, del que después vamos a hablar, dice, y leo literalmente 1: Galicia terá unha nova entidade financeira galega, con centros de decisión nesta comunidade; solvente, avalada tecnicamente polos estudos previos,
ratificados polo Banco de España, pola Comisión Xestora do FROB e polas probas de estrés realizadas ao proxecto; con futuro, cumprindo mesmo as futuras normas de Basilea III; e equilibrada -muy importante- e paritaria -decía este acuerdo- cunha
repartición dos órganos de goberno e do equipo directivo que aproveita as potencialidades de cada entidade precedente.


Señora Fernández Currás, usted es nombrada en el año 2009 conselleira, y desde que llegan tienen una misión -no sabemos cuál fue o cuál es la razón-, que era fusionar las cajas gallegas del norte y del sur. La primera pregunta que le
queremos hacer es: ¿Cuáles fueron las razones que le condujeron a usted, como máxima responsable de Hacienda de Galicia, a llevar esta propuesta técnica y política? Digo cuáles fueron las razones, porque las razones que a posteriori conocimos
parece que eran bastante inexistentes; y digo bastante inexistentes, porque esa pretensión no estaba avalada ni por las propias cajas -usted recordará manifestaciones en el sur de Galicia negándose a esa fusión-, ni por las fuerzas políticas
mayoritarias ni por las fuerzas sindicales, y tampoco estaba avalada por ningún informe técnico, y hablaremos de esto después. El Banco de España, en la declaración por escrito del señor Fernández


1 Texto facilitado por la señora Díaz Pérez al Diario de Sesiones.

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Ordóñez, discrepaba sobre esta cuestión y llega a decir que intentó, sin conseguirlo -digamos-, seducir al señor Feijóo. ¿Cuál es la razón que les llevó a ustedes a decantarse por la fusión de las cajas? Digo esto porque, a día de hoy,
Galicia no sabe qué ha pasado, sabe que han mentido -y lo digo rotundamente- pero no sabe qué ha pasado. El grupo al que represento aquí y en el Parlamento de Galicia viene pidiendo en reiteradas ocasiones el expediente administrativo que trae
causa de esto (muestra un documento), para conocer de una vez por todas -y ahora aprovechamos para preguntarle- quién ha firmado esa autorización, quién es el responsable político de esta operación. ¿Ha sido usted? ¿Ha sido el señor Feijóo? ¿Por
qué se nos niega ese expediente administrativo para conocer con luz y taquígrafos qué ha pasado de una vez por todas? ¿Por qué toman esta decisión? Señora Fernández Currás, usted que es economista, díganos cómo toman esta decisión cuando ya
conocían el estado patrimonial, financiero y el riesgo que latía en las cajas gallegas por una razón evidente, tenía la obligación de supervisar las cajas gallegas y entiendo que, más allá de que pudiera haber una dejación de funciones, conocía el
riesgo enorme que pesaba sobre una de las cajas gallegas. Como llega a decir el propio señor Fernández Ordóñez -y leo literalmente-, en el caso de Caixa Galicia, la necesidad ante la situación de riesgo en la que se encontraba por los delirios y la
gestión absolutamente obscena que se ha practicado con connivencia político-empresarial aquí era perentoria y dada su mayor debilidad, además, debería reaccionar con rapidez y buscar una operación potente.


La cuestión es saber quién es el responsable político de este fracaso enorme que fue la fusión de las cajas gallegas; díganos si fue usted particularmente. Digo fracaso porque, señora Fernández Currás, el Gobierno de la Xunta de Galicia
había declarado la presunta auditoría de KPMG secreta y, como sabe, yo misma, en comparecencia ante todos los medios de comunicación de Galicia, facilité ese informe que había sido ocultado a toda la sociedad galega porque nos parecía que, por
razones democráticas, la gente tenía que saber lo que había pasado. Ustedes el 18 de noviembre de 2010 acuerdan la fusión pero desde enero -y aquí tengo la información de la propia Xunta de Galicia en su página web- nos decían que esta operación
era solvente, garante a galeguidade y avalada técnicamente. Y el aval técnico era la presunta auditoría de KPMG, que una vez que nosotros la hicimos pública, supimos que no avalaba la fusión; y no solamente no la avalaba, señora Fernández Currás,
sino que decía que la propuesta que había que hacer era la absorción -atención- de Caixanova por Caixa Galicia ante el mal estado o casi quiebra de Caixa Galicia.


Las preguntas son las siguientes. Una, si ese informe -que ustedes dijeron que sustentaba la operación de la fusión- recomendaba otra medida que no tenía nada que ver con la fusión, ¿por qué usted hizo esto? Díganoslo, creo que tiene hoy
la oportunidad de explicarles a los gallegos y gallegas y al conjunto de los españoles que han puesto dinero para rescatar nuestras cajas cuál fue la razón que operaba. Dos, esta auditoría -y me sumo a lo que se ha dicho-, sobre la que usted no fue
capaz de contestar cuál fue su procedimiento de licitación, nos costó 1 millón de euros para que después nos digan que no era auditoría ni era nada. ¿Por qué razón hacen esto? Tres, esa auditoría de KPMG, que no resultó ser tal auditoría, decía
que esta operación iba a suponer el despido de 1286 personas, el cierre de 280 oficinas bancarias y la emisión -ante la incapacidad de ampliar capital de las cajas gallegas- de cientos de millones de euros en preferentes. Señora Fernández Currás,
usted conocía ese contenido y a pesar de eso, ¿por qué razón decidió estafar a los ahorradores y ahorradoras gallegas con la emisión de preferentes? Sabía perfectamente el contenido de ese informe, presumieron de él, era el informe que les avalaba.
Por ello, la pregunta es: ¿Va usted hoy a pedir perdón por lo que han hecho usted, como consellera de la Xunta de Galicia, y el señor Feijóo? ¿Va a aprovechar esta comparecencia para rectificar? ¿Nos va a decir, de una vez por todas, la verdad
sobre lo sucedido?


Señora Fernández Currás, como usted sabe, su gestión y la del señor Feijóo fue peor que un huracán o un tsunami. Nos hemos quedado...


La señora PRESIDENTA: Lleva nueve minutos.


La señora DÍAZ PÉREZ: Voy a terminar.


La señora PRESIDENTA: Puede seguir.


La señora DÍAZ PÉREZ: Nos hemos quedado en Galicia con la nada. Su operación, de la que hablaban en ese informe y de la que decían en los documentos de la Xunta de Galicia que era exitosa, que iba a dar beneficios desde el primer momento y
que en cinco años íbamos a recuperar rápidamente

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las aportaciones del FROB, nos costó lo siguiente: quedarnos sin cajas gallegas, quedarnos sin sistema financiero galego propio, quedarnos en la peor situación posible; peor gestión no pudo ser, señora Fernández Currás. Insisto, ¿por qué
lo hicieron si sabían perfectamente porque disponían de los datos reales de la situación de quiebra y los datos reales de la inoportunidad de esta operación? ¿Por qué lo han hecho? Digo esto porque -aunque no soy economista- aquí han comparecido
profesores y profesoras de economía bastante relevantes en nuestro país. Por ejemplo, el profesor Vilariño decía que era un disparate fusionar dos cajas que se encuentran en mal estado. Parece evidente, con todos los informes que usted tenía, que
una estaba casi quebradas y la otra en muy mal estado. ¿Por qué razón, conociendo esto, y más siendo economista de profesión, usted tomó esa decisión? Señora Fernández Currás, ustedes desde luego dilapidaron todo lo que era público en Galicia y
todo lo que era galego. Nos quedamos sin nada en Galicia. Hoy la entidad financiera que tenemos se llama Banco Santander, y usted conoce Galicia como la conocemos nosotros. Nos gustaría también que nos dijera, señora Fernández Currás, que esta
mala gestión -que usted prometió y vendió como tan existosa, engañando a la ciudadanía y después reconociendo públicamente que eran otros informes y no la presunta auditoría la que avalaba esta operación- nos costó 9000 millones de euros. Señora
Currás, sabe perfectamente, mejor que nosotras mismas, que ese es el presupuesto de la Xunta de Galicia, exactamente 9487 millones de euros. Ustedes con esa operación han laminado nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestros centros de mayores,
nuestra obra de arte -sí, el rescate, porque no hemos recuperado nada- y nos lo han vendido como una operación solvente y hoy lo que tenemos es un empresario privado venezolano que se llama Escotet. ¿Nos dice cuál es su opinión sobre esta gestión
que ha practicado y que ha conducido a esta realidad?


Termino. Señora Fernández Currás, tiene hoy la oportunidad de decir cuáles fueron las causas reales de la fusión que usted defendió a capa y espada -y puedo mostrarle todo tipo de medios españoles y galegos- cuando usted conocía que era
fallida y que iba a ser una catástrofe. Nosotros creemos que la razón real es que ustedes operaban para, y termino...


La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar.


La señora DÍAZ PÉREZ: Ustedes operaban para que no cayese la trama político-empresarial de un país que se llama Galicia, que no cayese la trama de sus amigos, que no cayese la camarilla de Gómez, de Gayoso y del señor Méndez. Todos ellos
-el señor Méndez imputado en enero de este año- fueron los primeros responsables financieros que entraron en prisión. Me gustaría saber qué opina usted sobre su gestión viendo entrar en las cárceles a sus presuntos amigos cuando -como ya se ha
dicho- incluso modificaron las normas para que permanecieran en la gestión de las cajas.


Termino. ¿Va usted a rectificar y contarle la verdad a esta Comisión y sobre todo a los gallegos y las gallegas que creo que merecen de una vez por todas saber cuáles fueron las razones ocultas de esa operación de la que hoy seguimos sin
tener ni siquiera el expediente administrativo?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.


Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Fernández Currás, a esta Comisión.


Cuando la portavoz de En Marea habla de fracaso, la verdad es que no lo entiendo muy bien. Parece que se olvida de quién gobernaba mientras las cajas gallegas generaban el problema que las llevó a su desaparición. ¿Quién gobernó en el
periodo 2004-2008, durante el cual se generó la burbuja crediticia y las entidades se endeudaron y generaron todo ese volumen de activos tóxicos que han aparecido durante la crisis? Pues el PSOE gobernaba en España y el PSOE, con el Bloque, en
Galicia. ¿Y quién gobernaba en España en la primera etapa de la resolución de la crisis financiera, en que la práctica totalidad de las decisiones -luego le preguntaré por alguna en concreto- se tomaban por el Gobierno de la nación y por el Banco
de España? Incluso ha mencionado a Miguel Ángel Fernández Ordóñez en su discurso después de todo lo que ha hecho durante estos años y tras su comparecencia en esta Comisión. Es tremendo.


En primer lugar, me gustaría saber -creo que ya se lo han preguntado- cuáles eran los objetivos en el momento de la fusión y quién tomó las decisiones. También quisiera saber si cuando llegaron al Gobierno gallego -me parece que fue en el
año 2009- analizaron lo que había pasado en las cajas gallegas durante los años anteriores. En cuanto a la politización de las cajas, ha estado aquí el secretario

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federal de Banca de la Confederación Intersindical Galega, el señor Montero Martínez, alguien de dentro de las cajas, y la mayoría de los datos que nos ha aportado han sido de mala gestión y siempre enfocaban al Partido Socialista. En el
caso de la politización, dijo concretamente que no tenía nada que ver con eso, sino que fueron los equipos de gestión, los directivos de las entidades gallegas, quienes habían sido responsables del resultado final de esas dos entidades. También nos
habló muy mal del Banco de España. Sus palabras fueron que su actuación fue especialmente dolosa, que cuando en plena crisis los inspectores alertaban de entidades en quiebra prefirió no intervenirlas, incluso en el caso de Caixa Galicia,
conociendo por informes internos que la entidad en el año 2009 era inviable y que entre 2010 y 2012 tenía pérdidas previstas. En el caso de la fusión, también nos trasladó que fue el Gobierno central el que obligó a las entidades a fusionarse para
poder recibir ayudas públicas. El Gobierno decía que se necesitaba un tamaño mínimo de 100 000 millones de euros de volumen de negocio para poder subsistir y se abrió ese proceso de fusión por toda España. Asimismo, nos trasladó que él apoyaba la
fusión de las cajas gallegas, que su sindicato estaba a favor y que mucha gente de la Comunidad Autónoma gallega también y decía que había habido muchos obstáculos por parte del Gobierno central y sobre todo por parte del Banco de España para
poderla llevar a cabo, incluso nos habló de una quinta columna que había en Galicia y que encabezaba el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Manifestó que la Xunta de Galicia no había tenido responsabilidad en las emisiones de preferentes, como por
otra parte ya había quedado demostrado en alguna sentencia judicial, y que los responsables fueron el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero que la Xunta tuvo responsabilidad sobre una posible emisión de cuotas
participativas que Caixa Galicia aprobó en el año 2008, aunque al final la echaron abajo y no se llegó a realizar. Me gustaría saber si la Xunta tenía responsabilidad sobre los representantes de la asamblea o sobre la alta dirección. ¿Sobre qué
tenían responsabilidad la Xunta y su conselleria?


En la documentación que nos han proporcionado hemos visto una carta enviada por el presidente de la Xunta al comisario europeo y al gobernador del Banco de España en la que está preocupado por el tema de las preferentes y por las condiciones
salariales de la alta dirección. Si conoce este tema, cuéntenos algo más. ¿Qué tipo de supervisión realizaba la comunidad autónoma en las cajas de ahorros gallegas? ¿Participaba la Xunta en el consejo de administración de las cajas gallegas? Y
me gustaría que nos hablase del recurso a la Ley gallega de cajas, cómo fue todo aquello, cómo actuó la Xunta a partir de la promulgación del Real Decreto-ley 2/2011, de febrero, porque a algunas entidades de otras comunidades autónomas se les dio
un plazo mayor para actuar mientras que en el caso de las cajas gallegas no fue así.


Creo que ya le he preguntado por los criterios que tenían a la hora de la fusión y quiero saber si la normativa autonómica autorizaba la posibilidad de realizar inspecciones en las entidades financieras gallegas.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua.


Vamos a hacer un receso. A la una en punto reanudaremos la Comisión. (Pausa).


Reanudamos la sesión. Para responder a los portavoces, tiene la palabra la señora Fernández Currás.


La señora FERNÁNDEZ CURRÁS (Exconsejera de Hacienda de la Xunta de Galicia): Gracias, presidenta. Señorías, muy buenos días a todos. Muchas gracias por sus intervenciones y por la oportunidad que me brindan de explicar hoy aquí todo el
proceso que acompañó a la fusión de las cajas gallegas.


He intentado agrupar las respuestas y ordenarlas un poco cronológicamente, entre otras cosas, porque fueron tantos los acuerdos, las leyes y las modificaciones de la Ley de cajas gallega -incluida una regulación por parte del Gobierno
central a través de la Ley sobre regulación de los órganos rectores de las cajas de ahorros- que yo misma en el relato a veces confundo los ejercicios, habida cuenta de la actuación constante y la vigilancia permanente que desde la Consellería de
Facenda ejercimos desde el momento en que yo me hice cargo de esa consellería.


Lo primero que quiero advertir, porque me parece que ha sido un lugar común en las intervenciones de los comparecientes, es que el trazo grueso en muchas ocasiones es un poco injusto. Cuando hablamos de las cajas en general y de la
politización de las cajas de ahorros como modelo de negocio, lo primero que tengo que aclarar es que este no era el caso de Galicia. Nunca hubo un representante designado por ningún Gobierno de la Xunta de Galicia en los órganos de representación
de las cajas, ni en el consejo de administración ni en la asamblea general. Con este punto de partida me parece que tenemos una situación distinta en Galicia de lo acontecido en otras comunidades autónomas. Únicamente en 2009, como

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consecuencia del devenir de los hechos que luego iré relatando, se nombró un representante en la comisión de control, pero era un representante que tenía voz pero no voto.


Voy a intentar contextualizar la secuencia de los hechos empezando por mi toma de posesión. Yo tomé posesión como consellera de Facenda de la Xunta de Galicia el 20 de abril de 2009. En aquel momento, como corresponde a un traspaso
ordenado de funciones y sobre la base del principio de lealtad institucional, hubo el lógico traspaso de la documentación, además de las reuniones con los altos cargos pertenecientes al Gobierno anterior. De ese análisis resultó que concretamente
en mi área había dos urgencias; la primera era la estabilidad presupuestaria. Para nosotros era una urgencia porque no nos creíamos las previsiones de crecimiento del Gobierno central ni nos creíamos las previsiones de crecimiento de la Xunta de
Galicia. Por lo tanto, no nos creíamos ni el presupuesto del Gobierno central ni el presupuesto de la Xunta de Galicia, como luego se comprobó con las tan famosas liquidaciones negativas derivadas del sistema de financiación. Fuimos la primera
comunidad autónoma en denunciarlo y fuimos también la primera comunidad autónoma que empezó con la reversión de la política económica que estaba siendo trazada desde el Gobierno central. Lo fuimos porque ya entonces éramos conscientes de que era
muy importante no solamente cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, sino cumplir con todas las reglas fiscales. Se trataba de revertir el incremento exponencial del gasto; por ejemplo, el gasto de personal, que en los años
precedentes había alcanzado casi un 10 % anual con el reconocimiento de carreras profesionales, además de la contratación tanto de funcionarios como de personal laboral. Posteriormente seguiríamos con esta anticipación, porque fuimos la primera
comunidad autónoma que aprobó una ley de techo de gasto, pero ya antes de que esa ley fuera aprobada nosotros mismos nos impusimos el cumplimiento de las reglas fiscales. Esa ha sido una constante del Gobierno gallego hasta hoy, que año tras año ha
cumplido con sus objetivos de estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, inmediatamente hicimos de urgencia un acuerdo de no disponibilidad con el objeto de garantizar que las reglas fiscales se cumpliesen al final del ejercicio.


La segunda urgencia era la negociación del nuevo sistema de financiación, algo en lo que Galicia se jugaba muchísimo porque necesitaba hacer respetar la promesa de statu quo en una comunidad autónoma caracterizada por tener un enorme
envejecimiento de su población y una enorme dispersión territorial. Creo recordar que casi inmediatamente, teniendo en cuenta la magnitud de los acuerdos de los que estamos hablando que serían aprobados por una ley orgánica, hubo en torno a julio
un consejo de política fiscal y financiera que fue definitorio en este aspecto. Pero tengo que decirles que no había ninguna advertencia ni ningún informe sobre cuál era la situación real de las cajas. No sé si fue a finales de mayo o principios
de junio cuando nos llamó el Banco de España. El gobernador del Banco de España llamó directamente al presidente Feijóo y le urgió a una reunión. A esa reunión acudí yo y, para mi sorpresa, el gobernador me advirtió de una situación crítica de la
que no existía ningún papel en los traspasos, como había transmitido a mi predecesor, dijo literalmente el gobernador. Dada la seriedad de la advertencia, inmediatamente nos pusimos a recopilar la información existente al respecto y constatamos que
la evolución entre 2005 y 2009 de las dos cajas gallegas había sido preocupante. Había habido una excesiva expansión fuera de su territorio con un incremento de un 27 % de las oficinas, cuando la media nacional era del 16 %; además, lo que era
peor, un 93 % de esas nuevas oficinas se habían abierto fuera de Galicia, cuando el terreno natural de las cajas de ahorros, el core de su negocio, era precisamente el territorio gallego, donde hasta 2005 les había ido muy bien. Encontramos una
elevada morosidad -más del triple fuera de Galicia que en Galicia- y un incremento desproporcionado del crédito inmobiliario. Cuando digo desproporcionado es porque pasamos en ese periodo de 3500 millones de crédito inmobiliario a nada más y nada
menos que 17 000, un incremento de 13 500 millones. La consecuencia inmediata fue una dependencia de los mercados mayoristas; es decir, pasamos de no depender de los mercados mayoristas a depender de los mercados mayoristas.


En junio se promulgó el decreto del FROB. Esto ya era sintomático de que nuestro sistema financiero estaba teniendo algún problema y, como digo, era prácticamente al mes de llegar nosotros al Gobierno. Ese decreto preveía dos sistemas de
reforzamiento: uno para las entidades con debilidades a través de los artículos -creo recordar- 6, 7 y 8 y un segundo sistema que hablaba del reforzamiento de las entidades viables que quisieran obtener ayudas públicas para recapitalizarse, es
decir, para reforzarse. La Xunta de Galicia recurrió este real decreto por una razón muy sencilla. En un momento tan importante para el sistema financiero gallego, el real decretoley estaba privando a la comunidad autónoma de todas las
competencias que estaban previstas en el estatuto de autonomía y en la propia Ley de cajas gallega. Sin embargo, en el reparto que quiso el legislador constitucional ya había un pronunciamiento expreso del

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Tribunal Constitucional estableciendo ese reparto de competencias. Evidentemente, como se trataba de averiguar lo que estaba pasando, enseguida empezamos a intercambiar la información con las cajas. Esa información nosotros no la teníamos
en la consellería, porque todos estos informes que luego se conocieron eran informes de parte y no había ninguna obligación de rendirlos a la Consellería de Facenda. Las dos cajas nos los hicieron llegar. Había un informe de Afi, dos de Deloitte y
otro de Boston Consulting y todos ellos analizaban la posibilidad de la fusión de las dos cajas gallegas, pero lo cierto es que eran informes incompletos, eran informes de parte. Esto es fácilmente comprensible si tenemos en cuenta que las dos
cajas gallegas eran competidores naturales. Ninguna de ellas tenía acceso a la información privilegiada y confidencial de la otra. En este sentido, los técnicos de la consellería, recabando toda la información que tenían, hicieron su propio
análisis con la sensatez de que ese análisis no se quedara ahí.


El 10 noviembre de 2009 vinimos al Banco de España a contrastar ese análisis. Era el principio de una secuencia en la que siempre fuimos de la mano del Banco de España. En esa reunión constatamos que los análisis que se hacen en cuanto a
evolución de los márgenes, las dotaciones necesarias y las ratios de solvencia, que estaban previendo la evolución de los años 2009 a 2011, eran sustancialmente coincidentes con los del Banco de España. Una vez hecha esta verificación, decidimos
intercambiarlas con las cajas. Mientras tanto, ese mismo día, el 10 de noviembre de 2009, el Parlamento de Galicia aprueba por unanimidad -o sea, todos los grupos políticos- instar a la Xunta de Galicia a defender que los centros de decisión de las
cajas se mantengan en Galicia y a elaborar y aprobar una ley de cajas de ahorros de Galicia. En vista de este mandato, el 24 de noviembre 2009 el presidente de la Xunta se reúne con los representantes de las dos cajas y acuerdan que la Xunta de
Galicia intermediara en las reuniones técnicas que tengan las cajas. Ese mismo día tiene lugar la primera reunión en la Consellería de Facenda con los dos representantes de la entidad, pero -y lo digo porque también se me pregunta sobre el consenso
social- al día siguiente, el 25 noviembre de 2009, el presidente de la Xunta se reúne con los representantes de los grupos políticos y acuerdan introducir aquí un nuevo concepto sobre el mandato del Parlamento, que es tener una entidad o respetar
los criterios de solvencia y galleguidad. No solamente se refiere a los centros de decisión de nuestra comunidad autónoma sino que se pretende que se respeten los criterios de solvencia y galleguidad. El 26 y el 27 de noviembre tienen sendas
reuniones con las confederaciones empresariales y con las tres centrales sindicales mayoritarias gallegas, que ratifican los criterios de solvencia y galleguidad. El 30 de noviembre vuelve a haber otra reunión con las cajas y en esta ocasión
efectivamente se discute la devolución -no la cuantía, creo recordar, pero sí la devolución- de las ayudas FROB. Una de las cajas estima que debería hacerse un plan de negocios en el que se devolvieran las ayudas a más largo plazo. En este
momento, por discrepancias de una de las entidades, se hace un informe crítico sobre el informe de los técnicos de la consellería y por eso el 4 diciembre de 2009, en una nueva reunión, se acuerda que un tercero independiente pudiera acceder a la
información de ambas y elaborar un informe técnico sobre la viabilidad de la operación. Se consideró entre todos que ese tercero independiente debería ser realmente independiente y. por lo tanto, había que excluir a todas aquellas entidades
-grandes auditoras y consultoras- que habían hecho un informe de parte. Solo quedaban dos que eran KPMG y Ernst & Young. Se eligió a KPMG porque básicamente nos lo recomendó el Banco de España. El Banco de España nos dijo que KPMG tenía un
expertise en este proceso porque había intervenido en otras operaciones de otras comunidades autónomas y además tenía una hipótesis predictiva muy solvente, un sistema predictivo que estaba validado por el propio Banco de España. KMPG concluye el
19 de enero 2010 -como bien citaban ustedes- y en ese informe se dice que las ratios claves de la entidad fusionada se corresponden con los de una entidad viable. Bien es cierto que el informe técnico estaba pensado para hacerse en dos fases: una
primera fase de análisis, o sea una auditoría de primer nivel para analizar la viabilidad de la operación, que iría seguido de una segunda parte del informe, el plan de integración. Una vez constatada la viabilidad, se haría el plan de integración.
Esta segunda parte no la hizo KPMG sino que las entidades decidieron que el plan de integración lo hicieran respectivamente Price y Deloitte.


Las conclusiones de este informe las conoció el Banco de España. El Banco de España conoció desde el primer momento lo que estábamos haciendo y, es más, validó esas tesis predictivas de las que partía KMPG. En las cajas no lo conocieron
porque, como digo, suponía el acceso a información confidencial de la contraparte. Pero había un hecho mucho más importante: hasta el momento era la voluntad de los representantes de las cajas, pero los órganos de gobierno de las cajas -la
asamblea y el consejo de administración- no se habían pronunciado al respecto. Por lo tanto, esa era una información que por su confidencialidad no se pudo compartir.

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Mientras tanto el Parlamento de Galicia sigue trabajando e intenta dar cumplimiento al mandato que, por unanimidad, los grupos parlamentarios habían acordado. El 30 de diciembre se aprueba la Ley 10/2009, que trataba de mejorar la
representación y el funcionamiento de las cajas, como había ocurrido en otras comunidades autónomas. Aprovecho el inciso para decir que la modificación de la edad de los setenta años era anterior, ya se había producido con anterioridad a nuestra
llegada al Gobierno gallego. Con esa ley se daba entrada a la representación del Parlamento en los órganos de Gobierno de las cajas, o sea eran los grupos parlamentarios quienes iban a proponer directamente la representación en los órganos de
gobierno, no el Gobierno de la Xunta. Pero además se modificaba el sistema de elección de las entidades representativas de los intereses sociales y, lo que es más importante, se anticipaba, a mi modo de ver, a lo que luego hizo la Lorca, porque
introduce conceptos y criterios de buen gobierno corporativo. En este sentido tengo que decir que con anterioridad se había producido durante el Gobierno bipartito una renovación parcial de los órganos de gobierno de las cajas, procediéndose a
inscribir cargos que, a nuestro modo de ver, no deberían haber sido inscritos nunca en el registro de altos cargos porque habían superado los doce años que cómo máximo podían permanecer en los órganos de gobierno y esto contravenía directamente la
Ley de cajas gallegas, como contravienen los principios de las buenas prácticas empresariales y concretamente del gobierno corporativo. A pesar de que la mayoría de las modificaciones, incluso bajo el tenor literal, estaban en otras leyes de
comunidades autónomas, el Gobierno de la nación impugnó nuestra ley de cajas. No tuvimos mayor explicación al respecto pero, como consecuencia de esa impugnación, once apartados fueron suspendidos porque el Tribunal Constitucional decidió su
suspensión. Bien es cierto que a partir de ahí empieza a un rosario de reuniones en el Paseo de la Castellana número 3, en una comisión bilateral, intentando mejorar la redacción e incluso proponiendo ese tenor literal de otras leyes de comunidades
autónomas, pero no fue aceptado. Pero continuaba la voluntad de seguir investigando las probabilidades de una fusión que, insisto, era avalada por toda la sociedad gallega y por todos los agentes sociales gallegos. Así, el 21 de marzo de 2010, se
firma un acuerdo para iniciar oficialmente los contactos para esa posible fusión. Estos contactos producen sus frutos y terminan con un plan de integración, plan de integración que se remite al Banco de España, que el 29 de junio de 2010 dice: A
juicio del Banco de España, este proyecto cumple con los criterios de solidez y racionalidad económica que se han de exigir a este tipo de operaciones. Y ese mismo día, por unanimidad, el FROB aprueba el mismo plan de integración, la Comisión
Europea se pronuncia al respecto -la DG Competencia- diciendo que no existen objeciones a que el FROB lo apoye teniendo en cuenta la opinión del Banco de España sobre viabilidad y solvencia. Es más, el Ministerio de Economía y Hacienda no ejercitó
su derecho de veto.


Un mes más tarde, en julio, se aprueba el Real Decreto-ley 11/2010, que modifica la Lorca, y se establece un plazo de seis meses para que las comunidades autónomas adapten su legislación al nuevo espíritu de la Lorca. Curiosamente, el
Tribunal Constitucional había ido evolucionando, había ido estudiando los once apartados suspendidos, y en ese momento ya se había pronunciado levantando ocho de los once apartados suspendidos. Entre esos ocho apartados estaba la disposición
transitoria primera de la ley gallega, la de 2009, que mandataba proceder a la renovación de los órganos de gobierno de las dos entidades en un plazo de dos meses. Pero la disposición transitoria quinta de la Lorca decía que, en tanto en cuanto se
producía esta adaptación de las leyes de las comunidades autónomas, los órganos de gobierno tenían que seguir siendo los mismos. Ahí teníamos una duda esencial e hicimos una consulta a la asesoría jurídica: ¿qué prevalecía, la disposición
transitoria primera de la Ley de Cajas gallega o la disposición transitoria quinta de la Lorca? La asesoría jurídica defendió que prevalecía la disposición transitoria quinta. Por tanto, no fue posible proceder a la renovación de los órganos de
gobierno, como era el deseo y la voluntad del Parlamento de Galicia por unanimidad.


En julio, diez días más tarde, se publican los primeros test de estrés. Nosotros los recibimos con alivio, porque decían que las necesidades de capital de la entidad fusionada eran 616 millones, cuando el plan de integración planteaba pedir
al FROB 1162 millones. Continuamos con los procesos de fusión. El 6 septiembre de 2010 los consejos de administración de ambas cajas aprueban por unanimidad el proyecto de fusión, lo ratifican las asambleas el 18 de octubre de 2010 y, mientras
tanto, con objeto de adaptar nuestra legislación gallega y cubrir el vacío normativo que existía respecto al funcionamiento de una entidad fusionada -era la primera vez que algo así se producía en nuestra comunidad y en la mayoría de las comunidades
autónomas-, el Parlamento de Galicia aprueba la Ley 6/2010, en la que se establece el régimen jurídico aplicable en los tres años siguientes. En ese régimen jurídico se preveía la continuación de los órganos de gobierno, como era el mandato de la
disposición transitoria quinta, y además una

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composición de órganos de gobierno que fuera paritaria. Las asambleas generales la aprueban y el 2 de noviembre de 2010 la Consellería de Facenda pide autorización al Banco de España, que se pronuncia un poco más tarde, el 8 de noviembre,
diciendo: el Banco de España ha acordado no formular objeciones al proyecto de fusión considerando la solvencia, rentabilidad y liquidez, los costes asociados al proyecto, que son asumibles, y que la operación generará sinergias, por lo que reduce
gasto y produce economías de escala, con el consiguiente incremento de eficiencia y rentabilidad.


A partir de ahí el Parlamento gallego se pronuncia. El Parlamento gallego tiene un trámite de audiencia, conformidad que, dicho sea de paso, se otorga con 61 votos favorables y 13 abstenciones; ni un solo voto en contra. Se pide
autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 15 de noviembre y el 18 de noviembre el Consello de la Xunta autoriza la fusión. La fusión no la acuerda el Consello de la Xunta, sino los órganos de gobierno de las cajas, que son los
consejos de administración y las asambleas generales, y lo hicieron por unanimidad. Lo traigo a colación porque que lo autorizara el Consello de la Xunta fue una modificación de la Ley 29, ya que con anterioridad la ley gallega preveía que quien
autorizara la fusión fuese la conselleira de Facenda o el conselleiro de Facenda, no solamente en Galicia, sino en la mayoría de las comunidades autónomas. Esto era bastante más razonable: que se pronunciara el Parlamento y que lo autorizara el
Consello de la Xunta. Y por fin, el 29 de noviembre de 2010, en un acto público, se hace la escritura de fusión.


Me parece que el relato sirve para demostrar que en todo momento se actuó con rigor, seriedad y diligencia exquisita, recurriendo todo aquello que vulneraba nuestras competencias. Hasta tres recursos en el Tribunal Constitucional llegamos a
tener. ¿Qué pasó a partir de ahí? Que aparece el decreto 2/2011 en febrero. Dos meses más tarde de autorizar la fusión, aparece un real decreto-ley sorprendente. He oído cómo el ministro De Guindos decía que, en su opinión particular, era la
viva muestra de que hasta el momento no se había resuelto el problema, no se había enfrentado el problema, procediendo a cuantificar las provisiones y a la valoración de activos que era necesaria, porque el hecho de que las entidades que tuvieron
necesidades de ayudas en 2010 volvieran a tener necesidades de capital solo dos meses más tarde es un poco sorprendente.


Para nosotros la sorpresa fue mayúscula porque la verdad es que habíamos seguido todos y cada uno de los pasos que nos había mandado el Banco de España. El real decreto establece una diferencia entre bancos y cajas de ahorros, establece un
nuevo concepto, una nueva definición de capital principal, y discrimina, sin mayor justificación en nuestra opinión, entre los bancos y las cajas de ahorros, pidiendo a los bancos un 8 % y a las cajas un 10 %. La consecuencia inmediata era que, si
no se llegaba a ese 10 %, había que traspasar inmediatamente el negocio financiero a un banco. Digo que para nosotros esto fue sorprendente porque la caja fusionada había hecho unas dotaciones de aproximadamente un 122 % de la pérdida esperada,
según las publicaciones de los test de estrés, y esas dotaciones las hizo con cargo a reservas, lo que hizo sacrificar su capital principal. Como mínimo, a mí me parece que ahí hubo una descoordinación, por no pensar en nada extraño, entre el Banco
de España y el legislador del decreto 2/2011 porque, si no, no tiene sentido que se haga perder a una entidad recientemente creada cuatro puntos de core para a continuación pedirle un salto al vacío hasta llegar al 10 %. Pero en julio se publican
los segundos test de estrés y entonces esas necesidades de capital eran de 1863 millones. El decreto 2/2011 las cuantificaba en 2465 millones. No se nos explicó esa diferencia ni tampoco se nos atendió cuando solicitamos del Gobierno central una
EPA, que además era bastante razonable porque, a diferencia de las que se había otorgado a otras entidades, que eran de primera pérdida, nosotros estábamos proponiendo un EPA de segunda pérdida, una medida que era consistente con todo lo que se
había hecho en Europa, y además la probabilidad de tener que responder el erario público en principio era incierta, toda vez que tenía ese exceso de provisiones al que me estoy refiriendo, 3000 millones de exceso sobre lo que le hubiera
correspondido en el porcentaje de pérdida esperada. Una vez que la caja no acredita tener el capital suficiente se hace una valoración del patrimonio neto de la entidad, que es de 1714 millones, pero hacen falta 2465 más, que podían ser capital
privado y capital público; lo que no se tuviera de capital privado tendría que entrar el FROB. Pero, una vez que entraba el FROB, el Decreto 2/2011 lo que hace es habilitar al propio FROB para valorar. Esa fue la razón por la que 1714 millones de
patrimonio neto, de repente, se convirtieron en 181 millones. El método de valoración lo decidía el FROB, y el método que eligieron fue hacer un descuento sobre la acción de Bankia del 88 %. Como luego se demostró, la situación de la otra entidad
no era mucho mejor, pero lo cierto es que el proceso termina con un 93,16 % del capital en manos del FROB y un 6,84 % en manos de Nova Caixa Galicia. La Xunta, por supuesto, recurrió una vez más esa valoración. A partir de 2012 yo conozco solo

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parcialmente los hechos -le agradezco, señora Herráiz, que lo haya dicho-, porque, como saben, el 2 de enero de 2011 tomé posesión como secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. Sí sé que hubo nuevas necesidades de capital, tres reales decretosleyes que, a mi modo de ver, tuvieron más que ver con la situación de colapso a la que se había llegado en nuestro país, al contagio del riesgo soberano y el riesgo
bancario que se había producido en nuestro país, que con una operación corporativa concreta.


Hecho este relato, intentaré -discúlpenme si me olvido de algo, pero en la segunda vuelta podré contestar- dar respuesta a cuestiones concretas. Se me pregunta sobre la influencia de De Guindos en el informe encargado por Caixa Galicia a
Price. El señor De Guindos no participó en ese informe. Se me pregunta por la operación de Geriatros. No puedo ayudarles porque no la conocí. Han citado 2012 y la venta posterior en 2015, pero no conozco los detalles. En cuanto a las obras de
arte, conozco, por la lectura de los hechos posteriores y porque voy a mi comunidad autónoma, que una parte sigue en la obra social y que la Xunta lo declaró bien de interés cultural.


En cuanto a las preferentes, sobre las que me han preguntado varios de ustedes, la comunidad autónoma no tenía ninguna competencia en la autorización de las mismas, ninguna. Correspondía al Banco de España y a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Me citan también las preferentes en relación con el informe de KPMG. Este informe hablaba de preferentes mayoristas, no preferentes minoristas, que son las preferentes malas. El problema de las preferentes, que eran una fuente
de financiación más, por lo que yo sé, fue un problema de comercialización indebida, pero en las preferentes mayoristas no hubo ningún problema. Dicho sea de paso, el informe KPMG no condicionaba la viabilidad de la operación a la emisión de las
preferentes, era una opción más. Consideraba, además, otras alternativas, como devolver las ayudas FROB en más tiempo, como variar el core, el capital principal. Por lo tanto, su opción nunca estuvo condicionada a que la entidad fuese viable -la
entidad fusionada se corresponde con los ratios de una entidad viable-, nunca condicionó a la emisión de esas preferentes. En cuanto a la operación posterior, la venta de la entidad, una vez más vuelvo a decirles que yo no tenía ninguna competencia
en el sistema financiero a partir del año 2011. Así como tenía muchas competencias concurrentes como conselleira de Facenda, como bien saben, en la anterior legislatura, los ministerios de Hacienda y Economía estaban separados, no era el Ministerio
de Economía y Hacienda del Gobierno del Partido Socialista. Por tanto, yo no tenía ninguna competencia en eso, pero sí conocí que había un plazo para efectuar la venta, era una imposición derivada del memorándum de entendimiento. Respecto al
momento no puedo decirles más que entiendo que, seguramente, se constató que era una venta de liquidez o era conveniente para nuestro país. Lo desconozco, porque yo no tenía ninguna competencia en esa gestión, pero también sé que el proceso fue una
subasta pública en concurrencia competitiva, es decir, ese precio lo puso el mercado, y no hay sistema más objetivo que una subasta pública. Por lo tanto, nada tengo que decir al respecto. En cuanto al arbitraje, entiendo que se dio una solución a
los preferentistas. Así se estimó por las personas que tenían competencia al respecto y fue una opción, una solución que empezó en nuestra comunidad autónoma y luego se extendió a otros casos.


En relación con la politización, creo que he respondido: ningún miembro, ningún interés, ningún acceso. Y respecto a la autorización, creo que también lo he hecho. En cuanto a que no comparecí en el Parlamento de Galicia, tengo que
rectificarlo, porque sí comparecí, por escrito, y contesté a todas las preguntas que quisieron hacer los grupos parlamentarios. Respecto al expediente administrativo que también se reclama, hasta donde yo sé, se remitieron 30 000 folios (la señora
Díaz Pérez: Pero el expediente no) al Parlamento de Galicia que entiendo están a disposición de esta Comisión y, además, está en el registro mercantil para quien lo quiera comprobar.


Se me pregunta también sobre la supervisión que ejercía la comunidad autónoma sobre las cajas de ahorros. La Consellería de Facenda realizaba una inspección más intensa en los aspectos competenciales propios, lógicamente, como eran los
órganos de gobierno y la obra benéfica social. Ese es el reparto competencial que deriva tanto de la combinación de las leyes estatales como del Estatuto de Autonomía. Adicionalmente, realizaba una supervisión a distancia sobre las variables
financieras sobre la base de la información económica que remitían las entidades. Los informes elaborados que recogían la evolución mensual del balance trimestral de la cuenta de resultados y de la cuota de mercado y semestral de los recursos
propios mostraban, a partir de una serie de variables, la situación y evolución de las dos entidades. Estos informes se venían elaborando con regularidad desde el año 1990. Ciertamente había habido un conselleiro de Facenda que estuvo dieciséis
años y la Dirección General de Política Financiera y el titular de la Consellería de Facenda estaban muy pendientes de estos informes. La principal diferencia

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es que durante los años 2004 a 2008, con el Gobierno bipartito del PSOE y del BNG, no se hizo caso a las advertencias y alertas de estos informes.


En cuanto a si teníamos competencia en inspecciones autonómicas, lo cierto es que la normativa autonómica reconocía la posibilidad de realizarlas, pero era necesario suscribir un convenio con el Banco de España para coordinar las
actuaciones. Así lo decía el artículo 57 y el artículo 55 de la ley, aunque tales convenios nunca llegaron a suscribirse. Igualmente, se facultaba para que la Consellería de Facenda pudiera determinar el alcance y contenido de determinados
informes de auditoría. Eso aparecía expresamente previsto en el artículo 56.2.


Me parece que con esto he contestado a sus preguntas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Empezamos con los turnos de réplica. Por el Grupo Socialista, señora Pérez Herráiz.


La señora PÉREZ HERRÁIZ: Muchas gracias, señora presidenta, brevemente.


¿Cuál es su opinión respecto a la situación actual del sistema financiero en Galicia? ¿Se cubren las necesidades de banca de proximidad que desempeñaban las cajas y que desapareció? ¿La concentración actual del sistema bancario repercute
negativamente? Una vez pasado el tiempo, ¿usted cree que se podría haber evitado la desaparición de las cajas o que por su tamaño, gobernanza y demás era inevitable? En todo caso, por lo menos que hubiera sido menos traumática. ¿Se podría haber
evitado la desaparición de las cajas? ¿Considera que hubiera sido conveniente en general para España y en concreto para Galicia que hubiera seguido el mismo sistema, con sus peculiaridades y las partes positivas que también tenía?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pérez Herráiz.


Por el Grupo Ciudadanos, señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señora presidenta.


Solo haré dos consideraciones a la compareciente. Ha dicho que no hubo ninguna injerencia política y usted misma acaba de decir que se instó, se encomendó al señor Feijóo a intermediar con las cajas de ahorro con el Banco de España de la
mano para garantizar la solvencia y galleguidad de las cajas. Cuando esos dos elementos no se pueden aunar, lo que hizo el señor Feijóo fue garantizar la galleguidad y no la solvencia de las mismas.


De hecho, como última consideración, este informe técnico -que costó un millón de euros- hecho por KPMG -que era el tercer independiente recomendado por el Banco de España, como así nos han dicho- recomendaba una absorción y no una fusión.
Por tanto, la hipótesis predictiva que tanto le gustaba al Banco de España, que era su gurú a la hora de establecer este tipo de informes, no fue tenida en cuenta. Esta encomienda a Feijóo para mantener la galleguidad a toda costa puede ser una de
las causantes de que, actualmente, hayan desaparecido las dos cajas gallegas y ahora tengamos otro tipo de entidad.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Díaz.


La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidenta.


Señora Fernández Curras, no ha contestado a las preguntas que le he formulado; es comprensible y ya esperaba que fuese así, aunque, quizá, por respeto a la ciudadanía de Galicia y del Estado, no nos merecemos esto. Lo menor es este grupo;
lo importante es lo que ustedes han hecho.


Voy a empezar con una primera cuestión, voy a comprar su relato. El relato es que el Señor Touriño, el señor Anxo Quintana y el señor Fernández Antonio, colega suyo de profesión, eran malísimos y son los responsables de lo que ha pasado.
Lo compro porque es obvio que había una normativa de supervisión que les obligaba. Esa normativa de supervisión de las cajas les obligaba también a usted y al señor Feijóo. Compro el relato. La pregunta que le hago es, ¿qué responsabilidad tuvo
usted en ese fallido y rotundo fracaso de fusión de las cajas? Comprando su relato; si el señor Touriño era muy malo, el señor Anxo Quintana más y el economista conselleiro anterior a usted, el señor Fernández Antonio, muchísimo más, le pregunto
cuál era su responsabilidad, porque tenía exactamente las mismas.

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Segunda cuestión. Señora Fernández Currás, no me ha contestado. Le he dicho -aquí lo tenemos- (muestra un papel) que usted ha tenido que rectificar en la prensa económica y colectiva gallega y española sus falsedades y las de Feijóo.
Fíjese (muestra otro papel), KPMG ni hizo una auditoría ni avaló la fusión de las cajas gallegas. Ciertamente, porque esa presunta auditoría, que costó un millón de euros, por cierto, es el documento, según la Xunta de Galicia, en el que
justificaban la fusión de las cajas, que después usted rectifica, y aquí lo tenemos (muestra otro papel): La exconselleira de Hacienda admite que el informe en el que apoyó la fusión de las cajas no era una auditoría. ¿Le digo cómo se llama en
derecho lo que ha hecho usted adjudicando un contrato por un millón de euros? Supongo que lo sabe. Si el documento oficial de la Xunta dice que ese era el presunto documento que justificaba y avalaba la fusión y adjudican y pagan un millón de
euros y después usted reconoce esto, ¿me quiere decir por qué demonios adjudicó ese contrato? O, por el contrario, ¿rectifica usted esta comparecencia suya? Creo que es muy interesante. Esta es la pregunta. En el derecho penal lo que usted ha
hecho tiene un nombre.


Tercera cuestión. El presunto informe que en la Xunta de Galicia usted misma decía que justificaba la fusión, le repito que no recomendaba la fusión, recomendaba una absorción. Respóndanos, si en ese presunto informe del millón de euros se
recomendaba la absorción, ¿por qué ustedes hacen todo lo contrario?


Cuarta pregunta. Usted sabe perfectamente que el grupo al que represento ha reiterado mil veces y cierto es que no fueron 30 000, sino 50 000 documentos -igual que en esta Comisión, en la que estamos rodeados de documentos-, pero
curiosamente el expediente no. Le vuelvo a decir por qué razón, señora Fernández Currás; lo conoce perfectamente porque lo hemos reiterado mil veces, y conoce también que el grupo al que represento ha pedido un careo entre usted y el señor
Fernández Ordóñez porque están faltando a la verdad. O falta a la verdad usted o falta a la verdad el señor Fernández Ordóñez, cuya intervención en la investigación de cajas gallegas está por escrito. Tenemos derecho a saber quién está faltando a
la verdad, porque alguien falta a la verdad. Dice el señor Fernández Ordóñez: El Banco de España insistió permanentemente en que era más seguro y mucho menos arriesgado buscar otras integraciones. Cuando quedó clara la negativa de la Xunta a
proyectos más sólidos que el de la fusión de las dos cajas gallegas, el Banco de España optó por exigir condicionantes para que esa fusión pudiera ser aprobada con un mínimo de racionabilidad en cuanto a su solidez. Condicionantes -dice el señor
Fernández Ordóñez- que, por cierto, se cumplieron muy parcialmente. Y sigue diciendo el señor Fernández Ordóñez en la página 28: En lo que se refiere a la fusión de las dos cajas gallegas, ciertamente no afectaban al mercado español, pero era
negativo desde el punto de vista de la competencia de Galicia y este era un argumento más para no haberlo impulsado. Esto dice el señor Fernández Ordóñez. Nos gustaría conocer su opinión porque un informe que vale un millón de euros recomienda una
absorción y el señor Feijóo y ustedes hacen todo lo contrario, y es un fracaso. El Banco de España dice por escrito que estaba en contra de esa operación, ¿por qué hicieron la fusión, señora Fernández Currás? Permítannos el careo para que podamos
tener la posibilidad de saber quién miente, porque uno de los dos, miente. Sigue diciendo: ..., además del fundamental de la mayor solidez de otras alternativas que se barajaron a lo largo del proceso. Tuve ocasión -dice él- de plantearle estos
problemas de competencia al presidente de la Xunta de Galicia en una entrevista en la que traté de convencerle -y es obvio que no pude- de que permitiese buscar soluciones más sólidas y mejores desde el punto de vista económico, incluido este, el de
la mayor competencia. No sé, pero presumo que usted no ha hecho nada.


Me queda claro -voy terminando, señora presidenta- que el relato es que usted pasó por la Consellería de Hacienda y no se enteró de nada. Nos dice que no cambiaron la ley. Señora Fernández Currás, la Ley 6/2010, cuando era usted
conselleira, es la ley que permite permanecer en los puestos... ¡Es que es el colmo!


Termino ya. Señora Fernández Currás, usted conocía, primero profesionalmente y segundo porque lo conocía toda Galicia -y si no es que me preocupa todavía más-, la situación crítica de las cajas de ahorros, las relaciones de nepotismo que
había, sobre todo en una de ellas muy próxima al poder de Galicia y de la Xunta de Galicia, y lo conocía. Conocía, como conocía yo y toda la sociedad gallega, esa operación de riesgo altísima, aquel macropréstamo de Martinsa Fadesa, que es un
agujero negro en las cajas. Usted lo sabía como lo sabía toda Galicia o la Galicia informada y, a pesar de eso, no actuó, no hizo nada, no hizo nada. Dice que no tiene competencias sobre las preferentes y yo le digo que una responsable pública,
conociendo el informe del millón de euros, tiene que advertir a la sociedad gallega de lo que está pasando y no hizo nada y la pregunta es por qué.

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Discrepando con el relato que se hace de la politización de las cajas de ahorros, nosotros creemos que es todo lo contrario en el sentido de que lo que hubo justamente fue falta de control efectivo por los dirigentes y las dirigentes
públicas, obligados por ley a hacerlo. Todo lo contrario; hubo una falta absoluta de control efectivo por las instituciones democráticas y esto tiene un nombre en el derecho penal y también en la política; Max Weber habló de ello ya hace mucho
tiempo. Alguien tiene que asumir responsabilidades políticas. Han tratado a las cajas gallegas como una finca particular...


La señora PRESIDENTA: Doña Yolanda, tiene que terminar, es que lleva usted nueve minutos...


La señora DÍAZ PÉREZ: Termino.


La señora PRESIDENTA: Que eran tres. Yo no tengo inconveniente en permitirla que siga hablando si se trata de preguntas; si son afirmaciones, tiene usted que terminar.


La señora DÍAZ PÉREZ: No, es la última pregunta. Por tanto, no compartimos el relato. ¿Fue la dejación de funciones? Me gustaría conocer cuál es su opinión sobre esta cuestión. Finalmente, parece que en esta dejación de funciones -y,
sobre todo, en la operación de la fusión de las cajas, que nadie compartía, ni el Banco de España ni el informe de un millón de euros- los responsables políticos fueron usted y el señor Feijóo, también en la dejación de funciones. Nos gustaría
conocer su opinión sobre esto. Por favor, aclárenos todos estos desmentidos. (Muestra dos documentos).


Termino como he empezado. ¿Va a pedir usted perdón por su gestión?


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.


Para cerrar, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.


Seré muy breve. Quiero agradecer nuevamente a la señora Fernández Currás su comparencia y sus explicaciones, tan profusas y tan detalladas. Ojalá otros comparecientes hubieran seguido su ejemplo.


A la portavoz de En Marea le diría que entre ella y MAFO no tengo dudas sobre a quién creer; pero no entre ella y MAFO sino que entre cualquiera y Miguel Ángel Fernández Ordóñez no tengo ninguna duda. (La señora Díaz Pérez: ¡Diez mil
millones de euros! ¡Es que vamos! ¿Qué tiene que ver?)


La señora PRESIDENTA: Vamos a ver. Señores diputados, llevamos nueve meses de Comisión... (El señor Paniagua Núñez: ¿Me va a decir a mí lo que tengo que decir?). ¡Señor Paniagua! (La señora Díaz Pérez y el señor Paniagua Núñez
pronuncian palabras que no se perciben). ¡Señor Paniagua y señora Díez, les retiro la palabra! Esperen un momento. Llevamos nueve meses y hasta el día de hoy no se había dado una situación similar. Yo le ruego al señor Paniagua que las
discusiones que pueda tener con la señora Díaz en términos personales las resuelva fuera de la Comisión. En este momento tiene usted un turno para dirigirse a la compareciente, pero no para contestar a los portavoces anteriores. Esto es una
Comisión de investigación y el turno de réplica se utiliza para plantear aquellas cuestiones que no haya contestado la compareciente o aquellas matizaciones que se quieran hacer. No es una Comisión normal en la que hay debate entre los portavoces.
Vamos a tomar aire, vamos a terminar bien la Comisión porque creo, además, que la compareciente también tiene muchas cosas que manifestar todavía.


Tiene usted la palabra, señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidenta.


Pido disculpas a la Comisión y a la portavoz.


Solo quería reiterar nuevamente el agradecimiento a la compareciente y el detalle con el que nos ha contado -además, de forma cronológica, que creo que es mucho más fácil de entender para todos nosotros- lo que sucedió desde que llegó al
cargo en la consellería.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua.


Para responder a los portavoces y para cerrar esta Comisión tiene la palabra la señora Fernández Currás.


La señora FERNÁNDEZ CURRÁS (Exconsejera de Hacienda de la Xunta de Galicia): Quiero empezar haciendo una aclaración. Cuando me refería a la edad de permanencia por encima de los setenta años

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quería decir que corresponde a una modificación de una ley de cajas gallegas anterior a la Ley 6/2010. La Ley 6/2010 lo que permite es la continuación de los órganos de gobierno de las entidades, pero la permanencia específica de algún
representante de la caja por encima de setenta años es una modificación anterior a la llegada al Gobierno de esta conselleira y de todo el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.


También querría aclarar que en materia de competencia nada valen las opiniones. Cuando alguien tiene una competencia y la ejerce, lo que escribe es lo que importa. Por lo tanto, en los criterios que defendió toda la sociedad gallega, que
eran solvente y gallega, no se antepuso gallega a solvente. Podría entender esa pregunta -y esta era la apreciación que me hacía el portavoz de Ciudadanos- si esa certificación de solvencia la hubiera firmado la Xunta de Galicia, pero el orden fue
precisamente solvente y gallega; hasta cinco veces sí se nos dijo solvente, hasta cinco veces sí.


La opinión del gobernador del Banco de España en materia de competencia tampoco es muy relevante desde el momento en el que existe un pronunciamiento expreso de los órganos de competencia, de, nada más y nada menos, la DG Competencia, por la
que la Comisión Europea se pronuncia sobre el respeto a la competencia en el territorio. Realmente sí que estoy de acuerdo en que alguien no cumplió con su obligación o lo hizo de forma muy deficiente y no sé si hablamos de varias personas o de una
pluralidad indeterminada de personas. No sé cuál es el reparto de responsabilidad entre las instituciones europeas y las españolas; no sé por qué no se vigiló el distinto ritmo de crecimiento de los países que formamos parte de la unión económica
y monetaria, porque de aquellos barros vienen estos lodos. Nadie tuvo en cuenta la disparidad que existía en el cambio de moneda real entre la peseta y el marco, nadie vigiló las políticas monetarias laxas, el incremento desorbitado del consumo, la
disminución del ahorro, la dependencia de los mercados mayoristas y el incremento del apalancamiento. No sé por qué la política monetaria y la fiscal se dieron la espalda -no es que lo diga yo, es que los propios papers de la Comisión Europea
reconocen que no se entendieron en absoluto- y tampoco por qué en nuestro país a nadie le llamaba la atención que tuviéramos superávits presupuestarios y déficit por cuenta corriente del 10 %, como tuvimos en 2007. Tampoco sé por qué a nadie le
importaba el cumplimiento de las reglas fiscales, y digo todas las reglas fiscales y no solamente el objetivo de déficit público. Tampoco sé, en ese relato de finca que me describen, por qué se dejo que entidades privadas con base dotacional
pública siguieran funcionando con esquemas franquistas o no sé por qué no se defendió suficientemente el esquema de cajas de ahorros español cuando otros países lo mantuvieron -lógicamente, con las reformas estructurales que fueran precisas- o por
qué, de paso, no se hicieron todas las reformas estructurales que correspondían a nuestro sistema financiero, más allá de decir que éramos los mejores del mundo y luego no fue verdad. Al igual que tampoco sé por qué no se hizo antes de que la duda
se instalara en nuestro país y lo hiciera de una forma tan contundente hasta llevarnos al colapso porque tuvimos cerca de 700 puntos básicos de prima de riesgo.


Tampoco puedo contarles, porque nadie me lo ha explicado, el porqué de tantos agravios comparativos con la comunidad autónoma gallega; por qué se recurrió nuestra Ley de Cajas y no otras; por qué no se nos dio más plazo, como le dieron a
alguna entidad, hasta diciembre de 2010 para captar inversores privados; por qué no se nos dio una EPA de primera o de segunda pérdida, cuando lo solicitamos reiteradamente; no sé por qué se toma como referencia el valor de la acción de Bankia;
pero lo que sí sé es que nada de esto tiene que ver con la actuación del Gobierno de la Xunta de Galicia, que actuó con seriedad, rigor, consenso social absoluto y diligencia exquisita. Nada de lo que se pudo hacer quedó sin hacer, nada. Y la
fusión no fue la causa; la fusión fue la consecuencia de la mala situación de las cajas, 13 500 millones de incremento de crédito inmobiliario en cuatro años.


Aparece la fusión porque hay problemas, y no fue una ocurrencia del Gobierno gallego. El propio decreto del FROB da un mandato y dice: Si ustedes quieren dinero público hagan una operación corporativa. Y esa operación corporativa, el cien
por cien de la sociedad gallega decidió que fuera solvente y gallega, por este mismo orden, como digo, y no al revés. Y defender eso tiene toda la lógica social y económica en un territorio; porque un sistema financiero propio permite apuntalar
una industria; permite que no exista exclusión financiera en un territorio donde existe una dispersión territorial extraordinaria; y permitía mantener el empleo y la obra social. Pero la certificación de solvente no competía a la Xunta de
Galicia, no le competía en ninguna de sus leyes. Sobre los recursos propios y sobre los ratios de solvencia, la competencia inmediata y directa es del Banco de España. Y, como digo, cinco veces nos lo dijeron, sí; dos veces el Banco de España, en
el proyecto de integración y en el proyecto de fusión; el FROB; la Comisión Nacional del Mercado de Valores; la DG Competencia; y la EVA. La EVA certificó dos veces que el capital que necesitaba la caja fusionada era muy inferior a la inyección
de capital del FROB.

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Me preguntaban también si podríamos haber hecho algo. Pues yo creo que rotundamente sí: actuando antes de 2009. Rotundamente sí. Es más, después de 2009, si hubiéramos actuado con mayor contundencia, seguramente la factura pagada sería
menor. Desde el momento en el que yo dejé la Consellería de Facenda, como les digo, la situación que inyecta o determina mayores exigencias de capital, a través de tres reales decretos seguidos en el año 2012, a mi modo de ver tiene mucho más que
ver con esa prima de riesgo, con ese contagio de riesgo soberano, con el colapso al que se había llegado en nuestro país, con las dudas de la zona euro, con los problemas provocados y el pánico generalizado después de la situación de Irlanda y
Grecia, que con una operación concreta. Y costó dinero público, sí; costó dinero público, 9000 millones. Pero es que con 9000 millones se atendió a los preferentistas y a 30 000 millones de depósitos minoristas que tenían las cajas gallegas.


Los propios decretos de reestructuración daban a elegir la opción menos costosa. Y de las opciones que diseñaban había una que era recapitalización o liquidación ordenada, la más barata. La liquidación ordenada de las cajas gallegas habría
supuesto tener que hacer frente a esos 30 000 millones de depósitos minoristas, porque en nuestro país los ahorradores tienen sus derechos. Les recuerdo que el patrimonio neto de la entidad era cero. Pues la opción que se eligió fue inyectar
dinero público. Ni siquiera fuimos muy originales en nuestro país, porque eso fue lo que hicieron todos los países de nuestro entorno; ni siquiera fuimos los que más dinero comprometimos en relación con nuestro PIB. Por lo que yo sé, tanto la
Comisión como el Banco Central Europeo valoran hoy positivamente nuestro sistema financiero porque consideran que los planes de recapitalización se han implementado debidamente.


Yo, en el repaso que he hecho, precisamente para comparecer y responder con rigor a sus preguntas, hoy con mayor madurez política de la que entonces tenía, no tengo ningún balance negativo en el cumplimiento de mi deber, en el ejercicio de
mi competencia. Pero si me permiten una anécdota, a lo largo de 2017 tuve la oportunidad de escuchar directamente en el Club Financiero de Vigo a Escotet, y alguien le preguntó sobre la fusión, sobre la oportunidad de la fusión y la vulneración de
la competencia o el negocio que significaba. Y contestó literalmente: 'Si alguien me hubiera ofrecido el doble de negocio en toda España por la mitad de precio no lo hubiera querido'; en clara referencia a que la fusión tenía todo sentido
empresarial. Pero es que, además, a lo largo de 2017 se celebró también el 25.º Aniversario del Club Financiero de Vigo y se entregó una medalla de oro precisamente a Escotet. Todo Vigo celebró la presencia y la llegada de ese banquero.


Por lo que sé, hoy tenemos un sistema financiero propio, con los centros de decisión en Galicia, con un nivel de empleo considerable y, tras las últimas operaciones corporativas, con una cuota de mercado importante. Por lo tanto, señorías,
yo no tengo ningún balance negativo en el cumplimiento del deber; pero, por lo que constato, los demás tampoco.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández Currás.


Levantamos la sesión y mañana tendremos las nuevas sesiones de mañana y tarde.


Muchas gracias.


Eran las dos y diez minutos de la tarde.