CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 92

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO

Sesión núm. 13

celebrada el viernes,

27 de diciembre de 2013

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:


- Declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2011. A petición propia. (Número de expediente del Congreso 250/000005 y número de expediente del Senado 770/000003) ... (Página2)


- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicios 2009, 2020 y 2011. A petición propia. (Número de expediente del Congreso
251/000132 y número de expediente del Senado 771/000131) ... (Página13)

Página 2

Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA) PARA INFORMAR SOBRE:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente del Congreso 250/000005 y número de expediente del Senado 770/000003).


El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas con el orden del día previamente fijado, que es la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar, en primer
lugar, de la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2011.


Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136.1 de la Constitución, en el artículo 10 de su ley orgánica y en el artículo 33 de su ley de
funcionamiento, ha realizado por delegación de las Cortes Generales el examen y comprobación de la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2011. El pleno del Tribunal de Cuentas, una vez analizadas las alegaciones del Gobierno y oído
el fiscal, ha dictado, en su reunión de 30 de octubre de 2013, la declaración sobre la referida cuenta general del Estado, así como su fundamentación y desarrollo, acordando su elevación a las Cortes Generales y dando traslado al Gobierno.


Por lo que se refiere a la declaración propiamente dicha, en ella se señala lo siguiente: La cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2011 se recibió en el Tribunal de Cuentas el 30 de octubre de 2012, dentro del plazo
legalmente establecido, presenta la estructura y contenido previstos en las disposiciones que le son de aplicación y, con algunas excepciones que se indican posteriormente, es coherente internamente con las cuentas y documentación complementaria que
le sirven de fundamento. El cumplimiento de la legislación aplicable y el adecuado reflejo de la cuenta general del Estado de la actividad económico financiera del sector público estatal y de sus resultados en 2011, así como de la situación
patrimonial al cierre del ejercicio, están afectados por las excepciones, limitaciones y salvedades que, junto con otras informaciones relevantes derivadas de determinados análisis de la cuenta general del Estado, se exponen a continuación.


Cuenta general del sector público administrativo. Respecto a la regularidad formal de la cuenta general del sector público administrativo, no se incluyeron inicialmente en la misma las cuentas de algunas entidades de magnitud muy
significativa. Los trabajos de examen y comprobación se han realizado sobre unos nuevos estados contables remitidos con posterioridad, que completan la información de los inicialmente recibidos. Una vez considerados estos nuevos estados contables
remitidos, faltaban por integrarse las cuentas de doce organismos autónomos, un organismo público, cinco consorcios y tres fondos sin personalidad jurídica. La suma de los presupuestos de gastos de tales entidades no integradas con presupuesto
limitativo representa un 0,51 % del total de los créditos autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, frente al 0,25 % del periodo anterior. El 31,4 % de las entidades públicas que forman parte del sector público
administrativo rindieron sus cuentas anuales fuera de plazo, lo que supone un empeoramiento respecto al ejercicio anterior debido fundamentalmente a la entrada en vigor del nuevo Plan general de contabilidad pública. Respecto a la opinión de los
informes de auditoría que acompañan a las cuentas, ha sido favorable para un total de ochenta y siete entidades, favorable con salvedades para otras cincuenta y ocho, desfavorable para dos entidades más y se ha denegado la opinión para otras seis
entidades.


Por lo que se refiere al análisis de la liquidación de los presupuestos, las modificaciones de los créditos iniciales, incluidas las de las entidades no integradas en la cuenta general del sector público administrativo, ascendieron en
términos netos a 22.661 millones de euros, habiéndose observado diferencias entre los expedientes autorizados y los contabilizados por la falta de registro de algunos de ellos o su contabilización como figuras modificativas diferentes o en conceptos
o programas distintos. Para el conjunto del Estado, organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos, el importe de las modificaciones netas representa un incremento del 7,7 % de los créditos iniciales, frente al 10,1 % del ejercicio
anterior.

Página 3

En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos, las obligaciones reconocidas netas, excluidas las operaciones comerciales, se elevaron a 356.366 millones de euros, lo que supone una disminución del 10 % respecto del periodo anterior. Se
han dejado de reconocer obligaciones presupuestarias en 2011 por importe de 5.209 millones de euros que correspondían a gastos realizados en el ejercicio y, por el contrario, se han aplicado gastos por importe de 3.950 millones, imputables a
ejercicios anteriores. Asimismo se han detectado otros defectos en operaciones que repercuten en el resultado presupuestario del ejercicio en un importe negativo de 1.099 millones de euros.


En relación con la gestión de los pagos, al igual que en ejercicios anteriores, las entidades de la Seguridad Social presentaban obligaciones pendientes de pago correspondientes a ejercicios cerrados con una antigüedad superior a cuatro años
por importe de 9.086 millones de euros, integradas fundamentalmente por las obligaciones contraídas con la Administración General del Estado derivadas del traspaso de funciones y servicios en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a
las comunidades autónomas del País Vasco y Foral de Navarra. Respecto a la ejecución del presupuesto de ingresos, los derechos reconocidos netos, excluidos los de operaciones comerciales, se elevaron a 368.925 millones de euros, lo que supone una
disminución del 7,3 % respecto del ejercicio anterior. Se han aplicado en exceso 176 millones de euros al presupuesto de ingresos del ejercicio que no corresponde a derechos imputables al mismo, se han imputado otros 502 millones que deberían
haberse aplicado a presupuestos de ejercicios anteriores y se han detectado otros defectos que repercuten en el resultado presupuestario presentado en un importe positivo de 18 millones.


Respecto a los ingresos de la Administración General del Estado, los derechos reconocidos netos en el capítulo 1, impuestos directos y cotizaciones sociales, ascendieron a un total de 57.249 millones de euros, lo que supone una disminución
del 8,9 % en relación con el ejercicio 2010, debido fundamentalmente al impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el capítulo 2, impuestos indirectos, los derechos reconocidos netos del impuesto sobre el valor añadido disminuyeron un 33,3
% con respecto al ejercicio anterior. Se observa el incumplimiento del artículo 34 de la Ley General Presupuestaria en una serie de operaciones que repercuten negativamente en la representatividad de la cuenta general del sector público
administrativo, de forma que el resultado presupuestario consolidado ascendería a un total de 9.537 millones de euros, inferior en 3.011 millones al que figura en la cuenta. Asimismo, cabe destacar la existencia de operaciones pendientes de aplicar
a presupuesto a finales del ejercicio 2011, cuantificadas a nivel agregado en 8.305 millones de euros por lo que se refiere al presupuesto de gastos, y en 1.558 millones de euros al de ingresos, que deberán ser imputados a los presupuestos de
ejercicios posteriores.


Por lo que respecta al análisis de los estados financieros, destaca la ausencia de inventarios completos de los bienes y derechos que constituyen el inmovilizado no financiero de la Administración General del Estado y de la Tesorería General
de la Seguridad Social, lo que origina deficiencias en lo que atañe a las amortizaciones, al cálculo del deterioro del valor y a la información a incluir en la memoria. Se han dado de alta con fecha 1 de enero de 2011 inversiones financieras en
patrimonio de entidades de derecho público por importe de 22.685 millones de euros, que no figuraban registradas en la cuenta de la Administración General del Estado con abono a resultados de ejercicios anteriores.


En cuanto a entidades de la Seguridad Social, los balances del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y del Instituto Social de la Marina seguían incluyendo incorrectamente el valor de los
edificios transferidos a las comunidades autónomas y el de los adscritos a las Fundaciones Hospital, por importe de 3.846 millones de euros. En el ejercicio 2011, siguiendo las recomendaciones incluidas en anteriores declaraciones, la Seguridad
Social ha modificado el criterio para la contabilización de las deudas por cuotas y otros recursos de recaudación conjunta, registrándose dicha deuda en el momento en que los documentos de reclamación de la misma son emitidos o generados por la
tesorería general. Los fondos propios del balance de la Tesorería General de la Seguridad Social continuaban sin recoger la constitución del Fondo de reserva procedente del excedente generado por las entidades gestoras y por la propia tesorería
general, limitándose a reflejar la materialización financiera de la dotación acumulada de dicho fondo. Debería haberse constituido una reserva con cargo a la distribución del resultado económico patrimonial de las entidades gestoras y la tesorería
general de los ejercicios 2000 a 2010, ascendiendo el ahorro total acumulado a 75.517 millones de euros.


El pasivo exigible registrado en el balance consolidado de la cuenta general del sector público administrativo asciende a 660.830 millones de euros, de los que 467.600 corresponden a deudas a largo plazo. El endeudamiento del Estado
mantiene la tendencia al alza iniciada a partir del ejercicio 2008, habiéndose incrementado un 7,8 % en 2011.

Página 4

Por lo que se refiere a la cuenta del resultado económico patrimonial consolidada, el desahorro neto del ejercicio asciende a 11.265 millones de euros. No obstante, a lo largo de la fundamentación se enumeran diversas operaciones
incorrectamente registradas o pendientes de contabilizar correspondientes a gastos e ingresos del ejercicio, cuya debida contabilización implicaría que el desahorro neto pasara a ser de 12.791 millones. Por otra parte, las partidas de gastos e
ingresos de ejercicios anteriores pendientes de contabilizar o incorrectamente aplicadas hasta el 31 de diciembre de 2011 habrán de imputarse en ejercicios posteriores directamente al patrimonio neto y tendrán un efecto neto negativo sobre el mismo
de 10.551 millones de euros.


Respecto al análisis de la memoria, la misma no aporta suficiente información para completar y ampliar el contenido de los estados principales de la cuenta, destacando la ausencia de la información necesaria sobre el cumplimiento de los
principios contenidos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.


Cuenta general del sector público empresarial. En la cuenta general del sector público empresarial, los estados contables que la conforman son internamente consistentes y acordes con las cuentas anuales individuales y consolidadas
integradas en ella, ajustándose su estructura a lo dispuesto en la normativa. En su formación se ha aplicado el método de agregación a partir de la información contenida en las cuentas consolidadas de los grupos empresariales, por lo que la cuenta
ya recoge los ajustes y eliminaciones realizados por los propios grupos en la formación de tales cuentas consolidadas, contribuyendo a evitar duplicidades y sobrevaloraciones. No figuran agregadas las cuentas anuales de cuarenta y seis entidades
frente a las treinta y una del ejercicio anterior, si bien dieciocho de aquellas no se integraron por haber dejado de pertenecer al sector público en 2011. La representatividad de esta cuenta general se ha visto especialmente afectada por la no
integración de las cuentas anuales de Sepes, Entidad Pública empresarial del Suelo, que de forma reiterada en los últimos ejercicios ha venido rindiendo sus cuentas con un retraso considerable. La mayoría de las entidades del sector público
empresarial han rendido sus cuentas anuales y el resto de la documentación exigida según lo dispuesto en la normativa. Se encuentran pendientes de rendición las cuentas individuales de diez entidades y las consolidadas de un grupo empresarial, a
pesar de haber sido reclamadas por conducto de la Intervencion General de la Administración del Estado.


Por lo que se refiere al balance agregado de la cuenta general del sector público empresarial, presenta un importe total de 154.125 millones de euros, correspondiendo alrededor del 50 % a los grupos Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). El endeudamiento con entidades de crédito a 31 diciembre de 2011 de las entidades integradas en la cuenta general del
sector público empresarial ascendía a 31.902 millones de euros, de los que el 39,5 % corresponde al Grupo AENA, el 29,2 % al Grupo ADIF y el 16,5 % al Grupo Renfe-Operadora. Por su parte, la cuenta de pérdidas y ganancias agregada ofrece un
resultado positivo atribuido al Estado de 1.434 millones de euros, originados fundamentalmente por el elevado beneficio obtenido por el Grupo Selae, correspondiendo al resto de las entidades integradas unas pérdidas agregadas de 251 millones.


En relación con el informe previsto en el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria que deben rendir las entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público empresarial, en numerosos casos seguía sin contener toda la
información preceptiva, especialmente en materia de ejecución presupuestaria y de contratación pública. Por otra parte, la memoria de esta cuenta general recoge las cuentas agregadas de las entidades de seguros y de las entidades de crédito.
Respecto al método de elaboración de estas cuentas, al realizarse partiendo de las cuentas consolidadas de los correspondientes grupos, ello implica la inclusión de entidades que no tienen la naturaleza de aseguradoras o crediticias,
respectivamente.


Cuenta general del sector público fundacional. Por lo que se refiere a la cuenta general del sector público fundacional, la misma está integrada por la agregación de las cuentas de un total de cuarenta y cinco fundaciones. Dicha cuenta es
internamente coherente, acorde con las cuentas individuales agregadas que la conforman y su estructura se ajusta a lo dispuesto en su normativa reguladora. No obstante, al igual que en ejercicios anteriores, su representatividad se ve afectada
negativamente por el elevado número de fundaciones no integradas. En concreto, no han rendido cuentas once fundaciones estatales, de las cuales siete han dejado de formar parte del sector público estatal. Todas las cuentas no rendidas han sido
reclamadas por conducto de la IGAE. Al igual que en ejercicios anteriores, existen discrepancias entre los datos de los presupuestos de explotación y de capital que figuran en los estados que acompañan a la Ley de Presupuestos Generales del Estado
y los que figuran en la cuenta de cada

Página 5

fundación y en la cuenta general del sector público fundacional. Varias fundaciones no tenían valorado el derecho de uso sobre los inmuebles o bienes cedidos por sus patrones para la realización de su actividad propia ni lo registraban como
inmovilizado intangible.


En el activo de las fundaciones estatales tienen un peso muy relevante la tesorería y las inversiones financieras temporales. El saldo de la partida de Efectivo y otros activos líquidos equivalentes representa el 41 % del activo corriente
del balance agregado y el de Inversiones financieras a corto plazo supone otro 30 %. Los fondos propios eran inferiores a la dotación fundacional en ocho entidades. El resultado de explotación agregado de las cuarenta y cinco fundaciones
integradas asciende a un importe negativo de 33 millones de euros y el resultado financiero agregado positivo a 6 millones, generando un resultado negativo antes de impuestos de 27 millones. Han obtenido excedente positivo en 2011 un total de
veintitrés fundaciones, frente a las veintidós restantes, cuyo excedente fue negativo.


Por último, la declaración concluye indicando que, como consecuencia de todo lo señalado en la misma, el Tribunal de Cuentas propone a las Cortes Generales que insten al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que la cuenta general
del Estado se ajuste a la legislación aplicable y refleje adecuadamente la actividad económico- financiera del sector público estatal llevada a cabo en el ejercicio, sus resultados y la situación patrimonial al cierre del mismo, subsanando las
deficiencias que se incluyen en esta declaración y se desarrollan en su fundamentación; se fomenten las medidas legislativas tendentes a la reducción, con carácter general, de los plazos establecidos en la actualidad para todos los trámites
referidos a la cuenta general del Estado, con objeto de que la emisión por el Tribunal de Cuentas de la declaración sobre la misma pueda anticiparse en relación con las previsiones establecidas en la actual legislación y se dote a las Cortes
Generales del correspondiente pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado en el tiempo del ejercicio económico al que la cuenta general del Estado se refiera.


En relación con las responsabilidades, el ministerio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y en el artículo 16.2 de la Ley de Funcionamiento, ha emitido su dictamen con carácter
previo a la aprobación de la declaración de la cuenta general del Estado y además ha puesto de manifiesto diversos indicios de responsabilidad contable resultante de los hechos recogidos en la misma. Como consecuencia de lo anterior se encuentran
abiertas siete diligencias preliminares en la sección de enjuiciamiento por irregularidades detectadas en materia de retribución de personal en diversas entidades, Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, Universidad Nacional de Educación a
Distancia y Fundación Teatro Real y por irregularidades en la justificación de gastos en la Administración General del Estado y en varios organismos, Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales y Universidad Internacional Menéndez Pelayo.


El señor PRESIDENTE: ¿Quieren intervenir los grupos parlamentarios? (Pausa). Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: La verdad es que a uno le invade un poco la sensación de bucle cíclico. Habría que analizar algunas cuestiones para saber si nos movemos, y si nos movemos hacia dónde. Estamos ahora con la liquidación de la cuenta
general del Estado del ejercicio 2011, una cuenta que afecta a dos Gobiernos, si bien es cierto que a uno en una mínima parte, apenas una cincuentaidosava parte del año, ya que la toma de posesión del actual Gobierno fue hace prácticamente dos años,
y fundamentalmente es responsabilidad del Gobierno anterior lo que estamos analizando ahora con dos años de retraso. Digo esto sobre todo por una cuestión que ha comentado el presidente del tribunal y que es obvia para cualquiera; hay un retraso
enorme entre el ejercicio y cuando culmina su fiscalización última aquí, pero no es eso lo más grave, por ello empezaba mi intervención por ahí. Da la sensación de que estamos repitiendo sistemáticamente los mismos argumentos año tras año y que
solo cambian las cifras en el informe. Lo digo por cuestiones históricas; ha comentado una deuda que hay en la Seguridad Social con las administraciones de Navarra y del País Vasco por unas transferencias antediluvianas. En las resoluciones de
esta Comisión se viene instando al Gobierno a que solucione y ponga vías para avanzar hacia la normalización de una serie de cuestiones que siempre se están reclamando; las reclama el tribunal y las reclamamos los grupos parlamentarios en las
resoluciones que hacemos. Quisiera empezar preguntándole al presidente del tribunal qué sensación o qué constatación hay desde el Tribunal de Cuentas. ¿Avanzamos hacia la consecución de alguno de los objetivos planteados en las resoluciones que
aprueba esta Comisión mixta, o al final parece ser que no? Empezando por la rendición de cuentas de todas las entidades, seguimos con que sistemáticamente hay empresas, fundaciones y entidades

Página 6

públicas que no rinden las cuentas en plazo o que directamente no las rinden. Seguimos con problemas respecto a los inventarios. Se ha vuelto a aludir en su intervención que los inventarios y las amortizaciones correspondientes a los
bienes propiedad de las administraciones públicas, empresas y fundaciones no están registrados de forma adecuada y que ello impide un correcto análisis de toda la contabilidad. Esas son fundamentalmente dos de las cuestiones que sistemáticamente
van apareciendo, aparte de algunas históricas y otras nuevas de reivindicación respecto a publicaciones en el Boletín Oficial del Estado, adecuación a los nuevos planes contables, liquidación de centros mancomunados... En la última sesión
aprobamos, revisando la cuenta general del Estado del año 2010, no menos de medio centenar de resoluciones, y la primera pregunta es si avanzamos hasta la consecución de los objetivos planteados en el medio centenar de resoluciones que aprueba esta
Comisión mixta o no. Es cierto que del año pasado a este no compete a este Gobierno haber modificado lo que se hizo en el año 2011, por eso es importante avanzar lo máximo posible en la fiscalización de las cuentas. Desde nuestro grupo
parlamentario nos gustaría que usted, como presidente, nos trasladase cuál es la opinión del Tribunal de Cuentas respecto a las reivindicaciones que hace esta Comisión porque en parte nos las traslada el propio Tribunal de Cuentas.


Respecto a la cuestión que específicamente nos ocupa, la cuenta general del Estado del año 2011 y algunos alcances que ha dicho el presidente del tribunal que ha detectado la fiscalía, parece ser que son cuestiones que no implican excesivo
dinero pero sí determinadas cuestiones sensibles, por lo que me gustaría que si es posible se detuviese un poco más en ellas y nos diese detalles específicamente sobre a cuántos fondos afectarían dichos alcances y en qué cuestiones. Ya hemos oído
que son la Obra Pía de los Santos Lugares, la UNED, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo -ahí parece ser que hay varios años de hace ya muchos años, me refiero incluso al siglo pasado, en los cuales no se han presentado determinadas
justificaciones- o lo que ha comentado también respecto al Teatro Real. En relación con la opinión desfavorable o la opinión denegada respecto a varias entidades, a dos se les ha dado opinión desfavorable y a seis se les ha denegado la opinión; a
mi grupo parlamentario le gustaría saber cuáles son los motivos para esa denegación de opinión o los motivos y los fundamentos de la opinión desfavorable.


Al Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural nos preocupa que sigamos con un fallo fundamental -además el porcentaje es elevadísimo- en cuanto a la obligación de rendir cuentas. El 31 % de las entidades del sector público administrativo
las siguen rindiendo fuera de plazo, lo cual no es de recibo. Desde esta Comisión hemos instado al Gobierno a que se reduzcan esos plazos, sin embargo, parece ser que al menos en el año 2011 seguía sin hacerse, y estoy seguro de que en las
liquidaciones de las cuentas generales del Estado de años anteriores esta misma Comisión en otras legislaturas instaría al Gobierno a exactamente lo mismo, pero al final da la sensación de que los Gobiernos de España, uno detrás de otro, no hacen un
excesivo caso a lo que esta Comisión resuelve.


También le preocupa a mi grupo parlamentario respecto al endeudamiento una cuestión muy concreta: el endeudamiento de AENA. Prácticamente el 40 % del endeudamiento de las empresas públicas corresponde a AENA, una empresa sobre la cual mi
grupo parlamentario ha realizado reiteradas preguntas sobre su gestión, retribuciones de directivos, inversiones realizadas. Ha sido una gestión caótica que ha causado un endeudamiento elevadísimo y desde nuestro punto de vista sumamente criticable
por dos cuestiones; por la gestión que se está realizando en la propia empresa y que continúa, a pesar del cambio de Gobierno, y las inversiones que se han hecho en infraestructuras aéreas que después han llevado a que en la gestión de esas
infraestructuras de la cual es responsable AENA se disparen los costes de manera absolutamente desmesurada y que están repercutiendo sobre todo en los trabajadores de la propia empresas, más que sobre los directivos, que no están teniendo una
implicación en la complicada situación de gestión de AENA.


Concluyo reiterándole la petición al presidente del tribunal de que nos dé su opinión sobre si avanzamos o retrocedemos en relación con las resoluciones que desde esta Comisión año tras año se van haciendo instando al Gobierno y al Tribunal
de Cuentas a que haga determinadas apreciaciones con respecto a la cuenta general del Estado, o si considera, por el contrario, que estamos en una especie de día de la marmota en el cual ni avanzamos ni retrocedemos y año tras año hacemos una
especie de liturgia de la cuenta general del Estado que culmina en esta Comisión en principio con la presentación de la cuenta y, en la siguiente sesión que tendremos, con la votación de las resoluciones que presentaremos todos los grupos
parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: El señor Bel quiere intervenir, en nombre del Grupo de Convergència i Unió.

Página 7

El señor BEL ACCESI: Quiero agradecer nuevamente la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas.


En primer lugar, constato el esfuerzo que se está realizando por el Tribunal de Cuentas para ir poniéndonos al día en cuanto a la rendición de cuentas y, aunque sea en esta sesión seminavideña, que antes de finalizar el año 2013 se presente
la cuenta general del ejercicio 2011, con lo cual estamos recuperando una parte importante del retraso. Quiero reconocer, en nombre de mi grupo, el trabajo y el esfuerzo que se está llevando a cabo.


En cambio, con respecto al contenido del informe -que simplemente refleja la realidad-, creemos que no avanzamos y que este informe no mejora los resultados de las cuentas generales de ejercicios anteriores. En el sector público
administrativo se ha constatado hace un momento que el 31,4 % de las entidades no presenta en plazo sus cuentas, cosa que es difícil de entender; en alguna de estas entidades la auditoría ha sido informada desfavorablemente y, como el propio
presidente ha remarcado en su intervención, los gastos que representan las entidades no integradas han multiplicado su importe, aunque sea en un porcentaje relativamente pequeño, del 0,25 % al 0,51 %. Continuamos también con la ausencia de
inventarios completos de bienes y derechos, cosa que se hace difícil de entender en pleno siglo XXI en una Administración seria y moderna como pretende ser la del Estado español y también consideramos que es insuficiente la información de la
memoria. Esta situación se agrava mucho más en el sector público empresarial y en el sector público fundacional. En el sector público empresarial hay cuarenta y seis entidades, quince más que en el ejercicio anterior, que no están integradas y
diez todavía hoy no han rendido cuentas al Tribunal de Cuentas. Eso, junto con lo que ocurre con el sector público fundacional, es difícil de entender especialmente cuando después se pretende ser muy exigente -como debe ser- con otras
administraciones de nivel inferior, especialmente con la Administración local y la Administración autonómica, donde a veces se critica con cierta dureza la falta de rendición de cuentas, que no debe ser nunca admisible, cuando es la propia
Administración General del Estado la que está incumpliendo de forma reiterada. En el sector público fundacional también nos preocupa la no integración de catorce fundaciones, que once todavía no hayan rendido cuentas y también nos preocupa el
resultado económico de las que presentan cuentas, un resultado económico muy negativo y que intuimos -porque no podemos hacer otra cosa más que intuir- que si incorporáramos aquellas fundaciones que no han rendido cuentas este resultado negativo
todavía se podría incrementar. En principio constato que nuestro grupo comparte las recomendaciones que se puedan desprender de este informe y también vamos a presentar alguna propuesta complementaria. En todo caso, y sabiendo que es una pregunta
difícil de responder, no sé si nos podría dar la opinión del Tribunal de Cuentas en relación con los mecanismos que se podrían establecer para mejorar todas estas deficiencias. No sabemos si sería efectivo un cambio legislativo donde haya
responsabilidad incluso penal sobre los que incumplan estas obligaciones de rendición de cuentas o algún otro mecanismo, porque evidentemente hemos visto unos cuantos informes durante los últimos meses de la cuenta general y no vemos que se vaya
mejorando, y creo que eso es necesario en tanto en cuanto estamos hablando de un Estado democrático, transparente y moderno, pero a la vez también lo es porque tiene que dar ejemplo al resto de la Administración pública del Estado.


Aprovecho para reiterar la felicitación por el esfuerzo realizado para avanzar en la presentación de estas cuentas generales, en este caso del Estado.


El señor PRESIDENTE: Me había dejado atrás al señor Bruguera, que creo que quería hacer una pequeña intervención.


El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, intervendré brevemente.


Efectivamente, la cuenta general del Estado de 2011 es de un ejercicio presupuestario cuya aprobación y la mayor parte de su ejecución correspondió a un Gobierno, al Gobierno socialista, pero la obligación de la presentación de la cuenta
general al Tribunal de Cuentas es evidente que correspondió a otro Gobierno surgido de las urnas en noviembre de 2011, es decir, al Partido Popular. Esto en primer lugar, ya que nos encontramos ante una cuenta general un poco atípica en este
sentido.


En segundo lugar, también quiero resaltar que hace no muchos meses, a principios de año, veíamos la cuenta general del Estado de 2010; por lo tanto, que antes de finalizar el mismo año hayamos podido analizar la cuenta general
correspondiente a 2011 me parece que es de justicia resaltarlo tanto desde el punto de vista de la labor efectuada por el Tribunal de Cuentas como por esta Comisión mixta, que también ha hecho el esfuerzo -y esto hay que reconocerlo- para que antes
de que finalice el año podamos ver la cuenta general del Estado correspondiente al año 2011.

Página 8

Con respecto a la cuenta general, quiero resaltar dos cuestiones. En primer lugar, yo por lo menos analizaría el resultado y las consecuencias, en lo que a las competencias que corresponden a esta Comisión se refiere, desde una doble
perspectiva: primero, a pesar de lo dicho hasta ahora, el tribunal continúa insistiendo en la necesidad de fomentar determinadas medidas, incluso legislativas, para recortar los plazos para la presentación de la memoria de la cuenta general del
Estado y quisiera preguntarle, señor presidente, cuáles serían a su juicio las medidas que se deberían adoptar para recortar todavía más el plazo existente entre la finalización del ejercicio presupuestario, el análisis y el estudio por parte del
tribunal y la remisión a esta Comisión mixta. ¿En qué línea se debería abordar? Me parece absolutamente trascendente desde el punto de vista de transparencia pero también de la obligación que tienen las administraciones públicas y los poderes
públicos de rendir cuentas ante la ciudadanía lo más pronto posible.


En segundo lugar, con respecto a la cuenta general del Estado del año 2010, esta Comisión mixta y posteriormente los Plenos del Congreso y del Senado adoptaron en abril, si no recuerdo mal, toda una serie de resoluciones, cuarenta y nueve en
total, referentes tanto a la cuenta general del Estado en su conjunto como a la cuenta general del Estado del sector público administrativo, empresarial y fundacional. No querría repetir temas que han surgido en las intervenciones anteriores, pero
es verdad que reiteradamente se producen semejantes desajustes, incumplimientos o incoherencias. En algunos aspectos nos ha parecido ver ciertas mejoras, debo reconocerlo, y en otros hemos apreciado ciertos retrasos, puesto que entidades que en
principio habían cumplido en el año 2010 este año 2011 se han retrasado en la presentación. Lo que le quería pedir es si pudiese profundizar un poco más en el seguimiento de estas resoluciones adoptadas por esta Comisión mixta y por los Plenos del
Congreso y del Senado en la misma línea que se ha comentado antes. ¿Vamos hacia atrás, como los cangrejos, o poco a poco, aunque insuficientemente, vamos mejorando los mecanismos de control y de transparencia? Son los dos temas que le quería
plantear.


Finalizo deseándoles felices fiestas y feliz año.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Císcar.


El señor CÍSCAR CASABÁN: En primer lugar, quiero iniciar esta intervención agradeciendo al señor presidente del Tribunal de Cuentas su presencia hoy aquí, el informe amplio elaborado por el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de la
cuenta general de 2011 y la exposición del señor presidente del tribunal. Reconozco, por tanto, el esfuerzo del Tribunal de Cuentas para, dentro de los plazos y con la mayor celeridad, poder rendir cuentas en este caso de la declaración sobre la
cuenta general del Estado.


Del propio informe comprobamos que hay alguna novedad en esta cuenta. La primera es que es el primer ejercicio que resulta aplicable el Plan general de contabilidad pública. Con relación a la declaración anterior, por otro lado, se han
eliminado las relaciones entre España y la Unión Europea y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria porque, según se indica, son objeto de fiscalización específica. Estas son las novedades con las que se realiza el informe, y una
sin duda importante es la aplicación del Plan general de contabilidad pública.


Quiero también hacer constar que se da en esta declaración una circunstancia específica en la medida en que no siempre, no cada año, se producen esos hechos que han sido resaltados por algunos de los intervinientes. En primer lugar, se
trata de la ejecución de un presupuesto, en este caso de 2011, que corresponde a un Gobierno, y la rendición y elaboración de esas cuentas corresponden a otro Gobierno de signo político distinto. Esta es una circunstancia que se da cada equis años,
no todos, sino en los momentos en que hay un cambio de signo político en el Gobierno de España.


La declaración integra las tres cuentas, la cuenta general del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector público fundacional. Es cierto que la función de esta Comisión
Mixta Congreso y Senado no es la de la fiscalización; la fiscalización corresponde al propio Tribunal de Cuentas, y así ha sido expresado en el informe que ha presentado su presidente. La función de esta Comisión es recibir el informe, hacer las
consideraciones oportunas y elaborar, en su caso, las propuestas de resolución para ser tratadas en su momento por esta Comisión y por el Pleno de la Cámara. Quiero anticipar que mi grupo va a aceptar y apoyar las propuestas que el presidente del
Tribunal de Cuentas, en nombre del tribunal, nos ha manifestado en su intervención.


Cuando analizamos la cuenta general del Estado en este y en otros momentos es siempre constatable que se señalan aspectos positivos y también aspectos negativos. En este ejercicio en concreto vemos reflejados también algunos aspectos como
que se han tenido en cuenta con carácter general las directrices

Página 9

marcadas por los Plenos del Congreso y del Senado. Por lo tanto, pienso que se ha avanzado en la fiscalización aplicando las directrices que han sido aprobadas por el Congreso y por el Senado.


Sobre la implantación del Plan de contabilidad pública, al no hacerse crítica alguna, cabe pensar que ha sido aceptado y considerado positivo por el tribunal. Las cuentas individuales del sector público administrativo que no se han podido
integrar representan, según el informe, el 0,51 % del total de los créditos autorizados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, como ahí se manifiesta, no afectan a su representatividad. Por último, todas las cuentas
individuales, según se manifiesta en el informe, están acompañadas del informe de auditoría preceptivo. Es evidente que un informe general como el que aquí hoy se nos presenta sobre la cuenta general del Estado correspondiente al año 2011 tiene
también sus aspectos negativos, que también han sido explicados por el informe del tribunal y por el que aquí nos ha presentado el señor presidente en cuanto a endeudamiento y deficiencias en estados financieros que ciertamente tienen continuidad
con la carencia de inventarios adecuadamente elaborados y de actuaciones que se vienen reiterando y planteando a lo largo del tiempo. Lo sorprendente -por no decir sospechoso, porque sería un término inadecuado- sería que en algún informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas no apareciera ninguna alegación, ningún aspecto negativo o ninguna advertencia; la sorpresa puede ser positiva o negativa, pero sin duda resultaría sorprendente en una tarea de fiscalización y en todo caso
indicaría que se ha alcanzado ya la perfección en la rendición y en la ejecución de las cuentas. No cabe duda que estos aspectos deben de ser subsanados y tenidos en cuenta por parte de la Intervención General de la Administración del Estado para
el perfeccionamiento y la elaboración de la cuenta general.


El señor presidente nos ha informado con relación a los informes preceptivos y previos que deben ser establecidos: el de la Abogacía del Estado, según he podido comprobar, emite un dictamen favorable sobre el contenido de la declaración y
no aprecia la existencia de responsabilidad contable alguna. El ministerio fiscal aprecia unos indicios que han sido expuestos detalladamente por el presidente del Tribunal de Cuentas. Por tanto, la cuenta general, en opinión de mi grupo, ofrece
la representatividad suficiente que va avanzando y, en todo caso, dirijo al señor presidente del Tribunal de Cuentas la pregunta de si estima que vamos avanzando en la representatividad de las cuentas generales del Estado. Por otro lado, dado que
una de las propuestas que se nos dirige tiene que ver con la celeridad, con el avance en los plazos, si el tribunal dispone de las unidades adecuadas de fiscalización para poder también avanzar en el tiempo, como aquí se nos plantea.


Quiero terminar reiterando que mi grupo apoyará las propuestas que nos ha transmitido el presidente y que presentaremos propuestas de resolución con la intención de mejorar la elaboración y la rendición de las cuentas. Mi grupo, como
siempre, buscará el acuerdo con los demás grupos de la Cámara en una tarea que entiendo que es común de perfeccionamiento y de representatividad de la cuenta general del Estado.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Parro, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor PARRO DEL PRADO: En primer lugar, quiero manifestar al señor presidente del Tribunal de Cuentas mi alta valoración por el informe que nos ha presentado en la mañana de hoy así como por el documento de declaración sobre la cuenta
general del Estado del año 2011 y expresar mi felicitación por el magnífico trabajo a todos los miembros del Consejo y a cada uno de los funcionarios que han intervenido en el mismo.


No puedo empezar mi alocución sin referirme a algunas de las cosas sorprendentes que han dicho algunos de los portavoces. El señor Sixto Iglesias empezaba diciendo que era una gestión a caballo de dos Gobiernos. Uno estuvo 7 días y el otro
258. (Risas). Usted lo verá así, pero me parece que no merecía la pena decirlo.


Con respecto a los señores Bruguera y Ciscar, han manifestado algo también muy sorprendente, y es que si bien ellos reconocen que la gestión corresponde al Gobierno socialista, sin embargo, la presentación de la cuenta ha correspondido al
Gobierno popular. La presentación de la cuenta corresponde a la Intervención General del Estado y a la hora de presentar la cuenta no hay intervención política. Me parece un exceso poner en la misma balanza el déficit o el superávit de esta cuenta
de un partido u otro por el hecho de haberla presentado. El señor Ciscar ha señalado, y no le voy a llevar la contraria, que no hay responsabilidad contable, y con eso se lava las manos. Sí que hay responsabilidad política. Y de ese tema, de la
responsabilidad política, de la gestión de un presupuesto difícil de entender, sí tengo que

Página 10

hablar, no porque el informe del Tribunal de Cuentas sea difícil de entender, sino por el trato que se ha dado a los dineros públicos. Por lo tanto, eso se llama responsabilidad política.


Se acaba un ciclo de la aprobación de la cuenta general del Estado de los últimos años del Gobierno socialista, años 2009, 2010 y 2011. Es natural, creo yo, expresar hoy una valoración política de lo que ha sido el más puro estilo
socialista en el trato de los dineros públicos. Han sido tres años de una gestión poco o nada consecuente con la situación de crisis financiera y económica global y de España en particular. Con presupuestos irreales en los gastos -negaron la
crisis repetidamente- e irreales también en los ingresos. Han sido tres años de una gestión basada en la inacción de reformas estructurales aconsejadas por todos los analistas mundiales, especialmente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Central Europeo. Han gobernado sin el menor apego al dinero de todos, en su necesidad de no hacer nada que significara perder votos a su partido y olvidándose de la ruina a la que estaban llevando a España. Han sido tres años que definen al
Gobierno socialista como irresponsable, que ha puesto en peligro real el bienestar de los españoles. La cuenta general aprobada en 2009, todos los recordarán, marcó récords negativos en ejecución presupuestaria que resumiríamos en dos cifras:
150.000 millones de euros de pasivo financiero y una desviación del déficit público de 12 puntos. Se presupuestó en más 0,5 % y acabó superando el menos 11,5 %. Hoy todo el mundo sabe lo difícil que es bajar un punto el déficit del Estado, sin
embargo, no se tuvo ningún apego al dinero y en un solo año se desvió en 12 puntos. El año horrible de las cuentas de España que lastró la economía y la calidad de vida de los españoles hasta hoy, y seguro también la lastrará para los próximos
años.


La cuenta general de 2010, lejos de enseñar a nuestros dirigentes a rectificar, supuso un presupuesto irreal con la aprobación de la bajada del sueldo de los funcionarios y de las pensiones pero sin la aprobación de reformas estructurales,
acabando también con un déficit del 11 %, que dejó para el futuro el camino de la salvación de la economía española, y con el desplome del empleo, con una media de 3.000 empleos destruidos por día.


De la cuenta general de 2011, de la que nos ocupamos hoy, toca hablar también. Voy a tratar de ser sintético, y espero que comprendido, poniendo de relieve algunas cuestiones que pueden definir un año marcado en la política por la carrera
para sustituir a Rodríguez Zapatero y el olvido de los problemas de España para perder los menos votos posibles. En términos globales las desviaciones en la ejecución del presupuesto quedan marcadas por las siguientes cifras: obligaciones
reconocidas netas, 397.826 millones de euros, que han sido inferiores a los créditos definitivos de 417.978; una desviación de 20.152 millones. Se observa en esta desviación que no se dota de crédito inicial al desconocerse el sentido de la
variación, cubriéndose como eventuales necesidades a través de ampliaciones de créditos y con títulos como actuaciones de carácter preferente fundamentalmente en infraestructuras.


En el examen realizado sobre la ejecución del presupuesto de gastos se han observado diversas deficiencias respecto a la regularización contable y legal de las que se deducen, como consideración más relevante, que se han dejado de contraer
presupuestariamente obligaciones por un importe de 5.209 millones de euros que debieron reconocerse por corresponder a ese ejercicio el gasto realizado -utilizando el dicho popular, otros vendrán que lo pagarán- y teniendo que ponerlo en su mayor
parte en la contabilidad de ejercicios posteriores. La gestión de pagos también tiene su miga. Han pagado 389.385 millones de gastos de ejercicio corriente y 18.689 millones de presupuestos cerrados, correspondiendo en obligaciones reconocidas
397.828 millones de ejercicios corrientes y 32.814 millones de presupuestos cerrados, por lo que el saldo de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011 se elevó ni más ni menos que a 22.586 millones. En resumen, el pufo para los
nuevos se define de la siguiente forma: 5.209 millones en obras y pagos no reconocidos y 22.576 millones en reconocidos pero sin pagar; total, 27.795 millones para presupuestos posteriores. En ingresos, los derechos reconocidos a nivel agregado
fueron de 410.226 millones que corresponden a derechos reconocidos totales de 547.035 millones, derechos minorados anulados y cancelados en 136.809; pasivo financiero, 90.000 millones. Por lo tanto, el informe pone de manifiesto el incumplimiento
del artículo 34 de la Ley General de Presupuestos tanto en gastos como en ingresos -así lo dice el tribunal- e incide negativamente en el resultado presupuestario consolidado, de forma que el resultado representa un mayor déficit, 2.380 millones, y
asciende a 9.537 millones al final del ejercicio, cifras que ponen de manifiesto una gestión irresponsable de un presupuesto irreal que se agrava por la actitud política del engaño.


Con motivo de las elecciones de noviembre de 2011 el Gobierno socialista y el Partido Socialista manifestaron hasta el engaño una y otra vez que el déficit público cumpliría con las exigencias de Europa y que llegaría el 31 de diciembre al 6
% que se pedía. No tuvieron bastante con engañar al pueblo español;

Página 11

también mantuvieron la mentira en el traspaso de poderes y volvieron a manifestar que el déficit sería del 6 %. Esta cuenta demuestra que a través de las deficiencias e incumplimientos del artículo 34 de la Ley General de Presupuestos, de
subterfugios y mentiras, el déficit de 2011 alcanzó no el 6 % sino que rozó el 9 %. Esta manipulación de la verdad produjo una reacción en cadena. Europa llegó a acuñar una frase: No pagaremos la fiesta española. Los mercados nos quitaron toda
credibilidad. La prima de riesgo superó los 600 puntos básicos. El rescate del país en julio de 2012 estaba servido. Los españoles pagaríamos, pagamos y pagaremos con destrucción de empresas, destrucción de empleo, recortes y esfuerzos las
enormes veleidades de un Gobierno irresponsable. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor presidente, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Me preguntan en primer lugar en relación con aquellas entidades que no han sido incluidas en la cuenta general, en concreto dos por opinión desfavorable y seis por
denegaciones de opinión. Para dar más datos respecto de las mismas únicamente quiero decir que, tanto en unos como en otros casos, la opinión desfavorable o denegada está vinculada a los incumplimientos de normas presupuestarias o contables. En
algún supuesto incluyen opinión parcial favorable o con salvedades sobre la liquidación del presupuesto, como es el caso de las confederaciones hidrográficas.


También me piden más datos sobre la preocupante situación de AENA. En la cuenta que se rinde en 2011, AENA tiene deudas a largo plazo por importe de 11.630 millones de euros y a corto plazo por 959 millones de euros y el incremento respecto
de 2010 es de 332 millones de euros, que no supera el límite de incremento máximo previsto de deudas a largo de la Ley General Presupuestaria, que estaba establecido en 529 millones de euros.


También preguntan en relación con el 31 % de entidades que rinden fuera de plazo y por parte del señor Sixto y del señor Bel se pregunta qué mecanismos existen para mejorar esta situación y si el tribunal puede hacer una valoración respecto
de esta rendición fuera de plazo. La principal valoración que se puede hacer para que esta situación mejore es que, de acuerdo con la propia Ley de Transparencia, el incumplimiento de rendición de cuentas, además de los efectos que ya tiene de
acuerdo con la normativa aplicable por ejemplo para el ejercicio 2011, para ejercicios futuros también existe la posibilidad sancionadora por incumplimiento precisamente de ese principio de rendición de cuentas. Indudablemente los gestores van a
tener seguramente mayores e importantes razones para no incurrir en este supuesto de rendir las cuentas fuera de plazo.


Se me pregunta igualmente en relación con la cuenta general en qué dirección vamos, si vamos en la dirección correcta o no. No todos los ejercicios son iguales, no todos los ejercicios tienen la complejidad del ejercicio 2011, porque la
gestión económica -a la que se ha hecho referencia por parte del señor Parro- era realmente deficitaria y grave. Por otro lado, no todos los ejercicios se encuentran con la situación de abordar un cambio del Plan general de contabilidad, que
lógicamente afecta a la rendición de cuentas. El ejercicio de 2011 puede tener algún aspecto negativo, pero creo que será enmendado en el sentido de que, en conjunto, la obligación en los últimos ejercicios de cumplimiento en relación con la cuenta
general tiene una evolución positiva, con independencia de que hay muchas peticiones que son recurrentes y hay muchas situaciones podríamos decir no resueltas que se repiten en las resoluciones del tribunal, pero no debemos olvidar que el sector
público español ha hecho un importantísimo esfuerzo en los últimos años para abordar un proceso continuo y muy positivo de agregación de sus cuentas y de futura consolidación que, valorado en su conjunto, debe tener una opinión favorable por parte
de esta Comisión y del conjunto de los ciudadanos.


Me han preguntado -creo que ha sido el señor Bruguera- qué valoración podemos hacer del seguimiento de resoluciones, si existen o no mejoras. Las resoluciones aprobadas en abril de este año difícilmente pueden entenderse, no pueden
aplicarse a un ejercicio que ya estaba rendido en ese momento. Tendrán efecto -si así lo tienen- en ejercicios posteriores, en los que efectivamente esas resoluciones puedan ser llevadas a efecto. Sí es cierto que lo mejoraría -es una cuestión que
el tribunal reclama siempre- el establecimiento de un sistema de seguimiento de las recomendaciones. Eso es siempre positivo y la propia Comisión mixta, en la medida en que hace este tipo de planteamientos, pone el acento en que las instancias
parlamentarias hagan un seguimiento de estas recomendaciones para que el Poder Ejecutivo, para que el Gobierno modifique la presentación de la cuenta general y subsane las deficiencias. También hay que indicar que se ha modificado la disposición
adicional novena de la Ley General

Página 12

Presupuestaria para la rendición de cuentas a través de la IGAE de entidades en las que la participación estatal no es mayoritaria. Yo creo que este es un aspecto positivo a destacar dentro de la cuenta general que se rinde en la
actualidad.


Asimismo me han pedido más información sobre las responsabilidades o sobre aquellos aspectos que hacen referencia a los informes del fiscal. Creo que he dado una información extensa en relación con este tema, pero, por contestar a la
pregunta que se me hace, puedo decir que generalmente están ubicadas en materia de retribuciones de personal, son las fundamentales, es decir, excesos de retribuciones en función de las fijadas en la ley de presupuestos o subidas que en determinadas
entidades van por encima de lo que la propia ley de presupuestos establece.


Me han preguntado también cuáles serían las medidas para recortar los plazos de cuenta general, cómo podríamos conseguir que efectivamente fuera un instrumento más útil y más ágil, porque hablar hoy de una cuenta que se refiere a dos
ejercicios anteriores no es la mejor manera de proponer y lograr cambios significativos en la gestión pública administrativa y económica. La primera de ellas sería modificar el plazo de rendición de cuenta general. La formación de la cuenta
general lleva nueve meses, que es un plazo de tiempo excesivamente dilatado, no porque la Intervención General de la Administración del Estado no haga en ese plazo una labor encomiable y muy interesante desde el punto de vista del control interno,
sino porque en el ámbito del derecho comparado tardar nueve meses en formar la cuenta general es un plazo excesivo de tiempo. Tanto de cara al control interno como de cara al control externo los trabajos de revisión de la cuenta general deberían
empezar antes de la propia finalización del ejercicio, de tal manera que tanto el trabajo del control interno, en este caso de la Intervención General de la Administración del Estado, como la del propio tribunal pudieran realizarse de tal manera que
antes del 31 de diciembre del ejercicio siguiente estuvieran ambos trabajos concluidos, es decir, el que realiza el control interno al formar la cuenta general y el que realiza el control externo en la revisión de esa cuenta. Hay que intentar
lograr ese objetivo y debe hacerse mediante modificaciones legislativas, pero también mediante la mejora del trabajo de todos en esta tarea. Les puedo decir que en relación con el último periodo hemos reducido en un mes el plazo que este año ha
tardado el tribunal en la elaboración de su dictamen y nos planteamos para el ejercicio siguiente mejoras también sustanciales en la realización de nuestro propio trabajo de revisión.


En cuanto a la pregunta que me formula el señor Císcar sobre si se cuenta con los medios necesarios, es difícil contestar esa pregunta cuando la normativa presupuestaria actual, las leyes de presupuestos establecen dificultades para la
cobertura de las vacantes que se producen por jubilación. Esto lleva produciéndose varios años, con lo cual la capacidad operativa de las instituciones se ve mermada. Se tiene que hacer de alguna manera un trabajo superior con menos medios, pero
creo que también son las limitaciones que impone la crisis. El tribunal está dispuesto a mejorar con los medios que tiene, pero por supuesto nos vendría muy bien poder contar con algunos más.


¿Se va avanzando en representatividad? Es la pregunta en general. Pienso que en representatividad de lo que son estados consolidados el proceso es positivo. Lo que es cierto es que las dificultades derivadas de la no presentación de
cuentas por parte de algunas entidades que integran la cuenta general es un elemento que debe mejorarse a través de la imposición de los medios por una parte coercitivos de los que el tribunal dispone, pero también de los sancionadores que se van a
poder aplicar por la actual normativa.


En relación con lo planteado por el señor Parro, es cierto que la cuenta general, en el ámbito de los incumplimientos del artículo 34 de la Ley General Presupuestaria, recoge un importante catálogo de operaciones de otros ejercicios que se
han imputado al presupuesto de 2011 y de operaciones no imputadas que debieron aplicarse al presupuesto, por corresponder a ingresos y gastos del propio ejercicio.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir para alguna aclaración de las explicaciones que ha dado el presidente a sus intervenciones? (El señor Císcar Casabán pide la palabra).


Señor Císcar.


El señor CÍSCAR CASABÁN: Señor presidente, es una breve manifestación que no viene tanto de lo que el señor presidente acaba de informarnos como de algún aspecto que creo importante resaltar. En primer lugar, la intervención del señor
Parro en mi opinión ha contenido graves menciones al Gobierno socialista. Se han empleado términos como Gobierno irresponsable, el pufo, el engaño, las mentiras. Luego sobre todo quiero aclararle un aspecto. Nunca he dudado de que la rendición de
cuentas tiene que

Página 13

ver con la Intervención General de la Administración del Estado -lo he dicho en mi intervención anterior-, pero lo curioso es que el señor Parro entienda que hay responsabilidades en otro Gobierno y que nada tiene que ver el Gobierno que
lleva diez meses cuando presenta las cuentas del ejercicio anterior, no con la ejecutoria de las cuentas, por supuesto que no, pero sí con la no presentación de determinadas cuentas por parte de fundaciones o por parte de distintas entidades dentro
de la esfera ya de ese Gobierno. No estoy hablando del contenido, estoy hablando de la falta de presentación que se produce en ese tiempo. En este aspecto hay que ser más riguroso en una Comisión como esta. El señor Parro me ha hecho asistir, sin
ser mi intención, a un mitin de fin de semana del Partido Popular. (Aplausos.-El señor Parro del Prado pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor Parro.


El señor PARRO DEL PRADO: Me imagino que lo del mitin de fin de semana se refiere a los suyos, porque no creo que haya ido nunca a los nuestros, ya que estas cosas de esa forma no se dicen. Pero estoy aquí para reiterar la importancia que
tiene, y le agradezco al señor Císcar que me dé la oportunidad de hacerlo, el VHR. El VHR habla del engaño en cuanto a que en unas elecciones generales se reiteraba la buena gestión de las cuentas del Estado con la bajada del déficit. Eso fue un
engaño real dicho no una vez sino muchas veces; el engaño de que seguía contemplándose esa misma cifra del 6 % a primeros de diciembre en el traspaso de poderes, mentiras que, al final, dan lugar a una reducción de su coste electoral, porque, al
fin y al cabo, perdieron. Y cuando digo la palabra pufo -que no sé si está bien expresada o no-, no se trata de que nadie se haya llevado el dinero, sino que dejan 5.200 millones de euros en derechos no reconocidos y dejan sin pagar, dentro de los
derechos reconocidos, 24.500 millones para ejercicios posteriores. Es una cantidad que todos los años hay, pero que es inusual en la que correspondió de 2011 a 2012, y lógicamente, como ejercicio definitivo de su gestión, el VHR...


El señor PRESIDENTE: Señor Parro, vamos a ir terminando.


El señor PARRO DEL PRADO: ...ha producido las consecuencias que hoy tiene. Por cierto, VHR es el virus de la herencia recibida, sí señores, un virus.


El señor PRESIDENTE: Obviamente, el presidente del tribunal no va a intervenir en este segundo turno al no habérsele formulado ninguna pregunta.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS DONACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES VINCULADAS ORGÁNICAMENTE, EJERCICIOS 2009, 2010 Y 2011. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente del Congreso
251/000132 y número de expediente del Senado 771/000131).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día para la declaración del presidente del Tribunal de Cuentas sobre el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas
por las fundaciones vinculadas orgánicamente en los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Tiene la palabra don Ramón Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión celebrada el 30 de octubre de 2013, aprobó el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos
políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente a los mismos de los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Con la aprobación de este informe el Tribunal de Cuentas da por superada la situación de retraso que arrastraba
por diversos motivos en la fiscalización de la contabilidad ordinaria de los partidos políticos -no así en la contabilidad de los distintos procesos electorales-, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en la Ley orgánica 8/2007, de 4 de
julio, sobre financiación de los partidos políticos, y lo reiteradamente reclamado por esta Comisión mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Para ello ha sido necesario un ímprobo esfuerzo por parte de la unidad de fiscalización de
los partidos políticos, que ha sido especialmente reforzada en los últimos tiempos para acometer este propósito.


Llamo la atención a sus señorías sobre las dificultades de disponibilidad de personal que arrastra el Tribunal de Cuentas en los últimos tiempos, que ha afectado, entre otras, a la unidad de partidos políticos, lo que ha hecho imprescindible
proceder a dotarla temporalmente de personal de otras áreas para poder

Página 14

superar el retraso ya mencionado. No obstante, la intención del tribunal es reforzar la citada unidad de manera permanente, así como otros ámbitos que presentan importantes carencias en este sentido, para lo cual resulta imprescindible
contar con la posibilidad de incorporar, con relativa celeridad, nuevas disponibilidades de personal.


Este informe presenta como peculiaridad respecto a fiscalizaciones anteriores la incorporación de los resultados referidos a tres ejercicios, de 2009 a 2011, lo cual no obsta para señalar que las comprobaciones oportunas se han realizado de
manera individualizada para cada uno de los citados ejercicios. También representa como novedad respecto a las últimas fiscalizaciones sobre esta materia que su alcance subjetivo se ha restringido a las formaciones políticas que han percibido algún
tipo de subvención pública durante dichos ejercicios, en cumplimiento estricto de lo exigido por la ley, sin extenderse a otras formaciones con representación en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. No obstante, una vez superado
el retraso ya señalado, en las próximas fiscalizaciones se procederá a determinar las formaciones a las que se extenderán las comprobaciones en futuros ejercicios, en aras de lograr el necesario equilibrio entre la transparencia y la eficacia del
control.


El número de formaciones que han sido objeto de fiscalización ha ascendido a veintiuna en los ejercicios 2009 y 2010 y a veintinueve en el ejercicio 2011, debido a la incorporación de ocho formaciones más que obtuvieron representación en los
procesos electorales celebrados en este último año y que por tanto fueron perceptoras de subvenciones públicas. Asimismo se han fiscalizado las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación en
las Cortes Generales, que han ascendido a un total de treinta y nueve en cada uno de los tres ejercicios. Se han excluido dos fundaciones por no cumplir ninguno de los requisitos que fueron aprobados por el pleno del Tribunal de Cuentas para
determinar la existencia de vinculación orgánica.


En cuanto a los resultados de la fiscalización respecto a los partidos políticos con relación a la rendición de cuentas, todas las formaciones políticas fiscalizadas presentaron al tribunal las cuentas de cada uno de los ejercicios
fiscalizados. No obstante, varios partidos políticos presentaron las cuentas fuera de plazo con el siguiente detalle: tres formaciones lo hicieron en todos los ejercicios, otras dos formaciones en dos de los ejercicios y tres formaciones más las
presentaron con retraso en uno de los ejercicios.


En el caso de Izquierda Unida, las federaciones territoriales remitieron sus cuentas al tribunal de manera independiente, casi todas ellas fuera de plazo, con la excepción de Izquierda Unida por Asturias en el ejercicio 2009, y generalmente
con mucho retraso. Esta circunstancia ya ha sido reseñada en anteriores informes del Tribunal de Cuentas, indicando además la falta de rendición de los estados contables consolidados de la organización. En el caso de Coalición Canaria, presentó
durante el trámite de alegaciones las cuentas consolidadas correspondientes a los tres ejercicios, incluyendo todos los partidos federados, lo que ha impedido efectuar las comprobaciones necesarias sobre dichas cuentas.


Con carácter general, las formaciones políticas no incluían en sus cuentas anuales toda la información sobre la organización local, a excepción de Compromís pel País Valencià, Iniciativa per Catalunya-Verds, Nafarroa Bai, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Unión del Pueblo Navarro y Unión Progreso y Democracia, para los tres ejercicios fiscalizados, y Foro de Ciudadanos y Geroa Bai para las cuentas del ejercicio 2011, constituyendo una limitación al alcance en el resto de
formaciones con sedes locales. También se mantiene la limitación señalada en informes anteriores respecto a la formación Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, como consecuencia de las significativas diferencias no explicadas de saldos entre
los ejercicios 2008 y 2009.


Por otra parte, no han presentado la memoria que forma parte de las cuentas anuales en alguno de los tres ejercicios fiscalizados un total de cinco formaciones políticas: Esquerra Unida de las Illes Balears y el Partido Comunista de España
de 2009, 2010 y 2011; Eusko Alkartunsa de 2010 y 2011 y Compromís-Q y Coalició Compromís de 2011. En determinadas formaciones la memoria de sus cuentas anuales no recogía o lo hacía de forma incompleta la información de detalle que exige la ley
relativa a las subvenciones públicas, las donaciones privadas y las condiciones de los préstamos que mantengan con entidades de crédito, si bien dicha información se aportó durante las actuaciones fiscalizadoras.


A diferencia de los resultados del informe anterior, diversas formaciones políticas ya adjuntaban la documentación relativa a la revisión de sus sistemas de control interno para garantizar la adecuada intervención y contabilización de los
actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, aunque aún había otras formaciones que no remitieron esta documentación exigida por la ley.

Página 15

Otro aspecto relevante ya mencionado en fiscalizaciones anteriores es la existencia de formaciones con patrimonio neto negativo, en concreto diez formaciones en 2009, trece en 2010 y diecisiete en 2011. Entre las formaciones que presentaban
un mayor déficit patrimonial se encuentran Unió Democrática de Catalunya, Convergència i Unió, Izquierda Unida y varias de sus federaciones, Iniciativa per Catalunya-Verds, Bloque Nacionalista Galego y Bloc Nacionalista Valencià, todos ellos por
encima de un millón de euros al cierre del citado ejercicio.


Entrando ya en el apartado relativo a la financiación pública de los partidos políticos, la misma ha supuesto un total de 287 millones de euros en 2009, 247 millones en 2010 y 316 millones en 2011, de acuerdo con la información suministrada
por la totalidad de las instituciones públicas a las que se solicitó la misma. Dentro de tales ingresos correspondían a subvenciones electorales un total de 46 millones de euros en 2009, 10 millones en 2010 y 78 millones en 2011, lo que supone en
este último ejercicio un 20 % del total de los ingresos, públicos y privados, percibidos por las formaciones.


Asimismo dentro de la financiación pública se incluyen las subvenciones destinadas a sufragar los gastos de seguridad otorgadas por el Estado, ligeramente por encima de 4 millones de euros en cada uno de los tres ejercicios fiscalizados.
Hasta el año 2011 no se reguló expresamente la naturaleza de los gastos subvencionables, así como el plazo y forma de justificación de los mismos. Se han detectado remanentes pendientes de aplicación que deberán ser reintegrados al Estado por un
total de ocho formaciones: Amaiur, 7.643 euros; Coalición Canaria, 93.758 euros; Compromís-Q, 2.137 euros; Geroa Bai, 1.019 euros; Nafarroa Bai, 40.091 euros; Partido Aragonés, 2.040 euros; Partido Socialista Obrero Español, 136.411 euros, y
Unión del Pueblo Navarro, 9.594 euros. Dicha circunstancia se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.


Respecto a las subvenciones públicas obtenidas por los grupos institucionales vinculados a los partidos políticos, las mismas se elevaron a 145 millones de euros en 2009, 141 millones en 2010 y 143 millones en 2011, observándose que en su
distribución por parte de las instituciones otorgantes no se seguían criterios homogéneos.


Por lo que se refiere a los recursos privados, de acuerdo con las cuentas anuales presentadas, los ingresos de esta naturaleza registrados por las formaciones se elevaron a 66 millones de euros en 2009 y 2010 y a 71 millones en 2011. Dentro
de los ingresos anteriores destaca el saldo de las cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes, por un total de 42 millones de euros en 2009, 41 millones en 2010 y 43 millones en 2011. Aún seguían detectándose formaciones que no
disponían de cuentas específicas para el abono de tales cuotas y aportaciones o bien recogían en ellas otra clase de ingresos, lo que resulta contrario a lo previsto en la ley. Además de lo anterior, las formaciones recibieron donaciones privadas
no finalistas que ascendieron a 6 millones de euros en 2009, 7 millones de euros en 2010 y casi 9 millones de euros en 2011.


En relación con estas donaciones se han verificado las siguientes observaciones. Existencia de donantes no identificados en Izquierda Unida Andalucía (alrededor de 100.000 euros en cada uno de los tres ejercicios) y en el Partido Aragonés
(82.000 euros en 2011). Donaciones de personas jurídicas sin haberse facilitado el acuerdo del órgano social competente, destacando en especial Unió Democrática de Catalunya, por 200.000 euros; Partido Popular, por 60.000 euros y Convergència
Democrática de Catalunya, por 46.000 euros en total. Donaciones realizadas por personas jurídicas con contratos vigentes con la Administración pública, detectadas en las formaciones Coalición Canaria, 30.000 euros en 2011; Partido Popular, 1.500 y
15.000 euros en 2010 y 2011 respectivamente, y Unió Democrática de Catalunya, 100.000 en cada uno de los ejercicios 2009 y 2010 y 70.000 en 2011 procedentes de dos personas jurídicas. Donaciones no ingresadas en cuentas bancarias destinadas
exclusivamente a este tipo de ingresos, que afectan al Partit dels Socialistes de Catalunya por valor de 561.000 euros entre los tres ejercicios; al Partido Socialista Obrero Español, por un total de 122.000 euros, y a Izquierda Unida y sus
federaciones, por 61.000 euros en total. Aportaciones que no cumplen todos los requisitos de identificación previstos legalmente, referidas a las federaciones Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y Esquerra Unida de las Illes Balears, por
21.000 euros en 2009, 5.000 en 2010 y 3.000 en 2011, y a Unión Progreso y Democracia por 12.000 euros en 2009 y 1.000 euros en 2011.


Por lo que respecta a las deudas con entidades de crédito contabilizadas, las mismas ascendían a 237 millones de euros al cierre del ejercicio 2009, a 218 millones en 2010 y a 275 millones en 2011. La deuda vencida se elevaba a 1,6 millones
de euros, 1,5 millones y 1,3 millones en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 respectivamente, correspondiendo fundamentalmente a las formaciones Eusko Alkartasuna y Unió Democrática de Catalunya. La formación política Izquierda Unida renegoció varios
créditos en 2009 dando

Página 16

lugar a una condonación de intereses de demora por importe de 0,5 millones de euros. Por su parte, Unió Democrática de Catalunya concertó en 2011 una operación crediticia que le permitió cancelar un crédito de 3,6 millones de euros de
principal y 1,1 millones de intereses, lo que ha supuesto un abono de la entidad financiera de, al menos, 0,4 millones en concepto de regularización operación préstamos, sin que se haya justificado adecuadamente esta operación.


Al igual que en periodos anteriores las formaciones políticas Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista Vasco mantenían participaciones accionariales en sociedades mercantiles cuya actividad principal consistía en la tenencia y administración
de bienes inmuebles, para el desarrollo de actividades propias del partido, y la explotación de servicios de hostelería. Se reitera la conveniencia de que dichas formaciones revisen sus participaciones en tales sociedades dado que la Ley Orgánica
8/2007 prohíbe expresamente a los partidos políticos la realización de actividades de carácter mercantil, siendo necesario que su gestión sea sin ánimo de lucro, y no se menoscabe la transparencia y el control de la actividad de los partidos.


Finalmente por lo que respecta a los partidos políticos se han detectado gastos de naturaleza electoral del ejercicio 2011 que no figuraban en la contabilidad electoral en la formación Esquerra Republicana de Catalunya por importe de 171.000
euros. Lo anterior obliga a revisar el exceso sobre el límite máximo de gastos electorales, lo que lleva a elevar la reducción propuesta de la subvención de 32.000 euros a más de 53.000, lo que supone que se reduzca la subvención en 21.311,37
euros, circunstancia que se comunicará al Ministerio del Interior.


El otro gran apartado del informe se refiere a la fiscalización de las donaciones recibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente a los partidos políticos con representación en las Cortes Generales, de acuerdo con la
disposición adicional séptima de la Ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos. A este respecto, a falta de regulación legal expresa, se han aplicado los mismos criterios que en informes anteriores para determinar la existencia de
vinculación con respecto a un partido político. Quiero destacar que estos criterios han sido incorporados al Plan general de contabilidad adaptado a las formaciones políticas que fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 26 de
septiembre, dando así cumplimiento al mandato al tribunal por parte de la Ley Orgánica 8/2007, referente a la aprobación de la citada adaptación del plan, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2014. De las formaciones políticas analizadas
únicamente Convergència i Unió y Nafarroa Bai han comunicado que no tenían vinculación con fundaciones y asociaciones, según tales criterios.


Respecto a la presentación de las cuentas requeridas un total de cinco fundaciones no lo hicieron por falta de actividad en el periodo, manifestando no haber recibido donaciones. Son las fundaciones Canarias 7 Islas, Estudios Sociales de
Navarra, Horacio Fernández Inguanzo, Idi Ezquerra y Zabaldiak. Otras dos fundaciones, Catorce de Abril y Progreso Global, presentaron documentación contable insuficiente, lo que también constituye una limitación al alcance, circunstancia extensible
asimismo a la fundación CatDem, que no facilitó al Tribunal de Cuentas documentación suficiente que permitiera verificar la naturaleza de los ingresos contabilizados. El importe total de las donaciones informadas por las fundaciones que fueron
objeto de fiscalización se elevó a 9.294.000 de euros en 2009, 8.702.000 en 2010, y 7.275.000 en 2011, destacando especialmente en este último ejercicio las siguientes fundaciones, todas ellas con donaciones recibidas por un importe superior a un
millón de euros: La Fundación para el Análisis y Estudios Sociales -FAES-, la Fundación CatDem, el Institut d´Estudis Humanistics Miquel Coll y Alentorn -Inehca-, y la Fundación Ideas para el Progreso.


Los incumplimientos legales en relación con esta materia se refieren a aspectos como la realización de donaciones en cuentas que no son específicas para este tipo de ingresos, donaciones procedentes de personas jurídicas sin haber aportado
el acuerdo del órgano social competente, y dos ayudas derivadas de la formalización de convenios de colaboración suscritos por sendas fundaciones -la Fundación para el Estudio de los problemas de las Ciudades y la Fundación de Estudios Municipales y
Territoriales-, que se estima tienen la naturaleza de donación, habiéndose excedido el límite legal de las aportaciones individuales, al haber ascendido a 419.000 euros y 214.000 euros respectivamente.


El señor PRESIDENTE: ¿Desean intervenir por parte de los distintos grupos? (Pausa). En primer lugar, por el Grupo de Entesa, el señor Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: En esta cuestión que nos afecta a todos sobre la necesidad de predicar con el ejemplo no deja de ser curioso que, después del tema que hemos tratado anteriormente, ahora analicemos el informe de fiscalización de
las formaciones políticas. Yo no voy a hablar de los otros partidos políticos, yo voy a hablar del mío, o de los míos, y me parece que es un acto de transparencia,

Página 17

puesto que probablemente nos esté escuchando la prensa y haya gente que se informe a través de los medios de comunicación escritos hoy o mañana. Por lo tanto no voy a contribuir a poner en marcha el ventilador -nunca me ha caracterizado
personalmente por ello-, pero sí querría decir que cada palo aguante su vela, y que cada uno tome notas del informe del Tribunal de Cuentas, las que le correspondan a él -no al resto de los partidos para echarles en cara lo que sea-, y que las
traslade a las direcciones de su respectivo grupo político para que adopte las medidas oportunas para corregir los errores, para corregir las deficiencias -seguramente involuntarias-, para que sirvan y contribuyan a un mayor grado de transparencia,
y por lo tanto de reconocimiento de la labor política y de la importancia de los partidos políticos en democracia.


Si me equivoco, señor presidente, le pido que me corrija. Yo represento al Partit dels Socialistes de Catalunya, a la Entesa pel Progrés de Catalunya, al Progrés Municipal, es decir, las coaliciones que mi partido realiza a nivel local en
las elecciones municipales, y también a la Fundació Rafael Campalans, de la cual soy miembro. Debo decir que en este sentido nuestro partido, mi partido político ha presentado dentro de plazo las cuentas correspondientes, que también ha elaborado
el informe de control interno, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007, de financiación de los partidos políticos, cosa que no todos han hecho; se ha presentado la actividad independiente en el ámbito territorial por parte de mi
formación política, es decir, de la comisión ejecutiva, las federaciones territoriales y las agrupaciones locales, de lo cual ha dicho el propio tribunal que todo ello permite un análisis de sus respectivas cuentas anuales. Por lo tanto desde este
punto de vista nos sentimos contentos y orgullosos de haber incorporado, no con pocas dificultades, la integración de todas las cuentas de las agrupaciones locales, algo que no es nada fácil de lograr, pero que se ha hecho, lo hemos hecho. En
cuanto a las formaciones políticas en el ámbito territorial -ya lo he comentado-, Progrés Municipal también ha incorporado las cuentas de todas y cada una de las candidaturas municipales; se han presentado las preceptivas memorias, lo cual ha
merecido la siguiente frase por parte del tribunal: Las memorias presentadas por la formación política del Partit dels Socialistes de Catalunya contienen en general información adecuada para explicar las partidas del balance y la cuenta de
resultados.


En cuanto a las donaciones privadas -tampoco quiero eludir los inconvenientes ni los problemas- el informe viene a decir que inicialmente no se habían recogido adecuadamente, pero con un anexo presentado con posterioridad la formación ha
rendido como anexos a las memorias las relaciones de los donantes correctamente identificados. Por lo tanto nos apuntamos el problema inicial, y como propósito de enmienda el año próximo ya no será necesario que lo hagamos a través de un anexo,
sino que lo haremos en la presentación inicial de nuestras respectivas cuentas.


Sobre la Fundació Rafael Campalans es verdad -usted lo ha comentado de algunas fundaciones como la nuestra- que ha habido algún problema, pero en 2011 ya se ha resuelto. La Fundació Rafael Campalans dispone de una cuenta corriente
únicamente para ingresar en ella las donaciones. Por tanto, total transparencia por parte de la Fundació Rafael Campalans.


También debo decir que en cuanto a las formaciones con patrimonio neto negativo no están el Partit dels Socialistes de Catalunya ni la Entesa pel Progrés de Catalunya ni Progrés Municipal per Catalunya. Me parece que, en la responsabilidad
que me corresponde, las formaciones, partidos políticos o coaliciones electorales que yo represento en general -todo es mejorable- han merecido un informe muy positivo por parte del Tribunal de Cuentas. Si no es así, le repito, señor presidente,
que me lo haga notar porque lo habré leído muy mal.


Finalizo diciendo que este ejercicio que he intentado hacer modestamente, en algún caso incluso un poco en broma, tal vez por las fechas -ahora ya hablando en serio-, creo que sería interesante que cada cual se lo aplicase antes de decir
según qué cosas y aparecer en los medios de comunicación como el defensor y el adalid de no sé cuántas cuestiones. Creo que con ello contribuiríamos todos a la mejora de la imagen de la política y de los partidos políticos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, el señor Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Agradezco al presidente del Tribunal de Cuentas sus aportaciones y reflexiones, y comienzo recogiendo el guante que ha lanzado al comunicarnos las dificultades de personal que está teniendo, y esa ambición y esa
voluntad de querer reforzar la unidad de partidos políticos, elemento que nosotros subrayamos y que entiendo que es imprescindible e importante, porque todos los presentes somos conocedores en estos momentos de las dificultades que estamos viviendo
con respecto a la comunicación y la ciudadanía. Entiendo que todo aquello que vayamos a clarificar o a

Página 18

reforzar, todo aquello que vayamos profundizando en el ámbito de la transparencia, de la claridad y de la tenencia de los bolsillos de cristal con respecto a los partidos políticos ayuda a dotar de confianza, a profundizar en la democracia y
a hacer que la ciudadanía crea mucho más en las instituciones y en aquellos partidos políticos que toman parte en las mismas.


Únicamente voy a hacer mención a algo que el presidente ha comentado con respecto al partido que yo represento, entendiendo que hay un incumplimiento, entre comillas, de la Ley 8/2007, en su artículo 6.1, cuando plantea que los partidos
políticos no podrán desarrollar actividades de carácter mercantil. Pensaba que este era un punto suficientemente explicado, pero parece que no. Habrá que trabajar de una manera conjunta con el Tribunal de Cuentas porque el Partido Nacionalista
Vasco no puede entenderse sin un funcionamiento como el que en estos momentos tenemos. A su vez quiero hacer mención a sus señorías del articulo 6.2, donde no se reputarán actividades mercantiles las actividades propias a que se refiere el artículo
2.2.b), es decir, todas aquellas actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio. En estos momentos se está haciendo referencia a la sociedad Batzokia, que lo que hace es gestionar el
patrimonio, el funcionamiento, la clave y la identidad del Partido Nacionalista Vasco dentro de sus batzokis a lo largo de toda su historia, y en ese sentido quería intervenir para clarificar y no dejar ningún atisbo de duda respecto a la referencia
que se ha hecho a este artículo 6º.1 y lo correspondiente a las sociedades mercantiles. Entiendo que es un tema como he dicho que en anteriores ejercicios se había solventado y clarificado, pero si no es así tendremos que trabajar durante este año
de manera común para ver de qué manera podemos entendernos, entre comillas, para poder superar este problema formal desde nuestro punto de vista, ya que como digo nosotros como partido político llevamos en nuestras raíces ese tipo de funcionamiento,
buscando además una eficiencia en el mismo y entendiendo que el Partido Nacionalista Vasco no podría sustentarse, no podría vivir sin esa base de funcionamiento desde los batzokis, para los batzokis, que es de donde nosotros salimos, surgimos y
trabajamos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Comienzo diciendo que efectivamente se ha realizado un importante esfuerzo, son tres los ejercicios que vamos a ver en este punto, lo que es algo inaudito. El tribunal, como ha dicho su presidente, ha venido
manteniendo la regularidad al día de la fiscalización de las contabilidades electorales, no así de las cuentas propias de los partidos políticos, que llevaban un importante retraso por parte del tribunal que ha hecho un gran esfuerzo y hay que
reconocerlo. Desde mi grupo parlamentario apoyamos desde luego la reivindicación de mayores medios por la falta de recursos humanos para la fiscalización, no ya solamente de los partidos políticos, sino para la fiscalización que compete al Tribunal
de Cuentas por delegación de las cámaras. En este sentido quisiera romper una lanza a favor del trabajo que realizan los funcionarios, no solamente del Tribunal de Cuentas, sino también de las otras inspecciones del Estado que son básicas para el
mantenimiento de un nivel adecuado de ingresos y para el cumplimiento adecuado de las leyes. Me refiero, por ejemplo, a la Inspección de Trabajo o a la Inspección de Hacienda que están también viendo coartada su reposición de efectivos por la
limitación impuesta por el Gobierno año tras año a través de los Presupuestos Generales del Estado, y que desde mi grupo parlamentario hemos criticado. Por eso rompemos esa lanza a favor del trabajo de centenares de funcionarios que en este caso se
dedican a fiscalizar, a controlar y a tratar de que la Administración pública y los recursos públicos tengan un mayor nivel de ingresos y una adecuada dedicación a los fines que tienen que tener.


Respecto a la cuestión específica de estos tres ejercicios desde mi grupo parlamentario quisiéramos hacer algunas consideraciones. Primera, entendemos que hay una serie de cuestiones que el tribunal ha puesto en consideración que
compartimos completamente, pero que tienen un carácter técnico que se debe mejorar, que pueden afectar en mayor o menor medida a la capacidad del tribunal de fijar la realidad de la contabilidad de los partidos, que en todo caso suponen una cuestión
que se debe mejorar, pero que no entendemos como un incumplimiento gravísimo de ninguna cuestión legal, puesto que al final son cuestiones técnicas que son subsanables. Me refiero a los retrasos que pueden dificultar la toma, que son importantes y
que hay que corregir, pero que son subsanables, siempre que se presenten las contabilidades. Cuestiones como la consolidación de cuentas, el no ingreso en determinados momentos de subvenciones o de ingresos en las cuentas que se tienen que
habilitar específicamente, el tema de deudas, el tema de balances negativos, son cuestiones que efectivamente pueden afectar al trabajo que tiene que desarrollar el Tribunal de Cuentas para fiscalizar la contabilidad de los partidos políticos, pero
que en todo caso son subsanables en el tiempo y no implican por sí mismas un carácter de incumplimiento que yo calificaría de

Página 19

la gravedad que pueden tener otros, y que quiero destacar en otro punto de intervención. Son cuestiones que se tienen que resolver, que afectan a múltiples fuerzas políticas, que a la hora de hacer la ley el legislador no tuvo claro.


Comienzo por una de las cuestiones más graves que impiden que el Tribunal de Cuentas efectivamente elabore una visión definitiva de la contabilidad de los partidos políticos, y me refiero a las contabilidades de las organizaciones locales.
No se incluyó deliberadamente en la ley que los partidos políticos tuviésemos que rendir cuentas de todas nuestras organizaciones locales, por un lado, porque sabemos de la dificultad que ello tiene, y por otro, porque tenemos la confianza -no sé
hasta qué punto el presidente del tribunal podrá decirnos si la confianza está fundamentada o está en el aire- de que las subvenciones que se otorgan desde todas las administraciones públicas acaban siendo controladas por esas mismas
administraciones públicas. Me refiero a ayuntamientos, diputaciones o en su caso mancomunidades. En esa confianza es en la que el legislador se fundó para no exigir esa obligatoriedad legal de la consolidación de todas las cuentas de las
organizaciones locales, que desde mi grupo parlamentario planteamos que en algún momento habrá que solucionar. Hay que ir haciendo que todos los partidos políticos consolidemos todas las contabilidades locales. ¿Que es dificultoso, que es
complicado, que es difícil? Sí, pero hay que hacerlo, es absolutamente necesario. Si no se hace sí limita gravemente la capacidad del tribunal de dar una visión definitiva y global de las contabilidades.


Los sistemas de control interno. Sistemáticamente durante años los informes del Tribunal de Cuentas han venido incorporando en el segundo párrafo o el tercero respecto a cada partido político que falta el sistema de control interno que
establece la ley. La ley establece un sistema de control interno que no define en ningún punto con la concreción que sería deseable para los responsables de los partidos políticos por dónde tendrían que orientar ese sistema de control interno.
Sería importante que el tribunal, igual que ha implementado un plan contable nuevo que los partidos políticos tenemos que utilizar actualmente, implementase también unas líneas maestras básicas de cómo tendría que ser ese mínimo sistema de control
interno para que podamos desarrollarlo los partidos políticos.


Una cuestión que ha supuesto una importante alarma social y que aparece en reiterados puntos del informe es la relativa a las donaciones. Desde mi grupo parlamentario quisiéramos destacar algunas cuestiones técnicas respecto a las
donaciones cuando se ingresan o no se ingresan en una cuenta específicamente abierta. Es cierto que lo obliga la ley, pero en ninguna circunstancia un ingreso indebido en una cuenta que no era por un error supone un incumplimiento. Desde luego
nosotros no lo calificaríamos como grave, puesto que no puede alterar ni el origen ni el destino de la subvención. Otra cuestión es la falta de identificación de los donantes, la falta de acuerdo de las personas jurídicas para hacer las donaciones.
Son cuestiones que sí pueden incluir gravedad porque pueden estar ocultando otros vicios que el legislador y la ley han prohibido taxativamente. En ese sentido y por lo que respecta a alguna fuerza política, concretamente la nuestra, sí me gustaría
destacar que en este caso de falta de identificación de los donantes es siempre y en la práctica totalidad referido a las donaciones de los cargos públicos, que a veces no se hacen con el procedimiento que deberíamos hacer de acuerdo a la ley, pero
hay veces que la contabilidad no se lleva con la mesura que se debería llevar. Es una cosa que hay que corregir y que es necesario mejorar. Otra cuestión respecto a las donaciones es cuando el donante es claramente indebido, cuando está
taxativamente prohibido por la ley que se produzcan ese tipo de donaciones. Me refiero a las donaciones de personas jurídicas que mantienen contratos con las administraciones públicas. Hay algún partido político afectado, y es importante que esto
se corrija, porque eso sí es un incumplimiento grave, no un incumplimiento técnico como puede darse en otras cuestiones.


Para terminar me gustaría resaltar tres cuestiones. Primero, la falta de homogeneidad en las subvenciones públicas. No tiene una correspondencia clara lo que se obtiene por subvenciones públicas para partidos políticos de un ayuntamiento a
otro o de una diputación a otra. Hay una dispersión absoluta. No hay ninguna norma en la que eso tenga una especificidad. Así, podemos ver ayuntamientos con una población importantísima que tienen unas subvenciones exiguas a los grupos políticos,
y otros ayuntamientos con una población muchísimo menor que tienen unas donaciones incomparablemente muchísimo más elevadas. Sí que me gustaría alguna reflexión por parte del presidente del tribunal. Desde mi grupo parlamentario entenderíamos
absolutamente razonable que se introdujese razonabilidad en esa dispersión.


Segundo punto de la conclusión. También me gustaría que el presidente del tribunal nos hiciese algún adelanto sobre cómo la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que concretó las formas de sancionar determinados
comportamientos anteriormente prohibidos por la ley, va a afectar a futuros

Página 20

ejercicios a partir de la entrada en vigor de esa ley. Estamos cerrando ahora una etapa de ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la ley. Cómo va a afectar esa posibilidad de sanción o cómo ve el presidente que puede afectar a
comportamientos que ahora simplemente han aparecido en el tribunal, pero que a partir de un determinado momento desde nuestro grupo parlamentario entendemos que van a ser objeto de sanción, como debe ser y compartimos desde este grupo parlamentario.
Me refiero a cuestiones que ya he comentado, desde los retrasos en las cuentas a la falta de consolidación o los incumplimientos ya de tipo más grave.


Por último, me gustaría una reflexión por parte del presidente del tribunal, puesto que se ha reflejado la contabilidad que hemos presentado y que han presentado los partidos políticos al Tribunal de Cuentas, pero en la actualidad pública no
cabe duda de que está en la memoria colectiva el registro de la sede de algunos partidos políticos o los casos que están ante los tribunales de justicia que implican la existencia fehaciente de una contabilidad b, al menos en el partido que sustenta
al Gobierno. Es algo que está quedando demostrado, y es algo que desde mi grupo parlamentario echamos de menos en el informe del Tribunal de Cuentas. Se han desgranado los problemas, los incumplimientos, todas las salvedades que hay respecto a las
contabilidades presentadas ante el Tribunal de Cuentas, pero yo creo que es publico y manifiesto, señor presidente, que hay partidos políticos que han tenido una contabilidad b que no han presentado al Tribunal de Cuentas. Sin embargo en el informe
del Tribunal de Cuentas no hay ni un solo párrafo que hable de uno de los principios más importantes en contabilidad que es el principio de registro. Y es que la contabilidad presentada por algún partido político, concretamente por el Partido
Popular, no responde a la realidad del gasto habido según se está viendo de las actuaciones de los tribunales. Sé que es una cuestión que tiene que ser dirimida por los tribunales y que en ningún caso el propio tribunal tiene la capacidad en este
momento de inmiscuirse en la función y en las actividades de la Audiencia Nacional, pero al menos un párrafo diciendo que efectivamente se está pudiendo comprobar, se está viendo o que está sub judice en los tribunales que la contabilidad presentada
por el Partido Popular no responde a la realidad del registro de toda su actividad económica sería absolutamente necesario para que este informe tuviese toda la credibilidad que desde luego el trabajo ingente del Tribunal de Cuentas y de sus
funcionarios merece.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muy brevemente, en todo caso también para constatar y agradecer el trabajo del Tribunal de Cuentas a efectos de subsanar el retraso acumulado en la fiscalización de los estados contables de los diferentes partidos
políticos. Estamos incorporando 2009, 2010 y 2011, y por tanto estamos ya regularizando una situación que era necesaria porque seguramente no favorecemos la credibilidad en nuestras formaciones políticas si no se es suficientemente transparente.
En esto, igual que en el caso anterior de la cuenta general del Estado -a pesar de que podemos apreciar ciertas mejorías y quizá aquí con mayor retrospectiva, porque estamos presentando tres informes de tres anualidades diferentes y sí que podemos
constatar que en cada una de las anualidades se va mejorando, en términos generales, para la mayoría de las formaciones políticas-, constatamos que hay mucho margen de mejora para todos, y con diferentes niveles creo que todos debemos constatar que
no hemos mejorado lo suficiente.


En todo caso esperemos -mi formación y yo estamos convencidos- que la reciente Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, que reformó la Ley orgánica de financiación de los partidos políticos, y que va a entrar en vigor a partir de los próximos
ejercicios ya fiscalizados, tenga su efecto. De hecho algunas de las carencias que se constatan en los informes hoy presentados seguramente no van a estar reflejadas precisamente por esta ley orgánica de octubre de 2012.


También deseo dejar constancia para aquellos que han empezado a criticar dicha reforma que esta todavía no ha sido de aplicación en las cuentas que se presentan aquí. Quiero manifestar la necesidad de mejora de todas las formaciones
políticas, empezando por las que yo represento. En todo caso, nos ha dejado preocupados que en estos momentos, debido a las restricciones en contratación de personal, la unidad de partidos políticos no tenga el personal suficiente y que para hacer
el trabajo de estos informes se haya tenido que recurrir a personal de otras unidades dentro del mismo Tribunal de Cuentas. Considero que eso -y en ello coincidiremos los miembros de esta Comisión- no es de recibo. Deberíamos adquirir todos el
compromiso de que esto no ocurra así. Igual que a través de las diferentes leyes de Presupuestos Generales del Estado se han ido excepcionando algunos casos en cuanto a la limitación de contratación, avanzo -y espero poder hacerlo con el consenso
del resto de fuerzas políticas- que nuestros grupos

Página 21

parlamentarios vamos a tener alguna iniciativa para poder excepcionar de esta limitación de contratación en términos generales al Tribunal de Cuentas, específicamente -creo que es necesario mandar este mensaje- a la unidad de partidos
políticos para que tenga el personal necesario y en ningún caso se pueda transmitir a la sociedad que no estamos dotando de personal a la unidad que tiene que controlar nuestras formaciones políticas. En cualquier caso, deseo agradecer a todos
ellos, a los de la unidad y a los que se han incorporado temporalmente, el trabajo realizado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Císcar.


El señor CÍSCAR CASABÁN: Quiero también iniciar mi intervención con un reconocimiento expreso por parte del Grupo Parlamentario Socialista a la tarea que el Tribunal de Cuentas viene desarrollando, y al esfuerzo que sin duda se ha realizado
en esta fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente en los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Es sin duda este esfuerzo una puesta al día en una exigencia
ciudadana que viene planteándose sobre la inmediatez en el conocimiento mediante la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos. En la medida en que se hayan podido recibir críticas es de justicia en el momento presente hacer este
reconocimiento y a la vez constatar cómo en el tiempo de la actual composición del Tribunal de Cuentas se han duplicado prácticamente los expedientes fiscalizados hasta el presente momento, con lo cual la intensidad del trabajo va a ser ahora
trasladada a esta Comisión mixta.


Nos encontramos ante la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos. Una primera reflexión es que estamos ante un hecho instrumental, es decir, para los partidos políticos cabe pensar -y así es- que se trata de la aplicación de
valores y principios en defensa del interés general con el esfuerzo para merecer la confianza de los ciudadanos y mejorar sus condiciones de vida. Ese tiene que ser el objetivo fundamental de los partidos. Los partidos políticos necesitan de
aspectos instrumentales para poder desarrollar el papel que les confiere la propia Constitución y esos aspectos instrumentales -entre ellos el económico que estamos viendo- tienen que estar -y están- regulados. Lo fundamental es la sujeción a la
ley, entre otras razones porque la ley se hace en esta casa, una ley para la financiación de los partidos hecha por los propios representantes de los partidos políticos y, por lo tanto, hecha para su cumplimiento y no para su burla o vulneración.
Así pues, la financiación tiene que ser adecuada en la medida del alto papel que representan las fuerzas políticas en su consideración constitucional; puede haber todo el debate o discusión sobre si tiene que ser pública o si tiene que ser privada
con esta o con aquella modalidad, pero lo lógico es que sea observada como tal. Cuando revisamos lo que viene siendo habitual en la fiscalización de las cuentas nos damos cuenta de que hay cuestiones o aspectos recurrentes que se marcan, entre
ellos las donaciones; si existe o no una cuenta específica, si puede haber algún caso en que por error o por la razón que sea se ha ingresado en la cuenta no específica para las donaciones, si se han integrado o no las cuentas locales, si existe en
otro caso patrimonio neto negativo o no. Estas vienen siendo, en aplicación de la ley, en la fiscalización, unas materias recurrentes que, lógicamente, aparte de la presentación en tiempo y forma de las cuentas, han de cumplirse por parte de las
formaciones políticas.


Es evidente que todas estas cuestiones, cuando haya alguna alegación, algún aspecto de incumplimiento, son a mi entender subsanables en la medida en que si obedecen a la realidad, es decir, si las cuentas son únicas y claras, cualquier
cuestión que pueda haber de esta naturaleza debe ser explicable aun cuando la necesidad del cumplimiento de la ley sea evidente, en ningún caso exonera esa necesidad. El problema está, como dije cuando contemplamos las cuentas de 2008, en que pueda
existir ocultación, y me explico. El Tribunal de Cuentas recibe las cuentas de los partidos políticos y fiscaliza las cuentas que recibe. Aprecia si se han presentado en tiempo y forma, si hay carencias, si hay alguna vulneración, pero siempre
sobre aquello que se le presenta. Mi grupo recientemente intentó ampliar los deberes de colaboración mediante una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Esto no quiere decir que no se produjera, pero pretendía ampliarlos
legalmente por parte de la Agencia Tributaria o por parte de la Tesorería de la Seguridad Social para que la colaboración entre el Tribunal de Cuentas y estos organismos permitiera una mejor fiscalización o un mejor conocimiento de esa realidad. La
mayoría parlamentaria del Grupo Popular decidió no admitirlo a trámite en contra de la voluntad de los demás grupos de la Cámara, si bien he de decir que manifestó que posteriormente se tendrían en cuenta en la presentación del proyecto de ley por
iniciativa del Gobierno. Lo que quiero hacer constar es que por parte de mi grupo hay y va a haber todo tipo de apoyo y colaboración a la ampliación de facultades o a dotar de los medios necesarios para que la fiscalización por parte de Tribunal de
Cuentas pueda ser una fiscalización en condiciones. Pero hay una cuestión que afecta a las propias fuerzas políticas, es decir, que nos afecta

Página 22

a los que aquí estamos y también a los responsables políticos de las direcciones de los correspondientes partidos, y es el ajuste a la verdad. Esto es algo tan sencillo como que la ley está para cumplirla; si hace falta otra, que se
modifique mediante los acuerdos necesarios, pero hay que cumplir siempre la que hay. Eso es algo tan sencillo como que en una formación política no entre por ingreso un solo euro que no se refleje en los presupuestos, que se establezca la forma
adecuada para que en la cuenta de donaciones, en la cuenta de aportaciones de los militantes o en la cuenta correspondiente no entre un solo euro que no esté reflejado en los presupuestos, en los únicos que puede haber, unas cuentas únicas y
veraces, y que tampoco sale un euro que no se refleje en las propias cuentas, ya sea en el gasto electoral, con el presupuesto electoral correspondiente, acorde también con la ley, ya sea en el gasto ordinario del partido. Eso es lo esencial, el
cumplimiento de la ley y la veracidad de las cuentas, porque si las cuentas son veraces, aparte de que se está haciendo lo que se debe, que es cumplir la ley, se están evitando muchos problemas; problemas de todo tipo que no voy a entrar a detallar
en este momento. Es una exigencia de la ciudadanía hacia los representantes públicos, hacia los partidos políticos, a las direcciones de los partidos políticos. Esa exigencia de la ciudadanía se debe cumplir.


Hace un tiempo mi grupo presentó una solicitud de comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas, en la que se pedía de forma urgente dicha comparecencia para explicar la información facilitada por el Partido Popular al Tribunal
de Cuentas respecto de las donaciones recibidas, la forma y las circunstancias en que fueron comunicadas y anotadas en la contabilidad de dicho partido, el grado de control efectivo y el cumplimiento por esta formación de la legislación sobre la
financiación de los partidos políticos y de las actuaciones que en todo caso va a llevar el tribunal. Esta solicitud de comparecencia, cuya fecha de entrada en la Comisión fue el 24 abril de 2013, puedo entender que en parte se cumple hoy con la
información que aparece de la contabilidad de los partidos políticos, pero cabe también entender que el Tribunal de Cuentas no ha ido más allá y que probablemente tendrá sus dificultades para ir más allá de lo que expresan las cuentas presentadas.
No voy a prejuzgar en absoluto. Si en estos momentos hay problemas que están en vía judicial, serán los jueces los que resuelvan y los que decidan, pero lo que sí es cierto, por la tranquilidad de todos, y por supuesto por la del partido que se ve
afectado, es que dar explicaciones y corregir lo que haya que corregir es una garantía para un buen funcionamiento. Señor presidente, las cuentas deben ser, por tanto, claras, únicas, ajustadas a la ley. Las cuentas han de ser ciertas, es decir,
no han de contener engaño y han de ser, por tanto, auténticas. Esta es la primera obligación que afecta a todos, a todas las formaciones políticas, para su cumplimiento.


Nos dice el señor presidente del Tribunal de Cuentas en su informe que se vienen reiterando las recomendaciones, y es cierto. Cuando hay que reiterar las recomendaciones es que todavía falta algún grado para su cumplimiento. Pues bien,
quiero indicar que mi grupo va a apoyar las recomendaciones que realiza el Tribunal de Cuentas y que, a su vez, vamos a intentar llegar a propuestas de resolución o a medidas de carácter legislativo con el acuerdo posible -intentándolo por nuestra
parte- de todas las demás fuerzas políticas, sobre todo para que exista una garantía de buen cumplimiento de la función que nos exigen los ciudadanos y de la rectitud de las cuentas. Termino diciendo que la ley está ahí, la ley es clara, la ley hay
que cumplirla y es indispensable la voluntad de las direcciones políticas para que esa ley se cumpla, y si es insuficiente, que se cambie y se determine de la manera más adecuada, pero sobre todo nunca entrar en elementos que puedan suponer
vulneración.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas, sus explicaciones y reconocer el esfuerzo importante que supone este informe, que actualiza nada más y nada menos que
tres ejercicios.


Esta fiscalización, al final, contribuye a explicar a los ciudadanos cuál es la situación económica, cuál es la situación contable de los partidos políticos. Este informe, señor presidente, a juicio del partido que represento, evidencia,
más allá de los discursos -luego me referiré a esta cuestión con más intensidad-, quién lo hace bien y quién lo hace mal. Yo tengo que hacer una manifestación rotunda y clara. Las cuentas del Partido Popular poco o muy poco reproche tienen en
estos informes de fiscalización. Si al final, en 100 millones de euros por año, el reproche -como se ha oído aquí- son 1.500 euros o 15.000 de dos donaciones -de las que luego también hablaré-, créanme que estamos muy tranquilos. Quiero expresar
mi doble agradecimiento al esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España con medidas legislativas como la Ley de Transparencia, o con reformas como la que se están llevando a cabo en estos momentos

Página 23

de la Ley de Partidos Políticos, a las que yo sigo invitando a todas las formaciones políticas a que se sumen, porque de esa forma contribuiremos a tranquilizar a los ciudadanos y a tranquilizar la vida política.


Tengo que decir algo con profunda tristeza, y es que me ha sorprendido que algunos, para tapar sus vergüenzas hoy aquí, hayan hablado de lo que no hay en el informe. Al final, no deja de ser sorprendente que el señor Iglesias o el portavoz
del Partido Socialista no se hayan referido a su informe. Señor Bruguera, usted ha tenido muy poco éxito; no han defendido la gestión algunos portavoces de sus partidos políticos porque, evidentemente, es complicado defenderla, y han hablado de lo
que no hay en el informe. Yo les quiero decir a sus señorías que, además, dejando en mal lugar al Tribunal, puesto que ustedes parten de la base -por lo que entiendo- de que el Tribunal no ha hecho correctamente sus deberes o el trabajo de
fiscalización.


Entrando ya, señor presidente, en el informe que aprobó el pleno del Tribunal el 30 de octubre, sí me quiero referir al ámbito subjetivo del mismo, aunque usted ya ha hecho referencia a ello. Es verdad que en los años 2009, 2010 y 2011 se
fiscalizan aquellas formaciones políticas que, de acuerdo con el artículo 3, han percibido subvenciones o recursos de la Administración; también aquellas formaciones que, dependiendo de partidos políticos, han recibido recursos y aquellas que en el
año 2011, al final, obtuvieron representación. Usted ya ha hecho la precisión y yo le quiero preguntar si han excluido algunas. En los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, usted es plenamente conocedor de que se extendió la fiscalización a todas
las formaciones políticas, incluso de las asambleas de las comunidades autónomas. En esta ocasión se quedan partidos como Ciudadanos, el Partido Riojano, Els Verds de Mallorca o el Partido Regionalista de Cantabria fuera de esa fiscalización. Me
ha parecido entenderle que es una falta de tiempo material y, por lo tanto, entiendo que está en vigor aquel importante acuerdo de 23 febrero por el que se extendía el ámbito de fiscalización, que entiendo vigente. Sí que quiero preguntarle una
cosa; si esto se ha quedado fuera, ¿no considera oportuno que en el próximo informe de partidos políticos se incluya la fiscalización de estas fuerzas en los años 2009, 2010 y 2011 que se han quedado fuera? Lo digo, fundamentalmente, a efectos de
recuperar el tratamiento equitativo de todas las formaciones políticas, para que todos los ciudadanos españoles sepan cómo se gestionan al menos aquellos partidos que perciben recursos públicos.


En cuanto a la segunda cuestión que se ha visto referida en algún medio de comunicación en estos días, el patrimonio negativo neto, yo le felicité. Creo que es un acierto del tribunal introducir este concepto en los informes. Es verdad,
aunque se ha intentado minimizar o relativizar esta cuestión, que esta cifra o este dato evidencia cómo se gestionan los partidos políticos, quién lo hace bien y quién lo hace mal. Observamos con preocupación desde el Partido Popular que en el año
2009 había diez formaciones políticas con patrimonio negativo neto; en 2010, trece; y en 2011, diecisiete. Es decir, en esto hemos ido empeorando de forma importante. En el informe de 2008 se podían observar desequilibrios entre ingresos y
gastos de distintas formaciones políticas, pero lo que ahora tenemos claro en la foto es que hay algunas que están en una situación crónica que van arrastrando ejercicio tras ejercicio. Usted ha citado tres, concretamente a Izquierda Unida, al
Bloque Nacionalista Galego y a CiU. Es evidente que estamos en un escenario en donde todo el mundo tiene que contribuir a sacar este país adelante. Si en la gestión de los recursos las administraciones al final están haciendo esfuerzos importantes
y si los ciudadanos están haciendo esfuerzos importantes, los partidos políticos también tendrán que hacerlos. Yo le quiero preguntar lo siguiente. Ante la evidencia de que determinadas formaciones políticas no se están tomando en serio esta
cuestión, cómo vería usted o si consideraría razonable vincular la concesión de subvenciones a partidos políticos o determinadas cantidades a ir regularizando esta situación, que desde luego no es adecuada, y voy a quedarme ahí de momento.


Hay una tercera cuestión con respecto a irregularidades de determinadas formaciones o partidos políticos. No pensaba hacerlo, pero empezaré por Izquierda Unida porque, como en la Biblia, se ve la paja en el ojo ajeno pero no se ve la viga
en el propio, ya que, al final, las irregularidades que tiene Izquierda Unida son meros problemillas y aquellas que no figuran en el informe es lo grave. El señor Iglesias reclamaba más funcionarios, pero yo le digo una cosa; si llega a tener más
funcionarios el tribunal, no les quiero decir a ustedes cómo hubiera salido la fiscalización de Izquierda Unida. Si teniendo pocos, sale lo que sale de Izquierda Unida, no le quiero decir nada. Usted hablaba en su primera intervención sobre la
cuenta general del Estado del bucle, refiriéndose a que se repite, pero en el informe de Izquierda Unida también se repite lo del año 2008. Maneja un discurso completamente contradictorio, permítame que se lo diga. Dice que echa en falta la
consolidación de las cuentas locales, pero si es que Izquierda Unida no consolida ni las regionales con la federal. Diecisiete comunidades autónomas y no son capaces de

Página 24

consolidarlas, no le quiero ni contar si ustedes tienen que consolidar no sé cuántas locales. A mí la verdad es que me resulta sorprendente que usted le dé poca importancia a presentar las cuentas fuera de plazo, pero Izquierda Unida
presentó las cuentas de los años 2009, 2010 y 2011 a mediados del año 2013. Píntelo usted como quiera, pero al final la ley hay que cumplirla y es igual para todos. Para usted a lo mejor no es importante, pero si al final -como sucedió en el
informe de 2008- parte de la contabilidad de Izquierda Unida se queda sin fiscalizar, deberían explicar por qué sucede esto. Usted se ha referido a que las normas de control interno de los partidos políticos no están todo lo desarrolladas que
debieran estar. Es posible que haya que hacer un esfuerzo, no le voy a decir que no, pero es que Izquierda Unida no se ha adaptado ni siquiera al nuevo Plan general de contabilidad, sigue utilizando el viejo. Entonces, a la hora de consolidar
todas esas cuentas, unas con el viejo, otras con el nuevo, es imposible. Por tanto, es imposible saber -si usted me apura- lo que pasa en Izquierda Unida. Yo no sé si a usted esto le parece grave o no, pero es lo que al final hay.


Me quiero referir a una cuestión que me parece más importante y que es la siguiente. En materia de donaciones se vuelven a repetir errores del año 2008. Al final hay 337.000 euros que no están identificados; no son de los que tienen
defectos formales, sino que no están identificados. Venir a hablar aquí de 1.500 euros y 15.000 euros del Partido Popular, cuando uno tiene 337.000 euros que no están identificados... Señor Iglesias, créame que no he entendido nada de su
intervención, no la he entendido. Para usted son relevantes 15.000 euros, pero no lo son 337.000 euros. No pensaba hablar de esto, pero usted mismo lo ha hecho. En lo que sí me voy a detener, señor presidente, es en las operaciones bancarias. El
informe que ha presentado el tribunal habla de que se han renegociado varias operaciones de crédito, habiéndose producido en una de ellas una condonación de intereses por importe de 0,5 millones, cuando el reconocimiento de la deuda ascendía a 1,2
millones. Nos volvemos a encontrar nuevamente -ya sucedió en el informe de 2008- con condonación de deuda o condonación de intereses de demora. En el de 2008 eran 34,5 millones del Partido Socialista. Esta es una situación sobre la que le voy a
volver a preguntar, porque créame que me preocupa. Yo me he dirigido a usted respecto al informe de 2008 diciéndole que en los informes se calificara esta cuestión que a usted le planteaba dudas. No llegó a definir esta actuación de ninguna forma,
pero profundizando un poco en la cuestión quiero hacerle una reflexión a ver si es tan amable de contestarme. Si el artículo 5 de la Ley orgánica 8/2007, de financiación de partidos, dice que los partidos políticos no podrán aceptar donaciones por
importe superior a 100.000 euros y el artículo 4 dice que los partidos políticos no podrán aceptar que directa o indirectamente terceras personas asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios, conjugando estos
dos artículos, al final, o el supuesto que le he dicho está en el 5, o está en el 4, o está en los dos, con lo cual, señor presidente, le vuelvo a preguntar si esto es financiación irregular o si es financiación ilegal. Será irregular si está en el
5 y será ilegal si está en el 4, pero fundamentalmente ya no es una valoración subjetiva sino que se deduce única y exclusivamente de la aplicación de la ley. Si esto sucediera en informes siguientes, una solicitud que haremos, señor presidente, es
que se califiquen este tipo de actuaciones en los informes, porque yo creo que al final, a pesar del importante trabajo que realiza el tribunal, cuando los ciudadanos leen estos informes se preguntan qué es esto o qué ha sucedido con esto otro.
Creo que esto contribuiría fundamentalmente al buen nombre del Tribunal de Cuentas. Los ciudadanos tendrían conciencia de que sirve para que los recursos públicos estén controlados y a buen recaudo.


Respecto a una cuestión del Partido Socialista, entiendo que se haya hablado de otras cosas, pero me voy a referir a algo muy concreto: la adquisición de inmuebles. Al final, en el propio informe se dice que no se ha dispuesto de informes
de tasación o de cualquier otra referencia documental, y el artículo 4.3 de la ley orgánica hablaba de la necesaria disposición de tasaciones a fin de garantizar lo que dice el artículo 4.3. No voy a recordar la resolución de 22 de junio de 2010
del Tribunal de Cuentas, donde hablaba de la necesidad de tasaciones, pero en el informe ustedes se refieren a la adquisición de inmuebles en el periodo fiscalizado por la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista en una operación
formalizada con el Instituto de Crédito Oficial, en la cual la comisión ejecutiva socialista adquiere cuatro inmuebles en plena propiedad y seis en mitad indivisa que estaban ocupados por sedes del partido en distintos puntos del territorio. Pues
bien, rápida y sucintamente, del informe se deduce que desde las tasaciones habían transcurrido más de seis meses y se observa que el precio de compra es del 80 % del valor de tasación. Es decir, si las tasaciones ya estaban fuera de plazo y por
tanto no se habían revalorizado, y había un descuento del 20 %, lógicamente el descuento es mayor. Al final, de esta situación que voy a calificar de curiosa, por no utilizar alguna palabra más gruesa, quiero preguntarle varias cuestiones, señor
presidente. La primera de ellas es si el tribunal ha efectuado o va a efectuar alguna actuación sobre la política del ICO en ese periodo en concreto

Página 25

en la enajenación de inmuebles especialmente a formaciones políticas a través de esas ventajosas ventas por vía excepcional. También quiero preguntarle si el tribunal ha tenido conocimiento de qué entidades acudieron a la dación en pago de
tales inmuebles. Me hubiera gustado -porque lo hemos visto reflejado en algún medio de comunicación y no sé si es cierto o no- que se hubiera reflejado, y si han tenido conocimiento le pido que usted explicite esta cuestión. Según consta en el
informe, la dación en pago de aquellos inmuebles en su día se efectuó por un importe de 1.418.000 euros. Le pregunto si consta en el tribunal por qué importe concreto se adquirieron estos inmuebles por la comisión ejecutiva federal del Partido
Socialista y, si usted tiene el dato, me gustaría que lo pusiera de manifiesto.


Vuelvo a la calificación de estos hechos porque de nada sirve contarlo si luego el tribunal no califica los hechos, y vuelvo al artículo 4.3 de la Ley Orgánica 8/2007, cuando dice: Los partidos políticos no podrán aceptar que directa o
indirectamente terceras personas asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios o de cualesquiera otros gastos que generen su actividad. ¿Financiación irregular o financiación ilegal, señor presidente? Me
gustaría que clarificara de qué estamos hablando en esta cuestión.


No me detendré mucho en la Fundación Progreso Global y Fundación Ideas para el Progreso. Sencillamente hay limitación al alcance de esta fiscalización porque no se han presentado las contabilidades.


Para acabar quiero hablar un poco del gran ausente. Me sorprende, después de todo lo que oímos -sobre todo en el hemiciclo- que hoy UPyD no esté en la sala. Quizá sea porque no le ha gustado el informe; el del año 2008 ya evidenció que no
le gustaba.


Finalmente hay dos cuestiones a las que me quiero referir, señor presidente. Una son los ingresos por actividades propias. Este partido en el año 2009 ingresó 144.000 euros en cifras redondas; en 2010, 111.000 y en 2011, 95.000, y parece
ser que esos ingresos proceden de lotería, actos, jornadas con afiliados y simpatizantes y productos promocionales. Pero a la hora de justificar eso solo aportan los extractos de los bancos, no hay ningún documento que soporte esa afirmación. Y el
tribunal -ya se les dijo en el ejercicio 2008- debería implantar un procedimiento que garantice la justificación y transparencia de este tipo de ingresos. Y la otra cuestión -no menos sorprendente- son los bonos al portador. Indica el informe del
tribunal que el partido mantiene una deuda de 221.000 euros en el año 2009, 175.000 euros en el año 2010 y 298.000 en el año 2011 en un concepto en el que me voy a explayar un poquito. Son documentos reintegrables al portador. En el propio informe
se manifiesta que se desconoce el número de bonos emitidos, extraviados, destruidos, hay indeterminación del plazo de devolución y se desconoce quiénes son los portadores. A tal extremo llega la preocupación del tribunal, señor presidente, que
ustedes le llegan a recomendar que esta peculiar -así lo califica el tribunal- forma de financiación extreme garantías legales. Vuelvo a lo que ya he dicho: se observa ausencia de calificación de estas cuestiones porque en el primer supuesto, en
el de ingresos por actividades propias, la inexistencia de documentos acreditativos de la naturaleza e importe de los ingresos no creo que suponga un obstáculo para verificar el cumplimiento del artículo 6.3 de la Ley 8/2007 sino que es una directa
vulneración del mismo. Si al final no se aportan los documentos que soportan esos ingresos, sencillamente se está vulnerando el cumplimiento de la ley. Y por lo que concierne a los bonos al portador, al final este es un sistema de financiación no
previsto en la normativa aplicable a partidos políticos. Si no está previsto, está excluido como medio de obtención de recursos si del mismo se observa que conculca el principio de transparencia al no constar, insisto, titular del capital ni se
determina plazo de devolución. Le pregunto si de aquí cabría entender que se deriva una donación anónima encubierta o si podríamos estar ante un supuesto con extralimitación de cuantías máximas; es decir, al final vuelvo al artículo 4 y al
artículo 5: financiación ilegal o financiación irregular. Esta no es una cuestión menor, y se lo digo porque usted sabe perfectamente que en estos momentos el Gobierno de España está modificando determinadas leyes y el punto de vista del tribunal
sobre este sistema peculiar de financiación contribuiría a aclarar conceptos, y a lo mejor esa aclaración que usted hoy haga aquí podría traducirse en una futura modificación legislativa.


Acabo este primer turno manifestando que, como siempre, el Partido Popular en el trámite de propuestas de resolución intentará mejorar, como no puede ser de otra forma, el sistema de transparencia de los partidos políticos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones que han planteado los diversos portavoces, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Empezaré por hacer una breve referencia a un aspecto que es precisamente el del incremento del trabajo desarrollado

Página 26

por el tribunal, que no solo se aplica a este apartado de partidos políticos, porque quiero indicar que en los últimos cuatro ejercicios el tribunal aprobó una media de entre treinta y tres y treinta y siete informes, y con los informes
aprobados en el último pleno celebrado la semana pasada el tribunal, en el ejercicio 2013, ha aprobado cincuenta y nueve informes; es decir, es un incremento muy significativo de la acción fiscalizadora del tribunal que se ha extendido a todos los
ámbitos, no solo al de partidos políticos.


A continuación, querría referirme a una de las cuestiones finales, porque me preocupa en la intervención del señor Suárez la inquietud que él ha manifestado con respecto a la falta de calificación que en ocasiones contienen los informes del
tribunal. Me lo dijo en relación con el ejercicio de 2008 y en la actualidad me lo ha vuelto a plantear respecto a varias cuestiones que el tribunal aborda pero que no quedan, en su expresión, rematadas. Se refiere, por una parte, a las
condonaciones de deuda y, por otra parte, a estos bonos que ha mencionado, y pregunta efectivamente qué es lo que ha hecho el tribunal en relación con esto. En primer lugar, querría rescatar cierta memoria histórica porque es importante poner en
valor que el Tribunal de Cuentas hace más de quince años fue el primero que en relación con esta materia puso el acento en las condonaciones de deuda cuando eran una práctica extendida dentro del conjunto de los partidos políticos. ¿Qué es lo que
ocurre en relación con este tema? Cuando el tribunal se pronunció sobre las condonaciones de deuda, lo hizo utilizando una expresión y era que en todos los informes indicábamos que era una fuente de financiación no contemplada en la Ley de
Financiación de Partidos Políticos. Hasta ahí llegábamos, y de esa manera calificamos todas las condonaciones de deuda porque entendíamos que la regulación existente sobre las fuentes de financiación de los partidos políticos -la ley que regula
precisamente su financiación- establece unas fuentes de financiación pero no cierra estrictamente esas fuentes o nos parecía a nosotros que no las cerraba de manera suficiente. Por tanto, la expresión utilizada en todos los casos fue esa: una
fuente de financiación no contemplada en la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Si la tuviéramos que calificar, lo haríamos de esa manera hasta el ejercicio 2012, en que la reforma de la Ley Orgánica 5/2012 permite las condonaciones de deuda
de principal más intereses que no superen el límite de 100.000 euros. A partir de esa fecha serían claramente financiación irregular las que excedieran del límite legal fijado. Querría llamar la atención de que en el proyecto de ley que el viernes
pasado se conoció en relación con la financiación de partidos políticos una de las cuestiones que se incorpora es precisamente la prohibición de condonaciones de deuda por entidades de crédito. Es decir, nos encontraríamos ya en un supuesto
clarísimo en el que serían ilegales las condonaciones de deuda.


Las manifestaciones del tribunal en relación con este tema tienen que acomodarse a la claridad o no de la propia expresión legal que se utilice. No podemos ir más allá en la opinión de la propia legislación reguladora y siempre nos hemos
mantenido en lo que entendíamos que suponía una crítica a la utilización de una fuente de financiación que no estaba contemplada en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, pero no llegábamos a su calificación como irregular o ilegal, cosa que,
a partir de las reformas que se han puesto en marcha en 2012 y 2013 y las que todavía se van a poner en marcha en 2013, creo que además con mucha fortuna en este caso concreto, sí se podrán aclarar.


Haciendo referencia a estas calificaciones, volvería a lo que se ha planteado por parte de los diferentes grupos parlamentarios en relación con este informe. No voy a entrar en un cruce de opiniones encontradas respecto a la gestión de cada
partido político porque no me corresponde más que exclusivamente defender el contenido del informe. Creo que ustedes comprenderán que en este asunto, siendo para el tribunal estrictamente técnico y teniendo un contenido estrictamente técnico, no
dejamos de comprender y comprobar que es esencialmente político y su enfrentamiento lo es así en la medida en que ustedes defienden diferentes opiniones y opciones en relación con este punto.


De las cuestiones que ustedes me preguntan y que el tribunal debería aclarar, la primera de ellas haría referencia a los temas planteados por el señor Bildarratz en relación con las participaciones en sociedades mercantiles. Es cierto -es
un tema que se lleva varios años discutiendo con los gestores del Partido Nacionalista Vasco- que es una forma específica y propia de actuar en política la de hacerlo a través de unos batzokis que están constituidos como sociedades mercantiles. Lo
único que hace el tribunal en sus informes es una advertencia que se establece siempre en la medida en que la ley restringe la participación en sociedades mercantiles. Lo que en los informes se pone siempre de manera clara es que los servicios que
se presten a través de estas sociedades se destinen principalmente a los afiliados, adheridos y simpatizantes, que se trate de una gestión sin ánimo de lucro y que no se menoscabe la transparencia y el control de la actividad económico-financiera de
los partidos políticos. Son los tres criterios que como

Página 27

advertencia se sitúan siempre que nos encontramos con esta situación de ver sociedades mercantiles dependientes, en el caso concreto del Partido Nacionalista Vasco, para la gestión de sus servicios de hostelería.


Por otra parte, en relación con lo que plantea el señor Bruguera, de Entesa, indudablemente agradezco sus palabras. En cuanto a las cuestiones que ha mencionado en su intervención, tengo que indicarle que efectivamente las donaciones no
recogidas y que luego han aparecido en un anexo lo lógico y lo correcto será que en ejercicios sucesivos esta cuestión quede solventada por parte de las formaciones a las que usted representa.


Con respecto a las manifestaciones formuladas por el señor Sixto, representante de Izquierda Unida, he de indicarle que efectivamente las donaciones no identificadas en contabilidad usted manifiesta que son de los representantes del partido,
pero es tan fácil como verificarlo. Siendo un problema tan fácil, lo difícil de entender es que no se haya resuelto en estos años porque creo que con la aportación de las certificaciones oportunas de las personas que han donado esa cantidad, el
problema quedaría resuelto. Sin embargo, como usted perfectamente ha reconocido, es un tema que ustedes tienen pendiente de resolver desde hace varios años y que yo creo que es un incumplimiento que no es estrictamente técnico, sino que afecta a la
labor de comprobación que puede hacer el tribunal y que de esta manera queda claramente limitada. Por otra parte, usted plantea las cuestiones relativas a lo que el informe no dice y mantiene que el principio de registro de operaciones puede haber
quedado afectado. El principio de registro solo se puede decir que ha quedado afectado cuando se comprueba que efectivamente así ha sido, es decir, que si no existen y no se ponen de manifiesto en el trabajo operaciones realizadas que no han
quedado registradas, no cabe invocar el principio de registro como un elemento no aplicable. Si hay otras instancias que están investigando esa clase de operaciones, dejemos que sean esas instancias las que lo resuelvan.


Plantea el señor Bel el margen de mejora que puede existir en la gestión de los partidos políticos y aquí coincido con él. Por otra parte, hace referencia a la necesaria modificación de la oferta pública de empleo para el año 2014. He de
decirle que en el actual anteproyecto de ley de presupuestos las limitaciones para llevar a cabo oferta pública de empleo han quedado ya establecidas para que no afecten al Tribunal de Cuentas, con lo cual va a ser el primer año que efectivamente va
a poder haber oferta pública de empleo, por lo tanto, incorporación de personal para poder resolver las cuestiones que están pendientes.


El señor Císcar también pregunta sobre las cuestiones que entran o no entran en los informes. Por otra parte, plantea una cuestión que sí es necesario aclarar: las propuestas de modificación legislativa realizadas a lo largo del tiempo.
Creo que las propuestas de modificación legislativa es importante formularlas, y no me lo entienda como crítica sino simplemente como la expresión de una cuestión que es verdad, las propuestas de reforma legislativa hay que valorarlas cuando se está
en el Gobierno y cuando se está en la oposición. Quiero decir que el tribunal formuló en su momento una moción precisamente para resolver el problema del deber de colaboración, la formuló en el año 2010 y creo que hubiera sido bueno que en 2010
hubiéramos tenido las modificaciones sobre el deber de colaboración que en aquel momento se planteaban. En todo caso, va a ser bueno que las tengamos ahora que se van a producir, porque en la Ley orgánica sobre financiación de partidos políticos
que se va a tramitar, aquellas cuestiones relativas a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria van a quedar resueltas, así como están resueltas las relativas a las entidades bancarias.


Se me ha planteado una valoración sobre estos proyectos de reforma. Planteaba el señor Sixto que la modificación del régimen sancionador va a ser aplicable a partir del ejercicio 2013. El régimen sancionador está aprobado desde el año
2007. Puede ser aplicado para el informe que se ha aprobado en la actualidad. De hecho, debería ser aplicado para el informe que se ha aprobado en la actualidad. Lo que ocurre, y eso siempre lo manifesté en las comparecencias anteriores, es que
existen graves inconvenientes para llevar a efecto la aprobación de los procedimientos sancionadores por la no existencia de tipificación, tipificación que en estos momentos se va a resolver, parece ser, mediante la reforma de la Ley orgánica sobre
financiación de partidos políticos que está en marcha en la medida en que se establecen las infracciones graves, leves y los plazos de prescripción para llevarlas a efecto.


Me comenta también el señor Suárez en relación con el patrimonio negativo neto que estaba en una situación crónica y que de alguna manera se está empeorando. Es cierto. Es uno de los aspectos de este informe que más importancia pueda tener
en la medida que pueda representar un riesgo de cara al futuro. Usted ha manifestado cómo desde los años 2009, 2010 y 2011, las formaciones políticas con patrimonio

Página 28

neto negativo han ido creciendo y que esa es una situación a la que se le debería de poner algún tipo de freno. Yo no creo que el freno sea que el Tribunal de Cuentas establezca una especie de vigilancia sobre las subvenciones vinculadas a
una regularización de ese patrimonio neto negativo. Hay instrumentos que deben de estar establecidos en las propias leyes, de tal manera que no sea un órgano como el Tribunal de Cuentas el que diga quién puede incurrir en ese patrimonio neto
negativo o no, porque trasladaría al Tribunal de Cuentas una responsabilidad que no le compete.


También me ha formulado preguntas concretas en relación con los inmuebles del Instituto de Crédito Oficial. Me ha pedido datos concretos. Me va a disculpar si no se los puedo dar en este momento, pero el tribunal tiene los datos
correspondientes a esas operaciones de alta de los inmuebles y se les facilitará de acuerdo con la petición que ha formulado para que tengan la información de los valores y de las circunstancias que rodean esa operación de compra.


Seguro que me he dejado alguna cuestión, pero me van a disculpar porque son tantas las cuestiones planteadas que si me las reiteran les podré contestar.


El señor PRESIDENTE: Les advierto que he sido enormemente flexible durante toda la mañana y no lo voy a ser en esta última intervención. Si algún grupo quiere intervenir, tienen dos minutos para aclarar las dudas que consideren necesario.


Tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Quiero reiterarle al señor presidente del Tribunal de Cuentas dos cuestiones que le había planteado y que no ha respondido en la primera intervención. Una es si el Tribunal de Cuentas tiene pensado o podría valorar
la posibilidad de hacer un pequeño esquema explicativo de en qué tiene que consistir básicamente el sistema de control interno de los partidos, al que sistemáticamente se alude por parte del tribunal y que la propia ley deja en una indefinición
absoluta. Como no ha sido desarrollado en ningún sitio, la mayoría de los partidos -por no decir todos- lo han venido incumpliendo sistemáticamente durante años.


La otra cuestión que le había preguntado era si podíamos confiar los legisladores en que el vacío que deja la ley no obligando a los partidos a consolidar las contabilidades locales está salvado en el control que se hace, o que se debe
hacer, por parte de las subvenciones que entregan las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, que tienen que controlar las subvenciones que hacen a grupos políticos de sus presupuesto.


Con respecto a las multas y demás, lamentamos que ya en esta legislatura hemos modificado la Ley de Financiación de Partidos Políticos y que va a haber que esperar una segunda modificación de esta ley para que al final determinadas conductas
sean sancionables. No es responsabilidad, por supuesto, del Tribunal de Cuentas sino del legislador y de los partidos políticos. Dos veces la misma ley en una legislatura. Con esto lo único que quiero decir es que las conductas que contemplemos,
que tienen que ser sancionables porque la ciudadanía exige que sean sancionables, deben ser sancionadas. Y no exculpo a nadie, y el primero a mi partido político, no lo exculpo para nada. Aquí yo no he venido a tapar las vergüenzas de nadie ni a
ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Izquierda Unida y los grupos que componen la coalición con la que nos presentamos a las elecciones habrán cometido los errores y fallos y están palmariamente puestos aquí, yo no tengo ningún
problema en aceptarlo. Y tienen que tener las consecuencias que deban tener, pero no por lo que me diga usted. En primer lugar, porque se lo debemos a nuestros electores y, en segundo lugar, porque se lo debo a mis militantes, que son los primeros
que me exigen claridad. Y cuando algún responsable de cuentas no lleva las cuentas como debe, estoy absolutamente seguro de que no las lleva como debe no porque no quiera o porque tenga que ocultarlo sino la mayoría de las veces sencillamente
porque no sabe o porque no tenemos los recursos suficientes.


Concluyo, señor presidente. Le recuerdo, señor Suárez, que el único partido político que tiene un tesorero en prisión ahora mismo y que ha quedado demostrado ante los tribunales que ha tenido una contabilidad b es el Partido Popular, no los
demás.


El señor PRESIDENTE: Señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muy brevemente, solo a efectos de que consta en el 'Diario de Sesiones' y sin intención de restarle importancia, quiero referirme a la alusión al patrimonio neto negativo de algunas de las formaciones políticas.
Convergència i Unió efectivamente presenta un patrimonio neto negativo

Página 29

pero me gustaría que constase en el 'Diario de Sesiones' que Convergència i Unió es una coalición meramente electoral, una coalición que absorbe una parte importante de todos los gastos electorales que va recuperando a posteriori en base a
las diferentes subvenciones que va percibiendo de los diferentes organismos. Eso hace que efectivamente tenga un patrimonio neto negativo pero que presente una cuenta de resultados, por ejemplo en 2011, de más de 2 millones de euros, lo cual es
fruto de la percepción de estas subvenciones. Por tanto, sin quitarle importancia a esta situación, quiero dejar constancia de que a medida que se van cobrando estas subvenciones se va recuperando este patrimonio neto negativo. De hecho,
Convergència i Unió no tiene prácticamente activo sobre el que puedan descansar estas percepciones futuras de subvenciones que han generado los diferentes resultados electorales.


El señor PRESIDENTE: Señor Císcar, ¿quiere decir alguna cosa?


El señor CÍSCAR CASABÁN: Quiero indicar brevemente que el hecho de que en algún momento se pueda haber requerido la toma de alguna iniciativa y que no se haya hecho no invalida en modo alguno el que se pueda hacer. Es decir, si todo lo que
no llegó a hacer el Gobierno socialista no pudiera hacerlo nunca ya el Partido Socialista, ¿dónde estaríamos? Y desde luego a mí no me condiciona nada, lo tengo que decir claramente, no me condiciona en absoluto. Creo que en cada momento hay que
pedir aquello que realmente hace falta a la sociedad o para que funcionen bien las cosas.


En cuanto al señor Suárez, le deseo un buen año. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, brevemente.


El señor SUÁREZ LAMATA: Comenzaré deseándoles un buen año a todos y especialmente a mi buen amigo el señor Císcar.


Se ha hecho una afirmación aquí rotunda y tajante que no se adecua a la realidad. Un tribunal ya ha dicho que hay existencia de contabilidad b. Quien la hace sabrá dónde está la sentencia porque ya la han dictado. Son juez y parte, señor
Sixto. Al final, detrás de todo esto ¿qué subyace? Aquí hay una realidad, hay un informe que dice lo que dice de las cuentas del Partido Popular. Es fácil venir aquí y sembrar dudas sobre si el tribunal tiene o no tiene capacidad para percibir
presencia de irregularidades contables que al final se traducen en encubridoras de otras financieras y en concreto en la existencia de flujos de tesorería sin reflejo contable, lo que se llama cajas b. Esa es la cuestión. Se dice: no, es que el
tribunal no puede. Miren ustedes, el tribunal puede porque el tribunal ya ha podido. La afirmación de que el tribunal no puede detectar cajas b no es correcta. No hay nada como leer los informes del tribunal, porque esta es una Comisión sería y
al final el trabajo que ha hecho el tribunal es fácilmente constatable. Van ustedes al informe del Puerto de Santa María, años 1995-2000, respecto a la empresa Suvipuerto, apartado v) 2.3 -doy los datos para que todo el mundo lo tenga claro-, y al
final el tribunal dictamina que había ausencia de cobro y contabilización de ventas por un importe de 154.000 euros, cantidad muy importante para lo que movía esa sociedad. Y concluye el Tribunal de Cuentas con la afirmación de que las cuentas de
esa entidad no reflejan la imagen fiel del patrimonio. Luego que no se diga o se intente sembrar la duda sobre que esto no lo puede hacer el tribunal. Si vamos a la fiscalización -hay más- de Marbella, años 2000-2001, y de todas las sociedades,
2002-2006, alertaban exactamente de lo mismo, de lo que ustedes llaman cajas b -apartado 7.11 de las conclusiones-, que reflejaban la existencia...


El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene que ir acabando.


El señor SUÁREZ LAMATA: Acabo en treinta segundos, señor presidente.


... de este tipo de comportamientos, aceptación de facturas que carecían de servicio de soporte y que justificaban pagos de proyectos de obra no realizados. En el ejercicio 2002-2006, en la conclusión 6.8 del informe, se habla de los
mismos. Se revisaron veinticinco convenios y se detectaron cajas b. Por lo tanto, flaco favor le han hecho hoy aquí al Tribunal de Cuentas quienes han intentado sembrar dudas sobre su capacidad o su competencia. Yo, señor presidente, finalizo
reconociéndoles su capacidad y su competencia.


El señor PRESIDENTE: El presidente del Tribunal de Cuentas tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Me solicitan aclaraciones sobre las modificaciones relativas al esquema de control interno. Lo básico de un control interno es la existencia de manuales de
procedimiento, de reglas claras y de sistemas de control

Página 30

establecidos por la propia gerencia para que las operaciones respondan a lo que se recoge en los planes de funcionamiento de cada entidad, planes estratégicos o planes presupuestarios. Creo que no vamos a inventar nada en relación con este
tema, es algo normal y usual en cualquier entidad. Cada una de las entidades es la que tiene que establecer ese esquema de control interno en su propia gestión.


Me dicen que no he contestado sobre las contabilidades locales. Señor Sixto, no creo que exista un vacío en el ámbito de la contabilidad local. Lo que el Plan general de contabilidad no recogió en relación con los partidos políticos es que
cada agrupación local de los partidos tuviera la obligación de efectuar un balance propio e integrar por tanto ese balance propio dentro de la contabilidad del partido. Eso no quiere decir que no deban quedar recogidas la contabilidad y las
operaciones de la entidad local. Se dice que eso debe quedar recogido en el ámbito y en el nivel provincial, pero el nivel provincial debe necesariamente recoger todas las operaciones del partido político, sean en el ámbito provincial o en el
local, y debe efectuar esa labor de integración del conjunto de las operaciones, porque uno de los principios sobre los que se sustenta precisamente la filosofía que el tribunal aplicó en la realización de este Plan general de contabilidad pública
es entender al partido político como una única unidad económico-financiera y, por lo tanto, deben quedar integradas en él todas las operaciones, con independencia de que las mismas estén lógicamente sometidas a control por parte de las
intervenciones correspondientes, de las intervenciones locales, pero una cosa no quita la otra, porque lo que estamos viendo precisamente en el ámbito del Tribunal de Cuentas como información del conjunto de la actividad económica del partido
político es cómo todas estas cuestiones quedan integradas y se ofrece una opinión o una imagen de conjunto sobre la actividad de un partido.


En relación con las multas, no creo que me haya entendido bien. No es que ahora no se vayan a aplicar las del año 2012. Las multas se pueden aplicar sobre el principio y sobre la legislación de 2007, sobre la que se estableció en 2012 y
sobre la previsible reforma que se ha anunciado y que seguramente se aprobará en 2014. Lo único que es cierto es que se ha ido mejorando a lo largo de estos ejercicios la posibilidad de que esas multas lleven a un buen final, pero no le quepa la
menor duda de que los procedimientos sancionadores van a ser abiertos o deberán ser, cuando menos, analizados para ver si se inician.


En cuanto a lo manifestado por el señor Bel, hay que advertir que aunque un partido o una formación sean estrictamente una coalición, no solo deben integrar ingresos y gastos electorales; deben integrar, como cualquier entidad, el conjunto
de su patrimonio. Por lo tanto, si solo se integran ingresos y gastos, ahí existe una cuestión que posiblemente no está bien resuelta, porque, como digo, cuando se consolidan dos entidades deben realizarlo con todos sus ingresos, sus gastos, su
patrimonio y sus deudas.


Entiendo que lo manifestado por el señor Císcar es perfectamente válido y no tengo nada más que añadir. Cualquier modificación en este ámbito del deber de colaboración es algo que el tribunal ha perseguido siempre y lo seguirá persiguiendo
con toda la fuerza, porque indudablemente lo que estamos haciendo es defender la posibilidad de incrementar la eficacia de nuestras actuaciones. Esto no quiere decir que la actuación que hemos llevado a cabo antes no haya sido eficaz por esas
limitaciones, sino que aspiramos a que sea mucho más eficaz.


Conecto esto con lo planteado por el señor Suárez en el sentido de que efectivamente el deber de colaboración, la falta del deber de colaboración o que el deber de colaboración no sea todo lo depurado que debiera no quita para que
efectivamente el tribunal tenga procedimientos de auditoría y estos adviertan en muchas ocasiones de las irregularidades que puedan existir mediante confirmaciones de terceros y mediante pruebas de confirmación de la propia realidad económica que un
partido maneja. Si existen aspectos irregulares en esa realidad, acaban necesariamente aflorando en algún momento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.


Deseándoles a todos ustedes un feliz 2014, se levanta la sesión.


Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.