Breadcrumb
Publications
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 86, de 19/11/2013
cve: DSCG-10-CM-86
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 86
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL ÁNGEL CORTÉS MARTÍN
Sesión núm. 8
celebrada el martes,
19 de noviembre de 2013
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA
Presentación del:
- Informe sobre 'Gratuidad de los libros de textos: programas, ayudas préstamos y reutilización'. (Número de expediente del Senado 781/000011 y número de expediente del Congreso 212/001365) ... (Página2)
Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO
- Informe sobre 'La Trata de Seres Humanos en España: víctimas invisibles'. (Número de expediente del Senado 781/000006 y número de expediente del Congreso 212/001365) ... (Página21)
Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO
- Informe sobre 'Crisis económica e insolvencia personal: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo'. (Número de expediente del Senado 781/000012 y número de expediente del Congreso 212/001365) ...
Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO
Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Buenos días. Damos comienzo a la sesión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cumplimiento al orden del día que fue convocado en la última reunión de Mesa y portavoces.
Se trata, como bien conocen sus señorías, del debate de tres informes. Cambiando la tradición de esta comisión en relación con esta institución, estos informes son breves al contrario de lo que solían ser anteriormente. Por eso se decidió,
por acuerdo unánime de la Mesa y portavoces, que se tratasen en la misma sesión por separado.
Primero hará su presentación la defensora y, posteriormente, iniciarán el debate todos aquellos grupos que hayan pedido la palabra. Espero que las intervenciones sean breves, de manera que podamos sustanciar el orden del día con las
previsiones horarias que teníamos para la sesión de esta mañana. Lógicamente, después de la intervención de los grupos, habrá una intervención de cierre por parte de la señora defensora en cada uno de los tres puntos.
Como digo, debatiremos los informes por separado. El primero es el relativo a los libros de texto; el segundo, el de la crisis económica y solvencia personal y el tercero, la trata de seres humanos.
- INFORME SOBRE 'GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTOS: PROGRAMAS, AYUDAS, PRÉSTAMOS Y REUTILIZACIÓN'. (Número de expediente del Senado 781/000011 y número de expediente del Congreso 212/001365).
AUTOR: DEFENSOR DEL PUEBLO
El señor PRESIDENTE: Para empezar con el informe sobre los libros de texto, tiene la palabra la señora defensora.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor presidente, vicepresidente, secretarios, diputados y senadores. Gracias por su presencia en esta sesión que tiene lugar en el Senado.
Como acaba de decir el presidente, hemos presentado ante la Cámara tres estudios sobre asuntos que nos parecen de interés y actualidad. Corresponde a sus señorías hacer las consideraciones, comentarios y sugerencias oportunas y a las
administraciones, si lo tienen a bien, aceptar algunas de sus recomendaciones -desde luego, a nosotros nos gustaría- en relación con estos estudios.
Voy a pasar, como ha dicho el presidente, a hacer una breve exposición del objetivo y del contenido de cada uno de estos estudios que obra en poder de sus señorías.
El primer estudio versa sobre la gratuidad de los libros de texto, programas, ayudas, préstamos y reutilización de los mismos. Este trabajo ha supuesto un gran esfuerzo, esa es la verdad. Su elaboración ha llevado un tiempo a un grupo de
trabajo de la institución del Defensor; un trabajo intenso que ha durado más de un año. Y, a efectos informativos, se ha contado con la colaboración de todas las comunidades autónomas y del propio ministerio en la parte que le corresponde,
especialmente Ceuta y Melilla pero, también, en cuanto a algunos datos de carácter general. O sea, se ha elaborado con las informaciones recibidas por parte de las comunidades autónomas y con los datos que se les ha solicitado.
Una vez recibidos los primeros datos, se remitieron a las comunidades autónomas los datos incluidos en un primer borrador del informe. Tuvieron conocimiento las comunidades autónomas, se corrigieron en algunos casos y se procedió a su
finalización y conclusión.
Pongo en conocimiento de sus señorías que en la institución encontramos alguna diferencia respecto a los datos remitidos por la Comunidad Autónoma de La Rioja. Esta comunidad autónoma, al ver los datos reflejados en el primer documento, nos
trasladó que eso no era lo que hacían. Nos pusimos en contacto con ellos inmediatamente y nos remitieron unos datos que en la primera actuación no habían sido remitidos, así que sin dudarlo los añadimos.
Hemos incluido en la última página del documento, la 43, una adenda con los datos nuevos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Como comprenderán sus señorías, nosotros ante cualquier discrepancia, error o disfunción no tenemos ningún
inconveniente -faltaba más- en ponernos de acuerdo, en corregirlo y en hacer las cosas de la mejor manera, y además lo más rigurosa posible. Por tanto, aquí hemos incluido una adenda con los datos de La Rioja.
Debo comentar también a sus señorías que a lo largo de este documento hay unas situaciones diferenciadas, que figuran en distintas páginas del informe con una llamada y una numeración abajo y que corresponden a Cataluña -que tiene una
situación diferenciada en esta materia- y también al País Vasco. Llamo la atención porque si no los datos podrían resultar algo extraños.
Pero sí se pueden sacar conclusiones y, desde luego, se pueden observar tendencias y algo más que tendencias, concreciones como consecuencia de este trabajo sobre los libros de texto. En primer lugar, yo hago una consideración a sus
señorías. En este momento es difícil tener una visión general porque los datos no son homogéneos, no numéricamente -que naturalmente no lo son-, sino que no lo son los conceptos en virtud de los cuales se hacen aportaciones a la gratuidad de los
libros de textos; los conceptos no son homogéneos en las comunidades autónomas, hay diversas actuaciones, hay diversos supuestos y es difícil, es difícil.
Creo que una de las conclusiones es -y podría ser, a mi modo de ver- que sobre cuestiones tan elementales como saber qué pasa con la gratuidad de los libros de textos, debería haber un mínimo común denominador, un mínimo común, no digo que
todas las comunidades tengan que hacer lo mismo, no es esta la sugerencia, pero sí un mínimo común que permita evaluaciones en este asunto y también en otras materias diferentes, como nos pasó hace tiempo en materia de vivienda vacía, por ejemplo,
donde era difícil obtener un mínimo común, saber en qué supuestos se decide que una vivienda con una ayuda pública está vacía. Pues bien, esta es la primera conclusión a la que llegamos.
El objetivo del estudio ha sido saber cómo han evolucionado los programas y los sistemas de apoyo a la adquisición de los libros de texto en un período de dificultades económicas, de reducciones presupuestarias, de dificultades también para
las familias. El trabajo comprende los cursos 2008-2009 hasta 2012-2013, y los resultados globales a los que llegamos a través del informe muestran, en primer lugar, que el Estado y las comunidades autónomas a lo largo de estos períodos han
dedicado 1212 millones de euros a financiar diversos programas; son programas de ayuda o programas de préstamo y en algunas comunidades se dan los dos, préstamos y ayudas. De esta cuantía para financiar la gratuidad de los libros de texto, las
comunidades han aportado a lo largo de todo este período un 72 % y el Estado aportó un 27,8 %, podemos decir un 28 % de la cuantía.
Como decía, hay dos modalidades para alcanzar la casi gratuidad de los libros de texto: hay un sistema de apoyo directo a los padres, con unos bonos o con un importe en una cuenta corriente en una entidad bancaria directamente a los padres,
y hay otra modalidad que es la del préstamo, que se hace a través de los centros educativos, con unas cuantías para que el centro adquiera esos libros que se van a quedar en propiedad del centro.
Partimos del supuesto de la importancia de la gratuidad de la enseñanza, partimos de lo que dice la Constitución Española: del derecho a la educación, del derecho a una educación para todos y la gratuidad de la enseñanza. Partimos de todo
ello, pero no voy a hacer hincapié ante sus señorías porque conocen estos preceptos y todo su desarrollo estupendamente, y no voy a venir yo a contarles ahora el desarrollo de la Constitución en el campo de la educación; pero, en fin, es la premisa
de la que parte este trabajo.
En los últimos cinco años los fondos totales que hemos estudiado destinados a la financiación de la gratuidad han ido disminuyendo -eso lo saben muy bien sus señorías-, ha habido una bajada, como decía, importante por parte del Estado y una
reducción, menor, por parte de las comunidades autónomas. En total, desde el año 2008 al año 2013 la financiación ha bajado un 45,2 % como consecuencia de la disminución de las dos administraciones que en cada comunidad han hecho una aportación.
El número de beneficiarios de 2008 a ahora también se ha reducido como consecuencia de lo anterior: en el curso 2008-2009 hubo 3 150 000 beneficiarios y en el curso 2012-2013 esta cuantía ha descendido a 2 000 000.
Nosotros nos planteamos cuáles son los procedimientos mejores, más eficientes, más eficaces y también justos para que se alcance la gratuidad de los libros de textos como elemento fundamental del proceso educativo, de la educación al final.
En el trabajo que presentamos a partir de la página 14 aportamos una serie de datos sobre la financiación -la financiación por las comunidades autónomas, la financiación por el Estado- y ahí concluimos, como decía, que la financiación de la
comunidad autónoma supone un 72 % de la financiación total y la del Estado un 27,8 %.
En las páginas siguientes hay nuevos datos por comunidades autónomas y están desglosadas la aportación estatal y la aportación de cada comunidad autónoma. Y ahí llamo la atención sobre el hecho
que he mencionado antes de La Rioja, que tengan a bien mirar la adenda final porque hay una corrección de esos datos.
En la página siguiente, la página 16, hay un gráfico que muestra la financiación total de cada comunidad autónoma en el presupuesto global de todo el Estado, es decir, lo que representa cada comunidad autónoma.
En la página 17 hay un resumen por comunidades autónomas. La financiación aportada por cada comunidad autónoma, en números totales, y la financiación por el Estado, y, al final, los recursos totales de la suma de ambos.
En la página 18 -me voy a poner las gafas, con permiso de sus señorías, porque me parece que hemos hecho unos cuadros un poquito pequeños, pero espero que se puedan entender bien- hay también un resumen de las cuantías totales: financiación
por comunidades, financiación por el Estado, financiación total. Y se ve en los tres colores. Y se muestra gráficamente que, al final, hay una reducción importante. Toda la financiación ha descendido: la de las comunidades autónomas, la del
Estado, desde luego, y, por tanto, la financiación total.
En las páginas 19 y 20 -si tienen tiempo sus señorías- podrán ver, mediante estos gráficos, el detalle de la evolución de la financiación por comunidades autónomas. Se puede percibir, en general, que hay una disminución de esa financiación.
Ese descenso no es homogéneo; hay descensos más importantes y, en algún caso, por ejemplo en Andalucía o Galicia -en la página 19-, prácticamente se mantiene, no exactamente, pero casi.
En la página 20 se comprueba que en las comunidades a las que se hace referencia, y que se muestran en este gráfico, hay un descenso en la financiación, en unas mayor y en otras menor -se puede ver en los dos gráficos de la página 20-.
Y en la página 21 mostramos en un cuadro la variación de la financiación total con respecto al curso 2008-2009, partiendo de 2012-2013. Hay una variación a nivel estatal, una variación de recursos importante.
Nuevos datos en la página 22 sobre el alumnado que percibe estas ayudas, o en los que revierten estas ayudas.
En la página 23 aparece el número de beneficiarios, el total de alumnos que se benefician, o que perciben, estas ayudas. Se muestra también el resultado en la página 24.
Estos son los gráficos que contiene el informe. En la página 25 hay una explicación de las circunstancias que nos ha trasladado la Generalitat de Catalunya, que afirma que desde el curso 2005 existe un programa para el préstamo y
reutilización de libros de texto en centros educativos que imparten enseñanzas obligatorias, por supuesto. En el curso 2012-2013 se pospuso la convocatoria de subvenciones para reutilización de libros de texto. Esto hay que tenerlo en cuenta,
porque da lugar a una disminución en el programa que se reseña.
En la página 26 se muestra la evolución del alumnado. Y, a partir de la página 27, hay una referencia a los datos aportados por cada comunidad en relación con el sistema, o sistemas, de apoyo a la gratuidad, que, como les decía, están
indicados en la página 28. Son dos sistemas, apoyo y préstamo, y las comunidades optan por uno u otro y algunas combinan los dos. Además, hay alguna comunidad que tiene un sistema diferenciando, como he mencionado, porque son sistemas que incluyen
ayudas a los libros de texto y otras cuestiones más, no solamente ayudas a libros de texto.
Sobre estos dos sistemas -que son los que tradicionalmente se utilizan- llegamos a la conclusión de que se utiliza por igual, se utiliza fundamentalmente la ayuda o el préstamo. Me parece que doce comunidades utilizan la ayuda y doce
comunidades utilizan el préstamo. No hay una gran diferencia a favor de uno o a favor de otro. Aunque, lógicamente -estarán pensando sus señorías-, sí hay diferencias. Por ejemplo, los libros, que tienen su editor; los editores, que tienen su
opinión y que aquí también se hace constar, porque se hace constar la opinión de distintos sectores: los profesores, padres, editores... Pero lo que aquí obtenemos son estos datos. Se utilizan por igual. Y nosotros hacemos una valoración, que
destacamos, subrayamos, sobre lo interesante que puede resultar la vía del préstamo, porque la vía del préstamo no es por una cuestión de ahorro, porque, además, en el informe, se ve que, al final, no hay grandes diferencias en los resultados
económicos de lo que cuesta la vía del apoyo directo o la vía del préstamo. Apenas hay diferencias. Aquí están, pero no son notables.
Sin embargo, sí hay una diferencia cualitativa, y es que la vía del préstamo supone, como saben sus señorías, que el libro se puede reutilizar. Y a la reutilización del libro le damos -yo desde luego- una especial valoración, porque es un
bien que adquiere un centro con fondos públicos, esfuerzo de los
ciudadanos, de las familias, que debe procurarse transmitir a otras personas, que el alumno debe cuidar para poder transmitirlo y que se debe poder usar durante un tiempo -yo no estoy en condiciones de decir ahora cuánto, es mejor que sean
los centros educativos y los padres-. Pero ese valor, ese aprecio, ese cuidado de un bien que uno tiene, que uno usa, pero que no se tira, no se guarda para siempre y al cabo de unos años se dice: ¿qué hago con estos libros que no sirven, porque
han cambiado los programas, porque mis hijos han crecido, porque no tengo a una persona muy cercana a quien dárselo?, esa cuestión no se da si la propiedad es del centro y los alumnos valoran y aprecian ese bien, que es un gran bien, y es
fundamental para su educación. Hacemos hincapié en esta vía. Esta vía requiere que las asociaciones, las AMPA de padres y madres, colaboren y cooperen, lo cual también está muy bien, porque ellos pueden decir cómo se hace este banco de libros de
texto, cómo se distribuye y pueden aportar sus sugerencias. También requiere que las consejerías y delegaciones de educación cooperen con los centros, porque es algo más complejo que la mera dación de un talón o una cuantía a una familia y su
ingreso en una cuenta corriente. Administrar ese banco de datos es más complejo, pero hacemos esta recomendación por considerar que es interesante desde todos los puntos de vista.
Otra de las recomendaciones -se lo sugerimos también a sus señorías ante los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas- es que presten la máxima atención posible a la financiación. Ya sabemos las dificultades de las
que parten todas las administraciones, pero recalcamos la importancia del apoyo a la financiación de los libros de texto.
Con el fin de poder escuchar a sus señorías, concluyo diciéndoles que estas recomendaciones han sido formuladas a las autoridades educativas recientemente, el 29 de octubre. Naturalmente es pronto para conocer su respuesta, pero las ponemos
en su conocimiento.
Repasando ayer estos datos para explicarlos ante sus señorías me encontré con un libro de una persona que seguramente conocen ustedes, el filósofo Fernando Savater. De su último libro, Figuraciones mías -no sé si será el penúltimo porque es
un filósofo de gran producción-, me llamaron la atención algunas de sus consideraciones -pues es una persona que se ha empleado a fondo en la pedagogía- sobre la importancia de la educación -lo digo para finalizar esta intervención y volver al
principio- y por tanto de los elementos que la componen, entre otros, no solo los libros de texto. Decía el señor Savater: 'Educar no es solo preparar empleados, sino, ante todo, ciudadanos, personas plena y conscientemente humanas. Educar es
cultivar la humanidad y no solo preparar para triunfar en el mercado laboral. Educar es una riqueza cuya reivindicación nunca puede abandonarse.' Esto es lo que nosotros hacemos, no abandonar en la institución del Defensor del Pueblo esta
reivindicación.
Quedo a disposición de sus señorías para contestar a sus cuestiones acerca de la materia que acabo de exponer.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora.
En el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Yanguas.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo telegráficamente para agradecer a la defensora y a todo su equipo, como siempre hacemos, que haya venido hoy a esta comisión a traernos estos informes de actualidad.
En cuanto a este primer informe me gustaría llamar la atención -usted lo hacía al principio- sobre la importancia del asunto y exponer la preocupación que existe por el descenso de los recursos, preocupación que desde luego es compartida.
En la Comunidad Foral de Navarra, de donde yo procedo, hacemos uso del préstamo y la reutilización y dejamos que sean los centros los que se autoorganicen, procedimiento que es voluntario.
Siendo el informe muy completo, ya que estamos hablando de educación y de libros de texto, UPN lleva tiempo diciendo, y lo vuelvo a repetir hoy aquí, que nos preocupan mucho las continuas y sucesivas modificaciones de la Ley de Educación:
LOGSE, LOE, LOCE o LOMCE. Al final nos quedaremos sin acrónimos porque no va a haber forma de denominar a la ley de educación. Eso supone que el sistema se vuelva algo inestable. Por lo tanto, apelamos a que salga con el mayor consenso posible
-ya sé que es complicado, mañana lo podremos ver-, ya que debería ser objeto del máximo acuerdo, y a que se modifique lo mínimo cada cuatro años. Los resultados que ponen de manifiesto los informes PISA no son buenos para España, y creo que tienen
algo que ver las continuas modificaciones de la legislación, lo que no sucede en otros países de nuestro entorno, y eso se nota en los resultados de PISA.
Por otra parte, al leer el informe me ha surgido una duda. En las páginas 22 y 23 aparecen dos tablas iguales. En una se lee: estudiantes de enseñanza obligatoria, curso 2008-2013, que creo que es 2009. Y
en la siguiente tabla se dice: beneficiarios totales. ¿Son, por tanto, las dos tablas iguales? Me gustaría alguna aclaración al respecto, pues no llego a entender bien por qué son iguales y a qué corresponde cada una.
Le agradezco de nuevo el informe y los datos.
Buenos días.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yanguas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gràcies, defensora i adjunts a la Defensoría.
En primer lugar, quiero reiterar mi agradecimiento por haber elaborado un informe acerca de una cuestión que consideramos de cierta actualidad crítica.
Durante los últimos años el gasto en libros de texto para las familias con niños y niñas se ha incrementado considerablemente convirtiéndose en una carga importante, teniendo en cuenta que las administraciones, por sus propias
circunstancias, no han podido aumentar la ayuda sino todo lo contrario. Esto significa de alguna manera una ruptura para las rentas más bajas, que no pueden seguir la carrera como sí pueden las rentas medias o altas.
Diferentes comunidades autónomas, como muy bien ha descrito la defensora, han implantado líneas de ayuda y continúan implementándolas. Por otro lado, habría que subrayar especialmente -también lo ha hecho el representante de Unión del
Pueblo Navarro- que es a menudo la iniciativa del propio centro, tanto público como concertado, la que aplica proyectos de reutilización, y no solo de libros de texto sino de material didáctico, siempre de acuerdo con las AMPA -Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos-. Es un tema que requiere cierta sensibilidad. Quizá se haya demostrado que el mejor modelo es este último de dejar a los propios centros llevar a cabo políticas de reutilización de material didáctico. Nosotros
compartimos la inquietud de la defensora de que, quizá, desde el punto de vista de la información puramente estadística, es necesaria una cierta homologación.
Nos preocupa en cambio -esta sería la crítica- cuando dice que se elabore un catálogo o carta de servicios mínimos en lo referente a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias que garantice un suelo común y unas obligaciones básicas.
Consideramos que de esta forma no solo se invaden las competencias de las comunidades autónomas sino -lo que ha resultado todavía más eficaz- también las competencias de los consejos escolares y de los propios centros. En este sentido, apelaríamos
a una extraordinaria prudencia o a un uso indicativo o simplemente consultivo de dicho índice.
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, defensora i adjunts.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Buenos días, señor presidente.
Señorías, señora defensora, da gusto escucharle a usted hablar de Fernando Savater en esta comisión.
Lo primero que yo tenía apuntado para transmitirle era una valoración global satisfactoria en cuanto a la elaboración de este informe; aunque ya le adelanto que no tan satisfactoria respecto a las recomendaciones. Satisfactoria, en
principio, porque en el informe de la Defensoría del Pueblo reflexionan ustedes sobre un concepto del carácter de la educación. Y cuando digo que el Grupo Parlamentario Socialista está satisfecho es porque se habla de universalidad, de gratuidad,
de derechos y de oportunidades. Por lo tanto, considero que el preámbulo del informe elaborado por la institución no podía ser mejor, como le decía en la sesión anterior, demostrando una capacidad casi de lucha moral en la sociedad española, y más
en estos momentos. Por tanto, el preámbulo no podía ser mejor.
¿Qué opina el Grupo Parlamentario Socialista? Que este concepto de la educación debe ser, sobre todo en estos momentos, ante esta crisis, una realidad y no un objetivo; creo que ustedes lo expresan más o menos así. Y le voy a citar
algunas páginas, que creo son interesantes.
En la página 8, cuando se refiere usted a la institución, dice: 'El Defensor del Pueblo considera que sería deseable su generalización progresiva -evidentemente habla de las ayudas a los libros de texto-, y en último término, el acceso
plenamente gratuito de todos los alumnos que cursan enseñanzas
obligatorias a estos materiales imprescindibles.' En la página 9 se refiere a la gratuidad, y en la página 12 incluso se extiende, porque dice que 'solo es una etapa en el camino hacia la consecución del objetivo de la plena gratuidad de las
enseñanzas obligatorias' y continúa por esa línea en la página 13.
Por tanto, la introducción y reflexión que la institución hace sobre las ayudas concretas a los libros de texto, al Partido Socialista le parece que no pueden ser mejor, porque, señoría, estamos ante un panorama desolador como consecuencia
de las políticas que se llevan a cabo. Estas cosas no caen del cielo, son consecuencia de unas políticas que se están llevando a cabo. ¿Sabe lo que pasa? Que cuanto más se necesitan estas ayudas, más se están recortando. Esa es la gran paradoja
que está ocurriendo en el sistema educativo y en la sociedad española hoy como consecuencia de decisiones políticas de administraciones. Cuanto más se necesitan, más se están recortando. Y ¡ojo!, porque viene Bruselas con las rebajas. De nuevo,
serán 35 000 millones, que irán al Estado y a las comunidades autónomas, y posiblemente de nuevo a las políticas sociales básicas, como es la educación; ¡ojo!
Le decía que el panorama es desolador. Voy a coger algún recorte de prensa: '578 000 niños pierden la ayuda de libros de texto tras recortarse 67 millones'. Esto es noticia de septiembre de 2013. Luis Carbonell, presidente de la CONCAPA,
-los padres católicos, por entendernos-, mayoritaria en la concertada, dice: 'Intentamos suplir con solidaridad lo que no obtenemos de los Gobiernos.' Nos parece disparatado, en referencia a los recortes. Y sigo con otra noticia de octubre:
'Educación suprime las ayudas para la compra de libros de texto. La partida pasa de 20 millones a 1,4 millones'. Ojo al dato: de 20 millones a 1,4 millones. Pero es que ya habían bajado de 100 millones a 20 millones, es decir, en los dos últimos
años, un 80 %. Esto demuestra mi tesis anterior. Aquí hay unas políticas que se están aplicando. Esto no es una casualidad; es más bien lo contrario, es una causalidad: se está recortando deliberadamente cuando más falta hacen las ayudas.
Conclusión, 600 000 alumnos perdieron las ayudas para libros de texto o material didáctico. Esta es la conclusión. Y digo que cuanto más se necesita, porque en España, señora defensora, según datos estadísticos, hay alrededor de 6 millones de
parados; el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se sitúa por encima de 1 800 000; la tasa de cobertura por desempleo ha bajado bastante en los dos últimos años, y la pobreza severa -ingresos de menos 307 euros al mes-
alcanza a 3 millones de personas. Es curioso que, paradójicamente, cuando más se necesitarían ayudas básicas como esta, más se recortan. Por tanto, el panorama es desolador y el Partido Socialista lo que hace es denunciarlo y llamar a una
rectificación, a una rectificación como solo puede ser: presupuestaria, de recuperación del volumen de los recursos públicos para esas ayudas.
Ha habido una alusión, normal y lógica, a una rectificación de la Comunidad de La Rioja, que también creo que era de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Como casualmente represento a los riojanos, dentro de la soberanía nacional, en esta
Cámara o en estas Cortes Generales, solamente quiero hacer una anotación. Es cierto que dieron unos datos y que después han dado otros nuevos proporcionados por la Comunidad Autónoma de La Rioja y por la catalana. El día que recibí los datos,
anoté; y lo que anoté creo que puede figurar perfectamente en esta intervención y en el Diario de Sesiones. Me parece que ustedes envían unos datos, pero después, cuando los leen, quieren que consten otros, o lo que es lo mismo, nos cuentan una
cosa pero realmente hacen otra. Estas son las reflexiones de este portavoz del Grupo Socialista.
Me voy a referir a las conclusiones y después a las recomendaciones -página 37-. Habla usted de las ayudas, que son limitadas, y en la segunda conclusión denuncia el retroceso producido en la gratuidad. En la tercera se refiere a las
diferencias entre comunidades autónomas, como usted ha mencionado en su intervención; en la conclusión cuarta -que luego será la segunda recomendación-, a la ausencia de objetivos comunes, y en la conclusión sexta, a la inseguridad que se genera en
las expectativas de los alumnos y en el contenido real de sus derechos. Y después desembarca, curiosamente, como ha hecho en su intervención -es lógico, en coherencia con lo que se ha escrito-, en el asunto de la reutilización y en el préstamo, que
su institución, la Defensoría, lo traslada a las recomendaciones. Y pasando a estas, dedica una al mantenimiento de ayudas, pero hago constar que sin negrita, porque se emplea mucho la negrita para dar énfasis o valor al texto, pero, curiosamente,
cuando se habla del mantenimiento de las ayudas no se pone negrita, aunque después hay hasta seis recomendaciones sobre préstamo y reutilización, y la mayoría de ellas sí van en negrita. No sé si se querrá resaltarlas o no, pero, si pudiera ser, me
gustaría que también figurase en negrita cuando se habla del mantenimiento de las ayudas -y digo esto porque voy a finalizar mi intervención expresando mi posición política, la posición del Grupo Socialista-; y hay otras recomendaciones, de
gestión, de objetivos comunes, etcétera.
¿Cuál es nuestra opinión? A pesar de ese magnífico preámbulo, de ese magnífico análisis, estudio o recogida de datos, de esa magnífica concepción savateriana -si me permite la expresión- que tiene el informe, por lo que hemos podido ver,
finalmente está desequilibrado. El nivel conceptual, el nivel de análisis no se acompaña con unas recomendaciones acordes a lo que está ocurriendo, que es un desmantelamiento, sin ningún tipo de miramiento, del sistema público de ayudas para los
libros de texto. Por tanto, ahí no hay consecuencia; hay un buen análisis, hay un buen estudio pero después no se es consecuente en la petición, porque se están vaciando las administraciones de recursos públicos para la ayuda a los libros de
texto, tal como están las familias, como acabo de relatar, y creo que en las recomendaciones no se pone el suficiente énfasis.
Termino. ¿Qué creemos que se debe hacer ante esta situación? Atacar el problema en su doble raíz: por un lado, alternativas, y, por otro, rectificación. Esas son las dos políticas que caben aquí. Alternativas -y usted las menciona-,
alternativas políticas: el préstamo y la reutilización. Sí, el Partido Socialista dice sí. Como alternativas: nuevos criterios y objetivos comunes, como usted bien apunta, y mejor gestión de los centros, de las familias, de los editores y de los
libreros ¡Claro que sí!, y mejor gestión en las alternativas. Ahora bien, hace falta una rectificación del Gobierno de España y del Gobierno de las comunidades autónomas. Rectificación. ¿Cómo? Recuperando recursos para el sistema de becas y
ayudas, para que el pilar fundamental garantista -como usted dice al principio, en las páginas 8, 9, 12 y 13- de acceso a los libros sea ese, el sistema público de ayudas y becas, y que el sistema de préstamo y reutilización, necesario y valioso, no
sea exclusivo, sino complementario. Esa es la tesis final del Grupo Socialista. Creo que como política alternativa tiene que estar ahí pero debe ser complementario, y todos debemos volcarnos, también su institución, también los informes de su
institución, en llamar la atención sobre la necesaria rectificación para recuperar el volumen de recursos necesarios para mantener ese sistema, que es el que garantiza lo que usted decía al principio: la universalidad, la gratuidad, los derechos y
las oportunidades, es decir, los ciudadanos más allá de los empleados.
Termino, señor presidente -creo que ajustándome al tiempo, aunque igual se me ha ido un poco; quizá he consumido, generosamente, el de otros portavoces-, haciendo una llamada de atención, porque han pasado cosas muy graves en la educación
-tendría que referirme a lo sucedido en las últimas semanas en relación con el todavía ministro de Educación, señor Wert-, y diciéndole que ya puede poner a trabajar a toda su área de educación, porque, tal como está el señor Wert, especialmente con
las becas Erasmus, no pasará mucho tiempo sin que tenga que traernos usted un informe sobre los recortes, en general de todas las becas y sobre el concepto que tiene el ministro de Educación de las becas Erasmus. No tardará mucho y aquí estaremos
para analizarlo, estudiarlo, valorarlo y hacerle propuestas.
Gracias por su generosidad, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Luena.
Se habría ajustado perfectamente al tiempo si no se hubiera extendido en digresiones que no hacen al caso del punto del orden del día.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Figueres.
La señora FIGUERES GÓRRIZ: Gracias, señor presidente.
Defensora, en primer lugar, quiero felicitarla por el impulso que está dando usted a esta institución tan nuestra, una institución que en sus treinta años de existencia ha mantenido el reconocimiento y el respeto de los ciudadanos y que en
este último año ha incrementado notablemente los estudios monográficos, estudios serios, con una base de investigación rigurosa y unas conclusiones que, por tratarse de temas de tanta actualidad, sirven de referencia a los poderes públicos a la hora
de enfrentarse a la solución de estos problemas. Gracias, defensora, por su comparecencia para detallarnos estos informes.
La generalización progresiva de la gratuidad de los libros de texto para todos los alumnos que cursan enseñanzas obligatorias es algo que el Grupo Parlamentario Popular, tanto del Congreso como del Senado, comparte. Es un objetivo a
alcanzar para cumplir plenamente con un deber constitucional, pero a nadie se le escapa que en estos momentos de dificultad económica los recursos disponibles deben destinarse a aquellas familias que se encuentran en una situación más precaria. No
tenemos más remedio que mantener la gratuidad universal en el plano de lo deseable, objetivo que podremos alcanzar dentro de unos años, pero que de ningún modo puede ser inminente. De momento hay que buscar alternativas, y una de ellas es aquella
en la que usted insiste en su informe: el préstamo de libros de texto.
En el Pleno del Congreso hace menos de dos meses, el 24 de septiembre, adoptamos un acuerdo que coincide con varias de sus recomendaciones y que instaba al Gobierno y a las administraciones educativas
competentes: a la creación y mantenimiento de un sistema de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares en la etapa de educación obligatoria; a la progresiva implantación de sistemas de préstamo análogos en la
etapa postobligatoria, y a la inclusión de este sistema en la LOMCE, así como a promover las iniciativas necesarias para que los libros de texto y materiales curriculares no puedan ser sustituidos durante un período mínimo de cinco cursos, y además
los libros deberán ser materialmente reutilizables; a promover el desarrollo de materiales didácticos digitales gratuitos homologados por las administraciones educativas y ponerlos a disposición de alumnos y profesores.
En cumplimiento de este mandato parlamentario se añadió, al que entonces todavía era el Proyecto de Ley de Educación para la Mejora de la Calidad Educativa ya aprobada, una nueva disposición adicional, la quinta, que decía que el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para la educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos en el seno de la conferencia sectorial de educación.
Valoramos especialmente la incidencia que tiene este sistema en la educación de los alumnos, pues los principios de responsabilidad, solidaridad y respeto se les inculcan de una manera natural y práctica. Pero el libro de texto no debe ser
la única fuente de información ni el único medio de acceso a ella. En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a los alumnos con las
herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más indispensable en los centros educativos.
Existe un consenso general respecto a los beneficios pedagógicos del uso de contenidos educativos digitales. Su utilización en el aula abre nuevas posibilidades para la docencia, como por ejemplo, el acceso inmediato a nuevas fuentes de
información y recursos, pero sobre todo, la utilización de contenidos educativos digitales presenta evidentes ventajas pedagógicas para los alumnos y permite implementar políticas en abierto, multiplicando el número de alumnos que pueden acceder a
estos recursos.
En todas las comunidades autónomas se está promoviendo el uso de recursos digitales abiertos y se facilita el acceso a ellos a través de los portales educativos. Esto responde a las recomendaciones que se hicieron en el Congreso Mundial de
la UNESCO en 2012 sobre recursos educativos abiertos, que alentaban a los Estados a fomentar, promover y facilitar el uso de este tipo de recursos. En este ámbito el ministerio trabaja en el espacio procomún de contenidos educativos en abierto, que
pretende dar un nuevo impulso al uso de estos contenidos mejorando el acceso e incorporando activamente a los docentes.
Varias comunidades autónomas han puesto en marcha iniciativas o han continuado con proyectos para la incorporación de libros de texto digitales en las aulas: Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha.
El ministerio, en colaboración con todas las comunidades autónomas trabaja para poner en marcha una plataforma nacional para la distribución y acceso a libros de texto digitales, que podrá ser utilizada por las comunidades autónomas a partir del
curso 2014-2015.
Si la utilización racional y eficaz de los recursos públicos debe ser siempre una línea directriz que guíe las decisiones de los responsables de su gestión, en estos momentos de importantes ajustes presupuestarios se hace todavía más
importante la búsqueda de soluciones innovadoras. Por eso, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha enfocado sus esfuerzos a desarrollar y poner en marcha medidas de la máxima eficacia que con menos coste permitan alcanzar los mismos
resultados. Esto es posible y es lo que se está haciendo.
Gracias, defensora, por este informe que el Grupo Parlamentario Popular del Congreso y del Senado valora muy positivamente, y gracias, sobre todo, por la sensibilidad y por el interés de su institución en una cuestión que afecta a la inmensa
mayoría de las familias españolas. No dude de que sus recomendaciones van a ser tenidas en cuenta. La animamos a continuar por esta senda de trabajo intenso, no solo en la atención a las quejas de los ciudadanos sino también en el estudio y en la
investigación de las cuestiones que afectan a los españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Figueres.
Señora defensora, para concluir este primer punto del orden del día, tiene la palabra.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco a todas sus señorías los comentarios, las puntualizaciones, las sugerencias y también las deficiencias que nos señalan, porque todo ello nos hará reflexionar para procurar hacer las cosas de la mejor manera posible, teniendo
siempre en cuenta los intereses generales, en este campo desde luego.
El señor Yanguas, al que agradezco sus sugerencias, me preguntaba la diferencia que hay en las páginas 22 y 23, en el capítulo de datos que aportamos sobre los recursos y el uso y distribución de los mismos. Evidentemente...No, perdón;
rectifico, hay que ponerse las gafas. No es tan evidente, y no son las gafas, quizá podíamos haberlo aclarado o matizado un poco más para que no hubiera dudas. El cuadro del gráfico de la página 22 se refiere al número total de alumnos en
enseñanzas obligatorias. Es verdad que hay una errata, que dice 2008-2013, y debería decir 2008-2009 a 2012-2013, pero se trata del número total de alumnos que están en la etapa de educación obligatoria. El otro gráfico refleja el número de
beneficiarios de ese total de alumnos que están en la etapa obligatoria, es decir, cuántos son los beneficiarios. Esa es la diferencia, señor Yanguas, de estos dos gráficos.
Le agradezco sus consideraciones y aportaciones. La Comunidad Foral de Navarra nos ha proporcionado los datos correspondientes. No ha habido ninguna complicación ni dificultad, y seguiremos colaborando y trabajando con ella en los
documentos que en el futuro elaboremos. Y le agradezco sus consideraciones sobre la importancia de alcanzar la gratuidad, así como su valoración sobre las dos modalidades, especialmente la que su comunidad autónoma utiliza, que es la del préstamo.
Agradezco al señor Guillaumes todas las consideraciones que ha hecho. Cuando hablo de lograr unos servicios mínimos, un denominador común, no piense usted que se trata de homogeneizar nada ni de una intromisión en las competencias de las
comunidades autónomas; se trata simplemente de lograr un mínimo común denominador y creo que eso se explica perfectamente porque todos hemos estudiado matemáticas. Es necesario un mínimo común porque estamos hablando de la nación española;
seguramente tenemos distintas concepciones o definiciones de la nación, pero eso es lo que dice la Constitución y, por tanto, deberíamos tener un mínimo común, tanto en las materias a estudiar como en la financiación también mínima ?y en otros
campos que no vienen hoy al caso? y hacerlo con prudencia y en cooperación y colaboración con las comunidades autónomas. Así se ha hecho este trabajo y, en parte, de ahí deriva la dificultad porque era necesario contar con los datos, los informes
y sugerencias de las diecisiete comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas. Sin duda, las cosas son así más difíciles, pero siempre nos movemos dentro del marco constitucional.
Le agradezco sus restantes consideraciones y no tenga miedo porque procuramos hacer nuestro trabajo contando con los estudios y todos los elementos y administraciones con las que debemos contar.
He comprobado que el diputado señor Luena ha estudiado y analizado con detenimiento el informe y se lo agradecemos, y yo muy especialmente, porque aunque no son 300 páginas sino 43, es denso y hay que mirar los gráficos con mucha atención.
Empezaré por el final, señor Luena. Yo no percibo el desequilibrio que usted destaca ?aunque, naturalmente, lo respeto? entre los principios que se esgrimen y las recomendaciones que se formulan. Tiene usted razón en que la primera
recomendación no se hace en negrilla, pero no sé decirle el porqué y no debe tener más importancia porque no ha habido ninguna intención. Se habrá tratado de un despiste mío, de la pequeña imprenta, de las personas que han terminado el trabajo...
No tiene más importancia porque, además, la primera recomendación es muy clara: mantener los programas y sistemas de apoyo a la gratuidad en la enseñanza obligatoria en el marco del respeto al procedimiento constitucional, etcétera. Esa es la
primera recomendación y es la que enlaza con lo que dice la Constitución y con la motivación de este documento. Por tanto, aprecio más bien un equilibrio entre el principio y el final, pero como no podemos pesar esas cosas en una balanza de
precisión, respeto su opinión y la tengo en consideración, aunque discrepe en algo de la mía porque, insisto, no podemos aquilatar totalmente pero, como decía, su opinión es perfectamente respetable.
Efectivamente, se comprueba en el documento, por activa y por pasiva, que ha habido una disminución muy importante en las políticas de apoyo a la gratuidad. El Congreso y el Senado tienen la palabra, vía Presupuestos Generales del Estado,
así como las comunidades autónomas que son, fundamentalmente, las que tienen la competencia en materia de educación. Sería interesante que trasladaran a sus comunidades autónomas estos datos y consideraciones, aunque nosotros se los hemos hecho
llegar a todos los consejeros y consejeras de Educación, pero la impresión general es que hay que prestar atención ?y subrayo esta palabra? a la disminución que se viene produciendo en los apoyos generales a la gratuidad de los libros de texto,
que son elementos fundamentales en el sistema educativo obligatorio, gratuito, tal como establece la Constitución. Le agradezco sus recomendaciones y consideraciones.
Ha hecho algunos comentarios en relación con los préstamos y, en este sentido, reitero mis argumentos. Naturalmente, las comunidades autónomas pueden elegir la vía que consideren más adecuada.
Personalmente le doy mucho valor a la reutilización de los libros de texto porque también le doy valor a la reutilización de muchos bienes materiales. Creo que el que la población en general ?no solo los niños? nos acostumbremos a la
reutilización de todos aquellos bienes en que sea posible hacerlo tiene unos valores formativos, educativos, sociales y de sociabilidad importantes.
Además, hay un valor que no he mencionado ?porque es de distinta consideración y no lo hemos querido incluir en el informe? pero los países de la Unión Europea, al hablar de la reutilización ?en este caso de libros, pero también de otros
elementos?, apelan a las políticas de sostenibilidad relacionadas con la naturaleza y el medioambiente. En este sentido, alegan que una de las razones para aconsejar la reutilización es claramente la protección del medioambiente y la atención al
uso y al no abuso de los recursos naturales. Repito que nosotros no hemos hecho esta consideración por no mezclar, pero si estuviéramos en la Comisión de Medio Ambiente seguramente se haría alusión a este aspecto.
En cualquier caso, le doy las gracias por todas sus apreciaciones y esperemos que para los próximos cursos, si no todas, una gran mayoría de nuestras recomendaciones se tengan en cuenta.
Agradezco a la señora Figueres sus observaciones y las referencias que ha hecho a los textos de la UNESCO, así como sus comentarios sobre la utilización de las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales en materia de educación. Hay
alguna consideración en este documento, que si bien no se centra en el uso de estas tecnologías, se incluyen como tecnologías a tener en cuenta para su adquisición y uso a través de las fórmulas enunciadas en el texto. Hay que tenerlas en cuenta e
incorporarlas al sistema educativo hoy en día, y yo creo que son ya muchos los centros que lo están haciendo.
Estoy de acuerdo con la mayoría de sus comentarios generales y les agradezco que hayan analizado y estudiado las conclusiones y todas las observaciones que aquí se hacen. Como decía, si sus respectivas comunidades autónomas tienen a bien
dar traslado de este documento, se lo agradeceríamos.
Si en algún caso sus señorías consideraran que hay algún elemento que no está claro, cuando tengan más tiempo para leerlo, porque ha sido remitido hace unos días nada más, nosotros estaremos, desde luego, a su entera disposición para
aclararlo o cotejar cualquier dato o sugerencia que nos hagan en relación con este estudio sobre los programas y las ayudas a los libros de texto.
Gracias a todos por su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- INFORME SOBRE 'CRISIS ECONÓMICA E INSOLVENCIA PERSONAL: ACTUACIONES Y PROPUESTAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO'. (Número de expediente del Senado 781/000012 y número de expediente del Congreso 212/001365).
AUTOR: DEFENSOR DEL PUEBLO
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: Crisis económica e insolvencia personal, actuaciones y propuestas del defensor del pueblo.
La señora defensora tiene la palabra.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, conocen ustedes que ha sido desde tiempo atrás preocupación de la institución del Defensor del Pueblo la situación por la que atraviesan y han atravesado familias que no han podido hacer frente a deudas, fundamentalmente
hipotecarias, y el defensor ya desde el año 2009 ha hecho recomendaciones a distintos ministerios sobre la necesidad de regular procedimientos para hacer viable el pago de esas deudas, facilitar el pago de esas deudas a personas que de buena fe
-siempre partimos de personas, de familias de buena fe- no podían y no pueden hacer frente a esos compromisos adquiridos.
Traemos ahora este documento que se denomina 'Crisis económica e insolvencia personal: actuaciones y propuestas', porque, si bien observamos que han sido varias las actuaciones realizadas en los últimos tiempos en esta materia, creemos que
todavía hay varias lagunas; lagunas que impiden que familias y personas físicas puedan resolver su situación de sobreendeudamiento. Sabemos, como ustedes, que ha habido unas medidas relativamente recientes: dos reales decretos leyes, uno de 9 de
marzo de 2012 y otro de 15 de noviembre de ese año, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; con posterioridad, en el mes de mayo de 2013, se aprobó una ley de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; y, además, hay una ley del mes de septiembre de este mismo año 2013, de apoyo a emprendedores y a su internacionalización, conocida como Ley de emprendedores. Estos decretos y estas leyes
se refieren a
personas o a grupos sobreendeudados que no pueden hacer frente a sus compromisos fundamentalmente hipotecarios. Por eso, nosotros hemos considerado que aún había un margen para estudiar y sacar unas conclusiones, y a su vez unas
recomendaciones, que afectaran a aquellas personas, a aquellos consumidores que no pueden acogerse a los reales decretos leyes y a la ley antes enunciada porque no reúnen las condiciones para ello y se ven en situaciones de un sobreendeudamiento que
no van a poder superar con todos los bienes que tienen -repito, no van a poder superar- y que les van a conducir muy probablemente a una exclusión social y a una enorme y grave dificultad para su integración en la sociedad. Estas son las razones
por las que se han estudiado los datos y los precedentes que podían llevarnos a unas nuevas recomendaciones sobre la situación de insolvencia personal. Así se llama el documento.
En España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea, no hay un procedimiento singular que regule la insolvencia personal de las personas físicas o de los consumidores. En este documento traemos como ejemplo lo que
hacen otros países de la Unión Europea, desde Finlandia al Reino Unido o Bélgica, Austria, Alemania, Francia, Portugal y los Estados Unidos, donde hay legislación para tratar estas situaciones personales o familiares. ¿Cuáles son las situaciones?
Sus señorías las conocen y yo tan solo las enuncio: son situaciones originadas por el desempleo, por las bajadas salariales... Son situaciones imprevistas que han provocado la imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas. Y partimos,
como decía, de la base del concepto del deudor de buena fe.
Creemos conveniente que esas medidas ya adoptadas, vía real decreto ley, vía ley, que antes he enunciado y que son buenas, que son convenientes, se amplíen; sobre todo, que ustedes estudien la posibilidad de añadir a estas actuaciones otras
más en esta materia de insolvencia personal, y eso es lo que hace el documento que aportamos.
Nosotros no podíamos permanecer impasibles ante las quejas y ante lo que nos hacen llegar los ciudadanos sobre familias, como decía, que no encuentran salida a su situación de sobreendeudamiento. Por eso, el área de Economía y Hacienda se
ha puesto, con un esfuerzo grande, a estudiar la posibilidad de regular un procedimiento fácil, eficaz y gratuito, lo que supone una modificación en la legislación o una nueva legislación para facilitar el pago ordenado de las deudas, saneando la
economía doméstica que hoy está sobreendeudada en innumerables familias españolas.
A finales del pasado mes de octubre, el día 29, se dirigió una recomendación al Ministerio de la Presidencia y a la Secretaría de Estado de Justicia. Ponemos en conocimiento de sus señorías dicha recomendación, que aquí está para que la
puedan estudiar los grupos parlamentarios y actuar si así lo estiman conveniente. ¿En qué consiste esta recomendación? Consiste en sugerir un procedimiento singular que, basado en la cultura del pago, e independiente del resto de los
procedimientos existentes, permita la liberación de deudas, remanentes y, siguiendo lo que ha indicado el Fondo Monetario Internacional, dé una segunda oportunidad a las familias sobreendeudadas. Para ello se recomienda abordar las reformas
normativas necesarias en el orden civil, mercantil, administrativo y procesal. Es decir, no es una materia sencilla, ni mucho menos, sino todo lo contrario, más bien compleja, pero creemos que vale la pena.
¿Cuál sería el ámbito de aplicación para estas personas, estos deudores de buena fe a los que me he referido? El procedimiento puede ser judicial o administrativo y tiene que contar con un ámbito de aplicación amplio, sin exclusiones, para
que los deudores de buena fe puedan acogerse, que son los que más lo necesitan, y que abarque o comprenda todas sus deudas. El procedimiento debería ser sencillo, porque si se entra en un procedimiento de enorme complejidad, se abandona, como hemos
visto en muchas ocasiones, pues ni siquiera la familia o la persona es capaz de abordarlo. Por tanto, un procedimiento sencillo, eficaz y que no cueste, porque si el procedimiento es costoso para una persona que ya parte de la situación antes
mencionada, no es viable.
¿Qué debería hacer la resolución final? Debería fijar la quita, debería establecer un plan de pagos a medio o largo plazo, así como las condiciones de esos pagos y su plazo de vigencia. En resumen, debe fijar las condiciones a cumplir por
las partes, muy especialmente de la persona que tiene esa deuda. Asimismo, conseguir la aceptación de la otra parte. El tiempo o vigencia de ese acuerdo debe ser prudencial, pero un tiempo prudencial que le permita a una familia, a una persona,
tener un horizonte que le empuje a buscar un empleo, que le empuje a su reinserción, a su vuelta al entramado, entre comillas, de la sociedad y no a vivir fuera y al margen por considerar que su situación no tiene solución. Por eso decía que el
plazo de vigencia debe ser prudencial. Y, por último, una fecha de liberación del deudor, a semejanza de otros ordenamientos jurídicos. Este es el resumen de este documento, que se ha comparado con las medidas y la normativa de otros problemas.
Se ha estudiado también el procedimiento actual, por qué las actuaciones realizadas, todas ellas interesantes y loables, no son suficientes. En el documento que tienen sus señorías, en las páginas 26 a 31 se explican las razones por las que
se considera que los procedimientos actuales no son suficientemente idóneos para solventar la insolvencia familiar o personal. Sabemos que existe la Ley Concursal, pero es una ley encaminada fundamentalmente a las empresas. Por eso encontrábamos
que hay todavía un vacío que se podría ocupar con una serie de actuaciones y medidas legislativas.
En este epígrafe sobre la necesidad del procedimiento de insolvencia, se hace constar el elevado coste del procedimiento actual, que los procedimientos actuales están enfocados a deudas hipotecarias, se hace alusión también a la dificultad
de concluir convenios entre deudor y acreedor cuando no son razones de carácter empresarial y además responden de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Casos en los que ni siquiera la muerte hace que concluyan las obligaciones de
pago, pues el heredero sucede al causante en sus derechos. Y como consideración final, que las personas particulares que puedan verse liberadas de las deudas insatisfechas, hoy en día no cuentan con las mismas vías que el resto de los deudores,
además de haber tenido que pagar todas las deudas de la masa y los créditos privilegiados, así como el 25 % de las deudas ordinarias. Es decir, la situación actual para muchas personas y familias es tan difícil que hace inviable encontrar una
salida para hacer frente al pago de sus deudas que se han visto incrementadas en unas cuantías importantes, sobre todo en los últimos años.
Hemos recogido también aquí las conclusiones que ha hecho el Consejo Económico y Social español en varias circunstancias sobre la posibilidad de encontrar una fórmula para enfrentarse al sobreendeudamiento. Lo hizo en el año 1999 y lo ha
hecho en el año 2011. Como he dicho, también hay otras recomendaciones de instituciones, entre otras, la del Fondo Monetario Internacional en su declaración final del año 2013 en relación con España, que sugiere y recomienda la existencia de un
procedimiento para hacer frente a la insolvencia personal en condiciones estrictas que preserven la cultura del pago y que ayude a una mayor información y asesoramiento a personas altamente endeudadas sobre las opciones para abordar sus problemas de
deuda. Luego desglosa dichas consideraciones.
Al final del documento se establecen, como es norma de la institución, unas conclusiones y unas recomendaciones. Las conclusiones pueden repasarse rápidamente. La primera es la necesidad de regulación de un procedimiento específico para
tratar la insolvencia. La segunda es instaurar esta segunda oportunidad para todas aquellas personas inmersas en una situación no prevista y, desde luego, no deseada. La tercera hace referencia a estudiar la posibilidad de una legislación en
detalle cuyo objetivo sea hacer frente a estas medidas mediante un sistema judicial y extrajudicial que permita un diálogo entre deudores y acreedores, y concluya con la reconciliación de cuestiones que sean de interés común para las dos partes.
La cuarta conclusión enlaza con lo primero que decía al comienzo de esta intervención, y es que las acciones emprendidas hasta ahora tienen un ámbito de aplicación reducido. Son válidas, pero creemos que al ciudadano sobreendeudado no le
dan la posibilidad de encontrar esa segunda oportunidad y salir de la situación.
Como consecuencia de todo ello, se realizan las recomendaciones oportunas, que son fundamentalmente cuatro: la primera es la regulación ex novo de un procedimiento singular de insolvencia de los particulares y consumidores, procedimiento
independiente del resto de los procedimientos existentes.
La segunda es -entrando ya en que el procedimiento sea judicial o administrativo- que debe contar con un ámbito de aplicación amplio, sin exclusiones. He hablado con anterioridad de ello.
La tercera es sobre la eficacia, la sencillez y la gratuidad como requisitos fundamentales de este procedimiento, las razones por las que debe reunir estas condiciones.
Y la cuarta y final se hace sobre la consideración de fijar la quita, el importe de la deuda, el plan de pagos y las condiciones a cumplir, así como la vigencia de este acuerdo y la fecha de liberación del deudor, teniendo presente todas las
consideraciones que aquí se hacen sobre las circunstancias que concurren en familias y también la legislación comparada, que nos permite ver lo que han hecho en circunstancias parecidas otros países, fundamentalmente de la Unión Europea.
Este es el trabajo que presentamos. Escucharé con atención las consideraciones que sus señorías tengan a bien hacerme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora.
En el turno de grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Yanguas, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias de nuevo, señor presidente.
Agradezco otra vez a la defensora y a su equipo que nos haya traído este documento. Cuando lo pude leer estos días pasados lo califiqué como un documento de una claridad meridiana, contundente y también con un sentido común importante. La
parte de derecho comparado también me ha parecido muy positiva en este aspecto porque le da todavía mayor empaque al documento.
España es un país que tiene gran aversión al fracaso profesional o empresarial. Los fracasos en los negocios se ven como un fracaso en lo personal o en la vida personal y familiar incluso, cosa que no pasa en otros países. Esto es
importante. Creo que hay que cambiarlo incluso desde las aulas, en la propia educación.
En la esfera de lo personal, este estudio ya pone de manifiesto, y usted lo ha dicho, que hay que crear un procedimiento ad hoc para esos deudores de buena fe. Usted ya lo ha dicho aquí, ese concepto jurídico indeterminado, esa buena fe
habrá que ver cómo se desarrolla, porque es parte importante para que esto tenga éxito o no, que sirva para eliminar esa insolvencia, dejando siempre un mínimo personal para una existencia digna.
Además parece, y ya termino porque me gusta ser breve, que todos o muchos de los órganos que hemos podido leer aquí, incluso algunos más diría yo, lo piden. Entonces, creo que es urgente que se haga y que se tome en consideración esta
recomendación y ya le animo, aunque poco ánimo le hace falta a usted, a que siga insistiendo ante el Gobierno para que esto se lleve a cabo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yanguas.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidente.
De nuevo agradezco a la defensora la claridad y la elaboración de este informe. Nosotros estamos al cien por cien de acuerdo con él y en todo caso sí que nos gustaría añadir, no enmendar en este caso, alguna cosa.
Es verdad que en los últimos años se han adoptado medidas encaminadas a proteger a los deudores hipotecarios, lo que llamamos la segunda oportunidad. También es absolutamente cierto que no se ha llevado a cabo lo que propone la defensora,
lo que llamaríamos un procedimiento singular para tratar la insolvencia personal, atendiendo a que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que eso es perfectamente posible, que hay una esfera que es, por razones de interés público,
susceptible de protección cuando el acreedor actúe verdaderamente de buena fe. Por tanto, esta línea singular sería perfectamente posible y nosotros, desde Convergència i Unió, creemos que conveniente.
Por consiguiente, apoyamos al cien por cien su propuesta, con los matices que ha expresado el representante de Unión del Pueblo Navarro. Se ha de prever que se trate de una situación económica no prevista ni deseada, un procedimiento de
insolvencia que tenga en cuenta lo que ha pasado en los últimos dos años o un período prudente, de tal manera que no exista la posibilidad de autoprovocarse una insolvencia sobrevenida sobre la base de ocultar bienes o deshaciéndose de ellos.
Creemos que esto es perfectamente posible, no tiene ningún misterio ni ninguna dificultad.
Nosotros insistimos en un tema, cada vez que se habla de él mi grupo quiere resaltarlo, y es que nos sorprende una medida que tampoco sería -diría- izquierdista, sino netamente liberal,y es que se aplique la Ley Concursal a los particulares.
En este momento una empresa en una situación como la de un particular, que tiene que liquidar, que no puede pagar lo que debe tiene todo un procedimiento que la protege, un concurso que se realiza, etcétera. En cambio, una persona, una familia no
tiene este procedimiento y cae de manera natural en el embargo. Entendemos, repito, que es un ejercicio de sentido común darle a una familia los mismos derechos que a un empresario. No entendemos cómo no puede ser así.
De todas maneras, damos pleno soporte al procedimiento singular que propone la defensora y nos comprometemos, si llega el caso con la mayoría de grupos posibles, a presentar algún tipo de iniciativa legislativa en este sentido.
Muchas gracias, presidente y defensora.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Buenos días.
Muchas gracias, señor presidente y señora defensora del pueblo.
En primer lugar y por parte del Grupo Socialista, felicitamos la elaboración de este informe y sus conclusiones. Probablemente su mayor valor es su propia existencia, que se haya elaborado un informe de estas características o que se haya
decidido abordar un informe sobre la insolvencia personal, la crisis económica y, fundamentalmente, sobre la segunda oportunidad.
Coincidimos en hacer un llamamiento imperativo a esta recomendación de la Defensoría del Pueblo tanto para los grupos parlamentarios como para el propio Gobierno ante la necesidad que brevemente se plasma -quizás en exceso breve- en el
informe que se nos presenta, informe que no aborda la evolución de la morosidad personal, que la defensora ha calificado como intangible, incuantificable, pero que lamentablemente es cuantificable. De hecho, ayer mismo tuvimos datos actualizados
sobre su evolución en nuestro país.
También aborda brevemente las situaciones de sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso y el carácter social, fundamentalmente social, que requiere una medida de estas características. Estoy segura de que hay cientos de miles de cartas, de
correos electrónicos y de llamadas a la Defensoría del Pueblo de gente contando su situación personal. Ese endeudamiento no doloso y sobrevenido que se ha producido en la sociedad española lleva a una situación dramática a cientos de familias no
solo en la pérdida de su vivienda, sino también a la hora de abordar situaciones extremas, como poder comer cada día, poder dar de comer a la familia en nuestro país, es decir, situaciones extremas de pobreza en gente que hasta hace dos días se
consideraba clase media y que podía asumir casi sin riesgo, o con un riesgo que asumía casi en solitario, la concesión de un préstamo por parte de una entidad financiera para comprar cualquier tipo de producto o para poder pagar sus vacaciones, un
coche o para acceder a la vivienda. Sin embargo, debido a la pérdida de su empleo, se ven en esa situación de sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso sin ninguna intención de no corresponder al pago de sus deudas, sin ninguna intención de
especular con los ingresos que tenían, luego fundamentalmente falta el reflejo de ese carácter social en el informe, aunque también las reclamaciones, que sí mencionan en él, de las propias instituciones financieras ante la necesidad de que una ley
de segunda oportunidad, una propuesta legislativa para abordar la insolvencia no solo tendría un impacto para atender la demanda social, sino incluso para atender la demanda económica. Se hace mención a las reclamaciones del Banco Central Europeo,
se hace mención a las reclamaciones del Fondo Monetario Internacional a que una segunda oportunidad no solo no provocaría una ruptura del sistema financiero en nuestro país, sino que garantizaría solvencia a las propias entidades financieras a la
hora de garantizar el cobro de sus créditos o a la hora de valorar en realidad cuáles son realmente los riesgos en los que puedan estar las entidades financieras.
Es cierto que hay un particular interés no en la mora familiar en general, sino en la moratoria relacionada con los créditos hipotecarios, que son los que hemos visto que en nuestro país han tenido más impacto en las económicas domésticas.
Coincido con lo que decía el anterior portavoz socialista en su intervención y que también ha mencionado la defensora. Quizá es más duro el informe a la hora de expresar los antecedentes respecto de las medidas que se han abordado hasta la
fecha que en las conclusiones. Cuando en los antecedentes se valoran como claramente insuficientes todas las decisiones, todas las medidas adoptadas hasta la fecha, tanto por el Gobierno actual como por el Gobierno anterior, es más timorato a la
hora de expresar las conclusiones diciendo que tienen un cierto valor las medidas que se han tomado hasta la fecha, y yo creo que tenemos que ser bien claros a la hora de reflejar en un informe los datos sobre lo que se está produciendo,
especialmente cuando hoy podemos hacer valoraciones del desarrollo de la norma aprobada hasta la fecha, como el Código de Buenas Prácticas al que hace mención el informe, pero no detalla cuáles son los datos actuales, que son lamentablemente pobres,
como anunciamos en su día, durante la tramitación de la Ley 1/2013, que iban a ser. Mientras que en el primer trimestre de este año se han producido más de 10 000 lanzamientos y se han iniciado más de 21 000 ejecuciones hipotecarias, los resultados
de las normas aprobadas hasta la fecha solo han permitido que haya habido, por ejemplo, dos quitas. Ante 21 272 inicios de ejecuciones, solo dos quitas. O tan solo 298 daciones en pago. Estos son datos de los que el Gobierno presume, pero que son
realmente pobres. De los 3300 expedientes tramitados, 2190 han sido denegados, fundamentalmente porque las normas que se aprobaron no eran garantía para nadie, no podían cubrir ningún aspecto social ante la exigencia de circunstancias acumulativas
que se iban produciendo y que provocaban que cada vez más familias se pudieran ver en una situación de insolvencia. Apenas hay beneficiarios entre los afectados, luego la norma que tenemos encima de la
mesa no es solución, en absoluto, sobre todo porque en contra de las recomendaciones de este informe jamás, en ninguna circunstancia, se produce realmente segunda oportunidad en cuanto a las deudas hipotecarias. Se produce la posibilidad de
aplazar el lanzamiento, pero nunca de parar la ejecución hipotecaria. Realmente no hay rehabilitación de las familias, no hay reestructuraciones de deuda que permitan que una familia pueda hacer frente al pago de sus deudas en un plazo corto, medio
o largo de tiempo y permanecer en la vivienda. Siempre se va a producir finalmente el lanzamiento y esa pérdida de la vivienda. Tampoco es así en el caso que no menciona -no es suficientemente detallista el informe- sobre las situaciones de los
trabajadores autónomos. El Grupo Parlamentario Popular, en la tramitación de la Ley 1/2013, se negó directamente a que la situación de los trabajadores autónomos estuviera contemplada en la ley, y no se resuelve con la Ley de emprendedores. La Ley
de emprendedores garantiza, a fin de cuentas, el local comercial, pero no la vivienda cuando se ha puesto de garantía en la compra del local comercial, lo que puede producir situaciones absolutamente dramáticas, como que un trabajador autónomo, por
no poder hacer frente al pago de su vivienda, acabe perdiendo también su puesto de trabajo. Esto no es una solución para nadie.
Entiendo que en el informe no se valoren las iniciativas tramitadas y rechazadas en el Parlamento porque ya han sido rechazadas en el Parlamento, pero no puedo pasar por alto la proposición de ley de medidas contra el desahucio, el
sobreendeudamiento y la insolvencia, presentada en su día por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie B', número 98-1, porque justo en el título III de esa iniciativa se define todo lo que
está solicitando la defensora del pueblo. No sé si a lo que nos está animando la defensora del pueblo es a que volvamos a registrar esta iniciativa parlamentaria. Es verdad que hay una oportunidad perdida. Y lo hace en el procedimiento civil, en
el administrativo, en el procesal, en la eliminación de tasas que impidan que exista una protección efectiva de los deudores, y lo hace no solo para los créditos hipotecarios, sino definiendo cuál es la situación de un consumidor en situación de
insolvencia, lo hace definiendo cómo podría aplicarse la Ley Concursal, pero también cómo podrían aplicarse otras normativas de otros países de nuestro entorno que permitan el restablecimiento o hacer frente al pago de las deudas por parte de las
familias en condiciones viables. Lo hace en los artículos 12 y 13 de esa proposición de ley que en su día se rechazó, y por eso creo que con mayor necesidad es preciso hacer la reclamación de recuperar estas iniciativas parlamentarias que hoy
reclama la Defensoría del Pueblo.
Es más, creo que en nuestro país se está dando una circunstancia aún peor, y es que el informe que hoy se llama: Crisis económica e insolvencia personal, podría haber sido: Acción de Gobierno e insolvencia, porque algunas de las medidas
que se están tomando por parte del Ejecutivo no solo no vienen a solucionar esas situaciones de segunda oportunidad, sino que están empujando directamente a las familias a una situación de desahucio e insolvencia. Algunas de esas medidas tomadas
por el Gobierno son bien conocidas por la defensora del pueblo, como la eliminación de las subsidiaciones de préstamos hipotecarios, ante las que este grupo parlamentario optó por recurrir al Tribunal Constitucional y la defensora del pueblo,
entendiendo que ya había una reclamación ante el Tribunal Constitucional por parte de este grupo parlamentario, reconoció la necesidad de presentar esa reclamación. Pero lo mismo está pasando con las respuestas del Gobierno creando listas negras de
deudores, con las respuestas ante los préstamos IRPH, no permitiendo que pueda haber un alivio a las familias en la ley de alquiler, es decir, una serie de medidas que lejos de proteger, lo que hacen es empujar a la insolvencia por encima de la
crisis económica que sufren como añadido al sufrimiento de la acción del Gobierno.
Es muy reconocible en el detalle del informe el relato de la normativa comparada, que demuestra y muestra que la segunda oportunidad, lógicamente, no es un problema para los sistemas financieros de un país sino que se puede rescatar de los
recortes sociales y se les puede dar también garantías a las entidades financieras. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Para concluir, solamente quiero insistir en compartir la utilidad, la finalidad y la implantación retroactiva de medidas de estas características en nuestra legislación. Y así como la Defensoría del Pueblo se ha sumado intencionalmente,
aunque no de modo real pese a la importancia que podía haber tenido romper la tradición de la Casa en un momento como este, a los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional por este grupo parlamentario tanto sobre los desahucios como
sobre las subsidiaciones de préstamos, nosotros nos sumamos a esta demanda y haremos toda la presión necesaria en el ámbito parlamentario y social para que se puedan adoptar recomendaciones como las que se hacen en las conclusiones del informe y
sobre todo en sus antecedentes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Jiménez.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Muy buenos días, señora defensora, señor presidente y miembros de esta comisión mixta.
Nos presenta la institución del Defensor del Pueblo el informe sobre crisis económica e insolvencia personal, con seis capítulos o apartados al margen de la presentación. (La señora vicepresidenta, Martínez Saiz, ocupa la presidencia).
Señora defensora, créame si le digo que he leído muy atentamente todo el informe, sus 32 páginas. Puedo anticiparle que tras la lectura se me ha quedado un sabor agridulce. Me satisface que la institución reconozca, concretamente en la
página 9, que algunas de las propuestas efectuadas por la institución se vieron plasmadas en las normativas adoptadas al efecto; página 8, la norma se refiere al Real Decreto ley 6/2012, que supuso un avance en la búsqueda de salidas; en la página
16, sobre las normas de prestación a los deudores hipotecarios, sin duda son loables; en la página 17, respecto a los expedientes que han dado lugar, viene una reestructuración de la deuda, la dación de la vivienda en pago de la deuda existente,
con lo cual las cifras son significativamente crecientes; en la misma página se habla de la nueva Ley de emprendedores, que ha dado un paso adelante, pero luego viene ese otro matiz agridulce que yo le decía.
Es insuficiente; pocas personas se han podido acoger al Código de Buenas Prácticas, pero nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, nos quedamos con lo positivo que marca el informe. Y lo positivo, señora defensora y señores portavoces, y
muy especialmente los del Grupo Parlamentario Socialista, es que el Gobierno del Partido Popular ha sido el primero en legislar en una materia tan importante como son los desahucios y los lanzamientos. Ha sido el primero y único partido. (La
señora Iglesias Santiago pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). Podríamos presentar aquí qué legislación había en España antes de que gobernara el Partido Popular. Por cierto, mañana hará dos años que el actual Gobierno ganó las
elecciones generales con una mayoría suficiente y amplia que permitía llevar a cabo todas las reformas estructurales y necesarias para sacar a España de una crisis, señora Iglesias, no de una acción de Gobierno e insolvencia, como acaba de decir,
sino para sacar a España de una situación a la que nos...
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Saiz): Perdón, un momentito, por favor.
Señora Iglesias, le ruego atienda y guarde silencio porque, si no, es imposible continuar. A usted le hemos escuchado con muchísima atención. Quiero recordarle que el desahucio exprés no lo aprobó el Gobierno actual.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Estaba diciendo que la situación de aquel momento venía derivada de la nefasta política económica llevada a cabo por un Gobierno socialista y de izquierdas como el del señor Rodríguez Zapatero.
Cuando uno lee estos informes y además tiene una formación proveniente del mundo rural, del mundo social, está claro que duele comprobar que todavía hay y habrá personas que están en momentos muy difíciles y que además van a perder su casa.
Las medidas que ha impulsado este Gobierno a través de estas leyes y de estos reales decretos van a suponer que menos familias se vean abocadas a la pérdida de su vivienda.
Decía que se van a cumplir casi dos años de Gobierno del Partido Popular, es decir, un mes menos puesto que fue en diciembre cuando el presidente Rajoy tomó posesión. El día 23 de diciembre se celebró el primer Consejo de Ministros y el día
30 del mismo mes el segundo. A los ocho días de estar gobernando el Partido Popular se tomaron las primeras medidas urgentes teniendo en cuenta la que se nos venía encima, cosa que conocía el Partido Socialista. Y si no, nos podemos poner todos a
leer el libro del ex ministro socialista, señor Solbes.
La señora defensora del pueblo ha reconocido hace un momento que ya en el año 2009 se empezó a ver lo que había aquí. Lo conocíamos todos y lo conocían ustedes; lo conocía el Gobierno anterior, lo sabía, lo vio, lo toleró y escondió la
cabeza bajo una irresponsable política económica que nos ha llevado adonde estamos en estos momentos. Y solo gracias a las políticas desarrolladas por el Partido Popular y apoyadas por él, como no podía ser menos -unas políticas que hemos visto que
son buenas durante estos dos años-, y también gracias a las grandes reformas, podemos decir que estamos saliendo de esa crisis y podemos decir que la economía está creciendo aunque débilmente, es cierto. Tenemos que ser
muy prudentes y muy cautelosos y no enorgullecernos, pero yo, como miembro de un partido político y como senadora que ha tenido que votar estas leyes que se han traído al Parlamento, me siento orgullosa de que haya sido un Gobierno del
Partido Popular el que haya puesto en marcha medidas urgentes para acabar con el drama de los deudores hipotecarios aunque no se ha acabado del todo con él.
Fíjense si hubo urgencia en legislar, que el Real Decreto 6/2012 aparece publicado en el 'Boletín Oficial del Estado' el día 10 de marzo de 2012, cuando no habían pasado ni tres meses desde que el Partido Popular estaba gobernando. Por eso
podemos decir, y ustedes lo saben, que no se hizo nada cuando ya se estaba avecinando lo que se veía venir, y aquí se ha reconocido por un miembro de la Mesa ¿Cómo es posible que sabiendo lo que había la ministra de Vivienda, la señora Chacón,
dijera: vamos a legislar desahucios exprés. (La señora Iglesias Santiago: Alquiler, alquiler), y como queremos que esto se haga cuanto antes ponemos diez juzgados que se dediquen a esto? ¿Pero cómo es esto posible con un Gobierno de izquierdas?
Menos lobos, menos lobos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Yo, desde luego, no podía permitir que no se dijese algo sobre la intervención de los dos portavoces anteriores del Grupo Parlamentario Socialista. Pero, señora defensora, le digo que su informe tiene una parte positiva y otra dura, que
nosotros compartimos, porque conocemos casos, porque tenemos gente muy cercana que está padeciendo todo esto, claro que sí. Hoy por hoy podemos decir que las medidas que ha puesto en marcha el Partido Popular, que son las leyes de 2012 y la última
para reforzar a los deudores hipotecarios, han sido hasta este momento suficientes. ¿Y qué nos han permitido? Poner en marcha el Código de Buenas Prácticas que, por cierto, no se puso en marcha con la última ley sino con la Ley 6 del año 2012, que
prevé la reestructuración, la quita y la dación de pago. Cuando hemos hablado y se ha debatido tanto en el Congreso como en el Senado sobre lo que era la dación en pago para los deudores, lo que se pretendía era que fuese la universal y
retroactiva; pero no, no puede ser. La dación en pago claro que existe desde el año 2012 para todas aquellas personas que están inmersas en un procedimiento de ejecución presupuestaria. Se suspende por un período de dos años el lanzamiento y
pueden seguir en sus viviendas como arrendatarios con cantidades menores de alquiler. Y a las personas que ya están desahuciadas se les ha puesto a su disposición un fondo social de vivienda para que se puedan acoger todas ellas a dicho fondo desde
enero de 2008. Porque hay que reconocer que el 50 % de los casos que ha habido de ejecuciones hipotecarias se han dado en los años del Gobierno anterior, y no se hizo absolutamente nada.
Señorías, yo sé que algunos datos -y lo recoge la señora defensora también en el estudio, aunque difieren un poco. En la comisión del pasado día 22 de octubre también habló de ello la senadora Ana Torme- no dejan lugar a dudas. Han
reestructurado la deuda 600 familias; 300 han solicitado la dación en pago; 260 han acudido al Fondo Social de Viviendas, donde pagan bajos alquileres; se han paralizado 77 lanzamientos de vivienda habitual, el propio Banco de España dice que se
ha ralentizado el número de lanzamientos. ¿Qué podemos decir con estas cantidades? ¿Son pocas, son muchas, son suficientes? Pues seguro que no son suficientes, pero yo estoy convencida, siendo estos los datos del primer semestre de este año, de
que cuando acabe el año tendremos datos más esperanzadores. Desde luego, creo que estas son las políticas que hoy por hoy pueden ayudar a estas personas a superar el drama que se está produciendo en muchas familias españolas.
Respecto a la dación en pago, hoy tampoco me resisto a decirlo, fue el señor Rodríguez Zapatero quien en marzo de 2011, con la que había llovido y la que estaba cayendo, en marzo de 2011, a punto de perder las elecciones, como no podía ser
de otra manera, dijo que no era razonable apoyar medidas que pusiesen en cuestión la solvencia del sistema financiero. Pero ahora sí, ahora que no estoy gobernando, ahora desde la oposición lo planteo. Pues miren, señores del Grupo Socialista,
fueron ustedes incompetentes en el Gobierno, incompetentes, y ahora, en la oposición, son desleales.
Y termino. Mi grupo apoya, como no podía ser de otra manera, las medidas puestas en marcha durante estos veintitrés meses, no han pasado ni dos años de Gobierno del Partido Popular. También nos satisface lo que recoge sobre esta materia la
Ley de apoyo al emprendedor, en lo que se refiere a la segunda oportunidad para aquellos emprendedores de responsabilidad limitada que han visto fracasar su negocio, pues no tendrán que perder su vivienda habitual, que habían hipotecado para sacar
su negocio adelante.
Finalizo con un mensaje positivo, sobre todo conociendo los últimos datos que nos marcan ya muchos organismos internacionales. Hoy mismo hemos conocido que las últimas perspectivas de la OCDE elevan las previsiones de crecimiento para el
próximo año. ¡Lo que hemos tenido que soportar de todas estas personas del extranjero y de todos estos organismos! Goldman Sachs ya reconoce también y entona el
mea culpa por no haber anticipado los positivos resultados de las reformas del Gobierno del Partido Popular. Las entidades de inversión recomiendan ahora invertir en nuestro país. Esto es lo que está ocurriendo.
Y una última cosa, y termino, señor presidente, se lo digo en serio.
El señor PRESIDENTE: Hágalo de verdad.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Terminamos en veintitrés meses con 70 000 millones de euros de pago a proveedores. Y ahí van incluidos los 13 400 que en tres meses van a estar para el pago. Hablamos de 70 000 millones para pagar facturas,
reconocidas o no, guardadas en los cajones de las distintas administraciones. 70 000 millones que han ido en un 85 o 90 % a pequeñas y medianas empresas. Con este pago a proveedores hemos evitado que muchas empresas, sobre todo las pequeñas y
algunos autónomos hayan tenido que cerrar y despedir a sus trabajadores. Y estos trabajadores, gracias a ese pago a proveedores del Gobierno del Partido Popular, no han perdido su empleo y han podido seguir pagando su hipoteca.
Por lo tanto, mis deseos, señora defensora, es que sigan trabajando en la misma línea. Estos informes nos tocan un poco a todos, desde luego a esta senadora sí. Esperamos que las cosas vayan mejor, de hecho ya están yendo mejor, y que
podamos reconducir este tema y plantear otras alternativas, como puede ser el concurso de acreedores o la posibilidad de una segunda oportunidad. Sigan trabajando en ello porque nosotros vamos a seguir haciéndolo para ayudar al Gobierno a sacar al
país de ese pozo en el que otros lo metieron.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jiménez.
Ya adelanto que después de la intervención de la señora defensora haremos un breve receso para seguidamente reanudar la sesión con el tercer y último punto del orden del día, para terminar a mediodía. Gracias.
Señora defensora, tiene la palabra.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a todos los señores y señoras que han intervenido, a los que he escuchado con mucho interés y mucha atención.
Agradezco al señor Yanguas sus comentarios y el interés que se ha tomado por este documento.
Quiero recordar al señor Guillaumes, dado que se ha referido a la Ley concursal, que efectivamente esta ley es fundamental para la economía española y para la economía de las empresas, así como para subsanar problemas económicos de las
empresas y llegar a soluciones aceptables. Pero es difícil que sea utilizada por personas físicas, por particulares, porque es una ley fundamentalmente pensada en su origen para las empresas. Es verdad que se pueden acoger algunas personas pero el
procedimiento, como he dicho en mi primera intervención, es largo y complejo; desde luego, no está pensado para ellos, no era el objetivo fundamental de la ley que en su momento se hizo.
Aceptamos, naturalmente, su aceptación, valga la redundancia, de la existencia de un procedimiento diferenciado, de un procedimiento singular, que es lo que se establece en este documento respecto a la situación de las familias y personas
físicas y consumidores. En eso estamos, pero gracias por sus consideraciones.
La señora Iglesias ha comentado, entre otras cosas, que el informe contenía pocos datos en relación con la situación producida como consecuencia de la aplicación de los reales decretos-leyes que he mencionado, aquellos que tratan de resolver
problemas de deudores hipotecarios. Con la ley de emprendedores no ha dado tiempo, pero comenta la señora Iglesias, respecto del código de buenas prácticas, también como consecuencia de uno de estos reales decretos-leyes, que no damos suficientes
datos sobre las consecuencias de la entrada en vigor de estas normas. Tiene razón la señora Iglesias, pero es que nosotros no podemos ni debemos abarcar tanto. En la página 17 sí aparece una muestra de estos datos, el informe de la Comisión de
control de seguimiento del código de buenas prácticas para la reestructuración de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual. Como los datos los tienen sus señorías, para no cansarles no voy a volver a leerlos, pero se pueden
ampliar, y, desde luego, el Banco de España y el Ministerio de Economía los tienen. Nosotros no podemos hacer informes tan amplios porque dejaríamos de tocar otros aspectos. En la página 17 hay menciones a las reestructuraciones habidas nada más
entrar en vigor ese código de buenas prácticas y hasta el primer trimestre del año 2013.
Yo agradezco las valoraciones que usted hace, y las consecuencias que extrae las escucho con atención y con el máximo respeto, así como las sugerencias que usted trae sobre posibles actuaciones a la vista de estos informes. Esa es una de
las finalidades de estos informes, por eso los traemos a las Cortes Generales, por eso los traemos a esta comisión y no los traemos metidos en un informe anual, como se ha hecho en otras ocasiones, ni los traemos al cabo de dos años, es que han
salido anteayer de la imprenta, y los hacemos poniendo el dedo en la llaga. Yo soy consciente perfectamente de ello, pero es que esta institución debe estar constantemente actualizada y tiene que versar sobre problemas que preocupan en este momento
a la sociedad. Por eso los informes también tienen un límite, no podemos permitirnos estar dos años estudiando una determinada situación, porque eso lo hacen otros centros de estudios, otras fundaciones; lo nuestro debe ser el momento, las
circunstancias actuales, de ahí que no haya muchos más datos, porque hay otras instituciones que son las encargadas de aportar los datos anuales sobre determinados hechos y determinadas circunstancias.
Señora Iglesias, la normativa comparada que aquí se refleja -también en resúmenes, como es lógico- es muy diversa, desde aquella que da más facilidades para el acuerdo entre las partes y aquella que dilata más el proceso, a aquella que exige
condiciones más estrictas para poderse acoger a estos procedimientos para resolver la insolvencia; pero es interesante echar una mirada sobre todos estos ejemplos que, como he dicho, van desde países europeos a los Estados Unidos, y como me parece
que antes no mencioné el caso de Dinamarca, por si no lo hice lo hago ahora, por su interés por cómo se trata allí.
Yo creo que las conclusiones y las recomendaciones que aquí se hacen son congruentes con los principios que se establecen, con la presentación y con los antecedentes. A mi juicio, son congruentes. Si yo viera mucha incongruencia, no
suscribiría los documentos que suscribo, desde el principio hasta el final, hechos por la institución. En fin, no puede haber unanimidad o apreciación exacta por su parte y por la mía en todos los apartados. Yo respeto, naturalmente, la lectura,
la interpretación y sobre todo las consecuencias que usted, como representante de su grupo, pueda sacar de este documento que nosotros presentamos a las Cortes para su estudio y reflexión, si así lo tienen oportuno, y las actuaciones en
consecuencia.
A la senadora Jiménez le quiero comentar que los estudios que, a mi juicio, debe hacer una institución como el Defensor no pueden ser, no deben ser una descalificación de actuaciones, y tampoco pueden ser glosas de actuaciones; ni lo uno ni
lo otro. Deben ser análisis hechos con frialdad -entre comillas- y con cierta distancia, lo cual no siempre es fácil. Pero es lo que yo creo que debe hacer el Defensor y lo que se intenta hacer, no sé si lo conseguimos: se ponen de relieve las
actuaciones de los últimos meses en esta materia o en una muy paralela a esta y se señalan los déficits todavía existentes. En una sociedad democrática y en una economía de mercado, en unas circunstancias de dificultades económicas como las
actuales es natural que existan déficit -lo hemos visto esta mañana en otro documento presentado sobre aspectos educativos, es natural-. Aquí haríamos mal si no los resaltáramos o no los describiéramos y haríamos también mal si no dijéramos lo que
se ha hecho y lo que se ha obtenido de las medidas habidas.
Esto es lo que nosotros hemos observado y hemos analizado. ¿Qué el resultado es agridulce? Es que la mayoría de las cosas que suceden en el siglo XXI, en una sociedad avanzada, en una sociedad moderna, en una sociedad democrática y donde
impera el Estado de derecho, son agridulces; esa es la situación. Si yo viniera aquí a presentarles la parte agria, dirían ustedes: Qué acritud. Y si trajera la parte dulce, dirían ustedes que yo estaba viviendo en otro mundo o que nosotros
estábamos trabajando sobre otro mundo o sobre otra nación. Es así, tiene usted razón, es agridulce. Esperemos que en el futuro haya más partes dulces que agrias, pero las sociedades modernas suelen tener ambos componentes y así se reflejan en este
documento.
Yo agradezco sus consideraciones, estoy segura de que ustedes lo estudiarán con prudencia, con cautela y con buenos deseos, y ya podremos comentar en un futuro algunas actuaciones.
Gracias, señor presidente, por todas las intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora del pueblo.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: No quiero abrir un nuevo turno, solo hacer un ruego, y es que los miembros de la Mesa no debatan con los portavoces si estos no pueden responder. Solo es un ruego. Ha pasado en el momento en que ha salido
usted.
El señor PRESIDENTE: Lo siento. Queda formulado el ruego.
Suspendemos la sesión por cinco minutos y reanudamos para que nos dé tiempo a terminar a una hora razonable. (Pausa).
- INFORME SOBRE 'LA TRATA DE SERES HUMANOS EN ESPAÑA: VÍCTIMAS INVISIBLES'. (Número de expediente del Senado 781/000006 y número de expediente del Congreso 212/001365)
AUTOR: DEFENSOR DEL PUEBLO
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión para tratar el tercer y último punto del orden del día que es el informe de la Defensoría del Pueblo sobre 'La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles'.
Para la presentación del informe, tiene la palabra la señora defensora.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor presidente.
La justificación para la realización de este estudio es el hecho de que en el mes de septiembre del año pasado, 2012, se presentó un trabajo considerable, hecho por la institución del Defensor, denominado 'La trata de seres humanos en
España: víctimas invisibles'. Hemos considerado, primero, que la materia tratada en ese informe -informe voluminoso- es de gran interés para la sociedad y de interés especial para las Cortes Generales. Por tanto, transcurrido un tiempo a lo largo
del cual se ha podido hacer una valoración de las medidas tomadas para hacer frente a este sistema de explotación de seres humanos, se ha creído conveniente valorar las actuaciones, hacer un resumen de ellas y presentar conclusiones y, como es
natural, algunas nuevas recomendaciones. Por eso se ha actualizado el trabajo, y esta actualización es la que ahora traemos a sus señorías.
La actualización -que se llama también 'La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, seguimiento del informe presentado en septiembre de 2012'-, en primer lugar da cuenta del estado de cada una de las recomendaciones que en su
día se hicieron a las administraciones. En segundo lugar, reconoce las mejoras observadas, los progresos y las buenas prácticas detectadas. Y en tercer lugar, señala aquellas cuestiones que necesitan todavía un mayor esfuerzo para avanzar en la
protección eficaz de las víctimas de trata. Por todo ello, presentamos el documento que tienen sus señorías entre las manos.
Destaco, en primer lugar, porque así lo hemos constatado, que este documento y el anterior, en el que se recogían actuaciones y recomendaciones hechas desde la institución a las distintas administraciones, ha sido bien acogido por las
administraciones, bastante bien acogido. Y en muchos casos, hay una actuación coordinada de la institución del Defensor y de administraciones que intervienen en esta materia. Hay una buena relación, como tuve ocasión el otro día de señalar en una
conferencia, entre la institución y la Fiscalía General del Estado y los fiscales; hay una buena relación de cooperación y de colaboración, de transmisión de datos, de deficiencias, de circunstancias entre departamentos del Ministerio del Interior
-Extranjería, fundamentalmente- y el defensor, etcétera.
Los informes del defensor en el ámbito internacional -en el que nuestra institución tiene presencia a través del Consejo de Europa, de Naciones Unidas y de otras instituciones internacionales- han tenido repercusión y, sobre todo, han
despertado interés. Esto es importante, porque en materia de explotación de seres humanos y de trata de mujeres para su explotación la cooperación internacional es absolutamente fundamental. Por lo tanto, el hecho de que los documentos que se
elaboran desde el defensor despierten interés puede conducir a colaborar con otras instituciones de otros países cuya cooperación es absolutamente fundamental a la hora de abordar estos asuntos.
Aunque más lejano de nuestro ámbito de actuación -pero seguramente algo tiene que ver con todo ello-, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América menciona el informe del defensor al analizar la situación de la trata de
personas en España en un documento anual que elabora sobre el asunto. Recientemente, Naciones Unidas ha celebrado una conferencia sobre esta materia y el defensor, a través del embajador de España en Naciones Unidas, le hizo llegar nuestros
estudios sobre esta cuestión.
¿Cuál es el estado de las recomendaciones que hizo el defensor hace algo más de un año? Podemos hablar del estado de las recomendaciones a día de hoy. Se han formulado veintisiete recomendaciones a las distintas administraciones,
veinticinco de ellas han sido aceptadas y dos rechazadas, las cuales reconsideraremos. El texto completo de cada una de las recomendaciones, así como la respuesta de la Administración consta en este documento, en el que se recoge recomendación por
recomendación para poder seguirlo de manera más fácil. ¿En qué consisten? Estas recomendaciones consisten en agilizar la
publicación del Plan policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación y la instrucción conjunta entre los ministerios de Empleo e Interior. Consisten también en adoptar instrumentos para la protección de víctimas en las
actuaciones a realizar en la detención de menores extranjeros. La cuestión de los menores extranjeros que pueden encontrarse en situación de riesgo preocupa extraordinariamente a la institución. Consisten en establecer medidas necesarias para
comprobar el vínculo de filiación de los menores con los adultos con los que viajan. Esta es una materia espinosa y difícil sobre la que existen acuerdos con otras administraciones, aunque es algo costoso. En este sentido, el Defensor de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha colaborado y está colaborando con la institución del Defensor del Pueblo en esta materia porque son muchos los menores que llegan a las costas andaluzas con personas que dicen ser sus progenitores, sobre lo que
existen grandes dudas al respecto.
Las recomendaciones contienen también la creación de una base de datos independiente para registrar a todos los menores que entran de manera irregular. Asimismo contienen el objetivo de desarrollar las condiciones de colaboración con ONG
especializadas en esta materia. Luego les hablaré de algún caso interesante, porque hay varias ONG muy centradas sobre todo en el tratamiento de las víctimas, tratamiento que llevan a cabo con conocimiento y procedimientos adecuados, lo que
significa un apoyo grande para estas personas, además de colaborar con la institución del Defensor.
Otra de las recomendaciones es la de eliminar los obstáculos con los que se encuentran las víctimas de la trata cuando solicitan la protección internacional. Solicitar la protección internacional es algo complejo, supone un procedimiento
largo y no es fácil de obtener. Nosotros creemos que se deberían reconsiderar algunos aspectos del procedimiento para no hacerlo tan largo y complejo.
¿Cuáles han sido y son las mejores y las buenas prácticas habidas hasta el momento? En primer lugar, la colaboración con los distintos organismos, lo que ha dado resultados positivos. Les pondré solo un ejemplo para no alargarme mucho,
porque así lo ha pedido el señor presidente. El último caso que hemos vivido, siendo yo ya defensora, es el de una mujer denominada Ruth, que había conseguido separarse de una red de explotación sexual en la que había caído y que se había acogido
al denominado Proyecto Esperanza. Ella fue capaz, ayudada por estas personas del Proyecto Esperanza, de contar parte de su historia, pero no toda, porque su hijo pequeño continuaba en el país de origen y ella tenía miedo de posibles represalias
sobre él. Solicitó protección internacional y, sin embargo, la protección no llegaba y no llegaba. Han transcurrido quince meses desde que yo llegué a la institución y tengo que decir que ella ya había solicitado con anterioridad la protección que
no llegaba. Sin embargo, nosotros insistimos en esa solicitud de protección internacional; la persona que se encuentra al frente de este departamento ha actuado en este caso con verdadero interés y verdadero afán. Por fin, tras este tiempo, ha
sido concedida la protección -para ello han intervenido la delegación del Gobierno de Madrid, la Comisaría General de Extranjería, la Secretaría General de Inmigración- y Ruth ha conseguido una autorización de residencia en atención a su situación
personal. Ahora continúa su proceso de inserción sociolaboral con la ayuda de este Proyecto Esperanza. Este es un caso que hemos vivido de cerca.
En el informe se detallan otros casos, pero no voy a narrarlos por no alargar la intervención. Lo que quiero demostrar con estos ejemplos es que existe la posibilidad de ayudar a las personas que caen en manos de estas redes, que es
necesaria esa colaboración internacional y que es necesaria la cooperación entre las diversas administraciones porque por una parte existe una persecución del delito y, por otra, un tratamiento de la víctima, que llega destrozada física y
psíquicamente y requiere de una actuación discreta, inteligente y humanitaria. Por lo tanto, debemos conseguir poner todos los elementos en común para obtener resultados.
En general, hay una toma de conciencia de este problema. Todavía nos quedan cosas por hacer en materia de menores, como decía antes, de menores que llegan indocumentados aquí. Hay que probar su filiación, hay que tener una base de datos de
esos menores, hay que poder derivarlos y enviarlos a centros suficientes en todos los sentidos y hay que seguir trabajando y cooperando con la Guardia Civil, además de con las instituciones que he mencionado antes. Pero, en general, estamos
satisfechos, entre comillas, de las actuaciones llevadas a cabo, aun sabiendo todo lo que queda por hacer.
¿Cuáles han sido las dos recomendaciones no aceptadas? La primera es la referida a encontrar un procedimiento, una fórmula para establecer una cooperación permanente con las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a estas tareas.
No se ha encontrado, pero creo que en el futuro sí se logrará establecer una cooperación permanente. Las administraciones concernidas podrían encontrar una fórmula de cooperación. Y la segunda recomendación no aceptada es la de eliminar los
obstáculos con que se encuentren las víctimas de trata en sus solicitudes de protección internacional. No voy a entrar en los
detalles sobre los requisitos y circunstancias que han de concurrir y hay que corroborar para que una solicitud de esta índole sea aceptada, pero son pocas las que se aceptan en España; son pocas, comparadas con las que se aceptan, en
proporción, de manera relativa, teniendo en cuenta el número de personas que lo solicitan, en otros países de la Unión Europea. Creemos que se puede avanzar en esta materia y que se puede trabajar con otras administraciones y revisar algunos de los
requisitos necesarios para conseguir esta protección internacional que muchas personas solicitan. En este momento podríamos poner el ejemplo de personas que vienen de Siria. Ya se imaginan ustedes cuáles son los motivos que les inducen a presentar
solicitudes de acogida o de protección internacional. Pueden ser de esta nacionalidad o tratarse de otras personas que ya llevan tiempo en España que han podido ser víctimas de trata de seres humanos y todavía están luchando por lograr esta acogida
internacional, que nosotros consideramos que en muchos casos pueden merecer.
Este es el resumen. No me puedo extender más, pero escucho con atención lo que ustedes quieran comentar acerca del informe.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Yanguas.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias de nuevo, señor presidente.
Señora defensora, en relación con este último informe también quiero señalar varias cosas, brevemente.
El título, como ya decía usted, es demoledor y además importante y pone negro sobre blanco este gran drama que todavía hoy se vive en España. Usted lo ha contado muy bien con ese ejemplo que nos ha narrado sobre esa chica. Desde luego, hay
que poner en valor que muchas de las recomendaciones del informe por el que trae causa esta actualización ya se han tenido en cuenta. Veo que se han aceptado las seis recomendaciones que estaban en trámite y que ya figuran en el informe, con lo
cual mejor todavía. Pero si el anterior informe que usted nos trajo me pareció especialmente contundente, en el actual hay más convenios, planes y protocolos, lo cual tampoco es achacable a usted en absoluto, porque usted simplemente hace de
fedataria de lo que ocurre. Por eso quiero incidir de nuevo en la urgencia, ya que esto ha de dar lugar a que se pase de los planes y convenios a acciones más concretas.
Poco más le quiero decir. Como resumen de los tres informes presentados, quiero felicitarla a usted, a los adjuntos y a todo el equipo por esos trabajos que usted nos trae, que creo que son de máxima actualidad, lo cual agradecemos; al
menos, este que les habla le agradece.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yanguas.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Defensora, gracias una vez más por su informe. Estamos hablando de una lacra social no menor. De hecho, no podremos hablar de la desaparición de la esclavitud, stricto sensu, hasta que esta lacra haya sido
erradicada en todo el mundo, y muy especialmente en el Estado español, que es el que ahora nos concierne.
Valoramos que se han hecho avances en la materia. Hay un punto que usted no menciona y que nos gustaría subrayar -quizá lo haya hecho en su intervención pero he llegado un poco tarde, por lo que pido excusas-, que es la necesidad del
partenariado entre organizaciones no gubernamentales y administraciones. El caso que usted ha citado sería muy claro, pues quizá una relación más fluida entre la ONG que estaba ayudando a esta chica y la Administración seguramente hubiera acelerado
el proceso. Por tanto, subrayamos este aspecto.
Estamos hablando de gente que muchas veces incluso -el caso chino es paradigmático- no es consciente o no percibe lo que está sufriendo como una explotación. La víctima no se ve a sí misma como tal. Por tanto, entendemos que el trabajo de
las autoridades en este caso resulta imprescindible para ayudar a aflorar situaciones y dotarlas de protección. En este sentido, subrayamos que consideramos un error la necesidad de la denuncia. Solo se actúa -obviamente, excepto las
organizaciones no gubernamentales- a partir de la denuncia, que no tendría que ser condición indispensable, según la reflexión hecha anteriormente. De hecho, creemos que no podemos hablar de una protección stricto sensu si vinculamos la actuación
de la Administración al hecho de que haya una persona denunciante, que, como digo, no solo por cuestiones psicológicas, sino incluso por temor, etcétera, pueda ser incapaz
de mantener la denuncia. Nosotros defendemos una actuación de oficio en estas situaciones, coordinada con las ONG, que en todo caso no contemple la denuncia como elemento imprescindible para la Administración. Y en este sentido lo
expresamos como una aportación de mi grupo.
Muchas gracias de nuevo, defensora.
Graciàs, president.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, es de obligado cumplimiento -y lo creo sinceramente- dar la enhorabuena a la defensora del pueblo, al defensor adjunto, a la defensora adjunta y a todo el equipo, como antes señalaba mi antecesor en el uso de la palabra, por
todo este trabajo excelente que han realizado en un informe sobre un tema tan sensible como es el que estamos tratando. Es un informe de seguimiento del que se realizó en 2012, que ya mostraba una calidad y una contundencia. En este seguimiento,
como ha dicho la defensora del pueblo, se comprueba qué es lo que se está cumpliendo de las recomendaciones que en su día ya se hicieron en este sentido.
Antes de continuar, señor presidente, me gustaría plantearle, después de escuchar la intervención de la señora Jiménez García, porque he sacado un informe, el Plan integral completo contra la trata de seres humanos que se hizo en 2008 -creo
que no gobernaba el Partido Popular-, y estaba dispuesto a leerlo y explicarlo, porque a lo mejor es que me he equivocado de comisión, ya que creí que lo aquí teníamos que hacer...
El señor PRESIDENTE: Siempre y cuando su señoría se quede dentro del tiempo, si prefiere usarlo en leer un texto ya escrito puede hacerlo. Pero sujétese al tiempo.
El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Seguro que me quedaré fuera del tiempo.
Decía, señor presidente, que esta amenaza que les hago no la voy a cumplir evidentemente, aunque todos reconocerán los logros que se consiguieron en la etapa del Gobierno anterior, en primer lugar, porque yo sí me he leído el informe de 2012
que ha realizado la defensora del pueblo y quiero hablar de ello y, en segundo lugar, por deferencia, por educación y por respeto a la defensora del pueblo y a la institución porque aquí hemos venido a hablar de eso y no de los logros o no que haya
tenido el partido al que cada uno pertenezcamos en cualquiera de los otros aspectos, aunque puedan estar muy vinculados con lo que ahora hablamos. Por tanto, me voy a centrar en el informe.
Según el informe elaborado, de las veintisiete recomendaciones que se habían formulado para el estudio se han aceptado diecinueve -como dice la defensora del pueblo-, hablamos de más de un 70 %, y se han rechazado únicamente dos, puesto que
las seis restantes están en trámite. De ahí que realmente podamos mostrarnos satisfechos de que se avance en un tema tan grave, como se ha señalado también por alguno de los portavoces que me han precedido. Hay quien habla de que se trata de la
esclavitud del siglo XXI. Seguramente la expresión es totalmente apropiada.
De la publicación de este informe deducimos -como ha explicado perfectamente la defensora del pueblo- que ha habido avances significativos, que se han establecido estrategias coordinadas en la lucha contra la trata en toda la comunidad
internacional, que se ha establecido también un Plan policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que colaboran los ministerios, que determinados ministros, sobre todo el del Interior, han dado instrucciones a sus
respectivos departamentos para que afronten este problema: Interior, Justicia, Sanidad, Defensa. Como se dice en el informe, quedan retos pendientes importantes: establecer estrategias para proteger a las víctimas, acelerar los trabajos y
elaborar un protocolo de lucha contra este problema, encontrar un encaje para la participación de las organizaciones no gubernamentales especializadas en estos temas con vistas a una mayor efectividad y avanzar en la elaboración de un marco adecuado
que permita la identificación, protección y asistencia, sobre todo, a los menores de edad.
El informe concluye -quizás sea una impresión mía- que el Gobierno debe modificar el artículo 140 -luego hablaré de él-, que debe agilizar la publicación, dictar instrucciones, revisar, incrementar los esfuerzos, impulsar... Son
recomendaciones que realmente, si tenemos en cuenta la gravedad del problema, deberían hacerse ya o debieran estar ya hechas. Si se trata de impulsar, yo me pregunto, ¿por qué no se impulsa? Si ya hay una recomendación en el informe de 2012 en que
se dice esto mismo, ¿por
qué no se agilizan todas estas medidas? Probablemente muchas de ellas -así lo quiero entender- se deban a problemas de tipo burocrático. Todos somos conscientes de la gravedad del asunto que tratamos. Por eso no entiendo que una de las
primeras recomendaciones, la que dice que hay que modificar el artículo 140 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, no se haya aceptado. Si todos estamos de acuerdo en que las organizaciones no gubernamentales especializadas en este
tema deben colaborar activamente para erradicar este problema, no entiendo por qué no se puede aceptar esta modificación. Por tanto, me gustaría pedir a la defensora del pueblo que nos diga por qué razones no se puede modificar, por qué no se ha
aceptado. Yo no lo he deducido del informe. Pero entiendo que no debería ser tan difícil.
El Gobierno ha dicho, en declaraciones públicas, que se compromete a intensificar la lucha contra la trata de personas y parece ser, a la vista de los datos que facilita, que sí lo está haciendo. Es verdad que ha aumentado la coordinación y
colaboración entre instituciones, sin embargo, tanto la Red Española contra la Trata como las recomendaciones del Consejo de Europa dicen que el Gobierno de España no está haciendo lo suficiente para eliminar el problema del que hablamos. El
Consejo de Europa y la red recomiendan al Estado español que mejore sobre todo sus políticas de prevención. La Red Española contra la Trata de Personas también se centra en este aspecto y afirma que el Gobierno sigue sin cumplir con sus
obligaciones de protección y lucha contra este delito y demandan, tanto uno como otro, que se elabore ya de una vez por todas una ley integral contra la trata que incluya todos los fines de explotación y que se realice desde una perspectiva de
derechos humanos de género y de menores y también insiste en que hay que contar con la protección internacional si realmente queremos avanzar en este sentido. No entendemos por qué no se avanza más en la elaboración de esta ley integral.
Las entidades sociales implicadas también recuerdan que la última reforma del Código Penal, si es verdad que reconoció la definición internacional de trata en todas sus formas y dimensiones, no aborda el problema en todos sus aspectos. Ni
en el plano -leo literalmente- ni en el resto del ordenamiento ni los recursos destinados a otras formas de trata son coherentes con esta definición integral ni con las obligaciones internacionales. También hacen una referencia a un asunto
especial, al que se refiere a los niños y niñas víctimas de la trata. Reconocemos que se han hecho avances, pero habrá que admitir también que son insuficientes.
Desde diciembre de 2010 España considera delito la trata en sí misma, es verdad, pero pese a todo, la realidad es que seguimos aplicando el plan de acción que se elaboró en 2009 -se aprobó en 2008, pero era para 2009-2013- y que sigue
prorrogado hasta ahora. Por tanto, cuesta entender por qué en todo este tiempo no se ha avanzado nada, y que conste que no voy a hacer aquí una crítica a lo que haga o no haga el Gobierno, aunque me pueda parecer que no actúa con suficiente
celeridad, porque no es este el lugar adecuado para ello. Lo único que pretendo es pedir a la defensora del pueblo que insista en este sentido. Porque lo cierto es que la evaluación que hace el Consejo de Europa sobre España, en comparación con
otros países de la Unión Europea, resulta bastante más negativa con respecto a nuestro país que con respecto al resto de los países y, sobre todo, en un aspecto que me llamó la atención porque señalaban que no disponíamos de personal especializado;
hablaban de muy poca gente especializada en la fiscalía y de muy poca gente también en las organizaciones no gubernamentales que se dedicaban a estas tareas, por lo que el Consejo de Europa terminaba recomendando para España que incrementásemos
todas estas medidas y que llegásemos incluso a penalizar la demanda de servicios que son los que fomentan este tráfico de personas, cosa que, desde mi punto de vista, habría que analizar con bastante detenimiento.
Si se aborda ya la trata -termino ya, señor presidente- de seres humanos como un asunto, como se planteaba ahora, de mafias, de delincuencia internacional, no solamente en su aspecto sexual, sino también en el laboral, merece la pena pedir
al Gobierno un esfuerzo, esfuerzo que tiene que ser el máximo posible para que la próxima vez que tengamos que ver un informe de la defensora del pueblo no tengamos que detenernos en estos flecos tan importantes que quedan por ahí sin entender.
Asimismo, en relación con la trata de seres humanos he de mencionar que hay que tener en cuenta que ya nadie cree que sea únicamente un asunto sexual sino que es también un asunto laboral importantísimo. En este sentido, si las mujeres -que
son las mayores afectadas- recurren a ello es sin lugar a dudas por necesidades económicas; por ello, quizá actuando con un reparto diferente de la riqueza se podría paliar este problema y conseguir otros efectivos.
Además, parece que los controles en las fronteras son totalmente contraproducentes, máxime esos excesivos controles que parece que ahora se están intensificando. Y al hilo de lo que estoy hablando, me
van a permitir que manifieste mi preocupación, señora defensora del pueblo, por las repatriaciones de inmigrantes por la frontera de Melilla que parece que se están produciendo. No sabemos si se trata de actos legales o ilegales, pero
determinadas ONG están denunciando que se están incrementando -y no digo que se estén haciendo solo ahora, pero sí que se están incrementando- lo que realmente me preocupa, y puesto que puede estar relacionado también con esta cuestión, me permito
ponerlo encima de la mesa.
Sin abusar ya del tiempo, quiero felicitarla de nuevo por el informe y decirle que pensamos sinceramente que se está haciendo poco, que hay que hacer mucho más porque el problema es de una gravedad extrema y no podemos dejar que se siga
manteniendo en los niveles en los que está, aunque vayan disminuyendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez.
Para concluir el turno de portavoces, tiene la palabra la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
Señora defensora del pueblo, una vez más abordamos, en esta sesión de la comisión mixta, en este caso tres informes, tres estudios monográficos sobre aspectos fundamentales de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Así, se pone
de manifiesto que esa institución verdaderamente cumple con su actividad, con esa alta misión de garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.
En el caso del tercer informe que ahora debatimos, el dedicado a la trata de seres humanos, verdaderamente de lo que trata es de la violación de todos los derechos humanos en una misma persona: su libertad, su dignidad, su integridad física
y su integridad emocional. De ahí la importancia de que hayan realizado un estudio monográfico sobre esta lacra que, como usted ha señalado antes, presentaron el año pasado -creo que en septiembre de 2012? y que ahora hagan la revisión o
actualización que nos presentan, haciendo un seguimiento de todas las recomendaciones y conclusiones que han dirigido al Gobierno.
La verdad es que me cabe una gran satisfacción el dato que usted ha mencionado aquí, que ya se ha actualizado con respecto a esa actualización que presentaron hace unas semanas, en el sentido de que de las 27 recomendaciones importantes que
han hecho al Gobierno, 25 han sido aceptadas. En este sentido, me sumo a sus palabras, a la excelente acogida a que hacen alusión en el informe por parte de las distintas instituciones de España. Sin duda, eso nos habla de una buena relación de
colaboración, que es algo esencial. Eso pone de manifiesto el error, por así llamarlo, en que habría incurrido el portavoz del Grupo Socialista. Creo que lo que no podemos hacer es medir con distintos raseros y, cuando hay problemas, decir que
estos no existían en la etapa del Gobierno socialista sino que se han creado ahora, que han aparecido por arte de magia en este momento -como hablábamos antes del caso de los desahucios- y, cuando hay logros, se han producido en la época del
Gobierno socialista, como decía el señor Álvarez en relación con el Plan Integral de Lucha contra la trata, que se aprobó en el año 2008. Desde luego, yo intento ser objetiva y el hecho de que se apruebe un Plan Integral de Lucha contra la trata,
aunque lo haga el Gobierno socialista, es excelente, es positivo y digno de resaltar, pero lo que no se puede hacer es falsear la realidad y decir que no ha habido problemas antes cuando todos somos conscientes, incluso los señores del Grupo
Socialista, de que muchos problemas económicos no solo no han sido solucionados sino que han sido causados, y sus consecuencias acentuadas, por la inacción y por un Gobierno nefasto como el que dirigió el señor Zapatero. En cualquier caso, no voy a
entrar en ese tema.
Por lo que se refiere al asunto que nos afecta, como decía el señor Guillaumes, verdaderamente se trata de la auténtica esclavitud del siglo XXI; además, tiene otro problema añadido y es el de la invisibilidad, como señalan los informes de
la defensora del pueblo. Ese hecho es muy grave porque esa invisibilidad hace muy difícil detectar esa trata de seres humanos, esas situaciones de explotación sexual o laboral en que se encuentran muchas personas porque, por otro lado, lo normal es
que la mayoría sean personas muy vulnerables, con unas condiciones físicas y económicas muy delicadas, que además están acostumbradas ya a que no se respeten sus derechos, a sufrir discriminaciones, de manera que muchas veces no son ni siquiera
conscientes de que están sometidas a ese tipo de explotación y no dan ese paso de la denuncia por temor. Por ello, informes como este, que tratan de luchar contra esa invisibilidad, esa gran lacra, me parecen excelentes. Y, sobre todo, me parece
excelente que el Gobierno haya tenido en
cuenta todas esas recomendaciones y que actúe sobre la base de lo que hizo también el Gobierno anterior, ese plan integral.
Asimismo, hay que tener en cuenta que ese plan integral se aprobó en el año 2008, pero es que este asunto se ha abordado con seriedad en el plano internacional muy recientemente. Por ejemplo, en el ámbito europeo, el convenio del Consejo de
Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos es de marzo de 2005 o la directiva que está originando ahora muchas actuaciones penales, las actualmente en marcha en el Parlamento, es la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención, lucha contra la trata de seres humanos y a la protección a la víctimas. Lógicamente, si se aprobó esta directiva en 2011 y ese convenio del Consejo de Europa en 2005, tenía que ser el
Gobierno socialista el que pusiera en marcha ese mecanismo.
Ese plan integral inicia su andadura en el año 2009, hasta 2011-2012, se ha prorrogado durante el año 2013 y ahora mismo el ministerio competente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, está ultimando el proyecto, como he podido leer en
la actualización que nos enviaron desde la institución del Defensor del Pueblo. Está en una fase muy avanzada de elaboración, de manera que contaremos con un nuevo plan integral de lucha contra la trata.
Además, a lo largo del año 2012 se ha desarrollado el protocolo marco de protección a las víctimas de trata de seres humanos. Creo que son dos piezas clave para dar un tratamiento integral que, además, aborde la colaboración entre todas las
instituciones que tienen algo que decir en este ámbito, y son muchas. En este sentido, ya ha señalado la señora defensora del pueblo como cada vez hay una mayor colaboración, no solo con el Defensor del Pueblo sino entre las distintas
administraciones, locales, autonómicas y la propia administración del Estado.
Si estos dos elementos son esenciales, también lo son los planes puestos en marcha por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Contamos con los planes estratégicos de Guardia Civil y de Policía Nacional, en los que uno de los cinco
objetivos prioritarios o ejes es la lucha contra la delincuencia organizada y contra la trata de seres humanos.
Hace muy pocos meses, en abril de este año, el ministro del Interior presentó el Plan policial de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Desde luego, y creo que se reconoce en el informe y que también lo ha
hecho el señor Álvarez, las actuaciones que se están llevando a cabo no solo para prevenir sino para perseguir a estas mafias, a estas organizaciones de delincuencia y proteger a las mujeres son enormes. Desde el punto de vista policial, solo en el
año 2012 se han hecho 2200 inspecciones en lugares de prostitución, 239 atestados policiales, se han identificado o detectado a 12 000 personas que podrían estar en situaciones de riesgo y, de entre ellas, se ha identificado a 976 víctimas de trata.
Igualmente, en el año 2013 se han hecho más de 1200 inspecciones, 145 atestados policiales, y eso solo en el primer semestre.
Por tanto, creo que vamos por el buen camino y habrá que seguir porque verdaderamente es un tema con una envergadura absolutamente dramática. En este sentido, en la presentación de ese informe policial, al que antes hacía alusión, se daban
cifras como que se trata de uno de los delitos que hoy es más común y que mueve más cantidad de dinero, que es un importante aliciente para esas mafias, para esas organizaciones de delincuencia organizada a nivel internacional. Se sitúan justo por
detrás de las que se dedican al tráfico de drogas y armas, y esos beneficios económicos que consiguen se cuantifican en 30 000 millones de dólares al año. Solo en España, anualmente, se habla de más de 1800 millones de euros, lo que supone
aproximadamente 5 millones de euros al día de beneficio de estas mafias, pudiendo afectar en nuestro país a unas 12 000 personas. Por eso es fundamental actuar con todos los mecanismos de que podamos disponer.
De ahí, que yo ahora también quiera resaltar las reformas que se están haciendo a nivel legislativo. Se han hecho -ya se pusieron en marcha en años anteriores- reformas en la Ley de extranjería, de manera que se pueda anteponer la
protección a la víctima y la persecución del delito a la persecución de la inmigración irregular. Son avances importantes.
Otra reforma importante que se hizo en la Ley de extranjería es la de ampliar la protección que se dispensa a las mujeres víctimas de la trata de seres humanos que decidan denunciar al explotador, precisamente para salir de esa invisibilidad
y para poder perseguir de una forma más eficaz también a estas organizaciones de delincuentes. Y que, además, esa protección también se pueda extender a los hijos de las víctimas y a cualquier otra persona que pueda tener vínculos familiares con
ellas, porque, como se dice en este informe muchas veces, tienen temor de que si dan el paso de denunciar puedan
tomarse represalias con sus hijos o con otros familiares. Así pues, esos cambios legislativos suponen un marco mucho más garantista para poder avanzar de una manera muy eficaz.
También se han introducido reformas en el Código penal. Yo creo que el señor Álvarez hacía alusión a la reforma que se hizo en 2010, de manera que se tipificaba ya en nuestro Código penal el delito de trata de seres humanos de una forma
diferenciada del delito de tráfico ilegal de personas, y es un avance. Ahora mismo estamos en plena tramitación de otra reforma del Código penal: se aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado 20 de septiembre, y aquí se
recogen modificaciones que se derivan de esa directiva europea, a la que yo hacía antes alusión, la Directiva 2011/36. En este sentido, ¿qué es lo que se va a hacer? Desde luego, se trata de poder avanzar en esos tres objetivos que tiene esta
directiva: prevención, lucha y protección de las víctimas.
Aquí lo que se está haciendo con los artículos que se modifican es incluir dentro de las formas de comisión del delito, la entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que controla a las víctimas; también se
tipifica la explotación con la finalidad de que las víctimas puedan cometer actos delictivos para los explotadores; además se delimita el concepto de vulnerabilidad, conforme a esta directiva europea, que era un concepto antes un tanto difuso, y
ahora en el artículo en concreto se señala que existe una situación de vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse a ese abuso. Hay avances importantes también en relación con los menores de
edad, como personas todavía mucho más vulnerables. Para poder actuar con mayor eficacia contra estas organizaciones delincuenciales se amplía el ámbito del decomiso de bienes y efectos que pueden tener en el caso de los delitos de trata de seres
humanos.
Muy someramente voy a exponer otras modificaciones que nos van a permitir tener un marco para actuar con mucha más eficacia, como el Proyecto de Ley, ahora mismo en tramitación, del Estatuto de la víctima del delito. La señora defensora del
pueblo señalaba en esas recomendaciones los avances que tenemos que seguir haciendo en el tratamiento de los menores, en su identificación, los problemas que surgen cuando no se sabe muy bien la edad que tienen, y todas las medidas del Gobierno,
tanto en el Estatuto de víctimas del delito como en otro proyecto que también está ahora en fase de elaboración, como el de protección de la infancia, tienden a ser lo más garantista. En caso de duda de la edad, en tanto no se determina, se
considera que son menores de edad, para tener esa especial protección, para tener un apoyo en la defensa, en los procesos judiciales y que no puedan tener en ningún caso desamparo.
No me alargo más, señor presidente. Quería concluir animando a la institución del Defensor del Pueblo a que siga así. Abordaron este grave problema de la trata de seres humanos en el año 2008, lo han ido recogiendo en los informes anuales
que han ido presentando, han hecho un esfuerzo muy exhaustivo en este informe monográfico que presentaron el año pasado, por lo que no tengo ninguna duda de que van a seguir analizando esas recomendaciones y abordando este tema en los distintos
informes que nos vayan presentando.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torme.
Para concluir el debate y la sección, tiene la palabra la señora defensora.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Gracias, presidente.
Concluyo ya mi intervención sobre la presentación ante sus señorías de los tres informes mencionados dándoles las gracias a todos por sus consideraciones, por haberse leído y estudiado los documentos y por las recomendaciones que nos
sugieren.
Voy a hacer dos o tres breve comentarios sobre sus sugerencias. Tiene razón el señor Yanguas cuando comenta que en este documento se habla mucho de planes, de convenios, y se concretan menos las acciones que en los documentos presentados
esta mañana ante sus señorías. Es así; absolutamente así. Y yo estoy de acuerdo con su apreciación, pero es la terminología. Fíjese, si tomamos cualquier página de este informe, vemos que se habla de Plan Policial contra la trata de seres
humanos; es el plan de la Policía Nacional. Se habla de Plan Estratégico de la Guardia Civil para el período 2013-2016, que acaba de aprobarse por parte de la Guardia Civil, de la Dirección General y del Ministerio. Se llama Plan Operativo de la
Lucha contra la trata de la Policía Nacional, ¿qué le vamos a hacer? Se denominan así. Tendrán sus razones, y no analizamos aquí el por qué de estas denominaciones, pero es la terminología. Pero, fíjese, señor Yanguas, que además entramos en una
materia que requiere, como han dicho sus señorías, la colaboración de organismos internacionales y de otras instituciones: INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, etcétera. Tienen una denominación singular las colaboraciones o las conjunciones de
actuaciones con cada una de estas instituciones, por eso tienen esta denominación; unas son de carácter nacional y otras internacional, pero nos pueden parecer si no ambiguas, sí amplias, poco expresivas. Esta es la terminología y son
estas las actuaciones que podemos tener y las que aprovechamos para llevarlas a efecto. Gracias por todos sus comentarios.
También le doy las gracias al señor Guillaumes, y le comunico la reglamentación de las organizaciones no gubernamentales, porque en la ley ya está contemplada la colaboración, no está en el reglamento. Yo creo que se llegará a un acuerdo y
habrá alguna colaboración permanente, regularizada y fluida; creo que esto se conseguirá. Retos mucho más difíciles tenemos todos por delante.
Las cifras que se dan en este documento sobre aceptación de recomendaciones tienen como última fecha el día de hoy, y han sido 25 las aceptadas de las 27 presentadas. Se ha tratado de tener lo más al día posible este informe que acaba de
hacerse.
Ocurre muchas veces que al principio una Administración no acepta una recomendación y, sin embargo, volviendo a reiterarlo luego y haciendo algunas matizaciones o correcciones, llegando a algunos acuerdos, al cabo del tiempo se pueden
obtener todavía mejores resultados. Eso es lo que tratamos de hacer; por eso comprendo que a veces puede haber una Administración, sea de ámbito nacional o local, que diga: qué insistencia la de la institución, qué exigencia, ¿por qué lo
reiteran? Porque, a veces, una reiteración bien explicada, bien documentada, puede conseguir lo que en un principio no se consiguió; y lo seguiremos haciendo.
Los informes internacionales que usted ha leído -lo que demuestra el trabajo que ha hecho para preparar esta comisión, y supongo que para otras-, requieren a España para tener mayores dotaciones económicas y de personal con el fin de
perseguir a estas redes, perseguir estos delitos y ayudar a las víctimas. Eso es cierto, tratamos de hacer todo lo posible.
Todos sabemos -y en esta institución que ustedes representan lo conocen estupendamente -las dificultades financieras, económicas o para aumentar plantillas, aunque suelen ser las plantillas del los cuerpos de seguridad las menos recortadas,
las no recortadas, o las aumentadas. Pero, todos sabemos las dificultades del momento y aceptamos estas recomendaciones del Consejo de Europa.
Debo decir también que las instituciones internacionales, en esta materia, como en otras que velan por los derechos humanos, son muy exigentes, enormemente exigentes. Yo, a veces, me pregunto que si a nosotros nos exigen lo que nos exigen,
qué estarán exigiendo a otros países de nuestra área geográfica y económica, no muy diferenciados ni distanciados. Qué no les estarán diciendo a otros, porque son muy exigentes y tratamos de cumplir con sus demandas, con lo que nos solicitan
-algunas de ellas están aquí expresadas en sus resultados positivos o en sus déficits, que también hemos señalado.
Las repatriaciones habidas en la ciudad de Melilla, que han sido relatadas en algún medio de comunicación durante estos días, son presuntas -no puedo afirmar más allá- repatriaciones habidas hace ya un tiempo, hace casi un año. Y, tan
pronto tuvo conocimiento de los hechos, de las denuncias, la institución del Defensor, se puso en conocimiento de la Fiscalía para que actuara y verificara si esos hechos denunciados eran ciertos. Ahora están en la vía judicial, por lo que nosotros
no tenemos ya nada más que hacer al respecto. Ahora bien, yo el otro día tuve ocasión de exponer ante un grupo de personas de distintos sectores profesionales y de distintas administraciones, nuestra preocupación por las circunstancias de Ceuta y
de Melilla, muy especialmente, por la de Melilla. Es más, le hemos sugerido el adjunto, señor Fernández Marugán, y yo misma, en una conversación, al secretario de Estado de la Unión Europea que solicite a la señora Malmstrom, comisaria europea de
Interior, que visite Melilla, a fin de observar la situación, porque, aunque ahora no es momento de entrar a analizar todas las circunstancias que allí concurren, la situación sobrepasa las capacidades españolas. Es una frontera de la Unión
Europea, los funcionarios y las fuerzas de seguridad del Estado hacen mucho, el centro de estancia de extranjeros, el CETI, está sobrepasado en número de personas y, repito que los funcionarios españoles trabajan muy bien, pero tienen unas
limitaciones. El número de personas que o bien pasan, o bien cruzan las vallas, o que lo desean y están preparándose para hacerlo, son un número tal que es muy difícil que España, por si sola, pueda abordar este problema.
El otro día nos decía un funcionario de Melilla que había varios campamentos al otro lado de la frontera, con un número de personas entre 1300 y 1500, esperando la ocasión para saltar la valla de Melilla. Esta es la situación. Nosotros
tratamos de colaborar en la medida de lo posible y, sobre todo, vigilar el trato humanitario, el trato a las personas que por los procedimientos que ustedes conocen entran en España, su estancia, qué pasa luego con ellas, qué pasa con los menores,
etcétera. Yo resumiré la situación diciendo que sobrepasa la capacidad española en todos los ámbitos y que es necesaria la
cooperación de la Unión Europea, como lo ha sido en el Mediterráneo, concretamente en la tragedia de Lampedusa, que ha movilizado resortes europeos. Algo habrá que hacer también aquí, en Ceuta y Melilla, aunque en otras circunstancias y en
otra medida.
Le agradezco a la señora Torme la documentada información que ha dado, así como los comentarios, también documentados, que ha hecho sobre estos informes -este y los anteriores del Defensor-. Le agradezco todas sus puntualizaciones y las
sugerencias que hace para el futuro.
Termino, señor presidente, dándoles las gracias a todos ustedes por haber atendido esta comparecencia. Me gustaría también, si no tiene inconveniente el presidente, darles las gracias a los dos adjuntos, a la señora Ferrer y al señor
Fernández Marugán, que nos han acompañado, y que son responsables de todos estos documentos, así como a las tres técnicos del Defensor, a las señoras Loreto Feltrer, Elena Arce, y al señor Joaquín Trillo, directamente responsables de la elaboración
de los informes, aunque han sido acompañados por algunos otros.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora.
Quiero informar a los miembros de la comisión de que esta sesión será la última de este periodo de sesiones. Creo que en estos dos periodos de sesiones se ha dado un gran impulso a la actividad de las relaciones de la comisión, a las
relaciones del Congreso y del Senado, con la institución del Defensor del Pueblo. Se convocará la Mesa y portavoces para fijar las próximas sesiones, cuyo calendario adelanto. La comisión se reunirá en torno a febrero para recibir el informe anual
preceptivo y en el siguiente periodo de sesiones tendremos, tanto el informe anual sobre prevención de la tortura, como informes que nos han remitido desde la Defensoría del Pueblo a las Cámaras, aunque son pocos, pues estamos bastante al día, como
alguno más que pudiera surgir. Ya se verá la fecha según las disponibilidades de las Cámaras, con lo cual, ya estaríamos completamente al día. En el siguiente periodo de sesiones tendríamos, tal y como se ha establecido el precedente en la
anterior sesión, un informe de medio ejercicio y los informes que hubiese tenido a bien elaborar la institución.
Muchas gracias, señora defensora y también a todo el equipo de la Defensoría.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y treinta minutos.