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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 44, de 18/12/2012
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2012 X Legislatura Núm. 44
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO
Sesión núm. 6
celebrada el martes,
18 de diciembre de 2012
en el Palacio del Congreso de los Diputados
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO
Sesión núm. 6
celebrada el martes 18 de diciembre de 2012 en el Palacio del Congreso de los Diputados
Página
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:
- Proyecto de plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas. A petición propia. (Número de expediente del Congreso 259/000005 y número de expediente del Senado 773/000005) ... (Página3)
- Informe de fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las entidades locales en relación con las inversiones financiadas por el Fondo estatal de inversión local creado por Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre. A petición
propia. (Número de expediente del Congreso 251/000083 y número de expediente del Senado 771/000081) ... (Página10)
- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales de 22 de mayo de 2011. A petición propia. (Número de expediente del Congreso 251/000084 y número de expediente del Senado 771/000080) ...
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de las principales actividades desarrolladas por la Autoridad Portuaria de Cartagena en el período 2002-2007. (Número de expediente del Congreso 251/000006 y número de expediente del Senado 771/000006) ...
- Informe de fiscalización de la actividad desarrollada por el grupo de sociedades estatales Cofivacasa en los años 2005, 2006, 2007 y de su situación económico-financiera a 31 de diciembre de 2007. (Número de expediente del Congreso
251/000007 y número de expediente del Senado 771/000007) ... (Página25)
Página
- Informe de fiscalización del Organismo Autónomo 'Fondo de regulación y organización del mercado de los productos de la pesca y cultivos marinos', ejercicio 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000009 y número de expediente del
Senado 771/000009) ... (Página26)
- Informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2007, referida en especial al seguimiento de las recomendaciones del Tribunal y resoluciones de la Comisión Mixta relativas al
informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2001. (Número de expediente del Congreso 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000010) ...
- Informe de fiscalización de las actuaciones de recaudación en vía ejecutiva de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante el ejercicio 2007. (Número de expediente del
Congreso 251/000013 y número de expediente del Senado 771/000013) ... (Página26)
- Informe de fiscalización del programa presupuesto 463B 'fomento y coordinación de la investigación científica y técnica', ejercicio 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000014) ...
- Moción sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las administraciones públicas. (Número de expediente del Congreso 251/000018 y número de expediente del Senado 773/000001) ...
(Página27)
- Informe de fiscalización de los procedimientos, gestión y recaudación de las tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000020 y número de expediente del Senado
771/000019) ... (Página27)
- Informe de fiscalización de la gestión de los gastos e ingresos de los proyectos y actividades de investigación de la Agencia Estatal 'Consejo Superior de Investigaciones Científicas' en colaboración con otras entidades públicas y
privadas, ejercicio 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000022) ... (Página28)
- Informe de fiscalización de Expansión Exterior, S. A., ejercicio 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000025) ... (Página28)
- Informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Juventud. (Número de expediente del Congreso 251/000030 y número de expediente del Senado 771/000028) ...
- Informe de fiscalización de las enajenaciones inmobiliarias realizadas por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en los ejercicios 2003 a 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000031 y número de expediente del Senado
771/000031) ... (Página28)
- Informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Mujer. (Número de expediente del Congreso 251/000033 y número de expediente del Senado 771/000030) ...
- Informe de fiscalización de las actividades realizadas por el Ente Público Puertos del Estado en el período 2005-2008. (Número de expediente del Congreso 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000036) ...
Página
- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000001 y número de expediente del Senado 771/000001) ... (Página29)
- Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000033) ... (Página29)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000038) ... (Página30)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000046 y número de expediente del Senado 771/000044) ... (Página30)
- Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000056 y número de expediente del Senado 771/000054) ... (Página30)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000076 y número de expediente del Senado 771/000074) ... (Página30)
- Informe de fiscalización de la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria derivadas de la aplicación de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales de la Seguridad Social. (Número de expediente del Congreso
251/000075 y número de expediente del Senado 771/000069) ... (Página30)
- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000072 y número de expediente
del Senado 771/000070) ... (Página31)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA) PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE PLAN DE CONTABILIDAD ADAPTADO A LAS FORMACIONES POLÍTICAS. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente del Congreso 259/000005 y número de expediente del Senado 773/000005).
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Antes de empezar el orden del día, les rogaría que a lo largo de la Comisión los portavoces se pusieran de acuerdo con el vicepresidente
primero, el señor Romero Santolaria, y organizaran un cuaderno de votaciones razonable, dado el número cuantioso de puntos del orden del día que serán sometidos a votación, para intentar que la misma sea lo más razonable posible.
El primer punto es la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre el proyecto del plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas. Bienvenido y tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El objeto del primer punto del orden del día consiste en la presentación ante la Comisión del proyecto de plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas
para que proceda a su análisis y debate con carácter previo a la aprobación definitiva del mencionado plan, que corresponde al Tribunal de Cuentas.
Lógicamente este proyecto de plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas ha sido elaborado conforme al marco normativo de los partidos políticos que deriva en primer lugar de la propia Constitución de 1978, al señalar en su
artículo 6 que 'Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son
libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos'.
Tal configuración de las formaciones políticas se encuentra desarrollada básicamente por la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y por la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos. Cabría añadir, en la faceta relativa a su actividad electoral, la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y las leyes específicas de las comunidades autónomas en materia electoral. Del marco legal descrito se
deriva una primera apreciación, a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que ha estado presente en el proceso de elaboración del proyecto de plan que nos ocupa: los partidos políticos se pueden definir como organizaciones
privadas con relevancia constitucional.
Junto al marco legal expuesto, también se han tenido presentes las iniciativas adoptadas por los órganos de la Unión Europea -tanto el Consejo como el Parlamento- en relación con los partidos políticos que concurren a elecciones en el ámbito
europeo, así como las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), constituido en el seno del Consejo de Europa, dirigidas a los Estados miembros con el propósito de lograr una mayor transparencia en
relación con la financiación de los partidos políticos.
En cuanto al proceso de elaboración, el proyecto de plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas se ha elaborado en virtud de lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 8/2007, sobre financiación de los
partidos políticos, que señala literalmente: 'El Tribunal de Cuentas elaborará (...) un plan específico de cuentas para las formaciones políticas, que en todo caso respetará los límites y previsiones de esta ley, de acuerdo con los criterios que
dicho tribunal ha manifestado en los diversos informes de fiscalización de partidos políticos aprobados en cada ejercicio. Dicho plan deberá ser aprobado por el tribunal previo análisis y debate del mismo por la Comisión Mixta Congreso-Senado para
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas'. Del enunciado de la propia disposición adicional octava se derivaba un primer reto para el Tribunal de Cuentas, que consistía en hacer compatibles los dos mandatos plasmados en dicha disposición: por un
lado, respetar los límites y previsiones de la Ley orgánica 8/1007 y, por otro, hacerlo de acuerdo con los criterios que el Tribunal de Cuentas venía manifestando reiteradamente en sus anteriores informes de fiscalización sobre los partidos
políticos.
Los criterios adoptados por el Tribunal de Cuentas a este respecto habían quedado concretados especialmente en la moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos, aprobada por el
pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de octubre de 2001. La elaboración de la moción había sido impulsada por la propia Comisión mixta mediante su resolución de 17 de octubre de 2000, emplazando al Tribunal de Cuentas a 'establecer los criterios que
considere necesarios y que sería oportuno considerar en una futura modificación del actual marco jurídico que regula la financiación de los partidos políticos', así como instando al Tribunal de Cuentas a presentar ante esta Comisión mixta una moción
que contemplase las posibles modificaciones normativas necesarias que permitieran eliminar las lagunas normativas y dificultades de interpretación existentes en ese momento.
Posteriormente fue promulgada la Ley orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos, que derogaba la anterior Ley orgánica 3/1987, recogiéndose en aquella una parte de las propuestas contenidas en la moción del Tribunal de
Cuentas. Tras la reciente aprobación de la Ley orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley orgánica del año 2007, se ha avanzado positivamente en el objetivo de hacer compatibles y armonizar los criterios del Tribunal de Cuentas,
puestos de manifiesto a través de los sucesivos informes de fiscalización sobre los partidos políticos, y el respeto a los límites y previsiones de la ley, tal como indica la disposición adicional octava de la Ley orgánica 8/2007, que no se ha visto
afectada por la reforma introducida por la citada Ley orgánica 5/2012.
El Tribunal de Cuentas, fundamentalmente a través de la coponencia de partidos políticos constituida en su seno, inició los trabajos preparatorios del nuevo plan adaptado a las formaciones políticas con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido por la citada disposición adicional octava. Desde el primer momento se tomó conciencia de la complejidad del mandato legal, tanto desde el punto de vista técnico como desde la óptica de la compatibilidad del encargo con las funciones
propias del Tribunal de Cuentas, a tenor de sus leyes orgánica y de funcionamiento. En julio de 2009 la referida coponencia presentó al pleno del Tribunal de Cuentas un primer documento, en el que básicamente se diseñaba el procedimiento para la
elaboración de esta adaptación del plan de contabilidad. Se estimaba que como primera actuación debería definirse el marco conceptual de la contabilidad para las formaciones políticas.
En junio de 2010 el pleno del Tribunal de Cuentas abordó el análisis y debate del proyecto del marco conceptual elaborado por la coponencia de partidos políticos y lo aprobó por unanimidad. Tras un intenso debate acerca del procedimiento
que había de seguirse a partir de ese momento, dada la complejidad y, si me lo permiten, la singularidad y excepcionalidad de la cuestión suscitada, el pleno acordó también por unanimidad elevar el referido marco conceptual a esta Comisión mixta
para su conocimiento y encomendar al presidente del Tribunal de Cuentas la suscripción de un convenio con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para la elaboración de un anteproyecto de plan de cuentas adaptado a las formaciones
políticas sobre la base de dicho marco conceptual.
Firmado el oportuno convenio con el ICAC, se constituyó un grupo de expertos de alta y comprobada cualificación técnica que elaboró un anteproyecto de plan contable adaptado a las formaciones políticas y que, una vez sometido al trámite de
observaciones de los miembros del pleno del Tribunal de Cuentas y debatido en la sección de fiscalización del mismo, fue elevado al pleno en calidad de proyecto el pasado mes de febrero. El pleno, en su sesión de 23 de febrero de este año, acordó
aprobar el proyecto de plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas y elevarlo a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para su análisis y debate, dando así cumplimiento a la disposición adicional octava de la
Ley orgánica 8/2007. En esa misma sesión del pleno se analizó un documento por el que el Tribunal de Cuentas acuerda una serie de pautas, a modo de disposiciones adicionales, transitorias y de entrada en vigor referidas al plan de contabilidad, una
vez sea aprobado con carácter definitivo. Entre dichas pautas destaca la referida a la obligatoriedad del mismo para todos los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
orgánica sobre financiación de los partidos políticos. Asimismo se establece la previsión de que esta adaptación del plan entre en vigor el 1 de enero del año siguiente a su aprobación por el Tribunal de Cuentas, tras el análisis y debate del mismo
por la Comisión mixta, y se comenzará a aplicar en el ejercicio que se inicie a partir de dicha fecha.
El proyecto del plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas contiene, desde una óptica general, una regulación homogénea y coherente de la normativa contable aplicable a los demás sectores de actividad económica. Se basa
principalmente en el plan de contabilidad de las entidades sin fines de lucro y consta de los cinco apartados de la estructura del plan general de contabilidad: marco conceptual de la contabilidad; normas de registro y valoración; cuentas
anuales; cuadro de cuentas; y definiciones y relaciones contables.
Respecto al apartado relativo al marco conceptual, se han incluido en él diversos aspectos recogidos en el anterior documento aprobado por el pleno. Así, en caso de conflicto, deberá prevalecer la fiabilidad frente a la relevancia; el
principio de empresa en funcionamiento se enuncia como principio de continuidad de la actividad económica; y en relación con el principio de devengo, se hace una regulación especial del tratamiento contable de las subvenciones electorales.
Por lo que se refiere a las normas de registro y valoración, esta adaptación del plan no recoge el conocido como modelo dual interno, a diferencia de los planes de contabilidad para empresas y para entidades sin fines lucrativos. Es decir,
no se introducen especialidades en función de la dimensión económica del sujeto contable, salvo en lo relativo a la presentación de la información.
Otro aspecto relevante es la fijación de unos criterios para determinar la existencia de vinculación a los partidos políticos de las diversas fundaciones y asociaciones que se encuentran en su órbita de actuación. Se ha seguido para ello el
parecer del pleno adoptado en su acuerdo de 28 de mayo de 2009 y que ya se empleó en el informe sobre la contabilidad ordinaria de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, correspondiente al
ejercicio 2007. Adicionalmente se prevé la creación de subgrupos específicos de cuentas para registrar las operaciones relacionadas con la actividad electoral, con el fin de que la contabilidad permita distinguir los elementos patrimoniales afectos
a dicha actividad.
Considero que mi comparecencia en relación con este punto del orden del día debe limitarse a informar a sus señorías sobre cómo se ha desarrollado el proceso de elaboración del plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas y del
contenido esencial y principales novedades del mismo, así como a ponerme a su disposición para informarles sobre las cuestiones que estimen oportuno plantearme sobre el documento que nos ocupa, con vistas a su análisis y debate en la Comisión mixta,
con carácter previo a la aprobación definitiva por el pleno del Tribunal de Cuentas.
No obstante lo anterior, me van a permitir realizar unas breves consideraciones sobre un aspecto que considero de singular relieve a la hora de afrontar el análisis y debate sobre este plan de contabilidad. En la tercera parte del plan, la
norma primera se refiere a las cuentas anuales consolidadas de la formación política, estimándose esencial la definición del sujeto contable al que va dirigido el plan de contabilidad en sus diferentes niveles. A este respecto, en la introducción
del proyecto del plan, se diferencia por una parte el partido político estrictamente considerado y, por otra, el partido político como una única realidad económico-financiera. Según el primero de estos criterios, cada partido político ha de
elaborar y presentar unos estados contables consolidados que engloben los correspondientes a cada unidad de su organización, tanto territorial como institucional, conformada esta última por los diferentes grupos parlamentarios y grupos de cargos
electos de las entidades locales y, en su caso, agrupaciones juveniles. En la segunda de las perspectivas, la del partido político como una única realidad económico-financiera, además de los estados contables consolidados de su organización
territorial e institucional, deberá presentar unos estados consolidados en los que estén integrados los correspondientes a la actividad desarrollada por las fundaciones y asociaciones vinculadas al mismo y por las sociedades dependientes del mismo.
No obstante, el artículo 14.cuatro de la Ley orgánica 8/2007, que no se ha visto modificado en este aspecto por la reciente Ley orgánica 5/2012, dispone que 'las cuentas anuales consolidadas se extenderán a los ámbitos estatal, autonómico,
comarcal y provincial' y, en el caso de federaciones de partidos y coaliciones, las cuentas consolidadas 'incluirán las de los partidos federados y coaligados'. Por su parte, en el apartado seis del artículo 14, que tampoco ha sido modificado, se
añade que 'para la rendición de cuentas de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, de las juntas generales de los territorios históricos vascos y de los grupos de las
corporaciones locales, se estará a lo que dispongan su respectivos reglamentos o normativa local específica'.
Por tanto, se observa la existencia de una cierta discordancia en la definición del sujeto contable y, por extensión, del alcance de la obligación de consolidar las cuentas, según predomine el criterio de la realidad económico-financiera o
el de la definición estrictamente jurídica de aquel, que afectaría a la integración o no en las cuentas consolidadas de los grupos políticos y entidades vinculadas. Debo advertir que en las resoluciones que adopte esta Comisión mixta, que serán
analizadas en la fase final de este proceso, a culminar con la aprobación del plan por el pleno del Tribunal de Cuentas, deberá prestarse una especial atención a los dos aspectos anteriores, que en mi opinión no se encuentran armonizados: la
definición del sujeto contable, ya sea el partido político estrictamente considerado como tal o bien como una única realidad económico-financiera, y el contenido y alcance de las cuentas anuales consolidadas, a tenor de la solución adoptada respecto
a la cuestión anterior.
En definitiva y ya para finalizar, considero que el Tribunal de Cuentas ha dado cumplimiento al mandato recogido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 8/2007, mediante un procedimiento de trabajo que ha dado como resultado un
documento de alta calidad técnica y útil al fin propuesto. En todo momento se ha pretendido mantener el equilibrio y la compatibilidad entre los objetivos de respetar los límites y previsiones de la Ley orgánica 8/2007 y hacerlo de acuerdo con los
criterios que el Tribunal de Cuentas ha venido manifestando en sus informes de fiscalización sobre los partidos políticos. Los pronunciamientos de esta Comisión mixta serán analizados y considerados en la fase final de este proceso, que culminará
con la aprobación por el pleno del Tribunal de Cuentas del plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas.
El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió, señor Bel. (Denegación). Por el Grupo Socialista, el señor Císcar.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Quiero empezar agradeciendo al señor presidente del Tribunal de Cuentas su presencia hoy entre nosotros, la información y el informe que nos ofrece respecto al proyecto de plan de contabilidad adaptado a las
formaciones políticas, que tiene su origen, como bien ha expresado el presidente, en la Ley orgánica 8/2007, que contempla en su disposición adicional octava la elaboración por el Tribunal de Cuentas de un plan de contabilidad específico para las
formaciones políticas, respetando en todo caso los límites previstos en la ley. Corresponde aprobar este plan al propio Tribunal de Cuentas, previo análisis y debate del mismo por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas. Nos encontramos pues en el trámite o el momento correspondiente a la exposición para ese debate, que termina de realizar el presidente del Tribunal de Cuentas.
El análisis del contenido del proyecto del plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas sin duda nos hace establecer una manifestación que es obvia; es decir, la cuenta de resultados de los partidos políticos fundamentalmente
es la del apoyo de la ciudadanía, la de la capacidad para las solución de los problemas de la gente, la del buen gobierno. Esa es su finalidad esencial, pero es cierto que hay instrumentos, entre los que está precisamente el de la contabilidad
adaptada a las formaciones políticas, sobre la que se requiere, desde las propias formaciones, desde el legislador y, por supuesto, desde la ciudadanía, cada vez una mayor transparencia y un ajuste a la realidad contable que se realiza desde los
propios partidos políticos.
El plan de contabilidad de las formaciones políticas ofrece, en la exposición que ha realizado el presidente del Tribunal de Cuentas, una estructura similar a un plan general de contabilidad, en el que vemos el marco conceptual de la
contabilidad, las normas de registro y valoración, las cuentas anuales, el cuadro de cuentas y las definiciones y relaciones contables. El propio señor presidente nos ha ido exponiendo cada una de estas cuestiones, en las cuales, para que se
produzca esa integración en las cuentas y se elaboren de la mejor forma posible, tiene que haber también algunas correcciones o introducción de algunos mecanismos.
Quizá los mayores problemas que se pueden plantear para una buena realización de esta contabilidad tienen que ver con la prevista consolidación de los partidos políticos con fundaciones y con la organización territorial de los mismos. En
cualquier caso es necesario -como el presidente planteaba- el establecimiento de un periodo transitorio para ir haciendo esta adaptación de la mejor forma posible. Es un periodo que sin duda tiene que afectar a la integración de las cuentas de los
grupos y a la organización territorial local de los partidos. En el caso de los grupos, es indudable que, aunque también se requiere ese periodo, probablemente será más fácil la consecución de la integración de las cuentas de los correspondientes
grupos parlamentarios, como también de los grupos locales, si bien es cierto que, en cuanto a la consolidación de las cuentas relativas a las agrupaciones locales o a las fundaciones, habrá que tener en cuenta también algunos aspectos.
En cuanto a las agrupaciones locales de las distintas formaciones políticas, la integración o consolidación de las cuentas en la cuenta de los partidos requerirá de una apreciación en la que habrá que tener en cuenta, primero, un tiempo para
que esto se pueda realizar adecuadamente y, además, distinguir -en mi opinión- la importancia numérica, es decir, ver cómo se puede realizar, ver el número de población o de habitantes en los que se puede llevar adelante y entender que, a lo mejor,
habrá otros muchos supuestos en los que no va a ser fácil la articulación que se plantee de una integración total de las cuentas, a menos en un tiempo muy limitado.
En cuanto a la consolidación de las fundaciones, que sin duda es una cuestión sometida a discusión, habrá que entender que la consolidación en algunos casos ofrecerá problemas con relación al patrimonio fundacional, en la medida que en ese
patrimonio fundacional nos podemos encontrar con que no es titular el propio partido respecto del que va a producirse esta integración de cuentas y, por lo tanto, también requerirá sin duda medidas específicas y tiempo para que se pueda producir esa
realidad.
No cabe la menor duda de que el cumplimiento de la ley tiene que ir abordándose en aras de conseguir una mayor transparencia y una total autenticidad de las cuentas que se ofrecen por parte de las formaciones políticas; cuentas que han de
estar ajustadas a un formato que aquí se nos ha ido exponiendo y que deben tener que ver precisamente con esa constatación o comprobación de transparencia y, a la vez, ha de existir una voluntad evidente de que lo que se refleja en las cuentas es la
realidad, lo que se refleja en las cuentas es la exactitud de la vida económica del funcionamiento de un partido.
Por todo ello entiendo que este debate que se está produciendo a partir de la información que nos ha ofrecido el señor presidente del Tribunal de Cuentas y que tiene que ver sin duda con la determinación de la ley, que obliga al propio
Tribunal de Cuentas a presentar ese plan de contabilidad, en el cual se han hecho avances considerables, tiene que servir para que efectivamente en sus planteamientos posteriores se adopten las medidas que permitan una autenticidad y un cumplimiento
real. Para ello se han de tener en cuenta las dificultades en la integración, en la consolidación de todas esas cuentas del propio ámbito local, de las agrupaciones locales en las distintas organizaciones políticas, y también de los aspectos
singulares que puedan ofrecer las fundaciones afectas o vinculadas a los partidos políticos.
Ni que decir tiene que esta es una necesidad en su elaboración para un buen cumplimiento y en todo caso lo que habría que lamentar es que aún en las circunstancias actuales, en los informes que pudimos comprobar la pasada sesión por parte
del presidente del Tribunal de Cuentas, existían algunas formaciones que o bien no las habían presentado o las habían presentado fuera de tiempo, pese a los requerimientos
realizados. Es en todo caso una necesidad cumplir la ley tal como está establecida o como se establezca en el futuro, teniendo en cuenta también las disposiciones que habrá que ir adoptando -una de ellas ya viene en la propia ley y lo ha
dicho el presidente del Tribunal de Cuentas- y es que en todo caso no entrará en vigor el nuevo procedimiento contable hasta el año siguiente de ser aprobado por el propio Tribunal de Cuentas. Además de ello, en opinión de mi grupo, habría que
tener también en cuenta las circunstancias que se adopten con relación a la organización territorial y a los aspectos de las fundaciones que permitan el mejor y adecuado cumplimiento de la norma que se establezca.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Señor presidente, comienzo mi intervención pidiendo disculpas por mi tardanza en incorporarme a la Comisión.
Quiero agradecer al señor presidente su exposición sobre el plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas. Comenzaré mi intervención diciendo que nos encontramos ante un procedimiento completamente novedoso; procedimiento que
como ya se ha dicho va encaminado a dar cumplimiento a la disposición adicional octava de la Ley orgánica 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos, que atribuyó al Tribunal de Cuentas con carácter novedoso la competencia para la
aprobación del plan específico de cuentas para las formaciones políticas.
Ciertamente estamos ante un procedimiento atípico sobre que el Tribunal de Cuentas no tiene capacidad normativa para la aprobación de esta clase de disposiciones de naturaleza contable y de obligado cumplimiento, pero no nos cabe la menor
duda de que la experiencia acumulada por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su labor fiscalizadora sobre financiación, tanto en el ámbito ordinario como en el electoral, de formaciones políticas ha sido un factor decisivo para que se le haya
otorgado dicha competencia.
Ciertamente -y así lo ha recordado el presidente-, en sucesivos informes el Tribunal de Cuentas ha ido consolidando un conjunto de propuestas de mejora de la normativa reguladora de la actividad económico-financiera de las formaciones, pero
-también se ha mencionado- fue el propio Tribunal de Cuentas a través del instrumento más contundente o potente que tiene, que es la figura de la moción, el que se permitió exponer de manera completa, razonada y sistemática un conjunto de propuestas
y sugerencias relativas a esta materia y que tuvieron su origen en esa moción famosa -famosa por la importancia de la misma-, aprobada en octubre de 2001. A raíz de esa moción se produjeron cambios importantes en la normativa de la Ley orgánica
sobre financiación de los partidos políticos, recientemente reformada por la Ley orgánica 5/2012, ley que, quiero recordar a todas sus señorías, es importante por la trascendencia de los acuerdos adoptados, fundamentalmente por el consenso
importante que ha habido en ese aspecto, y que va encaminada a una mayor transparencia en lo que afecta a la contabilidad y a la financiación de los partidos políticos.
Entrando en la materia propiamente dicha, el propio plan expuesto por el presidente, en primer lugar, desde la formación política que represento, el Grupo Parlamentario Popular, está prevista la entrada en vigor del plan el 1 de enero del
año siguiente al que se apruebe esta propuesta, con lo cual habría que entender que es el año que viene, pero resulta procedente la voluntad manifestada en el propio documento de que la implantación de las cuentas anuales consolidadas -se refería
también a ello el portavoz del Grupo Socialista- se efectúe de manera paulatina, teniendo en cuenta las dificultades para la formulación de estas cuentas consolidadas, sobre todo en cuanto a la estructura de las distintas formaciones políticas. No
todas las formaciones políticas tienen la misma estructura. Por tanto nos parece razonable el plazo de dos años que se cita en el proyecto para la adaptación de los sistemas contables, de forma que se puedan consolidar sus cuentas, sin perjuicio
-somos conscientes de ello- de que la decisión última sobre la entrada en vigor de la obligación de formular cuentas consolidadas le corresponde al propio Tribunal de Cuentas, pero, si sirve de algo, ahí queda nuestra opinión.
Este ámbito de la información consolidada es el que -el presidente ya avanzaba algo en este sentido- plantea ciertas dificultades derivadas por una parte de la realidad organizativa de las formaciones políticas y por otra de la regulación
legal sobre esta materia. Es obvio que las cuentas consolidadas deberán incluir la estructura territorial e institucional de cada formación política -en el caso de federaciones de partidos y coaliciones, las de los partidos federados y coaligados-
y en principio resulta razonable que la información contable consolidada abarque fundaciones, asociaciones y sociedades vinculadas o controladas por los partidos, si bien -lo mencionaba también el señor Císcar- ello puede ocasionar problemas de
orden práctico, como el de consolidar o la integración de regímenes de contabilidad, que es
evidente que no son estrictamente homogéneos, como el de las instituciones sin ánimo de lucro, el Plan general de contabilidad y la propia adaptación del plan para las formaciones políticas.
También existe -y algo se ha dicho- un punto de fricción entre lo que señala esta adaptación del plan de contabilidad, que parte la concepción de partido y de todas sus entidades relacionadas o vinculadas con una única realidad
económico-financiera, y lo que dice la normativa. Ese posible punto de conflicto es el de los grupos parlamentarios y los grupos políticos de las entidades locales. Es obvio, y así está regulado, que tales grupos disfrutan de una normativa propia
que se remite a los respectivos reglamentos de las Cámaras o a la normativa local específica para la regulación sobre la rendición de sus cuentas.
Es necesario poner de manifiesto que se fiscalizan también las contabilidades tanto de los grupos parlamentarios como de los grupos de las entidades locales. Y decía que es evidente que tienen normativa propia y es importante discernir si
el concepto de partido-comunidad económica consolidable que incluya a tales grupos es coherente con la referida normativa. Es obvio que hay disfunciones y quiero manifestar aquí la posición del Grupo Parlamentario Popular. Como estamos en un
procedimiento novedoso, anuncio la presentación de una propuesta de resolución por la que instamos al Tribunal de Cuentas a que circunscriba el ámbito de fiscalización del plan de contabilidad de partidos políticos al de consolidación de las cuentas
de partidos políticos en el marco que se deduce de la Ley orgánica de financiación de partidos, Ley orgánica 5/2012 que modifica la Ley orgánica 8/2007. Creemos que puesto que la normativa tiene marco de juego, a ese marco de juego se debe adaptar
el plan de contabilidad formulado por el Tribunal de Cuentas.
Siguiendo el análisis del plan, un aspecto positivo y necesario es el relativo a la determinación de los criterios para fijar la vinculación de las fundaciones y asociaciones con el partido político, y en este sentido se asumen los criterios
adoptados por el Pleno en mayo de 2009. En definitiva y a nuestro juicio, lo que recoge el proyecto es un doble proceso de consolidación: el primero, que integra la totalidad de la estructura institucional y territorial de partido, incluyendo los
referidos grupos parlamentarios y políticos, y otro que alcanza a las fundaciones, asociaciones y sociedades vinculadas al partido o controladas por él. Con la excepción, insisto, señalada de grupos parlamentarios y políticos, resulta razonable el
citado proceso de consolidación.
Otra cuestión relevante es la relativa al establecimiento de criterios de diferenciación y segregación de la información entre la contabilidad ordinaria y la contabilidad electoral. De esta manera, se mejora la exposición de la información
y se facilita a los partidos la rendición de cuentas de la contabilidad electoral, lo cual deberá redundar asimismo en la mejora de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
El último aspecto a considerar es el relativo a la transparencia de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. La reciente reforma de la Ley orgánica sobre financiación de partidos ha supuesto un avance importante en esta
cuestión al obligar a los partidos a hacer públicas sus cuentas, generalmente a través de la página web, una vez aprobado el correspondiente informe anual por parte del Tribunal de Cuentas.
En definitiva para el Grupo Parlamentario Popular, el plan se considera un documento que responde adecuadamente a las necesidades planteadas para la normalización contable de las formaciones políticas, adaptándose a sus características y
peculiaridades, si bien entendemos que lo que corresponde en este sentido es que el contenido del plan -quiero insistir en esto- deba adaptarse a la regulación legal en lo que afecta a tener en cuenta la salvedad relativa a la consolidación de la
información contable de grupos parlamentarios o políticos de ámbito local.
El señor PRESIDENTE: El señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Intervengo para hacer unos breves comentarios a las intervenciones.
Indudablemente se ha puesto de relieve -así figuraba en la intervención que yo he presentado y se corresponde con los manifestado por los portavoces parlamentarios- que existe un problema consistente en la integración de la actividad
territorial de las organizaciones locales. Esta integración de toda la contabilidad territorial, es decir de las organizaciones locales, es indudable que lleva un tiempo, que tendrá que ser un proceso que no se puede resolver de una manera
inmediata, pero el Tribunal de Cuentas entiende que un instrumento básico para poder avanzar en este proceso es que en la memoria que debe presentar cada partido político, por una parte, se motive la falta de integración de la contabilidad de las
organizaciones territoriales, facilitando en dicha memoria la identificación del número de sedes no integradas y, por otra, se acredite la representatividad de esa actividad no integrada respecto del total de
la actividad de la formación. Yo creo que esto sería un buen comienzo, un comienzo de clarificación y de transparencia de la actividad de los partidos políticos, ya que los municipios con poblaciones bien superiores a 20.000 habitantes
-estamos habiendo de 397 municipios- o bien superiores a 50.000 habitantes -estamos hablando de 145 municipios- son aquellos en los que más fácilmente podría aspirarse a resolver que en el corto o medio plazo los elementos de la contabilidad de sus
organizaciones territoriales quedasen integrados dentro de la contabilidad general del partido.
En relación con el plazo de aplicación de este nuevo plan, el acuerdo que en su momento adoptó el pleno del Tribunal de Cuentas -un acuerdo inicial que lógicamente deberá volverse a revisar en el momento en que definitivamente quede aprobado
el plan de cuentas, el plan de contabilidad por el Tribunal de Cuentas- establece un plazo, como se ha dicho, de dos años para la implantación de la consolidación; pero, por otra parte, es un plazo orientativo porque definitivamente será el pleno
del Tribunal de Cuentas el que, atendiendo a las circunstancias y evolución de la situación de la propia contabilidad de los partidos políticos, determine que ese periodo o bien puede acortarse o bien incluso puede a lo mejor retrasarse, porque es
indudable que es un proceso complejo, es un proceso que afecta a organizaciones que no tienen una estructura administrativo-contable que sea tan sofisticada como para poder atender a este tipo de obligaciones y que requerirá de alguna manera una
puesta en marcha que el pleno del Tribunal de Cuentas así considere, primero, en el plazo de los dos años y, segundo, en la decisión definitiva que pueda adoptarse sobre su entrada en vigor de la consolidación.
Respecto al ámbito tanto de la entidad contable como de la consolidación de cuentas, es indudable que cuando el Tribunal de Cuentas hizo su plan de cuentas, su plan de contabilidad, no existía lo que ahora sí existe, que es la Ley 5/2012;
por lo tanto, se elabora el plan de cuentas, del plan de contabilidad, teniendo como planteamiento fundamental el que se hace en todos los planes de contabilidad, es decir, intentando analizar la realidad económica que estamos viviendo, que es un
partido político, como una única realidad económica con abstracción de aquellas circunstancias de otra naturaleza que pudieran afectar al proceso de consolidación, pero es indudable que la Ley 5/2012 ha mantenido en su formulación criterios que no
son exactamente los mismos y, por lo tanto, nosotros estaremos atentos a la resoluciones parlamentarias que formule esta Comisión mixta, intentando, por otra parte, que la integración de la contabilidad y la información de los partidos políticos sea
lo más completa posible y abarque el mayor número de realidades económicas influidas o afectadas por la gestión del partido político.
En relación con lo que se ha señalado de la diferenciación entre contabilidad ordinaria y electoral, es una gran mejora de este plan de cuentas poder distinguir las dos actividades tradicionales de los partidos políticos. Sobre la
transparencia, creo que este plan de cuentas, este plan de contabilidad, permitirá que la información sea perfectamente comparable entre todos los partidos políticos y el grado de desagregación y su publicación permitirá que cualquier persona pueda
conocer las finanzas de los partidos políticos y pueda hacerse una idea cabal sobre cómo se organizan las cuentas y la gestión de los diferentes partidos políticos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DESARROLLADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES EN RELACIÓN CON LAS INVERSIONES FINANCIADAS POR EL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL CREADO POR REAL DECRETO-LEY 9/2008, DE 28 DE NOVIEMBRE. A PETICIÓN
PROPIA. (Número de expediente del Congreso 251/000083 y número de expediente del Senado 771/000081).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las entidades locales en relación con las inversiones financiadas por el Fondo estatal de inversión local creado por el Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 26 de septiembre de 2012 ha aprobado el informe de fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las entidades
locales en relación con las inversiones financiadas con el Fondo estatal de inversión local, FEIL, creado por Real Decreto 9/2008, de 28 de noviembre. Hay que señalar, en primer lugar, que el FEIL se creó por el precitado real decreto en el marco
del Plan español para el estímulo de la economía y del empleo, dentro del eje de medidas de fomento del empleo. Este
fondo se dotó con 8.000 millones de euros, equivalentes aproximadamente al 0,8% del PIB de España en 2009, tratando de favorecer aquellas inversiones que contribuyesen a dinamizar a corto plazo la actividad económica y fomentar directamente
la creación de empleo. El fondo se distribuyó entre todos los municipios españoles según el criterio de proporcionalidad de las respectivas cifras de población registrada en los padrones municipales. La fiscalización ha tenido entre sus objetivos
la evaluación de los procedimientos internos seguidos por los ayuntamientos para la selección de los proyectos financiados con cargo al FEIL y de los procedimientos de control interno aplicados con el fin de determinar si fueron suficientes para
garantizar la correcta actuación en relación con las inversiones financiadas con el fondo. Asimismo, se ha procedido a verificar si la actividad contractual financiada con cargo al FEIL se ha realizado de conformidad con la normativa aplicable en
lo referente a su ejecución, modificación y extinción. También se ha analizado el cumplimiento de los requisitos de publicidad y concurrencia en relación con la selección de contratistas y la correcta aplicación de los fondos percibidos por las
entidades locales a los fines del real decreto. En cuanto al ámbito temporal de la fiscalización es preciso significar que las actuaciones de las entidades locales con este fondo se centraron en los ejercicios 2009 y 2010, si bien numerosos
proyectos se extendieron hasta 2011. Por lo que se refiere a la distribución de los fondos, el reparto teórico del FEIL se realizó entre los 8.110 municipios del territorio nacional y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de manera proporcional
a su población a 1 de enero de 2007, de acuerdo con las cifras del padrón municipal. La disposición adicional tercera del Real Decreto 9/2008 estableció que, además de los municipios, podían presentar proyectos para ser objeto de financiación las
mancomunidades y las agrupaciones de municipios hasta el importe máximo de la suma de las cantidades que correspondían a cada uno de los ayuntamientos que las integraban. La financiación con cargo al fondo cubría el importe real de ejecución de las
obras, con el límite del presupuesto de licitación, incrementado en el importe del impuesto sobre el valor añadido repercutible o impuesto asimilable, no incluyendo los gastos de redacción de los proyectos de obra.
De los 8.000 millones de euros de dotación del fondo finalmente se distribuyeron 7.836 millones, es decir, el 98% del total previsto. Estos fondos se distribuyeron entre 8.082 municipios, dos ciudades autónomas y seis mancomunidades. Al
ser la población el criterio de distribución del FEIL, las comunidades autónomas que mayor importe recibieron fueron las de Andalucía, Cataluña y Madrid. La ejecución del fondo se repartió entre todos los territorios de acuerdo con el nivel de
población de cada uno de ellos, cumpliéndose así con el criterio establecido en el mencionado real decreto sin consideración específica a otra circunstancia, como las relativas a las condiciones económicas, niveles de desempleo o el desarrollo o
situación particular de cada entidad que favorecieran la efectividad del objeto del fondo. La distribución de los recursos del FEIL entre las entidades beneficiarias se resume en los datos siguientes. 136 entidades locales de población superior a
50.000 habitantes recibieron el 51,08% de la dotación del fondo, quedando en el extremo opuesto del reparto 4.861 entidades de población inferior a 1.000 habitantes, que recibieron solo el 3,47% del fondo.
El procedimiento para la obtención de recursos del FEIL por las entidades locales requería de la presentación de una solicitud de financiación individual por cada proyecto. Se recibieron un total de 32.970 solicitudes de proyectos para su
financiación por el fondo, de los cuales fueron aprobados 30.698, el 93% del total de proyectos presentados. De los aprobados, 30.620 se encontraban ya liquidados a la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización y los 78 restantes estaban
pendientes de liquidar. Respecto de los proyectos no aprobados, no fueron autorizados un total de 2.073 solicitudes y 199 proyectos autorizados fueron posteriormente cancelados.
Entrando en los resultados de fiscalización, en el informe se resalta en primer lugar que el plazo máximo de cincuenta y cuatro días previsto en el Real Decreto-ley 9/2008, para la elaboración y presentación de propuestas de inversión,
supuso una limitación para la adecuada planificación en la elaboración de los proyectos presentados y para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados, tratándose de un proceso complejo en función del tamaño de la entidad local. Además, las
entidades locales iniciaron las actuaciones con un retraso medio de treinta días, lo que agravó esta limitación. En consecuencia, no se garantizó que las inversiones propuestas cumplieran los requisitos de que fueran obras nuevas, necesarias para
la entidad local, y especialmente generadoras de empleo. Además, la mayoría de las entidades locales no establecieron criterios para la presentación de proyectos y tampoco elaboraron un documento que recogiera las necesidades municipales enumeradas
por orden de prelación. En aquellos casos en los que se establecieron criterios, el más utilizado fue el de valoración de la necesidad pública; el criterio de la contratación de trabajadores no fue utilizado por las entidades locales con carácter
general como elemento decisorio para la selección de proyectos. Las entidades locales, especialmente las de mayor población, destinaron la financiación del FEIL a ejecutar proyectos de inversión cuya ejecución ya había sido prevista con
anterioridad, pero que aún no se había llevado a cabo fundamentalmente por falta de recursos. Se financiaron, por tanto, inversiones que no se podían considerar de nueva planificación, sino cualquier clase de proyecto que se pudiera presentar en el
plazo previsto, siempre que se cumplieran los límites máximos del importe a financiar en cada proyecto y del total de fondos asignados a la entidad local.
Por lo que al análisis de la contratación se refiere, el informe advierte de la existencia de una serie de deficiencias relativas a diversos aspectos. En cuanto a la selección del contratista y adjudicación de los contratos, hay que
significar que el procedimiento mayoritariamente seleccionado para la adjudicación, en concreto el 41% de los proyectos aprobados, fue el procedimiento negociado sin publicidad, que permite la comunicación y negociación directa con los posibles
adjudicatarios y restringe los principios de publicidad y concurrencia. En cuanto a la tramitación de los procedimientos contractuales, se ha observado que en el 17% de los proyectos no se cumplió con la obligación de supervisar el proyecto y en el
53% se incumplió con la exigencia de levantar el acta de replanteo de la obra, por lo que no se garantizaban adecuadamente las condiciones necesarias para que el contrato se ajustase a la realidad existente. Hay que significar que en el 70% de los
expedientes no se acreditó, o bien se hizo insuficientemente, la necesidad pública de la inversión, aspecto que además de ser un requisito para la adjudicación supone una garantía de que los fondos públicos se destinan a un fin necesario para la
entidad local. Además, con el objeto de eludir el límite máximo de 5 millones de euros de valor estimado de los contratos establecido en el Real Decreto-ley 9/2008 para poder acudir a la financiación del FEIL, o bien con el fin de poder tramitar
los contratos mediante el procedimiento negociado sin publicidad o el de la contratación menor, se verificó el fraccionamiento del objeto del contrato en el 13% de los proyectos correspondiente a 40 entidades locales y en el 11% de los contratos
menores financiados con cargo al FEIL.
Las entidades locales, a pesar de que con carácter general incluyeron como criterio de baremación para la adjudicación de los contratos el volumen de la mano de obra, no otorgaban puntuación específica por la contratación de desempleados,
incumpliendo de este modo el criterio establecido por el Real Decreto 9/2008, de valoración de las ofertas mediante indicadores relevantes de la medida en que el contrato contribuiría al fomento del empleo. En este sentido hay que resaltar que el
21% de los contratos fueron adjudicados a empresas que declararon que generarían un número de puestos de trabajo inferior a las previsiones comunicadas por las entidades locales en la solicitud de fondos y el 12% se adjudicaron a empresas que no se
habían comprometido a la contratación de trabajador alguno procedente de la situación de desempleo.
Otro aspecto destacable es que las entidades locales, al tener asegurada la financiación de la ejecución real de la obra, con el límite del presupuesto de licitación, no tenían interés especial en que se produjeran bajas en la adjudicación
de los contratos, de manera que el 53% de los mismos se adjudicó sin baja en el precio. Es preciso tener en consideración además que en el 30% de los expedientes de contratación no se incluyó el precio como criterio de baremación, lo que impidió la
adjudicación a la oferta económica más ventajosa. Por otra parte, en el 62% de los casos las empresas adjudicatarias ofertaron realizar más obra de la proyectada sin que este incremento, que iba a ser también financiado por el FEIL, fuera licitado
ni comunicado en la solicitud de financiación suponiendo una baja encubierta del precio e incluso en el 41% de aquellos la parte de obra no sometida a licitación no se trataba de mayor obra sino de obra diferente a la proyectada y por tanto no
autorizada por el Ministerio de Administraciones Públicas.
En cuanto a la ejecución de los contratos, hay que significar determinadas deficiencias observadas, como el incumplimiento en casi la mitad de los contratos del requisito de ejecución inmediata exigido en la normativa, el retraso del pago de
las certificaciones, el retraso, en casi un 70% de los casos, en la finalización de las obras financiadas por el FEIL; el incumplimiento por las empresas adjudicatarias de contratar desempleados y el incumplimiento en una minoría de expedientes de
los requisitos exigibles para su financiación por el fondo. En relación con este último aspecto hay que señalar que estando excluida de financiación pública la redacción de proyectos de obra, se ha verificado que en cinco proyectos se financiaron
indebidamente gastos de esta naturaleza así como en otros veinte casos se incluyeron gastos de dirección técnica de la obra que tampoco eran imputables al FEIL.
Por lo que se refiere a la puesta en conocimiento y explotación de las inversiones, se ha comprobado que se produjeron grandes demoras en este aspecto. El periodo medio de puesta en funcionamiento fue de 134 días y el 10% de los proyectos
analizados presentaron retrasos superiores a un año; a 15 de
septiembre de 2011 solo el 18% de los proyectos se encontraban en funcionamiento, siendo los destinados a la construcción de equipamientos para servicios sociales y los de construcción de infraestructuras los que habían entrado en
funcionamiento en menor proporción. Esto supuso que las entidades locales que ejecutaron estos proyectos recibieron fondos del FEIL que utilizaron para la financiación de unos proyectos que no repercutieron positivamente en los servicios prestados
a sus habitantes. Hay que destacar asimismo que en el 44% de todos estos proyectos se había incurrido en costes derivados de su explotación desde su entrada en funcionamiento hasta junio de 2011 mientras que únicamente el 29% generaron ingresos;
más aún: teniendo en cuenta conjuntamente los costes soportados y los ingresos obtenidos por la explotación de estos proyectos, únicamente dos entidades habían obtenido un saldo positivo desde su entrada en funcionamiento.
Para terminar, tras recoger el informe que las entidades locales ejecutaron -los 39.698 proyectos financiados por el FEIL durante los ejercicios 2009 y 2010 y en algunos casos en 2011- no se incluyen recomendaciones en el mismo dado el
carácter excepcional y no recurrente del fondo, sin perjuicio de instarse a las entidades que ejecutaron inversiones que no se encontraban en funcionamiento en el momento de aprobarse el informe, a poner a disposición del uso público tales
instalaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: También deseo agradecer la presencia en nombre de mi grupo del presidente del Tribunal de Cuentas en esta sesión matinal.
En relación con el informe que acabamos de oír quiero constatar un aspecto que se podía intuir, que es la dificultad de tirar adelante un proceso con unas restricciones temporales que, aunque se puede interpretar -y lo entendemos así- alguna
crítica en cuanto al sujeto activo de estas inversiones que eran las corporaciones locales, desde mi grupo se quiere constatar también la gran diligencia de la mayoría de estas corporaciones locales en ejecutar unas obras en unos tiempos marcados,
tiempos en muchos casos insuficientes en los cuales también coincidimos con alguna de las observaciones efectuadas por el presidente del Tribunal de Cuentas.
Evidentemente, la no existencia de recomendaciones en el informe en tanto en cuanto el mecanismo era de carácter extraordinario no debe impedir que se tengan en cuenta algunos de los aspectos de este informe por si en algún momento algún
otro gobierno se plantea presentar un proyecto de características similares con carácter extraordinario. Coincidimos con algunos de los aspectos del informe plenamente. Vemos con cierta preocupación -lo vimos en el momento en que se pusieron en
marcha estos fondos- que puedan generar algún problema en cuanto a incremento del gasto corriente en algunas de las corporaciones locales. Algunas estimaciones efectuadas en el ámbito estrictamente de Cataluña podrían llegar a alcanzar entre el 3 y
el 5% de la inversión efectuada que se podría consolidar como gasto corriente en los presupuestos municipales. En todo caso, seguramente en los ámbitos de mejora requerirían también que en todos los proyectos de inversión -incluso efectuados por
proyectos de carácter extraordinario- se deban aportar los costes de mantenimiento, los costes corrientes que generan estas inversiones. No tanto como que generen ingresos, porque ya entendemos la dificultad de ello, pero sí que exista un proyecto
sobre cómo se deben asumir los gastos corrientes que generan dichas inversiones.
En todo caso, entendiendo que es un mecanismo extraordinario, sería correcto tomar algún tipo de recomendación o resolución en tanto en cuanto se podría traspasar a futuros proyectos. Obviamente ahora es muy difícil, pero algunas de las
conclusiones nos podrían servir también para otros proyectos financiados por parte de transferencias de capital desde las administraciones superiores a las administraciones locales no exclusivamente de programas extraordinarios sino también de
algunos programas ordinarios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Zarrías.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, nos quejábamos hace un par de sesiones cuando veíamos un informe de Ceuta que tenía una década de vida. En esta ocasión le felicito por que estamos hablando de un informe
del año 2009, lo cual demuestra que hay posibilidad de que las cosas vayan relativamente más rápidas. También quiero expresar las razones y los argumentos, la visión de un programa muy ambicioso, excepcional y singular donde los haya porque se puso
en marcha en un momento significativamente extraordinario. He leído detenidamente el informe de fiscalización de las contrataciones por la corporaciones locales, no voy a entrar en aspectos de
procedimiento, pero también quiero decirle de antemano que alguna de las palabras del presidente del Tribunal de Cuentas se consideran más un juicio de valor discutible que ajustarse a ese tipo de fiscalización que, como bien dice el mismo
informe, no permite alcanzar conclusiones determinantes sobre la posible existencia de responsabilidades de cualquier tipo. Evidentemente, estamos hablando de más de 30.000 proyectos y ahora se nos pone sobre la mesa un muestreo fruto de un
cuestionario sin contrastar con los responsables del programa -el Ministerio de Política Territorial- donde parece claro que no hay perjuicio de los fondos públicos. Estoy seguro de que, como ocurre en la inmensa mayoría de los casos, las anomalías
quedarán resueltas en los trámites correspondientes de petición de información, etcétera. No entro, por tanto, a añadir ni a matizar las conclusiones -tendremos oportunidad-, pero sí me van a permitir una pequeña reflexión antes de entrar en el
fondo de la cuestión.
El Gobierno -en este caso el Gobierno que puso en marcha este programa- entendía el valor de las políticas públicas y la legitimación de la política como la herramienta útil para cambiar el curso de los acontecimientos y no ser meramente un
espectador, más o menos privilegiado, del discurrir que vienen marcando los mercados o los grupos alejados de los ciudadanos que poco reflejan la voluntad de estos en las urnas. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue una decisión evidentemente
política, en un paisaje que no podemos obviar a la hora de analizar el porqué del fondo y que ese paisaje era un contexto social y económico dramático. Hagamos un breve recordatorio, un poco de memoria. En 2007 estalla la crisis inmobiliaria y
financiera en los Estados Unidos con las subprime; en 2008 comienza la crisis financiera en el conjunto de occidente y llegamos al año 2009 cuando, desgraciadamente, esa crisis afecta de manera dramática a la economía real, desempleo y parón de la
economía. Los Gobiernos tenían varias posibilidades. La posición que adoptó el Gobierno español fue poner en marcha políticas de reactivación; no solamente España, lo hizo Francia, lo hizo Austria y lo hizo Alemania con un programa mayor en
cuanto a la cuantía y de características similares ya que también fueron los ayuntamientos los vehículos por donde discurrió. Esa política de reactivación trataba de destinar recursos presupuestarios y extrapresupuestarios a la realización de obras
por parte de los ayuntamientos; es decir, sustituir la anémica inversión privada por la pública para crear empleo, actividad y generar puestos de trabajo a través de los ayuntamientos, que se creía que era la fórmula más oportuna para llegar a
todos los rincones. Este plan al que hacemos referencia tenía tres rasgos fundamentales: la tramitación electrónica integral, ágil y transparente, en un tiempo absolutamente record porque la coyuntura exigía velocidad sin que ello fuera en
menoscabo, en ningún caso, de la legalidad; usar los ayuntamientos como vehículos para canalizar esa inversión -de nuevo los ayuntamientos de nuestro país dieron la talla- y unas políticas públicas catalizadoras del crecimiento económico y de la
creación de empleo. Brevemente. En cuanto al primer elemento, todo se realizó de forma telemática, los ayuntamientos, como digo, dieron la talla y hoy todos los ayuntamientos están ligados -si me permiten la expresión- a las tecnologías de la
información y de la comunicación. La aplicación fue al cien por cien elaborada por medios públicos y con personal funcionario, dentro de la máxima seguridad, la máxima eficiencia y la máxima transparencia. Gestionó 37.000 solicitudes, autorizó
aproximadamente 31.000 proyectos y -nunca se había hecho hasta ahora- hasta los trámites de libramiento de pagos por parte del Banco de España se hicieron a través de los procedimientos telemáticos. Hemos hecho un pequeño estudio y, si me permite,
lo resumo: en un método normal de funcionamiento manual de un programa de estas características el coste hubiera estado en torno a 42 millones de euros y no llegó a 2 millones, por parte de dieciocho personas; es decir, se ahorró al erario público
nada más y nada menos que 40 millones. En resumen, se procesaron 438.000 documentos electrónicos que, si lo llevamos a papel, son aproximadamente 2 millones de folios.
¿Por qué a través de los ayuntamientos? Porque creíamos que era la mejor fórmula -y así lo entendieron los alcaldes- de llegar a todos los territorios. Era la población el criterio más objetivo; podría haber habido otros, pero también
podrían haber sido distorsionantes para evitar, por así decirlo, la rapidez con que se puso en marcha el programa. También tuvimos la claridad de que fueran los ayuntamientos los que decidieran qué proyectos se llevarían a cabo dentro del decreto
porque eran los mejores conocedores de la situación de cada municipio. ¿Quiénes mejor que los alcaldes y los concejales para saber por dónde van los tiros y a qué demanda hay que prestar mayor atención a la hora de poner en marcha un proyecto de
estas características? Tengo que decirle que prácticamente un tercio fue a rehabilitación y mejora de espacios públicos, en torno a un 22% a equipamientos e infraestructuras básicas y también en torno a un 22% a equipamientos culturales, educativos
y deportivos y el resto se distribuyó entre diversas obras, todas ellas de un valor muy importante para las corporaciones en nuestro país.
En tercer lugar, le hablaba de la apuesta por el dinero público como elemento reactivador de la actividad económica y del empleo. El 70% de los puestos se llevaron a cabo en 2009, prácticamente el resto en 2010 y alguno por razones
excepcionales en 2011. Se invirtieron, por lo tanto, de los 8.000 millones, casi el cien por cien. Y un elemento de bondad fue el criterio poblacional. Ese criterio introdujo un factor de redistribución de la renta en las comunidades autónomas
con menor PIB por habitante ya que el impacto en estas fue mayor. El empleo era para mantenerlo y para crearlo, desgraciadamente en un sector, el de la construcción, que es el que estaba pasando por peores momentos, y esos 426.213 puestos de
trabajo creados o mantenidos en aquel momento no solo fueron intrínsecamente buenos sino que generaron cotizaciones, generaron consumo, generaron unos impuestos y tuvieron un impacto muy importante durante ese periodo, y posteriormente en Andalucía,
en Extremadura, en Canarias, en Castilla-La Mancha, en Galicia y en Murcia que, como digo, tenían una renta per cápita inferior al conjunto del país. Alguna crítica se vertió en aquellos momentos, repito, no es un programa que lleváramos solamente
en nuestro país, es un programa que se puso en marcha en países de nuestro entorno, a los que antes hacía referencia. Lo que sí le puedo decir es que ningún alcalde puso el grito en el cielo sino todo lo contrario; había un banco importante de
proyectos que no se habían podido llevar a cabo por falta de financiación que sirvieron como base para la ejecución de los proyectos del fondo de inversión local. ¿Planificación rápida, poco tiempo? Hemos aprobado un Plan de proveedores en el que
el plan de ajuste prácticamente había que hacerlo al día siguiente de la aprobación del mismo. Quiero decir con esto que la situación hay que enmarcarla en el contexto en que nos movíamos.
Quiero darle algún dato antes de terminar que me parece importante, un dato comparativo del momento en que se estaba aplicando este fondo de inversión local y la actualidad. Si hablamos del paro en el cuarto trimestre de 2009, el paro
estaba en el 18,8, hoy desgraciadamente supera el 25 por ciento. En cuanto al crecimiento de nuestra economía le doy otro dato: en el segundo trimestre de 2010 como efecto de las políticas públicas de incentivación, no solamente estas sino otras
dentro del denominado PlanE, nuestra economía crecía al 0,2%; en el segundo semestre del presente año 2012 estamos hablando de un menos 1,3%, o, para darle otro dato de actualidad con el que nos desayunamos casi todos los días, la prima de riesgo:
en aquella época, 2010, estaba en 100, desgraciadamente hemos visto durante estos últimos tiempos que ha ido rondando los 450 y en algunos casos casi los 500; acabo de comprobar en el iphone y estamos a 401 de prima riesgo. ¿Para qué digo esto?
Digo esto porque cuando se habla de derroche, creo que de una forma muy ligera, el Centro de estudios del BBVA ha dicho que por cada 100 puntos que se eleva la prima de riesgo tenemos que pagar 12.400 millones de euros. Estamos hablando de un
programa que permitió invertir la friolera de más de 7.900 millones, casi 8.000 millones, que tuvo luego un complemento en el segundo fondo, en este caso de inversión local y por la sostenibilidad, de 5.000 millones de euros.
Quiero decir, por lo tanto, señorías, que esta decisión política de usar el dinero público para reactivar la economía y por lo tanto generar empleo es algo no solamente bueno sino altamente positivo, que hicimos nosotros y que hicieron otros
países de nuestro entorno. Eso sirvió para mejorar nuestros pueblos y nuestras ciudades, para mejorar sus infraestructuras y sus equipamientos, para elevar por tanto la calidad de vida de los ciudadanos. Permitió que se llevaran a cabo más de
30.000 proyectos, alguno de los cuales pudo no cumplir las expectativas, eso sí, siempre dentro de la legalidad, porque se actuaba de forma clara y contundente; permitió que 30.000 empresas, la mayor parte de ellas pequeñas y medianas empresas de
la construcción, pudieran mantener actividad económica durante el periodo que creíamos más duro de la crisis, y permitió la creación de 426.213 empleos, que en aquel momento fueron muy importantes.
Para terminar, quiero decirles que con las políticas de austeridad por la austeridad vamos directamente al hoyo. ¿Qué quiero decir con esto? Que este Gobierno o el Gobierno socialista que salga en 2015 tendrá que poner en marcha otro plan
de estas características. Sin la actuación desde lo público que permita la incentivación y que vaya complementando las políticas de austeridad, difícilmente saldremos de la situación en que nos encontramos. Este Fondo de inversión local y el que
le vino a seguir, el Fondo de inversión por la sostenibilidad, fueron planes exitosos que cumplieron sus objetivos y -repito- fueron una decisión política de un Gobierno que entendía que desde lo público era necesario aportar a la economía el dinero
que permitiera generar actividad y empleo frente a una situación, en lo que se refiere a la inversión privada, que prácticamente estaba ausente, no existía, como ocurre desgraciadamente en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por el Grupo Popular.
El señor SUÁREZ LAMATA: Quiero comenzar agradeciendo al presidente del Tribunal de Cuentas el exhaustivo informe, dada la complejidad de lo que se analiza. Más de treinta mil proyectos de inversión requieren un esfuerzo titánico, por
tanto, reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento y le pido que lo haga extensivo a todos los miembros del tribunal.
Fiscalización del Fondo estatal de inversión, Real Decreto 9/2008, de 28 de noviembre, el famoso y conocido PlanE. En esta Comisión las intervenciones suelen tener hasta ahora un carácter marcadamente técnico dada la materia de la que
tratamos, pero hoy analizamos -el señor Zarrías para mi sorpresa lo ha vuelto a reiterar- un icono de la política del Partido Socialista en la pasada legislatura. Hablaba exactamente de valor de las políticas públicas, y este es un instrumento que
optaba por una política puramente keynesiana, es decir, gasto a costa de déficit público, de más deuda. Después de oír al señor presidente del tribunal no me cabe concluir más que una cosa, que el PlanE, más que un plan, fue una ocurrencia -el
señor Zarrías lo ha calificado de ambicioso, singular, excepcional decisión política- de 8.000 millones de euros -este es el problema- que no teníamos y que tienen que pagar las generaciones futuras. Esto es parte de la herencia socialista
envenenada que tan poco le gusta al Partido Socialista, pero que nos impide apostar por más política social, por más política sanitaria, por más política en educación o por más inversiones, porque hay algo evidente, y es que la herencia no es a
beneficio de inventario. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia). Esta herencia tenía muchas cargas y este es un Gobierno responsable al que le gusta cumplir con las cargas.
Yo no pretendo remover las conciencias de los miembros del Grupo Socialista, y más tras la intervención que ha hecho el señor Zarrías, ni sonrojarles -este es un acto personal que cada uno tendrá que analizar-, pero después de haber oído al
señor presidente y después de este informe, deberían entender sus señorías del Grupo Socialista la responsabilidad directa que tienen sobre lo que está sucediendo en este país en este momento. El señor Zarrías se ha referido al año 2007. Vamos a
hacer memoria. En el año 2008, el 14 de enero, el señor Zapatero decía que la crisis era una falacia, que el Partido Popular estaba instalado en el catastrofismo, y el señor Solbes el 11 de febrero decía que los que hablaban de recesión económica
no sabían nada de economía y que estaba harto de tantas tonterías que oía últimamente en el mundo económico. Siguiendo en esa maraña, el 28 de abril, el señor Zapatero llamó antipatriota, inaceptable y demagógica la posición del Partido Popular
cuando hablaba de crisis. Fruto de todo esto, señor Zarrías, al final el Real Decreto 9/2008, de 28 de noviembre. El señor Zapatero decía del PlanE que era el renacer del ámbito local, y el señor Pérez Rubalcaba llegó a decir que iba a tener un
alto impacto en la creación de empleo. Cuando finalizó el plan -es por hacer historia- el señor Zapatero lo calificó de un gran éxito.
Todo esto que he narrado entra dentro de lo que es la literatura de ficción económica, que son palabras huecas, altisonantes, de esas a las que nos tenía acostumbrados, y mucho, el Gobierno anterior. Creo que este informe que nos ha narrado
el presidente del tribunal lo deberían leer todas sus señorías, porque nos sitúa en la realidad y sencillamente relata el fracaso de un plan, ya que no hay que olvidar que este plan tenía como objetivo exclusivo crear empleo. La pregunta es si es
una apuesta coherente o razonable apostar 8.000 millones de euros, invertirlos en boleras, pistas de patinaje, es verdad que hay otro tipo de inversiones como spas, hasta algún reloj de sol que costó 65.000 euros. Decía que se habían ahorrado 40
millones utilizando los medios de que disponía el ministerio. La cartelería costó 36.730.380 euros, en un reclamo propagandístico claro. Es decir, 8.000 más 3.000, que era al final todo el plan, originaron un déficit del 1,1% que se financió, no
hay que olvidarlo, con deuda pública y que repercute en el plan de sostenibilidad financiera de este país. Vamos a ver si sabemos de lo que estamos hablando. (Rumores). Entiendo que sus señorías se pongan nerviosos porque las verdades duelen; si
lo entiendo. (Rumores. Un señor diputado: ¿Después de un año todavía? Otro señor diputado: Deja hablar; ya hablarás tú).
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Por favor, vamos a mantener un poco el orden y dejemos que el portavoz intervenga.
El señor SUÁREZ LAMATA: Al final, el PlanE tiene un escenario temporal, que se desarrolló, quiero recordarles a todos ustedes, en 2008, 2009 y 2010. Si uno analiza las inversiones que se han desarrollado con el PlanE, son muy pocas las que
se pueden adscribir a la categoría de naturaleza productiva. Si alguien quiere generar empleo, entiendo que lo que tiene que hacer es apostar por decisiones de naturaleza productiva. Por tanto, con este planteamiento, el objetivo que tenía el
decreto era imposible de cumplir; tan imposible -lo ha puesto de relieve el señor presidente- que en un decreto en que se exigía la creación de empleo lo que sucedió fue que las entidades locales sí incluyeron en la valoración de los
pliegos de condiciones para la adjudicación de los contratos el volumen de mano de obra, pero luego no puntuaban específicamente la contratación de desempleados, incumpliendo lo que decía el Real Decreto-ley 9/2008, es decir, el punto clave
del real decreto no se cumplía fundamentalmente por la mayor parte de las corporaciones locales. El 21% de los contratos fueron adjudicados a empresas que declararon que generarían un número de puestos inferior a las previsiones que habían
manifestado las entidades locales. El 44% de los contratos fue adjudicado con menos trabajadores procedentes de desempleo de los que se habían comprometido las empresas en sus ofertas, y el 50% de las entidades no hicieron seguimiento ni
comprobación de los puestos de trabajo realmente creados, tal y como decía el artículo 6.2 del Real Decreto 9/2008. Al final -el señor presidente ha definido la foto de este plan-, únicamente el 4% de los que fueron contratados para el PlanE
seguían trabajando el segundo semestre de 2011.
Decía el señor Zarrías que los criterios de distribución habían sido los más razonables, que era por población. Si se trata de crear empleo, a lo mejor el criterio de distribución hubiera sido mucho más razonable en función del número de
puestos de trabajo que generaba cada proyecto. Aquí podemos entrar en discusiones de cifras de cuántos puestos se crearon, pero una aproximación más o menos exacta es de unos 160.000 por año, es decir, 50.000 euros cada puesto de trabajo. Esto es
lo que ha costado el PlanE. El PlanE fue un fracaso, por lo que decía antes, porque era una ocurrencia. El señor presidente decía 54 días para planificar y ejecutar. Esto nos lleva a que las inversiones se hicieron con absoluta irracionalidad.
Eran proyectos que los ayuntamientos tenían guardados en los cajones porque en aquellos momentos había problemas de financiación y en lugar de hacer, solucionar o solventar la financiación de las entidades locales, el Gobierno anterior lanzó un plan
en el que el 18%, porque era la urgencia, y aquí se nos ha insistido mucho en la urgencia, al final casi el 20% de los proyectos no se encontraba en funcionamiento en septiembre de 2011. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Es decir, había
mucha urgencia, pero dos años y pico después sorprendentemente equipamientos, sobre todo para servicios sociales, no habían entrado en funcionamiento. No voy a entrar en las deficiencias de la gestión porque lo que es evidente es que cuando a los
ayuntamientos se les imponen plazos imposibles, eso conlleva un escenario complicado y difícil. Quiero incidir en algo. Ahora que tanto se oye hablar en el hemiciclo y en las comisiones de economía productiva, sobre todo por parte de algún partido
político, me pregunto si son los mismos los que reclaman ahora pensiones productivas que los que sostenían, apoyaban y mantenían este Plan E, que tenía poco que ver con la competitividad y con la economía productiva. El dato más escalofriante es
que, al final, en 2011 solo el 4% de las personas contratadas seguían teniendo su puesto de trabajo. Es decir, 8.000 millones invertidos para mantener ¿cuántos? ¿7.000 u 8.000 puestos de trabajo? Si se hace la división, uno puede concluir muchas
cosas sobre este plan que, desde mi punto de vista, y es evidente mi pensamiento, tenía tintes electorales, hecho a costa de generaciones venideras e, insisto, forma parte de una herencia que ha puesto en riesgo el Estado del bienestar.
Quiero acabar, señor presidente, dándole las gracias por un informe complejo y difícil que requiere un importante trabajo. Después de este informe, el grupo que sostuvo al Gobierno anterior puede hacer dos cosas; seguir renegando de esa
herencia de ocho años y actuando en este hemiciclo como si ellos no tuvieran culpa de nada, o asumiendo culpabilidades, porque, señorías, va siendo hora de que ustedes piensen que son culpables de parte de lo que está pasando. Lo que deberían
pensar es en arrimar más el hombro y apoyar un poco más al Gobierno actual. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Ante el rifirrafe en el que se ha convertido la Comisión, les recuerdo y les advierto para el segundo turno que estamos en la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, que informa sobre los asuntos que ha
tratado el pleno del tribunal y sobre los que nosotros solicitamos aclaraciones. Les recuerdo a sus señorías que este punto del orden del día se va a ver en otra Comisión, donde vamos a votar las propuestas de resolución y donde los grupos
políticos vamos a hacer las sugerencias y aquello que consideremos conveniente sobre lo que ha supuesto el informe para la economía, para el empleo, etcétera. Quiero recordarles que estamos en la comparecencia del presidente, en la aclaración de
aquellos datos que en el informe no nos han parecido suficientes y no en un debate, y menos en presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, porque hay otras comisiones donde se pueden evaluar estos asuntos.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señor presidente, es cierto que en el debate de austeridad versus intervención o en las diferentes opciones en relación con
este PlanE el Tribunal de Cuentas no tiene nada que decir ni nada que aportar, dado que es un debate de naturaleza política perfectamente respetable pero en el que el Tribunal de Cuentas no aporta nada. Los informes del Tribunal de Cuentas
pretenden valorar la regularidad de la gestión de los fondos públicos y, en ese sentido, lo que se analiza en el informe es el proceso de contratación de las entidades locales y también el proceso de supervisión de las autoridades administrativas
sobre estas entidades locales y, por tanto, sacar conclusiones sobre lo que ha sido un proceso en el que hemos advertido una serie de irregularidades que se han cuantificado por un procedimiento que es el habitual en este tipo de trabajos,
indudablemente la realización de muestreos. El trabajo a través de muestreos no tiene por qué ser descalificado ni mucho menos. Lo correcto y lo procedente es realizar un muestreo y elaborar cuestionarios para las entidades locales y
complementarlo con trabajo de campo que se ha desarrollado en diferentes ayuntamientos. El trabajo es complejo, pero cumple todos los estándares para que sus señorías tengan en estos momentos unos porcentajes de ejecución que son perfectamente
asumibles y, por otra parte, creo que de difícil contestación.
El informe, además, recoge y reconoce la contribución del FEIL al proceso de adaptación tecnológico. Indudablemente es uno de los aspectos positivos del FEIL, el impulso del tratamiento telemático y la información por parte de las entidades
locales. Lo que sí le diría al diputado es que la cuantificación de ese beneficio en 42 millones es algo que me satisface mucho porque, indudablemente, el Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha una plataforma de rendición telemática de las cuentas
de las entidades locales. Por tanto, en un valor aproximado, también podríamos reclamar el beneficio de esa magnitud que indudablemente a nosotros nos ha costado una cantidad muy pequeña y muy por debajo de los 2 millones de euros.
En relación con las cuestiones que se han dicho por los diferentes intervinientes, quiero decir que el informe hace referencia a aspectos de contratación y a la verificación que de los mismos ha hecho el tribunal. Únicamente me quedaría con
uno de los puntos que quizá no expliqué lo suficiente o de manera más desarrollada y es la realización de estudios valorativos sobre los costes de funcionamiento de los proyectos, en el sentido de que solo el 37% de las entidades locales realizó
estos estudios valorativos, con lo cual da una idea de que para poner en funcionamiento proyectos de esta naturaleza deberían haberse previsto las consecuencias desde el punto de vista de los costes y de los eventuales y previsibles ingresos o
beneficios que se pudieran determinar de los mismos, y el 37% el tribunal considera que es un porcentaje bajo.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Bel? (Pausa).
Señor Zarrías, tiene la palabra.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Señor Suárez, ningún alcalde de su partido manifestó ninguno de los planteamientos que usted ha puesto aquí de manifiesto y, por supuesto, no devolvió un solo euro. Si se trataba de un plan tan maligno, no sé cómo
se convirtieron en cómplices de una maldad que iba a acabar con las generaciones futuras de nuestro país.
En 2009, 2010 y 2011 se invirtió y no comparto unos datos que usted ha dado, pero evidentemente no tengo tiempo ni creo que sea el momento de rebatirlos por economía de tiempo, pero más del 90%, por no decir el 95% tanto del FEIL I como del
FEIL II están ejecutados, disfrutándose con mayor o menor utilidad. Eso lo decidieron los alcaldes dentro de su autonomía, pero en ningún caso respaldo esas cifras que usted ha comentado.
¿Decisión política? Por supuesto que sí. ¿Cómo no va a tomar un Gobierno una decisión política? Lo hizo también Alemania, Francia y Austria. Era necesario desde la inversión pública complementar, o mejor dicho sustituir la que no existía
desde el punto de vista de lo privado. Y lo seguimos defendiendo ahora. No solamente son necesarias políticas de austeridad, que compartimos, pero esas solamente nos llevan a la ruina. Son necesarias políticas de austeridad y a la vez políticas
de incentivación.
Termino con lo de siempre. Vuelven ustedes a lo mismo. Mal les debe ir cuando es la herencia la palabra que permanentemente tienen ustedes en la boca. Pero le voy a decir una cosa, el problema ya no es de herencia; el problema es de los
herederos, porque lo que iba mal va peor y lo que iba bien están desmantelándolo. La herencia ya se ha acabado y el único problema que tienen ustedes es que están administrando mal.
El señor PRESIDENTE: Señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Quiero volver a incidir en una cuestión. Este es un plan que nació para crear empleo. Ese era el objetivo. Puede que 8.000 millones parezcan poco dinero, pero han sido 8.000 millones para un plan que es un
absoluto fracaso en cuanto a creación de empleo y esto lógicamente refleja el fracaso del PlanE. Evidentemente los alcaldes no se opusieron. ¡Faltaría más! Los alcaldes llevan esperando la solución de la financiación local desde hace mucho tiempo
y en ocho años el Partido Socialista no resolvió ese problema, y cuando no hay recursos económicos, bienvenido sea cualquiera. Insisto en que otra cuestión distinta es que no se haya cumplido la finalidad para la que fue creado. Ustedes insisten
mucho en políticas keynesianas, pero la pregunta que le hago, señor Zarrías, es muy sencilla: ¿De dónde sacamos el dinero? Es muy fácil decir ahora aquí que se haga, se haga y se haga. Pero las medidas que ustedes proponen en estos momentos no
las tomaron cuando gobernaban. Lamento tener la poca capacidad de convicción que veo que he tenido, pero si sus señorías y los miembros del Grupo Parlamentario Socialista no entienden que una parte muy importante de lo que está pasando en este país
es culpa de decisiones políticas o por inacción política de un anterior Gobierno de ocho años, que santa Lucía les conserve la vista, pero no tienen esa sensación los ciudadanos.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES LOCALES DE 22 DE MAYO DE 2011. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente del Congreso 251/000084 y número de expediente del Senado 771/000080).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día. Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales del 22 de mayo de 2011.
Tiene la palabra el presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en su sesión de 26 de septiembre de 2012 el informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales celebradas
el 22 de mayo de 2011, realizado para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General. La fiscalización, como las demás relativas a la contabilidad de los procesos electorales, se ha
referido a los ingresos y gastos derivados de la participación de las formaciones políticas en las últimas elecciones locales de 22 de mayo de 2011, convocadas conjuntamente por el Real Decreto 424/2011, a celebrar en los municipios, cabildos
insulares canarios y asambleas de Ceuta y Melilla. El objeto de la fiscalización ha consistido en el examen de la regularidad de las contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas que concurrieron a las mismas, de conformidad
con lo contemplado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que establece la competencia fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre dichos procesos.
El desarrollo de la fiscalización se vio afectado por la celebración en la misma fecha de las elecciones de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas de Cantabria, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, fiscalizadas todas
ellas por el Tribunal de Cuentas. También se celebraron elecciones autonómicas en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Islas Baleares, Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Principado de Asturias y Comunidad Valenciana, procesos que
fueron objeto de fiscalización por el correspondiente órgano de control externo. Antes de la celebración de las elecciones locales, y con el fin de homogeneizar la interpretación de las obligaciones legales sobre los ingresos y los gastos
electorales, se mantuvo una reunión de coordinación con representantes de los distintos órganos de control externo y, asimismo, el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó una instrucción en la que se especificaba la documentación a remitir al Tribunal
de Cuentas por las formaciones políticas que concurrían a las mismas, así como los criterios a aplicar en la fiscalización de la contabilidad electoral. Esta instrucción se publicó mediante resolución de 25 de marzo de 2011 de la presidencia del
Tribunal de Cuentas en el 'Boletín Oficial del Estado' de 1 de abril del pasado año. La consecuencia inmediata de la falta de rendición de cuentas por alguna de las formaciones políticas era la pérdida del derecho a la subvención pública estatal
que le hubiera correspondido por los resultados electorales avanzados.
Los objetivos de la fiscalización han consistido en verificar el cumplimiento de la legislación en materia de ingresos y gastos electorales y de la restante normativa de general aplicación conforme a los principios contenidos en el vigente
Plan general de contabilidad, así como la evaluación de la representatividad de la contabilidad rendida. En consecuencia, además de la exigencia de presentación de la contabilidad electoral en plazo, se verificó el cumplimiento de determinados
requisitos formales que la documentación rendida debía presentar. En relación con los recursos o ingresos electorales, se comprobó la procedencia
de todos los fondos utilizados, verificando la identificación de los aportantes y el cumplimiento del límite máximo de recursos permitido y las restantes obligaciones legalmente establecidas. Por lo que se refiere al capítulo de gastos
electorales, se procedió a verificar su naturaleza, su correcta imputación a la campaña electoral y el cumplimiento de los requisitos legales de la documentación justificativa, habiéndose examinado además la justificación del número de envíos
personales y directos de propaganda electoral realizados. También se comprobó el cumplimiento de los límites establecidos en la normativa electoral, tanto el límite máximo de gastos electorales como los límites sobre gastos específicos, como son
los de publicidad exterior y los de prensa y radio.
La celebración simultánea en un número significativo de comunidades autónomas de elecciones locales y autonómicas ha afectado a la determinación del límite máximo de gastos en caso de concurrencia a más de un proceso electoral y al análisis
de su cumplimiento, así como a la imputación de los gastos electorales comunes a los diversos procesos electorales. Las comprobaciones se completaron entre otros aspectos con la verificación de que todos los cobros y pagos se realizaron a través de
las cuentas bancarias abiertas específicamente para los procesos electorales, según lo previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y que se hubiera cumplido la limitación legal establecida para la disposición de
fondos destinados al pago de gastos electorales. Se comprobó igualmente el cumplimiento de la obligación de revisión de información al Tribunal de Cuentas por las empresas que hubieran facturado a las formaciones políticas gastos electorales
superiores a 10.000 euros, así como por parte de las entidades financieras que hubiesen concedido créditos electorales. En relación con los resultados de esta fiscalización, el informe mantiene la estructura y los criterios de fiscalización de
elecciones similares anteriores, presentándose los resultados obtenidos a través de cuadros resumen, dada la gran cantidad de informaciones fiscalizadas y procediéndose a agrupar los resultados en función de la relevancia económica de la actividad
declarada. Por lo que se refiere a los criterios seguidos para la fundamentación de las propuestas de no adjudicación o de reducción de las subvenciones electorales, han sido los mismos que los empleados en anteriores fiscalizaciones.
El número de formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad de las elecciones locales ascendía a 1.680. De ellas, 799 formaciones cumplieron con dicha obligación, mientras que las 881 restantes no lo hicieron, incumpliendo el
artículo 133 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General; infracción que, a instancia del ministerio fiscal, se ha comunicado a la Junta Electoral a los efectos oportunos. Hay que poner de manifiesto que excepto trece formaciones que habían
obtenido representación en municipios de más de 20.000 habitantes, la mayor parte de las que no presentaron la contabilidad electoral eran formaciones de reducida implantación que generalmente solo se presentaron en un único municipio. En términos
globales, en estas elecciones locales las formaciones políticas declararon recursos por un total de 59,1 millones de euros, de los cuales 2,4 aproximadamente correspondían a aportaciones privadas, 35,4 millones a créditos bancarios, 13,6 millones a
anticipos electorales, 7,4 millones a aportaciones de los propios partidos y 0,3 millones a otros ingresos. Respecto a la financiación recibida, en la mayor parte de las formaciones políticas -especialmente en las de menor implantación territorial-
las aportaciones privadas declaradas carecían de alguno de los requisitos identificativos exigidos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, como el DNI y el domicilio. Además, en un caso se constató la existencia de una
aportación de persona física por un total de 15.000 euros, que superaba el límite máximo individual de 10.000 euros y, asimismo, para cinco formaciones políticas se observó la falta de justificación de los recursos percibidos, por un total de
208.048 euros, al no identificarse la aportante o no quedar acreditado el origen de los fondos utilizados. Estas situaciones se tuvieron en cuenta por el pleno del tribunal a efectos de formular la correspondiente propuesta de reducción de la
subvención electoral.
Por lo que se refiere a los gastos electorales, el importe total declarado y justificado ascendió a 59,2 millones de euros, de los que 35,3 millones correspondían a operaciones ordinarias y 23,9 millones al envío de propaganda electoral. En
el análisis de la justificación de las operaciones de gasto se detectaron gastos electorales en emisoras de televisión local por ondas terrestres que contravenían la prohibición general de contratar espacios de publicidad electoral en este medio,
irregularidad que afectaba a cuatro formaciones, con un gasto total declarado de 10.086 euros. Dicho importe también se ha tenido en consideración a efectos de la propuesta de reducción de la subvención electoral. En cuanto al límite máximo de
gastos específicos de las elecciones locales, se constató que el mismo fue superado por 580 formaciones políticas, por un importe total excedido de 1.893.457 euros. De ellas, 530 formaciones presentaban una escasa implantación territorial, con un
exceso de 911.190 euros, a las que, por tanto, no
correspondía agregar el componente provincial, lo que ha condicionado la formulación de las propuestas de reducción de la subvención. Por otra parte, catorce formaciones se excedieron en los gastos de publicidad exterior y otras trece
superaron el límite de gastos de publicidad en prensa y radio. En el caso de las formaciones políticas que habían concurrido a varios procesos electorales se detectaron tres partidos con representación parlamentaria o actividad electoral relevante,
considerando como tal las que presentaban gastos superiores a 30.000 euros, que superaron el límite máximo general de gastos que se establece en el artículo 131.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por un importe total excedido de
86.531 euros, y una formación superó el límite de publicidad en prensa y radio, con un exceso de 80.852 euros. Respecto a las operaciones de tesorería y de terceros, se observaron distintos incumplimientos de la citada Ley Orgánica del Régimen
Electoral General. Así, la mayoría de las formaciones de menor implantación no disponían de una cuenta bancaria específica para las elecciones; treinta y dos formaciones presentaban operaciones pendientes de pago con posterioridad al límite
temporal establecido, representando aproximadamente el 1,86% de los gastos declarados, y, por último, veintidós empresas habían incumplido la obligación de rendir al Tribunal de Cuentas información detallada de la facturación efectuada a las
formaciones políticas. La deuda no informada al tribunal por parte de tales empresas ascendía a un total de 880.959 euros y la identificación de las empresas incumplidoras se recoge en los resultados detallados correspondientes a cada formación
política.
Como consecuencia de todo lo anterior, las propuestas de no adjudicación o reducción de la correspondiente subvención, según lo previsto en el artículo 134.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se han formulado para las 881
formaciones políticas que no rindieron su contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas. Además, se formularon propuestas de reducción de la subvención a percibir por otras dieciocho< formaciones, por un importe total de 134.499 euros, como
consecuencia de las irregularidades y deficiencias expuestas en el informe. A los efectos de garantizar una mayor eficacia del control externo de los ingresos y gastos electorales, el informe recoge entre sus recomendaciones las que hacen
referencia a conciliar la normativa electoral estatal y autonómica, a fin de homogeneizar los requisitos a aplicar; armonizar las subvenciones derivadas de los resultados electorales con los límites de gastos aplicables a las formaciones
concurrentes con escasa implantación territorial; acometer una regulación más precisa sobre los conceptos, imputación y justificación de los gastos electorales para acometer la campaña electoral en función de los establecido en el artículo 130 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; adecuar el límite de los gastos en publicidad exterior y el límite de publicidad en la prensa periódica y emisoras de radio de titularidad privada a los nuevos soportes de publicidad surgidos como
consecuencia de las nuevas tecnologías; por último, establecer un adecuado régimen sancionador aplicable a las formaciones políticas que no rindan su contabilidad electoral, así como a terceros obligados a remitir información al Tribunal de Cuentas
en relación con la campaña electoral y que no cumplan con dicha obligación, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Junta Electoral respecto de las autoridades, funcionarios y particulares. A este respecto, en la reciente modificación de
la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos, aprobada en virtud de la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, se ha adoptado esta última recomendación al disponer que en los casos en los que el Tribunal de Cuentas advierta que los
partidos políticos superan los límites de gastos electorales impondrá una sanción equivalente al importe del exceso producido.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Bel? (Pausa).
Por el Grupo Socialista, señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: En primer lugar, quisiera agradecer la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas y la presentación del detallado informe que vemos hoy, porque la gran cantidad de formaciones políticas que se presentan
a estas elecciones hace que sea muy extenso. No es tan extenso como si todas las formaciones políticas que se presentan presentaran contabilidades; no obstante, a estas elecciones de 2011 se presentaron más formaciones políticas que en 2007 y el
tiempo de presentación del informe ha sido más corto, así que nos vamos acercando cada vez más a tener los informes más actualizados.
Tengo que decirle, como usted bien sabe y ha reconocido, que vuelven a ocurrir casi las mismas irregularidades que en las elecciones de 2007. Esto significa que o bien hay que simplificar el procedimiento de justificación, sobre todo para
las pequeñas formaciones, o que hay que endurecer más el régimen sancionador, porque parece que a las formaciones políticas les resulta más rentable políticamente incumplir que la sanción que se le impone. Por ejemplo, como usted ha dicho, más del
50% de formaciones
que se presentan no presentan contabilidad, estando obligadas formalmente. Ha dicho que son fundamentalmente formaciones que se presentan en reducidos territorios, pero no todas y no tanto. En el informe presenta un cuadro en el que, por
ejemplo, el Partido Andalucista obtuvo un total de 469 concejales en un territorio no tan pequeño, incluso en algunos municipios gobierna ese partido. No parece razonable que no cumplan esa obligación legal personas que gobiernan ayuntamientos, que
tienen que ser absolutamente transparentes y que han de justificar, por tanto, todas sus cuentas. Hay más formaciones, no solo esta, donde ocurre. Por eso, consideramos muy importante esa recomendación del Tribunal de Cuentas de implantar
sanciones a las formaciones que no presentan contabilidad, porque el proceso electoral tiene que ser transparente para todos, aunque el territorio donde se presentan sea pequeño.
Se ha mejorado, como ha dicho el presidente del tribunal, en justificación de gastos e ingresos, sin embargo, todavía habría que pedir a las formaciones políticas que colaboren para que determinados aspectos no se repitan elección tras
elección, y me referiré, por ejemplo, al tema de los proveedores que facturan más de 10.000 euros a las formaciones y que tienen la obligación de presentar información al tribunal. Como no conocemos la relación total de proveedores que trabajan
para las elecciones ni los que trabajaron en 2007, no sabemos si los que incumplieron y ahora no aparecen cumplen, o bien es que los partidos políticos no han vuelto a contratar a los que incumplieron, que podría ser una de las sanciones externas
que se pusieron. Por ejemplo, con el Partido Popular en 2007 incumplieron cinco proveedores, por un importe de 80.796 euros. Ninguno de esos proveedores aparece ahora como incumplidor en 2011. Por lo tanto, no sabemos si el Partido Popular no ha
vuelto a contratar con ellos o ha aprendido la lección, ahora quieren cumplir y han cumplido. Pero ahora en 2011 sí aparecen ocho empresas que incumplen por mucho más importe, por 419.000 euros. Por lo tanto, el número de empresas y de proveedores
ha empeorado aunque sÍ ha sido un cambio, no es lógicamente culpa del partido. En el pasado ha sucedido algo parecido, aunque un poco al contrario, incumplieron diez en 2007 por importe de 102.000 euros y en 2011 solo incumplió una por valor de
11.000 euros. No sabemos si a esas diez que incumplieron en 2007 se les ha castigado por parte del PSOE no contratando con ellas, o a lo mejor han cumplido. Ese tema de los proveedores reincidentes, consideramos que sería bueno que se destacara en
el informe, si pudiera ser para este porque nos lo mande el tribunal, o para sucesivos casos. En el caso de Izquierda Unida sabemos que se ha vuelto a contratar con dos empresas que incumplen, incumplieron en 2007 e incumplen en 2011 por menor
cuantía, pero siguen incumpliendo. No se debería consentir esto y por eso tenemos que plantear algunas propuestas de resolución que lo solucionen, porque hay empresas que facturan cantidades muy importantes. Ocurre por ejemplo -le pondremos
nombre- Proximia Havas, S. L, que factura a un solo partido, al Partido Aragonés, 183.00 euros. No se debería permitir que con estas cantidades se laven las manos, no informen y no pase nada además. Por lo tanto, estamos de acuerdo también con el
tribunal en imponer sanciones externas para esas empresas que incumplen y además pedir la colaboración o alguna sanción a los partidos políticos si contratan con reincidentes.
Otra de las irregularidades que se repite es la de la identificación de las personas, e incluso una aporta más de lo que la ley permite, 15.000 euros cuando el máximo son 10.000. Se trata de una persona o una empresa que lo aporta a
ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife. El importe total es de 208.000 euros. Son personas que no se identifican y, por tanto, podría estar pasando como ha podido ocurrir con la amnistía fiscal, que no se sabe ni la procedencia de los fondos. Así
que me parece grave que eso se pueda seguir permitiendo, y habría que dar traslado de estos partidos que han recibido dinero de personas que no se identifican, cuando menos a la Agencia Tributaria para que lo investigue porque la procedencia de los
fondos también es importante conocerla. Ha comentado la superación del límite de la publicidad en prensa y radio. Está claro que hasta ahora les ha compensado la sanción que se les impone con la rentabilidad política, porque ha hablado usted de
que un partido se ha excedido en 80.852 euros. Ese partido es el Partido Aragonés, por lo que yo he buscado. Es un partido que maneja unos recursos de más de 500.000 euros, en total la subvención se le ha disminuido en 10.000 y hasta ahora le ha
compensado. A partir de ahora ya se le quitarán por lo menos los 80.000 euros.
Destaca en su informe también la publicidad en televisiones locales por onda terrestre. Solo cuatro formaciones la han utilizado: Aralar, Alternativa sí se puede por Tenerife, Ezker Batua y Nueva Canarias. Sin representar una cantidad muy
importante, es una ilegalidad y una competencia desleal para las formaciones que sí cumplen. Además, en muchos casos ni aun queriendo incumplir podrían, porque esas televisiones locales están en manos de los ayuntamientos y esta irregularidad se da
sobre todo en toda esa relación de formaciones que no presentan contabilidad. Son pequeñas localidades, se pueden ver los videos, porque están continuamente puestos, en la televisión local haciendo una propaganda desleal.
Todos estos incumplimientos y alguno más que usted ha ampliado se refieren a los cometidos en lo que se declara, pero es que también habría que arbitrar alguna forma de investigar, de ver, algunos gastos electorales que se realizan a lo
mejor por terceras personas que no se reflejan en contabilidad electoral. El presidente a lo mejor podría manifestarnos si el Tribunal de Cuentas podría hacerse cargo de algún tipo de investigación, muestreo o algo similar para investigar esto.
En definitiva, señor presidente, le adelanto que sí presentaremos propuestas de resolución tendentes a endurecer el régimen sancionador. No solamente se debe atender a cuantías económicas, como ya ha ocurrido en el porcentaje de reducción
de la subvención, tiene que haber otro tipo de sanciones que permitan aumentar esa transparencia y que el cumplimiento de la legalidad sea un hecho en los procesos electorales y, desde luego, las sanciones deben ampliarse a las personas físicas o
jurídicas que participan en estos procesos electorales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, la señora Ruiz
La señora RUIZ RUIZ: Quería también felicitar al presidente del tribunal por este informe, que ha sido realizado además en unas circunstancias en las que ya ha habido una gran concurrencia también de procesos y elecciones autonómicas, como
él ha resaltado y que por tanto ha requerido de una coordinación con las Cámaras y consejos de cuentas de otras comunidades autónomas, importante a la hora de decidir qué tipo de aspectos se iban a tener en cuenta en la fiscalización y tener una
homogeneidad mayor. Es justo reconocer que a lo largo del tiempo la tarea del Tribunal de Cuentas, en todo lo referente a la transparencia y la financiación de los partidos políticos, ha sido importantísima. Yo he tenido la oportunidad en otras
etapas políticas de seguir trabajando en esta Comisión en esta materia y se puede comprobar cómo en los últimos años como consecuencia de los informes del tribunal, tanto de los referidos a la financiación de partidos políticos como de los distintos
procesos electorales, ha llevado a modificaciones importantes en la legislación, que están trayendo como consecuencia una mayor transparencia en esa financiación, y desde luego en el cumplimiento de la normativa, tanto la normativa electoral, como
la que de ella se está derivando y que va acompasando esas recomendaciones del tribunal con lo que todos perseguimos, que es una mayor transparencia de todas las formaciones políticas y desde luego el cumplimiento estricto de las obligaciones que,
como no podía ser otra manera, tienen que tener.
Dicho esto no es menos cierto que no hay que conformarse con los pasos dados y que todavía queda camino por recorrer. Comparto prácticamente toda la exposición que ha realizado la portavoz del Grupo Socialista en cada uno de los extremos a
los que se ha referido y que por otra parte son los que forman parte de las conclusiones del tribunal y de sus posteriores reclamaciones. En el mismo sentido desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a presentar propuestas de resolución que sean
exigentes con cada una de esas recomendaciones, a la hora de prever las mayores sanciones para los que incumplen esas obligaciones, corregir las distintas prácticas que se han podido producir y que no van en consonancia con ninguna de las
determinaciones, tanto desde la legislación como de las prácticas e incluso las instrucciones del tribunal. En algunos de los casos es verdad que se han producido disfunciones en la contabilidad de los partidos políticos respecto a determinados
criterios que tribunal en la instrucción fijó y que en otros procesos electorales se tenían en cuenta, como pueden ser determinados gastos, que ahora no se han considerado gastos electorales y que así lo fueron en otras convocatorias electorales.
En general procede hacer un análisis exigente de todo ello y, como decía, desde el agradecimiento al Tribunal de Cuentas por la ayuda que está prestando en esta materia que hace que vayamos cada vez más corrigiendo todas esas corruptelas,
plantear unas propuestas de resolución que ahonden en las sanciones a aquellos que incumplen. Por supuesto compartimos también el tema de los proveedores y yo sumaría a las entidades financieras, que también están incumpliendo su obligación de
remitir al tribunal la información que les está obligado a presentar y que no deben, junto con aquellas personas físicas que están haciendo aportaciones, seguir en esa dinámica de no presentar ni la declaración de sus elementos de identificación, si
bien el tribunal ha hecho que en aquellos partidos donde se ha producido esta circunstancia eso se haya minorado de las cantidades de posible subvención que corresponderían de los fondos públicos. Es muy importante que se cumpla con la legalidad en
cada uno de esos apartados y, por tanto, son relevantes esas sanciones -de las que, como ya ha señalado el presidente, una parte, en relación con estas recomendaciones, ya está incluida en la Ley Orgánica 5/2012, que ya prevé una serie de sanciones
al hilo de lo que señalan unas recomendaciones- para conseguir el objetivo final, que es el cumplimiento total y absoluto de la normativa y al mismo tiempo la transparencia no solo de los propios
partidos políticos sino de todos aquellos que contratan con estas formaciones en los distintos procesos electorales y que están igualmente obligados a prestar la colaboración máxima y a ser igualmente transparentes.
Dicho esto, reitero nuestra gratitud al tribunal por el trabajo y la presentación de este informe y en la próxima reunión de la Comisión plantearemos esas propuestas de resolución que vayan al hilo de lo que hemos señalado y que desde luego
hace el tribunal en sus recomendaciones.
El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra al presidente del tribunal, quiero recordar a los grupos que inmediatamente después procederemos al debate y votación de las propuestas. Se lo digo para que configuren sus grupos para las
votaciones.
Tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Querría comenzar por el final, por alegrarme muy especialmente por las palabras pronunciadas por la señora Ruiz, en la medida en que reconoce que los informes del
tribunal mejoran la gestión de la contabilidad de los partidos políticos; han servido para modificar la legislación y suponen un incremento de control. Agradecemos lógicamente esa opinión, recogiendo el planteamiento de no conformidad con la
realidad que todavía subsiste, y es que el control sobre los partidos políticos es mejorable fundamentalmente en un aspecto, que es el de la inmediatez del ejercicio de este control, en el que el nuevo pleno del Tribunal de Cuentas tiene
comprometidos gran parte de sus esfuerzos y de sus proyectos para el futuro.
La unidad de partidos políticos ha sido reforzada aproximadamente en un 40% de incremento de los efectivos con los que estaba dotado hasta este momento, y eso se ha tenido que hacer en una circunstancia, en un entorno de no crecimiento de
personal; es decir, que se ha hecho con la reasignación de efectivos dentro del tribunal, en definitiva con la aportación de todos los departamentos del tribunal de personal suficiente para recuperar el ritmo de realización de los informes, que es
necesario para que el control no solo sea correcto, sino para que además se produzca en el momento adecuado para servir a los fines que persigue.
Las señoras Ruiz y Vázquez, abordan una cuestión que se refiere a las propuestas que ahondan en el régimen sancionador. Es cierto -y deben reconocerlo- que el régimen sancionador exclusivamente puede surgir de la reforma legal, es decir, el
régimen sancionador tiene que estar establecido y previsto en la ley; no es algo que el tribunal pueda de alguna manera innovar, sino que únicamente puede aplicar aquel régimen sancionador que las propias Cortes hayan establecido y regulado para
los diferentes supuestos, y además no solo regulado para los diferentes supuestos sino que debe plantear un procedimiento sancionador que esté completo y que ofrezca todas las garantías. En ese sentido, querría informarles de que la reforma de la
Ley Orgánica 5/2012 establece sanciones por incumplimiento del límite de gastos electorales. Es decir, lo novedoso es la posibilidad de que el tribunal, además de proponer la reducción de subvenciones que corresponda -porque eso sí lo puede hacer,
son propuestas de reducción de subvenciones, no son sanciones en sí mismas-, puede iniciar procedimientos sancionadores por incumplimiento de los límites de gastos electorales. Si se quiere ahondar en esa posición, aplaudo la medida y, en todo
caso, está en manos de la propia Comisión mixta y del Congreso y del Senado -en definitiva, de las Cortes Generales- establecer supuestos nuevos como los que se han planteado aquí y supuestos que pudieran tener un efecto superior al que se deduce
del sistema de reducción de subvenciones que en la actualidad establece el tribunal y que es el único que, salvo los incumplimientos de límite de gastos, puede proponer.
En relación con lo manifestado por la señora Vázquez sobre la propuesta que formula de proveedores reincidentes, tomamos buena nota. En estos momentos no le puedo contestar si sería posible realizar este trabajo de 2007 y 2011, es decir, la
comparación entre proveedores 2007 y 2011. Si fuera una información fácilmente aplicable, se la enviaría lógicamente a los miembros de la Comisión mixta, pero usted tiene que comprender también que en el desarrollo de los trabajos de partidos
políticos tenemos que prestar especial atención a recuperar el retraso, es decir, a sacar adelante los informes que se encuentran pendientes de presentar a esta Comisión mixta. En ese sentido, con práctica seguridad en enero de 2013 se aprobará el
informe correspondiente a las pasadas elecciones generales y a lo largo del primer semestre de 2013 estarán presentados ante esta Comisión mixta los informes correspondientes a la fiscalización de la financiación ordinaria de los partidos políticos
de los años 2008 y 2009.
Por lo que se refiere a la sanción a proveedores o la sanción a partidos que contratan con proveedores reincidentes, son posibilidades no contempladas en la actual ley y, por lo tanto, las recibo como medidas
que se podrían aplicar pero sobre la base de que pudiera existir una modificación legal que en la actualidad no existe. En todo caso, le debo decir que todas estas cuestiones se trasladan al fiscal cada vez que se elabora un informe de esta
naturaleza y, por lo tanto, el fiscal, sobre las mismas, puede efectuar aquellas cuestiones que no están en el estricto ámbito de actuación que es el propio del tribunal.
Pregunta la señora Vázquez si es posible realizar un trabajo de fiscalización más extenso, más directo sobre gastos electorales realizados al margen de los partidos. Si he entendido bien lo que quiere decir, en definitiva, es la asunción
por terceros de lo que serían gastos electorales de los partidos. Para poder llevar a efecto eso debería modificarse el deber de colaboración regulado en la ley orgánica de funcionamiento, es decir que estos terceros estuvieran obligados a
presentar ante el Tribunal de Cuentas la justificación de todos estos eventuales gastos realizados al margen de los partidos. En la actualidad, hay dificultades legales para extender el ámbito del deber de colaboración a estos supuestos que
lógicamente se encuentran siempre en el ámbito de actuación de la fiscalía, que por supuesto sí tiene competencias para realizar este tipo de actuaciones en todo caso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
¿Alguna aclaración por parte de la señora Vázquez? (Pausa). ¿Señora Ruiz? (Pausa).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA EN EL PERÍODO 2002-2007. (Número de expediente del Congreso 251/000006 y número de expediente del Senado 771/000006).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la Comisión una vez que ha abandonado la misma el presidente del Tribunal de Cuentas. Me han trasladado los portavoces que no se va a abrir debate en las propuestas de resolución; si les parece,
esperamos unos minutos, aproximadamente tres minutos, e iniciamos las votaciones. (Pausa).
Pasamos al segundo punto del orden del día: debate y votación de las propuestas de resolución. Como les he dicho antes, vamos a pasar directamente a la votación. Hay varias votaciones y vamos a comenzar por un grupo de propuestas de
resolución que vamos a votar de manera agrupada completas. Son la número 4.º, informe de fiscalización de las principales actividades desarrolladas por la Autoridad Portuaria de Cartagena en el período 2002-2007); la 5.ª... (El señor Bel Accensi
pide la palabra).
El señor BEL ACCENSI: Señor presidente, había indicado que votaría en un bloque cada una de estas, el voto no va a ser el mismo en la Autoridad Portuaria de Cartagena que en Cofivacasa.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, votamos entonces uno por uno los puntos de manera completa.
Votamos el primer punto: informe de fiscalización de las principales actividades desarrolladas por la Autoridad Portuaria de Cartagena en el período 2002-2007.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL GRUPO DE SOCIEDADES ESTATALES COFIVACASA EN LOS AÑOS 2005, 2006, 2007 Y DE SU SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007. (Número de expediente del Congreso
251/000007 y número de expediente del Senado 771/000007).
El señor PRESIDENTE: Votamos el punto 5.º: informe de fiscalización de la actividad desarrollada por el Grupo de Sociedades Estatales Cofivacasa en los años 2005, 2006, 2007 y de su situación económico-financiera a 31 de diciembre de 2007.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 'FONDO DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y CULTIVOS MARINOS', EJERCICIO 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000009 y número de expediente del
Senado 771/000009).
El señor PRESIDENTE: El punto 6.º: informe de fiscalización del Organismo Autónomo 'Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos', ejercicio 2007.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA EN EL EJERCICIO 2007, REFERIDA EN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL Y RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA RELATIVAS AL
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA EN EL EJERCICIO 2001. (Número de expediente del Congreso 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000010).
El señor PRESIDENTE: Votamos el informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2007, referida en especial al seguimiento de las recomendaciones del tribunal y resoluciones de
la Comisión mixta relativas al informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2001.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA DE LA DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DURANTE EL EJERCICIO 2007. (Número de expediente del
Congreso 251/000013 y número de expediente del Senado 771/000013).
El señor PRESIDENTE: El punto 8.º: informe de fiscalización de las actuaciones de recaudación en vía ejecutiva de la Delegación central de grandes contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante el ejercicio 2007.
Va a tener varias votaciones.
Vamos a votar por separado las números 1, 2 y 3 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las números 4, 5 y 6 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las 7, 8 y 9 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTO 463B 'FOMENTO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA', EJERCICIO 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000014).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente: informe de fiscalización del Programa Presupuesto 463B 'Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica', ejercicio 2005.
Va a haber votación separada. Votamos las propuestas de resolución números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Socialista, y 3 y 5 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos a continuación la número 4 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- MOCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN ADECUADO MARCO LEGAL PARA EL EMPLEO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente del Congreso 251/000018 y número de expediente del Senado 773/000001).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día que votamos es el relativo a la moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las
administraciones públicas.
Vamos a votar por bloques. En primer lugar, 1 y 2 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
La número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13 ; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La número 4, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 22; abstenciones 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS VIGENTES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA DURANTE LOS EJERCICIOS 2004-2005 Y 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000020 y número de expediente del Senado
771/000019).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente: informe de fiscalización de los procedimientos, gestión y recaudación de las tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008.
Votamos la propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las propuestas números 2, 3 y 4 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a votar por separado la número 5 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL 'CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS' EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS, EJERCICIO 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000022).
El señor PRESIDENTE: Votamos el informe de fiscalización de la gestión de los gastos e ingresos de los proyectos y actividades de investigación de la Agencia Estatal 'Consejo Superior de Investigaciones Científicas' en colaboración con
otras entidades públicas y privadas, en el ejercicio 2007. Se votan todas las propuestas de resolución.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE EXPANSIÓN EXTERIOR, S. A., EJERCICIO 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000025).
El señor PRESIDENTE: Este informe de fiscalización no tiene propuestas de resolución, por lo que no se vota.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y LA CONTRATACIÓN CELEBRADOS POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. (Número de expediente del Congreso 251/000030 y número de expediente del Senado 771/000028).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente, que es el informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Juventud. Votamos las propuestas 1, 2 y 3 del PSOE.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas 5 y 6 del PP.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la propuesta 4 del PP.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las propuestas 7 y 8 de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ENAJENACIONES INMOBILIARIAS REALIZADAS POR EL INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS EJERCICIOS 2003 A 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000031 y número de expediente del Senado
771/000031).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente: informe de fiscalización de las enajenaciones inmobiliarias realizadas por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en los ejercicios 2003 a 2005. Solamente hay tres propuestas del
Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y LA CONTRATACIÓN CELEBRADOS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER. (Número de expediente del Congreso 251/000033 y número de expediente del Senado 771/000030).
El señor PRESIDENTE: El siguiente es el informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Mujer. Vamos a votar conjuntamente las propuestas 1, 2 y 3 del PSOE y las 4, 6, 7 y 8
del PP.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Vamos a votar por separado la propuesta número 5 del PP.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO EN EL PERIODO 2005-2008. (Número de expediente del Congreso 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000036).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el informe de fiscalización de las actividades realizadas por el Ente Público Puertos del Estado en el periodo 2005-2008. Votamos las propuestas 1, 2 y 3 del PP en primer lugar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos ahora la número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000001 y número de expediente del Senado 771/000001).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2004 y 2005.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000033).
El señor PRESIDENTE: El siguiente es el informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2006 y 2007. Las votamos en su conjunto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000038).
El señor PRESIDENTE: Votamos el informe de fiscalización de la Universidad de Murcia ejercicios 2006 y 2007. Se votan todas las propuestas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000046 y número de expediente del Senado 771/000044).
El señor PRESIDENTE: Votamos el informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura ejercicios 2006 y 2007.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000056 y número de expediente del Senado 771/000054).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja ejercicios 2006 y 2007.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000076 y número de expediente del Senado 771/000074).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria ejercicios 2006 y 2007.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente del Congreso
251/000075 y número de expediente del Senado 771/000069).
El señor PRESIDENTE: Gestión de la prestación de asistencia sanitaria derivada de la aplicación de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales de la Seguridad Social. Votamos en primer lugar las propuestas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
del Grupo Socialista.
El señor BEL ACCENSI: Perdón, señor presidente. ¿Los estados contables de los partidos políticos lo habíamos votado?
El señor PRESIDENTE: Es la última. Es la siguiente votación. Estamos votando ahora la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria derivada de la aplicación de los reglamentos...
El señor BEL ACCENSI: Estamos votando la 25 entonces.
El señor PRESIDENTE: Sí.
El señor BEL ACCENSI: Entonces ¿de esta me podría repetir qué estamos votando?
El señor PRESIDENTE: Las propuestas del Grupo Socialista.
El señor BEL ACCENSI: Sí, pero yo había pedido votación separada de las propuestas de resolución del Grupo Socialista números 1, las 3 y 4 por una parte, y las números 2, 5 y 6, por otra.
El señor PRESIDENTE: Votamos entonces las propuestas 1, 3 y 4 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas 2, 5 y 6 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la 7 y la 8 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Ahora las propuestas 9, 10 y 11 de Convergència i Unió, ¿o quieren que separemos alguna? (Denegaciones).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 22; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS DONACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES VINCULADAS ORGÁNICAMENTE, EJERCICIO 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000072 y número de expediente
del Senado 771/000070).
El señor PRESIDENTE: Votamos el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente en el ejercicio 2007. Vamos a votar en conjunto todas
las propuestas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad. Muchísimas gracias a todos por su colaboración.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.
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