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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 150, de 28/04/2015
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS


Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 150

PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ MOLINA VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 22

celebrada el martes,

28 de abril de 2015

en el Palacio del Senado



ORDEN DEL DÍA:


Contestación del Gobierno a:


- Pregunta sobre las actuaciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al respecto de las recomendaciones del Defensor del Pueblo en la Unidad Terapéutica Educativa (UTE) del centro penitenciario de Villabona (Asturias).
(Número de expediente del Senado 683/000436 y número de expediente del Congreso 181/003053) ... (Página2)


Autor: GALLEGO ARRIOLA, MARÍA DEL PUERTO (GS). DIPUTADA


- Pregunta sobre la evaluación y examen por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de la aplicación de las normas de funcionamiento de la Unidad Terapéutica Educativa (UTE) impuestas por la Dirección del centro penitenciario de
Villabona (Asturias), así como, en el caso de que no se estén aplicando adecuadamente la organización y funcionamiento en la citada UTE, sobre las previsiones de actuación contempladas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
(Número de expediente del Senado 683/000437 y número de expediente del Congreso 181/003054) .... (Página3)


Autor: GALLEGO ARRIOLA, MARÍA DEL PUERTO (GS). DIPUTADA


Comparecencias:


- Del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Yuste Castillejo, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para informar sobre las críticas de la Defensora del Pueblo en relación con la situación
de la



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Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del centro penitenciario de Villabona (Asturias). (Número de expediente del Senado 713/000729 y número de expediente del Congreso 212/001489)... (Página7)


Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL


- Del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Yuste Castillejo, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para informar sobre el diagnóstico recogido por la Defensora del Pueblo en el informe
correspondiente a la gestión realizada durante el año 2013, sobre la situación de desmantelamiento de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del centro penitenciario de Villabona (Asturias). (Número de expediente del Senado 713/000731 y número de
expediente del Congreso 212/001499) ... (Página7)


Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS)


- Del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Yuste Castillejo, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para informar sobre la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del centro penitenciario de
Villabona (Asturias). (Número de expediente del Senado 713/001082 y número de expediente del Congreso 212/002231)... (Página8)


Autor: GOBIERNO


- Del Director Ejecutivo de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), don Bosco Torremocha García de la Rasilla, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para analizar la posición de los sectores
productores de bebidas alcohólicas y su grado de compromiso y responsabilidad, así como para informar sobre las estrategias que están desarrollando para prevenir el consumo de sus productos por parte de los menores de edad. (Número de expediente
del Senado 715/000340 y número de expediente del Congreso 223/000006) ... (Página22)


Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO


- Del Fiscal de la Audiencia Provincial de Pontevedra, don Luis María Uriarte Valiente, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para informar y analizar la situación del narcotráfico desde el punto de vista de la
sociedad, la evolución y las perspectivas de futuro en relación al tráfico de drogas y a la gestión y depósito de bienes y muebles incautados en procesos judiciales de narcotráficos. (Número de expediente del Senado 713/001031 y número de
expediente del Congreso 222/000005) ... (Página34)


Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO


Se abre la sesión a las diez horas.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Buenos días, señorías.


Damos comienzo a la sesión número 22 de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.


CONTESTACIÓN DEL GOBIERNO A:


- PREGUNTA SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS AL RESPECTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN LA UNIDAD TERAPÉUTICA EDUCATIVA (UTE) DEL CENTRO PENITENCIARIO DE VILLABONA (ASTURIAS).
(Número de expediente del Senado 683/000436 y número de expediente del Congreso 181/003053)


AUTOR: GALLEGO ARRIOLA, MARÍA DEL PUERTO (GS). DIPUTADA



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- PREGUNTA SOBRE LA EVALUACIÓN Y EXAMEN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TERAPÉUTICA EDUCATIVA (UTE) IMPUESTAS POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO DE
VILLABONA (ASTURIAS), ASÍ COMO, EN EL CASO DE QUE NO SE ESTÉN APLICANDO ADECUADAMENTE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN LA CITADA UTE, SOBRE LAS PREVISIONES DE ACTUACIÓN CONTEMPLADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.
(Número de expediente del Senado 683/000437 y número de expediente del Congreso 181/003054)


AUTOR: GALLEGO ARRIOLA, MARÍA DEL PUERTO (GS). DIPUTADA


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): En primer lugar, procede la formulación de las preguntas que han presentado los distintos grupos parlamentarios a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.


Para formular las dos primeras preguntas, tiene la palabra el señor Trevín, en representación del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de doña María del Puerto Gallego Arriola y formular en su nombre las dos primeras preguntas. La primera la doy por formulada para que pueda contestar el señor secretario general.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, señor Trevín.


El señor secretario va a contestar a las dos preguntas de forma conjunta.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Yo he preparado la intervención para contestar a todo conjuntamente.


Señor presidente, señorías, comparezco hoy para sustanciar las comparecencias que han planteado diferentes grupos parlamentarios sobre la Unidad Terapéutica Educativa del centro penitenciario de Villabona, en Asturias —a la que me referiré
en adelante como UTE—, así como las preguntas formuladas al respecto...


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Señor secretario, procede, en primer lugar, la contestación a las preguntas y, a continuación, sustanciar la comparecencia.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Muchas gracias, presidente. Comenzaré, pues, con la contestación a estas dos primeras preguntas.


Señorías, desde el inicio de esta legislatura se ha venido acusando a la dirección del centro penitenciario de Villabona, en Asturias, de tratar de desmantelar la UTE de ese centro con una actitud de acoso y derribo a la misma. Es difícil
descartar un origen interesado en el auge de esta polémica, tanto por su tratamiento mediático como por la evidencia de que no son los intereses de los internos los que la motivan. Se trata de una experiencia que se desarrolla y consolida siendo
quien les habla director general de Instituciones Penitenciarias, y no parece razonable que quien acunó políticamente esta iniciativa —y después de haber extendido los programas UTE a otros diez centros penitenciarios en la presente legislatura-
viva en la esquizofrenia de cuestionar o desmantelar la experiencia de Villabona.


El problema con la UTE de Villabona nace cuando el entonces director del centro penitenciario quiso corregir, con buen criterio, ciertas situaciones de irregularidad administrativa que se venían dando con algunos funcionarios que trabajan en
los departamentos UTE de Villabona. Estos cambios organizativos generales —asumidos sin problemas en otros establecimientos- generaron ciertas protestas de algunos funcionarios encargados de la gestión de estos departamentos, que trasladaron a los
medios de comunicación y a los representantes políticos e hicieron llegar a distintas instituciones, entre ellas, al Defensor del Pueblo. Esto motivó una primera intervención de la institución, iniciada el 8 de abril de 2013, en la que se pone de
manifiesto que la Unidad Terapéutica Educativa del centro penitenciario de Villabona podría ver reducido de cuatro a uno el número de coordinadores en virtud de cierta reorganización interna realizada por el responsable del establecimiento, lo que
supondría desvirtuar el modelo de intervención que hasta el momento está funcionando, cuya labor se llevaba a cabo por personal netamente penitenciario desde hacía varios años, con amplio respaldo de la sociedad asturiana y expreso reconocimiento en
diversos ámbitos nacionales e internacionales.



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El 24 de junio de 2013 el Defensor del Pueblo, tras hacerse eco de una serie de noticias de prensa donde se acusaba al director del centro penitenciario de Villabona de no preservar las señas de identidad de la UTE y de desmantelarla
progresivamente por no mantener el equipo multidisciplinar, así como la figura de los coordinadores de la UTE, manifiesta su temor y preocupación por que los cambios organizativos operados en la UTE de Villabona puedan poner en riesgo la pervivencia
de esta unidad, por lo que solicita la información pertinente al respecto.


El 5 de febrero de 2014, tras una visita girada al centro penitenciario de Villabona en septiembre de 2013 por representantes de la oficina del Defensor del Pueblo, se remite a la secretaría general un informe en el que traslada una posible
degradación de la UTE a consecuencia de un pretendido intento de desmantelamiento, que se deduce, como reconoce en su propio documento, de una extensa reunión que los representantes de la citada institución mantuvieron con los internos de apoyo a
las UTE 1 y 2. Se concreta en la siguiente recomendación: «Proceder, previa a las modificaciones organizativas necesarias, a dictar una instrucción reguladora de la unidad terapéutica y educativa del centro penitenciario de Villabona que contemple
fiel e íntegramente lo que tradicionalmente ha sido su modelo normal de funcionamiento.» Se contesta por la secretaría general al citado informe constatando que las unidades terapéuticas y educativas que funcionan en los centros penitenciaros son
programas de intervención y tratamiento que comparten espacio con otras experiencias análogas, y cuyo objetivo es profundizar en las herramientas terapéuticas que inciden en la superación de las carencias que presentan los internos y en los
mecanismos que propician su reinserción social efectiva. Como tal programa específico de intervención y tratamiento, funcionan UTE en veinticinco centros penitenciarios, y en ellas participan más de 2000 internos. Quiero señalar que en esta
legislatura se han implantado en diez centros penitenciarios más.


La secretaría general decidió aceptar parcialmente la recomendación procediendo a regular mediante instrucción el funcionamiento de todas las unidades terapéuticas y educativas, y no exclusivamente la de Villabona. En la actualidad, como
hemos dicho, existen veinticinco unidades con estas características como oferta específica de tratamiento para internos en centros penitenciarios. En la instrucción se recogerían los elementos más innovadores de esta experiencia, entre ellos lo que
ha aportado la de Villabona, sin duda, extraordinariamente fecunda, pero también los que podrían aportar las experiencias de otras UTE, dignas de ser tenidas en cuenta por ser tan meritorias como las de Villabona.


A tal fin se creó un grupo de trabajo en el que estuvieron representados diez subdirectores de tratamiento que dirigen otras tantas UTE, incluido el de Villabona, a fin de analizar el funcionamiento de estas unidades para dotarlas de un
marco jurídico específico que permita beneficiarse de todos los elementos terapéuticos de acreditada eficacia y que genere mayor seguridad en las decisiones de los funcionarios que trabajan en estas unidades; en definitiva, contribuyendo a diseñar
en el ámbito del tratamiento de los reclusos una oferta terapéutica avanzada e integradora que, rentabilizando el ingente esfuerzo institucional llevado a cabo en esta materia, permita a los penados que se incorporen a estas unidades abordar
eficazmente las carencias que les llevaron a delinquir.


La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias informó al Defensor del Pueblo de la aceptación parcial de su recomendación argumentando las razones que le impedían o desaconsejaban asumir íntegramente los planteamientos que se
exponían en el documento que adjuntaba y que, según se recoge en la solicitud del defensor, ha servido de guía hasta el año 1998 a la iniciativa que con esa denominación y contenido se ha llegado a convertir, merced a su esfuerzo, en un referente de
intervención penitenciaria en España.


Con esto doy por contestada la primera pregunta y paso a la segunda, sobre la evaluación y examen por Instituciones Penitenciarias de la aplicación de las normas de funcionamiento de la Unidad Terapéutica Educativa (UTE) impuestas por la
dirección del centro penitenciario de Villabona, así como, en el caso de que no se estén aplicando adecuadamente la organización y funcionamiento en la citada UTE, sobre previsiones de actuación contempladas por la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.


La regulación que hace la nueva Instrucción 9/2014, relativa a las unidades terapéuticas educativas no es, obviamente, agotadora y deja amplios márgenes de adaptación a la realidad concreta de cada uno de los centros penitenciarios que
disponen de estas unidades.


Por esta circunstancia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dejó a los establecimientos penitenciarios un espacio de tiempo razonable para adecuar las normas de funcionamiento de las UTE a la nueva Instrucción 9/2014.
Todos los establecimientos cumplieron con esta obligación antes de la fecha establecida, 15 de octubre, y los servicios centrales de esta Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobaron dichas adaptaciones en tiempo y forma. La
dirección del centro penitenciario de Villabona sigue potenciando el programa de tratamiento que se desarrolla en las UTE, aplicando la



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instrucción citada una vez que su estructura y funcionamiento se han adaptado a las exigencias parlamentarias. Obviamente, las instrucciones son de obligado cumplimiento, y en el caso de que no se cumplan existen instrumentos legales para
exigir y garantizar su efectividad.


Se han apreciado algunas reticencias por parte de algunos funcionarios que están trabajando en las UTE de Villabona y que se han traducido en quejas de los internos, fundamentalmente de las UTE 1 y 2, al juzgado de vigilancia penitenciaria
de Oviedo reclamando el cumplimiento de la Instrucción 9/2014, según reciente escrito del pasado día 17 remitido por la magistrada a la secretaría general. Se han cursado instrucciones al director del centro a fin de que adopte las medidas
necesarias para el cumplimiento fiel e inmediato de la tan repetida instrucción.


La media de internos atendidos en las UTE de Villabona, más de 400, debería ser suficientemente ilustrativa para desvanecer esa idea interesada de acoso o desmantelamiento de la UTE, y demuestra que el modelo de intervención sigue
funcionando con alta calidad en la atención que se presta a los internos por los profesionales de este programa; es decir, que en las UTE están los que tienen que estar, pues no todos los internos con largas trayectorias de toxicomanía desean
integrarse en ellas, por más que los profesionales de los equipos intenten motivarles para este ingreso, teniendo en cuenta que el tratamiento penitenciario, por expresa exigencia legal de la Ley General Penitenciaria, es voluntario.


En Villabona no solamente existe la UTE, sino que además existen otros tres módulos de respeto, dos de hombres y uno de mujeres, que albergan respectivamente, el módulo 6, con 139 internos; el módulo 9, con 137 internos, y el módulo 10, con
79 internas.


Los módulos de respeto son una opción más que tienen los internos para participar en su tratamiento, como ocurre en otros centros penitenciarios, siendo reciente esta posibilidad en Villabona. Resulta curioso que este fuera el único centro
penitenciario que a principios de la presente legislatura careciera de esta oferta.


También dispone Villabona de otros dos módulos, el 7 y el 8, para otros internos menos comprometidos con su proceso de reinserción, que también esperan y demandan atención institucional. Se trata del módulo 7, que alberga 111 reclusos
reincidentes y conflictivos, y el módulo 8, ocupado por 128 internos preventivos.


Es preciso tener en cuenta que este establecimiento alberga una media de 1110 internos en régimen de internamiento ordinario y que no todos tienen el perfil para poder estar en un módulo de respeto, y, sin embargo, requieren la atención que
exige nuestro modelo de ejecución penal.


Con esto daría por contestada la segunda pregunta, pidiendo disculpas a sus señorías toda vez que en la contestación que traía preparada hacía un tratamiento conjunto de todas las iniciativas. No obstante, podré completarlas, si es de su
interés, a través de las preguntas o cuando aborde las otras iniciativas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, señor Yuste.


Tiene la palabra el señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Yuste, usted no tiene remedio. Hoy viene aquí a contarnos lo mismo que lleva contándonos desde hace tres años; tres años y medio, en concreto. Dice que toda la intervención del Gobierno en el caso de la UTE es para corregir
irregularidades administrativas y que todo el problema que hay en la UTE es de tratamiento mediático, es decir, aplica el viejo principio de algunos países iberoamericanos y sus gobiernos: no crean nada de lo que oigan y casi nada de lo que vean.
Pretende que los parlamentarios aquí presentes, bastantes de los cuales estuvimos en la UTE en una visita realizada en 2012, no creamos nada de lo que oímos y, por supuesto, casi nada de lo que vemos.


Hasta ahora usted podía venir aquí haciendo un brindis al sol y tratar de pasar desapercibido. Pero hoy está aquí como responsable de los centros penitenciarios españoles, de uno en concreto, de este, que en cinco meses ha tenido tres
muertos: dos absolutamente certificados por una sobredosis y uno sucedido ayer, del que todavía no conocemos la autopsia, pero sabemos que junto a su cadáver apareció un trozo de papel de plata y un mechero. Por tanto, a partir de ahí hay que
hacer las diferentes consideraciones.


Yo esperaba que usted viniera a presentar la dimensión. Viene usted como responsable de Instituciones Penitenciarias para hablarnos de un centro en el que ustedes han estado impulsando desde que llegaron al Gobierno, como usted muy bien
dijo, un proceso de acoso y derribo al proyecto de UTE que en aquel momento era la base para tener un centro con la menor conflictividad del sistema penitenciario español; y viene hoy aquí, como le digo, con tres fallecidos en cinco meses y con uno
de los centros con mayores



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problemas de conflictividad en el sistema penitenciario español, después de todo lo que han hecho ustedes. Si usted hubiese mostrado un cambio de rumbo radical y hubiéramos tenido un centro con menor conflictividad, con buen funcionamiento
y donde usted pudiera exhibir una buena gestión, todavía podríamos hablar, pero ahora me extraña que usted no haya entonado aquí siquiera un mea culpa y no haya planteado incluso la posibilidad de dimitir.


Usted nos dice: He dado una respuesta parcial a las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Aquí ya tuvimos un buen ejemplo de la hipocresía del Gobierno, del que usted forma parte, en aspectos concretos, sobre todo en este, porque en la
primera visita que hicimos todos los partidos, todos los presentes en esta comisión a Villabona hicimos un informe positivo; todos, desde el Partido Popular a Izquierda Unida, pasando por todas las demás fuerzas políticas. Y la primera vez que
trajimos una cuestión para tratarla, ustedes tuvieron incluso que cambiar al portavoz de la comisión, para que sus propios diputados presentes en aquella comisión cambiaran su opinión, porque ustedes estaban empeñados en acabar con el proceso.
Consideraban que los que llevaban la UTE eran refractarios al mando popular, y había que acabar con el discrepante, había que acabar con todo aquel que no fuera sumiso a las instrucciones de Instituciones Penitenciarias. Y para ello, no solamente
tuvieron que cerrar los ojos y hacer oídos sordos a las recomendaciones de una organización como el Defensor del Pueblo, siendo la defensora del mismo partido que el Gobierno español. Por tanto, —yo se lo doy- muestren ustedes una cierta
objetividad cuando hacen informes.


Usted no dice nada de los tres elementos fundamentales de los que se habla en ese informe; no puede hacerlo, porque el problema ya no es con la Unidad Terapéutica Educativa, el problema es con toda la sociedad asturiana, que está implicada
con el centro penitenciario de Villabona y que desde hace muchos años, en un abanico ideológico muy amplio, viene colaborando con el centro: asociaciones de la Iglesia, asociaciones laicas, asociaciones con diversos planteamientos, que están
trabajando intensamente de una forma solidaria y altruista con el propio centro, y a las que ustedes también están sacando de todos los procesos que tienen que ver con el centro y, sobre todo, con la UTE. No ha dicho que les están diciendo que hay
una devaluación del contenido del contrato terapéutico con esas asociaciones para que los internos completen fuera del centro su tratamiento. Ustedes están acabando con ello, y tienen denuncias de las tres organizaciones, desde Proyecto Hombre
hasta asociaciones de la Iglesia, porque están acabando con ese proceso. No nos dice nada del cuestionamiento de los programas que desarrollan las ONG colaboradoras. No nos ha dicho nada de la privación de los profesionales de la UTE de su
capacidad de decisión sobre las personas internas. De eso le hablaba el informe del Defensor del Pueblo.


Hasta hace cinco meses, señor Yuste, usted podía venir aquí con lo que nos traía hoy, un informe administrativista, de manguitos de burócrata, para tratar de camuflarse y no afrontar el problema político tan serio que tiene. Pero hoy viene
aquí no solamente con un problema político, sino con un problema muy serio de gestión desastrosa y catastrófica del centro penitenciario, porque usted, como máximo responsable de Instituciones Penitenciarias es quien debe velar por la integridad de
las personas que están internas; esa es su obligación, y las personas fallecidas hasta ayer, una de ellas menor de 30 años, tenían padres y tenían hermanos, tenían una familia que pensaba que dentro del centro estaba tutelada y preservada su
seguridad. Pero usted, con los antecedentes que tenía, con el proceso que viene desarrollando desde principios de esta legislatura, ha propiciado el desastre en que se ha convertido.


Por eso en el Grupo Socialista le pedimos su dimisión, porque hoy no hay ninguna excusa, absolutamente ninguna, tras la que usted se pueda esconder.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, don Antonio Trevín.


Tiene la palabra el señor secretario.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Gracias.


El señor Trevín dice que no tengo remedio. Parece que él tampoco lo tiene, porque le vengo escuchando las mismas acusaciones, tan carentes de rigor y motivación en su momento como hoy.


Dice que en cinco meses ha habido en Villabona tres muertos. Y es cierto, ha habido tres desgraciadas muertes. Y lo que voy a decir ahora no quita un ápice de tragedia a la peripecia de esas personas que han fallecido. Pero, si no me
traiciona la memoria, su señoría era delegado del Gobierno en el año 2011. ¿Pidió entonces la dimisión al responsable de Instituciones Penitencias por las catorce muertes que ese año hubo en el centro penitenciario de Villabona, por cierto, tres de
ellas en la UTE?



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En este momento puedo decirle que en el año 2011 ha habido más muertos en Villabona y más muertos en la unidad terapéutica que en toda la legislatura en la que llevo al frente de Instituciones Penitenciarias. Por eso, todas las
aseveraciones que con tanta solemnidad y tanta pompa hace usted en este momento debería hacérselas mirar, porque no es ignorancia lo que usted tiene —como digo, era delegado del Gobierno en ese momento—, sino un ejercicio de demagogia intolerable e
indecente.


Me acusa también de haber aumentado la conflictividad en el centro penitenciario de Villabona. Me gustaría que me dijera las ratios con las que usted mide ese aumento de conflictividad, ya que en este momento tiene menos internos que
entonces. No ha habido en esta legislatura ninguna agresión a ningún funcionario con resultados graves para él, y las agresiones con lesiones leves están en parámetros sensiblemente parecidos a los de años anteriores. El único asesinato que ha
habido en el centro penitenciario de Villabona fue en el año 2011; después no ha habido ninguno. ¿Cuáles son esos elementos tan tremendistas por los que usted evidencia el abandono de la integridad de los recursos? Creo que a veces es muy
saludable, en el ejercicio de la función parlamentaria, tener más larga la memoria que la voz, por no decir otra cosa.


En la presentación no he hecho referencia a los motivos que nos llevaron a no aceptar totalmente las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Los voy a exponer con más detenimiento en el turno de comparecencias. Espero que me juzgue
después de escucharlos, porque muchas veces, cuando a uno le escriben los papeles, corre el riesgo de decir algunas cosas que no corresponden con la realidad.


La devaluación del contrato terapéutico, a la que ha hecho usted expresa referencia, es uno de los elementos en los que incidió la circular de 2014. Efectivamente, nosotros corregimos en aquella comisión, formada por una amplia
representación de expertos penitenciarios, una práctica que se venía haciendo en Villabona y que está en el origen de las quejas de han presentado los propios internos de esa UTE al juez de vigilancia —no sé si los miembros del Poder Judicial
resultarán a su señoría también sospechosos—; la práctica —desde mi punto de vista, digna de ser corregida en el contrato terapéutico original que se exigía a los internos para acceder a las UTE- de renunciar a la tutela judicial efectiva. Si un
interno acudía al juez de vigilancia reclamando cualquier atención por entender que algún derecho suyo se había menoscabado o violentado, la solución que se le daba era expulsarle de la UTE. No sé si a su señoría le parece una práctica de un Estado
de derecho que un interno acuda a las instituciones, envíe una queja al defensor del pueblo y sea expulsado de la UTE. No sé si alguien entiende que es razonable que a cualquier ciudadano que esté en un hospital, por acudir al defensor del paciente
lo expulsen de la unidad. Creo que cuando se dan razones, a veces se pueden entender las decisiones, y no haciendo un tratamiento puramente victimista y airado.


Como decía en mi escrito, la unidad terapéutica de Villabona nace siendo yo responsable de Instituciones Penitenciarias y fue poderosamente impulsada —yo la vi en dos ocasiones- por los directores de aquel momento y por todos los
trabajadores de la prisión de Villabona, no solo por unos cuantos que, no sé en función de qué legitimación, se arrogan ese protagonismo, en mi opinión, a todas luces injusto. Por mi parte, nada más.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, señor secretario.


Damos por terminado el turno de contestación a las preguntas y pasamos a las comparecencias.


- COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, DON ÁNGEL YUSTE CASTILLEJO, ANTE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS, PARA INFORMAR SOBRE LAS CRÍTICAS DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN RELACIÓN
CON LA SITUACIÓN DE LA UNIDAD TERAPÉUTICA Y EDUCATIVA (UTE) DEL CENTRO PENITENCIARIO DE VILLABONA (ASTURIAS). (Número de expediente del Senado 713/000729 y número de expediente del Congreso 212/001489).


AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL


- COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, DON ÁNGEL YUSTE CASTILLEJO, ANTE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS, PARA INFORMAR SOBRE EL DIAGNÓSTICO RECOGIDO POR LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN
EL INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2013, SOBRE LA SITUACIÓN DE DESMANTELAMIENTO DE LA UNIDAD TERAPÉUTICA Y EDUCATIVA (UTE) DEL CENTRO PENITENCIARIO DE VILLABONA (ASTURIAS). (Número de expediente del Senado 713/000731 y
número de expediente del Congreso 212/001499).


AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS)



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- COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, DON ÁNGEL YUSTE CASTILLEJO, ANTE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS, PARA INFORMAR SOBRE LA UNIDAD TERAPÉUTICA Y EDUCATIVA (UTE) DEL CENTRO
PENITENCIARIO DE VILLABONA (ASTURIAS). (Número de expediente del Senado 713/001082 y número de expediente del Congreso 212/002231).


AUTOR: GOBIERNO


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Se han solicitado tres comparecencias referidas al mismo tema: una de Izquierda Plural, otra del Grupo Parlamentario Socialista y la última del propio Gobierno. Por tanto, si les parece bien, se
va a unificar la contestación del señor secretario.


Tiene la palabra, señor secretario.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Muchas gracias, señor presidente.


No voy a repetir el origen de lo que yo considero una polémica. Me voy a centrar —porque ya hice referencia a la génesis histórica de las visitas del defensor del pueblo al centro penitenciario de Villabona- en el contenido de sus
recomendaciones. Voy a retomar la justificación por la cual la Administración penitenciaria no asumió en su totalidad la iniciativa del Defensor del Pueblo. En concreto, les voy a trasladar los argumentos que se le hicieron llegar por la
Secretaría General.


Concretamente, se decía al defensor del pueblo: La ausencia de una regulación oficial de la que carecía la UTE de Villabona —que no es la única, como hemos dicho, ya que existen otras veinticuatro unidades de esta naturaleza—, o la
inexistencia de una autorización específica de funcionamiento emitida por el centro directivo, preceptiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 66.1 de la Ley General Penitenciaria y 115 y 170 del Reglamento que la desarrolla, no significa,
obviamente, que estas normas hayan perdido vigencia en el citado centro asturiano, ni mucho menos que la hayan adquirido otras de ignota legitimación, rango desconocido y clara ineptitud para producir efectos jurídicos en el ámbito del derecho
público.


Esta realidad testaruda, que está en el origen de la regulación que ahora solicita y recomienda esa institución, debiera matizar la contundencia de algunas afirmaciones que contiene la documentación que se adjunta a la recomendación
propuesta, que paso, sin ánimo de agotar el tema, a comentar.


Las derivaciones del artículo 182 del Reglamento Penitenciario o las clasificaciones o progresiones de grado son competencia de la secretaría general, tras la preceptiva propuesta de la junta de tratamiento de los establecimientos —esta
afirmación es escasamente discutible; basta leer las normas citadas y la fecha de su publicación—, y, por tanto, nunca han podido decidirse por el equipo multidisciplinar de la UTE. Lo mismo cabe decir de las modalidades recogidas en los artículos
83 y 86.4 del Reglamento. En ningún caso el equipo multidisciplinar, definido en ese documento como órgano máximo de la UTE, puede decidir sobre competencias que le son ajenas y sin más legitimación que su propia decisión. Es más, no solo no pudo
haberlo hecho, sino que no lo ha hecho nunca. Por lo tanto, mal puede limitarse un poder de decisión que no se ha detentado ni ejercido nunca. Basta acudir a los archivos de la secretaría general para constatar que las decisiones sobre penados del
centro penitenciario de Villabona, a las que nos hemos referido, estén en la UTE o no, aparecen remitidas por la junta de tratamiento y son acordadas por el centro directivo o por el juzgado de vigilancia vía recurso.


La regulación de los departamentos organizados como comunidad terapéutica aparece recogida en los artículos 66.1 de la Ley General Penitenciaria y 115 y 170 del Reglamento que la desarrolla, a los cuales parece conveniente y oportuno
remitirse.


El régimen de comunicaciones, que es competencia del consejo de dirección en cualquier centro penitenciario, en una comunidad terapéutica legalmente constituida, lo sería de la junta de tratamiento, que es la que con carácter general debe
valorar las limitaciones o restricciones en las comunicaciones por razones de tratamiento, y lo mismo ocurriría con las disponibilidades económicas del interno si afectan o condicionan su tratamiento. Por tanto, no pueden ser ejercidas por el
equipo multidisciplinar.


La mayoría de las competencias del denominado equipo multidisciplinar de la UTE, a las que alude el documento enviado, no son más que un reflejo de las de las juntas de tratamiento, órgano que la sustenta legalmente, y que el documento que
se anexa a la recomendación pretende asumir como propias.


Las competencias en materia educativa en los centros penitenciarios fueron transferidas a las comunidades autónomas por Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio. Concretamente es la Administración educativa del Principado de Asturias la
competente para impartir las enseñanzas regladas en todo el



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centro penitenciario de Villabona, y no es posible ni deseable alterar un contenido competencial que lleva tantos años funcionando extraordinariamente bien.


El compromiso terapéutico no puede obligar al interno a renunciar a la tutela judicial efectiva ni la reclamación judicial en sus derechos le puede privar de una herramienta terapéutica necesaria, del mismo modo que acudir al Defensor al
Pueblo sin permiso del equipo multidisciplinar no puede suponer la expulsión de la UTE por devaluar el contrato terapéutico.


La interdicción de la arbitrariedad exige no amparar cláusulas exorbitantes so pretexto de que se devalúa el contenido del contrato terapéutico ni es razonable afirmar que se devalúa el referido contrato porque no se ampara la expropiación
de derechos fundamentales so pretexto de que esa tutela puede romper señas de identidad de un proyecto que se ejecuta en el marco de un Estado de derecho.


La austeridad presupuestaria obliga a una gestión eficiente para rentabilizar el esfuerzo laboral de todos los funcionarios, también los de la UTE que, por cierto, es la mejor dotada de todos los departamentos del centro penitenciario de
Villabona. Resulta particularmente necesario exigir que la provisión de los puestos de trabajo sea acorde con los principios de igualdad, mérito y capacidad. No es de recibo afirmar que por el hecho de que los funcionarios de vigilancia no sean
del agrado del personal, de los internos de la UTE o de algunos de los funcionarios que alumbraron el proyecto, según se manifiesta en ese documento, estén inhabilitados para ejercer la función para la que fueron especialmente capacitados cuando
accedieron a la función pública como funcionarios de instituciones penitenciarias.


El compromiso con la rehabilitación está en la esencia de la función penitenciaria y en el compromiso profesional de todos y cada uno de los funcionarios, que sirven con objetividad a los intereses generales en la Administración
penitenciaria. En cualquier caso, suponer que tiene que ser el equipo multidisciplinar el que reparta los títulos de funcionarios afines al tratamiento, para aglutinar con privilegios laborales a unos cuantos funcionarios afines, creo que nos
releva de cualquier comentario.


Resulta sorprendente que se pretenda generar legitimación de la UTE en la firma o interpretación de convenios con otras instituciones que son competencia del secretario general o del ministro, en su caso. Pero, sin duda, el elemento más
llamativo del documento enviado es que los internos interlocutores de esta institución no solo pretendan organizarse sin tener en cuenta el marco jurídico en el que se cumple la pena o las limitaciones presupuestarias que afectan a la Administración
penitenciaria, sino que pretendan eliminar cualquier otra iniciativa terapéutica que se oferte al resto de los internos. En concreto, son particularmente beligerantes con los módulos de respeto, de los que afirman que desestabilizan y comprometen
la pervivencia de la UTE, con la peregrina justificación de que sus exigencias son menores. Tal ejercicio de fundamentalismo excluyente exigiría algunas reflexiones de quien recogió estas pretensiones, que se hacen más preocupantes cuando se
afirma, según se recoge en el tan repetido anexo, que los reclusos se manifiestan incapaces de asistir impasibles ante la tendencia a la baja de peticiones de nuevas incorporaciones a la UTE. Resulta patético que internos con procesos de
rehabilitación tan avanzados como los que se alaban en el documento enviado manifiesten un grado de egocentrismo e intolerancia tan preocupantes respecto a la asunción de normas que cuestionan abiertamente y ponen en duda su capacidad y su voluntad
para aceptar y respetar en el futuro la ley penal.


La afirmación de que la flexibilización —no sabemos a qué se refiere- del contrato terapéutico implica la presencia de drogas, consumo, trapicheo y mafias en la UTE es otro elemento que debería sustentarse en algún hecho o prueba concreta,
salvo que se refiera a la práctica reclamada por los internos de la UTE del reparto de medicamentos psicotrópicos por parte de los propios internos, desechada recientemente por ser contraria a lo dispuesto en el artículo 213.4 del reglamento
penitenciario y al sentido común más elemental. Parece que si el reparto de medicamentos lo hace un sanitario, un profesional de la Administración penitenciaria, habrá trapicheo y mafia; sin embargo, si lo hacen los propios internos, no. No me
negarán que, cuando menos, esta reflexión resulta curiosa.


Con estas reflexiones sobre el texto remitido por el Defensor del Pueblo se anunciaba que se iba a proceder a la regulación, por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mediante instrucción, del funcionamiento de las unidades
terapéuticas en el ámbito de nuestra competencia. En esta instrucción 9/2014, de 14 de julio, se regula la organización de estas unidades terapéuticas conforme al modelo establecido en nuestra normativa penitenciaria, donde los órganos
unipersonales y colegiados previstos en ella, como son el director, el subdirector de tratamiento, la Junta de Tratamiento, la Comisión Disciplinaria, los equipos técnicos, etcétera, asumen las competencias que dicha normativa penitenciaria les
atribuye en esta actividad.



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Este modelo organizativo, normalizado y adecuado a la realidad penitenciaria, viene a superar las posibles lagunas en la materia, evitando que surgieran o se consolidaran ocurrencias personalistas que aspiraban a derogar, singularmente en
este centro, la vigencia de la legalidad con la creación espuria de órganos o prácticas que, carentes de legitimación legal, pretendían lisa y llanamente suplantar las que tienen asumidas, legal y reglamentariamente, los órganos unipersonales y
colegiados a los que he hecho referencia. En todo caso, es preciso resaltar que la nueva instrucción no desvirtúa el modelo de comunidad terapéutica de Villabona, como no lo hace con las de ninguna otra de las que funcionan en el territorio
nacional y que responden a idénticas necesidades penitenciarias.


La razón de regular esta organización, además de seguir la recomendación del Defensor del Pueblo, no fue otra que la de evitar en el centro penitenciario de Villabona una organización informal paralela que, además de violentar la legalidad,
no puede ser nunca funcional en una estructura administrativa. Esto supondría una especie de coto privado dentro del mismo centro penitenciario, sustentado sobre las bases de intereses que nada tienen que ver con la eficacia y la eficiencia que
debe caracterizar la actuación de la Administración, puesto que en ningún caso las UTE son unidades penitenciarias autónomas, no pueden tener órganos propios y diferentes de los que están previstos en la normativa penitenciaria, y tampoco pueden
funcionar al margen de las exigencias legales y reglamentarias que disciplinan el cumplimiento de la pena privativa de libertad en nuestro ordenamiento. No son centros penitenciarios dentro de otro centro.


El Defensor del Pueblo solicita que la unidad terapéutica de Villabona funcione conforme a un protocolo específico, con el mismo que afirma que venía funcionando. Se le informa, como ya hemos dicho, que algunas de las supuestas competencias
de órganos de la unidad no han sido ejercidas nunca por estos, aunque aparezcan en el anexo que remite el citado órgano constitucional. Este protocolo, en el caso de la UTE de Villabona, sin ningún valor jurídico, establecía derechos y obligaciones
de los internos que carecían de amparo legal, siendo incluso algunos de ellos contrarios a la normativa penitenciaria, como es el caso al que hemos aludido de las limitaciones que se establecen para las comunicaciones, para la disponibilidad del
dinero de peculio, para la posibilidad de recurrir decisiones de la Administración penitenciaria ante el juez de vigilancia penitenciaria, para solicitar permisos de salida y para el reparto de la medicación de los internos, entre otros muchos.


Para corregir estas disfunciones y homogeneizar el funcionamiento de todas las UTE se procedió, tras las probables aportaciones de un amplio grupo de expertos penitenciarios, con amplia y contrastada experiencia, a dictar la citada
instrucción a la que ya he hecho referencia.


La nueva regulación no ha satisfecho los deseos del Defensor del Pueblo, que ha formulado una segunda recomendación con la pretensión de que la UTE de Villabona tenga una regulación propia y específica, distinta y diferente de todas las
demás UTE existentes —les recuerdo que son 24 en todo el territorio nacional—; recomendación que no ha sido aceptada por los motivos ampliamente expuestos a los que he hecho referencia con anterioridad y por entender que la regulación de la
organización y funcionamiento de estas unidades terapéuticas no puede hacer excepciones con ninguna de ellas, pues esa excepción no estaría justificada con ningún criterio objetivo. Dicho de otro modo, lo que es bueno para la UTE de Villabona debe
serlo para el resto, y viceversa. Aceptar esta recomendación supondría que la UTE de Villabona se constituyera como un centro penitenciario autónomo, distinto e independiente del centro penitenciario ordinario, con órganos propios y funciones
específicas, algo que no puede tener encaje legal alguno, pues aun respetando las peculiaridades de las UTE como programas específicos de intervención y tratamiento, estos no pueden funcionar al margen de la configuración organizativa y funcional
prevista legalmente.


En el centro penitenciario de Villabona no coexisten dos modelos de prisión en el mismo espacio físico, lo que coexisten son distintos programas de intervención y tratamiento que tienen diferentes objetivos y finalidades porque son distintas
las carencias que los penados tienen que superar en su proceso de rehabilitación. El único modelo de prisión es el que se diseña y ampara por la Ley general penitenciaria, suficientemente flexible y avanzada para diversificar una oferta terapéutica
que, bajo el principio de individualización científica, haga frente a las necesidades complejas que no pueden ser satisfechas con una oferta única.


La UTE de Villabona es ciertamente una iniciativa ejemplar, consecuencia del esfuerzo excepcional y admirable de todos los funcionarios que han prestado y prestan sus servicios en ese centro penitenciario; muy especialmente de los equipos
directivos que han dejado su impronta en ese establecimiento; también de los que han trabajado y trabajan de forma ilusionada en proyectos terapéuticos; y de los que han servido y sirven a los ciudadanos realizando las funciones más ingratas y
penosas pero sin las cuales, las



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iniciativas más lucidas, como las UTE, no podrían salir adelante. También es mérito de las aportaciones comprometidas de los internos que han pasado por esas unidades, puliendo y mejorando el proyecto con su experiencia personal; y, cómo
no, de instituciones y ONG que llegan donde la Administración penitenciaria por sí sola no podría llegar. Desconocer ese esfuerzo colectivo e institucional para residenciar el mérito de la iniciativa en unos pocos es, además de incierto,
profundamente injusto.


Para finalizar, solo me resta agradecer su paciencia. Lamento lo alterado de esta exposición y si les ha podido resultar un poco larga. Les reitero mi disposición para responder a cuantas preguntas quieran formularme.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, señor secretario.


A continuación, tendrán la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia, empezando por el portavoz y presidente de la comisión, perteneciente al Grupo de Izquierda Plural, don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señor Yuste, gracias por su comparecencia, en mi opinión tardía, pero que quiero valorar, en todo caso.


Voy a empezar mi intervención manifestando mi pesar por el fallecimiento del interno en la prisión de Villabona. Todos los fallecimientos son lamentables, pero cuando dependen de la custodia de las instituciones públicas, además de
lamentables deben ser objeto de investigación y, en su caso, de responsabilidades. En cualquier caso, no está usted aquí por ese motivo —ha habido peticiones reiteradas de esta comisión, hasta ahora desoídas- sino por la situación de la prisión de
Villabona y, en concreto, de la UTE.


Ha hecho usted algunas manifestaciones que me recuerdan un documento del que se tuvieron que retractar judicialmente; manifestaciones calumniosas hacia la UTE, hacia su coordinador, hacia una supuesta autogestión de la UTE y ha hablado
usted de coto privado. Todo eso figuraba en aquel libelo que la dirección del centro colgó para exposición pública, que fue recurrido, y del que, por tanto, fue obligada en sede judicial a retractarse. Por ello, me llama la atención el
empecinamiento, en este caso no ya de la dirección del centro sino del secretario general de Instituciones Penitenciarias, con ese tipo de descalificaciones de una parte de la gestión del centro, pues la UTE es una parte importante de la gestión del
centro, una referencia para Asturias y también un referente nacional e internacional de nuevos métodos.


El gran problema en términos de Lázaro Cárdenas es uno, lo demás son consecuencias, y es que ustedes no aceptan que en las instituciones cerradas —y las cárceles son instituciones cerradas- hay experiencias piloto que son fundamentales para
la transición de una institución cerrada, que en este caso concreto tiene por objeto no solamente la custodia sino la reinserción, hacia una institución más eficaz desde el punto de vista de los principios constitucionales.


No reconocieron en esa experiencia piloto una posibilidad de renovación de la institución carcelaria en España sino que la han considerado un quiste que habría que extirpar. Esa ha sido la actitud y yo diría que el gran problema es el
dogmatismo y el sectarismo desde la dirección de la cárcel —desde la política es un desastre—, y es una materia que trae funestas consecuencias. Ese ha sido el principal problema, el no considerar a la UTE como una posibilidad de renovación de la
institución carcelaria, aunque todos reconozcamos que tiene muchas insuficiencias, por ejemplo, en materia de reinserción. Pues bien, la UTE, que era una posibilidad, ustedes la consideraron un peligro frente al que establecieron un cordón
sanitario; es decir, que intentaron aislar la UTE de la sociedad asturiana y de la sociedad española, pero no lo han logrado. Un reciente manifiesto —no solamente asturiano sino que va mucho más allá de las instituciones asturianas- muestra la
preocupación por la UTE y la actitud de rebeldía de su dirección con respecto a las recomendaciones de la defensora del pueblo, y piden la restitución de su funcionamiento. Pero no lo piden personas mal informadas o diputados interesados sino una
buena parte de la sociedad asturiana: las ONG, las instituciones asturianas e, incluso más allá de la sociedad asturiana, otras instituciones. Sin embargo, ustedes hacen oídos sordos porque para ustedes este problema es un quiste que tienen que
extirpar; pero aislándolo del entorno no lo han conseguido ni tampoco desmantelando el contenido de la UTE.


Dice usted que acepta parcialmente las recomendaciones del Defensor del Pueblo pero, ¿tienen ustedes esa competencia? ¿Pueden aceptar parcialmente lo que les conviene y rechazar lo que no les conviene de las recomendaciones del Defensor del
Pueblo? Yo creo que no. Ustedes pueden intentar



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convencer a la defensoría del pueblo con otro tipo de argumentos, pero yo no conocía la posibilidad de la aceptación parcial. Ustedes deberían haber cumplido la recomendación del Defensor del Pueblo, que se produce como consecuencia de su
visita a la UTE de Villabona. Por tanto, sus recomendaciones se derivan de su experiencia en dicha UTE, planteando la necesidad de recomponer su situación y, si es preciso, con un reglamento general; pero la UTE de Villabona es la que está en el
centro del problema.


Quiero recordar aquí algo que usted no quiere, y es el carácter pionero de la UTE de Villabona. En términos de rehabilitación y reinserción, la universidad a la que ustedes han impedido que continúe con los informes en relación con la UTE
—probablemente porque no les gusten las conclusiones- ha demostrado que tiene un nivel de reinserción muy superior al del resto de la cárcel; duplica, y en algunos casos triplica, la reinserción. Para ustedes debería ser un motivo de orgullo, pero
no es así; el que haya una parte de la cárcel que funcione tan bien que reinserte, dentro del principio constitucional, el doble o el triple que el resto de la institución carcelaria es un problema que hay que extirpar. No tiene sentido,
realmente.


Dice usted que la degradación de la situación en la UTE no tiene consecuencias en el conjunto de la prisión de Villabona, y yo creo que no es así. Estoy convencido de ello, en primer lugar, porque el aislamiento ha producido que en estos
momentos haya menos presos en las instituciones externas de rehabilitación de los que ha habido en el pasado, y lo dicen todos: Proyecto Hombre, Programa Iris y todas las organizaciones no gubernamentales que colaboran en la rehabilitación y
reinserción de los presos; por tanto, tiene consecuencias en la reinserción. También tiene consecuencias el proceso de confrontación y desmantelamiento de la UTE con los internos que están dentro en estos momentos. No es cierto que estén los
mismos que estaban cuando llegaron ustedes a la Administración penitenciaria; al menos hay un centenar menos en la UTE. Hay que decir que cuando se trataba del sexto módulo, se paralizó, eso hay que reconocerlo. En segundo lugar, ¿cómo ha
afectado al conjunto de la prisión? Usted ha hablado de incidentes y tendrá sus estadísticas, pero las nuestras no son precisamente favorables a esta gestión degradada: por una parte, obsesiva, dogmática y sectaria con respecto a la UTE y, por
otra, del conjunto de la prisión. Los incidentes han corrido paralelos también a la disminución de la reinserción entre la prisión general y la UTE, como he dicho anteriormente.


Les pido que abandonen ustedes su rebeldía en relación con la defensoría del pueblo, que acaten sus indicaciones —en particular, en Villabona—, pero para eso tiene que haber una persona con suficiente sensibilidad como para darse cuenta de
que es un proyecto piloto y no un cortijo privado; no es un cortijo privado ni para la UTE ni para la dirección del centro sino que es una institución que ha de funcionar con arreglo a leyes. En mi opinión, la dirección no tiene hoy esta
sensibilidad.


Después de los últimos fallecimientos, ustedes sometieron Villabona a un enroque. ¿Qué hicieron? Cambiaron al director por el subdirector y pusieron al director de asesor. Eso no supone ningún tipo de cambio en la dirección política del
centro. La degradada dirección política del centro ha fracasado, y no valen los enroques. En mi opinión, es necesario cambiar la orientación y la dirección del centro penitenciario. Usted ha sido complaciente con la degradación de la gestión y,
por tanto, tiene que asumir responsabilidades y dimitir. Sé que no lo hará, pero lo que más me importa es que asuman las indicaciones de la defensoría del pueblo, que dejen de considerar un peligro a la UTE, y que vean su potencialidad desde el
punto de vista de la reinserción, que es el principio general que la Constitución atribuye a la cárcel. En este caso, la gestión degradada pone en peligro la reinserción y, en mi opinión, pone en peligro gravemente la custodia dentro de la cárcel.


Todos estamos preocupados por la situación de Villabona, menos el secretario general, también la sociedad asturiana, así como otros colectivos. Queremos transmitirle esa preocupación, y esperamos algún tipo de rectificación pero, sobre
todo, que una institución del Estado, como es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, obedezca y tenga en cuenta lo que le dice la defensoría del pueblo, que ya está bastante devaluada como para que, encima, se considere que da
instrucciones parciales.


Esa es nuestra opinión.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, don Gaspar.


También ha solicitado la comparecencia el Grupo Parlamentario Socialista. Por ello, cedo la palabra al señor Trevín Lombán.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Tengo que empezar diciendo que asumo al cien por cien la intervención del portavoz de Izquierda Unida, don Gaspar Llamazares. Tengo la sensación de que los grupos de la oposición vamos a compartir



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casi al cien por cien ese análisis, y estoy seguro de que, aunque no puedan decirlo, lógicamente, también una buena parte de los diputados del Partido Popular aquí presentes.


Señor Yuste, a usted que es una persona tan administrativista y tan de manguito, hoy se le ha saltado el automático. Ha hablado en concreto de que en nuestras peticiones, fruto de nuestra obligación de control al Gobierno, se ha hecho uso
de demagogia intolerable e indecente, y trata de rebatirlo con datos. Pero, datos por datos, señoría, le diré que tenemos que tratar de ser sensibles en esta cuestión. Como no ha hecho una defensa honesta, ha tenido que recurrir a trucos de
prestidigitador. No estamos hablando del número total de fallecidos dentro de la prisión —aunque merezcan todo nuestro respeto- sino exclusivamente de aquellos que tienen que ver directamente con el trapicheo de drogas dentro de la cárcel, porque
eso es de lo que estamos hablando. Una cosa y otra no tienen nada que ver. Como le dije, desde que ustedes gobiernan ha habido un aumento de conflictividad más que evidente en Villabona, y usted lo niega. Pero ¿cómo tiene la desvergüenza de
negarlo si sus propios datos dicen lo contrario? En 2011, según datos de instituciones penitenciarias, el Centro Penitenciario de Villabona era el centro con el menor nivel de incidentes de las prisiones españolas. Se registraron 106 incidentes, 1
por cada 13,6 personas internas. En 2014, se registraron 201, 1 por cada 6,7 personas internas, casi el doble. Ahí tiene usted la demostración, con sus propios datos, del aumento de la conflictividad. Correlativamente a eso le decía que tenemos
—por desgracia y con todo el respeto que nos merecen, y trato de que sean los últimos- 3 fallecidos por consumo de drogas. Y usted, en su acoso y derribo personal de la UTE dice: ¿Cómo me dice eso? En 4 años hubo 4 fallecidos en la UTE entre 2004
y 2011. Es verdad, pero todos fueron fallecimientos por causas naturales, ninguno por trapicheo o sobredosis. Esa es la diferencia respecto a lo que le comentaba, y hay que ser mínimamente honrados en nuestras posiciones porque, como usted sabe
muy bien, antes se pilla a un mentiroso —aunque sea con medias verdades- que a un cojo.


Usted ha venido aquí a una difícil comparecencia, porque ustedes mismos el 28 de enero de este año reconocieron que el 1 de diciembre se habían producido dos fallecimientos por el consumo combinado de fármacos psicoactivos y hachís, y
añadían: En cuanto al hachís, se desconoce por el momento cómo fue introducido, siendo la vía habitual las comunicaciones íntimas mediante su ocultación en el interior del cuerpo. ¿Qué pasa con los fármacos psicoactivos de los que usted no nos ha
dicho ni media palabra? ¿Es que campan ya a sus anchas por el Centro Penitenciario de Villabona? Ni tan siquiera reflexionan sobre dónde pudieron obtenerlos.


Desde el principio, usted ha sido absolutamente arbitrario en el tratamiento relativo a la UTE del Centro Penitenciario de Villabona; repito, totalmente arbitrario. Fíjese bien que voy a hacer la primera demostración y es que el señor
Llamazares ha hablado de un libelo —le recuerdo que fue un escrito que el propio director puso en el tablón de anuncios de todos los módulos—, que dedica el 90 % de su contenido a injuriar de manera muy grave a uno de los fundadores de la UTE; ese
escrito permaneció durante 49 días expuesto, con su consentimiento y con el de la secretaría general —que tuvo conocimiento de este antes del transcurso de esos 49 días—, y por el que posteriormente el director se tuvo que disculpar en el ámbito
judicial, por tanto, asume su culpa. ¿Qué iniciativas administrativas se adoptaron? Si no tomó ninguna, como es lógico hacer en el ámbito administrativo una vez que se cierra la vía penal, ¿por qué no lo hizo cuando incluso quedó constatado en vía
judicial que se había producido?


Segunda cuestión, algo que se dijo aquí antes, no fue solamente contra la UTE, sino contra todo aquello que tenía que ver con la UTE. Ustedes empezaron por organizaciones como Adsis, las que venían colaborando desde hacía 14 años con el
centro, impidiendo que los abogados y las personas colaboradoras entraran en la propia UTE. En cada uno de estos casos se les denunció. Y han llegado hasta tal punto que en este momento ustedes están cuestionando la aplicación del artículo 182 del
Reglamento Penitenciario, que consiste en la derivación mediante la excarcelación de internos a los diferentes centros terapéuticos con los que contamos en nuestra comunidad, en concreto en Asturias. Un artículo que representa una de las señas de
identidad de la UTE y que tantos beneficios ha aportado para la reinserción social de las personas internas. Se niegan a aceptar la nueva reglamentación tres organizaciones, a las que ustedes empiezan ya a calificar de sospechosas habituales y,
señoría, no creo que lo sean para la inmensa mayoría de los que estamos aquí porque estamos hablando de Amigos contra la Droga, de Adsis y de Proyecto Hombre. Tiene usted el escrito de las tres organizaciones denunciando esta gravísima decisión.


Han quitado a los profesores toda la capacidad de decisión para el ingreso o expulsión de internos, y a partir de ahí no hay quien pueda ordenar la UTE de Villabona. Si los propios responsables no tienen capacidad para determinar qué
personas pueden ingresar, quiénes están capacitadas, a quién ven, con



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decisión definitiva para asumir un proceso tan difícil como es el de la reinserción o para expulsarlas si no cumplen, ustedes están desmontando el programa. Seguramente es lo que querían cuando tomaron esta decisión. Y además, querían que
no hubiera testigos, les importó mucho tratar de silenciar a todo el mundo, hasta a la Asociación de amigos y familiares de los internos, a la que prohibieron radicalmente su entrada. Hasta tal punto que en una visita de parlamentarios de la
Comisión de Interior, en la que me acompañaba la presidenta de dicha asociación, no entré porque desde el centro penitenciario se impidió tajantemente, por orden suya, que pudiera entrar en la prisión una de las madres de los internos que presidía
la asociación. Pero, como digo, ustedes encontrarán enseguida una disculpa. Nos dirán a todos que no creamos nada de lo que oigamos y casi nada de lo que veamos. Ese principio que desarrollan tan bien algunos Gobiernos iberoamericanos, ustedes lo
han hecho suyo de una forma muy especial.


Han llegado a tal punto que se supone que lo más importante aquí es que ustedes hagan caso a la defensora del pueblo. Usted ha admitido que sus recomendaciones solo se han aceptado parcialmente, es decir, en lo menos importante, y ante las
reiteraciones de momento no hay ninguna salida. ¿Por qué es importante este tema? Primero porque es una institución que todos consideramos neutral, que se ha hecho sobre todo para escuchar a las administraciones y defender a los administrados. Se
entiende que sus recomendaciones solo tienen un objetivo: mejorar el sistema, en este caso el sistema penitenciario español. Y ustedes están haciendo oídos sordos, o al menos totalmente sordos del oído izquierdo y solamente la mitad del oído
derecho. Ese es el caso que están haciendo a la defensora del pueblo. Como señalaba, antes de terminar formulándole dos preguntas, usted recurre siempre a decir: yo soy la Administración, yo tengo los datos. Ustedes, la oposición, qué van a
saber de esto. Es decir, son especialistas en esto, los únicos que saben son ustedes, los demás ni conocemos los datos, ni ninguna de las cuestiones que planteamos tiene la menor importancia, es más, tratan de desprestigiarla.


Va a decirme que ni Proyecto Hombre ni Adsis ni Amigos contra la Droga tienen ningún tipo de razón para dirigirle un escrito de protesta y exigir que se vuelva, como se venía haciendo, a la aplicación del artículo 182. Usted preguntará cómo
le puedo decir eso, pues déjeme adelantarme, porque ya conocemos por donde viene como ya hizo en su anterior intervención. Nos dirá que estamos igual que siempre, pero no estamos igual que siempre. Señoría, en el año 2011, de conformidad con el
artículo 182 se encontraban en los 3 centros terapéuticos a los que hacía referencia las siguientes personas: en Proyecto Hombre 122, el año pasado 42, 3 veces menos; en la Fundación Adsis, 51 personas, el año pasado 33; Amigos contra la Droga,
50 en 2011, 12 en el 2014. Usted a lo que ha venido es a presumir, y después de haber tenido una época como gestor de Instituciones Penitenciarias en la que se desarrolló la UTE, se ha visto ya con toda la fuerza para hacer la contrarreforma.
Usted es el ideólogo de la contrarreforma de Instituciones Penitenciarias, de la cutrez de los viejos tiempos de Instituciones Penitenciarias. No cree en la reinserción y, por supuesto, no cree para nada en todos aquellos nuevos programas que
realmente están consiguiendo los efectos de recuperar a las personas y de cumplir el principio constitucional de reinsertarlas. Usted quiere la prisión de toda la vida, entenderse con los de siempre, con los de disciplina y autoridad exclusivamente
y, sobre todo, nadie que sea refractario al mando de la dirección general.


Acabo, señor presidente, con dos preguntas. En primer lugar, ¿qué medidas administrativas ha tomado usted como director general tras el libelo del antiguo director del centro penitenciario de Villabona? Y si no las ha tomado, por qué, y no
me dé opiniones personales, deme opiniones jurídicas por favor. En segundo lugar, el director anterior sigue estando en el centro penitenciario de Villabona, ¿qué papel ocupa ahora? Contésteme por qué está en reuniones que solo afectan al equipo
de dirección y, por tanto, sigue estando en el mismo. Se lo dije al principio y lamento tener que volver a referirme a lo mismo en esta segunda intervención: el padre de la contrarreforma, como usted pretende, del sistema penitenciario español ha
cosechado un rotundo fracaso, especialmente donde mayor esfuerzo ha puesto por desmontar todo lo que suponía una innovación respecto a la prisión tradicional. Con ese rotundo fracaso debe usted asumir también las correspondientes responsabilidades
políticas, y la más importante es su dimisión. Es cierto que hay otros responsables, pero nadie con tanta responsabilidad como usted por ser secretario general de Instituciones Penitenciarias.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, don Antonio.


Intervendrán ahora los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.



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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Muy buenos días a todos. Es desolador, señor Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, que las mayores discrepancias que se han producido en una comisión mixta creada históricamente sobre la base del consenso parlamentario
hayan sido los acontecimientos relativos al espacio libre de drogas creado en la cárcel de Villabona en torno a una UTE, que es desde hace muchos años orgullo de los asturianos. Como usted bien sabe, esta comisión mixta visitó la UTE, se entrevistó
con una nutrida representación de internos y salimos encantados del programa, de los resultados y del compromiso recíproco entre los responsables de la UTE y los participantes. Eso fue a principios de esta X Legislatura, en el año 2012, y
prácticamente después de esa visita y de recibir aquí, en las Cortes Generales, en esta misma comisión, a varios de los impulsores de la UTE, en Villabona se produjo un giro copernicano. Desde entonces, lo que era un programa modélico, ejemplar y
exportable, se trastocó hacia un proceso de desmantelamiento progresivo del equipo rector de la UTE.


Señor Yuste, yo también soy asturiano, y soy uno de los que alientan la plataforma cívica que apoya públicamente a la UTE de Villabona. Y me siento reconocido hacia quienes trabajan en la UTE, hacia los familiares de internos que la
integran, y también agradecido a las organizaciones que colaboran con los programas contra la droga y en favor de la inserción social de los que han pasado por prisión. Todos, señor Yuste, en una representación bastante amplia de la sociedad
asturiana, todos apoyamos la UTE, apoyamos a sus impulsores y coincidimos en el diagnóstico de ataque que han recibido por parte de la dirección de la cárcel. Todos menos el Partido Popular, que ha tenido que comulgar con las ruedas de molino que
la secretaría general ha tratado de colar en sus ataques a la UTE de la prisión asturiana. Sinceramente, no creo que ninguno de los parlamentarios que vivimos in situ aquella jornada tan inolvidable por ejemplar y esperanzadora del año 2012 seamos
ajenos al compromiso moral que alcanzamos con los hombres y mujeres que participan en los diferentes programas de la UTE de Villabona. Fruto de ese compromiso, yo le pido un cambio visible en la política penitenciaria que se está practicando en
Asturias. Eso incluye, señor secretario general, que el Gobierno recupere del cajón del olvido los compromisos inversores en materia de reinserción social porque su Gobierno, el Gobierno del señor Rajoy ha descartado los terrenos ofrecidos por el
Ayuntamiento de Gijón para la construcción de un centro de inserción social en la ciudad, en concreto en el barrio de Tremañes. Lo curioso es que la oposición, el Partido Popular batalló, y no poco, por este centro, pero ya en el Gobierno rechazó
afrontar otro centro de inserción que complementase la labor que actualmente desarrolla el CIS El Urriellu. Esto, unido a lo de la UTE me lleva a afirmar que ustedes han discriminado a Asturias y han relegado las posibilidades de reinserción social
de quienes han cumplido la pena de prisión en Villabona.


Ayer, como se ha recordado, falleció un preso; todo apunta que fue por un problema de drogas. Ha sido el tercer fallecido, como se ha dicho, en pocos meses. Señor secretario general, es lógico que en esta comisión se alce la voz y se
enciendan las alarmas, y es que algo muy grave se está produciendo en Villabona, y la actuación de la Administración ha sido lamentable. Permítame que en esta comisión se lo recrimine y le reclame que el funcionamiento de las UTE de Villabona se
atenga a lo que se venía haciendo hasta el año 2012. Prolongar esta situación, poner en entredicho a la institución penitenciaria y a sus responsables no es bueno para nadie, y menos aún para el Gobierno, que es el responsable de la custodia de los
internos y de que se cumplan los preceptos de la Constitución española en lo relativo a la reinserción social de los presos.


Incumplir la Constitución, que es lo que está pasando en Asturias con sus presos, con la UTE y con la marginación de las inversiones previstas desde hace años para ampliar las plazas dedicadas a reinserción social no es presentable, no es
defendible y es un enorme agujero negro en las funciones que le corresponden al Gobierno y singularmente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, don Isidro.


¿Desea hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Sayós.


La señora SAYÓS I MOTILLA: Muchas gracias, señor presidente.


No es la primera vez que se trae a debate la situación de la UTE de Villabona, y como en anteriores ocasiones, nuestro grupo parlamentario siempre ha defendido que después de tantos años de esfuerzo y



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de excelentes resultados de esta UTE es injusto que se encuentre en la situación actual. Señor Yuste, no comparto con usted las réplicas que les hace a otros portavoces porque las acusaciones mutuas no llevan a ningún sitio.


Otra de mis consideraciones se refiere a que yo siempre le pido a la defensora del pueblo su independencia, y cuando usted ejerce su competencia también le pido que sea independiente. Es un deber, y está comprobado, está contrastado que la
situación de la UTE de Villabona no va bien. Y me ha sorprendido que haya usted defendido la transferencia de las competencias en materia de educación a las comunidades autónomas, porque también está comprobado que los distintos ministros de
Educación, cuando llegan a su cargo, se empeñan en cambiar el sistema escolar apelando a su ego. Bienvenido sea este reconocimiento, pero, señor Yuste, en esta transferencia de competencias ha pasado la pelota a la comunidad asturiana ante los
problemas educativos que ha mencionado. Por tanto, esta competencia que a veces se ejerce por el Gobierno y a veces no, se llama hipocresía.


En cuanto a la Instrucción 9/2014 debe ser revisada, y es que también está comprobado que no funciona. Y otra cosa que quiero decirle es que en cuanto a ese protocolo que existe en el caso de Villabona usted dice que no se aplica porque
carece de fuerza jurídica, pero es que un protocolo nunca tiene fuerza jurídica, nunca, pero sirve para una mejor gestión y una mejor forma de actuación. Por otra parte, puede ser particular, como lo es el que se trata en el centro de Villabona.


En cuanto a las intervenciones de los portavoces que me han precedido, las comparto todas. El problema se ha engrandecido —por decirlo suavemente—, pero la situación de la UTE de Villabona es insostenible. Por ello se deben tomar las
medidas necesarias para solucionar esta grave situación. No puede dejarse que el problema persista en el tiempo. Deben tomarse decisiones que le corresponden a usted, señor Yuste. Y si no se atreve, no quiere abordarlo o no le importa este
problema, Convergència i Unió pedirá su dimisión. Nunca lo hacemos, y lo saben todos los gobiernos, pero la incapacidad de tomar decisiones ante estos problemas, caso de Villabona, conlleva la vulneración de los derechos humanos de los internos, lo
que este grupo parlamentario considera intolerable.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, señora Sayós.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Villanova Rueda.


El señor VILLANOVA RUEDA: Muchas gracias, señor presidente.


Ante todo quiero darle las gracias a nuestro compareciente, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Yuste, por haber contestado a las preguntas que le han formulado los grupos parlamentarios de la oposición y también
por su intervención que creo ha sido bastante esclarecedora.


Aquí se han dicho cosas muy fuertes, se ha hablado de dimisiones y demás, pero debo decir que en el Grupo Parlamentario Popular también sentimos mucho el lamentable hecho de que haya fallecido o se haya suicidado una persona en el centro
penitenciario de Villabona, pero también está claro que aprovechar un hecho como ese para pedir una dimisión me parece bastante demagógico e incongruente. Yo creo que hay que valorar las cosas como hay que hacerlo y enfriar un poco esas posiciones
tan pasionales que yo he visto aquí esta mañana. Todos hemos visitado Villabona y todos queremos a Villabona. Y el padre de la contrarreforma, como ustedes dicen, es el padre de la criatura. El señor Yuste fue el creador de Villabona, del modelo
UTE, el modelo de Unidad Terapéutica Educativa que, por cierto, no es el único que existe; están también los módulos de respeto, que tienen un volumen bastante más alto de internos integrantes precisamente de ese contrato programa voluntario que
cada interno suscribe con el centro.


Visitamos Villabona, y nos gustó, como también nos gustó el modelo piloto que ha tenido grandes éxitos y que está muy incrustado en la sociedad del Principado de Asturias —creo que por eso es muy mediático este tema—, pero el centro de
Villabona no es único en el Estado español sino una parte de las 25 UTE que hay en todo el territorio español. Y es verdad que Villabona es el centro penitenciario que tiene la UTE más masiva con una media de 400 internos. Ustedes han dicho que se
ha devaluado y que va hacia abajo, y es cierto que ha habido una disminución, pero también ha habido una disminución bastante considerable en el número de internos no solo en Villabona sino en todo el territorio nacional, disminución que oscila en
algunos centros entre el 7 y el 10 % menos de población reclusa en estos últimos años. Yo creo que en esto tiene mucho que ver la política penitenciaria que lleva a cabo este Gobierno, y creo que hay que valorar esa gestión en su máxima persona y
responsable. De hecho, parece que no estemos orgullosos de nuestro sistema penitenciario, pero precisamente el sistema penitenciario español es uno de los más avanzados del mundo y del que somos partícipes y responsables todos.



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Aquí se acusa al señor Yuste de que prácticamente ha querido desmantelar lo que él ha creado, pero él, bajo ningún concepto ha demostrado eso. Lo que ha intentado a toda costa precisamente ha sido que esos módulos de Unidad Terapéutica
Educativa en el Principado de Asturias y en Villabona no sean más determinantes ni más importantes que las competencias que tiene la propia institución. Es decir, no puede ni debe haber reinos de taifas. Un problema de recursos humanos ha venido
al Parlamento, ¿por qué? Porque mediáticamente para el Principado de Asturias y para los asturianos supone mucho orgullo, y yo les doy la razón por ese modelo de UTE de Villabona, y es un modelo que ha sido implantado en todo el territorio español;
en esta última legislatura casi la mitad de los centros han incorporado ese modelo de UTE. Y créanme que se ha aprobado la Instrucción 9/2014, de 14 de julio, quizá provocado por la propia recomendación, pero no olvidemos que una recomendación no
es la ley, no olvidemos que por encima de todo está la ley, la que nos hemos dado todos, la Ley Orgánica general penitenciaria, que está por encima de todo, y hay instrucciones y reglamentos que la desarrollan. Y lo que ha hecho el secretario
general, señor Yuste, ha sido cumplir la ley estrictamente. Y por cumplir la ley se le acusa y se le quiere condenar a una dimisión que yo creo que es totalmente injustificada. Señorías, cada uno tiene sus competencias. El secretario general
tiene unas competencias y tiene la máxima responsabilidad sobre todos los internos que hay en el territorio español. Menos en Cataluña, que tiene transferencia en ese aspecto. Y como tal, el secretario general tiene la máxima responsabilidad.
Pero, veamos los resultados de todo el sistema penitenciario español y de la gestión de la secretaría general en estos últimos tres años, y comprobarán que no se justifica, ni mucho menos, pedir su dimisión, porque es una medida puramente
electoralista, creo que casi revanchista. Considerarle el culpable, el responsable de la contrarreforma... ¡Pero si es que la reforma la inició el señor Yuste! Él no puede ir contra sus propios actos, pero tiene que cumplir con la ley.
Sencillamente, hay una ley y hay que cumplirla. Las UTE nacen para humanizar de alguna manera las cárceles, para dar una salida a todos los internos que tienen problemas con las drogas. Y eso empieza a surgir allá por los años noventa, para dar
una respuesta a lo que es cumplir de verdad con la Constitución: reinsertar a toda persona que tiene que cumplir una condena, una sentencia privativa de libertad. Y ahí, en las cárceles, se le ofrecen soluciones: talleres, trabajo, así como la
posibilidad de cumplir la condena con trabajos para la comunidad, algo que ha crecido muchísimo —véanse los convenios firmados y suscritos por muchos ayuntamientos—. Hay una jerarquía normativa que hay que cumplir y eso es lo que ha hecho el señor
Yuste, la secretaría. Estamos hablando de que en España hay unos 2000 internos en las UTE. Como dije antes, son 25 UTE en todo el territorio, 10 en esta última legislatura. Y hay que cumplir con ese reglamento y con esas instrucciones. Por
cierto, la 9/2014 se está cumpliendo estrictamente en todos los centros. Donde ha habido algún problema ha sido en Villabona. Siempre surge el problema ahí. No sé por qué será, quizá por las personas que hay allí, que no quieren obedecer, que no
quieren cumplir con la ley. Porque hay una ley. Y tanto los diputados como los senadores tenemos que hacer cumplir la ley. Si queremos que el señor Yuste cambie un protocolo por una ley, tendrá que hacerlo el Parlamento, tendremos que hacerlo
nosotros, pero él hace lo mismo que un juez, cumplir con la ley, lee el código y lo aplica. Por tanto, me parece muy fuerte pedir su dimisión por hacer cumplir la ley, por cumplir con su obligación y con su responsabilidad.


Hay más centros. Se ha escuchado a los subdirectores de tratamiento responsables de todos los centros, a más de 10, incluyendo Villabona, para participar en las competencias que son, precisamente, del que lleva el tratamiento en un centro.
Porque el responsable no es el coordinador del equipo multidisciplinar. Está muy buen el equipo y tiene que funcionar. Está muy bien el papel que juega el coordinador. Pero hay un subdirector de tratamiento que es el responsable. Y eso está
recogido en la legislación y en los reglamentos, en los artículos 115 y 170 de la ley orgánica. Y, claro, el director del centro tiene una responsabilidad y una competencia, el subdirector tiene la suya, la junta de tratamiento tiene la suya y el
equipo multidisciplinar tiene la suya. Asimismo, en materia educativa, no se pueden saltar las competencias de la comunidad autónoma, del Principado de Asturias. No se pueden violar, de ninguna de las maneras. Tampoco se pueden repartir los
medicamentos, los tratamientos psicotrópicos. Y que se diga: es que no nos fiamos del funcionario, que se lo repartan entre los propios internos. Me parece muy fuerte todo esto que yo he escuchado. Y también tiene sus competencias el juez de
vigilancia penitenciaria. Por lo tanto, entendemos que no están justificados todos estos planteamientos. Me quedo con la última frase del secretario general, en la que sigue apostando y queriendo fortalecer la UTE de Villabona. Porque es cierto
que hay menos internos, pero también es cierto que hay muchos menos internos en todo el centro, así como en todos los centros penitenciarios del territorio español.



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La recomendación es eso, una recomendación. Y, desde luego, siempre procuramos obedecer y cumplir, aunque no haya un 100 % de obligatoriedad, pero se intenta cumplir. Se ha cumplido parcialmente, porque lo que no se puede cumplir, no se
puede cumplir y no porque el señor Yuste no haya querido, sino porque incumpliría la ley. Incluso hay cuestiones por las que yo voy a preguntar ahora que no se han llegado a decidir por el órgano que no es responsable ni competente, el equipo
multidisciplinar. Y hablando de las derivaciones, claro que hay menos, puesto que hay menos población reclusa. Además, os diré una cosa, que todo el que entra ahí, lo hace voluntariamente. Imagínense que todos los internos deciden ahora irse al
módulo de respeto, que, por cierto, tiene muchos más internos. Es verdad que el modelo de la UTE comparte con la familia, que hay participación de las ONG, que es bastante enriquecedor. Es un modelo por el cual apuesta esta secretaría general,
este Gobierno y el partido que lo sustenta. Porque nos hemos preocupado de saber qué es lo que está pasando en Villabona. Y estamos de acuerdo con el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo. Pero me parece muy fuerte todo lo que yo he
escuchado. Que es un quiste que hay que extirpar. Palabras fortísimas del presidente de nuestra comisión y portavoz de Izquierda Unida. No hay quiste. No hay nada que extirpar. Simplemente, hay que aplicar la ley, porque hay que hacerlo. No
podemos cerrar los ojos ante la evidencia de que hay que aplicar la ley y de que las competencias de cada uno son las que son.


Ha cambiado mucho el sistema penitenciario español. De ser una escuela de delincuentes, como siempre lo ha sido, hasta que empieza a democratizarse, a modernizarse el sistema en los años noventa. Yo creo que tenemos un sistema del que
tenemos que sentirnos todos, absolutamente todos, bastante orgullosos. Menos incidencias, menos muertes —aunque no debería haber ninguna—, menos población reclusa y menos masificación. Es cierto que también hay menos recursos humanos, por las
posibilidades, imposibilidades o imposiciones que vienen impuestas por Europa. Pero se está haciendo muy buen trabajo por todos los funcionarios. Por cierto, yo creo que de todos los cuerpos de funcionarios del Estado español, son los más
preparados. No dudo de que un funcionario que oposita, que consigue una plaza para trabajar en una cárcel española, tenga psicología, pedagogía y sensibilidad para saber hacer su trabajo, que siempre está encaminado a la reinserción de todos los
internos.


Decía el señor portavoz del Grupo Socialista, el señor Trevín, asturiano, por cierto, y que nos atendió en su tierra, que debería dimitir porque el señor Yuste aplica disciplina y autoridad. Yo creo que aplicando la ley sobran todos los
demás adjetivos. Porque él aplica la ley. Y aplicar la disciplina y la autoridad también es necesario. Pero también está la sensibilidad de la persona, y yo no me creo que el señor Yuste sea tan impersonal, tan duro, tan roca y tan piedra como
para no entender que, al final, los internos tienen que concluir con una oportunidad para insertarse y para volver a la sociedad en las mejores condiciones.


Quiero hacerle varias preguntas al señor Yuste, aunque algunas ya han sido contestadas. ¿Ha aumentado el índice de conflictividad en el centro de Villabona? Se lo pregunto porque en los tres últimos años he oído aquí varias versiones. Se
ha hablado también, segunda cuestión importante, de las derivaciones del artículo 182 y quiero preguntarle si alguna vez el llamado equipo multidisciplinar ha tomado decisiones que afecten a internos de la UTE derivadas del citado artículo 182, sea
sobre clasificaciones, salidas programadas, permisos de salida o progresiones. También quiero saber si se ha firmado algún convenio con instituciones u organizaciones públicas o privadas o si esto lo ha hecho quien tiene las competencias. ¿Existe,
tercera pregunta, alguna solicitud institucional de otros países para implantar el modelo UTE del centro penitenciario de Villabona o de otras UTE que se aplica en todos los centros de España? Y cuarta pregunta —termino, señoría—, ¿se autoriza
habitualmente la realización de investigaciones, de prácticas, de visitas y de colaboraciones al centro penitenciario de Villabona?


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, don Joaquín.


Para cerrar la comparecencia y responder a las señoras y señores portavoces de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor secretario general de Instituciones Penitenciarias.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Muchas gracias, señor presidente.


Me gustaría matizar alguna de las afirmaciones que se han hecho aquí. Lógicamente, me sumo al pesar por el fallecimiento de esta persona en el centro de Asturias, que la institución lamenta y asume, como cualquier muerte, como un fracaso
colectivo. Obviamente, con independencia de su familia, a las personas que han tenido contacto con él, también los funcionarios, no les resulta indiferente esta situación.



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Ha comentado el señor Llamazares que veía ciertas similitudes con cierto documento que había puesto el director —imagino que se refería al antiguo director- en los tablones de anuncios, por el que se había tenido que retractar judicialmente;
algo a lo que también ha hecho referencia el señor Trevín. Yo tuve conocimiento de esta situación, de la denuncia de uno de los funcionarios del centro contra el director, y hasta donde sé el director se retractó en sede judicial y llegaron a un
acuerdo. Pero no fue un procedimiento penal, como erróneamente se ha dicho aquí, sino un procedimiento dirimido en la vía civil por supuesto derecho contra el honor. (Rumores). En fin, no sé si es preciso diferenciar la reparación civil que ha de
hacerse por una intromisión ilegítima al derecho al honor de un delito de calumnias o injurias, en cuanto al procedimiento que se utiliza y en cuanto a las consecuencias. A lo que yo voy es a que hubo un acuerdo entre estas personas y a que no se
produjo ninguna reclamación adicional ni ninguna consecuencia distinta. Pero dice el señor Trevín, poco menos, que yo debo responder de la actuación de un director, que por cierto no nombré yo, sino que lo hizo en su momento el Gobierno socialista,
que comete un exceso que después se arregla, dicho en términos de referencia legal, con el funcionario supuestamente agraviado. ¿Qué actividad tiene que hacer la administración penitenciaria en función de ese hecho cometido por un director que,
insisto, ya no lo es? Pues en este caso no veo que se haya visto vulnerado ningún precepto reglamentario o disciplinario, y no entiendo que yo deba ser el defensor de una de las partes, más allá de las responsabilidades que me impone mi cargo.


Las descalificaciones a la experiencia piloto lo son por el amor de sus señorías a sus propias tesis porque yo no entiendo esta manera de extirpar un quiste. Tenemos una torpe manera de extirpar determinados quistes que consiste en exportar
las iniciativas; o sea, ampliamos las UTE a diez en otros centros penitenciarios con el fin masoquista de perjudicarnos, de romper la imagen que podamos tener y de dinamitar los procedimientos más atractivos. No entiendo cómo alguien en su sano
juicio es tan torpe de acunar y alentar experiencias y después dedicarse a torpedearlas con un ánimo suicida y estúpido. Pero parece que ese es el criterio que se nos impone.


En cuanto al cordón sanitario, hablan de aislar a la sociedad asturiana. Si el enemigo que tiene la sociedad asturiana es el que les habla, bien tranquila puede vivir. Y si los problemas más graves que tiene que abordar la sociedad
asturiana es la gestión de la UTE de ViIlabona, creo que la situación es altamente envidiable.


Cuando nace el proyecto de Villabona no se llama UTE, sino unidad terapéutica y es sensiblemente parecido a las unidades terapéuticas que hay en otros centros para el tratamiento de los drogodependientes, unidades que se impulsan de forma
muy espectacular junto a otras iniciativas. En aquella época también se ponen en marcha otras experiencias específicas —ahí están las hemerotecas y las memorias- como el programa de reducción de daño para tratar a los toxicómanos. Pero como la
memoria es selectiva, ustedes prefieren tergiversar aquella realidad e interpretarla ahora de otra manera.


Considerar que una unidad del centro de Asturias es rebelde, como si estuviéramos hablando del campamento de los galos irreductibles de las novelas de Astérix, me parece una visión que va en contra de la lógica más elemental.


Se pregunta también su señoría si se acepta o no la recomendación. Es altamente frecuente que todas las administraciones expliquen o recomienden, como su propio nombre indica, las recomendaciones y después que éstas se acepten o no, y no
hay rebeldía en ello. En este momento, ¿a quién está usted exigiendo la responsabilidad de lo que pasa en Villabona? Me la está exigiendo a mí, no al Defensor del Pueblo, y hace muy bien porque tiene toda la razón.


Dice que hay menos reclusos en instituciones externas. Puede que haya, evidentemente, menos internos en instituciones internas, menos personas en unidades extrapenitenciarias —a ello ha hecho referencia también el señor Trevín—, porque ha
habido un descenso significativo del número de reclusos, tanto en el centro de Villabona como en el conjunto nacional. Pero, desde luego, se han implementado otras iniciativas terapéuticas como son los módulos de respeto. Recientemente en una
entrevista mi antecesora, doña Mercedes Gallizo, dijo con solemnidad que los módulos de respeto eran una de las innovaciones fundamentales del sistema penitenciario español en los últimos diez años. ¡Qué curioso que el único centro de toda España
que no tenía módulos de respeto fuese la prisión asturiana de Villabona! Es cierto que esta iniciativa no se ha incorporado en las prisiones catalanas, como imagino que sabrá su señoría. Sería muy razonable que una iniciativa que goza de tanto
predicamento se hubiera incorporado allí, pero no se ha hecho. Hay otras formas de abordar los procesos terapéuticos, que la administración catalana conoce perfectamente, que no son exclusivamente éstas.



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En relación con estas derivaciones externas, el señor Trevín ha comentado que tres asociaciones de gran prestigio se habían dirigido a mí; que, por cierto, siguen trabajando con la administración penitenciaria y con el centro de Villabona.
Y hago esta distinción porque Proyecto Hombre y otras entidades nacionales tienen una muy vasta tradición de colaboración con la Administración penitenciaria que se mantiene en estos momentos y que no hemos decidido abortar. Concretamente el
documento al que usted se refiere hacía referencia a que estas tres instituciones no admitían formas parciales de externalización de los internos; es decir, que no asumían periodos de semilibertad, vamos a llamarlos así, o de transición, y que
ellas solo admitían el tránsito de la UTE a la unidad extrapenitenciaria. Y mi contestación de puño y letra —puede usted confirmarlo si la tiene delante- era que, al igual que en otros centros penitenciarios, sobre todo con Proyecto Hombre, se
admitía esa posibilidad porque era conveniente y oportuna, pero que en ningún caso íbamos a violentar el ideario de la institución de acogida. Y, por tanto, como ellos eran partidarios de esa fórmula, es la que en este momento se está llevando a
cabo.


Me acusaba también de tener una obsesión dogmática y sectaria. Mire, señoría, yo llevo 34 años en la Administración Penitenciaria, a la que he dedicado mi vida, y para bien o para mal he realizado actividades, algunas con más acierto y
otras con menos, que están ahí y que están funcionando. Mi trayectoria es absolutamente transparente; no tengo nada que ocultar ni nada de lo que avergonzarme. A veces quien emite esas acusaciones de sectarismo, de dogmatismo y de intolerancia es
quien se lo debería hacer mirar y no dirigirlas a otros. Yo no quiero hacerlo, no quiero ser así para no parecerme a algunas personas que me acusan de ello.


Como ustedes bien dicen, en marzo del año 2012 hubo una visita al centro de Villabona y los comentarios fueron todos muy positivos en el sentido de que era un proyecto que estaba funcionando. Entonces ya estaba yo de secretario general.
Pero de pronto, e insisto, vinculado a aquellos cambios concretos, hemos pasado de ser los paladines en ese centro a tener una obsesión ridícula y estúpida que ninguna persona razonable entiende de cargarnos un proyecto positivo. ¡Y qué casualidad!
Nos lo vamos a cargar solo en Asturias. Y cuando cambiamos al director, resulta que el nuevo también está contaminado, y ello a pesar de que tanto el anterior como el nuevo han hecho una carrera profesional importante en la UTE. Realmente yo tengo
problemas para encontrar la justificación de por qué todas las personas que tienen un nombramiento de responsabilidad son objeto de una licantropía y pasan de ser fervientes partidarios de la UTE a enemigos acérrimos. Eso también se lo deberían
hacer mirar.


En cuanto a la gestión degradada, mi gestión en concreto no tiene, hasta donde yo sé, ninguna tacha de ilegalidad; nadie la ha recurrido, nadie la ha criticado; únicamente hay alguien que la asume con más reticencias, y los propios
internos afectados han ido al juez de vigilancia, que tiene como misión fundamental corregir los abusos y desviaciones que se puedan producir en el ejercicio de las competencias penitenciarias, que ha solicitado que se corrija y se aplique la
circular. No sé si será una circular tan abyecta porque, aunque los propios afectados acuden a exigir la tutela judicial efectiva, nadie entiende que vulnera la legalidad. Nadie nos ha dicho que esa circular sea ilegal o que imponga cosas
extrañas; únicamente hay personas a las que no les gusta.


Se ha hecho referencia a esta técnica supuestamente cainita de perjudicar un proyecto que se ha expandido a otros centros en los que se ha impulsado, y parece ser que la crítica es que no se deja entrar a Axis. Hasta donde yo sé la
prohibición de entrada fue para una letrada de Axis, y por realizar prácticas dentro del centro que no se consideraron ajustadas a los compromisos de la ONG; y fue asumida por la Junta de Tratamiento, que es el órgano disciplinar en esta materia.
No sé yo de dónde viene esa idea que tiene el señor Trevín de que prácticamente yo no tengo otra cosa que hacer que dar instrucciones concretas al centro de Villabona. Para bien o para mal, señoría, la Administración Penitenciaria es mucho más
amplia; atiende a muchos más internos y a muchos más centros que el de Villabona. Quizá a usted le pueda parecer otra cosa debido a su particular visión centrífuga del problema referido solamente al centro; en mi tierra a eso lo llaman mirarse el
ombligo, pero no sé si usted entenderá que es desconsiderada esta expresión coloquial. (El señor Trevín Lombán: Cortés; fundamentalmente cortés).


El portavoz del Grupo Mixto me pide cambios visibles. Los cambios visibles son los que se han producido con la circular, que creo que está profundamente fundada. Es una norma meditada, una norma que llena un vacío que había que abordar, y
sobre todo es la consecuencia del trabajo de los expertos, que eran los responsables de las diferentes unidades terapéuticas.


La representante del Grupo Catalán ha hecho referencia a una expresión que yo he utilizado, la de que la educación está transferida. Efectivamente lo está, pero desde hace más de 10 años. Lo que yo he dicho es que el grupo interdisciplinar
de la UTE de Villabona no podía asumir competencias de la



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comunidad autónoma, que es la competente para llevar a cabo la atención académica de los reclusos; es decir, que la comunidad autónoma trata a los internos que tienen necesidad de formación, estén en la UTE o fuera de ella, como a cualquier
persona no privada de libertad, y por tanto, no parece razonable que quienes están trabajando en la UTE aspiren a derogar singularmente esa generalidad para imponer a la comunidad autónoma decisiones para las que no tienen competencia. Eso es lo
que he dicho, pero probablemente no me haya expresado bien.


El señor Martínez hacía referencia también a que hay que hacer un cambio visible en la política penitenciaria en Asturias. Señoría, la política penitenciaria en Asturias es la misma que en Andalucía o que en Castilla y León o que en Ceuta.
Por ello no entiendo por qué lo que funciona razonablemente bien en otros sitios no funciona en Asturias. Me cuesta entenderlo; quizá sea muy limitado en ese aspecto.


También quiero decir que no he visto en ningún caso una lesión de derechos fundamentales, ni de los internos de la UTE de Villabona por la aplicación de la instrucción, ni lógicamente de los otros internos que están fuera de la UTE, a los
que no se les aplica. De hecho los internos han acudido a la tutela del juez de vigilancia precisamente para que se aplique la circular, lo que es también una curiosa manera de violentar los derechos de los internos.


En cuanto a la persona que falleció ayer, aquí se ha afirmado directamente, yo no sé si hacen faltan forenses o no, que se ha muerto por una sobredosis o por una intoxicación. Se dice eso y ya está, pero nosotros no sabemos por qué ha
muerto esta persona (La señora Fernández Moya: Se dice que fue un suicidio.—El señor Llamazares Trigo: Se ha dicho que es de muerte natural). Aquí se ha dicho que es el tercer interno que muere por sobredosis en cinco meses; eso será porque se
entiende que la muerte de este señor se ha de asociar a sobredosis (Varios señores diputados y senadores: No, no). Disculpen si he entendido mal. Si he entendido mal pido, disculpas, insisto; pero, en este caso, no consta la causa de la muerte
de esta persona que, por cierto, estaba cumpliendo condena fuera del centro asturiano, en la prisión de Teixeiro, y había vuelto exclusivamente para un juicio. Parece ser que se fue a la prisión de Teixeiro después de que no se adaptara a la UTE en
dos ocasiones; concretamente estuvo en la UTE del 8 al 18 de marzo de 2010 y del 8 de febrero al 14 de mayo de 2012, produciéndose su baja en ambos casos de forma voluntaria, sin que se le haya ofertado un recurso; tampoco ha sido la causa de su
muerte el que no haya tenido la posibilidad de un tratamiento al que él no quiso comprometerse.


Respondo, a continuación, a las preguntas que me ha solicitado el representante del Grupo Popular. El índice de conflictividad del centro penitenciario no ha aumentado en los últimos tres años, según los datos que yo tengo. No he podido
captar, y lo digo honestamente, los datos que me ha dado pero los comprobaré. Los datos que yo tengo, sobre incidentes graves, presentan unos niveles de conflictividad más bajos. Precisamente, el estudio comparativo que he hecho para esta
comparecencia, de este centro con otros centros parecidos en cuanto a volumen de internos, arquitectura y fecha de construcción, denota que históricamente Villabona tiene índices de conflictividad más altos que Valdemoro, por ejemplo, o que
Navalcarnero o que otros centros afines.


Mi respuesta, a las preguntas concretas sobre si alguna vez los internos de la UTE o el equipo multidisciplinar han decidido derivaciones del artículo 182, es: rigurosamente no. A la pregunta de si alguna vez se han asumido clasificaciones
de grado, respondo no; a las salidas programadas: no; a los permisos de salida: no; y a las progresiones: no. A la pregunta, ¿se ha firmado alguna vez un convenio con instituciones públicas u organizaciones privadas? Respondo no. Estas
funciones siempre las ha ejercido, en el centro de Villabona, la junta de tratamiento que es la competente. También se ha preguntado si existe solicitud institucional de algún otro país para implantar el modelo UTE del centro penitenciario de
Villabona: no, que a mí me conste, y desde luego, tampoco me consta que la Administración catalana haya incorporado esta iniciativa. ¿Se autoriza, me han preguntado, habitualmente la realización de investigaciones prácticas, visitas y
colaboraciones en el centro penitenciario de Villabona? Les contesto que se autorizan igual que en el resto de los centros penitenciarios. De hecho, con la Universidad de Oviedo el convenio, en el que se autorizaba la realización tanto de
prácticas de estudiantes, como de cualquier estudio de análisis de reincidencia, etcétera, lo firmé yo. Efectivamente, el número de internos en las UTE ha descendido muy ligeramente respecto del año 2011, a 465 y, en los últimos días, a 409 o 410,
pero hay que tener en cuenta, insisto, que ha disminuido también la población reclusa general en los centros y, sobre todo, que se han abierto otras alternativas terapéuticas que han resultado también igualmente eficaces para los internos. En este
momento, no es cierta esa idea de que las ONG no trabajan con el centro penitenciario de Villabona en el bienio 2014-2015 ya que hay autorizadas veinticuatro ONG



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y trabajan en el centro unos trescientos voluntarios de las mismas. No me parece que ese sea un ejemplo de ostracismo ni de divorcio, ni con la sociedad asturiana, ni con el entorno, ni con las ONG.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Damos las gracias al señor Yuste Castillejo por su comparecencia y a los distintos señores y señoras portavoces, y hacemos un breve receso hasta que entre el otro compareciente que lleva ya un
rato esperando debido al retraso lógico que se ha producido en esta comparecencia.


Muchas gracias. (Pausa).


- COMPARECENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS (FEBE), DON BOSCO TORREMOCHA GARCÍA DE LA RASILLA, ANTE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS, PARA ANALIZAR LA POSICIÓN DE LOS
SECTORES PRODUCTORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU GRADO DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD, ASÍ COMO PARA INFORMAR SOBRE LAS ESTRATEGIAS QUE ESTÁN DESARROLLANDO PARA PREVENIR EL CONSUMO DE SUS PRODUCTOS POR PARTE DE LOS MENORES DE EDAD. (Número de
expediente del Senado 715/000340 y número de expediente del Congreso 223/000006).


AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Continuamos con el orden del día de la comisión examinando la segunda comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, del presidente de la Federación Española de Bebidas
Espirituosas.


La comparecencia corre a cargo de don Bosco Torremocha García de la Rasilla, que es el director ejecutivo de la Federación Española de Bebidas Espirituosas, para analizar la posición de los sectores productores de bebidas alcohólicas y su
grado de compromiso y responsabilidad, así como para informar sobre las estrategias que se están desarrollando para prevenir el consumo de sus productos por parte de los menores de edad.


Agradecemos a don Bosco Torremocha García de la Rasilla su presencia, le damos la bienvenida a la comisión y le pedimos disculpas por el retraso debido a la longitud de la anterior comparecencia.


Cuando quiera. Tiene la palabra.


El señor DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS, FEBE (Torremocha García de la Rasilla): Muchísimas gracias, presidente.


Muchísimas gracias por la invitación y por su atención esta mañana.


Yo voy a tratar de ser breve, especialmente después del retraso que se acumula hoy en la comisión, y para ello, si me lo permiten, me voy a apoyar en una breve presentación. También me gustaría presentarles dos vídeos que resumen mejor de
lo que yo lo haría precisamente las cuestiones que suscitan el interés de esta comisión. (El señor compareciente apoya su intervención en diapositivas).


Antes de nada, quiero decir quiénes somos. La Federación Española de Bebidas Espirituosas es la entidad que agrupa al sector de bebidas destiladas en España. Está compuesta por distribuidores y por productores, de los cuales el 80 % son
pymes y micropymes, emprendedores, familias de gran tradición y arraigo —muchas de ellas se remontan a más de 200 años—, y están prácticamente establecidas en toda la geografía española.


La comisión nos invita —y lo hacemos encantados- a analizar la posición de los sectores productores de bebidas alcohólicas y su grado de compromiso y responsabilidad, así como para informar sobre las estrategias que estamos desarrollando
para prevenir el consumo de nuestros productos por los menores de edad. Como digo, para mí es un gran motivo de orgullo el poder venir aquí y presentárselo para que ustedes mismos puedan enjuiciar y valorar precisamente ese grado de compromiso y la
ejecución del mismo.


Si me lo permiten, antes de empezar, quiero hacer unas consideraciones previas. Son distintos los sectores productores de bebidas alcohólicas. Por un lado, está el sector de bebidas espirituosas, al que tengo el honor de representar; el
sector del vino, en el que trabajé muchísimos años; la cerveza y la sidra. Son cuatro sectores distintos por lo tanto. Hay un quinto, que está imbricado en el sector del vino y también una parte en el de bebidas espirituosas —ahí tenemos una
relación bastante estrecha—, como son los productos intermedios, aperitivos vínicos y los vinos de licor. Asimismo es distinto, como lo son los



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sectores, nuestro grado de compromiso y de responsabilidad. En función precisamente de ese grado de responsabilidad, en nuestro sector, el de bebidas espirituosas, hemos diseñado estrategias que venimos desarrollando para prevenir el
consumo abusivo de nuestros productos y, particularmente, cualquier consumo entre los menores de edad.


Si tuviera que resumirlo en tres frases, les diría que para nosotros no hay ningún atajo ni medias tintas. Un grado de alcohol es un grado —alcohol is alcohol, como dice la OMS—, independientemente de donde proceda su modo de obtención o de
cualquier otra consideración. Eso viene absolutamente determinado por dos máximas que para nosotros son líneas rojas: consumo 0 en menores, embarazadas y conductores —lo que nosotros llamamos grupos vulnerables- y consumo responsable, siempre
responsable, en adultos sanos. Ya saben que ahí hay una serie de estándares, los de la OMS, que ustedes conocen probablemente igual o mejor que yo.


En base justamente a esas líneas rojas nosotros declinamos nuestras estrategias en distintas acciones y verán que gran parte de ellas —la mayoría- están basadas precisamente en promover el consumo 0. A pesar de ser un sector productor y a
pesar, lógicamente, de que dependemos de que nuestros productos se vendan y de que se haga en libre competencia en el mercado, gran parte de nuestra actuación es promover consumo 0 en esos grupos vulnerables. Lo es en primer lugar consumo 0 en
menores, donde desarrollamos dos acciones: Menores, ni una gota —que va a ocupar gran parte de mi intervención, pues considero que es la que tiene mayor interés en la actualidad- y el programa de prevención 2 millones, en centros educativos. En
cuanto al consumo 0 en conductores, ponemos en marcha la acción los Noc-turnos, un programa reconocido por la Dirección General de Tráfico —con la que mantenemos un convenio desde hace bastantes años—, el Congreso de los Diputados e incluso la Unión
Europea. También llevamos a cabo acciones de promoción de consumo 0 en embarazadas con el título Nueve meses son pocos para ti. Para él, toda una vida, avalado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Para todo lo demás, todo lo que
no es consumo 0, siempre consumo responsable, en adultos sanos, tenemos una serie de acciones que brevemente les expondré. En primer lugar, el servicio responsable. Es muy importante que particularmente en la hostelería, donde residen
aproximadamente el 80 % de nuestras ventas, se realice precisamente eso: una correcta dispensación. Este programa se llama Tú sirves, tú decides. Asimismo tenemos una página web de información al consumidor,
www.disfrutadeunconsumoresponsable.com, de la que les mostraré algunos contenidos. Todas las publicidades de nuestros productos van siempre acompañadas de una leyenda de consumo responsable, tenemos un código de autorregulación pionero —y después
les enseñaré el grado de cumplimiento del mismo- y mantenemos al respecto convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas. Como Un grado de alcohol es un grado de alcohol nosotros reclamamos también —y le diría que esa no es una estrategia,
pero sí un posicionamiento que debe existir- la igualdad de trato tanto en materia fiscal como en materia publicitaria.


Se nos ha ido la presentación. Mientras se restaura el sistema, les voy a decir que, tal y como les anunciaba, voy a centrar mi intervención en la campaña Menores, ni una gota, que realizamos desde finales del año 2013. La campaña cuenta
con distintos objetivos y actuaciones y busca la implicación de toda la sociedad y particularmente, como también nos gustaría, de los grupos políticos representados en esta comisión mixta.


Los principales objetivos que perseguimos con la campaña Menores, ni una gota. Más de 100 razones por las que un menor no debe consumir alcohol son dos, y muy claros, que estoy seguro que todos compartimos. En primer lugar, evitar que
nuestros menores beban alcohol es una tarea en la que debemos implicarnos todos. Por ello quisimos demostrar —con absoluta humildad- que si los propios productores liderábamos una campaña de este tipo, promoveríamos una mayor reflexión por todos
los estamentos de la sociedad. En segundo lugar, es necesario, absolutamente necesario, que los menores conozcan y perciban el riesgo que supone el consumo de cualquier bebida alcohólica. No hay bebidas mejores ni peores para los menores, alcohol
es alcohol. Esta es una iniciativa que promovimos al final de la pasada legislatura y que, finalmente, hemos desarrollado junto con el Plan nacional sobre drogas y adicciones, del Ministerio de Sanidad, iniciativa que, como les decía, está llamada
a ser absolutamente participativa.


Como todos ustedes saben, los menores inician el consumo de bebidas alcohólicas a edades muy tempranas, escandalosamente tempranas. Sí que es verdad que parece que ha subido una pequeña décima, pero en eso no nos debemos detener, pues la
edad de inicio se encuentra en todo caso por debajo de los 14 años. Los menores no conocen, no perciben correctamente el riesgo de consumir alcohol a esas edades y beben todo tipo de bebidas alcohólicas. Según los últimos datos que publica el
Ministerio



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de Sanidad, su bebida preferida o favorita durante la semana es la cerveza, mientras que los fines de semana son los combinados. FEBE, consciente del problema que supone el consumo de alcohol en menores, pretende promover soluciones para
aumentar la percepción del riesgo e incrementar la edad de inicio del consumo.


Nos implicamos en este problema porque llevamos años posicionándonos como parte de la solución, no queremos ser parte del problema, por lo tanto, estamos especialmente volcados en esos colectivos vulnerables que antes les refería. Asumimos,
por tanto, con toda la humildad, nuestra cuota de responsabilidad y es verdad que, a diferencia de otros sectores, comprometemos grandes esfuerzos en materia de prevención, particularmente en menores de edad.


Respecto a esta campaña, Menores, ni una gota, caben tres preguntas: ¿A quién?, ¿para qué? y ¿cómo?


¿A quién? Nosotros entendimos desde el primer momento que era fundamental dirigirnos a dos grupos muy diferenciados: por un lado, a los padres y, por otro, a los menores. A través de todo ello conseguíamos la implicación de todo el ámbito
de influencia del menor. Buscamos también la implicación de rostros conocidos de nuestra sociedad pues, sin duda, provocan un mayor grado de impacto a la hora de trasladar mensajes.


¿Para qué? Pues como les decía, para luchar contra el consumo de alcohol en menores de edad desde una perspectiva preventiva, educativa, participativa y también desde un lenguaje positivo, aportando razones que evidencien por qué el único
consumo válido en menores es un consumo 0.


¿Cómo? Pretendíamos informar y sensibilizar a la sociedad para prevenir el consumo de alcohol en menores.


Nuestro pequeño gran objetivo era retrasar lo más posible la edad de inicio del consumo —pues nos dicen todos los expertos que, si lo conseguimos, el impacto de cualquier consumo en los menores va a ser menor- y, al mismo tiempo, elevar la
percepción de riesgo que existe respecto a esos consumos prematuros. Es verdad que ante este fenómeno existe una tolerancia absolutamente ilógica para una sociedad avanzada como la nuestra. Los menores nos dicen que adquieren las bebidas
alcohólicas con extrema facilidad en distintos establecimientos o que se las proporcionan los mayores. Por eso, en FEBE decimos, con independencia de lo anterior, que siempre que un menor consume alcohol, absolutamente siempre, es porque un adulto
se lo proporciona. Por tanto, los adultos debemos reflexionar sobre si estamos haciendo o no todo lo que podemos hacer al respecto.


En este punto es donde entraba mi primer vídeo explicativo, en el cual rostros muy conocidos de distintos ámbitos nos iban a contestar en qué consistía esta campaña.


Con la confianza de que podamos retomar el vídeo, voy a referirme a la parte final de mi intervención, relativa a otros programas de prevención dentro de este ámbito de los menores y el consumo 0. En este campo llevamos a cabo otras dos
actuaciones más, aparte de la campaña Menores, ni una gota: en primer lugar, el programa pedagógico Adolescencia y alcohol, que ha conseguido más de 2 millones de formaciones en familias en tres comunidades de muy distinto ámbito —la Comunidad
Autónoma de Cataluña, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad de Madrid—. Desde el año 2000, FEBE colabora con la Fundación Alcohol y Sociedad, que es la que dirige el ejercicio de esta campaña. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro
que desarrolla programas educativos en centros escolares para prevenir el consumo en menores de edad. Como les decía, FAS ha logrado más de 2 millones de formaciones —lo hizo recientemente, a principios del mes de febrero—, datos que sin duda
realmente ponen en valor los esfuerzos que se están aplicando en este ámbito. La fundación cuenta con un comité científico de primer nivel, que a muchísimos ámbitos les gustaría tener, con profesionales de distintos ámbitos —medicina, psiquiatría,
ciencias sociales- como José Antonio Marina, Javier Elzo, Arturo Fernández Cruz, Gonzalo Musitu, Guillermo de la Dehesa, Julio Zarco, algunos de los cuales estoy seguro que han pasado en distintos momentos por esta comisión mixta.


¿Existen programas de prevención en el ámbito escolar? Sin duda. ¿Existen programas en el ámbito escolar que hayan conseguido este número de formaciones? La verdad es que existen, pero son pocos. La gran diferencia que existe es que
nuestro programa de prevención en escuelas de la Fundación Alcohol y Sociedad es el único programa acompañado en los centros educativos. No es un programa donde solamente se les den los materiales a las escuelas, a los educadores, a los maestros
sino que, además, se les acompaña con monitores precisamente para dar charlas. Como les decía, este programa se imparte con éxito en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid.



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Ya que ha vuelto la presentación, con su permiso, dentro de este punto vuelvo al ámbito de la campaña de Menores, ni una gota. Ya he explicado por qué nuestra implicación, a quién va dirigido, para qué y cómo—, pero, como les decía, voy a
pedir a personas muy conocidas de nuestra sociedad que les expliquen en nuestro nombre, en el de FEBE, la campaña que queremos desarrollar.


(Se procede al visionado del vídeo Menores, ni una gota, que aporta el compareciente).


El señor DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS, FEBE (Torremocha García de la Rasilla): Una de las claves del éxito de FEBE es precisamente la implicación de muy distintas personalidades de la comunicación,
del deporte, del periodismo, de la sociedad civil en su totalidad. Para nosotros es un absoluto orgullo que se hayan implicado, y además tengo que decir que todos lo han hecho de una manera muy proactiva y absolutamente gratuita —por cierto, no
esperábamos menos—. Me gustaría que este libro que estamos tratando de escribir todos juntos tuviera la consideración de esta comisión y también la de los distintos portavoces y grupos políticos, efectivamente nos encantaría que esta comisión en su
conjunto e individualmente como grupo se adhiriera a la iniciativa y pudieran contemplar esa posibilidad.


La campaña, como han visto, busca implicar a toda la sociedad, porque pensamos que trabajando juntos llegamos más lejos. Otra de las claves de esta campaña es hablar, implicar a todos los agentes que influyen en su toma de decisiones: por
un lado, los padres, los profesores y también muy importante, los iguales. La campaña, como verán ustedes, no es una campaña al uso. Normalmente las campañas son una acción por un tiempo determinado, generalmente un mes o dos meses a lo sumo.
Esta es una campaña que tiene vocación de continuidad —de hecho, estamos cumpliendo ahora dieciséis meses de acción—. Esa participación pretende también que tenga una extensión en el ámbito más cercano del ciudadano. Hay una pata de la campaña que
nos llena especialmente de orgullo, que son las adhesiones que estamos recibiendo a través de la iniciativa Ciudades en red por la prevención del consumo de alcohol en menores. Empezó como Ciudades en red, pero ya se han unido comunidades autónomas
como la gallega e instituciones del ámbito privado, capitales de provincia. Para nosotros es un gran motivo de orgullo. Por ejemplo, mañana se suma Elche; es decir, todas las semanas tenemos adhesiones, que nos demuestran que existe una gran
preocupación al respecto, pero también un gran interés en promover soluciones entre todos. Lo que hacemos en Ciudades en red, en un apartado específico dentro de la web www.menoresniunagota.com, es promover el intercambio de acciones que hayan
tenido éxito en este campo de unos municipios a otros, de unas comunidades autónomas a otras y de acciones de instituciones privadas en ese ámbito. Para nosotros es fundamental la colaboración público-privada, que en esta materia nos parece, más
que en ninguna otra, especialmente relevante. Y también es una campaña poco al uso, aparte de porque el propio sector productor la promueve —yo desde luego no conozco ninguna en ningún ámbito de nuestra sociedad, en ningún ámbito del consumo—,
porque es una campaña que pretendemos auditar desde el inicio y, lógicamente, con recursos internos pero también con auditores externos.


Este es un balance muy preliminar, que entiendo que puede ser de su interés. Los menores perciben muy positivamente los mensajes que se aporten de la campaña —7 de cada 10 lo hacen—. Los menores ven en Ryden a ese a rapero —del que después
volverán a ver un pequeño extracto de su videoclip—, que en tan solo unas semanas alcanzó más de 350 000 descargas en la web. Es decir, no es que nosotros lo digamos, es que es evidente que existe ese interés. El 66 % sigue a Ryden y utiliza ese
lenguaje, que es muy directo y que, en el fondo, hay que adoptar cuando queremos que los menores nos sigan, porque, si lo hacemos desde nuestro ámbito, difícilmente vamos a conseguir esa implicación. Y los padres nos dicen que está siendo
extraordinariamente útil la acción de Rocío Ramos, conocida por todos ustedes y la sociedad española como Supernanny, en un superconocido programa de televisión en la Cuatro, precisamente en el ámbito de los problemas relacionados con la
adolescencia. Y en ese campo, la guía para padres Menores, ni una gota —por cierto, absolutamente gratuita- está siendo una herramienta especialmente valorada por los padres.


Pero, mejor que yo, también en este avance preliminar, en este avance de auditoría podemos ver algunos de los resultados de lo que llevamos de campaña. Simplemente, les informo de que esto es hasta marzo y confiamos en que este
video-resumen pueda seguir creciendo también en los próximos meses.


(Se procede al visionado del video que aporta el compareciente).


Nuestro grado de compromiso creo que responde bien a la pregunta que nos formulaban desde la comisión, pero no lo dejamos aquí. Les decía que tenemos otros dos programas de prevención. Ya me he



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referido al de la Fundación Alcohol y Sociedad, que probablemente capitalizaría una comparecencia por sí solo, porque, como les decía, es el único programa acompañado que refleja datos tan positivos como estos, también auditado, interna y
externamente, por los centros, por los alumnos y por los educadores, así como por el Instituto Deusto de Drogrodependencias, cuya auditoría es el primer estudio longitudinal que se hace de una campaña de este tipo. Lo llevamos haciendo desde hace
más de cinco cursos escolares y la idea es tratar de comprobar y demostrar si la prevención funciona y cómo lo hace y particularmente para que, después de tener percepciones correctas sobre el alcohol, los menores entiendan las razones por las que
no deben consumir absolutamente ni una gota de alcohol mientras están en desarrollo y después mejoren precisamente sus decisiones, su responsabilidad a la hora de optar por el consumo o no consumo. Ya les digo que los primeros datos que tenemos
sobre esa información que Deusto nos ha ido dando son extremadamente positivos. Y, si ustedes tienen a bien, estaré absolutamente encantado de comparecer nuevamente para presentarles algunos de esos datos.


Además, hemos desarrollado acciones para información y prevención de abusos, fundamentalmente en el ámbito juvenil. En los años 2013 y 2014 hicimos una campaña de concienciación con el Injuve en más de 3700 centros de información juvenil y
cuyo eslogan fue Pongamos un 0 al consumo de alcohol en menores, Con el alcohol en menores este es el mejor gesto. Esta campaña fue el germen precisamente de Menores, ni una gota, para que vean que la insistencia y la consistencia de nuestra
estrategia permite ir creciendo en resultados y, al mismo tiempo, en implicación y responsabilidad por nuestra parte y también por muchos ámbitos de la sociedad.


Les decía también que hay otro ámbito de consumo 0, que es el de las embarazadas. Es verdad que, afortunadamente, en España tenemos unos índices de síndrome alcohólico fetal extraordinariamente bajos. Desde luego, si nos comparamos con
otros ámbitos de la Unión Europea, con nuestros países vecinos, así es. Pero precisamente por eso, como queremos que siga siéndolo, nos parece especialmente importante insistir en la prevención. Y, por tanto, con SEGO, Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia, desarrollamos iniciativas destinadas a concienciar a las mujeres embarazadas y también lactantes de que el único consumo seguro en su estado es 0,0. Para ello, hemos colaborado con los obstetras, las matronas, congresos
médicos y, en concreto, con el Hospital de Cruces, de Barakaldo, en Vizcaya, que han sido grandes apoyos precisamente en esta concienciación, y muchas comunidades autónomas han desarrollado, implantado y entregado este folleto, de muy fácil lectura,
entendimiento y aplicación. Y, además, queremos acompañar a las mujeres en ese momento tan especial para ellas y para todos nosotros, y hay consejos prácticos para el resto de influencia de la embarazada o lactante, para que promuevan actitudes de
responsabilidad en los momentos en que sí pueden consumir bebidas con alcohol.


En conductores, el último ámbito donde nosotros tenemos esa línea roja absoluta, consumo 0,0, en el año 2000 se pone en marcha en Europa la estrategia europea para reducir la siniestralidad al volante.FEBE detecta que es absolutamente
necesario concienciar a la población de la incompatibilidad entre beber alcohol y conducir. Les recuerdo que una cosa que ahora parece de mucho sentido común entonces era despachada con una frase: yo controlo. Eso ocurría, y ocurría en la mayoría
de los conductores encuestados. La única tasa segura al volante es 0,0 y desde entonces, desde el año 2000 —el programa tiene exactamente esa duración—, siempre hemos tratado de fomentar una actitud de responsabilidad entre los jóvenes
—particularmente entre los jóvenes—, yendo más allá del clásico Si bebes, no conduzcas. Hemos buscado una solución, que es turnarse al volante, de manera que el que es responsable de conducir esa noche no prueba una sola gota de alcohol, de ningún
tipo de alcohol, para que devuelva sanos y salvos a sus amigos a casa y, que, desde luego, termine con lo que siempre debería ser cualquier momento de diversión, algo para disfrutar, y, desde luego, no para tener consecuencias dramáticas o
negativas. Así, hemos impactado en millones de conductores. Más de 125 000 ya se han noc–turnado al volante, millones lo practican. Colaboramos con la DGT y con un gran número de ayuntamientos, que además nos reclaman que sigamos realizando
noc-turnos. Hace poco fue el Ayuntamiento de Cádiz, este mismo fin de semana, y tengo ejemplos prácticamente en toda la geografía española. Lo más importante es que entre todos hemos contribuido —de ahí la importancia de la colaboración
público-privada- a que se haya reducido en un 70 % el número de fallecidos, sobre todo en la franja horaria en la que nos centramos, desde las 11 de la noche hasta la madrugada, y, particularmente, en el rango de edad participante en la acción de
Noc-turnos, lo que en el fondo demuestra que sí, que es verdad que, si nos implicamos, conseguimos datos, y, por cierto, datos especialmente relevantes.


Creo que muchos de ustedes conocen la mecánica —hace poco tuve el honor de comparecer ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso—, que consiste en, a través de todos esos organismos con los



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que colaboramos, buscar una tasa 0 de alcohol. Para ello, solicitamos a los conductores que se presenten voluntariamente a controles de alcoholemia exactamente iguales a los que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tienen que pasar
cuatro pruebas de alcoholemia dando 0,0 para poder participar en el sorteo de los premios. A este respecto, y particularmente durante la crisis, si les digo a ustedes que el que pasa cuatro veces un control dando 0,0 recibe un cheque de gasolina de
20 euros, entenderán lo absolutamente atractivo e interesante que es para los jóvenes que participan en el programa Noc-turno y los más de treinta ayuntamientos con los que colaboramos. Una de las grandes enseñanzas que nos aportó la auditoría de
este tipo de programas fue que este programa de prevención produce también un efecto ancla en el resto de personas que van en el coche, de manera que el acompañante también reduce el consumo de alcohol las noches en las que el conductor se ha
ofrecido voluntariamente a no consumir nada de alcohol. Por tanto, esas pausas de responsabilidad grupal son absolutamente claves y demuestran que tenemos una sociedad, particularmente los más jóvenes, totalmente capacitada para adoptar pautas de
responsabilidad, sobre todo cuando se insiste en ese ámbito de la prevención.


En la parte en la que promovemos el consumo de nuestros productos, siempre promovemos un consumo responsable y de productos sanos. También tenemos una serie de programas que simplemente les voy a esbozar. Desde que iniciamos el programa Tú
sirves, tú decides en el año 2014, este llega a más de 100 000 escuelas de hostelería. Los profesionales que lo reciben nos dicen: primero, que mejora su formación; segundo, que lo ponen en práctica, y, tercero, que consiguen con ello fidelizar a
su clientela y mejorar el ambiente de los establecimientos de hostelería, porque, en el fondo, cuando se hace un mal uso o un abuso de una bebida con alcohol, se deteriora también a los que tenemos alrededor. Este programa Tú sirves, tú decides lo
demuestra con datos y con formación a los hosteleros.


Por otra parte, tenemos un código de autorregulación publicitaria, en el que somos pioneros, que les garantizo —lo tenemos auditado, por ejemplo, con la universidad de Barcelona y sometido a la auditoría de autocontrol, que todos ustedes
conocen bien- que tiene un grado de cumplimiento del 99,9 por ciento de los anuncios. Y una novedad que no tiene, al menos en el ámbito que nosotros conocemos, absolutamente ningún otro código de autorregulación es que hemos articulado por primera
vez en nuestro código de autorregulación —es voluntario por nuestra parte ir más allá de lo que establece la ley- excepciones y limitaciones a la publicidad on line y en redes sociales. Además, hemos ido más allá de lo que establece la ley ya que
no utilizamos en ninguna publicidad menores de 25 años por aquello de que no se puede mistificar la apariencia de un menor. Lo que nos indican las pautas es que la edad esté en torno a 21. Nosotros nos vamos a la edad de 25 años. Y algo
especialmente importante es que no publicitamos ningún tipo de marca en soportes en los que al menos no tengamos la garantía por parte de sus propietarios de que las audiencias son de más de un 70 % de adultos.


Además, y termino con esto, tenemos todo un portal dedicado a la información del consumo responsable. Como pueden ver, en la parte superior ponemos cuáles son las implicaciones, cuál es la ruta de las bebidas alcohólicas, cómo se metaboliza
por el cuerpo humano, las leyendas urbanas y los falsos mitos. Asimismo, intentamos aportar percepciones correctas sobre el alcohol. También tenemos una calcoholadora, como la llamamos, para tratar, dentro de los estándares de la OMS, hacerlo más
digerible para el consumidor. Por último, hay una conversión, dentro de esos mismos estándares que ven ustedes, que pone de manifiesto los grandes y falsos mitos, las falsas percepciones de que algunos alcoholes son más dañinos que otros cuando
realmente no se trata de la graduación, sino de la cantidad que se ingiere.


Esto es a lo que nos dedicamos desde FEBE y cómo entendemos nuestro grado de compromiso y responsabilidad. Con mucho gusto atenderé sus preguntas. En todo caso, muchas gracias por la invitación ya que me ha permitido enseñarles cuál es la
acción de FEBE, lo que hacemos y cuán en serio nos tomamos nuestro trabajo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, don Bosco.


Para responder a la comparecencia y a las opiniones expuestas por el director ejecutivo de la FEBE, por parte del Grupo Catalán, tiene la palabra la señora Sayós i Motilla.


La señora SAYÓS I MOTILLA: Gracias, señor presidente.


Quiero dar las gracias al señor Torremocha por comparecer hoy y por las explicaciones que nos ha dado.


Es verdad que, según los últimos datos de la encuesta estatal sobre el uso de drogas por los estudiantes de enseñanza secundaria, las llamadas borracheras de fin de semana se han duplicado en los últimos



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años con respecto a los menores de entre 14 y 18 años. También se observa una tendencia preocupante a la hora de empezar a consumir alcohol; cada vez la edad es más temprana. El consumo excesivo de alcohol por parte de un menor, además de
los efectos nocivos para la salud y de las alteraciones de su conducta, se traduce en comportamientos agresivos que tienen una correlación directa con la alteración del orden público y los accidentes de tráfico.


Es evidente que la Comisión Europea insta a los Estados miembros a reducir los daños producidos por el consumo abusivo del alcohol, especialmente a los grupos sociales más vulnerables como son los jóvenes, mediante campañas de información y
educación, y reconoce la necesidad de coordinación entre los agentes implicados para combatir este problema, así como también resalta la importancia de una autorregulación publicitaria. En su día, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
presentó una proposición no de ley para llevar a cabo esta propuesta de la Comisión Europea e instó al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y de los agentes implicados, a desarrollar programas de sensibilización, información y
prevención.


También se debe intentar compaginar los intereses del sector productor de bebidas alcohólicas con la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores. Para ello, es importante la implicación de este sector en las
estrategias y medidas preventivas que deben desarrollar e implementar las administraciones competentes con respecto a la prevención del consumo de alcohol.


Por tanto, le felicito por la campaña Menores, ni una gota, que nos acaba de mostrar, y también por el código de autorregulación. En consecuencia, participamos de su sensibilidad, que también es la de nuestro Grupo Parlamentario
Convergència i Unió, y de esta campaña pues el espíritu que contenía nuestra proposición no de ley y nuestra posición política es compartida por ustedes.


Muchas gracias por su comparecencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Gracias a usted, señora portavoz.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Moya.


La señora FERNÁNDEZ MOYA: Muchas gracias.


En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Torremocha por su presencia y agradecerle su exposición tan clara. Sé que no es la primera vez que comparece en esta comisión. He revisado los diarios de sesiones de intervenciones
anteriores tanto en esta comisión como en la de Seguridad Vial del Congreso en relación al programa Noc-turnos, que ha comentado; también he visto en la página web toda la actividad que están desarrollando, que hoy se complementa con las
aportaciones que usted ha hecho aquí. No nos cabe duda de su compromiso social ni del gran trabajo que hace. También estamos convencidos de la necesidad del compromiso de todos: instituciones, empresas, familias, pero sobre todo del Gobierno,
porque tenemos encima de la mesa un problema de salud pública que es urgente abordar.


Si los datos una y otra vez nos alarman, algo tendremos que cambiar y, si queremos conseguir otros resultados, no se puede seguir haciendo lo mismo. Los datos son muy claros y todas las fuentes coinciden. La Organización Mundial de la
Salud emitió recientemente un informe destacando los impactos negativos del alcohol en la salud. En Europa se presentan las tasas de consumo de alcohol más elevadas del mundo, y este consumo en la Unión Europea es el responsable de más del 7 % de
los problemas de salud y de las muertes prematuras, como ya hemos destacado en esta comisión varias veces; además, es el segundo factor de riesgo para enfermar.


En España el consumo de alcohol en la población adolescente es una de las principales preocupaciones de la salud pública tanto por su alta prevalencia social como por las implicaciones negativas que puede conllevar, a las que también se han
referido: aparición de problemas de salud, conductas de riesgo, accidentalidad, violencia; todas ellas son consecuencias del alcohol. Estos datos se confirman además en las distintas encuestas sobre alcohol y drogas, Edades, Estudes, donde además
se detecta, en la de 2012-2013, que es la última publicada, que la edad de inicio en el consumo desciende a 13,9 años. Coincido con usted, que la ha calificado de cifra escandalosamente temprana.


Por eso, médicos de familia, pediatras, todos los expertos, advierten del inicio del consumo de alcohol cada vez a edades más precoces, así como la asociación con otras sustancias, que también es muy preocupante, el policonsumo. Tuvimos
hace muy poco en esta comisión la magnífica intervención del doctor Colom cuya intervención iba en este sentido.


El pasado mes de diciembre presentaron junto con el ministerio una nueva iniciativa —hoy nos la han mostrado ya con algunos detalles- para luchar contra el consumo de alcohol en menores de edad, Menores, ni una gota. Más de cien razones
para que un menor no beba alcohol, con el objetivo de informar



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y sensibilizar a la sociedad para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, retrasar la edad de inicio al consumo e incrementar la percepción del riesgo que este consumo prematuro tiene para la salud y el desarrollo de los menores.
Según las informaciones en prensa y su página web —creo que en esta comisión no se ha informado de esta campaña- está casi concluida, puesto que finalizará en junio de 2015 —también nos lo ha confirmado usted hoy—, por lo que me gustaría preguntarle
algunas cosas en relación a esta campaña específica. ¿Cuál es el presupuesto que tienen para desarrollar este programa? Me gustaría saber qué indicadores tienen previsto utilizar para la evaluación final de los resultados y si tienen algunos
cortes de los resultados, no del proceso —del que nos ha avanzado la participación o las actitudes, que me parece muy interesante—, ya que faltan muy poquitos meses para su conclusión. Respecto a cuántas empresas o entidades se habían adherido, ya
he visto que son bastantes.


Durante años se han generado distintas estrategias preventivas, pero no siempre se han evaluado bien y tampoco han sido suficientes. Muchos jóvenes carecen de información adecuada o tienden a minimizar las consecuencias que el alcohol puede
tener para su salud. La Comisión Europea, como ya se ha comentado, publicó su Plan de acción sobre el alcohol y consumo excesivo entre los jóvenes 2014-2016 en el mes de septiembre con unos objetivos básicos, que no voy a leer para no extenderme,
pero creo que todos compartimos. Se trata de retrasar la edad del primer consumo de alcohol, lo que, entre otros, sería muy importante para los jóvenes.


Todos defendemos el consumo responsable y el consumo 0 en los jóvenes. Si la sociedad no es consciente del riesgo del consumo masivo de alcohol en fiestas y botellones, nos queda aún muchísimo por hacer. Ahora que se acercan las elecciones
municipales —prácticamente ya estamos en campaña municipal—, me gustaría hacerle una pregunta que puede servir de recomendación a las personas que van a ser candidatas en los distintos municipios: ¿qué les recomendaría a las personas que van a ser
candidatas para combatir el consumo, sobre todo nocturno, no para evitar accidentes —que también—, sino para que ese consumo no sea excesivo por los resultados que puede tener en su salud?


Como ha comentado, además, y lo he visto en su página web, están haciendo intervenciones para educar a los alumnos de hostelería —algo que me parece muy interesante—, por lo que le voy a hacer una sugerencia: Se podría empezar a formar para
que en los hoteles, en los restaurantes, en algunos festejos, en algunas celebraciones, no se ofrezca en presencia de niños pequeños las típicas copas de colorines que les resultan tan llamativas. Sabemos que esto les pasa a los niños no solamente
con los licores, sino también con los medicamentos, cuyo color les llama mucho la atención, y por esa atracción quieren imitar a los adultos en esas prácticas porque, como digo, les llama mucho la atención ¿se podría incidir ahí de alguna manera?
¿No deberíamos iniciar la educación incluso en esas edades para proteger a los menores?


El Ministerio de Sanidad ha anunciado en varias ocasiones que estudiaba tomar medidas en relación a la prohibición de venta de alcohol a menores y a regular la edad de acceso a estas bebidas en todas las autonomías, restringir la publicidad
orientada a fomentar su consumo entre niños y adolescentes e incluso también responsabilizar a los padres de los menores que se emborrachan recurrentemente. La realidad es que todas esas medidas no se han realizado aún, al menos no se ha informado
aquí del estado de los trabajos previos a la presentación de la normativa que prepara el Gobierno y cómo tiene previsto implementar el plan de acción publicado en Europa.


Hace seis meses en esta comisión mi grupo —además, la defendí yo- presentó una iniciativa en relación con este tema, y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos informó de que el Gobierno estaba trabajando ya en un borrador de
anteproyecto que estaba en fase de negociación con el Ministerio de Agricultura. Por lo visto, la negociación es larga porque aún no se ha presentado nada. Tampoco hemos conocido aún el resultado de los trabajos que estaba elaborando el Gobierno;
es decir, se votó en contra porque decían que el trabajo estaba hecho, pero el tiempo nos da la razón de que no era así.


Termino insistiendo en la necesidad de que todos respondamos a este problema en colaboración, porque nos preocupa, y espero que los resultados de este proyecto, o de otro que implanten, sean muy buenos por el bien de los jóvenes de toda
nuestra sociedad. Y si los resultados no son buenos —y ahora mismo, a día de hoy, se sigue viendo en los botellones mucho abuso de alcohol—, nosotros proponemos que se actúe ya para cambiar las cosas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, señora portavoz.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el senador Rivera Mallo.



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El señor RIVERA MALLO: Gracias también, señor Torremocha, por comparecer ante esta comisión a petición del Grupo Parlamentario Popular para informarnos de la posición de los productores de bebidas espirituosas y su grado de compromiso y
responsabilidad para garantizar, mediante las estrategias de prevención que vienen desarrollando, que los menores no accedan al consumo de bebidas alcohólicas. Resulta muy útil y excelente como herramienta de trabajo su intervención, la
documentación y los mensajes que nos aporta. Muchas gracias.


Sepa usted que ese consumo por parte de los menores nos preocupa a quienes conformamos esta comisión mixta y, cómo no, nuestras recomendaciones han ido siempre dirigidas a que los poderes públicos, las administraciones competentes,
desarrollen actividades de todo tipo —siempre que se hayan demostrado eficaces- para prevenir el consumo de alcohol en los menores. No en vano, prácticamente el 80 % de los menores, según la última encuesta de alumnos de enseñanza secundaria,
conocida como Estudes, que elaboró la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas, ha probado el alcohol antes de llegar a la mayoría de edad, algo que rechaza nuestra normativa, ahora ya homogénea en todo el Estado español, en cuanto
a edad de acceso al alcohol.


Este consumo por menores no solo es muy alto sino que, además, se realiza de manera muy poco conciliable con la protección de su salud y seguridad, ya que el hecho de que la mitad de los que beben se haya emborrachado, como usted muy bien
decía, o que una alta proporción de ellos consuma más de cinco bebidas en una sola sesión de marcha, copiando modelos de consumo muy alejados de los tradicionales en nuestro país, resulta muy preocupante, como lo es que un importante porcentaje de
ellos participe después en peleas o suba a un vehículo conducido por una persona bajo los efectos del alcohol.


También sabemos que el alcohol en todas las bebidas es el mismo y, por tanto, la prevención hay que establecerla respecto a todas ellas, pues los efectos nocivos son más dependientes de la dosis y del mantenimiento del consumo a lo largo del
tiempo que del tipo de bebida que se consume. En esto compartimos también su criterio, pero no es menos cierto que casi el 50 % de los adolescentes que beben consumen bebidas espirituosas y, por tanto, de alta graduación, por lo que es inevitable
actuar contra estos consumos.


Por otro lado, nosotros siempre hemos defendido que nada cambiará si no se dan las condiciones sociales para ello empezando por generar en el conjunto de la sociedad, mediante el esfuerzo de todos, una conciencia generalizada de que estos
consumos adolescentes no aportan nada útil a su desarrollo y maduración ni tampoco a su diversión y ocio, pues es un hecho contrastado que las expectativas de los adolescentes cuando salen de diversión el fin de semana la mayoría de las veces no se
cumplen, según ellos mismos relatan en los estudios al efecto publicados por la Fundación de Ayuda contra la Drogradicción.


Es por ello que nuestro grupo parlamentario quiere manifestarle a usted y a la entidad que representa nuestro reconocimiento y gratitud. Ustedes, sin duda alguna, han sabido entender su práctica, perfectamente legítima, que no puede quedar
exenta de responsabilidad en el caso del consumo en adolescentes, y por ello han adquirido públicamente un compromiso de carácter social y, por qué no decirlo, también económico, y están invirtiendo, como usted muy bien ha relatado, en el desarrollo
de múltiples estrategias de prevención, tanto a través de los medios de comunicación y las redes sociales como en contextos educativos a través de su fundación.


La Fundación Alcohol y Sociedad es conocida por su trabajo de formación y prevención escolar desde hace ya muchos años, lo recordamos todos. También ha tenido largo recorrido la estrategia que ustedes iniciaron, y que luego ha sido copiada
hasta la saciedad, consistente en promover que aquellos que vayan a conducir se abstengan de consumir alcohol. Quizás lo más novedoso sea, por tanto, el desarrollo de la actual compaña Menores, ni una gota. Más de cien razones para que un menor no
beba alcohol, que ha conseguido por su transparencia y la calidad de los mensajes el apoyo decidido del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como queda demostrado por el hecho de que fuera precisamente la propia ministra, doña Ana
Mato, la que presentara con ustedes las campaña —yo asistí, si usted lo recuerda—, junto con la secretaria de Estado, doña Susana Camarero, que acompañó a la psicóloga Rocío Ramos en la presentación del libro Más de 100 razones para que un menor no
beba alcohol, una excelente iniciativa que va dirigida precisamente a formar a los padres y a los elementos básicos a tener en cuenta para la prevención, dotando de respuestas a las dudas que, lógicamente, todo padre tiene a la hora de afrontar un
período de cambio en los jóvenes y de maduración de sus hijos, facilitando con ello que se cumpla el principio básico que todos debemos perseguir: retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol.


También nos complace saber que ustedes han recibido asesoría técnica de la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre las drogas en lo que concierne a la identificación de los públicos que deben



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ser objetivo de esa campaña: adolescentes y sus familias, y en relación con los contenidos y mensajes tanto de los videos empleados en las redes sociales como en la cartería que recoge mensajes de personajes famosos. La Delegación del
Gobierno ha colaborado también con Rocío Ramos en la revisión del libro ya mencionado. Quizás entre los deportistas de primer nivel echamos un poco en falta la impresión de nuestro querido compañero y senador, vicepresidente de la comisión,
deportista de carácter internacional, como todos sabemos. Seguro que sería muy interesante. (El señor Antón Rodrigo: Muchas gracias. Estaba Chema Martínez, que ya representa más o menos al deporte). Muy bien, eso forma parte de lo que yo
sugiero.


Los datos que usted nos ha aportado sobre las diversas estrategias que incorpora la campaña y el éxito que refleja el impacto que está teniendo hasta la fecha, unido al que seguro que tendrán los elementos que aún quedan por utilizar en los
próximos meses convierten esta campaña, sin ningún género de dudas, según mi criterio, en una buena práctica, tanto por lo que supone de compromiso social de las empresas que lo están llevando a cabo dentro del paraguas de FEBE, como por lo que
tiene de colaboración públicoprivada y, a la postre, de participación amplia de la sociedad para lograr la sensibilización e implicación de todos. Tenemos entendido que esta campaña está incorporando, además, encuentros en algunas de las
principales ciudades con doña Rocío Ramos, bien por medios virtuales o en persona, fomentando con ello la posibilidad de que los padres y las madres le planteen directamente sus dudas y obtengan respuestas útiles para ser aplicadas en la educación
de sus hijos. Y conviene señalar igualmente que en determinadas fases de esta campaña, personalidades del mundo del deporte, de la cultura y de los espectáculos han cedido su imagen para trasladar un mensaje al resto de personas adultas, como antes
vimos, que sea sensible y a la vez útil para desarrollar la tarea que tienen como educadores de los más pequeños.


Señor Torremocha, ustedes han sabido interpretar su papel desde una perspectiva socialmente responsable, invirtiendo para anteponerse a los riesgos implícitos que pudieran derivarse del mal uso de los productos que, como ya he dicho,
legítimamente comercializan. FEBE siempre ha sido una entidad que apeló al consumo responsable de sus productos, algo muy necesario si tenemos en cuenta que el 0,4 % de la población, algo más de 120 000 personas en nuestro país, tiene una
dependencia del alcohol, según la última encuesta de edades presentada hace tan solo mes y medio. Además, se han puesto en primera línea de prevención, desarrollándola de la manera en que mayor impacto puede tener, actuando de modo simultáneo con
los menores y el entorno adulto del que dependen en términos de educación, maduración y permisión.


Sinceramente, les felicito en nombre de mi grupo parlamentario por todo ello. Mi grupo parlamentario les anima a perseverar en esa línea. Estoy seguro de que apoyo y reconocimiento no les van a faltar, como lo demuestra el hecho de que
muchos ayuntamientos se estén uniendo a la campaña, como antes pudimos observar. Como usted sabe, desde el Gobierno se colabora con ellos en facilitar actuaciones preventivas en el ámbito del ocio responsable, implicando además al sector de la
hostelería y la restauración.


Quizá usted pueda ampliarnos, pues lo considero muy interesante, en qué medida los ayuntamientos están siendo sensibles con estas estrategias interesantísimas, como usted antes demostró. También le rogaría que, si es posible, nos diga si
está previsto que a esta campaña sucedan otras de igual o diferente metodología, y, por último, si ustedes perciben que su acceso a los centros educativos es facilitado por las administraciones para que pueda colaborar con ellas en los programas de
prevención escolar.


Solo me resta reiterarle nuestra gratitud por la labor que están realizando —que desde aquí animo a que sea también asumida por el resto de las empresas que fabrican y comercializan bebidas con contenido alcohólico, independientemente de su
graduación- y por su mensaje claro y contundente en contra del consumo del alcohol en menores.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, don José Luis.


Para contestar a las señoras y señores portavoces sobre los aspectos que crea conveniente y de los que se han tratado aquí, tiene la palabra el señor Torremocha García de la Rasilla.


El señor DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS, FEBE (Torremocha García de la Rasilla): Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, muchas gracias, señora Sayós, por su intervención, con la que no puedo estar más de acuerdo. De hecho, esa sensibilidad que comenta que tiene su grupo, nos consta particularmente en



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algo que ha salido con posterioridad, en la conciliación de todos los intereses en juego. Y eso para nosotros es algo de especial valor, perfectamente compatible con la prevención y con la lucha contra el abuso de los productos. Hay que
entender que no hay absolutamente nadie más interesado que nosotros en que se haga un buen uso de nuestras marcas. Con todo el cuidado, la innovación, la tradición y el mimo en las materias primas seleccionadas para nuestras marcas, nadie puede
pensar que se producen, se embotellan y se comercializan para que alguien haga un uso distinto del que realmente pretenden, que es colaborar en la celebración y disfrute con familiares y amigos. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente
volcados, y precisamente porque nos creemos todo lo que usted comentaba y porque estamos muy alineados con esa estrategia de la Comisión Europea, antes de que esas recomendaciones pudieran llegar a algo más, como ha visto, en FEBE las hemos puesto
todas y cada una en práctica, y todas y cada una con su correspondiente estrategia y su correspondiente ejecución. Por tanto, compartimos su sensibilidad y estamos encantados de seguir colaborando, ahora y en el futuro, porque para nosotros es
fundamental.


Señora Fernández Moya, muchísimas gracias por su intervención y, sobre todo, por el enorme interés con el que se ha tomado mi comparecencia y ese trabajo previo de documentación, que para nosotros es un orgullo y que precisamente lo hacemos
para que se conozca; porque muchas veces sentimos que, quizá por los recursos limitados con los que contamos, no se conocen lo suficientemente todas las acciones que llevamos a cabo en todos los ámbitos. Desde luego estamos absolutamente
comprometidos con ese objetivo y vamos a seguir trabajando en ello.


Usted señalaba a los médicos de familia, y este es un sector con el que estamos propiciando contactos, porque nos parece —y usted también se ha referido a ello- que quizá deberíamos anticipar parte de la prevención al ámbito de primaria.
Nosotros pensamos que sí, y de hecho consideramos que el segundo ciclo de primaria sería ideal para empezar a hablar de la prevención, lógicamente adaptada al momento del desarrollo intelectual de nuestros menores, porque no se les puede hablar
concretamente de una sustancia sino que hay que trabajar más en las percepciones correctas y los valores. Usted me sugería a este respecto hacer algunas recomendaciones. ¡Dios me libre de hacer recomendaciones! Sí podemos compartir nuestra
experiencia, y lo hacemos con mucho orgullo y mucho gusto.


Comentaba usted cómo sugerir recomendaciones a los candidatos que ahora se presentan. Pues bien, lo primero es desearles mucha suerte, porque para nosotros, como ciudadanos, es muy importante lo que pase en el ámbito de la política,
particularmente la más cercana, los ayuntamientos y las comunidades autónomas. No me atrevería a hacerles ninguna recomendación; pretendemos liderar —con la única acepción de ser los primeros en empujar el carro, no de asumir el protagonismo, en
absoluto- la iniciativa de que es muy importante hablar simultáneamente a los padres y a los menores. Mi único punto de discrepancia —que no creo que se le pueda llamar tal- es que nosotros consideramos que la mayor responsabilidad en este ámbito
pertenece fundamentalmente a los padres, a los que hay que ayudar; padres que tienen la patria potestad de sus hijos, que no es simplemente un título que les cae sino una responsabilidad jurídica de lo que nuestros hijos hacen hasta que adquieren
la mayoría de edad y son responsables por sí mismos. Por tanto, esa responsabilidad de los padres tiene que ir acompañada por todos: por la sociedad civil, por las administraciones y por el Gobierno, y probablemente haga falta un esfuerzo añadido
de la sociedad civil, particularmente de los padres, creo honradamente que con la implicación de todos y con una apuesta clara por la prevención, que es lo que, a mi juicio, puede faltar, porque la prevención no es a corto, sino a largo plazo, y
además es consistente, tiene que reiterarse, porque, por ejemplo, en política —que yo desconozco absolutamente- hay periodos que trascienden una legislatura, un mandato, y si todos apostáramos más por la prevención obtendríamos, sin duda, mejores
resultados.


Usted me ha hecho algunas preguntas sobre la campaña, que con mucho gusto le respondo. Es verdad que la campaña está próxima a su finalización; han sido dieciocho meses que han supuesto un esfuerzo absolutamente sobrehumano, mucho más allá
de lo que un presupuesto, dos o tres nos permitían; presupuesto que hemos satisfecho íntegramente las empresas asociadas a la federación; pero hemos echado en falta el apoyo de otros sectores productores que creemos que habrían sido muy
necesarios. La campaña tiene una ficha económica superior a 1,5 millones de euros —solamente la campaña de Menores, ni una gota, no le hablo del resto de iniciativas—. Hace poco se publicó un estudio realizado por una consultora muy conocida sobre
la responsabilidad social en nuestro país, que situaba a FEBE dentro del top ten, si descontamos la labor que hacían las cajas de ahorro, que ahora ya no existen, como ustedes



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saben, desde luego no en su forma tradicional; en el top ten detrás de grandes corporaciones, lo que demuestra nuestro compromiso.


En cuanto a las empresas adheridas: instituciones, ayuntamientos, etcétera, todas las semanas recibimos peticiones y tratamos de estar con ellos de forma presencial en el momento de la adhesión, que después explicaré en qué consiste y qué
requisitos y qué compromisos se les exigen.


Respecto a los indicadores para medir el impacto de la campaña, le puedo decir que están en marcha; hicimos un pretest y queremos hacer un postest, tanto de ámbito cualitativo como cuantitativo, precisamente para comparar. Es verdad que al
ser una campaña de prevención y de información el dato fundamental va a ser la percepción de la propia acción, pero como hablamos de prevención, esto significa un plazo más largo; desde luego nuestra vocación es seguir invirtiendo en esta materia,
y pensamos que si algo hemos demostrado con la campaña es que juntos los hacemos mejor. Y, fíjese, señoría, en el año 2011, cuando firmamos con el Gobierno que apoyaba su grupo el manifiesto contra el consumo de alcohol por menores, FEBE se
comprometió, junto con otras 500 instituciones, a promover acciones en este ámbito. No es solo que nos tomemos muy en serio nuestros compromisos, es que la palabra que damos la respetamos, y dijimos que lo íbamos a hacer y lo hemos hecho, y
seguiremos totalmente fieles a nuestro compromiso, que para nosotros es irrenunciable, como lo es la defensa de una actividad que consideramos legítima y que, como les decía, está pensada para que los consumidores disfruten con ella.


Senador Rivera Mallo, muchísimas gracias por sus palabras y por la utilidad que encuentra en nuestra campaña y en nuestras acciones. Desde luego, nosotros buscamos una participación amplia de la sociedad, y le puedo decir, respondiendo a
una de sus preguntas, que claro que queremos seguir con este tipo de acciones. Les puedo humildemente confirmar y confesar que la acción de Ciudades en red está desbordando nuestras mejores expectativas y demuestra que hay un ansia colaborativa, un
ansia participativa y un ansia para poner en valor la colaboración público privada, y, por tanto, vamos a explorar ese campo. Es verdad, y se lo confieso a ustedes, que dadas las actuales circunstancias del mercado, quiero poner solo en contexto
—porque hoy no he venido a hablar del negocio de las bebidas espirituosas- que desde el inicio de la crisis nuestro sector ha perdido más del 40 % de sus ventas. Resulta que la campaña más importante desde el punto de vista de la ambición, de los
objetivos y de la ficha económica de los últimos años la hemos hecho cuando menos ventas estábamos teniendo y cuando más amenazadas estaban las cuentas de resultados de las empresas. Con esto les quiero decir que, sin duda, queremos seguir con
estas acciones, pero en el próximo ciclo, cuando terminemos la campaña, necesitaremos más apoyos de todos, más apoyos del resto de los sectores productores, más apoyos económicos de las administraciones y más apoyos de muchísimos organismos y de
organizaciones no gubernamentales, que hacen una labor fantástica y que quiero poner en valor el día de hoy.


Me preguntaba también si las administraciones colaboran activamente con nosotros en la labor de formación en los centros educativos. Es difícil responderle porque, señoría, el Programa pedagógico Adolescencia y Alcohol tiene más de doce
años de vida; se inició en el año 2000, con dos libros blancos, y para que ustedes se hagan una idea, el primer esfuerzo demoscópico trajo como consecuencia más de 44 000 encuestas; cualquier encuesta que manejan, por ejemplo, los partidos
políticos en intención de voto no supera las 1000 encuestas, una muestra de 1000 personas. A partir de esas enseñanzas, nosotros pusimos en marcha toda una estrategia, toda una documentación, hablamos con los centros, etcétera. Con esto le quiero
decir que hemos hecho esto solos, con la colaboración y la complicidad de los centros educativos, de los maestros y las maestras, que son absolutamente loables, y si a esto le añadiéramos lo que usted proponía, una mayor colaboración de las
administraciones, estoy totalmente convencido de que los resultados serían absolutamente satisfactorios en todos los campos.


Y en cuanto a los ayuntamientos, quiero poner en valor lo que creo que todo el mundo tiene que compartir, y es que cuando todos vamos en una misma dirección los resultados se hacen plausibles de una manera mucho más clara y temprana en el
tiempo. A los ayuntamientos les pedimos tres cosas para la adhesión, algo que a todos ustedes les parecerá sencillo pero no lo es: en primer lugar, que haya una implicación de la principal figura del ayuntamiento, en este caso alcalde o alcaldesa,
y tengo la satisfacción de decir que hemos firmado con partidos de todo signo, lo que demuestra que es una cuestión de absoluta sensibilidad compartida. En segundo lugar, que haya una difusión en todos los soportes de todas las acciones que
hacemos, tanto en el ayuntamiento como en las campañas para proponer ocio alternativo. En tercer lugar, algo muy importante: que se hable con nuestros colegas de la hostelería, la alimentación y la distribución para que inicien campañas, dentro de
la campaña Menores, ni una gota, que lleven el título, el lema y, por supuesto, la ejecución de yo no vendo alcohol a menores, precisamente por lo que he



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comentado anteriormente, que siempre que un menor consume alcohol es porque un adulto se lo proporciona.


No sería honesto por mi parte no agradecer la valentía que tuvo el Gobierno a la hora de acompañar con medidas una campaña de este tipo. Eso rompe algunos clichés que anteriormente costaba entender, y, desde luego, les invito a todos, ya
que estoy convencido de que todos estamos de acuerdo en poner en valor esta colaboración públicoprivada, a que, sea quien sea —deseo a todos mucha suerte y al que salga en las elecciones y obtenga la confianza de los ciudadanos—, sigamos apostando
por esta vía, porque estoy convencido de que es la mejor, la que más resultados da, y la que, sin duda, los ciudadanos nos agradecerán más.


Muchas gracias y buenos días.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Agradecemos al director ejecutivo de la Federación Española de Bebidas Espirituosas su comparecencia en la mañana de hoy en esta comisión y sus aportaciones, que nos han enriquecido a todos.


Muchas gracias. (Pausa).


- COMPARECENCIA DEL FISCAL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, DON LUIS MARÍA URIARTE VALIENTE, ANTE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS, PARA INFORMAR Y ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL NARCOTRÁFICO DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA SOCIEDAD, LA EVOLUCIÓN Y LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO EN RELACIÓN AL TRÁFICO DE DROGAS Y A LA GESTIÓN Y DEPÓSITO DE BIENES Y MUEBLES INCAUTADOS EN PROCESOS JUDICIALES DE NARCOTRÁFICOS. (Número de expediente del Senado 713/001031 y número
de expediente del Congreso 222/000005).


AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Para cerrar este grupo de comparecencias, damos la bienvenida al señor fiscal de la Audiencia Provincial de Pontevedra, don Luis María Uriarte Valiente, para informar y analizar la situación del
narcotráfico desde el punto de vista de la sociedad, la evolución y la perspectiva de futuro en relación con el tráfico de drogas y la gestión y depósito de bienes y muebles incautados en procesos judiciales de narcotráfico. Le agradecemos su
presencia, y le pedimos una vez más excusas por la tardanza y por el retraso acumulado a lo largo de la mañana de hoy.


Tiene la palabra el señor fiscal de la Audiencia Provincial de Pontevedra.


El señor FISCAL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA (Uriarte Valiente): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.


En primer lugar, quiero agradecer a la comisión la oportunidad que me da de comparecer ante sus señorías, lo que supone para mí un gran honor, no solo por el significado y la representación de las Cámaras parlamentarias en un sistema
democrático como el nuestro, sino también por la capacidad que tienen sus señorías con su labor legislativa de introducir mejoras en el funcionamiento de nuestras instituciones y, en definitiva, corregir de algún modo los problemas o las pequeñas
dificultades con las que nos encontramos quienes, como yo, trabajamos diariamente aplicando las leyes.


Como les han anunciado, comparezco ante esta comisión en calidad de fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga en Pontevedra y, como tal, participo en todas las investigaciones e instrucciones judiciales y también en enjuiciamientos de
investigaciones relativas al narcotráfico, cometidos sobre todo por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Precisamente esa situación me permite tener una visión privilegiada de algunas carencias o necesidades que tenemos en la
lucha cotidiana contra el narcotráfico, y es mi propósito en esta breve intervención darles una pequeña idea de los principales problemas con los que nos estamos encontrando, fundamentalmente, repito, en la lucha contra el narcotráfico cometido por
grandes grupos organizados. Al propio tiempo, también me atreveré a sugerir o proponer alguna reforma legislativa que podría ayudarnos en la labor de lucha contra el narcotráfico.


Voy a concretar mi intervención en cinco problemas fundamentales: en primer lugar, me atrevo a proponer una solución al problema que les voy a exponer, que sería la creación de juzgados de instrucción de criminalidad organizada de ámbito
provincial o territorial en determinados lugares de España donde existe un mayor problema con la criminalidad organizada; y les explico. Desde hace ya muchos años, sus señorías saben que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han
especializado en la lucha contra determinadas modalidades de delito. Así, todos conocemos la magnífica labor desempeñada por



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el Seprona, de la Guardia Civil, por la brigada de delitos informáticos, o por el Cuerpo Nacional de Policía, en materia de violencia de género o delitos patrimoniales.


En la lucha contra el crimen organizado son muchas ya las comisarías de España que desde hace muchos años cuentan con unidades de drogas y crimen organizado, los conocidos como Udyco. El equivalente a la Guardia Civil serían los equipos de
delincuencia organizada y antidroga, pero, incluso dando un paso más allá, desde hace aproximadamente diez años, en el Cuerpo Nacional de Policía se desarrollaron los llamados Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado, los conocidos
como Greco; y en la Guardia Civil, su equivalente son los Equipos contra el Crimen Organizado, los ECO, que se concretaban en seis grupos en distintos sitios de España donde el problema de la criminalidad organizada era más notorio, concretamente
en la Costa del Sol, Levante, Cádiz, las islas y Galicia, precisamente.


Como sabrán sus señorías, en la fiscalía en los últimos años se ha producido una importante labor de especialización de los fiscales. Hoy en día en todas las fiscalías españolas existen fiscales especializados en medioambiente, violencia de
género, siniestralidad laboral, etcétera. Precisamente fueron las fiscalías especiales antidroga y anticorrupción las que hace ya más de veinte años designaron fiscales delegados en aquellos territorios donde la materia que investigaban estas
fiscalías se sentía de manera más notoria. Pues bien, esta especialización de las policías y las fiscalías, sin embargo no ha tenido su equivalente en los tribunales en la carrera judicial. A día de hoy, las únicas especializaciones de las que
podríamos hablar serían la Audiencia Nacional, en su caso, y los juzgados de violencia de género, pero en criminalidad organizada, no, y es algo necesario, y les voy a explicar por qué contándoles muy brevemente lo que ocurre en Galicia. En la
fiscalía donde yo trabajo, desgraciadamente se siguen asentando las grandes familias, los grandes grupos de narcotráfico responsables de la introducción de la mayor parte de la cocaína, no ya en España sino en la Unión Europea. Es en las comarcas
de Arosa y del Salnés donde estos grupos organizados están importando miles de quilos de cocaína cada año, que se transforman en cientos de millones de euros. Repito, no solo para abastecer a España, sino también a la Unión Europea.


Frente a esta situación, la realidad es que los juzgados que desempeñan su jurisdicción en estas zonas, concretamente los juzgados de Villagarcía de Arosa y de Cambados, sin perjuicio de la magnífica labor que están desarrollando los jueces
allí destinados, son juzgados servidos por jueces que acaban de salir de la escuela judicial, que desempeñan su primer destino en la carrera judicial y son destinados a juzgados con una carga de trabajo tan importante que les impide estudiar de
manera mínimamente concienzuda cualquier problema. Además, son juzgados mixtos, que están decidiendo sobre asuntos penales y civiles al mismo tiempo, y como ejemplo les podría señalar que, en estos juzgados, el juez puede estar ventilando por la
mañana un juicio de faltas por unos insultos en el patio de vecinos y, al salir, puede estar dictando un auto que autorice la infiltración de un agente encubierto en una organización internacional de narcotráfico, una entrega controlada de un
contenedor de droga o, en definitiva, interviniendo teléfonos con una complejidad difícilmente alcanzable para cualquier otro juzgado. Como pueden entender sus señorías, no es proporcionado, no es lógico y no es la situación ideal para luchar
contra el crimen organizado, que es lo que mayores problemas plantea en la investigación de los delitos y mayores problemas jurídicos en cuanto a la interpretación y la aplicación del derecho.


Por eso, ante este problema entre los operadores jurídicos, desde hace años venimos demandando en cierto modo que, al igual que les contaba al principio en relación con el Cuerpo Nacional de Policía, la policía o la fiscalía, se pudieran
crear órganos especializados de instrucción. Como se pueden imaginar, no sería necesario en todos los partidos judiciales de España, ni mucho menos, pero sí allí donde el problema es más acuciante, donde el crimen organizado tiene un mayor
desarrollo.


El segundo de los cinco puntos que les anunciaba, y al que me voy a referir ahora, es la necesidad de regular en nuestro ordenamiento jurídico la figura del confidente policial. Como sus señorías conocen, nuestros policías trabajan de
manera muy importante y se surten de información de confidentes policiales. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no contiene ni una sola línea que regule esa figura. ¿Qué problemas genera esto? En primer lugar, la inseguridad de los propios
policías, que están trabajando al margen de la ley. No digo que lo hagan fuera de la ley pero sí al margen, sin una cobertura legal que les dé esa seguridad sobre qué pueden hacer, qué no pueden hacer y hasta dónde pueden tratar o no con un
confidente, en muchas ocasiones rozando la línea de lo lícito o ilícito.


En segundo lugar, la falta de regulación está provocando que perdamos la posibilidad de utilizar esos confidentes policiales de manera mucho más eficaz y les voy a como ejemplo el caso de Portugal, uno de los numerosos países de nuestro
entorno que tiene regulada la figura del confidente policial y donde el



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ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que un confidente policial que forme parte de una organización delictiva pueda estar colaborando con la policía sin dejar de formar parte de esa organización delictiva para, de esa forma,
proporcionar una información tremendamente eficaz, previendo el ordenamiento jurídico posteriormente un tratamiento privilegiado para este confidente policial, siempre que se cumplan ciertas condiciones.


Desde hace años, en relación con la lucha contra el narcotráfico, he recibido en mi despacho a policías demandando la posibilidad de utilizar a los confidentes policiales de esa forma y en todos los casos les he tenido que decir que no
porque nuestro ordenamiento jurídico no prevé esa posibilidad; y, repito, estamos perdiendo una oportunidad en la lucha contra el crimen organizado. Únicamente quiero recordarles que ya la comisión parlamentaria del 11-M incluyó entre sus
conclusiones la voluntad de regular de alguna forma la figura del confidente policial, pero todavía no se ha hecho.


El tercer punto al que me voy a referir es al desarrollo reglamentario de la oficina de recuperación de activos. La Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal, introdujo a su vez una reforma en la Ley de enjuiciamiento criminal
tremendamente interesante por la que se creaba esta oficina de recuperación de activos y se le encomendaba, entre otras funciones, y leo textualmente: la localización, la conservación, la administración y la realización de los efectos, bienes,
instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal. Pues bien, esta interesantísima herramienta, que nos traería unos magníficos resultados en la lucha contra el crimen organizado, a
día de hoy no se ha desarrollado.


Soy conocedor de que existen iniciativas y de que ya hay trabajos para el desarrollo de la oficina de recuperación de activos, pero quiero poner en conocimiento de sus señorías la tremenda necesidad que tenemos de esta oficina de
recuperación de activos. ¿Por qué? Porque si ya les contaba antes cómo el juez de instrucción tiene unas cargas de trabajo y unas responsabilidades que difícilmente le permiten atender en muchas ocasiones al fenómeno de la criminalidad organizada,
mucho más para encontrar patrimonios de grandes organizaciones, administrarlos y conservarlos. Mi trabajo se centra en organizaciones de narcotráfico que cuentan con entramados societarios con los que están blanqueando, pero nos encontramos con el
problema de que en el momento de la detención de los componentes de estas organizaciones a lo mejor tienen varias sociedades con decenas de trabajadores y no podemos permitir que estos pierdan su puesto de trabajo porque incautemos a la brava,
digamos, esos patrimonios. Por ello, necesitamos profesionales que nos ayuden a administrar esos patrimonios y a conservarlos en poder de quien es su legítimo titular hasta que exista una sentencia condenatoria, de tal forma que llegado el momento
ese patrimonio haya producido rentas, haya producido frutos o haya conservado los puestos de trabajo; y, en el caso de que la sentencia sea absolutoria, que se pueda devolver el patrimonio en condiciones a la persona investigada.


La falta de regulación de esta oficina de recuperación de activos está generando, en la práctica, dos consecuencias indeseables desde mi punto de vista: la primera de ellas es que el Estado está perdiendo la posibilidad de obtener unos
ingresos importantes, porque el crimen organizado mueve muchísimo dinero al que no estamos llegando; y, la segunda, que en la persecución y en la represión del crimen organizado no estamos llegando al punto donde quizá se haga más daño a las
organizaciones criminales, que es a la plena y completa privación de esos patrimonios.


La cuarta de mis propuestas —me atrevería a decir que de rabiosa actualidad hace unos meses, aunque hoy en día no lo es tanto- es la necesidad de la regulación legal de medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales. Me
estoy refiriendo a que nuestro ordenamiento jurídico, nuestra queridísima Ley de enjuiciamiento criminal de 1882 —bastante servicio ha dado desde entonces—, lógicamente no prevé algo que llevamos viendo en las películas americanas desde hace 20 o 30
años, y es la colocación de un micrófono para escuchar lo que dice el delincuente. Esto cobra, además, mucho más protagonismo en el caso del crimen organizado, en donde existen comunicaciones esenciales para el desarrollo de la actividad delictiva.
Nuestro ordenamiento jurídico no regula la simple colocación de un micrófono ni la colocación de una baliza de seguimiento. Les diré que una baliza de seguimiento colocada en un coche hace que nuestra policía pueda seguir el rastro de un criminal
desde un despacho, con unas medidas de seguridad absolutas y con una certeza precisa del lugar donde se encuentra esta persona, también de cara a su prueba de descargo en el momento del juicio. La no utilización de una baliza nos obliga a destinar
a 3, 4, 5 o 6 policías, en turnos de 8 horas cada uno, realizando seguimientos detrás de un coche, jugándose la vida, con la posibilidad de ser descubiertos,



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con la inseguridad que genera el testimonio posterior del policía sobre si estaba aquí o estaba allí, frente a la certeza de la baliza.


Además, nuestro ordenamiento jurídico tampoco regula algo tan simple como es entrar en el ordenador de un delincuente y poder obtener información de ese ordenador.


Nuestras policías cuentan con medios para utilizar todas estas medidas de investigación a las que me acabo de referir, pero no pueden hacerlo porque, por un lado, la Convención de Derechos Humanos y, por otro, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos han venido diciendo que, tratándose de medidas restrictivas de derechos fundamentales —como efectivamente son- es necesaria una previsión legal para su utilización que no tenemos. Y el último pronunciamiento en este sentido ha sido la
reciente sentencia del Tribunal Constitucional del mes de septiembre anulando una condena en un delito de homicidio por la colocación de micrófonos.


Les decía al inicio de este cuarto punto que esta demanda, de brutal y rabiosa actualidad hace unos meses, hoy lo es menos porque quienes trabajamos entonces en este asunto nos movimos para demandar, en todos los ámbitos políticos a los que
tuvimos acceso, la necesidad de la urgentísima regulación de estas medidas de lucha contra el crimen organizado, y hoy en día me consta que existe en sede parlamentaria un anteproyecto de ley orgánica que regula muchas de estas medidas. Sin
perjuicio de una mayor o menor bondad o necesidad de correcciones, lo que sí les puedo indicar es que es absolutamente necesaria y urgente la aprobación de esa reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal.


El último punto que voy a comentar es el referente a las víctimas del tráfico de drogas, a los toxicómanos, a los drogodependientes. En nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Penal existe un artículo, el 87 —que será el artículo
80 cuando entre en vigor la reciente reforma del Código Penal aprobada por sus señorías—, que prevé que cuando un toxicómano cometa un delito como consecuencia de su adicción a las drogas, si posteriormente inicia un tratamiento de rehabilitación y
cumple una serie de requisitos, puede eludir el ingreso en prisión porque se puede suspender la pena privativa de libertad. Esta magnífica previsión —y es que no existe otro adjetivo para su calificación- por un lado es para mí la encarnación más
pura de los principios de reinserción y rehabilitación social que postula el artículo 25 de la Constitución y, por otro, es la mejor herramienta para acabar con la delincuencia porque si rehabilitamos a un drogodependiente conseguiremos que no
vuelva a cometer delitos, pero si le metemos en prisión volverá a cometerlos al día siguiente de su salida de ella.


Repito que esta herramienta es magnífica pero, desde mi punto de vista, por carencias en la regulación, está convirtiéndose en algunos aspectos en perversa, como a continuación les explicaré. Así, no es la primera vez que he oído —aunque
sea de forma anecdótica- que un delincuente es detenido, llevado ante un juzgado de guardia y cuando su abogado le pregunta si consume drogas y la respuesta es negativa, el abogado le aconseja que empiece ya a consumirlas porque en unos meses le
harán pasar unas pruebas, un análisis, y si da positivo en drogas podrá eludir la pena de ingreso en prisión. Como pueden entender ustedes, el magnífico artículo 87 se convierte así en perverso si lo analizamos desde este punto de vista. El
artículo tiene algunas deficiencias que están provocando que personas para las que no estaba pensado este artículo se estén beneficiando de él, como los simples consumidores de droga y no los drogodependientes que cometen el delito a causa de la
adicción. ¿Cuáles son los problemas? Desde mi punto de vista son dos. En primer lugar, que el artículo no contiene una definición de lo que debe entenderse por dependencia de las drogas, y de ahí que en algunos casos se esté mezclando consumo y
dependencia. La forma de arreglar este problema para mí es muy sencilla, simplemente habría que introducir en el artículo que el beneficio se conceda únicamente a aquellos delincuentes a quienes se les haya apreciado una circunstancia atenuante de
drogadicción en la sentencia; así el problema estaría resuelto porque la circunstancia atenuante de drogadicción sí está muy desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El segundo problema que permite esta disfunción del artículo es
que la decisión última sobre la suspensión o no de la ejecución de penas en estos casos está en manos de las Audiencias provinciales, sin posterior control del Tribunal Supremo, lo que hace que cada una de las distintas secciones de las 50
Audiencias provinciales que hay en España interpreten este artículo de forma distinta, en algunos casos bien y en otros no tanto. ¿Y cuál sería la solución? En mi opinión, que la decisión sobre la suspensión de ejecución de penas se incluya en la
sentencia del tribunal y no posteriormente en la ejecución de sentencia, como ocurre hoy. Si la decisión se incluye en la sentencia, esta estará sujeta a un recurso de casación y, por tanto, a la revisión del Tribunal Supremo y a la unificación de
doctrina. Seguro que con esta medida se evitarían otras disfunciones.



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Debido a la escasez de tiempo para mi exposición, y sobre todo, después de la maratoniana mañana que han tenido sus señorías, voy a dejarlo aquí, sin perjuicio de cualquier otra aclaración que quieran pedirme y que estaría encantado de
hacerles.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, don Luis María.


Para hacer los comentarios y aportaciones que deseen a la intervención del señor fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Provincial de Pontevedra, tiene la palabra la señora Sayós i Motilla, portavoz del Grupo Catalán.


La señora SAYÓS I MOTILLA: Yo quería intervenir, pero me lo ha dejado todo tan claro que no sé ni qué decir.


Nosotros también hemos observado —en mi caso, por mi profesión de abogada- la naturaleza de la normativa jurídica con respecto al narcotráfico y lo que usted exponía, especialmente en el punto tercero, en cuanto a la oficina, que creemos no
ha sido reglamentado. Además, hemos comparado la situación del confidente, incluso con referencia a películas en las que aparece, y es verdad que quizá hay un vacío legal o una falta de regulación. Por tanto, nosotros también compartimos su punto
de vista.


Creo que presentaremos iniciativas para ver si el Gobierno regula estos dos aspectos que consideramos importantes no solo para el ejercicio del Derecho sino para quienes deben aplicarlo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, señora portavoz.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Gracia Fernández Moya.


La señora FERNÁNDEZ MOYA: Muchas gracias.


Quiero agradecer la presencia del señor fiscal de la Audiencia Provincial de Pontevedra en esta comisión. Su exposición me ha parecido muy interesante, muy clarificadora y con puntos muy concretos que pueden dar lugar a debates, a
iniciativas y a poder mejorar, que creo es lo que usted nos está pidiendo en esta comisión.


Debo decir que al oír su intervención ha habido cuestiones que me han preocupado. Creo que la creación de los órganos específicos que ha comentado, los órganos de instrucción especializados en criminalidad organizada, podrían ser una idea
muy buena. Además, hay experiencias anteriores de juzgados especializados que están dando buenos resultados en ese aspecto. Creo que esta puede ser una propuesta bastante interesante a valorar por la complejidad del trabajo.


Mi primera pregunta es si en estos últimos años ¿hay más complejidad o ha evolucionado más la actividad por narcotráfico, fraude o crimen organizado? También me preocupa mucho que su tarea sea la de trabajar aplicando las leyes contra
criminales dedicados al tráfico de drogas, que una tarea importantísima. En su tarea diaria, ¿cómo está influyendo el cambio en la Ley de justicia universal, sobre todo en Galicia, en la labor de la lucha contra el narcotráfico organizado? ¿Cómo
les está afectando esa cuestión?


No quiero alargarme, pero sí quisiera valorar cada propuesta, sobre todo con los expertos juristas del Grupo Socialista, porque yo soy médico, no jurista. En este sentido, me voy a centrar también en las víctimas del tráfico de drogas y,
precisamente, creo que la mayor tarea que estamos haciendo en esta comisión es poner el foco en ellas. Comparto también que el objetivo tiene que ser la rehabilitación, la reinserción social, analizando los artículos de las leyes y modificando
aquellos que puedan modificarse, pero sin perder ese objetivo. Es decir, que lo que haya que mejorar se mejore, pero sin hacer lo que se está haciendo ahora: pensar solo en un castigo o en unas medidas más punitivas que rehabilitadoras. Creo que
eso podremos apoyarlo. Las leyes están para evaluarlas y para cumplirlas, pero también para modificarlas cuando sea necesario, sin perder de vista los objetivos fundamentales.


Valoraremos las propuestas tan concretas que ha hecho hoy el señor Uriarte en esta comisión.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, señora Fernández Moya.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, el senador Rivera Mallo.


El señor RIVERA MALLO: Gracias, señor presidente.


Señor fiscal, sean nuestras primeras palabras para manifestar nuestra gratitud. Ya que comparece a petición del Grupo Parlamentario Popular es justo reconocer, y lo hago así, su sensibilidad y su trabajo en



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asuntos de tanta transcendencia, en una zona castigada por el narcotráfico y, por tanto, con serias dificultades a la hora de realizar su tarea, que exige un especial esfuerzo. Sin duda, es una zona en la que coinciden delincuentes
históricos como Sito Miñanco, Laureano Oubiña y su hijastro, Manuel y José Charlín, Francisco Javier Martínez San Millán, etcétera, así como otros emergentes.


Para mi grupo parlamentario es un privilegio que comparezca en esta comisión una persona que no regateó esfuerzos en su lucha contra el narcotráfico, que vivió minuto a minuto la situación, y que lo hizo intensamente desde el propio tajo,
valga la expresión; de ahí la experiencia y el conocimiento que demostró en sus palabras.


Comparto las palabras de la portavoz del Grupo catalán en el sentido de que fue tan clara su intervención que ya poco hay que añadir. Por tanto, voy a ser brevísimo a la hora de aportar unas ideas.


Recogemos con especial atención los cinco puntos de su interesante intervención que, de verdad, coinciden con la filosofía de nuestras inquietudes, de nuestra tarea parlamentaria y de nuestra preocupación como portavoces de las demandas de
la sociedad. Quede constancia, señor fiscal, de nuestro compromiso de leal colaboración y decidido apoyo en la tarea común de lucha contra la droga y las adicciones, que representan un drama y una amenaza permanente, una verdadera tragedia para
muchas familias.


Justo es reconocer el papel decisivo de esta comisión mixta a la hora de favorecer consensos de los distintos grupos parlamentarios y de diversos colectivos e instituciones de diferente signo, con el objetivo común de implicarse y abordar
como fin la erradicación del problema de las drogas que afectan a la ciudadanía y, en especial, a los jóvenes. En este sentido, se impone la lucha sin cuartel contra el narcotráfico.


Sin duda en Galicia se han dado pasos muy importantes contra las mafias y los clanes, que amasan fortunas, pero los rebrotes demuestran que la amenaza del narcotráfico subsiste y, por tanto, se hace absolutamente necesaria la aplicación de
medidas contundentes con el control permanente y riguroso del blanqueo de dinero. De igual forma, es necesario que en lo posible se implique toda la sociedad en la lucha contra los grupos procedentes de esta actividad delictiva. No podemos bajar
la guardia porque el crimen organizado evoluciona y se adapta con facilidad a las constancias cambiantes y, más aún, cuando la crisis facilita una mano de obra asequible e incrementa la nómina de los aspirantes a narcos.


Hemos de reconocer una vez más la tarea de la fiscalía y de las instituciones competentes que de manera coordinada y estrecha colaboran en la erradicación de grupos emergentes, evitando también que se reorganicen los históricos.


Sus palabras, señor fiscal, su trabajo en las circunstancias difíciles a que antes nos referíamos, así como nuestra relación permanente con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y su apoyo a esta comisión nos
satisfacen y animan a una colaboración decidida, a la que nunca renunciaremos.


Yo quisiera hacer un pequeño comentario en relación con uno de los puntos que ha citado, el relacionado con la oficina de recuperación de activos. En Galicia se trabaja en la solución de la problemática planteada por la gestión y depósito
de bienes muebles incautados en procesos de narcotráfico; se habla de la creación de un servicio especializado en la gestión del bien desde su incautación hasta el final del proceso y cuya principal tarea sea su control e inventario, además de su
depósito y venta anticipada, si procede, pero siempre, naturalmente, bajo el mandato judicial, encargándose de su conservación y transparencia en la prestación del servicio o gestión patrimonial. La Fundación Galega contra o Narcotráfico aportó una
sugerencia para coordinar el trabajo bajo las directrices de un comité creado a tal efecto, que velaría por la óptima prestación de dicho servicio; comité que compondrían representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, de profesionales de la justicia y la Xunta de Galicia, y con la colaboración del Colegio de Procuradores de La Coruña. Se trata de un estudio ya avanzado que afectará a los bienes muebles incautados en Galicia y que
puede ser de indudable interés en la solución del problema actual, constituyendo un instrumento llamado a aportar, en su caso, los beneficios sociales y económicos, evitando también la depreciación de los bienes y el apoyo a los juzgados de Galicia.
Podemos anticipar que ya se firmó un convenio de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico y la Xunta de Galicia, y creemos que puede ser un primer paso en la línea que usted nos apuntaba.


Es lo cierto, señor fiscal, que su detallada intervención enriquece nuestras informaciones sobre la lucha contra el narcotráfico y la evolución de las perspectivas de futuro en el tráfico de drogas. Desde luego, tomamos buena nota de los
aspectos que contienen los puntos de vista por usted abordados que, sin duda, van a tener el debido eco.



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En cualquier caso, sin apartarnos del fin principal y origen de su comparecencia, quisiera conocer su opinión sobre las asociaciones cannábicas que se están implantando en el territorio de nuestro país; en relación con el contenido de la
ponencia de estudio sobre las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones, que sabemos que usted conoce; y, finalmente, sobre la creación en Galicia de un servicio especializado en la gestión integral de los bienes
muebles incautados en procesos judiciales de narcotráfico.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, don José Luis.


Para responder a los distintos portavoces, tiene la palabra el señor fiscal.


El señor FISCAL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA (Uriarte Valiente): Muchas gracias a todos por las cariñosas palabras que me han dedicado.


Estoy entusiasmado porque alguien que trabaja en este ámbito coincida con mi diagnóstico. Por ello, señora Sayós, le agradezco mucho su apoyo y le pido su impulso, porque si conoce usted los problemas que tenemos coincidirá conmigo en que
las soluciones no son especialmente complejas y están ahí. Quiero subrayar un único matiz en relación con la figura del confidente y es que cuanto más reguladas estén las cosas, mejor, porque evitaremos en un determinado momento que sucedan cosas
que ninguno deseamos.


En relación con las preguntas que me hacía la señora Fernández Moya —muchas gracias también por sus palabras—, le intentaré también responder brevemente. Me pregunta si hay más crimen organizado y lo cierto es que sigue habiendo mucho, más
del que podamos perseguir e investigar. Le voy a dar algunos datos anecdóticos que le pueden servir para hacerse una idea y es que la tonelada de cocaína está, más o menos, a un precio de unos 300 millones de euros. Por la información que
manejamos, en Galicia están entrando más de 30 o 40 toneladas de cocaína. Yo soy de letras y no voy a hacer la cuenta, pero todos esos miles de millones de euros que genera esa cantidad de cocaína están en manos del crimen organizado de una forma,
de otra, aquí o allá. Con eso yo creo que es muy fácil darse cuenta de la gravedad del problema. Por ello, es necesaria cualquier inversión que hagamos, no hablo ya de inversión económica, sino humana y de medios, para luchar contra el crimen
organizado.


Me preguntaba también por la Ley de justicia universal. Gracias a Dios, en Galicia nos afecta muy poquito porque los problemas que ha suscitado la justicia universal se refieren a la persecución de delitos cometidos fuera del territorio
nacional, y los delitos cometidos fuera del territorio nacional son perseguidos, en su caso, por la Audiencia Nacional. No es baladí su pregunta porque no tenemos juicio sobre narcotráfico o contra crimen organizado en Galicia en donde no se
planteen cuestiones respecto de la justicia universal. Sin embargo, mi respuesta siempre es la misma y es que si se tratara de un delito cometido fuera del territorio nacional y tuviéramos que plantearnos la regulación de la justicia universal se
enviaría a la Audiencia Nacional y no se sustanciaría en Galicia. Por eso le digo que, en principio, a las distintas audiencias provinciales no nos afecta.


Me hablaba también de la reinserción social y coincido absolutamente con usted. En este sentido, he de incidir en lo que dije anteriormente porque si bien es cierto que las penas tienen que tener un componente de represión también, el
componente principal ha de ser el de la reinserción social porque el delincuente rehabilitado deja de ser delincuente, y el delincuente castigado continúa siendo delincuente, y la sociedad continúa con el problema. Pero sí digo una cosa y redundo
en lo que señalaba antes sobre los problemas que genera el artículo 87. Cuando un delincuente no es reinsertado socialmente, cuando el sistema le dota de los medios para la reinserción y él burla esos medios, no se reinserta y vuelve a la sociedad,
hace mucho daño a los delincuentes que sí han optado por el camino de la reinserción. Porque parece que uno es más listo que el otro, ¿entiende lo que le digo? Por eso, todos tenemos que trabajar muchísimo más en la reinserción social y mi
propuesta en relación con este artículo del Código Penal iba en ese sentido.


Señor Rivera Mallo, su señoría conoce de cerca el problema del narcotráfico en las Rías Bajas, en Galicia. Por eso, es muy significativo para mí que sea receptor de mis propuestas, porque yo creo que redundarán no solo en beneficio de la
lucha contra el crimen organizado en las Rías Bajas, sino también en la Costa del Sol, en Levante, en las islas y en determinados puntos de España que cuentan con este problema. Me planteaba tres cuestiones que responderé brevemente. La primera
acerca de la ponencia de esta comisión. Sí he tenido oportunidad de conocerla y aprovecho el momento, además, para trasladarle mi más sincera enhorabuena por esa ponencia, la cual suscribo plenamente de arriba a abajo. Me parece un magnífico
instrumento de trabajo para utilizarlo como punto de partida respecto a un montón de



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políticas. Y lo tomo como punto de partida también para otra de las cuestiones que usted me planteaba, las asociaciones cannábicas. Aquí únicamente puedo decirle que desde mi punto de vista, con el Código Penal en la mano —el que tenemos
hoy en día—, la actividad que se está desarrollando en las asociaciones cannábicas es constitutiva de delito, sin ningún género de dudas. Sé que hay sentencias absolutorias —también las hay condenatorias—, también hay pendiente algún recurso de
casación y creo que en las próximas semanas tendremos resolución del Tribunal Supremo, y sería para mí una sorpresa si dicho tribunal nos dijera que esto no es delito. Lo digo, sobre todo, porque el Código Penal penaliza el favorecimiento del
consumo de las drogas, y esto favorece su consumo. Ello, no obstante, no soy ajeno a que hay algo ahí en la sociedad, pero, permítanme que les diga que esto es un problema de ustedes, un problema político. Si políticamente se quiere asumir la
despenalización o no de determinadas formas de consumo de determinadas drogas, como es lógico, yo ahí no me voy a meter. Pero les digo que con el Código Penal en la mano es delito. Ahora bien, si se inician políticas háganlo ustedes. En todo
caso, tomen como punto de partida la ponencia que elaboró esta comisión, que habla de dos cuestiones muy importantes, desde mi punto de vista, para plantearse el tema de las asociaciones cannábicas: Primero, que el problema del narcotráfico es un
problema global, que está toda la comunidad internacional en el mismo barco. Y las políticas tienen que ser comunes, no regionales o particulares, creo yo. Porque, si no, me da la impresión de que no se va a llegar a buenas soluciones. Y,
segundo, me llamó mucho la atención que en la ponencia recogen un dato tremendamente interesante que yo ya conocía y que creo muy oportuno que la sociedad conozca también. Personalmente, creo que es como consecuencia de las asociaciones cannábicas
—esto no lo dicen ustedes en la ponencia, lo digo yo—. Me voy a referir a las concentraciones de tetracannabinoidol que están encontrándose en el cannabis hoy en día. Yo, personalmente, creo que como consecuencia de las asociaciones cannábicas se
están haciendo trabajos de ingeniería biológica —no sé si se llaman así, igual digo una burrada—. Pero, como digo, se están tratando las semillas para conseguir mejores producciones de plantas como se hace con cualquier cultivo. Y aquí se está
consiguiendo. Y, lo que es cierto, es que estamos encontrando concentraciones de tetracannabinoidol en el cannabis cercanas al 30 %, cuando la planta en la naturaleza no llega al 5 %. Esto se traduce en dos cosas. La primera, que los efectos
nocivos que tiene el cannabis —porque los tiene, sin perjuicio de que pueda tener otros efectos que no son nocivos- se multiplican exponencialmente por esa concentración que tiene la planta hoy en día. Y, segunda, creo que cuando el chaval de 15
años se fuma un porro —o el señor de 50 años también- con un 30 % de concentración estando acostumbrado a fumárselo con un 5 %, esto deja huella en su salud.


Por lo tanto, si se acometen políticas de análisis y de estudio de las asociaciones cannábicas, lo que creo que debe hacerse porque es algo que está ahí en la calle, háganlo de manera responsable, como estoy seguro de que lo van a hacer,
pero tengan en cuenta todo este tipo de cosas.


Esto es todo. No sé si he contestado a todo lo que me han preguntado.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Muchas gracias, señor fiscal. Le agradecemos, señor Uriarte Valiente, la comparecencia que ha tenido ante nuestra comisión, las aportaciones que ha hecho, la paciencia que ha tenido por el
retraso y su brillante y concisa exposición.


Sin más, agradeciéndole nuevamente al señor fiscal su presencia ante nosotros, así como a los señores portavoces, se levanta la sesión.


Eran las catorce horas y diez minutos.