CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 115

DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL ÁNGEL CORTÉS MARTÍN

Sesión núm. 10

celebrada el martes,

17 de junio de 2014

en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DÍA:


Presentación del:


- Informe Anual correspondiente al año 2013, elaborado por el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en cumplimiento del artículo 23 del Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002. (Número de expediente del Senado 781/000014 y número de expediente del Congreso 261/000015) ... (Página2)


Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO


- Informe sobre 'Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad'. (Número de expediente del Senado 781/000015 y número de expediente del Congreso 261/000014) ... (Página2)


Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO


- Informe sobre '¿Menores o Adultos? Procedimientos para la determinación de la edad' (se corresponde con el número de expediente 781/000005 de la IX Legislatura). (Número de expediente del Senado 781/000002 y número de expediente del
Congreso 261/000002) ... (Página15)


Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO


- Informe sobre 'La escucha y el interés superior del menor'. (Número de expediente del Senado 781/000013 y número de expediente del Congreso 261/000013) ... (Página15)


Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO

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Se abre la sesión a las diez horas.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


- INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, ELABORADO POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN SU CONDICIÓN DE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 DEL PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, HECHO EN NUEVA YORK EL 18 DE DICIEMBRE DE 2002. (Número de expediente del Senado 781/000014 y número de expediente del Congreso 261/000015).


AUTOR: DEFENSOR DEL PUEBLO


- INFORME SOBRE 'LOS PARTES DE LESIONES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD'. (Número de expediente del Senado 781/000015 y número de expediente del Congreso 261/000014).


AUTOR: DEFENSOR DEL PUEBLO


El señor PRESIDENTE: Buenos días.


Comenzamos esta sesión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo dando la bienvenida a la señora defensora.


Tal y como se acordó en la reunión de Mesa y Junta de Portavoces, en el orden del día de esta sesión figuran cuatro puntos sus señorías disponen de él y su debate será sustanciado en dos bloques. En un primer bloque debatiremos los puntos 1
y 2, referidos al informe anual sobre el mecanismo nacional de prevención de la tortura y al estudio sobre 'Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad'. Será presentado por la señora defensora y luego intervendrán sus señorías.
Con posterioridad, realizaremos el debate agrupado del informe sobre '¿Menores o adultos? Procedimientos para la determinación de la edad', así como del estudio sobre 'La escucha y el interés superior del menor'.


Sin más, damos comienzo a la sesión.


Tiene la palabra la señora defensora.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Muy buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente.


Señoras y señores senadores y diputados, comparezco ante esta Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo con el fin de explicar a sus señorías algunos de los últimos trabajos realizados por el Defensor y algún documento o
informe que estaba pendiente había sido entregado pero no explicado ni debatido en las Cámaras y, desde luego, para contestar a todas aquellas cuestiones relacionadas con la institución del Defensor que ustedes tengan a bien plantearme.


Como ha dicho el presidente, en la primera parte de mi comparecencia voy a agrupar dos informes -haré un resumen de ellos para no alargar en exceso la sesión- y en la segunda parte agruparé los otros dos.


El primero es el informe anual correspondiente al año 2013 del denominado mecanismo nacional de prevención de la tortura. Como saben sus señorías, por mandato de las Cortes Generales de 3 de noviembre de 2009, recayó en la institución del
Defensor del Pueblo la responsabilidad de ser, en terminología de Naciones Unidas, mecanismo nacional de prevención de la tortura. Lo ejercemos desde entonces y anualmente comparecemos ante sus señorías para explicar las actuaciones, las
recomendaciones formuladas y aquellas deficiencias que hayamos podido notar.


Nuestra responsabilidad y nuestro objetivo es prevenir, evitar y cooperar para que en ningún lugar de España existan malos tratos, tortura o tratos degradantes. Como saben muy bien ustedes, nosotros no intervenimos en las decisiones
judiciales, ni muchísimo menos, pero sí nos cabe la responsabilidad de vigilar que en aquellos lugares donde existe privación de libertad se cumpla la Convención Europea de Derechos Humanos y los tratados internacionales que España ha suscrito
debidamente. El informe que ahora presentamos será luego remitido al Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura.


A la adjunta del Defensor que nos acompaña, al adjunto que nos va a acompañar en seguida y a mí nos gustaría -y pienso que a sus señorías también- que España fuera siempre una referencia altamente valorada desde el punto de vista del
cumplimiento de los derechos humanos, y que aquellas instituciones de carácter internacional que vigilan el cumplimiento de los derechos nos pusieran siempre como ejemplo de buenas prácticas. Creo que debe quedar muy muy lejos ya la imagen de
aquella España pintoresca y

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anómala que, además, transgredía derechos fundamentales. Tenemos que terminar con aquellas imágenes y situarnos entre los países absolutamente garantes de los derechos humanos.


El informe correspondiente al 2013 contempla ya la culminación de esta institución en relación con el mecanismo nacional de prevención de la tortura, porque se ha constituido el consejo asesor recogido en la disposición reguladora de este
mecanismo, que fue aprobado a lo largo del año 2012 y constituido durante el año 2013. Es decir, en nuestras actuaciones contamos con la ayuda y la colaboración de personas que no son de la institución y que tienen un reconocido prestigio en esta
materia. Contamos con la abogada y decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, doña Milagros Fuentes, que fue designada por el Consejo General de la Abogacía; con la doctora y vicepresidenta del Colegio de Médicos de Ourense, la
señora Uriel; con la psicóloga y vicepresidenta del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, doña Vicenta Esteve; con el señor Emilio Ginés, miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura; con la
colaboración del catedrático de Filosofía del Derecho, don Francisco Javier de Lucas; también con la colaboración del catedrático de Derecho Internacional Público, don Fernando Mariño, así como con el abogado especialista en Derecho penitenciario,
don Julián Carlos Ríos, y con la jurista Yolanda Román, especializada en derechos humanos.


Estas personas han conformado durante todo el año 2013 este consejo asesor previsto en la ley; consejo que nos resulta de gran valía porque nos aporta reflexiones, ideas y objetivos que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo. Asimismo
estas personas del consejo asesor nos acompañan en las visitas que hacemos a los centros de privación de libertad, visitas realizadas por técnicos de la institución del Defensor y por algunas personas que vienen colaborando desde hace tiempo:
psiquiatras, psicólogos y penalistas, además de personas del citado consejo.


Durante el año 2013 se han llevado a cabo 60 visitas a lugares de privación de libertad, 18 han sido multidisciplinares, contado una parte con la colaboración de algunas de las personas que he mencionado anteriormente; 28 visitas han tenido
carácter de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones que habíamos hecho en ocasiones anteriores, y todas ellas han sido visitas no anunciadas, excepto alguna -seis concretamente-, y debidamente atendidas por parte de los funcionarios.
Debo reconocer que los técnicos del Defensor y las personas que nos acompañan son siempre bien recibidos y se da respuesta a todas las cuestiones, solicitudes e información que se pueda requerir.


De estas 60 visitas yo he participado en 15. Algunas se han hecho durante la noche, y a lo largo del 2013 -y también se está haciendo ya en el 2014- se ha participado en la supervisión de vuelos de repatriación de extranjeros; vuelos que
salen de alguno de los grandes aeropuertos, de Madrid o Barcelona fundamentalmente. Estas personas que vuelven a su país de origen van acompañadas por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y esos vuelos son supervisados por una
o dos personas de la institución que luego elaboran un informe sobre cómo se realiza el transporte y la identificación de estas personas.


La finalidad de todas estas visitas, de todo el trabajo que se realiza desde el mecanismo de prevención es, como decía, la de examinar las condiciones en las que se desenvuelve la vida de las personas privadas de libertad y la garantía de
sus derechos. El objetivo de estas visitas es fundamentalmente preventivo, para evitar algo que pudiera suponer un trato indebido, haciendo advertencias, recomendaciones o sugerencias; por ejemplo, la estructura de las dependencias y su estado de
conservación; la modalidad de la privación de libertad; la atención médica y la atención psicológica; dónde y cómo se desenvuelven los ratos de esparcimiento; en caso de que una persona necesite alguna sujeción mecánica por alguna situación
psíquica o médica, cómo se desarrolla esta, si hay una vigilancia permanente de esa persona mientras está en unas condiciones determinadas, y a la vista de todas estas inspecciones se realizan unas conclusiones que están en el informe que tienen sus
señorías y que se hace llegar a las distintas autoridades y comunidades autónomas cuando corresponde. Si estas recomendaciones no fueran atendidas por las instituciones, procederíamos, no solo a reiterarlas, sino a exigir, de acuerdo con la
legalidad, que se nos conteste y que se nos diga si se aceptan o no estas recomendaciones o estos recordatorios de deberes legales, pues a veces no son más que recordatorios del cumplimiento de la ley.


Durante el año 2013 se han efectuado un total de 24 recomendaciones, 105 sugerencias a las instituciones y 6 recordatorios de deberes legales. Todo ello se refleja en este informe. Y de todas estas recomendaciones y sugerencias, están
pendientes de contestación 12 en total, aceptadas 105 y rechazadas 12. De las 105 aceptadas, el 89,74% han sido aceptadas, y ello también consta en el gráfico de que disponen sus señorías. Este 89,74% es un porcentaje alto de aceptación de las
recomendaciones y sugerencias, y de todo ello se da cuenta en este informe. Resaltamos las recomendaciones aceptadas,

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destacamos las mejoras que se han observado, los avances, las buenas prácticas -como se dice en este lenguaje-, pero no obviamos las deficiencias, porque queremos ser lo más objetivos posible y queremos subrayar los avances realizados y las
mejoras, pero también aquellas situaciones, circunstancias, hechos, infraestructuras o actuaciones que merecen alguna reconsideración, y también constan en este documento.


Voy a poner dos ejemplos. Todavía observamos que hay déficit en cuanto a la videovigilancia, que es muy importante para asegurar que siempre hay un trato correcto, pero también para aquellas personas encargadas de la custodia en el sentido
de que, si hay alguna duda sobre una actuación, se puede constatar, se puede demostrar cómo se ha actuado. Y observamos también -y sobre ello volveré luego brevemente- una insuficiencia en los partes de lesiones de las personas privadas de
libertad. En el documento que también tienen sus señorías se han fotografiado algunos partes de lesiones, y sus señorías van a comprobar que no son todo lo correctos que deseamos, y sobre todo no son todo lo claros que deberían ser para la garantía
de la persona que está privada de libertad, pero también para la de las personas que tienen a su cargo su custodia y vigilancia.


Hemos visitado también los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, y se han formulado bastantes recomendaciones que constan en el informe. Faltaba el reglamento de los CIE, que ya existe, y consideramos que es un avance
importante, pues en él se concretan procedimientos, formas y actuaciones, lo que constituye una mejora. Y tras una recomendación elaborada por el Defensor, estamos a la espera de una instrucción sobre la prevención de suicidios en los centros de
privación de libertad; que exista un protocolo de actuación y unas normas para evitar un suicidio es muy importante y verdaderamente deseable.


También se señala a lo largo del informe algo a lo que me he referido antes, y es cómo se usan los medios coercitivos, la sujeción mecánica. Le damos importancia a estas actuaciones y se formulan algunas recomendaciones, si bien se ha
observado grandes avances en el cuidado de estas actuaciones por parte de los centros de privación de libertad y se ha hecho de acuerdo con las exigencias de los convenios internacionales y las recomendaciones de Naciones Unidas.


En relación con los CIE, voy a recordarles a ustedes que aquí tienen el número de CIE visitados, prácticamente todos los CIE que hay en España y en varias ocasiones. Yo misma he visitado varios de ellos, y hace muy poco tiempo también
visité el que hay en las afueras de París para observar cómo hacían las cosas allí y compararlas. Las actuaciones son bastante parecidas. Quizá podamos mejorar alguno de nuestros CIE; existen en todos los países de la Unión Europea y me propongo
visitar otros de países cercanos a España, que son modelo en muchas cosas, para comprobar cómo actúan, cómo se desarrolla la vida y las circunstancias de estas personas, cuánto tiempo están, qué asistencia y tratamientos se les dispensa, etcétera.
El CIE de París tiene capacidad para 300 personas y está a los pies del aeropuerto Charles De Gaulle para hacer las repatriaciones lo más rápidamente posible. Tiene una buena asistencia letrada, pero las condiciones son bastante parecidas a las de
los CIE de España.


Los centros de menores infractores también se mencionan y se observan muchas sanciones disciplinarias de separación del menor infractor del grupo. Nosotros recomendamos que esas sanciones en vez de ser por la vía de la separación del grupo,
lo sean privándoles de algunos momentos de esparcimiento o de recreo, pero no nos parece conveniente separarlos del grupo, y aquí se explica.


Los centros sociosanitarios visitados a lo largo de 2013 aceptan, en general, las recomendaciones y las observaciones que se les hacen, por ejemplo, la necesaria autorización judicial para el internamiento de las personas que están en estos
centros sociosanitarios. Esto es absolutamente imprescindible. Las administraciones aceptan esta recomendación del Defensor y el Ministerio de Justicia va a revisar aquellos casos en los que conste que se ha internado a personas sin esta
autorización. Estas son las grandes líneas y objetivos de este documento.


Tienen sus señorías los datos de las recomendaciones aceptadas y rechazadas y de las que están a la espera de tener una resolución. Hay un capítulo muy extenso, de 80 páginas, sobre todos los centros de privación de libertad de corta
duración. Hay otro capítulo sobre los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, en los que en el año 2013 había en total 3237 personas. Hay un capítulo sobre privaciones de libertad de larga duración, con la evolución de la población
penitenciaria española. Hay otro apartado sobre los centros para menores, con la descripción de los centros y las visitas, con fotografías de los centros, fotografías de los puntos bien mantenidos y de aquellos que presentan alguna deficiencia.


Hay un apéndice con la tramitación de quejas de malos tratos del Defensor. Constan en los anexos las quejas y hay unas tablas de las conclusiones derivadas de todas las visitas, en las que se incluyen todas las resoluciones; las respuestas
de las administraciones; las comisarías, a las que se ha hecho referencia,

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comisaría por comisaría; jefaturas superiores de policía de las comunidades autónomas; juzgados de primera instancia e instrucción y violencia de género; recomendaciones efectuadas a la Policía Local en distintas localidades y ciudades
españolas..., en fin, el anexo contiene toda la información de la que disponemos como consecuencia del trabajo realizado en este campo durante el año 2013. Lo tienen sus señorías y espero que sea, al menos, de su interés.


Este informe se acompaña de uno más breve, que se denomina 'Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad'. Es muy reciente, se acaba de terminar. Se ha realizado a lo largo de 2013, pero lo hemos presentado en mayo de 2014,
si bien hace referencia a todo el trabajo de 2013. ¿Por qué este informe de los partes de lesiones? Porque, como he mencionado, se ha observado que hay que mejorar esos partes cuando hay lesiones o posibles lesiones. Nosotros partimos del
denominado Protocolo de Estambul, del año 1999, que es un manual que proporciona directrices a los expertos médicos y legales sobre cómo determinar si una persona ha sido víctima de torturas o de malos tratos. Saben ustedes, señorías, que el Estado
de derecho no admite divisiones, o hay Estado de derecho o no lo hay y tenemos que reafirmarnos en que se cumpla en todos los lugares y circunstancias, y los lugares de privación de libertad también están dentro de este campo del cumplimiento del
Estado de derecho. Esta es la grandeza del sistema democrático.


En España hemos observado el cumplimiento del Protocolo de Estambul. Los centros de privación de libertad son cada vez más exigentes en el cumplimiento de las normas y ese es un motivo de satisfacción, pero tenemos que vigilar que se
mantenga este cumplimiento, que no se evite en ningún supuesto y si hay algunas deficiencias, que se corrijan. Y, como decía antes, España debe poder exhibir ante organismos internacionales que se interesan por ello cómo se cumple y se hace cumplir
la ley, que no hay malas prácticas ni abusos y que somos un ejemplo a seguir, muy distinto de aquella España lejana, diferente, anómala y pintoresca, y el defensor tiene que contribuir a esta imagen relativa al cumplimiento en España, en todos los
lugares, de los derechos fundamentales y de los derechos de las personas privadas de libertad.


Este informe analiza la situación de los partes de lesiones, como aquí se muestran, y recomienda que se mejoren, que se hagan de forma más clara, que se expresen con mayor concisión, y se le pide al Ministerio de Justicia que sean homogéneos
en lo sustancial para que en todos los lugares se cumplimenten de la misma manera o similar, de modo que queden claras las circunstancias, los posibles hechos que haya que constatar y se vea claramente la firma, la hora, el momento, la fotografía si
procede, etcétera.


También hacemos recomendaciones en esta materia a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre estos partes, para reiterar lo mismo, es decir, que haya un modelo de partes de lesiones que contenga al menos los mismos datos mínimos, que se
remitan inmediatamente a la autoridad judicial competente y que, de acuerdo con la Ley Orgánica de protección de datos, puedan ser cancelados cuando proceda, al tiempo, entre otras cosas, que las entrevistas médicas para verificar si ha habido
lesiones o no se realicen de manera privada siempre.


Este informe es el primer estudio que sobre partes de lesiones y el protocolo denominado Estambul de 1999 publica una institución nacional de prevención de la tortura. Lo tienen sus señorías a su disposición, aunque les habrá llegado hace
poco y no sé si habrán tenido tiempo suficiente para estudiarlo. Estamos a su entera disposición para aquello que consideren necesario, para aclarar cualquier punto que merezca una mayor explicación e información.


Señor presidente, como no quería extender excesivamente mi intervención, concluyo aquí esta parte y escucho lo que el presidente y sus señorías tengan a bien formularme.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora.


Al inicio de la sesión me manifestaron su intención de intervenir el señor Yanguas, la señora Sayós i Motilla, el señor Álvarez Villazán y la señora Torme.


¿Hay algún comisionado más que quiera intervenir? (Pausa). El señor Cazalis. Cerramos así la relación de intervinientes.


En primer lugar, tiene la palabra el señor Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve.


Señora defensora, adjuntos y demás equipo de la Defensoría o Defensora del Pueblo, en primer lugar, como siempre hacemos, y en este caso no va a ser diferente, quiero agradecerle las explicaciones que hoy nos ha dado respecto a estos dos
informes de los cuatro que veremos.

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En cuanto al primero, elaborado por el Defensor del Pueblo como Mecanismo de Prevención de la Tortura, quiero destacar varias cuestiones. En primer lugar, la creación del consejo asesor. Que haya técnicos de fuera apoyando en esta labor
creo que es importante y que, sin duda, vendrá a coadyuvar y a mejorar incluso todavía más el trabajo que se hace. Asimismo, destacaría UPN, nuestro partido, el esfuerzo que se hace por visitar tantos centros. Hoy no nos ha dicho usted nada
respecto a la constricción del gasto, pero sí en otras ocasiones. Aun así, entiendo que han podido visitar muchos centros. Leí con mayor detenimiento acerca de la atención prestada a ese vuelo para la repatriación de extranjeros. Coincido con
usted, siguiendo las notas que escribí hace ya algunos días, en que hay que hacer visitas de seguimiento, creo que es fundamental para una institución como la suya, a fin de poder comprobar que las sugerencias que se han ido dando y han sido
aceptadas son cumplidas. Yo, desde luego, le animo a seguir en esa línea.


El segundo informe, aunque tiene mucha relación con el primero, sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad, a mi modo de ver, es muy técnico y pone de manifiesto -es una conclusión evidente- la insuficiente regulación
de esta materia en la Ley de enjuiciamiento criminal. (Creo que usted lo ha comentado y, desde luego, en el informe se indica clarísimamente.) Y he de subrayar que esas recomendaciones al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Estado de
Seguridad avanzarán en la solución de este espinoso e importante tema.


Para terminar, quiero destacar que las conclusiones y recomendaciones en este tipo de informes -y me gusta que sea así- son muy claras y concisas, lo cual permite que resulten mucho más efectivos y no se queden en los anaqueles de muchas
librerías; es decir, posibilitan que se puedan utilizar, que sean efectivos y se pueda hacer un seguimiento de ellos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yanguas.


Tiene la palabra el señor Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias, señor presidente.


Señora defensora del pueblo, primero quiero darle las gracias por su comparecencia. Creo que está usted cumpliendo con creces lo que prometió al inicio de la legislatura, que era mantenernos informados a esta comisión, como debía de ser, y
eso es de agradecer.


Suscribo lo que esencialmente ha dicho el señor Yanguas, no me voy a repetir, aunque yo siempre soy un poco más crítico. Después de un trabajo como el de estos dos informes que ahora estudiamos, me siguen faltando -aunque no sé si tendrá
los datos- las comparativas de los datos históricos. Insisto -y lo hago cada vez que hablo en esta comisión- en que es importante poder disponer de tablas comparativas sobre la experiencia de la Defensoría del Pueblo en todos estos casos. Creo que
es fundamental ver la evolución, sobre todo, como usted bien ha dicho, en el caso del procedimiento del control, para evitar las torturas, porque ahí sí que hay que visualizar un cambio a mejor. Creo que es esencial para todos: para nosotros como
legisladores, para el propio Gobierno y también para las personas implicadas en todos estos casos, que son los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre los que siempre pende ese tipo de duda. Por tanto, creo que es bueno ver
que los datos evolucionan y que lo hacen favorablemente.


Evidentemente, el documento es muy amplio, pero hay una cuestión que me llamó la atención. A pesar de que los porcentajes son ínfimos, analizando los casos de denuncias respecto a las detenciones de corta duración realizadas por las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado, no puedo más que felicitarme porque de los 7554 casos declarados en el País Vasco no se haya producido ninguna denuncia. Sin embargo, me sorprende que en la Policía Nacional, que ha hecho 225 699 detenciones, haya
un caso de denuncia de torturas y, en cambio, en la Guardia Civil, de 75 810 detenciones, haya cinco casos de denuncia. Seguro que todo ello estará sub iúdice y probablemente usted no nos pueda decir gran cosa al respecto, pero creo que son cifras
de las que habría que hacer un especial seguimiento, porque son cuerpos y fuerzas de diferente tipo, probablemente con diferente origen, y no sé si tiene que ver con algo específico de cada cuerpo. Creo que se podría indagar y hacer un poco más de
hincapié en este tema.


No puedo decir en cuanto a los partes de lesiones más que la estandarización de los documentos y los procedimientos evidentemente es una garantía en sí misma. Además, como médico que he tenido que hacer partes de lesiones alguna vez,
conozco lo complicado que resulta que los partes de lesiones puedan

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ser leídos por distintas personas y que todas lleguen a la misma conclusión. Por eso, creo que es importante la estandarización en este caso.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cazalis.


Tiene la palabra la señora Sayós i Motilla.


La señora SAYÓS I MOTILLA: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora defensora.


Creo que su exposición ha sido de gran interés para todos nosotros, o al menos para mí, pues me ha dado una visión distinta a la que vemos los ejercientes del derecho.


Seré muy breve porque tanto el informe como el documento de los partes de lesiones le han parecido muy correctos a mi grupo parlamentario.


Convergència i Unió comparte la explicación de su informe acerca de la trata, que ha venido reclamando desde siempre, porque también cree que hay que luchar contra la trata ya que es una lacra social que tenemos que erradicar, pero,
especialmente, contra la vulneración de los derechos humanos, a la que no se debe proceder. Nos pronunciamos como acérrimos defensores de los derechos humanos, igual que la señora defensora del pueblo, y celebro que la institución se pronuncie a
favor de ser garante de estos.


A mí me gustaría hacer más hincapié sobre algunas recomendaciones que han sido rechazadas, porque no comparto el argumento que justifica ese rechazo.


Creo que realmente se han producido mejoras y avances, y celebro también que se pronuncie sobre la objetividad que le pedí en una ocasión anterior. Por tanto, únicamente puedo felicitarles en relación con este informe.


Quería hacer énfasis sobre la deficiencia en los partes de lesiones, pero se me ha adelantado la señora defensora. Mi grupo parlamentario comparte que hay que mejorar el documento de los partes de lesiones de las personas privadas de
libertad. También celebro que haya dicho que España es un Estado de derecho, lo que supone que no puede haber malos tratos ni lesiones para las personas privadas de libertad, por tanto, se debe cumplir la ley. Le felicito por su intervención.


No he apuntado sus recomendaciones, pero cuando las ha leído, ha habido algunas que me han parecido totalmente correctas. Creo que estas recomendaciones son fundamentales y que el Ministerio de Justicia debería recogerlas ya, sin más
dilación, y corregir o modificar estos defectos.


Finalmente, he de decir que estudiaremos detenidamente el informe que nos ha hecho llegar, así como sus explicaciones, que, repito, me han parecido muy interesantes.


Si mi grupo parlamentario puede aportar alguna idea o valoración que puedan ayudar en su trabajo a su institución, lo haremos con mucho gusto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sayós i Motilla.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Seara Sobrado.


La señora SEARA SOBRADO: Muchas gracias.


Antes de nada he de pedir disculpas al señor presidente y a la señora defensora porque pensé que el informe que me correspondía debatir era el último y por eso me ausenté de la sala. En todo caso, como he leído detenidamente el informe,
quiero hacer algunas consideraciones.


Siempre es magnífico contar con un informe elaborado y detallado, como el que hoy nos llega a esta comisión, y por eso le damos la enhorabuena a la institución, por el trabajo realizado.


Me parece importante poner un apunte sobre la mesa del debate: la mala calidad del informe correspondiente a 2013 en cuanto a que no se pueden leer la mayoría de las tablas. Es una cuestión técnica que quería poner sobre la mesa.


Como le dije hace un año, hablar de tortura no tiene que ser nunca, jamás, un tabú, ni aquí ni en cualquier otra institución de un país democrático como es el nuestro. Que sobre la tortura debe arrojarse siempre un manto de transparencia,
todo el peso de la ley, y que todos los poderes públicos, todos, tenemos la obligación de investigar, de trabajar sin tregua hasta la completa erradicación de esta violación de los derechos humanos, porque, efectivamente, las personas privadas de
libertad conservan unos derechos que, bajo ninguna circunstancia, deben verse menoscabados.


También le dije el año pasado, y hoy lo quiero volver a poner de manifiesto, que el Plan de derechos humanos aprobado por el Gobierno anterior, en diciembre de 2008, contemplaba entre sus medidas ?en

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concreto, en la número 94? crear un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, previsto en el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.


Mi grupo parlamentario quiere reivindicar de nuevo la importancia de la aprobación de este Plan de derechos humanos, que esperamos que tenga continuidad, y que debe traducirse en objetivos concretos, en un control parlamentario y en la
posibilidad de evaluarlo.


Tengo una serie de cuestiones que plantearle respecto al objeto del mecanismo nacional de prevención de la tortura y también sobre la privación de libertad en España y las visitas realizadas. Llama la atención la alta relevancia, tanto
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, de la privación de libertad bajo cualquiera de sus formas. El informe de 2010 daba ya el dato de que, solo tomando aquellas privaciones de libertad que habían implicado el ingreso en un lugar
de custodia, la cifra global se situaba en torno a más de 500.000 en un año.


Desde el inicio de la actividad, en marzo de 2010, el MNP español realizó 423 visitas a lugares de privación de libertad, y durante 2013 se visitaron una serie de instalaciones como comisarías y otros lugares de custodia de corta duración
del Cuerpo Nacional de Policía; cuarteles y otros lugares de custodia de corta duración de la Guardia Civil; centros penitenciarios; centros para menores infractores; centros de internamiento de extranjeros; centros socio-sanitarios;
hospitales psiquiátricos penitenciarios; salas de inadmitidos y solicitantes de asilo en puestos fronterizos; establecimientos disciplinarios militares; calabozos en edificios judiciales; operativos de repatriación de extranjeros; comisarías de
la Policía Local y unidades de custodia hospitalaria.


En el informe se habla de 60 visitas durante 2013, destacando como novedad que en la supervisión de un vuelo de repatriación de extranjeros a Ecuador y Colombia, el equipo del MNP ?compuesto por un técnico y un médico forense? viajó en la
misma aeronave junto con los repatriados y personal policial hasta el destino final.


Respecto a algunas conclusiones y recomendaciones relativas a la privación de libertad por cada tipo de centro, en lo que se refiere a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de la Policía Local se detectan
sistemas de videovigilancia deficientes, entrevistas con detenidos sin presencia de abogado, inadecuada cumplimentación del libro de registro y custodia de detenidos en los registros integrales, si se ha planteado. Además no se cumplimenta
debidamente el libro de registro de menores detenidos, hay un inadecuado mantenimiento de las zonas de calabozos, temperatura e iluminación de los calabozos que no es exactamente la adecuada, las bisagras en las puertas de las celdas o sanitarios de
cerámica que pueden utilizarse para agresiones o autolesiones, carencia de bolsas precintables para guardar pertenencias de los detenidos, humedades, goteras, desconchones en los calabozos, falta de ventilación adecuada de las celdas ?en este
sentido, hay una recomendación dirigida a la Consejería de Sanidad de una comunidad autónoma respecto a la existencia de informes médicos en las diligencias?, no se entregan en todos los casos mantas limpias a los detenidos, no se informa a los
detenidos de la posibilidad de interponer un procedimiento de hábeas corpus, no hay presencia constante de agentes en las zonas de calabozo cuando hay detenidos, etcétera.


A todo esto se hace referencia en el informe y yo lo quería poner sobre la mesa del debate porque, insisto, es un informe muy detallado. Creo que la institución ha hecho un trabajo muy bueno, cada vez hay más detalle, y eso se agradece
porque quiere decir que las cosas graves se han ido mejorando. Al final, el que sean estos detalles los que aparecen en los informes siempre quiere decir que se va avanzando y que, a medida que va cogiendo cuerpo este mecanismo, se van mejorando
también los propios protocolos y, por tanto, las dependencias, el servicio y los derechos.


Es verdad que se apunta que en el centro de internamiento de extranjeros se deben realizar analíticas destinadas a detectar el consumo de drogas o la existencia de enfermedades contagiosas de forma más rápida y más inmediata. En este
sentido, si tiene a bien en su turno de réplica, me gustaría que hiciera algún inciso sobre esta cuestión.


Sigue habiendo problemas con los idiomas.


Fíjese, hace unos meses el Grupo Parlamentario Socialista llevó a la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados una iniciativa porque a una persona discapacitada inmigrante que se solicitaba la nacionalidad se le había denegado.
Se le había denegado la solicitud precisamente porque no estaban adaptados los sistemas de acceso a la nacionalidad. La cuestión de los idiomas se ha ido subsanando, además el Gobierno ha puesto en marcha protocolos para mejorarla, pero los idiomas
siguen siendo un

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tema serio, un tema importante. Nosotros lo denunciamos, pero tenemos que seguir insistiendo en esta denuncia para conseguir finalmente la mejora.


Se sigue observando la convivencia en un mismo CIE de ciudadanos extranjeros que van a ser expulsados del territorio nacional, unos provenientes de prisión y otros ingresados por mera estancia irregular en España. Es verdad también que se
detecta deficiencia en la notificación a los internos desde el momento en que van a ser expulsados -algo que no se ha subsanado-, sin que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras haya unificado criterios aplicables a todos los centros en base
a autos de los distintos juzgados en funciones de control y estancia. En concreto, en el CIE de Murcia los funcionarios que prestaban servicio en el turno de mañana se encontraban sin identificar.


Respecto a la asistencia médica -es verdad- lo que se detecta en comparación con otros informes es que ha mejorado. Hay algunas cuestiones que tienen que ver más con los horarios que con la propia atención; con los horarios sigue habiendo
alguna escasez en el informe.


La Dirección General de Policía ha rechazado una recomendación formulada para que los internos reciban visitas de sus letrados de oficio al encontrarse en provincias distintas y también ha rechazado la recomendación formulada para que se
preste asistencia psicológica y psiquiátrica a los internos, alegando que en caso de necesidad se deriva a los internos al hospital de referencia. Yo no sé cuál es la opinión de la defensora del pueblo sobre esta cuestión.


También aparecen partes de lesiones incompletos y sin fotografías y partes de lesiones que no se enviaban a los juzgados de guardia, así como ciertas carencias en todo lo que tiene que ver con la asistencia social a estas personas. Esta es
una de las cuestiones que se ha detectado con claridad.


Le quiero decir respecto a los centros penitenciarios que hay deficiencia en los sistemas de videovigilancia; que hay cierto incumplimiento de la máxima de un preso o presa por celda; que no siempre hay sistemas sonoros de llamada; que
los derechos y deberes deben estar en todos los idiomas; que los presos o presas -las personas privadas de libertad- con algún tipo de discapacidad no tienen las mismas oportunidades, los mismos derechos, se encuentran con muchas barreras, no solo
físicas, sino barreras emocionales, barreras psicológicas, en los centros penitenciarios; además de que el número de internos no debería sobrepasar los 1.200, el protocolo específico de reconocimiento médico al ingreso, el registro de demandas de
asistencia médica, etcétera. Yo creo que ha quedado bastante claro.


Quiero plantear algunas cuestiones en cuanto a los centros de menores infractores -termino, presidente, aquí sí que lo quiero dejar porque, si no, me riñe-: que se debe extremar la vigilancia de menores aislados y con sujeción mecánica;
que la aplicación de medidas de contención o separación en todo caso debería estar registrada, protocolizada -no lo está en nuestro país en este momento-; que los registros con desnudo integral han de realizarse en presencia de un educador o
educadora y por personal sanitario y ser comunicados. Yo creo que tiene que haber máxima inmediatez entre la comisión de una falta y la reacción disciplinaria, porque las sanciones deben comunicarse a los abogados o abogadas de los menores
inmediatamente.


Aquí se habla respecto a los centros socio-sanitarios de la elaboración de un proyecto de ley orgánica que regule el internamiento no voluntario, por supuesto, pero también de la máxima especialización de los órganos judiciales y los
servicios de orientación jurídica, y que además, se debe exigir la autorización judicial e informes médicos actualizados, utilizando una ponderación extrema de la incapacitación de las personas, muy similar en los operativos de repatriación a
extranjeros.


Por último ya, presidente -ahora sí que termino-, una cuestión sobre el comportamiento de los mossos d'esquadra y las denuncias que ha habido, cómo las ha vivido su institución, comportamientos entendemos algunos extremos por parte de
algunos efectivos de los mossos d'esquadra. Sabemos que ha habido denuncias. Esos comportamientos han sido públicos, han salido en los medios de comunicación, no nos han llegado a través de correos, lo hemos visto todos y todas. Me gustaría que
la defensora del pueblo hiciera una valoración sobre esta cuestión, y no solo sobre esta cuestión, sino cómo han llegado a la defensora del pueblo estos comportamientos y estas quejas, con qué mecanismos han llegado, si van a actuar de oficio,
etcétera.


Nada más. Quiero felicitar de nuevo a la institución por su informe, muy detallado, muy elaborado, pero al que falta, insisto, ese pequeño detalle técnico que le dije al principio: que los cuadros, los gráficos se ven mal. Simplemente,
eso.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Seara.


Tiene la palabra la señora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora defensora y señores adjuntos, así como el resto del equipo del Defensor del Pueblo, les damos la bienvenida.


En este caso, estamos en la segunda comparecencia que se produce de esa institución del Defensor del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Fue precisamente hace poco más de un año, en mayo del año pasado,
cuando compareció usted, señora Becerril, para dar cuenta de los tres primeros informes que realizaba esa institución después de haberse constituido como el mecanismo español de prevención de la tortura. Bien, ya podemos hablar de un cierto período
de tiempo, de un rodaje de cuatro años, de informes relativos también a estos cuatro años -2010, 2011, 2012 y 2013- que nos permiten plantear algunas conclusiones, poder hacer algún balance y también formularle alguna pregunta.


Como primera afirmación diría que con estos informes tan exhaustivos, donde se ve mucho trabajo, donde se ven muchas recomendaciones y muchos análisis, podemos decir que España acertó, que se asignó de una forma adecuada este mecanismo a
esta institución del Defensor del Pueblo. En España, en esta cuestión que abordamos, la radiografía es razonablemente buena, aunque cuando se habla de privación de libertad -del grado que sea, del tiempo que sea- es fundamental siempre adoptar
instrumentos para prevenir cualquier tipo de tortura o cualquier tipo de maltrato o cualquier tipo de irregularidad. Desde luego, cualesquiera medios que se puedan implantar bienvenidos sean -siempre nos parecerán hasta pocos-, así como todos los
instrumentos para garantizar los derechos fundamentales.


Afortunadamente, España es una democracia consolidada, una democracia asentada, donde se garantizan los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, de todos, también de los que por algún motivo y en algún momento se ven privados de
libertad. Aquí, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo el personal que trabaja en los distintos centros de privación de libertad, están sometidos al imperio de la ley y, por supuesto, también a controles administrativos, controles
judiciales, a los que se suma ahora asimismo esta importante labor de prevención que se realiza por el Defensor del Pueblo como mecanismo nacional de prevención de la tortura.


Por ello, como decía, concluyo que esa asignación al Defensor del Pueblo ha sido acertada y está demostrando que es útil y eficaz. Eso se ve en la buena acogida que tiene en todos los centros que visita la mayor parte de las ocasiones, como
ustedes nos han señalado, de una forma no anunciada. Se ve en las relaciones de colaboración que se establecen con estos centros para poder hacer un mejor seguimiento y una aceptación de las recomendaciones que ustedes efectúan.


Me ha parecido muy importante el dato que ha señalado la defensora del pueblo sobre la gran receptividad que hay de las recomendaciones por parte de todos los centros visitados. Ha hablado de más de un 89% de recomendaciones que se han
aceptado y que se han llevado o se están llevando a la práctica, a pesar de una época de dificultades presupuestarias.


Nos comentaban en este informe -lo hemos podido leer- cómo cada vez hay un mayor conocimiento de las obligaciones de los funcionarios, de cuál es su papel, de los protocolos a seguir. Yo creo que eso nos permite hacer un balance positivo.
Pero si analizamos este exhaustivo informe de más de 480 páginas, veo que hay algunos datos que me parecen también significativos y que me gustaría poner de manifiesto.


Señalaban en lo que se refiere a esas visitas que han realizado ustedes a centros de corta duración cómo las detenciones que se producen en el ámbito de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de policías autonómicas ascienden a 361.066.
El 80% de estas detenciones se concentra en los ámbitos de Policía Nacional y Guardia Civil. Pues bien, con todas esas detenciones, más de 361 000, hay 1 procedimiento disciplinario en Policía Nacional; 5 procedimientos judiciales en trámite en
Guardia Civil; en este año 2013 en la Ertzaintza no hay ninguna denuncia; en los Mossos d`Esquadra el año pasado creo recordar que no había ninguna y este año hay 2; en la Policía Foral de Navarra hay 3, de las cuales 2 han sido desestimadas por
la autoridad judicial porque no existía causa contra los agentes, y en el ámbito de la Policía canaria no hay denuncias. La verdad es que me parecen unas cifras muy significativas de lo que decía al inicio de mi exposición, es decir, el estado de
esta cuestión sobre posibles irregularidades, posibles tratos incorrectos, es razonablemente bueno.


Pero si analizamos otra de las cifras que en este estudio se nos aportan, relativa a la privación de libertad de larga duración, en concreto en centros penitenciarios, el dato de la población reclusa en España

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en el año 2013 es de más de 65.000 personas. Pues bien, en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con esa población de más de 65 000 personas hay 105 informes de inspección basados en denuncias de malos tratos,
de las cuales 85 han sido archivadas porque no había causa que las sustentara. En el otro ámbito donde hay competencias, como es el de la Generalitat de Cataluña, también aquí se señala que se ha intensificado la labor inspectora y, fruto de ello,
se han incoado 36 informaciones reservadas y 106 diligencias informativas de investigación por supuestas irregularidades. Vemos que de esas 106 diligencias todas ellas han sido archivadas porque no había indicios de la comisión de irregularidades.
La verdad es que estos datos y estas grandes cifras nos dejan verdaderamente tranquilos. Aunque, como decía, siempre que hablamos de privación de libertad, siempre que hablamos de garantía de derechos fundamentales, todas las actuaciones, todas las
medidas, todos los medios serán pocos y todos serán bienvenidos, por supuesto.


Nos mencionan, y he recogido algunas de ellas, unas cuantas recomendaciones que han sido atendidas. En relación con los CIE, un avance importante va a ser sin duda el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los mismos, que ha
sido aprobado en marzo de 2014, con lo cual todavía no hemos tenido tiempo para que empiece a producir efectos. Pero es que, además, también siguiendo recomendaciones de la Defensoría del Pueblo se han aumentado los recursos: hay 3 millones de
euros adicionales precisamente para cuestiones que planteaban algunos de los portavoces, por ejemplo, para los problemas de idioma, intérpretes, para mejorar la asistencia sanitaria, los servicios sociales, los productos de aseo, productos
farmacéuticos, etcétera. Además también se va a contar con otros 2,56 millones de euros para mejorar los módulos y los equipamientos de los centros de internamiento de extranjeros. Y por último, también contaremos con la posibilidad de
financiación comunitaria, algo que me parece esencial teniendo en cuenta el papel de España como frontera sur y los problemas que tiene con la entrada irregular de extranjeros.


Por otra parte, hay avances en muchas otras materias, por ejemplo, como nos señalan en el informe, en la puesta a disposición judicial de los detenidos, para que sea más rápida, incluso cuando tiene lugar en fines de semanas; que haya
protocolos con los juzgados para que no se demore, de modo que las personas no tengan que pasar privadas de libertad más horas de las recomendadas y de las justas en estos centros de privación de libertad. Nos habla también de cómo la Dirección
General de la Policía ha aceptado una recomendación para habilitar una partida presupuestaria para la compra de medicamentos para los detenidos; o como en las visitas se ha comprobado que se está cumpliendo con la recomendación de la adecuada
identificación de todos los agentes; o como muchas comisarías de Policía Nacional y comandancias de la Guardia Civil se han reformado, se han corregido deficiencias, desde el acceso, que a veces se hace sin intimidad, a problemas de los aseos,
también con falta de intimidad. Respecto a los problemas de masificación, se nos señala que, entre otras cosas, al bajar el número de población reclusa también se han atenuado y eso es algo importante a destacar. En cuanto a las sujeciones
mecánicas de carácter sanitario, son recomendaciones que ya se hacían en informes anteriores, las siguen haciendo en este y nos dan cuenta de cómo también han sido aceptadas con carácter general por la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Supongo que en próximos informes iremos viendo cómo se van teniendo en cuenta. Hay otros logros de los que también se nos hablaba en informes anteriores, como el hecho de que se entreguen mantas limpias o se puedan sustituir
elementos sanitarios o de otro tipo, con los que se puedan provocar autolesiones o incluso suicidios. Hoy nos hablaba la señora defensora del pueblo de cómo están próximos una instrucción y un protocolo para actuar de una forma más intensa y más
eficaz en la prevención de los suicidios, que nos parece algo fundamental.


¿Quedan recomendaciones pendientes? Sí, por supuesto, muchas de ellas relacionadas con la falta de disponibilidad presupuestaria y condicionadas precisamente a esto, a que haya esa disponibilidad. En concreto, el sistema de
videovigilancia, aunque aquí ya nos detallan cómo se ha ido avanzando, se ha ido perfeccionando en algunos de los centros visitados que, como decía la señora defensora, es garantía no solo del trato que se presta a esas personas que están privadas
de su libertad, sino también una garantía para que los funcionarios puedan tener la prueba de que su actuación ha sido completamente correcta. Hay que avanzar en una mayor confidencialidad de los informes médicos, en la asistencia sanitaria, en
informar por escrito de los derechos, y también de la posibilidad del hábeas corpus, cuestión en la que habrá que seguir insistiendo.


Un tema aparte que aparecía en los informes anteriores y vuelve a aparecer en este es el relativo al parte de lesiones. Se trata verdaderamente de una cuestión -estoy de acuerdo con ustedes- muy importante porque, efectivamente, es un
instrumento crucial y que tiene un valor único a la hora de poder

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detectar si verdaderamente ha habido malos tratos. Se trata del documento médico, como ustedes señalan en el estudio que nos han presentado hoy, temporalmente más cercano a los hechos alegados y, por tanto, aporta una información esencial.
Pero cuando esos partes de lesiones no se realizan de la forma correcta, cuando tienen deficiencias, cuando tienen lagunas, cuando tienen datos un poco ambiguos, al final ese gran valor que podrían tener desaparece y pierden ese valor legal que es
tan importante. Por eso la verdad es que les felicito por la iniciativa que han tenido de realizar este estudio específico sobre los partes de lesiones. Me parece bien el planteamiento que han hecho de analizar al respecto la situación del sistema
jurídico y sanitario español. Señalaban que apenas ha habido estudios y en los pocos que hay se constata que en un 40% o 60% de los casos hay deficiencias, no están bien realizados estos partes. Además, completan su estudio con recomendaciones
concretas para unificar, establecer un contenido mínimo siguiendo los estándares establecidos en el Protocolo de Estambul, a los que aludía la señora Becerril, e insistiendo precisamente en la remisión directa a la autoridad judicial. Creo que es
un estudio muy interesante y que también permitirá avanzar en un instrumento importante que queremos que sea completamente eficaz, así que les felicito por esta iniciativa.


Y ya concluyo como iniciaba mi intervención, diciendo que tras 4 informes relativos a cuatro años, en los que la institución del Defensor del Pueblo actúa como mecanismo nacional de prevención de la tortura, después de este rodaje es el
momento de poder hacer un balance y plantear alguna cuestión. Me gustaría que nos pudiera decir si han perfeccionado los protocolos de actuación que tienen para las visitas que programan -hay 18 que son interdisciplinares-, qué criterios siguen
para decidir de qué tipo y cuándo se efectúan. He comprobado que normalmente son a centros de menores, también a CIES, y quizás en ese tipo de centros sea más necesaria la presencia de ese equipo multidisciplinar.


También se ha hablado del consejo asesor. Nos satisface que ya se haya culminado todo el mecanismo nacional de prevención con la configuración del consejo asesor. Creo que la primera reunión constitutiva fue en junio y la primera reunión
ordinaria ha sido en diciembre, sin embargo ya ha participado, como nos ha dicho la señora Becerril, en 4 visitas. Me gustaría saber cómo va a ser exactamente el papel del consejo asesor, si va a proponer algún tipo de visitas a centros, si se le
va a invitar a todas las visitas que se realicen. Es un instrumento nuevo y queremos ver un poco cómo va a ser su funcionamiento, y si puede destacar algunas de las aportaciones que en los escasos meses de funcionamiento hayan podido ponerse ya de
manifiesto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torme.


Señora defensora, tiene la palabra.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamente): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señorías, por sus comentarios y sus intervenciones, en las que se encierran recomendaciones, sugerencias, se subrayan asuntos, se manifiestan deficiencias y, también, se ponen de manifiesto avances que se derivan de la lectura de
estos informes.


El consejo asesor, al que se ha referido tanto el señor Yanguas como la señora Torme ahora mismo, es un instrumento muy importante porque representa la visión de profesionales absolutamente independientes que hacen su trabajo cotidiano en
estos campos, que dan una opinión supongo que objetiva como consecuencia de su especialización en estas disciplinas, no están sujetos a mandato de nadie más que a su propia ética profesional, y esto es muy interesante. Nos acompañan en las visitas
y hacen sus aportaciones allí mismo o después; se procura tenerlas en cuenta y valoramos especialmente sus comentarios. Se les avisa con un tiempo prudencial de que se va a hacer una visita a tal centro y se les invita, si pueden, a incorporarse;
no siempre pueden hacerlo porque son profesores, son doctores que están ejerciendo y, aunque procuramos avisarles, como digo, con antelación, a veces no pueden venir, pero nuestro deseo es que vengan siempre que puedan y sus compromisos
profesionales les permitan.


Los vuelos de repatriación, como citaba el señor Yanguas, han merecido nuestra atención, no me voy a extender pero en el informe se mencionan. Las observaciones que se han hecho, en líneas generales sin entrar en detalles, se hacen de
acuerdo con las normas en materia de derechos humanos y se cumplen estrictamente. Aquí hay datos de ello, pero debo decir en honor a la verdad que España lo hace bien, lo hace con rigor y que las fuerzas de seguridad que acompañan desde el
aeropuerto de origen al destino lo hacen con verdadera profesionalidad.


Los partes de lesiones, como muestra el breve documento que hemos hecho, hay que mejorarlos. Algunos no se pueden leer, esa es la verdad, no se entiende lo que dicen ni apenas la firma, y otros

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verdaderamente no reúnen las condiciones objetivas ni describen bien los hechos, y esto hay que mejorarlo como tantas otras mejoras que hay que hacer en las administraciones públicas, para que el ciudadano sepa lo que se le dice, el por qué
se le dice, cómo se le dice, quién se lo dice, cuándo, dónde, etcétera. Les voy a leer un parte, por ejemplo, que dice: paciente que consulta por lesiones múltiples tras diversas agresiones. Esto no es correcto, hay que especificar de qué está
hablando. Hay algunos otros pero no los voy a leer. Esto tenemos que mejorarlo, repito, como se ha mejorado en tantas actuaciones en centros de privación de libertad, y hay que hacerlo muy profesionalmente y de manera muy estricta.


El señor Yanguas hace una valoración favorable de estas visitas de seguimiento de las recomendaciones. Efectivamente, estas visitas -también me parece que lo ha dicho la señora Torme-, a lo largo de estos años de práctica y de experiencia,
han ido evolucionando, y el primer año, en 2009, cuando las Cortes, como dije antes, hacen recaer sobre la institución esta responsabilidad, se empezó haciendo muchas -en el año 2009 y 2010 hay un número muy elevado-, pero con el tiempo, como es
razonable, se observa que es mejor hacer visitas un poco más largas, dos, tres días, tres días y medio, porque los centros penitenciarios son grandes, los centros penitenciarios tienen muchos aspectos en los que fijarse: actuación, mantenimiento,
comportamientos, y es mejor realizar menos visitas pero con más intensidad y, además, desde el momento en que empiezan a realizarse estas visitas con acompañamiento de especialistas de fuera de la institución, qué duda cabe de que se mejora, y
aunque el número de visitas no sea tan alto como en el año 2010, son más intensas. Ha habido una evolución que nosotros pensamos que es mejor porque, además, así las recomendaciones se pueden razonar más y ser más exigentes a la hora de
formularlas.


Mencionaba el señor Cazalis la falta de datos históricos, la falta de unas tablas comparativas, aunque seguramente habrá algunas. A mí me parece interesante su sugerencia, y lo vamos a estudiar. En el próximo informe podremos presentar una
evolución con unas tablas comparativas de todos estos datos históricos, y vamos a facilitar el trabajo.


Los posibles déficits o comportamientos no estrictamente correctos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, en caso de que los hubiera -nosotros los hemos relatado aquí en muy pocas ocasiones-, los ponemos en conocimiento del Ministerio
del Interior y, si fuera necesario, en conocimiento de la Fiscalía, pero es muy adecuado, si su señoría lo estima conveniente, manifestarle al ministro del Interior los casos en que pueda haber alguna actuación no correcta.


En los partes de lesiones, ya ha visto nuestro afán de que esto se haga mejor, más claro y de manera homogénea en lo fundamental, porque siempre habrá la libre actuación del médico, del profesional que pueda añadir o que pueda aclarar, pero
hay unos elementos fundamentales que deben estar bien completados en esos partes.


Se ha referido la señora Sayós i Montilla, y suscribo lo que ella ha dicho, a la objetividad que debe corresponder a esta institución, y eso es lo que procuramos en el día a día, aunque no siempre lo logramos, y esa objetividad que tratamos
supone a veces que nos llaman la atención, que gustan o no gustan nuestras sugerencias o nuestras recomendaciones.


¿Cuál es nuestra filosofía o la que yo intento inspirar a la institución? La filosofía debe ser la razón, la búsqueda de la razón, el sustento de esa razón y su argumentación. Es algo parecido a lo que es la Filosofía con mayúscula. Habrá
muchas definiciones, miles de ellas, incluso millones, pero prima la de la razón y la institución debe buscar la razón, una razón que a veces no coincide con otras razones de otras instituciones, y hay divergencias. Pero debemos procurar mantener
la razón y tratar de objetivar nuestras actuaciones en aquellos aspectos favorables, positivos hacia momentos, circunstancias, acciones y también en las actuaciones a nuestro juicio no correctas.


La señora Seara nos decía que no se entienden bien los cuadros que presentamos. Yo estaba muy contenta porque pensé que por una vez los habíamos hecho un poco más claros, pero veo que no, y creo que ya tengo la explicación. Esta página
que, como digo, a mí me parecía suficientemente clara incluso mirándola sin gafas (Risas), ha sido escaneada, y en el escaneo se ha debido producir una confusión enorme que vamos a tratar de corregir. Volveremos a enviarles estas páginas con otro
procedimiento de reproducción para que quede más claro y lo tendremos en cuenta para ocasiones posteriores.


Al comienzo de la sesión dije -sé que usted, como ya ha explicado, no pudo estar presente- que este mecanismo de prevención es una competencia que desde el año 2009 ejercemos, no diré con orgullo, pues sería improcedente utilizar dicho
término, pero sí a conciencia, porque es una responsabilidad que recae en nosotros por decisión de las Cortes Generales desde entonces. Y creo que aquel Gobierno, a la vista de la experiencia y de los resultados, hizo lo correcto al proponer las
Cortes Generales que fuera el

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Defensor quien asumiera esta responsabilidad. En lugar de crear una nueva institución, se le asignó a una ya con solvencia y con recorrido histórico, que ya había llevado a cabo la explicación y dación de cuentas ante las Cortes, y que ya
tenía un departamento de Justicia y de Seguridad. Por tanto, ampliar sus competencias con esta nueva responsabilidad de mecanismo considero que fue un acierto.


Tomamos nota de la referencia que hace su señoría sobre los CIE y hemos hecho una recomendación en materia de idiomas para que haya correcto tratamiento y traducción. Hace muy pocas semanas he visitado el CIE de Las Palmas y lo primero que
pregunté a los que allí estaban era si se podían comunicar con facilidad y me dijeron que sí, que tenían traductor. Yo casi siempre pregunto y no me han manifestado que tuvieran dificultades, pero yo no he estado en todas las visitas ni mucho
menos, y coincido con su sugerencia en el sentido de mejorar para que haya el traductor o traductora que sea preciso en cada momento y con mucha frecuencia.


Efectivamente los partes de lesiones también se deben mejorar y también coincido con algunos de sus comentarios a este respecto. Asimismo coincidimos, y está reflejado aquí, con el tema del correcto tratamiento que deben tener los menores
infractores cuando se les aísla, y ya he dicho que nosotros nos inclinábamos por el menor aislamiento posible. Y también se explica aquí por qué en materia de instituciones socio-sanitarias la voluntariedad, salvo circunstancias extremas que debe
justificar la Fiscalía, debe ser la de contar con el consentimiento de la persona que va a ser internada.


Me han preguntado sobre las actuaciones de los mossos d´esquadra, y es un asunto que está sub júdice, y por tanto, yo no me puedo pronunciar sobre él. No debo decir absolutamente nada sobre ello.


La señora Torme -que ha sido la última senadora en intervenir y yo le agradezco que se haya leído este informe, que es denso; se nota que lo conoce usted, que lo ha leído con detenimiento y se lo agradezco mucho-, destaca algo que yo
también he subrayado, y es el alto número de recomendaciones aceptadas. Casi un 90% de las recomendaciones han sido aceptadas; eso está bien, es interesante, y nosotros procuramos que las recomendaciones sean lo más precisas posible, que tengan
unos límites muy claros, que se vea perfectamente sobre qué se quiere actuar de forma que no sean consideraciones genéricas. Aquí no debe haber filosofía. Una cosa es la filosofía general de la institución y otra la filosofía de las
recomendaciones. No, señorías, las recomendaciones tienen que tener un razonamiento, pero también una delimitación y una precisión total y absoluta, porque es más fácil dar cumplimiento a ellas de esta forma.


Efectivamente, señora Torme, la población reclusa ha disminuido en los últimos años, y el número de denuncias debido a posibles malos tratos también ha descendido, siendo bajo el porcentaje de esas denuncias. Tenemos que bajarlo lo más que
podamos a base de una actuación lo más correcta posible por parte de las instituciones. Señalaba su señoría dos aspectos de las recomendaciones que le parecían interesantes, y uno es la videovigilancia. Pero es que todavía hay centros de privación
de libertad que tienen unas infraestructuras de los años setenta que se han quedado muy obsoletas, tanto que algunas han tenido que ser clausuradas. Aún quedan algunas que deben ser adaptadas, como calabozos y otros lugares que tienen difícil
adaptación porque están en edificios viejos, en centros históricos, y ahí hay que hacer, aunque sea con carácter provisional hasta que haya un nuevo centro, mejoras importantes.


La recomendación para un protocolo con procedimientos, normas y exigencias para evitar los suicidios es muy importante, y es que alguno de estos centros anticuados no responden todavía a las exigencias que hoy tenemos afortunadamente en un
Estado de derecho. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no soy quién para dar consejos a sus señorías pero cuando vean en los próximos Presupuestos Generales del Estado las partidas para Instituciones Penitenciarias, acuérdense de que algunas
necesitan una atención permanente y una remodelación o una rehabilitación.


En relación con las visitas programadas, ya he explicado a sus señorías al comienzo de mi intervención cómo se hacen actualmente y la diferencia respecto a las de años anteriores, ahora son más intensas, más largas, más detalladas y
acompañadas por personas de fuera de la institución.


No mencioné -y con esto termino, señorías- un aspecto al que damos importancia, que son las visitas realizadas por la institución en el extranjero a centros penitenciarios y otros centros de privación de libertad. Nosotros no tenemos
competencia en centros en el extranjero pero cuando por razones de trabajo es precisa nuestra presencia en una reunión de los defensores del Mediterráneo, por ejemplo, o en una reunión de defensores de Iberoamérica, y debemos ir una vez al año,
porque España ostenta la vicepresidencia, aprovechamos para efectuar una visita a centros de privación de libertad donde haya presos españoles para, aunque no podamos intervenir en aspectos judiciales, comprobar en qué condiciones se encuentran esas
personas y qué trato están recibiendo, y lo hacemos en colaboración con

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las embajadas, con los cónsules españoles que nos prestan allí donde hemos estado muchísima atención. Quiero recordar que somos uno de los pocos países cuyos presos en el extranjero reciben una aportación económica mensual para sus gastos
en prisión que está incluida en los Presupuestos Generales del Estado, lo cual han destacado en muchos lugares; es una contribución de los españoles para hacer menos difícil la vida de estas personas.


Pues bien, por las vías procedentes, nosotros pedimos que cuando haya un español enfermo grave en un centro de privación de libertad pueda ser trasladado a España para cumplir la pena que le haya podido corresponder en centros españoles,
porque son muy distintos a muchos de los centros que hay en el extranjero y, además, tienen la familia más cerca. A lo largo de 2013 hemos visitado la prisión de Callao y la de Ancón II, en Lima, y en septiembre estuve en la prisión de Estambul.
Hemos tramitado 112 quejas sobre la situación de estos presos, las familias agradecen a la institución que nos ocupemos de ellos y en bastantes casos se ha conseguido su repatriación y ahora están cumpliendo sus penas en lugares de España, con lo
cual su situación ha cambiado y ha mejorado enormemente.


Señoras y señores, señor presidente, gracias por su atención y continuamos como su señoría nos indique.


El señor PRESIDENTE: Señorías, damos por finalizada la presentación y el debate de estos dos primeros puntos del orden del día, tal y como se acordó en Mesa y Junta de Portavoces.


Si les parece a los señores y señoras comisionados, suspendemos la sesión por unos minutos y la reanudaremos a las once horas cuarenta y cinco para el debate conjunto de los puntos tercero y cuarto.


Ruego por favor a los que vayan a actuar como portavoces de los distintos grupos parlamentarios se lo comuniquen al señor letrado.


Muchas gracias. (Pausa).


- INFORME SOBRE '¿MENORES O ADULTOS? PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD' (se corresponde con el número de expediente 781/000005 de la IX Legislatura). (Número de expediente del Senado 781/000002 y número de expediente del
Congreso 261/000002).


AUTOR: DEFENSOR DEL PUEBLO


- INFORME SOBRE 'LA ESCUCHA Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR'. (Número de expediente del Senado 781/000013 y número de expediente del Congreso 261/000013).


AUTOR: DEFENSOR DEL PUEBLO


El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión y tiene la palabra la señora defensora para la presentación del Informe sobre '¿Menores o adultos?' y sobre 'La escucha y el interés superior del menor'.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Gracias, presidente.


El primer informe, '¿Menores o adultos? Procedimientos para la determinación de la edad', fue remitido a las Cortes Generales en diciembre de 2011. Supongo que distintas razones de trabajo parlamentario impidieron su presentación en la
comisión y su debate. Lo tienen sus señorías. Se trata de un documento que atiende a las sugerencias de instituciones en materia de migraciones internacionales, fundamentalmente europeas, y de derechos fundamentales; atiende a informes
internacionales que aconsejan determinar la edad de un menor o un adulto con la mayor precisión posible, con un carácter absolutamente científico y con unas prácticas muy ajustadas, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del
derecho.


Este informe tiene el objetivo de analizar las deficiencias que se hubieran diagnosticado en estas prácticas, exigir o pedir los requerimientos técnicos necesarios para realizar esa estimación de la edad, así como las prevenciones que se
deben adoptar a la hora de llevar a cabo estas estimaciones. ¿Cuál ha sido el método utilizado en este informe? Este informe ha sido elaborado en la institución con la colaboración de especialistas forenses, radiólogos, odontólogos, representantes
de la Administración General del Estado, de los gobiernos de las comunidades autónomas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la fiscalía así como entidades no gubernamentales que trabajan en este campo. Se han recopilado los datos y se han
realizado los análisis correspondientes en 2 jornadas de trabajo desarrolladas en la institución sobre este punto.


Las principales conclusiones mencionaré solo las más destacadas son las siguientes. Existe un consenso en la comunidad científica a la hora de advertir de la conveniencia de realizar estos análisis en

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caso de duda y los posibles márgenes de error técnicos que puedan existir al estimar la edad. En segundo lugar, la presunción de minoría de edad en caso de duda adquiere especial relevancia sobre todo en los supuestos en los que existe
posibilidad o conveniencia de protección internacional hacia ese menor o posible menor, y es necesario tomar medidas provisionales para protegerlo hasta que se pueda determinar con mayor precisión la edad.


Son 41 las recomendaciones que se formulan, las cuales fueron aceptadas en su inmensa mayoría. Reitero que este informe fue presentado por la señora Cava de Llano en 2011. Yo he repasado las conclusiones y he visto que han sido aceptadas
prácticamente todas las hechas entonces al Ministerio de Justicia, a las comunidades autónomas y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Destacan entre las recomendaciones la conveniencia de un servicio médico especializado para determinar la
edad de los menores, la asistencia jurídica gratuita a los extranjeros indocumentados, cuya edad pueda ser objeto de estudio, así como las dirigidas a la Fiscalía General del Estado respecto de la actuación del Ministerio Fiscal en los
procedimientos de determinación de la edad. Es muy importante que las fiscalías actúen de manera homogénea, con los mismos criterios, o que ordenen que se proceda a la realización de esos análisis de forma homogénea. Por otra parte, se recomienda
al Consejo General de Médicos cómo realizar las pruebas diagnósticas, que solo debe hacerse por orden de la autoridad judicial. Esto es muy importante. También se aceptaron las recomendaciones dirigidas a la Dirección General de la Policía para
que tan pronto realicen las verificaciones se proceda a un registro de menores extranjeros no acompañados y se garantice la audiencia al inicio del procedimiento por el que se acuerda la realización de las pruebas necesarias. Como he dicho, es
importante que tras la realización de las pruebas estos menores se inscriban en un registro de menores extranjeros no acompañados.


De la totalidad de las recomendaciones, 14 están pendientes de ejecutarse pero todas han sido aceptadas, y 3 han sido aceptadas parcialmente. La situación actual es la siguiente. Se siguen recibiendo algunas quejas en relación con la
práctica de pruebas de determinación de edad no ajustadas a estas recomendaciones. Es necesario subrayar que estamos muy encima de este asunto y vigilamos que estas pruebas se realicen de acuerdo con las recomendaciones aceptadas que forman parte
de la legalidad y la normativa vigente. Asimismo, la Fiscalía General del Estado ha informado de que en la elaboración del protocolo marco de menores extranjeros no acompañados se analizarán y se tendrán en consideración todas las observaciones
realizadas por la institución. Nosotros esperamos que así sea y que tengamos cada vez más seguridad de que las cosas se hacen de acuerdo con la legalidad, más garantías y más seguridad jurídica.


Este es el contenido fundamental del informe que se presentó aquí en el año 2011. A este informe le hemos añadido el documento realizado en el año 2013 e impreso en el mes de mayo del año 2014: 'La escucha y el interés superior del menor'.
Se trata de una revisión de las medidas de protección en los procesos judiciales de familia. Este informe que tienen sus señorías ha sido realizado en la institución del Defensor de manera coordinada y supervisada por la adjunta, la señora doña
Concepció Ferrer, que dirige el área de sanidad y asuntos sociales, seguridad y justicia. Las razones de este estudio parten de consideraciones sobre la Convención de los Derechos del Niño del año 1989. Las consideraciones y el tratamiento de los
niños de acuerdo con su evolución en el derecho han cambiado mucho. Nos dicen las instituciones de derechos humanos dedicadas a los niños que estos no solo deben ser oídos en los procedimientos judiciales sino que deben ser escuchados. Aquí está
la diferencia y el cambio. No es suficiente oír lo que dice el niño, hay que procurar atender a las razones expresadas por él, aunque sea un menor, no importa la edad.


¿Cuál es el objetivo del informe? Analizar las normas vigentes respecto de la participación y escucha de los menores y en cuanto a la determinación de su interés superior en los procesos judiciales. ¿En cuáles? En los procesos de
oposición a las resoluciones administrativas en los que se examina una medida de protección a los menores, y en los procesos de familia para establecer el marco de relaciones a partir de la ruptura familiar. La finalidad de este estudio es analizar
esos procesos judiciales y lograr adaptarlos al menor en el fondo y en la forma, es decir, en espacios y lugares que no asusten, que no cohíban al menor o le puedan causar un trauma superior incluso al que pueda sufrir por las circunstancias en las
que se encuentra.


Se han seguido los métodos de estándares internacionales; hemos tenido en cuenta las quejas recibidas, las actuaciones de oficio que se han realizado en los últimos tiempos en el Defensor, y cuatro jornadas de reflexión con personas que
participan en estas decisiones: magistrados, fiscales, abogados,

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abogados de menores a través de la Plataforma de Infancia y equipos psicosociales adscritos a órganos judiciales.


Las conclusiones obran en poder de sus señorías y voy a destacar brevemente alguna de ellas: el derecho a la escucha, que encabeza todo este documento, y la justificación que se debe dar cuando no se atiende a los razonamientos, a las
explicaciones o a las aspiraciones del menor; cómo se debe dar cuenta al menor del resultado de lo que se va a establecer o de aquello que la autoridad judicial ha establecido; cómo se le debe transmitir, cómo se le debe explicar. Estos son los
elementos fundamentales de manera resumida.


Las recomendaciones son diecinueve: doce están dirigidas a la Secretaría de Estado de Justicia y siete a Servicios Sociales e Igualdad. Entre ellas, destacan la escucha del menor como un derecho; incorporar en las normas procesales en los
principios que han de regir los actos de la audiencia al menor; eliminar los criterios de edad respecto al derecho del niño a ser escuchado y sustituirlos por la presunción de la capacidad del menor para formarse un juicio; reforzar las dotaciones
del ministerio fiscal para contar con fiscales especialistas en el ámbito de los menores; reconocer los derechos de participación a lo largo de todo del procedimiento del menor, con independencia de sus padres o tutores; introducir el beneficio de
justicia gratuita para que puedan en muchos casos intervenir los menores; promover la generalización de juzgados de Primera Instancia como juzgados de familia especializados; subrayar el deber de motivar por parte del juez cuando su opinión se
aparte de la opinión del menor -debe destacarse, debe explicarse bien; como decía, darle cuenta, explicar al menor cuál ha sido la resolución en términos que pueda entenderla-; y revisar el procedimiento de oposición a medidas administrativas de
protección para reducir los tiempos.


Este es el resumen de este informe que tienen sus señorías.


Decíamos en la presentación -y con ello termino- que a los menores les amparan los derechos y que el Estado tiene que protegerlos; que en muchas ocasiones los menores tienen unos entornos muy difíciles, muy complejos, que tienen unas
circunstancias familiares y económicas complicadas por las que pueden encontrarse en una situación psicológica o psíquicamente afectada. Hay que tener especial cuidado en el trato a los menores en los procedimientos judiciales. No podemos hacer
recaer sobre los jueces el futuro del menor -eso sería demasiado pedir-, pero los jueces y la legislación sí tienen la capacidad para influir en su futuro y para que ese futuro no sea traumático o un futuro que ellos no alcancen a entender y les
produzca desconcierto o que aumenten las causas de aflicción en las que se puedan encontrar sumidos en ese momento.


Este es el informe que, como les he explicado a ustedes, se ha hecho en la institución y que tienen a su disposición. Yo contestaré a las cuestiones cuando la Presidencia lo estime conveniente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora.


Han comunicado a la Mesa su voluntad de intervenir en el turno de portavoces el señor Yanguas, la señora Sayós i Motilla, la señora Serrano y la señora Figueres.


¿Hay algún otro comisionado en la sala que desee intervenir? (Denegaciones).


Tiene la palabra el señor Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias de nuevo, señor presidente.


Este informe sobre los procedimientos para la determinación de la edad, aunque también está de actualidad, como usted ha señalado, es un informe que ha heredado -es de 2011- y que pone de manifiesto, como usted esta mañana, esa dificultad de
determinar la edad.


A mí me gustaría, si pudiera ser, que las conclusiones del mismo -porque he detectado o me ha parecido detectar que son unas conclusiones muy amplias, genéricas en algunos casos- se pudieran concretar un poco más. Es posible que yo me esté
acostumbrando a sus informes, que son mucho más ejecutivos y que huyen de la filosofía -como usted ha señalado antes- en cuanto a recomendaciones, aunque, por otra parte, me quedo más satisfecho porque he visto que muchas o la mayoría de las
recomendaciones que había en ese informe han sido aceptadas. Por lo tanto, a mí me habría dado igual una sensación diferente por ser un informe hecho por la misma institución pero con otras personas.


El estudio sobre la escucha y el interés superior del menor también es un documento interesante, porque pone negro sobre blanco una serie de premisas sobre los derechos del menor. Yo destacaría dos cosas que me han llamado la atención y que
creo que son importantes, como la audiencia o la evaluación de la capacidad del menor alejada de la capacidad de su edad biológica, que a veces condiciona muchas de las cosas que tienen que ver con los menores. Este derecho del interés superior del
menor ha de ser,

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sin duda, la arquitectura jurídica donde se incardinen los derechos de estos menores. Las personas mayores y los niños son dos colectivos vulnerables en nuestra sociedad. Por ello, quiero terminar diciendo que todo lo que se haga en este
ámbito a través de los adjuntos, en este caso, que se encargan de este tipo de informes, irá en buena dirección. Por eso contará con nuestro apoyo, el apoyo de UPN, para este tipo de trabajos.


Nada más.


Buenos días y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yanguas.


Tiene la palabra la señora Sayós i Montilla.


La señora SAYÓS I MONTILLA: Muchas gracias, presidente.


Solo quiero hacer un apunte con respecto a la determinación de la edad. Nosotros creemos que es importante que se proceda a hacer esta determinación igual para todas las instituciones públicas. Ya lo ha manifestado usted, señora defensora,
pero quiero insistir en que se debe hacer un mismo método para la determinación de la edad para todas las instituciones públicas. En primer lugar debería ser la audiencia del menor o del supuesto menor y después que sean inscritos en un libro de
registro, simplemente para una mayor seguridad no solamente jurídica, sino también para el propio menor.


Yo querría resaltar por lo que hace referencia al estudio de la escucha una cuestión que me preocupa: la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor. Nuestro grupo parlamentario considera que no recoge toda la esencia de la
Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas, lo que quiero manifestar también aquí. De ahí las observaciones que hace el Comité de los Derechos del Niño cuando dice -y también lo recoge en su estudio, lo cual me alegra
mucho- que España debe intensificar la labor para aplicar plenamente el artículo 12 de la Convención, algo que yo también corroboro. Me sorprende que aún pasen estos casos.


Encuentro las recomendaciones muy acertadas, aunque me sorprende que aún no se haya recogido por parte del Gobierno en este caso. Si bien las recomendaciones van dirigidas a dos ministerios, mi opinión -y no sé si es acertada o no- es que
deberían extenderse no solo a los ministerios de Justicia y de Asuntos Sociales, sino también al Ministerio de Asuntos Exteriores, dada la participación de los consulados y embajadas en la determinación de la edad, y al Ministerio del Interior, para
cuando se recogen estas audiencias. No sé si esta opinión es acertada o no, pero creemos que puede ser interesante en algunos casos.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sayós.


Tiene la palabra la señora Serrano.


La señora SERRANO BOIGAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señora defensora del pueblo, señorías, en primer lugar, quiero agradecerle y felicitarle por este informe relativo a la determinación de la edad, así como a la escucha del menor. También es de agradecer la labor realizada por el personal de
la institución, sin ellos no hubiera sido posible este informe, así como la colaboración inestimable de los expertos en medicina legal y de miembros de otras instituciones y de Unicef, así como la total disponibilidad de los diferentes órganos de
las administraciones públicas competentes en esta materia. Por lo tanto, vayan por delante esos agradecimientos y nuestra felicitación.


Cabe destacar que la situación de los menores extranjeros siempre ha supuesto una preocupación especial. Se han dedicado muchos esfuerzos para controlar la actividad de las distintas administraciones públicas con respecto a las
repatriaciones de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen. Sin embargo, en este informe se ha podido constatar que en el asunto de los menores extranjeros no acompañados existe cierta tensión por las competencias que la ley
reserva a la Administración y la alta responsabilidad de España como signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño.


En este informe, como bien ha dicho usted, se ofrece un catálogo de las deficiencias detectadas en el procedimiento de determinación de la edad, así como una serie de contribuciones, conclusiones y recomendaciones a los diferentes órganos de
las administraciones públicas para que introduzcan los cambios necesarios -algunos, como bien ha dicho, ya se han incorporado- para mejorar el procedimiento en cuanto a la determinación de la edad. Lo que sí tenemos claro es que mientras existan
menores extranjeros no acompañados, el Defensor del Pueblo, en este caso la defensora del Pueblo, seguirá

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prestándoles una atención preferente, como se hace con las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.


Podemos destacar en cuanto a las conclusiones como deficiencia actual la alta tasa mundial de no inscripción de los nacimientos en el momento en el que se producen. Ello tiene como consecuencia que la posterior inscripción pueda tener
importantes márgenes de error.


Como conclusión general, ante los casos de duda sobre la edad, la primera medida a adoptar ante la necesidad de protección de los menores no acompañados es precisamente la determinación de la edad, y ese procedimiento debe realizarse con
criterios científicos, de seguridad y de imparcialidad, y además atender al interés del menor y a las consideraciones de género, evitando todo riesgo de violación de integración física.


Asimismo, como conclusión general, figura la presunción de minoría de edad en caso de duda. Esta adquiere una especial relevancia en los casos en los que existen indicios de necesidad de protección internacional, ya que muchos menores ante
esta situación tienen serias dificultades al salir de su país y pueden verse obligados a utilizar una documentación falsa o recurrir al tráfico de personas.


En el caso de España, concretamente, destacaría entre las conclusiones la que se refiere a la inoperancia del registro de menores no acompañados, tal y como se ha podido constatar en este informe. Este registro de menores no acompañados es
pieza fundamental para garantizar la identidad de los menores en España, pero su inoperancia imposibilita el control de los procedimientos de determinación de la edad.


Cabe destacar que en España se establece la presunción de minoría de edad, como bien ha dicho. Además, se dispone en términos legales que, paralelamente a la prestación de esa atención inmediata al menor, se ponga en marcha el procedimiento
de la determinación de edad del menor, con lo cual sí implica esa presunción de minoría de edad.


La agilidad que debe presidir este procedimiento de determinación de la edad no puede obviar en ningún momento el derecho de toda persona a ser oída en cualquier cuestión que le afecte. Por eso, en la investigación realizada en este informe
se ha puesto de manifiesto que en la mayoría de los casos los interesados no eran informados por los servicios policiales del inicio de este procedimiento. Creo que esa recomendación es importante, y queda constatado en este informe.


Por último, en cuanto a las conclusiones referentes a España, cabe decir que en varias investigaciones se ha detectado la realización de pruebas, a solicitud de la autoridad policial o de los servicios de protección de menores, sin la
autorización previa del fiscal, siendo esta necesaria.


Se establecen una serie de recomendaciones acertadas que creo que pueden producir cambios en el sistema para mejorar la protección del menor, que es un deber y obligación. Se hacen recomendaciones a los diferentes organismos de las
administraciones públicas y a organismos no gubernamentales.


Quiero destacar con carácter general que se recomienda que se establezca un servicio especializado para la determinación de la edad -hecho importante que actualmente no existe- y que se promueva también la formalización de un protocolo
interinstitucional que permita el intercambio de pruebas e informes forenses para la determinación de la edad por cualquier instituto de medicina legal o servicio médico forense, con el fin de facilitar todos esos informes y antecedentes necesarios.
También se recomienda que se asegure el derecho a la asistencia de justicia gratuita -y creo que es importante- de los extranjeros indocumentados, cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad. Se recomienda asimismo que se dicte una
instrucción por parte de la Fiscalía General del Estado, en la que se facilite toda la información de las pruebas realizadas en los registros policiales, así como que se facilite al servicio médico forense o al especialista en medicina legal
designado toda la información que se tenga; que se instruya a los profesionales médicos de la obligación de informar a los interesados del alcance de las pruebas que se van a realizar; que se celebre una comparecencia con el interesado, con la
debida asistencia y presencia de intérprete; y además, que se garantice el adecuado funcionamiento del ya citado registro del menor extranjero no acompañado.


Otras consideraciones, sobre las que también ha informado la defensora del pueblo, se dirigen a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Una de ellas se refiere a que se garantice el trámite de audiencia al inicio del
procedimiento, y creo que es importante; asimismo, para la protección del menor, que se establezcan los protocolos necesarios de colaboración con las diferentes policías autonómicas.


No quiero extenderme más porque sé que vamos justos de tiempo, pero sí quiero decir que en este informe se detectan una serie de deficiencias que podemos corregir y se establecen unas conclusiones y recomendaciones, ya comentadas.

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Paso al estudio sobre la escucha y el interés superior del menor. El objeto de este informe es prestar atención a lo que se oye del menor; no solo es importante ser oído, también escuchar lo que se oye del menor. Aquí también destaca la
Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989 por las Naciones Unidas, donde se establece que la opinión de los menores sea tenida en cuenta en los procesos administrativos y jurídicos.


Hay que tener en cuenta también que la institución de la familia ha evolucionado de forma muy rápida en las últimas décadas -hoy pueden ser mucho menos duraderas las relaciones familiares y están sujetas a numerosas circunstancias y
variables externas-.


Por eso, como conclusiones, cabe destacar la necesidad de tener en cuenta -y ello deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño- la posición de los menores con respecto a las decisiones que les afecten. Se reconoce que estos tienen
opiniones propias, que deben ser atendidas en consonancia a su capacidad y madurez. Por ello, están llamados a participar en la adopción de tales decisiones, especialmente en las actuaciones administrativas y judiciales.


También hay que tener en cuenta el derecho a ser escuchado, que parte del núcleo fundamental de la convención, junto al derecho de vida o no discriminación. El titular al que se dirige este derecho a ser escuchado y a que su opinión sea
tenida en cuenta es cualquier niño.


Por tanto, podemos centralizar esas recomendaciones en la escucha del menor como un derecho de este y eliminar -como también ha dicho la defensora del pueblo- los criterios de edad con respecto a los derechos del niño -en concreto, a ser
escuchado-, sustituyéndolo por la presunción de la capacidad del menor para formarse un juicio propio. En definitiva, se establece la escucha del menor como un derecho del niño.


Sin más, termino, reiterando mis agradecimientos a toda la institución y al personal por la elaboración de ambos informes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano.


Tiene la palabra la señora Figueres.


La señora FIGUERES GÓRRIZ: Gracias, presidente.


Senadores, diputados, defensora, gracias especialmente por su comparecencia y por estos informes, que, una vez más, ponen de manifiesto la preocupación y la especial atención que la institución del Defensor del Pueblo pone por los problemas
sociales que afectan a las personas más vulnerables; por la sensibilidad que demuestra al cuestionar, analizar y recomendar la mejora del funcionamiento de algunos procedimientos. El primero se refiere a la determinación de la edad de menores
extranjeros no acompañados. La determinación de la edad tiene efectos penales y efectos de aplicación o no de medidas de protección. Sin embargo, creo que la primera reflexión que debemos hacernos es que hay muchas probabilidades de que, al
aplicar estos procedimientos, estemos tratando con menores y aunque, en cualquier caso, sea necesaria la exigencia a los poderes públicos de una actuación escrupulosa con la dignidad de las personas, tratándose de menores, aunque solo lo sean
potencialmente, estos escrúpulos deben extremarse. Por lo tanto, es importantísimo el beneficio de la duda, y cuanto más rigurosos seamos en la elaboración del procedimiento, esto redundará en el bienestar de las personas que se someten a él.


A la vista del informe, queda claro que, necesariamente, se habían de introducir cambios para mejorar los procedimientos seguidos hasta ahora por las distintas instituciones implicadas. Era imprescindible articular un sistema más adecuado
en lo referente a coordinación, un sistema único en todo el ámbito nacional, con la debida coordinación y cooperación entre las comunidades autónomas. La elaboración de un protocolo de actuación común es la base para la mejora del procedimiento
-que se apliquen los mismos criterios, que se realicen las mismas pruebas, que se utilicen los mismos parámetros- porque existía una amplia diversidad de prácticas dependiendo del territorio. Estamos hablando de procedimientos muy sensibles pues
incluyen pruebas médicas, sobre algunas de las cuales se han de plantear incluso cuestiones éticas, como, por ejemplo, las radiografías de la región pélvica, de las que habla el informe, que han de evitarse por principio. La homogeneización de la
estimación médica, junto a la coordinación y el acceso a los registros por parte de todas las instituciones implicadas, evitará la reiteración de pruebas, el sufrimiento innecesario y la inseguridad. Nos encontrábamos, por ejemplo, con que no se
detectaba a un menor que ya había sido sometido a pruebas en otra comunidad autónoma, lo cual suponía un problema importante, teniendo en cuenta que la movilidad es una constante en este grupo social. Está comprobado

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que la reiteración de pruebas por descoordinación no solo no aporta un mayor grado de certeza, sino que incrementa la incertidumbre.


Leía en el informe que Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal de sala, coordinador de extranjería, decía que el 90% de los problemas derivados de los expedientes de determinación de la edad no provienen de la determinación de la edad, sino de la
documentación. Por consiguiente, es importantísima la coordinación entre la Fiscalía de Extranjería y la Fiscalía de Menores, la coordinación de la policía con los servicios sociales y los centros de acogida, de los juzgados con las consejerías de
Servicios Sociales, de las comunidades autónomas entre ellas y con el ministerio. Pensamos que esto podría solucionarse con un registro centralizado y operativo, donde pudieran volcarse todos los datos y al cual todas estas instituciones tuvieran
acceso -en principio, no parece demasiado complicado- y favorecería la rentabilización de los recursos y el bienestar de las personas.


Ya se ha comentado respecto a las pruebas que es imprescindible que sean realizadas por facultativos expertos que tengan una formación especializada y que solo puedan hacerse a solicitud de la autoridad judicial o del ministerio fiscal.
Esto redundará también en la preservación de la dignidad y en la seguridad de las personas.


Cuestiones como el respeto al principio de confidencialidad, el consentimiento informado, informar al interesado del resultado, que solo se realicen las pruebas por orden del juez y del ministerio fiscal, el establecimiento de un protocolo
marco se están regulando para que pasen a formar parte del procedimiento.


Estamos ante un informe de máximos y creemos que así debe ser, y ya que las recomendaciones fueron aceptadas por todas las instituciones implicadas, deberemos seguir su aplicación hasta que sean habituales en el procedimiento.


Diré en cuanto al informe sobre la escucha y el interés del menor que hay que tener en cuenta que el pasado 25 de abril fueron informados por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de protección de la infancia y el anteproyecto de
ley orgánica complementaria de la Ley de protección de la infancia y que entre los cambios introducidos hay que destacar algunos que coinciden con las recomendaciones que se hacen en este informe: el desarrollo del derecho del menor y que su
interés superior sea prioritario. El concepto de prioritario es un concepto jurídico que ha sido objeto de diversas interpretaciones. Los anteproyectos citados incorporan tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como los criterios del Comité
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en el sentido de que se garantice el interés superior del niño, que a la hora de adoptar una decisión se evalúe ese interés y que se pondere cuando existan otros intereses en juego, y que ante la
interpretación de cualquier norma jurídica se opte por la que mejor garantice el interés superior del niño.


También se habla del derecho a ser oído y escuchado. En la actual legislación nada más se contemplaba el derecho a ser oído, y sabemos que en el ordenamiento jurídico español ser oído equivale a no vinculante. Por consiguiente, no existía
la obligación de asumir la posición de la persona oída. Ahora se añade ser escuchado, que es un concepto más exigente, es el criterio del Comité de los Derechos del Niños de las Naciones Unidas, y, al aplicarlo, la decisión de apartarse de lo
manifestado por la persona oída y escuchada habrá de razonarse. Se sustituye también el término juicio por el de madurez -más adecuado jurídicamente-, el de edad por capacidad, y se incluye que no haya ningún tipo de discriminación en el ejercicio
de este derecho por razón de discapacidad.


Hay que hacer hincapié en la importancia de la coordinación. Más allá de la remisión del expediente del menor al ministerio fiscal, se trata de facilitar el acceso del ministerio fiscal a los expedientes. No sería difícil la coordinación,
estableciendo un sistema que garantice la protección de datos. En Aragón se ha hecho y funciona. No estaría mal que se pusiera en marcha en todas las comunidades autónomas, siguiendo el modelo de Aragón.


En el mismo sentido, plantea el informe que es necesaria la adopción de un protocolo común para la armonización de los expedientes de menores, que tengan un contenido mínimo, que especifiquen muy bien los documentos que deben incorporarse,
que contengan la acreditación de la escucha del menor.


Existe la Comisión Interautonómica de Directores Generales de la Infancia, que se reúne con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad. Quizá sería el foro adecuado para alcanzar acuerdos que faciliten y mejoren la
coordinación y colaboración, así como la homogeneización de los expedientes.


La movilidad de los menores debería dejar de ser un problema. El acceso a la justicia gratuita de los menores sometidos a medidas de protección; eliminar los criterios de edad para ser oído y escuchado; establecer la presunción de
capacidad del menor para formarse un juicio propio; la previsión de

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nombramiento de un defensor judicial; establecer el deber de motivación reforzado cuando la decisión no coincida con la opinión manifestada por el menor; priorizar los procesos en los que el niño ha sido separado de su familia o la
comunicación al menor del resultado son medidas -algunas puramente normativas- que no sería difícil incorporar al ordenamiento jurídico y a los procedimientos, que, sin duda, redundarán en la defensa de ese interés superior del menor.


En los anteproyectos que he citado se incluye la defensa del interés superior del menor, con lo cual España será el primer país del mundo en recoger este concepto en su legislación. Se dice que este derecho primará sobre cualquier otra
consideración.


Le doy las gracias de nuevo, defensora, en nombre de mi grupo, por esta comparecencia, por estos informes y por ser de alguna manera la conciencia de los poderes públicos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Figueres.


Tiene la palabra la señora defensora.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Gracias, presidente.


Muchas gracias, señorías.


Seguro que los aquí presentes en la mesa, los adjuntos y yo misma hemos seguido con mucho interés sus comentarios sobre los dos estudios que hemos presentado. De sus intervenciones saco dos conclusiones: en primer lugar, que estos informes
les resultan a ustedes de interés en general -supongo que para los ciudadanos son muchos- y de interés especial para las Cortes Generales, para sus señorías por el trabajo que hacen en materia legislativa -seguimiento, enmiendas-, para sus
actuaciones en todo el campo legislativo, que es su competencia. Les resulta de interés y nos alegramos.


En segundo lugar, porque ustedes, si así lo estiman, pueden hacer un seguimiento de la evolución de estos trabajos y, sobre todo, de sus recomendaciones. Siguiendo el cumplimiento de la legalidad, de la vigente y de la que está por llegar
en estas materias -que llegará pronto porque, como ustedes han mencionado, hay ya dos anteproyectos, uno de Ley Orgánica de protección de la infancia-, ustedes podrán hacer un seguimiento y verificar si estas recomendaciones y la correspondiente
normativa se cumplen o no y ponerlo de manifiesto. Estoy segura -también los adjuntos y toda la institución- de que si ustedes vieran deficiencias o lagunas en ese cumplimiento nos las harían llegar para nuestra posible actuación; agradezco a
todas sus señorías sus consideraciones.


Efectivamente, los informes que venimos realizando pretenden ser cada vez más concretos y concisos. No creo que tengamos que hacer informes enormemente extensos o amplios. En algunas ocasiones digo que el Defensor del Pueblo no es un
centro de estudios. No tenemos esa capacidad ni esas posibilidades que tienen centros de estudios que realizan uno o dos estudios al año o cada dos años. No, nosotros tenemos que ver lo que nos dicen los ciudadanos y actuar ante las
administraciones. Pero cuando vemos que hay un problema importante que se extiende a muchos ciudadanos, sí hacemos un informe, informe que me gustaría que cada vez fuera más preciso, más concreto, para que las administraciones recibieran con
nitidez las recomendaciones y sugerencias.


Estos dos informes, tanto el referido a la escucha al menor como el de menores o adultos y la importancia de la determinación de la edad, son de interés, como ustedes han dicho, para que nosotros adaptemos nuestra legislación a la Convención
sobre los Derechos del Niño, para que los problemas de menores no identificados o no correctamente identificados vayan desapareciendo, para que las autoridades -entre otras, los fiscales- tengan un modo de proceder homogéneo y para que además se
puedan transmitir los resultados -por supuesto, de forma confidencial- entre las distintas comunidades autónomas, a fin de que en ningún caso, salvo en circunstancias muy especiales, se repitan al menor las mismas pruebas que ya le fueran realizadas
porque se encontraba en diferente comunidad autónoma. Supone un padecimiento enorme tener que pasar dos veces por las mismas pruebas clínicas o por un procedimiento judicial. Imaginémoslo en nosotros, ya adultos. Si esto le tiene que ocurrir a
una niña de doce años o a un niño de nueve años, ¿por qué situaciones van a tener que pasar y qué impactos tendrán en ellos?


Les agradezco todas sus consideraciones, señorías. Agradezco las que hace la señora Sayós acerca de extender estas recomendaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio del Interior; es interesante. Y, desde luego, estoy de
acuerdo con lo que dice la señora Serrano acerca de la importancia de tener un registro de menores extranjeros no acompañados. Se trata de una cuestión muy delicada, porque además es complejo conocer y verificar dónde están. Estos menores, a veces
en el límite de la

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mayoría de edad, en muchas ocasiones caen en manos de redes de tráfico de personas, muy especialmente, si se trata de mujeres. Hay un riesgo grandísimo y por eso tenemos que perseguir esas redes y tratar de evitar que esos menores se
encuentren a su alcance. Como señalan sus señorías, el registro de menores no acompañados es muy importante y también lo es que esté a disposición de las distintas fiscalías. Como ya se ha dicho, es necesario que se acepte por parte del Ministerio
de Justicia la justicia gratuita para estos menores, porque, si no, muchas veces van a quedar indefensos o no se va a poder actuar porque los casos van a quedan no resueltos. Es una cuestión lógica y en estos momentos importante.


Les agradezco a todos sus recomendaciones. Tomaremos nota de ellas pero, además, constan en el Diario de Sesiones y luego solemos hacer una separata que distribuimos entre las áreas y los técnicos de la casa, para las personas que formamos
parte de la institución, para que las lean y no solamente se queden aquí sino que también lleguen a las que han realizado el trabajo pero no han asistido a la sesión de hoy.


Les reitero nuestra gratitud y me permito recordar a sus señorías una cuestión que sé que han tratado, aunque no sea relativa a estos informes. Sin embargo, como hemos hablado de redes de explotación, de menores, de los riesgos, de los
problemas, de la importancia de la determinación de la edad, de los registros, etcétera, les recuerdo a sus señorías que debemos seguir poniendo voz y acento en las 200 niñas nigerianas secuestradas. Todos debemos intentar que las instituciones
internacionales no abandonen esta cuestión porque, además del padecimiento que deben estar sufriendo, además de la vulneración de sus derechos ?que es una cuestión elemental y fundamental?, estas niñas pueden ser objeto de redes de explotación y,
con el tiempo, si no se las rescata, habrá algunos países europeos que las acaben recibiendo, pero estarán en manos de redes de explotación sexual. Esta es la experiencia que tenemos.


Sé que sus voces se han escuchado, y se lo agradezco en nombre de la institución, también del señor Fernández Marugán y de la señora Ferrer, y les pedimos que mantengan esta actitud y que vuelvan a hacer oír su voz.


El Ministerio del Interior ha enviado a algunos especialistas, policías españoles especialistas en la búsqueda de personas para que se incorporen a un equipo de la Unión Europea y americano, y también se lo he agradecido porque tenemos que
conseguir su liberación, tenemos que encontrar a estas niñas. Por ello, les pido que mantengan su interés y que sigan alzando su voz como han hecho hasta ahora.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora.


Quiero informar a los miembros de la comisión que en este momento estamos al día de todas las cuestiones que teníamos pendientes. Este fue uno de los objetivos que todos nos marcamos al principio de la legislatura, que hacía mucho tiempo
que no ocurría en esta comisión y creo que debemos felicitarnos por ello.


En el siguiente período de sesiones se convocará la Mesa y Portavoces para el informe de mitad de ejercicio, y si hubiese entrado en registro algún nuevo informe o estudio, también lo trataríamos para mantener esta actividad a la que todos
nos hemos comprometido.


Muchas gracias de nuevo, señora defensora.


Se levanta la sesión.


Eran las doce horas y cuarenta y cinco minutos.