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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 107, de 28/04/2014
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES MIXTAS
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 107
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO
Sesión núm. 16
celebrada el lunes,
28 de abril de 2014
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:
- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000140 y número de expediente del Senado 771/000138) ... (Página3)
- Informe de fiscalización de los gastos derivados de la Presidencia española de la Unión Europea. (Número de expediente del Congreso 251/000047 y número de expediente del Senado 771/000046) ... (Página10)
- Informe de fiscalización de las mancomunidades de aguas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (Número de expediente del Congreso 251/000049 y número de expediente del Senado 771/000047) ... (Página10)
- Informe de fiscalización de los planes y programas presupuestarios de fomento y apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) aplicados por la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. (Número de expediente del
Congreso 251/000050 y número de expediente del Senado 771/000048) ... (Página10)
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000141 y número de expediente del Senado 771/000139) ... (Página10)
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000156 y número de expediente del Senado 771/000154) ... (Página19)
- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000157 y número de expediente del Senado 771/000155) ... (Página27)
Comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar conjuntamente sobre:
- Informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000090) ... (Página34)
- Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000100 y número de expediente del Senado 771/000097) ... (Página34)
- Informe anual de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000101 y número de expediente del Senado 771/000098) ... (Página34)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000103 y número de expediente del Senado 771/000102) ... (Página34)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000104 y número de expediente del Senado 771/000101) ... (Página34)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2008-2009. (Número de expediente del Congreso 251/000118 y número de expediente del Senado 771/000116) ... (Página34)
Propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 y 2007 por las entidades sometidas al texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas. (Número de expediente del Congreso 251/000028
y número de expediente del Senado 771/000026) ... (Página40)
- Informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicio 2008, referida en especial al seguimiento de las recomendaciones del Tribunal y resoluciones de la Comisión Mixta relativas al informe de la Fundación,
ejercicio 2001. (Número de expediente del Congreso 251/000032 y número de expediente del Senado 771/000029) ... (Página40)
- Informe de fiscalización sobre el cumplimiento del principio de transparencia establecido en la legislación sobre estabilidad presupuestaria, en relación con los Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2007 y 2008. (Número
de expediente del Congreso 251/000037 y número de expediente del Senado 771/000035) ... (Página41)
- Informe de fiscalización de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., ejercicios 2008 y 2009, en lo relativo a sus inversiones en inmovilizado y a la gestión del servicio postal universal. (Número de expediente del Congreso
251/000038 y número de expediente del Senado 771/000037) ... (Página41)
- Informe de fiscalización sobre los contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por las principales entidades locales durante los años 2005, 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000043 y número de
expediente del Senado 771/000041) ... (Página41)
- Informe de fiscalización de la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros, ejercicio 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000044 y número de expediente del Senado 771/000043) ... (Página41)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2008 por las entidades del sector público estatal sometidas a la legislación de contratos de las administraciones públicas. (Número de expediente del Congreso
251/000078 y número de expediente del Senado 771/000076) ... (Página41)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2009 por las entidades estatales que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de Administraciones Públicas. (Número de
expediente del Congreso 251/000091 y número de expediente del Senado 771/000089) ... (Página41)
Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000140 y número de expediente del Senado 771/000138).
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión número 16 de esta X Legislatura de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, con el siguiente orden del día: Comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para
informar sobre los siguientes asuntos: en primer lugar, el informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla en sus ejercicios 2010 y 2011. Para su presentación tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla de los ejercicios 2010 y 2011 fue aprobado el 28 de noviembre de 2013. Durante el periodo fiscalizado el sector
público de la Ciudad Autónoma de Melilla estaba integrado por la Administración General, cuatro organismos autónomos -uno de ellos carente de presupuesto y de gestión independiente, integrándose sus gastos en el presupuesto de la Administración
General-, un ente público, y tres sociedades mercantiles participadas al cien por cien por la ciudad autónoma. Además participaba en un 50 % en otra sociedad mercantil, de la que una entidad del sector público estatal poseía el resto del capital.
Por otra parte, la sociedad mercantil íntegramente participada por la Ciudad Proyecto Melilla, S.A. -Promesa-, aportó la totalidad de la dotación dineraria de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí, por lo que esta entidad
forma parte integrante de su sector público, y sin embargo no ha rendido cuentas desde su constitución.
Las cuentas generales de los ejercicios 2010 y 2011 fueron rendidas al tribunal fuera del plazo previsto en la normativa aplicable, con un año y con tres meses de retraso, respectivamente. No obstante continuaban sin rendirse las cuentas
del Consorcio Melilla Puerto XXI, ni la documentación sobre su liquidación.
Los presupuestos generales para el año 2010, aprobados por la Asamblea de la Ciudad, fueron anulados por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entre otras razones por la previsión de
ingresos por venta de parcelas sin afectación del producto de las enajenaciones, a fines específicamente permitidos por la legislación sobre el patrimonio público del suelo, y además porque el informe de la Intervención sobre los presupuestos se
emitió por persona que no reunía las condiciones de objetividad e independencia exigibles. Del análisis de la liquidación de los presupuestos se observa que el grado de ejecución de los créditos definitivos osciló entre el 82 % en 2010 y el 83 % en
2011. En el presupuesto de ingresos el grado de realización se situó en el 85 % en ambos ejercicios.
Existían ciertas deficiencias en la tramitación de las modificaciones presupuestarias, entre las que destaca la aprobación en 2010 de un crédito extraordinario de 4,6 millones de euros para gastos de varias aplicaciones presupuestarias, sin
presentar una memoria justificativa de la necesidad y urgencia de los mismos.
Las subvenciones abonadas por la ciudad al Centro Asistencial de Melilla fueron superiores a lo estipulado en los convenios suscritos, en relación con los gastos de personal. Además la relación de personal presentada por el centro difería
de la que figuraba en tales convenios.
La ciudad autónoma mantenía un contrato con una empresa privada para la ejecución de los servicios de colaboración para la gestión tributaria, la recaudación voluntaria, y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros ingresos, habiéndose
abonado indebidamente al contratista un total de 855.000 euros en concepto de colaboración en la recaudación voluntaria de autoliquidaciones, sin que en el contrato constara ningún tipo de retribución por este concepto. Al final de cada ejercicio
existían saldos de acreedores por operaciones pendientes de aplicación al presupuesto. Esta forma habitual de operar supone el incumplimiento reiterado de las normas presupuestarias en cuanto al carácter limitativo de los créditos y el principio de
anualidad presupuestaria, así como la insuficiencia financiera de la ciudad para cubrir de manera adecuada las obligaciones correspondientes al ejercicio en que deben reconocerse. Al final del ejercicio 2011 las obligaciones que quedaron pendientes
de imputación al presupuesto ascendían a 5,4 millones de euro.
Por otra parte, al igual que ocurría en las comunidades autónomas de régimen común, el establecimiento de un sistema de anticipos calculados mediante estimaciones de los ingresos tributarios estatales que se encontraban ampliamente
sobredimensionadas, dio lugar a que en las liquidaciones definitivas resultaran saldos a favor del Estado por importe de 1,8 millones de euros en 2010 y 1,2 millones en 2011.
Respecto a la situación patrimonial cabe destacar que en el ejercicio 2010 se presentó por primera vez un inventario de bienes de la ciudad autónoma. Su creación produjo una serie de asientos de regularización que permitió dar de alta en
contabilidad elementos del inmovilizado que no figuraban en la misma. No obstante continuaba sin darse de baja del activo el saldo del inmovilizado destinado al uso general, una vez concluida la inversión, y se imputaban al capítulo 6 de manera
incorrecta gastos corrientes o relativos a subvenciones, a familias, o a empresas, incrementando indebidamente el valor del inmovilizado. A partir del ejercicio 2007 el Consejo de Política Fiscal y Financiera dejó de fijar el objetivo de
estabilidad presupuestaria para Melilla, y tampoco recoge información sobre su grado de cumplimiento. Para el ejercicio 2010, según el informe elaborado por la Intervención, la necesidad de financiación de la ciudad ascendía a 2,2 millones de
euros, importe que se situaba por debajo del 5,53 % de los ingresos no financieros consolidados, límite establecido por la Comisión Nacional de Administración Local a efectos de determinar la obligación de presentar los planes económicos financieros
de reequilibrio. Respecto al ejercicio 2011 el saldo presupuestario no financiero, ajustado según los criterios del SEC-95, presentó un importe negativo de 10,2 millones de euros, lo que supone el 4,63 % de los ingresos no financieros consolidados,
sobrepasando el límite previsto del 4,39 %, por lo que debió elaborarse el citado plan económico financiero de reequilibrio. Por otra parte, durante los ejercicios 2010 y 2011 la ciudad había suscrito operaciones de crédito a largo plazo sin haber
solicitado las preceptivas autorizaciones al entonces Ministerio de Economía y Hacienda, dado el ahorro neto negativo deducido de la liquidación de los presupuestos de 2009 y 2010.
Sobre las deficiencias en la contratación administrativa se observa que en un número significativo de casos no se justificaba adecuadamente la necesidad de celebración de los contratos ni constaba la fiscalización previa que debía emitir la
Intervención antes de la aprobación del gasto, sustituyéndola por informes favorables que diferían esa fiscalización a un momento posterior.
En relación con las ejecuciones de los contratos se produjeron demoras significativas no justificadas y ampliaciones de plazo que en ocasiones afectaban a contratos adjudicados a licitadores que habían ofertado reducciones en los plazos de
ejecución. También existían modificaciones que no respondían a nuevas necesidades no previsibles en el momento de la adjudicación del contrato.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Para suscitar las aclaraciones que sean necesarias sobre este informe, ¿el señor Bruguera va intervenir? (Asentimiento). Por el Grupo Parlamentario de Entesa, el señor Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Intervendré brevemente en torno a dos líneas. En primer lugar, hablaré sobre el cumplimiento de las recomendaciones reiteradas de ejercicios anteriores, que a nuestro
juicio es un tema que tiene su importancia en el sentido de que en el caso de la Ciudad Autónoma de Melilla prácticamente son recomendaciones reiteradas desde el ejercicio de 2006, que se repite en el de 2007, en el de 2008 y en el de 2009,
y el mismo tribunal afirma que no se han tomado las medidas ni se han implementado las acciones necesarias para proceder a su cumplimiento. Repito que no estoy hablando del ejercicio de 2010 y ni de 2011 sino del cumplimiento de los ejercicios
anteriores. En todo caso, como ha dicho el señor presidente del tribunal, las cuentas se han presentado fuera de plazo, pero esto tampoco es nuevo. En el caso de Melilla -si no estoy equivocado- desde 2004 y de manera reiterada, ejercicio tras
ejercicio, se viene incumpliendo el plazo de presentación de las cuentas de la ciudad autónoma, y este es otro elemento desde nuestro punto de vista grave. Este senador, en algunas de las intervenciones en la Comisión, ha venido diciendo que a
veces intento fijarme en si el vaso se va llenando aunque sea poco a poco, y mucho me temo que en este caso esto no ocurre.
El tribunal también afirma que se debería proceder a elaborar los presupuestos con un mayor rigor. Hay grandes desviaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado. Sin ir más lejos el año 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
anuló la aprobación definitiva del presupuesto de la ciudad autónoma. Se denuncia falta de control interno, unas modificaciones de los créditos presupuestarios superiores al 25 % de los mismos, que estamos hablando de unas modificaciones muy
importantes, lo que pone de manifiesto una dificultad seria de control de ingresos y gastos. Y ya en los ejercicios de 2010 y 2011 se ponen de relieve multitud de deficiencias: en los créditos extraordinarios; en la carencia de un registro de
facturas por ejemplo; en la imposibilidad de control de los créditos incorporados por falta de documentación; una crítica también a la gestión de los contratos de obras y servicios; el incremento de la imputación de partidas en los presupuestos
de gastos; el tema de la situación patrimonial, empresas públicas, etcétera.
Finalizo con dos cuestiones que no son menores y que resumen de alguna manera lo que intento decir. En primer lugar, la imposibilidad, por la documentación aportada, de saber el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria. Y en segundo lugar, que desde el año 2002 la Ciudad Autónoma de Melilla viene actuando con un interventor accidental. Yo no dudo en absoluto de la profesionalidad de esta persona, pero no deja de sorprender que desde el año 2002
todavía continúe sin cubrirse la plaza que por jubilación del anterior interventor se produjo.
No quiero formularle preguntas, sino reiterar que suscribimos las recomendaciones y que nos parece que en el caso de Melilla no se ven notables avances en el análisis del tribunal respecto de ejercicios anteriores.
El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: En la línea de lo que ha estado comentando el señor Bruguera me gustaría corroborar que las cuentas presentadas por la Ciudad Autónoma de Melilla año tras año adolecen de graves carencias, tienen graves problemas,
presentan un montón de insuficiencias y cuestiones que hacen que el informe que el Tribunal de Cuentas elabora sobre su contabilidad sea literalmente un plato cuajado de ingredientes bastante negativos, empezando por que se presenta superando el
plazo establecido, que falta documentación, no se acompañan memorias, diversas cuestiones e incumplimientos que ha comentado ya el propio presidente del Tribunal de Cuentas.
Quería plantearle una cuestión. Parece ser que el Gobierno de Melilla, no sé si para tratar de lavar su cara o con qué fin, acompañó este informe de una auditoría externa que venía a decir lo mismo que las cuentas que había realizado ese
interventor que está de forma provisional desde el año 2002. Una auditoría privada que ha costado un dinero a la ciudad de Melilla, y el Tribunal de Cuentas parece ser que no ha valorado muy positivamente la actuación de esta auditoría. Le quería
preguntar por las conclusiones de esa auditoría privada que por lo visto el Gobierno de Melilla quiso realizar para hacer un poco más vendibles estas cuentas ante la opinión pública melillense. Quisiera saber qué conclusiones sacaba esta auditoría.
Termino valorando lo que ha dicho el señor Bruguera, que el propio tribunal sistemáticamente dice que no se toman las medidas para corregir, que no se notan las mejoras, que año tras año se producen y se reproducen los mismos defectos, los
mismos problemas, los mismos incumplimientos. Tampoco dice el Tribunal de Cuentas que se haya planteado por parte del Ministerio de Economía y Hacienda ninguna posibilidad de poner medios para solucionar los hechos que sistemáticamente se viene
viendo que afectan a la contabilidad, a la mala contabilización de la situación melillense, hasta el punto de que ni se sabe siquiera en qué porcentajes estamos respecto al equilibrio presupuestario y demás, puesto que los datos son incompletos.
Le planteo esas dos cuestiones después del desastre melillense: el tema de la auditoría externa con la que la ciudad autónoma intentó lavar la cara, y el tema de las actuaciones, si no existen actuaciones por parte del Ministerio de
Economía y Hacienda para tratar de poner coto a esta situación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su comparecencia, por su intervención, que aunque corta viene a poner de manifiesto lo que quienes me han precedido en el uso de la palabra y yo mismo queremos
subrayar, y es la serie de irregularidades que año tras año llevan consigo los informes de fiscalización sobre la gestión del dinero público de la Ciudad Autónoma de Melilla, y también que las recomendaciones que de manera reiterada, no ya solo
desde este tribunal, sino también desde otros ámbitos -el Ejecutivo, etcétera-, se le vienen dirigiendo son absoluto papel mojado. Hay dos informes preceptivos en el informe del tribunal que son curiosos. El del abogado del Estado no ve
responsabilidad alguna, sí alguna irregularidad, pero no responsabilidad, pero el fiscal sí aprecia, tanto responsabilidades contables como penales. Sobre eso quizá merece la pena mostrar alguna atención.
Hay un problema de responsabilidad contable claro en el tema de rendición de cuentas. Es verdad que no es original, es reiterativo, pero las cuentas están fuera de plazo, no son íntegras, no tienen memoria ni cumplimiento de objetivos. Es
decir, en el fondo no son rendición de cuentas. Y así año tras año. No sé -esta es una de las preguntas- cuál es el operativo que puede tener el tribunal, y sobre todo el Parlamento, puesto que el tribunal no deja de ser un comisionado de este
Parlamento, para hacer que esto no suceda y evitar que de manera reiterada vengamos a hacer intervenciones claramente frustrantes si no varían la forma de gestionar el dinero público determinados lugares.
La Ciudad Autónoma de Melilla tuvo un consorcio, que era el de Melilla Puerto XXI, y como el presidente ha puesto de manifiesto en la intervención al dar cuenta del informe, este fue liquidado en el año 2007 y no hay ningún rastro de informe
sobre esa liquidación. No sabemos qué ha ocurrido con ese consorcio, si sus cuentas son equilibradas, si hay déficit, si hay beneficios, en ese caso dónde han ido a parar... Es decir, no hay noticia alguna de una liquidación hecha por la Asamblea
de Melilla sobre el Consorcio Melilla Puerto XXI hace ya exactamente seis años y medio. ¿Qué armas puede tener este Parlamento para que este tipo de situaciones no resulten frustrantes, preocupantes, irregulares, y yo creo que en muchas ocasiones
reprochables penalmente?
En los temas referentes a la Administración General del Estado, al control interno de la actividad económico-financiera de la ciudad autónoma la deficiencia es reiterativa también. No solo ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, sino también el propio Tribunal de Cuentas en muchas ocasiones. El Tribunal de Cuentas, con unas u otras mayorías, ha tenido siempre oportunidad de coincidir en este tipo de acciones tan irregulares. Hay algunas
que son realmente curiosas, y yo creo que no resultan homologables, al menos desde que tengo yo noticia, en otros ámbitos, en otras comunidades autónomas o ciudades, tengan el color político que tengan sus gestores. Por ejemplo, como se ha dicho
aquí -pero yo voy a concretar algo más-, el interventor de la Ciudad Autónoma de Melilla desde el año 2002 a 2011 -porque parece que ya no está como interventor- es a su vez director general de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla. Es decir,
está compatibilizando las funciones quien decide sobre el dinero y quien tiene que controlar la decisión de quien decide sobre el dinero. Es decir, controlador y controlado son la misma persona. Hasta tal punto ha resultado original este supuesto
que el fiscal ha presentado una nota por choque de intereses en la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas, por cierto solicitud del fiscal de la que no hay noticia, y esa sería una de mis preguntas: ¿qué ha ocurrido con esta
solicitud del ministerio fiscal pidiendo al secretario de Estado de Administraciones Públicas que decidiera sobre una incompatibilidad realmente increíble durante nueve años, de 2002 a 2011? Quien hace las cuentas y quien las controla es la misma
persona.
Aparte de esas originalidades hay también algunos supuestos que desde mi punto de vista pueden tener alguna responsabilidad penal, y el Ministerio Fiscal lo subraya, es decir, hablo como si del ministerio fiscal se tratara, no es cosa mía,
porque el fiscal dice que algunos de los abonos a contratistas son pura y sencillamente indebidos. No hay un proyecto a través del cual uno tenga que pagar un dinero por trabajo realizado, no existe ni trabajo ni proyecto. Ocurre en el caso de una
contrata para instalaciones deportivas. Pero se da otro caso más curioso. Hay una contratación para gestión tributaria que cobra el dinero por el esfuerzo realizado -es una subcontrata que realiza la Ciudad Autónoma de Melilla a una empresa
privada-, pero le pagan también por las autoliquidaciones que se hacen los propios melillenses. Es decir, se paga por hacer la liquidación y también por la liquidación que se hace al tercero, aunque
uno no la haya hecho. Sin embargo se paga ese trabajo que no se ha realizado. El fiscal insiste y subraya que hay -obvio- indicios de responsabilidad no ya solo contable, sino penal. Puesto que han pasado cuatro años, la pregunta es qué
noticia hay de las posibles consecuencias de ese informe de responsabilidad penal que ha realizado el fiscal correspondiente.
Solo algún tema más, por no ser agobiante en esta intervención; es increíble que haya un inventario de bienes de inmovilizado, por ejemplo, que no es correcto. Alguno de los bienes que aparecen no existe u otros que existen no están bien
computados o bien contabilizados en términos económicos. Una multitud de deficiencias que resultan realmente no ya curiosas, sino si me permiten la expresión algo más dura seriamente aberrantes.
La Ciudad de Melilla sigue sin elaborar un compromiso de gasto para los ejercicios posteriores, con lo cual estamos en las mismas, de manera que estamos ante una dificultad que no debería ser tal. Las recomendaciones no se escuchan, sigue
habiendo responsabilidades contables y posiblemente penales, sigue habiendo gestiones con actuaciones auténticamente sorprendentes, quien realiza las cuentas también las controla. En un país democrático es sencillamente impensable. La pregunta
final es qué es lo que se puede hacer -se lo solicito además como comisionado de este Parlamento- para que se ponga freno a este tipo de situaciones, y se tengan hábitos no ya de buen gestor del dinero público, sino sencillamente hábitos puramente
democráticos.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar, por el Grupo Popular, el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su comparecencia y explicaciones. Conviene, para centrar el ámbito de la comparecencia y por tanto de las recomendaciones y sin entrar en debates con los
otros grupos políticos que me han precedido en el uso de la palabra, puesto que entiendo que no es el objeto de esta comparecencia, y para comprender mejor el informe del señor presidente y la posición del Grupo Popular, hacer tres tipos de
comparaciones previas. En primer lugar, las alegaciones que ha hecho el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y que al parecer no han sido tenidas en cuenta a la hora de informar, no por el señor presidente sino por los otros grupos políticos.
En segundo lugar, el envío permanente y constante de documentación que ha sido solicitada por el Tribunal de Cuentas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y que demuestra la voluntad de colaboración de la ciudad autónoma con el Tribunal de
Cuentas para subsanar, enmendar, enriquecer, en una palabra poner al día, aquellos aspectos que pudieran quedar de soslayo o de forma colateral respecto al informe que ha dado el señor presidente. Y, en tercer lugar, y supongo que lo tendrá el
Tribunal de Cuentas, no digo discrepancias pero sí matizaciones que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha hecho sobre la fiscalización, valga la redundancia, realizada por el Tribunal de Cuentas. Brevemente, quiero exponer las alegaciones
que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha hecho al informe del Tribunal de Cuentas y que conviene ponerlo en valor ante la Comisión al objeto del mayor enriquecimiento y conocimiento de los señores comisionados.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, después de varias peticiones de información adicional y de aportar más de cien atenciones de información o documentación, ha presentado una serie de alegaciones sobre los distintos expedientes
que constan en el informe del Tribunal de Cuentas y que conviene enfatizar sobre él hoy aquí, porque si no se tiene una visión un tanto sesgada, aunque no quisiera decir sesgada para no molestar a los señores comisionados, pero sí extemporánea,
fuera del informe que el señor presidente ha presentado. Se han dado amplias alegaciones sobre expedientes de contratación de las distintas consejerías, de Medio Ambiente, de Fomento, de Bienestar Social, de la Dirección General de Gestión
Tributaria, de gestión de las administraciones públicas, de la Intervención General de la ciudad, de alegaciones de la Tesorería General de la ciudad y de las distintas sociedades públicas, la denominada Inmusa, la denominada Proyecto de Melilla
S.A., y también sobre la Empresa Pública de la Vivienda. No me voy a detener a detallarlo para que no resulte prolija y tediosa la información, pero sí quiero hacerlo constar.
En segundo lugar, es necesario poner de manifiesto, no diré discrepancias, pero sí matizaciones, sobre las recomendaciones que a fecha actual, bien en las cuentas del año 2012 o en las del año 2013, se han cumplido debido a la
extemporaneidad del informe respecto a la ejecutividad del mismo. Los señores comisionados tienen aquí el informe de una forma prolija, minuciosa y exacta de lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas. Me detendré muy brevemente, no teman sus
señorías, sobre las recomendaciones 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10. Es necesario poner en valor las mismas porque se tendrá una visión menos apocalíptica y menos minuciosa negativamente sobre el informe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y
sobre la ejecución de las cuentas, porque si se tienen en cuenta las recomendaciones y lo que se dice, se ha hecho y se ha enviado al Tribunal de Cuentas por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, se apreciará que quizá vemos
las cosas desde un distinto prisma, todas muy respetables, pero tan respetables las de este parlamentario que les habla como las del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. Se da cumplida cuenta a las recomendaciones que ha hecho el Tribunal de
Cuentas y se demuestra, una vez más, como dije al principio de mi intervención, el talante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de ir progresivamente, como se está haciendo de una forma adecuada y necesaria, cumpliendo las recomendaciones
del Tribunal de Cuentas. Por otra parte, también me parece necesario, señor presidente y señoras y señores diputados y senadores, que sus señorías tengan información porque quizá por lo prolijo del informe y por la minuciosidad del mismo haya
pasado desapercibido al conjunto de los comisionados. Se ha enviado documentación al objeto de responder a la exigencia legítima del Tribunal de Cuentas sobre el poder de ejecución y de los distintos aspectos que aquí se han puesto de manifiesto
sobre las cuentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, pero por la voluntad del mismo, por la documentación que me consta tiene el Tribunal de Cuentas, se aleja absolutamente de las responsabilidades penales como algún que otro comisionado
ha manifestado aquí y sobre lo que muestro mi más absoluta disconformidad y rechazo porque no se compadece con la voluntad de corregir, enfatizar, poner en valor y cumplir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Paso por alto, no digo el
desconocimiento pero sí la distinta percepción que de la situación tiene el interventor y director general de ciudad autónoma en aquellos años, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, aunque desde el momento en que esto se pone de manifiesto
se presenta una enmienda a la totalidad a cualquier tipo de responsabilidad penal que pudiera tener el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla sobre lo que el señor presidente del Tribunal de Cuentas acaba de informar a la Comisión.
En una palabra, señor presidente, señorías, con objeto de no hacer larga mi intervención, como corolario quiero poner de manifiesto tres aspectos fundamentales. Uno, la disposición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla a corregir,
enriquecer y actualizar aquellos aspectos que pudieran estar de soslayo respecto al informe que el señor presidente del Tribunal de Cuentas ha presentado. Dos, el envío permanente, el último de febrero de 2014, de cuanta documentación le ha sido
solicitada por el Tribunal de Cuentas. Tres, las discrepancias siempre matizables -porque los aspectos contables aunque sean aspectos numéricos y muy concretos se pueden ver desde distinta óptica, de fiscalización, ya lo dije al principio, espero
haberlo dicho bien, y lo repito ahora, sobre las distintas recomendaciones del Tribunal de Cuentas- han sido respondidas adecuadamente por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Melilla. Insisto en las recomendaciones 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10, con
objeto de que quede constancia en la intervención que estoy realizando en este momento no solo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, sino también haciendo mías las recomendaciones y criterios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla al
informe del señor presidente del Tribunal de Cuentas, cuyas aportaciones agradezco, cuya claridad reconozco y cuya imparcialidad conozco también.
Señor presidente, señorías, en esta primera intervención -o después en la intervención que me corresponda, no sé los usos y costumbre de esta Comisión puesto que no pertenezco a ella- he creído fijar de forma fehaciente el criterio y las
alegaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, el criterio que sobre la fiscalización que tiene el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y dejar constancia también de los envíos de cuanta
documentación pertinente le ha sido solicitada al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla por parte del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Luego usted, y el resto de los miembros de la Comisión, tiene una brevísima segunda intervención si quiere aclarar algo sobre los comentarios que le haga el presidente del tribunal.
Tiene la palabra, don Ramón.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Para responder brevemente a los comentarios y preguntas planteados por los grupos parlamentarios, empezaré por el señor Bruguera que coincide -efectivamente, con el
criterio expresado en el informe- en que se mantienen las recomendaciones ya recogidas en los informes relativos a ejercicios anteriores al no haberse observado actuaciones encaminadas al efectivo cumplimiento de algunas de ellas, en especial las
que hacen referencia a la aplicación con rigor del procedimiento administrativo -que se recoge en las bases de ejecución del presupuesto-, las referidas a las instrucciones de contabilidad para la Administración local y su liquidación de presupuesto
y a las que ha hecho referencia también en relación
con las operaciones de inmovilizado y la aplicación en el ámbito de concesión de subvenciones. Eso no quiere decir que no se hayan reconocido en este informe recomendaciones de anteriores informes que se encuentran cumplidas y que por otra
parte es de justicia también destacar, porque existen reestructuraciones organizativas para la segregación de funciones entre la gestión de ingresos y su control; existe una nueva aplicación informática para la gestión y recaudación del impuesto
sobre la producción de servicios y la importación; se ha elaborado un nuevo inventario de bienes y existen menores retrasos en el envío de la información al Tribunal de Cuentas, como yo creo que ha puesto de manifiesto el señor Gutiérrez Molina.
Me plantea el señor Sixto, de La Izquierda Plural, en relación con la auditoría externa cuál es la opinión del tribunal respecto a una auditoría que coincide con la realizada por el interventor y qué opinión puede tener el tribunal sobre la
realización de esta auditoría. La auditoría se refiere a tres sociedades mercantiles; el contenido del informe es prácticamente idéntico al realizado con pocos días de diferencia por parte del informe de control financiero de la intervención de la
ciudad autónoma. Desde ese punto de vista podría existir efectivamente una duplicidad de actuaciones contraria lógicamente a los principios de economía, eficacia y eficiencia porque contratar una auditoría cuyo resultado prácticamente ya estaba en
el propio informe de la intervención no aporta un valor añadido. Lo que es cierto, efectivamente, es que cabe resaltar la identidad de criterios entre el auditor que por ley tiene encomendada la función del control financiero, que es el
interventor, y la realizada por los auditores privados. Me plantea una pregunta sobre las actuaciones del ministerio que no le puedo contestar. No tengo información sobre eventuales actuaciones ministeriales en relación con este tema y en todo
caso, si usted quiere que se profundice en el desarrollo del expediente de auditoría para averiguar si existe algún tipo de documentación que pueda ser de su interés, le solicito que nos la haga llega por escrito y por supuesto le contestaremos en
ese sentido.
Me plantea el señor Barrero, del Grupo Socialista, la discrepancia de actuación entre el abogado del Estado y el fiscal respecto a la determinación de responsabilidades contables y penables. Es una realidad que se produce con carácter
habitual; el hecho de que los informes de esta naturaleza no lleguen a idénticos pronunciamientos es por otra parte lo habitual en este tipo de situaciones. En unas ocasiones se interpreta una determinada parte del informe de una manera o de otra.
Usted me pregunta en concreto qué sucede respecto de las cuentas no rendidas. Usted sabe perfectamente que las responsabilidades tanto contables como penales que se han detectado en este informe no hacen referencia a la no rendición de cuentas.
Las responsabilidades que se han hecho llegar a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas se refieren a irregularidades en contratación de obras y de modificados no justificados en el proyecto primitivo, así como en contrataciones de
servicios. Es una actuación -el informe de fiscalización se aprobó, como les dije al principio, en noviembre de 2013- de remisión a la sección de enjuiciamiento de 21 de abril de este año. Quiere decirse que pocas actuaciones todavía hay como para
poder informar de ellas, únicamente que está en manos de la sección de enjuiciamiento y la sección de enjuiciamiento actuará en su caso en relación con este tema. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal se refiere a supuestos derivados
de un presunto delito de malversación de caudales públicos que se encuentra en la fiscalía provincial de Málaga y que fue remitido el 23 de abril, con lo cual el tribunal también desconoce en qué situación se encuentran las actuaciones de la propia
fiscalía provincial de Málaga.
Usted pregunta: ¿las cuentas no rendidas qué tipo de responsabilidad, qué tipo de efectos producen? Esto es una cuestión que yo creo que en otras ocasiones ya hemos visto en esta Comisión. Ustedes saben que existen irregularidades en la
Ley General Presupuestaria de las cuales no se deriva responsabilidad contable. No tiene por qué directamente derivarse responsabilidad contable; deberá determinarse si hay un alcance. El supuesto de no rendición de cuentas de por sí no es un
supuesto que lleve aparejada la responsabilidad contable; solo si se demuestra que hay un alcance internamente se podrá producir ese procedimiento de resarcimiento por parte del tribunal. Pero no es menos cierto que el no rendir cuentas es una
irregularidad administrativa que se encuentra precisamente en la raíz de por qué el actual Gobierno ha presentado en el proyecto de ley de transparencia la existencia de eventuales sanciones de carácter administrativo que vienen a suplir esa laguna.
Yo creo que es un gran avance que se puede producir con la aprobación de la ley, porque efectivamente la no rendición de cuentas puede llevar aparejado procedimientos sancionadores en el ámbito de la aplicación de la Ley de Transparencia. Y lo que
sí produce, porque esa es una competencia del tribunal, es la posibilidad de que el tribunal reclame estas cuentas a través de un procedimiento conminatorio que el único problema que tiene -ustedes conocen también la moción del deber de colaboración
con el Tribunal de Cuentas presentada en esta casa- es que primero deben de actualizarse, lógicamente, los importes de ese carácter conminatorio porque el paso del tiempo les ha hecho
perder precisamente su posibilidad conminatoria dado que los importes son muy reducidos. En la propuesta presentada en este Parlamento se pretende que el artículo 30 de la Ley de funcionamiento pueda modificarse en el sentido de que la no
rendición de cuentas se pueda combatir desde el propio pleno del Tribunal de Cuentas a través de la imposición de multas coercitivas.
En relación con el informe del ministerio fiscal, ya le he contado lo que creo que puedo decirle sobre estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere alguna aclaración sobre el informe del presidente? (Denegaciones).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente del Congreso 251/000047 y número de expediente del Senado 771/000046).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA. (Número de expediente del Congreso 251/000049 y número de expediente del Senado 771/000047).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE FOMENTO Y APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) APLICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. (Número de expediente del
Congreso 251/000050 y número de expediente del Senado 771/000048).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los siguientes puntos del orden del día. Punto dos, informe de fiscalización de los gastos derivados de la Presidencia española de la Unión Europea. Punto tres, informe de fiscalización de las mancomunidades
de aguas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Punto cuatro, informe de fiscalización de los planes y programas presupuestarios de fomento y apoyo a las pequeñas y medianas empresas aplicados por la Dirección General de Política de la pequeña y
mediana empresa. Se dan por informados y debatidos, tramitándose las propuestas de resolución de los citados puntos en la sesión de la Comisión que se celebrará el próximo mes de mayo, según acordó la Mesa y los portavoces el día 8 de abril de este
año.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000141 y número de expediente del Senado 771/000139).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º, informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2010 y 2011. Tiene la palabra para su presentación don Ramón Álvarez de Miranda, presidente de Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señorías, igualmente este informe fue aprobado el 28 de noviembre de 2013, en la sesión del pleno del Tribunal de Cuentas. Integraban el sector público de la comunidad
autónoma al inicio del ejercicio de 2010 noventa y tres entidades, dieciséis más que a finales del ejercicio 2011. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia). En este último periodo, el ámbito subjetivo de la fiscalización
estaba constituido por la Administración General de la comunidad autónoma, siete organismos autónomos, veinticuatro empresas públicas, dieciocho fundaciones, veinticinco consorcios y dos universidades.
Las cuentas generales correspondientes a los ejercicios fiscalizados fueron rendidas al tribunal en plazo. Respecto de las cuentas anuales individuales, no se han rendido las de dos fundaciones públicas que en la actualidad se encuentran
liquidadas y extinguidas, y las de diversos consorcios -cinco en 2010 y diez en 2011-. El resto de las cuentas fueron rendidas en plazo en ambos ejercicios, a excepción de las de cinco empresas, seis fundaciones y otro más solo en 2011 y las de la
totalidad de los consorcios.
Por lo que se refiere al análisis de las liquidaciones de los presupuestos de los ejercicios 2010 y 2011, las obligaciones reconocidas alcanzaron unos montantes de 4.795 y 4.543 millones de euros, respectivamente, con un grado de ejecución
de los créditos del 94 % y del 92 %, mientras las cuantías de los derechos reconocidos netos fueron de 4.378 y 4.302 millones de euros, con un grado de realización del 86 % y del 87 %, respectivamente.
Las obligaciones reconocidas netas relativas a las aportaciones al Servicio Murciano de Salud han sido insuficientes para compensar las pérdidas generadas por la actividad ordinaria por unos importes que oscilan entre 316 millones de euros
en 2010 y 368 millones en 2011, a pesar de que los créditos eran ampliables. Además, estaba pendiente de reconocer el déficit generado en ejercicios anteriores por 918 millones de euros a finales de 2011.
Adicionalmente a esta fecha, la Administración autonómica mantenía pendiente de contabilización la deuda con el Estado por un importe de 710,6 millones de euros por los saldos resultantes de las liquidaciones definitivas de los ejercicios
2008 y 2009; y deudas con proveedores y acreedores por 22,5 millones de euros, que fueron registradas en ejercicios posteriores. A este respecto, la comunidad se acogió en 2012 al mecanismo extraordinario de pago a proveedores, abonando un
montante de 1.038 millones de euros, de los que un 66 % correspondían a proveedores del Servicio Murciano de Salud.
Por otra parte, los estados del remanente de tesorería rendidos presentan unos saldos negativos de 494 millones de euros en 2010 y de 748 millones en 2011. No obstante, si se tienen en consideración las partidas no registradas,
principalmente las obligaciones por las aportaciones pendientes al Servicio Murciano de Salud para compensar sus pérdidas acumuladas, el remanente negativo de tesorería se incrementaría en, al menos, 1.088 y 1.310 millones de euros, respectivamente,
por lo que esa magnitud presupuestaria pasaría a presentar unos saldos negativos de 1.582 millones de euros en 2010 y de 2.059 millones en 2011.
En relación con el principio de estabilidad presupuestaria, la Región de Murcia incumplió el objetivo de estabilidad, fijado en un déficit del 2,40 % y del 1,30 %, de su PIB regional para los ejercicios 2010 y 2011, respectivamente, al
haberse incurrido en unas necesidades de financiación del 4,94 % y del 4,46 %. Como consecuencia del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuesta para el ejercicio 2010, la comunidad autónoma presentó un plan económico-financiero de
reequilibrio para el trienio 2012-2014, que fue declarado idóneo. Para el año 2012 el déficit se redujo hasta el 3,02 % frente al objetivo del 1,5, lo que dio lugar a la necesidad de presentación de un nuevo plan económico-financiero.
Por lo que se refiere a la gestión económico-financiera de determinadas entidades, las medidas temporales de ahorro para la televisión regional fueron insuficientes para alcanzar la reducción prevista de la financiación procedente de la
Administración autonómica. Debido a la no sostenibilidad del modelo de gestión, en 2012 se promulgó la Ley de modificación de la Ley de creación de la empresa radiotelevisión, atribuyéndose a esta entidad la gestión directa la comunicación
radiofónica y estableciéndose la gestión indirecta del servicio de comunicación audiovisual.
En relación con la planta desaladora de Escombreras se ha observado que la misma se encuentra infrautilizada y, por otra parte, que el elevado coste de producción del agua abastecida a los ayuntamientos ha sido soportado en su mayor parte
por la sociedad regional Hidronostrum, S.A. Debido a las dificultades financieras y a la incertidumbre sobre sus sostenibilidad económica, el Consejo de Gobierno aprobó en 2012 la extinción de Hidronostrum, S.A., y de su filial Desaladora de
Escombreras, S.A., asignando sus atribuciones al Ente Público del Agua de la Región de Murcia, si bien al cierre de la fiscalización aún no había tenido lugar dicha asignación.
Respecto del Servicio Murciano de Salud, también se plantean serias incertidumbres sobre su sostenibilidad, habiendo ascendido sus pérdidas a 2.080 millones de euros en 2010 y a 2.102 millones de euros en 2011. Sus ingresos de explotación
apenas cubrían el 1 % de sus gastos, requiriendo aportaciones de la Administración regional que resultaban insuficientes de forma que el déficit acumulado al cierre del ejercicio 2011 ascendía a 1.286 millones de euros. Por otra parte, la comunidad
había iniciado un proceso de reordenación y reestructuración de su sector público, en el que se había previsto una reducción neta de sesenta entidades, de las cuales se habían materializado a la finalización de la fiscalización treinta y tres bajas
netas, encontrándose pendientes de extinción otras veintisiete entidades.
En cuanto a la evolución del endeudamiento, muy superior a la media del resto de comunidades, la Administración cumplió los compromisos de endeudamiento establecidos para 2010 y 2011. La Administración regional otorgó un aval de 200
millones de euros a la sociedad concesionaria del aeropuerto de Murcia, habiéndose cumplido algunas de las condiciones para la ejecución del aval, como la falta de entrada en funcionamiento del aeropuerto en 2012 o la reducción del rating de la
deuda de la comunidad. En 2013 se inició el expediente de resolución del contrato de concesión.
En materia de subvenciones, se observaron deficiencias en los procedimientos de gestión implantados para la justificación del cumplimiento por parte de los beneficiarios de la finalidad pública a que se debían destinar los recursos
recibidos. En relación con la contratación, se apreciaron deficiencias en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares, al no establecerse la forma o el método de valoración ni de asignación de puntuaciones, entre otros aspectos no conformes con los principios de publicidad, objetividad y transparencia. En la
ejecución se produjeron ampliaciones y demoras significativas no justificadas e insuficiente justificación de la realización de las prestaciones principalmente.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): En turno de portavoces, por parte de la Entesa, señor Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Seguiré la misma línea del informe precedente. También vemos cómo en las recomendaciones de los ejercicios de 2006, 2007, 2008 y 2009 en alguna medida, y eso hay que reconocerlo, el tribunal observa ciertas
mejoras en determinadas medidas de gestión tributaria o la agilización de la Administración, así como una cierta reestructuración del sector público, con la reducción de consorcios y fundaciones, o la propia creación de la Agencia Tributaria, aunque
apreciando deficiencias. Pero aparte de estas pequeñas mejoras, también constatamos que las recomendaciones que se vienen reiterando informe tras informe son prácticamente las mismas desde el año 2006. Por lo tanto, son recomendaciones que
continúan sin ser tomadas en cuenta, como es el seguimiento y control de inversiones, grandes debilidades en el control interno, falta de transparencia en la contabilidad de determinadas sociedades instrumentales o de proyectos de infraestructuras
públicas a través de las fórmulas de colaboración público-privada, falta de previsiones realistas en la elaboración de los presupuestos, especialmente los ingresos, con el objetivo de reducir déficit y cumplir con el objetivo de estabilidad
presupuestaria, defectos en la valoración de las ofertas de obras y servicios, restando importancia a las bajas y, por lo tanto, no primando el principio de economía y con una aplicación indebida del concepto de baja temeraria. Es decir, una serie
de recomendaciones que desde nuestro punto de vista no son menores, debiendo de alguna medida tomarse medidas para que la comunidad autónoma cumpliese con dichas recomendaciones.
En concreto, en cuanto al informe de los ejercicios 2010 y 2011, el tribunal observa abuso en la concesión directa de subvenciones, por lo tanto arbitrariedad en la concesión de subvenciones. A pesar de esta reestructuración y de la
reducción de determinadas sociedades y fundaciones, todavía observa duplicidades en otras sociedades y fundaciones. Textualmente, el Tribunal de Cuentas habla de la persistente situación de morosidad de la comunidad autónoma, poniendo en riesgo no
únicamente la deuda pública y el objetivo de estabilidad, sino también el incumplimiento de los plazos legales para el pago a proveedores, como también serias dudas sobre la sostenibilidad financiera del sistema sanitario, como usted mismo ha dicho
en su intervención, y la imperiosa y urgente necesidad de adoptar medidas estructurales para que el sistema sanitario público de la Región de Murcia no quiebre. Realmente nos parecen recomendaciones muy importantes y muy graves.
Respecto al cumplimiento -con ello finalizo- del objetivo de estabilidad presupuestaria, vemos que en vez de ir avanzando, la Región de Murcia va para atrás, puesto que si en 2010 el objetivo previsto era el 2,5 del PIB regional,
prácticamente en la realidad se duplicó, 4,94, pero es que para 2011 el déficit real fue más de tres veces superior al déficit previsto del 1,3, alcanzando el 4,46 %. Por tanto, uno piensa que la situación financiera global de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia está en una situación realmente de grave riesgo no únicamente desde el punto de vista interno, sino también desde el punto de vista de la necesidad de dar los servicios públicos adecuados y de calidad a los ciudadanos, y esta
es la pregunta que le querría formular, señor presidente, si usted cree a la vista de este informe que realmente puede estar en riesgo lo que normalmente denominamos Estado del bienestar de calidad en la Región de Murcia.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Sixto tiene la palabra.
El señor SIXTO IGLESIAS: La verdad es que el perfil de la contabilidad de la Región de Murcia es un perfil preocupante, el de una comunidad quebrada que prácticamente puede sobrevivir gracias a los mecanismos de financiación específicos que
ha puesto en marcha el Estado, gracias a los cuales acaba de terminar los ejercicios como buenamente puede. Pero no solamente eso, sino que además vemos en el informe del Tribunal de Cuentas una serie de deficiencias que son de reseñar, que son
sistemáticas y que acaban haciendo el corolario de que no se ve que haya una progresión hacia una mejora en cómo se contabilizan las cosas. Yo le pediría al presidente del Tribunal de Cuentas que hiciera alguna referencia
respecto a los problemas que han detectado en las contabilizaciones, en la forma de llevar la contabilidad y en la documentación de las consejerías, porque, por lo que he podido leer, he visto que se han detectado deficiencias ciertas en
cuanto a la llevanza de la contabilidad y las documentaciones aportadas en los mecanismos de control interno de las consejerías del Gobierno murciano.
Otra cuestión sobre la que me gustaría que se detuviese siquiera someramente es la del remanente de Tesorería de la región, que por un lado la propia región califica en unas cantidades y el Tribunal de Cuentas modifica sustancialmente e
incrementa el déficit del remanente de Tesorería con el cual se cierran los ejercicios 2010 y 2011. Todo ello refleja un empeoramiento generalizado de la situación financiera de la comunidad autónoma y salvedades que se han tenido que poner también
a diferentes cuestiones. Singularizadamente, es significativo el aumento generalizado de la deuda en las empresas, aumento con entidades de crédito, aumentos específicos además en el Servicio Murciano de Salud, empresas públicas que tienen
desviaciones de gasto, ingresos inferiores a los previstos, déficits superiores, una situación de las empresas públicas murcianas ciertamente complicada, y quisiéramos desde mi grupo significar el elevado número de contratos de asistencia técnica
que parece ser que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha estado realizando con un mecanismo ciertamente irregular, según propia aseveración del tribunal, lo que ha planteado un elevado número de demandas judiciales además en materia
laboral que han sido contrarias a la comunidad. Es un panorama bastante lamentable, con incumplimientos en planes de morosidad, retrasos en los pagos, realmente una situación de quiebra técnica de la región que prácticamente solo puede sobrevivir
debido a los planes específicos que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que las comunidades autónomas que están en esta situación de quiebra, Murcia pero Valencia también, puedan sobrevivir. Sin embargo,
además de la situación económica lamentable, le rogaría que se detuviese específicamente en aquellas cuestiones que hay de mala gestión de la contabilización, de falta de documentación, que muestran que no solamente se trata de una situación
económica problemática que se haya podido dar en los últimos años, sino que además no se ha corregido de forma adecuada por parte del Gobierno de Murcia.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Por parte del Grupo Socialista, señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Quiero dar las gracias al señor presidente del Tribunal de Cuentas por sus explicaciones iniciales en relación con este informe. Me gustaría, antes de entrar en detalle, enmarcar políticamente la desastrosa
evaluación que hace este informe del conjunto de la gestión de las finanzas públicas del PP en mi región y particularmente del que ha sido durante muchos años presidente de la comunidad autónoma, el señor Valcárcel. Llegó prometiendo convertir a la
Región de Murcia en la California europea y se va dejando la Administración regional al borde de la suspensión de pagos y de la quiebra. Lo que pone de manifiesto este informe, señorías, señor presidente del tribunal, no es que las cuentas públicas
de la Administración regional tengan un agujero, no, tienen una sima, y me voy a explicar. Los objetivos de déficit público de la comunidad autónoma en estos años no solamente no se cumplen, sino que se doblan y se triplican. Los planes de
reequilibrio carecen de eficacia, como señalan los técnicos del Tribunal de Cuentas, y la deuda de la comunidad autónoma es ya de 5.543 millones de euros. Ustedes podrán decirme: es poco, es mucho. Bueno, es siete veces la deuda de la comunidad
autónoma en el año 2008, siete veces. Luego esta es la situación de las finanzas públicas que nos encontramos que tiene la Región de Murcia hasta el año 2011, porque las cosas han ido a peor; desgraciadamente han ido a peor tanto desde el punto de
vista de la deuda como desde el punto de vista de los controles internos y externos.
Voy a exponer a continuación algunas conclusiones relevantes sobre las que querríamos profundizar. La primera es que la política de avales que se ha seguido genera un rosario de compromisos que la comunidad autónoma va a tener que soportar.
El caso del aeropuerto internacional de Murcia es el más conocido, pero el informe muestra el riesgo y la discrecionalidad asumida en esta política. Una segunda consideración en la que me gustaría profundizar es el caso del aeropuerto internacional
de la Región de Murcia, las cosas en este caso han ido a peor después del ejercicio 2011. Señorías, la comunidad autónoma se ha hecho cargo ya del préstamo en alrededor de 182 millones de euros. Dicho préstamo ya es déficit y deuda de la comunidad
autónoma y, por tanto, de los murcianos y de las murcianas. Señorías, lo que voy a decir a continuación es totalmente cierto. Hasta el propio consejero de Economía votó en contra de una decisión del Consejo de Gobierno del día 14 febrero de este
año, por la que la comunidad autónoma no exige nada a la sociedad concesionaria a cambio de tener que asumir el mencionado préstamo, con el siguiente argumento del Consejo de Gobierno -leo literalmente-: ocasionaría un daño
irreparable a la empresa concesionaria. A las cantidades anteriormente expuestas hay que añadir algo que todavía no se ha pagado, que son las expropiaciones para construir dicho aeropuerto y un nuevo préstamo participativo de 160 millones
de euros que la comunidad autónoma quiere conceder a la concesionaria. Señor presidente, como usted sabrá, son hechos posteriores al ejercicio 2011.
Querría hablar también de la discrecionalidad en relación con la adjudicación de las subvenciones. En los años 2010 y 2011 el 25 % y el 18 % de las subvenciones se hicieron con discrecionalidad -para entendernos, a dedo-, sin que hubiera
justificación para ello. Es la conclusión número 60 de la página 189 del informe. También se habla en este informe de compra de productos por parte del Servicio Murciano de Salud por encima de los precios pactados, porque cada centro negocia por
su cuenta. También querría hacer referencia a los cuarenta y nueve contratos en los que falla la claridad del baremo o la promoción de la concurrencia. El informe trasluce un enojo importante del Tribunal de Cuentas y de sus técnicos por la
gestión de la comunidad. Califica el seguimiento de sus recomendaciones previas como deficiente y concluye que la gestión del sistema sanitario tiene difícil sostenibilidad, fruto en buena medida de la forma arbitraria y cara de contratar.
Señorías, señor presidente del Tribunal de Cuentas, para concluir querría hacerle tres preguntas. La primera es qué le parece que el Gobierno regional no le haya exigido a la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto de Murcia S.A. ni siquiera
que se subrogara en el préstamo que finalmente ha asumido la comunidad autónoma, cuando el propio consejero de Economía votó en contra de esa decisión del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. La segunda pregunta, señor presidente, es qué le
parece que la empresa pública Desaladora de Escombreras esté pagando por 21 hectómetros de agua y, sin embargo, solamente esté consumiendo alrededor de 3 hectómetros; hecho que con toda probabilidad, como sabe el señor presidente, se va a extender
hasta el año 2034. La tercera pregunta es qué diligencias hay abiertas por la fiscalía con trascendencia penal; en definitiva, en qué asuntos el ministerio fiscal aprecia indicios de responsabilidad penal.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: En primer lugar, pido mil perdones por el retraso. Creía que este punto era el 5.º del orden del día. No soy miembro de esta Comisión y quizá no estoy avezado en el funcionamiento de la misma. No creía
que de repente se pasaría del punto 1.º al 5.º y estaba tranquilamente faltando a la más elemental norma de cordialidad y de cortesía con el presidente y con el resto de miembros de la Comisión. Le pido perdón a usted, presidente, a los miembros
que forman parte de la Mesa y a los que forman parte de esta Comisión.
Quiero empezar diciendo que mi acercamiento al informe se ha producido repasando qué comunidades autónomas son auditadas por el Tribunal de Cuentas de Madrid. Aquí nos enfrentamos a un informe de la Región de Murcia y uno se puede creer que
todas las comunidades autónomas reciben el mismo tratamiento que la Región de Murcia, pero no es así. Solo Extremadura, Cantabria, La Rioja y Murcia son las comunidades autónomas que no tienen tribunales de cuentas y, por tanto, la auditoría la
hace el Tribunal de Cuentas de Madrid; por cierto, todas gobernadas por el PP. Después de lo que he oído de La Izquierda Plural y del Grupo Parlamentario Socialista, mi pregunta es si hubiera pasado lo mismo en Andalucía si hubiera sido auditada
por el Tribunal de Cuentas. Uno puede echarse las manos a la cabeza y pensar que si en Andalucía el Tribunal de Cuentas hubiera sido el de Madrid no hubiera pasado esto. (La señora Guerrero Rosado pronuncia palabras que no se perciben). No tiene
sentido aquí tanto alarmismo cuando hay comunidades autónomas que no son auditadas por el Tribunal de Cuentas, y aprovecho para manifestar mi mayor respeto a los tribunales de cuentas autonómicos, pero no hagamos gestos farisaicos y manifestaciones
que conlleven calificativos contra una comunidad autónoma que sí es auditada por el Tribunal de Cuentas. Eso ya es transparencia y en mi opinión ya es un signo de querer hacer bien las cosas. Luego se harán mejor o peor, pero es un signo de
quererlas hacer.
Segundo. En las intervenciones que he oído de los portavoces -no he oído la del presidente y pido mil disculpas nuevamente- veo que lo que les preocupa de verdad es si la comunidad está en quiebra o no está en quiebra. (La señora Guerrero
Rosado: Importante cosa). Importante cosa. Describen un panorama desolador de los años 2010 y 2011, incluso el señor Saura. Probablemente, si el panorama hubiera sido tan desolador en 2011, cuando el señor Saura se presentó de candidato a las
elecciones y aquello era un desastre total, le hubiera votado alguien. Pero resulta que el Partido Socialista tuvo once diputados y el Partido Popular treinta y tres. A lo mejor no era tan desastre. Puede que fuera un desastre,
señor Saura, pero si así hubiera sido y percibido por los ciudadanos, a lo mejor alguien le habría votado, porque estamos hablando de las cuentas de 2010 y de 2011. Quiero decir que aquí se reflejan algunos aspectos que hay que mejorar.
Señor presidente, me parece que este informe de los técnicos del Tribunal de Cuentas es muy bueno, porque hay aspectos a mejorar. Hay aspectos a mejorar en transparencia, en funcionamiento, en integración de las cuentas y en eliminación de
contratos que no se deben hacer con esa fórmula. Es muy bueno que lo sigan diciendo y no diré yo que el Tribunal de Cuentas no lo haga; probablemente en las propuestas de resolución los recogeremos para que se mejoren. Pero cuando se quiere
extrapolar de ahí una consecuencia política, hay que ver si todo el mundo está votando al PSOE en la región porque piensan que lo otro es un desastre. Pero uno descubre que no, que al señor Saura no le votó nadie. A lo mejor no era tan desastre.
Hay cosas que mejorar, pero a lo mejor no era tan desastre. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Todo el mundo habla de la situación financiera y me parece bien. Vamos a hablar del cumplimiento del déficit, señor Sixto; me parece muy bien. Pero echo en falta en este informe un aspecto; ningún otro diputado se ha referido a él, pero
yo lo echo falta. ¿El sistema de financiación autonómica aprobado y hoy en vigor permite con el actual marco normativo que se financien los servicios públicos esenciales de los murcianos, o no? La crisis -y estamos juzgando las cuentas de 2010 y
2011, los años peores de la crisis- ha golpeado muchísimo nuestro país. No quiero decir cuáles son las consecuencias o no, porque sería otro debate, pero hay unos servicios públicos que dar, hay una sanidad que dar, hay una educación que dar, hay
políticas sociales que realizar en la comunidad. ¿El sistema de financiación permitía una financiación per capita que pudiera hacer frente a los gastos que ocasionaban esos servicios? Porque está muy bien venir aquí -no lo digo por usted, señor
presidente, que hace el análisis que tienen que hacer, sino por otros diputados- y decir: es que va muy mal el déficit público. Oiga, ¿usted recortaría la sanidad, recortaría la educación, quitaría servicios públicos esenciales a los ciudadanos?
(Rumores.- El señor Císcar Casabán: ¡Es terrible!). Porque cuando se ha intentado hacer un esfuerzo no de recortes, sino de eficiencia en el gasto, salían a la calle manifestándose. Señor presidente, me gustaría que, junto a este informe, hubiera
también un análisis del sistema de financiación, porque cuando se aborda si una comunidad cumple o no cumple con los objetivos, sería muy oportuno ver si esa comunidad a tanto por uno, San Bruno, es decir, en términos per cápita, recibe suficiente
financiación para afrontar los servicios públicos esenciales que, en mi opinión, deberían ser igual en todos los territorios nacionales. Lo que es evidente es que de 2008 a 2014 Murcia, en términos relativos, es una de las comunidades que más
esfuerzos ha hecho en ajuste del déficit público. Otra cosa es que lo consiga o no como efecto del cumplimiento de los ingresos, porque el déficit público es ingresos menos gastos, o más gastos que ingresos.
Otro tema que ha salido es el del aeropuerto. Me parece muy bien y muy oportuno y, efectivamente, el informe recoge un aval que se dio con los votos de toda la Asamblea regional, un aval que pasa por la Asamblea por una ley, un aval que
tiene el refrendo legal y el voto de los socialistas. No era necesario, porque había mayoría suficiente, pero tiene el voto de los socialistas. Ahora le puede parecer al señor Saura bien o mal -en ese momento el señor Saura todavía no lo votaba,
porque estuvo entre 2011 y 2015, pero sus antecesores en los escaños votaron que sí a ese aval-, y puede estar bien dado o no, pero ahora lo que estamos intentando es que el aeropuerto funcione. Por supuesto, señor Saura, nada más lejos de no
exigir a la empresa concesionaria que cumpla con sus obligaciones de devolución del préstamo, al que ha tenido que hacer frente la comunidad por incumplimiento de la concesionaria y, por tanto, por la ejecución del aval. Ahora, el camino, el
itinerario, las fórmulas, dentro del más estricto marco legal, se harán de acuerdo con los objetivos de la región, que es tener un aeropuerto de primer nivel funcionando para poder aprovechar estos momentos de incipiente recuperación económica.
Queremos tener un aeropuerto, a lo mejor el PSOE no, pero nosotros sí. A lo mejor a otros les parece que no es un procedimiento adecuado, que el turismo en la región no es necesario o que no es una industria que haya que fomentar, pero a nosotros
nos parece que sí. Eso no quiere decir que no lo hagamos dentro del marco legal, y el Tribunal de Cuentas tendrá la ocasión de auditarlo en su momento, por supuesto que sí y por supuesto que lo vamos a exigir.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte tiene que ir terminando.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy acabando.
También quiero señalar que si hay que mejorar las fórmulas de contratación, se mejorarán, pero lo que señala el tribunal, por lo que he podido ver por los informes equivalentes de las otras comunidades
autónomas, es que se producen de manera muy similar. Lo ideal, y en eso estoy de acuerdo con el tribunal, sería evaluar mucho mejor las políticas públicas. Eso es un desiderátum que incluso cuando el PSOE era Gobierno un buen amigo mío,
ministro entonces, Jordi Sevilla, tenía a gala intentar incentivar. No lo pudo hacer, pero todo lo que sea evaluación de las políticas públicas me parece un buen objetivo, pero en la Comunidad de la Región de Murcia, como en el resto de las
comunidades, las cosas se hacen de manera equivalente. Si uno ve este informe, le puede parecer que hay cosas que se señalan que son importantes, pero si ve el informe de las otras comunidades, ve que son muy equivalentes. (El señor Saura García
pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Señor presidente, por alusiones personales.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué tipo de alusión personal?
El señor SAURA GARCÍA: Muy directas. En primer lugar, sobre unas cuestiones políticas que no tienen nada que ver con el informe del Tribunal de Cuentas, y luego hay una referencia a mi partido con relación a alguna a votación que
lógicamente querría aclarar.
El señor PRESIDENTE: El señor Martínez-Pujalte ha hecho el discurso que él ha creído conveniente (Rumores), que es el que hacen todos los diputados en su primer turno de palabra, donde este presidente solo pone limitaciones en aquellas
alusiones o descalificaciones hacia el Tribunal de Cuentas, porque el señor compareciente no se puede defender. Sí somos rigurosos en el segundo turno de palabra, porque es un turno para las explicaciones, pero yo no he entendido ninguna alusión
personal. (Rumores.- Una señora diputada: ¿Ah no?). Observo con estupor como los diputados piden la palabra por alusiones. Yo presido otros organismos y de verdad que muy poca correa tienen los miembros de esta Cámara. Las alusiones son otra
cosa. El señor Martínez-Pujalte ha hecho un discurso político, que es el que a él le ha interesado hacer, en el legítimo ejercicio de su actividad como parlamentario, como usted ha hecho el que ha creído conveniente. Me imagino que usted habrá
aludido al Gobierno, aunque yo no estaba presente y le pido disculpas, señor Saura. Le voy a dar a usted treinta segundos, porque no creo que nadie le haya aludido en el sentido que dice el Reglamento, porque entonces estaríamos aludiéndonos
permanentemente. Claro que los intervinientes del Grupo Popular, de Izquierda Unida o de la Entesa aluden a otros grupos. Cuando hemos hablado de Melilla, nadie se ha dado por aludido cuando se ha hablado del presidente, aunque sea militante del
PP. Tenemos que ser mucho más serios en el uso del Reglamento. Tiene usted treinta segundos.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente. Intervendré de una manera muy breve.
Quiero dar dos ideas, dos argumentos. La primera es que me llama la atención la particular manera que tiene el señor Martínez-Pujalte de entender la política y la democracia. Cuando hay elecciones y votan los ciudadanos, a partir de ahí
todos los órganos de control, incluido el Tribunal de Cuentas, sobran. Por ejemplo, en las comunidades autónomas en las que está gobernando o ha gobernado el Partido Socialista, como ha ganado el Partido Socialista no ha lugar informes del Tribunal
de Cuentas sobre la gestión del Partido Socialista y votos en contra aquí del Partido Popular...
El señor PRESIDENTE: Debe terminar.
El señor SAURA GARCÍA: Segunda idea. Señor presidente, de manera rotunda y clara, el Partido Socialista Obrero Español de la Región de Murcia nunca, en ningún momento, nunca ha votado a favor del aval. Es falso de toda falsedad asegurar
que el Partido Socialista ha votado a favor.
El señor PRESIDENTE: Lo está dejando usted claro y ha queda claro en el 'Diario de Sesiones'.
El señor SAURA GARCÍA: Por si no quedaba claro, lo he repetido, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿se considera usted aludido? (Risas).
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Con la sensibilidad del señor Saura a lo mejor me siento aludido. Lejos de mí imputarle al señor Saura nada malo, porque ya sabe que somos amigos y le deseo lo mejor, y desde luego le deseo mejores
resultados en el futuro. (Risas). Lo que sí quiero decir es que las
elecciones no perdonan nada, pero ponen de manifiesto una cosa, que las descripciones apocalípticas del señor Saura y del Grupo Socialista en la región le conducen a perder elección tras elección. Si fueran un poco más realistas, a lo mejor
irían un poco mejor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Para contestar las aclaraciones que ha suscitado el informe, tiene la palabra el presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Yendo a aquellas cuestiones que son preguntas o peticiones de mayor información, plantea el señor Sixto si puedo incluir alguna aclaración sobre las deficiencias de
contabilización existentes en las consejerías. Creo que usted las conoce, porque ha leído como yo el informe, y se refieren a la ausencia de sistemas de seguimiento de objetivos en los programas presupuestarios, cuestión que por otra parte
desgraciadamente es bastante general en la documentación presupuestaria de las administraciones públicas; ausencia de sistemas de contabilidad analítica; ausencia de departamento de contabilidad en algunas sociedades mercantiles y ausencia de
seguimiento de objetivos y de desviaciones en las fundaciones autonómicas. También me plantea preguntas relativas a determinadas salvedades en relación con el remanente de tesorería. Usted conoce también que en el informe se hace referencia a la
contabilización de gastos de funcionamiento como inversiones reales, a la imputación al presupuesto de gastos devengados en ejercicios anteriores y a la no imputación al presupuesto de ingresos devengados de 6,9 millones de euros en 2010 y de 0,6
millones de euros en 2011.
En relación con las intervenciones creo que muy interesantes, sobre las que como antecedentes lo que se ha pretendido ha sido enmarcar políticamente el informe, poco puedo decir, porque quienes deben enmarcar y enjuiciar políticamente los
informes son ustedes en el ejercicio de la función que desarrollan. En cuanto a preguntas concretas derivadas de esas intervenciones, he de decir que la empresa desaladora ustedes saben perfectamente que es un sistema que establece un compromiso de
venta de un volumen determinado de agua, es decir, que está predeterminado, y las diferencias entre la cantidad predeterminada y el consumo real no responden a un consumo de agua real, tienen importancia, pero se derivan de la propia ejecución del
contrato.
En relación con el aeropuerto de Murcia, según las informaciones que tiene el tribunal, hasta la fecha la sociedad concesionaria no ha dejado de hacer frente a los pagos, y la posibilidad de que puedan dar lugar a la ejecución del aval, por
el retraso en la apertura del aeropuerto o la rebaja de la cualificación de la deuda en la Comunidad de Murcia, es lo que efectivamente ha llevado a esa situación y a que, por otra parte, la comunidad haya acordado resolver la concesión en 2013,
como se ha puesto de manifiesto en el debate planteado por ustedes.
Me pregunta el señor Martínez-Pujalte en relación con las comunidades que audita el tribunal. Usted sabe perfectamente que es una pregunta que no me corresponde a mí responder. Lo ha dicho perfectamente: se auditan directamente por parte
del tribunal las comunidades autónomas a las que usted hace referencia. Echa en falta, dentro de la situación financiera, un análisis sobre la financiación de las comunidades y sobre las posibilidades reales de financiación respecto del
funcionamiento de cada comunidad. Hay que decir en relación con este tema que aquellas comunidades que han tenido en el pasado una pujanza de ingresos presupuestarios, derivados de la actividad económica especialmente boyante que tenían, son las
que más han sufrido lógicamente el impacto de la crisis económica y, por tanto, también la deficiencia derivada de esa insuficiencia financiera que hoy padecen. Lo que sí que es cierto es que en las recomendaciones que formula el tribunal se
aprecian ciertos avances, entre otros, la notable agilización de actuaciones para la reestructuración del sector público, la creación del organismo autónomo Agencia Tributaria de la Región de Murcia y la tramitación de la autorización previa a la
formalización de operaciones de endeudamiento por parte de las entidades dependientes de la Administración, si bien es cierto que se recogen diversas recomendaciones, algunas de las cuales ya se repiten de informes anteriores, entre las cuales están
y destacan la reforma y actualización del marco normativo de la comunidad en materia económica, presupuestaria y contable, el establecimiento de medidas de control sobre la deuda comercial del sector público en la Región de Murcia y la adopción de
medidas estructurales que permitan continuar con la prestación de los servicios sanitarios públicos. Estos son aquellos aspectos destacados como de menor avance en el propio informe.
El señor Saura me ha pedido que dé un mayor detalle de aquellas cuestiones que se derivan del informe del ministerio fiscal. Le puedo decir que está pendiente de remisión el testimonio de particulares, con lo cual no le puedo informar de
actuaciones concretas por parte de la fiscalía correspondiente. Los
asuntos a los que hace referencia el informe del ministerio fiscal son la baja de créditos incobrables correspondientes al reintegro de unas subvenciones concedidas, determinados pagos derivados de la sociedad Onda Regional de Murcia, el
aumento de la masa salarial en la Fundación Cluster para la Protección y la Conservación del Mar Menor por encima del límite legal, ineficiencias en la justificación y recepción de obras de arte, falta de exigencia de daños y perjuicios por la
resolución del contrato de construcción del Centro Integral de Alzhéimer y por incumplimiento del contratista y otras irregularidades en materia contractual.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir para aclarar alguna cuestión sobre las preguntas al presidente, sin entrar en debate, como ustedes ya conocen? Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Quisiera una aclaración del señor presidente, porque no sé si lo he entendido bien. Ha hablado del proceso de reordenación del sector público y no sé si ha dicho que ha avanzado o que no ha avanzado en la Región de
Murcia. Lo que yo había deducido de la lectura del informe es que no se había dispuesto de información suficientemente estructurada y homogénea respecto a ese proceso de reordenación del sector público, dentro de los múltiples problemas que
presenta la Región de Murcia.
Quiero hacer una valoración general respecto al intercambio que ha habido entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Es el segundo punto hoy en el cual el Grupo Popular hace una abundante...
El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, vamos a mantener los turnos para lo que están, para pedir aclaraciones sobre el informe del presidente y sobre las preguntas que usted ha hecho, porque si no vamos a desvirtuar la Comisión y no es ese el
papel. Hay otros momentos y otras comisiones donde ustedes pueden debatir sobre financiación autonómica, infraestructuras, etcétera. Usted le consulta al presidente lo que usted crea conveniente, que yo se lo voy a permitir, en el tiempo que usted
considere conveniente, pero no abramos un debate en el que no puede responder el resto de diputados, lo que no es bueno.
El señor SIXTO IGLESIAS: Usted sabe de la seriedad que me caracteriza como portavoz de mi grupo en esta Comisión para ver las cuestiones relativas al Tribunal de Cuentas y en ese marco quiero desenvolverme. Simplemente quiero decir que se
ha hecho alusión a una cuestión fundamental, que es la de la financiación autonómica, por parte de uno de los portavoces, en medio de dos intervenciones en dos puntos ciertamente peculiares, y el presidente del Tribunal de Cuentas ha dado respuesta.
Quería señalar la corrección de esa respuesta al portavoz del Grupo Popular, en el sentido de que las comunidades que más han crecido en otras ocasiones están en quiebra esta vez precisamente por las malas gestiones y muchos problemas de corrupción
que ha habido en Murcia, Valencia y en otros sitios que ha gestionado el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Respecto a la pregunta que le he dirigido al presidente del Tribunal de Cuentas no me queda claro sobre qué asuntos hay diligencias abiertas por parte de la fiscalía con trascendencia penal, qué temas en concreto, más
allá del desarrollo de esos temas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): No existe ningún asunto abierto y me remito a mi contestación inicial. No ha dado tiempo. El informe ha sido aprobado recientemente, luego no existe ningún asunto
abierto. En relación con el escrito del fiscal le he informado de las situaciones hace referencia, creo que se las he dicho. Lo que ocurre es que este tipo de informes son a veces tan largos como los propios documentos que presento ante la
Comisión mixta, es decir, que se lo puedo explicar con mayor detalle, pero no es lo que he hecho en los restantes casos. Si ustedes quieren que en todos los casos les detalle y les lea los informes del Servicio Jurídico del Estado y del fiscal, no
tendría inconveniente, pero posiblemente haríamos estas comparecencias mucho más complicadas.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas la respuesta que ha dado a mis preguntas y señalar simplemente que la ley que dio cobertura al aval al
aeropuerto de Corvera se votó en la Asamblea Regional con un resultado de 44 votos a favor y 1 en contra. Cada uno que saque las consecuencias que quiera.
El señor PRESIDENTE: El señor Sixto había solicitado algunas aclaraciones, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señor Sixto, en contestación a su última pregunta, exactamente en mi presentación he hecho referencia a dos cuestiones que son las que usted ha señalado, las dos son
ciertas y no necesariamente contradictorias. He indicado que hay abierto un proceso de reordenación y reestructuración del sector público en el que se había previsto una reducción neta de sesenta entidades, de las cuales treinta y tres se hallaban
definitivamente liquidadas y se encontraban pendientes de extinción otras veintisiete. Esto permite decir al tribunal que hay avances en el proceso de reordenación del sector público de la Región de Murcia, aunque exista también un camino por hacer
de aquellas veintisiete entidades que, estando prevista su reordenación y restructuración, todavía no han sido finalizadas. Por lo tanto, creo que se pueden mantener las dos posiciones, tanto la existente en el cuerpo del informe como la de las
recomendaciones.
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000156 y número de expediente del Senado 771/000154).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto 6.º, informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2010 y 2011. Para presentar el informe tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2010 y 2011, fue aprobado por el tribunal en su sesión del 27 de febrero de 2014. El sector público
de la comunidad autónoma en los ejercicios fiscalizados estaba compuesto por la Administración general, ocho organismos autónomos, seis entes públicos, treinta y seis sociedades mercantiles y entidades empresariales -treinta y cinco en 2011-, la
universidad, once fundaciones y cinco consorcios -cuatro en 2011-. De los organismos autónomos, cuatro tenían presupuesto independiente y los otros cuatro, entre los que destacaban el Servicio Cántabro de Salud y el Instituto Cántabro de Servicios
Sociales -este último a partir de 2011-, integraban sus cuentas en las de la Administración general como secciones presupuestarias de la misma. A este respecto, tanto el Tribunal de Cuentas en sus informes precedentes, como la Comisión Mixta para
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, mediante su resolución de 8 de mayo de 2012, han expresado la necesidad de que los organismos elaboren sus cuentas propias de forma separada. Las cuentas generales de los dos ejercicios fiscalizados fueron
rendidas dentro del plazo previsto legalmente. No obstante, no se rindieron las cuentas individuales de cuatro sociales mercantiles en liquidación, que no se encontraban extinguidas, así como de dos consorcios y del consejo asesor de RTVE en
Cantabria. Los inventarios correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 presentaban deficiencias que condicionan su representatividad para mostrar la realidad patrimonial de la comunidad.
Como se viene reiterando en los informes de ejercicios anteriores sobre esta comunidad, la Ley de Finanzas de Cantabria permite realizar cualquier tipo de transferencia de crédito a través del programa de imprevistos y funciones no
clasificadas. Este programa presupuestario no registra obligaciones reconocidas, lo que abre la posibilidad de que se efectúe una reordenación del presupuesto inicialmente aprobado, dejando en la práctica sin efecto las limitaciones establecidas en
el artículo 50.1.a) de la misma ley. Así, se han efectuado transferencias de crédito desde el capítulo 6 al capítulo 1, principalmente en el Servicio Cántabro de Salud. Además, en 2010 se realizaron incorporaciones de remanentes de crédito por
importe total de 72 millones de euros, sin que existiera financiación para ello, produciéndose un desequilibrio entre los créditos y las previsiones finales de ingresos de dicho ejercicio. Por su parte, en la cláusula tercera del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Real Racing Club de Santander, se indicaba que no se producirían nuevos abonos al club sin acreditar que la situación financiera de la entidad se hubiera fortalecido. Se ha efectuado el
reconocimiento de la subvención de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, pese a que no se tenía constancia de la forma en que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte verificó el cumplimiento de esta condición por parte del club.
El resultado presupuestario de los ejercicios fiscalizados reflejó un déficit de 420,8 millones de euros en el ejercicio 2010 y de 290,8 millones de euros en el ejercicio 2011. Por lo que se refiere al balance, la
cuenta de patrimonio se encontraba sobrevalorada, al igual que en ejercicios anteriores, por la falta de baja de las inversiones destinadas al uso general. Además, la ausencia de conexión entre la aplicación de gestión del inventario y la
contabilidad motiva que no tuviera reflejo contable el valor de los bienes recibidos y entregados en cesión y adscripción, no utilizándose las cuentas previstas en el plan contable. En 2011 la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto ofrecía un saldo de 301,3 millones de euros, correspondiente a gastos de ejercicios anteriores que no fueron debidamente imputados al presupuesto, en contra del principio de devengo. Mediante circular de la Intervención
General se reguló el procedimiento para la imputación a los créditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores. En virtud de ello se imputaron al presupuesto 1,2 millones de euros en 2010 y 25 millones en 2011, pese
a que debieron haber sido registrados en el correspondiente ejercicio de devengo.
La comunidad reconoció obligaciones a favor de sus sociedades mercantiles por un importe total de 64 millones de euros en 2010 y otros 39 millones de euros en el ejercicio 2011. Además de ello, la Administración acudió a distintas
ampliaciones de capital de las citadas empresas, aportando fondos por esta vía por importe de 4 y 17 millones de euros en 2010 y 2011 respectivamente. El endeudamiento financiero del sector público empresarial cántabro ascendía a 218 millones de
euros al cierre del ejercicio 2010, lo que representa un incremento interanual del 24 %, y a 238 millones de euros a finales de 2011. La comunidad incumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria en los dos ejercicios fiscalizados al generarse
unas necesidades de financiación en los ejercicios del 3,90 % del PIB regional en 2010 y del 3,46 % -posteriormente elevadas al 3,66 %- en 2011, cuando el objetivo de dichos ejercicios quedó establecido en el 2,40 % y el 1,30 % respectivamente. Las
medidas correctoras de incremento de ingresos y de ahorro de gastos previstas en el Plan económico-financiero de reequilibrio 2012-2014 tuvieron efectos poco relevantes en la mayoría de los casos. Las desviaciones de los ahorros de gastos
ascendieron a 17 millones de euros en 2012 y los ingresos no efectuados llegaron a 18 millones, requiriendo la adopción de nuevas medidas de no disponibilidad del crédito.
En 2012 la comunidad se acogió al mecanismo extraordinario de financiación para el pago de proveedores por importe de 327 millones de euros, lo que requirió la elaboración de un plan de ajuste. Además, se acogió al Fondo de liquidez
autonómico. En el periodo fiscalizado, siete sociedades mercantiles autonómicas se encontraban en situación de disolución obligatoria. Como hechos posteriores, en 2012 se aprobó un plan de reducción y redimensionamiento del sector público
empresarial y fundacional. Por otra parte, la comunidad autónoma carecía de una contabilidad adecuada para los gastos financiados con cargo a los fondos de compensación interterritorial, y la liquidación presupuestaria no diferenciaba la ejecución
que corresponde a las diferentes dotaciones de crédito de los proyectos financiados con cargo a los citados fondos.
Finalmente, las irregularidades observadas en materia de contratación afectan a la adecuada definición de los criterios de adjudicación; a que no constaban los preceptivos informes justificativos de la necesidad de la contratación o son
justificaciones genéricas imprecisas; a demoras no justificadas en la ejecución de los contratos de obras, y en las modificaciones de determinados contratos no se acreditaba la existencia de necesidades nuevas o urgentes. Respecto al empleo de las
encomiendas de gestión, se considera que debe excluirse de su ámbito la prestación de servicios que impliquen el ejercicio de funciones públicas y limitarse a concretas actividades materiales.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Bruguera quiere intervenir?
El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente, lo haré brevemente para señalar que en este informe de fiscalización -salvando todas las distancias porque cada comunidad autónoma es distinta-, respecto al anterior -al caso de Murcia-, hay
alguna posibilidad comparativa, en el sentido de que estamos hablando de comunidades autónomas uniprovinciales. En consecuencia, creo que es bastante comparable. Sin embargo, a pesar de las salvedades, de la necesidad de mejoras e incluso de las
deficiencias o de las irregularidades expresadas por el Tribunal de Cuentas, me parece que no hay comparación posible con el informe anterior. Nosotros tomamos nota de las conclusiones y de las recomendaciones y aprovecho esta ocasión para reiterar
el apoyo del grupo parlamentario al que represento a todos los órganos de control externo, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Defendemos su objetividad y su profesionalidad, independientemente del color político que gobierne en
cada una de las comunidades autónomas en cada momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Nos ocupamos ahora de la fiscalización de la Comunidad de Cantabria de los años 2010 y 2011. En algún momento unos diputados u otros podremos hacer referencia a otras comunidades autónomas o a la situación de
mejora respecto a otros puntos del orden del día. El señor Bruguera lo acaba de hacer comparando este informe con el de Murcia. Hacerlo tiene un sentido porque estamos analizando las comunidades autónomas que fiscaliza el Tribunal de Cuentas de
España y a otras comunidades autónomas las fiscalizan otros entes fiscalizadores. Lo que no tendría mucho sentido es que cuando estamos hablando de cuestiones concretas -para eso viene aquí el presidente del Tribunal de Cuentas, para que le pidamos
aclaraciones respecto a aquellas cuestiones que entendemos requieren de alguna puntualización en los informes que nos hace llegar dicho tribunal- nos dedicásemos a hablar de cualquier otro tema. Esperemos que esta vez -no sé quién va a intervenir
por parte del resto de los grupos- nos centremos un poco en las cuestiones y no hagamos una serie de derivaciones que no conducen a dignificar el trabajo que hace el Tribunal de Cuentas, trabajo que, mejor o peor, es el que hace y que desde nuestro
punto de vista es un trabajo muy positivo fiscalizando las contabilidades y poniendo de manifiesto aquellas cuestiones irregulares y de incumplimiento que se ven.
En el caso de Cantabria, que es el que nos ocupa, ha detectado una serie de incumplimientos e irregularidades cuyo colofón es que al final resulta que tampoco se produce una mejora respecto a otros años. Es decir, estamos en ese día de la
repetición, en el cual sistemáticamente los efectos positivos que produce el trabajo de esta Comisión y del propio Tribunal de Cuentas son tan lentos que cuando se produce alguno prácticamente hay que hacer un redoble general de campanas para
celebrarlo. Volvemos a ver que hay una persistencia de deficiencias que sistemáticamente se mantienen.
En el caso de Cantabria volvemos a ver que hay problemas en la presentación de las contabilidades, porque no se han presentado completas. Vemos que hay incumplimientos respecto a objetivos que plantea el Gobierno de España en cuanto a
cumplimiento de déficit -el Gobierno de España al amparo de lo que marcan las organizaciones internacionales- y que sigue habiendo problemas en cuestiones de gestión básica de la contabilidad, exactamente igual que en otras comunidades autónomas,
problemas en la encomienda de gestión, en las subcontrataciones y problemas en la falta de rendición de cuentas -ya lo he dicho, hay entidades que no las han presentado-.
Quisiera señalar una valoración respecto a la partida de productos farmacéuticos y material sanitario, porque además es un mecanismo que se ha utilizado en otras comunidades autónomas. Yo lo conozco por la experiencia de la mía, del País
Valenciano, en el cual sistemáticamente esta partida de productos farmacéuticos y material sanitario, que además es una partida importantísima en cualquier presupuesto que soporte el gasto sanitario, se cifra cuando se elabora por parte del
Parlamento autonómico correspondiente en una cantidad muy inferior a la que realmente se sabe que se va a liquidar a final de año, y sistemáticamente, año tras año, se ve que la partida de productos farmacéuticos llega para pagar hasta un momento
determinado y, a partir de un mes determinado del año, cada vez más próximo al inicio del ejercicio, no da para más y después se producen estos fenómenos que detecta el Tribunal de Cuentas de un elevado importe en las modificaciones presupuestarias.
Es de señalar también lo que ha comentado el presidente del tribunal y que se dice en el informe respecto al Racing Club de Santander y al abono de cantidades económicas sin que el club haya acreditado el cumplimiento de las obligaciones que
tenía pendientes. Es una situación tremenda que afecta no solamente a Santander y al Racing, sino a otras comunidades autónomas desgraciadamente, también a Valencia, en determinados equipos de fútbol. Es una situación absolutamente irregular y es
lamentable que se tenga que producir, cuando además el fútbol acaba siendo utilizado por determinados empresarios sin escrúpulos para acabar convirtiéndolo más en un negocio que en un servicio a la afición.
El tribunal recoge -señalo- deficiencias contables relevantes en los informes de auditoría de varias cuentas anuales. Plantea el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y no es que mi grupo parlamentario sitúe en el eje
de la necesidad económica el cumplimiento de esa estabilidad presupuestaria, pero, qué casualidad, qué curioso que sea en las comunidades autónomas que gestiona el Partido Popular donde sistemáticamente -no es el primer caso de la tarde- se incumple
ese sacrosanto objetivo de estabilidad presupuestaria. Volvemos a ver los mismos problemas de falta de manuales y procedimientos para la contratación de personal, para las encomiendas, problemas recurrentes que se reproducen en unas y otras
comunidades autónomas y que al final llevan -termino por donde empecé- a que, una vez más, el informe del Tribunal de Cuentas termine diciendo que hay una persistencia de
deficiencias y que no se aprecian actuaciones relevantes en orden a implantar una contabilidad adecuada, como se viene recomendando por parte de dicho tribunal.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gallego.
La señora GALLEGO ARRIOLA: Doy la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas. Efectivamente, intervengo en nombre del Grupo Socialista para analizar el informe sobre los ejercicios presupuestarios en la Comunidad Autónoma de
Cantabria correspondientes a 2010 y 2011. Es de destacar que la fiscalización se comporta como una auditoría de regularidad financiera y de cumplimiento de la legalidad y lo que pretende verificar es el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y la implantación de medidas correctoras en los diferentes planes económico-financieros de las comunidades autónomas y para nada debe convertirse en un arma arrojadiza contra la gestión anterior de los diferentes Gobiernos, de
distinto signo político, utilizando, manejando o filtrando datos para judicializar al máximo la vida política de la comunidad y de paso oscurecer ciertas ineptitudes en la gestión diaria en un contexto ciertamente complicado, que lo que requiere es
una política de altura para intentar solucionar los problemas de los ciudadanos. En lugar de esto, en Cantabria llevamos ya tres años en los que el Gobierno actual del Partido Popular, con una mayoría absoluta legítima, se dedica un día sí y otro
también a utilizar la fiscalización del Tribunal de Cuentas no para mejorar, como vemos en los informes del Tribunal de Cuentas, sino para enfangar y distraer con gestiones anteriores y con herencias. En eso estamos y a eso se está dedicando el
actual Gobierno.
Si analizamos la fiscalización correspondiente a los años 2010 y 2011, hay que destacar que las cuentas anuales del sector público autonómico de Cantabria se han presentado en plazo y se han presentado bien, de acuerdo con los principios y
con las normas contables. Debemos señalar además que la Intervención General no detectó ninguna irregularidad en el gasto, que no han existido reparos, y que las auditorías que se han realizado no reflejaban existencia de irregularidades. Por
cierto, por primera vez en esos años, en la Comunidad Autónoma de Cantabria el Gobierno implantó un plan anual de auditorías y un control financiero que no habían sido realizados en los muchos años de Gobierno del Partido Popular. Plan de auditoria
con un grado de realización del 90 % en 2011, frente a la cifra del 75 % en 2012, en el que la gestión corresponde al nuevo Gobierno del Partido Popular, que seguiremos analizando en los siguientes años y estudiando su gestión. El informe señala,
además, como bien ha dicho el presidente, un elevado importe de modificaciones presupuestarias, especialmente en 2010. Efectivamente, se observa que dichas modificaciones se hacen con los informes técnicos y legales necesarios de acuerdo con la
normativa vigente, con un fin razonable y necesario, que era evitar la acumulación de deuda, fundamentalmente deuda sanitaria. Y con otro fin más importante, porque las modificaciones presupuestarias se hacen trasvasando recursos de una partida
presupuestaria a otra y se hacen para pagar. Es algo que hacen todas las administraciones públicas, pero, además, se contemplaba su reducción en las medidas recogidas en el Plan económico financiero de reequilibrio 2011-2013, porque hay que tener
en cuenta el contexto de profunda crisis que le tocó al Gobierno de la Comunidad de Cantabria en esos años. En ese contexto de grave crisis diseñó un Plan económico financiero de reequilibrio 2011-2013, en el que ya se contemplaban medidas
correctoras de incremento de ingresos y de ahorro de gastos, pero el Gobierno entrante alardeó públicamente de que no lo iba a cumplir, y con el tiempo vemos que no cumplió ni esto ni muchas otras cosas. Debemos señalar, además, que el Gobierno
saliente reduce las obligaciones reconocidas en concordancia con la disminución de ingresos.
En el informe se señala el déficit de 2011 y el superávit de 2012, que no tiene otra explicación que un artificio contable para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y lograr así la necesaria financiación. Consistió en
inflar el déficit de 2011, cargando la totalidad de deuda sanitaria ese año para alcanzar así el superávit en 2012, y consiguen otra cosa más importante dentro de sus prioridades, que es desacreditar al Gobierno saliente con la coletilla de la
herencia recibida. Sin embargo, a pesar de este artificio contable, se recoge en el informe que si bien Cantabria se acogió con el nuevo Gobierno, en mayo de 2011, al pago de proveedores y luego al fondo de liquidez autonómica, existen desviaciones
significativas respecto a pagos en los plazos previstos por ley que se van manteniendo. Esto nos lleva a pensar que o no se actualizó la deuda pendiente de Cantabria, quedando facturas en los cajones, o que la Comunidad Autónoma de Cantabria en
2012 ha gastado por encima de sus posibilidades. Pero eso lo veremos en los siguientes informes del Tribunal de Cuentas, que seguro serán tan minuciosos y exhaustivos como lo han sido hasta entonces.
Se habla en el informe de la situación del Real Racing Club de Santander, que ha sido motivo de triste actualidad por su situación económica y por su descenso a segunda. Otro motivo de gran enfrentamiento,
de falta de entendimiento y de falta de confianza del Gobierno entrante, que prefirió seguir otra línea marcada en cuanto a la gestión política de este conflicto. Aquí hay que hacer brevemente una serie de precisiones. El Gobierno de
Cantabria, a través de una operación de titulización, es decir, que la transferencia o venta de activos no se verá afectada en caso de situaciones de quiebra, adquiere la marca Racing y, a la vez, arrienda el club por un período de once años a razón
de dos millones de euros al año, lo cual saneaba el club. Pero la mala gestión y la falta de accionistas hacen que el club no cumpla con sus obligaciones con el Gobierno. A finales de 2010, la empresa anuncia un comprador que asume un préstamo
participativo y reconoce una deuda de 6,5 millones de euros. El nuevo comprador incumple las obligaciones, pero el Gobierno llega a recuperar 4 millones de euros, lo último ejecutando la garantía por valor de 1,5 millones de euros. El siguiente
paso ante este nuevo incumplimiento era ejercer el derecho del Gobierno a la opción de compra de las acciones del club a precio de mercado y a coste cero. Pero vienen las elecciones y Cantabria cambia de Gobierno. El Gobierno entrante es informado
de la situación del Racing, es informado de los riesgos y es informado de las recomendaciones. Sin embargo, espera nueve meses sin tomar ninguna decisión y, finalmente, en abril de 2012, pide un arbitraje, en vez de ejercer su derecho de compra, y
pide retrotraer toda la situación, argumentando la ausencia de voluntad seria del comprador de cumplir con sus obligaciones. En septiembre de 2013, el laudo de la Cámara de Comercio de Madrid califica la pretensión del Gobierno del Partido Popular
de absurda, de contraria al ordenamiento jurídico español y, además, obligaría a una situación esperpéntica, que es devolver lo cobrado al comprador que no ha cumplido con sus obligaciones. Una decisión equivocada, tomada con mucho retraso, donde
se perdió un tiempo esencial y donde el Racing se descapitalizó tanto económica como deportivamente. Hay que destacar que el Racing es un activo sentimental, afectivo, representativo y que entre los años 2006 y 2010 contribuyó a la Administración
pública con una cantidad de 44 millones de euros. Ante este resultado, el nuevo Gobierno decidió tapar este error y judicializar la situación con comisiones de investigación, imputando a miembros del Gobierno anterior en una operación de
desprestigio y de caza de brujas sin precedentes que continúa a un año de las elecciones autonómicas que espero den un nuevo Gobierno a Cantabria.
Se habla también en el informe de encomiendas de gestión. En este punto hay que destacar que son criterios de interpretación y que se realizaron cumpliendo todos los requisitos exigidos por el artículo 24 de la Ley de contratos del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señora Gallego, debe ir terminando.
La señora GALLEGO ARRIOLA: He de añadir que la normativa exige el cumplimiento en unas exhaustivas condiciones. En las conclusiones se refieren a dos proyectos, el proyecto Comillas y el proyecto Papelera del Besaya, que tienen también su
justificación. En cuanto al sobredimensionamiento de entes públicos, hay que constatar que se crearon como instrumentos para llevar adelante con eficacia y eficiencia las medidas previstas. Una vez conocida la reducción de la actividad de algunos
programas por falta de medidas económicas disponibles comenzaron a adoptarse medidas de reducción que el Gobierno actual ha seguido llevando.
Para finalizar, solo queda reflexionar sobre las recomendaciones del Tribunal de Cuentas respecto de la implantación en las administraciones públicas de una contabilidad adecuada, con información y con transparencia suficiente para conocer
la situación financiera de la Administración autonómica. Complicado técnicamente.
El señor PRESIDENTE: Señora Gallego, termine, por favor.
La señora GALLEGO ARRIOLA: El propio Tribunal de Cuentas comprueba que el seguimiento y la realización de actuaciones relevantes no se están realizando, incluso por aquellos que han judicializado y filtrado de forma torticera las diferentes
conclusiones y recomendaciones. Esto lo comprobaremos en los informes de la Comunidad Autónoma de Cantabria a partir de 2012.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Piñeiro.
El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: En primer lugar, quisiera dar las gracias y felicitar al presidente del Tribunal de Cuentas, así como al pleno del tribunal y a todos los funcionarios y trabajadores que colaboran porque hemos podido comprobar,
especialmente en los últimos tiempos, la agilidad que está teniendo en evacuar una serie de informes que tenían cierto retraso, lo que nos permite intuir que vamos a ponernos al día en poco tiempo. En el caso concreto de Cantabria, en esta
legislatura se han
visto seis años del Gobierno presidido por el señor Revilla, con la colaboración de mi ilustre amiga y sus compañeros socialistas en Cantabria.
En este último informe hemos podido comprobar una característica reiterativa, la más destacable para mí, y es que no se ha hecho absolutamente ningún caso a las recomendaciones, incluso a las advertencias, algunas de ellas incluso de
ilegalidad, que reiteradamente ha venido haciendo este tribunal desde hace aproximadamente ocho años a ese Gobierno socialista regionalista. En el informe que hoy nos ocupa se reiteran muchas de las irregularidades. Yo entiendo a la diputada
señora Gallego -si tengo tiempo y la generosidad del señor presidente me lo permite intentaré contestar no a las alusiones que ha hecho, pero sí a ese debate que ha querido hacer con el actual Gobierno-, pero lo que sí vemos en este informe es algo
ya recurrente. Si han tenido sus señorías la posibilidad de ver los informes de los Gobiernos del señor Revilla y de los señores socialistas, habrán podido comprobar las adjudicaciones, los contratos, las encomiendas de gestión y cómo todos los
informes hablan exactamente de lo mismo. Voy a referirme a algunos de ellos y en muchos otros doy por bueno lo que dice, ni más ni menos, que el portavoz de La Izquierda Plural criticando este informe. Las cosas que él ha criticado yo las doy por
buenas y me voy a ceñir a otra serie de asuntos.
En materia de contratación, por poner algunos ejemplos de los cuales habla el informe de este año, vemos que hay adjudicaciones de obra que están declaradas de urgencia y que las empresas adjudicatarias tienen que suspender porque resulta
que cuando van a comenzarlas se encuentran con que, por ejemplo, no había terrenos expropiados y no las podían ejecutar. Por supuesto eso supone que esa empresa pide una paralización y, tras la paralización, vendrán los consiguientes modificados.
En carreteras hay aproximadamente -lo dice el propio informe y destaca sobre todo una de ellas- cinco o seis que se adjudican por unas cuantías muy importantes, señorías, sin tener ni tan siquiera el impacto ambiental. Eso supuso en algunas de
ellas una suspensión durante años hasta que se pudo tener ese impacto ambiental. Por ponerles solamente un ejemplo, Los Corrales-Puente Viesgo se licita por 21 millones de euros, se adjudica por 21 millones de euros, se tiene que paralizar porque
no tenía impacto ambiental, una vez que se obtiene ese impacto ambiental se empiezan a hacer modificados por lo que suponía el impacto ambiental y lo que quedó adjudicado, eso sí a la misma empresa, en 21 millones de euros acaba costando 49 millones
tras los distintos modificados. Es solamente un ejemplo; les podría poner muchos más pero no quiero agotar mi tiempo.
Se ha hablado algo de sanidad. Aquí es recurrente también lo que ha ocurrido, pero que su señoría diga que es normal que en materia sanitaria, en materia farmacéutica la inmensa mayoría de las veces se gasta mucho más de lo que se
presupuesta... Es muy sencillo, aquí estamos para realizarlo bien pero tenemos que cumplir también con los procedimientos, que se presupueste lo que se va a gastar, porque en Cantabria ha habido miles de facturas en materia farmacéutica que estaban
en los cajones. Eso es público y notorio y además reconocido por el presidente de ese Gobierno, que dijo que era normal y que él también lo hacía.
Hablando de esas contrataciones, hay una que me gustaría que sus señorías leyeran, especialmente sus señorías de la oposición. Hay un contrato de asistencia sanitaria -insisto, Gobierno del Partido Regionalista presidido por el señor
Revilla y apoyado por el Partido Socialista- en la hospitalización, que se hace con una única justificación y que dice lo siguiente, textualmente: Para la necesidad de contar con camas en un centro concertado. ¿Eso es privatización o no es
privatización? Pero vamos más lejos. En ese contrato, por supuesto contrato que se adjudica sin tener ningún tipo de estudios ni proyecciones relativas al número de pacientes ni periodos de estancia, etcétera, fíjense lo que dicen. Se hace un
contrato para hasta 400 pacientes por un coste aproximado de 1.200 euros por paciente al mes. En ese mismo contrato se dice que si se sobrepasa de 400 a 500, por ejemplo, el número de pacientes, para el resto de los 400 a los 500, en vez de pagar
1.200 euros por paciente se pagarían 6.310. Eso está en el contrato y se ha pagado; cinco veces más de lo que estaba estipulado en el propio convenio. ¿Eso es eficiencia? ¿Alguien se atreve a criticar al Partido Popular? Por supuesto yo no
estoy criticando esa gestión privada en algunos casos, pero que la hagan ustedes y la critiquen y además en estas condiciones, cuando menos es sorprendente. Por cierto, para este asunto se creó una comisión paritaria que según consta en el propio
informe no se ha reunido nunca o por lo menos el propio tribunal no ha tenido posibilidad de control. Como tampoco había control del número de pacientes que llegaban, porque, ¿saben que recibía el Gobierno? Una factura que decía: hemos
sobrepasado de 400 a 480, a 6.310, está es la cantidad. No había más control.
Otro de los asuntos son los pliegos de condiciones. El Tribunal de Cuentas ha podido comprobar la subjetividad existente, al igual que lo hemos podido comprobar los diferentes grupos políticos, pero sería muy prolijo y no voy a tener
tiempo. Voy a hablar solamente de uno de ellos. El Gobierno regional construye un edificio para oficinas públicas y se adjudica a una empresa privada la construcción y explotación por un periodo de treinta y cinco años; el pliego de condiciones,
elaborado por ellos, decía que se debía incluir en la oferta una garantía por una entidad financiera porque era un contrato a treinta y cinco años. Pues bien, no se sabe por qué, si es que no lo quiso dar ninguna entidad o qué pasó, al final,
¿saben quién dio la garantía que era exigible? La propia empresa que hace la obra. Yo me garantizo a mi mismo que voy a cumplir. Eso estaba en el pliego de condiciones y es aceptado por una sociedad pública.
Pero para mi la joya de la corona en estos informes son las encomiendas de gestión. Cuando el señor Revilla, apoyado para ser presidente por el Grupo Socialista, entró en el Gobierno había diecisiete sociedades en todo el territorio de
Cantabria. Pues bien, cuando perdieron las elecciones, que ganó el Partido Popular con mayoría absoluta, se encontraron treinta y nueve, más del doble. Luego, estudiando las encomiendas de gestión, vemos por qué había tanta sociedad pública;
vemos por qué se crearon sociedades públicas que tenían, por ejemplo, dos empleados nada más pero que después hacían una serie de encomiendas de gestión con una finalidad muy sencilla, que era no tener la rigurosidad que tiene la Ley de contratos
desde la propia Administración pública. Todos sabemos -o deberíamos saber- que la contratación por las empresas mercantiles instrumentales de los gobiernos regionales en cualquiera obra o servicio, especialmente la gestión de los servicios
públicos, está absolutamente vedada a través de esas empresas, pero se eludían los controles tan peligrosos en aquella época. Solo si la propia Administración pública no puede hacer esa labor la puede encomendar, si no tiene materiales técnicos o
materiales humanos, pero a alguien le interesaba eludir esos controles. Un ejemplo de lo que son las encomiendas...
El señor PRESIDENTE: Señor Piñeiro, tiene usted que ir terminando.
El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Acabo enseguida.
Una de las encomiendas se adjudica a una empresa pública por un periodo de seis meses. Esa empresa pública, en vez de hacerlo ella, se lo da a una empresa privada no por seis meses sino por ocho años. Eso es la tónica de estos contratos.
Hay un aspecto que yo creo que es tremendo y es que una sociedad pública contrata ni más ni menos que por 4,5 millones un estudio para la implantación de la televisión digital. Creo que fue en marzo de 2008, y tres o cuatro meses después el
Gobierno de la nación, también socialista, aprueba llevar la televisión digital a toda España. Pues bien, a ese contrato ha tenido que renunciar el Gobierno regional, declararlo lesivo y ha tenido que pagar del orden de más de dos millones de euros
por sentencia judicial.
El señor PRESIDENTE: De verdad, señor Piñeiro, vaya usted acabando.
El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Acabo, porque todo esto sería muy largo y podríamos estar horas, pero si toda la información que ha dado la portavoz del Partido Socialista sobre el Racing tiene la misma veracidad que cuando ha asegurado que
el Racing está en segunda -está en segunda B, por desgracia-, si todos los datos que ha proporcionado son así, que para mí son completamente inciertos, vamos dados. Ahí se realizó una operación con una firma en Zurich, que usted conoce muy bien,
con el señor Alí Syed -bien conocido porque fue buscado por la Interpol-, con unas pignoraciones y unas garantías que el Gobierno del Partido Regionalista levantó y que en estos momentos está en los tribunales.
El señor PRESIDENTE: Señor Piñeiro, quince segundos.
El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Sé que el tema del Racing es muy complicado pero pediría al señor presidente que ampliase la información. He hecho este debate político, a pesar de que la portavoz del Partido Socialista dice que no se debe
hacer política, porque creo -y con ello acabo, señor presidente- que estas cuestiones de los informes fortalecen, sin lugar a dudas, facilitan, y desde luego coadyuvan a lo que estamos aquí, que es a hacer ese debate político y a tratar que las
admnistracionen mejoren, y el año 2012 podrán comprobar ustedes el resultado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los intervinientes, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Seré muy breve porque en las intervenciones que he escuchado lógicamente existe un componente importante de la valoración que merece la propia gestión y no tanto del
contenido del informe para que se produzcan puntualizaciones. Sin embargo, sí que me parece obligado hacer referencia a la intervención del señor Bruguera y decir que coincido plenamente con él en el respeto que los órganos de control externo de
comunidades autónomas merecen para el Tribunal de Cuentas, que colabora de manera eficaz con todos ellos a través de comisiones de coordinación y de reuniones periódicas para llevar adelante nuestro trabajo en todo el territorio nacional. Me
plantea las eventuales o posibles comparaciones entre comunidades y yo creo que las comparaciones que en el futuro se puedan realizar deben de llevar a poder determinar un análisis comparativo de la gestión de los servicios públicos que requiere del
desarrollo de indicadores de gestión, que todavía no están lo suficientemente bien diseñados para poder verificar si, por ejemplo, en el caso concreto de la gestión sanitaria en una determinada comunidad autónoma es más eficiente que en otra. Hoy
sí se pueden hacer análisis de gestión sanitaria comparando hospitales, pero todavía no existe, aunque creo que podremos hacerlo en el futuro, todavía no podemos tener elementos de comparación entre sistemas sanitarios aplicados en diferentes
territorios. Por lo menos no lo podríamos hacer con la suficiente precisión.
Me plantea el señor Sixto determinadas puntualizaciones respecto del contenido del informe. Yo creo que el informe de Cantabria no establece mejoras importantes en la gestión; es decir, se reproduce de alguna manera lo formulado en
periodos anteriores, si bien es cierto que tampoco existe una situación peor de la que podría derivarse de los anteriores informes.
En relación con lo manifestado por la señora Gallego, sí que me gustaría dejar muy claro un aspecto. Planteaba que esperaba que para sucesivos ejercicios el trabajo del tribunal fuera tan minucioso y exhaustivo como lo ha sido el de este.
No le quepa la menor duda; de hecho, en los informes que presento ante esta Comisión y que se refieren a diferentes gestiones son igualmente minuciosos y exhaustivos; me refiero a los informes relativos a Melilla, Murcia, Cantabria y Extremadura.
He de hacer notar que normalmente los que varían de criterio son ustedes en función de si tienen que defender una gestión o la tienen que atacar. Lo que sí le quiero decir es que en el futuro el tribunal va a continuar con su trabajo lo mejor que
podamos, con carácter minucioso y exhaustivo.
En cuanto a lo que me formula el señor Piñeiro, he de decir que resulta difícil, por no decir imposible, efectuar una valoración global sobre la gestión en relación con el problema del Racing de Santander. Yo le puedo dar pequeños flashes
del contenido del informe que todos ustedes conocen, en la medida en que el Racing de Santander está en concurso. Se entregan al Racing 17,5 millones de euros para compra de marcas y derechos federativos; los pagos del fondo de titulación son
aproximadamente 0,8 millones de euros; el coste de liquidación del fondo de titulación es aproximadamente de 0,4 millones de euros; los costes financieros de adquisición de marcas están en un 4 % de interés anual; el préstamo participativo es de
6,7 millones de euros, considerado en la actualidad como irrecuperable; y la venta a la sociedad privada supone una pérdida de 1,4 millones de euros. Fuera de estas cifras, que están desnudas de valoraciones, que las ponen ustedes, termino mi
intervención.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado o senador desea alguna aclaración sobre el informe o la contestación del presidente? (El señor Piñeiro García-Lago pide la palabra).
Señor Piñeiro.
El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Voy a formular muy brevemente unas preguntas muy concretas. Los datos que nos ha dado el señor presidente sobre el Racing los conocemos, pero yo quería preguntarle si el Tribunal de Cuentas ha entrado en
profundidad para ver el levantamiento de pignoración de garantías que tenía el Gobierno regional y la pérdida de patrimonio por parte del Gobierno regional en esas ventas, que no estaban valoradas ni avaladas por ningún técnico. Le voy a hacer otra
pregunta muy concreta. En los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, en todos los informes del Tribunal de Cuentas se hace constar que se encontraron irregularidades de todo tipo. Se decía que el ministerio fiscal había apreciado la existencia de
indicios de responsabilidad penal, en todos, en los tres. Entiendo que es posible que no estén finalizados y que la respuesta en estos momentos no la tenga, pero quiero conocer qué ocurre con este informe, qué ocurre con esas advertencias porque
Cantabria -yo he sido durante cinco legislaturas diputado regional en Cantabria- siempre, y el Grupo Popular especialmente, tanto estando en el Gobierno como en la oposición, renunció a tener su propio Tribunal de Cuentas por muchos motivos, pero
esencialmente porque confiábamos en el Tribunal de Cuentas a nivel nacional. A veces la distancia tiene
sus inconvenientes y otras veces sus ventajas, pero esas advertencias que habían hecho los distintos informes de los seis últimos años -sin contar este- queremos saber en qué han quedado y si el no tener ese propio Tribunal de Cuentas nos
permitirá en el futuro, aunque sea como senador miembro de esta Comisión, poder acceder a esos informes que, insisto, fueron tratados aquí.
El señor PRESIDENTE: El señor presidente tiene la palabra para contestar.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señor Piñero, solicita usted una valoración hecha por mí en relación con unas cuestiones en las que el informe podría haber profundizado más pero que no lo ha hecho.
Usted tiene que comprender que, con independencia de que yo pueda tener mi opinión en relación con determinadas operaciones o determinadas situaciones, lo que les presento a ustedes es el resultado del trabajo del pleno del tribunal. La mejor
manera para obtener una respuesta más precisa, si usted la quiere, sería formular a través de esta Comisión un encargo específico de fiscalización de una situación tan concreta como esa para que entonces el tribunal pueda pronunciarse con mayores
niveles de desarrollo en ese tema. Yo le puedo dar la información que del informe se desprende, y creo que lo he hecho.
Usted se refiere a las actuaciones en el ámbito penal. Yo tenía preparado lo que se deriva de las actuaciones de la fiscalía relativas a este informe. No tengo un estado o inventario de cuales son los eventuales procedimientos abiertos en
diferentes tribunales referidos a actuaciones del Tribunal de Cuentas en sucesivos informes. No tengo esa información; no es que no la pudiera conseguir, pero evidentemente no lo hago con el resto de informes, porque usted sabe que son recurrentes
de todos los años y se derivan de ellos responsabilidades penales que, por desgracia, muchas veces se desarrollan en el tiempo. En la actualidad no está remitido todavía el testimonio de particulares por la fiscalía del tribunal porque el informe
ha sido aprobado en fecha muy reciente y el testimonio de particulares se está elaborando por el departamento correspondiente. Le puedo mencionar aquellos asuntos sobre los que el fiscal ha solicitado incoación de procedimiento, que es el alta de
personal sin convocatoria pública en las sociedades Emprendiser y Regional de Cultura y Deporte, S.L., la contratación de personal por la Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria y la adjudicación injustificada de un contrato mediante
procedimiento negociado sin publicidad. Esas son las tres cuestiones que, derivadas de este informe, han sido solicitadas por el fiscal para la formulación de testimonio de particulares.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000157 y número de expediente del Senado 771/000155).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día, punto 7.º: Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2010 y 2011. Tiene la palabra don Ramón Álvarez de Miranda para informar sobre el mismo.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Presidente, el pleno del tribunal aprobó este informe el 27 de febrero de 2014. El sector público autonómico extremeño estaba configurado por un total de cincuenta y
ocho entidades públicas en 2010, integradas por la Administración General, siete organismos autónomos, seis entes públicos, veintiuna sociedades mercantiles -una menos en 2011-, dieciséis fundaciones, la Universidad pública de Extremadura y seis
consorcios. Las cuotas generales de la comunidad correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 fueron rendidas dentro del plazo legal establecido, aunque no incluían las cuentas anuales de aquellas entidades que no figuraban en los presupuestos
anuales de la comunidad, principalmente los consorcios; no obstante, cinco entes públicos y tres organismos autónomos no disponían de presupuesto propio ni rendían sus cuentas separadamente de la cuenta de la Administración, distorsionando la
representatividad de las cuentas de esta última. Asimismo no rindieron sus cuentas en ambos ejercicios una fundación y un consorcio; en 2011 tampoco lo hicieron la Asamblea de Extremadura, una fundación y una empresa en liquidación. El resto de
cuentas fueron rendidas en plazo, excepto las de cinco empresas, cinco fundaciones y tres consorcios, algunas de las cuales con demoras referidas solo a las cuentas de 2010.
Respecto a la planificación presupuestaria, el presupuesto de gastos por programas, salvo en el caso del Servicio Extremeño de Salud, no contenían objetivos e indicadores con el suficiente grado de concreción
y objetividad que permitieran efectuar un análisis de la eficacia y eficiencia en el desarrollo de las políticas públicas, ni evaluar la repercusión de las modificaciones presupuestarias sobre los objetivos previstos. En relación con tales
modificaciones, durante el periodo fiscalizado se utilizaron bajas por anulación como recurso para financiar incorporaciones de crédito, contraviniendo lo previsto por la ley, que prevé utilizar para ello el remanente de tesorería. Por lo que se
refiere a la liquidación presupuestaria, el grado de ejecución del presupuesto de gastos se elevó alrededor del 90 %, mientras que el grado de realización de los ingresos llegó hasta el 89 % en 2010, reduciéndose al 87 % en 2011. El reconocimiento
de obligaciones e imputación al presupuesto de todos los anticipos de la Junta de Extremadura, derivados de los convenios de colaboración mediante los cuales se implantaban las encomiendas de gestión con fines instrumentales, en tanto que no
respondían a prestaciones ya ejecutadas, incumplían la regla de servicio hecho, no siendo acordes con los principio del devengo y de imputación de la transacción. Las cuentas anuales del Servicio Extremeño de Salud presentaban inconsistencias entre
los estados contables que las integran y errores en relación con el registro de la tesorería, los créditos a corto plazo a personal y el saldo de la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de imputar al presupuesto. En el ejercicio 2011 se
incluyó, como previsiones iniciales que no se encontraban suficientemente soportadas dentro de otras transferencias corrientes del Estado, un importe de 173,8 millones de euros en concepto de deuda histórica, a la que alude la disposición adicional
del Estatuto de Autonomía de Extremadura, y de la que no se recibió cantidad alguna. Al contrario que en los años anteriores, las liquidaciones definitivas de los recursos del sistema de financiación para las comunidades autónomas de régimen común,
realizadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, resultaron positivas para Extremadura por importes de 92,7 millones de euros en 2010 y de 40 millones en 2011. Durante el periodo fiscalizado ha continuado el deterioro del
resultado presupuestario obtenido, generando déficits por importe de 345,9 millones de euros en 2010 y duplicándose el mismo en 2011 hasta alcanzar la cifra de 720,6 millones de euros.
En relación con las entidades del sector público empresarial, la deuda financiera agregada ascendía al final de los ejercicios 2010 y 2011 a 18,7 y 19,4 millones de euros, respectivamente, en su totalidad con vencimiento en el corto plazo.
Dentro de los planes de reestructuración del sector público, Extremadura se había comprometido a la reducción de doce entidades, de las cuales al finalizar el periodo fiscalizado se habían extinguido ocho, todas ellas sociedades públicas. Se ha
verificado el incumplimiento de los plazos máximos fijados por la ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales por parte de las tres entidades que concentran la mayor parte del gasto público en
Extremadura: la Administración General, la Universidad de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de marzo de 2012, se acordó la adhesión de la Comunidad Autónoma de Extremadura al mecanismo extraordinario de financiación de los pagos a proveedores. El importe de las deudas con proveedores
integrantes del sector público autonómico que se acogieron a este mecanismo ascendió a 228 millones de euros, de los que un 72 % correspondían al Servicio Extremeño de Salud. Las necesidades de financiación computables a efectos del cumplimiento
del objetivo de estabilidad ascendieron a 2,39 del PIB regional en 2010 y al 4,73 en 2011. Estos importes supondrían el cumplimiento del objetivo del déficit en 2010, inferior al 2,40, y el incumplimiento en 2011, que ascendía a 1,30; no obstante,
como hechos posteriores al periodo fiscalizado, se ha tenido conocimiento de la notificación realizada en el mes de octubre de 2013 por el Estado español a la Unión Europea en la que se recoge un déficit para Extremadura del 2,58 % para 2010 y del
4,81 % para 2011, lo que supone el incumplimiento del objetivo en ambos ejercicios. Pese a la elevada cifra de necesidad de financiación generada en 2011, la comunidad ha conseguido regresar en 2012 a la senda de estabilidad, según los datos
disponibles, cumpliendo el objetivo del ejercicio, y ejecutar en su mayor parte las medidas de ahorro propuestas en el plan económico-financiero de reequilibrio.
Con respecto a la contratación administrativa se observa en general que las justificaciones de la necesidad del servicio público eran excesivamente genéricas e imprecisas. En la ejecución de los contratos de obra se producen frecuentes
demoras no justificadas, algunas de las cuales ponen de manifiesto una deficiente preparación administrativa de los contratos. Además, en las modificaciones de contratos se incluyeron algunas actuaciones con respecto a las cuales no se ha
acreditado la existencia de necesidades nuevas o de causas técnicas no susceptibles de ser previstas al tiempo de prepararse los contratos originarios.
El señor PRESIDENTE: Para solicitar aclaraciones sobre este informe tiene la palabra, en primer lugar, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, cuando ha dicho usted antes que somos los diputados los que cambiamos de criterio se lo respondía al Grupo Socialista, y el Grupo Popular le ha aplaudido. La pregunta es:
¿Se lo decía a alguna parte en concreto o era un reparto de culpas generalizado? (Risas). Luego me contesta.
Segunda cuestión: ¿cree usted que sería adecuado que desde esta Comisión -de la forma más unánime posible, dado que se ha cruzado también alguna acusación- dirigiésemos una petición al Tribunal de Cuentas para que hiciese un informe general
sobre las ayudas públicas que se han dado al fútbol en España? (Rumores). Fútbol; sí, fútbol, porque aquí no hay ayudas al Extremadura (La señora Nevado del Campo: Sí las hay), pero las había con el de antes.
Ya por ceñirme a este punto, empiezo por donde termina el informe y por donde comenzaba igualmente en el punto anterior del orden del día. Nuevamente las conclusiones de un informe dicen que la comunidad no ha comunicado expresamente
medidas adoptadas para llevar a cabo el cumplimiento de recomendaciones formuladas, no se han producido avances o estos no han sido significativos. Volvemos a la misma cantinela y a un informe en el cual quedan claras una serie de disfunciones,
incumplimientos, retrasos en el plazo de presentación de contabilidades, falta de algunas contabilidades, cuestiones respecto a los contratos de las empresas y apreciaciones respecto a incumplimientos variados. No estamos ante una comunidad que
específicamente tenga unos incumplimientos muy negativos o en este caso concretos. Lo hemos visto en Extremadura, en Cantabria, en Murcia y en todas las comunidades que hemos analizado. No podemos hacer una diferenciación clara entre comunidades
cumplidoras, que mejoran año tras año en la gestión de su contabilidad, en la presentación de su contabilidad ante el Tribunal de Cuentas, que van equilibrando sus cuentas, que van haciendo caso a las recomendaciones del tribunal, y las que no
hacen; y muchísimo menos podemos establecer un paralelismo entre las que son gobernadas por un partido y hacen unas cosas y las que son gobernadas por otro partido y hacen otra, porque no es así. Las malas prácticas y los incumplimientos son
absolutamente transversales y están más ligados a una tendencia marcada por cómo funcionan las administraciones públicas autonómicas, independientemente de quién las gestione o no en un momento determinado, y que tendrán que hacernos recapacitar a
todas las organizaciones políticas. Es necesario en las comunidades autónomas, dentro de su autonomía de funcionamiento, implementar las mejoras y los procedimientos que el Tribunal de Cuentas establece; desde luego, son deseables desde el punto
de vista de mi grupo parlamentario, no por el cumplimiento de ningún objetivo económico, de equilibrio presupuestario, etcétera, sino por el simple hecho de atenernos a la legalidad vigente y, sobre todo, por ser dignos de presentar a nuestros
conciudadanos una gestión absolutamente clara, transparente, y en la cual al final no solamente las cuentas estén bien hechas de acuerdo a las obligaciones legales que tengamos, sino que además seamos capaces de que nuestra gestión sea vista
conforme a cómo hemos gestionado el dinero público que nos ha sido confiado a las personas y fuerzas políticas que en un momento determinado gestionamos administraciones públicas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para su aclaración sobre este informe, tiene la palabra la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Quiero agradecer también al presidente del Tribunal y al pleno del Tribunal de Cuentas la elaboración de este informe en el que una vez más, como especificaba el señor Sixto, no se presentan irregularidades
notables. Se destaca tanto el cumplimiento de la gestión como el cumplimiento de plazos y específicamente el acceso a la información de toda la documentación que ha aportado la Administración autonómica con alguna salvedad, seguramente subsanable
en este tiempo como lo ha sido en informes anteriores, por ejemplo, la salvedad de la presentación de cuentas de la Asamblea de Extremadura en el año 2011.
Me parece pertinente señalar en esta intervención, en la comparecencia del presidente, que por primera vez la Asamblea de Extremadura ha constituido una ponencia de estudio sobre este informe anual en fechas recientes y que empezará a
funcionar a partir de ahora. Estoy convencida de que en esa ponencia se podrán analizar con más detalle las salvedades y las recomendaciones, pese a que en este informe se reconoce alguna mejora en la aplicación de herramientas en el control
financiero y algunas cuestiones muy a mejorar basadas en informes anteriores, tal y como el portavoz de La Izquierda Plural especificaba. Tal vez ese acuerdo de los grupos parlamentarios en la Asamblea sea destacable y sea en esa ponencia de
estudio donde se puede entrar en detalle en algunas cuestiones. Es importante para nosotros destacarlo, así como insistir un año más en la lealtad institucional. El discurso sobre la lealtad institucional lo mantendremos en el informe del año que
viene, señor presidente. Este año se da la
circunstancia de que analizamos dos anualidades: la de 2010, gestionada íntegramente con el apoyo de un solo grupo político en la Asamblea de Extremadura, pero también la del año 2011, que no fue gestionada íntegramente por el mismo grupo
político sino que a partir de junio de 2011 se gestionó con el apoyo mayoritario de otro grupo en la Asamblea de Extremadura. Intentaremos mantener el mismo tono y llamamiento a la lealtad institucional en la gestión que corresponde al año 2010,
hasta junio de 2011, y también a partir de 2011. Hago este llamamiento al Partido Popular una vez más este año, como hicimos el año pasado y como probablemente hagamos el año que viene. Ayer nos sorprendimos por una nota de prensa que anunciaba un
cierto aquelarre en esta Comisión. Era una llamada a desenmascarar determinadas gestiones, que no creo que sean el objeto de esta comparecencia -no sé si el presidente estará de acuerdo con eso o no-, sobre todo atendiendo a que al final la
evolución de la gestión, de las observaciones, de los reparos y de las cuestiones elevadas al ministerio fiscal en informes anteriores, siempre han tenido una conclusión. Siempre han finalizado con la misma observación: que la gestión ha sido
positiva y favorable en todo lo que llevamos analizado del desarrollo de la gestión en el ámbito de la Junta de Extremadura. Más que nunca hacemos ese llamamiento a la lealtad institucional y a no convertir este tipo de comparecencias en aquelarres
o actos preelectorales, sino a ser responsables respecto al control, la verificación y las recomendaciones en la aplicación de los informes de gestión. Quiero incidir, no obstante, en ese llamamiento a la lealtad institucional en cuestiones muy
concretas que aparecen en el informe y que quizás deberían haber sido subsanadas en el trámite de alegaciones y no aparecer ya en el informe que estamos analizando, puesto que la Administración autonómica posee documentación suficiente para que ya
no aparezcan en el informe que aprobó el pleno el pasado mes de febrero. No parece que tenga sentido que cuestiones de las que posee suficiente información la actual Administración autonómica no hayan sido aportadas.
Más que algunas duda sobre la gestión pretérita, podría deducirse alguna sobre la gestión presente de la Administración. Pondré ejemplos concretos, Urvipexsa. Me detengo en este caso porque la cuantía a la que hace mención el informe del
Tribunal de Cuentas quizá es la más significativa de todas las que se analizan. Se habla en el informe del Tribunal de Cuentas de unas subvenciones de 804.000 euros que marca la propia Junta de Extremadura como cantidades cobradas y no
justificadas; sin embargo, a partir de junio de 2011 se presentó ante la Administración autonómica una auditoría externa de Deloitte en la que claramente se especifica que son parte de una subvención cobrada y no injustificada pendiente de
reintegro -repito, pendiente de reintegro-. Además dicha auditoría hace constar que no solo 804.000 euros sino cerca de 2 millones de euros estaban disponibles en la caja de Urvipexsa para poder atender a ese reintegro. Sobre esta cuestión posee
documentación el actual presidente de la Junta de Extremadura y podía haberla aportado en el trámite de alegaciones. No sabemos por qué no se ha aportado, especificando y señalando esta cuestión como una anomalía en ese trámite. El Tribunal de
Cuentas se dirige tanto al actual presidente como al anterior a la hora de elaborar el informe, pero quien tiene la documentación es el que tiene la posibilidad de poderla aportar, por lo que el anterior presidente declinó la posibilidad de hacerlo.
A eso me refiero también con la lealtad institucional. Somos responsables de instituciones, no de partidos políticos, cuando nos hacemos cargo de la gestión de una administración. Similares circunstancias se dan en otras áreas de gestión, como la
de cultura, además con especial extrañeza, puesto que se hace mención a la Oficina de contabilidad de fundaciones y consorcios en reiteradas partes del informe cuando el actual director general de promoción cultural era justamente su anterior
responsable. Por ello posee toda la documentación, que, igual que fue aportada a los patronatos constituidos por distintas instituciones de todos los signos políticos, podía haber sido aportada adecuadamente a este Tribunal de Cuentas a la hora de
elaborar el informe. Posiblemente tendrá que ser aportada durante este trámite de ponencia de estudio en la Asamblea o en las cuestiones que se requieran por el ministerio fiscal.
Otras cuestiones a las que se ha referido el presidente del Tribunal de Cuentas han sido también debatidas con anterioridad en su comparecencia. Son acumulaciones de errores o llamadas de atención, de advertencias hacia la gestión de la
Junta de Extremadura. Me refiero concretamente, por ejemplo, a las que ha mencionado el presidente respecto a la gestión del Servicio Extremeño de Salud, en la que se acumulan una serie de contratos menores. Esto ya lo hemos debatido en las
resoluciones y en la comparecencia del presidente otros años; hay entidades, entes que, por la especificidad de la gestión que tienen que hacer de cuestiones que no se pueden almacenar, de productos que son perecederos, de instalaciones que ya no
recorren -pero que anteriormente la recorrían- la geografía extremeña, requieren muchas veces acudir a contratos menores. Para nosotros -en mi opinión- siempre será mejor acudir a contratos menores para salvar una situación de necesidad en un
servicio como el de salud.
El señor PRESIDENTE: Señora Gallego, debe ir terminando.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Iglesias. Termino enseguida.
Por ejemplo, no entendemos -está sucediendo en la actualidad- que el Hospital de Plasencia se pueda quedar sin un objeto tan básico como los pañales y tengan que ser los pacientes los que acudan a los familiares para que les lleven el
material, por la falta de poder acudir a un contrato menor por parte de la administración.
Terminó con una reflexión que me gustaría que aclarara el presidente del Tribunal de Cuentas o, si le apetece, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, puesto que ayer en nota de prensa decía que aquí íbamos a aclarar todas las
salvedades, todas las cuestiones que aparecían informe. Se trata del uso inconsistente, al que se hace mención a lo largo del informe, de la cuenta 409 y del incumplimiento del plan de saneamiento. Parece que durante un periodo de tiempo cumple
con el plan de saneamiento que aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en lo que tiene que ver con los gastos y los ingresos, pero a partir de un momento se deja de cumplir con él, apareciendo una cantidad indeterminada de facturas
que no se sabe a qué ejercicio corresponden.
El señor PRESIDENTE: Señora Gallego, vaya terminando.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Termino, señor presidente.
Podrían incluso corresponder a facturas del año 2012 y ni siquiera al año en curso porque no se sabe a qué ejercicio corresponden. Además podrían desequilibrar el balance final de las cuentas al que ha hecho mención al presidente en su
intervención. Solo quería hacer esa pregunta sobre la cuenta 409 y establecer esa duda sobre la liquidación presupuestaria que correspondió exclusivamente al actual gestor de la Junta de Extremadura. Esperamos que lo que no se ha aclarado aquí
pueda ser aclarado en la ponencia de estudios de la Asamblea de Extremadura pese a que ella no presentó su cuenta en el año 2011.
El señor PRESIDENTE: Para hacer las aclaraciones sobre el informe, tiene la palabra la señora Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Comenzaré agradeciendo al presidente del Tribunal de Cuentas la información dada en desarrollo de su función fiscalizadora, que nos permite analizar la gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2010 y 211,
que supone el fin de un ciclo para mi tierra, este último fin de ciclo dirigido por el señor Fernández Vara; treinta años de gestión en los que el descontrol del dinero público, la falta de transparencia y el incumplimiento de los más elementales
principios de la contratación pública eran, si me permiten la expresión coloquial, el pan nuestro de cada día. Se ha hablado aquí de otras comunidades autónomas; en algunas se ha puesto más énfasis que en otras, pero de la lectura de algunas
cuestiones que aparecen en el informe al que ahora me estoy refiriendo algunos portavoces deberían escandalizarse. Esta forma de gestionar se ratifica en él; se evidencia que año tras año se hacía caso omiso a las recomendaciones del Tribunal de
Cuentas y que la actuación de la Administración General -de sus organismos, fundaciones, entes públicos y consorcios- siguió siendo la misma. Como digo, estas incidencias darían para mucho debate, pero dada la escasez de tiempo solo voy a referirme
a algunas. Quiero significar que efectivamente, y como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, por primera vez la Asamblea de Extremadura ha constituido una ponencia para estudiar precisamente las conclusiones de este informe. Creo que se
ha creado ante la gravedad de los hechos que aparecen en él. Da la casualidad de que cuando no gobierna ya el Partido Socialista en Extremadura se crea en la Asamblea de Extremadura una ponencia que estudie este informe. Respecto a la lealtad
institucional, nos vamos a limitar a analizar el informe del Tribunal de Cuentas. Lamento mucho que esa lealtad institucional se me pida ahora, cuando hablamos de Extremadura, pero no se la haya pedido a su compañero cuando hablaba de otras
comunidades autónomas en las que han hecho una intervención más propia, como decía la portavoz del Grupo Socialista, de un periodo electoral que de una Comisión de este tipo.
Entraré en el contenido del informe, pero en primer lugar me gustaría aclarar que el actual Gobierno de Extremadura ha dado al tribunal la información que le ha solicitado en los distintos requerimientos, pero aquella de la que disponía;
hay otra documentación que no se ha podido facilitar simplemente porque hay fundaciones o entidades de las que no se ha encontrado documentación de clase alguna. Además el Gobierno de Extremadura ha efectuado alegaciones, respondiendo al informe
previo del Tribunal de Cuentas, a las que, por cierto, se adhirió el anterior presidente del Gobierno de Extremadura, en este caso el señor Fernández Vara, como consta expresamente; por tanto, no es cuestión de acusar de que no se ha facilitado esa
información.
Entre las cuestiones que rápidamente me gustaría destacar y que resultan más llamativas está lo que hemos venido comprobando en Extremadura año tras año, que la gestión económica y el control de las cuentas públicas de la Junta de
Extremadura era un claro ejemplo, digno de estudio, para no seguir. Como se pone en evidencia, los presupuestos de la comunidad eran simple papel mojado, con inclusiones de partidas que incluso eran inexistentes; o se presupuestaban gastos
soportados en ingresos que en realidad ni existían o que había que devolver, como las liquidaciones de las entregas a cuenta del sistema de financiación, los 1.000 millones de euros de 2008 y 2009, a devolver a partir de 2011, que era culpa del
Gobierno central del señor Rodríguez Zapatero, pero la Junta de Extremadura tenía mecanismos suficientes para haber calculado bien esas liquidaciones. Es el caso también, como ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas, de esos 174 millones de
euros, que se presupuestaron en concepto de ingresos del cobro de la deuda histórica, que no es que nunca se recibieran sino que no se recibieron porque el señor Fernández Vara nunca se los reclamó al Gobierno de España; o la inclusión de una
partida de ingresos para 2011 proveniente de la venta de viviendas sociales por importe de 97 millones de euros -esto en plena crisis económica-. Finalmente, por supuesto no se recaudó ni el 10 % de esa partida. Todos estos cuentos de la lechera
que incluían los presupuestos de la comunidad suponían la necesidad -que también recalca el Tribunal de Cuentas- de constantes modificaciones de crédito, en concreto 755 modificaciones en esos dos años. ¿Qué hacían? Pues que lo que finalmente
ejecutaba el Gobierno del señor Fernández Vara no tuviera absolutamente nada que ver con lo que se había aprobado en la Asamblea de Extremadura, lo cual también es una forma de actuar con opacidad, porque era más difícil llevar el control de lo
ejecutado por el Gobierno de la Junta de Extremadura.
En cuanto al objetivo de déficit, efectivamente, los derechos reconocidos sufrieron importantes descensos, pero los gastos permanecieron constantes. Esto provocó -como aparece en el informe- el incumplimiento del objetivo de déficit tanto
en el año 2010 como en el año 2011, en el que nos quedamos más de 3,5 puntos por encima de lo pactado; entre otras cosas, también, porque los planes económico-financieros que se enviaban al Gobierno de España no tenían una eficiente previsión ni se
cuantificaban las medidas ni se hacía un seguimiento de las mismas, y lo dice el Tribunal de Cuentas. Qué diferencia ahora, señorías, con el nuevo Gobierno de Extremadura, que pese a las dificultades encontradas -como también se reconoce- ha
cumplido con el objetivo de déficit tanto en el año 2012 como en el año 2013. Es significativo que, a pesar de esas cifras tan escandalosas de incumplimiento del déficit, se seguía sin pagar las facturas de los proveedores. El tribunal informa de
que en el año 2012 afloraron facturas que debieron ser imputadas en ejercicios anteriores, y se especifican los años: 2008, 2009, 2010 y 2011, por importe total de 1.422.000 euros; solo en 2011 más de 1.210.000 euros; y aun así no se cumplió el
objetivo del déficit; facturas que, por cierto, ha pagado el actual Gobierno de Extremadura.
También nos parece grave la dejadez del Gobierno del señor Fernández Vara reflejada en el enorme volumen de deudores pendientes de cobro, muchos de ellos con una antigüedad muy superior al plazo de prescripción. Según el informe del
Tribunal de Cuentas, 2.224 expedientes; bajas por prescripción en los dos años de este periodo fiscalizado que ascendieron a casi 2 millones de euros. Qué casualidad, la mayoría del impuesto de sucesiones. Yo le pregunto aquí al señor presidente
del Tribunal de Cuentas si no cree que existe responsabilidad de alguna clase en quienes hacen esta dejación de funciones y descontrol del dinero público, con el que tantas prestaciones sociales se podrían haber gestionado.
El funcionamiento de determinadas fundaciones y consorcios era en muchos casos -voy a decir- irregular, por no utilizar otra expresión. La tónica general, adjudicaciones directas sin ningún tipo de procedimientos, subvenciones sin criterio
de concesión, doble pago de facturas por un mismo concepto. Tenemos un ejemplo claro en la institución ferial FEVAL, tan conocida en Extremadura y yo creo que en el resto de España, con jacuzzi, mariscadas, etcétera. Pero hay otros, de esos de los
que a lo mejor precisamente no se ha podido enviar documentación porque no existía y sobre los que no me voy a extender porque, en estos momentos, se están dilucidando en los tribunales penales de justicia y serán ellos los que hablen.
El señor PRESIDENTE: Señora Angulo, debe ir usted terminando.
La señora ANGULO ROMERO: Sí, señor presidente.
Quiero hacer una mención al capítulo de la contratación, y especialmente en el Servicio Extremeño de Salud, de especial vinculación con el entonces presidente de la comunidad, porque era el ejemplo más claro de conculcación de los principios
de publicidad, concurrencia e igualdad; un elevado porcentaje de compras por contratación directa, de órdenes de suministro no sustentadas en ningún procedimiento de
adjudicación que pueden suponer -según el tribunal- un claro desfraccionamiento del contrato, o incluso hemos tenido conocimiento de adjudicaciones de varios millones de euros sin contrato ninguno, de manera verbal; un impago desmesurado de
las facturas a los proveedores que conllevó, además, un gasto descomunal en intereses y costes. El actual Gobierno de Extremadura ha tenido que abonar deudas sin pagar del Servicio Extremeño de Salud por importe de 193 millones de euros.
El señor PRESIDENTE: De verdad, señora Angulo, vaya terminando.
La señora ANGULO ROMERO: Todo esto, señorías, hizo que el señor Fernández Vara pusiera en peligro la sostenibilidad del sistema sanitario público extremeño que estaba totalmente viciado, y sobre el que actualmente el Gobierno Extremadura
está tomando medidas para su salvaguarda.
Como vuelve a ser objeto de crítica -y voy terminando, señor presidente- el uso no adecuado y abuso en cantidad de las encomiendas de gestión; una figura que en los años 2010 y 2011 supuso un desembolso de 110 millones de euros y cuyo mal
uso implicaba una administración paralela para eludir el derecho administrativo y la Ley de Contratos del Estado; o sea, para llevar a cabo una especie de contratación digital, sobre todo por los elevados porcentajes de contratación que se hacían.
El señor PRESIDENTE: Señora Angulo, acabe.
La señora ANGULO ROMERO: En definitiva, señorías, quiero preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si ante la cantidad de hechos de este tipo que aparecen en el informe se va a proceder o se ha iniciado algún expediente para exigir
responsabilidades por los hechos contenidos y de qué tipo han sido y si nos puede informar del estado en que se encuentran los expedientes de los que el fiscal había pedido testimonio respecto a ejercicios anteriores.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los intervinientes tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señor Sixto, yo no he pretendido dar lecciones a nadie y pido disculpas si así se interpreta. Únicamente he querido hacer una defensa de la independencia y del
carácter exhaustivo de los informes que elabora el tribunal. En ese sentido, las normas y los procedimientos del tribunal establecen que los trabajos de fiscalización se hacen ateniéndonos a esas normas en la ejecución de los mismos y llegando a
conclusiones que se derivan del desarrollo de la profesión de auditoría aplicada en el ámbito del sector público. Por lo tanto, lo único que he querido decir es que en esta Comisión es donde ustedes de manera legítima, y yo creo que adecuada, lo
que realizan es enmarcar en el ámbito político lo que es el ejercicio del control con carácter técnico y llegan a conclusiones que son de naturaleza política, en la que yo lógicamente no debo ni quiero entrar.
Por otra plantea, con relación a la contestación que yo he dado al señor Piñeiro, si me parecía bien un informe general de ayudas públicas a equipos de fútbol. Debe entender que cuando le digo al señor Piñeiro que no le puedo contestar a lo
que me pregunta del Racing y que si quiere mayores precisiones solicite una fiscalización específica, no es tanto en la petición por mi parte de que se realicen más fiscalizaciones, sino la imposibilidad de dar contestación a cosas que el informe no
contiene. Eso no quiere decir que si ustedes en la Comisión mixta consideran necesario la realización de un informe de esa naturaleza, el tribunal lógicamente lo realizaría y además me parece que es una materia lógicamente de interés y de interés
público.
Me ha preguntado la señora Iglesias sobre cuestiones que no han sido tenidas en cuenta en las alegaciones. Lógicamente si no tenemos los documentos, no podemos hacer referencia a ellos. Por otra parte, lo que sí es cierto también es que
aunque no se aporten los documentos en el trámite de alegaciones, deben de presentarse las valoraciones en esos documentos que hagan constar que efectivamente existen informes de auditoría que pudieran representar una valoración adicional a la que
tiene el tribunal.
Me ha planteado una pregunta sobre el uso inconsistente de la cuenta 409. Este tema ha sido repetido a lo largo de la presentación y está claramente expuesto en el informe. En el año 2011 nos referimos a un importe de 19,2 millones de
euros y en 2012 la afloración de facturas de proveedores que no estaban imputadas a presupuesto -como ya se ha dicho en esta Comisión- ascienden a un importe de 1,4 millones de euros.
En relación con la intervención de la señora Angulo, en diferentes partes de la misma hace referencia a supuestos de prescripciones, de responsabilidades y pregunta qué información le puedo dar yo. En estos momentos, aunque está formulada
una petición del servicio jurídico del Estado y del fiscal en el
ámbito de la responsabilidad contable y del fiscal en el ámbito de la responsabilidad penal, no está todavía iniciada ninguna actuación porque no se han enviado los testimonios correspondientes para su inicio. Lo que sí le puedo decir es
que en el caso de responsabilidad contable hacen referencia a los supuestos de prescripciones en impuesto sobre sucesiones y donaciones y otros supuestos adicionales, mientras que en el caso de responsabilidad penal se ha solicitado la expedición de
testimonio de particulares en los siguientes casos: adjudicación de contratos sin licitación o mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin justificación; fraccionamiento de contratos; otras deficiencias de expedientes de contratación;
selección de personal y concesión de ayudas incumpliendo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y en el caso de la Fundación Jóvenes y Deporte ayudas a una federación deportiva siendo el director de la fundación presidente de la
entidad beneficiaria.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado o senador precisa alguna aclaración sobre el informe del presidente? (Denegaciones).
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRADA GARCIA), PARA INFORMAR CONJUNTAMENTE SOBRE:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000090).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000100 y número de expediente del Senado 771/000097).
- INFORME ANUAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000101 y número de expediente del Senado 771/000098).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000103 y número de expediente del Senado 771/000102).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000104 y número de expediente del Senado 771/000101).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2008-2009. (Número de expediente del Congreso 251/000118 y número de expediente del Senado 771/000116).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar conjuntamente sobre los siguientes asuntos: Informe de fiscalización de la Universidad de
Zaragoza, ejercicios 2008 y 2009; informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2008 y 2009; informe anual de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2008 y 2009; informe de fiscalización de la Universidad de
Murcia, ejercicios 2008 y 2009; informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009; informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2008 y 2009. Para informar sobre todos estos asuntos tiene la
palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Haré, además, una presentación conjunta de los diferentes informes ya que corresponden a materias universitarias referidas a los mismos ejercicios. Como antecedente
de estos informes, es preciso hacer referencia a la fiscalización horizontal que están llevando a cabo el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos sobre el conjunto de las universidades públicas y relativa al ejercicio 2012,
dando cumplimiento de esta manera a la resolución que formuló esta Comisión mixta el 25 de noviembre de 2009.
Las fiscalizaciones que hoy se presentan, relativas todas ellas a los ejercicios 2008 y 2209, son las correspondientes a las universidades de Zaragoza, pública de La Rioja, politécnica de Cartagena, Murcia,
pública de Cantabria y pública de Extremadura, informes aprobados a lo largo del ejercicio 2013. Las seis universidades rindieron las cuentas anuales de los dos ejercicios fiscalizados conforme establece la Ley orgánica de Universidades, si
bien se rindieron al tribunal fuera de plazo las de las universidades de Extremadura para las cuentas del ejercicio 2008 y la pública de La Rioja para ambos ejercicios. En el análisis de la liquidación presupuestaria se observa que las
universidades fiscalizadas aprobaron generalmente un elevado volumen de modificaciones presupuestarias, especialmente en el capítulo 6 del presupuesto de gastos y, sin embargo, el grado de ejecución de las inversiones reales al final de cada
ejercicio presentaba un porcentaje relativamente bajo. En 2008 las modificaciones del capitulo 6 supusieron por término medio un incremento del 119,4 % sobre los créditos iniciales y un grado de ejecución del mismo del 65,3 %. En 2009 los
porcentajes fueron del 110 y del 54,08 % respectivamente. Las mayores modificaciones y menor grado de ejecución se producían en las universidades de Extremadura y de Cantabria. Lo anterior es debido a los gastos de investigación, dado que el
crédito se genera cuando se recibe la financiación y se pone a disposición de los investigadores para iniciar los distintos proyectos, pero el gasto se realiza a lo largo de varios ejercicios.
Las obligaciones netas reconocidas para el conjunto de estas universidades aumentaron por término medio respecto al ejercicio anterior un 14,6 % en 2008 y un 2 % en 2009, siendo la variación más significativa la de las inversiones reales con
un incremento medio del 37,8 % en 2008 y una disminución del 12,8 % en 2009. En los gastos de personal el crecimiento medio fue muy similar en ambos ejercicios, alrededor del 8,4 %, destacando el incremento anual superior al 9 % para cada uno de
los ejercicios en las universidades de Murcia y politécnica de Cartagena.
Los derechos reconocidos experimentaron una tasa media de crecimiento acumulado respecto al ejercicio anterior del 13,5 % en 2008 y del 7,8 % en 2009, destacando el incremento de las transferencias en 2008, tanto corrientes, 11,6 %, como de
capital, 26,7 %. En cuanto a las tasas y precios públicos, se incrementaron por término medio anual un 7,7 % en 2008 y un 0,2 % en 2009. Por lo que se refiere al sistema de control interno, todas las universidades fiscalizadas disponían de una
unidad especializada que por lo general dependía orgánica y funcionalmente del rector o de la gerencia, lo que supone una debilidad de control.
Entrando en el análisis de los resultados más destacados en relación con la gestión docente, la oferta de plazas de nuevo ingreso había disminuido por término medio para todas las universidades un 27,7 % en los cinco últimos cursos. Cabe
resaltar que se encontraban en proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Plan Bolonia. Dicha oferta de nuevo ingreso fue satisfecha por la demanda en un porcentaje medio del 82,3 % en el curso 2009-2010. Por
ramas, destacaron las de Ciencias de la Salud, con una satisfacción de la oferta del 117 % y Ciencias Sociales y Jurídicas, con el 89 %; mientras que los peores registros correspondieron a las ramas de Ingeniería y de Arquitectura, con el 69 % y el
de Ciencias, con el 67 %. A pesar de la mejora de los datos, se continuaba produciendo un cierto sobredimensionamiento de la oferta docente frente a la demanda de formación universitaria, salvo en las ramas de Ciencias de la Salud, en especial, y
de Ciencias Sociales y Jurídicas. En lo relativo a los alumnos matriculados, que está relacionado con los créditos matriculados, se observa que en el curso 2005-2006 y durante el curso 2009-2010 el número de alumnos matriculados experimentó una
disminución del 7 % de promedio. Otro dato de interés en materia de gestión docente es el referido al número de alumnos por profesor. En el curso 2009-2010 la media fue de 11 alumnos equivalentes por profesor equivalente para el conjunto de las
universidades, destacando la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, en las que la ratio se elevaba a 18. Respecto a la dedicación del personal docente e investigador, los créditos impartidos por profesor equivalente a tiempo completo en el curso
2009-2010 ascendían por término medio a 21,6, cifra inferior aún a los 24 créditos previstos en la normativa, si bien existían grandes oscilaciones entre las distintas universidades. Por lo que se refiere a la gestión tanto del personal docente e
investigador como del personal de administración y servicios, destaca la evolución que experimentó en el periodo 2005-2009, con un crecimiento acumulado del 13,3 % para el primer colectivo y el 17 % para el segundo de media para las seis
universidades.
En relación con la contratación administrativa, se detectaron diversas deficiencias e irregularidades en los expedientes, pudiendo señalarse las siguientes observaciones de carácter general. La justificación de las necesidades de la
contratación para el servicio público se hacía habitualmente en términos excesivamente genéricos e imprecisos. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de obras adjudicados por el procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación -concurso- no se concretaba suficientemente la forma de valorar los criterios de adjudicación ni de otorgar las puntuaciones en los
correspondientes baremos. Se ha detectado el funcionamiento indebido del objeto del contrato en diversos expedientes. Se observa frecuentemente la existencia de modificaciones de los contratos, sin que se acreditara que correspondían a
necesidades nuevas o a causas técnicas no susceptibles de previsión en la fase de preparación. En los contratos de obra, se producían significativas demoras y ampliaciones de los plazos de ejecución insuficientemente justificadas e incongruentes
con los criterios de valoración basados en la reducción de los plazos de ejecución.
Finalmente, en algunas de las universidades -las de Zaragoza, Cantabria y Extremadura- subsistían los planes de jubilaciones voluntarias anticipadas e incentivadas del personal docente e investigador, si bien han procedido a su suspensión
con posterioridad al periodo fiscalizado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
¿El señor Sixto quiere intervenir? (Denegación). El señor Buyolo tiene la palabra para las aclaraciones que considere pertinentes.
El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias al señor Álvarez de Miranda por su presencia y por la extensa y pormenorizada exposición de los expedientes que nos ha traído a esta Comisión. Hoy vemos conjuntamente en un solo punto seis informes de
fiscalización de las universidades públicas: politécnica de Cartagena, Zaragoza, La Rioja, Murcia, Cantabria y Extremadura, de los años 2008 y 2009.
Mis primeras palabras, aunque ya han sido reiteradas por más compañeros y compañeras en otras sesiones en diversos momentos, quiero que estén dedicadas a destacar como aspecto negativo la elevada tardanza en la tramitación de estos informes.
Como le decía, estamos hablando de la fiscalización de los años 2008 y 2009, han pasado ya seis años y muchas cosas en este país y, por lo tanto, se desvirtúa la efectividad de estos informes y sobre todo las recomendaciones que de ellos se derivan.
No entienda esto como una crítica sino como una reflexión necesaria para el buen funcionamiento de las instituciones, tanto la que usted dirige como aquellas que tiene encomendado fiscalizar el Tribunal de Cuentas para mejorar su funcionamiento.
Cada día los ciudadanos nos exigen más que exista transparencia y rendición de cuentas; en definitiva, buscan la mejora de las instituciones públicas y por eso es más necesario que la labor que realiza el Tribunal de Cuentas sea más eficaz y
rápida, de tal manera que las instituciones que son fiscalizadas puedan implementar las recomendaciones de los informes.
En los seis informes que estamos viendo encontramos que muchas de las recomendaciones y conclusiones, como usted ha citado ahora, son comunes a todas ellas, a lo cual me referiré posteriormente. Pero también ponen de relieve los informes el
papel fundamental que están realizando las universidades españolas, que, con pocos recursos económicos y con amplias limitaciones, trabajan no solo para formar a nuestros jóvenes sino que además generan investigación y la transfieren a las empresas
para la creación de riqueza y empleo. Una reflexión: más nos valdría apoyar a las universidades españolas, dejar de criticar al profesorado y apostar por una sociedad que forme, genere y transfiera conocimientos.
Las universidades españolas son de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos y las ciudadanas, según una encuesta que realiza el CIS sobre las instituciones en España. Es importante que se siga apoyándolas, ayudándolas y
mejorando aquellas cuestiones que afectan a una de las instituciones mejor valoradas de nuestro país. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista tenemos plena disposición a implementar todas aquellas medidas que, decididas junto a las
universidades, las mejoren.
Me referiré ahora de modo conjunto a las conclusiones de los seis informes que nos han planteado hoy desde el Tribunal de Cuentas. Con referencia a la satisfacción de la demanda, hay que resaltar, como ha reconocido también en su informe,
que en las seis universidades es muy alta, llegando incluso al 99 % en la Universidad de Murcia. Por cierto, sorprende que, frente a las apreciaciones de la universidad de su necesidad de redimensionamiento, así como de la adecuación de los
recursos humanos, estemos comprobando cómo se están abriendo nuevas universidades privadas en España. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ya planteó en la Comisión de Educación una proposición no de ley sobre la necesidad de parar
esta práctica; por un lado, se limitan los recursos a las universidades públicas e incluso se les emplaza a su redimensionamiento, como vemos en los seis informes, y, por otro, se están abriendo nuevas universidades privadas. Sinceramente, vemos
que esto es una falta de coherencia en la manera de entender la política universitaria. También comprobamos en los informes que el tanto por ciento de alumno graduado en comparación con los cinco años anteriores es muy elevado, destacando la
Universidad Politécnica de Cartagena con un aumento del 78 %. Es decir, tenemos que felicitarnos del gran éxito de nuestro sistema universitario y de las propias universidades, que están cumpliendo con su cometido.
Respecto al profesorado, queremos resaltar que en todos los informes se hace referencia a la necesidad de adecuar estos recursos humanos a la realidad del alumnado. Desde nuestro punto de vista los informes adolecen de un defecto de
apreciación y comparación. Cuando hablamos del profesorado no podemos simplemente realizar una evaluación de su tarea en relación con el número de horas lectivas -por supuesto estamos de acuerdo en que ha de cumplirse la normativa y tenemos que ir
a ello- ni con la valoración de los alumnos por aula. El profesor universitario tiene dos funciones primordiales: la docencia y la investigación. Sin embargo, la faceta de investigador no se ve reflejada en los informes y creo sinceramente que
sería de gran utilidad reflejar por igual las dos facetas que hace el profesorado.
En cuanto a los aspectos económicos que se derivan de los informes del Tribunal de Cuentas sobre las universidades analizadas, hay que resaltar la buena labor que están realizando las mismas por gestionar de forma adecuada los pocos recursos
de los que disponen. Para ello quiero destacar dos datos: cinco de las seis universidades han terminado los ejercicios presupuestarios de 2008 y 2009 con saldo positivo. Tan solo la Universidad de La Rioja terminó los dos ejercicios
presupuestarios en negativo, si bien es cierto que en 2009 la cifra se redujo tan solo a 676.000 euros en negativo.
Quiero resaltar también que la capacidad financiera de las universidades ha aumentado en todas ellas en los cinco últimos años, oscilando entre el 9 % y el 51 %. Dentro de esta mejora de la capacidad financiera hay que decir que en muchas
de ellas este aumento ha sido gracias al incremento de la financiación propia y a la buena gestión que están realizando.
Respecto a la fiscalización de los contratos de obras y servicios examinados en las seis universidades que hoy analizamos, hemos encontrado aspectos similares en ellas -que usted ha resaltado- que por supuesto deben subsanarse y ajustarse a
la normativa vigente, así como a los principios de transparencia, información y concurrencia que deben prevalecer en los contratos. Nos ha parecido que quizá ciertas apreciaciones que aparecen en el informe sobre la conveniencia o no de estar
justificada la necesidad de servicio público puedan ser excesivas, si bien es cierto que en el propio informe se recoge que quizá se debe a una falta de justificación por parte de la universidad -usted también lo ha resaltado ahora- y no tanto a una
injustificada necesidad para la universidad.
Por último y en cuanto a las conclusiones de su informe, quiero referirme a algo que usted también ha aludido, los planes de jubilación voluntaria de las universidades de Extremadura, Zaragoza y Cantabria. Tras las recomendaciones que hizo
el Tribunal de Cuentas en diversos informes de otras universidades, la propia Conferencia de Rectores de Universidades Españolas comunicó a todas las universidades las sugerencias del tribunal y, por ello, que se suspendieran los planes de
jubilaciones voluntarias anticipadas. Tan es así que las universidades han cumplido con estas recomendaciones que realizó el propio tribunal y que usted ha reflejado hoy aquí.
Para concluir me referiré a las recomendaciones de los informes en su conjunto, ya que estas son prácticamente iguales en todos ellos. Nos parecen acertadas, entendiendo la necesidad de ser implementadas por parte de las universidades.
Quiero referirme al punto que hace mención a la adecuación de los recursos humanos de las universidades. No creemos que esta deba ser una puerta abierta a la destrucción de puestos de trabajo, ni tan siquiera a la merma del personal docente e
investigador de las universidades. Hay que recordar que estos informes se refieren a los ejercicios 2008 y 2009 y actualmente, por decreto del Gobierno del Partido Popular, las universidades tienen una tasa de reposición del 10 %, que hace hoy en
día que las plantillas hayan envejecido, no se dé paso a los nuevos docentes e investigadores o que tan siquiera se puedan cubrir las necesidades básicas que tienen las universidades.
Concluyo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos una universidad pública que esté a la vanguardia del conocimiento y la investigación y que además esta generación de conocimiento e investigación sea transferida al tejido
empresarial y social de nuestro país. Debemos apostar por nuestras universidades públicas frente a la propensión, tal como comentaba en mi intervención, de instaurar nuevas universidades privadas que no aportan ni mejoran ni ofrecen mayor
conocimiento a nuestro sistema público universitario, y por supuesto se deben tomar en consideración las recomendaciones que usted hace en estos informes.
El señor PRESIDENTE: Para defender la postura del Grupo Popular tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Quiero agradecer la presencia del señor presidente del tribunal.
Antes de comenzar el turno hablando de universidades -siento que no esté el señor Bruguera- quería referirme al comentario sobre los OCEX, que por supuesto me merecen el máximo respeto, pero
es verdad que algunos funcionan mejor que otros y que algunos hacen cosas distintas de otros. En cuanto lo ha dicho me ha venido a la memoria el comportamiento del Síndic de Cuentas en Cataluña respecto al caso Palau. Creo recordar, si no
me falla la memoria, que el tribunal transfirió la instrucción del caso por primera vez en la historia y durante cinco años no hizo nada y ha habido que devolver -la cuestión no sé si está prescrita o no- todo el caso Palau al Tribunal de Cuentas.
Quiero decir con esto que a veces no todas las cámaras de cuentas se comportan igual.
Le felicito, señor presidente, por todos los informes del Tribunal de Cuentas. Le felicito por su exposición. Condensar tanto informe en tan poco rato no es fácil. Al final de esta legislatura usted me tendrá que invitar a una caña, y al
señor Císcar también, porque somos los dos únicos que defendemos día a día en esta Comisión el esfuerzo enorme que están haciendo ustedes por adelantar el trabajo y dar explicaciones. Ni pensándolo bien hubiéramos acertado en cómo está avanzando
esta Comisión, entendiendo que es verdad que hay informes que vienen de atrás, pero no se le puede imputar a usted lo que no es de usted. Bastante está haciendo usted con sacar el trabajo adelante, porque estoy convencido de que en los próximos
años todo va a ir mucho mejor.
Evidentemente, todo el mundo defiende aquí la universidad. Faltaría más que el Partido Popular no la defendiera, pero al final la situación económica es la que es, y no es precisamente la que propició el Partido Popular. Por lo tanto,
venir aquí a pedir mucha más universidad pública cuando ya había recortes importantes de aportaciones de recursos en los años 2009, 2010 y 2011, la verdad es que no deja de sorprender. Lo que uno no acaba de entender es que si el Partido Socialista
está en contra de las universidades privadas -creo recordar que las pocas que hay en mi tierra, en Aragón, se abrieron gobernando el Partido Socialista- cómo no legisló y las prohibió. Es muy bonito venir ahora con discursos distintos a de lo que
se hizo cuando se gobernaba.
Esto daría para muchas horas, para preguntar muchas cosas, pero voy a intentar hacer algo como lo que ha hecho mi compañero el portavoz del Grupo Socialista, sintetizar. No todas las universidades han actuado igual, pero creo que,
intentando ser positivo, hoy toca hacer una radiografía del mundo universitario, pero sobre todo con autocrítica. No puedo entender que donde más autocrítica hay que hacer, que es en la universidad española, fundamentalmente porque es la fuente de
conocimiento y porque es la única manera de avanzar, haya dado la sensación de que hay que encapsularlo todo; todo va bien, todo es estupendo y aquí no pasa nada.
¿Hablamos de mejoras? Evidentemente, es lo que hacen los informes del tribunal, intentar corregir y mejorar con las propuestas de resolución. ¿Cuál es la primera advertencia y observación? Que se avanza poco. Si hay algo que parece
impenetrable a las recomendaciones del tribunal es la universidad española, y a mí me sorprende. En universidades donde se enseñan leyes luego vemos que la ley se incumple permanente y constantemente. Además, es que siempre es lo mismo, da la
sensación de que se viviera al margen del Tribunal de Cuentas. Esto creo que no es bueno para nadie y que debería ser objeto de reflexión. Denominadores comunes sencillos, fáciles y a la vez difíciles de comprender. Las universidades no llevan
contabilidad analítica o de costes. Esto puede parecer una cuestión menor, pero, al final, la contabilidad de costes da posibilidad de análisis de eficacia y eficiencia. Luego, la universidad está renunciando implícitamente a esos análisis.
Tenemos el curso 2015/2016 como horizonte, donde hay que cumplir el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de racionalización de gasto público, y es imposible cumplirlo si no hay una contabilidad analítica. A este respecto me gustaría que
hiciera una reflexión, si lo cree conveniente, sobre lo que puede aportar de positivo, porque da la sensación de que la universidad, insisto, tenga miedo a saber lo que cuestan las cosas. Esto no es bueno, y mucho menos en el tiempo que estamos
viviendo. Las unidades de control interno suelen presentar carencias importantes, fundamentalmente porque no hay personal suficiente, no cuentan con manuales de procedimiento o hay importantes problemas -y a mí esto realmente me llama la atención-
de dependencia orgánica y funcional del rector al que deben rendir cuentas.
Entramos en el capítulo que parece que es más sensible, el de las plazas ofertadas por la universidad, que superan a la demanda, en algunas universidades de manera muy amplia, lo que lleva al tribunal a concluir que la capacidad docente de
la universidad presenta un exceso en relación con la demanda. A esto hay que unirle que el personal ha aumentado en estos ejercicios. Usted ha dado unas cifras que creo que son como para reflexionar, hablaba de ratios del 13 %, incrementos en
gasto corriente, capítulo 2, si no me falla la memoria, del 6 y pico por ciento. Esta es otra cuestión sobre la que reflexionar, si en los tiempos en los que estamos son razonables esos incrementos.
Otra cuestión es que en todas las universidades se refleja que en la mayoría de las ramas de la enseñanza la media de créditos es inferior a los 24 exigidos legalmente. Claro que estoy de acuerdo en que los profesores no solo explican sino
que investigan, pero por saber de lo que hablamos, 24 créditos son 280 horas lectivas al año o, lo que es lo mismo, 8 horas por semana en 30 semanas al año. Dejo ahí la reflexión. Claro que estudian e investigan los profesores, pero no sé si el
modelo es ese o si habría que tener más horas docentes. En definitiva, es todo un debate que daría para muchas horas. Pero eso nos lleva, al final, a la recomendación que hace el tribunal que dice que sería aconsejable -y esto lo hacen en todas
las universidades- que la universidad procediese a elaborar los estudios pertinentes para la adecuación de los recursos humanos. Usted no estaba, pero esta frase dio lugar aquí a un debate, a muchas páginas. Mi compañero el portavoz y diputado por
La Rioja consiguió notable éxito mediático diciendo que la Comisión de Cuentas del Senado quería poco menos que cerrar la Universidad de La Rioja. Me gustaría que reflexionara sobre esta recomendación cargada de sensatez. Si queremos cerrar todas
las universidades privadas, a lo mejor sí que van a hacer falta profesores en las públicas, pero el modelo es el que es y al final hay lo que hay, y sobre todo hay una limitación de recursos económicos importantísima, aunque algunos,
fundamentalmente los que están en la oposición en estos momentos, no se hayan enterado o no se quieran enterar.
De los planes de jubilación a los que se ha referido, tengo una duda. Le felicito, al final, el Tribunal ha conseguido parar algo que no tenía cobertura legal y que va en contra del artículo 5 de la Ley de Clases Pasivas.
El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene que ir terminando.
El señor SUÁREZ LAMATA: Hay que acordarse de dónde venía esto, de aquel modesto presidente de Extremadura que decidió jubilarse un día anticipadamente, el señor Ibarra, que se fue con toda humildad. Al final, hicieron lo que hicieron.
Dice que ya se ha frenado esto, pero todos los que estaban aprobados suponen una carga importante para las universidades en estos momentos. En los informes que usted ha aportado hay cifras de 4,5 millones en alguna universidad. Le hago una
pregunta muy técnica: ¿esto tiene la calificación de pago indebido? Y si es así, ¿qué debería proceder si tuviera consideración de pago indebido?
El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene que ir terminando.
El señor SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presidente, son ocho informes. Uno tiene capacidad de síntesis, pero tanta, tanta...
Voy acabando. Se han citado deficiencias. No voy a entrar, pero me interesaría, sobre todo, señor presidente, que aclarara esas dos cosas. En qué términos está formulado lo de los recursos humanos. Yo lo entiendo, pero aquí, al parecer,
mucha gente no, sobre todo los que están a mi derecha. La segunda cuestión es lo de los pagos indebidos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): En relación con la cuestión del retraso, hay que hacer la advertencia de que ya se están aprobando en esta Comisión -de hecho, se han aprobado- informes de las
universidades referidas al periodo 2010-2011. Con estos informes estamos dando tramitación a informes de ejercicios anteriores que estaban pendientes de revisión en esta Comisión. Quiere decirse que, efectivamente, llevamos retraso, pero no es el
que se pudiera derivar de la simple comparación entre los informes de 2008-2009, que estamos viendo ahora, y la fecha actual. Hay que indicar que, por otra parte, el departamento correspondiente de comunidades autónomas, que es el responsable de
llevar a efecto este tipo de trabajos tanto de fiscalización de las administraciones generales de las comunidades autónomas como de las universidades de estas comunidades, en este año y medio ha aprobado por encima de los veintitantos informes, lo
que quiere decir que el esfuerzo desarrollado es un esfuerzo constatable y de recuperación del retraso respecto de los ejercicios anteriores, tarea en la que está comprometido para el futuro. Espero poder convencerles a ustedes de que efectivamente
en los meses y años posteriores nos vamos a poner plenamente al día en la fiscalización de este tipo de entidades.
Me plantean que los informes del tribunal pueden suponer una crítica a la universidad y al profesorado de la universidad que pudiera ser injusta. Creo que la obligación del tribunal es
presentarles a ustedes la realización de su trabajo, que no pretende criticar ni a la universidad ni al profesorado sino, al contrario, mejorar la gestión universitaria, que efectivamente tiene aspectos muy positivos, pero, como toda
actividad pública, tiene que ser sometida al control, y el control señala varias cuestiones, muchas de las cuales, desde mi punto de vista, son incontestables, como es lo cierto que la existencia de una oferta superior a la demanda está constatada
claramente en todas estas universidades y, por tanto, me limito a ponerla de manifiesto en esta Comisión para que sea tenida en cuenta por ustedes a la hora de realizar sus propuestas de resolución y sus alternativas para la mejor gestión pública de
la universidad.
En relación con la gestión de los profesores, el tribunal utiliza un término que tiene que valorarse en su expresión concreta que es la de comparar alumnos equivalentes y profesores equivalentes, que son cifras que efectivamente no hacen
referencia a división entre profesores y alumnos sino que establecen un concepto que pueda ser utilizado al efecto de la gestión universitaria en las diferentes universidades y teniendo en cuenta los créditos y los compromisos que están establecidos
tanto en el ámbito de la propia universidad como legalmente para considerar que una gestión universitaria es correcta. En este aspecto, el tribunal indica que para la dedicación del personal docente e investigador se están utilizando estos cómputos
incorporando también el tiempo manifestado de dedicación a la investigación; es decir, no sería justo venir a decir que el tribunal no está teniendo en cuenta el tiempo dedicado a investigación para la realización de este cómputo porque no es así.
Por tanto, el planteamiento de los informes del tribunal en relación con estas materias viene a señalar que esta brecha entre lo que eran estos porcentajes de profesor equivalente por alumno equivalente, que en los años anteriores era incluso
superior, se ha reducido pero todavía no llega a los 24 créditos que se establecen en la normativa y, por consiguiente, nos quedamos exclusivamente en señalar ese eventual incumplimiento y las consideraciones y conclusiones creo que las sacarán
ustedes.
En relación con los planes de jubilación, tanto el ministerio fiscal como la Abogacía del Estado en su momento establecieron que había un eventual supuesto de responsabilidad contable. De esto hace ya bastante tiempo. Me pregunta el señor
Suárez si en mi consideración tendría la calificación de pago indebido y he de decirle que la calificación de pago indebido corresponde a la sección de enjuiciamiento del tribunal y en el tribunal somos muy respetuosos de lo que en ese ámbito se ha
ido produciendo en esta materia. Estaban abiertos una serie de expedientes en la sección de enjuiciamiento. Lo que puedo decirle, no con el detalle que posiblemente usted requeriría, es que en buena parte de ellos se ha procedido a su archivo en
la sección de enjuiciamiento. No le puedo dar más datos ni más consideraciones en relación con esa cuestión, lo cual no invalida que como fiscalizadores, cuando analizamos este tema en el Tribunal de Cuentas, llegamos a la conclusión y planteamos
que no existía la adecuada cobertura legal para esos pagos, que es el resultado del informe de fiscalización y que por supuesto el tribunal sigue manteniendo.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los intervinientes quiero alguna aclaración?
Señor Sánchez Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Me gustaría hacer una aclaración en relación con la universidad de Extremadura, si es posible. Un minuto.
El señor PRESIDENTE: No ha lugar, ya ha intervenido una persona por su grupo.
Despedimos al presidente del tribunal y le damos las gracias por su intervención.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 POR LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente del Congreso 251/000028
y número de expediente del Senado 771/000026).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, EJERCICIO 2008, REFERIDA EN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL Y RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA RELATIVAS AL INFORME DE LA FUNDACIÓN,
EJERCICIO 2001. (Número de expediente del Congreso 251/000032 y número de expediente del Senado 771/000029).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, EN RELACIÓN CON LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008. (Número
de expediente del Congreso 251/000037 y número de expediente del Senado 771/000035).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., EJERCICIOS 2008 Y 2009, EN LO RELATIVO A SUS INVERSIONES EN INMOVILIZADO Y A LA GESTIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL. (Número de expediente del Congreso
251/000038 y número de expediente del Senado 771/000037).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL SUSCRITOS POR LAS PRINCIPALES ENTIDADES LOCALES DURANTE LOS AÑOS 2005, 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000043 y número de
expediente del Senado 771/000041).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS, EJERCICIO 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000044 y número de expediente del Senado 771/000043).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL EJERCICIO 2008 POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL SOMETIDAS A LA LEGISLACIÓN DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente del Congreso
251/000078 y número de expediente del Senado 771/000076).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL EJERCICIO 2009 POR LAS ENTIDADES ESTATALES QUE, DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de
expediente del Congreso 251/000091 y número de expediente del Senado 771/000089).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con el orden del día. Iniciamos el debate y votación de las propuestas de resolución. ¿Algún grupo va a querer intervenir en alguno de los puntos de propuestas de resolución? (Pausa). Entiendo que
no. Por tanto, vamos a proceder a la votación. Las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) decaen porque no hay nadie aquí que las defienda. Por tanto, vamos a votar las de los grupos aquí presentes.
Pasamos al punto 14.º del orden del día, informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 y 2007 por las entidades sometidas al texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas. Vamos
a empezar votando las propuestas de resolución del Grupo Socialista. Son las numeradas del 1 al 7. Votamos la número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Vamos a votar conjuntamente las numeradas del 8 al 13, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos al punto 15.º, informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicio 2008, referida en especial al seguimiento de las recomendaciones del tribunal y resoluciones de la Comisión Mixta relativas al informe de
la fundación, ejercicio 2001. Vamos a votar las únicas propuestas de resolución presentadas, que son las números 1 a 3, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos el punto 16.º, informe de fiscalización sobre el cumplimiento del principio de transparencia establecido en la legislación sobre Estabilidad Presupuestaria, en relación con los Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios
2007 y 2008. Empezamos votando la número 1, de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 2, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
El resto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las del Grupo Popular. En primer lugar, la número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 1; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 9, 11, 12, 13 y 15.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Punto 17.º, informe de fiscalización de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., ejercicios 2008 y 2009, en lo relativo a sus inversiones en inmovilizado y a la gestión del Servicio Postal Universal. El Grupo Socialista ha presentado
dos propuestas de resolución, las numeradas con el 1 y el 2, que votamos conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Popular ha presentado una, con el número 3.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos al punto 18.º, informe de fiscalización sobre los contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por las principales entidades locales durante los años 2005, 2006 y 2007. El Grupo Socialista ha presentado ocho
propuestas de resolución, numeradas del 1 al 8. Vamos a votar primero de la 1 a la 3.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos el resto, de la 4 a la 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las del Grupo Popular. En primer lugar, las números 9 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
La número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto número 19.º, informe de fiscalización de la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros, ejercicio 2008. En primer lugar, la propuesta número 1, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La número 2, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto 20.º, informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2008 por las entidades del sector público estatal sometidas a la legislación de contratos de las administraciones públicas. En primer lugar,
votamos de la 1 a la 7, del Grupo Socialista.
El señor SUÁREZ LAMATA: Perdón, señor presidente, esta votación es similar a la de los puntos 14.º y 21.º porque se han planteado las mismas propuestas de resolución. Por lo tanto, la 2 va aparte.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Votamos en primer lugar la número 2, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de propuestas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos de la 8 a la 13, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el punto 21º, informe de fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2009 por las entidades estatales que, de acuerdo con la Ley de contratos del sector público, tienen la consideración de administraciones
públicas. En primer lugar votamos la número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del resto de propuestas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las números 8 a 13, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Dándoles las gracias a todos ustedes, se levanta la sesión.
Eran las nueve de la noche.