CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 857

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO

Sesión núm. 21

celebrada el martes,

30 de junio de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora Deputy Head of Unit Disability Rights DG Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility de la Comisión Europea (Placencia Porrero), para informar sobre:


- Las políticas que actualmente se están desarrollando en relación con la discapacidad en el ámbito europeo. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000742) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Las políticas que actualmente se están desarrollando en relación con la discapacidad en el ámbito europeo. Por acuerdo de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. (Número de expediente 219/000802) ... href='#(Página2)'>(Página2)

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Se abre la sesión a las doce y cuarenta minutos del mediodía.


La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos la sesión de hoy con la única comparecencia que hay señalada para esta mañana de doña Inmaculada Placencia Porrero, que es jefa adjunta de la Unidad D4 de Derecho de las Personas con Discapacidad
de la Comisión Europea de la Dirección General de Empleo, para informar sobre las políticas que actualmente se están desarrollando en relación con la discapacidad en el ámbito europeo. Dicha comparecencia ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular y por la Mesa de la propia Comisión.


Le damos la bienvenida a doña Inmaculada, le agradecemos su presencia en la Comisión y, sin más, tiene la palabra.


La señora DEPUTY HEAD OF UNIT DISABILITY RIGHTS DG EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS, SKILLS AND LABOUR MOBILITY DE LA COMISIÓN EUROPEA (Placencia Porrero): Muchísimas gracias, por la oportunidad que me ofrecen para venir aquí y poder presentar el
trabajo que hacemos en Bruselas, concretamente en la Comisión Europea, en relación con las políticas de discapacidad.


He preparado una pequeña presentación: la primera parte se refiere a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la segunda parte se enfoca en la estrategia europea para la implementación de la convención. Las
razones por las que empiezo por la convención es porque es el lugar desde donde hace unos años se encuadran todas las iniciativas que tomamos en temas de políticas de discapacidad. La mayor parte de la responsabilidad de las políticas de
discapacidad en Europa recae sobre los Estados miembros. De todas maneras, a nivel europeo tenemos políticas específicas de discapacidad porque las personas con discapacidad en Europa tienen derechos, pero también se encuentran con obstáculos,
experimentan discriminación y tienen problemas comunes de accesibilidad, y por tanto la actuación a nivel europeo resuelve esos problemas, y además, porque las actuaciones a nivel europeo en muchos de los temas en los que tiene competencia la Unión
Europea, tanto en iniciativas políticas como en temas de legislación o financiación, tienen un impacto sobre las personas con discapacidad. La política de discapacidad intenta que, cuando se llevan a cabo iniciativas en cualquier ámbito, se
contemple cuál es la repercusión en las personas con discapacidad y consecuentemente se introduzcan dentro de esas políticas generales acciones específicas para la discapacidad.


Como he dicho, la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad lleva ya muchos años enmarcando y dando forma a las políticas europeas de discapacidad, incluso antes de su firma. Durante las
negociaciones, una vez que se iba viendo la forma que iba a tomar la convención, ya en los primeros planes de acciones europeos en los años 2005 y 2006, ya se hacía referencia a la convención y se empieza a hacer ese cambio, que la convención ha
traído toda Europa y está trayendo a todo el mundo, de la aproximación a la discapacidad como una cuestión legal y una cuestión de derechos, haciendo que evolucione desde un tema puramente de servicios sociales o de asistencia social.


La convención fue firmada en el año 2007, una vez que se puso a disposición de los Estados partes por la entonces Comunidad Europea, hoy día Unión Europea, y entró en vigor en el año 2008 en mayo. En agosto de ese mismo año la Comisión
presentó una propuesta para que el Consejo adoptara la decisión de concluir la convención. Se tardaron dos años en negociar con los Estados miembros esa decisión del Consejo, por varios motivos que se ven reflejados en el mismo documento. En
primer lugar, por la declaración de competencias, ya que había que determinar qué responsabilidades tenían los Estados miembros a la hora de poner en práctica la convención y cuáles correspondían a la Unión Europea. Quitando algunos temas
puntuales, la conclusión a la que se llega es que la mayoría de las competencias, en las que tiene la Unión también competencias, son compartidas. La segunda razón por la que se tardó tanto tiempo -dos años- en concluir la convención fue porque la
práctica correcta hubiera sido que todos los Estados miembros y la Unión Europea hubieran depositado los instrumentos de ratificación en Naciones Unidas a la vez. Este no fue el caso, hubo países que se adelantaron e inmediatamente ratificaron,
mientras otros países todavía no han ratificado. En estos momentos hay veinticinco ratificaciones y tres países que están finalizando el proceso de ratificación, todos han firmado. En el momento en que hubo más de la mitad de los países se decidió
que, aunque no todos habían ratificado, era importante que la Unión depositara el instrumento para no dar lugar a un vacío jurídico en términos de responsabilidades y competencias.


Además, en el año 2008, a la vez que se presentó la propuesta de decisión del Consejo para la ratificación, se hizo otra propuesta, la propuesta para ratificar el protocolo opcional. Este protocolo opcional permite a las personas con
discapacidad, una vez que han recorrido los procesos nacionales, que puedan depositar una queja o una comunicación, que es como se llama, ante el Comité de las personas con

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discapacidad relacionada con posibles incumplimientos de las obligaciones de la convención por los Estados partes. Este protocolo todavía no se ha notificado por parte de la Unión Europea. Los Estados miembros han tomado más tiempo para
empezar a ratificar el protocolo y todavía tenemos que tener una discusión profunda sobre las implicaciones que esto tendría en el orden jurídico europeo. Además, quiero resaltar el papel que ha jugado el Grupo de alto nivel de discapacidad donde
los Estados miembros están representados, porque ha contribuido a avanzar en la puesta en práctica formal de la convención.


Me gustaría profundizar un poquito más en qué es lo que ha significado y significa la convención en el ordenamiento legal europeo. Como queda claro por medio de los tratados, la Comisión Europea tiene el poder de iniciativa basado en las
transferencias de poderes que han realizado los Estados miembros a la Unión Europea. Entonces para poder actuar en temas relacionados con la convención, tenemos que referirnos a las competencias transferidas en el tratado. Quiero aclarar esto
porque muchas veces se nos dice que por qué la Comisión no presenta propuestas en temas determinados que están fuera de las competencias del tratado, pero esto no es posible. Para centrarnos en las actividades que realizamos, el tratado es el que
da las competencias y es el que permite la toma de iniciativas.


Sin embargo, es importante saber que la convención está debajo de los tratados, pero por encima de la legislación secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se realiza cualquier iniciativa política o legislativa hay que
respetar la convención, así como prever cuáles son las obligaciones que la convención impone a los Estados parte. Cuando miramos las iniciativas políticas, como los programas de financiación o las iniciativas legislativas de la Unión Europea que
están documentadas en la decisión del Consejo, vemos que la base legal es muy variada. Aunque en el tratado solo aparece la mención a la discapacidad en el artículo 19 y en el artículo 10, que trata de la no discriminación, la mayoría de las
medidas tomadas están basadas en otra base legal, o bien son medidas para la armonización del mercado interior o para la mejora del trasporte, o bien se trata de la regulación de las ayudas de Estado que tienen que ver con el empleo, la política
social o la educación, o tienen que ver con otras, por ejemplo, con las telecomunicaciones. Esto quiere decir que en la mayoría de las medidas estamos incorporando la dimensión de la discapacidad cuando se actúa en las áreas generales que cubre el
tratado.


Además, como parte íntegra del tratado está la Carta de Derechos Fundamentales y la menciono porque el tema de la discapacidad aparece en dos artículos: en el artículo 21, que prohíbe la discriminación, y en el artículo 26, que reconoce el
derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de las actuaciones de la Unión Europea y aclara que hay que tomar en cuenta la discapacidad en estas actuaciones. Es importante resaltar cuál es la relación entre la Carta de Derechos
Fundamentales y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hay una serie de documentos que indican que cuando se miran los derechos fundamentales de las personas con discapacidad hay que interpretar la
Carta de Derechos Fundamentales, de acuerdo a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. No se puede interpretar ninguno de los artículos con un nivel más bajo de lo que indica la convención. Esto nos ha ayudado mucho a la
hora de tomar medidas porque cuando se realizan los estudios de impacto socioeconómico para presentar cualquier iniciativa, hay que ver el impacto que tiene en los derechos fundamentales. Esa conexión con la convención es la que nos permite tener
una vía directa para que, en esos estudios de impacto socioeconómico, se puedan sobre la mesa el impacto en las personas con discapacidad y el respeto a las obligaciones de la convención.


Como he dicho, la aplicación de la convención y las obligaciones que están incluidas están compartidas entre los Estados miembros y la Unión Europea. Esa es la parte de la que he hablado hasta ahora, pero además hay otro elemento muy
importante que es que la convención se aplica en su totalidad, en cuanto a los artículos que sean relevantes, a las instituciones europeas. La puesta en práctica de la convención debe ser también realizada en todas las instituciones europeas: en
el Consejo, en el Parlamento, en la Comisión y en las agencias. De todas las áreas que cubre la convención, sobre todo, tiene dos vertientes importantes: la primera atañe a las personas con discapacidad en cuanto a empleados, a trabajadores dentro
de las instituciones europeas, y la segunda, al ciudadano que visita o interactúa con las instituciones europeas. Los derechos del trabajador, por un lado, y los temas de accesibilidad, por otro, son las dos prioridades que tenemos en cuanto a la
aplicación de la convención en las instituciones.


Para completar la visión general del marco jurídico de la convención, me gustaría dedicar unas palabras a la gobernanza de la convención. El artículo 33 de la convención indica que cada Estado parte debe de nombrar un punto focal, que en el
caso de la Unión Europea es la Comisión Europea, la unidad en la que yo trabajo. En esta unidad tenemos la obligación de poner en práctica la convención, de hacer cumplir las obligaciones y de hacer que el acceso a los derechos que están indicados
en la convención sea una realidad.

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Me he referido antes a los estudios de impacto, que son uno de los instrumentos para poner en práctica la convención. Cuando empezamos a hacer cualquier iniciativa lo primero que realizamos es un estudio de impacto socioeconómico para ver
cuáles son las consecuencias para las personas con discapacidad, por supuesto respetando los derechos fundamentales, y a partir de ahí actuar en consecuencia. Además, tenemos un Mecanismo de coordinación -también lo indica el artículo 33 de la
convención- compuesto por un grupo dentro del Consejo de la Unión Europea, que es el Grupo de derechos humanos que trata los temas externos de derechos humanos, además de otros asuntos como la puesta en práctica de la convención. Ellos son los que
se coordinan con cualquier otro grupo relevante, es decir, cuando estamos hablando de temas de empleo tienen la obligación de coordinarse con los otros grupos, con las otras configuraciones por así decirlo, del Consejo. Con el Mecanismo de
coordinación intercambiamos documentos, nos coordinamos en la participación en la Conferencia de Estados partes, coordinamos las ponencias y las intervenciones, etcétera.


Es ahí donde tendremos que discutir en el futuro el posible acceso al protocolo opcional. Para regular esa cooperación hay un código de conducta que es público y que contiene cómo se va a cooperar entre la Comisión, el Consejo y los Estados
miembros, en términos de intervenciones o de intercambio de información e indica también cómo se va a avanzar en la puesta en práctica del Mecanismo independiente, que es el último punto de la estructura de la gobernanza de la convención. Este
marco, incluyendo el Mecanismo independiente, se diseñó intentando minimizar el impacto a nivel económico, pero maximizando la utilización de mecanismos u organizaciones existentes y coordinando las distintas competencias que tienen. Está formado
por cinco organizaciones: el Defensor Europeo; el Foro Europeo para la Discapacidad, en tanto que representa a las personas con discapacidad a nivel europeo; representantes del Parlamento Europeo, con los tres grupos principales, el Grupo de
Empleo, el Grupo de Derechos Fundamentales y el Grupo de Peticiones del Parlamento; la Agencia de Derechos Fundamentales, como organización independiente para la recogida de datos; y por último, la Comisión Europea, debido a la obligación que
tiene la Comisión Europea de hacer un seguimiento de la legislación europea vis a vis con los Estados miembros. Cada una de estas organizaciones -es muy importante entenderlo- tiene una tarea que realiza de manera independiente. Eso no quiere
decir que todas y cada una de las organizaciones sean independientes en todas las tareas que realizan, pero sí en las tareas que realizan dentro de este mecanismo.


El mecanismo ha empezado a funcionar hace poco más de un año y tenemos muy buena colaboración. Vamos a ver a partir de agosto de este año, que será cuando vayamos a Ginebra a participar en el diálogo con el Comité de las Personas con
Discapacidad, cuál será el feedback que nos van a dar los miembros del comité. Efectivamente, este año es muy importante para la Unión Europea, porque es la primera vez en la historia que va a haber un diálogo sobre una Convención de derechos
humanos con las Naciones Unidas. En junio del año pasado se mandó el informe sobre la puesta en práctica de la Convención y en abril de este año recibimos la lista de cuestiones, que profundizaban en algunos aspectos concretos de mercado interior,
recogida de datos y prácticamente todos los artículos de la Convención, y ha sido hace un par de semanas cuando hemos mandado la respuesta a esa lista de cuestiones. Como digo, el diálogo tendrá lugar en agosto de este año y en septiembre nos darán
las conclusiones del Comité. Y con esas conclusiones, tendremos una reflexión sobre cómo continuar con la estrategia europea de discapacidad.


Voy a dedicar ahora unos minutos a explicar brevemente en qué consiste esa estrategia, cuáles son los objetivos y los puntos más importantes de su contenido. La estrategia se lanzó en el año 2010, más o menos a la vez que concluyó la
Convención, con el objetivo general de capacitar a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse plenamente de una participación en la economía y la sociedad europea, especialmente a través del mercado
único. La idea era tomar medidas para crear una Europa sin barreras y se identificaron ocho ámbitos de actuación: en primer lugar, la accesibilidad como condición previa a la participación; segundo, la participación en igualdad de condiciones de
las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad; tercero, la igualdad, trabajando para eliminar la discriminación en Europa; cuarto, el empleo, enfocándolo en el entorno abierto de trabajo para poder participar
con independencia en la economía europea y como medida de realización personal; quinto, la educación y la formación, haciendo hincapié en estos puntos y promoviendo en Europa la educación inclusiva, para que todas las personas con discapacidad,
niños y adultos, puedan tener acceso, primero, a una ecuación inclusiva y, después, continuar su formación a lo largo de la vida, en igualdad de condiciones que otras personas. El siguiente punto se refiere a los temas de protección social y,
aunque la mayor parte de las competencias en este campo recaen sobre los Estados miembros, hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la libre circulación en Europa,

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la movilidad de unos países a otros, en lo concerniente a beneficios por la discapacidad y acceso a las tecnologías de apoyo. El séptimo punto es la salud, donde también se hace hincapié en la igualdad de derechos en el acceso a la misma.
Y, por último, la acción exterior, vista como cooperación al desarrollo, con la incorporación de la dimensión de la discapacidad en las acciones exteriores de la Unión Europea, de manera que las personas con discapacidad en estos países puedan
beneficiarse de la acción exterior. Nos aseguramos de que, cuando las ayudas se utilizan para la creación de escuelas y otras infraestructuras, estas también sean accesibles para las personas con discapacidad, al tiempo que hay un tratamiento
adecuado en situaciones de emergencia y riesgo humanitario, así como la consideración de la discapacidad en las negociaciones que se tienen con los países candidatos.


Esta estrategia, que se lanzó en 2010, tiene como objetivo concluir en 2020 y está acompañada de una lista de acciones muy concretas y diversas. Este es el marco en el que estamos avanzando en la implementación y en la puesta en práctica de
la Convención y es en este contexto en el que recibiremos las conclusiones del Comité. Veremos qué habría que actualizar, reforzar o cambiar en la estrategia, para asegurarnos de que en el año 2020 se hayan obtenido los objetivos por los que se
lanzó. Y las herramientas que tenemos para poner en práctica esta estrategia son muy diversas. Así, en términos de legislación, la estrategia se refiere a distintas iniciativas legislativas, como la finalización de la directiva sobre no
discriminación, las propuestas de la Comisión sobre los derechos de las personas con movilidad reducida en el transporte, la directiva sobre accesibilidad a las páginas webs. Otra de las herramientas que tenemos es lo que llamamos mainstreaming
-que nunca sé traducir correctamente-, consistente en la obligación que nos hemos impuesto de introducir el elemento de la discapacidad en las acciones que se incluyen en el programa de trabajo de la Comisión, en general. Todos los años, cuando la
Comisión presenta el programa de trabajo, lo primero que hacemos es un análisis exhaustivo y analizamos cuáles son las iniciativas más relevantes con respecto a la discapacidad, nos ponemos en contacto con las direcciones generales y trabajamos
conjuntamente para introducir en sus trabajos esta dimensión de la discapacidad. Otra de las herramientas es la cooperación, tanto con los Estados miembros, de manera formal, por medio de los grupos del Consejo y el grupo de alto nivel de
discapacidad, formado por expertos nacionales en discapacidad, pero también a través de organizaciones no gubernamentales, con organizaciones que representan a las personas con discapacidad. La Comisión financia a la mayoría de las organizaciones
europeas inmersas en esta cuestión para que puedan participar en el diálogo de política europea, para que puedan presentar su visión y para que puedan reclamar también sus derechos, al tiempo que coordinarse a nivel europeo con las organizaciones
nacionales que tratan de alguna discapacidad específica. Y además, tenemos una cooperación específica en organismos internacionales, no solamente en Naciones Unidas, sino también de forma bilateral, por ejemplo, con Estados Unidos en el área de la
accesibilidad. Y en cuanto a la financiación, los programas de fondos estructurales, del Fondo Social Europeo, de investigación, de conexión de redes transeuropeas de transporte contemplan un artículo relacionado con la discapacidad para asegurarse
de que se respeta, por una parte, la accesibilidad y, por otra parte, la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad.


En la estrategia también llevamos a cabo una serie de acciones de concienciación, como campañas de información. Por ejemplo, realizamos una sobre el modelo de tarjeta europea de estacionamiento, para que sea más conocido en todos los
Estados miembros y se facilite el reconocimiento mutuo de las diversas tarjetas nacionales. Además, tenemos intercambios concretos de informaciones en conferencias -por ejemplo, todos los años celebramos la Conferencia del Día Europeo de la
Discapacidad-, profundizando en temas concretos que las organizaciones y, en concreto, el Foro Europeo de la Discapacidad nos señalan como prioritarios para tratar con los Estados miembros y con expertos para poder avanzar a nivel europeo. Además,
tenemos el que llamamos foro de trabajo sobre la Convención, donde una vez al año reunimos a todos las organizaciones de la gobernanza nacional en Bruselas y hablamos sobre la coordinación, sobre cómo poner en práctica la Convención de una manera
coherente a nivel europeo, más allá de las estrictas competencias y obligaciones que tenemos cada uno. Así, todos los años nos reuniones con los representantes de puntos focales, de los mecanismos independientes, de los mecanismos de coordinación y
de personas con discapacidad para hablar sobre temas concretos. Por ejemplo, este año hablamos sobre la recogida de datos.


Y esto enlaza con los tres siguientes puntos, entre los que se encuentra la realización de informes anuales sobre ciertos temas -por ejemplo-, todos los años realizamos un informe sobre la situación en el empleo, la situación en educación y
el riesgo de pobreza, para poder informar sobre el proceso del semestre europeo y conocer la situación de las personas con discapacidad con relación a las personas que no la sufren y analizar cómo se debe ir cerrando esa brecha que hemos venido
identificando durante

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años y qué iniciativas debemos tomar para asegurarnos de que efectivamente se cierra. Además, tenemos estudios en temas concretos: por ejemplo, ahora mismo vamos a publicar un estudio sobre el acceso a los servicios de salud en el que se
analiza la situación en cada uno de los Estados miembros. Contamos ya con datos estadísticos que indican cómo repercute la situación política, así como la legislación nacional y europea en los individuos con discapacidad en cada uno de los países.


Y esto me lleva al punto de la recogida de datos estadísticos, un reto muy difícil de superar porque cada uno de los Estados miembros ya tiene una tradición de cómo llevarlo a cabo. No obstante, estamos haciendo un esfuerzo para armonizar
esa recogida de datos, por dos razones: primero, para economizar en las herramientas que definen esa recogida de datos, pero también para poder comparar la situación en los distintos Estados miembros y tener una visión general de lo que pasa en
Europa. En estos momentos tenemos una recogida sobre datos referidos a la situación de pobreza que nos muestra también la situación social de las personas con discapacidad y el riesgo de pobreza. También tenemos -como he dicho antes- datos
relativos a educación y empleo, pero, por ejemplo, la discapacidad no es una de las preguntas que se incluyen en lo que llamamos labour force survey -no recuerdo ahora cómo se traduce-, la gran encuesta europea sobre la situación en el empleo, razón
por la que solo tenemos datos puntuales, y no todos los años. Estamos haciendo un esfuerzo para concienciar a los Estados miembros de la importancia de la inclusión de una pregunta sobre discapacidad en estas encuestas, pero, si no contamos con un
consenso, es difícil que se lleve a cabo. Por último, me gustaría resaltar la herramienta relativa a la impartición de cursos sobre las implicaciones de la Convención a compañeros que están trabajando en distintos temas. Por ejemplo, a quienes
trabajan en el Fondo Social Europeo, en temas de transporte de mercado interior. Y el pasado año hicimos un curso en las delegaciones de la Unión Europea para que, cuando las personas con discapacidad en países fuera de la Unión que se acerquen a
las delegaciones, se pueda conocer la Convención y sus implicaciones.


En la siguiente transparencia he resaltado cuáles son los datos de que disponemos. Como he dicho, hacemos una recogida de datos anual sobre condiciones de vida, situación social y salarios. Este año vamos a obtener los resultados de una
encuesta europea sobre participación social, y es la mayor encuesta que se ha realizado en Europa sobre la situación social de las personas con discapacidad en cuanto acceso al transporte, a la política y una serie de aspectos sobre los que hasta
ahora no había datos a nivel europeo. También el año pasado publicamos un módulo específico sobre la situación en el empleo y el próximo vamos a publicar los resultados sobre la recogida de datos en temas de salud, para conocer cuál es la
situación, no solo por lo que se refiere al acceso a los servicios de salud, sino también a la situación de salud de las personas con discapacidad y el impacto que la legislación tiene en temas económicos. Como bien es sabido, en algunos países hay
aspectos relativos al acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidad que no están cubiertos por la Seguridad Social u otros seguros y recaen sobre el individuo directamente, gravando la situación familiar.


Por último, hay que resaltar que tenemos una red que se llama ANED, una red europea de expertos académicos en discapacidad, que tiene una página web, está financiada por la Comisión Europea y publica todos estos estudios que he mencionado.
Además, tenemos sección de la red que llamamos Dotcom -correspondiente a las iniciales de Disability Online Tool, que quiere decir herramienta en línea sobre la discapacidad-, con información sobre las áreas más importantes de la Convención en cada
uno de los Estados miembros. La idea de esta herramienta era la de recoger el marco legislativo, el marco político en cada uno de los Estados miembros y ver los instrumentos que estos han puesto en marcha para realizar ese cambio en la aproximación
a los derechos que exige la Convención. Por supuesto, además hay una sección europea, pero esta nos permite seleccionar los países en los que estamos interesados y escoger un tema, ver cuál es la situación en todos los países o simplemente coger un
país y tratar cada uno de los temas indicados. Este año hemos anunciado que vamos a añadir una sección en esta herramienta para que las organizaciones de personas con discapacidad puedan dar su visión sobre cómo funcionan. Hasta ahora esta ha sido
una información neutral desde el punto de vista académico, sin dar opinión sobre la calidad de estas herramientas, pero hemos querido que fueran las personas con discapacidad quienes presentasen su visión sobre el impacto que tienen los distintos
elementos sobre ellos y, si funcionan, cuáles les parece que habría que mejorar o a cuáles prestar mayor atención. Finalmente, en esta red publicamos una serie de indicadores que permiten ver la evolución de los datos estadísticos a lo largo de los
cuatro o cinco años que llevamos recogiendo información.


En definitiva, he incorporado una serie de referencias que creo que serán interesantes para poder entrar en más detalle en algunas de las iniciativas que llevamos a cabo. Les agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier
pregunta que puedan tener.

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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, doña Inmaculada, por esta visión tan importante que desde Bruselas se está realizando en relación con las personas con discapacidad, que a esta Comisión nos abre mucho los ojos.


En un turno de portavoces, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, grupo solicitante de la comparecencia, tiene la palabra don Francisco Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: He de decir que fue acuerdo de todos los que participamos en la visita solicitar esta comparecencia, aunque lo haya materializado mi grupo.


En primer lugar, doña Inmaculada, quiero darle las gracias por su comparecencia, por haberse tomado la molestia, que, desde luego, lo es venir desde Bruselas para comparecer un ratito, y por eso se lo queremos agradecer de una manera sincera
y efusiva. En segundo lugar, le damos la bienvenida y mostramos la satisfacción que nos produce -por lo menos, hablo en nombre de mi grupo- ver que se están haciendo cosas, y cosas interesantes, en la Unión Europea a favor de las personas con
discapacidad y a favor de esa cantidad de cuestiones que todavía no están resueltas y para las que hay que encontrar un cauce de salida, un cauce que todavía no está hecho aunque estamos en el buen camino -siempre digo lo mismo-, porque,
efectivamente, no está resuelto como para echar las campas a la vuelo. Por tanto, tiene sentido que se ocupen y preocupen de esta situación.


Como usted sabe y ya le comentamos, creo que España fue el primer país donde se creó una comisión específica sobre discapacidad. Concretamente, en nuestro país hay una cantidad considerable, cerca de cuatro millones de personas, con
dificultades, con inconvenientes, en situaciones todavía insalvables, y hay que facilitar la forma de resolver esos problemas para que podamos ser -y hablo ya también en nombre de la discapacidad, por mi doble condición de diputado y de persona con
discapacidad- personas con igualdad de derechos; que lo somos, pero muchas veces no tenemos acceso a su disfrute. En cualquier caso -insisto-, ha sido una intervención ilustrativa e interesante, pero, en esta doble condición, permítame que me
ponga el traje de discapacitado, más que el de diputado. Ya me resultó muy ilustrativa su intervención en Bruselas. Yo sabía de su trabajo: llevo mucho tiempo en este mundillo y, por lo tanto, desde un punto de vista u otro seguía estas
cuestiones, porque personalmente me afectan y, en segundo lugar, porque creo que mi obligación es trabajar en este campo para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Pero yo quería dejar un poquito la filosofía y bajar al terreno de
andar por casa y también quería dejar los acrónimos -que he visto muchos, que están muy bien para los técnicos, para los especialistas, porque son una forma de trabajar muy práctica y eficaz-, ya que muchas veces lo que quieren las personas con
discapacidad es que se piense en el día a día, en la cosa concreta, en el detalle, en cómo se va a resolver lo mío el día de mañana o esta tarde, o sea, en cómo vamos a dar salida entre todos a estas cuestiones. Es una labor de la que siempre he
dicho que nadie se puede arrogar el éxito o el fracaso de una política. Creo que los temas de política de discapacidad afectan a todos y en todas las ideologías hay una ocupación y una preocupación por la discapacidad. Con matices, porque es
evidente que tenemos matices ideológicos, creo que, en el fondo, todos perseguimos el mismo objetivo, que es conseguir esa inclusión social de las personas con discapacidad. Lo creo, lo reconozco y considero que todo el mundo, desde su posición en
cada momento -la que sea-, trabaja con esa idea. Y creo que en España -es una opinión personal- cada vez hay una mejor legislación -no digo que estemos en el mejor de los mundos- y lo que falta ya es acabar de aplicarla, ser serios y formarles,
creerse del todo lo que legislamos y aplicarlo con la eficacia con la que se trabaja habitualmente, y esta Comisión precisamente es un ejemplo de la vocación de tender al acuerdo, al pacto y a la negociación para llegar a soluciones que favorezcan
esa integración o inclusión social de las personas con discapacidad.


Quería hacer una serie de preguntas, ya que está usted aquí y nosotros lo conocemos en menor medida -yo, por lo menos-, a pesar de alguna visita aislada a Bruselas y de tener una idea de cómo se está trabajando, pero antes déjeme que le diga
dos o tres cosas que creo que deberíamos reflexionar en voz alta y que me parece que debo incidir en ellas en la medida, en que entre todos podamos colaborar. Y creo que se están haciendo cosas interesantes.


Por una parte, se ha referido usted a algo que me parece que es la primera manera de abordar un problema, que es la casuística, saber de cuántas personas estamos hablando. Me da igual que sea para el empleo que para la educación o la
formación, para poder deambular o poder acceder a derechos, ya que la propia Convención dice que somos personas en igualdad de condiciones y, por lo tanto, con los mismos derechos. El problema es que muchas veces no se puede acceder al derecho, es
decir, se tiene el derecho pero no se puede acceder a él. Entonces, lo primero que considero es que en España se han

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hecho algunos estudios, y nosotros hemos hecho algún estudio y alguna propuesta -pero no solo nosotros-, para saber precisamente de cuántas personas hablamos, cuál es el problema y su magnitud para poder atajarlo, para saber cuánto dinero se
necesita, a fin de ser pragmáticos. Por eso, quizás usted nos pueda indicar si hay estudios sobre esa casuística, ese número de personas y cuál es la problemática en algunos de los ámbitos más importantes, por ejemplo, en el diseño universal. No
sé si este concepto está metido en la cabeza de los eurodiputados y toda la gente que trabaja en Europa, pero creo que es más fácil, porque es más barato y es más cómodo, construir pensando en el que más dificultades tienen, porque, si solucionamos
los problemas de este, habremos solucionado todos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Por una rampa podemos subir y bajar todos, pero por unas escaleras algunos no pueden subir o bajar. Por tanto, si cuesta igual construir una rampa que una
escalera, ¿por qué no pensamos en la rampa? Pero insisto en que este solo es un ejemplo para ilustrar la pretensión de lo que quiero decir. Por tanto, no sé si existe una verdadera vocación de plantearse el diseño universal como método de
actuación, como modus operandi de la Comisión Europea.


En España acaba de refundirse todo lo que había sobre discapacidad en una ley. No sé allí cuál es la situación, pero, por reflexionar en voz alta, hacer un estudio, una especie de filtro de impacto de la discapacidad, creo que cada ley que
sale, del ámbito que sea -da igual que sea justicia, transportes, infraestructuras, temas sociales-, siempre hay un impacto en accesibilidad -o más bien en discapacidad-, porque tradicionalmente hemos pensado en la accesibilidad física, aunque es un
concepto mucho más amplio -y hoy día cada vez lo tenemos más claro-, desde los medios de transporte, a las nuevas tecnologías, la educación o el empleo. Creo que la accesibilidad es un concepto que debemos barajar como mayor magnanimidad: primero,
sí, por supuesto, poder acceder, pero después también tener las condiciones para poder desenvolverse como el resto.


Hablaba usted de cómo aplicar la Convención, y veo que muchas veces el problema es relativo a las competencias, es decir, a quién corresponde esta competencia, si a los Estados miembros o a la Comisión Europea. No sé si esto tiene una buena
solución. Si es en negativo, es decir, si nos sirve para justificarnos y decir que tal cosa no la hago porque le toca al otro, vamos por mal camino. Sugiero este tipo de reflexiones en la medida en que se pueda buscar la fórmula para ser eficaces
y positivos, no para escudarse en una imposibilidad. Muchas veces será un problema -no lo dudo- y no estará claramente definido, pero habrá algún procedimiento para poder simplificarlo, para no ponerse a debatir acerca de quién es competencia. En
cualquier caso, hemos vivido algunas situaciones que hemos trasladado en Europa al equivalente de mi grupo, que es el Partido Popular Europeo. Tenemos allí a una eurodiputada, a la que usted conoce -cuando le he dicho que venía hoy me ha dado
recuerdos para usted-, Rosa Estarás, que es la que lleva estos temas y con la que andamos en sintonía para tratar de saber aquí cualquier cosa que se haga en Europa o de que allí sepan cualquier cosa que hagamos aquí y que quizá pueda ser
interesante. No es que quiera decir que aquí somos más listos que en el resto de Europa, pero el intercambio de opiniones, de información siempre es ilustrativo y enriquecedor.


Ha hablado usted de la tarjeta europea y nosotros planteamos que en España había un gran desbarajuste con las tarjetas de aparcamiento o de circulación de las personas con discapacidad y movilidad reducida. Había un problema que no estaba
bien resuelto, porque en algunos sitios la expedición era a cargo de las comunidades autónomas y en otros de los ayuntamientos; algunas servían en unos determinados sitios y en otros no. Es decir, que la persona que conduzca un coche adaptado y
que tenga una tarjeta con la que puede aparcar en Valladolid pero no en Zamora, tendrá dificultades. Es un desbarajuste. Parece que aquí hemos conseguido, de mutuo acuerdo, dar alguna solución. Se lo sugerimos allí a nuestra compañera y, por lo
que usted me ha dicho, creo que se está en ello. Sería interesante que se simplificase para toda Europa, porque al fin y al cabo vamos hacia un mundo global. Esto sirve simplemente como referencia para que todas las cosas de este estilo se puedan
arreglar.


Hay un asunto que también nos preocupa -lo hemos trabajado en esta Comisión con los demás grupos-, que no sé cómo está en este momento, que es la accesibilidad al transporte. El señor Olabarría y yo hemos hablado con algunas personas que
nos han expuesto sus quejas sobre el tema del transporte en avión, porque no está bien resuelto. Nos han remitido a Europa, porque por lo visto es una competencia europea. Nos gustaría que trasladara esta cuestión, puesto que muchas veces no
tenemos respuestas para ciertas preguntas, porque al estar supeditados a un ámbito superior, nuestra capacidad de acción es muy limitada y, en cualquier caso, se trata de resolverlo. Hay un refrán que usted conocerá que dice: Hágase el milagro,
aunque lo haga el diablo. Sea quien sea, hagámoslo. Tengámoslo en cuenta y tratemos de solucionar el problema.

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Creo que el empleo ha sido otro de los temas que usted ha citado. Necesitaríamos saber cuántas personas trabajan y cuántas no. El estudio de los datos puede ser ilustrativo para saber con qué contamos, aunque muchas veces induce a error,
porque en el caso de España a lo mejor el número de personas discapacitadas que están inscritas en las oficinas de empleo es menor que el de las personas discapacitadas con capacidad de trabajo que no están inscritas. Todavía queda mucho por hacer.
Déjeme que le cuente un detalle que vivimos allí con el jefe de la Unidad del Parlamento Europeo para Políticas de Igualdad. El hombre estuvo muy amable contándonos la situación, pero nos llamó la atención -creo que es algo fundamental- que no
había exigencia de un cupo de personas discapacitadas que puedan trabajar allí. Si no es exigible, la tendencia es a relajarse. Nos llamó la atención, porque por lo menos en España cada vez hay más legislación que obliga a cubrir un cupo con estas
personas que tienen más dificultades de acceso al trabajo, compensando con algún tipo de estímulo al empresario. Nos gustaría dar un aldabonazo para que se haga de forma obligatoria, ya que de lo contrario a veces cuesta hacerlo.


Entiendo que el objetivo de la estrategia europea de discapacidad es capacitar a esas personas y facilitarles el acceso a esos derechos y a su disfrute, pero para ello, hay que crear una Europa sin barreras. Me gustaría que me dijera si hay
un acta sobre accesibilidad universal en Europa, y si no la hay, cuándo se va a discutir o se va a poner en marcha; no sé si se hará en ese diálogo previsto para agosto. Por cierto, ya que establecemos unas relaciones con usted, nos gustaría estar
en contacto directo y saber cuáles son las conclusiones del comité sobre ese diálogo. Creo que todo esto podría ser interesante. Incluso le propongo estudiar cómo se podría establecer un diálogo más fluido, que no fuera tan formal -que no tenga
que ir allí un grupo o que tenga que venir usted aquí-, con un acceso más rápido, para tratar de solucionar las cosas del día a día. Una buena solución podría ser mantener un diálogo periódico y constante. En ese sentido, le invito a que mantenga
un contacto estrecho con todos los grupos políticos para poder mejorar la situación entre todos.


Le doy las gracias, una vez más, y le pido que continúe en esa línea. Usted tiene prestigio dentro de su trabajo, lleva muchos años y conoce el tema, por lo que creo que nos debemos sentir bien representados. Espero que sigamos con esta
relación fluida, cordial y eficaz para dar soluciones a las personas con discapacidad.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero dar las gracias a la compareciente por tener la deferencia de venir desde Bruselas en un día en el que los termómetros en Madrid marcan 42 o 43 ºC, circunstancia que debe ser poco habitual en la ciudad en la
que usted vive. Gracias por su exposición. Intervenir después del señor Vañó y ser original o incluso tener algo que decirle, resulta manifiestamente difícil, dado el carácter agotador, por omnipresente y por haber incidido en todos los problemas
que se nos antojan relevantes.


La impresión que uno tiene cuando escucha las reflexiones de un representante de las instituciones comunitarias es que estas siguen siendo un verdadero bosque frondoso, y no siempre armónico en su funcionalidad, puesto que hay que contar con
mucha gente, agravando esta situación el hecho de que, a su vez, todas ellas tienen que conectar con los Estados miembros en sus proyecciones, como usted nos ha comentado, y con las organizaciones privadas que vertebran la lucha a favor de los
derechos de los discapacitados, que pueden ser ONG o entidades de otra naturaleza. Esto provoca algo que nosotros y otros grupos, incluso el Parlamento Europeo, llevamos mucho tiempo denunciando, que es la debilidad de las políticas europeas en
casi todos los ámbitos, además de la generación de un euroescepticismo preocupantemente creciente al que quizá no sea ajena esa fronda, ese gran leviatán burocrático que componen las instituciones comunitarias. Yo no sé cómo se pueden simplificar
estas cosas para las personas con problemas de discapacidad, pero desde la perspectiva de la simplificación lo que usted nos ha explicado es brillante, es lo que se debe hacer. Lo que pasa es que no es simple, sino muy complejo y requiere concernir
a muchas instituciones y a muchos Estados. Yo no sé si ustedes tienen capacidad suficiente para poder intentar sintetizar todos los inputs que puedan llegar de tantos focos diferentes para configurar políticas razonablemente eficientes y
coherentes.


Ha dicho dos cosas que me han llamado la atención. Una hace referencia al acervo comunitario. Si le he entendido bien, la perspectiva de la discapacidad va a ser utilizada a partir de ahora en las propuestas normativas de las instituciones
comunitarias o se va a intentar. No he logrado captar qué es lo que se pretende. Si es lo primero, nos parece muy bien; si es lo segundo, inténtelo de verdad, porque otras perspectivas de impacto en otros ámbitos de nuestra sociedad sí que son
objeto de consideración a la

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hora de presentar propuestas de normas comunitarias. El acervo comunitario lo vamos haciendo entre todos, poco a poco, por accesión. Vamos a intentar, por accesión, incorporar la discapacidad al problema del acervo comunitario y
posteriormente, por proyección, a la normativa comunitaria.


Otra cosa que me ha llamado la atención de su exposición, por cierto, brillante -permítame que se lo diga ahora ya que no lo he hecho al principio-, ha sido el intento, que no sé en qué términos se va a poder configurar, de cohonestar la
Convención universal con la Convención europea. Creo que he entendido bien que una de las pretensiones es buscar puntos de coherencia y de síntesis que puedan hacer que ambas convenciones no se integren en un único documento jurídico, lo cual sería
imposible desde una perspectiva jurídica, pero que sí tengan una armonía, una aplicabilidad para que no nos encontremos, como ocurre con alguno de los preceptos, con manifiestas contradicciones entre los requerimientos de la Convención europea y los
de la Convención universal, mucho más amplia, por cierto, y más ambiciosa en sus planteamientos, pero más débil que la europea, como pasa con todas las declaraciones universales.


Otro de los problemas que nos encontramos los que tratamos con frecuencia el derecho internacional público, y que no terminamos de encontrar fórmulas para convertirlo en un derecho aplicable -lo decía con mucha brillantez el señor Vañó-, en
un derecho positivo, es cómo positivizar en los ordenamientos jurídicos de los Estados todos estos requerimientos de ordenamientos jurídicos que están muchas veces muy lejos, que en ocasiones no tienen ni siquiera eficacia normativa y que poseen esa
condición que afecta al derecho comunitario, que es la de norma mínima, mejorable o modificable incluso por las normativas de los Estados, siempre estableciéndose ese tope o ese mínimo.


Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando se aprobó el Tratado de Ámsterdam, aquí se debatió, en un ámbito más académico que político -en el ámbito político se debaten cosas de otra naturaleza, sin más, y en el ámbito académico se pueden
debatir con más profundidad cuestiones que afectan a los grandes problemas del ordenamiento jurídico-, la eventualidad de que el legislador comunitario por primera vez estuviera planteando un listado de derechos fundamentales de los ciudadanos
europeos por la circunstancia de ser ciudadanos europeos, no por ser ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, y uno de ellos era el derecho a la Seguridad Social, a un sistema público de protección con cargo a un sistema público de
pensiones, que por proyección también se podría considerar un sistema de protección a las personas -puesto que también es una situación de necesidad- que tienen cualquier discapacidad de las reconocidas jurídicamente. De alguna manera, esto quedó
en agua de borrajas, en el ámbito puramente especulativo, en el ámbito académico. Yo no sé si dentro de las líneas estratégicas de trabajo que usted nos ha esbozado existe la posibilidad de convertir un derecho fundamental, que en este momento
posee esta dimensión puramente ornamental del Tratado de Ámsterdam, no corregido por las versiones consolidadas posteriores de los tratados, que yo sepa, en un derecho aplicable en Europa, pero con este carácter de derecho fundamental.


Como todo lo demás ya ha sido preguntado por mi compañero el señor Vañó, solo me queda darle nuevamente las gracias. Si es tan amable de responder a mis preguntas, a alguna de las dudas que siempre afecta a la interpretación del derecho
comunitario -dudas que no sé si ustedes mismos y sus compañeros de las múltiples instituciones que por allí pululan están en condiciones de resolver-, le quedaría muy agradecido.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora... Perdón, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Caridad García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: La verdad es que a veces el calor no nos deja ver. Ya que estamos bastante invisibilizados, permítanme que estemos hoy en esta Comisión. Ya saben que lo digo desde el cariño.


La señora PRESIDENTA: Lo tenía mal apuntado.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: En primer lugar, quiero agradecer la presencia aquí de doña Inmaculada y su exposición. No tuve la oportunidad, como ya hemos comentado anteriormente, de estar en Bruselas y escucharla en aquel ámbito.


Me gustaría hacer alguna pequeña reflexión. Creo que hubiera sido interesante que en su comparecencia ante esta Comisión -se lo digo a la presidenta de la misma- hubieran estado presentes personas del mundo de la discapacidad, aparte del
parlamentario, señor Vañó, que evidentemente ha hecho su reflexión y la ha personalizado. Hubiera sido importante porque quizá le hubieran hecho

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preguntas mucho más concretas que las que podamos hacer nosotros relacionadas con el trabajo que se está haciendo en el ámbito europeo, puesto que la mayoría de los colectivos afectados lo que quieren son concreciones sobre los problemas que
les acucian y cómo resolverlos.


Decía el portavoz del Grupo Popular, en esa asunción de su condición de persona discapacitada, que las personas afectadas quieren saber lo que les puede pasar en el día a día y cómo resolverlo. Pero para esa resolución del día a día no
solamente quieren conocer la parte más o menos teórica o académica, como decía el señor Olabarría, de las exposiciones o del trabajo que se pueda hacer en el ámbito europeo, sino las concreciones de colaboración y cooperación con los Estados
miembros para saber de qué manera pueden resolver esos problemas que les afectan y también cómo se ponen en conocimiento de la Unión Europea las políticas que se llevan a cabo en los Estados miembros, y en este caso estaríamos hablando de las que se
hacen en España. Creo que si estuvieran aquí querrían conocer estas cuestiones y la valoración que se puede hacer al respecto. Estamos hablando de temas que a lo mejor escapan a las propias competencias de las que nos hablaba, pero como en lo que
nos ha detallado usted las competencias compartidas abarcaban muchas cuestiones relacionadas con el mundo de la discapacidad, insisto en que habría sido interesante tenerlos aquí.


El portavoz del Grupo Popular decía también otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Comentaba que de los éxitos o fracasos de las políticas que se lleven a cabo no se puede culpar a unos o ensalzar a otros. Creo que los
éxitos o fracasos de las políticas que hagamos en nuestro país son responsabilidad de todos y de todas. Me parece que todos los colectivos afectados -incluso creo que lo piensa el propio portavoz del Grupo Popular- dirían que cuando los recursos
para poder llevar a cabo políticas que mejoren y dignifiquen la vida de las personas con discapacidad son escasos, las dificultades son muchas, y los fracasos también nos corresponden a todos, porque si no invertimos suficiente estamos fracasando en
las políticas de discapacidad.


Desgraciadamente, por la hora que es, y porque tengo que estar en otro sitio a las dos -va a ser casi imposible llegar-, quizá no pueda estar cuando me conteste. Le pido disculpas de antemano y le aseguro que lo leeré en el 'Diario de
Sesiones'. Me gustaría -y con esto acabo- que nos explicara -aunque no pueda escucharla- cuál es la situación actual de la estrategia que, como usted bien ha dicho, empezó en 2010 y acaba dentro de cinco años, que parece que es mucho, pero yo digo,
como el tango, que si veinte años no son nada, cinco años son mucho menos a la hora de desarrollar ese amplio abanico de políticas relacionadas con la discapacidad, con las personas que la sufren y con las familias que también padecen las
consecuencias de políticas inadecuadas para ellos. Si es posible, quisiera que profundizara en estos temas que creo que son un poco más concretos.


Otra cosa que interesa especialmente a mi grupo, dada la situación en la que se encuentra el ámbito educativo, es saber qué considera usted como políticas inclusivas en el ámbito de la educación. También quisiéramos saber, si lo conoce
usted a través de los estudios que hayan realizado, qué dificultades existen en el ámbito sanitario.


Como los anteriores comparecientes han hablado del empleo y de la accesibilidad, no voy a decir nada, porque la respuesta que les dé a ellos será la misma que nos pueda dar a nosotros.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra doña María del Carmen Sayós.


La señora SAYÓS I MOTILLA: Señora Plasencia, gracias por comparecer hoy aquí y por su exposición. Yo tampoco pude estar en Bruselas porque solo podía ir una persona de nuestro grupo parlamentario y fue Conchita Tarruella.


Una de las cosas importantes -celebro que sea así- que usted ha expuesto ha sido la situación legislativa del convenio con respecto al tratado -que está por encima, obviamente, aunque el convenio está por encima de la legislación secundaria-
que determina la obligación que tienen los Estados miembros. Me entristece lo que ha señalado de que desde el año 2007 hasta hoy aún hay países que no han ratificado este convenio. Creo que este convenio es importante, porque determina las
dificultades que tienen las personas con discapacidad para poder coexistir en este mundo en igualdad de condiciones y -es muy importante- con las mismas oportunidades.


Como la exposición ha sido muy buena y bastante detallada, simplemente le haré tres peticiones. Una es fácil, pero no sé si podrá contestar a las otras dos. Quisiéramos que profundizara un poco más -lo ha señalado la señora García Álvarez-
en la situación y el acceso al trabajo de las personas con discapacidad.

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También nos gustaría que diera algunos datos sobre la situación de protección social de estas personas con discapacidad. Le pediríamos que nos comentara algo sobre el riesgo de pobreza de las personas con discapacidad.


Una última petición es si podría hacer llegar a la Comisión las conclusiones del diálogo de agosto de 2015.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Laura Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Seré breve por la hora que es y por lo exhaustivo de la exposición de doña Inmaculada. Mi intervención estará menos ornamentada y más centrada en el contexto de las preguntas, porque ella ya ha detallado con mucha
claridad todo el proceso de adaptación y toda la parte normativa.


Creemos que en los Estados miembros de la Unión Europea es bastante irregular el grado de desarrollo de las políticas de discapacidad y el grado de implicación, por tanto de las acciones, de sus Gobiernos y de su propia sociedad civil, lo
que afecta a la calidad de vida y a los derechos que tienen las personas con discapacidad en cada país. También pensamos que las instituciones europeas no han impulsado suficientemente las políticas de discapacidad como se ha hecho, por ejemplo, en
el ámbito de la igualdad y contra la discriminación, donde se ha trabajado de una manera muy concreta, tanto desde las comisiones específicas como desde la propia Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, y a través de las diferentes
direcciones generales, rompiendo techos de cristal y consiguiendo más normativa, más visibilidad y más acciones. En las instituciones europeas las políticas de discapacidad no han tenido la visibilidad -estamos de acuerdo en esto y lo comentábamos
la mayoría de los grupos en ese viaje de trabajo que hicimos a Bruselas-, la contundencia ni la importancia que se les ha dado, por ejemplo, en algunos Estados miembros como el nuestro, en el que, a pesar de que efectivamente hay muchísimo camino
por recorrer, el hecho de haber tenido un movimiento asociativo muy potente ha ayudado a que la normativa y el grado de desarrollo de las políticas de las administraciones públicas a lo largo de estos últimos años hayan sido superiores a las de
otros países. No digo que todo esté bien, porque me ha oído usted algunas veces poner aquí el grito en el cielo, pero sí es cierto que si hacemos una comparación, España es un país que sale mejor parado, sobre todo en cuanto a su propia legislación
interna.


Celebro su anuncio de que Eurostat va a hacer una gran encuesta sobre la discapacidad, porque creo que es necesaria y que será muy útil para todos los países miembros. Quiero preguntarle si dentro de las propias instituciones europeas está
previsto impulsar más herramientas y más mecanismos para apoyar las políticas de la discapacidad. También me gustaría que me hablara sobre el grado de cumplimiento y desarrollo de la convención por parte de los países miembros, porque usted ya ha
dicho que unos la han ratificado y que otros están en ello. España fue uno de los primeros países no solo en firmarla sino también en trasponerla a la legislación interna, pero a pesar de haberlo hecho muy rápidamente todavía hoy, por ejemplo, está
sin adaptar en el resto de la legislación, en el Código Civil, en el Código Penal y en otras normas, todo lo que tiene que ver con la capacidad jurídica que tanto nos gusta al señor Vañó y a mí, y de lo que estamos muy pendientes. Me gustaría que
hiciera una valoración sobre el grado de cumplimiento y de desarrollo de la convención en otros países.


Fondos europeos. A la hora de asignar fondos y de determinar programas -ya tenemos el programa de igualdad de oportunidades y contra la discriminación al que se acogen muchas instituciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad-, con
objeto de hacer muchas más cosas de las que se hacen, se podrían incluir estos fondos que se reparten a través de los grupos de desarrollo local, rural o de acción pesquera, según el sitio, para llevar a cabo acciones en materia de accesibilidad, de
empleo y de discapacidad. Sigo de cerca esta cuestión porque vivo en Galicia, que es una comunidad autónoma donde los fondos son fundamentales y tengo conocimiento de cómo se están aplicando. Por ello, he de decir que es cierto que la discapacidad
está absolutamente desaparecida de la aplicación de los fondos europeos.


Le voy a hacer dos preguntas. Hay cuestiones, como el baremo de minusvalía, que se pueden homologar. Ya he comentado aquí, y en alguna reunión durante el viaje que hicimos, que en los dos últimos años en España ha habido un problema muy
serio con los emigrantes retornados que tenían doble paga, doble pensión. No quiero que se enfade ningún compañero mío de otro grupo, pero pensamos que a la hora de hacer la declaración de la renta el Gobierno no trató debidamente a esos emigrantes
retornados. Ha habido mucho debate sobre esta cuestión, y uno de los elementos era que algunas personas que habían estado trabajando en Francia, en Alemania, en Holanda, etcétera, a las que por un accidente laboral se les había reconocido un grado
de minusvalía del 80 o del 90 %, llegaban aquí y al

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aplicarles el baremo se les bajaba ese grado incluso al 20 %, lo que hacía que la pensión variara mucho. También en otros casos podría ser al revés. Le pregunto si hay posibilidad de homologar estos baremos en una Europa que cada vez es
más global y en la que hay más movilidad laboral, porque esto les ha pasado a las personas que han regresado a su país, como es el caso de muchos emigrantes españoles, pero a usted no se le escapará que en este momento hay miles y miles de jóvenes
españoles trabajando fuera de España y que este problema se puede volver a repetir dentro de un tiempo. Esos baremos se tendrían que homologar y hoy se lo hago llegar en esta Comisión.


Otra pregunta es si ha habido algunas iniciativas respecto a la talidomida que, como sabe, ha sido un problema que en España ha tenido unas sentencias desfavorables, nada que ver con las que ha habido en otros países. Por otra parte, es
verdad que el empleo es un asunto que han tocado todos los compañeros que han intervenido, entonces solo le haré una pregunta, y es cómo se ha abordado la discapacidad en la estrategia 2020. Ha habido algunas modificaciones en la estrategia 2020, y
quisiera saber si también ha habido modificaciones en lo que atañe a la discapacidad. Y por último, me sumo a la pregunta que le ha formulado la compañera de Convergència i Unió respecto a los índices de pobreza en las personas con discapacidad
porque, según el informe de la Comisión Europea y el propio comisario europeo de Derechos Humanos, España es uno de los países con el índice de pobreza infantil más alto de Europa, solo superado por Rumania. Es un dato que nos sigue preocupando
muchísimo. Es verdad que aquí hubo gente muy incrédula con ese informe, pero, insisto, es un informe que no hemos hecho nosotros ni ninguna ONG, sino que ha elaborado el comisario europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, en base a ese informe y
a la realidad que estamos viendo todos los días, sabiendo que la discapacidad es un elemento de vulnerabilidad absoluta en cuanto a los índices de pobreza, nos gustaría que hiciese algún apunte sobre esta cuestión.


Muchas gracias, ha sido un honor escucharla y vuelva por aquí cuando quiera porque siempre será bienvenida.


La señora PRESIDENTA: Para contestar a las preguntas que han surgido a raíz de su comparecencia, tiene la palabra doña Inmaculada Placencia.


La señora DEPUTY HEAD OF UNIT DISABILITY RIGHTS DG EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS, SKILLS AND LABOUR MOBILITY DE LA COMISIÓN EUROPEA (Placencia Porrero): Lo primero que quiero hacer, antes de intentar responder a las preguntas, es agradecer sus
intervenciones porque para mí es muy enriquecedor tener el contacto directo con ustedes para poder saber la realidad de las políticas nacionales, las preocupaciones que tienen en este contexto, y también escuchar sus observaciones sobre las
políticas europeas porque nos hacen reflexionar y nos ayudan a mejorar nuestras actuaciones en Bruselas. Ha habido muchísimas preguntas y muy diversas y voy a intentar responder agrupándolas un poco en relación a distintos temas.


Una de las preguntas recurrentes, que ha sido formulada de distintas maneras, se refiere a la recogida de datos, el baremo y la definición de discapacidad. Me gustaría decir que el número de personas con discapacidad depende, como es obvio,
de la definición y de las preguntas que se hagan a los individuos sobre su percepción de la discapacidad. Es decir, cuando hablamos de números hay que distinguir dos grupos o conceptos muy distintos: uno es el grupo de personas con discapacidad
identificadas por profesionales a la hora de ser reconocida formalmente esa discapacidad, con el objetivo de recibir cierta pensión, beneficios o descuentos. Y otra cosa muy distinta son las preguntas que se hacen a la población para que
identifiquen si se encuentran con alguna discapacidad. Esta información nos sirve más bien para diseñar políticas generales y ver cuál es la situación de la población. Quiero decir que en general, porque hay disparidades entre los Estados
miembros, vemos que las cifras en el primer caso, personas con discapacidad que se identifican por un proceso de examen, muchas veces médico y otras veces de funcionalidad, se sitúan alrededor del 5 %. Hay países en los que están en el 2 o el 3 % y
otros países que llegan al 6 y 7 %, pero alrededor del 5 % es una cifra que concuerda a nivel internacional. Cuando hablamos de la otra aproximación a la discapacidad, es decir, las preguntas a los individuos, me gustaría compartir dos cifras: en
primer lugar la cifra de las personas que están en edad de trabajar, personas para las que la pregunta es si ellos se encuentran limitados en sus actividades de la vida diaria, en concreto en el trabajo. Y ahí tenemos unos porcentajes que van
aproximadamente del 10 al 15 %. Cuando esa misma pregunta se le hace en general a la población, incluyendo a las personas mayores, es decir, sin límite de edad, las cifras se disparan hasta el 25 %, o sea, en total son tres cifras. Esto significa
que cuando estamos actuando, por

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ejemplo en torno a la accesibilidad, hay que ver cuál es el impacto sobre ese 25 %, es decir, toda la población a la que afecta. Si se trata de medidas de empleo, hay que enfocarlas a ese 10 o 15 %, y las medidas de protección social se
suelen enfocar hacia el 5 %. Creo que esto da una visión general de las cifras.


En cuanto a las cifras de la brecha en el empleo de las personas con discapacidad y el nivel de educación y de pobreza, voy a citar unos datos de media europea. Si hubiese interés podemos compartir las cifras nacionales, pero pido disculpas
porque no las he traído y no me atrevo a citarlas de memoria. Entre los que tienen educación universitaria, el porcentaje de personas con discapacidad es aproximadamente el 27,8 %, y el de personas sin discapacidad es casi del 40 %. En lo que se
refiere a personas que tienen educación secundaria, estamos hablando del 21 % y del 10 % respectivamente. Cuando hablamos de empleo, tenemos una cifra algo inferior al 50 %, mientras que el porcentaje de las personas sin discapacidad se sitúa por
encima del 71,5 %. Estoy buscando las cifras de riesgo de pobreza, que no tengo, pero me parece que están alrededor del 30 % y el 20 %. Estas cifras se disparan y hay una diferencia importante en las estadísticas entre las personas que se
consideran limitadas en sus actividades en la vida diaria y aquellas que se encuentran muy limitadas. El riesgo de pobreza aumenta significativamente para este grupo de personas.


Me gustaría pasar ahora a una serie de preguntas sobre cómo consideramos la discapacidad en la preparación de las políticas generales europeas. Quiero decir que es una obligación que si hasta ahora no ha sido lo suficientemente explícita,
por así decirlo, estaba relacionado con la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales. La Carta es obligatoria, el respeto es obligatorio y estaba clarísimo, pero ahora para hacerlo incluso más explicito, en el nuevo paquete de medidas sobre
la mejora de la regulación europea ha habido un toolkit, una herramienta de trabajo, que hace referencia específica a la aplicación de la convención, a las preguntas que se deben contestar en los estudios de impacto socioeconómico. Creo que esta
nueva herramienta va a aclarar cualquier duda que pudiera haber al respecto y, además, va a concienciar a todos los funcionarios, a todos los que estamos trabajando en la preparación de iniciativas europeas.


En cuanto a las competencias, yo he querido explicarlo para una mejor comprensión de la estructura de la Unión, pero también quiero resaltar que la estrategia europea va más allá de las medidas de competencia stricto sensu porque tenemos
medidas para apoyar, para ayudar a los Estados miembros en la implementación de sus propias obligaciones. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, por supuesto, esa línea divisoria, pero esta se traspasa a nivel práctico -a lo mejor de una manera
poco ortodoxa desde el punto de vista jurídico- porque la estrategia contiene medidas para ayudar y apoyar a los Estados miembros a poner en práctica y cumplir las obligaciones que tienen en la convención, por ejemplo en materia de financiación.


Precisamente, hay otro grupo de preguntas referidas a la financiación que me gustaría responder. Creo que la nueva regulación de los fondos estructurales ha traído un cambio sustancial respecto a las obligaciones de la convención y el
tratamiento de la discapacidad. La regulación general que se aplica a todos y cada uno de los fondos, no solamente al Fondo social europeo, sino también al Fondo de desarrollo regional, a los fondos marítimos y otros fondos regionales de cohesión,
etcétera, claramente hace referencia a la convención, obliga al respeto a la accesibilidad en cada uno de los pasos para la utilización de esos fondos. Se exige la participación de las personas con discapacidad en las estructuras de gobernanza para
el gasto de los fondos y la preparación de iniciativas. Además, incluye dos cosas nuevas muy importantes: primero, lo que llamamos las condicionalidades o ex ante conditionality en inglés, que consiste en que los Estados miembros deben demostrar
que tienen la infraestructura y la estructura jurídica para hacer respetar estas obligaciones antes de recibir los fondos. Es decir, la Comisión Europea tiene la obligación de mirar junto con los Estados miembros que esta capacidad, esta
infraestructura, existe a nivel práctico o de implementación, tanto para poder llevar a cabo una política de no discriminación y asegurarse la no discriminación en el acceso a los fondos de las personas con discapacidad, como para la puesta en
práctica de la accesibilidad. Y puede llegar incluso a tomar medidas, la medida más drástica sería no dar los fondos hasta que esta infraestructura no exista en los Estados miembros. Eso por una parte, y la otra medida nueva que me gustaría
resaltar es la obligación de informar al final, una vez que se han llevado a cabo las medidas, sobre cómo se ha conseguido este respeto por la no discriminación y la puesta en práctica de la accesibilidad. Hasta ahora, en la regulación de los
fondos estructurales no había esta obligación, y se daba una situación en la que no sabíamos muy bien qué es lo que había pasado, si se había respetado la accesibilidad sí o no, cuántas personas había con discapacidad y si las personas con
discapacidad se habían podido beneficiar de las medidas. Con esta obligación esperamos tener una situación mucho más clara después.

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Otro tema importante es la armonización o la coherencia en el reconocimiento de la situación de las personas con discapacidad en los distintos Estados miembros, los beneficios asociados -y puedo generalizar la pregunta- y el documento que se
utiliza para ese reconocimiento, que puede ser por ejemplo la tarjeta de aparcamiento o tarjetas para otros objetivos. En este punto tengo que ser muy clara, la decisión de quiénes son personas con discapacidad en un Estado miembro recae sobre el
Estado miembro, la Unión Europea no tiene esas competencias. Ahora bien, lo que sí estamos haciendo es llevar a cabo acciones para facilitar el reconocimiento mutuo, la movilidad de estas personas y de los beneficios que están asociados a ese
reconocimiento. La tarjeta de aparcamiento es un ejemplo, pero en estos momentos estamos preparando una iniciativa voluntaria para los Estados miembros, que va a ser publicada dentro de muy poco, con la que se va a llevar a cabo un reconocimiento
mutuo de la tarjeta o del documento de discapacidad y de algunos de los beneficios del paquete de beneficios que lleva asociados. Los Estados miembros tienen la libertad de indicar qué beneficios quieren incluir en ese paquete de intercambio. Y
dentro de poco habrá una convocatoria con una iniciativa piloto, que esperamos que se pueda generalizar en los próximos años. Pero quiero ser muy clara, esta es una de las competencias que tienen los Estados miembros, no tenemos competencias en el
tratado para armonizar ese reconocimiento de la discapacidad. Eso no quiere decir que no animemos a los Estados miembros al reconocimiento mutuo. Estas son las medidas positivas que nosotros estamos adoptando para facilitar la movilidad de las
personas con discapacidad.


Ha habido una pregunta muy específica sobre la accesibilidad en el transporte aéreo y las dificultades en la aplicación de la regulación de los derechos de las personas con movilidad reducida en el transporte aéreo. Somos conscientes de las
quejas de las personas con discapacidad. Como primer paso para mejorar esa situación y debido a que la puesta en práctica de esa regulación es relativamente joven, se ha introducido un elemento de concienciación, de entrenamiento de los
profesionales que participan en esa cadena de la movilidad. De ahí que la Dirección General de Transporte esté invirtiendo en el entrenamiento de esas personas y la concienciación. Además, se han publicado unas guías que van más allá de la
regulación en sí misma, dando pautas de buen comportamiento y de buenas prácticas sobre cómo debe funcionar. Y seguimos recogiendo información para cuando se revise esa regulación, ver con datos concretos qué es lo que funciona y qué es lo que no
funciona para poder mejorar en el futuro.


Se ha formulado también una pregunta sobre el acta de accesibilidad europea. Quiero decir que se ha elaborado una propuesta de directiva que recae en el mandato de la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, la señora Thyssen, que ha sido
muy clara hace escasamente tres semanas en el Parlamento Europeo. Ha confirmado su interés en continuar trabajando sobre la directiva y está decidida a hacer una propuesta lo más rápido posible. Seguimos trabando en los servicios de la Comisión
sobre este asunto. Desafortunadamente, no puedo dar una fecha concreta, pero, como digo, la comisaria ha sido muy clara en cuanto a su intención de presentar el acta europea.


El siguiente grupo de preguntas que me gustaría responder se refiere a la conexión de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la estrategia europea, porque una estrategia no es una convención, es una
herramienta política para agrupar una serie de medidas que nos ayuden a que el acceso a esos derechos que marca la convención se convierta en una realidad. La estrategia no es una herramienta legal, como he intentado explicar contiene elementos
legales, pero como tal es un documento político que es el resultado de un consenso dentro de la Comisión. Por lo tanto, no es solo una estrategia de la Comisiaria de Asuntos Sociales, sino de toda la Comisión, del colegio de comisarios, y por tanto
cubre todas las áreas.


No querría entrar en mucho detalle sobre la puesta en práctica de la Carta de Derechos Fundamentales y su relación con el Tratado de Ámsterdam, porque la Carta de Derechos Fundamentales está al mismo nivel que el Tratado de Lisboa, que es el
que está en vigor actualmente y su aplicación es de claro cumplimiento en el ámbito de las competencias de la Unión. Es decir, en cualquier área de implementación de las competencias de la Unión la Carta de Derechos Fundamentales es de aplicación y
debe ser respetada. Tiene una sección que trata de los derechos de los individuos como europeos, de los derechos de las personas con nacionalidad europea, por así decirlo.


Otras preguntas se refieren a la situación concreta de los Estados miembros en relación con la convención. Me gustaría decir que los tres Estados miembros que no la han ratificado hasta ahora han sido: Irlanda, los Países Bajos y
Finlandia. Pero quiero explicar también que en la ratificación de la convención ha habido, simplificando mucho, dos tendencias: los países que han ido a ratificar inmediatamente; en el momento en que la convención se abrió para ser ratificada,
hubo países que ratificaron directamente y luego decidieron adaptar su normativa jurídica, sus políticas para, poco a poco, ir cumpliendo la convención. Y ha

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habido países que han decidido lo contrario, primero adaptar toda su normativa, su marco jurídico y, según su criterio, una vez cumplan todas las obligaciones de la convención, pasar a depositar el instrumento de ratificación. Por supuesto,
en medio hay mezclas distintas. Digo esto porque la situación en países como Irlanda, Finlandia o los Países Bajos no es de las peores en Europa. Ellos también han hecho muchos avances y están muy comprometidos con la puesta en práctica de la
convención.


También me han preguntado qué entendemos por educación inclusiva. Es una pregunta muy compleja que la convención misma no describe. La convención indica el derecho a una educación inclusiva de las personas con discapacidad, pero sin entrar
en detalles. Y ahí, a nivel europeo, nosotros nos alineamos con las políticas más avanzadas en los Estados miembros. Tenemos una agencia de educación inclusiva que define con los Estados miembros cuáles son las políticas más avanzadas, los
ejemplos de buenas prácticas, para avanzar hacia la inclusión entendida como la participación de las personas con discapacidad en la enseñanza en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad, pero entrar en detalles sería laborioso y
muy largo. Sí me gustaría referirme al trabajo que está realizando el Comité de las personas con discapacidad en este momento porque van a hacer ese trabajo por nosotros. Están elaborando un comentario público, que espero que se publique a finales
de este año o el año que viene, sobre qué es la educación inclusiva, el artículo 24 de la convención. Creo que en la Unión, tanto los Estados miembros como los Estados parte de la convención, seguiremos esas pautas indicadas por el comité y
tendremos que ponerlas en práctica, así que me gustaría remitirles a ese comentario más detallado.


Ha habido una pregunta muy específica sobre iniciativas respecto a la talidomida. Que yo sepa no tenemos ninguna iniciativa concreta en esta materia, lo que sí hay son iniciativas para tratar el acceso a los servicios de salud de las
personas con discapacidades menos frecuentes, y en este caso entraría la talidomida. En estos momentos hay un proceso de discusión para llegar a un programa de actuaciones concretas sobre cómo apoyar la protección y el acceso a la salud de las
personas con estas discapacidades menos frecuentes.


Me preguntan por el empleo y la estrategia 2020, sus modificaciones y el impacto que están teniendo sobre la discapacidad. Hay dos cosas que me gustaría resaltar, el hecho de tener datos concretos sobre la brecha en el empleo nos ha ayudado
a dar visibilidad al problema, a concienciar sobre su dimensión y la necesidad de tomar medidas específicas. En los documentos sobre cada uno de los Estados miembros que se utilizan para las recomendaciones en el contexto del semestre europeo, hay
referencias a la situación de las personas con discapacidad en relación con el empleo en muchos Estados miembros. Por ejemplo, me viene a la memoria el caso de Estonia, donde hay una referencia específica a un programa para modificar el tratamiento
que se está dando a las personas con discapacidad en el empleo, y se pide que se informe sobre los resultados de la nueva estrategia que están desarrollando. En el caso de la Comisión, estamos trabajando en la preparación de una iniciativa sobre
desempleo de larga duración, que incluye una serie de medidas. La información que hemos ido recabando nos está ayudando a recapacitar e intentar diseñar medidas que ayuden también a mejorar la situación de desempleo de las personas con discapacidad
y la situación de inactividad, que se ha mencionado también, que necesita medidas específicas y concretas.


He tratado de responder a todas las preguntas. Si se me hubiera pasado alguna pregunta concreta, les agradecería que me la recordaran. Les agradezco una vez más el interés en las políticas europeas de discapacidad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, doña Inmaculada. Si los portavoces no tienen alguna cosa muy específica que preguntarle, que creo que no por la hora que es, damos por finalizada la comparecencia. Le agradecemos muy sinceramente
que haya acudido tanto a la materialización de la comparecencia, como decía el representante del Grupo Parlamentario Popular, como a la petición de todos los grupos parlamentarios después de nuestro encuentro en Bruselas. Creo que ha sido un debate
muy interesante sobre unos temas que inciden de manera muy importante en la política, el diseño y la legislación nacional. La imposibilidad que muchas veces tenemos para que vengan personas a contarnos lo que usted nos ha contado hoy, hace que el
debate de hoy haya sido realmente interesante. Muchísimas gracias nuevamente, doña Inmaculada, esta su casa y, por lo tanto, puede venir tanta veces como quiera.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y media de la tarde.