CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 816

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 38

celebrada el martes,

26 de mayo de 2015

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ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


— Sobre la calidad de los planes de recolocación a los que obliga la reforma laboral para aumentar la empleabilidad de los trabajadores despedidos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente
161/003332) ... (Página2)


— Sobre la ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural. (Número de expediente 161/002060) ... (Página2)


— Por la que se insta al Gobierno a reformar el régimen especial de los trabajadores autónomos. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002674) ... (Página6)


— Relativa a la situación de precariedad de los miles de trabajadores de las contratas y subcontratas de grandes empresas de telefonía. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/003664) ... href='#(Página9)'>(Página9)


— Por la que se insta al Gobierno a la creación de una oficina integral de la Seguridad Social en el sur de Gran Canaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003425) ... href='#(Página13)'>(Página13)


— Sobre igualdad de oportunidades de los artistas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003572) ... (Página15)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


— SOBRE LA CALIDAD DE LOS PLANES DE RECOLOCACIÓN A LOS QUE OBLIGA LA REFORMA LABORAL PARA AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente
161/003332).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a esta sesión número 38 de la Comisión de Empleo y Seguridad Social para tratar el orden del día en relación con las proposiciones no de ley que figuran en el mismo, con la salvedad de la
número 3, presentada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia y sobre la cual pendían dos enmiendas —una del Grupo Popular y otra de Convergència i Unió—, que ha sido retirada. Me informan de que parece ser que obedece a la dimisión en su cargo
representativo de diputado del señor Anchuelo y, en ese sentido, yo quiero expresar mi agradecimiento a la posición siempre colaboradora y moderada que ha mantenido en esta Comisión. Estoy convencido de que ustedes piensan lo mismo, por ello quiero
que conste expresamente en el «Diario de Sesiones» de esta Comisión.


— SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO NÚMERO 189 DE LA OIT Y LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 201 SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA
PLURAL. (Número de expediente 161/002060).


El señor PRESIDENTE: El punto 1.º del orden del día se refiere a la proposición no de ley sobre la ratificación del Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo y la recomendación número 201 sobre el trabajo decente para
las trabajadoras y trabajadores domésticos. El autor de esta proposición no de ley es el Grupo de La Izquierda Plural. Como ustedes saben y ha sido habitual a lo largo de esta legislatura, el tiempo de intervención inicial del autor de la
proposición no de ley es de siete minutos, cinco para los que hayan presentado una enmienda a la proposición no de ley y tres para los grupos que deseen intervenir. Habida cuenta de que se ha reducido el orden del día, de que solo penden del debate
cinco iniciativas, de que tan solo una de ellas —la de Convergència i Unió, la que figura en el orden del día como punto 2.º— tiene presentada una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y que además algunos grupos se incorporarán a lo largo de la
mañana pero ahora no están aquí, podemos decir que no antes, pero aproximadamente a las doce y media de la mañana estaremos en disposición de votar.


Dicho esto, tiene la palabra el señor Coscubiela para la defensa de su proposición no de ley.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señorías, quiero hacer mías las palabras del presidente en relación con el reconocimiento y agradecimiento al trabajo desarrollado en esta Comisión por don Álvaro Anchuelo, que parece que ha dimitido de sus
funciones y de su cargo. En todo caso, quiero que quede constancia de ello.


En relación con la proposición no de ley que les presentamos, saben ustedes que es una vieja conocida de esta Comisión de Empleo. Ya sé que van a pensar ustedes que soy muy pesado —sí, lo soy—, y lo voy a continuar siendo mientras España no
ratifique el Convenio 189 de la OIT, entre otras cosas porque afecta a un número muy importante de personas, casi 700.000 en nuestro país, la mayoría mujeres, en un grado muy importante a personas inmigrantes, a los sectores más vulnerables de la
sociedad, que requerirían que este Congreso se tomara más en serio la situación de estas personas y lo que puede suponer la ratificación de este Convenio 189 de la OIT.


Les recuerdo, señorías —por si alguien no lo tiene presente—, que en su momento, el día 8 de mayo del año 2013, presentamos una proposición no de ley en los mismos términos, instando al Gobierno español a ratificar este convenio, un convenio
que ha sido firmado pero no ratificado por España. Las razones que dimos en su momento continúan siendo las mismas, pero más agravadas. Primero, porque la situación internacional del trabajo doméstico continúa siendo uno de los principales
factores de preocupación, es una fuente clara de explotación laboral, y el hecho de que lo firmen muchos países puede ayudar no solo a su entrada en vigor sino a su generalización; eso ya de por sí debería hacer que España jugara un papel activo en
la consolidación de este convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Además, insisto, si en mayo de 2013 era necesario, en estos momentos aún más, porque si algo

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han puesto de manifiesto la crisis y las políticas adoptadas supuestamente para hacerle frente, ha sido un fuerte incremento de la desigualdad y la pobreza en nuestro país, que sin duda afecta a colectivos muy concretos, a aquellos que
tienen ingresos más bajos, y en ese colectivo están en estos momentos las trabajadoras domésticas. Lo digo en femenino porque mayoritariamente son mujeres.


Quiero destacar que este grupo tuvo en su momento la actitud de ser conciliador cuando por parte del Grupo Popular se nos hizo una propuesta que nosotros aceptamos y acordamos. Esto dio lugar a un acuerdo de esta Comisión el 8 de mayo de
2013, por el cual se mandataba al Gobierno a analizar la posibilidad de ratificar este convenio. La verdad es que más de dos años después el Gobierno ni está, ni se le espera, ni ha contestado, ni ha dado ninguna explicación, ni tampoco la ha dado
el Grupo Popular en su nombre. Yo no sé si esto es costumbre en esta Cámara, si es costumbre que los que firman acuerdos se desentiendan de ellos y no se consideren responsables de su cumplimiento. En ese sentido, espero que el Grupo Popular hoy
lo desmienta, pero parece un poco grave que el Gobierno no haya comunicado a la Comisión ni a nadie las razones por las cuales no ha hecho ni un solo paso en ese sentido. Insisto, es una proposición no ley aprobada por este Congreso, que se supone
que es quien tiene que hacer unas funciones de control del Ejecutivo e impulso de la acción legislativa de este Ejecutivo. Lo hacemos, el Ejecutivo nos ningunea con la cooperación necesaria del Grupo Popular, y no pasa absolutamente nada. Por
nuestra parte, vamos a continuar insistiendo en esta cuestión porque nos parece de justicia. Quiero recordar —vuelvo a decir— que estamos hablando de 700.000 personas, especialmente vulnerables. El 90 % son mujeres y en un porcentaje de más de la
mitad son mujeres inmigrantes en una situación de especial vulnerabilidad laboral y social; una vulnerabilidad laboral que les lleva también a ser vulnerables socialmente y, por supuesto, a entrar en determinados riesgos de exclusión. En ese
sentido, nos gustaría escuchar, de quien le corresponda la función de portavoz del Grupo Popular, una explicación razonable de por qué el Gobierno español no solo no ratifica este convenio, sino que no da ninguna explicación para ello. Aún la
estamos esperando desde hace dos años.


Hay algunos elementos nuevos que quería traer hasta aquí. En el momento de debatir esta cuestión en mayo de 2013 se nos dio el argumento de que eran muy pocos los países que habían ratificado este convenio internacional. Pues bien, ello
empieza a cambiar. Quiero recordar que en este momento un número muy importante de países ya lo han ratificado. Fundamentalmente, se trata de dos tipos de países: aquellos países que son emisores de personas que trabajan en el servicio doméstico
y en otros, países fundamentalmente en situación de desarrollo, y aquellos países receptores de personas que trabajan en el servicio doméstico. En ese sentido, Alemania, Finlandia, Suiza, Italia —que recuerde en estos momentos— son países europeos
que ya han ratificado este Convenio número 189 de la OIT. Hay una razón por la cual Alemania, Finlandia, Suiza e Italia han ratificado este convenio. ¿Qué tienen en común estos países? Pues tienen en común que son países receptores de trabajo
doméstico, fundamentalmente de personal extranjero y, por tanto, tienen un especial interés en proteger a esas personas porque saben que protegiéndolas se avanza en esa cohesión social y se evitan riesgos de exclusión social. No entiendo por qué
España debe ser diferente en eso. No entiendo por qué el Gobierno más hiperactivo de la historia y más reformista de la historia, el que lo ha reformado absolutamente todo cuando le ha interesado reformar lo que le ha interesado reformar, en un
tema como este no hace nada ni da una explicación razonable.


Por último, quiero dar otro argumento de peso. Cuando defendí por primera vez en esta Comisión esta proposición no de ley dejé constancia de la posición de la Comisión Europea al respecto. Ustedes saben que la Unión Europea no tiene
capacidad para firmar convenios internacionales, pero sí tiene dos capacidades: en primer lugar, autorizar la firma o no, y en segundo lugar, orientar o no la firma. En su momento, ya cuando presenté por primera vez en mayo de 2013 esta propuesta
teníamos encima de la mesa una autorización por parte de la Unión Europea para firmar este Convenio internacional de la OIT y, al mismo tiempo, una recomendación para hacerlo. Ahora les puedo aportar la respuesta que en fecha 7 de mayo de 2015 la
comisaria Thyssen ha hecho a nuestro eurodiputado, compañero del Grupo de Los Verdes, Ernest Urtasun, que le preguntaba sobre esa cuestión. Está a disposición de todo el mundo porque ha sido publicada, pero, en todo caso, resumo muy rápidamente
—para terminar— lo que nos dice la comisaria Thyssen: La Comisión insiste en el papel que desempeña la aplicación del Convenio de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos en la mejora de las condiciones laborales en los servicios
personales y en el contexto de la estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos e insta a los Estados miembros a que ratifiquen todos los instrumentos, acuerdos y obligaciones legales internacionales pertinentes.
Recuerda que en enero de 2014 se adoptó la

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decisión 2014/51, a fin de autorizar a los Estados miembros a ratificar el Convenio número 189, e insiste en la necesidad de que los Estados miembros de la Unión Europea ratifiquen ese convenio.


Esos son mis argumentos, espero ahora escuchar los argumentos de alguien que en nombre del Grupo Popular o del Gobierno, quien sea, nos dé las razones por las cuales no solo no se ha ratificado el convenio, sino que en dos años no se ha
hecho nada ni tan siquiera se ha dado una explicación al Congreso, a esta Cámara y a esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: No pende ninguna enmienda a esta proposición no de ley. ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa).


Por Convergència i Unió, tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En mayo de 2013 Convergència i Unió apoyó la proposición no de ley que defendió también el señor Coscubiela en la que instábamos al Gobierno a iniciar el proceso de ratificación de la Convención número 189 de
la OIT y la recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Ya entonces formulábamos nuestras consideraciones en esta materia, entendiendo que a este segmento de nuestras trabajadoras era
necesario reconocerles un marco legal lo más igualitario posible y, en este sentido, como acostumbra a ocurrir, la normativa de la Organización Internacional del Trabajo garantiza precisamente este marco legal igualitario para estas trabajadoras.
Además, en aquel debate se alcanzó un acuerdo con el Grupo Popular y se abría una esperanza para que el Gobierno procediese a esta ratificación. Han pasado cerca de dos años y esto no se ha producido. Por tanto, hoy debemos reiterar los mismos
argumentos que entonces expresamos y volver a votar a favor de la iniciativa del señor Coscubiela. En esta materia, a pesar de que en los últimos tiempos se han producido mejoras desde el punto de vista de la protección social y de que la reforma
que se hizo de la protección social de este colectivo de trabajadores ha supuesto una mejora sin lugar a dudas sustancial, y que ha aumentado también el número de personas efectivamente incorporadas en el régimen de trabajadores domésticos, lo
cierto es que continuamos con problemas, más allá de los que el señor Coscubiela pone en evidencia. Por un lado, la EPA nos dice que hay más de 600.000 personas trabajando en el sector doméstico, pero, por otro, las personas dadas de alta rondan el
medio millón. Por tanto, continuamos aún con muchas trabajadoras fuera de la economía formal, sin protección legal, sin contratos, con todo lo que ello implica en términos de protección social, en términos también de la propia capacidad de ser más
competitivas por parte de aquellas personas que están dadas de alta y por la propia inseguridad que eso pueda generar en sus empleadores. Eso quiere decir que es necesario que se reflexione sobre si el nuevo marco legal que aprobamos en la pasada
legislatura y que el actual Gobierno modificó durante los primeros meses de esta legislatura está funcionando adecuadamente, desde la perspectiva de hacer emerger el trabajo irregular que existe en este campo. Eso forma parte, además, de una
demanda que Convergència i Unió viene planteando desde hace unos cuantos años, que es la necesidad de que tengamos un marco fiscal que estimule la contratación por la vía regular de estas trabajadoras. En este sentido, las experiencias francesas y
belgas en esta materia son muy sugerentes. A través de cheques servicios deducibles del impuesto sobre la renta, con subvenciones a las cotizaciones sociales y con un IVA reducido por la contratación de este tipo de empleados, se ha generado y ha
emergido nueva ocupación. Por tanto, junto con la reflexión que nos formulaba el señor Coscubiela, sobre la mejora de la protección social y del marco legal, necesitamos una política más activa para incorporar a más personas a la economía formal y
facilitar servicios que son esenciales para nuestras familias, a los que se puedan acceder en las mejores condiciones sociales para trabajadores y empleadores.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Víctor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: El Grupo Socialista va a apoyar esta proposición no de ley, al igual que apoyó la transacción que se produjo el 8 de mayo de 2013. Si bien en aquel momento confió en que el Partido Popular hiciera lo que decía que
iba a hacer, que era evaluar qué consecuencias tenía y si se podía producir esa ratificación, hoy me gustaría, como ha planteado el señor Coscubiela, que nos dieran las razones por las que esa ratificación no se ha llevado a cabo.


Es indudable que la Ley 27/2011 y el Real Decreto 1600/2011 supusieron un avance importante. Quedaron fuera todos los temas relacionados con despido y la protección por desempleo, pero para el resto de los aspectos supuso una equiparación
de los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos con el resto de los trabajadores. El 28 de diciembre de 2012 se produjo un retroceso, porque

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los derechos de los empleados de hogar que trabajen menos de sesenta horas tienen otras condiciones distintas, el aumento real de los costes de cotización también trajo consigo esa modificación… Es decir, se ha producido un vaivén a partir
del año 2011 en el que, por un lado, se ha visto que se pretendía llevar a cabo esa ratificación —para eso había que estudiarlo— y, por otro, se adoptaban normas que iban en contra de esa ratificación que suponía el reconocimiento de determinados
derechos a este tipo de trabajadoras y trabajadores domésticos. Me gustaría saber por qué razón no se ha llevado a cabo, dónde están los problemas, qué dudas existen, qué dificultades se plantean para que este tipo de reconocimiento y equiparación
entre las trabajadoras y trabajadores domésticos y el resto de los trabajadores se produzca y que todas esas recomendaciones que existen tanto en el convenio como en la recomendación número 201 se regulen, se lleven a cabo y se haga lo que se ha
producido en otros países como Alemania o Italia, donde esta ratificación se ha llevado a cabo y este reconocimiento se ha producido.


Por ello, nos gustaría que de esta proposición no de ley surgiera un voto afirmativo, pero con independencia de eso que supusiera el cumplimiento del inicio del proceso de ratificación, que creo que sería lo más adecuado para conseguir que
no se produjeran este tipo de desigualdades. Yo tengo alguna duda de que esto pueda ser así, porque si a lo largo de esta legislatura hemos observado cómo los derechos de los trabajadores han ido disminuyendo de manera progresiva y se ha producido
un desequilibrio entre los derechos de los trabajadores y el reconocimiento de esos derechos por parte de los sectores empresariales, no me voy a creer mucho que se cambie de opinión a última hora. Pero confío en que, como se trata de ratificar, de
aceptar estas recomendaciones, esto se pueda llevar a cabo y que el Partido Popular, además de dar explicaciones, vote a favor e inicie este proceso de ratificación, que sería lo mejor para todos.


El señor PRESIDENTE: Para concluir este punto, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, doña Celinda Sánchez.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Este tema que hoy estamos aquí debatiendo se ha debatido en varias ocasiones en esta Cámara, en Pleno y en Comisión. Por tanto, yo creo que voy a volver a repetir lo que se ha dicho en una y en otra ocasión, que
se ajusta a la realidad de lo que, como ustedes saben, existe en cuanto a las disposiciones del Convenio 189, que no es otra cosa que no se adaptan al Real Decreto 1600/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación del servicio en el
hogar familiar. La recomendación 201 vinculada al convenio incluye normas y abunda en aspectos no contemplados en el convenio, pero sobre todo los artículos 2, 4, 7, 9, 13 y 14 son incompatibles con nuestra legislación. Obviamente, no dispongo de
tiempo para analizar uno por uno, pero quiero destacar, por ejemplo, que el 14 contempla el despido y la prestación por desempleo. Como todos sabemos, el trabajo doméstico está excluido de estas contingencias. Nuestra regulación nacional establece
la obligación de información cuando la prestación del servicio sea superior a cuatro semanas, algo que no se armoniza con lo contemplado en el artículo 7. El artículo 13 va contra la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con el tema de la
seguridad y la salud en el trabajo, ya que no se aplica en este sector, puesto que la consideración del hogar familiar no es un centro de trabajo al uso, con lo cual está vedado a la autoridad pública. Por tanto, cuando se contempla que todo
trabajador doméstico tiene derecho a un entorno seguro y saludable nuestra legislación ya obliga al empleador a unas condiciones de seguridad en este trabajo. Tengo que resaltar que las últimas normas en la materia han mejorado la integración del
régimen especial de estos trabajadores, teniendo derecho, como saben, entre otros, a las prestaciones de la Seguridad Social, exactamente igual que en el régimen general, lo que conlleva a una protección social adecuada y a una verdadera relación
laboral. Las reformas que en este país se han hecho han sido muy positivas. En diciembre del año 2011 había 296.000 empleados afiliados a la Seguridad Social en este sistema. Ahora mismo, en marzo de 2015, había casi medio millón de empleados,
luego hemos avanzado en este tema.


Yo entiendo —permítamelo, señor Coscubiela— que este convenio se refiere a las diferencias de las situaciones de vulnerabilidad que pueden tener otros países en vías de desarrollo y por ende la discriminación que usted dice y la explotación
hacia estos trabajadores. Afortunadamente, esto no sucede en España y sus derechos están garantizados por ley. Permítame hoy hacer un reconocimiento a este colectivo, que cumple una labor muy encomiable para muchas familias y personas que sin su
ayuda tendrían muy difícil el día a día. No hay explotación en estas familias, sino un agradecimiento a ese trabajo por el que muchos —muchas, sobre todo mujeres— están viendo más amortiguado el tema de los mayores, de los hijos y de compatibilizar
el ámbito familiar con el laboral. Dicho esto, les recuerdo que actualmente —ustedes lo han dicho aquí— de veintiocho países de la Unión Europea son cuatro los

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países que lo han ratificado: Alemania, Italia, Irlanda y Finlandia. En estos dos últimos no ha entrado todavía en vigor. Pero hay algo más, en Alemania se ha excluido a los trabajadores que viven en casa del empleador por lo que he dicho
anteriormente, por problemas con la privacidad del domicilio. Es decir, España, y como usted dice que estaba esperando a ver qué vamos a decir nosotros…


El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez, le ruego, por favor, que vaya concluyendo.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias por su benevolencia, señor presidente. Voy a sintetizar y ya termino.


En España —lo vuelvo a repetir— han sido firmados 133 convenios y en esta línea no dude de que España está avanzando en lo que se mandó, en lo que se dijo aquí cuando se aprobó por todos ustedes esa enmienda: que evalúe la posibilidad de
someter a ratificación este convenio. No dude de que el Gobierno está avanzando para que en un futuro este convenio pueda ser ratificado.


Señor Coscubiela, por lo que he dicho anteriormente, no podemos apoyar su propuesta.


— POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORMAR EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002674).


El señor PRESIDENTE: A continuación, salvo que los portavoces me indiquen otra cosa, creo haber entendido que va como punto 2.º del orden del día el que figura como tal y, posteriormente, en tercer lugar, irá el que figura como punto 6.º,
que es una proposición no de ley con autoría del Grupo Mixto. ¿Es así? (Asentimiento).


Con el recordatorio de que, dentro de la flexibilidad que se tiene en esta Mesa y en esta Presidencia, los tiempos son siete minutos para el interviniente, cinco para el enmendante y tres para fijación de posiciones —lo digo porque hemos
tardado media hora en este primer punto, y yo no tengo ningún inconveniente en acabar a las dos, pero tengan en consideración el buen uso del tiempo—, a este fin le doy la palabra a don Carles Campuzano, en defensa de la iniciativa que figura como
punto 2.º, que es instar al Gobierno a reformar el régimen especial de los trabajadores autónomos.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Presentamos esta proposición no de ley en esta Comisión con la pretensión de dar un impulso a la reforma del RETA, el régimen especial de los trabajadores autónomos, y lo hacemos desde varias convicciones. En
primer lugar, en los últimos años, desde mediados de los noventa y especialmente durante la primera década de los dos mil, se produjo un importante impulso reformista en materia de protección social de los trabajadores autónomos orientado a
equiparar la protección social de los autónomos con los trabajadores del régimen general. Ha sido un proceso arduo, que tuvo su máxima expresión en su día con la aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo y, posteriormente, con la ley que
regulaba el cese de actividad de los trabajadores autónomos. Ha sido un proceso largo, complejo, que ha introducido mejoras en este campo y, si lo comparamos con la fotografía existente antes de 1999, observaríamos que las mejoras han sido
importantes.


Al mismo tiempo, creo que todos somos conscientes de que el RETA, en esa pretensión de equipararse al régimen general, choca con algunas dificultades. De hecho, nuestro régimen de protección de Seguridad Social responde más al trabajo por
cuenta ajena —incluso en la industria, si me permiten— que no estrictamente a la actividad de un trabajador por cuenta propia, un pequeño empresario, un profesional, un profesional que trabaja para una o varias empresas. En este choque de
realidades ha pesado sustancialmente el hecho de que en estos regímenes de autónomos se configura que es el autónomo el que elige la base de cotización y, al mismo tiempo, la ley obliga o garantiza una base mínima de cotización. En la práctica, el
funcionamiento de este régimen en esa lógica —capacidad de elección y base mínima— ha provocado que más del 80 % de los autónomos vayan por bases mínimas, lo que implica que buena parte de esos autónomos terminan generando pensiones muy bajas. Al
mismo tiempo, esa base mínima de cotización que la ley establece cuando alguien empieza una actividad económica, sea joven o mayor, o cuando un profesional o un autónomo debe hacer frente a una situación de crisis como la que hemos vivido durante
estos años, a menudo se convierte en insoportable, no permite iniciar la actividad económica o no permite mantener esa actividad económica. Todo eso se traduce en una enorme insatisfacción de los trabajadores autónomos en relación con el
funcionamiento del régimen de la Seguridad Social, a pesar de las mejoras que se han introducido, junto a las deficiencias de esas mejoras que también se han producido.

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Hemos tenido que modificar ya en varias ocasiones el cese de actividad demostrando que no terminamos de encontrar la fórmula adecuada de garantizar el riesgo de un autónomo a perder su empleo.


Todo ello nos lleva a plantear la necesidad de una reforma que nuestra intuición —y digo intuición, de ahí que mandatemos estudiar a fondo la cuestión— nos dice que el régimen de autónomos debería configurarse teniendo en cuenta,
fundamentalmente, los ingresos reales de los trabajadores autónomos y, por tanto, muy vinculado con la fiscalidad general que los autónomos estén sufragando. De hecho, en los últimos tiempos las asociaciones de autónomos se han empezado a mover en
esa misma dirección: adecuar la cotización en función de los ingresos reales, de los rendimientos que obtengan los trabajadores autónomos. No es fácil, no es sencillo, es evidente que en lo que nos queda de legislatura no lo podemos abordar, pero
sería importante que hoy aprobásemos un mandato al Gobierno en este sentido. Además, es un mandato que enlazaría con la recomendación número cuatro del Pacto de Toledo, aprobado en enero de 2011. En esa fecha, en el Pacto de Toledo afirmábamos que
se recomendaba avanzar en la plena equiparación de los derechos de los autónomos a los derechos de los trabajadores del régimen general, la necesidad de promover de manera gradual las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los
autónomos a los ingresos percibidos por los mismos —ahí el mandato iba en esa dirección— y a la necesidad de incrementar los niveles de transparencia e información a los autónomos para permitir una elección responsable y adecuada de sus bases de
cotización, con el objeto de mejorar la suficiencia de sus pensiones futuras.


Es un debate fundamental, señorías, porque además —y con ello ya termino, señor presidente— durante el periodo de recuperación económica está aumentando el número de trabajadores autónomos. Hemos superado ya los 3.100.000 trabajadores
autónomos y la configuración de los mercados de trabajo en los países avanzados hace prever que, en general, el trabajo autónomo tiende a aumentar. Por tanto, si tiende a aumentar, debemos mejorar el tratamiento legal de la protección social de
estos trabajadores. En este sentido, hoy pretendemos promover que el Gobierno empiece el proceso de reflexión y discusión sobre esta reforma a fondo del RETA. Sería importante, insisto, que hoy la Comisión aprobase, con el máximo apoyo posible, un
mandato al Gobierno en este sentido.


El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda sobre esta iniciativa cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular.


Tiene la palabra, para su defensa, doña Carmen Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Efectivamente, este es un tema importante porque la aportación que el colectivo de autónomos está realizando a la recuperación en España y a todo el proceso económico es verdaderamente importante y
sustancial. En este momento, nos encontramos con un galimatías de normas que no permiten una adecuación correcta en la equiparación de este régimen de autónomos al Régimen General de la Seguridad Social, que era hacia lo que se tendía en los
acuerdos del Pacto de Toledo. Tengo que decir que, efectivamente, en este momento con la propuesta, los trabajadores autónomos, desde su propia regulación del RETA, tienen la posibilidad de cotizar o la obligación de una base mínima, pero el resto
es voluntario. Pueden cotizar más en función de las decisiones derivadas de las modificaciones que se han introducido no hace mucho y que ya se han aplicado en relación con la mejora de sus prestaciones por incapacidad temporal, por cese de
actividad y por la cobertura por contingencias profesionales; esas bases de cotización pueden ser elegidas por el propio autónomo. Pero lo que es una realidad es que en este momento esto está produciendo unas enormes distorsiones entre esas bases
de cotización, que son de libre elección, y las prestaciones que por otra parte tienen derecho a recibir, que están así recogidas en el propio Estatuto de los Trabajadores. Sin duda, ahí es donde tenemos que poner el mayor esfuerzo.


La propuesta que hoy nos hace Convergència i Unió, animada por un espíritu muy loable, en algunos puntos —se lo comentaba también al señor Campuzano— tiene matizaciones que es necesario estudiar. Concretamente, propone impulsar una reforma
directamente del régimen de trabajadores autónomos que suponga el establecimiento —ya, taxativamente dice— de un sistema progresivo que facilite a los trabajadores cotizar en función de los ingresos reales. Pero, el problema está en que la
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos responde a una naturaleza muy distinta a la de los trabajadores por cuenta ajena que están en el régimen general, por cuanto el trabajador autónomo aporta trabajo y capital a su
actividad y los rendimientos que obtiene de dicha actividad retribuyen ambos factores. En ese sentido, en la propuesta que realiza en este momento Convergència i Unió, la cotización respondería solo a la remuneración del primero de ellos, es decir,
a la aportación del trabajo. Por tanto, vincular la

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cotización a la Seguridad Social a los ingresos declarados en Hacienda presenta problemas de gestión y operativos insuperables a medio plazo, no solo porque los periodos de devengo de unos y otros son diferentes —lo que provocaría en algún
caso injusticias contrarias al espíritu de lo que hoy nos trae la propuesta de Convergència i Unió—, sino porque los datos dependen de administraciones distintas, como pueden ser en su caso las haciendas forales.


Por otro lado, no podemos olvidar que el ámbito protector del Sistema de Seguridad Social en relación con los afiliados del RETA queda condicionado, como hemos estado hablando, por el Estatuto del Trabajador Autónomo, que recoge el derecho
al mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que les garantice la asistencia y las prestaciones sociales para situaciones de necesidad. Lo ha dicho muy bien el señor Campuzano, el 80 % de los autónomos cotizan por las bases mínimas y,
por lo tanto, en muchos casos cuando llega el momento de la jubilación tienen que acudir al complemento a mínimos que se está aplicando en estos supuestos. Por lo tanto, tenemos una situación complicada, claramente injusta socialmente en muchos
casos, pero que es necesario estudiar con suma prudencia y con gran ponderación para conseguir ese equilibrio entre las bases de cotización y las prestaciones que después se pretende percibir. Hay que equiparlo de alguna manera para que, primero,
no haya también una injusticia con el resto de los trabajadores que están cotizando por unas bases un 60 % superior de media a lo que lo están haciendo los autónomos. Hay que intentar equiparar ambos parámetros y tener en cuenta también aquellas
prestaciones.


Por eso, el Grupo Parlamentario Popular, compartiendo la preocupación y la necesidad de profundizar en lo que el Gobierno ya tiene como una enorme ocupación, que es ver de qué manera podemos casar todas estas circunstancias en un equilibrio
prudente y necesario, ha propuesto esta enmienda en la cual instamos al Gobierno a estudiar una reforma del RETA a los efectos de adecuar las bases de cotización a los rendimientos obtenidos por el ejercicio o actividad profesional. El señor
Campuzano nos ha propuesto una transaccional a la que a lo largo de la Comisión le propondremos una alternativa, que pasaríamos a la Mesa para su votación final.


El señor PRESIDENTE: Cuando tengan la transaccional materializada les ruego que nos la acerquen a la Mesa.


¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa).


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para anunciar nuestro voto favorable a la propuesta que acaba de defender el señor Campuzano porque, si bien somos conocedores de toda la problemática que la portavoz del Grupo Popular ha expuesto,
también es verdad que cuando este asunto se trató en los debates que en su momento se dieron en la Comisión del Pacto de Toledo se manifestó la necesidad de avanzar para procurar una progresividad en la Seguridad Social de los trabajadores autónomos
que les permitiera poder acceder a ella sin que eso significara un agobio que, en muchos casos, les llevara a cerrar los pequeños negocios que son en muchos casos la causa o justificación de esta actividad autónoma. Conocemos muchos casos en los
que los gastos que inicialmente tiene un trabajador autónomo hacen imposible continuar con una actividad de estas características. Siendo conscientes de que a menor contributividad menos derechos en el futuro, sobre todo en las cuestiones de
pensiones, también somos conscientes de que esa progresividad que plantea el señor Campuzano en su iniciativa no es una progresividad que tenga que ser para toda la vida de cotización del autónomo, sino en determinados momentos en los que los
ingresos por su actividad son inferiores.


En definitiva, se debería avanzar en esa dirección y apoyamos su iniciativa.


El señor PRESIDENTE: A continuación, para cerrar este punto, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Teresa Rodríguez Barahona.


La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Mi intervención la haré sobre la iniciativa del grupo proponente, conocemos la enmienda pero desconocemos el contenido de la transacción, no obstante, entiendo que, como es habitual en este asunto, seguro que
llegamos a consenso y acuerdo.


En este tema —si me permiten, casi una declaración previa— el Grupo Socialista participa con determinación en las políticas de apoyo a los trabajadores autónomos y de impulso al autoempleo, tanto el individual como el colectivo. Valoramos
el importante peso específico de este colectivo en un entorno económico cada vez más abierto y complejo que está conllevando que el mercado de trabajo sea cada

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vez más flexible, apareciendo unas nuevas relaciones laborales que precisan de una adecuación y regulación que nos compete adaptar, más allá de que, como se ha expuesto aquí, no deja de tener sus dificultades. Desde luego, para nosotros el
reconocimiento de los derechos sociales a este colectivo y los avances en las mejoras tienen una relevancia importante y siempre se han hecho acordándose en el seno de esta Cámara. Por ejemplo, nos parece muy importante el hito de la aprobación del
Estatuto del Trabajador Autónomo y todas las normativas que se fueron adaptando durante los gobiernos del presidente Zapatero. En ese mismo sentido, nuestro grupo mantiene esa misma voluntad de diálogo y acuerdo y apoyamos la proposición presentada
por Convergència i Unió y estamos convencidos de que también apoyaremos la transaccional a la que lleguen los grupos.


Los términos de la proposición —los que conocemos, insisto— coinciden con las propuestas de las entidades representativas del colectivo de autónomos. Es una propuesta —no la única, desde luego— que el Grupo Socialista, teniendo siempre muy
presentes las recomendaciones del Pacto de Toledo, ha venido presentando en distintos momentos en esta Cámara. La última vez fue en el debate sobre el estado de la Nación. Se presentó una propuesta de resolución muy específica y adecuada a lo que
hoy se plantea, pero, lamentablemente, no fue aceptada.


Una vez hecha nuestra fijación de posición, quisiera poner encima de la mesa una consideración que, en relación con esta materia, entendemos que es importante y es una reflexión rápida —ya que no es ni el lugar ni el momento— sobre el
problema de los denominados falsos trabajadores autónomos. Es una realidad insoslayable que debemos tener muy en cuenta, pues, si bien —como ya hemos dicho y estamos todos de acuerdo— es muy importante el impulso a la creación de tejido
empresarial, en una situación como la actual de frágil demanda y altos porcentajes de desempleo, se está constatando que en demasiadas ocasiones el emprendimiento del autoempleo no es una decisión libre de las personas, sino una imposición de la
empresa principal de contratar a estas personas como autónomos para evitarse costes laborales. Esta situación es grave y supone una mera mercantilización muy seria de la relación laboral y en España una vía por la que el Estado —en un momento
determinado como el presente con unas bases ideológicas muy determinadas— pretende abdicar de sus responsabilidades ante las altas tasas de desempleo que sufrimos. Es una responsabilidad que quiero resaltar, que es de enorme calado, tanto en
relación con la creación de empleo de calidad para reducirla como en la repercusión en el sistema de protección social en nuestro país y, muy especialmente, en la protección de las personas desempleadas. Es un tema amplio y variado, pero que en
este momento y en este lugar no cabe. Por lo tanto, apoyamos la iniciativa y esperamos que la propuesta de transacción esté de acuerdo con este espíritu de diálogo y consenso.


— RELATIVA A LA SITUACIÓN DE PRECARIEDAD DE LOS MILES DE TRABAJADORES DE LAS CONTRATAS Y SUBCONTRATAS DE GRANDES EMPRESAS DE TELEFONÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003664).


El señor PRESIDENTE: A continuación, y tal como se ha solicitado a esta Mesa, vamos a alterar el orden del día y vamos a pasar a debatir el punto que figura como 6.º, que se refiere a la situación de precariedad de miles de trabajadores de
las contratas y subcontratas de grandes empresas de telefonía, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto.


Va a defender esta iniciativa doña Olaia Fernández Davila, quien tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, los efectos benefactores de las nuevas tecnologías son posibles gracias a la expansión de las infraestructuras de las telecomunicaciones y gracias a los avances técnicos, pero, sobre todo, gracias al
trabajo realizado por miles de personas que contribuyen a que funcione la cadena, desde la investigación hasta el desarrollo e innovación y la instalación de las tecnologías. La especulación en esta actividad se instaló desde el primer momento,
pero ha ido avanzando progresivamente hasta el momento actual. La prioridad del beneficio económico inmediato sobre la prestación del servicio es el motor del desarrollo del sistema de subcontratación como la modalidad más extendida, sistema del
que se ha hecho un abuso y un uso sistemático y permanente que influye en las condiciones de trabajo y también en la calidad del servicio que se presta. (La señora vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa la Presidencia). Dicho grado de deterioro ha
provocado situaciones insostenibles, tanto en los trabajadores de las operadoras del primer nivel como en el personal que trabaja en las subcontratas de dichas compañías. Frente a los importantes beneficios de las grandes compañías, se contrapone
una explotación laboral miserable, una situación a la que no pueden ser ajenas las

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administraciones públicas. Las pésimas condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas de empresas de nuevas tecnologías, como es el caso de Telefónica Movistar, demandan a voces que se pare esta desesperante
situación que les ha llevado, señorías, a secundar una huelga general de carácter indefinido. De hecho, cuando nuestro grupo presentó esta proposición no de ley, estos trabajadores llevaban en huelga desde hacía algunos días. En algunos casos ya
ha sido suspendida por acuerdos en algunas empresas con sus trabajadores, pero en el caso de Liteyca en el norte de Galicia, concretamente en la ciudad de A Coruña, la huelga se mantiene. Y se mantiene, señorías, por asuntos tan espeluznantes —no
puedo extenderme porque no tengo tiempo, no porque no quiera— como, por ejemplo, una de las cuestiones que plantea la empresa para mejorar las condiciones de los trabajadores es ofrecerles en la jornada del sábado de servicio permanente 90 euros
frente a los 45 euros que están cobrando actualmente; eso si llegan a efectuar algún trabajo, independientemente de que la disponibilidad la tienen que tener con trabajo o sin él.


Señorías, esta huelga nos permitió conocer en la realidad muchas de las cuestiones que hemos debatido en esta casa como consecuencia de la reforma laboral y la permisividad que existe con los abusos por parte de las empresas. Nos permitió
conocer que hay miles y miles de trabajadores —no solamente los que secundaron esta huelga— que están en una situación de sobreexplotación, realmente de semiesclavitud. Porque incluso, como es el caso de los que estuvieron en huelga en estas
empresas contratadas y subcontratadas por Telefónica, la precariedad laboral es tan grande que incluso están sometidos a penalizaciones en la productividad, tienen un criterio de trabajo a destajo. Señorías, es imposible explicar cuál es la
situación de sobreexplotación de estos trabajadores porque es realmente increíble. Pero, conocer este hecho gracias a la huelga que convocaron en estas contratas y subcontratas también nos ha permitido conocer que en otros sectores la realidad es
la misma, mucho más grave de lo que realmente se prevé de acuerdo con las leyes laborales que se reformaron en el Estado español.


Por eso, nosotros presentamos esta proposición no de ley que esperamos tenga el apoyo de todos los grupos parlamentarios porque entendemos que no es posible mantener estas condiciones laborales y esta situación de trabajadores y trabajadoras
y al mismo tiempo decir que vivimos en una democracia. Desde mi punto de vista, señorías, es completamente incompatible decir que vivimos en una democracia y admitir que esta situación de sobreexplotación de los trabajadores exista. Por eso,
pedimos en nuestra proposición no de ley cosas tan normales —que son las reclamadas concretamente por los trabajadores en huelga— como que se cumpla la normativa laboral relacionada con la prevención y la protección de la salud laboral, que no se
cumple en estas empresas; que se respeten los convenios colectivos de sector provinciales que existen. Son cosas tan elementales para los derechos de los trabajadores que si la Administración no exige que esto se cumpla realmente a lo que llamamos
democracia no le podemos llamar así.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Como no hay enmiendas presentadas, pasamos a la fijación de posiciones por los grupos.


Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, la señora Fernández Davila nos ha presentado una proposición no de ley que va más allá del conflicto que hoy se vive entre los trabajadores de Movistar y la compañía Telefónica. Seguramente,
si estuviésemos ante un debate sobre ese conflicto laboral existente, más allá de la simpatía que podríamos tener con la causa que defienden los trabajadores, mi grupo sería más prudente a la hora de pronunciarse favorablemente sobre el contenido de
la proposición no de ley. Pero, el contenido de la proposición no de ley que aborda toda la problemática de las contratas y subcontratas de telefonía sí nos parece relevante y en los términos que se plantea por parte de la portavoz del grupo
gallego va a merecer nuestro apoyo.


El mercado de trabajo en España, al hilo del proceso de descentralización empresarial, está viviendo un empeoramiento de condiciones para determinados trabajadores que no se ve compensado por otro tipo de políticas. Y es evidente que en
sectores no sometidos a la competencia internacional, como el caso del sector de la telefonía, empeorar las condiciones de trabajo de estos trabajadores no es solo un problema para estas personas, sino para el conjunto de la economía. Trabajadores
mal pagados son trabajadores que van a poder comprar menos bienes y servicios afectando al crecimiento económico y son trabajadores que van a necesitar más apoyo del Estado del bienestar. Por tanto, van a tener que ser sufragadas por el conjunto de
los contribuyentes prácticas empresariales que no conducen a los sueldos

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que se necesitan para vivir en una sociedad como la española. Por tanto, señorías, mi grupo votará favorablemente la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo Socialista, el señor De la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Mi grupo también va a apoyar la proposición no de ley que acaba de defender la señora Fernández Davila, cuyo objetivo es que se lleven a cabo las actuaciones precisas para garantizar que las contratas y
subcontratas de telefonía cumplan las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos, abordando algunas de esas secuelas que ella ha llamado adecuadamente de sobreexplotación de trabajadores que se produce como consecuencia del
nuevo sistema de organización del trabajo, que es la externalización de la producción. Se trata de una proposición no de ley, cuyo origen inmediato es el conflicto de las contratas y subcontratas de Movistar, pero que tiene un carácter, una visión,
una proyección general que afecta a muchos sectores. En el año 2006 mediante una ley se abordó el problema de la subcontratación en el sector de la construcción, pero no se ha podido extender esa regulación para evitar las subcontrataciones en
cadena a otros sectores. Además, la reforma laboral del PP, al establecer ese principio de prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio de sector ha venido a destrozar y a generalizar esta situación de precariedad, de pérdida de
derechos.


Hay que decir aquí que el conflicto de Movistar está canalizado en parte, una parte muy importante, a través de la negociación colectiva. El pasado 5 de mayo se firmó un acuerdo entre UGT y Comisiones Obreras con once empresas importantes
del sector, probablemente no todas y por eso la señora Fernández Davila ha hecho referencia a que en Galicia todavía existe alguna huelga puntual por alguna empresa que no se ha adherido a ese acuerdo. Quiero señalar que este acuerdo recoge algunos
de los aspectos para un sector concreto y unas empresas concretas que se plantean en esta proposición no de ley, que es el sometimiento de las empresas a los convenios sectoriales del metal provinciales o autonómicos correspondientes; el compromiso
de hacer jornadas de ocho horas, no jornadas de horas sino de ocho horas diarias, con el descanso efectivo los domingos y festivos como forma habitual de trabajo, etcétera.


El problema es más general y quiero dedicarle brevísimos minutos, señora presidenta, al debate general. El debate de las contratas y subcontratas, de las cadenas indefinidas, tiene dos planos. Un plano es un nuevo modelo de organización
productiva vinculado a la economía globalizada en el que las grandes empresas se convierten en empresas matrices que, en vez de tener cadenas productivas internas, las externalizan. Este modelo puede tener unas facetas que son positivas y que nadie
discute cuando se producen como un incremento de la productividad, de la inversión específica en un sector, un incremento de la eficiencia, etcétera, pero tienen también un efecto perverso, en muchos casos, en muchos casos —lo digo con énfasis
porque conozco muchos de esos casos— buscado objetivamente, directamente, por los empresarios, que es el abaratamiento de costes salariales, directos en salarios e indirectos en indemnizaciones posibles; la desregulación de jornadas y de horarios,
de descansos; la limitación de la conciliación de la vida laboral y familiar; en definitiva, la ampliación de la explotación y la dominación, el abuso en la externalización, competir en costes salariales y no competir en otras vías, en otros
medios, en otras técnicas que sean las que permitan una sociedad más madura, más progresiva, más social.


El Grupo Socialista es sensible a este problema, es consciente además de que hay que abordarlo. Recientemente ha habido varios debates en esta Cámara sobre este tema, creo recordar que el 28 de abril pasado se debatió en el Pleno de la
Cámara una proposición de ley de mi grupo para modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores precisamente en esta materia: para limitar las contratas y subcontratas y para establecer la obligación de aplicar los salarios del sector y
no los salarios de la empresa subcontratada de la cadena, en última instancia el autónomo. En esta Cámara el Reglamento es muy limitado, normalmente durante el debate no hay réplicas y dúplicas, y por tanto los grupos de la oposición tenemos la
dificultad, cuando no la imposibilidad, de contestar o rebatir las ideas o los argumentos que utiliza el grupo de la mayoría, que es el último que interviene. Pero como los debates se replantean, creo que es bueno que replanteemos o retomemos la
totalidad del debate.


En aquel momento, el Grupo Popular, que se opuso a la proposición de ley, planteó dos argumentos de fondo: que la regulación de subcontratas y contratas y su limitación y la imposición de determinadas regulaciones laborales iba contra el
principio de libertad de empresa —así consta en el «Diario de Sesiones» y se dijo ampliamente— e iba contra la libertad de negociación.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Señor De la Rocha, le rogaría que fuera terminando. Muchísimas gracias.

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El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Termino. Le pido solamente dos minutos porque este es el centro de lo que quiero decir.


Efectivamente, el debate sobre la libertad de empresa, es decir, el debate entre el equilibrio de la libertad de empresa y los derechos de los trabajadores es el debate actual entre el neoliberalismo y el Estado social, es un debate que se
ha replanteado y se ha reabierto en Europa en las dos últimas décadas, que pone en cuestión eso que Michel Albert llamó el capitalismo renano. Pero, señorías, la historia del derecho del trabajo, la historia del sindicalismo es la historia de la
limitación progresiva de la libertad de la empresa, de la libertad del empresario en cuanto patrono que querría tener condiciones de trabajo a decidir libremente, mejores o peores, pero para disponer libremente, y eso no es la modernidad ni es el
Estado social y democrático de derecho en el que estamos.


Y qué decir —ya con esto sí que termino— de la libertad de negociación colectiva. Si lo que ha impuesto la reforma laboral del PP en el artículo 84.2 precisamente es la prioridad aplicativa en cualquier caso del convenio de empresa frente
al convenio del sector, por tanto, negando libertad a las partes, a los sectores, a los empresarios y a los trabajadores. Estas son las causas, las razones de fondo de estas secuelas que muy bien planteaba doña Olaia, la portavoz del Bloque
Nacionalista Galego, y que con lenguajes distintos otros grupos, entonces y ahora, han retomado. Por eso mi grupo va apoyar esta proposición no de ley, y vuelvo a reiterar que estos artículos, estas disposiciones de la reforma laboral, cuando haya
un Gobierno socialista a partir del mes de noviembre, las derogaremos.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo Parlamentario Popular la señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: En estos momentos con las redes ultrarrápidas se trata de una oportunidad real para contribuir a la recuperación de la economía nacional; se trata con ello de reactivar la economía y de crear empleo. El reto que
tenemos por delante es contribuir a que en 2020 todos los europeos tengamos la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad de 30 y que al menos un 50 % de los hogares estén abonados a conexiones. Las redes ultrarrápidas
pueden suponer para España una inyección económica que la Comisión Europea valoró en torno a los 25.000 millones de euros, creo que es una cantidad bastante importante.


Pues bien, hoy el Bloque Nacionalista Galego presenta una proposición no de ley sobre la situación de precariedad de los trabajadores de contratas y subcontratas de grandes empresas de telefonía. He de decir en primer lugar que la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrolla actuaciones dirigidas a comprobar el cumplimiento de las normas y obligaciones legales en materia laboral y de prevención de riesgos laborales con el objeto de remover aquellos obstáculos que
impidan o dificulten dicho cumplimiento. En estos momentos se están llevando a cabo actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la comprobación de los hechos que han sido puestos en conocimiento por los sindicatos. No
obstante, respecto de la información solicitada en la propia proposición no de ley existe un absoluto deber de sigilo que viene ordenado por el artículo 12 de la Ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Como se deduce de ese
artículo 12, se ha impuesto este deber de sigilo, incluso de secreto, con un alcance muy amplio, extendiéndolo a cualquier tipo de denuncia o información de la que haya tenido conocimiento la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con las únicas
excepciones que se señalan en la ley, entre las que se incluye la posibilidad de colaborar con las comisiones parlamentarias de investigación, por lo que únicamente en ese cauce parlamentario de investigación de comisiones podría facilitarse la
información relativa a las investigaciones que se solicitan en esta proposición no de ley. Se trata en todo momento de la reserva de las actuaciones inspectoras como un bien jurídico que merece una protección amplia y prima frente a otros
intereses. Así que la Inspección de Trabajo está realizando su trabajo, está haciendo todas las comprobaciones oportunas y en estos momentos debemos ser cautos y esperar a que existan estos informes. Si por algo se ha caracterizado este Gobierno
en los últimos años es por la lucha contra el fraude fiscal, por la lucha contra el fraude en la Seguridad Social y el empleo irregular, con lo cual todas estas comprobaciones se están haciendo en estos momentos y debemos ser respetuosos con la
actuación que están realizando.


Respecto a la inclusión en las bases de las subvenciones y pliegos de contrataciones para la prestación de servicios o la realización de obras con la condición de no permitir la subcontratación descendiente más allá del primer nivel, hay que
recordar que en la normativa vigente, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, solo existe esta limitación en el ámbito de la construcción, con lo cual el Gobierno en estos momentos no puede hacer de manera unilateral esa prohibición para las
subvenciones. Igual que actualmente tampoco existen razones para proceder a una extensión de las limitaciones más allá del

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sector de la construcción y mucho menos para su aplicación a partir del primer nivel de subcontratación, tal y como pretende la proposición, debiéndose tener presente que tales restricciones suponen una limitación al principio de libertad de
empresa reconocido en el artículo 38 de la Constitución española. Tampoco se considera procedente en estos momentos la inclusión de cláusulas de subrogación de personal a las que se refiere el apartado 5 de la proposición, pues no debe establecerse
con carácter general que el nuevo adjudicatario venga obligado a subrogarse en los contratos con los trabajadores de la anterior empresa.


Por último, señorías, para quien no esté informado de la situación actual, el pasado 5 de mayo las representaciones sindical y empresarial alcanzaron un acuerdo a la vista del cual las centrales sindicales se comprometieron a la
desconvocatoria efectiva de la huelga a la que se hace referencia en la exposición de motivos, si bien es cierto que en estos momentos —y la proposición no de ley era anterior a este acuerdo que hubo con los sindicatos— sí quedan una serie de
protestas a través del sindicato de la CIG, el sindicato próximo al Bloque Nacionalista Galego. Por eso me imagino el interés por mantener esta proposición no de ley viva, habida cuenta de que los grandes sindicatos han llegado a un acuerdo con las
empresas.


— POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DE UNA OFICINA INTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SUR DE GRAN CANARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003425).


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Continuando con el orden del día, pasamos al cuarto punto, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Proposición por la que se insta al Gobierno a la creación de una oficina integral de la
Seguridad Social en el sur de Gran Canaria. Tiene la palabra para ello doña Pilar Baena.


La señora GRANDE PESQUERO: Señora presidenta, soy Pilar Grande.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Eran los datos que tenía yo. Discúlpeme. Doña Pilar Grande, sí.


La señora GRANDE PESQUERO: No soy miembro habitual de esta Comisión pero prefiero figurar con mi nombre en el «Diario de Sesiones».


Mi grupo trae a esta Comisión una proposición no de ley por la que instamos al Gobierno a algo que no solo es necesario sino que también es racional y sensato y por eso le pedimos que urgentemente adopte las medidas que permitan la
implantación de una oficina integral de la Seguridad Social para atender a la población del sur de Gran Canaria tanto en el ámbito de la Tesorería General de la Seguridad Social con la puesta en marcha de la unidad de recaudación ejecutiva ya creada
en el año 2000 como en la asunción de las materias del Instituto Social de la Marina y del Instituto Nacional de la Seguridad Social. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


En el caso del Instituto Social de la Marina tengo que aclarar que solamente sería si el Gobierno decidiera cerrar las oficinas que tiene en el municipio vecino de Mogán, en el barrio de Arguineguín, cuya institución cierra ya tres días a la
semana, solo tiene abierto dos días a la semana. En esta misma casa, en la Comisión de Economía y Competitividad, intentamos en el mes de noviembre del pasado año 2014 arrancar el compromiso de esta Cámara para instar al Gobierno a que no cerrara
esa oficina, pero desgraciadamente no obtuvimos el respaldo del grupo que apoya al Gobierno. Por tanto, mucho nos tememos que todavía el Gobierno tiene intención de cerrar esta oficina del Instituto Social de la Marina. Sería en ese caso
exclusivamente en el que lo incluiríamos en esta oficina integral de la Seguridad Social que estamos solicitando. Pedimos que se dote de personal y material y, de manera absolutamente racional para la eficiencia del gasto público, pedimos que se
utilice el edificio que el Ministerio de Hacienda tiene en nuestro municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el corazón de la zona turística de la playa del Inglés, porque tiene espacio vacío.


Señor presidente, voy a hacer un breve relato histórico. En mayo del año 2000 la Secretaria General de la Seguridad Social aprobó la creación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 35/07 a San Bartolomé de Tirajana para asignar a los
municipios turísticos más importantes del sur de la isla, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Quince años después no se ha puesto en marcha, según dicen diferentes informes de los diferentes Gobiernos, por falta de personal y de oficina. Así, Mogán
está asignado al municipio de Gáldar en el norte de la isla y San Bartolomé de Tirajana al municipio de Telde. Trece años después, el 26

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de abril, la comisión ejecutiva provincial de Las Palmas acordó por unanimidad elevar al consejo general la petición de que se impulse la creación y dotación de dicha unidad recaudatoria, la URE 35/07. Comenta en ese informe dos cosas.
Primera, que es necesaria por el abultado número de expedientes y la conveniencia de la especialización de los funcionarios en el sector turístico, que tiene un gran volumen y una problemática específica. Segunda, se pretende acabar con la
irracionalidad —lo dice así el informe— de las demarcaciones territoriales, tanto por las distancias geográficas como desde el punto de vista socioeconómico, porque van contra la eficiencia del gasto público. Señorías, creo que conocen la isla de
Gran Canaria, pero les he traído un mapa para enseñársela rápidamente. (Muestra un mapa). La isla de Gran Canaria no es muy grande pero miren dónde está Arguineguín, Mogán y la unidad recaudatoria en Gáldar; cruzan la isla entera. Aquí está
Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, y tienen que ir hasta Telde, en el centro de la isla. Por lo tanto, creemos que tenemos los mimbres para hacer un cesto necesario y urgente y por eso hemos traído esta solicitud. Como no hemos visto ninguna
novedad, la situación persiste e incluso está agravada por lo que he comentado antes acerca del Instituto Social de la Marina —porque sospechamos que hay intención de cierre—, presentamos el pasado 16 de febrero esta proposición no de ley que estoy
defendiendo en estos momentos para que urgentemente se solucione esta situación. Coincido en que es absolutamente irracional y además costosa tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista socioeconómico.


Señor presidente, para terminar tengo que comentar que conocemos que el 25 de marzo de este mismo año ha habido un oficio enviado al secretario de la Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, firmado por el
secretario general, en el que acepta ubicar una oficina integral de la Tesorería de la Seguridad Social y la URE. No hay inconveniente en el alquiler de la segunda planta del edificio del Ministerio de Hacienda de playa del Inglés y, asimismo,
señala que actualmente se encuentra en fase de elaboración una nueva RPT que procederá a solucionar el problema existente y garantizará en mayor medida el cumplimiento de la legalidad, lo cual nos parece realmente preocupante. Desde aquí solicito
el apoyo de todos los grupos de la Cámara para instar al Gobierno a que de manera definitiva —también definitoria— y urgente se instale en el edificio que tiene el Ministerio de Hacienda, sito en el centro de San Bartolomé de Tirajana, en playa del
Inglés, una oficina integral para atender al importante núcleo económico del sur de Gran Canaria, que son los municipios de San Bartolomé de Tirajana —mi municipio— y el municipio vecino de Mogán.


El señor PRESIDENTE: No habiendo enmiendas, ¿grupos que desean intervenir? Doña Carolina España por el Grupo Parlamentario Popular.


La señora ESPAÑA REINA: Señor presidente, he escuchado atentamente la intervención de la señora diputada y ha hablado de que sospecha el cierre del Instituto Social de la Marina, pero en su exposición de motivos me sorprende enormemente que
se refiere al desmantelamiento de las unidades locales de la Seguridad Social y de cierre del Instituto Social de la Marina de Arguineguín. No es que sospeche, es que usted ha puesto por escrito que se ha producido el cierre. Señoría, le tengo que
decir que eso no se ajusta a la realidad; usted lo ha dicho y lo sabe bien. Estas dependencias siguen abiertas al público, pero con un horario reducido a dos días a la semana. Una reducción de horario no es un cierre de oficina, como viene
escrito en la proposición no de ley, y se debió a los mismos criterios a los que usted ha aludido. ¿Por qué se ha hecho esa reducción de horario? Muy sencillo, el colectivo que se atiende en Las Palmas de Gran Canaria se ha reducido en los últimos
años un 20 % como consecuencia de los traspasos a la Comunidad Autónoma de Canarias de las competencias en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales. También quiero recordarle que desde el mes de junio del año 2012 es obligatoria la
incorporación al sistema REF por parte de todas las empresas dependientes o pertenecientes al régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores del mar. Es decir, los empresarios de este régimen deben realizar también toda su tramitación con
el Instituto Social de la Marina a través de Internet. Quiero dejar claro que en Arguineguín no está abierto todos los días de la semana, pero parece que basta con abrir dos días a la semana para poder atender a los usuarios más frecuentes. No se
produce ningún trastorno a los usuarios afectados, que pueden desplazarse a esta oficina para realizar los trámites sin tener que acudir a la Dirección Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, ni se ha presentado tampoco ninguna queja por parte de
los mismos. No se ha planteado en ningún momento dejar de prestar el servicio que se viene realizando en la zona, sino que —como he dicho— se han reducido los horarios. Lo que ustedes plantean en esta proposición no de ley de trasladar esta
dirección local de Arguineguín a una oficina integral en San

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Bartolomé de Tirajana obligaría a los usuarios del Instituto Social de la Marina a tener que desplazarse desde Arguineguín y, por tanto, se causaría el efecto contrario al que usted pretende con esta proposición no de ley.


Voy terminando. Con respecto a la Tesorería General de la Seguridad Social, efectivamente se dictaron en su momento las resoluciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social.
Tengo que decirle que también se ha visto como mejor opción la segunda planta del edificio que la Agencia Tributaria tiene en San Bartolomé de Tirajana y por parte de la Agencia Tributaria se quiere realizar un convenio de colaboración para llevar a
cabo la cesión de esa planta del inmueble mediante contraprestación. La Dirección General del Patrimonio del Estado ya ha dado el informe favorable al borrador y en la Tesorería General se está a la espera de recibir el texto del acuerdo de cesión
con las condiciones que van a regir el uso de dicho inmueble para hacer los trámites preceptivos.


Por todo lo que he comentado y expuesto anteriormente, no consideramos oportuno aprobar esta proposición no de ley.


— SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS ARTISTAS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003572).


El señor PRESIDENTE: Para finalizar, entramos en el último en punto del orden del día, que figura como quinto, sobre igualdad de oportunidades de los artistas, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la
palabra doña Isabel López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, hemos conocido esta mañana la triste noticia del fallecimiento del director de cine Vicente Aranda, Premio Nacional de Cinematografía en 1988 y autor de grandes películas. Recuerdo dos a las que
tengo especial cariño como son Las libertarias y La pasión turca, y querría, en nombre del Grupo Socialista, dar nuestro más sentido pésame a la familia y a todo el sector de la cultura.


Antes de empezar con la defensa, también me gustaría dejar mi reconocimiento al señor Anchuelo, con el que a lo largo de estos tres años he tratado en múltiples ocasiones sobre temas de pensiones y de trabajo, y aunque con diferencias,
siempre hemos dialogado y buscado consensos. Eso es muy de agradecer entre nosotros. Cada uno tenemos nuestro pensamiento, pero buscar encuentros entre nosotros es una labor importante que él ha desarrollado.


Pasando ya a la iniciativa, traemos aquí esta PNL porque creemos —y todos lo sabemos— que el sector de la cultura está sufriendo una drástica crisis económica, igual que el conjunto de sectores, pero en este caso muy fuerte. Este sector,
que representa el 2,7 del empleo total y supone el 3,6 del producto interior bruto, requiere de medidas especiales por parte de los poderes públicos. Los creadores españoles son una parte indispensable del sector económico en la cultura, que genera
riqueza y da empleo a más de 485.000 trabajadores. Las recetas que este Gobierno de la derecha ha hecho con respecto a las imposiciones, especialmente en el caso del IVA, ha provocado que este sector retroceda a tiempos muy remotos. De hecho, en
los últimos tiempos se ha perdido en torno al 20 % de los empleos. Me gustaría remarcar que muchos de nosotros —la que habla también ha cometido ese error— siempre que pensamos en el sector de la cultura, en el sector de los actores y actrices,
solemos pensar en las grandes estrellas y creemos que todos tienen esas mismas condiciones cuando la verdad es que tienen grandes problemas laborales. Por ejemplo, tienen problemas para acogerse la incapacidad temporal, pues solo pueden hacerlo
mientras dura la fecha de su contrato; también las mujeres tienen dificultad para poder disfrutar de la baja por maternidad por peligrosidad en el trabajo; y abuso de la subcontratación. Igual que mis compañeros decían, el mercado laboral está
mal absolutamente para todos los sectores, pero especialmente para este sector.


En este escenario de dificultad, se observan diferencias muy significativas entre el empleo vinculado al ámbito de la cultura y el total del empleo, con una mayor proporción del empleo entre los varones, que ocupan el 60,4 %, y las mujeres
tienen el 39,6 del empleo, mientras que en el resto de sectores de nuestro país las mujeres ocupamos el 45,6 %. Además, vemos cómo, en estos momentos, en el sector de la cultura el empleo masculino se empieza a recuperar mientras que en el femenino
no solo no se recupera sino que se sigue perdiendo. Por eso, hemos traído hoy aquí esta PNL con la intención de empezar realmente a conocer de verdad este sector y su verdadera situación laboral, de Seguridad Social, de empleo y desempleo de los
actores. Por eso, proponemos en esta PNL cinco puntos. En primer lugar, que a partir de los datos que la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo y el conjunto de encuestas realizadas por el INE den a la Secretaría
de Estado de Cultura, ofrezca, antes de

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que finalice el periodo de sesiones, una información sistemática sobre desempleo, población activa y prestaciones por desempleo de los subsectores de este mundo cultural. En segundo lugar, que se apliquen reformas inmediatas y se apliquen
todas y cada una de las recomendaciones de la Comisión Europea del 7 marzo de 2014. También que se fijen los objetivos de igualdad de oportunidades en razón de género, acordadas con las organizaciones sindicales más representativas, en las
producciones, repartos, etcétera, así como acordar unas líneas de programas específicos de ayuda a la creación y promoción, vinculadas a las condicionadas al cumplimiento de unos objetivos de igualdad de género. En definitiva, lo que planteamos es
que igual que en otros sectores se hacen planes de igualdad y se fomenta la contratación de las mujeres, aquí también se haga un esfuerzo para que la igualdad entre sexos sea real.


Proponemos también que se establezca un programa específico de ayudas a la creación, promoción y programación de las obras teatrales y escénicas realizadas por mujeres, haciendo un especial hincapié en esto como forma de proteger y aumentar
el empleo. Además, este programa tendría que prestar especial atención a contribuir a la creación de nuevos públicos y visualización del trabajo de la mujer en todas las disciplinas artísticas. En definitiva, lo que pretendemos es hacer ver la
situación tan desalentadora que contempla la mujer en el mundo del espectáculo y, además, alcanzar unos parámetros de igualdad en el empleo. Más adelante tendremos que hablar de los temas de Seguridad Social, pensiones, etcétera, porque el sector
de la cultura, realmente, tiene una situación que no se ajusta a la realidad de nuestro tiempo. Por eso, aprovecho para pedir a los grupos el apoyo para esta moción y enterarnos, de verdad, de la situación real para, a partir de ahí, empezar a
tomar medidas que ayuden a paliar esto. Piensen que el 21 % del IVA no perjudica solo a los actores y a las actrices; perjudica a todos los ciudadanos en general porque hace más difícil el acceso a la cultura, especialmente en un momento en el
que, como decían anteriormente mis compañeros, los salarios han bajado. Estamos hablando de salarios medios de 700 y 800 euros, por lo que se hace imposible que un trabajador pueda acceder a espectáculos por la imposición que soportan estos.


El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas a esta proposición.


¿Hay grupos parlamentarios que desean intervenir? Por Convergència i Unió tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En este último debate, mi grupo también quiere añadirse a las manifestaciones tanto de la Presidencia como de otros portavoces con respecto a la retirada de la Cámara del señor Anchuelo, que ha sido un
excelente diputado, un excelente portavoz en distintas comisiones, un diputado de los más rigurosos que hemos conocido en esta legislatura y que siempre, en sus intervenciones, nos aportaba criterio, información e incluso inspiración. En este
sentido, este final de legislatura pierde un buen diputado. En cualquier caso, quiero desearle la mayor suerte en su retorno a la actividad académica.


Dicho esto, mi grupo quiere manifestar el apoyo a la iniciativa del Grupo Socialista. Quiero recordar que en la Comisión del Pacto de Toledo, mi grupo tiene planteada la comparecencia del señor Carles Duarte, presidente del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes de Cataluña, el CoNCA. El CoNCA, que es el organismo de participación y discusión de las políticas culturales en Cataluña, hace relativamente pocos meses ha aprobado un magnífico informe que analiza las condiciones
sociales, laborales y fiscales de los trabajadores del sector de la cultura. Es un informe muy sólido y muy amplio, con propuestas concretas, y sería interesante que, antes de que finalizase la presente legislatura, esta Cámara pudiese conocerlo,
porque aborda la cuestión de fondo que ha planteado la señora López i Chamosa, que es que nuestro régimen, tanto laboral como de protección social, no está suficientemente bien orientado para adaptarse a las necesidades reales de los trabajadores
del sector de la cultura; un sector altamente precarizado, un sector en el que además durante estos años de crisis —tanto por los recortes que las administraciones públicas han introducido en el ámbito de las políticas culturales como por el
incremento del IVA, que ha afectado a la capacidad de consumo de las familias en el ámbito de la cultura— esa precariedad, que era conocida antes de la crisis, se ha puesto aún más de manifiesto. Son muchas las personas con largas carreras
profesionales que han llegado a su edad de jubilación con pensiones muy escasas o a veces sin ningún tipo de pensión, yéndose a pensiones no contributivas. Por tanto, es una situación que exige un replanteamiento a fondo en la línea de lo que
propone la portavoz del Grupo Socialista. En cualquier caso, ese informe del CoNCA nos daría pistas sobre cómo abordar esta reforma en esta cuestión tan específica y tan concreta pero que al mismo tiempo marca la dignidad de una sociedad, que es
cómo trata a los trabajadores del sector de la cultura. Por tanto, señora López i Chamosa, va a contar con nuestro apoyo.

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El señor PRESIDENTE: Para concluir este punto, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, doña María Teresa Martín Pozo.


La señora MARTÍN POZO: En primer lugar y con carácter previo, hago mías y de mi grupo parlamentario las palabras de la señora López i Chamosa de pésame a la familia del director Vicente Aranda.


En segundo lugar, para defender la posición de mi grupo parlamentario, quiero decirle a la señora López i Chamosa que compartimos en este grupo parlamentario la preocupación por la igualdad de oportunidades, así como el espíritu y algunas de
las cuestiones que plantea en su proposición. Por lo cual, si fuera posible, le solicitaríamos que pidiera la votación separada de las cinco medidas para poder votar algunas a favor. De hecho, estaríamos de acuerdo en los tres primeros puntos.
Los únicos supuestos donde hay algunas discrepancias serían los dos últimos. Ya sabe que el Grupo Parlamentario Popular está comprometido con la igualdad de oportunidades, lo que ocurre es que es más partidario no tanto de establecer unas
convocatorias específicas sino de la transversalidad y de aplicar la perspectiva de género en todas aquellas convocatorias en las que se produzca. Así, por ejemplo, las ayudas que convoca el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música
están informadas todas por el principio de igualdad y no discriminación. Dentro de los criterios de valoración ya se incluye la aportación por el solicitante de certificados o reconocimientos oficiales que haya sobre igualdad de la empresa, se
otorga una puntuación adicional a proyectos cuya naturaleza o contenido favorezcan o conciencien al público sobre la necesidad de promover la inclusión de colectivos desfavorecidos o discriminación por razón de género, y asimismo, en los órganos de
valoración de los proyectos presentados, se prevé una presencia equilibrada de mujeres y hombres. En este sentido, podemos hablar tanto de las ayudas para la elaboración de guiones de largometrajes, de las ayudas al desarrollo de proyecto, de las
ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto, de ayudas a la amortización o de ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto. En todos estos casos la perspectiva de género esta presente, igual que en las ayudas a la producción de
cortometrajes realizados o de proyectos culturales y de formación no reglada.


Señorías, en relación con la última propuesta de la señora López i Chamosa de una convocatoria específica o de una línea de ayuda específica para obras artísticas realizadas por mujeres, en la situación económica en la que nos encontramos
—ya le he dicho que en la transversalidad, perfectamente— una línea específica sería difícil y en estos momentos este grupo parlamentario no la va a apoyar, pero reiteramos que todos los proyectos se valoran por órganos paritarios y teniendo en
cuenta la dimensión de género. Dentro de un conjunto de parámetros a tener en cuenta, se valora positivamente el género tanto como la calidad artística y técnica del proyecto o el reequilibrio territorial de la oferta cultural presentada.


Insisto en la votación por separado de los puntos, ya que así contaría con el voto favorable en los tres primeros. En cuanto a los otros dos, aunque compartimos el espíritu, hay una cuestión de discrepancia —que entiendo que es mínima— y
votaríamos en contra. (La señora López i Chamosa pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, es para aceptar la votación de la proposición no de ley punto por punto.


El señor PRESIDENTE: Perfecto, muchas gracias, señora López i Chamosa. Así lo haremos.


Previamente a proceder a la votación, me gustaría decirles tres cuestiones: en primer lugar, vamos a dar lectura a una enmienda transaccional que se ha planteado en relación con el punto 2.º del orden del día, una iniciativa promovida por
Convergència i Unió. En segundo lugar, al concluir la votación tendremos una reunión de Mesa y portavoces muy rápida, porque hay un par de cuestiones que debemos informar. En tercer lugar, nos han solicitado unos minutos de suspensión unos
miembros de la Comisión, incluido nuestro vicepresidente, porque iban a constituir una subcomisión. Va a ser breve, como mucho en cinco minutos estaremos en condiciones de votar.


El señor letrado va a proceder a dar lectura al texto definitivo del punto 2.º del orden del día, a la enmienda transaccional pactada.


El señor LETRADO: El texto que se somete a votación en relación con la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a reformar el régimen especial de los trabajadores autónomos, de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sería el siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar una reforma del régimen especial de trabajadores autónomos a los efectos de

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adecuar las bases de cotización a los rendimientos obtenidos por el ejercicio de su actividad o profesión. Se tendrá en cuenta las aportaciones de los autónomos a través de sus organizaciones representativas». Este es el texto
transaccional que se ha elevado.


El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir por cinco minutos para que puedan incorporarse todos los miembros de la Comisión. Procederemos a votar en el orden que figura en el orden del día y con la desagregación de voto que ha admitido el
Grupo Parlamentario Socialista en el punto relativo a la proposición no de ley sobre igualdad de oportunidades de los artistas. (Pausa).


Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, la proposición no de ley relativa a la ratificación del Convenio número 189 de la OIT y de la recomendación 281, sobre el trabajo decente de trabajadoras y trabajadores domésticos,
iniciativa de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Punto 2.º del orden del día, que es la iniciativa de Convergència i Unió objeto de la enmienda transaccional que ha sido leída hace unos momentos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la creación de una oficina integral de la Seguridad Social en el sur de Gran Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Punto 5.º, sobre igualdad de oportunidades de los artistas. Vamos a hacer una votación separada tal y como ha pedido el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos los puntos 1 a 3.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


A continuación, los puntos 4 y 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.


Por último, votamos el punto 6.º, del Grupo Parlamentario Mixto, señora Davila, relativo a la situación de precariedad de los miles de trabajadores de las contratas y subcontratas de grandes empresas de telefonía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.