CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 815

EDUCACIÓN Y DEPORTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIQUEL RAMIS SOCIAS

Sesión núm. 44

celebrada el martes,

26 de mayo de 2015

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ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Gómez Bastida), para que:


— Dé explicaciones sobre la repercusión de la defectuosa tramitación que se está llevando a cabo en el contrato de toma de muestras en los controles antidopaje, y la opinión del Gobierno de cómo todo ello puede poner en riesgo de nuevo el
prestigio de España en la lucha contra el dopaje, ya muy mermado por la no resolución judicial o administrativa de la llamada Operación Puerto, además del posible menoscabo de la salud de nuestros deportistas. A petición del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/002128) ... (Página2)


— Informe sobre la situación actual del proceso de licitación y adjudicación por parte de la Aepsad, del contrato de servicio de toma de muestras de sangre y orina para la realización de controles antidopaje, y para que dé explicaciones de
quién está realizando todos los controles en estos momentos, así como la garantía de cualificación profesional y custodia, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje
en la actividad deportiva. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/002129) ... (Página2)


— Explique y dé cuenta de las acciones realizadas para resolver las anomalías detectadas en la gestión de la citada agencia, que aparecen en los apartados de conclusiones y recomendaciones que el Tribunal de Cuentas ha realizado en el
informe 1053 de fiscalización de la Agencia Antidopaje de fecha 30 de octubre de 2014. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/002248) ... (Página2)

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Proposiciones no de ley:


— Sobre la modificación del catálogo de acontecimientos deportivos de interés general. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002535) ... (Página18)


— Sobre medidas para adaptar la formación profesional a los sectores productivos que lo necesiten. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002974) ... (Página21)


— Relativa a la actualización del profesorado de formación profesional. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/003113) ... (Página25)


— Relativa a la titulación de ingeniero químico. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003383) ... (Página28)


— Relativa a la acreditación de conocimientos del idioma español a los estudiantes del programa Erasmus en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003432) ... href='#(Página31)'>(Página31)


Se abre la sesión a las diez y cinco de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE (GÓMEZ BASTIDA), PARA QUE:


— DÉ EXPLICACIONES SOBRE LA REPERCUSIÓN DE LA DEFECTUOSA TRAMITACIÓN QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN EL CONTRATO DE TOMA DE MUESTRAS EN LOS CONTROLES ANTIDOPAJE, Y LA OPINIÓN DEL GOBIERNO DE CÓMO TODO ELLO PUEDE PONER EN RIESGO DE NUEVO EL
PRESTIGIO DE ESPAÑA EN LA LUCHA CONTRA EL DOPAJE, YA MUY MERMADO POR LA NO RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE LA LLAMADA OPERACIÓN PUERTO, ADEMÁS DEL POSIBLE MENOSCABO DE LA SALUD DE NUESTROS DEPORTISTAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/002128).


— INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA AEPSAD, DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE Y ORINA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROLES ANTIDOPAJE, Y PARA QUE DÉ EXPLICACIONES DE
QUIÉN ESTÁ REALIZANDO TODOS LOS CONTROLES EN ESTOS MOMENTOS, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y CUSTODIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 3/2013, DE 20 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL DEPORTISTA Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE
EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/002129).


— EXPLIQUE Y DÉ CUENTA DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA RESOLVER LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN LA GESTIÓN DE LA CITADA AGENCIA, QUE APARECEN EN LOS APARTADOS DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES QUE EL TRIBUNAL DE CUENTAS HA REALIZADO EN EL
INFORME 1053 DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA ANTIDOPAJE DE FECHA 30/10/2014. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/002248).


El señor PRESIDENTE: Iniciamos esta sesión de la Comisión de Educación y Deporte de hoy, 26 de mayo, con la comparecencia del señor director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, señor Gómez Bastida, que
responderá, acomodadamente, a las peticiones de comparecencia que tenemos registradas.


Por tanto, tiene usted la palabra.

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El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE (Gómez Bastida): Señorías, comparezco hoy ante la Comisión de Educación y Deporte, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los siguientes temas
que han propuesto, relativos al funcionamiento de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, anteriormente Agencia Estatal Antidopaje. En primer lugar —leo textualmente—, para dar explicaciones sobre la repercusión de la
defectuosa tramitación que se está llevando a cabo en el contrato de toma de muestras en los controles antidopaje, y la opinión del Gobierno de cómo todo ello puede poner en riesgo de nuevo el prestigio de España en la lucha contra el dopaje, ya muy
mermado por la no resolución judicial o administrativa de la llamada operación Puerto, además del posible menoscabo de la salud de nuestros deportistas. El segundo punto, sobre la situación actual del proceso de licitación y adjudicación por parte
de la Aepsad, del contrato de servicio de toma de muestras de sangre y orina para la realización de controles antidopaje, y para que dé explicaciones de quién está realizando todos los controles en estos momentos, así como la garantía de
cualificación profesional y custodia, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Y, el punto tercero, sobre las acciones realizadas para
resolver las anomalías detectadas en la gestión de la citada agencia, que aparecen en los apartados de conclusiones y recomendaciones que el Tribunal de Cuentas ha realizado en el informe 1053, de fiscalización de la Agencia Antidopaje, de fecha 30
de octubre de 2014.


Los puntos uno y dos trataré de responderlos de forma conjunta ya que entiendo que tratan sobre el mismo tema, el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato de toma de muestras para la realización de analíticas de control
antidopaje del Plan anual de distribución de controles de la agencia que dirijo actualmente. El punto tercero, que es un punto independiente, se refiere a unas posibles anomalías en cuanto a la gestión que afecta, especialmente, a un complemento de
productividad que es un complemento variable del personal directivo que actualmente presta sus servicios —y los ha prestado desde el año 2008— en la Aepsad, anteriormente Agencia Estatal Andidopaje.


Entiendo las preguntas del Grupo Parlamentario Socialista hoy, como no podía ser de otra forma, ya que respecto al contrato de muestras han aparecido en diferentes medios digitales varios comentarios que cuestionaban cómo se realizó todo el
procedimiento de licitación y adjudicación. Entiendo que es lógico tener que explicar, con más o menos detalle, cuál ha sido el procedimiento y cuál puede ser la realidad, o no, de lo publicado en esos medios digitales en los que se llegaba a
mencionar de forma expresa palabras como mafia del dopaje o irregularidades que podían afectar al prestigio, tal como refleja el Grupo Parlamentario Socialista en su pregunta, especialmente ante la Agencia Mundial Antidopaje. Eso es así porque el
proceso de licitación y adjudicación se ha prolongado durante más de un año. Se inició el 10 de abril de 2014 con la publicación en el BOE del anuncio de licitación de ese contrato por un procedimiento de tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, con un presupuesto base de licitación de 1.250.000 euros para la ejecución o la toma de 5.700 muestras dentro del Plan de instrucción de controles anuales de la agencia, con la admisión de una prórroga de mutuo acuerdo de ambas partes.
Hasta la fecha se han presentado, nada más y nada menos, que tres recursos administrativos por parte de las dos empresas que han presentado sendas ofertas para hacerse con ese contrato. El presupuesto base de licitación era 1.250.000 euros por el
periodo de un año y se presentaron dos ofertas, una de una empresa sueca denominada International Doping Test and Management, que es conocida por su acrónimo IDTM, y una empresa alemana, Professional Worldwide Controls, a la que me referiré durante
la intervención por su acrónimo PWC. IDTM presentó una oferta por un valor de 950.000 euros y PWC una oferta por un valor de 911.000 euros. La empresa alemana presentaba una oferta económica ligeramente inferior.


En primer lugar, para explicar este proceso de licitación, me gustaría exponer cuál es el proceso y cuál es la participación de la agencia, y prefiero referirme así a la Aepsad, ya que tenemos un acrónimo difícilmente pronunciable. Nosotros
seguimos, lógicamente, la Ley de Contratos del Sector Público y, por tanto, la valoración de las ofertas la realiza la mesa de contratación que está compuesta por un miembro de la agencia, en este caso es el responsable del departamento de gerencia,
un representante de la abogacía del Estado y un representante de la Intervención General de la Administración del Estado, que ni siquiera decide sino que propone a la dirección la adjudicación o no. Cuando se presentaron las ofertas esta mesa de
contratación, siguiendo los trámites establecidos legalmente, dio los pasos necesarios, hizo una valoración final y elevó una propuesta, que inicialmente fue la adjudicación del contrato a la empresa alemana PWC. La empresa IDTM se consideró
perjudicada, con lo cual, haciendo ejercicio de los derechos que ostentaba, recurrió ante el Tribunal administrativo central de recursos contractuales alegando una serie de cuestiones, que eran que PWC presentó una documentación en alemán cuando los
pliegos solo

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se admitían en español, en inglés o en francés, que no tenía un seguro de responsabilidad civil que cubriese todo el período de ejecución del contrato y que presentaron una errónea puntuación de los cursos de formación de los agentes de
control que debían ser contratados por esa empresa. El Tribunal administrativo central de recursos contractuales resolvió este recurso favorablemente para IDTM diciendo que había que retrotraer el procedimiento y hacer una nueva valoración de esos
cursos de formación, tal como pedía IDTM, con lo cual la oferta mejor valorada era la de la empresa sueca IDTM, perjudicando los intereses de PWC que perdía el concurso. En ese periodo de tiempo este tribunal administrativo, igual que en los
sucesivos recursos que se presentaron, adoptó medidas cautelares de suspensión del procedimiento. Esas sucesivas medidas cautelares de suspensión del procedimiento son las que producen el retraso en la adjudicación del contrato de toma de muestras,
y es este el motivo principal, derivado de los tres recursos de los que ya he explicado el primero, de por qué en un periodo de más de un año no se ha procedido al inicio del contrato con ninguna de las dos empresas. PWC volvió a recurrir —luego,
en el turno de preguntas, si quieren que se detalle el contenido de todos los recursos puedo explicar verbalmente el detalle de cada uno de ellos o bien entregar documentalmente las resoluciones y los recursos— y ¿qué ocurrió? Que el Tribunal
administrativo central de recursos contractuales resolvió favorablemente para PWC y acordó la exclusión de la oferta presentada por IDTM, con lo cual la empresa sueca IDTM ya no formaba parte del concurso público de licitación y adjudicación del
contrato de toma de muestras. Ante esa resolución hay un tercer recurso de IDTM de forma paralela mientras se estaban adoptando unas medidas cautelares que impedían esa ejecución. ¿Qué acuerda nuevamente el tribunal? Inadmite el recurso de IDTM
por extemporáneo y a partir de ahí la mesa de contratación eleva propuesta de adjudicación del contrato de toma de muestras al director de la agencia y se acuerda que el inicio debe ser con fecha 1 de julio de 2015 y su finalización el 30 junio
2016, con admisión de una prórroga de mutuo acuerdo de ambas partes.


Ese procedimiento de tres recursos administrativos aparejados con las correspondientes medidas cautelares de suspensión del procedimiento es lo que produce el retraso en el inicio del contrato. Esa es la explicación: no hay ninguna
anomalía, no hay ninguna irregularidad y no hay nada extraño; simplemente cada una de las empresas ha hecho ejercicio de su derecho de recurso ante el Tribunal administrativo. La última resolución del tribunal agota la vía administrativa, con lo
cual queda abierta la vía contencioso-administrativa, a la que actualmente IDTM ha acudido y que está pendiente de resolución por parte del Tribunal de lo contencioso-administrativo. Estamos pendientes de la posibilidad de que se adopten nuevas
medidas cautelares por parte de ese tribunal y la agencia ha informado de los posibles perjuicios de la adopción de dichas medidas. A día de hoy la empresa adjudicataria es PWC y a día de hoy esa empresa está haciendo los trabajos necesarios para
tener una sede física en España, para contratar un coordinador de los servicios y el personal administrativo necesario y para seleccionar los agentes de control habilitados, cuyos procesos de formación y entrenamiento está realizando para poder
ejecutar el contrato, tal y como se recoge en los pliegos técnicos.


En la pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, aparte de aludir al posible procedimiento de licitación y adjudicación, se señalan una serie de referencias sobre quiénes hacen los controles actualmente. Entiendo que es respecto a cómo
puede haber afectado ese procedimiento, y sobre todo las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal administrativo central de recursos contractuales sobre la ejecución del contrato, al funcionamiento de la agencia. En principio, no ha afectado.
Nosotros seguimos haciendo la toma de muestras, es decir, seguimos cumpliendo el Plan anual de distribución de controles diseñado para el año 2015, como se cumplió el de 2014. Ese plan anual, que es diseñado y se eleva como propuesta a la Agencia
Mundial Antidopaje y que es aprobado por este organismo teniendo en cuenta el número de muestras y cumpliendo los diferentes documentos técnicos, tanto sobre toma de muestras como de analíticas que se deben realizar por deportes y comunidades
deportivas, estamos cumpliéndolo en una serie de porcentajes que a día de hoy son bastante óptimos. ¿Cuáles son los números? En el primer trimestre, de enero a marzo, que son los períodos de valoración que nosotros contemplamos, se superan las
1.050 muestras, de las cuales un 70 %, es decir 723 muestras, se han tomado en competición y un 10 % fuera de competición, es decir 327, lo cual supone un incremento sensible respecto al 8 o 9 % que se venía haciendo antes de la entrada en vigor la
Ley orgánica 3/2013 y de la centralización de las competencias de planificación, ejecución y potestad sancionadora que actualmente se centralizan en un único organismo, que es la agencia. Pero la pregunta es: ¿quién está haciendo los controles
hasta ahora? Esta pregunta nos la han realizado a la agencia en varias ocasiones, se ha hablado de ello en medios de comunicación e incluso se preguntaba qué cambios supone la contratación de una nueva empresa. Efectivamente, se producen dos
cambios importantes que hay que reseñar en el sistema de toma de

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muestras. El primero, cuando entra en vigor de la Ley orgánica 3/2013 se incluye un artículo que realmente supone el cambio de modelo. El cambio de modelo en la toma de muestras realmente viene marcado por la ley orgánica, ya que no hace
falta que sean profesionales sanitarios los que tomen todas las muestras ni que sea un médico el que realice la extracción de sangre, sino que debe ser personal debidamente habilitado de forma general el que tome las muestras de orina y en el caso
de las extracciones de sangre que sean profesionales sanitarios, tal y como viene recogido, repito, en la ley orgánica. ¿Qué supone licitar un procedimiento de adjudicación de un contrato a una empresa? No supone que el personal sea distinto, no
supone que deje de ser ese personal; el personal siempre tiene que ser el mismo porque está regulado en la ley orgánica y en el real decreto que todavía está en vigor, el 641/2009, y está regulado en cualquier otro real decreto de desarrollo
reglamentario de esta ley, y es personal debidamente habilitado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte para la toma de muestras. No es personal habilitado por ninguna empresa, no se deja en manos privadas de ninguna
empresa. La contratación de una empresa es un cambio en el modelo de gestión de la agencia que supone: ahorro en el costo de personal; la compra centralizada por alguien que compra mucho más material que nosotros, lo que implica unos descuentos
en origen en fábricas; la implementación de unos sistemas informáticos como los que están utilizando otro tipo de agencias —en este caso PWC tiene el contrato para la toma de muestras de la agencia antidopaje alemana, con la que colaboramos
estrechamente, igual que con la británica y la norteamericana—; es decir, el cambio de modelo en cuanto a quién lo estaba haciendo antes y quién lo hará después realmente viene determinado por la ley: son siempre agentes habilitados por parte de
la agencia, que según la ley ya no es necesario que sean exclusivamente médicos los que extraigan la sangre sino profesional sanitario, tal y como viene determinado en la normativa sanitaria y como viene establecido en la ley orgánica. Por tanto,
es únicamente un cambio de modelo de gestión y el personal y las garantías siguen siendo las mismas.


Algunas preguntas en esos primeros dos puntos que interesan al Grupo Parlamentario Socialista se refieren a las posibles garantías que se están adoptando y al prestigio internacional. Los agentes de control, que en alguna ocasión se ha
insinuado que pueden tener un régimen de incompatibilidad, tienen una declaración de incompatibilidades ante la agencia. Un agente de control que trabaja para una federación no puede tomar muestras para deportistas de esa misma federación. Si un
agente de control trabaja en cinco federaciones no puede tomar muestras en las cinco federaciones. Ahora bien, un agente de control no es personal de la agencia. Nunca lo ha sido, no tiene un contrato que le vincule a la agencia; únicamente
realiza una prestación de servicios, es decir, se le contrata por un servicio concreto. ¿Eso qué significa? Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo una avería en mi casa llamo al cerrajero para que me arregle la cerradura de la puerta, lo que
es una prestación de servicios, se llama a un agente de control, por lo que es una persona que no tiene dedicación exclusiva, que tiene normalmente otro trabajo, excepto en algún caso. Por tanto, depende de la disponibilidad, de compatibilidad de
horarios, de localización geográfica y de periodos vacacionales. ¿Qué supone esto? Una labor ardua de gestión por parte de la propia agencia, del personal funcionario y del personal laboral que presta sus servicios en la misma y que supone un
desgaste tanto en la selección de las propias agencias de control como en las tareas logísticas que conlleva la distribución de los materiales. Todo eso está centralizado en una empresa actualmente, por lo que debemos liberar la carga de trabajo de
nuestro personal para poder dar respuesta a otras necesidades que nos planteamos. ¿Cuáles son esas necesidades? Lógicamente, que la agencia tiene que estar en continua evolución, por lo que debemos asumir una serie de compromisos internacionales.


Los compromisos internacionales que tenemos actualmente son un buen ejemplo del prestigio de la agencia, que es un órgano ejecutivo del prestigio de España en la lucha contra el dopaje en la comunidad internacional y fundamentalmente
respecto de la Agencia Mundial Antidopaje, y muestran las últimas colaboraciones que estamos haciendo con esta agencia mundial. Dentro de estas colaboraciones, nosotros estamos asumiendo y trabajando con la Oficina Regional de Latinoamérica, de la
Agencia Mundial Antidopaje, para la formación y capacitación de agentes de control en los diferentes países de Centroamérica. Concretamente, hace dos semanas hemos estado en Honduras y Nicaragua, dentro de dos semanas estaremos en Guatemala y Costa
Rica. Esta misma petición la estamos haciendo para República Dominicana y Cuba y la extenderemos para distintos países de Sudamérica durante el año 2016. Esto es un ejemplo de la garantía del sistema de control de dopaje en España y concretamente
del sistema de toma de muestras.

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Otras garantías a las que aludí en mi primera comparecencia son los avances que hemos realizado con la implementación de Adams y la función del sistema de gestión de controles antidopaje de las agencias que es facilitado por la agencia
mundial y que permite armonizar todo el trabajo de las diferentes autoridades antidopaje. ¿Qué supone eso? Una garantía de credibilidad. ¿Por qué? Porque es competencia transparente, porque la Agencia Mundial Antidopaje y la autoridad antidopaje
competente, en este caso las federaciones internacionales de cada deporte, a través de Adams, ven todo el proceso de trabajo de la agencia española, al igual que nosotros vemos todo el trabajo de las federaciones internacionales respecto de sus
deportistas de nacionalidad española. ¿Qué es lo que están observando ellos? Cómo se realiza la planificación, cuál es el grado de ejecución, cómo se toman las muestras, cuál es la entrada en el laboratorio, si se produce alguna incidencia y cuál
es el resultado analítico y, dependiendo de este, cuáles son las actuaciones disciplinarias o no que adoptamos. Eso no deja de ser una garantía de todo el proceso para la Agencia Mundial Antidopaje. Adams, aparte de ser una herramienta que permite
facilitar la gestión interna de las autoridades antidopaje, es una garantía respecto de nuestros socios internacionales, que en este caso son la Agencia Mundial Antidopaje, otras agencias nacionales y por supuesto las federaciones internacionales
respecto de cada uno de los deportes, sobre todo de los deportes prioritarios de la Aepsad.


El informe de fiscalización —y casi prefiero someterme a las preguntas— es la tercera pregunta que realiza el Grupo Parlamentario Socialista. Es una pregunta completamente lógica, sobre todo si uno percibe las conclusiones de este informe,
así como los comentarios aparecidos en los medios de comunicación, donde se mencionaban términos que para mí eran sorprendentes, por ejemplo sobresueldos. Cualquiera que lea en prensa un término de este tipo se alarmaría y se preguntaría qué es lo
que está ocurriendo en la agencia española. El informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización que realiza dentro de su programa de actuaciones para el año 2014 y que se ha aprobado en Cortes lógicamente, es a iniciativa propia y en ningún
momento se habla de sobresueldos pero sí de un complemento variable, conocido como complemento de productividad de los directivos. Todo esto lo vincula fundamentalmente a una serie de cuestiones, que es la carencia o no del contrato de gestión por
parte de la agencia. ¿Qué es lo que observa en su informe de fiscalización? El Tribunal de Cuentas se centra fundamentalmente en los objetivos de la agencia y cómo se han cumplido. Es una agencia estatal y según la Ley de Agencias Estatales se
corresponde con una figura o institución administrativa que tiene unas características especiales y que está orientada a dar un servicio diferente a otros órganos autónomos o a cualquier otro órgano de la Administración. Dentro de la
Administración, es una figura que tiene un carácter excepcional o al menos característico y cuenta con la Ley de Agencias Estatales, que es específica para la mejora de los servicios públicos. Por tanto, el tribunal presenta nueve conclusiones y
cuatro recomendaciones; de las nueve conclusiones, siete están vinculadas a la carencia de un contrato de gestión y las consecuencias que se derivan de esto, prestando especial atención al abono del complemento de productividad o al complemento
variable, conocido popularmente como complemento de productividad de determinado personal directivo. Aunque las conclusiones lo recogen así, y no tengo duda de que sus señorías se han leído el contenido del informe, dentro del mismo se proporcionan
una serie de datos y se recogen parte de las alegaciones o prácticamente todas las que había realizado yo como director de la agencia.


En primer lugar, ese informe abarca los ejercicios que comprenden los años 2009 a 2013, en los que los directores de la agencia fueron por este orden don Javier Martín del Burgo, Ana Muñoz, Manuel Quintanar y los secretarios de Estado
correspondientes a los presidentes del Consejo Superior de Deportes, y por tanto, de la Agencia Estatal Antidopaje, y posteriormente, de la Agencia Española de Protección y Salud en el Deporte, fueron don Jaime Lissavetzky, Albert Soler y
actualmente Miguel Cardenal. En este periodo el contrato de gestión, la disposición adicional cuarta de la Ley de Agencias Estatales autorizaba al Gobierno la creación de la Agencia Estatal Antidopaje y posteriormente se aprobaron vía real decreto
los estatutos de la agencia. Estos estatutos —ahora explicaré lo que es el contrato de gestión— son los que permiten de facto la creación de un organismo de este tipo. A partir de la aprobación de los estatutos, por tanto de la creación de la
agencia, en un periodo de tres meses se tramita el contrato de gestión. Este contrato de gestión se remitía a dos ministerios que entonces estaban separados, que eran el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Administraciones
Públicas, que contestaron y realizaron observaciones que se incluyeron en esa propuesta de contrato de gestión. ¿Por qué no se aprueba ese contrato de gestión por parte de esos ministerios? ¿Cuál es la respuesta que se da en aquel momento a la
Agencia Estatal Antidopaje? Se comunica que no se aprobarían más contratos de gestión de agencias estatales debido a las restricciones presupuestarias que había en aquel

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periodo y que no aconsejaban comprometer cantidades cerradas de presupuesto, que es lo que implicaba la aprobación de los contratos de gestión. El informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que de las ocho agencias estatales que
existían en ese momento solamente tres tenían contratos de gestión, de las cuales dos no se habían renovado y, por tanto, solo quedaba un contrato de gestión como prueba de que la posición ministerial, fundamentalmente del Ministerio de Economía y
Hacienda y por otro lado, del Ministerio de Administraciones Públicas, era consonante con lo que la agencia estaba informando, es decir, no se quería comprometer un gasto. El informe del Tribunal de Cuentas recoge que no es una justificación, una
negación que ellos admitan. No voy a entrar a valorar si se admite o no, lo que sí que puedo afirmar es que es una realidad que los ministerios que tenían que aprobar ese contrato de gestión determinaron no hacerlo, por lo que entiendo que es una
recomendación que se realiza al director de la Aepsad o a la Aepsad como organismo, pero también a los ministerios competentes para su aprobación en su trámite ya que las condiciones económicas creo que no han cambiado desde el periodo citado, que
es 2009 y 2010.


¿Qué es el contrato de gestión? El contrato de gestión viene definido en el artículo 13 de la Ley de Agencias Estatales y, en resumen, es el documento en el que se identifican los objetivos del organismo, cómo alcanzarlos, los recursos
personales, materiales y económicos de los que se dispone y cuál es el sistema de valoración del cumplimiento de esos objetivos. Ahora bien, el contrato de gestión se aprueba para las agencias estatales y el no tenerlo no significa que un organismo
se paralice, únicamente se ha ido trabajando internamente sin ese contrato de gestión y se ha ido trabajando en la línea que estaba marcada en esa propuesta. No existe un documento oficial por el que se pueda baremar el cumplimiento de esos
objetivos, pero sí existe un trabajo interno que permite el funcionamiento de la agencia, como en cualquier otro organismo. Es decir, el no tener un contrato de gestión no paraliza el funcionamiento, sino que implica únicamente no tener un
documento específico para la valoración del trabajo interno de la agencia y cumplimiento de objetivos tal y como está dispuesto en la ley, únicamente. A partir de ahí, se presta una especial atención al abono del complemento variable del personal
directivo. El personal directivo de la agencia son tres personas. En primer lugar, el responsable del departamento de investigación, desarrollo e innovación, el director del laboratorio de control de dopaje y el jefe del departamento de prevención
y control de dopaje, que son tres puestos especialmente sensibles para una materia especialmente delicada y de especial trascendencia, en la que no hay profesionales formados en una materia tan concreta y específica de forma general.


Uno de los puntos que quería aclarar es cómo se abona las retribuciones de esas tres personas únicamente. Las retribuciones vienen determinadas por dos normas: una, el Real Decreto 451/2012 y, dos, la Orden Ministerial del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas de clasificación y regulación del régimen retributivo de agencias estatales que marca los máximos autorizados de cada uno de los complementos. Es decir, marca que respecto al salario base se pueda abonar el cien
por cien, marca que sobre el complemento de puesto el máximo autorizado a abonar es el 60 % —si el máximo regulado de ese complemento de puesto fuera cobrar 100 lo máximo que permite Hacienda es cobrar 60, con lo cual ya no estamos cobrando la
cantidad total sino que viene limitada en una orden ministerial— y el complemento variable —sobre el que habla el Tribunal de Cuentas— que está limitado sobre su cantidad máxima al abono del 40 %. Nunca se ha superado ese 40 %, nunca se ha superado
la cantidad máxima autorizada. Esto es, cuando el Tribunal de Cuentas dice que se abona lo máximo y pregunta por qué si hay unos objetivos definidos, al mismo tiempo en su contenido está reconociendo que no se está abonando el 100 % sino lo que
viene limitado para todos los organismos de agencias estatales por parte del Ministerio de Hacienda, que es abonar el 40 % del total.


Nos pregunta cuáles son los objetivos y, al mismo tiempo, en su contenido dice que esos objetivos sí están definidos porque la agencia está funcionando y está financiando una serie de trabajos, lo que no está recogido es un contrato de
gestión. Un contrato de gestión —que según dice su contenido— no se ha aprobado por una situación económica por los Ministerios de Economía y Hacienda; actualmente sería el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Si bien en las
conclusiones se dice de una determinada forma —lo cual es verdad— en su contenido —si lo leen con calma— verán que vienen las explicaciones de por qué no hay un contrato de gestión y hasta qué limite se han abonado. Nunca en ninguno de los periodos
entre 2009 a 2013, como no ha ocurrido en 2014 ni está ocurriendo en 2015 se superan los límites máximos autorizados. Estamos hablando de una serie de profesionales, que en algunos casos vienen de la Administración y en otros del sector privado
para ocupar puestos muy específicos con una enorme responsabilidad, y en muchos casos —a pesar de la labor de la propia

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dirección— son ejecutivos ante sus homólogos en la Agencia Internacional Antidopaje y ante las federaciones internacionales, que están asumiendo en muchos casos la representación del organismo y, por tanto, la representación de España en la
lucha contra el dopaje ante nuestros interlocutores. Con lo cual, reducir excesivamente las nóminas es no poder traer personal propio de la Administración o de otro sector en el que sí están cobrando nóminas similares. Estamos abonando el 40 % del
máximo, que es lo que está establecido por Hacienda.


En ningún momento se duda por parte del Tribunal de Cuentas de que la agencia esté cumpliendo sus objetivos, únicamente lo que está poniendo de manifiesto es que esos objetivos no están reflejados en un contrato de gestión aprobado
oficialmente. Y no está aprobado no por cuestión de la agencia, sino por cuestión de los ministerios competentes.


El Grupo Parlamentario Socialista pregunta —como puede ser lógico si le hacen una serie de recomendaciones— qué está haciendo la agencia. Si antes dije que la creación de la agencia, a pesar de las competencias que asume, se produce con la
aprobación del estatuto mediante real decreto y a partir —tal y como dice el Tribunal de Cuentas en su propio informe— de la aprobación disponemos de tres meses para la tramitación del contrato de gestión. Dice el Tribunal de Cuentas que hay una
nueva ley orgánica que crea a la Agencia Española del Deporte como sucesora de la Agencia Estatal Antidopaje en la que se residencian un montón de nuevas competencias; perfecto. Los estatutos de la agencia están en la última fase, tienen el
informe favorable del Consejo de Estado, están en vías de aprobación inmediata. No podemos tramitar ningún contrato de gestión hasta que no estén aprobados sus estatutos y, en ese momento, tendremos tres meses para su trámite. Eso es lo que
estamos haciendo.


La otra cuestión que se plantea el informe es la paridad dentro del consejo rector, para el cumplimiento de la Ley de Igualdad. El director forma parte del consejo rector pero no determina su composición. Su composición viene determinada
en los estatutos. En esos estatutos se determina quiénes son los componentes, que son representantes de diferentes organismos o especialistas o profesionales cualificados reconocidos públicamente en diferentes áreas. Con lo cual, viene
determinados por esos organismos o sectores quién es el representante de cada uno de ellos. Así, nosotros no podemos determinar quién representa cada uno de ellos, si es hombre o mujer. Con lo cual, al final el cumplimiento de la Ley de Igualdad
no depende de la agencia sino de los organismos destinatarios. Es muy difícil que un organismo colegiado como el consejo rector como órgano de gobierno pueda tener una composición 50-50 de una forma exacta. Y responsabilizar a la agencia de los
representantes que manda el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el experto en toxicología, el representante de las federaciones olímpicas y el representante de deportistas parece muy complicado,


Creo que con esto he dado respuesta a las tres preguntas tratando de ser más o menos breve y me someto a sus preguntas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.


Vamos al turno de intervención de los distintos portavoces. Entiendo que no hay ningún miembro del Grupo Mixto. (El señor Pezzi Cereto pide la palabra). Señor Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Perdón, señor presidente. Las iniciativas son mías, del Grupo Socialista, y por tanto, como corresponde en la tradición de esta Comisión, empiezo yo, que soy el que ha pedido la comparecencia en nombre del Grupo
Socialista, porque si no me deja usted indefenso con respecto a que hago las iniciativas y me trata como a uno más. Le recuerdo que la tradición era intervenir cinco minutos por cada una de las iniciativas presentadas. ¿Estamos de acuerdo, señor
presidente?


El señor PRESIDENTE: En absoluto sería mi intención dejarle en situación de indefensión, señor Pezzi, por tanto, inicie usted. Es verdad que habitualmente son cinco minutos por intervención.


El señor PEZZI CERETO: El Grupo Socialista ha pedido la comparecencia del director de la Agencia Antidopaje, de Aepsad, digo Agencia Antidopaje por ser más breve, porque los medios de comunicación estallaban repetidamente dando a entender
que la Agencia Antidopaje estaba funcionando mal. Titulares como: El negocio del control del dopaje en España se queda en punto muerto; Los «vampiros» — entrecomillado— antidopaje vuelven al trabajo; La rebelión de los vampiros antidopaje. Y
como estas, hay montones de noticias que se refieren a que una agencia como la antidopaje debía funcionar —déjeme que diga la expresión habitual— como un reloj suizo, en la que no se debiera notar ninguna diferencia y

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que debería estar ajustada para tener garantías de que no es una agencia arbitraria, que es lo que se ha ido poniendo en cuestión repetidamente.


El Tribunal de Cuentas para más inri, ha hecho un informe de fiscalización de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte que pone en cuestión, en las conclusiones y recomendaciones, el modo de funcionamiento de la agencia
que usted dirige. Lo he escuchado y me he quedado un poco sorprendido, porque da usted a entender que todo va magnífico, cuando la verdad es que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas le da un varapalo a su agencia —como ahora veremos—
y llevan prácticamente un año sin un sistema homologado de antidoping en España entre unas cosas y otras, mientras que sacó el concurso y mientras que se ha concluido. Curiosamente, ustedes primero le dan la concesión a PWC, recurren y se lo dan a
IDTM; vuelven a recurrir y se lo dan de nuevo a PWC…


Dice usted aquí que todas estas cosas son porque recurren al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y les va dando la razón a cada una de las empresas. Vamos a ver, si alguien recurre al Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales y el tribunal le da la razón es porque usted lo ha hecho mal. Punto final, no hay más debate. Si una administración hace un concurso, se lo da a una empresa, y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
para la concesión dice que retrotraiga la situación al punto anterior, es porque usted y sus técnicos de la agencia lo han hecho mal. Esto no tiene vuelta de hoja. Si además se lo vuelve a dar a otra empresa distinta a la que se lo dio
anteriormente es porque lo había hecho mal. Si le da una puntuación en la primera vuelta y le da una diferente en la segunda vuelta es porque una u otra vez lo ha hecho mal. Vuelven a recurrir y el Tribunal Administrativo lo echa por tierra otra
vez. —Imagínese la cantidad de miles de contratos que ve el Tribunal Administrativo Central de Recursos—. Si en todos hubiera actuado como usted, el país estaría patas arriba. Usted tiene que reconocerme aquí, públicamente, que la actuación de su
agencia en cuanto a la licitación y adjudicación del contrato de servicio de toma muestras de sangre y orina la han hecho mal, sin paliativo ninguno. Una vez ha sido porque no la han traducido, y dice que es un tema menor. No, no es un tema menor.
Si ha ido al tribunal administrativo y lo han aceptado es porque lo han hecho mal. Si la puntuación ha cambiado, porque primero le dan 36 puntos a PWC respecto a la responsabilidad civil para la solvencia y 35 puntos a IDTM y a la vuelta los 35
puntos de IDTM pasan a 40 puntos, o no han visto los papeles bien o esto no ha funcionado.


El resultado es que ustedes han hecho una catastrófica gestión de la licitación y adjudicación del contrato de servicio de toma muestras de sangre y orina. Y eso, ¿quién lo dice? No lo dice el portavoz socialista. Lo dice el Tribunal de
Cuentas. Tengo aquí los recursos y la resolución. (Muestra unos documentos). Usted ha alegado todo lo que ha querido. El Tribunal de Cuentas no es un tribunal que se sienta en lo alto de un castillo. Le han pedido la documentación, usted la ha
presentado y el Tribunal de Cuentas estima anular el acto impugnado. Cuando a alguien le anulan el acto impugnado no puede venir aquí a decir: Todo esto iba bien. No, si le han anulado el acto impugnado quiere decir que usted ha trabajado mal,
sin paliativos. Y usted debe venir a decir: Sí, he trabajado mal; me han impugnado una vez, dos, y ahora vamos al contencioso-administrativo. Todo ese proceso ha sido un proceso mal gestionado que, sin duda, ha repercutido en el trabajo que
usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque los que tenían que hacer el control de la recogida de muestras no lo han podido hacer o lo han hecho de forma deficiente. Tengo aquí un documento de usted, de Aepsad, que respecto al cumplimiento en el
primer trimestre de la planificación, dice que en enero el tanto por ciento ejecutado fue el 16 % de lo planificado. Me dirá usted que ese 16 % es una maravilla, pero si en este marco legal en el que el Tribunal Administrativo le va revocando a qué
empresas, una sueca y otra alemana, les da el concurso y encima, con los medios propios, nada más hace en el mes de enero un 16 % de lo planificado, usted tiene que venir aquí pidiendo disculpas porque no ha hecho bien su trabajo. No cabe vuelta de
hoja. Es como decir ahora: Hemos ganado las elecciones pero hemos perdido 2.700.000 votos. No, hay cosas que no se pueden decir porque son muy evidentes.


El segundo tema se refiere al Tribunal de Cuentas. Ha sido sorprendente su intervención. El Tribunal de Cuentas no es El Confidencial ni El Mundo ni el ABC ni La Razón. Cuando el Tribunal de Cuentas dice que usted ha hecho algo mal no es
para que venga usted a decir que este tribunal se equivoca. Los tribunales no se equivocan; usted no tiene recurso posible, ya lo ha presentado en la fase de instrucción, y lo ha hecho como Gobierno porque usted es una agencia estatal. Por tanto,
usted no puede venir aquí diciendo que el Ministerio de Hacienda o que otro ministerio dijo tal cosa. Usted es Gobierno, una agencia estatal que depende del presidente del Consejo Superior de Deportes. Por tanto, han hecho las alegaciones. Y
cuando el Tribunal de Cuentas le dice que ha hecho algo mal, usted no puede decir que el Tribunal de

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Cuentas se ha equivocado. No, no, de ninguna forma. El Tribunal de Cuentas abre un informe de fiscalización y, como usted puede ver en el índice, hay un tratamiento de alegaciones, es decir, hace un informe, se lo manda al Gobierno, a
Aepsad y a los ministerios afectados. Los ministerios alegan y cuando traen las conclusiones y recomendaciones es lo que usted tiene que hacer, sin vuelta de hoja. Dice el tribunal que no se han cumplido las disposiciones legales relativas al
diseño estructural y de funcionamiento de la Agencia Antidopaje. ¿Lo va a cumplir o no? ¿Cuándo? Dice el Tribunal de Cuentas que carece de contrato de gestión, a pesar de ser el elemento estructural clave del desarrollo de su actividad —lo tiene
que hacer; si carece de él, lo tiene que hacer—, incumpliendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. No se lo deja a su buen arbitrio, señor director. Lo tiene que hacer porque hay una ley que le obliga a hacerlo. Dice: La
falta de aprobación del contrato de gestión por orden conjunta del Ministerio de Educación y el de Hacienda no ha podido ser justificada por los responsables de la agencia ni de los citados departamentos ministeriales. El Tribunal de Cuentas le
dijo: No tenéis el contrato de gestión; esto no ha podido ser justificado y, por tanto, lo tiene que cumplir.


Como consecuencia de lo anterior, su agencia ha carecido y carece de objetivos mensurables y de indicadores para su evaluación, salvo en el laboratorio de control antidopaje. Yo, que tengo que hacer el control porque soy el portavoz del
grupo mayoritario de la oposición, no sé si usted cumple o no. ¿Cumplir el 16 % en enero entra en objetivos mensurables e indicadores? ¿Es lógico que, si usted tiene que cumplir al 100, cumpla al 16 y ya lo dé por bueno? Parece que no. Usted me
tendrá que dar una explicación plausible, como: mire usted se lo di a una empresa y esta no tenía médicos para coger las muestras. —Porque no son fontaneros, como he leído en algún medio de comunicación que se refiere a los fontaneros de Aepsad—.
No, son médicos los que cogen las muestras de sangre y orina, y lo tienen que hacer en tiempo y forma. Y dice el tribunal que no se ha implantado ninguno de los mecanismos de control de eficacia de la agencia, salvo los controles del ENAC del
laboratorio. A pesar de lo anterior, el personal directivo, durante el periodo fiscalizado, ha recibido en su nivel máximo el complemento variable. Y usted dice que es gente muy buena a la que hay que pagar aunque no haya medidas, porque, si no,
¿cómo encuentra usted a alguien de esa cualificación? Pero es que el Tribunal de Cuentas no lo deja a su arbitrio, sino que fija cómo se tienen que hacer las cosas, y en la página 26 dice: En relación con el complemento salarial variable conocido
como complemento de productividad, la ley —¡la ley!— exige que el personal directivo de la agencia perciba una parte de la retribución como incentivo de rendimiento mediante el complemento correspondiente que valore la productividad, de acuerdo con
los criterios y porcentajes que se establezcan por el consejo rector, a propuesta de los órganos directivos de la agencia estatal. Usted no ha cumplido esa fórmula. Por eso le hacen recomendaciones diciendo que usted no puede dar alegremente el
dinero público a determinadas personas porque usted estime que son muy valiosas; tiene que poner medidas y, si cumplen esa productiva, se les entrega. Además, usted lo está pagando al nivel máximo, aquí no hay miseria. El informe —en la séptima—
dice también que el Tribunal de Cuentas no ha tenido conocimiento de iniciativa alguna para paliar esta situación sostenida —está claro— desde 2008; es decir, yo me echo a la espalda la parte de la mochila que me pueda corresponder por los años de
gestión socialista, pero usted es el que está gobernando y lleva tres años haciéndolo.


Finalmente, el tribunal le dice: No se han cumplido las previsiones legales y estatutarias en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres en cuanto a la composición del consejo rector de la entidad, y me da una explicación que ya es
tremenda, señor director. Me dice: Es que están tasados y cómo le voy a decir al ministerio que me mande una mujer o un hombre. Es que es el mismo Gobierno, y el que tiene que cumplir las leyes es el Gobierno. Cuando de cada uno de los
ministerios el Gobierno manda solo hombres porque son los más listos, los más guapos, los más preparados y porque no tienen mujeres para mandar, usted tiene que decir: Les devuelvo el listado que ustedes me han mandado porque no reúne las
condiciones de la ley, que obliga a un porcentaje de mujeres y hombres en los órganos directivos. Así de fácil. Se lo dice una persona que lleva muchos años en política y que ha estado en puestos de responsabilidad. Se coge y se devuelve; el
papel no vale.


¿Cómo que usted no va a decir nada? Usted me pregunta que si el ministerio le manda un hombre, ¿cómo le va a decir que le tiene que mandar una mujer? El Gobierno es uno, no uno y trino —eso son otras cosas—, y el Gobierno se tiene que
poner de acuerdo para que cuando vaya a mandar los datos de quiénes forman un órgano tenga la paridad que la legislación estima, por ejemplo, 60 %-40 %. Si no reúne las condiciones, para eso el Gobierno tiene una vicepresidenta del Gobierno que
tiene entre sus funciones coordinar la acción del Gobierno. Por tanto, bastaría con que alguien le dijera —si el señor Cardenal tuviera al señor Wert— dí en el Consejo de Ministros que no pueden ser todos hombres o que el porcentaje

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no es el adecuado. Por eso esto no se puede comentar, esto no es arbitrario, esto es de un órgano que es el Tribunal de Cuentas que lo ha mandado al Congreso de los Diputados como está establecido y esto es palabra de Dios; como cuando los
tribunales de justicia, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional hablan y se dice que se ha terminado el procedimiento. Le hace recomendaciones como la ausencia de fiscalización previa de la Agencia Estatal, porque por eso es agencia y
tiene que cumplir unos requisitos; falta de contrato de gestión; el establecimiento de criterios adecuados para la retribución del complemento variable y la modificación —dice— inmediata de la composición del consejo rector de la agencia a fin de
garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres exigida legal y estatutariamente. Eso no es discutible. Si mañana usted no lo tiene usted puede ir ante la ley porque usted está incumpliendo flagrantemente la legislación vigente.


He realizado esta intervención acompañada de montones de correos electrónicos, mandando datos de cómo están funcionando los órganos, cómo están funcionando los controles antidopaje y cómo se recogen las muestras. Los médicos afectados están
muy inquietos. Se piensa que la agencia está siendo arbitraria en su modo de comportamiento y a me preocupa extraordinariamente.


El señor PRESIDENTE: Dieciséis minutos, señor Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Termino ya.


En cuanto a las empresas de control antidopaje y el Tribunal de Cuentas debo darle, señor director, un suspenso. Tanto los tribunales administrativos como el Tribunal de Cuentas no han dado el visto bueno a su gestión. Es verdad que su
gestión es corta todavía y que hay antecedentes de otros directores que han ascendido, pero el ascenso no es garantía, cuando se está dentro de un Gobierno, de que se haya hecho bien. Tampoco doña Ana Muñoz —si no la cito en una comparecencia mía
de deporte alguien se sentiría frustrado— lo hizo bien. Por tanto, yo le pediría que nos pidiera disculpa a los españoles y que dijera que no volverá a ocurrir —¿se acuerda usted de la frase: Lo he hecho mal, no volverá a ocurrir?— y que a partir
de ahora usted cumpla los requisitos del Tribunal de Cuentas y haga que los contratos se hagan en condiciones para que el Tribunal Administrativo no se lo voltee varias veces repetidamente porque eso es un mal precedente.


El señor PRESIDENTE: No hay representantes del Grupo Mixto ni del Grupo Vasco. ¿UPyD desea intervenir? (Denegaciones). ¿La Izquierda Plural? (Denegaciones). Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra la señora Sayós.


La señora SAYÓS I MOTILLA: Gracias por su comparecencia.


Aquí hay tres cuestiones: el contrato de gestión; el personal de la agencia y el principio de igualdad del consejo rector. La raíz de este problema no está relacionada con estas tres cuestiones, que son la consecuencia, sino que está
relacionada con el carácter jurídico de la Agencia Estatal. Si se ha determinar si la Agencia Estatal es un organismo autónomo o una Administración pública, etcétera, yo creo que como su presupuesto es íntegramente público, es una Administración
pública y se deben aplicar las leyes administrativas: en contratación, en personal y también el principio de igualdad.


Aquí se centra el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas en cuanto al contrato de gestión nos ha confirmado que al menos a día de hoy aún no hay adjudicación, pero se deben aplicar las leyes de la contratación administrativa, que no
dependen de usted sino que dependen de dos ministerios. Por tanto, cuando yo haga mi conclusión pediré la comparecencia de los dos ministros implicados: el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el ministro de Cultura, Educación y
Deporte porque son los que deben hacer esta contratación, que es lo que el Tribunal de Cuentas exige.


Personal. El personal que está en la agencia tiene el carácter de empleado público y, a nuestro entender, se debe aplicar la Ley del Empleado Público porque si tiene el carácter jurídico de Administración pública debe aplicarse esta ley.
En la Ley del Empleado Público no existe el complemento por objetivos, solo el complemento de productividad, que es lo que el Tribunal de Cuentas dice. Por eso se debe esclarecer qué complemento se aplica, si el complemento por objetivos, que es lo
que Hacienda dice y es el criterio de empresa privada, o bien el complemento de productividad, que sería lo que se le aplica a un empleado público. Esto es lo que se debe esclarecer y supongo que el Tribunal de Cuentas, que no es que no lo explique
bien, se lo exigirá a la agencia.


Por lo que hace referencia al principio de igualdad, la agencia, en definitiva, controla a los miembros del consejo rector. Si tiene la función de control, debe exigir a los que determinan la composición del

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consejo rector que escojan entre ellos mismos y que cumplan el principio de igualdad. La agencia ejerce el control sobre estos miembros y a usted le compete hacer cumplir el principio de igualdad. Hay otras cuestiones de carácter más
ínfimo, pero determinar el carácter jurídico que la agencia tiene es donde radica toda la discusión del Tribunal de Cuentas. Además, llega a dos conclusiones con sus recomendaciones. Una es que, según el Tribunal de Cuentas, no ha tenido
conocimiento ni por parte de los ministerios de tutela ni por parte de la agencia de iniciativa alguna para paliar esta situación sostenida desde 2008, y que no se han cumplido las previsiones legales y estatutarias en materia de igualdad, que es lo
que decía. Luego quien debe comparecer ante esta Comisión para explicar por qué no hay contrato de gestión son los dos ministros, repito, que el Tribunal de Cuentas dice: el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el ministro de
Educación, Cultura y Deporte.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Blasco.


La señora BLASCO SOTO: Bienvenido señor director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, señor Gómez Bastida. Queríamos agradecerle su intervención que ha sido bastante pormenorizada.


Ha habido temas bastante polémicos y sabemos cómo en muchos casos salen a la luz en los medios de comunicación tergiversados en algún sentido. También es verdad que en cuanto a la licitación del contrato de muestras, como ha explicado, con
dos empresas, la sueca IDTM y la alemana PWC, ha habido recursos y procesos y no sabemos hasta qué punto la implicación de la Agencia Española está afectada o tiene problemas. Nos gustaría saber qué pasa. ¿Esto ha afectado de alguna forma al
funcionamiento de la agencia o a la toma de muestras? Una empresa gana el concurso de esta licitación —estamos hablando de una importante cantidad de dinero—, otra recurre y lo tienen en cuenta. Esto parece que ha ido de un lado para otro y se ha
alargado demasiado en el tiempo. Nos gustaría saber si este proceso ha afectado al funcionamiento general de la agencia y a la toma de muestras, que es lo importante. Ahí ya no hay más recorrido. Como ha explicado, hay que ver qué ha pasado, qué
solución se toma y en qué situación está ahora. Nos ha comentado que han vuelto a recurrir y que hay medidas cautelares. Hay que ver en qué situación está, porque es importante.


El segundo punto que se ha explicado aquí es la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Todos los portavoces hemos leído el informe. Imagino que el señor Pezzi también pondrá un suspenso al señor Martín del Burgo. El ya ha mencionado la
parte que le toca pero, igual que ha querido poner un suspenso a la actual agencia española —a Elena Muñoz y a usted—, querrá ponerle también un suspenso al señor Martín del Burgo, porque la situación era igual. Leyendo el informe del Tribunal de
Cuentas me ha quedado bastante claro que ha habido una buena gestión administrativa de contratos y convenios. Aquí se ha mencionado de mil formas el complemento de productividad o el contrato gestión. ¿Qué pasa con ese contrato gestión? Sería
importante saber en qué situación estamos ahora. ¿Se va a llevar a cabo ahora ese contrato gestión? Es fundamental que se vea al grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos, pero mi grupo se queda con que al
final del recorrido que ha hecho la fiscalización del Tribunal de Cuentas —se está hablando aquí parece que se ha utilizado mal el dinero público, y no es cierto— ha habido una buena gestión administrativa tanto en los contratos como en los
convenios desde 2008 hasta 2014. Ese es el periodo del que se está hablando. Esto hay que aclararlo, porque son temas que se van desviando de una forma u otra y hay que ver en qué situación estamos ahora. Uno de los puntos al que hace referencia
el Tribunal de Cuentas y que a nuestro grupo le preocupa es cómo puede afectar a la pérdida de la acreditación de laboratorio. ¿Esto podría afectar a la pérdida de la acreditación como laboratorio? Este es uno de los puntos que menciona el
Tribunal de Cuentas y que nos gustaría que aclarara para que no parezca que esto puede ir más allá.


Desde nuestro grupo queremos felicitarle también por el estrecho contacto que existe con la AMA. Como ha explicado usted, tienen acuerdos internacionales con otros países para la formación de los agentes. Es importante que España vaya de
la mano de la Agencia Mundial Antidopaje y se vea nuestra predisposición.


Otra cuestión dentro de su área es que aquí se habla siempre de la agencia española antidopaje, pero para nosotros es importantísimo —y además en la ley se recalca bastante bien— que se trata de la Agencia Española de Protección de la Salud
en el Deporte. Me gustaría saber qué pasa con la salud de los deportistas y qué medidas están tomando. La última vez aquí se dijo que todavía no se había desarrollado esa parte de la ley, pero es una parte muy importante dentro de su agencia, así
como la prevención. En el dopaje, que es una lacra del deporte, la prevención es una parte relevante y queremos

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saber qué medidas se están tomando en la agencia, si tienen convenios con comunidades autónomas y cómo están trabajando en ese sentido. Consideramos que es una parte muy importante dentro de la agencia, al margen de todos los problemas que
pueda haber con los contratos y que hay que solventar, dando explicaciones como las que ha dado hoy aquí.


El señor PRESIDENTE: Para tratar de dar respuestas a estas reflexiones, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE (Gómez Bastida): Son un montón de preguntas.


El señor PRESIDENTE: Sin limitación.


El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE (Gómez Bastida): Dicen que los medios de comunicación estallaban y se ponía en duda el funcionamiento de la Aepsad, porque no tenemos un sistema homologado de
control de dopaje. Tengo que pedir disculpas porque no me he debido explicar nada bien durante mi intervención. Lo siento. Supongo que siendo gallego nacido en Cartagena es complicado a veces… El contrato de toma de muestras es un sistema de
gestión administrativa. Lo que cambia es la gestión administrativa; en vez de pagar a 120 personas diferentes, pagamos a una única empresa. No afecta para nada al sistema. No es que el sistema esté homologado, es que hay un estándar
internacional de la Agencia Mundial Antidopaje que nosotros implementamos en una ley orgánica y que desarrollamos en un real decreto que actualmente sigue en vigor, el Real Decreto-ley 641/2009. Por lo tanto, ninguno de los procedimientos se puede
cambiar respecto a lo que está establecido en el real decreto y en las órdenes ministeriales correspondientes. No es que esté homologado o no homologado, es que ha existido siempre y siempre ha estado homologado. ¿Puede haber errores? Los errores
han existido siempre y seguirán existiendo. ¿Cuál es la cantidad de errores? Uno, dos o tres en cinco mil muestras es permisible. ¿Hay que corregirlos? Por supuesto, y para eso se establece un sistema de gestión de calidad. Ya está. El sistema
está homologado, siempre lo ha estado y siempre lo estará, porque lo está vía normativa nacional. El código no se aplica directamente. El estándar internacional de obligado cumplimiento supone la implementación a través de la Convención de la
Unesco en el derecho español, y siempre se cumple. Cuando los medios de comunicación dicen eso del sistema de contratación de la agencia alteran la realidad. El sistema de lucha contra el dopaje en España está homologado, como en todos los países
del primer mundo, porque no puede ser de otra forma. Un ejemplo es que el año anterior fue el primero que tomamos muestras para otras autoridades antidopaje; tomamos 150 muestras en un año. A estas alturas de este año superamos las 400 muestras
para treinta autoridades antidopaje diferentes, principalmente federaciones internacionales. Ellas confían en la agencia y en nuestro sistema de control del dopaje, a pesar de que a determinados medios de comunicación digitales y minoritarios les
pese. Eso es así. El sistema cumple la ley, el real decreto y las órdenes ministeriales de desarrollo. El sistema no varía, independientemente del director.


Han comentado también el concurso, si lo damos a PWC o a IDTM. Yo no doy nada, yo adjudico sobre la base de una valoración que hace la mesa de contratación, en la que únicamente hay un representante de la Agencia Española de Protección de
la Salud en el Deporte. Ya que hablamos de varapalos y hacemos ese tipo de valoraciones, la resolución final del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales concede la adjudicación a la empresa que inicialmente la mesa de contratación
había dicho que tenía que ser la adjudicataria. En la última resolución dice que eso es así y se había valorado correctamente. Eso es lo que dice en el tercer recurso. ¿Nos da un varapalo? No lo sé. Primero, la decisión es externa porque la
toma una mesa de contratación cumpliendo la Ley de Contratos Públicos. Luego resuelve un tribunal externo, y al final coincide con la valoración inicial. Aunque no coincidiese, es lógico que la empresa recurra porque tiene derecho a recurrir.
Dicen que da la razón a la empresa porque se ha hecho mal. A eso entiendo que ya he respondido.


También se refieren al 16 % de lo planificado fuera de competición. Esto se refiere a las personas que están en un grupo de seguimiento individualizado. Esas personas están sometidas a un control de dopaje específico. Como se dice, el
grupo determinado se somete a un seguimiento a lo largo de un periodo anual. La planificación es anual y el cumplimiento de los objetivos es anual. Ya que tanto hablamos del Tribunal de Cuentas, tenemos que decir que eso es anual. ¿Qué supone ese
16 %? Que el personal sometido tiene que pasar dos o tres controles a lo largo del año. Ha habido incidencias porque hay bajas

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laborales en la agencia por enfermedad, porque hay un periodo de permiso vacacional o por diferentes factores de gestión del grupo de seguimiento. Esto no tiene nada que ver con un contrato público, porque son dos problemáticas diferentes.
Pueden criticar que debería haber previsto los problemas que he tenido para configurar ese grupo de seguimiento y haber cumplido al cien por cien. Por supuesto, y en esa parte pido disculpas y probablemente debería haber previsto los problemas.
Vincular un déficit en un mes —que fue el primero, porque estamos superando en cuatro veces los controles fuera de competición que se han hecho nunca jamás— a un contrato público… Puede ser que no haya previsto los problemas, y esa es mi labor de
gestión como director ejecutivo. Perfecto, eso sí; pero no tiene nada que ver con un contrato público. Son dos problemáticas diferentes, como otras que pueda haber en la agencia o en la gestión de cualquier organismo. Son dos gestiones
diferentes. El contrato es un modelo de gestión administrativa, y cambia el modelo de gestión administrativa. No tiene nada que ver con el sistema homologado ni con el cumplimiento o no de los objetivos. Es un mes, porque luego da los cómputos
trimestrales y estamos a un 31 fuera de competición, y en el semestre estaremos en el 40, que será el objetivo real, y se compensará. Eso puede ser una crítica, efectivamente, por un mes; pero no puede ser una crítica relativa a un contrato
público o no, y menos a una tramitación, que es un procedimiento externo a la agencia.


En cuanto al Tribunal de Cuentas, yo no he dicho que lo haya hecho mal. Lo único que he dicho es que esas conclusiones tienen una explicación. ¿Cuál? En primer lugar, no corresponde a mi periodo de gestión, que es de los señores Martín
del Burgo, Ana Muñoz y Manuel Quintanar —fundamentalmente del señor Martín del Burgo, al que tengo aprecio personal, lógicamente—. ¡Pero el señor Martín del Burgo no lo ha hecho mal! No dependía de él. Cuando dicen que tengo que hacer la
composición del consejo rector, primero, el estatuto no da esa potestad al director de la agencia; es un miembro más. Además yo no tengo culpa de que el subdirector general de Costes del Ministerio de Hacienda —tiene que ser el subdirector general
de Costes— haya nombrado a un hombre; igual que no tengo culpa de que la subdirectora general de la Inspección de Control, que es la que tiene que estar ahí, sea así. ¡Es más, no tengo culpa de que el presidente de las federaciones olímpicas a día
de hoy sea un hombre! Dicen que tiene que ser…Bien, pero es que yo no tengo potestad para decir: Usted no. ¿En qué parte de los estatutos de la agencia en vigor dicen que el director de la agencia determinará…? No lo dice. Como no se lo decía al
señor Martín del Burgo, tampoco me lo dice a mí.


Actuaciones para solventar las deficiencias. En cuanto a un estatuto nuevo con una ley orgánica nueva, se crea de facto como órgano administrativo con la aprobación del estatuto, que conlleva el trámite en tres meses del contrato de
gestión, con lo cual se tramitará cuando haya un nuevo estatuto. No puedo hacer las cosas al revés. Si me dicen que a partir de la creación de la agencia, que se produce cuando se apruebe el estatuto vía real decreto, tengo tres meses para
tramitar, pues tendré que crear la agencia, a través de ese real decreto y del estatuto. Habría informado de la situación en la que está, pasarían tres meses y tramitaría el contrato de gestión, y paralelamente, con ese nuevo estatuto, se crearía
un consejo rector. Les anticipo que prometo tratar de hacer todo lo que esté en mi mano para que sea paritario, pero será cuando se apruebe ese estatuto. Una cosa son las competencias que se residencian en nuestra agencia de la Ley Orgánica 3/2013
y otra cuestión es la creación administrativa, tal y como determina, con nuevos departamentos, con cambio de dependencias, con autonomía del control de dopaje y con todo lo que conlleva ese nuevo estatuto, pero a día de hoy no está creado.


Sobre el personal directivo de la agencia, que son tres personas, viene regulado en la Ley de Agencias Estatales en las que, preferiblemente, serán funcionarios pero se puede contratar personal. He citado cuáles son las características de
las limitaciones. Son expresamente: Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades; y la Orden de 26 de abril de 2012,
del Ministerio de Hacienda y Administración Públicas, de clasificación y regulación del régimen retributivo de las agencias estatales. Esas son las consideraciones que hay que tener a la hora de redactar las retribuciones de personal directivo, que
tiene un régimen especial, a raíz de esas dos normas específicas. En la agencia hay, como en el resto de la Administración, personal funcionario y personal laboral que se rigen por un convenio y personal laboral fuera de convenio; es decir, no es
solamente el Estatuto del empleado público. Esos son, y lo he explicado, los tres complementos. Cuando don Javier Martín del Burgo decide abonar el máximo establecido, no es porque sea una ONG; esto no es así. Si lo he expresado así —pido
disculpas— me habré expresado mal. Se decide porque hay un trabajo que hay que hacer, y se cumple ese trabajo. El propio Tribunal de Cuentas dice que lo que cambia y lo que se critica es que no hay esos objetivos establecidos en un documento, que
es el contrato de gestión, pero existen y se funciona; y aunque

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corresponde —igual que ahora me corresponde a mi—, yo me pongo en esa situación y digo: porque no haya contrato de gestión, ¿no abono ningún complemento? A pesar del trabajo que se está realizando. ¿no se abona nada? Sobre todo cuando
ese máximo ya viene limitado por una orden ministerial.


Sobre las preguntas del Grupo Parlamentario Popular de si el funcionamiento de la agencia se ha visto afectado, en ningún momento se ha visto afectado por el trámite de un contrato. Se siguen tomando las muestras. ¿Puede haber algún mes en
el que se cumple? El cómputo de los objetivos es anual. No hacemos el seguimiento solamente mensual. Internamente se hace un seguimiento semanal y se ajustan las competiciones y se ajusta lo que se ha hecho y lo que no. Hacemos seguimiento
mensual, trimestral, semestral y anual para poder corregir las posibles deficiencias, como en cualquier organismo. ¿Hemos hecho lo que teníamos esta semana, no lo hemos hecho, hemos cumplido, ha habido que suspender controles, hay un fallido, no se
ha podido hacer la toma de muestras? Afecta a la acreditación del laboratorio. La toma de muestras es un procedimiento diferente. Sobre el laboratorio de control de dopaje, no está en riesgo, lógicamente, la suspensión de la acreditación. Se han
implementado nuevas técnicas analíticas de detección de sustancias en orina. Actualmente nuestro director de control de dopaje ha estado con el laboratorio para la implementación de nuevas técnicas de RMS. Estamos en un proyecto de investigación
conjunto con el laboratorio de control de dopaje de Barcelona, que hemos presentado a la Agencia Mundial Antidopaje. Estamos colaborando con el laboratorio de control de dopaje desde Madrid en el desarrollo de técnicas analíticas y nuevos proyectos
de investigación y colaboraciones. Colaboramos con la Universidad Autónomas. Es decir, no está en riesgo de suspensión; el laboratorio contra el dopaje tiene todas las garantías. De hecho estamos exportando, y la prueba —como dije en mi primera
comparecencia— es que todas esas tomas de muestras se realizan en Madrid de treinta y una federaciones internacionales diferentes, de casi setenta; se analizan en nuestro laboratorio. La Vuelta a España el año pasado se analizó en nuestro
laboratorio y el próximo año también. Yo creo que unas mínimas garantías de laboratorio sí tenemos.


¿Qué pasa con el contrato de gestión? Hay un plazo de tres meses desde la aprobación de los estatutos, por lo tanto desde la creación de la agencia para su trámite, y se aprueban por real decreto, el cual está con informe favorable del
Consejo de Estado, que se tiene que aprobar conjuntamente con el estatuto del Consejo Superior de Deportes, porque conlleva el trasvase de la Subdirección General de Deporte y Salud desde el CSD a la Aepsad, y convertirse en un departamento. Por
eso tiene que aprobarse de forma conjunta, por ese cambio administrativo; las políticas de protección de la salud en el deporte se siguen realizando desde esa subdirección, que depende del CSD y que gestiona el Centro de Medicina del Deporte de
Madrid. Ahora bien, ¿eso significa que la Aepsad no hace nada? Lógicamente, colaboramos con esa subdirección preparando el cambio de dependencia, de forma que no sea una ruptura sino una continuidad. ¿Qué es lo principal que me gustaría destacar
en esta comparecencia, ya que el Grupo Parlamentario Popular me da la oportunidad de explicarlo? Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta son los profesionales que se dedican a esa protección de salud, que son diferentes especialistas.
Para algunos, que son precisamente los de medicina del deporte, el real decreto de troncalidad, aprobado hace un año y medio, prevé en una disposición adicional tercera que no se formen más. ¿Qué hemos hecho nosotros? Proponer al Ministerio de
Sanidad para que se presente en la comisión técnica delegada de Recursos Humanos para su propuesta al Consejo Interterritorial el mantenimiento no solamente en formación en régimen de alumnado sino en régimen hospitalario, para poder disponer de
profesionales adecuados, que es la base de cualquier sistema de protección de salud en el deporte —repito, disponer de personal sanitario adecuado—. Ustedes se preocupan de que los médicos tomen muestras de control del dopaje, y yo quiero que los
médicos se encarguen de la protección de la salud no solo de los deportistas sino de toda aquella persona que practique la actividad deportiva, sobre todo cuando hablamos de muerte súbita y de otro tipo de problemáticas bastante graves y que afectan
a todas las personas que realizan deporte, tanto en el marco de tratamientos como en la forma de prevención, como de forma aficionada. Ese es ahora el principal caballo de batalla, desde la Agencia de Protección de Salud en el Deporte, en beneficio
de la salud de nuestros deportistas.


Creo que con esto he contestado a todas las preguntas.


El señor PRESIDENTE: Para un breve turno de réplica, tiene la palabra el señor Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Primero, en cuanto a la tramitación de la empresa alemana o sueca que se va a quedar, si es la misma que dijeron al principio, el procedimiento al menos tiene que reconocerme que ha sido mal hecho. Usted no puede
decirme que la Agencia Antidopaje tiene un miembro en la mesa,

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porque usted viene aquí como un representante del Gobierno; por tanto, el responsable es el Gobierno. Yo hago un control al Gobierno. Si hay uno del Ministerio de Hacienda, tres del Ministerio de Educación y uno de la agencia para mí es
irrelevante. Lo relevante es que han hecho un concurso, una licitación, la han adjudicado y se la han volteado repetidamente, con lo cual la agencia no ha podido adjudicarla definitivamente hasta hace poco.


Segunda cuestión. Me dice usted algo realmente increíble; me ha dicho que en enero en competición se cumplió el 16 % y fuera de competición el 50 %, pero que esto no tiene importancia porque los resultados tienen que ser anuales. Vamos a
ver, vamos a analizar la planificación económica. Cuando usted planifica que en enero, fuera de competición, va a tomar 86 muestras y coge solo 14, no puede venir después y decir que las que no cogió en enero las cogerá en diciembre. Usted hace
una planificación de cuántas cogerá en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio… Es como si decido perder peso, voy a Natur House y me dicen que cada mes debo perder 800 gramos. Voy y digo que un mes no los he perdido, el siguiente
mes tampoco pero que en diciembre voy a perder lo de todo el año. No, no. Usted, en enero, fuera de competición, cumplió solo el 16 % y en competición el 50 %. Por tanto no me puede decir que ya lo cumplirá cuando termine el año porque usted ha
planificado. Una de dos: o ha planificado mal o, si ha planificado bien, lo ha hecho mal; no hay más. Además en su documento habla usted de que hay dificultades para modificar el planteamiento inicial sobre toma de muestras. Insisto, lo dice
usted. En competición hay pruebas planificadas que cambiaron de fecha. También lo dice usted. Fuera de competición, el primer mes del trimestre conlleva cambios de localización; tienen limitaciones de material, termómetros y neveras. Esto no es
para mandarlo a la Agencia Mundial Antidopaje para que le den una medalla de oro. Si usted en sus documentos oficiales pone que tiene limitaciones de material, termómetros y neveras y que no consigue que las empresas que lo van a llevar terminen la
contratación, la gestión antidopaje está puesta en duda. No quiero que la gestión antidopaje esté puesta en duda, por tanto hay que hacer un trabajo más riguroso.


En relación con el Tribunal de Cuentas, dos cosas. En cuanto al pago de sobresueldos —por entendernos—, usted ya alegó ante el Tribunal de Cuentas. Dice aquí exactamente: Las alegaciones formuladas a este respecto por los actuales
responsables de Aepsad —es decir, usted— insisten en que no existe perjuicio para la Hacienda pública, dado que las retribuciones se pagan dentro del máximo previsto. Le contesta el Tribunal de Cuentas: … si bien la crítica debe mantenerse, ya que
la cuantía fijada es un máximo respecto a la cantidad variable. Tiene usted la contestación del Tribunal de Cuentas. No me repita en sede parlamentaria lo que el Tribunal de Cuentas dice que ya no le sirve. Usted me tiene que traer otra
observación distinta, porque ya tengo la contestación a eso que usted me acaba de volver a repetir. El Tribunal de Cuentas dice que no sirve y le dice en primer lugar que no es posible determinar la cuantía del posible perjuicio a la Hacienda
pública. El Tribunal de Cuentas le está diciendo que pagar el máximo sin saber cuál es el objetivo de productividad que tiene que alcanzar genera un perjuicio a la Hacienda pública, al dinero de todos. Usted está dando el máximo, pero ¿por qué el
máximo? Dice usted, el máximo o nada, pero entre el máximo y nada habrá un pequeño equilibrio, puede buscar usted alguna fórmula. No, yo el máximo.


Finalmente, en materia de igualdad hay dos leyes que le obligan. El Estatuto de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte, de 2008, contempla en su artículo 6.2 que tiene que haber participación equilibrada de mujeres
y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. La ley orgánica que aprobamos aquí de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje, ley orgánica de 2013, en su artículo 7.8 vuelve a decir que tiene que
haber hombres y mujeres en una proporción. Eso no es discutible, porque hay muchas mujeres preparadas. El Gobierno no puede estar en el ámbito del deporte dando la espalda a las mujeres, porque hay mujeres cualificadas, y si no puede ser la
subdirectora puede ser la vicesubdirectora o la directora general o quien determinen para que la proporción se cumpla. Ustedes están incumpliendo la ley y no lo motivan; he pedido el documento donde motivan por qué no hay las mujeres que están
previstas y no me lo dan. ¿Y si no me lo dan, saben por qué es? Porque no lo tienen; insisto, no me lo dan porque no lo tienen. Usted lo ha dicho aquí, porque cada ministerio hace… Señora Soraya, vicepresidenta, tenga en cuenta que estamos
incumpliendo las leyes, que las mujeres no están representadas convenientemente en el área del deporte.


El señor PRESIDENTE: Ha concluido ya su tiempo.


El señor PEZZI CERETO: Mándemelo inmediatamente, por favor. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, señora Sayós. Por favor, brevemente.


La señora SAYÓS I MOTILLA: Fíjese en lo que he dicho. No dudo de los profesionales, creo que hacen bien su trabajo. Tampoco dudo de la operatividad de la agencia, del trabajo que realiza ni nada de esto. No estamos fiscalizando hoy aquí
la gestión de la agencia. En todo lo que sea luchar contra el dopaje encontrará a su lado al Grupo de Convergència i Unió. Intentaba explicarle que el fundamento de todo el informe del Tribunal de Cuentas cae en que la ley que regula la agencia no
determina el carácter jurídico de esta. Si realmente es una agencia estatal, entendemos en conclusión que es una administración pública. Si tenemos en cuenta las leyes administrativas, si el presupuesto es íntegramente público, también tiene
carácter público. Por tanto, el contrato de gestión no es responsabilidad de la propia agencia sino de los ministerios donde se ha redactado todo el procedimiento. Para las miles de tomas de muestra que hace la propia agencia, tratar con un solo
interlocutor facilita su gestión. Es verdad, nosotros no lo discutimos. Si se tiene que hacer o no un contrato de gestión no lo valoraremos nosotros, sino la agencia y el Tribunal de Cuentas. Las explicaciones sobre la contratación de la gestión,
si se hace desde los ministerios implicados —el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte—, correspondería darlas a ellos. Le tenemos hoy aquí y le estamos linchando a usted, pero creo —lo he
dicho antes— que son los dos ministros quienes deberían darnos estas explicaciones, porque la gestión, entendemos nosotros, es indirecta porque se lo dan a una empresa. Si hoy aún existe este contrato de gestión —vuelvo a repetirlo— no es culpa
suya sino de los ministerios donde han redactado el procedimiento del contrato de gestión. De acuerdo con la ley de contratos administrativos hay un procedimiento, por tanto las empresas que se han presentado tienen derecho a presentar recursos.
El punto en cuestión es que es una administración pública, por tanto es necesario el contrato de gestión.


Otra cuestión. En el consejo rector —no es su responsabilidad si hay más hombres que mujeres— usted podría hacer alguna advertencia, como ente supervisor, dado que no se cumple el principio de igualdad. Usted no determina quién va a formar
parte del consejo rector pero puede hacer alguna advertencia, aunque no sea su responsabilidad, por propia iniciativa.


Una última cuestión que creo que también es importante. La Ley del Empleado Público es aplicable tanto al personal funcionario como al personal laboral, como al de los convenios. Para el personal funcionario es obvio; para el personal
laboral, aunque se rija por el Estatuto de los Trabajadores y los tipos de contrato, también se aplica la Ley del Empleado Público; y en cuanto a los convenios, puede haber convenios particulares pero si no cumplen con las leyes administrativas son
nulos de pleno derecho. Por tanto, creo que el Tribunal de Cuentas en este sentido tiene razón cuando determina los complementos; además los propios Presupuestos Generales del Estado también determinan cómo serán. Repito, el complemento por
objetivo no está regulado en la Ley del Empleado Público, dentro del sueldo de un empleado público. Por eso el Tribunal de Cuentas hace la advertencia de que o es un sobresueldo o es un complemento de productividad, pero nunca será un complemento
por objetivo.


El señor PRESIDENTE: Señora Blasco.


La señora BLASCO SOTO: Voy a ser breve. Una de las preguntas que le he hecho es qué están haciendo en planes de prevención dentro de la agencia, que creemos que es muy importante. Como tenía tantas preguntas al final se le ha pasado.
Sobre el principio de igualdad parece que a través de ese cambio de estatutos se va a poder definir que haya más mujeres u hombres, si es que a lo mejor esté dentro de su potestad, y eso es lo que me ha parecido entender, porque creemos que es
importante. Es verdad que el mundo del deporte está dirigido por hombres, y que muchos de los miembros del consejo rector son federaciones o asociaciones deportivas, y mandan a los representantes, que al final son hombres, ya que son los únicos que
hay, pero sería bueno que se buscara una fórmula para que esto no sucediera.


El señor PRESIDENTE: Para cerrar esta comparecencia tiene la palabra el señor compareciente.


El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE (Gómez Bastida): Respecto al cumplimiento de la planificación en enero efectivamente tiene razón. He reconocido en mi primer turno de respuestas que había que
haber previsto una serie de cuestiones, pero también es cierto que el cambio de localización que ha citado de un documento interno de la agencia supone tener que asesorar a los deportistas en el manejo de un nuevo sistema Adams con el cual no
estaban familiarizado, que es con el que se produce retraso, igual que otros cambios de

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competiciones y una serie de cuestiones. ¿Qué había que haberlas previsto? Pues sí, y se lo he reconocido en el primer turno de preguntas. Respecto al mal procedimiento de tramitación del contrato de muestras ahí difiero. Y no es por
reconocer o no errores. Hay mesa de contratación. ¿Qué hace una valoración? ¿Qué la empresa recurra? Es su derecho hacerlo, y así ha sido. Al final ha coincidido la resolución del tribunal. ¿Qué hay vericuetos legales o que tienen derecho a
defender sus intereses las empresas, y los han utilizado o los han agotado hasta el último recurso administrativo, y ahora acuden al contencioso-administrativo para poder ganarlo? Están en su derecho para ganar un concurso que al fin y al cabo es
prácticamente de un millón de euros o de dos millones si se admite la prórroga. Sobre los sobresueldos que el Grupo Parlamentario de Convergència y Unió y el Grupo Socialista han mencionado eso ha aparecido en prensa. De sobresueldos no se habla.
No son sobresueldos. El complemento de productividad no dice que no exista un complemento por objetivos. Claro que puede haber un complemento de la Función pública por objetivos, y le he citado la normativa en la que viene, de hecho se llama
complemento variable, conocido como productividad, que es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Nunca se habla de sobresueldos. El sobresueldo tiene otras connotaciones y otro significado, y el Tribunal de Cuentas no está hablando de eso. No es un
sobresueldo. Se está pagando dentro de unos límites legalmente admisibles, porque parece que esto ha sido una idea de los directores anteriores. Tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación y hay un control interno que lo ejecuta la
Intervención General del Estado. No es algo que se decide únicamente en un papel que firma el director, no es algo tan aleatorio. Primero, interviene la Intervención General del Estado, y luego, tiene que ser aprobado como personal directivo, que
tiene unas condiciones específicas. Por eso no son ni personal laboral ni personal fuera de convenio ni funcionario público; es personal directivo y tiene un contrato de alta dirección que está sometido a la normativa que le he citado. Sobre la
paridad tiene usted razón; habrá un nuevo consejo rector cuando se apruebe el estatuto por real decreto, que será cuando se modifique el consejo rector. ¿Qué intentaremos respetar la paridad? Por supuesto.


Creo haber contestado a todas las preguntas, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Cerramos la intervención agradeciendo al señor Gómez su comparecencia.


Vamos a suspender tres minutos e iniciamos el debate y votación de las proposiciones no de ley. (Pausa).


PROPOSICIONES NO DE LEY:


— SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS DE INTERÉS GENERAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002535).


El señor PRESIDENTE: Vamos a retomar la Comisión y el orden del día, para lo cual pasamos al debate y posterior votación de las proposiciones no de ley. Punto 4.º del orden del día: proposición no de ley sobre la modificación del catálogo
de acontecimientos deportivos de interés general. Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra por un tiempo de siete minutos el señor Lleonart, por el Grupo Parlamentario de UPyD.


El señor LLEONART CRESPO: Señorías, el 26 de junio de 1997 se aprobaba la Ley reguladora de emisiones y retransmisiones deportivas. Se permitía pues, por primera vez en nuestro país, la declaración de una serie de acontecimientos y
competiciones como de interés general, obligando a retransmitir en abierto aquellos que así fueran considerados e imponiendo a su vez la necesidad de retransmitir un encuentro por jornada de liga o de copa en directo, y en abierto para toda España.
Esta ley también otorgaba la obligación de dar acceso a los medios para elaborar sus resúmenes o breves extractos de los partidos de la jornada. Estas exigencias se mantuvieron durante la tramitación y posterior aprobación de la Ley 7/2010, de 31
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.


La delimitación de lo que es de interés general en cada momento es sin duda una cuestión difícil, sujeta a diversas opiniones. Así se establece que será el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales quien establecerá los acontecimientos
deportivos de interés general, dentro del listado que ofrece el artículo 20.1 de la citada ley. Teniendo en cuenta este artículo lo cierto es que infinidad de deportes a priori minoritarios quedan excluidos de esta ley, y por tanto relegados a un
segundo plano. De esta manera quedan fuera de este artículo deportes como el esquí, donde tenemos a la española Carolina Ruiz participando con éxito en las competiciones del Campeonato del Mundo de Esquí Alpino; la Selección Española de Hockey

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Patines, campeona del mundo en dieciséis ocasiones; la Selección Española de Fútbol Sala, campeona del mundo en dos ocasiones y de Europa en seis; las competiciones de gimnasia rítmica o artística; los partidos de la Selección Española de
Rugby, tanto en su versión a siete —deporte que será olímpico en los juegos de Río de 2016— como a quince. También se produce un hecho que todavía tiene menos sentido, los partidos de Wimbledon o del US Open quedan fuera, mientras que los de Roland
Garros sí están incluidos. Además se promocionan deportes como el fútbol, el baloncesto o los relacionados con el motor; deportes que ya de por sí tienen interés en nuestro país, y que cuentan con importantes apoyos públicos y privados.


Estas retransmisiones televisivas son importantes por infinidad de motivos, siendo los más importantes sin duda alguna los motivos económicos y los ingresos que estas retransmisiones generan. Este impacto económico que pueden generar los
ingresos por la venta de los derechos televisivos se complementa a su vez con el impulso que estas retransmisiones dan a la hora de obtener patrocinadores para estos deportes, hecho cada vez más complicado para los deportes minoritarios. Otro
motivo de especial importancia para la retransmisión de estos eventos es la cada vez mayor presencia de nuestros deportistas en las finales internacionales de estos deportes. Así el pasado mes de septiembre nuestras gimnastas ganaban el oro en los
Campeonatos del Mundo de Kiev, en la modalidad de diez mazas, sin que este evento fuera retransmitido en abierto en nuestro país. Esta misma situación se puede aplicar a otros casos de deportistas españoles, que aun llegando a las finales de
campeonatos internacionales de diferentes modalidades, han visto cómo su hazaña no ha tenido cobertura alguna en nuestro país. Las retransmisiones deportivas no solo son importantes desde un punto de vista económico, sino que también ayudan a la
promoción y la divulgación de estos deportes minoritarios, y sobre todo de los valores asociados a ellos. Así los valores promovidos, por ejemplo, por el rugby son muy valiosos para nuestra sociedad. Se trata de un deporte con mucho contacto
físico, pero con escasa violencia, que exalta valores como el trabajo en equipo, la lealtad o el respeto al contrincante y a los árbitros. De esta forma, a diferencia de deportes que sí están incluidos en el catálogo de interés general, solo el
capitán del equipo se puede dirigir a los colegiados del encuentro, y siempre de manera educada; o el equipo vencedor es el que tiene que hacer un pasillo al equipo perdedor como muestra de respeto y agradecimiento por el esfuerzo realizado. La
gimnasia rítmica, por ejemplo, ensalza valores tales como la superación personal, el esfuerzo y el sacrificio por lograr unos objetivos; valores que sin duda se deberían promover desde el sector público y desde el Estado, y qué mejor manera de
hacerlo que a través de las retransmisiones deportivas.


En España disponemos desde el año 1994 de un canal público dedicado exclusivamente al deporte, y que parece sin duda alguna la plataforma perfecta para promocionar y divulgar este tipo deportes minoritarios. Si bien es cierto que este canal
viene retransmitiendo la mayoría de estas competiciones deportivas, es más que deseable otorgar un marco regulatorio adecuado para promocionarlos, fomentar su divulgación y ofrecerles una seguridad jurídica. No parece lógico que otros deportes que
ya son de por sí muy populares en nuestro país reciban este tipo de apoyo mediático desde plataformas públicas, y una obligación legal de ser promocionados, cuando ya no tienen esta necesidad y pueden obtener financiación y cobertura televisiva por
sus propios medios. Desde nuestro punto de vista es más adecuada la promoción de otros deportes considerados como minoritarios para que puedan superar las actuales y difíciles circunstancias económicas a las que se enfrentan, y obtener una
importante fuente de financiación con la venta de los derechos televisivos y los ingresos indirectos que estos generan a través de la publicidad y los patrocinadores, así como el reconocimiento adecuado para nuestros deportistas cuando logran éxitos
de nivel internacional. Sin duda alguna que estos deportes estuvieran recogidos dentro del citado artículo 20.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual les daría un impulso sin precedentes y a los deportistas que los practican. Por todo ello
desde el Grupo de UPyD presentamos la proposición no de ley que debatimos hoy, para que se inste al Gobierno a modificar el artículo 20 de la Ley General de Comunicación Audiovisual e incluya en el catálogo de acontecimientos de interés general del
Consejo Estatal de Medios a todas aquellas finales nacionales e internacionales en las cuales participe un deportista o equipo español, independientemente de la modalidad deportiva de que se trate.


El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, ¿el Grupo Parlamentario Mixto desea intervenir? (Denegación). Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no hay representación; por La Izquierda Plural tampoco. Por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Sayós.

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La señora SAYÓS I MOTILLA: Celebro que se presente esta iniciativa, y por tanto ya de entrada digo que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votará a favor, pues va en sintonía con nuestros objetivos y con el criterio que
siempre ha mantenido este grupo parlamentario, que es también la defensa de deportes minoritarios, como son el bádminton, el ox ball, las carreras de montaña, el hockey, el hockey sobre hielo, el fútbol sala, etcétera. En todos ellos tenemos
grandes campeones de élite. No todo es fútbol, tenis, básquet, motociclismo o automovilismo, sino que hay otras muchas disciplinas. Para la salud del deporte en general debemos apoyar al deporte base por descontado, pues sin deporte base no habrá
nunca deporte de élite, y esto es así se mire como se mire. Lo único que echamos en falta en esta iniciativa es que también se favorezca el deporte femenino. Por tanto, si me permite el presidente de la Comisión añadir in voce una transacción para
que se incorpore el deporte femenino, nosotros votaríamos a favor, y si no me lo permite no lo podré hacer, pero votaremos a favor igualmente.


El señor PRESIDENTE: Hable usted con la letrada, y vemos si se puede hacer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la iniciativa de Unión Progreso y Democracia. Quisiera recordar brevemente que este tema del catálogo ha tenido un desarrollo normativo peculiar.
Quisiera recordar a los presentes cómo el gran debate se produce a lo largo del año 1997, cuando se aprueba la Ley 21/97, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos. ¿Por qué? La
aprueba siendo Aznar presidente, con Álvarez-Cascos de ministro responsable de estas competencias, y se hace en gran medida como fórmula de la guerra de Aznar contra Prisa, obligando a que el fútbol tuviera que transmitir en abierto
obligatoriamente, siempre, uno de los grandes partidos de la jornada. Posteriormente en 2010 —y participé en ella— se aprobó la Ley General de Comunicación Audiovisual, y efectivamente en su artículo 20 se hace un listado de quién tenía la potestad
para excluir la emisión codificada de acontecimientos, y cuáles son acontecimientos de interés general para la sociedad. En ese artículo 20 de la Ley de Comunicación Audiovisual hay efectivamente un apartado n) en donde, aparte de los Juegos
Olímpicos, la Selección Española, la Champion, la Liga Profesional, premios de automovilismo, motociclismo, etcétera, Vuelta Ciclista, Copa Davis, dice: grandes premios o competiciones nacionales e internacionales que se celebren en España y
cuenten con subvención pública estatal o autonómica. Efectivamente ese apartado n) es insuficiente y la iniciativa que presenta UPyD es enriquecedora. ¿Por qué? Porque hay muchos, muchísimos deportes, modalidades deportivas minoritarias que
apenas consiguen hueco, a pesar de que son competiciones o finales nacionales o internacionales que se celebran en España, y no tienen hueco para encontrar el espacio televisivo para sus seguidores y para la divulgación.


He recibido especialmente twitters y mensajes por correo electrónico de las deportistas femeninas, que nos dicen que no solo hay una marginación en los deportes minoritarios, sino que hay una doble marginación en los deportes minoritarios
femeninos. Nosotros por tanto habíamos intentado hacer una enmienda, porque en el texto se dice: en las cuales participe un deportista o equipo español; y no aparecía con suficiente claridad el término masculino o femenino, pero al final nos
parecía obvio que el proponente de la PNL estaba refiriéndose a un deportista o a una deportista o equipo español, y por tanto englobaba todo. Además tenemos el medio. El Gobierno intentó en un momento dado cerrar la cadena, dentro de TVE,
Teledeporte. Felizmente se ha mantenido. Yo tengo la programación de hoy y conozco a los responsables de Teledeporte, y a lo largo del día se emite automovilismo, mountain bike, fútbol-magazine, esgrima, voleibol club sub-17, ciclismo del Giro de
Italia, motociclismo, skimboarding, fútbol otra vez. Bueno, hay sitio desde las siete de la mañana a las cinco de la mañana que se cierra; desde las siete a las cinco hay horario para transmitir todo lo que convenga, para que lo puedan grabar. Yo
creo que esto abre un portillo a estas competiciones y para darles visibilidad en un país dominado por el fútbol, que es el deporte rey, que es la marca de España, que es importantísimo. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y
domingo con fútbol quizá en algún caso es como comer pescado todos los días de la semana, mejor de vez en cuando un poquito de carne, un revuelto (Risas), una cosita que le dé al cuerpo un poquito más de alegría y diversidad.


Por tanto la iniciativa la vamos a apoyar, porque va en la línea de respeto y apoyo a los deportes minoritarios, de respeto y apoyo al deporte femenino, y de abrir el campo a lo que son deportes de interés general para incluirlos en el
listado del artículo 20 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez Maniega.


La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Señorías, estamos de acuerdo en la mayor parte de los argumentos defendidos en la extensísima exposición de motivos de su proposición no de ley. Tan es así que los ponentes de esa ley ya los tuvieron en cuenta.
Señorías, lo que ustedes piden ya se está haciendo. La Ley General de la Comunicación Audiovisual ni prohíbe ni impide que puedan incluirse en el catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad las finales nacionales e
internacionales en las que participen un o una deportista o equipo español. Es más, en nuestra opinión RTVE tiene el derecho, pero también la obligación, siempre que le sea posible, de incorporar a su oferta de programación aquellas competiciones
deportivas que sean de interés general. De hecho en su comparecencia en la Comisión de RTVE, el 22 de abril del 2014, el presidente del Consejo de Administración de RTVE hizo referencia al mandato aprobado en Cortes Generales que impone a RTVE,
como parte de su deber de servicio público, estar al tanto de los contenidos audiovisuales a los que ustedes se refieren. Por este motivo no consideramos necesario modificar ninguna ley, puesto que ya está prevista la posibilidad de incluir los
acontecimientos deportivos adicionales a los que figuran hasta ahora en el listado al que sus señorías se referían, cuando se considere que son de interés general para la sociedad. Revisen la ley, señorías. Entiendo en todo caso que usted heredó
esta proposición no de ley, esta iniciativa, del señor Cantó, y no tenga responsabilidad alguna en esto que suele hacer tanto su formación de presentar iniciativas que piden lo que ya se está haciendo.


Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos absolutamente de acuerdo en potenciar y apoyar deportes de base, y también el deporte no mayoritario, y como referían antes sus señorías, el deporte realizado por mujeres o por equipos de los que
forman parte mujeres. De hecho quiero hacer aquí referencia a nuestra portavoz, Miriam Blasco, medallista olímpica, primera mujer en conseguir un oro olímpico en los Juegos de Barcelona. Sin duda las judokas jóvenes tienen un buen referente en
ella. Sorprende por otra parte la intervención del representante socialista dado que, cuando ellos gobernaron, incluso deportes como el fútbol no vieron representadas sus finales o sus competiciones internacionales en RTVE, cosa que es tan polémica
que yo creo que está en la mente de todos.


Muchísimas gracias a sus señorías por habernos escuchado, e insisto en que nuestro grupo está absolutamente a favor de que esto sea así, y tan es así que la ley ya lo contempla.


El señor PRESIDENTE: Pido al señor Lleonart nos indique si acepta la transacción. (Asentimiento). De acuerdo; se votará en los términos de la transacción pactada, que creo que tienen todos los portavoces.


— SOBRE MEDIDAS PARA ADAPTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL A LOS SECTORES PRODUCTIVOS QUE LO NECESITEN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002974).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas para adaptar la formación profesional a los sectores productivos que lo necesiten.


Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Juste.


La señora JUSTE PICÓN: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta iniciativa porque entiende necesario seguir impulsando el diálogo entre nuestros sectores productivos y la Administración, para que en el ámbito de la
formación profesional del sistema educativo seamos capaces de garantizar la mejora de la empleabilidad de nuestros trabajadores, y se puedan así satisfacer adecuadamente las necesidades de los sectores productivos, que nos están demandando formación
específica y cualificada de su mano de obra. Hablamos de un sistema de formación profesional sólido, desarrollado de forma concertada con las políticas económicas y sociales, que nos permitirá generar un tejido productivo altamente preparado y
competitivo, capaz de dar respuesta a las necesidades de un mercado laboral profundamente globalizado y en cambio permanente.


El estímulo del crecimiento económico y la generación de empleo constituyen en la actualidad un reto inequívoco para el Gobierno y para todas las fuerzas políticas, puesto que debemos ofrecer oportunidades de futuro a nuestros ciudadanos y a
la vez ser capaces de atender las obligaciones que se derivan de nuestro Estado del bienestar. Actualmente, para el desarrollo de nuestro sistema económico se ofrecen nuevas oportunidades vinculadas a la calidad y la competitividad que nos permiten
posicionarnos en un

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mercado exterior que ya está dando lugar a una cierta dinámica de relocalización de estructuras productivas en nuestro país. Por otra parte, no es menos cierto que existe un excedente de mano de obra procedente de sectores productivos que
se encuentran afectados por el desempleo; por ello, se deben hacer esfuerzos para conseguir adaptar la capacitación de la mano de obra con la actual demanda de empleo. Debemos hacerlo de acuerdo con las necesidades y conocimiento real de nuestras
estructuras productivas, de manera que aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo porque el sector en el que están contratados se haya visto afectado por la situación económica puedan reubicarse en otro sector. Se trata, pues, de
una iniciativa que impulsa la colaboración entre la Administración y los sectores productivos, con resultados positivos para ambas partes, y especialmente para el interés general, mediante la creación de empleo.


El Ministerio de Industria, Energía y Turismo se ha mostrado favorable a esta iniciativa y, tal como recoge en su agenda para el fortalecimiento de la industria, orienta la formación profesional a un mayor encaje con las necesidades de las
empresas, porque esto es lo que nos están pidiendo los sectores productivos, que adecuemos la formación para conseguir aumentar el valor del capital humano. También el ICEX considera fundamental, en cumplimiento de sus objetivos, la formación del
capital humano, pues un elemento básico para el éxito de las iniciativas de internacionalización de nuestras empresas es que cuenten con trabajadores bien formados en cuestiones relativas al comercio exterior. Leía hace unos meses unas
declaraciones del catedrático Fernando Fernández, realizadas en un foro de debate en Barcelona, en el que se comentaba un informe de la OCDE sobre política industrial. Entre otras muchas cosas nos recordaba que no hay mejor política de pymes que la
de ayudarlas a dejar de serlo. Y es precisamente otro informe de la OCDE, Mejoras políticas para una vida mejor, donde se enfatizan los amplios beneficios del aprendizaje basado en el trabajo, no solo como un entorno favorable para el desarrollo de
habilidades técnicas y no técnicas, sino también como una manifestación directa de las necesidades del empleador.


Como ya hemos señalado, el Gobierno no es ajeno a esta realidad y entre las primeras medidas que se aprobaron se encuentra el Real Decreto-ley 29/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. Esta norma ha supuesto una apuesta firme por la participación de las empresas no solo en el diseño de la formación, sino también en la ejecución de las propias ofertas
formativas. Además, con la intención de dar un paso más en el impulso de todas las iniciativas encaminadas en esta dirección, mi grupo presentó el pasado 18 de mayo una proposición no de ley dirigida a reforzar una formación profesional dual para
la mejora del empleo. Con todo ello, señorías, intentamos, en la medida de lo posible, mitigar los nefastos efectos derivados del incumplimiento por parte del Gobierno anterior de la obligación de desarrollar la Ley de las cualificaciones y de la
formación profesional, aprobada por unanimidad en 2002. Esto nos ha hecho perder ocho años en esta tarea, dado que no se consiguió una formación profesional que garantizase la efectiva integración entre empleo y educación, afectando muy
negativamente tanto a los alumnos como a los sectores productivos y, por extensión, al conjunto del país. Por ello, a los efectos de contar con los elementos necesarios para que la formación profesional del sistema educativo responda adecuadamente
a las necesidades del sistema económico y continuar el proceso de mejora, acercando cada vez más las ofertas formativas a toda la ciudadanía y adaptándolas a las necesidades de los sectores productivos de modo que pueda hacerse realidad el proceso
de aprendizaje permanente, presentamos esta iniciativa, que confiamos sea apoyada por la mayoría de los grupos y cuente con la necesaria complicidad de todos, porque estoy segura de que comparten esta inquietud.


El Grupo Socialista ha presentado una enmienda transaccional en la que añaden dos nuevos puntos a la iniciativa presentada por el Grupo Popular, que apoyaremos.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda mencionada, tiene la palabra la señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: El Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley que en principio iba dirigida a ser debatida en la Comisión de Industria, como ha dicho la ponente del Grupo Popular, porque al leerla se nota que quien la
ha redactado no es muy conocedor de los instrumentos con los que cuenta la formación profesional tanto en el Ministerio de Educación como en del Empleo, ni tampoco de los instrumentos con los que cuenta el Ministerio de Economía, como así ha
reconocido la ponente del Partido Popular. Se ha decidido que se debata en la Comisión de Educación y la misma señora Juste la ha redirigido a esta Comisión porque ha dicho que habla de la FP y del sistema educativo.

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De la FP y del sistema educativo esta proposición no habla en absoluto. Se refiere a los sectores industriales y a la recualificación de desempleados, pero bienvenida sea a la Comisión de Educación; siempre que sea para hablar bien de la
formación profesional, bien está. Ahora cambiaré un poco mi discurso tras haber escuchado a la ponente del Partido Popular.


La proposición no de ley habla de recualificar a desempleados de sectores muy afectados por el desempleo. Como ejemplo pone la construcción. Eso está muy bien, pero me parece muy tarde, porque esta PNL está registrada en julio de 2014.
Para entonces la construcción se había desmoronado ya suficientemente. Le recuerdo que el presidente Zapatero, ya en 2008, presentó la hoja de ruta —sería bueno que se conociera, porque es muy buena— en la que se establecían programas especiales
para recualificar a los trabajadores en situación de desempleo procedentes del sector de la construcción. Considero que ninguno de los dos puntos que solicita la proposición no de ley representa ninguna novedad. El primero solicita al Gobierno que
se publiquen específicamente los sectores más competitivos y los que más oportunidades ofrecen para la exportación. Una cosa es que no se publiquen y otra que a quien ha redactado esta proposición, el Grupo Popular, no le guste cómo trabaja el
Ministerio de Economía, porque, en concreto, la Secretaría de Estado de Comercio, mes a mes desde hace mucho tiempo y no desde que gobierna el Partido Popular, saca un informe con los sectores más competitivos, con los que más exportan, etcétera.
Son informes mensuales. El segundo punto solicita elaborar un catálogo de cualificaciones profesionales, pero usted sabe que lo elabora el Instituto Nacional de las Cualificaciones, que se creó en 1999. Lo que sí es verdad es que ese catálogo de
cualificaciones debe estar vivo y debe actualizarse continuamente, pero es el Incual el que hace mucho tiempo publicó el primer catálogo de cualificaciones y el que publica las nuevas cualificaciones de formación profesional a partir de la
información que le da el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE y del observatorio profesional que tiene el mismo Incual. Aparte de las cualificaciones, el Ministerio de Empleo elabora certificados de profesionalidad y, a partir de esas
cualificaciones, el Ministerio de Educación elabora títulos de formación profesional. Este es el error que hay en la sociedad, que hay certificados y títulos. Desde mi punto de vista y el de mi grupo, que incluso ya lo reguló, ambos sistemas
deberían estar integrados. A pesar de lo que ha dicho la ponente del Partido Popular, nada ha hecho este Gobierno para integrar la formación profesional, absolutamente nada.


La PNL dice que la formación profesional debe dar respuesta a las nuevas oportunidades que ofrece el desarrollo de nuestro sistema económico vinculadas a la calidad y a la competitividad. Estoy totalmente de acuerdo. Eso requiere que los
certificados y los títulos vayan dirigidos a eso y que además sean una prioridad. Sin embargo, les diré que el Ministerio de Educación —se pueden leer las preguntas escritas que he hecho no hace mucho tiempo— está volcado en la formación
profesional básica, es decir, en el nivel más bajo de cualificación. Eso es para arreglar estadísticamente el fracaso escolar, no es para subir el nivel de formación de la población, sino para arreglarlo estadísticamente. Mientras, en el catálogo
de títulos de grado medio y superior siguen existiendo títulos Logse —que les recuerdo que es de 1990—, lo cual no contribuye a ofrecer esa formación profesional actualizada y dirigida a los nuevos sectores. En este sentido, nosotros hemos
presentado las enmiendas que ha mencionado la ponente del Grupo Popular y hemos realizado una transacción. La transacción ha consistido sencillamente en quitarle la fecha. Yo decía siempre: antes de que finalice 2015. No le estaba poniendo
ningún plazo; la idea es que se haga en esta legislatura porque las elecciones serán antes de que finalice 2015. Si no lo hacen antes de que finalice 2015, el Gobierno del Partido Popular probablemente no lo va a hacer. Nosotros, por supuesto,
votaremos a favor de esa transaccional.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señorías, voy a apoyar la PNL presentada, más allá de destinos más o menos erróneos y de algunas inexactitudes que contempla más la exposición de motivos que la intervención de la proponente, pues tiene mucha
relación con la que vamos a debatir después, que tiene mi autoría. Están muy relacionadas, por lo que apoyo la adaptación de todas las cuestiones referentes a la formación profesional y al mercado productivo porque es un hecho esencial de la
formación profesional. Es un elemento nuclear y por tanto no cabe más que apoyar, en mi opinión, esta iniciativa del Grupo Popular, más allá —repito— de cuestiones incidentales en su exposición de motivos.

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, viendo la exposición de motivos, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió está de acuerdo en que el crecimiento económico es necesario para generar empleo y este empleo es necesario para
mantener la sociedad del bienestar y que las personas puedan desarrollarse. Es necesario ofrecer oportunidades para que la gente pueda construir su proyecto de vida de futuro, que en estos momentos es difícil en algunos casos, y con este objetivo
general coincidimos.


Esta proposición no de ley viene de la Comisión de Industria, Energía y Turismo y habla específicamente del mercado exterior. Aquí, como se ha dicho, lo globalizamos en la idea de conseguir empleo, calidad y competitividad y por tanto
dinamizar la economía. Cuando estamos hablando de excedente de mano de obra, sin duda alguna los objetivos que todos los partidos tenemos son las personas mayores que se han quedado sin trabajo y los jóvenes que, a pesar de estar formados, no
encuentran trabajo o aquellos que al no estar formados no tienen posibilidades porque les falta cualificación profesional. En ese sentido, es necesario recordar que en Cataluña, y supongo que en las demás comunidades, se están reincorporando muchos
de estos jóvenes a la formación profesional; de ahí lo que voy a decir después de la importancia de la formación profesional. Está claro que siempre estaremos al lado del objetivo de que aquellas personas que se han quedado sin trabajo se
reubiquen y puedan encontrar un nuevo empleo, por lo que obtener la cualificación adecuada es necesario.


La proposición no de ley, como han dicho otros portavoces, habla de impulsar un diálogo. Pues bien, cada vez que desde educación, con el ministro que tenemos, hablamos de diálogo dudamos del modelo del ministro Wert, que es muy específico y
personal, pero entendemos que los sectores productivos de las administraciones responsables, que son las comunidades autónomas en este caso, menos el aspecto básico de las leyes, ya están relacionados unos con otros. Ya están identificando los
sectores que mejores condiciones tienen para acceder a nuevos mercados y nuevas fuentes de generación de economía para poder coordinar las necesidades que tienen las empresas para ser competitivas en esos nuevos mercados y qué formación tienen que
tener los trabajadores para cumplir con esos objetivos. Hay, pues —lo ha dicho también la compañera del Grupo Socialista—, que elaborar un catálogo y las herramientas que tenemos son suficientes; lo que tenemos que hacer es desarrollarlas y
ampliarlas. En ese sentido, me ha sorprendido mucho que haya dicho que hemos estado ocho años sin que la formación profesional haya funcionado, que no ha hecho nada, que ha sido un desastre… No puede ser verdad eso que he oído y voy a dar algún
dato que tengo. En 2012 y 2013 ya había formación dual en Cataluña y en otras comunidades, por lo que la formación dual no la ha incorporado ni el ministro Wert ni el Partido Popular a la Lomce, sino que ya existía la relación entre empresa y
formación profesional. Era necesaria; el mismo sistema la traía y la demandaba. Se ha incorporado a la ley y ningún partido político nos hemos opuesto a que la formación profesional dual sea una salida y una necesidad. Fíjense si es necesidad,
que empezamos con doscientos y pico alumnos en 2012-2013 en Cataluña y para el curso 2015-2016 tenemos 5.040 alumnos, 138 centros que la practican y 86 titulaciones en formación profesional dual. El objetivo que se plantea Convergència i Unió para
2025-2026 es que un tercio de los estudiantes de formación profesional lo esté haciendo en esta modalidad de formación profesional dual. Ahora bien, que la formación profesional dual sea un apartado importante —después lo hablaremos con motivo de
la proposición no de ley del señor Sostres— no quiere decir que la misma se pueda aplicar en todas partes, por tanto, hay que continuar trabajando en la formación profesional. Al ministro le dijimos, así como en las comisiones, que se estaban
adecuando titulaciones de formación profesional a 2.000 horas de clases, con lo que la formación profesional estaba avanzando y se estaba adecuando, y ustedes lo único que han hecho con la formación profesional ha sido aplicar la formación
profesional básica. Ese es un gran error que va a hacer que las estructuras que mantenía esta formación profesional y que iba creciendo se van a tambalear porque vamos a segregar a los alumnos y vamos a tener problemas. Cuando ustedes defienden…


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: … que la formación profesional tiene que ir ligada a las necesidades de las empresas, les aseguro que las empresas lo que necesitan es que estos alumnos se profesionalicen; no que vuelvan a estudiar
castellano, catalán, matemáticas o ciencias, que es lo que permite la Lomce. Eso es lo que hemos criticado, que estamos bajando la exigencia de profesionalización de la formación profesional de grado medio y de grado superior. No podemos, pues,
hacer otra cosa que

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apoyar el objetivo general que la proposición no de ley incorpora junto con la transacción del Grupo Socialista, pero entiendan que somos muy críticos con la formación profesional de su ley, la ley del señor Wert, la ley del Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Señora Juste, ¿acepta la enmienda transaccional?


La señora JUSTE PICÓN: Sí, la aceptamos.


— RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003113).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la actualización del profesorado de formación profesional. Para su defensa, tiene la palabra el señor Álvarez
Sostres.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señorías, la proposición de ley que presentamos plantea uno de los problemas pendientes de nuestro sistema escolar y responde a una pregunta que por otra parte no es nueva. ¿Qué hacemos con nuestra formación
profesional en su carácter estructural? ¿En qué se ha fallado para que seamos líderes europeos en paro juvenil y colistas en porcentajes de graduados en formación profesional? ¿Tenemos la certeza de que la actualización de la formación profesional
no pasa previa o simultáneamente por la actualización de todo orden de los profesores de formación profesional? Esta iniciativa pretende advertir sobre la inexcusable necesidad de reestructurar la FP, de modo que los alumnos de los ciclos
formativos de grado medio y grado superior realicen una formación simultánea en los centros educativos y en las empresas, pero esa formación siempre va a depender de los profesores de que se disponga. El modelo de FP dual, aplicado con éxito en
países de nuestro entorno, incluso en algunas de las comunidades autónomas con otro nombre, tiene evidentes ventajas. En primer lugar, la oportunidad que se le da al alumno de tomar contacto con el mundo real del trabajo en una empresa a la vez que
se está formando en un centro docente. El trabajo en el aula y en la empresa son totalmente complementarios porque para resolver los problemas que se le presentan en el trabajo el alumno tendrá que aprender a solucionarlo también en el aprendizaje
de los centros educativos. Intentar, sin embargo, el modelo de FP dual no es tarea sencilla, en mi opinión, ni universalizable. El modelo general será el preponderante en la FP, desde la FP básica a los ciclos de grado medio y superior, y lo será
por varios motivos. El primer obstáculo es que haya empresas capaces de afrontar los distintos convenios. En segundo lugar, la duración de tres años puede ser un plazo demasiado largo para la empresa y también para los alumnos. En tercer lugar,
la crisis económica que padecemos es un handicap añadido tanto para las empresas como para las administraciones; para las primeras porque en algunos casos es posible que no puedan ofrecer remuneraciones a los alumnos y para la Administración porque
la dotación de nuevos equipos y máquinas supone un gran esfuerzo económico.


Por último, nos encontramos con un problema añadido de carácter estructural, cuya solución es preciso acometer de manera inaplazable. Este es el eje de la proposición no de ley que presentamos. Me refiero al problema de formación y
actualización de los profesores de FP en sus respectivas especialidades, que corren el riesgo de ser los primeros inadaptados al mundo innovador de las empresas. Para el impulso de la nueva formación profesional, sea dual o no, nosotros añadiríamos
la necesidad de que se apoye este modelo de formación en referencia a los profesores en las distintas comunidades autónomas. Aquí divido los puntos correspondientes a la proposición no de ley en tres estratos. El primero, jurídico. Es necesaria
la vía del convenio entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, aquellas que lógicamente quieran establecer estos convenios para apoyar el sistema de emprendedores que conlleva la titulación de formación profesional. En segundo
lugar, es necesario impulsar a través de esos convenios todo tipo de medidas para que se defina un mapa de actualización de los profesores de FP según familias y según necesidades. En tercer lugar, es necesario crear un marco financiero que dé
soporte a estos dos puntos precedentes.


Este es el objetivo de esta proposición no de ley, que espero que sea considerada positivamente por todos ustedes.


El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, y para su defensa tiene la palabra la señora Bravo.

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La señora BRAVO IBÁÑEZ: Intervengo para defender la enmienda de mi grupo, pero también para defender el marco del que estamos hablando en las dos últimas iniciativas, tanto en la anterior como en esta.


Me gustaría dejar claro que tengo el firme convencimiento de que es el momento de la formación profesional. El Gobierno del Partido Popular hace una apuesta clara por todo lo que es la formación profesional, no solo por la formación
reglada, la formación que damos en los centros educativos, la básica, la media o la superior. Apuesta por todo ese gran subsistema. Todos los que hemos trabajado en formación profesional llevamos hablando de la integración de los tres subsistema
de formación profesional desde 1992. Sin desmerecer la labor de otros Gobiernos, pues todos ellos han apostado de forma firme y decidida por la formación profesional, me gustaría señalar que es la primera vez que hablamos de una FP dual, donde se
contemplan —todo eso de lo que se ha hablado aquí de una forma un poco desdibujada— los contratos de formación y aprendizaje, los cursos de competencias básicas, los certificados de profesionalidad, y donde —insisto—, para cerrar este círculo
perfecto, están incluidos tanto el Ministerio de Empleo como el de Educación para hablar de la nueva formación profesional, de la gran formación profesional, donde la pieza clave —no se les olvide nunca— es la formación profesional dual, la estrella
de la corona del nuevo sistema educativo. El sistema de la FP dual no es, por cierto, nada fácil, tal y como ha señalado mi compañero de foro, pues hay que contar de forma decidida y clara con la colaboración de las empresas. La FP dual no se
puede hacer solo desde Educación, sino que la implicación de los empresarios, de las empresas, es clave. Tanto la FP dual como las empresas habrán de adaptarse a cada sector productivo, y eso no es fácil.


Hecha esta primera recomendación y centrándonos ya en lo que nos ocupa, que es la formación concreta del profesorado de FP, quisiera señalar que para el Grupo Parlamentario Popular el pilar fundamental para un buen sistema de calidad, para
un buen sistema educativo, tiene que ser la actualización permanente y constante del profesorado. Esta actualización y esta formación del profesorado de FP no es tan fácil como en otros sectores —es mucho más fácil reciclar a un profesor de Lengua
y Literatura, ya que se puede hacer en el aula; incluso hoy en día con Internet lo tendría solucionado—, todos los sectores que están relacionados con el mundo de la FP —electrónica, electricidad, metal, automoción, etcétera— avanzan muy deprisa y,
a veces, a los propios centros les cuesta mantenerse al día de lo que ocurre en la empresa. Por eso es fundamental esa apuesta decidida y firme por la formación permanente y actualizada. No hay que formarles en cosas que ya no se llevan, sino que
habrá que estar muy al día en todo el mundo de las TIC, en lo que ocurre realmente en la empresa y, por mucho que corramos, la empresa siempre irá más rápido que los centros educativos. Por eso, de nuevo, la colaboración de las empresas con los
centros formativos es fundamental. Las empresas tienen mucho que decir en esta formación permanente y actualización constante del profesorado de formación profesional, a la que este Gobierno y este grupo parlamentario apoyan. No obstante, hay que
decir también que esas competencias pertenecen a las comunidades autónomas; es decir, cada comunidad autónoma tiene sus departamentos de formación del profesorado, donde diseñan y preparan la formación de todos los profesionales de la docencia,
bien sean de secundaria, de bachillerato o de FP. Es una competencia clara de las comunidades autónomas, lo que no es óbice para que en algún momento haya programas estatales que complementen la formación que imparten las diferentes comunidades
autónomas. Insisto en que la norma ha supuesto un empuje claro a la participación de las empresas, no solo en el diseño de la formación, que, como he dicho, es fundamental, sino también en la ejecución de las propias ofertas formativas.


Para finalizar, quisiera hacer hincapié en ese gran empuje que se ha dado a la formación profesional dual, como también ha señalado el responsable de CiU. Esto no es de ahora, sino que las prácticas en las empresas, como las llamábamos en
su momento, existen desde hace mucho tiempo; luego se cambió a la FCT y hoy en día es un convenio más serio. Les voy a dar un pequeño dato. El número de centros que había en FP dual en toda España en el curso 2012-2013 era de 173 y en este
momento es de 726. El número de empresas que colaboraban en este programa en el curso 2012-2013 era de 513 y hoy es de 4.826. El número de alumnos que se han beneficiado de este gran sistema, en 2012 era de 4.292 y en este momento son casi 17.000
alumnos los que se benefician de esta gran nueva formación profesional.


En cuanto a la enmienda, hay un punto en el que estamos de acuerdo, pero hay otros dos puntos en los que todavía no lo hemos conseguido. Si me lo permite el presidente, al final del debate le diré hasta dónde podemos llegar.

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El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Como antes decía el señor Sostres, estamos hablando de formación profesional. Él ha incluido también en este apartado a la formación profesional dual, haciendo referencia a una preocupación que siempre pone
encima de la mesa, al igual que otros portavoces, y es que la reforma educativa habla muchas veces más que de profesores y de las personas que están impartiendo la educación de las ideas de recentralización y ataque a diferentes lenguas cooficiales.
Pero el Partido Popular, que es el que tiene mayoría absoluta, lo ha enfocado y dirigido hacia donde él ha creído. En este sentido, cualquier aportación para mejorar la formación de los educadores tendrá nuestro apoyo.


Veo que todavía están transaccionando la enmienda que ha presentado el Partido Popular, que es la propuesta del señor Sostres pero quitando todo lo que hace referencia a la financiación de las administraciones, que son las que realmente
tienen las competencias; por tanto, sin ningún tipo de ayuda a las comunidades autónomas. Quisiera recordar que en una reciente comparecencia de la aún secretaria de Estado de Educación discutíamos sobre los 22 millones de euros que se distribuían
desde Madrid para profesores, de que se hiciese un refuerzo en los centros y en las diferentes comunidades autónomas. Es decir, cuando el Gobierno central quiere invertir 22 millones y decidir qué profesores y dónde los pone lo puede hacer, pero
cuando le pedimos que aporte dinero para proyectos concretos y programas de cooperación con las comunidades autónomas no hay dinero para eso. Somos críticos en este aspecto de la financiación. Tanto la Generalitat como las demás comunidades
autónomas están haciendo esfuerzos muy importantes, en momentos muy difíciles económicamente, para potenciar la formación profesional. El Parlament de Catalunya está a punto de aprobar la llei de formación professional de Catalunya, una ley
transversal que une la educación y la formación continua a las empresas y, como decía la portavoz del Partido Popular, que sé que entiende de formación profesional porque en sus discursos sabes que lo ha vivido y que lo está viviendo —todavía
recuerdo el día que dijo en Comisión que la formación profesional básica eran los PCPI un poco cambiados, cosa que el ministro no acepta de ninguna manera a pesar de que es así—, en Cataluña pasamos de 2012 a 2013 de 118 empresas que hacían
formación profesional dual a 1.050 para el curso 2015-2016. Sin duda alguna, la Lomce incorporó algo que la formación profesional ya estaba llevando a cabo, pero no han sido la Lomce ni el Partido Popular quienes han hecho que la formación
profesional dual haya realizado un cambio tan importante, sino que han sido la relación entre las empresas, la formación profesional y las administraciones competentes las que desde hace años están trabajando y mejorando este sistema. Por tanto, si
en las transacciones se incorpora el compromiso del Gobierno de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas para ayudar financieramente a potenciar la formación profesional, apoyaremos esta iniciativa. Si dicho compromiso no se incorpora y el
Grupo Popular no transacciona nada, también la apoyaremos.


El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: La proposición que presenta Foro hoy lleva por título La formación del profesorado de formación profesional, pero la verdad es que al leer la exposición de motivos tuve cierta dificultad para saber sobre qué
íbamos a debatir, y es que casi estamos debatiendo más de formación profesional dual que de formación del profesorado. Sobre formación profesional en esta Cámara hace falta un amplio debate, y en este sentido hemos presentado una iniciativa sobre
esta materia y quizá presentemos más, porque es muy interesante para todos.


No estoy de acuerdo en absoluto con algunas de las apreciaciones que hace en la exposición de motivos el señor Sostres, porque hay interés por parte de algunos partidos, especialmente por el Popular y por Foro en más de una ocasión, por
relacionar el elevado nivel de desempleo juvenil con la formación profesional. Este es un flaco favor que le hacemos a la formación profesional, porque además con el mismo sistema de formación profesional el nivel de desempleo juvenil no es el
mismo en todas las comunidades autónomas. En mi opinión son la industria y los sectores productivos los que tienen que crear los puestos de trabajo y decir si con nuestro sistema los alumnos de formación profesional están formados o no. Siempre se
dice que en Alemania el paro juvenil es más bajo pero, ¿por qué no aspiramos a tener el sistema industrial y el sistema productivo de Alemania, que como es lógico acoge muchísima más mano de obra que el nuestro, dado que además el nivel de
cualificación que hace falta es más

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elevado? Es importante que digamos que cuando los alumnos de formación profesional de nuestro sistema van a hacer la formación práctica a Alemania, las empresas alemanas aplauden su formación y lo polifacéticos que pueden ser. Aplauden
nuestra formación profesional.


Ya se ha dicho aquí, y el señor Álvarez Sostres lo reconoce en la exposición de motivos, que en España no es posible ampliar tanto la formación profesional dual como les gustaría a muchos, porque lo primero que no ha hecho el Gobierno —voy a
dedicar a este tema solo dos minutos más— ha sido regular la formación profesional en condiciones y fijarse en cómo tiene regulada Alemania la formación profesional. Cualquier empresa no puede acoger alumnos para formarse y tampoco se pueden formar
alumnos de formación profesional en cualquier nivel de trabajadores de una empresa. Y eso de que desde que gobierna el Partido Popular es la primera vez que hay formación profesional dual es cierto entre comillas, porque nosotros no le llamábamos
formación profesional dual, algo que sigue sin gustarnos a muchos, sino que se llamaba formación profesional en alternancia, y así es como la consideramos.


En cuanto a los datos, ya he dicho en esta Comisión que los datos que publica el ministerio sobre la formación profesional dual no son ciertos, cuestión que he comprobado a través de preguntas al ministerio y que este mismo me ha reconocido.
El ministerio publicó que en 2014 había 9.500 alumnos en formación profesional dual y poco después el ministro en sede parlamentaria en respuesta a una pregunta oral habló de 20.000. Es decir, el ministro se inventa los datos según le conviene,
pero no son ciertos, como tampoco lo son los 17.000 de 2015 ni los contratos de formación profesional dual que dice que hay para ciclos formativos, cuestión que habría que aclarar y que he vuelto a preguntarle por escrito.


En lo que sí estamos de acuerdo es en que el profesorado de formación profesional, sea para dual o para el sistema que tenemos, que, insisto, de alguna forma es dual porque no puede salir ningún alumno de un ciclo formativo sin haber estado
en una empresa como mínimo tres meses —por tanto, si dual es eso, una parte en la empresa y otra en el centro, es dual—, tiene que estar formado y actualizado, y si el PP está de acuerdo con esto, como ha dicho la señora Bravo, ya podía haber puesto
a un ministro del PP, porque quizás lo hubiera hecho mejor en este sentido. En los presupuestos de 2011 se transfirieron a las comunidades autónomas para programas de cooperación para la formación permanente del profesorado no universitario
48.179.810 euros. En 2012, con el ministro Wert —con el adanismo que venimos señalando— el presupuesto fue de 340.000 euros, de los cuales 266.000 eran para profesorado universitario. Es decir, se cargó totalmente la formación del profesorado,
entre el que se encuentra el profesorado de formación profesional. De 48 millones se pasó a nada. Es competencia de las comunidades autónomas, pero estas han visto reducido el presupuesto destinado a formación por especialidades, a estancias
formativas en empresas para que estén actualizados o a formación en el extranjero para los profesores de ciclos formativos bilingües. Como el ministerio se desentendió, la cantidad ha tenido que disminuir, aunque no tendría que haber disminuido
totalmente, como ha hecho el ministerio.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría, por favor.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Acabo. Cuando se aclare la transaccional decidiremos el sentido de nuestro voto. En cualquier caso, si se pudiera votar por puntos votaríamos a favor de los puntos 2 y 3, porque del marco normativo que haga el
Partido Popular no nos fiamos mucho; votaríamos en contra del punto número 1. Si se mantiene y se acepta la enmienda del Partido Popular tal y como está, votaremos a favor, eso sí, diciendo que a buenas horas.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, pendiente señalar los términos en que se votará esta proposición no de ley.


— RELATIVA A LA TITULACIÓN DE INGENIERO QUÍMICO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003383).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º del orden del día: proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la titulación de ingeniero químico. Para su defensa, tiene la palabra la señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: La proposición que presentamos viene a completar un debate que ya tuvimos en sesiones previas en materia de ingenieros técnicos informáticos e ingenieros informáticos. Como en la exposición de motivos o en los
antecedentes de la iniciativa, planteamos que la ingeniería química es la rama de la ingeniería que combina física, química, biología, matemáticas, ciencia de

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materiales y simulación por ordenador de procesos de transformación de materiales en productos más útiles o de mayor valor, y es la disciplina ingenieril que representa a la industria química.


La ingeniería química no ha nacido ahora, sino que aparece como tal en la primera mitad del siglo XIX en el ámbito de la revolución industrial y el desarrollo de la industria química de proceso. Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando
aparecen los primeros cursos de ingeniería en el Reino Unido y se va extendiendo también a otros países, entre ellos a nuestro país, entre ellos a España. En España la ingeniería química ha evolucionado desde 1850, tanto en el marco formativo como
en el regulatorio y —como diré dentro de un momento también— en el impacto que el trabajo de estos profesionales tiene en la sociedad y en la mejora del medio ambiente, dentro de sus distintas tareas. La ingeniería química en España surge en el
plano académico cuando se aprueba en 1850 la titulación de ingeniero industrial, con dos especialidades: la química y la mecánica. A partir de ese momento sufre distintos avatares, que vienen ligados a esa también confusa evolución de la normativa
en España, en muchas ocasiones parcialmente modificada.


Aunque desaparece como tal titulación en algún periodo muy corto, a raíz de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y sobre todo del Real Decreto 923/1992, se establece nuevamente el título universitario oficial de ingeniero químico. Todos
sabemos que con posterioridad a esa fecha se transforman las titulaciones en España en el llamado proceso de Bolonia y en ese marco, como ya dijimos en el caso de las ingenierías a las que me he referido anteriormente, ingeniería técnica informática
e ingeniería en informática, distintos avatares llevan a la publicación de una resolución de la Secretaría General de Universidades, resolución de 8 de junio de 2009, por la que se daba publicidad al acuerdo del Consejo de Universidades en el que se
establecieron recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias, de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de ingeniería química, ingeniería informática e ingeniería técnica informática, hasta que se procediera a la reforma
general de las profesiones y la actualización del estado de las mismas. En ese nivel de provisionalidad nos encontramos también respecto a la ingeniería química, lo que ha dado lugar a una situación confusa, tanto en el reconocimiento de las
propias titulaciones como en el reconocimiento de las competencias de los profesionales que acreditan esa formación, bien con títulos anteriores al proceso de Bolonia bien con títulos posteriores al proceso de Bolonia. No voy a cansar a sus
señorías, porque el tema es muy técnico, pero también muy confuso, aunque es esa confusión precisamente la que nos trae aquí para tratar de impulsar —espero que con el acuerdo de todos los grupos— que esas confusiones vayan desapareciendo. Uno
puede entender en determinados momentos modificaciones parciales que no acaban de coordinarse y que parece que no tienen ningún efecto, pero los efectos son múltiples y, en este momento, no se sabe cuál es la situación de aquellos que concluyen sus
estudios, especialmente los estudios de grado en materia de ingeniería química, si tienen que hacer el máster obligatorio, cuáles son las tasas, cuáles es la puntuación. Estamos navegando en permanentes recomendaciones y en esa confusión. Sin
embargo, la ingeniería química representa el 10 % del producto interior bruto nacional, representa más de 500.000 puestos de trabajo, está reconocida como ingeniería en más de 170 universidades europeas y en más de 150 universidades americanas. Hay
un número de profesionales en América en las principales empresas de más de 70.000, pero la ingeniería química supone ser, para Europa, el primer productor y el principal exportador de productos químicos, nada menos que el 35 % de la producción
mundial. No estamos hablando de algo insignificante, no estamos hablando de unas titulaciones irrelevantes o de unos profesionales que no merezcan tener un panorama más tranquilo, más homogéneo, más equitativo.


Quiero mencionar, para ir concluyendo, que en los antecedentes de la iniciativa que hemos presentado se alude además a algunas sentencias del Tribunal Supremo de 2010 y de 2013 que hacen una interpretación de otro de los decretos en los que
se hace una equiparación, por homologación, de los ingenieros industriales y los ingenieros químicos que han recibido con posterioridad una sentencia en la que cambia, así lo dice el magistrado, de doctrina. Sin embargo, cambia de doctrina pero
dice que los supuestos enjuiciados no son los mismos de las sentencias de 2010 a 2013. Para completar lo que dicen los antecedentes, quiero que eso sea un elemento más a poner de manifiesto. Necesitamos desde aquí pedir ese impulso para la
claridad, para que no haya ninguna duda de que los ingenieros químicos son ingenieros, para que se adopten las medidas oportunas en el plano académico que clarifiquen de una vez por todas esta situación. De manera que, una vez que se haga esto, se
proceda a esa situación, en el futuro más inmediato que se pueda, de incorporarlos como profesiones, que lo han sido siempre, que lo son de hecho, en las normas oportunas, en los catálogos oportunos.

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No vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista, pero en el espíritu sabe que estamos en sintonía, y lo acabo de expresar aquí. Creemos que desde el impulso de la clarificación de las normas académicas se llega a lo otro y que quizá
haberse empeñado muchas veces en la idea de la incorporación de la regulación sin más ha retrasado todo este proceso. Que se haga lo que se tenga que hacer. Los datos que acabo de dar, que son una mínima muestra, ponen de manifiesto lo importante
de que el Gobierno tome las medidas oportunas, que salgamos de la provisionalidad. Lo demás es una cadena de modificaciones que tiene que venir añadida. Por tanto, estamos en el espíritu, estamos en la necesidad del impulso. Les pido apoyo para
que este impulso salga con el mayor apoyo por parte de los grupos en esta Comisión y que ya no tengamos que hablar nunca más de una profesión de tanta relevancia, de tanto éxito, pero manteniéndonos en la confusión normativa, en la confusión
regulatoria que tiene que resolverse en los tribunales y que puede dar lugar, por tanto, a interpretaciones jurídicas contradictorias.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Costa.


La señora COSTA PALACIOS: Este es el segundo tema de ingenieros que traemos en muy poco tiempo, bien valdría que quien apoya al Gobierno, que es ahora mismo el Partido Popular, instara de verdad al Gobierno a que esto se solucionara.
Efectivamente, lo demás es cuestión de quedar con los implicados, de decirles que nosotros no podemos hacer más porque no tenemos mayoría suficiente. Lo mismo que ocurrió con los informáticos, pero siendo conscientes de que en esta ocasión es más
fácil la solución que la de los ingenieros informáticos, es más fácil meterlos en catálogo, es mucho más fácil porque ya tienen una tradición. En fin, es otro problema totalmente diferente, es un problema de ingenieros, pero no es lo mismo. Esta
PNL no la dejen dormir en los laureles una vez que salga aprobada de aquí. Se va a aprobar, aunque nos opusiéramos, que no nos vamos a oponer, es obvio que no, pónganla en marcha, insten de verdad al Gobierno, pero con algo más de celeridad que
hasta ahora, y pónganla en marcha. Si no se quiere abrir el melón de los colegios profesionales busquen algún resquicio para que esto se ponga en marcha, porque verdaderamente les está perjudicando. Eso el Grupo Socialista no lo quiere de ninguna
manera. Sabemos que nuestras enmiendas nunca se van a aceptar por miles de razones, usted lo ha explicado y yo la creo, pero cuando sea nuestra no se va admitir la enmienda, aunque digamos que este salón es grande y usted lo vea chico, seguro que
no. Eso es por principio.


A nosotros, al Gobierno socialista, no nos dio tiempo a desarrollar estos casos que son puramente técnicos, pero se está acabando la legislatura y tampoco han tenido tiempo ni han tenido a bien arreglarlo, y perjudica. No hemos tenido
inconveniente en decirles a los colectivos que han venido que hablaran con ustedes porque si no hablan con ustedes por mucho que nosotros la presentemos aquí no se va a aprobar y se va a quemar otro cartucho hasta que haya otra Comisión, etcétera.
De esto hemos tenido ocasión de hablar muchas veces. Hagan partícipe al Gobierno de lo que se dice en la exposición de motivos, y de las sentencias que usted ha citado, cuando se dice que es el momento de dar pasos para un tratamiento adecuado y
claro. Pues sí, a ver si los dan; son ustedes los que los tienen que dar. Eso es así.


Sabíamos que no admitirían nuestra enmienda de adición, aunque va casi en la misma línea de lo que hicimos con los ingenieros informáticos y era más difícil con los ingenieros informáticos. Creemos que mejoraría esta proposición no de ley
y, sobre todo, en lo que se refiere a las profesiones reguladas, que es un gran problema, ya no solamente la catalogación, el catálogo de títulos, etcétera, y además así nos lo pidió el grupo de ingenieros químicos que vino a vernos y por eso lo
hecho, porque estoy convencida de que esto tarde o temprano se tiene que abrir, y no hay más remedio que abrirlo. Ya sabemos que no la van a aceptar, pero denles una solución. Se va a aprobar esta proposición no de ley, no hay ningún problema, y
ya que tienen esa mayoría no absoluta, absolutísima, salgan de aquí, llamen al ministerio o al Gobierno o a quien se lo tengan que decir para que se ponga en marcha. Hágase, porque se les va, como decía Góngora en su letrilla, que se nos va la
Pascua, niña, que se nos va la Pascua. (Risas). Está pasando el tiempo y ahora es cuando tienen ustedes oportunidad. Si no lo hacen ahora, a lo mejor no tienen posibilidad de hacerlo próximamente, por lo menos con esta mayoría absoluta. Y es un
perjuicio, piénselo. No actúen siempre por un problema político mal entendido, esto no tiene color político, y como no tiene color político, se debería hacer. Mi obligación era hacer una enmienda en este sentido, vamos a apoyar la PNL, como
hicimos con los informáticos aunque tampoco nos admitieron la enmienda, y quede dicho aquí que queremos que se haga ya, que se haga ya. Solo ustedes lo pueden hacer, nosotros podemos pedirlo, pero como si oyeran llover. Ustedes lo tienen en su
mano, aprovechen estos meses que posiblemente no van a tener esta oportunidad y tanta mayoría.

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El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Convergència, tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, primero quiero agradecer el trabajo que la Confederación de Directores y Decanos de Ingeniería Química está realizando, su labor pedagógica hacia este diputado y el resto de grupos; su trabajo
constante, tienen sus objetivos claros y toda la razón del mundo para intentar conseguirlos. Esta iniciativa busca —la portavoz del Grupo Popular lo ha dicho— impulsar, espíritu. En eso estamos, cómo no vamos a apoyar esta iniciativa, seguramente
la enmienda del Grupo Socialista va a concretar ese impulso y ese espíritu, pero como no se va a incorporar no se va a concretar ese impulso y ese espíritu, pero estamos a su lado.


Hay que agradecer que el Grupo Popular traiga aquí esta iniciativa y podamos hablar de la discriminación que están padeciendo estos profesionales y estos grados y estos másteres tan importantes. La portavoz del Grupo Popular ha hecho una
descripción clara de lo que representan en el PIB, de la importancia que tienen económicamente, de todo lo que trabajan. Ha hecho una reseña histórica de la importancia de la evolución, de que en otros países esta titulación existe, está regulada y
está perfectamente regulada. Y eso es lo que nos pasa en mi circunscripción, en Tarragona, donde la Universitat Rovira i Virgili es universidad de excelencia en Ingeniería Química, donde tenemos muchos ingenieros químicos trabajando en la industria
petroquímica y química, en diferentes industrias, químicas, farmacéuticas, construcción, papeleras, petroquímicas, electrónicas, polímeros, biotecnología, seguridad, medio ambiente. Es una de las profesiones que sin duda alguna pueda ayudar,
manteniendo las mismas comodidades y objetivos, a hacer que el medio ambiente esté más limpio y sea más coherente y se preserve mejor. —Puede ser una universidad de excelencia. Esta mañana estábamos hablando en la primera proposición no de ley del
mercado exterior, de formar a nuestros profesionales, de formar a los que no tienen trabajo, para que la formación profesional pueda hacer que estas empresas sean competitivas, y nosotros tenemos ingenieros químicos que si quieren tener la profesión
regulada tienen que ir al exterior y obtener la titulación en el exterior, en lugar de tenerla aquí, y están trabajando y están haciendo las mismas funciones que los titulados en el exterior que vienen aquí, que la tienen regulada y aceptada. Es
una situación incomprensible.


En consecuencia, apoyaremos esta iniciativa y continuaremos insistiendo para que la enmienda del Grupo Socialista, que no va a ser incorporada, se pueda cumplir, en el sentido de que en algún formato de ley se introduzca la posibilidad de
que el profesional competente para las actividades que están desarrollando ahora consiga que sea una profesión regulada, una profesión que esté aceptada, que tenga su reconocimiento dentro de las cualificaciones profesionales y deje de ser
discriminada en los másteres, en los precios y en otros aspectos que son injustos. Aceptamos el impulso, el espíritu y continuaremos trabajando para que se haga realidad y sea, de una vez por todas, un ejercicio de responsabilidad que tenemos los
grupos políticos hacia este grupo de profesionales.


El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley se va a votar en sus propios términos porque no se acepta la enmienda.


— RELATIVA A LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA ESPAÑOL A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ERASMUS EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003432).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, el 8.º, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la acreditación de conocimientos del idioma español a los estudiantes del programa Erasmus
en España. Para su defensa, tiene la palabra el señor De Luis.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: En esta ocasión tomo la palabra en esta Comisión para hacer un planteamiento que no tiene color político, y aprovecho el pie de verso que me ha dado la portavoz del Grupo Socialista en relación con la anterior
iniciativa: esto es de un interés casi de política de Estado. No es la primera vez a lo largo de la legislatura que el Grupo Parlamentario Popular ha insistido en la necesidad de poner en valor el idioma español en el conjunto del mundo, no
solamente como una gran contribución de nuestra cultura a la cultura de occidente, sino también, dado el interés que hoy existe por el español y lo que el español aporta, destacando que seríamos capaces de generar toda una actividad que beneficiaría
el crecimiento económico y la generación de empleo en nuestro país, si somos suficientemente constantes en el trabajo.

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El español mantiene hoy un enorme interés en un importante colectivo de ciudadanos en el mundo. Hay más de 548 millones de personas que hablan el español, de ellos hay 50 millones que tienen ciertas dificultades para manejarlo con fluidez,
lo que quiere decir que hay un potencial de perfeccionamiento importante. Según los datos que el Instituto Cervantes ha facilitado a la Cámara en respuestas escritas a preguntas mías, estamos hablando de un número de estudiantes de entre 18 y 19
millones, que es indicativo de la importancia que tiene el idioma español y de la necesidad de aportar conocimientos para que esta demanda pueda ser atendida. También es un dato importante que el español, a mucha distancia del chino y del inglés,
es la tercera lengua en Internet, lo cual quiere decir que también se está utilizando para el tráfico habitual de información y de negocio y demás en el siglo XXI. Luego el interés está perfectamente vigente y por eso es la cuarta vez que traigo el
debate al Congreso.


Sería bueno también que la Comisión conociera que, si este es el panorama en todo el globo terráqueo, en Europa la demanda de español como lengua extranjera es también muy potente. En Francia hay más de 2 millones de estudiantes de español,
en Alemania estamos por encima de los 450.000 alumnos y en Italia 300.000, sin entrar en otros países que tienen una demanda de grado inferior. Todo esto nos indica que debemos ponernos las pilas —no me parece mal la expresión— para satisfacer
desde nuestro país el ansia de conocer nuestro idioma por parte de muchos ciudadanos extranjeros. El Instituto Cervantes tiene hoy las competencias para acreditar el conocimiento del español como lengua extranjera por los distintos títulos que
ofrece por delegación del Ministerio de Educación. Esos títulos tienen una validez oficial indefinida y un reconocimiento internacional, responden a los parámetros y estándares internacionales y también a las directrices del marco común europeo.


El Instituto Cervantes ofrece distintas graduaciones en función del contenido y también hay distintas fechas para acceder a las pruebas del Cervantes, que van desde mayo a noviembre, más o menos. En España existen más de 110 centros en los
que se puede acceder a las titulaciones, de los que 58 son universidades, y si a esto le añadimos que España es el primer destino de estudiantes Erasmus de Europa, con más de 150.000, parecería hasta cierto punto normal poner estos dos sumandos en
una única ecuación para que al final los estudiantes que vienen a hacer un curso o estancia Erasmus en España se marcharan a su país con un reconocimiento de una mayor habilidad para el manejo del español. Esto haría posible no solamente
incrementar el número de exámenes a realizar por el Cervantes, sino que contribuiría al objetivo final que me anima desde el inicio de la legislatura, que es poner en valor nuestro producto, el español. Además sería una buena presentación de la
posibilidad de que vinieran extranjeros a hacer inmersiones lingüísticas, igual que los españoles lo hacen en otros países de lengua inglesa o francesa, ya que los datos que he aportado denotan que el español tiene una demanda muy amplia. De ahí
que la primera parte de la proposición no de ley que defiendo pretende que el Gobierno estudie y valore la conveniencia de incorporar entre los créditos que los estudiantes Erasmus llevan a su país de vuelta un reconocimiento, sea del grado que sea,
de manejo del español como lengua extranjera.


La enmienda que he presentado —aprovecho este trámite para defenderla— pretende revitalizar un mandato que la Cámara ya ha dado, que la red de universidades públicas y privadas españolas se incorpore a toda esta actividad. Por eso la
enmienda que presenté ayer pretende impulsar acuerdos entre el Instituto Cervantes y las universidades públicas y privadas para que colaboren en el desarrollo de este planteamiento. Como ya dije al inicio de mi intervención este planteamiento
carente de ideología hace justicia a una parte definitiva de nuestro patrimonio cultural, un activo que ha contribuido muy notablemente y de forma decisiva al conjunto de la cultura del mundo occidental y que tiene una enorme demanda en el mundo.
Por tanto, tenemos la capacidad de ofrecer el servicio que los estudiantes demandan y la oportunidad de generar todo un sector de servicios idiomáticos, incrementar el turismo cultural y, al final, generar renta y empleo, que es el objetivo
fundamental de la legislatura.


Por todo ello, creo que esta iniciativa y su enmienda tendrán la simpatía de los grupos que participen en el debate y la apoyarán. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, ¿UPyD desea intervenir? (Denegación).


Por el Grupo Parlamentario Catalán, señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Hablamos de promocionar e intentar, a partir de la recepción de estos alumnos Erasmus en el Estado, que quieran certificar su conocimiento de la lengua castellana. En este sentido no ofreceríamos ninguna
oposición, nos parece muy bien. Entendemos la exposición de motivos y la intervención del portavoz del Grupo Popular ya que reconocemos —como lo hemos hecho muchas veces— que la lengua castellana es una lengua usada en el Estado español pero
también en

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muchas partes del mundo, y que cada es vez más importante, como ha dicho el portavoz, y puede llegar a producir sin duda alguna recursos económicos para aquellas personas de otras partes del mundo —tal como alumnos y estudiantes españoles
van a estudiar inglés— que puedan venir al Estado español o a otros países donde se pueda estudiar el castellano. Sin duda alguna, no nos crearía ningún problema aprobar esta proposición si el señor ministro el otro día no hubiese hecho esas
declaraciones sobre el castellano respecto a nuestra lengua, el catalán, comparándolo con la situación que vivió la lengua catalana durante la dictadura del general Franco. En este sentido, ha dicho que esta proposición no de ley es una política de
Estado, no es política. Sí es política; precisamente la política del Partido Popular y la política del Gobierno que está al frente del Estado en estos momentos no son igualitarias a la hora de defender todas las lenguas cooficiales que tiene
reconocidas el Estado español.


Voy a abstenerme esperando —aprovecho de nuevo esta oportunidad para hacerlo en Comisión, para que quede constancia— a que el señor ministro Wert comparezca en la Comisión de Educación para que se retracte de sus declaraciones o intente
justificar si es verdad que la situación del castellano en Cataluña es la misma que sufrió el catalán durante la dictadura del general Franco. Mientras el señor ministro o alguien del Gobierno del Partido Popular no desmienta o corrija esas
afirmaciones entenderán que rompemos nuestra línea de apoyo a cualquier iniciativa que intente defender y extender la lengua castellana porque creemos que se está discriminando de la acción política a la lengua catalana, y eso no lo podemos aceptar.
Hemos apoyado muchas iniciativas en este sentido durante esta legislatura y nos sabe mal no poder apoyar esta porque defendemos que tanto el castellano como el catalán tienen que intentar promocionarse y conocerse, pero la política del ministro Wert
y, mientras nadie lo desmienta, del Partido Popular no van en esa línea. Por tanto, nuestra posición será de abstención.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Costa.


La señora COSTA PALACIOS: Había contado tres ocasiones en las que el señor De Luis había traído a la Comisión de Cultura y a la de Educación esta PNL, con variantes. Parece ser que, como dice él, no había contado la del turismo idiomático
que defendió en la Comisión de Cultura; así que rectifico, es la cuarta vez.


No quiero repetir mis argumentos porque indudablemente no han podido cambiar desde entonces y están en los «Diarios de Sesiones» de la Comisión de Cultura de octubre de 2013 y de la de Educación de abril de 2014. Se ve, señor De Luis, que
tampoco a la tercera va a ir la vencida porque algo le pasa al Partido Popular. ¿Se les está haciendo larga la legislatura para tener que gastar un cupo en una Comisión que no es precisamente de las que más se reúnen para hablar de lo mismo,
insistir en lo mismo o ponerle alguna cosa más? Yo no sé, repiten una y otra vez. Nosotros nos leemos los papeles, los leemos con atención y vemos que hay cosas que sinceramente las empeoran, señor De Luis. Casi prefería aquella que presentó
usted en Cultura, pero en fin…


¿Cómo no le vamos a dar nosotros —no me mire— importancia a la lengua española desde el punto de vista económico, de nuestra cultura, etcétera? En mi caso sería tirar piedras sobre mi propio tejado profesional. No se puede admitir lo que
ustedes dicen. Si ustedes lo han votado a favor —y son mayoría— en las tres anteriores ocasiones, ¿por qué no lo han puesto en marcha? ¡No han tenido ningún inconveniente! Siempre han dicho que el Instituto Cervantes lo ponga en marcha. Si ya lo
hace; no en exclusividad, pero lo hace. Ya hay diplomas de las personas que… ¡Exactamente! Ya les valdría, en vez de traer esto una y otra vez, llamar al Instituto Cervantes y decírselo. Ellos son muy receptivos, pero si quiere usted yo, que
tengo ahí grandísimos amigos, empezando por el presidente, que es colega mío, se lo comunico. Ahora, también les rogaría, al Instituto Cervantes y a todos, que bajaran las tasas para el DELE porque algunas verdaderamente no se pueden pagar. Hay
países como Brasil, con su extensión, en los que aunque hay muchos Institutos Cervantes, en los que los alumnos tienen que desplazarse muchos kilómetros para conseguir el DELE. Vienen a nuestras universidades, muchos a Galicia, pero no pueden
pagarlo, no se pueden desplazar y no pueden dormir en un sitio que está a 300 o 400 kilómetros. Eso también se podría decir a los Institutos Cervantes en vez de decirle que hagan esto, que ya se supone que lo hacen. Póngalo ustedes en marcha. Ya
se lo he dicho antes. Si han ganado todas las veces que lo han traído, vayan y pónganlo en marcha.


¿Por qué no lo ponen en marcha? Le voy a contestar, concretamente en esta PNL —que va a salir aprobada, por supuesto—: porque no pueden. Ustedes presentan lo que ya se está haciendo o lo que no se puede hacer ni por el Gobierno ni por
nada. Ustedes hablan concretamente del DELE para estudiantes Erasmus, y además en la enmienda —entiendo que es de adición— no se han dado cuenta de que piden

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que demuestren el nivel de conocimiento de español al abandonar nuestro país. ¡No, no nos lo exigen tampoco a nosotros cuando vamos de Erasmus! No se lo exigen a nadie. A la entrada sí. El programa Erasmus es un programa europeo que tiene
sus normas, sus reglas, sus organismos para ver el nivel idiomático… Me dijo usted la otra vez que no. Llevo en la universidad mucho tiempo y además me he ocupado de esta cuestión. Las universidades, los centros que están homologados —el Instituto
Cervantes también, incluso los Institutos Cervantes de fuera—, pueden expedir este nivel, y lo hacen, pero no a la salida. Si nosotros enviáramos a un estudiante a Polonia estaría bueno que el British Council, la Dante Alighieri o el Goethe
dijeran: a ver lo que ha aprendido usted de inglés, italiano o alemán en estos seis meses. Usted da por supuesto algo que creo sinceramente que yo conozco más que usted. Vienen muchos estudiantes Erasmus, muchísimos, la inmensa mayoría atraídos
por nuestra cultura, por nuestra lengua, por nuestra historia. Precisamente el Partido Popular no se ha destacado por apoyar todos estos elementos, que se venden solos —no hablemos del IVA cultural y de otras cuestiones—. Es muy bonito poner en la
PNL todo lo del español, pero luego se cierran centros Cervantes, quitan profesorado de español, tienen unos salarios de miseria… En fin, señor De Luis, algunos vienen —pocos, pero algunos— a estudiar bioquímica, etcétera. A la mayoría de ellos no
se les da las clases en español. Se les exige el conocimiento del español, pero la mayoría… Pásese usted por los departamentos de bioquímica y por otros y verá que igual que sucede con nuestros alumnos que estudian fuera estas materias se les dan
al menos en inglés y no en la lengua del país. Parece que lo de los Erasmus no lo controla usted muy bien.


Los organismos competentes además del Instituto Cervantes son los departamentos de español, los vicerrectores de las universidades, todo esto. No se les puede exigir un control después de haber disfrutado de un semestre de beca, señor De
Luis, por mucho que usted se empeñe y que nos hable de la grandeza del español. Tampoco se puede obligar, de ninguna manera, a que, si solo el 10 % de los que quieren estudiar español vienen a España, vengan más por el turismo idiomático. ¿Por
qué? Se lo dije la otra vez pero ahora se lo voy a repetir. A un estudiante de Boston que quiere estudiar español no se le puede obligar a que venga —estaría muy bien pero no siempre pueden venir— a Salamanca. Van a México o a otros sitios que
están más cerca. Eso es así; no se puede obligar, por supuesto que no. Además, le digo otra cosa desde mi experiencia particular —con esto termino— cuando se da español como lengua extranjera en universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, de
Francia, de Austria los estudiantes huyen de que sea castellano, porque, sobre todo en Norteamérica, tienen el oído mucho más hecho —lo siento, señor De Luis— a los andaluces y a los canarios. Las demasiadas eses pierden… Se lo digo desde la
experiencia de haber enseñado mucho tiempo allí. Me entendían mejor a mí.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Costa, por favor.


La señora COSTA PALACIOS: Ya voy a terminar.


Por eso, les pido que desistan de gastar el tiempo en presentar esta PNL una y otra vez, con distintos nombres, en distintas comisiones, pintándola un poco. Es un consejo que le doy porque, verdaderamente, están en disposición de hacerlo,
no nos necesitan a nosotros. Por lo de los Erasmus no nos vamos a abstener sino que vamos a votar en contra. (El señor De Luis Rodríguez pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor De Luis.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Quería que me concediera a la señora portavoz del Grupo Socialista. (Protestas). Me ha dicho que no controlaba bien.


El señor PRESIDENTE: No procede.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Bueno, pues en el turno de aceptar mi enmienda, que sí es un turno reglamentario. (Rumores). Aprovechando el turno de aceptar mi enmienda le voy a decir a la señora diputada socialista… (Protestas.—El señor
Pezzi Cereto y la señora Costa Palacios pronuncian palabras que no se perciben). Voy a replicarle…

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El señor PRESIDENTE: Señora Costa, después va a intervenir.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: En el uso de la palabra voy a replicarle que no pongo en cuestión la experiencia que tenga la portavoz socialista, pero tampoco voy a tolerar que ponga usted en cuestión el tiempo del trabajo que he destinado a
desarrollar esta línea de acción política. Esta es una línea de acción política. Si usted ha ido al Instituto Cervantes, yo también; si usted tiene experiencia en las universidades, yo también he ido a las universidades. Usted sabe igual que yo
que de las universidades que existen en España hay setenta que reciben Erasmus y no tienen ningún nivel de exigencia lingüística, y estoy demandando que lo tengan.


El señor PRESIDENTE: Señora Costa, si quiere intervenir treinta segundos, tiene usted la palabra.


La señora COSTA PALACIOS: Lo que necesite, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Lo que necesite, no. Intervenga.


La señora COSTA PALACIOS: Es la primera vez que en esta Comisión ocurre esto. El señor De Luis tiene la piel muy fina. No digo que él no tenga experiencia. Digo que quizá no esté tan familiarizado como yo en las cuestiones de Erasmus o
de la universidad y quiénes pueden poner las pruebas de Erasmus de español y de inglés. ¡Claro que las universidades españolas tienen estos controles cuando reciben Erasmus! Claro que los tienen pero de salid, y de entrada las de origen. Esto es
así.


El señor PRESIDENTE: Aclarado queda.


¿Están preparados los señores portavoces para la votación? (Pausa).


Pasamos, si me lo permiten, a las votaciones del día de hoy relativas a los puntos 4.º, 5.º, 6.º, 7.º y 8.º En primer lugar, votamos la proposición no de ley 161/2535. Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional con el
Grupo Parlamentario Catalán.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Punto 5.º del orden del día, proposición no de ley 161/2974, que se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional con el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Punto 6.º del orden del día, proposición no de ley 161/3113. Se somete a votación en sus propios términos. Se ha pedido votación separada de los tres puntos. Por tanto, votamos el punto 1.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto número 2 de esta proposición no de ley.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Punto número 3 de esta proposición no de ley.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Pasamos a la votación del punto 7.º del orden del día, proposición no de ley 161/3383, que se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Por último, pasamos a la votación del punto 8.º del orden del día, proposición no de ley 161/3432, que se somete a votación en los términos de la autoenmienda presentada por el propio Grupo Parlamentario Popular. (El señor De Luis
Rodríguez: Es enmienda de adición. No es en los términos de la enmienda; la enmienda es un añadido sobre el texto).


Muy bien, se somete a votación con la enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 12; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se levanta la sesión.


Era la una y veinticinco minutos de la tarde.