CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 783

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. OVIDIO SÁNCHEZ DÍAZ

Sesión núm. 75

celebrada el martes,

14 de abril de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente de la comisión rectora del Fondo de reestructuración ordenada bancaria, FROB (Restoy Lozano), para informar sobre la evolución de las actividades del FROB y sobre los elementos fundamentales de su actuación
económico-financiera al amparo del artículo 56 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. Por acuerdo de la Comisión de Economía y Competitividad. (Número de expediente 212/002217) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las doce de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Hoy comparece ante esta Comisión el señor Restoy, presidente del FROB, al que le damos la palabra en este momento.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, FROB (Restoy Lozano): Señor presidente, señorías, cumpliendo con el mandato de control recogido en el artículo 56 de la Ley 9/2012, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito, de 14 de noviembre, comparezco ante esta Comisión de Economía y Competitividad como presidente de la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El objeto de esta
comparecencia es informar de las actividades desarrolladas por el FROB desde el pasado 24 de junio, fecha en la que comparecí por última vez ante esta Comisión.


En los últimos meses el sector financiero español se ha beneficiado de la mejoría progresiva de la situación económica, que se ha manifestado en una reducción paulatina del volumen de activos deteriorados. Esto ha posibilitado la reducción
de los ratios de morosidad, lo que explica en gran medida la mejoría de los resultados que con carácter general reflejan las cuentas anuales a diciembre de 2014. Esta evolución positiva se observa también en las entidades que permanecen bajo
control del FROB, es decir, BFA-Bankia y Banco Mare Nostrum. En esta última, BMN, los beneficios han superado los 100 millones de euros, frente a un resultado prácticamente nulo en 2013. En Bankia, por su parte, los resultados han aumentado un 90
% en 2014, hasta situarse en los 771 millones de euros. De hecho, Bankia ha anunciado la intención de pagar por primera vez desde su recapitalización un dividendo de 202 millones de euros, de los que 127 serían ingresados por BFA que, como saben,
está participado al cien por cien por el FROB. Todo ello supone un hito en la normalización del funcionamiento de esta entidad tras el intenso proceso de saneamiento y reestructuración acometido.


Con todo, las entidades españolas, como el resto de las europeas, deben hacer frente a un entorno poco propicio derivado de la atonía de la demanda de crédito y los reducidos tipos de interés que presionan a la baja sobre la rentabilidad del
negocio. Para acometer los retos derivados de este entorno complejo las entidades bancarias españolas se han beneficiado del intenso proceso de saneamiento, reestructuración y recapitalización desarrollado en los últimos años a instancias de las
autoridades. El impacto positivo de las medidas adoptadas, en cuyo diseño y ejecución el FROB ha participado de modo directo junto con el Gobierno y el Banco de España, ha quedado puesto de manifiesto en el ejercicio de evaluación de las entidades
financieras europeas realizado por el Banco Central Europeo y las autoridades supervisoras nacionales como paso previo al comienzo de las actividades del nuevo mecanismo único de supervisión. Los resultados de estos ejercicios fueron publicados a
finales del pasado mes de octubre. Como recordarán, las pruebas revelaron que las entidades españolas eran las que disponían de una valoración más precisa de los activos contenidos en sus balances y, por lo tanto, puede decirse que ofrecían una
información financiera más rigurosa. Además, los ejercicios constataron la apreciable resistencia de las entidades españolas a perturbaciones muy severas, pues todas ellas disponían en el momento de la publicación de los resultados de un margen
significativo de capital sobre los umbrales mínimos establecidos para distintos escenarios macroeconómicos. En concreto, las entidades españolas sometidas a planes de resolución o reestructuración superaron holgadamente los ejercicios con datos a
31 de diciembre de 2013, con la única excepción de Liberbank, que arrojó un déficit minúsculo de capital que estaba ya sobradamente cubierto en la fecha de publicación de los resultados.


Pasando a darles cuenta de la actividad reciente del FROB, permítanme que estructure mi presentación en cuatro apartados. Así, en la primera parte de mi intervención les informaré sobre las actuaciones regulares del FROB, que cubren los
procesos de desinversión acometidos, en particular Catalunya Banc, la labor desarrollada en el seguimiento de los planes de resolución o reestructuración en curso, la culminación de los arbitrajes sobre productos híbridos, las actuaciones judiciales
e investigaciones efectuadas y finalmente la evolución de la Sareb. En la segunda parte me detendré, por su evidente relevancia, en las actuaciones específicamente relacionadas con la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia. A
continuación, en la tercera parte, comentaré la participación del FROB en la gestión de la reciente crisis de la entidad Banco de Madrid. Finalmente, señorías, les informaré de los avances que se han llevado a cabo en el ámbito europeo para la
construcción de la Unión Bancaria y, en particular, de la puesta en funcionamiento del mecanismo único de resolución que, sin lugar a dudas, afectará de modo apreciable al marco de actuación del FROB en el futuro inmediato.

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Paso a exponer las principales actividades del FROB en los últimos meses. Como sus señorías recordarán, en julio de 2013 la Comisión Rectora del FROB adjudicó a la empresa N+1 Corporate Finance el contrato de análisis y eventual venta de
Catalunya Banc. La recomendación principal que se desprendía del informe elaborado por el consultor era la venta previa de una cartera específica, compuesta por préstamos hipotecarios con un valor bruto aproximado de 6.400 millones de euros, con
escaso valor comercial —lo que se ha denominado cartera Hércules—. Esa venta permitiría aumentar el atractivo de la entidad una vez desprovista de la cartera mencionada, que se enajenaría en una segunda fase. Esa estrategia se justificaba por el
beneficio potencial que representaba atraer a dos tipos de inversores, por un lado, sociedades interesadas estrictamente en la gestión de activos —con interés por lo tanto en pujar por la cartera Hércules— y, por otro, entidades financieras
dispuestas a adquirir el negocio bancario de Catalunya Banc una vez adecuadamente saneada. De esta manera se aspiraba a maximizar el retorno que el FROB obtendría en el conjunto de la operación. En consecuencia, Catalunya Banc inició en marzo de
2014 el proceso de venta de la denominada cartera Hércules, que logró una elevada concurrencia. Así, y tras recibir muestras de interés de más de una decena de candidatos, que presentaron sus ofertas no vinculantes, se seleccionaron cinco oferentes
para la segunda fase en la que cuatro de ellos presentaron ofertas vinculantes.


La operación de venta culminó el pasado 17 de julio con la adjudicación de la cartera Hércules al fondo Blackstone. La operación se estructuró a través de la creación de un fondo de titulización de activos que emitirá dos tipos de bonos,
unos bonos senior, bonos clase A, que suscribirá el inversor, y bonos clase B, que suscribirá el FROB por importe aproximado de 525 millones de euros, algo inferior al inicialmente previsto de 572 millones de euros. Los bonos senior están
retribuidos hasta alcanzar una rentabilidad máxima del 13 % y cualquier rendimiento adicional de la cartera derivada de los flujos de caja obtenidos se distribuiría al 50 % entre el inversor y el FROB. Adicionalmente el FROB concederá una línea de
crédito por un límite máximo de 400 millones de euros y esta línea tendrá condiciones de mercado en cuanto a remuneración y comisiones. En conjunto, la operación conlleva un apoyo financiero estimado por parte del FROB de unos 649 millones de
euros, lo que supone que la cartera se ha vendido por aproximadamente el 85 % de su valor en libros.


En lo que se refiere a la venta del negocio bancario de la entidad, iniciado el 2 de junio de 2014, se recibieron tres ofertas vinculantes. Analizadas estas, la comisión rectora del FROB, en su sesión de 21 de julio, decidió adjudicar la
entidad a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. El precio ofertado ascendió a 1.165 millones de euros por el 98,4 % de las acciones de Catalunya Banc, que estaban bajo titularidad del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos. En conjunto ambas
operaciones —esto es, la venta de la cartera y del negocio bancario— han resultado en un valor positivo neto —es decir, no ha habido ayuda pública suplementaria—, tras considerar el valor de las garantías otorgadas, de 328 millones de euros. Ese es
el valor obtenido por el FROB por la enajenación de la entidad teniendo en cuenta todo, incluidas las garantías otorgadas a los compradores tanto de la cartera como del negocio bancario.


Una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes por parte de las autoridades nacionales y la Comisión Europea, está previsto que en los próximos días se eleven a público ambos contratos de compraventa. En los próximos días celebraremos el
perfeccionamiento de estos contratos. Primero se procederá a cerrar la venta de la cartera y unos días después a la venta de la participación del FROB en Catalunya Banc a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Con ello podrá darse por concluido el
proceso de resolución de la entidad cumpliendo con los compromisos asumidos en el marco del programa de asistencia financiera.


Los últimos datos disponibles confirman que el proceso general de reestructuración de las entidades que recibieron apoyo público sigue avanzando a un ritmo satisfactorio. Varias entidades finalizaron ya en 2014 los ajustes de balance,
plantilla y oficinas, tal y como exigían sus planes de reestructuración, y las restantes se espera que lo consigan sin mayores dificultades en las fechas establecidas.


Quisiera además comunicarles en este apartado que el pasado 22 de diciembre la entidad Liberbank, previa autorización del Banco de España y sin haber expirado todavía el plazo para la devolución de las ayudas públicas concedidas, procedió a
la amortización de la totalidad de la emisión de obligaciones contingentemente convertibles, que fue suscrita íntegramente por el FROB por un importe de 124 millones de euros. Es decir, esta entidad ha devuelto ya íntegramente las ayudas públicas
que recibió en forma de instrumentos de capital.


Asimismo, en el proceso de reestructuración de BFA-Bankia y de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan, la entidad BFA presentó la renuncia a la licencia bancaria el pasado 31 de octubre de 2014, que fue autorizada por el Banco de
España con efectos a partir del 2 de enero de este mismo

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año. Esta renuncia, si bien no altera en absoluto el perímetro de consolidación del grupo a efectos de supervisión prudencial, resulta coherente con la consideración de BFA como una compañía holding, como una compañía tenedora de acciones,
sin actividad bancaria directa alguna.


Paso ahora a informarles sobre el seguimiento de los procedimientos arbitrales en relación con la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada a clientes minoristas y que fueron iniciados por algunas de las entidades
participadas por el FROB. Concluido hace ya varios meses el proceso arbitral indicado por Novacaixagalicia, los correspondientes a BFA-Bankia y Catalunya Banc se hallan ya prácticamente finalizados. En conjunto los expertos independientes han
admitido hasta el momento las solicitudes de aproximadamente 300.000 clientes, que han obtenido o van a obtener próximamente una compensación equivalente al valor nominal de su inversión. Esta cifra supone un 57 % de los inversores minoristas que
tenían acceso a los arbitrajes y el 72 % de todos los que lo han solicitado. De esta manera creo que puede concluirse que los procesos de arbitraje impulsados por el FROB y acometidos por las entidades nacionalizadas que emitieron estos
instrumentos se han revelado como mecanismos eficaces para resolver casos de malas prácticas por parte de los emisores. Estos arbitrajes, junto con otras actuaciones —les recuerdo, por ejemplo, los mecanismos de liquidez establecidos por el Fondo
de Garantía de Depósitos para apoyar a los inversores que obtuvieron acciones no líquidas a cambio de sus participaciones preferentes y deuda subordinada—, han permitido al menos paliar el grave problema social generado por la inadecuada
comercialización de productos complejos.


En otro orden de cosas, paso a exponerles los avances que se han producido en la investigación y análisis de prácticas de gestión presuntamente irregulares en las entidades que han recibido apoyo financiero. Como sus señorías recordarán, la
exigencia de responsabilidades a los anteriores gestores, así como la detección de cualquier conducta irregular, ha sido desde el inicio de la reestructuración bancaria uno de los principales focos de atención del FROB. Este énfasis obedece tanto
al deber como autoridad pública de contribuir al esclarecimiento de hechos que puedan merecer un reproche por parte de los tribunales de Justicia como a la obligación que impone la norma de actuar en todo momento en consonancia con los intereses
patrimoniales del Estado y buscando cuando sea posible la reparación de los daños y perjuicios causados al erario público.


Actualmente el FROB se encuentra personado en veinte causas penales, en su mayor parte derivadas de sus propias actuaciones de detección de prácticas irregulares de antiguos gestores. Asimismo en 2013 acordó un protocolo de actuación que
supuso la realización de noventa análisis forenses, para lo que se ha contado con servicios externos especializados. Las investigaciones realizadas se centran fundamentalmente en dos tipos de actuaciones: las relativas a operaciones relacionadas
con el tráfico inmobiliario y las relativa a prácticas retributivas.


En el apartado de actividades relacionadas con el sector inmobiliario se han remitido a la fiscalía dieciséis operaciones correspondientes a Catalunya Banc, por un perjuicio estimado en 900 millones de euros, además de un expediente relativo
a una cartera de préstamos hipotecarios minoristas concedido por esta entidad. Asimismo se han remitido nueve operaciones correspondientes a NCG Banco, que podrían suponer un daño estimado de unos 810 millones de euros.


Por lo que respecta a las operaciones relacionadas con retribuciones de los administradores, el FROB ha remitido a la fiscalía dos expedientes relativos al grupo BFA o a las cajas que lo formaron. El primero hace referencia a la posible
percepción indebida de retribuciones por parte de consejeros y directivos de Caja Madrid y de Bankia en el periodo 2003-2012 mediante la utilización de tarjetas de crédito, las llamadas tarjetas opacas o tarjetas black, que ha dado lugar a la
apertura de una pieza separada en la causa abierta por la salida a Bolsa de Bankia, a la que luego me referiré.


El segundo expediente está relacionado con la posible percepción de compensaciones irregulares, ya fueran en concepto de retribución fija o variable, indemnizaciones por extinción de contratos o bien aportaciones a planes de pensiones, por
parte de los directivos de Caja Madrid en el periodo 2007-2010. Asimismo, en relación con la entidad Catalunya Banc recientemente se ha remitido a la fiscalía un expediente relativo a la extinción de contratos de alta dirección correspondientes al
periodo 2008-2009.


Para finalizar este primer apartado me referiré brevemente a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb. En el ejercicio 2014 Sareb alcanzó un margen bruto de 1.599 millones de euros, logrando un
Ebitda de 1.103 millones de euros. El resultado del ejercicio, no obstante, es negativo en 585 millones de euros tras haberse procedido a registrar un saneamiento por importe de 719 millones de euros correspondiente a préstamos participativos —91
millones— y a préstamos sin garantías impagados de empresas en concurso —628 millones de euros—. Estas

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provisiones obedecen a un ejercicio de prudencia contable, resultado de la consulta realizada al Banco de España sobre el cálculo del deterioro de los activos, en el margen de tiempo que resta hasta la aprobación de la circular sobre
valoración de activos que se encuentra en esos momentos sometida al análisis preceptivo del Consejo de Estado.


Por otra parte, la entidad ha aprobado, a principios de este año, una nueva estructura organizativa con la supresión de la figura del consejero delegado, el mantenimiento de una presidencia ejecutiva y la creación de dos direcciones
generales. Permítanme que llegados a este punto recuerde que en el mes de enero se produjo la dimisión por razones personales de Belén Romana, que había ocupado la presidencia desde la fundación de la Sareb en diciembre de 2012, y su sustitución
por Jaime Echegoyen.


A continuación paso a comentar, en la segunda parte de mi intervención, la participación del FROB en las actuaciones judiciales en marcha relacionadas con la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia en julio de 2011, que se
tramitan desde junio de 2012 en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. En el marco de la instrucción del proceso y a petición judicial, se emitieron dos dictámenes periciales encargados a inspectores de entidades de
crédito sobre los que actualmente están alegando las partes personadas. Asimismo y en la tramitación de las citadas diligencias, el juez ha acordado la prestación de fianza solidaria por Bankia, BFA y cuatro consejeros del grupo en el momento de la
salida a Bolsa por un importe total conjunto de 800 millones de euros. Contra el auto de fianza el ministerio fiscal, el FROB y algunos imputados han presentado recurso de apelación, que está pendiente de resolverse por la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional. Con fecha 18 de marzo fue depositada la fianza en metálico conjuntamente por BFA y Bankia, si bien estas entidades han anunciado que se dirigirán contra los cuatro exconsejeros para reclamarles la parte que, en su caso, pudiera
corresponderles.


La actuación del FROB, personado como parte perjudicada en el proceso, ha estado guiada por los mismos principios que han inspirado su estrategia en el resto de las causas en las que está o ha estado involucrado, es decir, la contribución al
esclarecimiento de los hechos y la defensa del interés público. En el caso de la salida a Bolsa de Bankia, en el que tanto esta entidad como su matriz están imputadas junto con los responsables de ambas en el momento de la OPS, el cumplimiento de
esos dos objetivos exigía la evaluación de los informes periciales, pues de ellos podrían derivarse consecuencias que podrían ser muy gravosas para el erario público. Aunque estos informes habían sido elaborados por profesionales competentes que
actuaron con independencia y siguiendo criterios estrictamente profesionales, el FROB estimó que algunas de las conclusiones centrales del análisis de los peritos no estaban suficientemente apoyadas por la evidencia mostrada. En particular, el FROB
encontró elementos cuestionables en el análisis desarrollado en los informes periciales en relación con los estados contables de salida a Bolsa de Bankia y con el proceso de formación del precio de las nuevas acciones emitidas. Para llegar a esa
conclusión, el FROB se benefició tanto de la contribución realizada por los miembros de su comisión rectora como de la de sus propios servicios técnicos. Además, con objeto de completar su análisis, solicitó un informe a la CNMV sobre el proceso de
fijación del precio en el tramo mayorista de la emisión y elevó consulta al Banco de España sobre la adecuada interpretación de su propia circular contable en algunos aspectos que resultaban relevantes para la valoración de los informes periciales.


Como es lógico, este análisis técnico realizado en el seno del FROB ha determinado su actuación en el proceso. Así, dicho análisis ha sido utilizado en la participación del representante legal del FROB en la vista de ratificación de los
peritos celebrada entre los días 12 y 16 de enero, y ha inspirado, en parte, el contenido del recurso presentado por el FROB el día 23 de Febrero contra el auto por el que el juez impone fianzas elevadas a determinados imputados, entre los que, como
he dicho antes, se encuentran tanto BFA como Bankia, ambas participadas directa o indirectamente por el Estado. Asimismo, el día 5 de marzo, el FROB, a través de su representación procesal, presentó ante el juzgado un escrito de alegaciones en el
que se recogen las principales conclusiones del análisis al que me acabo de referir.


Paralelamente, debo informarles de que el volumen de reclamaciones y pleitos civiles de clientes relacionados con la OPS ha aumentado en los últimos meses. Los procedimientos civiles que se sustancian se refieren a las operaciones de
suscripción de acciones de Bankia efectuadas por clientes minoristas, sin que se haya recibido hasta la fecha reclamación alguna por parte de los inversores institucionales que acudieron a la OPS.


Hasta ahora, se han presentado contra la entidad 2.424 demandas civiles, que representan un importe total reclamado de 70 millones de euros, aproximadamente. A partir de estas demandas se han dictado 236 sentencias, de las que el 85 % son
contrarias a la entidad. El grupo BFA-Bankia ha estimado que la contingencia por las demandas civiles se podría elevar hasta un importe máximo de 780 millones de euros.

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A pesar de que todas las demandas iban dirigidas contra la entidad que lanzó la OPS, es decir contra Bankia, la entidad presentó al FROB diversos dictámenes jurídicos que señalaban la posibilidad de que pudiera prosperar una eventual
reclamación de Bankia contra BFA, participada al cien por cien por el FROB, respecto de parte de los costes derivados de las sentencias señaladas. Los referidos dictámenes se fundamentaban en esencia en la relación de BFA con el proceso de salida a
Bolsa de su filial Bankia. La comisión rectora del FROB, tras estudiar la documentación aportada por la entidad, y obtener un informe del servicio jurídico del Estado que confirmaba la existencia de argumentos jurídicos de una eventual reclamación
de Bankia frente a BFA por este concepto, acordó reconocer al consejo de administración de BFA la facultad de suscribir, en su caso, un acuerdo de reparto de dichas contingencias entre BFA y Bankia que limitara eventuales reclamaciones entre ambas
entidades. Naturalmente, la comisión rectora impuso una serie de restricciones sobre el acuerdo de reparto para asegurar que se ajustara al principio de utilización eficiente de los recursos públicos y, en concreto, al objetivo de maximizar el
retorno del apoyo público concedido para la recapitalización del grupo. En efecto, el acuerdo en ningún caso podría suponer la inyección por parte del FROB de fondos públicos adicionales y exigía que las consecuencias negativas que para BFA
pudieran derivarse como consecuencia del mismo quedaran, en tanto fuera posible, compensadas por el dividendo distribuible que por parte de Bankia pueda repartirse por el menor impacto en sus cuentas de la contingencia derivada de las reclamaciones
civiles. Además, el eventual acuerdo debería referirse solo y exclusivamente a las contingencias derivadas de las reclamaciones civiles, alcanzaría hasta la cantidad máxima estimada por la entidad de 780 millones de euros, y podría prever que se
imputara a BFA solamente un tramo de segunda pérdida, siendo la primera responsabilidad de Bankia. Igualmente, la suscripción del acuerdo debería conllevar la obligación de Bankia de adoptar cuantas medias fueran necesarias para minimizar el
importe de las contingencias, incluyendo la reclamación frente a cualesquiera responsables de los hechos, ya sean administradores, directivos, empleados, aseguradoras o terceros que hubieran participado en el proceso.


Tras obtener la autorización del FROB el 27 de febrero, el consejo de administración de BFA aprobó un convenio transaccional entre BFA y Bankia para el reparto de las contingencias derivadas de los pleitos civiles. En virtud del convenio,
BFA y Bankia acordaron establecer los porcentajes de reparto dentro del límite de los 780 millones de euros autorizados como importe máximo, correspondiendo a Bankia la asunción de un tramo de la primera responsabilidad, las primeras pérdidas, hasta
el 40 % del importe total —esto es, hasta un importe máximo de 312 millones de euros—, y a BFA la asunción de los costes que excedan de dicha cantidad, hasta el importe máximo de 780 millones, lo que se corresponde con el 60 % del importe máximo
objeto de reparto. Estos importes, 312 millones en Bankia y 468 millones en BFA, han sido adecuadamente provisionados por las entidades en sus respectivas cuentas anuales correspondientes a diciembre de 2014. Creo sinceramente que este acuerdo es
equilibrado y favorece la estabilidad de la entidad cotizada, lo que indudablemente redunda en beneficio de su accionista de control, que no es otro que el Estado a través del FROB.


A continuación, permítanme, señorías, que me detenga en la exposición de las recientes actuaciones llevadas a cabo en relación con Banco de Madrid. El pasado 10 de marzo, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos anunció su decisión de considerar a BPA, Banca Privada de Andorra, como una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales de acuerdo con la Sección 311 del USA
Patriot Act. Adicionalmente, FinCEN, la autoridad de blanqueo de capitales en Estados Unidos, emitió una propuesta de resolución al respecto que consistiría en prohibir a las entidades financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas a nombre
de BPA o cualquier entidad de su grupo, incluido, por supuesto, el Banco de Madrid; y, en segundo lugar, requerir a las entidades financieras estadounidenses que implementen medidas de especial diligencia para evitar que las cuentas que tengan
abiertas a otras entidades sean utilizadas para procesar operaciones en las que intervenga BPA o cualquier entidad de su grupo. Como consecuencia de esta decisión de las autoridades norteamericanas, todas las entidades del grupo, incluido Banco
Madrid, propiedad al cien por cien de BPA, vieron severamente dañada su operativa en dólares y también significativamente afectadas sus operaciones en los mercados mayoristas europeos. Además, la decisión supuso un impacto reputacional agudo que se
agravó de modo apreciable por la detención en Andorra del consejero delegado de BVPA, que lo era también de Banco de Madrid.


Adicionalmente, en el fin de semana que comenzó el viernes 13 de marzo, la prensa se hizo eco de la decisión del Comité Permanente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que preside la secretaria
general del Tesoro y de Política Financiera, de abrir un expediente

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sancionador a dicho banco, al consejo de administración y al secretario general, por posibles incumplimientos de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo de capitales, derivado de la inspección realizada por parte del Servicio
Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Al mismo tiempo, el Sebplac dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción del expediente incoado. No voy a detallar aquí la secuencia de acontecimientos y, en concreto, las actuaciones del
Banco de España para hacer frente a la situación. El propio Banco de España, como saben, hizo público el pasado viernes un relato muy detallado de las mismas.


Con todo, déjenme que destaque que la actuación de las autoridades norteamericanas y el reto de las noticias aparecidas públicamente supusieron una apreciable desestabilización de Banco de Madrid y, en concreto, un rápido quebranto de la
situación de liquidez de la entidad. Desde el 11 de marzo, es decir, el día siguiente a la publicación de la noticia sobre la actuación del FinCEN, la salida de fondos alcanzó en los siguientes tres días 124 millones de euros, esto es, más del 20 %
del total de los depósitos. De este modo, la liquidez disponible a fecha de 16 de marzo no alcanzaba a cubrir el importe necesario para atender las salidas de fondos previstas para ese mismo día, lo que situaba a la entidad en un estado de
inviabilidad o insolvencia inminente, al no poder hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, el 16 de marzo los administradores provisionales del Banco de Madrid solicitaron el concurso voluntario de conformidad con la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, y decretaron el cierre de la entidad y la suspensión de las operaciones. Con posterioridad, el 17 de marzo, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid remitió oficio al FROB por el que le emplazaba a que en el
plazo de catorce días le comunicara si iba a abrirse proceso de reestructuración o de resolución de los previstos en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración o resolución de las entidades de crédito, en cumplimiento de lo previsto en
la citada ley, que obliga a suspender la tramitación de la solicitud del concurso hasta que el FROB se pronuncie sobre la procedencia o no de la resolución de la entidad en cuestión. Para facilitar la respuesta del FROB al juzgado, teniendo en
cuenta la distribución de competencias respecto de la apertura de procesos de resolución de entidades de crédito, el 18 de marzo, la comisión ejecutiva del Banco de España comunicó al FROB que no procedía la apertura del proceso de resolución
ordenada por no apreciarse razones de interés público cuya concurrencia exige al efecto el artículo 19.1 de la Ley 9/2012. La comisión rectora del FROB alcanzó la misma conclusión respecto de la improcedencia de la apertura de un proceso de
resolución de la entidad Banco de Madrid en el marco de la Ley 9/2012, y así se lo comunicó al juez el 20 de marzo, es decir, después de consumir apenas dos de los quince días hábiles disponibles de acuerdo con el emplazamiento del juez. Ello
posibilitó que unos días más tarde, el 25 de marzo, el juzgado dictara el auto de declaración de concurso.


La apertura de un proceso de resolución de una entidad de crédito como sustituto del concurso de acreedores de la misma exige dos condiciones fundamentales; en primer lugar, la calificación de la entidad como no viable; y en segundo lugar,
la apreciación de la existencia de un interés público necesitado de protección y cuya defensa no quedara suficientemente salvaguardada en un proceso ordinario de liquidación concursal. La resolución, por tanto, se presenta como una alternativa a
los procedimientos de insolvencia ordinarios en aquellos casos en que la aplicación de la normativa concursal a entidades no viables pudiera plantear problemas para la estabilidad del conjunto del sistema financiero u otros efectos nocivos sobre el
interés general. El impacto reputacional extremo sufrido por Banco de Madrid como consecuencia de las distintas noticias aparecidas en prensa sobre sus actividades y las del grupo al que pertenece afectó de tal manera a su operativa y negocio que,
pese a sus holgados ratios de solvencia, determinó su inviabilidad inminente, concurriendo por tanto la primera de las condiciones requeridas para la apertura de un proceso de resolución, la no viabilidad de la entidad. Sin embargo, faltaba por
cumplirse la segunda de las condiciones, pues difícilmente podría concluirse que una eventual liquidación de Banco de Madrid pudiera afectar de modo significativo a la estabilidad del sistema financiero o del sistema económico nacional. De hecho,
el balance de Banco de Madrid tan solo representa el 0,04 % de los activos totales del sector y apenas presenta financiación de otras entidades de crédito. Por otra parte, su operativa es bastante singular al estar especializada en el negocio de
gestión de activos, lo que la diferencia del modelo de banca comercial que predomina en el conjunto del sector. Por tanto, las posibilidades de contagio a otras entidades de crédito eran muy reducidas, como luego los hechos han confirmado. Tampoco
se detectaron funciones críticas que la entidad desarrollara y que pudieran impactar sobre la economía real, ni se identificaron sectores o regiones en los que la desaparición de la entidad pudiera tener un impacto relevante. Asimismo, debe tenerse
en cuenta que la declaración de la entidad en resolución hubiera exigido el mantenimiento de su operativa, para lo que hubiera requerido la aportación

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inmediata de fondos públicos en forma de apoyos de liquidez por parte del FROB, dada la imposibilidad de que el Eurosistema continúe financiando entidades consideradas no viables. Es decir, en un proceso de resolución, el Estado hubiera
debido prestar fondos a la entidad, aumentando de este modo el riesgo asumido por el erario público, lo que solo hubiera sido posible en presencia de un interés público superior que salvaguardar, condición que evidentemente no concurría en este
caso. En los días posteriores a la declaración del concurso de Banco de Madrid, se ha constado la inexistencia de efectos colaterales significativos en el resto del sector. En todo caso, creo que la celeridad con la que el Banco de España y el
FROB han procedido ha permitido al Fondo de garantía de depósitos iniciar los trámites para la satisfacción de los importes garantizados, con un máximo de 100.000 euros por titular, que esperamos será completado en los próximos días. De este modo,
más de 14.000 depositantes de la entidad podrán recuperar pronto la totalidad de su inversión, mientras que unos 500 se verán afectados temporalmente al superar sus depósitos el volumen máximo garantizado. En todo caso, con la información
disponible a día de hoy, según la situación patrimonial de la entidad, es muy probable que estos últimos también puedan recobrar en el marco del proceso concursal la práctica totalidad de su inversión. Por su parte, los partícipes de los fondos de
inversión vinculados a Banco de Madrid deben esperar, tras la sustitución por parte de la CNMV de la gestora o el depositario según los casos, que se restaure la operativa de los mismos, lo que, según ha comunicado la propia CNMV, se espera que
ocurra en un plazo breve.


Entrando ya en la última parte de mi intervención, les informo de los últimos avances que se han acometido en el marco de la constitución del Mecanismo único europeo de resolución. La mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea
se encuentran en estos momentos inmersos en el proceso de trasposición de la directiva europea de recuperación y resolución. Como ya manifesté en mi comparecencia anterior, la directiva conlleva un cambio fundamental en la estrategia de gestión de
las crisis bancarias, ya que impone la asunción principal de los costes de la resolución a los accionistas y acreedores, de modo que se minimice la necesidad de aportar recursos públicos para evitar perjuicios para la estabilidad financiera. Esa
estrategia requiere una actuación preventiva por parte de los bancos, de modo que su organización corporativa y la estructura de su balance faciliten el mantenimiento de las actividades esenciales de las mismas, sin el concurso de recursos ajenos,
en los casos en que las entidades alcancen el punto de no viabilidad. En España, la trasposición de la directiva se realizará mediante la aprobación del proyecto de ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de
inversión, proyecto que, como saben, fue sometido por el Gobierno a esta Comisión de Economía el pasado 10 de marzo. El proyecto separa la atribución de las competencias en materia de resolución preventiva o planificación de la resolución, que
corresponderán al Banco de España y a la CNMV, cado uno en el ámbito de su actuación, de las competencias en materia de resolución ejecutiva, que corresponderán al FROB. A partir de la aprobación de la norma, el FROB pasará a ser dirigido por un
presidente ejecutivo con dedicación completa a esta tarea.


Ese esquema de reparto de las actuaciones en materia de resolución en más de una agencia resulta ciertamente algo singular en el contexto europeo, dado que habitualmente todas las competencias de resolución a nivel nacional se asignan a una
unidad o agencia autónoma localizada en el ámbito del supervisor prudencial. No obstante, en el caso español, la fórmula adoptada en el proyecto de ley constituye un equilibrio razonable entre la conveniencia de aprovechar la experiencia adquirida
por el FROB en la ejecución de planes de reestructuración y resolución durante los últimos años y de mitigar, al mismo tiempo, el riesgo de aparición de ineficiencias y problemas de coordinación con la actuación de los supervisores prudenciales.
Dado que estos riesgos se localizan presumiblemente más en las funciones de resolución preventiva que en las ejecutivas, la asignación de las primeras al Banco de España, en el caso de las entidades bancarias, contribuye a aumentar la eficiencia del
modelo. Con todo, dada la relativa complejidad del esquema propuesto, resultará esencial mantener una adecuada coordinación entre las distintas agencias involucradas. En todo caso, las políticas de resolución relevantes para la mayor parte del
sector bancario español deberán adoptarse en el marco del Mecanismo único de resolución, que entró en funcionamiento el 1 de enero de 2015 y que tendrá plenos poderes a partir del año próximo. De momento se ha producido ya el nombramiento e
incorporación de un presidente —realmente presidenta—, un vicepresidente y los cuatro directores de la junta única de resolución previstos en la normativa y se está en proceso de completar la contratación de la plantilla necesaria para desempeñar
correctamente sus funciones cuanto antes. Permítanme que en este punto enfatice la buena noticia que ha supuesto el nombramiento de Antonio Carrascosa, director general del FROB hasta hace unas pocas semanas, como

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uno de los directores de la junta única de resolución, y que aproveche también para señalar el nombramiento como nuevo director del FROB de Jaime Ponce, quien cumple ciertamente todos los requisitos para el adecuado desempeño de las
responsabilidades que le tocará asumir.


Como han podido comprobar por mi intervención, desde mi última comparecencia las actividades del FROB han continuado la tendencia a concentrarse en aspectos relativos a la gestión y eventual enajenación de sus participaciones en entidades
financieras y la colaboración con la justicia en la identificación de posibles prácticas irregulares por parte de los antiguos administradores de las entidades que debieron recibir en su momento apoyo público. De este modo, la normalización de la
situación de nuestro sistema financiero ha permitido que pierdan peso relativo las actuaciones del FROB más directamente relacionadas con sus competencias de resolución, como las que el FROB debió realizar en el marco del intenso proceso de
saneamiento, recapitalización y reestructuración de nuestro sistema financiero. A pocos meses de que este Parlamento apruebe la norma que introducirá un cambio relevante en el marco de actuación para las políticas de resolución bancaria en nuestro
país, no es mal momento para hacer balance de la tarea realizada. Naturalmente, no me corresponde a mí valorar la actuación del organismo que he presidido desde junio de 2012, pero creo que puede considerarse un dato objetivo, sobre todo a raíz de
la valoración global del sistema bancario europeo realizado por el BCE y las autoridades supervisoras nacionales a las que me referí al principio de mi intervención, que la estrategia seguida ha cumplido sus objetivos fundamentales al contribuir a
perfeccionar la estructura de nuestro sistema bancario, reforzar su posición patrimonial y aumentar su capacidad de resistencia ante desarrollos adversos, lo que resulta esencial para preservar un bien público tan importante como es la estabilidad
financiera. Con todo, los retos a los que deberá hacer frente el FROB en el futuro próximo no son menores. En particular, la culminación exitosa del proceso de desinversión en curso, del que solo resta la enajenación en el momento en el que las
condiciones de mercado resulten propicias de las participaciones que el FROB mantiene en Bankia y BMN, resultará esencial para reducir en lo posible el abultado volumen de recursos públicos que se han tenido que utilizar para reforzar el sistema.
Además, en los próximos meses el FROB deberá ajustar sus estructuras y organización interna, de acuerdo con las tareas que le asigna la norma en trámite y su papel en la nueva Junta única de resolución, a cuya puesta en funcionamiento y desarrollo
eficaz de sus funciones deberá contribuir con la máxima determinación posible.


El señor PRESIDENTE: A continuación van a intervenir los grupos de mayor a menor, cerrando el Grupo Parlamentario Popular.


Señor Moscoso, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene usted la palabra.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Doy la bienvenida al señor subgobernador y presidente del FROB que comparece hoy para rendir cuentas sobre su gestión al frente del FROB, cuentas que deben ser rendidas de manera trimestral como dice la
ley, pero creo que la ley no se refiere a que deba hacerse en el mismo trimestre de cada año, sino cada trimestre, porque estamos haciéndolas en el segundo trimestre del año, como ocurrió la última vez que usted compareció el 24 de junio. Esto es
algo que debemos cuidar más desde esta Comisión, sobre todo la mayoría absoluta que dirige esta Cámara. Ha tocado usted muchos temas y va a ser difícil centrarse con detalle en todos ellos pero voy a intentar hacerlo en la medida de lo posible.


Es cierto que mejora la situación económica, básicamente por el impulso monetario que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo, del que el Banco de España es un banco más que forma parte de su estructura, vía devaluación, depreciación de
tipo de cambio, caída de los tipos de interés, mejora de la confianza, combinado todo ello con el efecto de la caída del precio del petróleo. Pero no hemos venido hoy a hablar de estos elementos exógenos, ya tendremos ocasión de hacerlo cuando
comparezca el gobernador del Banco de España.


Es evidente que la situación financiera exige un detalle importante. Ha hablado usted de las actuaciones regulares del FROB y quería referirme a dos cuestiones que son interesantes. En primer lugar, la apreciación de Catalunya Banc. Por
hacer memoria y recordar cifras, el FROB ha invertido en esta entidad fondos de todos los contribuyentes españoles por valor de 12.000 millones de euros, de los cuales usted ha explicado que vía venta de la entidad en negocio bancario y luego vía
venta de su cartera de créditos a cartera Hércules se han recuperado 1.165 millones de euros. Esta venta se produjo en subasta al BBVA por un valor que equivalía al 63 % del valor contable en libros de la entidad en ese momento. Me gustaría saber
qué garantías adicionales se han generado para el BBVA, qué esquemas de protección de activos que pueden generar algún tipo de coste adicional para el contribuyente y cómo ha quedado la venta de la

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cartera de esta entidad. ¿Por qué insisto en esta cuestión sobre la venta en relación con su valor contable? Porque en otra entidad que se vendió hace dos años, Novagalicia a Banesco, según palabras del señor Carrascosa, al que también
quiero felicitar por su nombramiento, el FROB intentaría venderla por el 55 % de su valor contable y se colocó a la oferta de Banesco por un equivalente del 36 % de su valor contable; es decir, por un total de 1.003 millones de euros. En el último
año hemos conocido que esta entidad en su primer año de gestión privada, con el nuevo nombre de Abanca, ha generado unos beneficios brutos mayores que el coste de adquisición, de los cuales, siendo rigurosos, 556 millones son el beneficio de
explotación y 601 son los activos fiscales diferidos que ha generado en ese tiempo. Estamos obligados a preguntarnos si vamos a encontrarnos con sorpresas como esta en el futuro con Catalunya Banc porque, desde una perspectiva económica, se podrá
alegar que las subastas en un momento lo que hacen es casar la oferta y la demanda pero todos sabemos que deben producirse en el momento oportuno, que el entorno es muy importante, y quizá algunas decisiones que han precipitado la venta —incluso
pudiendo haber apurado los calendarios de otra manera— a posteriori están demostrando que fue algo precipitada.


Bankia. La pregunta que se hace la oposición sobre el grupo BFA-Bankia, una vez que el presidente de ambas entidades, el señor Goirigolzarri, ha afirmado que básicamente el trabajo de saneamiento está hecho, algo que no puede más que
satisfacernos —aunque quizás debería ir dirigida más al Gobierno pero se la hacemos a usted en tanto en cuanto conviven con ustedes en el FROB— es si tiene el Gobierno algún plan concreto sobre qué va a hacer con Bankia-BFA en el futuro. La
experiencia de lo que ha ocurrido con la entidad gallega y la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir con el caso catalán nos hace preguntarnos cuál debe ser la estrategia, que yo creo que se debería consensuar con todas las fuerzas políticas, para
evitar ese tipo de sorpresas en una entidad de esta dimensión y que es claramente sistémica. El objetivo para nosotros siempre ha sido que Bankia pueda devolver las ayudas que todos los contribuyentes hemos puesto sobre la mesa. Por eso, en
relación con los sucesos vinculados a la salida a Bolsa de esta entidad en el año 2012 y todo lo que se ha derivado en materia de provisiones y costes que pueden generar la indemnización de aquellos accionistas que acudieron a la oferta pública de
acciones, pedimos la creación en esta Cámara de una comisión de investigación que profundizara hasta donde hubiera que hacerlo, sin ningún tipo de tapujos ni límites, para conocer la verdad. Quiero recordar que la creación de esa comisión no ha
sido aceptada por la mayoría y creemos que el interés de los contribuyentes, el interés de los ciudadanos y el interés público pasa no solamente por recuperar las ayudas sino por conocer a fondo qué ocurrió o qué ha ocurrido en todos estos años de
gestión claramente deficiente. Nosotros esperamos que se recuperen los fondos en la medida de lo posible, esperamos un plan coherente y solvente en el futuro de gestión de la entidad; no queremos que se repitan casos como el que estoy citando, no
queremos que lo ocurrido con Novagalicia sea un modelo para el resto de entidades que sean privatizadas y también queremos que Bankia y entidades como BCA Bankia y BMN, que siguen siendo nacionalizadas, demuestren auténtica virtud y excelencia en la
gestión, lo cual tiene que ver con su comportamiento diario, por supuesto, y también con cuestiones importantes para nosotros como son la gestión de los recursos humanos, la relación con los empleados y los conflictos que se han derivado de los ERE
que se han puesto en marcha.


Banco de Madrid. Como usted sabe, mañana va a comparecer el secretario de Estado de Economía en esta Comisión, que nos dará cuenta, desde su punto de vista, de la gestión, pero a estas alturas de los acontecimientos nosotros no podemos
dejar de transmitir una idea clara: tenemos la convicción —que es más que una sensación— de que las instituciones en su conjunto no han estado a la altura de las circunstancias. Nosotros, como grupo, fuimos muy prudentes desde el primer momento;
confiamos en que el proceso se condujera de manera razonable y solvente en los primeros días. Por eso esperamos unos días hasta que finalmente pedimos la comparecencia del ministro de Economía para que explicase la gestión de este proceso;
comparecencia que va a tener lugar mañana a través del secretario de Estado de Economía —el ministro sabrá por qué ha preferido que sea así—, y aunque esta entidad sea pequeña y muy particular, creemos que este episodio ha afectado a la reputación y
a la seguridad jurídica de nuestro país y del sistema en su conjunto. Creemos que la marca España ha salido tocada y que la credibilidad del sistema ha sido debilitada porque es evidente que la coordinación entre el Banco de España, el Ministerio
de Economía y Competitividad, la CNMV y organismos que dependen de Economía como el Sepblac, no ha sido la que todos hubiésemos esperado.


El juez, en su auto, dice bien claro —creo que esta frase resume muy bien lo que ha ocurrido— que la intervención provoca la repercusión mediática que pone a la entidad en situación insostenible, como usted ha explicado. Eso nos lleva a
todos a preguntarnos si faltó previsión en los efectos de lo que ocurrió entre

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los días 10 y 16 de marzo y también si faltó o fallaron los mecanismos de alerta temprana. Porque es evidente que en virtud de lo que conocemos —nosotros tenemos información de diferente tipo pero mucha de ella también viene en la prensa—,
desde hacía muchos meses existían sospechas más que fundadas de que había prácticas potencialmente ilícitas tanto en el Banco Madrid como sobre todo en su banco matriz, el banco privado de Andorra, y nos sorprende que el calendario de actuaciones
haya sido finalmente condicionado por la puesta en marcha o la aparición de un informe de los americanos, de Fincen, que es lo que precipita toda esta cadena de acontecimientos aunque sabemos que en enero o en febrero había habido actuaciones,
investigaciones y todo tipo de cuestiones en la Sepblac, donde, por cierto, están todas las instituciones representadas. Creemos que hay que distinguir entre la actuación sobre la entidad afectada —nos parece que la explicación que ha dado el señor
subgobernador es razonable— y las consecuencias, sobre todo en el sistema, que quizá hubiesen sido evitables. Mañana, como decía anteriormente, tendremos ocasión de debatirlo con más detalle y con más contenido político.


Respecto a la Sareb, sobre la que usted también nos ha hecho una serie de comentarios, tenemos una pregunta. Nos gustaría que se nos transmitiera algún tipo de información consolidada sobre cuál ha sido la evolución y el coste para el
contribuyente de su vida desde que fue creada y entró en vigor. Una institución que, hay que recordar, es el resultado del rescate del MOU del año 2012, que no formaba parte de la previsión de este Gobierno ni del programa con el que concurrió a
las elecciones, y que evidentemente le está costando más de lo previsto salir adelante con toda esa cartera de créditos que arrastra como resultado del hundimiento de algunas entidades y también del rescate financiero.


Finalmente, mecanismo único de resolución. No será mi grupo el que se pronuncie en contra de la unión bancaria y de la puesta en marcha de sus tres dimensiones de supervisión, resolución y la todavía incompleta dimensión de garantía de
depósitos, que a escala europea no va a contar con un mecanismo de la potencia y calado por el que nosotros siempre hemos apostado. Usted lo ha calificado como modelo singular; nosotros creemos que es un modelo peculiar el que aparece en el
proyecto de ley que ya ha entrado en esta Cámara, estando en plazo de enmiendas al articulado. Un proyecto en el que se distingue entre la actuación preventiva de la ejecutiva. Mi grupo ha renunciado a presentar una enmienda a la totalidad porque
entendemos que el resultado final del proyecto de ley, en sus grandes líneas, es fruto de la negociación entre diferentes instituciones españolas —el supervisor prudencial, el Gobierno y otras entidades también en el marco de la flexibilidad que
permitía la directiva—, pero entendemos también que la situación, aunque probablemente merecerá ajustes en el articulado y presentaremos nuestras enmiendas en los próximos días, vamos a ir adelante con este proyecto, aunque creemos que deberá ser
revisado en cuanto se superen algunas consecuencias del todavía reciente rescate financiero. Vamos a tener un sistema en el cual el supervisor preventivo y la institución, el FROB, encargada de poner en marcha los planes preventivos de resolución,
va a ser al mismo tiempo el accionista mayoritario de una serie de entidades que van a estar sujetas a ese mecanismo; es decir, va a ser accionista, gestor y también supervisor preventivo. Esto puede tener un sentido o no, pero es lo que hay
mientras estemos en esa situación; sin embargo, como decía al principio, deberíamos ir pensando en qué ocurre con las grandes entidades, qué ocurre con las gran entidad sistémica BCA Bankia, porque deberemos poner a punto nuestro sistema de
supervisión, más acorde con lo que han hecho otros países de la Unión Europea y no tan vinculado al Gobierno. Saben que mi partido y mi grupo estamos haciendo un esfuerzo de trabajo muy grande, también político, para defender un refuerzo de la
independencia de las instituciones de todo tipo —reguladoras, supervisoras— tanto en la economía como en otros ámbitos; en los próximos meses adelantaremos nuestras propuestas en esta materia. Al tiempo, creemos que el proceso de unión bancaria
debe ser complementado con otros procesos en la Unión Europea que ahora no vienen a cuento.


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, tiene usted la palabra.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: También quisiéramos agradecer desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la comparecencia del presidente del FROB y al mismo tiempo subgobernador del Banco de España, don Fernando Restoy, ante esta
Comisión, en la que nos ha detallado la evolución y las actuaciones del FROB a lo largo de estos últimos meses. Básicamente me ceñiré, señor presidente, a dos o tres cuestiones muy generales que a mi grupo le interesa conocer en función de las
manifestaciones que ha hecho el presidente del FROB ante esta Comisión. Si a alguna de ellas no puede dar respuesta porque no tiene las cantidades directamente en su mano, no tendríamos inconveniente en que nos las pudiera detallar por escrito
cuando usted lo crea oportuno.

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Nuestro grupo parlamentario ha dado su voto favorable al Gobierno en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la reestructuración del sistema financiero español. A través de esta reestructuración creo que se han conseguido algunos de
los objetivos fundamentales que perseguíamos —me imagino que también el resto de los grupos— que era dar seguridad a todos los ahorradores españoles de que sus depósitos no correrían peligro en este proceso de crisis intensa que ha padecido nuestro
sistema financiero español y que finalmente se ha saldado con una reestructuración que probablemente va a tener unas consecuencias negativas, diría yo, para el erario público español. Por este motivo, nos gustaría conocer los siguientes datos. En
primer lugar, si es posible, desearíamos que nos detallara el volumen global de recursos que el erario español —el FROB en este caso— ha invertido en la globalidad de todos los rescates bancarios que se han producido a lo largo de esta legislatura.
¿Cuáles son los recursos totales que el FROB ha invertido en la reestructuración del sistema financiero español? A continuación, habría otra cuestión que nos interesaría. Es posible, como ha detallado el señor presidente del FROB, que algunos
recursos ya se hayan recuperado, pero también va a plantearse la posibilidad —ojalá no sea así— de que no se vayan a recuperar algunos de los recursos invertidos. Querríamos que usted nos hiciera una evaluación, en función de lo que se ha
invertido, de qué se ha perdido hasta la fecha y qué posibilidades de recuperación hay teniendo en cuenta las posibles ventas de activos financieros que todavía son propiedad del FROB. Otra cuestión relevante, desde nuestro punto de vista, es lo
que ha planteado el señor Restoy sobre las actuaciones en relación con la oferta pública de suscripción (OPS) de Bankia. Es cierto, como ha dicho en su intervención, que en el caso de la salida a Bolsa de Bankia —en la que tanto esta entidad como
su matriz están imputadas, junto con los responsables de ambas en el momento de la OPS— el cumplimiento de estos objetivos exigía —sigo la lectura de lo que ha dicho don Fernando Restoy— la evaluación de los informes periciales, pues de ellos
podrían derivarse consecuencias que podrían ser muy gravosas para el erario público. A continuación, ha dicho que estos informes habían sido elaborados por profesionales competentes que actuaron con independencia y siguiendo estrictamente los
criterios técnicos, pero también ha dicho que el FROB estimó que algunas de las conclusiones centrales del análisis de los peritos no estaban suficientemente apoyadas por la evidencia mostrada. En particular, en este caso, el FROB encontró
elementos cuestionables en el análisis desarrollado en los informes periciales en relación con los estados contables de la salida a Bolsa de Bankia. Nos gustaría saber en qué se basan, cuál es su opinión respecto a esos elementos cuestionables que
ha encontrado el FROB en relación con los informes de estos peritos profesionales independientes.


Hay otra cuestión, al margen de la intervención que usted nos ha planteado esta mañana, que desde el punto de vista financiero entendemos que tiene relevancia desde la perspectiva de la posible recuperación de una parte importante de los
recursos invertidos por parte del Estado. Hace pocos días, concretamente la semana pasada, el gobernador del Banco de España señaló, en referencia a cuál era en su opinión la previsión del crecimiento del beneficio de las entidades financieras en
España, que él preveía que probablemente los beneficios serían de dos dígitos. Esta era una previsión interesante, una previsión de crecimiento de los resultados empresariales de las entidades financieras españolas que se incrementarían
sustancialmente en los próximos años. Nos gustaría saber si esto va a cambiar la política de actuación del FROB por el hecho de que existan estas previsiones de crecimiento importante de los beneficios empresariales de las entidades financieras.
Otra cuestión que nos interesaría saber hace referencia a la Sareb —usted ha hecho una exposición sobre ello—, y es si está en disposición de darnos la cifra de cuál ha sido la proporción de viviendas destinadas a uso social del total del parque
inmobiliario tras el rescate bancario. Esta es una cuestión que nuestro grupo parlamentario ha formulado en reiteradas ocasiones en las diferentes comparecencias del gobernador del Banco de España y también de la expresidenta de la Sareb.
Finalmente, señor Restoy, hay una cuestión relativa a la creación del Eurofrob; no lo ha mencionado, pero me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Usted sabe que se encuentra actualmente en trámite parlamentario el proyecto de ley de
recuperación y resolución de entidades de crédito y de empresas de servicios de inversión. Es el resultado de la transposición de una directiva europea por la que se pretende establecer un marco común para los procesos de reestructuración de
resolución de entidades de crédito y crear un mecanismo único de resolución. Uno de los objetivos más relevantes es conseguir que no se utilicen recursos públicos en el proceso de resolución por dos vías: la primera, mediante un mecanismo de
absorción de pérdidas por los accionistas y acreedores de la entidad en resolución con el sistema de recapitalización interna y, la segunda, mediante la creación de un fondo de resolución nacional para integrarse en un futuro en un fondo a escala
europea sufragado ex ante por las contribuciones de las entidades de crédito. Nos gustaría saber cómo se encuentra la situación de financiación del ya existente

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mecanismo único de resolución, MUR, presidido por Elke König, sobre el que se preveía que los bancos aportaran 55.000 millones de euros en ocho años. La presidenta del MUR, ante la falta de problemas de financiación de este mecanismo,
consideró opciones de financiación pública. ¿Sabe algo al respecto? ¿Va a realizar alguna aportación el FROB? Por último, quisiéramos saber si han hecho algún tipo de aportación las entidades bancarias españolas a este fondo de resolución.


El señor PRESIDENTE: El señor Coscubiela tiene la palabra.


El señor COSCUBIELA CONESA: En primer lugar, quiero pedir disculpas al compareciente, señor Restoy, por no haber podido estar presente desde el primer momento, pero los grupos pequeños tenemos que multiplicarnos en diferentes ámbitos. En
todo caso, como quiera que algunas de las inquietudes que le voy a plantear lógicamente estaban antes de su intervención, que usted nos lo ha dado por escrito, creo que no es óbice.


Quiero empezar planteando una cuestión de carácter general, que hemos señalado en alguna ocasión ya. Es urgente que ustedes adopten como estrategia, como comportamiento, una opción por una mayor transparencia. No me refiero solo a
transparencia formal, a la emisión de informes o al elemento de la comparecencia de acuerdo con lo que establece la ley; me refiero a una mayor transparencia especialmente en aquellos temas conflictivos, porque venir a contar en un informe lo que
ya ha salido en los medios de comunicación reiteradamente tampoco aporta nada. Pienso tanto en la responsabilidad directa del FROB como —muy especialmente— en la indirecta, pero que afecta a la Sareb y a su comportamiento en estos momentos. Es
evidente que tanto el FROB como la Sareb forman parte de unos engranajes institucionales que están permitiendo rescatar entidades privadas con recursos públicos. De hecho es una reestructuración ordenada de la deuda; eso que nuestro Gobierno dice
que está muy mal cuando lo propone el Gobierno griego, pero que se ha hecho aquí, porque, en definitiva, convertir deuda privada en deuda pública, que es lo que está pasando en este país en estos momentos, no deja de ser una manera de reestructurar,
sobre todo cambiando el acreedor y de manera bastante injusta. Puedo entender los argumentos que en algún momento utilizan el Gobierno y los responsables de estas reestructuraciones, en el sentido de que no se puede dejar caer a esas entidades
porque, en definitiva, se deja caer a los ahorradores, que eran las víctimas; pero es que en este país además de ahorradores hay personas que van a tener que pagar con sus derechos actuales y con sus derechos futuros, en forma de recortes y de
impuestos, las consecuencias de ese cambio de naturaleza de la deuda privada a la deuda pública. Aunque solo fuera por eso, exigiría que no hubiera ni una sola zona oscura que no pudiera ser explicada en relación con el comportamiento y las
actuaciones del FROB y de la Sareb.


Con relación a la Sareb, a este diputado, como supongo que les ha pasado a muchos otros en esta Comisión de Economía, se le niega de manera reiterada la información y los datos que solicita, con el argumento cierto, aunque parcialmente, de
que la Sareb tiene una mayoría de capital privado, el 51 %, lo que impide dar información. La Sareb tendrá una mayoría de capital privado, el 51 %, pero existe porque los ciudadanos de este país se están tragando la deuda de las entidades
financieras; lo menos que pueden exigir esos ciudadanos a través de sus representantes es que se sepa dónde va ese dinero que han puesto, por mucho que después se haya gestionado a través de una entidad en la que, es cierto, el 51 % de su capital
es privado. En ese sentido, le pido, como he solicitado reiteradamente al Gobierno, que cambie radicalmente esa estrategia de oscurantismo en relación con el funcionamiento de la Sareb. Lo que no puede ser es que de aquí a quince años quien esté
al frente del Banco de España o del Gobierno nos explique que aquello fue un desastre, que hay que comerse un marrón mucho más gordo, pero que es la herencia recibida de no se sabe quién. Cuando estamos hablando de recursos públicos lo mínimo es
exigir total y absoluta transparencia. Este es un tema trascendente, más allá de los datos concretos.


Con relación a las actuaciones judiciales, es evidente —usted lo pone de manifiesto siempre que puede; es lógico y además es así—, que el FROB ha procedido a comunicar todo aquello que detecta, como es su obligación, entre otras cosas, a
informar de actuaciones judiciales al ministerio fiscal, y de aquí se han deducido algunas importantes actuaciones de los órganos judiciales. Permítame que le diga que nuestra percepción como grupo —creo que es un poco compartida— es que con esto
no basta. No es suficiente con comunicar aquello que se detecta y colaborar con los jueces en todo aquello que se solicita, sino que el FROB, como parte interesada en esos procesos, debe ser mucho más beligerante en esas actuaciones judiciales.
Estoy seguro –aunque es adelantarme a los acontecimientos—, porque en otras ocasiones lo ha hecho así, de que el diputado señor Anchuelo va a incidir en esas cuestiones, porque es una de las cosas que viene reiterando, y creo que con bastante razón.

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Paso al tema concreto de Caixa Catalunya. Reconozco que un proceso de saneamiento y de puesta otra vez en el mercado de una entidad como esta, con los problemas de gestión acumulados que se tuvieron, es complicado, pero, como he dicho en
alguna ocasión, de los 12.000 millones que está costando, como se ha puesto de manifiesto en estos momentos, algunos corresponden a mala gestión de los gestores actuales. Hay una parte del agujero que se ha generado teniendo ya responsabilidades el
FROB; aún no he escuchado nunca que se haya explicado por qué ha podido suceder así. Los penúltimos gestores, no los actuales, destituidos, que en estos momentos tienen reconocida una elevada indemnización fruto de un contrato blindado en el
Tribunal de lo Social, tendrán algo que ver, y actuaron en el periodo de responsabilidad del FROB, no solo en el previo a su intervención. En ese sentido, continuamos esperando algunas explicaciones que nos permitan saber qué ha pasado para que al
final, fruto de tantas negligencias y de tantas irresponsabilidades, le cueste al erario público la cantidad que le va a costar; por cierto no sabemos cuánto. Hago mías las peticiones del señor Moscoso, en el sentido de preguntar qué otras
garantías adicionales se han establecido en este proceso que nos puedan permitir pensar que al final el coste que va a tener vaya a ser superior, como en otras circunstancias.


No me atrevo a poner en duda, ni mucho menos —que no se entienda así— la profesionalidad en el proceso de adjudicación de esta entidad, que seguro que ha sido muy difícil; pero creo que han perdido en este caso una buena oportunidad, como
me temo que la van a perder también en el caso de Bankia, de apostar por mantener una parte del sistema financiero español en manos públicas. En un momento como este, en el que se está produciendo una concentración importante del sector financiero,
con riesgos muy evidentes, reales, ciertos y actuales de oligopolización y con consecuencias concretas que ya se están viendo en relación tanto a clientes como a trabajadores, que mucho me temo que van a ir in crescendo, el hecho de mantener, con
instituciones financieras con una cierta participación pública y con capacidad de jugar en términos profesionales y de competencia en el sector, políticas no solo de rentabilidad a corto plazo hubiera sido una buena opción. Ustedes no lo han hecho.
Otra oportunidad que han perdido ustedes también es que el proceso de adjudicación de Caixa Catalunya no haya contribuido a aumentar los niveles de concentración bancaria. Había diferentes hipótesis, algunas de las cuales mantenían mayor
competencia entre las diferentes entidades financieras, y ustedes han optado por situarlo en una entidad, el BBVA, que se explica en términos de razones económicas; algunos intangibles se deberían haber tenido en cuenta, y no se ha hecho.


Respecto al tema de Bankia, reitero algunos de los elementos que se han planteado, sobre todo uno: continúa habiendo una falta de transparencia respecto a qué ha sucedido. Esto no solo en cuanto a qué pasó con su salida a Bolsa, sino por
qué ha pasado eso. Lo ha dicho usted bien. Luego cuando hablemos de BPA y Banco de Madrid va a pasar lo mismo. El ciudadano de este país tiene la impresión de que sin salir de un susto se mete en otro —lo siento—, y si algo requiere confianza es
el sistema financiero. Todas las instituciones de este país están demostrando, desgraciadamente, que esa confianza no se puede dar por recuperada, porque están pasando reiteradamente muchas cosas. No era solo la burbuja; no solo el Banco de
España, que durante una buena temporada se dedicaba a dar consejos a todo el mundo sobre la reforma laboral y se olvidó de sus responsabilidades; no solo han tenido dificultades diferentes Gobiernos para ejercer sus funciones, sino que siguen
saliendo una serie de pufos que ponen de manifiesto que algo no está funcionando, que los mecanismos de prevención imprescindibles en situaciones de esa naturaleza no funcionan. Ya sé que el riesgo inexistente no cabe en la sociedad –eso es Dios;
por tanto, quien crea en él puede creer en el riesgo que no existe, en el riesgo mínimo, en el riesgo nulo, en el riesgo cero—, pero en un tema como el sistema financiero la percepción de la ciudadanía es que no solo existe el riesgo sino que este
no se controla suficientemente y que, al mismo tiempo, eso supone unas consecuencias.


Yo tengo una hipótesis. Cuando quien paga las consecuencias de los desafueros no es quien las ha cometido, el riesgo de que se repita es muy alto. Es decir, aquí continúa habiendo un problema; no hay uno solo de los desafueros que se han
producido en este país que de momento haya sido pagado de alguna manera, patrimonialmente o en términos de responsabilidad penal, por quienes lo han cometido o no han sido diligentes profesionalmente. Mientras eso suceda así, esos riesgos se van a
volver a repetir. En ese sentido —insisto—, creo que es imprescindible que se aclare pronto, con el máximo de datos que le hemos pedido, qué ha pasado exactamente con la salida a Bolsa de Bankia.


Por último, en cuanto al Banco Madrid me reconocerá —supongo— que es inconcebible que al final este tema haya tenido que aflorar fruto de la actuación de las autoridades de Estados Unidos. Es verdad que el elemento determinante es un país
dependiente como Andorra, pero la incidencia en Banco Madrid es importante. Espero que lo que suceda en Andorra sea algo que se conozca mejor desde España que

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desde Estados Unidos, entre otras cosas porque los intereses de algunos en Andorra parece que son elevados. Eso pone de manifiesto una cuestión que me gustaría que me desmintiera, y que la veo no solo como diputado sino como ciudadano. Hay
más que indicios de que el sistema financiero continúa funcionando como una autopista si no de cuatro, de tres o de dos carriles para canalizar una parte del dinero no limpio de este mundo —desgraciadamente es así—: del dinero que se elude, del
dinero que se evade e incluso del dinero que se limpia. Eso ha pasado así y las autoridades de este país no ofrecen ninguna garantía de que eso no pueda ser así. Desde ese punto de vista el tema del Banco Madrid pone de manifiesto algunas cosas, y
una última que seguro que usted sabe mejor que yo: la contradicción que supone que tengamos unos tests que dicen que el sistema financiero español tiene una solvencia y unos índices de capital mucho mejores que nunca —esa frase la hemos oído muchas
veces—, mientras usted mismo en este informe nos dice que, a pesar de esa solvencia, no ha sido suficiente para evitar una situación de esa naturaleza. Por tanto volvemos otra vez a lo mismo. No hay índice de solvencia y de capitalización que sea
suficiente para cubrir los riesgos detectados por la falta de funcionamiento de las instituciones supervisoras del sistema, que es lo que está fallando. El control y la supervisión del sistema están fallando porque pensar que quien hace esas cosas
las va a dejar de hacer por consideraciones morales… Me temo que desde Adam Smith ese concepto de capitalismo ya ha desaparecido, estamos en otra fase. Lo que funciona es el control y la supervisión.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Efectivamente, ha transcurrido mucho tiempo desde la última comparecencia del presidente del FROB en esta Comisión, de hecho más del previsto legalmente. Esto hace que se hayan acumulado muchas cuestiones y muy
complejas, como ha podido verse en su intervención. En los diez minutos disponibles no puedo ocuparme como querría de todo, así que voy a concentrar mi atención en dos cuestiones: la crisis del Banco Madrid, por su actualidad, y el tema del caso
Bankia, centrado especialmente en las actuaciones del FROB.


Sobre la crisis del Banco Madrid las autoridades españolas, la que usted preside y otras evidentemente, tienen que explicar en esta cuestión algo difícil, porque cuando esta crisis comenzó estábamos ante una entidad muy solvente, con unos
ratios de solvencia muy altos, y lo que había era un problema puntual, un delito de blanqueo de capitales. Cabía esperar que se actuase contra ese delito, contra los responsables, se investigase si estaban ligados estos delitos a la amnistía fiscal
o a casos de corrupción política, pero en principio no tenía por qué haber afectado a la entidad. Sin embargo, esto que era un delito concreto de blanqueo de capitales por una gestión negligente, poco eficiente de esta crisis, se ha convertido en
una crisis bancaria, que ha terminado con intervenciones del Fondo de garantía, con liquidación de la entidad, con pérdidas de empleo. Este desenlace cuando se inició la crisis no era inevitable ni parecía el más probable.


Para llegar a este final ha habido numerosos puntos oscuros y criticables que voy a enumerar. Usted como presidente del FROB —el subgobernador del Banco de España está relacionado con algunos de ellos, como indicaré cuando llegue a ellos—…
Lo primero que llama la atención es la tardanza de las autoridades españolas en actuar. Empiezo como terminaba el señor Coscubiela: Andorra es nuestro vecino, no el de Estados Unidos. Hasta hace poco estaba calificado como paraíso fiscal y hoy en
día, aunque no oficialmente, hay escaso intercambio de información con España. Nos sorprende que sea la autoridad antiblanqueo de Estados Unidos quien destape esta cuestión en vez de nuestras autoridades antiblanqueo, siendo un país vecino al
nuestro y cuando nos afecta mucho más este tipo de actividades. Hay versiones —parte en la prensa, parte corroboradas por el Banco de España— que indican que el Sepblac estaba investigando esta cuestión entre abril y junio de 2014 con visitas
presenciales y que ese informe solo se terminó ocho meses después. ¿Cómo se explica que se termine ocho meses después el informe y se envíe al Banco de España, curiosamente, el 10 de marzo, el día de la propia intervención? No sé si le corresponde
responderme a usted o al secretario de Estado o a quién, pero estas son cuestiones que desde luego sorprenden y requieren aclaración.


Llama la atención que en el consejo de administración de esta entidad hubiese personas como el exdirector general de Inspección del Banco de España como presidente, o como una exdirectora general del Tesoro del anterior Gobierno socialista;
sorprende no porque no puedan estar ahí legítimamente sino porque esto plantea cuestiones a la opinión pública de puerta giratoria en sus puestos anteriores, ya que estuvieron relacionados con la entidad y, sobre todo, cuando la actuación de las
autoridades no parece totalmente eficiente, pues no se sabe si eso se debe a otras causas o puede incluso tener que ver con

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este tipo de composiciones de los consejos de administración. No es algo desde luego de lo que yo esté acusando, pero no nos puede extrañar que se generen dudas en la opinión pública ante este tipo de situaciones.


Tercera cuestión. La entidad se interviene el 10 de marzo y hasta el 16 no se establece un corralito, como se dice coloquialmente, impidiendo la retirada de fondos. Durante esos días hay una masiva retirada de fondos, como cabía esperar.
Usted lo ha indicado: un 20 % en solo tres días. La gran cuestión es: ¿por qué no se estableció ese corralito desde el principio? Porque durante esos días hubo unas retiradas masivas previsibles, y esto implica un trato desigual entre los que
pudieron retirar todo su dinero y los que no lo retiraron. Además, este es uno de los mecanismos que fuerza la insolvencia de la entidad, porque para hacer frente a esas retiradas de fondos tiene que liquidar, malvender sus activos y los problemas
de liquidez se transforman en problemas de solvencia. Asimismo, no parece que haya habido una buena coordinación con la CNMV cuando los fondos de pensiones y fondos de inversión, que no tendrían por qué verse afectados porque no son patrimonio del
banco, sufren también un corralito. También parece haber fallos procedimentales, y aquí le interpelo más directamente. El Banco de España pidió el concurso al juez y fue el juez quien tuvo que requerir al FROB para que se pronunciase sobre si esa
era la solución adecuada. ¿No habría sido el procedimiento normal el contrario, que el Banco de España consultase al FROB y después acudiese al juez? ¿Considera que su institución ha sido ninguneada o saltada en este procedimiento, o que el
procedimiento ha sido el adecuado?


Sobre otra cuestión también le interpelo directamente. Ha dado una breve explicación de por qué esta opción era la adecuada, pero creo que tendría que dar explicaciones más amplias sobre si había otras mejores. Vuelvo al inicio de mi
intervención, si la entidad era solvente inicialmente —cuando todavía lo era— simplemente se podía haber vendido a otra entidad; si la opción es el procedimiento concursal, para que no todos los acreedores recuperen sus deudas, con el fin de que no
repercuta sobre el erario público, hay que explicar por qué en el caso de las cajas de ahorros no se procedió de esta manera. ¿Por qué en el caso de las cajas de ahorro los acreedores extranjeros recibieron el cien por cien de sus créditos, cuando
habían prestado a unas cajas de ahorro que no eran instituciones públicas? Como le decía, hay toda una cadena de cuestiones, algunas de las cuales creo que tienen directamente que ver con el FROB que usted preside, para explicar cómo un delito
concreto de blanqueo de capitales se ha convertido en una crisis bancaria pequeña y localizada, pero crisis bancaria. Da la sensación, por hablar eufemísticamente, de que ha habido una gestión poco eficiente de esta crisis.


Paso a ocuparme del caso Bankia. Son infinitas las cuestiones que hemos tenido ocasión de debatir a lo largo de la legislatura. No recordaré en detalle el caso de los preferentistas, pero en los datos que usted da se ha visto cómo la
solución que ellos han recibido es muy parcial e insuficiente. No insistiré en que los responsables últimos de esta crisis de las cajas recibieron premios, altas indemnizaciones, pensiones, altos salarios que a día de hoy no han sido restituidos.
Me ceñiré a las novedades que ha habido en este procedimiento y recordaré que estas novedades están directamente ligadas a la actuación de mi partido, Unión Progreso y Democracia, en el caso Bankia, dos novedades que son importantes: el informe de
los peritos, que acredita que las cuentas de la entidad al salir a Bolsa no reflejaban fielmente su situación, y la fianza multimillonaria que el juez impuso como consecuencia de ese informe.


Hay tres cuestiones sobre las que le quiero preguntar y debatir con usted. En primer lugar, como le dijimos al ministro de Economía en la moción que Unión Progreso y Democracia presentó, no estamos de acuerdo con el reparto de costes de
esta crisis. No estamos de acuerdo con que BFA, que es un cien por cien pública, un cien por cien del FROB, se haga cargo de la mayor parte de los costes de las reclamaciones —el 60 %— y Bankia, que era la demandada y contra la que iban los
afectados, se haga cargo solo del 40 %, porque tiene que ser más costoso para el contribuyente indudablemente lo que se haga a través de una entidad que es cien por cien pública, que lo que se haga por vía de otra que es parcialmente pública.


Segunda cuestión y muy importante, el papel del FROB en el caso. Escuchando sus palabras, leyendo su documento, parece una actuación ejemplar, ¿pero cómo explica usted que la mayoría de las acusaciones, entre ellas la de Unión Progreso y
Democracia, hayan pedido al juez que aparte al FROB del procedimiento? Porque a día de hoy actúa como perjudicado, como parte acusadora y, según el resto de partes acusadoras, no solicita pruebas al juez, obstaculiza las peticiones de pruebas del
resto de las partes acusadoras, está desacreditando el informe de los peritos y se opone a las fianzas, incluyendo las del resto de responsables de esta crisis. Desacreditar los informes de los peritos no es un tema menor, porque si usted y su
institución están diciendo que las cuentas reflejaban correctamente la situación de la

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entidad, ¿cómo explica que pocos meses después tuviese que ser rescatada con un coste de más de 22.000 millones de euros? Usted nos está diciendo que en esos pocos meses entre la salida a Bolsa y la intervención se generó un agujero de más
de 22.000 millones de euros. El tema de las fianzas tampoco es menor, con esas fianzas se hará frente a las demandas de los perjudicados, se resarcirá el daño hecho a los perjudicados.


Y termino con esta reflexión. Creo que en toda su intervención sobre las actuaciones en el caso Bankia ha confundido usted el interés público con el Tesoro público, y el interés público es un concepto más amplio que el Tesoro público. El
interés público también cubre a los 600.000 estafados por Bankia, accionistas y preferentistas, y la actuación de las autoridades públicas no puede limitarse a tener en cuenta las consideraciones que usted ha utilizado en su intervención. Imagine
que en un país anglosajón —Estados Unidos o el Reino Unido— sus autoridades enfocasen un caso de estafa masiva, que afecta a cientos de miles de millones de personas, únicamente con la estrecha consideración que usted ha utilizado. ¿No es parte del
interés público que se esclarezca la verdad? ¿No es parte del interés público que estos 600.000 estafados vean recuperar su dinero? En opinión de mi grupo, sí.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, tiene usted la palabra.


El señor AZPIAZU URIARTE: Ya a estas alturas de la sesión se ha dicho todo o casi todo. Me queda por expresar el agradecimiento en nombre de mi grupo y, si me permiten, aparte del agradecimiento, quiero hacer una mínima reflexión, aunque
en algún caso sea repetitivo con alguna de las cuestiones que ya se han planteado. El tema del FROB, de las ayudas públicas y el sistema financiero es un poco como el Guadiana, es decir que desaparece y aparece en la opinión pública y unas veces
parece que algunos medios de comunicación quieren calentar la situación y otras veces quieren enfriarla, pero lo que es evidente es que el Guadiana sigue siendo un río y que el problema del FROB y del sistema financiero sigue estando ahí con
bastante intensidad. En ese sentido creo que debe ser un objeto de preocupación. También creo que debe ser objeto de preocupación porque la situación económica tampoco permite muchos optimismos. La situación económica europea es realmente
preocupante. Europa está en una situación de no crecimiento, de no generación de empleo, en una situación complicada, sin una perspectiva de crecimiento que albergue cierto optimismo. En cuanto a la economía española, es verdad que se vende
optimismo económico, pero creo que se vende un optimismo más electoral que real y que los problemas importantes de la economía española siguen estando ahí: sigue estando ahí el déficit público, sigue estando ahí la necesidad de muchas reformas
estructurales, sigue estando ahí el déficit exterior. Creo que los problemas de fondo que se decía que tenía la economía española siguen estando ahí y, en gran medida, también los del sistema financiero, porque el FROB está presente en un montón de
instituciones que todavía no han visto arreglada su situación. En Estados Unidos el tema se solventó y se empezó a funcionar, pero aquí seguimos permanentemente con los problemas e, insisto, seguimos con los problemas a pesar de que se esté
vendiendo optimismo con relación a la situación económica, porque creo que esto responde más a una estrategia electoral que a una realidad de fondo. No quiero ser alguien que vaya diciendo que la economía española es un desastre, sino simplemente
que está creciendo pero que los problemas de fondo existen. La economía española está creciendo porque han ocurrido muchas cosas, entre otras, una deflación salarial muy importante que hoy mismo sale en la prensa. Los españoles ganan mucho menos
que los europeos, algo que ya ocurría antes, aunque ahora ganan mucho menos. Es decir, a lo largo de estos años se ha producido una deflación salarial en contra de los trabajadores, lo cual es un sacrificio añadido a la propia crisis económica.
Por otra parte, en términos generales el crecimiento del PIB está siendo positivo por efectos exteriores como el fenómeno del precio del petróleo, la evolución del euro frente al dólar, etcétera. Hay que tener estas cuestiones en cuenta si de
verdad queremos tener un diagnóstico más o menos atinado de la situación.


El hecho de que estas perspectivas que no estén claras, unido a lo que usted ha dicho con relación a los bajos tipos de interés y a la baja demanda, ponen al sistema financiero en una situación relativamente complicada. Esto puede generar
problemas y en todo caso dudas fundadas sobre el futuro de este sistema financiero. Por eso, en algunos ámbitos se habla ya de las más que posibles necesidades de reforzar las entidades financieras con nuevas ayudas. En este sentido, le quería
preguntar si desde el FROB se ven nuevos riesgos o nuevas necesidades para salvar nuevas entidades financieras, reforzarlas o darles más dinero público. En definitiva, si va a haber más costos o no para el ciudadano, que es lo que les preocupa y
nos preocupa de verdad.

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Desde esta perspectiva, y como también le han dicho el señor Sánchez i Llibre y otros diputados, sería bueno tener un balance: cuánto hemos puesto, cuánto se ha recuperado; en definitiva, cuánto ha costado el saneamiento del sistema para
los ciudadanos. Quizá en este momento no tenga los datos entidad por entidad, pero nos ha dicho que después de la venta de Catalunya Banc ha habido unos ingresos de 328 millones. Sabrán cuánto se ha puesto, de manera que por lo menos parcialmente
podríamos saber cuánto ha costado al conjunto de los ciudadanos en dinero público Catalunya Banc. Creo que estas cuestiones habría que explicarlas claramente; vendría muy bien tener un cuadro en el que se diga: hemos puesto dinero público por
este importe, se ha ido recuperando por este otro, luego queda esta cantidad. Como decía el señor Coscubiela, los ciudadanos se merecen esta explicación porque el dinero proviene de los recursos públicos. Creo que esta información tendría que
estar colgada en la red y ser suficientemente pública para que se conociera con total transparencia la situación.


Con relación al Banco de Madrid, parece curioso que los americanos descubran algo de lo que no se había enterado o que no había dicho el Banco de España. Esto deja tocadas a estas instituciones. Esta cuestión deja al Banco de España en mal
lugar porque parece que las operaciones que se llevaban a través del Banco Madrid —o Banco de Andorra, que es la matriz— eran más que dudosas desde el punto de vista de la legalidad. En esto el Banco de España también debería poner un poco más de
atención, por lo menos para que esas operaciones relativamente irregulares no se le vayan de las manos.


Usted nos ha contado también que el FROB está personado en las cuestiones judiciales y que han llevado a los tribunales el asunto de las percepciones indebidas en las retribuciones y el de las tarjetas black. Yo le quería preguntar —seguro
que lo ha dicho; si es así y está publicado, no hace falta que lo reitere— cuánto reclaman a través de estas demandas, cuánto se ha percibido y se ha retribuido indebidamente o en exceso, en opinión del FROB, y a quiénes se les reclaman estos
importes. Es otro ámbito en el que los ciudadanos reclaman claridad e información para conocer lo que han cobrado, desde el punto de vista de las retribuciones y de las pensiones, aquellos que han cometido las tropelías o han actuado de una forma
negligente, por decirlo de una forma suave, cuando eran los responsables de las entidades financieras hoy rescatadas con dinero público. Es conveniente saber esto.


También me gustaría tener —seguramente existirá esta información— un balance sobre cuáles han sido las operaciones, la actividad del Sareb y cuál está siendo la evolución de los ingresos o costos; en definitiva, cuánto esta costando la
puesta en funcionamiento del Sareb.


Esto es lo que le quería comentar y, por tanto, termino agradeciéndole de nuevo sus explicaciones.


El señor PRESIDENTE: Señor López-Amor, tiene la palabra.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Intervendré brevemente porque están tocados casi todos los temas, pero me interesa destacar alguno sobre los que se han tratado esta mañana.


En primer lugar, quería felicitar al presidente del FROB porque ha sido uno de los operadores fundamentales en todo el proceso de reestructuración y saneamiento del sector financiero que, debido a la crisis principalmente económica que ha
sufrido España y toda Europa —yo diría que todo el mundo occidental a partir de la crisis de Lehman Brothers—, han sufrido sobre todo las entidades financieras. Ese proceso de saneamiento y reestructuración financiera presenta un balance
enormemente positivo porque ha conseguido que la sangre llegue a todos los organismos de este país —a todos los órganos del cuerpo humano se podría decir, haciendo la traslación oportuna—, porque de otra manera se hubiera colapsado todo el sistema
económico y hoy estaríamos en una situación verdaderamente complicada, difícil y de quiebra absoluta en este país. Por lo tanto, a cada cual lo que se le debe y al césar lo que es del césar. Mi felicitación sincera.


Eso no quiere decir que en todo este proceso haya habido cosas que se han resuelto de manera más satisfactoria y otras que al mismo FROB o a cualquier organismo de supervisión o de regulación, incluso en la resolución o en la participación
en el mismo, le hayan parecido menos satisfactorias; pero vuelvo a decir que el balance es profundamente satisfactorio. Me voy a sumar a esa petición de que desde luego debería haber una información que al menos nos dijera claramente, desde el
punto de vista cuantitativo y numérico, cuáles son los recursos públicos empleados, cuáles los recuperados hasta el momento y cuál es la previsión de Tesorería de recuperar los que faltan o cuál es la pérdida o el quebranto correspondiente. Es
higiénico, saludable y bueno que todo el mundo tenga la información oportuna y correspondiente. Pero también diré que se han empleado por parte de todos los organismos supervisores, y no solo a nivel de España, desde los manguerazos de liquidez sin
ningún tipo de interés del Banco Central Europeo hasta los programas que actualmente está emitiendo el mismo en toda Europa. Esto es parte del proceso y

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nosotros no somos más que otra pequeña parte dentro del mismo. Por tanto, tendremos que andar acompasadamente con todos los temas que se están regulando a nivel europeo y todos los que se han regulado en España.


Dicho eso como parte introductoria, me interesaría destacar una cuestión antes de entrar en el fondo de verdad del tema, y es que la opinión de todo lo que se diga aquí tiene una importancia mediática de tal carácter que puede prejuiciar
muchas de las actuaciones que están sub iudice. Eso me preocupa enormemente porque aquí se han dicho cosas, y sobre todo con algún interés que más que de esclarecer la verdad es absolutamente partidario de prejuiciar actuaciones judiciales en
organismos jurisdiccionales que se ven sorprendidos por la naturaleza económica de los hechos que enjuician, cuando la verdad de su preparación reside fundamentalmente en aspectos de calificación jurídica. Por tanto, quiero decir que esta Comisión
no se ha reunido con anterioridad porque ha coincidido con un momento mediático álgido y hemos considerado mucho más prudente esperar a un momento más oportuno para hacer un pequeño balance en esta comparecencia que hoy se está produciendo.


Sí me interesa resaltar a partir de ahí un tema. Yo creo que hay que desmentir de forma clara que cuando se produce la salida a Bolsa de Bankia las cuentas no reflejaran una imagen fiel de su estado patrimonial. Cuando se habla de los
peritos hay que decir que son peritos judiciales nombrados por el señor juez. A esos informes periciales se pueden contraponer otros que al menos tienen la misma auctoritas, porque resulta que además son mucho más numerosos que los peritos llamados
del juez Andreu. A esto me quiero referir de forma muy clara, porque aquí ha habido varios informes, uno de un catedrático con su auctoritas, como el señor Cañibano, que ratifica lo que acabo de decir, que la salida a Bolsa de Bankia era
absolutamente correcta en el momento en que se produjo. Por tanto, no hay ninguna estafa para ninguno de los que suscribieron títulos de renta variable, que, como su nombre indica, tienen su riesgo, y ese riesgo se puede producir diez horas
después, tres meses o dos años después o un año antes. Pero la salida a Bolsa reflejaba unas cuentas en el folleto de aprobación por parte de la CNMV que eran absolutamente correctas. Esto lo dejo ahí completamente claro. No solo está el informe
de Cañibano, sino el otro informe de una persona que fue director general de Supervisión del Banco de España, que me parece que se llama Manso Olivar. Incluso ha habido algunas testificaciones en autos judiciales, como la del señor Jerónimo
Martínez Tello, que declaró que en ese momento el Banco de España veía mucho más solvente a Bankia que a entidades sistémicas que no quiero citar en este momento pero que son los bancos de mayor volumen de pasivo de este país y de mayor inversión en
activo.


Ahí queda la opinión. Insisto en que los dos peritos designados por el juez Andreu, aunque provengan del Banco de España, actúan a las órdenes del juez Andreu, y a lo mejor hay que decirle al juez Andreu que cuando se produce una salida a
bolsa hay unos organismos de supervisión previa, preventiva, como ha dicho el señor Restoy en su intervención, como son básicamente el Banco de España y la CNMV, que determinan que ese folleto es correcto en su cuantificación numérica. Es más, las
cuentas de Bankia en ese momento estaban auditadas por una entidad de primer orden, como es Deloitte. Por tanto, todo hacía prever que era así. Que con posterioridad la crisis producida en picado haya planteado dudas sobre la capacidad de generar
beneficios recurrentes por parte de las entidades financieras no solo afectaba a Bankia, sino a todo el sector financiero. Por tanto, no es Bankia, sino que sería también cualquier otra entidad financiera que por educación y yo creo que por
ordenación no conviene citar. La prueba es la ayuda que han tenido todas las entidades financieras, y las que mejor han solventado la crisis europea y española han sido aquella que tenían un desarrollo operativo de carácter internacional, cosa que
no ocurría con Bankia en el caso concreto más que en una parte mínima, porque saben que la legislación de las cajas de ahorro fue evolucionando de forma muy diferente, de ser entidades regionales y locales a ser nacionales, proceso que todos
conocen.


Por tanto, primer punto que quiero dejar claro: la salida a Bolsa de Bankia presentaba unas cuentas correctas. Todas las presunciones de estafa creo que al menos son muy aventuradas. Dicho lo anterior, no quiero que esto se interprete
como algo que digo de parte; lo dicen personas que en los ámbitos contables seguramente tienen mucha más autoridad que yo. Termino el tema de Bankia. Entrar en el happening en materia financiera sobre estos temas o sobre otros, cuando se produce
una petición fiscal de carácter más agradable que las incriminatorias, leer en medios de comunicación que eso es producto de un privilegio o de un tratamiento desigual por ser quien es cada persona, me parece que es una imputación totalmente falsa,
gratuita y que además produce en este país una cierta desazón o desasosiego. Termino con este tema de Bankia, que podría tratar hasta el extremo.

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Voy a hacer una alusión pequeña al Banco de España. Produce cierta inquietud o al menos determinados interrogantes que habiendo un servicio de investigación del blanqueo de capitales y unos organismos de supervisión se solapen todas las
fechas de forma creciente a partir de una comunicación de la autoridad de blanqueo de capitales de Estados Unidos. Es verdad, creo que si eso hubiera sido así lo hubiera sido casi desde el primer momento, pero quiero recordar que cuando se vendió
el Banco de Madrid a este banco andorrano, el Banco de España estaba en otras manos, la dirección de la supervisión también —no quiero citar nombres— y que el consejero delegado del Banco de Madrid es una persona que fue presidente de Intermoney,
del equipo de Miguel Sebastián y de los que llamaban el clan de Minnesota. Por lo tanto, desde ese primer momento habría que tener en cuenta que esos señores compararon el banco seguramente para hacer las prácticas que estaban desarrollando,
digamos que casi todos ellos con carné de militancia política, que el Banco de España ya lo sabía o era ignorante de que las buenas intenciones o las transacciones de carácter comercial, como la compra de un banco, al final puedan torcerse por la
mala interpretación que han hecho los actores principales de ese banco. Dicho lo anterior, creo que es un banco sobre el que hay que dar tranquilad absoluta a todos los depositarios porque la solvencia patrimonial es de tal naturaleza que no solo
van a recuperar los 100.000 euros garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, sino que van a recuperar la totalidad de sus depósitos y los van a recuperar aunque sea un proceso concursal, que esperamos que sea lo más breve posible.


En cuanto a la petición de ese balance cuantitativo del que hemos hablado aquí todos los grupos, creo que también hay que referirlo a la Sareb, evidentemente. La Sareb ha sido un instrumento más de salida y de saneamiento de los activos
malos, perjudicados, en mora —podrían calificarse de muchas maneras— de los bancos. Por lo tanto, en cuanto a esa ayuda financiera, que se traduce a través de la compra por parte de Sareb de esos activos, deberíamos conocer un poco cómo va la cosa,
incluso casi con nombre y apellidos.


Dicho todo lo anterior, en cuanto al proyecto de ley que está en marcha en esta Cámara, se adopta una solución prudente porque todo lo que sea diluir un poco las responsabilidades entre el que supervisa y el que ejecuta, aunque no satisfaga
plenamente a algunos de los actores que van a intervenir en un proceso futuro, creo que es una norma de carácter prudente después de todo lo que ha pasado.


Termino mi intervención volviendo a agradecer al señor presidente del FROB ese balance positivo que creo que tiene la intervención del FROB en todo ese proceso de saneamiento financiero. Dicho lo anterior, le pido por favor que nos haga
llegar, si quiere por escrito, un balance de esos planes de vencimientos de obligaciones para que pudiéramos tenerlo todos. Vuelvo a insistir en el llamamiento a la prudencia mediática. Estos temas no se pueden tratar con demagogia, hay que
tratarlos con la frialdad del número y del interés final de solución de un problema que ha tenido España, que ha sido gordísimo y que nos ha permitido mirar y encarar el futuro con esperanza. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Restoy, tiene la palabra para contestar a las cuestiones que se han planteado.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, FROB (Restoy Lozano): Muchas gracias a los portavoces que han hecho uso de la palabra para hacerme llegar sus comentarios, preguntas y apreciaciones
sobre cuál ha sido la labor del FROB en el periodo que se cubre con esta comparecencia. Como hay mucha intersección entre los temas tratados por los distintos portavoces, voy a intentar agruparlos. De esa manera seguiremos un poco mejor cuál es la
línea argumental. Déjenme que empiece hablando de ayudas públicas, de los costes de la reestructuración, etcétera. Cuando hablamos de lo que es la estrategia seguida para la recapitalización y reestructuración del sistema financiero, es decir, la
utilización de recursos públicos para salvaguardar la estabilidad financiera a través de la inyección de los mismos en entidades financieras débiles, hay que distinguir tres dimensiones del problema. La primera es la razón de ser de este tipo de
actuaciones. En segundo lugar, cuáles son las condiciones que hay que cumplir para poder hacerlo y, en tercer lugar, cómo se han ejecutado esas operaciones en la práctica. Cuando hablamos de la razón de ser estamos hablando no solo, como recordaba
el señor Coscubiela, de proteger a los depositantes, que eso, por supuesto, es una motivación importante. El dinero que se ha inyectado no es para proteger a ningún propietario, a ningún accionista de ninguna entidad de crédito, ha sido simplemente
para proteger a los depósitos, pasivos si se quiere más débiles o en manos de personas menos sofisticadas y que utilizan esos depósitos para sus transacciones cotidianas y que es importante protegerlos porque de ello depende en gran medida la
estabilidad del conjunto del sistema financiero. Este es el bien público que hay que proteger, la estabilidad

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del conjunto del sistema financiero. No estamos hablando de intercambiar deuda pública por deuda privada. Estamos hablando de actuar de tal manera que la inyección de fondos públicos rinda un beneficio superior a la sociedad que el coste
que supone aportarlos. Esta es la razón de ser de toda la estrategia seguida aquí y en cualquier otro país cuando ha acometido la gestión de una crisis financiera.


El segundo elemento son las condiciones para poder aportar ayuda pública a una entidad financiera. Son condiciones que no imponemos nacionalmente, provienen básicamente de la normativa internacional, en este caso de la normativa europea de
ayudas de Estado. Cuando se inyectan fondos públicos en una entidad hay que cumplir con requisitos importantes en materia de reestructuración de las entidades ayudadas. Deben reducir su capacidad, deben abandonar el mercado eventualmente, en el
caso de las entidades en resolución, y hay que imponer ejercicios de reparto de la carga. Lo que hacemos es que los tenedores de preferentes, de subordinadas y, por supuesto, los propietarios del capital, tienen que absorber una parte importante de
los costes antes de que entren los fondos públicos. Esto se va a llevar casi al extremo con la trasposición de la Directiva de recuperación y resolución, con la que se pretende que el grueso de todas las crisis de todos los bancos sea soportado por
los acreedores privados y que solo en extremas circunstancias debe intervenir el Estado. Esto es un poco el concepto de la ley, como saben ustedes muy bien porque se está tramitando en esta Comisión de Economía. Estas son las condiciones. Y las
condiciones incluyen también que cuando se produce la enajenación de una unidad de crédito en el marco de un proceso de resolución se tienen que seguir procesos competitivos puros. No se pueden utilizar aquí otras consideraciones de política
pública, que pudieran ser absolutamente legítimas, a la hora de decir en qué momento se debe enajenar la entidad, a quién se debe vender la entidad, si puede o no puede permanecer el sector público como accionista, etcétera. Estamos hablando de
condiciones tasadas que están en los propios planes de resolución. Por ejemplo, en el caso de Catalunya Caixa y en el caso de Caixa de Galicia había un periodo de cinco años para vender la entidad, y si no se vende la entidad en cinco años hay que
liquidarla. Eso nos dicen los planes de resolución. No hay otra alternativa. Por lo tanto, cuando hablamos de la enajenación de Catalunya Banc o de Novacaixagalicia hay que pensar si podíamos haber previsto otra solución, si podíamos haber
esperado más, si al esperar hubiéramos conseguido un mejor precio. Todo eso es opinable; lo que no es opinable —y paso a la tercera parte de la cuestión, que es la ejecución de estos planes de inyección pública y la ejecución de los planes de
resolución— es que la mejor manera de averiguar cuál es el precio justo de algo es organizar un proceso competitivo de enajenación lo más abierto y transparente posible. Eso es lo que se ha intentado en todos los casos y, muy en particular, en los
dos últimos casos que son Novacaixagalicia y Catalunya Banc. Por ejemplo, en el caso de Novacaixagalicia ampliamos sustancialmente el perímetro de entidades que podían acceder a la subasta, introdujimos la posibilidad de que hubiera entidades no
bancarias que estuvieran dispuestas a cumplir una serie de condiciones que se les pedía para ser capaces de absorber la entidad en caso de que les fuera adjudicada. Esto se hizo en el caso de Novacaixagalicia precisamente para aumentar la
competencia. Así conseguimos que hubiera hasta seis ofertas vinculantes, que es un record histórico en todo el proceso. En el caso de Catalunya Banc se hizo algo parecido, en un proceso un poco más complejo, porque vendimos una cartera por
separado del negocio bancario, pero para el negocio bancario tuvimos cuatro ofertas vinculantes. Es decir, de esta manera conseguimos que hubiera concurrencia, que hubiera competencia y que, por lo tanto, el precio fuera el mejor posible en ese
momento.


En cuanto al precio, hablaba el señor Moscoso sobre garantías. Sí, efectivamente, como en cualquier proceso de enajenación de una entidad de crédito el adquiriente exige una serie de garantías o, dicho de otra forma, el oferente para
optimizar el retorno, el precio obtenido, ofrece una serie de garantías que tienen que ver con coberturas de posibles litigios, en este caso, por ejemplo, cobertura de posibles contingencias asociadas a los términos del traspaso de activos a la
Sareb. Ese es un tipo de cobertura que se ha exigido en todos los procesos de enajenación. En ninguno de los dos casos se ha ofrecido ningún esquema de protección de activos, señor Moscoso, no se ha ofrecido ese tipo de garantía, ni por supuesto
se ha otorgado ni en el caso de Novacaixagalicia ni en el caso de Catalunya Banc. En todo caso, ya que me preguntaba por Catalunya Banc, creo que en mi intervención —que se les ha repartido— tienen ustedes una valoración de las garantías que se han
ofrecido al comprador, tanto de la cartera como del negocio bancario.


En cuanto a los beneficios de la banca, es verdad que los beneficios del año en la banca han sido elevados: más de 600 millones en el caso de beneficios antes de impuestos y algo más después de impuestos, por la activación de activos
fiscales diferidos. Yo creo que cuando analizamos la relevancia que tiene ese dato de beneficios tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, como decía,

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que estamos hablando en todo caso de que no podríamos nunca cuestionar si el precio es bueno o malo; es el mejor precio siempre que uno se crea —como debe hacerlo— que el proceso ha sido realmente competitivo y abierto. En segundo lugar,
que en ningún caso podemos inferir cuáles hubieran sido los resultados de la entidad si hubiera permanecido bajo el paraguas del FROB a los beneficios cuando ha salido de este paraguas. ¿Por qué? Porque estando la entidad sometida al programa de
resolución, estando sometida a la titularidad del FROB, tiene unas restricciones enormemente importantes en términos operativos y comerciales. Su habilidad de competir es mucho menor y encima está sometida a todo un programa de reducción de la
capacidad enormemente exigente que redunda, obviamente, en la capacidad de la entidad para generar resultados. En último lugar, debe claramente tenerse en cuenta, cuando hablamos de los beneficios, que los beneficios en un año como el 2014
incorporan en muchas entidades —y ciertamente en el caso de Novacaixagalicia, ahora banca— elementos que son no recurrentes. Por ejemplo, una gran parte de los beneficios de la entidad de la banca, que es una entidad que por otra parte está
funcionando de manera muy satisfactoria, tiene que ver con la desdotaciones de provisiones como consecuencia de la mejora de la situación económica; tiene que ver con operaciones financieras extraordinarias, la venta de activos; tiene que ver con
la activación de activos fiscales diferidos; tiene que ver con esas operaciones de arbitrar la diferencia entre el tipo de interés de la deuda con el Banco Central Europeo y el tipo de interés de la deuda española, es decir, lo que usted llama el
carry trade en el argot de la profesión. Por tanto, el componente de beneficios recurrentes que muestra la cifra de resultados es relativamente modesto, tan modesto como el que muestran otras entidades en España y en otros países en un contexto
—antes se nos recordaba— que es realmente adverso para el negocio bancario, tenemos escasa demanda de crédito, tipos de interés muy reducidos y, por tanto, la capacidad de hacer dinero, de generar beneficios regulares por el negocio comercial
tradicional, es moderada en todo el mundo, y el caso de la banca no es una excepción.


Por lo que se refiere a los costes de todo el proceso de reestructuración de nuestro sistema financiero, el Banco de España publica una nota que actualiza con carácter regular donde aparecen con bastante detalle las ayudas públicas que se
han otorgado a todas las entidades financieras, también el valor de las garantías, la concesión o no de EPA y, por supuesto, tiene en cuenta las recuperaciones que se van produciendo. Yo les recomiendo que visiten esta página web, que es accesible
a todo el mundo, porque les puede dar información sobre lo que ustedes plantean, con toda la razón del mundo, por la importancia que tiene que los ciudadanos conozcan con la mayor claridad posible cómo se está utilizando su dinero en lo que tiene
que ver con el sistema financiero. Además, en mi última comparecencia les daba algunos números para resumir un poco el cuadro general; si quiere el señor presidente se lo actualizo rápidamente. En este momento, la inyección de fondos públicos por
parte del FROB en las entidades financieras, a través de suscripción de instrumentos de capital y también a través de las garantías ofrecidas a los adquirientes de entidades financieras, en total asciende a unos 56.181 millones de euros. ¿Cuánto de
esto se ha recuperado ya? Recuperaciones ya realizadas serían, por ejemplo, lo que se ha obtenido de la venta de Novacaixagalicia y la devolución de la ayuda pública a Banca Cívica por parte de su adquiriente, que es CaixaBank, que asciende a 1.884
millones. El tercer capítulo sería el de las recuperaciones previstas a medio y corto plazo. Habría que incorporar aquí la venta de Catalunya Banc, todavía no perfeccionada, se perfeccionará —como saben— en los próximos días; habría que
incorporar la previsible devolución de los instrumentos contingentemente convertibles por parte de Caja 3 y de Banco Ceiss, y también habría que incorporar el resultado de la previsible desinversión de Bankia en BFA, que permanece todavía en el
balance de BFA hasta que el Plan de reestructuración permita su amortización y, por lo tanto, el ingreso en el FROB del importe correspondiente. Todo este capítulo de recuperaciones previstas asciende a unos 3.092 millones de euros. Por lo tanto,
estaríamos hablando de una cifra neta aproximada —el neto de gastos, recuperaciones realizadas y recuperaciones previstas— que estaría en torno a 51.000 millones de euros a lo largo de toda la crisis financiera. Nos falta la parte más importante de
las recuperaciones, lo que llamaríamos recuperaciones contingentes, que sería la eventual enajenación del paquete que tiene BFA en Bankia, que es el 62 %, como saben ustedes; a precio de mercado de ayer, el valor de mercado estaría en torno a 9.272
millones de euros; el valor de mercado de Bankia está en torno a 15.000, calculen ustedes el 62 % de eso y les sale la cifra que más o menos les he dicho. Habría que añadir el resultado de la eventual enajenación del paquete que tiene el FROB en
el Banco Mare Nostrum, en torno a dos tercios del total; una aproximación podría ser el valor teórico contable, a falta de otro mejor, que se sitúa en 1.593 millones de euros. Eso les da una idea realmente de lo que estamos hablando. Por
supuesto, dependiendo de cómo evolucione la cotización de Bankia, dependiendo del precio al cual se pueda vender la participación del FROB en BMN, esas cifras pueden

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variar de manera considerable —todos sabemos de la volatilidad de los mercados de valores—, siendo posible, si las cosas van bien, que el porcentaje recuperado sea bastante mayor del que saldría simplemente calculando el precio de mercado
del último día. Les recuerdo que en todo caso ustedes tienen información más detallada en la página web del Banco de España.


En cuando al caso de Bankia, muchas cosas se han comentado, como es lógico por otra parte, sobre esta entidad. En este caso es importante subrayar lo que he señalado en mi intervención, que son los principios inspiradores de la actuación
del FROB, en esta y en otras causas, en este tema y en otros temas en que, digamos, hay actuaciones sometidas a la investigación de los tribunales de Justicia. El FROB tiene aquí dos obligaciones que son muy claras. Una, tenemos que colaborar con
la justicia para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Señor Anchuelo, por supuesto, ese es un principio fundamental que está en mi intervención y está sobre todo detrás de las actuaciones que está realizando el FROB. Por supuesto, tenemos
que continuar esclareciendo la verdad. Sucede, como ustedes saben muy bien, que tanto en el caso de Bankia como en el caso de otras entidades que recibieron apoyo público en el pasado, la inmensa mayoría de las causas penales abiertas —el FROB se
ha personado en veinte de ellas— proceden de actuaciones que ha desarrollado o ha impulsado el propio FROB y ha puesto en conocimiento de la fiscalía, y sabe usted que es así. Eso afecta, insisto, al caso de Bankia, a Catalunya Banc, a
Novacaixagalicia, al Banco de Valencia, a todas las entidades que recibieron apoyo público. Estamos en veinte causas penales y hemos abierto hasta noventa análisis forenses. Hemos hecho noventa encargos a empresas especializadas para que indaguen
sobre la trayectoria de las entidades que recibieron apoyos públicos e identifiquen la posibilidad de que haya algún tipo de actuaciones ilícitas desde el punto de vista penal, y cuando esa información nos va llegando inmediatamente es puesta en
conocimiento de los tribunales de Justicia. Por lo tanto, creo que la evidencia demuestra que nos tomamos muy seriamente esta función, que es la colaboración con los tribunales de Justicia y el esclarecimiento de la verdad. Lo que ocurre es que
tenemos un segundo objetivo también, tan importante como el primero, que marca la ley, no es que nos lo inventemos, y es que evidentemente también tenemos que contribuir a la preservación del patrimonio público. Eso es algo que está en nuestra
carta fundacional, está en nuestra ley, en la Ley 9/2012. Nunca hay fricciones entre una cosa y la otra; tenemos que contribuir a los dos objetivos en paralelo. En la mayor parte de los casos nuestra contribución ha consistido en poner de
manifiesto irregularidades y personarnos como perjudicados en las causas contra los antiguos gestores de las entidades. Hay un elemento más complejo, que es la causa de la salida a Bolsa de Bankia. Aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos con
el resto de las entidades: tratar de cumplir esos dos objetivos, el esclarecimiento de la verdad, por un lado, y preservar los intereses públicos, por otro. Eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Tomándonos muy seriamente dos piezas de
información que aparecen en el sumario, que son estos dos informes distintos, que, por cierto, envían al juez, a petición suya, dos peritos que son profesionales del Banco de España. Entonces, lo que hacemos es lo que he contado en mi intervención,
analizar de la manera más concienzuda que hemos podido estos informes, porque de sus conclusiones se pueden desprender consecuencias gravosas para el erario público. Por tanto, nuestra obligación es analizar detalladamente esos informes, por los
dos principios que he señalado, porque creemos que es importante para que se esclarezca la verdad y porque puede ser relevante desde el punto de vista de la preservación del interés público.


Me preguntaba creo que el señor Sánchez i Llibre qué es lo que hay ahí que no nos gusta. En este momento el FROB envía un escrito de alegaciones muy amplio donde ponemos negro sobre blanco el resultado de todos los análisis que hemos
efectuado y donde, como he dicho antes, hemos contado con las contribuciones de los propios miembros de la comisión rectora, representantes del Banco de España, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda. Hemos contado con los
servicios del FROB, donde hay inspectores del Banco de España, y además, puesto que nos parecía que debíamos completar nuestro análisis con aportaciones suplementarias, pedimos a la CNMV que nos hiciera un informe sobre un aspecto concreto, que era
básicamente el proceso de formación del precio en el mercado mayorista. Al Banco de España, en tanto que es el autor e intérprete de la circular contable y la circular contable es relevante para analizar y valorar bien algunos aspectos de los
informes periciales, le pedimos simplemente alguna aclaración sobre cómo interpretar aspectos concretos de esa normativa en materia contable. Con esto lo que nos sale es lo siguiente. ¿Es que los informes periciales están hechos de una manera poco
rigurosa o absurda, o simplemente siguen unos parámetros que no son los habituales en los procedimientos periciales? No es esta la conclusión. Nos parece que son profesionales competentes que han hecho su trabajo como mejor han entendido, que
evidentemente han actuado con absoluta independencia, tal y

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como nos pide la norma. El Banco de España ha puesto a su disposición todos los medios y toda la independencia para que hicieran su trabajo durante el tiempo preciso de la mejor manera posible. Lo han hecho así y lo que ha salido es un
informe, insisto, que aunque sea solvente técnicamente no quiere decir que sea absolutamente incuestionable, señor López-Amor. La contabilidad —y a lo mejor es difícil comunicar esto a los profanos— sobre todo de una entidad bancaria contiene un
porcentaje altísimo de registros que se rellenan con estimaciones. No se trata de contar el número de libros que hay en una estantería, estamos hablando nada menos que de cosas tan difíciles como estimar el deterioro de un determinado préstamo
concedido por la entidad financiera a un acreditado. El cálculo de cuál debe ser efectivamente la provisión correspondiente del deterioro de ese activo es un cálculo que requiere una serie de estimaciones siempre complejas. Por cierto, bastante
más complejas en un entorno macroeconómico tan cambiante como el prevaleciente en España en torno al año 2011. Estas estimaciones por supuesto que admiten discusión y los gestores de Bankia lo hicieron de una determinada manera, los peritos piensan
que debería haberse hecho de otra manera distinta y nuestro análisis nos lleva a pensar que las conclusiones de los peritos en algunos casos concretos relevantes no están suficientemente fundamentadas en cuanto al volumen del deterioro que había que
reconocer en el momento de la salida a Bolsa y en cuanto al volumen de provisiones que estaban disponibles en el balance de la entidad para hacer frente a ese deterioro. Lo que hemos puesto de manifiesto son estos elementos que merecen un análisis
o reflexión adicional, que creemos que no es oportuno asumir directamente sin mayor análisis o valoración las conclusiones de los peritos, por razonables, justificables y legítimas que sean esas conclusiones.


En relación con Bankia nos queda el tema de la enajenación que ha preguntado el señor Moscoso. Esta es una discusión complicada. Se trata sobre todo de evaluar cuál es el momento del mercado más oportuno para proceder a una nueva ola de
ventas. La situación ahora del mercado está algo peor de lo que estaba cuando vendimos el paquete anterior. Puede ser prudente en este momento esperar. En el caso de Bankia, como en el de BMN, a diferencia de lo que nos ocurría con
Novacaixagalicia y Catalunya Banc, tenemos algo más de margen, no tenemos la espada de Damocles sobre nuestro cuello para tener que vender la entidad en una fecha concreta porque si no, tendríamos que precipitar una liquidación. Esto no ocurre, por
lo que tenemos algo más de margen de maniobra. Esto nos da la posibilidad de estudiar la situación del mercado de manera un poco más detallada. En lo que se refiere a las actuaciones del FROB en materia de identificación de conductas irregulares
por parte de gestores, creo que he sido bastante claro. Me parece que en el caso de Bankia hemos actuado como en el resto. En este momento lo que están haciendo los tribunales de Justicia en relación con las entidades en muchos casos tiene que ver
con las aportaciones que ha hecho el propio FROB a través del suministro, al fiscal inicialmente, de los resultados de nuestros análisis forenses.


Paso, si me lo permiten, a Banco de Madrid. En el caso de Banco de Madrid se han escuchado —no solo en esta sala, sino también en los medios de comunicación, en el debate público en general— distintas críticas, algunas de ellas un poco
contradictorias. Por un lado se nos dice que nos hemos precipitado y por otro se nos dice que por qué no cerramos antes, el viernes, el jueves o el miércoles incluso, el Banco de Madrid. También hay comentarios críticos sobre la posible falta de
coordinación entre el ministerio, el Banco de España, el Sepblac, etcétera. Si me lo permiten, quisiera aclarar cuáles son las funciones de los protagonistas de esta historia en el ámbito supervisor. Tenemos tres agencias públicas que tienen algo
que ver con lo que ha ocurrido: por un lado, el Sepblac, la Comisión permanente de prevención de blanqueo de capitales; por otro lado, el Banco de España como supervisor y, por último, el FROB. Creo que es bueno tratar de identificar cuáles son
las responsabilidades de cada uno de ellos. Lo que hace la Comisión de prevención de blanqueo de capitales es identificar prácticas contrarias a la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Por tanto, es la autoridad competente para hacer
la investigación que ha hecho sobre posibilidad de estas prácticas irregulares por parte de los directivos de la entidad Banco de Madrid, que es lo que ha hecho. Un expediente que se aprueba el viernes 13, después de un trabajo inspector que llevó
varios meses. Un trabajo inspector que no considero que sobresalga de la duración habitual de las inspecciones pero, en todo caso, ustedes podrán preguntarle mañana al secretario de Estado de Economía, como presidente de la Comisión de prevención
de blanqueo de capitales, cuál es su valoración sobre las actuaciones que ha realizado el Sepblac. ¿Hay un problema de coordinación con el Banco de España? Creo que no. Hay una discrepancia de fechas, sobre en qué momento nos pasaron o dejaron de
pasar el informe del Sepblac en relación con las prácticas Banco de Madrid. Francamente, eso no es muy relevante en la discusión, porque la actuación del Banco de España no tiene

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que ver con la prevención o la sanción de conductas irregulares en materia de prevención en el blanqueo de capitales. El Banco de España tiene competencia exclusivamente en el ámbito prudencial y las actuaciones que realiza el Banco de
España en todo el proceso no es en relación con las conductas del Banco de Madrid o con las conductas, no digamos, de BPA, sino con el impacto que tiene el conocimiento público de estas conductas o de las actuaciones del Sepblac o del Fincen
americano, las consecuencias de este tipo de actuaciones sobre la estabilidad de la institución, y lo que hace el Banco de España es tratar efectivamente de mitigar los problemas de estabilidad de la institución. Por tanto, actuamos sobre las
consecuencias del problema, no sobre las causas del mismo. Creo que esto ayuda a entender realmente cuáles son los ámbitos de competencias de unos y de otros y cómo no se producen problemas de coordinación, sino que simplemente se actúa en momentos
distintos porque la motivación de las actuaciones de unos y de otros es completamente distinta. En el caso del Banco de España, actuamos el miércoles 11, tras el anuncio del día 10 del informe del Fincen, porque en aquel momento identificamos
potenciales problemas de estabilidad en la institución y porque en aquel momento los supervisores andorranos habían procedido a la intervención de la entidad BPA. En la medida en que los administradores de BPA tienen un grado de intersección
importante con los de Banco de Madrid —por ejemplo, el primero comparte el mismo consejero delegado—, comprenderán ustedes que no tiene sentido que la misma persona esté intervenida en Andorra y permanezca libre en Madrid. Por lo tanto, la primera
actuación como consecuencia de posibles problemas de estabilidad, pero sobre todo como consecuencia de la actuación del supervisor andorrano —con el que hemos estado en contacto—, nos hace intervenir Banco de Madrid. Lo que sucede a continuación es
conocido, y es que la entidad entra en un problema de estabilidad, van apareciendo goteos de depósitos, la entidad tiene un problema clarísimo de operativa en la medida en que no puede actuar en dólares en todo el mundo y tampoco en muchos segmentos
de mercados mayoristas europeos. Por tanto, tiene un problema de operación relevante, lo que genera un elemento de inestabilidad que valoran los propios administradores de Banco de Madrid, siendo ellos los que nos piden su sustitución porque
entendían que en esas condiciones, y habida cuenta del riesgo reputacional que estaban soportando, era preferible que la administración fuera ejercida directamente por el Banco de España, que es como actuamos en ese momento.


La siguiente fase se produce durante el fin de semana, empieza el viernes 13. Aquí se producen varios elementos relevantes. En primer lugar, constatamos una salida abultada de depósitos —nada menos que el 20 % de los depósitos de la
entidad—, así como el quebranto que estaba suponiendo la incapacidad de operar en dólares y el problema que se estaba generando como consecuencia de la dificultad de operar en muchos mercados mayoristas europeos. Durante el fin de semana se
publican noticias, en primer lugar la apertura de expediente por parte del Sebplac, también la remisión del informe a la fiscalía e igualmente se publica, nada menos, que la detención del consejero delegado de BPA y del Banco de Madrid en Andorra.
En esas condiciones, si la situación de liquidez ya era mala el viernes 13, ustedes comprenderán que las expectativas de los problemas que iba a tener la entidad el lunes 16 eran muy claras. El lunes 16, la entidad simplemente no tenía ninguna
capacidad de hacer frente a los reembolsos de depósitos que se les iba a solicitar. Por lo tanto, el Banco de Madrid estaba en una situación de insolvencia inminente, según dice la normativa, y en esas condiciones se abren únicamente dos
posibilidades: o el banco sigue operando, para lo que requiere una importante aportación de fondos públicos en forma de liquidez, o el banco es cerrado y se solicita el concurso de acreedores. Esa es la disyuntiva a la que se enfrentan las
autoridades durante el fin de semana que comienza el día 13, y en esa disyuntiva el Banco de España piensa que evaluando si concurre o no sobre todo la defensa del interés público asociado a una liquidación, si concurre o no el criterio de la
condición de interés público, evaluando que ese no es el caso, no pudiendo justificar una aportación de fondos públicos sobre la base del interés general del Estado, la única vía posible es la declaración de concurso de acreedores. Así lo entienden
sus administradores, y son los administradores del Banco de Madrid nombrados por el Banco de España los que solicitan el concurso de acreedores el mismo lunes día 16.


Se me ha preguntado sobre el papel del FROB en esta historia. El FROB tiene aquí un solo papel, solamente se le pregunta una cosa, el juez está obligado a preguntarle al FROB —por cierto, en cumplimiento de la normativa de resolución, Ley
9/2012— si tiene previsto o no abrir un proceso de resolución. ¿Por qué? Porque la normativa dice que si se abre un proceso de resolución o reestructuración debe suspenderse la vía concursal. Entonces, el juez ya ha recibido la solicitud del
concurso de acreedores, pero para poder abrir el concurso, el juez está obligado a preguntar al FROB. Nos pregunta al FROB. ¿Qué es lo que hace el FROB? El FROB, en aquel contexto, considera útil recibir el input del Banco de

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España: señores del Banco de España, qué opinan ustedes, ¿tiene sentido o no la apertura de un proceso de resolución? El Banco de España le contesta, por los elementos que hemos dicho antes, que no concurriendo argumento de interés
público, en este caso concreto se creía más oportuno ir por la vía concursal que por la vía de resolución. El FROB asume este criterio y se lo traslada de manera inmediata al juez. La ley y el juez dan quince días al FROB. El FROB es capaz de
contestar en dos días, lo cual permite acelerar todo el proceso.


Por lo tanto, creo sinceramente que todo esto ha sido un proceso enormemente desafortunado. Por supuesto, como ustedes pueden imaginar, después de —permítanme que se lo diga— lo que hemos pasado desde el año 2012, que al final tengamos que
liquidar una entidad no estaba evidentemente en nuestras previsiones. Creo sinceramente que era la opción más adecuada habida cuenta de la naturaleza de esa entidad y de los problemas que estaba atravesando; y creo sinceramente que el grado de
coordinación entre las autoridades ha sido razonable en estos casos, teniendo en cuenta evidentemente la falta de experiencia para asumir situaciones de este tipo. Es la primera vez —alguien me lo recordaba— desde el año 2003 que tenemos que
liquidar una entidad, pero es la primera vez que se tiene que hacer por motivos distintos de la solvencia. Una entidad solvente en términos de un patrimonio contable positivo, pero inviable como consecuencia de un impacto reputacional brutal
asociado al incumplimiento de normas de conducta. Bueno, es una situación inusual, pero su consecuencia es muy clara: la entidad es inviable; y como la entidad es inviable, pues las autoridades públicas deben intervenir, creo que de la forma en
que lo hemos hecho.


Paso a abordar otros temas que se han planteado y con ello concluyo. Por lo que se refiere a la transparencia, señor Coscubiela, yo creo que efectivamente es lógico reclamar que el FROB sea lo más transparente posible. Francamente, el
hecho de que me diga usted que lo que he comentado aquí en gran parte es ya información conocida, me hace pensar que a lo mejor no lo hacemos tan mal y que por lo menos en el momento en que realizamos las distintas actuaciones, pues se lo
comunicamos a la opinión pública. Sinceramente, creo que en materia de transparencia intentamos ajustar la normativa y hacemos público aquello que podemos hacer público de acuerdo con la normativa vigente. Me parece que es lo mismo en el caso de
la Sareb, pero en todo caso, en los temas de la Sareb yo le recomendaría que le pregunte usted al responsable de esta sociedad cuando tenga ocasión de comparecer ante ustedes, pero creo, francamente, que es la misma política. En cuanto a viviendas
sociales, cuántas actuaciones con viviendas sociales ha hecho la Sareb, no tengo aquí el dato, desgraciadamente. Creo además, honestamente, que en su estatuto —usted sabe que la Sareb se crea por ley—, no tiene entre sus funciones motivo de interés
social. Por lo tanto, no se le puede juzgar en principio en función de si hace muchas actuaciones sociales o no. Creo que tiene problemas realmente para actuar de una manera distinta a lo que prevé la normativa. En todo caso, sí creo que la Sareb
ha hecho actuaciones, digamos, relevantes en este ámbito. No voy a anticipar un número, porque podría cometer alguna imprecisión. Las cuentas de la Sareb, en todo caso, sí son públicas, evidentemente ustedes pueden consultarlas. Me preguntaba
sobre cuál es la aportación del FROB a la Sareb. Son exactamente 2.192 millones de euros, que es el valor nominal de las acciones y la deuda subordinada en manos del FROB. En principio no ha habido quebranto de esta participación, por lo tanto
digamos que siguen siendo los 2.192 millones de euros y esperamos que si las cosas van como se recoge en su plan de negocio, pues que no haya quebranto adicional alguno para las arcas públicas en lo que se refiere a su participación en la Sareb.


Termino con los comentarios que se han hecho sobre la nueva normativa de resolución y la creación del Mecanismo único de resolución. Me parece que es difícil exagerar cuando se habla de la importancia que tiene para Europa y por lo tanto
para España la unión bancaria, cómo la puesta en funcionamiento del Mecanismo único de resolución es de una importancia absolutamente central, es realmente la pieza que nos va a permitir alcanzar el objetivo de que los depósitos, los instrumentos de
pasivo de todas las entidades financieras, tengan la misma valoración en cuanto a su riesgo con independencia de dónde estén localizadas. Yo creo que es algo muy positivo, es una buena noticia que se haya puesto en funcionamiento este año y que
esté completamente efectiva a partir del año que viene.


Hay una dotación de recursos prevista en la norma que se empezará a dotar a partir del año que viene. En el caso de España, en principio, nuestras previsiones son que las entidades financieras puedan contribuir a la creación de lo que sería
el compartimento nacional de este Fondo único de resolución, básicamente con una parte de las aportaciones que ya realizan al Fondo de garantía de depósitos. Pensamos en esos momentos en que con las aportaciones que realizan las entidades al Fondo
de garantía de depósitos puede cubrir las necesidades del propio fondo y puede alcanzar en una fecha relativamente

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próxima el patrimonio objetivo y al mismo tiempo contribuir al Fondo único de resolución, y sobre esa base vamos a trabajar, con independencia de que si las circunstancias cambian evidentemente ajustaremos nuestra estrategia al respecto.


En cuando al modelo que prevé la norma de reparto de las competencias de resolución —la parte preventiva para el Banco de España y la parte ejecutiva para el FROB—, he dicho antes en mi intervención que se trata de un compromiso que en
principio es exacto, que a veces puede funcionar. Es verdad —como decía el señor Moscoso— que es un esquema algo complejo y ciertamente algo inusual en Europa. Me parece que merece la pena intentarlo, creo que puede funcionar bien. Es verdad que
en España tenemos ya un FROB funcionando que ha adquirido mucha experiencia en materia del área ejecutiva de la resolución y debemos aprovecharlo. En todo caso, entiendo que en la exposición de motivos del proyecto de ley aparece la posibilidad de
una revisión una vez que se completen los programas de reestructuración y resolución. Es una buena invitación para que en la próxima legislatura el Parlamento revise el funcionamiento del FROB a raíz de las actuaciones que se realicen hasta
entonces y en razón de ello considere si tiene sentido o no mantener esta estructura, si tiene sentido o no acudir al cambio de esta estructura para introducir otra más acorde con la que en este momento prevalece en los países de nuestro entorno.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Restoy y muchas gracias a todos ustedes.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.