CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 734

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 51 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

14 de enero de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina), para informar sobre:


- Los reales decretos de aplicación de la reforma de la política agraria común. A petición propia. (Número de expediente 214/000123) ... (Página2)


- Los retrasos en la publicación de las normas relativas a los criterios de aplicación de la PAC en España, el contenido de las mismas y, en especial, las modificaciones introducidas para el reparto de las ayudas directas en lo relativo a la
comarcalización y a la definición de agricultor activo. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001779) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, va a dar comienzo la sesión número 51 con carácter extraordinario de esta Comisión con la comparecencia de la señora ministra, doña Isabel García Tejerina, a petición propia y para dar
respuesta a la petición del Grupo Parlamentario Socialista. Recuerdo a sus señorías que, según el Reglamento, primero interviene la señora ministra, luego los grupos que han solicitado la comparecencia -en este caso, el Grupo Parlamentario
Socialista-, y el resto de grupos aquí presentes, si lo desean, también tienen posibilidad de intervenir. El tiempo máximo del que dispondrá el Grupo Parlamentario Socialista según el Reglamento es de diez minutos, que serán administrados con la
habitual flexibilidad, es decir que puede ser algo más. A continuación, el resto de grupos tendrán un tiempo máximo de cinco minutos y, por último, va a cerrar el debate la señora ministra. Sin más dilación, señora ministra, puede comenzar su
exposición.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Señorías, comparezco nuevamente ante esta Comisión, en esta ocasión para dar cuenta de la publicación el pasado 20 de diciembre de los seis reales decretos
que permitirán la aplicación de la nueva política agrícola común en España. Con la aprobación de este paquete normativo culmina el intenso trabajo realizado por este Gobierno a lo largo de tres años, un trabajo que comenzó con el inicio mismo de la
legislatura, porque, pese a que la Comisión presentó sus propuestas legales en octubre de 2011 -un año antes, en noviembre de 2010, había presentado la comunicación con la que se inició formalmente el proceso de reforma-, lo primero que tuvimos que
hacer al llegar al Gobierno fue un análisis de impacto de las propuestas. Nos dimos cuenta entonces de las graves consecuencias que tendría la aplicación de las propuestas de la Comisión para la agricultura española. Nuestra inquietud fue
compartida desde el principio por las organizaciones agrarias y por las comunidades autónomas. Era mucho lo que estaba en juego. Por una parte, estaba en juego el presupuesto de la PAC, que se negociaba en paralelo, con el riesgo cierto y
anunciado de que se redujera drásticamente, y, por otra parte, sobre la mesa había una propuesta de reforma de la PAC de la Comisión que era contraria a los intereses de nuestro sector y suponía un cambio radical en el reparto de las ayudas.


Iniciamos entonces un proceso de diálogo y colaboración con las organizaciones agrarias y con las comunidades autónomas para lograr un acuerdo sobre la reforma de la PAC que fuera favorable para nuestra agricultura y para establecer en
primer lugar una posición común de la cual España carecía hasta entonces. Así, la conferencia sectorial de junio de 2012 aprobó una posición común ante las negociaciones comunitarias y marcó los siguientes objetivos prioritarios: mantener durante
el periodo 2014-2020 un apoyo presupuestario para el sector agrario español similar al del periodo 2006-2013; limitar los trasvases de ayuda entre beneficiarios, sectores y territorios y orientar los pagos hacia aquellos agricultores que practican
la actividad agraria. Para alcanzar estos objetivos iniciamos un intenso procedimiento de negociación en el ámbito comunitario que concluyó con el acuerdo político alcanzado entre el Consejo de Ministros de Agricultura y el Parlamento Europeo en
junio de 2013 y que a finales de septiembre cerró el trílogo y puso fin a las discusiones sobre la reforma de la PAC. Con este acuerdo logramos una reforma de la PAC con enorme flexibilidad que nos permitía fortalecer nuestro sector productor y
reforzar la vertebración de la cadena alimentaria. De forma paralela, tuvo lugar la negociación del marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020, en el que la prioridad española fue mantener la dotación prioritaria que la PAC asigna a
España a pesar de que estábamos en un marco general de reducción del presupuesto para el conjunto de la Unión Europea. Fruto de la negociación del Gobierno, España dispondrá de 37.705 millones de euros para ayudas directas, 8.291 millones de euros
para el desarrollo rural y más de 3.000 millones de euros para medidas de mercado, en total, 47.000 millones de euros de fondos comunitarios manteniéndose con estos fondos el nivel de financiación comunitaria que España ha venido percibiendo a
través de la PAC y garantizando con ello una parte muy importante de los ingresos del sector agrario hasta el año 2020. Ningún otro sector de la economía española tiene asegurado que vaya a recibir unos apoyos similares durante los próximos seis
años -siete con el pasado año 2014-, y que suponen de media un 30 % de la renta agraria. Nadie hubiera garantizado o apostado por el resultado alcanzado y que se consiguió porque el Gobierno desde el principio puso la política agrícola común entre
sus prioridades.


En el ámbito de la reforma de la PAC propiamente dicha, España consiguió cubrir sus principales objetivos, logrando entre otras muchas cosas la eliminación de la tasa plana obligatoria en 2020, que perjudicaba gravemente el mantenimiento de
la diversidad agraria de nuestro país, y la introducción en su lugar de un mecanismo de convergencia interna más progresivo, mucho más limitado. Se logró la

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posibilidad de poner un límite a la superficie agraria que se beneficiaba del pago básico para evitar así una reducción significativa del importe de la ayuda por hectárea, introduciendo en el sistema muchas hectáreas además que no tenían
vocación ni agrícola ni ganadera. Se logró la flexibilización de las prácticas medioambientales, del greening, teniendo en cuenta la particularidad de los cultivos permanentes como la vid, el olivo o los cítricos, tan importantes para nuestra
agricultura. Se logró el mantenimiento de un nivel adecuado de apoyo acoplado para aquellos sectores que afrontan especiales dificultades y la posibilidad de elaborar un programa nacional de desarrollo rural que en coexistencia con los programas
autonómicos pueda atender las necesidades de carácter supraautonómico; un ejemplo claro se encuentra en la integración cooperativa.


En el ámbito nacional los debates sobre el modelo de aplicación de la reforma de la PAC en España se iniciaron nada más finalizar las negociaciones en la Unión Europea, con el fin de acordar la aplicación en España y cómo utilizar la
flexibilidad lograda para esta nueva política agrícola común. Así, los días 24 y 25 de julio de 2013, un mes después del acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo, la Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural sentó las bases
para la aplicación de la reforma de la PAC en nuestro país. Dicha conferencia sectorial acordó que el modelo de aplicación de la PAC sería uniforme en todo el territorio nacional. De esta manera todos los agricultores y ganaderos tendrían las
mismas reglas de juego, no se distorsionaría la competencia entre ellos y se respetaría el mercado único. Este acuerdo se complementó posteriormente con nuevos acuerdos alcanzados por la conferencia sectorial los días 20 y 21 de enero de 2014, en
que se definieron cuestiones concretas en los ámbitos del agricultor activo, modelo de regionalización del pago básico y ayuda asociada a sectores con dificultades. El resultado de ambas conferencias sectoriales es el que se recogió en el bloque de
ocho reales decretos, que se lanzaron conjuntamente a consulta pública en julio de 2014. Dos de ellos, los relativos a organizaciones de productores en los sectores de frutas y hortalizas y tabaco, ya fueron publicados por el BOE de 22 de
noviembre. Paralelamente y tal y como establece la normativa de la Unión Europea, España comunicó oficialmente a la Comisión Europea sus decisiones en el ámbito del primer pilar de la PAC con anterioridad al 1 de agosto de 2014, fecha establecida
por la Comisión. Esta comunicación ha dado lugar a una revisión por parte de los servicios de la Comisión de los planteamientos hechos por España para adecuarlos a lo que establece la reglamentación comunitaria, fruto de lo cual se han adaptado
determinados aspectos concretos de los borradores de reales decretos. Las matizaciones de la Comisión se han referido fundamentalmente al diseño de las ayudas asociadas, al modelo de regionalización del pago básico y a la definición de agricultor
activo.


Con respecto a los pagos directos, de los seis proyectos de real decreto, cuatro de ellos conforman la base para la aplicación del sistema en España. De estos cuatro, el principal es el Real Decreto de pagos directos, por cuanto agrupa la
práctica totalidad de las ayudas directas de la Unión Europea, además de la ayuda nacional para los frutos de cáscara, y regula la solicitud, gestión y control de estas y otras ayudas de desarrollo rural. El término pagos directos agrupa varias
tipologías de ayudas agrarias, todas ellas estrechamente vinculadas. En este nuevo periodo, la estructura del sistema de pagos directos está constituida, en primer lugar, por el pago básico, que aglutina algo más de la mitad del presupuesto anual
de pagos directos para España, junto con los pagos vinculados al mismo, que son el pago por prácticas beneficiosas para el medio ambiente, conocido como greening, que es el 30 % del sobre nacional, y el pago para jóvenes agricultores, el 2 % de este
sobre. Todos estos pagos se conceden por hectárea de superficie agraria admisible y están desacoplados, es decir, no están vinculados a un cultivo o producción concreta.


Me voy a referir a algunos aspectos concretos de los requisitos y ayudas contenidos en este real decreto. En cuanto al pago básico regionalizado, en la negociación conseguimos que los criterios administrativos, criterios de potencial
agronómico regional y socioeconómico se pudieran combinar entre sí para poder regionalizar el pago básico, utilizando como base la comarca agraria y diferenciando las superficies en tierras de cultivos de secano y regadío y tierras de cultivos
permanentes y pastos permanentes. Quiero recordar que la propuesta de la Comisión obligaba a elegir solamente un tipo de criterios sobre la cual definir las regiones, y una de las cuestiones importantes para España logradas fue conseguir la
combinación de diversos criterios en la definición de regiones. Siguiendo las recomendaciones recibidas de la Comisión, finalmente las superficies se han agrupado en cincuenta regiones que están recogidas en el Real Decreto de asignación de
derechos, en cada una de las cuales solo se agrupa superficie de un mismo tipo, cultivos herbáceos, cultivos permanentes y pastos.

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Con respecto a las ayudas acopladas, haciendo uso de la potestad que el reglamento comunitario confiere a los Estados miembros, la Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural acordó por una muy amplia mayoría destinar un 12 % de
las ayudas a sectores con especiales dificultades, particularmente ganaderos, pero también a algunas producciones agrícolas como el arroz, los cultivos industriales -es decir tomate y remolacha-, o cultivos proteicos para la alimentación de ganado.
Estas ayudas están vinculadas a los sectores objetivo y se conceden por cada hectárea que se dedique a los cultivos apoyados o por cada cabeza de ganado, siempre que se cumplan determinados requisitos. Las ayudas al ganado ovino y caprino o al
vacuno de leche, por su gran vulnerabilidad, son las que han experimentado un mayor incremento, de un 324 % en el caso del ovino y caprino y de un 56 % para el vacuno de leche. La mitad del importe de la ayuda por vaca nodriza se incorpora en el
pago básico, mientras que el resto del importe se concederá a todas las vacas nodrizas. En los sectores agrícolas se concederán ayudas al arroz y al tomate de transformación, que antes no se recibían, y se incrementa también de forma importante la
ayuda asociada a la remolacha, en un 75 %, y esto es en una apuesta por el mantenimiento de la industria y del empleo ligado a estos sectores tan intensivos en España. De esta forma, las necesidades de todos los sectores han quedado cubiertas en la
reforma, bien a través de los pagos desvinculados de la producción o bien a través de las ayudas acopladas.


Por lo que se refiere al pago verde o greening, uno de los aspectos más relevantes conseguidos en la negociación de la reforma de la PAC ha sido que los cultivos permanentes puedan recibir esta ayuda sin cumplir ningún requisito adicional.
Este aspecto es especialmente importante para España, dada la dimensión de nuestros sectores del olivar y el viñedo fundamentalmente. Igualmente importante fue conseguir elevar los umbrales de aplicación de la diversificación de cultivos hasta 10
hectáreas para dos cultivos, 30 hectáreas para tres, pues el umbral inicial de 3 hectáreas, tres cultivos no se adaptaba a las condiciones de cultivo de los secanos áridos españoles. De la misma manera se introdujo un umbral de 15 hectáreas para
aplicar el requisito de dedicar un 5 % de las tierras de cultivo a superficies de interés ecológico e igualmente se consiguió que el barbecho pudiera computar como cultivo en el requisito de diversificación y como superficie de interés ecológico y
que el requisito de control de la reducción de la superficie de pastos se pudiera comprobar a nivel nacional en lugar de hacerlo individualmente. Se logró que el pago verde pudiera ser proporcional al pago básico de manera que la suma de ambos sea
lo más parecido posible al actual pago único. Con todo esto agricultores y ganaderos podrían recibir este nuevo pago en la mayoría de los casos sin pérdida de competitividad, es decir, sin perder rentabilidad en sus explotaciones.


Con respecto al agricultor activo y la actividad agraria, los beneficiarios de las ayudas a partir de este año deberán ser agricultores activos, es decir, a partir de 2015, para recibir las ayudas de la PAC, al menos el 20 % de sus ingresos
agrarios deben proceder de lo que los agricultores o ganaderos obtienen por sus productos en los mercados. Con ello garantizamos que quien recibe las ayudas es el que corre con el riesgo empresarial de la explotación agrícola o ganadera. Los
beneficiarios que no cumplan esta regla del 20 % podrán recibir ayudas, pero serán objeto de control y deberán demostrar que asumen directamente el riesgo empresarial derivado de su actividad mediante la acreditación de los gastos en los que
incurren y demostrando que realizan una actividad anual de producción o mantenimiento en sus tierras. Serán en todo caso excepcionalidades, de manera que la regla general, es decir, la de los que cumplen el 20 % de ingresos de la agricultura, será
la mayoría.


Nuestra apuesta para que las ayudas de la PAC la reciban agricultores activos, explotaciones con actividad, no se acaba aquí. Solo se asignarán derechos de pago básico sobre superficies de pastos a los ganaderos. Tan solo con esta medida
evitaremos que se cobren ayudas por centenares de miles de hectáreas sin actividad ganadera, como ha venido sucediendo estos últimos años. Por primera vez se exigirá que todas las explotaciones agrarias estén registradas, incluidas las agrícolas.
En breve plazo se someterá a aprobación del Consejo de Ministros el real decreto por el que se crea el registro de explotaciones agrícolas. Ahora ser beneficiario de la PAC implicará ser también titular de la explotación, con todo lo que ello lleva
consigo. Por primera vez se han definido las actividades concretas de mantenimiento anuales sobre la superficie declarada cuando no se declare un cultivo, de manera que se pueda controlar de forma efectiva si estas actividades de mantenimiento se
llevan a cabo o no. Para las superficies de pastos se ha establecido una carga ganadera mínima acordada en conferencia sectorial; en caso de no alcanzarse se ha definido qué actividades concretas deben realizarse para acreditar actividad sobre
estas superficies. Se han definido criterios concretos para considerar cuándo una superficie está abandonada, de manera que no puedan cobrarse ayudas en este caso. Se ha establecido como

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criterio de riesgo de abandono de superficies el que una misma parcela se declare durante tres años o más en barbecho o que una superficie de pasto se declare mantenida sin pastoreo. Con los reales decretos publicados se han sentado las
bases legales para que nadie pueda cobrar las ayudas de la PAC sin tener actividad en su explotación y se ha hecho ahora, con este Gobierno. Hemos regulado y aprovechado todos los resortes disponibles, adaptando los reales decretos a los requisitos
establecidos por la Comisión para que solo reciban ayudas de la PAC aquellas explotaciones que realmente están desarrollando una actividad económica.


En cuanto a la ayuda a los jóvenes agricultores, hemos conseguido dar un paso muy importante para estimular la incorporación de estos a la agricultura. Hay más PAC para los jóvenes. Los jóvenes agricultores, los que en el momento de la
solicitud de ayuda no tengan más de cuarenta años, recibirán derechos de pago básico gratuitos de la reserva nacional y un complemento de pago durante cinco años, al que se podrán destinar hasta 98 millones de euros. En definitiva, esta apuesta
supone un esfuerzo por parte de todos los agricultores y ganaderos, pues se destinarán hasta el 2 % de las ayudas directas del sobre común, que se detraerán en beneficio de los jóvenes. Así se acordó en julio de 2013 en conferencia sectorial y así
lo han solicitado también todas las organizaciones profesionales agrarias. Además, las comunidades autónomas, a través de sus programas de desarrollo rural, podrán conceder ayudas a la primera instalación de agricultores, a las que se dedicarán 481
millones de euros, esto es el 5,5 % de los fondos Feader. Igualmente, las ayudas para utilización de asesoramiento, que en el caso de los jóvenes agricultores pueden resultar muy útiles, ascenderán a 106 millones de euros, lo que supone un gasto
del 1,3 % del Feader asignado a España. Durante los últimos siete años, 2007-2013, 10.000 jóvenes se incorporaron a nuestro sector agrario. Nuestro objetivo es incrementar esta cifra en un 50 % al menos para los próximos siete años.


Con respecto al régimen de pequeños agricultores, se implantará de oficio, salvo renuncia expresa del agricultor, un régimen, el régimen simplificado, y esto facilitará tanto al beneficiario como a la Administración la tramitación de
solicitudes de menos de 1.250 euros de ayudas anuales.


Para la puesta en marcha del sistema de pago básico en 2015 se hace imprescindible la asignación de nuevos derechos de pago a los agricultores y ganaderos. El Real Decreto sobre asignación de pago básico regula las condiciones que deben
cumplir los agricultores con el fin de poder participar en el sistema de pago básico, que representa, como dije al principio, el mayor presupuesto del conjunto de las ayudas de la PAC y que es la llave de entrada para el resto de las ayudas
desacopladas asociadas a este pago básico, que son el pago verde y el pago para jóvenes. El real decreto también regula el establecimiento y gestión de la reserva nacional de derechos de pago básico. Su fin es garantizar una mejor distribución de
la ayudas entre las tierras agrícolas, pasando de los derechos de pago único obtenidos en virtud de los anteriores reglamentos a los nuevos derechos a asignar a partir de 2015. Para ello se establece la base territorial de las cincuenta regiones en
las que queda dividida la superficie agraria española y la asignación presupuestaria correspondiente a cada una de ellas.


Entre los principales aspectos que regula está la regionalización. La normativa de la Unión Europea permite el establecimiento de regiones en el plano nacional con objeto de reflejar la realidad agronómica, administrativa y socioeconómica
de la agricultura española. En España las regiones se establecen agrupando las diferentes orientaciones productivas comarcales -herbáceos, cultivos permanentes o pastos- con un potencial agrario y regional semejante, con base a su vez en tres
criterios establecidos en el reglamento comunitario -administrativo, agronómico y de potencial productivo regional-. Se trata de establecer un modelo uniforme de aplicación de la PAC en todo el territorio nacional, con base en la competencia del
Estado para establecer la planificación general de la actividad económica, apoyado en los acuerdos alcanzados en conferencia sectorial.


Respecto a la asignación de los nuevos derechos de pago, como norma general se asignarán tantos derechos como hectáreas admisibles estén a disposición del agricultor en 2015, siempre que dicho número sea igual o menor al de la solicitud de
ayudas de la campaña 2013, que actuará como tope máximo. El cálculo del valor inicial de los nuevos derechos de pago básico se establecerá como un importe en euros por hectárea sobre la base de los pagos percibidos en la campaña 2014 por el
beneficiario y el número de derechos que se asignen en la campaña 2015.


Con respecto a la convergencia, frente a la convergencia total que pedía la Comisión, la conferencia sectorial acordó emplear los límites a esta convergencia que permiten los reglamentos. Se trata, por tanto, de evitar que los valores por
hectárea de los derechos de pago básico de cada agricultor disten mucho de su correspondiente media regional, como pedía la Comisión, pero que alcancen el objetivo final de

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aproximar las ayudas individuales hacia dicha media. Este mecanismo de aproximación establece que ninguno de los derechos de pago en 2019 tendrá un valor inferior al 60 % de dicho valor medio. Además, los derechos con valores entre el 60 %
y el 90 % de dicha media se aproximarán parcialmente al citado 90 %. Los agricultores con valores unitarios superiores a la media regional financiarán este aumento de valor de los derechos mediante una reducción progresiva del valor de los suyos
hasta 2019. En ningún caso la reducción será superior al 30 % del valor inicial en 2015 ni ningún agricultor que se encuentre por encima de la media quedará por debajo de esta.


Con respecto a la reserva nacional, para facilitar el acceso a este régimen de ayudas a los jóvenes agricultores y a otros agricultores que comienzan su actividad agraria, está también regulada y se incluye la cesión de derechos entre
agricultores en el caso de compraventas, arrendamientos, herencias, etcétera.


Los reales decretos dedicados al Sigpac y a la condicionalidad tienen carácter transversal, pues son de aplicación general a todos los pagos y vienen a actualizar los reales decretos que se encuentran actualmente en vigor sobre las mismas
materias. El Sigpac se ha implantado en 2015 como una base de datos que contiene una imagen cartográfica digitalizada de todo el territorio nacional compuesta por ortoimágenes aéreas y una delimitación geográfica de cada parcela del terreno con su
referencia individualizada, así como los atributos correspondientes a su geometría y uso agrario. Es una herramienta clave en el control administrativo de las ayudas basadas en la superficie, pues contiene las referencias geográficas de todas las
superficies cultivables y pastos con derechos a ayuda en España, de manera que no es posible solicitar ayudas por una superficie que no esté previamente registrada en el sistema ni solicitar una ayuda por una superficie mayor que la asignada por el
Sigpac. Por tanto, el buen funcionamiento del sistema de identificación de parcelas es clave para garantizar que los pagos vinculados a la superficie se realizan con arreglo a los reglamentos comunitarios que regulan dichas ayudas y sus
correspondientes reales decretos de aplicación en España.


En cuanto a la condicionalidad, se establecen en detalle los requisitos a cumplir para percibir la mayoría de los pagos de la PAC. La mayor parte de los pagos se vincula al cumplimiento de ciertas normas en los ámbitos medioambiental y
agrario, y en caso de incumplimiento, además, se imponen penalizaciones en forma de reducción o exclusión total o parcial de la ayuda. Estas condiciones son de dos tipos: los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales de la tierra. Los pequeños agricultores que participen en el régimen simplificado quedan exentos de la comprobación de los requisitos del sistema de condicionalidad.


Con el Real Decreto relativo al programa de apoyo al sector vitivinícola se introduce una medida específica para el apoyo a la innovación, para el desarrollo de nuevos productos relacionados con el sector del vino o nuevos procesos y
tecnologías a través de inversiones tangibles o intangibles y para la transferencia del conocimiento o estudios piloto. Se introduce igualmente el apoyo a las replantaciones de viñedo que por cualquier causa de índole sanitaria ha sido necesario
arrancar. También se incluye una medida preventiva ante posibles perturbaciones de mercado, como es la posibilidad de activar una medida de cosecha en verde de la uva para su retirada del mercado, aunque esta medida ya era posible, se podía haber
aplicado antes de la reforma de la PAC. Por otra parte, también en relación con el sector del vino y la reforma de la PAC, durante el primer semestre de 2015 desarrollaremos el marco legal que permita la transición del sistema actual de derechos de
replantación de viñedos al sistema de autorizaciones que se aplicará desde 2016 a 2030.


No quiero dejar de citar la parte de la reforma de la PAC que se refiere a las medidas de regulación de los mercados agrarios. Como he dicho antes, en noviembre se publicaron los reales decretos que permitirán el reconocimiento de las
organizaciones de productores de tabaco crudo, así como las modificaciones introducidas en la reforma de la PAC en lo relativo al reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Durante este año 2015 completaremos el
marco legal que permita la creación de organizaciones de productores en los sectores para los que se han manifestado demandas concretas con un especial interés y en los que esta figura organizativa jugará un papel claro en la mejora de la producción
y la comercialización.


El Real Decreto de coordinación de autoridades de gestión en desarrollo rural recoge una de las novedades introducidas por España en la reforma de la PAC, al amparo de la cual existirá una autoridad nacional de coordinación de las
autoridades de gestión de manera que sea posible coordinar más eficazmente las actuaciones de las administraciones que intervienen en la elaboración y en la ejecución de los programas de desarrollo rural, asegurando su coherencia y la interlocución
con las autoridades comunitarias. Para mejorar la coordinación se han reformulado órganos de participación ya existentes en

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el periodo de programación 2007-2013. Este es el caso de la creación de un órgano colegiado nuevo: el comité de coordinación de las autoridades de gestión. Entre sus funciones destaca como novedad acordar los trasvases entre los programas
que procedan para conseguir un óptimo aprovechamiento de los recursos existentes y evitar la pérdida de fondos Feader en caso de que no se vayan a poder ejecutar en los plazos que la Comisión determina.


Por último y con el fin de intentar solventar los problemas encontrados en anteriores periodos de programación, en el real decreto se precisan los puntos de conexión para la presentación de solicitudes y la tramitación para los casos en que
se den operaciones en explotaciones cuyo ámbito territorial supere al de una comunidad autónoma. Además de lo señalado anteriormente, para la aplicación del desarrollo rural en España en 2014-2020 se dispondrá de los siguientes elementos de
programación: diecisiete programas regionales de desarrollo rural con sus correspondientes autoridades de gestión, una por comunidad autónoma, con una asignación total de 8.053 millones de euros Feader. Estos programas se presentaron a la Comisión
Europea en julio de 2014. Se añade como novedad en este periodo un programa nacional con una dotación de 238 millones de euros de Feader. Este programa incluye actuaciones de interés nacional que exceden del ámbito autonómico, así como otras que
son competencias de la Administración General del Estado. Estas medidas son el fomento de la integración asociativa agroalimentaria, la red plural nacional, la asociación europea para la innovación, la cooperación para la dinamización de la
industria agroalimentaria, la creación de agrupaciones y organizaciones de productores, inversiones en infraestructuras de interés general para transformaciones en regadío y modernización de infraestructuras supraautonómicas, inversiones en caminos
naturales de carácter supraautonómico, actuaciones de prevención de incendios, actuaciones de restauración y seguimiento de daños producidos por grandes incendios forestales y conservación y promoción de recursos genéticos forestales. Este programa
nacional fue enviado a Bruselas el 21 de julio de 2014.


Por otro lado, se establece un marco nacional de desarrollo rural consensuado con las comunidades autónomas que contiene elementos comunes para las medidas de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias, agroambiente y
clima, agricultura ecológica, zonas con limitaciones naturales, medidas forestales, inversiones en explotaciones agrarias, infraestructuras públicas de regadíos y en transformación y comercialización, instalación de jóvenes, innovación y estrategia
Leader. Este documento de programación establece también disposiciones comunes para la adhesión voluntaria a un instrumento financiero plurirregional, así como un mecanismo de transferencia de fondos entre programas en el caso de aquellos PDR que
se puedan encontrar con problemas de ejecución y, por tanto, para evitar el riesgo de pérdida de fondos. El marco nacional se presentó a Bruselas el 4 de julio de 2014, enviándose el 18 de diciembre una segunda versión oficial donde se da respuesta
y se recogen las observaciones realizadas por la Comisión.


Tanto el marco nacional de desarrollo rural como el programa nacional de desarrollo rural tendrán en cuenta lo establecido por los apartados 3, 4 y 5 del artículo 12 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre la titularidad compartida de las
explotaciones agrarias. El objetivo del Ministerio de Agricultura es continuar trabajando intensamente en la puesta en marcha de todos los mecanismos y elementos a los que me he referido anteriormente con el fin de que los programas de desarrollo
rural estén aprobados en el primer semestre de 2015. Una vez que comience su aplicación, los esfuerzos del departamento se centrarán en conseguir que los programas se ejecuten de manera eficaz con el máximo aprovechamiento de los recursos
comunitarios y los mejores resultados en el territorio y para la población rural.


De la exposición anterior se deduce la gran trascendencia de estos seis reales decretos y de los dos previamente aprobados en el mes de noviembre. La fecha de 1 de enero de 2015 es el plazo marcado para la plena entrada en vigor de la
reforma de la PAC en toda la Unión Europea. Quiero recordar que las disposiciones de regulación de mercados entraron en vigor en el año 2014, que ha sido un año de transición. Con la aprobación de estos reales decretos se completa el marco
regulatorio para la aplicación de la reforma de la PAC en España, reforma y marco regulatorio que aportarán seguridad jurídica y estabilidad al sector agrario español para que pueda planificar su actividad durante los próximos años. Con la
aprobación de estos reales decretos en el mes de diciembre, se cumple con el calendario de la reforma acordado también en conferencia sectorial, como hemos venido haciendo desde el primer día de la legislatura. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el Grupo Socialista, su portavoz don Alejandro Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Agradezco en primer lugar la comparecencia de la ministra y comienzo mi intervención recordándole que hace tan solo unos días -y usted comparece hoy- hemos conocido a través de los servicios del ministerio los datos
adelantados de renta agraria. Estos datos nos confirman que en este último año la renta agraria en España va a caer un 7,1 %, situando estos datos de renta agraria en los umbrales del año 2000. Le recuerdo esto porque siempre que el Grupo
Socialista y otros grupos les hemos hecho crítica a usted o a su antecesor, o a sus decisiones, nos han contestado siempre echándonos en cara los leves crecimientos de renta agraria habidos en los dos últimos años. Por eso, como preámbulo de esta
intervención, señora ministra, espero que ahora, que usted anuncia un recorte de renta agraria de más del 7 %, tenga la honestidad de reconocer su fracaso. Según el informe de su ministerio, la renta cae porque se está produciendo una caída
espectacular de los precios percibidos por los agricultores en la mayoría de los productos agrarios de más trascendencia en este país. Por tanto, señora ministra, señores del Partido Popular, si cuando sube la renta agraria es mérito del Partido
Popular, cuando baja, lo lógico, lo serio, lo honesto es reconocer los errores y, sobre todo, dejar de echarle la culpa al maestro armero.


Pero vayamos al tema de hoy. Después de meses de debates, de negociaciones, el pasado 19 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó los reales decretos de aplicación de la PAC; ocho reales decretos que hoy ha tenido la ministra la
gentileza de analizar. Pero, antes de entrar en el fondo del asunto, señora ministra, quiero formularle un par de preguntas. ¿Usted cree, señora ministra, que es serio esperar al último minuto, al último Consejo de Ministros del año para anunciar
las medidas más importantes de la política agraria? ¿No hubiera sido más lógico anunciarlas con unos meses para que los agricultores y ganaderos pudieran hacer un análisis y, sobre todo, una digestión de esos cientos de folios en ocho reales
decretos de unas medidas que están siendo aplicadas a agricultores que ya habían tomado incluso decisiones de siembra meses antes? En cualquier caso, señora ministra, dígame, ¿no estaban engañando a los agricultores cuando nos decían hace meses que
el modelo estaba cerrado, pero que no se hacía público para evitar operaciones especulativas? Señora ministra, o estaba cerrado o no, o, por lo que hemos sabido posteriormente, es que estaba pendiente de aprobación por Bruselas -como usted ha
señalado en su intervención ligeramente- y finalmente han tenido que rectificar en el último momento. La realidad es que lamentablemente hemos podido confirmar nuestros peores augurios y creemos que esta estrategia de esconder la decisión hasta el
último minuto nos lo ha certificado.


Señora ministra, le tengo que decir con carácter previo que en el Grupo Socialista consideramos que esta reforma, que este modelo que usted hoy ha presentado, no es la reforma de la PAC que España necesita. Ustedes han defraudado todas las
expectativas. Esta es una reforma que quizá le pueda venir bien a algunos agricultores españoles, digo bien, a algunos agricultores españoles, especialmente a los grandes propietarios de tierras de este país, pero esta no es la reforma que
esperaban y necesitaban los agricultores profesionales de España, y ustedes han perdido una gran oportunidad, señora ministra. Han perdido la oportunidad que los reglamentos comunitarios por primera vez en la historia permitían para eliminar las
injusticias del modelo anterior, y podrían haber diseñado una nueva política agraria al servicio de los intereses generales del país, que no pueden ser otros en este momento que dar prioridad absoluta a la actividad y al empleo, y su modelo no
contribuye a ese objetivo. Ahora ya todos en el Grupo Socialista, también los agricultores, las organizaciones profesionales, están pensando en la inminente, en la próxima revisión intermedia de la PAC, la que habrá que hacer y que afortunadamente
no va a ser negociada ni llevada adelante por el actual Gobierno. Ustedes han realizado un proceso de negociación para determinar el modelo español, que yo tengo que calificar de calamitoso, plagado de mentiras y con un resultado absolutamente
decepcionante para cualquier analista que se acerque a estudiar el resultado.


Todo este proceso comenzó -y hoy lo ha mencionado vagamente- con una campaña mediática perfectamente orquestada, anunciando el éxito del Gobierno español, que había conseguido más recursos para financiar la política agraria europea. La
consigna era: Hemos conseguido más dinero y que nadie se preocupe aquí que nadie va a perder nada. Esta fue la primera mentira que ya los agricultores han confirmado; era una mentira porque cada vez cobran menos y se temen, esperan
lamentablemente, el tijeretazo final, que es el que va a haber como consecuencia de estos reales decretos. Usted sabe, como sabía desde el primer momento, que los recursos económicos iban a disminuir, aunque la cifra es

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importante, y eso hay que reconocerlo; con las últimas decisiones que ustedes están tomando, ya sabemos que habrá más recortes, nuevos recortes, y que han decidido aplicarlos fundamentalmente en Andalucía.


No le oculto, señora ministra -usted lo sabe, se lo trasladarán sus colaboradores-, que hay una gran incertidumbre en el sector. Son ocho reales decretos con una legislación tremendamente complicada, por tanto, hay una gran incertidumbre en
este momento en cuanto a la asignación de los nuevos derechos. Lógicamente, los agricultores quieren saber cuanto antes cuáles son las cantidades que van a cobrar por hectárea en su explotación tras la asignación, la inclusión en estas nuevas
cincuenta regiones. Por tanto, usted debería resolver hoy esa incertidumbre en la que están los agricultores. Usted dice que esto es muy bueno y nosotros, muy malo, pero lo que hay que hacer es resolver esto cuanto antes. La gente quiere saber
cuánto va a cobrar y solo puede saberlo cuando pueda comparar lo que cobraba con lo que cobrará con el nuevo modelo. Con su diseño -donde incorporan algunas especificaciones como que habrá criterios objetivos y no discriminatorios, no aclarando el
real decreto cuáles serán- creo que la incertidumbre permanecerá. Teniendo en cuenta el objetivo prioritario inicial en el que insistió hasta la saciedad su antecesor y todos sus colaboradores de que no iba a haber trasvase de fondos ni entre
agricultores ni entre territorios, señora ministra, le pregunto ¿puede asegurar hoy que esto va a ser así? ¿Puede asegurar hoy, conforme prometieron y dijeron en mítines y reuniones, que con el nuevo sistema ningún agricultor va a percibir menos
ayudas que con el anterior?


Esto con carácter general, pero entrando en temas concretos de su diseño, me gustaría formularle algunas preguntas respecto de algunos elementos que son fundamentales. En primer lugar, y en relación con el agricultor activo, usted nos dice
que la Comisión les ha obligado a cambiar la decisión inicial. Pues poco pintan en Bruselas. ¿No eran ustedes los reyes del mambo en Bruselas, los que más mandaban, donde hacían lo que ustedes querían? Pues la Comisión les ha cambiado el diseño
de agricultor activo, que es un tema esencial, y lo ha hecho en el último minuto, señora ministra. No sé a qué obedece esa decisión porque la definición que habían hecho era poco o nada comprometida. La realidad es que, desde mi punto de vista, la
situación queda bastante confusa y da la sensación de que con el nuevo sistema va a caber casi todo. Es increíble, señora ministra, que aquello que se dio por cerrado hace casi un año, que se ha pregonado desde entonces como definitivo y que ha
obligado a numerosos agricultores a tomar decisiones para adaptarse, resulta que ahora, como consecuencia de una pésima negociación de su responsabilidad, tenga que cambiar. Señora ministra, ¿qué van a decirles a los agricultores, a los que dijeron
que era obligatorio para poder cobrar el pago básico que al menos el 20 % de los ingresos agrarios no procediera de las ayudas? ¿Qué les van a decir? Dígales algo porque, sinceramente, les han engañado. Les dijeron que la definición estaba
cerrada, estaba aprobada por Bruselas y ahora se la cambian. Parece necesario que nos aclare también, señora ministra, a cuántos agricultores beneficia esto y cuánta superficie nueva se incorpora tras la modificación. A bote pronto, la conclusión
que sacan los agricultores es que, si algunos van a poder incorporar y cobrar más por más hectáreas, la media de la región bajará. Pero no sé si esto es una interpretación acertada.


Segundo tema, año de referencia. Han decidido tener como año de referencia 2013 y no 2011, como establece el Reglamento comunitario. También convendría saber, y le pregunto, a quién beneficia esta decisión. No cabe duda de que a los que
tienen la posibilidad de tener tierras para incorporar al sistema. Yo le pregunto, señora ministra, ¿usted cree que algún agricultor profesional tiene o tenía tierras que no ha declarado en los últimos años antes de 2011? ¿No cree, señora
ministra, que esta decisión solo ha beneficiado a aquellos agricultores que tienen información privilegiada, podría decir -y no la estoy acusando de nada-, y que sabiendo que el Gobierno está dudando en adoptar una u otra decisión han seguido
incorporando tierras al sistema, lógicamente, a su beneficio?


Tercer tema, Plan de regionalización. También le han cambiado en Bruselas un tema que ustedes daban por cerrado -sería bueno que usted nos lo facilitara, no sé si nos lo puede facilitar hoy o se podría comprometer a remitir al Congreso un
análisis más minucioso de los efectos que tiene esta modificación- como es el de pasar de 24 a 50 regiones. En este tema me interesa un asunto que ha derramado ríos de tinta en los últimos meses. Usted sabe mejor que yo que los agricultores de
algunas regiones, como por ejemplo los de Teruel -quizá el compañero de Izquierda Unida haga alguna referencia a este tema-, pero también los de Extremadura, quizá los del Partido Popular, o de Huelva o de Ciudad Real, mi región, solicitaban cambios
en la asignación inicial, dónde se incorporaba, en qué regiones estaba. Lógicamente, en función de que estuvieran en unas o en otras cobraban más o menos. Mi pregunta es sencilla, y me gustaría que me contestara. ¿Qué cambios, de los que han sido
objeto de debate en los medios de comunicación, de los que le han solicitado, ha aceptado y cuáles no? Le anuncio, señora ministra, que a

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mí lo que me llega, que no tiene por qué ser cierto, es que hay algunos cambios sospechosos -y lo pongo entre comillas- especialmente en Extremadura. No sé si el señor Serrano, mi compañero del Partido Popular lo sabe, pero se habla de
cambios sospechosos. Por tanto, le rogaría que nos diga si ha aceptado todos los cambios que se solicitaban o solo ha aceptado algunos, que ya digo que se llaman cambios sospechosos en la asignación a determinadas regiones.


El cuarto tema, señora ministra -y voy a ir terminando-, es el techo de ayuda. Los reglamentos europeos permiten establecer techos o limitaciones en los montantes de ayudas a cobrar por un agricultor. Las cantidades obtenidas por este
sistema de limitación se destinan a políticas de desarrollo rural. La pregunta es sencilla, señora ministra: ¿usted ha querido establecerla o no? Porque si dice que algunas comunidades no querían y estas eran mayoría, creo que este es un tema de
política agraria. Le pregunto: ¿por qué no ha querido, si es que ha querido, establecer topes y hacer una distribución más justa de las ayudas?


El quinto tema es el de las ayudas acopladas. En este tema, señora ministra, me parece incomprensible, cuando ha estado trabajando todo el mundo en España, en Bruselas, para conseguir elevar el tope de las ayudas acopladas hasta el 15 % que
ustedes finalmente, por una decisión que nadie comprende, lo dejen en el 12 % y dejen fuera peticiones, propuestas de incorporación al sistema de ayudas acopladas a cultivos o a producciones que están en riesgo de rentabilidad en este momento. ¿Por
qué no ha aceptado las propuestas que tiene encima de la mesa de algunas comunidades autónomas, de algunas organizaciones profesionales agrarias de incorporar nuevos cultivos y producciones como, por ejemplo, el olivar de baja producción o el olivar
en pendiente para utilizar la totalidad del 15 % de margen que le ha dado la Unión Europea?


El sexto tema es el de los jóvenes. Usted dice que han hecho un gran esfuerzo; yo creo que han hecho una escasa apuesta por la incorporación de jóvenes. Creo que las posibilidades que dan los reglamentos comunitarios podrían haber llevado
la política de incorporación a asumir más compromisos. Su diseño es cicatero, señora ministra, mucho discurso, pero, desde mi punto de vista, poco compromiso. Por esto también le quiero preguntar en este sentido por qué no han llegado al máximo.
Por último, le preguntaría por qué no ha querido, o por qué no lo ha hecho, establecer en España una ayuda a zonas con limitaciones naturales.


Se me acaba el tiempo, ya lo he consumido suficientemente, señor presidente. Hay dos compromisos finales sobre los que me gustaría que me contestara. ¿Cuándo va a realizar la primera asignación de derechos, señora ministra? ¿Puede
comprometer una fecha? ¿Será esa fecha anterior al 24 de mayo del presente año o será después? En segundo lugar, ¿en qué fecha tiene previsto realizar el primer pago? En esa misma línea, ¿habrá un pago o dos pagos de la nueva PAC? ¿En qué fecha
se compromete a realizar los primeros pagos de esta política europea?


No sabía que la ministra iba a hacer una intervención en relación con el tema del desarrollo rural. Creo que el tema es lo suficientemente importante como para que lo debatamos, pero, señora ministra, le transmito mi preocupación. Hemos
conocido los escritos de Bruselas que, desde mi punto de vista, son de enmienda de totalidad; algunas comunidades autónomas han recibido documentaciones de cuarenta y tantos folios de observaciones. El tema es grave, el tema no es para plantearlo
así como así, creo que hay un retraso muy importante. En algunos casos, además, se acusa por parte de la Comisión de falta de participación en la elaboración de los programas de desarrollo rural, cosa que no puede resolverse con contestar el
escrito de la Comisión. En cualquier caso, le transmito mi preocupación, que creo que es general en relación con estos temas. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)


De menor a mayor, tiene la palabra don Joseba Agirretxea por el Grupo del PNV.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señora ministra, bienvenida, feliz año. La primera comparecencia que tenemos de un representante del Gobierno en este año es la suya. Evidentemente, creo que viene al caso porque hacía tiempo que no teníamos
la posibilidad de compartir opiniones, criterios, críticas y cuestiones relativas a la materia agraria, aunque en este caso me voy a centrar en el tema de la PAC, porque tampoco tenemos más tiempo y creo que ya lo tendremos para tratar otra serie de
cuestiones más amplias en torno a la agricultura.


En esta cuestión, en nombre de mi grupo, yo diferenciaría dos fases, algo que le he reiterado en otras ocasiones también. Por un parte, está la negociación previa, es decir, la fase que el Estado español negoció en Bruselas a partir de
ciertas reuniones, planteamientos y criterios que se establecieron con las

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comunidades autónomas, pero sobre todo la negociación llevada a Bruselas, es decir, lo que se consiguió en Bruselas, de lo cual yo le dije desde un principio que mi grupo estaba notablemente satisfecho o no tenía excesivas críticas que hacer
al resultado de aquella primera negociación. Hay una segunda parte, después de lo que negocia en Bruselas y consigue que Bruselas le dé al Estado español, cuando el Estado español es el que tiene que repartir entre las diferentes comunidades
autónomas que cohabitan en el Estado español es cuando surge nuestra gran crítica porque no estamos de acuerdo para nada en los criterios que ha utilizado el Gobierno. No solamente lo dice mi grupo, sino que el Gobierno vasco, que al fin y al cabo
es a los ciudadanos a los que yo represento, claramente se lo ha dicho y le ha dicho por qué, se lo ha dicho muchas veces y ustedes no sé por qué no han querido escuchar algo que es lógico, algo que es claramente acertado y que tiene razón de ser.


Siempre hemos exigido respeto máximo al marco competencial y el establecimiento de un modelo de aplicación de la reforma de la PAC en el Estado que respete las competencias legislativas, ejecutivas y de gestión que en este caso tiene
Euskadi. Otras comunidades autónomas creo que también las tienen, algunas igual no tienen tantas porque sus estatutos no se lo permiten y otras porque les es más cómodo que sea el Gobierno central el que las maneje, allá ellos. En ese sentido, en
el caso de Euskadi, lo digo claramente, no estamos dispuestos a aceptar o no creemos que eso sea aceptable en absoluto. Creo que esta competencia se ha usurpado a Euskadi y Madrid ha aprobado una propuesta con un modelo de gestión de política
agraria común en el Estado muy centralista y muy uniformizadora. Esto no es casualidad; su predecesor incluso lo decía públicamente cuando hacía sus intervenciones, su objetivo de que la agricultura de alguna manera vertebrara país, vertebrara
nación, vertebrara ese concepto que él tenía de uniformización en el sentido de una única nación. Independientemente de que sea un criterio político que yo no comparto en absoluto, lo que no se puede hacer es saltarse la ley, y si la ley dice que
las competencias son de quien son, pues las competencias son de quien son. Por lo tanto, muchas veces se ha criticado esta manera de trabajar y lo volvemos a hacer.


En cuanto al primer pilar -brevemente, porque creo que solo tengo cinco minutos-, quiero decirle que en el caso de Euskadi es el paquete de fondos más importante que llega. Solo en pagos directos, anualmente se destina a nuestro sector un
total de unos 52 millones de euros, que son íntegramente financiados por Bruselas. Siempre hemos defendido el cambio de modelo existente y que hay que reorientar estas ayudas hacia los agricultores más profesionales y hacia aquellos sectores que
están atravesando mayores dificultades. El Gobierno central ha seguido un planteamiento conservador y ha optado por café para todos; un enfoque que nos preocupa por el impacto que puede provocar en determinados sectores ganaderos y, en especial,
para el sector de vacuno de leche. En ese sentido, es denunciable -otro compañero que me ha precedido en el uso de la palabra lo ha hecho, no sé si por los mismos motivos o no- cómo se ha adoptado finalmente la consideración de agricultor activo
para poder recibir las ayudas directas. Al final, todos los agricultores, independientemente de que vendan o no parte de la producción, van a poder recibir ayudas si demuestran que asumen el riesgo empresarial de la actividad. Toda esta historia
de negociación, al final, se ha reducido a aquello que decía Lampedusa de que ha de cambiar todo para que todo siga igual; pues algo así ha sucedido. Pero, según parece, este cambio de criterio a última hora es debido a una imposición de Bruselas.
La pregunta es: ¿Por qué Bruselas es capaz de imponer esto? O no ha habido margen o no ha habido capacidad de negociación. Nos tendrá que explicar por qué Bruselas ha sido capaz de imponerse en este criterio, cuando ustedes habían dicho que
habían negociado tan bien los reglamentos comunitarios.


Otra cuestión a denunciar es la referente a los continuos cambios de criterio establecidos, no voy a decir que para perjudicar a algunas comunidades autónomas -no voy a decir eso-, pero sí que es para favorecer a algunas en perjuicio de
otras, evidentemente. A título de ejemplo cita el cambio de planteamiento que ha tenido el ministerio en cuanto a las ayudas acopladas de vacuno de leche en apenas medio año. El borrador de junio establecía una ayuda acoplada que en zonas de
montaña alcanzaba los 160 euros por animal, frente a los 54 euros por animal en zonas normales; y en el último borrador que ustedes han remitido únicamente contempla un diferencial de apenas un 15 % entre las zonas de montaña y el resto. Yo creo
que hay que tener en cuenta las diferencias que hay entre las distintas comunidades autónomas y las posibilidades que tienen algunas, las que tienen otras y, sobre todo, analizar no sé si a quién beneficia esto, pero a quién perjudica sí.


Por último, quiero decir que sobre el segundo pilar -insisto una vez más-, la propuesta presentada por el ministerio incide directamente en el ejercicio de la competencia exclusiva por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en materia de montes, agricultura, ganadería,

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promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica. Es decir, aquí no hay verticalidad. La materia transferida es horizontal. En el caso de Euskadi, no es que esté supeditada al ministerio; no es así. Por lo
tanto, el alcance de las medidas a incluir en el programa nacional no se ajusta a lo aprobado en la conferencia sectorial de junio de 2013. En dicha conferencia se acordó la incorporación al programa nacional de la Red rural nacional, y se
consideraría la posible inclusión al programa nacional de las cuestiones relativas a la integración cooperativa y a la asociación europea para la innovación y su funcionamiento, selección de grupos operativos y establecimiento de redes. Eso es lo
que se dijo, pero ustedes en su discurso han utilizado el concepto del tema cooperativo como argumento básico y válido para poder aplicar todo en todo lo demás.


El señor PRESIDENTE: Don Joseba Agirretxea, por favor.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Acabo.


Solamente quiero decir que mi crítica es la misma que al principio, cuando usted nos presentó los resultados hace casi seis meses. No lo hemos variado porque seguimos pensando que ese criterio de dejar que las comunidades autónomas, en
materia de su competencia, sean capaces de distribuir esos recursos que le vienen directamente de Bruselas sin la intervención del ministerio, no hubiera perjudicado en absoluto a la agricultura del Estado. Por lo tanto, no sé por qué se han
empeñado ustedes. Creo que es un criterio político de quien le precedió, que decidió que la agricultura era materia política pura y dura de vertebración de lo que ustedes llaman Estado español o país.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra, por La Izquierda Plural, su portavoz, don Álvaro Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Señora ministra, gracias por esta comparecencia, aunque comenzaré diciéndole que a primeros de enero venir a dar cuenta de unos reglamentos que se han aprobado a finales de año -a nuestro juicio, de forma absolutamente
caótica porque devienen de unos procesos de negociación y de unos tira y afloja que responden mucho a lo que voy a intentar decirle y que no es otra cosa que esta negociación que ha dado fruto a esta PAC- se asemeja más a un juego de trileros que a
un debate político sobre el modelo de agricultura que necesitaba nuestra sociedad, que necesitaban Europa y España.


Esta PAC, señora ministra, este debate ha sido una ocasión perdida para hablar precisamente de eso, de política agraria, no de reparto de cheque de dinero, que debería ser al final, sino de política agraria, de qué modelo de agricultura
queremos, de qué modelo de medio rural queremos, de qué modelo de producción agraria queremos, cómo queremos que sean nuestros alimentos y a qué precios queremos que se cobren y se vendan. En definitiva, para hablar de lo que a nosotros nos
gustaría hablar, que sería de justicia social, de soberanía alimentaria y de vertebración del territorio. Esta es una PAC que nace de la perversa dinámica que han marcado los procesos de negociación anteriores. Es decir, Bruselas determina el
presupuesto y los diferentes Estados miembros van y se pelean por que el cheque nacional al final sea igual, similar o parecido al que tenían hasta ese momento y, por lo tanto, deja de lado el debate político de fondo sobre qué modelo de medio
rural, qué modelo de agricultura y ganadería queremos y cómo queremos que se produzcan los alimentos. Para nosotros, evidentemente, eso ha dejado de lado abordar una cuestión fundamental que ustedes sí que la abordan de fondo, porque su modelo es
el modelo de la gran concentración, el modelo agroalimentario basado en la gran concentración en aras de justificar eso que llaman la competitividad.


No se puede alcanzar la competitividad si estamos hablando de que el mercado de la alimentación esté sometido a vaivenes de corte político o de libre mercado. Ese es el debate de fondo que nos hubiera gustado abordar, si es lógico o no que
la producción de alimentos esté sometida a estas dinámicas. Ustedes, evidentemente, lo han impedido, impidiendo también en su reforma de la PAC abordar mecanismos reales para garantizar que el 70 % de la renta de los agricultores se someta a unas
normas de justicia social, que es aquella que reciben por la venta directa de los productos, de justicia en precios, que esta reforma tampoco aborda, porque no refuerza las políticas de producción y no refuerza las políticas de mercados y, por lo
tanto, profundiza en el abandono del 70 % de la renta agraria esos vaivenes que les comentaba antes y que, quizá, el veto ruso que estamos sufriendo ahora sea el ejemplo más paradigmático. Estamos hablando de más de un 7 % o un 7,1 % de pérdida de
renta agraria, señora ministra. El 70 % del dinero de la renta de nuestros agricultores y agricultoras viene de la venta de los productos.

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Es necesario reforzar esto y queda mucho trabajo por hacer, además de ese cheque, de ese otro 30 % del que hablaré después que ha centrado buena parte de su exposición, si no toda ella, porque a nosotros nos interesa hablar de eso, de cómo
se compra, de cómo se vende, de cómo se produce; en resumidas cuentas, de cómo se conforman los precios y cómo está la cadena alimentaria. Ahí hay varios elementos a los que nos tendrá que dar respuesta también, porque son muchos los retos que
tenemos con respecto a esa mejora de la ley de la cadena alimentaria, habida cuenta de que tenemos en ciernes un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que va a alterar, de ponerse en marcha, de forma seria nuestro modelo productivo y
nuestros usos productivos. Esa es una realidad, porque, si no, la competencia va a ser imposible con Estados Unidos. Por lo tanto, es importante que la señora ministra nos diga qué opina sobre las potenciales afecciones de este tratado en el
ámbito de la agricultura; de la misma manera que las puede tener -y ya le instamos a que tome medidas en el asunto de lo que ayer mismo aprobó el Parlamento europeo- con respecto a la potestad de los Estados para liberalizar o prohibir el uso de
transgénicos. Tal cual está nuestra normativa, ahora mismo España puede ser un coladero brutal para este tipo de producciones poniendo en jaque otras medidas más sostenibles. De todo esto no habla la política agraria común, y esto es política
agraria y tiene que ser común; es así. Además, había elementos que lo permitían, habida cuenta de que este proceso de negociación ha dejado mucho más margen a los Estados para introducir medidas que abordasen estos asuntos.


Como le decía, se trata de una política agraria que proviene de los vicios anteriores, que está más centrada en el reparto del cheque por comunidad autónoma que por potenciar a través de la PAC el modelo agrario que necesita nuestro país,
con profesionales que trabajen la tierra y vivan en el medio rural y vertebren el territorio, que alimenten a la sociedad, señora ministra, que es lo que hacen nuestros productores. Mantiene, por lo tanto -y de ahí también nuestra crítica a esta
PAC-, unas referencias históricas -hablaré después por ejemplo del caso que hemos comentado antes de Teruel- que perpetúan diferencias que no tienen ningún sentido y que están muy lejos de la realidad. ¿Van a hacer algo con respecto a este tipo de
situaciones, que son unas cuantas en el Estado español, en Extremadura, en Castilla, en Andalucía, en Aragón, para solucionar este problema? Consideramos que la convergencia que plantean en sus estimaciones no va a equiparar a unos y a otros al
final del proceso.


Igualmente ocurre con los jóvenes. Cortas se quedan, para la necesidad de relevo generacional que tiene nuestro campo, estas medidas que ustedes han planteado. ¿Qué tiene que decirnos del agricultor activo? Han incumplido todos los
acuerdos alcanzados respecto a este tema, con productores, con comunidades autónomas, absolutamente con todos, profundizando en el descrédito y la deslegitimación de estas medidas. Es decir, estas medidas que hoy nos presenta van a permitir, por
muchas reservas que ustedes quieran poner encima de la mesa con respecto al agricultor activo, que grandes propietarios de la tierra, incluso cotos de caza, puedan obtener ayudas. Le pregunto directamente si eso va a ser así o no, porque que
alguien que no tenga ninguna actividad agraria, que no perciba nada en su renta de la actividad agraria, pueda percibir ayudas nos parece absolutamente nefasto.


Evidentemente, esta forma de hacer las cosas genera otras situaciones que son absurdas como la que les comentaba de Teruel. En Teruel su reforma de la política agraria -y concluyo con este tema- sitúa a los cultivos de secano de la
provincia en el estrato inferior a los del resto del territorio, perpetuando una injusta situación que viene siendo arrastrada durante veinte años, señora ministra. Ninguna de las reformas anteriores ha tenido a bien modificar esta realidad. Ese
cultivo es vital para un territorio tan complejo como es el territorio turolense en lo que respecta a despoblación, a desvertebración y a la necesidad de vertebrar un sector agrario que lo es y que juega un papel importantísimo en la economía de la
zona. Teníamos herramientas para poder haber hecho esto de otra manera con respecto a la modificación del mapa de estratos y teníamos herramientas después para solucionar esto con medidas como el 30 % del pago redistributivo o el 5 % para zonas con
limitaciones naturales. Pero no se han utilizado y ahora tenemos una situación muy compleja que se resume gráficamente en que estos productores van a recibir de media 110 euros por hectárea, cuando la media española va a estar en 229 y la europea
en 268. Es una realidad que le pedimos expresamente que solucione y queremos saber si tiene previsto algún tipo de medida, porque nos preocupa profundamente para el futuro no solo del sector, sino también del medio rural turolense y del conjunto
del territorio aragonés en general. En resumidas cuentas, es una política agraria que reproduce los vicios de las anteriores, que cambia todo para no cambiar nada y que, fruto de ello, perpetúa que muchísimos rentistas, absentistas o cazaprimas
puedan obtener ayudas. En este momento 900.000 perciben la PAC, 400.000 aproximadamente son los activos

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agrarios reales que tiene este país. Esta es mi última pregunta, señora ministra. ¿Va usted a garantizar que ese número de 900.000 va a rebajarse considerablemente, potenciando así la actividad profesional?


El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió tiene la palabra su portavoz, don Marc Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Señora ministra, gracias por su comparecencia.


Pensábamos que nuestra intervención de hoy la iríamos modificando un poco sobre la marcha en función del relato y de su comparecencia, pero su comparecencia de hoy es la confirmación de un relato que ya hace año y medio o dos años venimos
oyendo cada vez que hablamos del despliegue de las negociaciones de la PAC. Es expositivo, no entro en si es mejor o peor, en cualquier caso es el mismo. Y como es el mismo, me he permitido comprobar qué se opinaba de esta propuesta de reforma de
la PAC, por ejemplo en julio de 2013, y desde Cataluña se decía que esta reforma de la PAC no es la que necesitan los agricultores catalanes y que consolida un modelo desequilibrado. Repito, en julio de 2013. Otro: con la última PAC Cataluña era
una de las más perjudicadas y con esta continuará siéndolo. Otro comentario que se dijo en julio de 2013: se tiene que denunciar directamente a Bruselas porque este modelo que propone España no está alineado con Europa. Y estas no son
declaraciones de ningún partido político, sino de sindicatos y responsables de organizaciones agrarias.


Se puede pensar que en julio de 2013 en el microclima catalán se veían las cosas de una manera que no se ven en un macroclima de ámbito español, y nos trasladamos a ahora, a diciembre de 2014, un año y medio después de estos inputs en los
medios. Leemos: Aprobará una reforma de la PAC venida a menos. El Gobierno aprobará una reforma de la PAC para España que no acabará con las injusticias en el reparto de las ayudas. Unió de Pagesos denunciará el modelo de aplicación de la nueva
PAC aprobado por el Gobierno del Estado porque incumple la normativa europea y es discriminatorio y supone competencias desleales. Por ejemplo, Asaja lamenta que la Comisión Europea no sea capaz de defender sus propias iniciativas e insta al
Magrama a mantenerse firme en sus criterios sobre el agricultor activo. Es decir, es la percepción de que hemos estado en un bucle constante con los mismos temas y las mismas incertidumbres, que tampoco se resuelven una vez publicados los
reglamentos. Y lo que tendría que ser una reforma para dar respuesta y para mejorar la percepción -quizás es real, al ver que es un poco mayoritaria- de que no se avanza o no se da respuesta a lo que se quería o a la expectativa que se había
generado. Por tanto, cuando decimos que es la confirmación de un relato, lo decimos porque -y usted lo ha dicho al principio de su intervención- al final se han potenciado los objetivos conseguidos, que era mantener el marco económico financiero y,
dentro del Estado español, intentar mantener la intensidad de las ayudas en los agricultores que ya percibían ayudas, limitando lo que serían nuevas incorporaciones.


Cuando nosotros decimos que esto perpetúa el modelo, entendemos que no ha ido a mejor, porque lo que intenta es mantener las ayudas y no favorecer agriculturas más competitivas que no tenían cobertura en la anterior PAC. Como nosotros no
estábamos de acuerdo con la anterior PAC, nos es muy difícil estar de acuerdo con la actual, por mucho que podamos reconocer esfuerzos que se hayan podido hacer en las negociaciones en Europa. Como pintaba tan mal -y usted lo ha afirmado hoy-, el
hecho de conseguir mantenerla ya es un éxito. Es una manera de plantear las cosas. En cualquier caso, el hecho de mantenerse o de sobrevivir no implica vivir mejor y esta reforma es lo que ha hecho. También quiero decir algo que ya hemos dicho
algunas veces. Cuando interveníamos en temas de agricultura en referencia a la PAC, se nos decía que estaban negociando el tema económico, y que cuando hablaran de cómo repartir el dinero, ya hablaríamos, que no tocaba, que no era el momento de
hacerlo. Y cuando tenían que hacerlo, al final nos hemos encontrado en la -permítanme la expresión- ininteligible y compleja distribución de cómo hacemos para entender esto, y no solo nosotros sino cómo lo hacemos para que lo entienda el perceptor.
Por tanto, más complejidad, más burocracia y al final seguimos sin despejar ninguna incógnita. Para conseguirlo se han hecho unas regiones agronómicas que, a pesar de su nombre, no son regiones agronómicas, son regiones económicas, son regiones
para mantener la intensidad de las ayudas, como se nos ha dicho siempre. Por lo tanto, esto no supone una mejora en el modelo.


En el primer pilar continúa arrastrando las discriminaciones históricas de las comunidades autónomas más favorecidas respecto a las más competitivas, como ya he dicho. Por lo tanto, mantiene las desigualdades. Me gustaría hacerle una
pregunta, señora ministra. ¿Esta reforma nos permite competir en igualdad de condiciones, ya no entre agricultores de Europa, sino entre agricultores del mismo Estado español? Nosotros creemos que no, pero preguntamos porque quizá es una
percepción que tenemos lo que nos lleva a pensar esto. Esta reforma no nos permite competir en igualdad de condiciones, porque

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esto afecta al mercado, a la economía productiva y al sector primario. Esta reforma sigue dejando fuera de las ayudas, como en el caso de Cataluña, la fruta o la viña, creando distorsiones en el mercado. Es un modelo complejo para el
agricultor, es restrictivo con la dinámica económica, ya que dificulta las transacciones -como ya se ha dicho- de derechos y de tierras y, aunque no guste oírlo a veces al Gobierno, desde Cataluña entendemos que es una reforma recentralizadora, y la
hace recentralizadora la misma complejidad burocrática para despejar estas incógnitas en el tema. Se podía haber optado por un modelo más acorde con el Estado de las autonomías, pero se ha optado -y permítanme la expresión- por un tótum revolútum
gestionable solo de una manera centralizada, porque, si no, no se puede hacer. Entendemos que nos movemos en ese bucle en el que intentaríamos renovar un poco el discurso, pero seguimos cayendo casi siempre en lo mismo. Por eso entiendo que no se
ha avanzado lo que nosotros querríamos en los últimos tiempos. En cuanto al segundo pilar, nos incomoda que en ese plan nacional de desarrollo rural, del que hemos hablado muchas veces, no haya un porcentaje fijo sobre el total de las aportaciones
del Feder al PDR, lo que dificulta después la ejecución y planificación de los mismos planes de desarrollo rural. En definitiva, la indefinición aún del concepto determinado de la figura del agricultor activo, el hecho de que no haya un tope en las
ayudas... Es decir, seguimos en la misma dialéctica de hace dos años. Esto significa que alguna cosa no ha ido como tenía que ir, porque nos movemos en los mismos parámetros.


Le agradecemos su intervención, su comparecencia, y a ver si entre todos, de manera civilizada y dialogada, podemos transmitir algún relato más efectivo, realista y pragmático sobre lo que supone directamente la reforma de la PAC. Como en
Pleno hubo una propuesta del Grupo Popular de intentar dar publicidad a lo que sería esta fantástica nueva reforma de la PAC, si se tiene que dar publicidad que se dé en los parámetros realistas de lo que implica la complejidad de la misma y de la
no satisfacción, que no tiene por qué ser insatisfacción, a la hora de aplicarla.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, don José Cruz Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señora ministra, por su presencia en esta Comisión de Agricultura. Le doy la bienvenida en nombre de mi grupo y le agradezco la explicación que nos ha suministrado sobre los reales decretos de
aplicación de la PAC, que fueron publicados el pasado día 20 de diciembre. Como representante del Grupo Popular y después de escuchar a los portavoces, quisiera decir muchas cosas. No sé si tendré tiempo, pero quiero decir muchísimas cosas.


En primer lugar, coincidimos con usted en las explicaciones y en la forma de resolver la aplicación y la implantación de la PAC que se producirá en España. Lo que contienen estos reales decretos ha sido fruto, como usted ha dicho, de mucho
trabajo, mucho diálogo, mucho consenso y de acuerdos tomados en diferentes ámbitos nacionales, asumiendo recomendaciones de la propia Unión Europea. Uno de los acuerdos más importantes, como usted ha dicho, se produjo en una conferencia sectorial
que se celebró los días 20 y 21 de enero de 2014. En aquella conferencia sectorial se negoció y se llegó a un acuerdo con las comunidades autónomas de hacer una reforma de la PAC, que es la misma que en estos momentos se publica con las
aportaciones que ha introducido la Unión Europea. Por tanto, no ha habido grandes cambios ni ocultamiento ni nada de nada, tal como ha dicho el portavoz del Partido Socialista. No solamente ha habido acuerdo en conferencia sectorial, sino también
con sindicatos, organizaciones agrarias y cooperativas, e incluso ha habido campañas de divulgación y de debate.


Contrasta esta realidad y las manifestaciones que ha hecho el portavoz del Partido Socialista con lo que pasó en el anterior Gobierno. Habla de no reconocer errores. En el marco financiero plurianual 2000-2007 que negoció y ultimó el
Partido Socialista, España perdió 44.000 millones, 3.000 en desarrollo rural. El señor Zapatero salió de la reunión haciendo una valoración positiva de ese marco financiero plurianual y diciendo que ganábamos menos, que teníamos menos euros en
España y también para la política agraria comunitaria como consecuencia de que éramos más ricos. Brillante manifestación.


Usted hablaba de diálogo, consenso y explicaciones. La ministra de Agricultura que tenían ustedes en el periodo en el que se negoció la PAC, que empezó en 2007, nunca compareció en esta Comisión para explicar la reforma que se iba a
producir ni el posicionamiento ni la aplicación ni nada de nada. Nunca, en las ocho presencias que tuvo en la Comisión, habló de la PAC ni de su aplicación. Este Gobierno ya lleva trece comparecencias aquí, de las cuales seis, con esta, han sido
para explicar la reforma de la PAC. Creo que eso demuestra cómo actúan y cómo hacen los Gobiernos. Pero hay más. Usted ha hablado de reparto de fondos. En desarrollo rural, con el anterior Gobierno, para el periodo anterior, el 76,6 % de los

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fondos para desarrollo rural se lo llevaron siete comunidades autónomas, casualmente todas gobernadas por el Partido Socialista; las otras diez, solo el 23,4 %.


Retrasos. Desarrollo rural. El marco nacional se presentó siete meses después de haber finalizado el periodo. Los primeros planes de desarrollo se aprobaron con un año y la mayoría de ellos con año y medio de retraso. Esto es retraso, y
no lo que ha hecho este Gobierno. Habla usted de que se ha aprovechado hasta el último minuto. ¿Saben ustedes cuándo aprobaron el decreto de pago directo de asignaciones? El 22 de diciembre del año 2006. Es decir, dos días después de lo que hace
este Gobierno. Pero es que su real decreto, exactamente el 1518, venía como consecuencia de dos modificaciones anteriores. Es decir, mucha modificación, y no lo explicaron a nadie. Esto fue lo que hicieron ustedes en estas materias. Por tanto,
no vengan con esas acusaciones, que en nada se corresponden con el diálogo ni con el retraso ni con nada.


Hoy nos ha informado la ministra sobre reales decretos, pero quizá los que generen más interés sean los de asignación de derechos de pago básico y de gestión de control de pagos directos. Yo creo que son vitales, son de gran interés para
agricultores y ganaderos, ya que afectan a sus rentas. Han generado expectación y también incertidumbre. Es lógico, no se sabe qué se va a recibir, pero lo que sí es cierto es que se va a recibir como mínimo el mismo dinero que en el periodo
anterior. Se van a repartir 35.705 millones de euros en pagos directos. Yo creo que esto es lo positivo. Es una cifra algo superior a la que había en el anterior periodo, es un incremento del 4 %. Creo que esto es muy positivo y debe producir
tranquilidad al sector agrario, ya que agricultores y ganaderos tienen garantizado un horizonte de estabilidad para sus rentas por estas ayudas de la PAC. Es cierto que ha generado incertidumbre, pero esto es muy normal para este nuevo periodo.


Con los reales decretos y las explicaciones que nos ha dado hoy la ministra y las habidas en las seis comparecencias anteriores para explicar en esta Comisión qué es lo que ha ocurrido con la PAC, señor Alonso, se resuelven todas las dudas
que había sobre agricultor activo o sobre condicionalidad. Creo que han sido decisiones y explicaciones muy detalladas. También la regionalización y la ayuda acoplada, que son más bien actuaciones de carácter más técnico, así como en desarrollo
rural. Vamos a buen ritmo, vamos bien, se van a hacer las cosas, a mi juicio, dentro del calendario previsto, lo mismo que con este segundo programa de apoyo quinquenal para desarrollo del sector vitivinícola. En cuanto al Sigpac y a aplicarlo
uniformemente para todo el país, creo que va a garantizar un tratamiento similar a los cientos de miles de expedientes que se van a producir. Esto ha sido bien explicado en todos los foros y le insisto en que ha habido bastante diálogo. Y no le
quiero hablar de la tasa plana, porque eso fue lo primero que tuvo que hacer el Gobierno, intentar eliminar aquella tasa plana que lo único que producía era una incertidumbre sobre el futuro de la agricultura española.


Concluyo manifestando -creo que es la posición del Grupo Parlamentario Popular- la satisfacción que tenemos por el trabajo realizado en la Unión Europea en defensa de los intereses de agricultores y ganaderos españoles, que va a garantizar
esa seguridad y garantía de fondo para el ciclo 2014-2020. También valoramos como muy positiva la garantía que tendrá este sector por la estabilidad que va a tener. Creo que los únicos que consideran que se ha negociado mal en la Unión Europea es
el Partido Socialista y una organización que ha venido a proponer la insumisión y que no se tengan en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea -no la nombro para no hacerle propaganda-, pero creo que no se corresponde con lo que piensa el
sector agroalimentario español.


Por último, consideramos muy positiva la forma de resolver la implantación de esta PAC en nuestro país, que viene contenida en estos reales decretos. Este Gobierno tiene formas muy diferentes de explicar, de intentar llegar a acuerdos y de
intentar hacer, a pesar de las críticas por parte de los partidos nacionalistas, una homogeneización en cuanto al pago básico para no generar disfunciones en la competitividad entre unas explotaciones que pueden estar en el límite de la frontera
entre una comunidad y otra y, en definitiva, mantener un tratamiento similar. Esta es la forma que hemos entendido de actuar en la PAC. En un futuro inmediato -según nos ha anunciado la ministra- vamos a tener nuevas informaciones en materia de
matizaciones sobre reales decretos o de registro de explotaciones. Todo esto es positivo y pone de manifiesto que este Gobierno tiene una política agraria, una política alimentaria, un Ministerio de Agricultura y que todo eso va en beneficio del
sector agrario español que, en definitiva, va a tener una buena política agraria comunitaria, va a tener fondos suficientes y no se van a generar grandes disfunciones en el reparto de fondos entre comunidades autónomas ni entre distintos sectores
productivos. El plan de regeneralización productiva creo que va a resolver todos los problemas que pueda tener el sector alimentario español y, como consecuencia de ello, van a tener garantías de renta en el futuro y la seguridad de percibirlas.
(Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Trataré de dar respuesta a todas las cuestiones planteadas.


Solamente haré un breve comentario sobre la renta agraria, porque no es lo que hoy nos ocupa. Sí nos ocupa el desarrollo rural -se lo quiero recordar, señoría-, que es una parte muy importante de la PAC, es el segundo pilar, por lo que
tiene mucha importancia. Mi comparecencia hubiera quedado absolutamente coja si no me hubiese referido a una parte muy importante como es este segundo pilar. Hemos hablado de caídas y subidas pero no de las explicaciones. Todo el mundo sabe que
ha habido menos cosecha de cereales, menores y peores precios para frutas y hortalizas. Quiero recordarles que desde el año 2012 se está rompiendo la tendencia de descenso. En 2012 aumentó la renta agraria un 1,7 y en 2013 un 7,7. Fue tan
importante el aumento que era previsible para todo el mundo que este año tocara bajar. En todo caso, la tendencia del trienio 2012-2014 es positiva si la comparamos con el trienio 2009-2012: 22.700 millones de euros frente a 22.251.


Voy entrar ya en el motivo fundamental de mi comparecencia. He escuchado al portavoz del Grupo Socialista hablar con enorme energía, con sustantivos y adjetivos que hubiera preferido no escuchar, por lo que no me pondré a ese nivel. Tanto
la negociación como la aplicación de la reforma de la PAC ha sido la reforma del conjunto de los territorios españoles, del conjunto de los agricultores y ganaderos españoles y el resultado de un proceso de enorme transparencia, diálogo, debate y
consenso. Han sido más de 160 reuniones a nivel de ministros, secretarios generales y directores generales las que hemos tenido a lo largo de estos tres años en Madrid, más todas aquellas que hemos tenido al desplazarnos a los territorios para
explicar de manera más específica a qué nos estábamos enfrentando. Lo que hoy estoy exponiendo es el resultado de muchas horas de negociación, de un modelo definido por y con las comunidades autónomas en conferencia sectorial y con los sectores.
Es el resultado de reunirse, escuchar y, aunque haya gente que esto le resulte ciencia ficción, para nosotros es el pan nuestro de cada día: reunirnos, escuchar y consensuar. Esto es lo que hoy traigo aquí. El diputado de CiU decía que vuelvo con
el mismo relato. Sí, volvemos con el mismo relato porque estamos aplicando lo que acordamos, sencillamente por eso. Lo sorprendente sería que hoy trajéramos algo distinto de lo que el Gobierno pactó, acordó, escuchó y comprometió con comunidades
autónomas y con organizaciones profesionales agrarias. Desde ese punto de vista, poco cambio.


Se ha dicho que hemos esperado al último Consejo de Ministros. Siendo precisos hubo un Consejo de Ministros el 26 de diciembre, así que ni siquiera fue el último, y como muy bien ha señalado el portavoz del Grupo Popular, creo que hemos
ganado por goleada a la aplicación de la reforma en otros años. Podemos hablar de la del año 2003. En 2003 se aprobó una reforma que entró en vigor en el año 2006; tiempo hubo para aplicar una reforma. Hasta el 31 de diciembre de 2005 no se
publicaron los reglamentos que entraban en vigor el 1 de enero de 2006 de una reforma que se había aprobado en 2003, a diferencia de esta reforma, que ha sido tan ajustada que ha requerido de un reglamento de aplicación transitoria. No ha entrado
en vigor en el año 2014 por el retraso habido en las negociaciones comunitarias. Con todo, desde que se llegó al acuerdo político en el Consejo de Ministros de la Unión Europea en junio de 2013, un mes después, julio de 2013, ya se habían decidido
y eran públicas las líneas generales, y en enero de 2014 acordamos lo que hoy vengo a exponer recogido en los reales decretos. Los borradores se conocen desde el mes de julio, las cuestiones más importantes que afectan a los agricultores, las
únicas para esta campaña, son las referentes al greening, y desde hace mucho tiempo el ministerio ha ido informando sobre cómo debe aplicarse para que los agricultores sepan qué deben hacer en sus decisiones de cultivo de este año. Las comunidades
autónomas y las organizaciones agrarias tienen toda la información necesaria porque el ejercicio de transparencia ha llegado a todos los rincones, también al Congreso porque siempre que los diputados lo han pedido, todos los altos cargos del
ministerio han estado a su disposición para dar cuenta y detalle de tanta información como ha sido requerida sobre lo que se ha negociado, sobre lo que se ha acordado con comunidades y sobre cómo iba a aplicarse. Por tanto, señor Alonso, entenderá
por qué determinadas palabras me resultan muy gruesas teniendo en cuenta el proceso que este Gobierno ha llevado a cabo. Todo el mundo ha conocido este proceso. Ha dicho que la Unión Europea me ha cambiado el paso. Nosotros en la Unión Europea
negociamos, y habida cuenta de la enorme flexibilidad que era necesaria para, entre otras cosas, salvar los intereses de nuestros agricultores y ganaderos, había que tomar decisiones, cada Estado miembro las propias. Eso requiere flexibilidad, pero
esas decisiones tienen un marco del cual no se pueden salir, que son los

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reglamentos aprobados. Se negocia cuando se están aprobando reglamentos, pero una vez aprobados ya no se negocia, sencillamente se aplican dichos reglamentos. Ahora le diré por qué hemos hecho cambios y nos hemos adaptado a lo que nos ha
dicho la Comisión Europea. Sencillamente porque mi decisión personal es aplicar en España la PAC escrupulosamente conforme al reglamento comunitario porque, de lo contrario, lo que sucederá es que vendrán importantes correcciones financieras y no
seré yo quien deje a quien me suceda -sea del signo político que sea, porque al final no se lo dejo a un ministro, se lo dejo a los agricultores y ganaderos- una pérdida muy importante de fondos comunitarios. Es mi decisión política. Sé que en el
año 2002 en Castilla-La Mancha las cosas se hacían de una manera radicalmente distinta, cuestión que nos va a costar más de 100 millones de euros. Mi decisión personal es ajustarme al derecho comunitario para evitar que en el futuro agricultores y
ganaderos españoles se vean penalizados por no atender lo que la Unión Europea me dice, que no me puedo salir de la reglamentación comunitaria. Por tanto, llamar a esta decisión personal un engaño -vuelvo a decirle- me parece un sustantivo
tremendamente grueso cuando, como decía, hemos tenido más de 165 reuniones y si las cuento con detalle estoy segura de que llegaríamos a superar las 200 reuniones.


El modelo de reforma de la PAC puede no gustarle, pero es el que ha decidido el conjunto de las comunidades autónomas y el conjunto de las organizaciones profesionales agrarias. Todas ellas han decidido rotundamente desmarcarse de su
modelo, del modelo de los 100 euros por hectárea. En España, todas las comunidades autónomas y todas las organizaciones profesionales han decidido muy claramente desmarcarse de la contribución española en tiempos del Gobierno socialista a la
reforma de la política agrícola común de 100 euros por hectárea y es normal porque, como decía, empezamos con un análisis de impacto y nos generaron enorme preocupación las consecuencias derivadas de ello.


Se insiste permanentemente, y creo que se hace un mal servicio a los profesionales del sector primario español, en la reforma del agricultor activo. Esto que nosotros hemos hecho, que se recoge en estos reales decretos, son al menos diez
elementos, cada resquicio que había en cada reglamento comunitario, para centrar las ayudas en las explotaciones con actividad agraria: la lista negativa de personas jurídicas que no pueden recibir ayudas; la aplicación de la regla del 20 %, es
decir, hay actividad económica porque si no, no hay ingresos de la agricultura; la aplicación del concepto de riesgo empresarial, que afecta a todos los beneficiarios -se comprobará-, especialmente a aquellos que no cumplan con las reglas del 20 %;
el titular tiene que estar registrado, tiene que ser titular de una explotación agraria, no se asignan derechos de pago base a los que no sean ganaderos sobre pastos; todas las explotaciones deben estar registradas; se definirán las actividades o
labores concretas de mantenimiento cuando no se declare un cultivo; en el caso de superficies de pastos, se exige una carga ganadera mínima de 0,2 unidades de ganado mayor por hectárea, si no se alcanza, están definidas las actividades concretas de
desbroce o siega; la definición de criterios concretos para considerar que una superficie está abandonada; el establecimiento como criterio de riesgo de que una misma parcela se declare durante tres años o más barbecho; la exigencia de la
veracidad de solicitudes de ayudas de manera que bajo una declaración falsa, incompleta o negligente no se oculte ausencia de actividad; el greening, que exige rotación, luego, por lo tanto, varios cultivos, luego, por lo tanto, actividad.


Le quiero decir que hemos utilizado cada artículo que podíamos para centrar las ayudas en las explotaciones con actividad, pero antes de la reforma de la PAC ya la normativa comunitaria permitía adoptar medidas para restringir el acceso a
las ayudas, posibilidad que nunca llegó a aplicarse a España. Le doy la bienvenida a nuestro modelo en este caso de centrar las ayudas, pero es nuestro, es decisión de este Gobierno, no del anterior, es una de las novedades más importantes de la
reforma de esta política agrícola común, y me alegro enormemente que se sumen a esta preocupación, pero lo que no puedo tolerar es que pretenda encabezar la manifestación cuando su Gobierno pudo hacer cosas y no hizo absolutamente nada. En todo
caso, bienvenido por sumarse a nuestra preocupación de defensa de las explotaciones profesionales. Nunca es tarde si la dicha es buena. Lo que sí espero es que cuando hablen por ahí no digan que cualquiera puede recibir ayudas de la PAC sin hacer
nada, porque estarán metiendo ustedes a agricultores y ganaderos en una enorme lío ya que no cobrarán ayudas. Yo pido un poquito de rigor y seriedad en este tema, porque la gente se está jugando su futuro, su apoyo, la garantía de sus rentas
agrarias de futuro. El mensaje de que se puede cobrar sin hacer nada es meter a agricultores y ganaderos en una enorme trampa que les va a significar el 30 % de sus rentas. Creo que ayudaría muchísimo más al conjunto del sector decir la verdad.
Estamos dando un enorme paso hacia la profesionalización de la actividad agraria y, señores, tienen que cumplir con todo esto (Muestra un

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documento) si quieren ser perceptores de las ayudas de la PAC; las subvenciones de futuro serán para aquellas explotaciones que están dando vitalidad al medio rural.


Dice: ¿Nadie va a perder. ¿Puedo afirmar eso? No, no lo puedo afirmar, y le voy a decir por qué no. Porque el conjunto del sector, las organizaciones profesionales agrarias y el conjunto de las comunidades autónomas en conferencia
sectorial con el Gobierno, hemos tomado varias decisiones; primero, que a todo el mundo se le quita un 2 % para dárselo a los jóvenes; a todo el mundo se le quita una cantidad significativa del sobre nacional para dárselo a las ayudas acopladas.
Luego al menos hay un 2 % que todo el mundo ha decidido que hay que quitárselo a quien no está acoplado y a quien no es joven para primar a los jóvenes, para primar al vacuno de leche, al ovino, al tomate de transformación, a todos aquellos sectores
que con absoluto rigor y perfectamente analizados por los técnicos del ministerio con comunidades autónomas y organizaciones profesionales, han encontrado que hay riesgo de abandono de esos cultivos. Esto, junto con la convergencia interna, nos da
un mapa distinto, un mapa diferente; a partir del año que viene habrá quien cobre más y esto será a costa de quien cobre menos, pero es que todos hemos decidido que todo el mundo va a cobrar un 2 % menos para que los jóvenes cobren un poquito más.
Es una decisión creo que acertada si queremos incorporar jóvenes y revitalizar nuestro medio rural. Como todo, es parte del relato acordado por conferencia sectorial y yo puedo decirle que creo que han sido decisiones acertadas del conjunto del
sector.


Me dice que quiere saber el importe. Yo le pido que sea serio con lo que se pide porque no se puede conocer ya el importe. Le explico el proceso. Lo primero que hay que saber es quiénes son los beneficiarios y para eso lo primero que
tienen que hacer los señores potenciales beneficiarios es una declaración que empieza este año cuando se abra el período de solicitudes, y hasta que no se cierre no sabremos quién ha solicitado y por qué superficie. En función de las solicitudes se
hará un reparto de los importes disponibles para el régimen de pago básico entre las regiones establecidas; entonces y solo entonces, cuando sepamos solicitantes e importes por regiones, podremos conocer el importe medio básico por región, el
demandado; entonces se contará con dos factores necesarios para determinar dicho importe, pero hoy no se puede saber la superficie solicitada por región y los importes solicitados dentro de esa misma región. Yo hoy no lo sé, no lo sabe
absolutamente nadie; depende de 900.000 decisiones individuales menos los 1.250 pequeños que tienen su régimen particular si deciden no renunciar a él. Una vez que se conozca el importe medio de cada una de las regiones, entonces se calculará la
convergencia en función de las solicitudes. Hasta la fecha, lo que se pueden hacer son simulaciones pero, claro, que yo dé aquí una cifra es meterse en una trampa porque es, iba a decir que metafísicamente imposible, que yo acierte con lo que vaya
a pasar en el mes de septiembre o en el mes de octubre de este mismo año. Hasta septiembre no podrá haber una asignación provisional de derechos; en octubre se conocerá un importe del anticipo y será un importe provisional -es la primera vez que
lo hacemos porque estamos cambiando radicalmente el sistema-; en noviembre se afinarán estos y conoceremos con más detalle la asignación definitiva de los derechos; y en diciembre previsiblemente se conocerá, incluyendo acopladas y jóvenes, pero
el greening no se conocerá hasta el año 2016 en función de los controles que se realicen del mismo. Este es el proceso necesario y le puedo decir que esto no es una decisión política, sencillamente es lo que se puede hacer ante un cambio tan
importante del régimen de las ayudas de la política agrícola común.


¿Hemos cambiado a agricultor activo? Ya le he dicho que se ha hecho todo lo posible pero no lo hemos cambiado; hemos adaptado lo que nos dice la Unión Europea y creo que este no es el sitio de dar una teórica. Todos sabemos que la Unión
Europea nos pide esto porque si nosotros obligamos a producir -es decir, ingresos implican necesariamente una producción-, es tan sencillo como que las ayudas dejan de estar desacopladas y es tan sencillo como que las ayudas de la PAC salen de la
caja verde, entran en la caja ámbar y nuestros compromisos internacionales, los compromisos internacionales de la Unión Europea, empiezan a estar un poquito más comprometidos. Esto es así, la Unión Europea es parte de la Organización Mundial de
Comercio y tenemos que cumplir lo que nos corresponde. Vuelvo a insistir en que mi decisión personal es ajustarme a lo que dicen los reglamentos comunitarios y dejar perfectamente o lo más ajustada posible la medida para que los 47.000 millones de
euros negociados que tanto nos han costado lleguen íntegramente a España y no se diluyan ni se pierdan en futuras correcciones financieras.


Me preguntaba más concretamente si con el ajuste al agricultor activo no se incorporaba más superficie. Se limita a 2013. ¿Por qué 2013 -no sé quién lo ha preguntado- y no 2011? Sencillamente porque se ajusta más a la foto real, y así lo
han decidido después de un análisis detallado la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. La elección de 2011 implicaba una mayor complejidad

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administrativa que en absoluto compensaba la entrada de superficie, que una vez analizada era mínima. No se incorporan más agricultores; se aplica a los solicitantes de la PAC en el año 2013.


Con respecto al Plan de regionalización y al cambio de las medidas ad hoc tengo una carta firmada por el consejero de Extremadura en la que le digo que no puedo aceptar lo que me pide, porque la Unión Europea conoce nuestro modelo -lo ha
analizado en detalle-, y nos pide que la regionalización se haga de manera concreta y con objetivos no discriminatorios. Eso es lo que hemos hecho. Vuelvo a insistir en que, igual que en el caso del agricultor activo, no se ha perdido en absoluto
la filosofía del modelo de regionalización aprobado por todos. Se trata de comarcas agrícolas y eso no es una decisión política. Una comarca agrícola está definida en España desde hace mucho tiempo como un conjunto de municipios con condiciones
edafoclimáticas similares, y ese es el punto de partida para hacer nuestro Plan de regionalización. Afortunadamente existían estas comarcas agrícolas definidas en España, y lo único que hemos hecho ha sido lo que nos dice la Unión Europea: en un
mismo tipo de comarca no se pueden poner pastos con permanentes o con cultivos herbáceos, porque la última agregación no se puede llevar a cabo. ¿A efectos de agricultores y ganaderos? Ninguno, algo menos -pero muy poco- de convergencia. ¿A
efectos administrativos? Una pequeña mayor complejidad, porque es mejor tener veinticuatro que cincuenta regiones; nada que los sistemas informáticos del ministerio y de las comunidades autónomas no puedan soportar.


Me habla de los techos, pero nadie pidió expresamente que se aplicara un techo, con lo cual -igual que en lo demás- hemos adoptado las decisiones sobre la base del consenso. Hasta un 15 % de ayudas acopladas, ¿por qué no más? Primero,
porque está hecho sobre la base de estudios que determinan qué sectores estaban en riesgo; esos son por los que se ha optado y esas son las cantidades, en función de lo que así se ha determinado. ¿Por qué no más? Igual que en otras
circunstancias, no se puede dar una ayuda asociada a cualquier sector. El reglamento comunitario exige determinados requisitos: los sectores tienen que estar en dificultades, y se define un sector en dificultad como el que tiene riesgo de abandono
o un fuerte descenso de su producción. Sé que se han pedido ayudas para otros sectores, pero no cumplían con la reglamentación comunitaria, y la Unión Europea nos las iba a tumbar. Además no había acuerdo de la conferencia sectorial, y por cierto
en el punto concreto de ayudas asociadas todos los votos fueron a favor menos los de Andalucía, que pedía ayudar al olivar en pendiente. Me preguntaba antes si todos van a cobrar lo mismo. No, van a cobrar menos porque se ha decidido dar más
ayudas acopladas. Si llegamos al 15 % los que cobran menos todavía cobrarán un poquito menos, porque se lo estamos quitando para dar más ayudas acopladas. La tercera razón es que el reglamento comunitario nos permite una revisión, y nos hemos
dejado un margen de actuación para ver cómo evolucionan los sectores con las medidas acordadas, y poder reaccionar si algún sector lo requiere.


Jóvenes. Hemos hecho lo que estaba en nuestras manos, que es el primer pilar acordado con todo el mundo hasta ese 2 %. Lo que se haga en desarrollo rural todo el mundo sabe que depende de las comunidades autónomas. A propuesta del
ministerio se hizo un programa horizontal para mujeres y otro para jóvenes, y las comunidades autónomas unánimemente nos dijeron que eso dentro de cada uno de sus programas de desarrollo rural. También fueron las comunidades autónomas
mayoritariamente las que nos dijeron que las zonas con limitaciones naturales quedarían dentro de las medidas de desarrollo rural, con lo cual volvemos al acuerdo, al consenso y a la escucha. Ya he comentado la asignación de derechos, y como
resumen general a este respecto diré que los 47.000 millones tienen normas de aplicación que son las acordadas por el conjunto del sector y de las comunidades autónomas, limitando los trasvases -eso fue decisión de las comunidades autónomas- y
sabiendo de antemano que parte de los trasvases vendrán dados por la decisión de todo el mundo de apoyar en la ganadería y en otros sectores a los jóvenes agricultores.


Con respecto a lo que planteaba el señor Agirretxea de que son las comunidades autónomas las competentes para aplicar la política agrícola común, parece que le gusta escuchar -yo lo he dicho varias veces aquí y otras tantas lo ha dicho mi
antecesor- que el Tribunal Constitucional ha reconocido que la Administración General del Estado -el Gobierno- es la competente para aplicar en España la política agrícola común. La opción de este Gobierno ha sido hacerlo escuchando y con la
participación total de las comunidades autónomas, pero sin renunciar a una competencia de la Administración General del Estado como es la aplicación de la política agrícola común en el territorio. Eso lo recoge una ley que fue recurrida y cuya
sentencia fue favorable a la ley. Por tanto cuantas veces se insista en lo contrario tendré que poner de manifiesto que ya hay sentencia del Tribunal Constitucional favorable.

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Hablaba del cambio del modelo: más profesionales y más para los sectores en dificultades. Rotundamente sí. Ya he explicado que es muy difícil, por no decir imposible, que una explotación que no tenga actividad agraria cobre ayudas en el
año 2015 y sucesivos. Esto no pasaba hasta el año pasado. La PAC está centrada en los profesionales, en las explotaciones con actividad, y hay más dinero para los sectores en dificultades, para los jóvenes, para la leche, y especialmente para la
leche de montaña, que se incrementan en un 56 % las ayudas acopladas al sector lácteo, y esto viene de hacer una redistribución, porque se está produciendo una redistribución a través de las ayudas asociadas. Todos los ganaderos de todas las
comunidades autónomas incrementan sus importes, y hay una mayor sensibilidad con la leche en las zonas de montaña, que ahora cobrarán -es una estimación, porque dependerá de los censos- 131 euros por cabeza cuando ahora mismo están cobrando 119. Se
aumenta la diferencia entre zonas de montaña y otras que no lo son, y esto favorece especialmente al País Vasco. Por tanto se ha avanzado en la dirección que me plantea. Ya dije antes que nos planteamos negociar con Bruselas cuando ya hay una
reforma. Cuando los reglamentos ya están aprobados se puede pedir que se modifiquen, pero la Comisión nos ha dicho que para que nuestras propuestas estén dentro del reglamento, y de esta manera se eviten futuras correcciones financieras, se tienen
que adaptar de esta manera, y eso es lo que hemos hecho. Cuestiona el programa nacional de desarrollo rural, pero este programa tiene medidas estructurales muy importantes para el conjunto del sector agrario español, también en el País Vasco.
Espero que hagan uso y se beneficien de él, porque está financiado íntegramente por fondos Feader y fondos del ministerio.


Con respecto a la intervención del diputado de La Izquierda Plural comparto sus preocupaciones de mercado. Tanto las compartimos y tan conscientes somos de que una parte importante de la renta está en este 70 % de mercado que parte de la
actuación más importante de este Gobierno está dirigida a mejorar las posibilidades de que se capten mayores rentas en el mercado. A ello va dirigida la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, la integración cooperativa, la
innovación, la calidad, y tantas y tantas medidas a nivel de política nacional que se han venido adaptando, pero en las que no voy a entrar hoy en detalle. La OCM única regula medidas de mercado excepcionales; medidas que por cierto ya hemos
utilizado para numerosos sectores en España ante la situación de los mercados provocada por el cierre de las fronteras de Rusia.


Pregunta por el acuerdo con Estados Unidos; España es una potencia exportadora y tenemos vocación internacional, y desde luego este Gobierno va a fomentarla y apoyarla en todo lo que sea posible, porque entre otras cosas es una vía de
crecimiento y de desarrollo del sector agroalimentario español muy importante. Exportamos el 25 % de lo que producimos, y Estados Unidos sin ninguna duda es una de las zonas que mayor interés despierta para la mayor parte de los sectores españoles,
con lo cual teniendo en cuenta que nosotros tenemos más intereses ofensivos que defensivos, tenemos más productos esperando entrar en el mercado americano que lo contrario, somos partidarios de este acuerdo. Al mismo tiempo digo que somos muy
conscientes de aquellos sectores que tienen una menor competitividad con respecto a los americanos, y nosotros seremos muy cuidadosos con la protección especial para estos sectores, así como que como resultado de este acuerdo se mantenga y se
proteja el modelo productivo de la Unión Europea.


Respecto a los jóvenes en cuanto a las medidas dentro de la PAC, del primer y del segundo pilar, junto al acceso a la desgravación fiscal y el acceso al crédito, que es una de las principales dificultades de los jóvenes a través de un
instrumento financiero nacional de préstamos y garantías, se les ofrece un paquete muy atractivo para que se incorporen, pero el objetivo de este Gobierno no es que los jóvenes se incorporen, sino que los jóvenes permanezcan en el campo, que se
sientan a gusto con la actividad agraria, que la encuentren remuneradora, y que vean que es un medio de vida tan digno, que lo es, como remunerador. Esa es la política o el fin último de este Gobierno: que la actividad agraria sea una actividad
por la cual apostar y que merezca la pena, y especialmente para los jóvenes.


Me hablaba de los cotos de caza y la respuesta es no. Una de las principales cosas que nosotros hicimos fue limitar la entrada de nuevas superficies. Hay 900.000 perceptores, pero es que la mitad de estos 900.000 perceptores, casi la
mitad, son de menos de 1.250 euros por año, están en la categoría de pequeños agricultores. En España hay muchos agricultores sobre todo porque hay muchos pequeños perceptores. Estos son los que hacen engordar de manera tan importante estas
cifras: 410.000 agricultores cobran menos de 1.250 euros al año.


Pago básico en Teruel. El pago básico en Teruel para el secano se aplica exactamente igual que en cualquier otra parte del territorio nacional, se corresponde con el nivel de ayudas que vienen percibiendo. Cualquier modificación sería
saltarse lo que nos pide la Unión Europea de criterios objetivos y no

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discriminatorios. Se dice, por una parte, que no hay información y luego decimos que sabemos que son las ayudas estimadas, luego aquí hay un poquito de incongruencia. Para dar más ayudas a Teruel habría que detraerlas de alguna otra
región, y eso no sería aplicar el modelo tal cual ha sido definido.


Con respecto a lo que ha dicho el diputado señor Solsona se trata de incidir un poquito más en lo mismo. Este es el mismo relato que he venido diciendo, porque sencillamente estamos recogiendo los acuerdos de todo el mundo. Cataluña no
sale perjudicada. Cataluña percibe, me parece, 430 millones de euros -lo digo de memoria- al año. Además se han incluido determinadas medidas. Por poner algún ejemplo, cuando para el vacuno de cebo, que tenía un especial interés para la Comunidad
Autónoma de Cataluña, hay 47.000 millones -estas cantidades tan importantes- hasta el año 2020, no se puede hablar de perjuicio. Cuando además este Gobierno en el reparto de los fondos de desarrollo rural a Cataluña, Feader, le asignó del entorno
de un 10 % más del que venía percibiendo en el periodo anterior no se puede decir precisamente que Cataluña sea una comunidad autónoma perjudicada.


Me pregunta si se puede competir en igualdad de condiciones. Pues sí, precisamente por ello hemos adoptado la decisión de una aplicación uniforme en el territorio nacional. Este es el objetivo: poder decir que agricultores y ganaderos de
todo el territorio cumplen en igualdad de condiciones. Luego está dando la razón al Gobierno cuando aplica la PAC con criterios uniformes en el conjunto del territorio nacional; es una manera de proteger a agricultores y ganaderos de una
distorsión de la competitividad.


Insiste al decir que frutas y viñedo no tienen ayudas, pero sí que las tienen, porque tienen un régimen específico que supone más de 180 millones solamente en organizaciones de productores para frutas y hortalizas, más todas aquellas
superficies que están dentro del régimen de pago único que son bastantes, y en viñedo también hay una superficie importante que tiene derecho de pago base y 210 millones de euros anuales. Podían haber sido más, si se hubiera negociado un poquito
mejor en la OCM del vino pasada, pero qué se le va a hacer, ahora eso ya es llorar sobre la leche derramada. Pero son 210 millones de euros para el sector del vino todos los años, luego no es muy preciso decir que frutas y hortalizas y viñedo no
tienen ayudas.


Habla de recentralizar y lo mismo en el desarrollo rural. Sin embargo coordinar no es centralizar; es hacer una gestión más eficiente de las ayudas en beneficio del conjunto del sector. La labor de coordinación es la que se ha hecho en
materia de desarrollo rural, y nada más, a petición de comunidades autónomas para evitar estas distorsiones y este mejor uso de los fondos.


Con respecto a la publicidad yo creo que es importante -y lanzaremos en breve una campaña informativa, que no publicitaria- para que sepan agricultores y ganaderos lo que deben hacer, y entre otras muchas cosas para aclarar muchas de las
afirmaciones que se vienen haciendo sobre cazaprimas, especulaciones, y todas esas cosas de que van a recibir las ayudas quienes no hagan nada, viendo el telediario en su casa; por tanto es especialmente necesaria, habida cuenta de todas las
grandes frases que venimos escuchando estos últimos días, esta campaña informativa para acabar con estas afirmaciones tan erróneas, porque si no lo hiciéramos, como dije antes, a muchos agricultores y ganaderos les estaríamos metiendo en un lío
cuando fueran cumpliendo lo que a algunos se les está indicando que pueden hacer para cobrar la PAC, y vieran que la PAC no llegaba a su casa cuando es esperada, y no pudiéramos mantener esta competitividad de nuestro sector, para lo cual hemos
invertido tantas horas de trabajo, de negociaciones y de reuniones, habida cuenta de la trascendencia y la importancia que la PAC tiene en España, una política agraria común que como digo garantiza, da estabilidad y seguridad a todos los
agricultores y ganaderos españoles hasta el año 2020.


Quiero terminar solamente agradeciendo la intervención del portavoz del Grupo Popular, por los datos y aclaraciones que nos ha puesto encima de mesa, y con esto concluyo.


El señor PRESIDENTE: Agradecemos su presencia para informar sobre la reforma de la política agraria común.


Se levanta la sesión, señorías.


Era la una y diez minutos de la tarde.