CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 568

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 40

celebrada el martes,

13 de mayo de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (Número de expediente 121/000077) ... (Página2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:


- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (Número de expediente 121/000077) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, va a dar comienzo la sesión número cuarenta de esta Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


En nombre de la Comisión, quisiera trasmitir a los familiares de doña Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y presidenta del Partido Popular de esa localidad, nuestro más sentido pésame.


Quisiera comunicarles, señorías, que si algún grupo desea plantear alguna votación por separado nos lo traslade a la Mesa lo antes posible, tal y como ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. Vamos a proceder al debate y votación del
proyecto de ley de responsabilidad medioambiental y les comunico a sus señorías que, como viene siendo habitual, los portavoces de las enmiendas van a disponer de un tiempo máximo de diez minutos; para fijar posición aquellos grupos que no hayan
presentado enmiendas dispondrán de un plazo de cinco minutos; y las votaciones van a tener lugar, si les parece bien, señorías, no antes de la una de la tarde. ¿Alguna observación? Supongo que iría por ahí el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, como se celebran muchas comisiones hoy -incluso algunos diputados de esta Comisión somos miembros de la Comisión Mixta para la Unión Europea, y se han anunciado también las votaciones a partir de
la una-, nos gustaría que al finalizar la sesión dé cinco minutos para incorporarnos a esta Comisión y poder votar; es decir, que lo anuncie con el suficiente tiempo.


El señor PRESIDENTE: Naturalmente que sí.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA SIGUIENTE INICIATIVA LEGISLATIVA:


- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. (Número de expediente 121/000077).


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, propongo a sus señorías que se ratifiquen los nombres de los ponentes de los diversos grupos parlamentarios en la ponencia de esta iniciativa legislativa. (Asentimiento). Se ratifica por asentimiento.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. (Número de expediente 121/000077).


El señor PRESIDENTE: Entramos a debatir el proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Responsabilidad Medioambiental.


Para defender las enmiendas que ha presentado el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Después de dar por defendidas todas las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, pasamos a exponer las razones que han llevado al Bloque Nacionalista Galego a presentar las siete enmiendas que tenemos a este
texto del proyecto de ley. Por ejemplo, señorías, la enmienda número 23, de modificación del apartado dos de este artículo único que tiene este proyecto, se hace porque entendemos que el objetivo del texto que se refleja en el proyecto de ley tiene
la intención de restringir la responsabilidad medioambiental de la Administración General del Estado, en la medida en que se definen esa responsabilidad. De esta manera, en el caso de obras públicas de interés general -es decir, para aquellas
actividades anunciadas en el anexo III-, la Administración General del Estado responde por cualquier tipo de daños medioambientales pero para las no incluidas en ese anexo únicamente lo hace por los daños causados a las especies y los hábitats
protegidos cuando haya concurrido culpa o negligencia del operador, con lo que se excluyen, señor presidente, los posibles daños a las aguas, al suelo o a la ribera del mar y de las rías. Al Bloque Nacionalista Galego este tema le preocupa y como
no puede compartir lo que se propone en el texto, por eso presenta esta enmienda de modificación.

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La propuesta que hacemos de supresión del apartado tres de este artículo único está sustentada en la cuestión de que la modificación contemplada en el apartado que proponemos suprimir busca recentralizar competencias al margen del reparto
competencial constitucional. La fijación de las medidas de responsabilidad medioambiental son gestión en materia de medioambiente que compete a las comunidades autónomas. El hecho de que las obras sean de interés general no debe ser un elemento de
sustracción de una competencia autonómica. El legislador pretende buscar una interpretación expansiva que ya consiguió imponer en materia de evaluación de impacto ambiental en otras obras estatales.


Señorías, el cambio que se hace en el apartado cinco de este artículo único en relación con la garantía medioambiental no se puede admitir desde una perspectiva de responsabilidad y por eso proponemos su supresión. En la medida en que el
cambio que se hace en el proyecto de ley de que la garantía financiera que deben constituir las actividades potencialmente peligrosas se determine por el propio operador en vez de por la autoridad competente, abre un camino de protección a la baja e
incluso al infraaseguramiento. Es evidente que el operador siempre va a infravalorar el potencial dañino de su actividad con la finalidad de ahorrar costes. En el artículo 24.3 la sustitución de la autorización de la Administración por una
comunicación del operador en que la Administración no actúa más que como buzón, refuerza el giro de 180 grados en la protección medioambiental. Por lo tanto proponemos la supresión.


Planteamos asimismo la supresión del apartado siete de este artículo único en la medida, señorías, de que desde nuestro punto de vista se deslegaliza la determinación de actividades exentas de garantía financiera, permitiendo que el Gobierno
por normativa reglamentaria amplíe sobremanera el ámbito de actividades exentas, dejando sin contenido la regulación. Es bien cierto que lo que hace este apartado es una leve modificación de una cuestión ya incorporada en el Real Decreto-ley 8/2011
con el que en su momento ya no estuvimos de acuerdo, y con esta modificación que se hace del mismo tampoco lo estamos.


Señorías, también proponemos la supresión del apartado nueve de este artículo único porque consideramos que no debe quedar abierta la fecha de efectividad de la exigencia de la garantía porque podría ser que, por la legislación que se puede
aprobar hoy, se permita la entrada en funcionamiento de instalaciones sin garantías ambientales.


También proponemos la supresión del apartado ocho en la medida en que se mantiene la redacción actual del proyecto del artículo 30 de la ley, puesto que la modificación que se propone desregulariza los límites cuantitativos y exenciones de
la garantía financiera obligatoria.


Señorías, tanto las enmiendas de modificación como las de supresión, las presentamos porque entendemos que el Gobierno con este proyecto de ley lo que pretende es reducir las garantías medioambientales que se fueron consiguiendo en
legislaciones anteriores y nosotros, desde el Bloque Nacionalista Galego, creemos que no es cuestión de dar pasos atrás en relación con la cuestión medioambiental sino que en todo caso lo que correspondería sería dar pasos para mejorar las
condiciones -sobre todo desde el punto de vista de la legislación- que garanticen que las administraciones públicas y también todas las entidades privadas, en relación con el medio ambiente y de manera concreta en relación con la obra pública, deban
tener en consideración las máximas garantías medioambientales. Este proyecto de ley no va en esa dirección, va en dirección contraria, como hemos indicado en los argumentos que hemos dado en las enmiendas que presentamos. Por lo tanto, señorías,
desde el Bloque Nacionalista Galego, además de decir que mantenemos nuestras enmiendas y por lo tanto el voto a favor de las mismas, anunciamos el voto en contra de este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas que ha presentado el Grupo Vasco tiene la palabra su portavoz, el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: En nombre del Grupo Vasco he de decir que mi grupo presentó tres enmiendas, preparamos más pero al final presentamos tres. En primer lugar, la disposición del Gobierno y del Partido Popular ha sido buena a la
hora de negociar y hemos llegado a varios acuerdos, es decir, de esas tres enmiendas se han aceptado dos y queda una viva. Les explico los motivos.


Podríamos haber llegado a un acuerdo más completo pero estamos satisfechos con el que hemos alcanzado porque desde un principio considerábamos y seguimos considerando que si la competencia medioambiental es autonómica -y en el caso de
Euskadi está transferida-, evidentemente todo lo derivado de esa competencia y de lo que pueda causar al medioambiente siempre será responsabilidad de quien tiene la competencia. En el caso de esta ley -y en la de impacto ambiental ocurría lo
mismo- si el Estado dice que es titular de las obras que se efectúan, aunque sea en una comunidad autónoma, la

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responsabilidad ambiental también recae sobre el titular de la obra en vez de recaer sobre en quien se aplica esa obra. Es una cuestión de criterio muy importante porque los beneficios o los daños que pueda causar esa obra evidentemente los
percibirá o los padecerá la comunidad autónoma en donde se realiza, por mucho que el Estado tenga la competencia en la realización de la obra. Por lo tanto es un criterio con el que desde un principio diferimos. Hemos llegado a un acuerdo en el
que por lo menos las obras de interés general del Estado y las obras autonómicas quedan en el mismo nivel, y esta ley contempla esa igualdad en este sentido.


Habíamos presentado otra enmienda y no la vamos a retirar porque seguimos pensando que es importante que se aplique en esto. Me refiero a que en la modificación del apartado siete del artículo único, en el artículo 28, referido a las
exenciones de constitución de garantía financiera obligatoria, nosotros solicitábamos que se suprimiera el apartado d) porque, tal y como afirma además el Consejo de Estado, este artículo y este apartado aplican una exención generalizada a abordar a
través de un desarrollo reglamentario sin que se incorporen en el texto legal los criterios a tener en cuenta por el reglamento para la aplicación objetiva de la deslegalización de las exenciones del apartado. Es decir, dice que reglamentariamente
se dirá quiénes quedan exentos. Una ley debe tener un poco más de seriedad en ese sentido porque queda al albur de no sé qué circunstancias que se aplique cuáles son las exenciones, y creo que una ley de esta índole -que en otros apartados ha
tenido unos criterios más claros- deja una especie de duda de por qué se deja a un desarrollo reglamentario la aplicación de esta exención en algo tan importante como eso.


Dicho esto, que son las tres cuestiones fundamentales, quiero decir en nombre de mi grupo que esta vez hemos podido dialogar, acordar y que los intereses de ambos han podido llevarse a cabo. Dentro de lo técnica que es esta ley, a nosotros
no nos convence del todo porque aunque hayamos negociado, el Estado todavía no considera al 100% que la responsabilidad de las obras que se hagan en las comunidades autónomas es de estas sino que dice que como la obra es suya, la responsabilidad
también; y en esta cuestión creo que hemos llegado a una especie de mix. Visto esto, no me voy a extender más. Creo que es una ley muy técnica; los planteamientos globales los hicimos cuando se presentaron las enmiendas a la totalidad y tuvimos
el debate de totalidad y ahí marcamos nuestro terreno de juego, que el Gobierno y el Partido Popular lo recibieron con una disponibilidad que se ha demostrado. Por ello quiero agradecer además el papel tanto de la ponente, Celia Alberto, como de
los responsables del departamento de Medio Ambiente, para que se pudiera llegar a un acuerdo. Por lo tanto, mantenemos viva esa enmienda en torno a lo que comentaba de las exenciones. Anuncio que mi voto no va a ser negativo a este proyecto de
ley.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Hoy vamos a echarle un vistazo a lo que queda, que es mucho desgraciadamente, de uno de los últimos proyectos del señor Cañete. Sirva como ejemplo -aunque sé que no viene concretamente al caso y no es
siquiera responsabilidad únicamente suya, es compartida con el otro grupo grande, con el Grupo Socialista- que el señor Cañete llegó cuando íbamos a derribar El Algarrobico y se va cuando El Algarrobico sigue en pie y probablemente vuelva a
funcionar de nuevo. Me parece una buena metáfora de cuál es la política medioambiental que está llevando el Partido Popular y cuál es la razón por la que nosotros hemos presentado la enmienda a la totalidad a un proyecto que nos parece malo y que
empeora la legislación anterior, por lo tanto, del que todos nos debemos sentir muy preocupados porque ahonda en la destrucción de nuestro medio ambiente y parece en este caso blindar, proteger, no el medio ambiente saludable al que todos debiéramos
tener derecho, sino a los que están en disposición o con posibilidad de poder atentar contra el mismo. Nos parece especialmente grave. Ya hicimos un discurso en el Pleno en el que explicábamos cuáles eran nuestras enmiendas y nuestros motivos,
pero hoy volveré a concretar algunas de las razones fundamentales que nos han llevado a este rechazo.


Hemos explicado ya que nos parece grave, que nos parece malo el texto. La ley que nos presenta el Partido Popular nos parece que profundiza en el modelo de precarización que está llevando a cabo el Partido Popular, la visión cortoplacista.
No se puede blindar o proteger a las empresas per se, a pesar de lo que hagan; no se puede tener una visión tan cortoplacista y tan pobre en lo que a medio ambiente se refiere. El medio ambiente es un valor añadido que en las últimas legislaturas
no hace otra cosa que disminuir y que pone a nuestro país además en franca inferioridad respecto a otros países que viven de algo como de lo que vive nuestro país, algo tan importante como el turismo. Ni siquiera quiero centrarme en eso, porque
como digo, per se, el medio ambiente, el disfrute nuestro, de nuestro hijos, de nuestros

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nietos, a un medio ambiente saludable, a un medio ambiente con buena salud, es un derecho contra el que vamos viendo cómo se atenta una y otra vez. Hemos pasado -ya lo decíamos también- de la filosofía de que el que contamina paga a esa
filosofía nueva, tremenda, de que quien paga, quien tiene poderío, se arroga el derecho a poder contaminar. Además estamos traspasando en algunas ocasiones la responsabilidad del cuidado del gallinero -si se me permite la expresión- al zorro, ni
más ni menos, que es el que a veces, según este proyecto de ley, será el que determine si debe o no protegernos, si debe o no y con cuántos recursos garantizar esa protección del medio ambiente. Además, hacemos el proyecto de ley mal, el Consejo de
Estado lo dice, sin la participación del Consejo Económico y el Consejo Fiscal, y seguimos sin aprovechar la experiencia anterior de todos los errores que se han cometido en las distintas administraciones, parece que no queremos aprender de ello.


Había dos artículos que nos preocupaban realmente y que han hecho que presentemos esta enmienda a la totalidad: el 24 y el 28. El 24 elimina la garantía financiera obligatoria al añadir el apartado 1: Para el resto de operadores, la
constitución de la garantía financiera tendrá carácter voluntario. Nos sorprende que se pueda presentar un texto así. ¿Cómo puede tener carácter voluntario esa garantía financiera? ¿Cómo se puede permitir que eso sea voluntario? Nos parece
increíble. En el apartado 2 sorprende que además al operador se le permita fijar la cuantía a garantizar, cuando en la actual ley esa facultad corresponde a la autoridad competente. Por eso digo que esta ley no solamente no soluciona nada, sino
que además es un claro retroceso a las ya de por sí ineficientes e incompletas que teníamos. Luego reiteradamente califica como simplificación de cargas administrativas a lo que en realidad constituye per se una auténtica liberalización en regla de
un campo en el que nos parece muy grave llevar a cabo cualquier tipo de liberalización. Además, la Unión Europea advierte concretamente sobre este tema.


Sobre el artículo 28 me alargaré un poquito más ahora, pero cuando hablaba de la ineficacia, de la incapacidad para aprovechar al menos la experiencia, artículo único, apartado dos, nosotros creíamos que había que añadir justificación -esa
era nuestra explicación a la adición de esa enmienda- siempre que haya habido culpa o negligencia por parte del operador o -nosotros añadimos- un estudio medioambiental previo deficiente. Señorías, veíamos hace nada cómo el Instituto Geográfico
Nacional de repente nos dice que todo lo de Castor se debe, que es probable que haya una justificación a esos temblores sísmicos que ocurrieron en la zona, a la inyección de gas. Uno se pregunta si eso debiera haber estado en la publicación de un
impacto ambiental bien hecho, como es debido y que nos hubiese llevado a impedir que ese tipo de actividades se hiciesen allí. Sin embargo, ustedes siguen erre que erre intentando que estos estudios medioambientales sean deficientes y además no
sean vinculantes. El análisis de riesgos medioambientales, y eso era el apartado cuatro, no puede ser voluntario, tiene que ser obligatorio. Nos parece muy grave, por eso presentábamos la enmienda.


Hablamos continuamente de competencias y el diputado Agirretxea se ha referido a ello. Nosotros en eso nos hemos manifestado habitualmente en contra. Creemos que esta competencia del medio ambiente debiera arrogársela el Estado porque, a
pesar de lo que se dice aquí a veces, lo que sucede en cualquier lugar termina afectándonos a todos por razones obvias. Curiosamente, siempre estamos hablando de arrogar competencias, pero en el apartado cinco, cuando esas competencias se derivan y
nos obligan a algo, parece que nadie las quiere. Nosotros creíamos que la garantía financiera debería ser de obligado cumplimiento y además debería determinarse la garantía y quién es la Administración competente en cada caso. En el apartado siete
reclamábamos la presentación de certificados. Esta es un poquito más técnica y ya hablé de ella en su día. En cuanto al fondo de garantía, apartado diez, nos parece obvio que debe tener una cantidad acorde con el daño causado, y eso no es así
hasta ahora.


No me puedo alargar mucho más, pero sí que me gustaría poner el acento en algo que hemos dicho a menudo en esta Comisión y en Pleno. Hemos hablado de la importancia que ha tenido en la crisis económica, en la crisis política de este país,
la falta de controles independientes. Aquí se hace lo mismo: se huye de los controles. No avanzamos en transparencia, no avanzamos en control independiente, no avanzamos en que sean los técnicos quienes nos digan si ciertas cosas se pueden hacer
o no, cuáles son las consecuencias reales y qué coste van a tener. Técnicos independientes, reitero. El Consejo de Estado calcula que de las 320.000 actividades que deben constituirse en garantías solo serán de obligatorio cumplimiento para 5.470
operadores y que solo afectarán a 6.800 instalaciones. Ya se lo preguntaba yo al señor ministro: ¿qué pasa con el resto, señores del Partido Popular? Nos llama también la atención que esto lo presenten ustedes cuando estamos esperando una ley de
la Unión Europea, y uno se pregunta: ¿por qué estas prisas? ¿Por qué se presenta de esta forma?¿Se quiere blindar a alguien? ¿Se quiere proteger a alguien antes de que llegue esa ley que, esperamos, será bastante más exigente? Hablaba de

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la voluntariedad. ¿Se imaginan ustedes que en tráfico uno pudiera elegir la cuantía de la multa que debe pagar después de haberse saltado la ley? Nos parece una broma macabra. Creemos, repito, que esas certificaciones son insuficientes;
creemos que los planes de emergencia internos también lo son, que no consideran cosas tan importantes como los incendios, como las explosiones. Creemos que todo esto debe ser un filtro político, es la única explicación que tenemos, porque ya
sabemos adónde terminan llevándonos estas exenciones. Repito, hay que valorar especialmente la independencia y lo que deben decirnos los técnicos al respecto.


Voy acabando. Simplemente recuerdo lo que creemos que ocurre, en titulares, con este proyecto de ley: señores del Partido Popular, señores del Gobierno, este proyecto de ley rebaja las exigencias medioambientales de la normativa anterior.
Esto nos parece grave, esto es lo que nos hace pedir su devolución, pero además vuelven a insistir ustedes en un modelo de creación de riqueza cortoplacista, imaginativamente muy pobre y que nos ha llevado a una situación dramática en la que parece
que ustedes quieren profundizar. Es pan para hoy y hambre para mañana, y nosotros votaremos en contra.


El señor PRESIDENTE: En nombre de La Izquierda Plural, para defender las enmiendas que han presentado, tiene la palabra su portavoz doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Seré breve, porque muchos de los grupos de la oposición coincidimos en plantear el mismo tipo de enmiendas. Desde nuestro grupo parlamentario planteamos una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley porque
una vez más, y especialmente desde este ministerio, es una ley que predica todo lo contrario de lo que dice su propio título. Esta modificación o reforma de la Ley de Responsabilidad Medioambiental está hecha al servicio de desregular, dar menos
garantías y, por tanto, reducir la responsabilidad respecto a nuestro entorno de muchas de las actividades que pueden comportar peligros, y además se hace en un contexto donde se están alimentando actividades que multiplican esos riesgos. Ayer
conocimos, porque desde nuestro grupo parlamentario lo pedimos, el informe del Instituto Geográfico Nacional sobre el proyecto Castor y confirmaba efectivamente todas las sospechas que teníamos, que la inyección de gas estaba provocando seísmos,
tenemos prospecciones petroleras en nuestros mares, tanto en el Mediterráneo como en Canarias; es decir, se multiplican las actividades de riesgo y lo que hace el Gobierno es quitar garantías tanto económicas como de procedimiento sobre el impacto
y la responsabilidad de esas cuestiones. Así que planteamos una enmienda a la totalidad y en el trámite entendemos que no ha mejorado esta ley, puede haber alguna mejora a nivel competencial pero lo sustancial, que es la protección que tenemos el
conjunto de ciudadanos frente a actividades que ponen en riesgo nuestro entorno natural, pero también evidentemente nuestra salud porque tiene que ver con ello, no ha mejorado, todo lo contrario.


Nuestro grupo parlamentario ha planteado además de la enmienda a totalidad diez enmiendas que tienen que ver con lo que ya denunciamos en el debate a la totalidad y en algunos de los aspectos que ya han salido, muchas son de supresión,
porque, como dijimos, las modificaciones que introduce esta ley están al servicio de desregular, de reducir controles y de reducir garantías, con lo cual una ley para cumplir con una directiva se está vaciando absolutamente de contenido. La primera
enmienda nos parece de sentido común, como es no convertir en voluntarios los análisis de riesgos medioambientales, ese diagnóstico debe formar parte de las actividades susceptibles de causar daño. Realmente no aprendemos, tenemos accidentes,
tenemos actividades que han causado daños muy importantes en nuestro país, y la solución del Gobierno es que ahora serán voluntarios; si han sido deficientes hasta ahora, imagínense bajando los estándares.


Otras enmiendas van en la línea de eliminar la voluntariedad de la garantía financiera y la discrecionalidad de esa cuantía, que no sea el propio promotor, como ustedes establecen, quien la defina; es decir, quien es el causante, quien
deber ser el responsable último acaba decidiendo cuánto va a pagar y si quiere pagar; es un despropósito absoluto si estamos hablando de cumplir unos objetivos comprometidos con la Unión Europea y la propia directiva.


Otras enmiendas son para garantizar el examen de la autoridad competente y algunas van en la línea de que se pueda reabrir el expediente si lo piden las personas interesadas o hay alguna causa para hacerlo sin necesitar de autorización; hay
sobrados ejemplos de la necesidad de que se pueda reabrir con facilidad el expediente. Enmiendas en otras cuestiones como el establecimiento de previsiones de fondo en el caso de que la propia aseguradora no pueda cubrir los daños, porque al final
los acaba pagando el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, y ese fondo debe prever esos casos. Y finalmente enmiendas que

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están en la línea de reducir el plazo para establecer la reparación, tal como prevé la propia directiva del año 2004 que habla de celeridad, cuando entendemos que seis meses es excesivo.


Son un conjunto de enmiendas, a nuestra entender en la línea de las que han planteado otros grupos, porque es fácil el diagnóstico: es una ley que está hecha para quitar garantías, para quitar responsabilidad, para reducir los controles, y
lo que ha hecho la mayoría de grupos es rectificar lo que es un error en toda regla que pone en peligro nuestro entorno natural. Realmente este Gobierno, y especialmente este ministerio, está empecinado en creer que el medio ambiente es un lastre
para la economía y en pensar que son las empresas y el mercado los que tienen que regular y administrar cómo se interviene en el patrimonio natural del conjunto de ciudadanos y ciudadanas. La miopía del Gobierno no tiene límites, y así como Europa
avanza en la protección medioambiental y de ello hace un valor, un valor no solo social y ecológico sino también económico, de creación de empleo y de crecimiento económico -hoy entendemos que la economía no debe pasar por el desarrollismo y la
destrucción del territorio sino por otro lado que nos pueda ayudar a cambiar el modelo económico que tenemos-, ustedes siguen empecinados y anclados en el pasado, y así nos va. El problema no es solo que la economía no vaya mejor sino que cada vez
ponen más en riesgo no solo derechos sociales sino también medioambientales y la situación de nuestro entorno. Por tanto, nosotros votaremos en contra del dictamen del proyecto de ley, en coherencia también con la enmienda a la totalidad que
presentamos.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas, tiene la palabra, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), don Martí Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Quería hacer una intervención bastante responsable, aunque he visto que estamos en campaña electoral y alguien lo está aprovechando. Denuncio ese aspecto, aunque sea lícito, porque, como demostraré, este
proyecto de ley, al que vamos a dar viabilidad y vamos a votar a favor, está hecho a partir de un trabajo real sin reducir en ningún momento las responsabilidades de los operadores, ni buscar de ninguna forma evitar que el medio ambiente quede
perjudicado, ni defender a las grandes industrias y actividades, porque estas no se modifican y están incluidas tanto en este proyecto de ley como en la ley anterior.


Este proyecto de ley que modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, modifica solamente trece apartados y ajusta trece de los artículos de esa ley. Es una modificación muy concreta y dirigida a unos
objetivos que voy a intentar explicar, que no modifica de ninguna manera la finalidad de la ley, lo que sí busca, o buscamos los que la vamos a apoyar, es permitir la simplificación de la gestión sin retroceder en ningún momento en el control y la
adjudicación de responsabilidades medioambientales. En ese sentido tengo que denunciar que ha habido algunas afirmaciones que no son verídicas, que no son reales, que no son verdad y que no se ajustan a la propuesta del texto de la que vamos a ir
hablando. Fíjense lo que hacen. La anterior ley de 2007 no reconocía las responsabilidades de las obras públicas de interés general competencia de la Administración General del Estado, cosa que este proyecto de ley incorpora, no al cien por cien
como nosotros querríamos pero incorpora, y reconoce que también las obras públicas de interés general de la Administración General del Estado tienen sus responsabilidades. Alguien que podría estar criticando que esta ley va a impedir, va a
renunciar a controles ambientales, permitió en su momento que eso se pudiese aprobar y ahora está criticando, cuando este apartado es importante y es novedoso, además de ser de justicia y ser coherente. En este aspecto, tenemos que decir que desde
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hemos trabajado en enmiendas transaccionales para que esto pueda ser verdad y sea de justicia y coherente. Si el daño o amenaza afecta a recursos naturales de territorios tutelados por
comunidades autónomas -aspecto que no se contemplaba al cien por cien- será necesario recabar un informe preceptivo del órgano autonómico correspondiente, y tenemos que celebrar que se puedan incorporar y respetar las competencias de las comunidades
autónomas.


Hay un tema en el que no hemos conseguido que el Grupo Parlamentario Popular admita nuestra enmienda -intentaremos trabajarlo en el Senado-, y es que nosotros creemos innecesaria la especificación introducida en el artículo 3. Entendemos
que el mismo es aplicable a todos los daños causados por las actividades del anexo III, independientemente del tipo de obras o de la Administración competente para su control o supervisión. El nuevo redactado no encaja en el artículo, es redundante
con el artículo 2 y pedíamos suprimirlo por entender que ya estaba introducido. El Grupo Parlamentario Vasco ha incorporado unas mejoras competenciales en este aspecto y en este sentido, respecto de las enmiendas relacionadas, nos abstendremos,
renunciando a nuestra posición inicial. Y hablando de la constitución de

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garantía financiera -una novedad importante, por la cual nos felicitamos-, que sean los operadores quienes deberán comunicar a la autoridad competente la constitución de la garantía financiera a la que estén obligados, será la autoridad
competente la que establecerá los correspondientes sistemas de control, por lo que en ningún momento se está renunciando a ningún control medioambiental, lo que se está haciendo es simplificar los trámites y mantener el control de la Administración.
Nuestra enmienda, que ha sido aceptada por el Grupo Parlamentario Popular, completa aún más este objetivo. Creemos que la propuesta mejora sustancialmente y agiliza los trámites facilitando el proceso administrativo; con nuestra enmienda
mantenemos los estándares de control administrativo necesarios para las administraciones competentes.


Pasaré ahora a hablar de exenciones de constitución de garantía financiera obligatoria. Aquí sí quiero criticar el alarmismo, el total alarmismo. Había una incongruencia en la anterior ley porque se había traspuesto directamente el anexo
III de la directiva 2004/35, de la Comunidad Económica Europea, que establece las actividades que tienen una responsabilidad medioambiental objetiva, lo que significa que, independientemente de la corrección o no de sus actos, son responsables de
los daños medioambientales ocasionados y por tanto de su reparación de manea ilimitada económicamente. Eso no se toca, no es lo que se trata en esta ley que estamos debatiendo ahora. Estas son ahora la mayoría de las actividades económicas o
profesionales públicas o privadas. En su momento se incorporó en este anexo para determinar cuáles eran las actividades que estaban obligadas a constituir una garantía financiera obligatoria, no a que se les evitasen responsabilidades
medioambientales, sino obligadas a constituir la garantía financiera obligatoria. Se usó el mismo anexo para finalidades totalmente diferentes a las que inicialmente tenía. Lo que se tenía que hacer o tiene que hacer el que esté obligado es una
evaluación o una cuantificación de los posibles daños potenciales, una cuantificación económica de esos daños, la verificación externa por una entidad externa homologada, entregar la documentación a la Administración para determinar importe y
garantía, y la obligación -si era necesario- de contratar la garantía financiera o un seguro si los daños eran superiores a 300.000 euros. Eso se mantiene, es decir, las grandes operadoras continuarán siendo controladas por esta ley. ¿Saben cuánto
podía costar de promedio toda esta tramitación? Costaría 15.000 euros por actividad, que si, por ejemplo, en Cataluña lo multiplicamos por las 60.000 actividades, en números redondos, nos saldría un coste de 900 millones de euros. Comprobado que
el 90% de la casuística de daños ambientales tiene el coste de reparación por debajo de los 300.000 euros, quedarían fuera de toda obligación de contratar garantía financiera, por lo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sin
alarmismos, manteniendo el control medioambiental de las actividades y buscando que la actividad económica no tenga tantos peros y tantas dificultades, quiere que unas 54.000 actividades que deberían realizar el procedimiento para concluir que no
tienen obligación de constituir un seguro puedan ahorrarse esos costes y así permitir la creación y desarrollo de actividades para facilitar la creación de puestos de trabajo y de riqueza para salir cuanto antes y lo mejor posible de la crisis.
Claro que apostamos por la prevención, por la concienciación de los emprendedores con el medio ambiente -emprendedores, pequeños autónomos, pymes-, porque las grandes actividades no se tocan y se mantienen como en la anterior ley.


Hemos presentado también una enmienda con referencia a los límites cuantitativos. En este aspecto tampoco hemos convencido al Grupo Parlamentario Popular y creemos que aquí todavía podemos tener camino para mejorar esta redacción. No
ponemos objeción, más allá de creer que la ley no prevé que la garantía financiera tenga que renovarse; se emite desde la fecha de exigencia y se mantiene hasta el cese efectivo de la actividad. La redacción es ambigua y puede llevar a hacer
entender o a pedir que, sin haber llegado a una renovación de la actividad porque los mercados financieros puedan encontrar en este aspecto facilidades o cambiar y reducir los costes, se pueda promover un cambio en el aval antes de que se tenga que
reproducir o pedir nuevamente.


Respecto al fondo de compensación de seguros y el fondo de compensación de daños medioambientales, aparte de ser voluntario -en eso estamos de acuerdo- para aquellas actividades de menos de 300.000 euros, querríamos introducir que sí fuese
obligatorio que estas actividades aportasen una parte correspondiente porcentual a este fondo de compensación de daños medioambientales para asegurar tener una cantidad más alta de dinero y poder así prevenir cualquier problema cuando una actividad
ya haya dejado de realizarse. Esto es lo que nos hace apoyar este proyecto de ley.


Respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, no podemos estar de acuerdo con la enmienda que han mantenido porque precisamente hemos trabajado con el Grupo Parlamentario Popular sobre qué condiciones tendrá el reglamento que se
tiene que redactar; y como hay compromiso de que

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sea lo que coincida con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), vamos a votar en contra de la misma. Respecto a las enmiendas de Unión Progreso y Democracia, vamos a votar mayoritariamente en contra porque la filosofía es
totalmente diferente, es alarmista y no es consecuente con la redacción y las consecuencias que tendrá en los pequeños autónomos y en las pequeñas empresas, pymes. Respecto a La Izquierda Plural, son dos modelos diferentes; sí aprobaremos una de
transparencia e información, ya que en eso siempre estamos con ellos hasta donde sea necesario. Las del BNG también son contrarias a nuestro posicionamiento. Sí quisiera criticar un aspecto al Grupo Parlamentario Popular que trata de las que ha
incorporado directamente. Dos disposiciones no tienen nada que ver con esta ley; otra vez se incorporan enmiendas en la ponencia a las cuales no se pueden presentar enmiendas, no puede haber debate. Creemos que eso son prácticas reprobables y lo
queremos decir aquí.


El señor PRESIDENTE: Señor Barberà, le ruego que vaya concluyendo.


El señor BARBERÀ i MONTSERRAT: Termino. En ese aspecto, estamos en contra de la que intenta solucionar un tema competencial en el reglamento de actividades molestas y nos abstendremos en el de incorporar obras de interés público en
diferentes cuencas hidrográficas.


En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, en el modelo estamos en contra. Ellos han practicado, como el Grupo Parlamentario Popular, introducir enmiendas que nada tienen que ver con la ley. No obstante, les diré que la del fracking la
vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera, manteniendo el compromiso del Parlament de Catalunya, y lo que me gustaría es que el Partido Socialista catalán mantuviese el compromiso del Parlament de Catalunya de territorializar los
recursos para su segunda disposición adicional, que habla de contaminación atmosférica, a la cual siempre hacemos referencia y a la que el Partido Socialista nunca da apoyo para que se territorialicen los recursos y también los objetivos. En el
tema de salud nos abstendremos porque está totalmente fuera de contexto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ábalos.


El señor ÁBALOS MECO: Quisiera empezar comentando parte de la intervención del portavoz de CiU, que consideraba alguna intervención que se ha producido aquí como electoralista. Cada uno puede decir lo mismo respecto del otro, pero es que
esto es un sin sentido porque todos los partidos que estamos aquí nos presentamos a elecciones y por lo tanto todas nuestras posiciones son electoralistas; estaría bueno que fueran de otro modo. Esta cuestión es de perogrullo y cada uno lo enfoca
como quiere; en todo caso, el informe del Consejo de Estado que aquí se ha citado y sobre el que no abundaré más, se podría tildar todavía más de electoralista, porque creo que ha sido un informe bastante duro.


Quisiera dar algún argumento distinto al que planteamos en el debate de la enmienda a la totalidad y empezaré por algo que aquí no se ha planteado y que es una de las justificaciones de este proyecto de ley, como es la inclusión de la
Directiva 2013/30 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 junio, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. Esta es una de las justificaciones que el Gobierno plantea como oportunidad para la presentación
de este proyecto de ley; más prevención para evitar accidentes en el mar y, en el peor de los casos, determinar los instrumentos para paliar sus graves consecuencias, que trae causa de un desgraciado accidente que fue el de la plataforma de la
multinacional British Petroleum en el golfo de México, aunque podemos referirnos a casos similares en España como, por ejemplo, el caso del Prestige o el de Aznalcóllar, u otros más famosos y más trágicos como el de Chernobyl o el de Fukushima.
Estos son accidentes graves, la Unión Europea reacciona y en el primer considerando de esta directiva que recoge el mandato del artículo 191 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea establece los objetivos de conservación, protección y
mejora de la calidad del medio ambiente y la utilización prudente y racional de los recursos naturales. Sienta la obligación de que la política de la Unión en este ámbito alcance un nivel de protección elevado basado en los principios de cautela y
de acción preventiva, en el principio de que los daños al medio ambiente han de ser corregidos preferentemente en la fuente misma y el principio de quien contamina, paga. Es curioso porque esto se integra, pero realmente lo que no acaba de
integrarse en este proyecto de ley son los principios que iluminan, que fundamentan esta directiva, porque el proyecto de ley que hoy se trae aquí para su aprobación -que es ya casi obra póstuma del ministro Arias Cañete, es su última contribución a
la desprotección del medio ambiente- hace todo lo contrario. Aquí ya se ha dicho que es más bien una ley de irresponsabilidad medioambiental y no voy a insistir en ello. Curiosamente, ayer 12 mayo, como se ha dicho aquí, conocimos el informe del
Instituto Geográfico sobre la relación entre los movimientos

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sísmicos en la costa de Tarragona y Castellón y la plataforma Castor, y lamentablemente, más allá de los contenidos del informe y del debate que se pudiera hacer, nos hemos tenido que enterar por la iniciativa de un diputado de esta Cámara y
no por la transparencia del Gobierno precisamente. Hace una semana conocimos una ofensiva del presidente de Estados Unidos para avanzar en soluciones sobre la sostenibilidad y el cambio climático; sin embargo, aquí tenemos un Gobierno que va a lo
suyo en sentido estricto, a lo suyo en una política ambiental miope que nos aleja de los países avanzados y nos lleva a niveles impensables. El Partido Popular nos ha recordado en este tema y en otros que nunca hay que dar ningún derecho por
conquistado ni ninguna batalla por ganada, porque en su tarea ya se encargan de desmantelarlo todo.


Hemos perdido otra vez la oportunidad de hablar sobre lo importante, y es que los daños ambientales se pagan siempre, la cuestión es quién se beneficia, quién los sufre y quién los paga. Ya sabemos que el beneficio de la actividad
contaminante no es colectivo -que se sepa, British Petroleum reparte beneficios entre sus accionistas-, en cambio está bastante claro quiénes lo sufren. Sin considerar las consecuencias de los accidentes dramáticos, por ejemplo en este caso de la
plataforma petrolera, está el conflicto con la pesca o con el turismo, siempre hay agraviados; y si hay un accidente -que es de lo que tenemos que hablar- siempre se paga. Los gallegos sufrieron los efectos del Prestige, pero de los Presupuestos
Generales del Estado, sin contar con los trabajos voluntarios, salieron en su momento sin compensación todas las indemnizaciones y reparaciones. El debate de fondo es ese porque, no nos engañemos, son los defectos de una legislación y de un sistema
judicial los que hacen que doce años después del accidente del Prestige los responsables no hayan pagado por el mismo. Ese es el principio de quien contamina paga o al revés: quien paga es todo el mundo, menos quien contamina. Al Gobierno no le
interesa este debate -ni este ni el de las demás actividades económicas contaminantes o con potenciales efectos negativos en caso de accidente-, no le interesa que hablemos de que la generalización de la responsabilidad objetiva en materia de
responsabilidad ambiental es una garantía para ese principio de quien contamina paga. La necesidad de demostrar culpa o negligencia siempre ha tenido el resultado de beneficiar al más grande y al más fuerte frente al más débil o frente a un
colectivo indeterminado.


Tenemos una discrepancia profunda del modelo, la subrayaba también el portavoz de CiU y en eso estoy de acuerdo. Nosotros no creemos que siendo menos exigentes a la hora de solicitar informes de impacto ambiental, permitiendo contaminar más
a las empresas o haciéndolas menos responsables de sus actividades nocivas estemos ayudando a la economía ni al empleo. No es cierto que así se creen más empresas, lo que sí es cierto es que se crean peores empresas, menos competitivas, porque no
cuidan su verdadera estructura de costes. Consideramos que las empresas deben pagar por sus externalidades, ni más ni menos. Estaríamos de acuerdo en reducir burocracia innecesaria pero no en eliminar valoraciones. Estaríamos de acuerdo en
examinar actividades para ver si de verdad es necesaria o no una actividad de prevención de riesgos exagerada o que suponga una carga excesiva. Quizá podríamos haber realizado una valoración incluso si aquí hubiera comparecido algún experto, si
aquí algún cargo del ministerio nos hubiera explicado exactamente qué análisis se han tomado, qué estudios hay, qué estadísticas hay. Nosotros pedimos comparecencias de expertos y, una vez más, tampoco vinieron; no se nos quiso en este caso ni
contestar. Esa información no la tenemos, la motivación no se ha expuesto, por lo que mantendremos nuestras enmiendas; el sentido de las mismas es volver al texto original de la Ley de 2007, una ley por desarrollar por cierto, porque no podemos
admitir que cientos de actividades y miles de empresas queden exoneradas sin más debates ni matices, no podemos hacerlo porque tenemos la convicción de que no es equitativo, porque si hay daños, los costes los terminarán pagando otros, y eso si no
hay un accidente u otra circunstancia mayor, porque entonces será más evidente que las cosas se hicieron sin pensar ni valorar convenientemente las consecuencias.


No voy a dejar de pedir el apoyo de los otros grupos a las enmiendas que tienen relación con el propósito de esta ley y también a algunas otras enmiendas que el portavoz de CiU ha tildado de inconvenientes o de oportunistas, aunque dice que
una de ellas la va a apoyar, la que se refiere al fracking; algunas tienen que ver con la relación entre medio ambiente y salud y la actuación contra las sustancias que alteran el sistema hormonal. Puedo aceptar incluso que se diga que estamos
aprovechando la circunstancia, pero es que la oposición no tiene otra forma de aprovechar las cosas. La iniciativa en este caso del Gobierno le permite presentar el proyecto de ley, la proposición no de ley y todo, pero cuando uno está en la
oposición -y estamos en la oposición aunque algunos piensan que no- nos toca recurrir al debate en estas circunstancias; enmiendas que por otra parte tampoco hemos podido debatir en Comisión.

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Respecto de las enmiendas de los otros grupos, apoyaremos aquellas que coinciden con nuestra posición, y respecto de las enmiendas del Partido Popular también coincido con CiU; no va a ser todo discrepancia, algunas coincidencias tenemos.
Me parece que es un sistema perverso al que está recurriendo el Gobierno cuando no tiene necesidad de ello y es plantear en proyectos de ley vía enmiendas cuestiones que afectan a otras temáticas. El problema de esto no es que se desvirtúe el
contenido de la ley o el propósito de la misma, sino que nos hurta todo el debate parlamentario, es decir, ¿cómo se va a enmendar una enmienda, que además se incorpora sin ningún debate en el dictamen de la ponencia? Esto es absurdo. Ya se hizo en
la Ley de Evaluación Ambiental, ahora se hace en la Ley de Responsabilidad Medioambiental, y justamente si estas enmiendas tienen algo en común respecto a la temática es que tienen que ver con los planes hidrológicos; estamos haciendo el plan
hidrológico nacional por la puerta de atrás, aquí no se está dando la cara respecto a este tema. Es decir, ¿cuál es el problema para estar metiéndonos por la puerta de atrás todo el plan hidrológico nacional a parches, poquito a poquito y en normas
dispersas que luego habrá que ir buscando con un trabajo de exploración ejemplar? No podemos compartirlo y además esto es un incumplimiento reincidente de la normativa europea.


He dicho que esta es una ley póstuma del señor Cañete y ahora es la hora de la valoración, del balance final. En materia de medio ambiente, nos deja un pésimo legado; sin embargo, estoy seguro de que no es exclusiva responsabilidad de su
autor. El Grupo Popular seguirá procurando fidelidad a los mismos intereses a los que sirvió el señor Cañete y nosotros procuraremos mantener la oposición a estos intereses, que nos parece que son de una minoría y no de la mayoría de la sociedad.
(El señor García Egea: ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito!) Para eso estamos, para hacerlo bonito.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular van a intervenir dos ponentes, que se van a repartir el tiempo. Tiene la palabra doña Celia Alberto.


La señora ALBERTO PÉREZ: Con carácter previo a la discusión de este proyecto de ley, me gustaría volver a sumarme a las condolencias expresadas por el presidente de la Comisión en relación con los terribles hechos acaecidos ayer, que
terminaron con la muerte de nuestra compañera de partido, Isabel Carrasco.


Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación con las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Socialista, CiU y PNV al proyecto de ley por el que se modifica la Ley de
Responsabilidad Medioambiental. Mi compañero Teodoro García fijará nuestra posición en relación con las enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios.


Me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo el trabajo realizado por todos los portavoces de los grupos parlamentarios en general y muy especialmente de los portavoces de CiU y PNV, con quienes hemos llegado a acuerdos que se han
plasmado en la aceptación de las enmiendas números 4 y 5 del PNV, y número 32 de CiU, que han quedado incorporadas junto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular al texto de la ponencia que se ha sometido a la ratificación de sus señorías al
comienzo de la sesión de esta Comisión.


Entrando a valorar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, lo primero que nos llama la atención es que de la enmienda número 37 a la 40, ambas incluidas, se propone la supresión de distintos apartados del artículo
único que conforma el proyecto de ley que hoy discutimos aquí, sin aportar una sola alternativa a la redacción propuesta, tal y como ya ocurrió con la enmienda a la totalidad presentada por este mismo grupo. Sorprendentemente para este grupo, una
de las cuestiones que más han alegado que les molesta y que se contiene tanto en la enmienda a la totalidad como en la petición de supresión de apartados propuestos mediante enmiendas es la posibilidad de exclusión de algunas actividades de la
obligación de la constitución de garantía financiera obligatoria. Debo recordarles, señorías del Grupo Socialista, que esta cuestión fue propuesta y acordada por ustedes mediante lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de
julio. Aquí tengo la página del BOE que contiene esta modificación legislativa realizada por ustedes por si quieren consultarla. Además de lo anterior, tal y como ya les trasladó en el pasado Pleno de 20 de marzo de 2014 el entonces ministro de
Agricultura, esta circunstancia se encuentra íntimamente ligada a lo que ha ocurrido en el pasado y que vengo a ilustrar con las palabras del anterior ministro, que cito textualmente: Durante los años de vigencia de la ley que estamos reformando,
en España no se ha constituido una sola garantía financiera obligatoria porque la ley ha sido totalmente inaplicable. Por tanto, no estamos atentando contra una ley ni reduciendo garantías porque era una ley en la que no había garantías
financieras. Les recuerdo que lo que ahora estamos reformando es una ley promulgada en el año 2007, dictada para trasponer una directiva de 2004,

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es decir, una ley promulgada durante el anterior Gobierno socialista, cuya gran parte de vigencia ha transcurrido durante los dos últimos mandatos del PSOE, tiempo durante el cual no se constituyó una sola garantía financiera. Tuvieron
muchísimo tiempo para modificarla. Para ser justos, tenemos que decir que queremos entender que la aplicación de la garantía financiera obligatoria no se llevó a cabo por los problemas de aplicación de la misma y que la determinación reglamentaria
de exención de determinadas actividades de la obligación de constitución de garantías financieras obligatorias se realizó por parte del Gobierno del PSOE como consecuencia de las recomendaciones contenidas en el informe publicado en octubre de 2010
por la Comisión Europea, que recomendaba excluir las actividades de bajo riesgo y fijar unos topes máximos para las garantías financieras. Este grupo entiende que no se pueden exigir las mismas garantías a un autónomo que es propietario de un
taller de reparación de vehículos o al titular de una panadería, por poner dos ejemplos de actividades anteriormente incluidas, que a una compañía industrial que fabrica componentes potencialmente peligrosos: químicos, petroquímicos, etcétera.
Además, se les olvida, señorías, que muchos de esos pequeños autónomos y empresarios que se podían ver abocados a constituir garantías financieras obligatorias adicionales sin que conllevase una mayor garantía medioambiental con la vigente ley
dictada por ustedes, aunque inaplicada en este apartado, ya cumplen con una serie de requisitos medioambientales como consecuencia de las disposiciones contenidas en la normativa de actividades clasificadas, que les obliga, por poner un ejemplo de
requisitos exigidos en mi territorio, que conozco, para obtener y mantener la correspondiente licencia de actividad a tener contratos de externalización de retirada de residuos potencialmente contaminantes con empresas autorizadas para el
tratamiento de los mismos. Es una condición sine qua non para obtener una licencia de actividad.


En relación con el contenido de la enmienda número 42, que propone una ampliación del plazo para resolver los procedimientos de responsabilidad medioambiental aún mayor de la queya especifica este proyecto de ley, entendemos que no es
procedente por cuanto lo propuesto actualmente es totalmente acorde con el régimen general del procedimiento administrativo común contenido en la Ley 30/1992.


No puedo dejar de manifestar nuestra sorpresa ante el contenido de la enmienda número 43, presentada por el PSOE, en la que se solicita la suspensión de cualquier autorización concedida en la que se utilice la técnica conocida como fracking.
La sorpresa es por dos razones. La primera, nuevamente, porque algunas de estas autorizaciones fueron concedidas por el anterior Gobierno socialista; y la segunda, porque un asunto de esta entidad, sobre el que han corrido ríos de tinta en
distintos sentidos, requiere un debate monográfico y apartado en su caso de lo que supone una mera enmienda en un proyecto de ley de modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. En cualquier caso, tengo que decirles en relación con las
actividades de fracking que les es de aplicación el régimen de responsabilidad objetivo en cuanto a prevención, evitación y reparación de daños medioambientales que estas actividades pueden ocasionar. Por otro lado, no es objeto de la vigente ley
promulgada por ustedes la regularización de la autorización de ningún tipo de actividad, incluyendo esta.


En relación con el contenido de las enmiendas números 44 y 45, sobre la prevención de la morbilidad y mortalidad por causas ambientales y la protección de la salud pública frente a sustancias capaces de alterar el sistema hormonal, tengo que
trasladarles que, coincidiendo en la necesidad de prevenir cualquier patología relacionada con agentes externos relacionados con el medio ambiente, no entra dentro del ámbito de aplicación ni de la presente ley ni de la directiva europea de la que
trae causa, ya que ambas se refieren a recursos medioambientales que tienen cabida en el concepto de daños medioambientales, motivo por el cual no procede incluir las enmiendas en este proyecto de ley.


En definitiva, señorías, lamento profundamente que la mayor parte de las enmiendas del PSOE se reduzcan a proponer supresiones sin aportar textos alternativos, motivo por el cual comprenderán que no procede aceptar ninguna. Además, quiero
recalcar que renunciar ahora a las disposiciones normativas dictadas por ustedes mismos no habla bien de ustedes ni de la política que llevaron a cabo. Un partido con supuesta vocación de Gobierno debería ser más coherente y responsable en sus
planteamientos y no dictar normas que contienen apartados con un contenido que hace casi imposible su aplicación para luego venir a criticar que se busquen soluciones razonadas y razonables a los graves problemas de aplicación. Espero, señorías,
del PSOE, que recapaciten. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Teodoro García.


El señor GARCÍA EGEA: Señorías, en mi tiempo libre y en mis ratos de ocio disfruto de la naturaleza, quizá mucho más que aquellos que vienen hoy a darnos lecciones de falso ecologismo, que llevamos

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escuchando toda la mañana. (El señor Ábalos Meco: ¿Cómo lo sabes?) Y como quiero seguir disfrutando de ella y que las generaciones futuras también puedan hacerlo, creo que hoy daremos un paso importante para garantizarlo. (Rumores).
Quiero decirles algo tras escuchar algunas intervenciones. Yo les he escuchado y entiendo que no les guste lo que digo, pero creo que deben escuchar. Es importante, porque hay gente que empieza hoy a hablar aquí y se aleja tanto de los ciudadanos
que llega a un sitio donde quizá no llegue ni el oxígeno. Nadie en esta Cámara puede arrogarse en exclusiva el título de protector de la naturaleza, como si el resto de la misma estuviésemos en contra de su protección o de proteger los espacios
naturales y nuestro patrimonio natural. Creo que es una técnica parlamentaria infantil, torpe y tan simple como carente de argumentos que estamos demasiado acostumbrados a escuchar. Hay debates en los que he intervenido que me han dejado perplejo.


Quisiera felicitar a mi compañera señora Alberto no solo por su intervención, sino también por su trabajo en esta ley -algunos portavoces así lo han reconocido- y por su voluntad de llegar a acuerdos y explicar todo en la ponencia. Aquí se
ha dicho que se ha hurtado el debate en algunos puntos; la verdad es que no sé en qué ponencia han estados ustedes, pero en la que he estado yo, nuestra ponente de la ley ha explicado perfectamente todas las cuestiones que se han planteado.
También quiero agradecer a algunos grupos políticos su voluntad de llegar a acuerdos, aunque en ocasiones en algunos de ellos esa voluntad se viese salpicada de forma intermitente por pequeñas dosis de demagogia.


Sinceramente, creo que esta ley es objetivamente buena para el medio ambiente, para el futuro de nuestro patrimonio natural y para nuestro país. Estoy convencido de ello, puesto que los objetivos de esta ley no hacen más que reforzar los
aspectos preventivos de la Ley 26/2007, de 23 de octubre; además de ampliar la protección del medio ambiente de forma que sea segura, que se pueda exigir la responsabilidad del operador en caso de que se produzca un daño medioambiental cuando este
afecte también a aguas marinas. Con esa norma, señorías, creo que se asegura la garantía financiera y que se aplique a las industrias que presentan mayores riesgos ambientales.


Quiero decirles, tras escuchar a algunos grupos políticos, que entiendo perfectamente la desafección de los ciudadanos con la política. Si un ciudadano, un funcionario, el dueño de una pyme o un autónomo han escuchado a alguno de los grupos
políticos hoy pensarán que no saben de lo que hablan, que no les importa la correcta aplicación de las leyes, que no están aquí para solucionar los problemas reales sino que están más preocupados por lo que pone el texto que de la correcta
aplicación y la aplicación real de las leyes. Como ciudadano, me entristece esta situación, porque he oído a algunos grupos políticos decir que sean técnicos independientes los que evalúen los impactos ambientales. Me pregunto quién evalúa la
declaración de impacto ambiental. Ese tipo de discursos nos aleja como institución de los ciudadanos. A un técnico que esta mañana se haya sentado a trabajar sobre una declaración de impacto ambiental y haya oído a alguno de los grupos, le
habremos dejado mucho que desear como institución. Hay grupos que vienen aquí a tirar por tierra el trabajo de técnicos, de funcionarios, y a dar un mitin; no deben ir en esa línea, en la línea de enfrentar al deudor con el acreedor, al empresario
con el trabajador, al territorio contra la persona, ni seguir insistiendo en cosas falaces.


Esta ley sale reforzada. Hemos aceptado un número considerable de enmiendas, como ha comentado ya la ponente. Un ejemplo de ello es la referida al punto dos del artículo 3.6 de la ley, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco. También
tenemos que citar las enmiendas referidas al punto cinco, de UPyD, La Izquierda Plural y BNG, que se corresponden con el artículo 24 de la ley y en el que hemos aceptado una enmienda planteada por CiU, porque creemos que toda modificación debe ir
encaminada a una simplificación administrativa, a una reducción de cargas administrativas, de forma que continúa siendo el operador quien determina la cuantía de la garantía financiera, y sin embargo todo el proceso debe estar conforme a la
metodología establecida en la ley y su reglamento de desarrollo parcial, aprobado, como saben, por un real decreto. Existirá un control a posteriori -esto en muchas de sus intervenciones se obvia, porque conviene más leer de forma parcial la ley y
luego extraer interpretaciones erróneas- por parte de las autoridades competentes, que revisarán que las garantías financieras se han constituido de acuerdo con el procedimiento legal establecido. En este sentido, con la aceptación de la enmienda
32, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, se añade un nuevo párrafo que fija que la autoridad competente establecerá los correspondientes sistemas de control que le permitan comprobar el cumplimiento de estas obligaciones. Esto nadie lo ha
citado porque, obviamente, es una mejora en la ley. A la gente que quiere catastrofismo no le conviene que se citen estas cuestiones. De nuevo, mayor alejamiento con la ciudadanía.

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Por último, algunos de ustedes se refieren al punto doce. He de decirles que la modificación de la redacción del artículo 45 tiene como objetivo mejorar el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, de forma que esas
medidas que se aprueban en los proyectos de reparación que se deben ejecutar se ejecuten de la forma más adecuada posible y sean más garantistas y respetuosas con el medio ambiente. Asimismo, es importante destacar que en el capítulo 3 de la Ley
26/2007 se establece la obligación de los operadores de adoptar, sin demora y sin necesidad de advertencia de requerimiento de acto administrativo previo, las medidas de prevención adecuadas ante una amenaza inminente de daños medioambientales. En
caso de que se hayan producido daños medioambientales, los operadores además tienen el deber de adoptar las medidas apropiadas de evitación de nuevos daños y todas aquellas medidas provisionalmente necesarias para, de forma inmediata, reparar,
restaurar o reemplazar los recursos naturales dañados. Escuchando a alguno de ustedes, habría que cambiar aquello de que quien contamina paga, pero yo creo que en esta ley queda claro que quien contamina, quien rompe, paga y, además, arregla el
daño y pone los medios para evitar que se produzca en un futuro.


El señor PRESIDENTE: Señor, García Egea, le ruego que vaya concluyendo.


El señor GARCÍA EGEA: Termino ya, señor presidente.


Tengo que citar esto muy brevemente. Por primera vez en la historia de este país se va a exigir a una mina de Andalucía, que se piensa reabrir con apoyo de la Junta de Andalucía y creo -no lo sé- que también con el apoyo de Izquierda Unida,
porque está en el Gobierno de Andalucía, que suscriba un seguro de responsabilidad medioambiental, y ha sido precisamente un Gobierno del Partido Popular y este grupo parlamentario los que han impulsado una norma que va a exigir que esa mina tenga
un seguro de responsabilidad medioambiental. Sin esta norma podría iniciar una actividad sin la obligación de suscribir ningún tipo de seguro. ¿Hemos de entender, por tanto, que el patrimonio natural les preocupa en razón de si tienen o no
responsabilidad de Gobierno en el territorio a proteger? Todo lo que han dicho de malo sobre la exigencia de seguro de responsabilidad medioambiental, ¿podemos mantenerlo en el caso de esta mina en Andalucía? Hay que ser un poco más coherente.


Señorías, en definitiva, esta modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental es un paso importante para proteger nuestro patrimonio medioambiental, porque es ese préstamo que hemos recibido de nuestros hijos y que debemos devolver
en óptimo estado de conservación. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tal y como hemos comentado al inicio de la sesión, las votaciones no se van a celebrar antes de la una; luego vamos a interrumpir la sesión por un breve espacio de tiempo, diez minutos, antes de proceder a las mismas.
Les recuerdo, señorías, que al finalizar está prevista una reunión de la Mesa para fijar el orden del día de la próxima Comisión. (Pausa).


Señoras y señores diputados, vamos a proceder a las votaciones del proyecto de ley de modificación de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Tal y como figura en el cuaderno de votaciones que tienen a su disposición los portavoces de los
diversos grupos parlamentarios, vamos a proceder a las votaciones por separado, de las que disponen.


Enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, señora Fernández Davila. Votamos la enmienda número 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora conjuntamente las enmiendas 24, 25, 26, 27 y 28, presentadas por el Grupo Mixto, por la señora Fernández Davila.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 29, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Ahora procedemos a la votación de la enmienda número, 6 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder ahora a la votación de la enmienda número 7, presentada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 8, 9, 10, 11 y 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a proceder a la votación por separado de las enmiendas que ha presentado La Izquierda Plural. Enmiendas 13 y 14 conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a votar ahora conjuntamente las enmiendas 15, 16, 18, 19, 20 y 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder ahora a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmiendas 30 y 34 conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 33.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder ahora a las votaciones de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Enmienda número 42.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 43.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a votar conjuntamente las enmiendas 37, 44 y 45.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El resto de enmiendas presentadas por el Grupo Socialista se va a votar conjuntamente. Son las enmiendas números 38, 39, 40 y 41.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a someter ahora a votación el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 16; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley citado.


Señoras y señores diputados, se da por levantada la sesión correspondiente a este proyecto de ley. Les ruego a los portavoces de los diversos grupos que se acerquen a la mesa para tratar del orden del día de la próxima Comisión.


Era la una y quince minutos de la tarde.