CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 539

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO

Sesión núm. 41

celebrada el jueves,

10 de abril de 2014

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ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley (continuación):


- Sobre el establecimiento de un mecanismo de bono social para la bombona de butano. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002534) ... (Página2)


Debate y votación de las propuestas de resolución:


- Informe de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear durante el año 2012. (Número de expediente 401/000003) ... (Página7)


Proposiciones no de ley (votación):


- Para suspender el procedimiento de instalación del almacén temporal centralizado para residuos nucleares (ATC). Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000232) ... href='#(Página13)'>(Página13)


- Sobre revocación de la declaración de utilidad pública y la solicitud de estudio de evaluación de impacto ambiental de los proyectos 'ejecución de la nueva subestación en Gramanet de 400 kv', y 'modificación de líneas a 200 kv Sentmenat -
Sant Fost - Canyet - Sant Andreu - Can Jardí, para la conexión a 400 kv Pierola - Santa Coloma'. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001388) ... (Página13)


- Sobre el Plan turismo litoral siglo XXI. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001502) ... (Página13)

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- Para reforzar el impulso al vehículo eléctrico. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001833) ... (Página13)


- Sobre las medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001980) ... href='#(Página14)'>(Página14)


- Sobre la autorización de una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002488) ... (Página14)


- Sobre el establecimiento de un mecanismo de bono social para la bombona de butano. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002534) ... (Página14)


- Debate y votación de las propuestas de resolución (votación) ... (Página14)


Se reanuda la sesión a las tres de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY (CONTINUACIÓN):


- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE BONO SOCIAL PARA LA BOMBONA DE BUTANO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002534).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión con los dos puntos del orden del día que no pudimos concluir en la tarde de ayer. Empezamos con el punto del orden del día número 7, que es la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el establecimiento de un mecanismo de bono social para la bombona de butano. Para su defensa tiene la palabra su portavoz Carlos Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Como se ha dicho, se trata de un proposición no de ley para establecer un mecanismo de bono social para el consumo de bombonas de butano en concreto. La razón para presentar esta propuesta creo que es familiar
a todo el mundo, pero la resumiré diciendo que es efecto de la concurrencia de tres causas distintas pero que se afectan entre sí de un modo negativo consiguiendo efectos perjudiciales para los consumidores de butano.


En primer lugar, como es sabido, el butano es precisamente una de las fuentes energéticas más usuales y populares entre aquellos sectores de la sociedad que más han sentido, en general, la crisis económica. Por supuesto, hay excepciones,
pero nos referimos especialmente al butano de uso doméstico, que como es conocido es una de las fuentes más populares, más tradicionales, más antiguas y, también, hasta no hace mucho más baratas y de ahí en gran parte su popularidad.


En segundo lugar, es precisamente ese sector o una buena parte de ese sector social consumidor tradicional de butano el que más ha sufrido las consecuencias de la crisis en forma de disminución, en algunos casos drástica, de las rentas
familiares, lo cual ha llevado al conocido fenómeno de la pobreza energética que -como todos sabemos-, aunque no hay un consenso completo sobre qué significa, se entiende en sentido general; y en particular se suele entender por pobreza energética
tener que dedicar más del 10 % de la renta al pago de la energía. Además, tengamos en cuenta que en el caso de España -en seguida me referiré a esta cuestión- no solamente ha subido el precio del butano sino también el de la electricidad, lo cual
ha hecho que con las mismas necesidades energéticas haya menos renta para poder atenderlas y, además, a unos precios más caros.


En tercer lugar, como decía, con un proceso que es independiente de los otros dos y tiene que ver con el aumento de los precios de los gases licuados del petróleo -butano, propano y otros- que precisamente es uno de los mayores dentro del
mercado de hidrocarburos. Además, la próxima liberalización del mercado hace prever, debido a las advertencias generalizadas entre los productores, que se va a traducir en una subida del precio del butano. En concreto, los datos dicen que desde
enero de este año el incremento después de impuestos ha sido nada menos que del 58,2 %, de manera que tenemos un alza

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muy considerable del precio del producto, una bajada muy considerable de las rentas, que incluye, por cierto, no solamente a personas que han visto disminuidos sus ingresos sino, además, a un número desconocido -pero cabe presumir que muy
alto- de consumidores de butano en situaciones de paro de larga duración con ingresos familiares prácticamente nulos y sin ningún tipo de subsidio público.


Ante situaciones bastante menos graves y menos drásticas y dramáticas que las que hay en España, otros países nada sospechosos de estar en contra del libre mercado, como Reino Unido o Francia, han desarrollado diferentes sistemas de bonos
sociales, o diferentes sistemas para hacer frente al encarecimiento de la factura energética que tiene consecuencias, como es sabido, muy serias para la calidad de vida y para la propia salud, que está amenazada porque el butano también se utiliza
en calefacción. Hay un estudio reciente que indica que el alza de los impagos y, por tanto, la suspensión de servicios energéticos en España se ha convertido en un fenómeno dramático que afecta a tramos sociales muy considerables, sobre todo en las
comunidades autónomas del sur del país y de la franja mediterránea. Otros países, en situaciones parecidas a la nuestra pero mucho menos dramáticas, han desarrollado políticas proactivas que tratan de asegurar el acceso a un bien, la energía, que
es un bien básico, que no tiene nada que ver con el lujo ni con estilos de vida regalados, sino con la atención de las necesidades más elementales. Hoy en día una vida fuera del consumo de energía sería sencillamente inimaginable. Supongo que no
estará pensando nadie en aconsejar a los consumidores de butano que si no pueden pagar la bombona, que hagan un fuego en la cocina, o una cosa de este estilo, con palitos que recojan por la calle. De manera que nos estamos enfrentando a un problema
muy serio y lo que se propone es una fórmula abierta que, de aceptarse, permitiría al Gobierno ofrecer algunas de las posibles distintas alternativas que pueda haber. La fórmula de bono social creo que es de un significado más que transparente.
Evidentemente, se trata de subvencionar el consumo de aquellos que puedan acreditar que no pueden hacer frente al butano y a otras partes de la factura energética. En este caso nos hemos limitado al butano porque es un problema específico que
además está ya en puertas, debido a la nueva regulación en el mercado de los diferentes gases que va a tener que aprobarse dentro de poco.


Nuestra propuesta enumera una serie de sectores sociales. Dice la propuesta literalmente: 'colectivos tales como'. Es decir, es una propuesta abierta, no es una propuesta cerrada. No pretendemos decirle al Gobierno -Dios nos libre de ese
pecado de arrogancia- lo que tiene que hacer, sino solo sugerirle que se haga cargo de un problema que no se puede ignorar. Nos hemos referido a cuatro grupos específicos muy conocidos: primero, pensionistas que perciban la pensión mínima por
jubilación, incapacidad permanente o viudedad; segundo, familias numerosas con ingresos anuales inferiores a tres veces el Iprem -hay una pequeña errata en el texto que lamento, pero supongo que se entiende perfectamente lo que queremos decir-;
tercero, familias con renta anual inferior a dos veces el Iprem, y cuarto, otros afectados con ingresos inferiores al Iprem. La propuesta plantea cómo tendría que ser el mecanismo de bono social, en qué condiciones, si se trataría meramente de un
aplazamiento del pago hasta cambiar las condiciones económicas de los beneficiarios, o se trataría de subvencionar directamente la compra para estos colectivos, etcétera. Se lo dejamos a la creatividad también acreditada del Gobierno. Lo que no
entenderíamos en ningún caso es que se rechace una medida tan modesta, cuyo impacto económico desde luego es mínimo y que trata de un problema francamente muy grave, porque además afecta a personas muy vulnerables, muy indefensas y con alternativas
en este campo sencillamente nulas.


También aceptamos una enmienda de adición que ha presentado el Grupo Socialista, que va en la línea de añadir que se desarrollen otras medidas que traten de la pobreza energética en general. Nos parece correcto, desde luego esta es la
filosofía del asunto. Es verdad que nosotros nos hemos centrado en el butano porque -insisto- se trata de un caso muy particular, muy claro, que se puede presupuestar, controlar y administrar perfectamente, como han hecho ya -y lo he dicho antes-
otros países. Esta es la propuesta que someto a su consideración.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra doña Elena Castellano.


La señora CASTELLANO RAMÓN: Hoy el Grupo de Unión Progreso y Democracia nos trae para su examen una proposición no de ley para establecer un mecanismo de bono social para la bombona de butano. Lo primero que quiero señalar, en nombre de mi
grupo, es que estamos de acuerdo con el contenido general de la proposición. Es cierto que la bombona de butano es una fuente de energía popular y muy accesible, a la que recurren miles de personas todos los días, y cierto es también que debido a
diversos factores, que ha explicado muy bien el proponente, ha aumentado su coste durante los últimos

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años, haciéndola quizás no tan accesible, sobre todo para quienes peor lo están pasando en estos momentos. De ahí que mi grupo coincida en la necesidad de una proposición de este tipo.


Dicho esto, desde el Grupo Socialista consideramos que el contenido se queda corto. Desgraciadamente, el problema tiene mucho más arraigo y es mucho más profundo y no se queda solamente en el caso de la bombona de butano. Este es el porqué
de nuestra enmienda -y agradecemos la aceptación por parte del grupo proponente-, que pretende ampliar el contenido de esta proposición para ir, en la medida de lo posible -y probablemente todavía en mucha menor medida de lo que nos gustaría-,
paliando las terribles consecuencias de lo que se llama la pobreza energética. Lo cierto es que el empeoramiento de las condiciones económicas ha traído un incremento de la desigualdad; la crisis y determinadas medidas adoptadas han aumentado la
brecha entre las clases sociales más privilegiadas y las menos favorecidas. A día de hoy, podemos decir que las medidas de recorte y de austericidio han fallado a la hora de solucionar problemas, de generar crecimiento y, muy al contrario, estas
políticas de recorte sistemático han hecho que los más vulnerables hoy en día estén pagando las consecuencias de esta crisis. Esto hace que, tristemente, nos hayamos familiarizado con un concepto que hace unos años no diré que nos era ajeno pero
desde luego era mucho menos común y estaba mucho menos en nuestro lenguaje habitual, que no es otro que el de pobreza energética, que es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para sus necesidades
básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuada, cocinar o hacer frente a los quehaceres diarios. Según los expertos, la pobreza energética se debe a tres causas principales, a saber: en primer lugar, un bajo nivel
de ingresos -como ya sabemos, miles de familias han visto muy mermada su capacidad económica en los últimos tiempos-; en segundo lugar, el envejecimiento del parque de viviendas -actualmente decimos que en España más del 50% de las viviendas están
construidas sin ningún criterio de eficiencia energética-, y en tercer lugar, el precio de la energía, que en los últimos años se ha visto incrementado hasta un 50%. Todos estos factores se dan de manera muy acusada en nuestro país y por ello la
población que ha caído en la condición de pobreza energética no ha parado de aumentar en los últimos tiempos.


Como muestra -y sin ánimo de ser exhaustiva-, me gustaría reseñar algunos datos aparecidos en el informe sobre pobreza energética, publicado por la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, que pueden dar un poco el perfil de la gravedad de
esta situación: en 2012, uno de cada diez hogares españoles -lo que traducido vienen a ser 4 millones de personas- se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada; esto implica una subida del 19 % con respecto al 2010.
También en 2012, el 6 % de los hogares declaraba tener retrasos en el pago de los recibos, el 12 % afirmaba tener goteras, humedades o podredumbre en su domicilio, el 18 % era incapaz de mantener en su vivienda una temperatura cálida en invierno y
fresca en verano, y había aumentado un 34 % el número de personas que no podía pagar más por la calefacción, con lo que ya serían 7 millones de personas en esta situación. Nótese que estoy dando datos de 2012, pero todo nos hace intuir que los
datos de 2013 no van a ser más esperanzadores; muy al contrario, todo parece indicar que la situación va a ir a peor. Entre los datos conocidos de 2013 figura el último informe del Observatorio de vulnerabilidad de Cruz Roja, que señala que el 58%
de las personas atendidas por la organización no pueden mantener en su casa una temperatura adecuada, lo que supone un incremento del 16 % con respecto a 2011.


Estos datos me parecen suficientemente devastadores como para que, como poderes públicos, estemos abocados a intentar dar una solución a este problema que es tan acuciante y tan grave para tanta y tanta gente en nuestro país. Pero si esto,
la situación en la que se encuentran tantas familias, no fuera suficiente para justificar la enmienda, si no bastara por sí mismo, es la propia Unión Europea la que nos conmina a ello en las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, por las que se insta a
los Estados miembros a incluir el concepto de pobreza energética a la hora de orientar sus políticas energéticas y de protección de los consumidores, así como a desarrollar planes para abordar esta temática. De ahí que nuestra enmienda pida que,
con carácter urgente, se apruebe en España una estrategia integral para la erradicación de la pobreza energética mediante la articulación de medidas orientadas a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados y la eficiencia energética y, en
particular, a establecer un servicio mínimo de suministro de energía, de electricidad y gas, que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia.


El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a los grupos para la fijación de posiciones, quiero advertirles a los portavoces, sobre todo de los grupos mayoritarios, que se estima que las votaciones comenzarán a las cuatro de la tarde.

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Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Chesús Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: El pasado 17 de diciembre, en el Pleno, mi compañera Laia Ortiz defendió una proposición no de ley de nuestro grupo, de La Izquierda Plural, que pretendía dar respuesta al drama creciente de la pobreza energética.
Millones de personas sufren a diario pobreza energética, que no es más que una consecuencia más de la pobreza, es una consecuencia más de la desigualdad que se ha generado con la situación de crisis económica y de desempleo que vivimos, pero que
también se ve agravada con las políticas de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno: por lo tanto, también tiene una dimensión política. La pobreza energética se podría definir como la incapacidad para mantener la casa a una temperatura
mínima adecuada. Según la encuesta de condiciones de vida de 2012, la pobreza energética afectó en ese año al 17,9 % de los hogares, que no alcanzarían esa temperatura suficientemente cálida que se debería tener en términos de salud y de confort.
La situación está empeorando, y a finales de 2013 esa cifra superaba el 22 %, fruto del aumento del desempleo, de la caída de los salarios, de la precariedad y del aumento continuo de los precios de los servicios básicos. Alrededor de 1.400.000
viviendas sufrieron un corte de luz en 2012 por impago, más del doble que antes de la crisis. Y el último informe del Observatorio español de la sostenibilidad, basado en datos de la Comisión Europea, nos dice que en España la pobreza energética
podría comportar entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno, muchísimas más que las 1.400 muertes prematuras por accidente de tráfico, por poner esa cifra en comparación. Por lo tanto, es un problema gravísimo que está azotando a nuestra
sociedad pero que tiene solución si no se mira hacia otro lado. En ese sentido, nuestro grupo presentó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a elaborar un plan contra la pobreza energética y a garantizar el derecho de la
ciudadanía a los suministros básicos. También en aquella iniciativa planteábamos modificar el IVA para que el gas natural, el gas butano y la luz tuvieran carácter básico y por lo tanto pudieran acogerse al tramo reducido del impuesto sobre el
valor añadido. Incluso emplazábamos a las empresas a que incorporaran en sus planes de responsabilidad social corporativa un apartado específico relativo a la pobreza energética, porque entendíamos que también las grandes corporaciones tienen que
ser corresponsables cuando prestan un servicio esencial como este.


Dicho esto, por coherencia, apoyamos la iniciativa que presenta el Grupo de UPyD en relación con el bono social para la bombona de butano, si bien a nosotros nos hubiera gustado que más allá de definir esos cuatro colectivos que se pueden
acoger a esta medida, se hubiera fijado un criterio más sencillo en función del número de personas que componen la unidad familiar o que viven en la vivienda, tamizado por supuesto por el criterio de la renta; quizá eso sería un mecanismo más
sencillo, más directo, quizá más justo. En todo caso, nos parece bien el fondo de la cuestión y lo importante es señalar en este caso la gravedad de la situación de pobreza energética que están viviendo millones de personas en España y, por lo
tanto, apoyamos la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra doña Inmaculada Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Debatimos la proposición no de ley presentada por el Grupo de UPyD y anticipo que nuestro posicionamiento va a ser favorable. Mi grupo parlamentario considera adecuada esta proposición no de ley porque sitúa la
problemática de la pobreza energética en el ámbito que le es propio, que para nosotros es el ámbito de los programas sociales del Gobierno. Esta consideración es importante porque en los últimos desarrollos en materia energética llevados a cabo por
el Gobierno hemos visto que no se ha atendido a esta cuestión, y me refiero a la Ley del Sector Eléctrico. Parece claro que con el desarrollo de este proyecto de ley el Gobierno incidió en su único objetivo de reducir los costes del sistema
eléctrico. Sin duda es importante y hasta cierto punto también adecuado, pero llevándolo al extremo como lo planteó el Gobierno, nos parece que resulta contraproducente, puesto que esta reducción de costes no puede llevar a que el Estado eluda
temas sobre los que entendemos que es claramente el único responsable. No vale cargar hacia otros agentes temas que son de política social, y esto es lo que ha sucedido con el despliegue normativo. El bono social, presidente, señorías, constituye
una medida de política social y como tal entendemos que debe ser financiada por los Presupuestos Generales el Estado, pues se debe evitar que distorsione los precios reales. No tiene sentido que su financiación recaiga sobre determinados agentes y
resulta del todo injustificado y contrario también al derecho, como ya ha puesto de manifiesto recientemente la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012. También resulta totalmente irresponsable, desde nuestro punto de vista, que el
Gobierno no garantizase en esta ley a la

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que hacía referencia, la del sector eléctrico, una protección adecuada a los consumidores más vulnerables. Entendemos que ello es necesario para evitar la pobreza energética. El Gobierno debe prohibir que haya una desconexión de la
electricidad a estos clientes en periodos críticos como el invierno. Esta es una obligación para el Estado y de no hacerlo, entendemos que el Gobierno está siendo desleal con estos usuarios vulnerables, pero también está ignorando un mandato de la
Directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, donde se consideraba necesario añadir esta problemática y esta cuestión.


Hechas estas consideraciones genéricas que me parecen oportunas pues nos permiten enmarcar el contexto de la iniciativa, y volviendo al contenido de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo de Unión Progreso y Democracia, quiero
reiterar y confirmar que compartimos el espíritu de esta proposición no de ley porque entendemos que resulta compatible también con la dinámica de fijación de precios vigente que ya otorga un tratamiento social en este ámbito, tal como indica la
orden ministerial correspondiente por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta antes de impuestos de los gases licuados del petróleo envasado. También compartimos y apoyamos esta proposición no de ley
porque, en definitiva, permite un funcionamiento independiente de la política social y de la política energética, lo que a nuestro juicio resulta también fundamental.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Belén Juste.


La señora JUSTE PICÓN: Nos parece, señor Martínez, que ha presentado una iniciativa que no es ni mucho menos un tema menor y por el cual el Gobierno de Mariano Rajoy viene ocupándose y preocupándose desde tiempo atrás. Por este motivo el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo está trabajando para preparar el marco legal que permita la existencia del bono social para la bombona de butano, del mismo modo que ya existe para la tarifa eléctrica. Pero es que nuestra preocupación,
señorías, viene de más lejos. Quiero recordar a los miembros de esta Comisión que la aprobación del Real Decreto-ley 29/2012 contemplaba, entre otros aspectos, medidas de carácter económico y social para crear un marco regulatorio que potenciase la
actividad económica en un momento económico difícil, pero sin olvidar la necesaria protección a los más vulnerables. Ya recogía una medida de suspensión del precio de la bombona, medida que debido a su efectividad se ha venido prorrogando en el
tiempo.


Como usted sabe, o al menos debería saber, señor Martínez, el Gobierno está estudiando la posibilidad de avanzar en la liberalización del sector del gas licuado del petróleo envasado prevista en la legislación sectorial de hidrocarburos, que
se llevará a cabo salvaguardando los intereses de los consumidores más desfavorecidos, mediante la creación de un bono social o mecanismo similar para aquellos consumidores que cumplan con determinadas características sociales de consumo y poder
adquisitivo. Es precisamente en este ámbito donde se enmarca la creación de un bono social para la bombona de butano, una decisión que, sabemos todos, será muy bien acogida por los ciudadanos que más la necesiten y por los operadores del sector.
Una medida, señorías, que parece en este momento cuestionada por el portavoz del Grupo UPyD, que lo mismo se interesa por el déficit que genera el gasto energético y cómo va a pagarse para, a renglón seguido, promover medidas que abaraten el precio
del butano, todo, para nosotros, sin ningún orden ni ningún concierto y, lo que es peor, aludiendo a datos que se recogen en esta proposición que precisan de alguna aclaración. En la exposición de motivos se dice que los colectivos menos
favorecidos han aumentado el consumo de butano por culpa de la crisis económica de nuestro país. Pues bien, este dato no es cierto; es más, el consumo de gases licuados de petróleo envasado presenta una senda descendente, con una tasa media de
variación interanual en los últimos diez años del 4,9 %. Por tanto, no puede afirmarse que se esté experimentando un aumento del consumo como consecuencia de la crisis económica. También afirman que el crecimiento de precios incluye a la bombona
de butano, que aumentó su coste antes de impuestos, en alrededor de un 50% para el periodo comprendido entre enero de 2010 y enero de 2014. De nuevo, hemos de matizar que, si bien es cierto que el precio de venta de la bombona de butano ha
aumentado desde el año 2010, el sistema de fijación del precio máximo de venta, en vigor desde marzo de 2013, estableció un límite máximo al precio de venta antes de impuestos hasta la revisión de marzo de 2014. Si el Gobierno no hubiese fijado
este límite en la revisión del precio prevista para marzo de 2014, el precio de la botella sí habría subido, pero afortunadamente, una vez constatado el efecto beneficioso de esta medida, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha prorrogado
dicho límite máximo hasta marzo de 2015.

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A la vista de todas estas matizaciones, pido, por favor, al grupo proponente rigor en el uso de las cifras, porque lo cierto es, señoras y señores diputados, que España se encuentra hoy ante un cambio de tendencia, ante un cambio de
percepción, un cambio que nos plantea un escenario en el que todavía queda mucho por hacer, pero en el que también se ha hecho mucho y con muy buenos resultados. Señorías, todos los motivos que les he expuesto dejan bien claro que el Grupo Popular
no solo está a favor de la creación de este bono social, sino que desde enero de 2013 viene implementando medidas para contener la subida del butano. Sin embargo, entendemos que la fijación de este mecanismo social no debe establecerse jamás como
un hecho aislado y puntual, sino enmarcado dentro de esa gran reforma del sector de los hidrocarburos que nuestro país necesita y que tiene como objetivo principal aumentar la competencia entre las empresas distribuidoras de combustibles y favorecer
así la caída de su precio. En definitiva, señorías, y para terminar, como bien saben, mi partido no practica la política del parche ni del remiendo, sino la de la revisión profunda, políticas correctas que persiguen el establecimiento de nuevas
medidas de gestión de la crisis e ir hacia un patrón de crecimiento sostenible y que nos dote de la ansiada estabilidad.


Ya voy terminando, presidente. Con muchísimo respeto a mi compañera la portavoz socialista, les pediría que dejaran de ejercitar ese oportunismo tan salvaje que les caracteriza, porque no sabemos cómo se les puede ocurrir, de verdad,
proponer una enmienda de adición cuyo horizonte de ejecución es tan ambicioso como el aprobar una estrategia para la erradicación de la pobreza global energética. ¿En qué creen ustedes que trabaja nuestro Gobierno? ¿Qué hicieron ustedes para
llevarnos a esta situación? ¿Se creen que se llega a esto con una enmienda de adición? Nos parece una tomadura de pelo.


Concluyo, señorías. Por todas estas razones y eso sí, señor Martínez, estando firmemente comprometidos, y muy seriamente, con todos los problemas económicos y sociales, lamentamos no poder aceptar esta iniciativa. (Aplausos).


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


- INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR DURANTE EL AÑO 2012. (Número de expediente 401/000003).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día, informe sobre las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear durante el año 2012. El trámite, como recordarán de la última vez que debatimos un informe como este,
es: una exposición por parte del ponente del grupo mayoritario; a continuación, de mayor a menor, exposición o defensa de las propuestas de resolución no incorporadas al informe de la ponencia por parte del resto de los grupos, cerrando, por
supuesto, otra vez el ponente manifestándose respecto a las propuestas de resolución que se hayan debatido en el día de hoy. Quiero decirles, para que lo confirmen los portavoces y sobre todo en sus intervenciones hagan referencia a ello, que las
propuestas de resolución que se han incorporado al informe son: la 1 y la 12 de UPyD; todas las del Grupo Parlamentario Popular; las 52, 56 y 58 del Grupo Parlamentario Socialista, y la número 66 del Grupo Parlamentario Catalán. También me han
presentado dos textos, que ustedes conocen, de dos propuestas transaccionales, de dos resoluciones transaccionales, y me gustaría que cada uno de los grupos parlamentarios se manifestara a favor o en contra de su trámite en su intervención. Los
tiempos vamos a ver si los ceñimos a los cinco minutos. Para la presentación del informe de la ponencia, tiene la palabra el señor Erias.


El señor ERIAS REY: Señorías, como es conocido, el Parlamento ejerce un control continuado sobre la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear, tal y como prevé la ley, a través de esta Comisión y de la ponencia que se ha creado a tal
efecto. Se trata de un control permanente de toda la actividad a través del seguimiento de los distintos informes y a través de las resoluciones con preguntas y comparecencias de las autoridades y de los representantes del sector y de la propia
sociedad.


La ponencia ha conocido el informe que el consejo nos ha remitido sobre su actividad en el año 2012, lo ha analizado, lo ha debatido y fruto de ese trabajo de la ponencia es el informe y las propuestas de resolución que en su momento
presentamos a esta Comisión. Antes que nada, y al igual que en años anteriores, quiero destacar el compromiso reiterado de todos los grupos que forman parte de la ponencia, que no solo han mostrado y manifestado su colaboración en los términos de
la seguridad, sino también en los de la protección radiológica. Por lo tanto, con sus contribuciones han intentado mejorar de manera permanente los resultados que el propio consejo ofrece. En todo caso, y en nombre del Grupo Popular,

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quiero agradecerles a todos ellos la buena disposición, la colaboración manifestada y su empeño en que con todas las aportaciones entre todos hagamos posible que esté garantizada la seguridad nuclear. Es un compromiso que también se ha
puesto de manifiesto, como ya he dicho en todos los trabajos, en las aportaciones y sugerencias de los trabajos de la propia ponencia.


Las propuestas de resolución desarrolladas tienen su base fundamentalmente en el informe de las actividades que el propio consejo nos ha presentado para el año 2012 y que también en Comisión ha presentado su presidente, don Fernando Marti,
pero también tienen su base en la información facilitada por las autoridades y representantes de las entidades o asociaciones que han comparecido en la visita realizada por la ponencia a la sala del consejo, a la sala de emergencias, en la reunión
en el propio consejo y en las visitas que se han realizado al almacén de residuos de El Cabril, a la fábrica de combustible nuclear de Juzbado y a la central nuclear de Vandellós. Son visitas y trabajos que la ponencia ha desarrollado para poder
informar con más precisión al respecto. Aprovecho también para hacer público nuevamente el agradecimiento a todos aquellos que han comparecido y a quienes nos han facilitado y acompañado en las visitas a estas instalaciones. Agradezco, y quiero
hacerlo en nombre de todos los grupos, porque me parece de recibo el hacerlo, todas las informaciones, sugerencias, e incluso en algún caso las críticas, pues no hay por qué tener un pensamiento uniforme, sobre todo en estos temas que son
susceptibles no solo de interpretación, sino de un planteamiento, en su caso, alternativo, que lógicamente podemos comprender, por lo que siempre intentamos incorporar todo lo que consideremos que sea favorable.


Antes de entrar en el informe de la ponencia, quiero destacar algo que ha sido relevante para esta Comisión, que es el informe de actividad del consejo y la comparecencia de su propio presidente. En términos generales y desde el punto de la
vista de la seguridad, en el año 2012 las centrales nucleares españolas tuvieron un comportamiento correcto. Por lo tanto, ha habido normalidad en las actuaciones relacionadas con el ciclo de combustible, con el transporte y el almacenamiento de
residuos. Igualmente en lo referente a la protección radiológica, las 33.625 instalaciones de tratamiento y diagnóstico médico funcionaron dentro de la normalidad, sin incidentes destacables. En cuanto al medio ambiente, el control de los
efluentes se mantuvo en los valores habituales, que son también de normalidad. En materia de recursos humanos, hemos conocido la necesidad de adaptar la plantilla a los nuevos retos a los que tienen que hacer frente las responsabilidades del propio
Consejo de Seguridad Nuclear. Quiero destacar también el Plan de acción nacional por Fukushima, que se está cumpliendo, está en marcha y se desarrolla de manera satisfactoria y adecuada, para fortalecer aún más la seguridad de nuestras centrales e
instalaciones con la aplicación de todas aquellas lecciones que de esta catástrofe se han obtenido.


Dicho esto, me voy a referir con mucha brevedad a las resoluciones aprobadas por la ponencia. La ponencia ha presentado setenta propuestas de resolución de los diferentes grupos y, tras su análisis y debate, hemos incorporado a la misma
veintiuna de estas propuestas, que ya ha enunciado el propio presidente. Se han logrado transacciones en dos propuestas, una referente a desarrollar un código ético en la toma de decisiones del Consejo y otra a la mejora de los recursos humanos y
renovación generacional tal y como he dicho. Quiero agradecer a los diferentes grupos, a Convergència i Unió, a Unión Progreso y Democracia, a La Izquierda Plural y al Grupo Socialista la receptividad, el apoyo y la comprensión para poder
sintetizar en estas dos transacciones las preocupaciones que se han venido manifestando en estos dos ambientes que ya he recalcado. Por último, quiero destacar también nuestra gratitud hacia los servicios técnicos de la Comisión, especialmente al
letrado don José Luis Ruiz Navarro por todo el apoyo que nos ha dado, especialmente también el día de hoy, porqué he de recalcar que, como consecuencia de estas dos transaccionales que hemos acordado entre todos, la propuesta de resolución 14 se
incorporará a una de las transaccionales que hemos acordado, porque la trasnacional lo único que hace es enriquecer la que previamente habíamos incorporado a la ponencia. Por último, quiero reiterar el agradecimiento a los diferentes grupos, muchas
gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: El ponente del Grupo Parlamentario Socialista, don José Segura, tiene la palabra.


El señor SEGURA CLAVELL: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado catorce propuestas de resolución que van en el orden establecido por la secretaría desde la número 47 a la 61. Nosotros quisiéramos poner de manifiesto que
naturalmente nos reiteramos en la bondad de nuestras catorce propuestas, pero singularmente queremos hacer referencia a alguna de ellas por la importancia que tienen.

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En primer lugar, hemos planteado la derogación de las disposiciones adicionales primera, séptima y décima del Real Decreto 102/3014, de 21 febrero, para la gestión responsable y segura del combustible gastado y los residuos radiactivos y
proceder al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña. Ese real decreto que así modifica el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas afecta a todo el parque nuclear español aunque su modificación ha sido
claramente suscitada por un caso singular, por el caso del reactor nuclear de más de cuarenta años de antigüedad de Santa María de Garoña, cuya autorización de explotación por parte de su titular expiró el 6 julio de 2013 y por razones
administrativas, al no haber renovado su autorización de explotación a tiempo y dado que ya se encuentra el cese definitivo de explotación y desde enero de 2014 fuera del sistema integrado de supervisión de las centrales, es por lo que hacemos esta
solicitud. Esta norma a la que hacemos referencia no fue informada favorablemente por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, como así este intervinientes le expuso al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear cuando compareció ante la
Comisión, y consiguientemente reiteramos nuestro planteamiento.


Otro planteamiento que consideramos irrenunciable y que quisiéramos que, desde luego, se sometiese a votación y sobre el que se fijase la posición de todos los grupos parlamentarios, es el que se recoge en la enmienda número 60. Nosotros
planteamos al consejo la obligación que tiene de cumplir y hacer cumplir las medidas y requisitos recogidos en el anexo 3 del Plan de acción nacional post Fukushima remitido en diciembre de 2012 a la Comisión Europea y al Congreso de los Diputados,
para establecer mejoras de los márgenes frente a riesgos externos. Estimamos que el Congreso debe solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear que lleve a cabo cuanto antes la evaluación formal de los márgenes para todo tipo de riesgos externos
incluidos terremotos, inundaciones, condiciones meteorológicas adversas e identificación de posibles mejoras especialmente en lo relativo a amenazas sísmicas. Además, estimamos que el Congreso de los Diputados a través de esta Comisión de
Industria, Energía y Turismo debe instar al Consejo de Seguridad Nuclear a que elabore una nueva ITC, tal como también estipula el Plan de acción nacional post Fukushima, que se debería enviar a los titulares de las centrales nucleares españolas
para revisar los análisis de caracterización sísmica de los emplazamientos de todas las instalaciones nucleares, teniendo en cuenta el posible efecto de los movimientos sísmicos provocados por la utilización de técnicas de extracción como el
fracking en zonas cercanas a centrales nucleares.


Por último, con el objeto de no extenderme, queremos que se someta a consideración de nuevo de la ponencia y de esta Comisión todas y cada una de las catorce propuestas a las que he hecho referencia. Entre ellas está la número 51, vinculada
a Santa María de Garoña, porque creemos que el CSN debe exigir al Gobierno la recuperación de las inversiones previstas en el denominado Plan Garoña con el objeto de garantizar el desarrollo social y económico de la comarca colindante a la
instalación energética a la que estoy haciendo referencia. Asimismo, estimamos que el Congreso debe instar al Consejo de Seguridad Nuclear a mejorar las acciones de información y transparencia sobre el proceso de cierre y desmantelamiento de esa
central nuclear con los ayuntamientos afectados y con los agentes sociales en la zona. Estimamos también que el Congreso debe solicitar al Gobierno que impulse, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la aprobación y
puesta en marcha de la revisión del Plan básico de emergencia nuclear -Plaben es el acrónimo con el que es conocido-, contando para ello con la colaboración del Consejo de Seguridad Nuclear e incorporando las lecciones aprendidas tras el accidente
de Fukushima.


Diez segundos más, señor presidente. Queremos que el Consejo de Seguridad Nuclear comunique puntualmente a través de su página web todas aquellas actuaciones y progresos realizados sobre la evaluación de la autorización de emplazamiento y
construcción del almacén temporal centralizado, ATC, que solicitó el pasado mes de enero la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa. Igualmente, instamos al CSN a hacer público el cronograma y las previsiones de actuaciones que prevé el
CSN para emitir sus autorizaciones de emplazamiento primero y de construcción del ATC posteriormente, si así se estimase oportuno.


El señor PRESIDENTE: Voy a solicitar a los portavoces que en cuanto tengan decididas las propuestas de resolución que quieran que se voten por separado de cada uno de los grupos parlamentarios, lo vayan comunicando a la Mesa para ir
confeccionando el cuadernillo de votación.


A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su ponente, el señor don Jordi Jané.

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El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, quiero destacar las cuatro propuestas de resolución que Convergència i Unió ha presentado y que se van a incorporar al informe final de esta ponencia, hecho que motivará también el voto
afirmativo de mi grupo parlamentario al texto de la misma. De las cuatro propuestas de resolución de Convergència i Unió deberíamos poner en valor un aspecto al que se refería ahora también el ponente del Grupo Socialista, el señor Segura. Es muy
importante el texto transaccional que sobre la base de la propuesta 64 de Convergència i Unió finalmente vamos a aprobar hoy. Instamos al CSN a que incluya las normas, protocolos y medidas preventivas y que intente promover la actualización de los
planes de emergencia en base a las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima. Ahora se estaba destacando que había que sacar las consecuencias de las lecciones de Fukushima y no pueden ser otras que actualizar los planes de emergencia
basándose en las conclusiones que a nivel internacional se analizan a partir de lo que ha ocurrido en Fukushima. Por tanto, entendemos que con esta propuesta damos un paso importante en esa labor preventiva. Es una propuesta que además viene junto
a un mayor nivel de exigencia en el control, rigor y transparencia en todo aquello que realiza el CSN. Esta es la primera propuesta, la número 64, que queríamos destacar.


En segundo lugar, destaco las propuestas 68 y 69, que van ligadas a la 64 en un aspecto. Todo aquello que viene de las lecciones de Fukushima tiene que ver también con que el CSN necesita más recursos humanos. Necesita poder actualizar de
manera adecuada sus plantillas. Hay que permitir su renovación generacional y que la experiencia acumulada por aquellos técnicos del CSN que van a causar jubilación por edad pueda venir complementada con los que vayan entrando en el CSN; por
tanto, establecer un sistema para que esa experiencia no se pierda. Desde esta óptica, necesitamos dar un trato específico a los recursos humanos que un organismo tan importante como el CSN precisa; de ahí la importancia de las propuestas 68 y 69
de Convergència i Unió que, vía transaccional, también se van a aprobar hoy.


La última propuesta de Convergència i Unió -que también se aprueba-, la número 66, es importante porque pretende poner en valor las actividades de cooperación internacional que con otros organismos reguladores realiza el CSN. Digámoslo de
manera muy clara, cooperación internacional que también realiza la ponencia de seguimiento del CSN y que ha tenido ocasión de compartir y ver exactamente con otros órganos reguladores cómo se tratan los residuos radiológicos, cómo se llevan adelante
las nuevas propuestas técnicas a los efectos de intentar internacionalizar -el señor Erias es un buen ejemplo de ello-, abrir la ponencia para que esas experiencias internacionales puedan tener también su reflejo aquí en el trabajo del CSN. En ese
sentido, quiero destacar la labor de los vocales que forman parte del CSN y de manera muy especial en ese ámbito internacional y en el de las lecciones aprendidas en Fukushima, la labor del vocal señor Gurgui, porque ha sido realmente muy importante
y ha dado un crédito internacional a la actividad global del CSN; se lo quería agradecer expresamente en esta intervención de hoy.


Para finalizar, algunas propuestas de Convergència i Unió no van a ser aceptadas y no entendemos por qué. Si de lo que se trata es de dar mayor transparencia, mayor información -lo decía también el señor Erias y yo lo comparto-, deberían
poder comparecer también los responsables del CSN ante los parlamentos autonómicos en aquellas comunidades autónomas en las que tenemos centrales nucleares en activo. Toda información es importante, lo que abunda no daña. Sería bueno que pudieran
tener esa relación parlamentaria con los parlamentos autonómicos que tienen centrales nucleares en su territorio, nos parece del todo lógico en una estructura territorial de Estado compuesto como la que tenemos. Por tanto, no acabamos de
entenderlo. Tampoco entendemos que no se acepte nuestra propuesta 65. ¿Cómo vamos a negar al CSN que pueda incorporar aquellos conocimientos relevantes que devienen de instituciones acreditadas como el Servei Meteorològic de Catalunya o el
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Esa propuesta 65 es abundar en experiencias compartidas y entendemos que sería útil.


Para finalizar, señor presidente, como es muy tarde y vamos a realizar muchas votaciones, para simplificar -evidentemente, nuestro grupo va a votar a favor de las transacciones y del informe de la ponencia- en lugar de ir pidiendo votaciones
separadas de una u otra propuesta de otros grupos -que algunas las compartimos y otras no tanto-, nos abstendremos en el resto, no porque la abstención signifique que no tenemos criterio, señor presidente, sino para facilitar las votaciones en esta
sesión atendiendo también a la hora en que nos encontramos.


El señor PRESIDENTE: Se lo agradecemos todos, señor Jané.


En representación del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Chesús Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: Desde La Izquierda Plural hemos presentado dieciocho propuestas de resolución en relación con el informe de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear,

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pero también en referencia al momento trascendental que vive el Estado español respecto al futuro nuclear, el envejecimiento de nuestros centrales, los déficits en inversiones y las lecciones aprendidas en Fukushima. Nuestras dieciocho
propuestas de resolución se refieren a aspectos fundamentales respecto a la seguridad y al funcionamiento del consejo, teniendo en cuenta la información y los cambios que el propio Gobierno ha forzado a realizar tanto en materia regulatoria como en
los recursos del Consejo de Seguridad Nuclear. Las propuestas 14 y 15 aluden al Plan de recaracterización sísmica. Hoy tenemos nueva información geológica y recomendaciones de la Comisión Europea que obligan a actuar con diligencia. Nuestras
centrales fueron diseñados en un momento en el que no se disponía de esa información, por eso se debe solicitar a los titulares de las instalaciones una actualización de la información geológica y la reevaluación sísmica de los emplazamientos que
atienda al riesgo sísmico y a los efectos del cambio climático. No se trata, pues, de proyectos de I+D, sino de licenciamiento de las instalaciones.


Las propuestas 16, 17, 18, 19 y 20 se refieren al almacén temporal centralizado de residuos radiactivos, del que ya debatimos ayer en esta misma Comisión. Es de sobra conocida la posición de La Izquierda Plural. Somos contrarios a una
política de almacenamiento que ahora podría estar alimentando la prórroga de vida útil de centrales nucleares obsoletas. A nuestro juicio, solo tiene sentido buscar una solución definitiva a los residuos radiactivos, una vez que se haya acordado un
plan definitivo para el cierre de todas las centrales nucleares del Estado español. Vamos a defender estas propuestas, especialmente la 16, que es la que pide la paralización del proceso de construcción, y también las propuestas 17, 19 y 20, que
ponen de manifiesto los problemas del terreno donde se ubica, en Villar de Cañas. Hasta que no se llevan a cabo todos los estudios necesarios de caracterización del terreno, entendemos que no se debería avanzar en este proyecto. Además, pedimos
que Enresa modifique el pliego de condiciones y que se hagan públicos los estudios.


Las propuestas 29 y 22 aluden a la central nuclear de Santa María de Garoña. Pedimos que se retire el real decreto-ley y que se proceda a su cierre definitivo. Estamos ante el ejemplo de una central nuclear obsoleta, con más de cuarenta y
dos años de vida, que se pretende prolongar de una manera artificial, forzosa, a pesar del cierre que ya ha tenido lugar. En cuanto a las propuestas 23, 24 y 25, estamos hablando de un plan para el cierre de todas las centrales nucleares en diez
años y de la creación de un fondo que permita impulsar los planes alternativos energéticos. La propuesta 26, en la que pedíamos un código ético, ha sido aceptada a través de una transacción que nos congratula. Las propuestas 27 y 28 tienen
relación con la minería de uranio. Nosotros instamos a que se desarrolle una guía de evaluación sobre proyectos de minería para fijar claramente los criterios de protección medioambiental que deberían regir, y también aprovechamos para pedir una
moratoria en la extracción de uranio por el impacto ambiental que produce sobre la salud. La propuesta 29 persigue incorporar una propuesta que realizaron miembros del comité asesor en relación con la mejora de la transparencia, con el objetivo de
favorecer y mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública. Finalmente, respecto a las propuestas 30 y 31 relacionadas con la plantilla del consejo, debo felicitarme porque la propuesta 30 ha sido incorporada a una
transacción que nos parece correcta.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Quería comenzar mi intervención agradeciendo también la disposición al acuerdo que ha tenido la ponencia, no solo porque nos hayan aceptado dos propuestas de resolución y otras a otros grupos, sino porque
realmente ha habido un intento de acercar lo más posible las posiciones, lo cual siempre es muy bueno y es el objetivo de este tipo de trabajos, en contraste con la intervención anterior, que me ha parecido gratuitamente insultante. Pero si a base
de insultos podemos cambiar los malos efectos de las malas políticas, nos conformaremos.


Entrando en la materia en sí, el informe de la ponencia con el resultado final nos parece aceptable, aunque también quería hacer alusión, como algún otro grupo -coincido en esto-, a que no acabo de entender por qué hay cierta resistencia a
incorporar la actualización de investigación o de información que ahora, con las nuevos medios que tenemos, con las nuevas experiencias, sería interesante para actualizar precisamente la seguridad o la confianza que merece el parque nuclear español,
las instalaciones que tenemos y el propio trabajo del Consejo de Seguridad Nuclear que, en este sentido, hasta ahora siempre ha sido digno de elogio. También la extraña resistencia -que tampoco acabamos de entender- a que aparezca la palabra
Fukushima o las referencias a los protocolos de actuación después del accidente de Fukushima que, sin duda alguna, creo que son buenas para tratar de desdramatizar la relación que parece

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que algunos sectores sociales tienen con la energía nuclear, que sigue estando bajo una sospecha a priori, más allá de las circunstancias o los datos de la experiencia concreta en la que vivimos.


Dicho esto, también nos hubiera gustado -a ver si el año que viene tenemos más suerte- que hubieran aceptado una propuesta que hemos incorporado que tiene que ver con una amenaza para la salud con una fuente radiactiva natural, que no es
algo que se deba despreciar, que son las fuentes de gas radón, que es un gas radiactivo que existe en amplios territorios peninsulares debido a su composición geológica, y que no estaría mal que, aparte de otros riesgos más espectaculares y
conocidos, fuera objeto de seguimiento por el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero, como digo, esperemos que otros años tengamos más suerte a este respecto.


Por lo demás, vamos a votar a favor del informe de la ponencia. No voy tampoco a pedir voto separado de propuestas porque coincido también con algunas cosas que se han dicho. Hay algunas que son muy detalladas y que, evidentemente, no
compartimos. Mi grupo no ha apoyado el cierre de la Central de Garoña porque considera que en este momento no nos sobran fuentes de energía barata, precisamente una cuestión importante para la política energética en un momento de crisis tan brutal
como el que atravesamos y todavía de largo recorrido. Tampoco apoyamos, como no puede ser de otra manera, propuestas en contra de la solución de uno de los problemas específicos de la energía nuclear, que es el tratamiento de los residuos de alta
actividad. De manera que votaríamos en contra en cualquier caso, pero -como digo- hay otras de otros grupos, incluso de La Izquierda Plural, de Convergència i Unió y del Grupo Socialista, que compartimos y nos parecen acertadas. Así que,
dependiendo un poco del peso, del tamaño, votaré a favor o en contra de estas resoluciones.


El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Mixto, va a intervenir alguien? (Denegación). Cerrando el turno de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Antonio Erias.


El señor ERIAS REY: Voy a hacer un pequeño comentario a propósito de lo que se ha producido. En primer lugar, quiero agradecer y reiterar todos los apoyos que se han dado para, entre todos, mejorar la situación de protección radiológica y
seguridad nuclear. En cualquier caso, la ponencia siempre está abierta, y el Grupo Popular siempre está abierto y estaremos abiertos a poder seguir debatiendo todo aquello que suponga una mejora en los objetivos que la propia ley creadora del
Consejo de Seguridad Nuclear encomienda a esta institución.


Quiero recalcar los criterios que ha seguido mi grupo para fijar su posición respecto de las propuestas, para poder aclarar algunas de las intervenciones de los compañeros de los diferentes grupos. Siempre nos hemos circunscrito al ámbito
competencial y al objeto de la ponencia en esta Comisión. No hemos salido de eso, porque creo que salir de eso no resulta adecuado. La posición del Grupo Popular se ha circunscrito, por tanto, estrictamente a la materia relacionada con la
seguridad nuclear y la protección radiológica y no hemos entrado en otras cuestiones que, siendo legítimamente expuestas por otros grupos, entendíamos que excedían el objeto de esta ponencia. Fundamentalmente, me refiero a unas cuantas, que voy a
precisar: el cierre de las centrales nucleares, la suspensión de la instalación del almacén temporal centralizado. Hemos evitado reiteraciones o propuestas cuyo contenido ya está siendo desarrollado por el propio Gobierno o en su caso por el
propio Consejo de Seguridad Nuclear. También hemos evitado declaraciones de intenciones que superaban el análisis del informe de actividad del Consejo de Seguridad Nuclear, porque no perdamos de vista que estamos elaborando propuestas a la luz del
informe del año 2012. No estamos aquí debatiendo sobre la conveniencia o no de las instalaciones nucleares o del tratamiento de los residuos. Eso, siendo respetable lo que cada uno opine al respecto, no es el objeto de la ponencia. No hemos
entrado en las propuestas que cuestionan la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear, que puede ser cuestionada por aquellos que crean eso, pero objetivamente del informe presentado no se deriva ninguna de estas cuestiones. Igualmente,
respetamos cualquier debate interno y, es más, estamos dispuestos a que a lo largo de todo este curso político podamos tener algún encuentro y debate sobre esto para enriquecer y tratar de aunar y llegar a acuerdos.


En cuanto a Fukushima, señor Jané, he de decirle que se ha incorporado precisamente en una propuesta suya, la 16, y, por tanto, señor Gorriarán, no hay ninguna reticencia a que aparezca Fukushima; aparece. Es más, del desgraciado accidente
hemos aprendido lecciones, la sociedad también ha aprendido lecciones, y estas lecciones van a suponer sin duda alguna un antes y un después, y eso está ya ahí, pero nos hace falta reflexionar, y esta reflexión ha de ser rigurosa, basada en
principios científicos. Si queremos avanzar en la seguridad vayamos de la mano de esos científicos, de los expertos, de los que son

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conocedores, y prescindamos de prejuicios o de una determinada idea sobre como tienen que ser las cosas sobre la base de una realidad que no existe y no está probada científicamente. No podemos olvidar que ya tenemos un plan de acción
nacional, que ha sido elaborado con rigor y con una supervisión internacional. Recuerdo que cuando Elbaradei desarrolló este tipo de análisis para las centrales nucleares españolas, yo estuve en Sevilla por ser miembro de esta ponencia y nos
destacaba la importancia de la seguridad en las centrales nucleares españolas. La presidenta del consejo, doña Carmen Martínez Ten, también lo destacó, y me remito a las actas que haya de este tipo de reuniones, encuentros y de estos trabajos
llevados a cabo por la Agencia Internacional de la Energía para poder referirnos a los problemas de seguridad que algunos enuncian y que sin ser testados no me parece la mejor manera de poder hacer ese futuro de seguridad entre todos.


No tenemos ninguna duda de que hay que mejorar las centrales y de que en ellas se pueden producir sucesos extremos, pero lo que sí es cierto es que del informe del año 2012 afortunadamente no se deriva ninguna de estas consecuencias. Por
eso, hemos tratado de sumar. Reitero mi agradecimiento de nuevo y la buena disposición para el diálogo, la buena disposición para entender incluso planteamientos divergentes. Se ha ido acotando aquello que tenía más unanimidad para poder
sintetizar las propuestas transaccionales. Por tanto, reiterando el agradecimiento, he de decir que a nuestro grupo no le anima ningún otro móvil que no sea la mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica, que son los objetivos que
esta Cámara y la ponencia tienen encomendados. Muchas gracias a todos; con este ánimo seguiremos trabajando. (Aplausos).


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).


El señor PRESIDENTE: Pregunto a los portavoces si estamos en condiciones de empezar la votación. (Asentimiento).


Señorías, comenzamos la votación. Empezamos por la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural para suspender el procedimiento de instalación del almacén temporal centralizado para residuos nucleares, ATC. Esta
proposición no de ley se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre revocación de la declaración de utilidad pública y la solicitud de estudio de evaluación del impacto ambiental en los proyectos de ejecución de la nueva subestación en Gramenet
de 400 kilovoltios, y modificación de las líneas de 200 kilovoltios Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí, para la conexión de 400 kilovoltios Pierola-Santa Coloma. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el Plan turismo litoral siglo XXI. Esta proposición no de ley se vota en los términos de la autoenmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para reforzar el impulso al vehículo eléctrico. Esta proposición no de ley se vota en los términos de la transacción presentada por Convergència i Unió, Grupo
Popular y Grupo Socialista, que es conocida por todos los portavoces.


Votamos, en primer lugar, el punto 1, redactado según la transaccional, que dice: Seguir apoyando la adquisición de vehículos eléctricos, motocicletas, híbridos eléctricos y bicicletas eléctricas.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Votamos el punto 2, también de acuerdo con la transaccional: Continuar con las ayudas a la moto eléctrica con el fin de consolidar el potencial de este mercado.

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Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Votamos el punto 3, de acuerdo con la proposición no de ley presentada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas de tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Se vota de acuerdo con la transaccional presentada, texto
que conocen todos los grupos parlamentarios.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre la autorización de una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Esta proposición se vota en los términos de la enmienda de sustitución presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre el establecimiento de un mecanismo de bono social para la bombona de butano. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que fue aceptada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN (VOTACIÓN).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las propuestas de resolución en relación con el informe sobre el Consejo de Seguridad Nuclear. Vamos a votar, en primer lugar, las transaccionales.


Votamos en primer lugar la enmienda transaccional a las propuestas de resolución números 6 de UPyD, 30 de Izquierda Unida, 49 del Partido Socialista y 68 y 69 de Convergència i Unió. De ser aprobada la enmienda transaccional quedarían
retiradas dichas propuestas de resolución a la hora de su votación.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Esta transaccional sustituye al punto 14 del informe de la ponencia.


Votamos ahora la enmienda transaccional que recoge las propuestas de resolución números 5 de Unión Progreso y Democracia, 26 de La Izquierda Plural y 64 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos las propuestas de resolución que no han sido transadas ni retiradas.


En primer lugar, propuestas de resolución números 7, 8 y 9 del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación, del mismo grupo parlamentario, Unión Progreso y Democracia, la propuesta de resolución número 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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Resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que son las números 2, 3, 4, 11 y 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, votamos las propuestas números 16, 19, 24 y 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las propuestas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, teniendo en cuenta que las números 26 y 30 han sido ya votadas como transaccionales. Por tanto, votamos las números 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 31.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, propuesta de resolución número 54.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas de resolución, a excepción de la número 49, que ha sido incorporada a la primera transaccional. Vamos a votar las números 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 60 y 61.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votamos las números 62 y 65.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de sus propuestas de resolución, que son las siguientes: 63, 67 y 70.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el informe de la ponencia con todas las propuestas de resolución que han sido incorporadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las cuatro y veinte minutos de la tarde.


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