CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 511

DEFENSA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN

Sesión núm. 25

celebrada el miércoles,

19 de febrero de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre la zona de la Base del Ejército del Aire en la Sierra de Aitana que ha sido desafectada de su uso para la defensa, y el acuerdo entre administraciones para el uso civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000460) ... (Página2)


- Sobre el embargo inmediato de armas a Egipto y la paralización de las exportaciones españolas autorizadas, así como la denegación de las solicitudes futuras. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001925)
... (Página5)


- Relativa a los derechos y la estabilidad laboral de los trabajadores de la Base de Morón (Sevilla). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002221) ... (Página9)


- Relativa al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002265) ... (Página14)


- Sobre prórroga y ampliación de la 'Fuerza de respuesta para crisis en África' de Estados Unidos en Morón de la Frontera. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002341)
... (Página17)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Informo a sus señorías de varios asuntos. En primer lugar, este presidente va a tener que abandonar la sala enseguida por tener que defender en la Comisión Constitucional un punto que allí se debate. En cuanto acabe volveré a la
Presidencia de esta Comisión. Mientras tanto, como es natural, presidirá la señora vicepresidenta. En segundo lugar, no votaremos antes de las seis y media de la tarde, lo que quiere decir que si concluyésemos los debates antes de esa hora
suspenderíamos la Comisión hasta entonces y en otro caso votaríamos al terminar. Por último, quiero recordar a sus señorías que tendremos Mesa y portavoces de la Comisión al concluir la sesión de esta tarde.


- SOBRE LA ZONA DE LA BASE DEL EJÉRCITO DEL AIRE EN LA SIERRA DE AITANA QUE HA SIDO DESAFECTADA DE SU USO PARA LA DEFENSA, Y EL ACUERDO ENTRE ADMINISTRACIONES PARA EL USO CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000460).


El señor PRESIDENTE: Debatimos el punto 1.° del orden del día: proposición no de ley sobre la zona de la Base del Ejército del Aire en la sierra de Aitana que ha sido desafectada de su uso para la defensa, y el acuerdo entre
administraciones para el uso civil, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Señorías, con esta proposición no de ley instamos al Gobierno a realizar los trámites oportunos para hacer efectiva la cesión para el uso civil de la zona de la Base del Ejército del Aire en la sierra a Aitana,
que ha sido desafectada de su uso para la defensa. (La señora vicepresidenta, Barreiro Álvarez, ocupa la Presidencia). Solicitamos así que se concluya un proceso que se inició años atrás a instancias del diputado socialista Herick Campos en el
Congreso, con la aprobación de una proposición no de ley transaccionada por el Grupo Popular y que obtuvo el voto unánime de los grupos de la Cámara.


Desde que el Ministerio de Defensa comunicó que una parte de la Base quedaría en desuso, los socialistas de la zona manifestamos el interés por recuperar este espacio para un uso civil y así los diputados socialistas autonómicos,
provinciales y nacionales desarrollaron la petición expresa del alcalde del municipio de Alcoleja, Francisco Fenolla y resoluciones unánimes en las distintas administraciones para aprovechar unas instalaciones de especial interés para la zona,
porque la base ha supuesto un importante motor económico para las comarcas de l'Alcoiá y el Comtat, la Marina Baixa y el Alacantí, y en especial para los municipios de Alcoleja y Confrides. Hay que recordar que había un gran número de personas
trabajando en la Base que ahora ya no están. De hecho, las instalaciones ahora en desuso estaban destinadas a alojamiento y espacios comunes de los efectivos asignados a la Base para la vigilancia y defensa de los radares, ubicados en otro módulo
todavía en uso.


La desocupación de la zona no debería implicar un abandono sino la oportunidad de crear un revulsivo para la economía de los municipios colindantes, la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de interés medioambiental y social sostenible y
sostenido en el tiempo, que sea al mismo tiempo un atractivo de población y de inversión para la provincia de Alicante. En este sentido en el año 2009 se aprobó, como he dicho antes, una proposición no de ley en el Congreso. Se aprobaron mociones
y una declaración institucional en la Diputación de Alicante a favor de aprovechar la zona para un futuro centro de uso público y social en marzo de 2010.


El Ministerio de Defensa, después de desafectar la zona de uso militar y ponerla a disposición del' Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ofreció la firma de un convenio a la Diputación de Alicante ya que fue
la única Administración, junto con el municipio de Alcoleja, que se puso en contacto con el ministerio para hacer realidad la cesión. A pesar de que las conversaciones entre ministerio, ayuntamiento y diputación avanzaron de manera positiva,
generando un preacuerdo acorde a las voluntades de las instituciones implicadas, las circunstancias políticas del momento truncaron la firma del mismo. Se produjo el cambio del presidente de la Diputación de Alicante y la firma no llegó a
realizarse. El cambio de Gobierno de España tampoco favoreció la conclusión de los trámites de cesión. Si instituciones gobernadas por distintos grupos políticos fueron capaces de consensuar un preacuerdo entre ministerio y diputación, cuando
estas están gobernadas por el mismo partido político lo deberían tener más fácil, pero de momento no ha sido así. Por otro lado, a pesar de que en las Cortes Valencianas el 13 de octubre

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de 2011 se aprobó una resolución para impulsar el acuerdo entre las distintas administraciones a partir de una proposición no de ley presentada por los socialistas, el consell no ha llevado a cabo acciones ni trámites que demuestren su
interés en participar en este proyecto.


Espero que más pronto que tarde esto cambie y el apoyo ciudadano a Ximo Puig permita un cambio político en la Generalitat que posibilite desarrollar proyectos de interés para nuestra zona, un nuevo gobierno que dé seguridad, estabilidad,
protección y esperanza de un futuro mejor para los valencianos y las valencianas. Mientras tanto, continuaremos reivindicando lo que consideramos bueno para nuestro territorio y lo que hoy proponemos, sin duda, es bueno para la provincia de
Alicante. Con nuestra solicitud pretendemos retomar el camino ya empezado para concluir un proceso de cesión de uso que no ha concluido por los cambios de los responsables políticos en este tema. Con muy poca inversión se puede conseguir una
rentabilidad social y económica importante para la zona. Tengan en cuenta que el desuso genera deterioro y por tanto se requiere una acción rápida porque si no cada día que pasa la intervención resulta más costosa y supone un peligro para un
entorno natural de un gran valor medioambiental.


Esperemos que hoy voten a favor de esta proposición para dar respuesta a los habitantes de los municipios afectados que no entienden que en dos arios de Gobierno del Partido Popular en España no se haya hecho ninguna intervención en la Base.
Si, por el contrario, hoy votan en contra de la propuesta que les realizamos sin siquiera presentar una alternativa de mejora el Partido Popular demostrará una vez más que promete lo que no cumple. Existen inversiones y proyectos al Gobierno de
España cuando están en la oposición, pero cuando gobiernan ni hacen ni reivindican lo que es bueno para los alicantinos. Ya lo hemos visto año tras año en los presupuestos en los que con el Gobierno de Rajoy la inversión se ha reducido de manera
importante en la provincia, quedando en 112 euros por habitante, muy inferior a la media de España que se encuentra en 206. Han anulado, por completo, la inversión en las comarcas de l'Alcoiá y el Comtat. Hoy, si votan que no a nuestra propuesta,
estarán demostrando nuevamente su abandono e incoherencia. No caben excusas. Si hoy el Grupo Popular vota en contra de la proposición solo porque lo proponemos los socialistas, demostrará oportunismo político; si el Partido Popular vota no a una
propuesta que no implica coste para el ministerio y a la que votó a favor cuando estaba en la oposición, estará abandonando un proyecto de recuperación económica para esta zona y confirmará, nuevamente, el desprecio y el abandono al que tiene
sometido el Gobierno del Partido Popular a las comarcas de l'Alcoiá y el Comtat.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley; por tanto, pasamos a las intervenciones de los grupos para fijar posición. En primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Mixto, don
Joan Tardá.


El señor TARDÀ I COMA: Anunciarnos el voto favorable.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra don José Luis Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Quiero mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa, como bien ha explicado la portavoz que la ha defendido, porque a estas alturas este problema ya debería estar resuelto. No entendernos por qué no se ha resuelto
cuando diversas instituciones ya han manifestado la necesidad de que ese terreno que no tiene otro uso, pueda cederse gratuitamente para uso civil. Nuestro grupo está a favor y resalta la parte positiva de esta proposición no de ley cuando
contempla la participación del Ayuntamiento de Alcoleja porque es importante que lo que durante mucho tiempo ha tenido un uso público ahora repercuta en un un municipio concreto que ha dispuesto del terreno durante todo este tiempo. Repito que
nuestro voto será a favor de la citada iniciativa.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), tiene la palabra la señora Sayós.


La señora SAYÒS I MONTILLA: He de manifestar que nuestro Grupo Parlamentario, Convergéncia i Unió, siente cierta empatía hacia la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, por varias situaciones que tenemos en
Cataluña en los mismos términos. El Ministerio de Defensa conserva algunos terrenos o instalaciones cuyo uso anteriormente fue para Defensa. Hoy estos terrenos, estas instalaciones, ya no tienen ese uso real pues han quedado obsoletas y la gran
mayoría están en

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desuso. Hoy estas instalaciones representan para los municipios donde están ubicadas una cicatriz por el significativo uso de su época. Estos municipios están dispuestos a recuperar los citados terrenos mediante una cesión por parte del
Ministerio de Defensa.


Convergéncia i Unió está de acuerdo con la desafectación de estas instalaciones y esperamos que el Gobierno vaya reparando estas situaciones en todo el territorio español y muy especialmente en aquellos lugares donde se le pida de manera
expresa. Quiero decir, de pasada, que este grupo parlamentario ha presentado varias proposiciones no de ley en estos mismos términos; una de ellas ante esta misma Comisión y esperamos que se debata inmediatamente o, si no, a la mayor brevedad
posible. Concretamente se trata una Base militar EVA-4, en Rosas, y una Base Lorán en Torroella de Montgrí. Estos bienes inmuebles se valoraron en la época del boom o de la burbuja inmobiliaria, pero hoy en día representan una sobrevaloración.
Por esto se debería hacer una nueva valoración económica ajustada a precio actual que pueda ser asumible por parte de estos municipios afectados.


Por todo ello, Convergència i Unió está de acuerdo con la desafectación del uso para la defensa sobre la zona de la Base del Ejército del Aire en la sierra de Aitana para pasar a su uso civil.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ferrando.


La señora FERRANDO SENDRA: Voy a empezar haciendo un resumen de los hechos que concurren en esta proposición no de ley y que son los siguientes. En primer lugar, la zona de asentamiento de la Base de Aitana queda en desuso en el año 2009
debido, sobre todo, a la modernización de las infraestructuras del Ejército del Aire, lo que permitió una drástica reducción del personal. En segundo lugar, en función de una proposición no de ley aprobada en esta Cámara, se acordó desafectar para
uso de la defensa la zona de acuartelamiento que había dejado de tener utilidad para la citada unidad. Asimismo se acordó independizar dicha zona, realizar una depuración física y jurídica de las instalaciones por las posibles servidumbres que
pudieran existir, y una vez finalizado dicho proceso, iniciar conversaciones con el Ayuntamiento de Alcoleja con el finde enajenar la propiedad para, en colaboración con otros organismos o instituciones interesadas, dotarlas de otros fines.


En tercer lugar, el 13 de junio de 2011 el secretario de Estado de Defensa firmó la resolución de desafectación de la citada zona. En cuarto lugar, en esa fecha se remitió una carta al presidente de la Diputación y al alcalde de Alcoleja
comunicándoles que a partir de ese momento el interlocutor válido para buscar un uso alternativo de la propiedad era el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Invied, organismo encargado de la enajenación de las
propiedades. Y, en quinto lugar, nos encontramos en el momento actual. Señorías, a fecha de hoy ningún organismo público se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa a través del Instituto de Vivienda para tratar el asunto de la base
Aérea de Aitana. Yo me pregunto, ¿en nombre de quien, con estos antecedentes, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a firmar un convenio con la Diputación de Alicante y en su caso con la Generalitat Valenciana? Creo que es arrogarse
un poder del cual carece el Grupo Socialista, porque no tienen competencias para solicitar una cesión -y quiero repetir la palabra cesión- de las instalaciones de motu proprio, y lo quiero recalcar también. En segundo lugar, es demostrar un
desconocimiento y una ignorancia absoluta de la ley -repito, señorías, desconocimiento e ignorancia- que en la iniciativa el Grupo Socialista solicite la cesión gratuita por un mínimo de años prorrogables para su uso civil. ¿Por qué? Porque el
trámite legal previsto en la Ley 33/2003, del patrimonio de las administraciones públicas y en el Real Decreto del Estatuto del Invied es el de su enajenación, no permitiendo la cesión de la propiedad en ningún caso. En este punto quiero hacer un
inciso y referirme a las palabras de la portavoz socialista. Ha dicho que el cambio en el Gobierno de España no ha favorecido la cesión. ¿Quiere decir con ello que si se hubiera mantenido en el Gobierno de España el Partido Socialista hubiera
incumplido la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas? Es lo que me pregunto, porque ha querido decir que por el cambio de Gobierno no se hace la cesión. ¿Quiere decir eso que nosotros prometimos y que luego no hacemos nada? Cuando se
debatió esta proposición no de ley en esta Cámara hace unos años el Partido Popular presentó una enmienda para que se diera un uso genérico, después de todas las salvedades que he mencionado en los antecedentes.


Antes de celebrar esta Comisión he hablado con la portavoz encargada de este tema y le he dicho por deferencia que mi grupo iba a votar en contra. Por eso ha insistido en reiteradas ocasiones en que si el Grupo Parlamentario Popular votaba
en contra era un desprecio y un abandono. No, señorías; yo creo que es un desprecio y un abandono hacia los municipios de la comarca de l'Alcoiá y el Comtat, de la Marina,

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y de todos los alrededores de Alcoleja, que no se diga la verdad porque sabe su señoría que no se puede cumplir. Ojalá el Partido Popular pudiera aprobar esta moción cumpliendo lo que establece la ley, pero no en los términos que recoge la
proposición no de ley. No obstante, si hubiera una declaración de intenciones por las partes interesadas, previos los informes técnicos correspondientes, se podría solicitar la enajenación sin definir los usos, porque incluso podrían ser
medioambientales. Para finalizar, habría que tener en cuenta la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local, que marca la distribución de competencias, ley que, por cierto, aprobamos el pasado 27 de diciembre.


Por todo lo expuesto señorías, señora presidenta, lamentándolo, mi grupo parlamentario no puede aprobar en los términos en los que está presentada esta proposición no de ley.


- SOBRE EL EMBARGO INMEDIATO DE ARMAS A EGIPTO Y LA PARALIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AUTORIZADAS, ASÍ COMO LA DENEGACIÓN DE LAS SOLICITUDES FUTURAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001925).


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Pasamos a la proposición no de ley sobre el embargo inmediato de armas a Egipto y la paralización de las exportaciones españolas autorizadas, así como la denegación de las solicitudes futuras.
Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Mixto para cuya defensa tiene la palabra, por diez minutos, el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señorías, es posible que cuando termine la exposición y defensa de la iniciativa parlamentaria me ausente, porque estamos pendientes de la votación en la Comisión de Sanidad; lo digo por respeto a los compañeros.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Perdóneme, señor Tardà, usted ha presentado una enmienda a su propio texto. Entendemos que la defiende también en esta intervención.


El señor TARDÀ I COMA: Sí, por supuesto.


En el primer semestre de 2013 las exportaciones autorizadas de material de defensa a Egipto ascendieron a 15 millones de euros, pero también se autorizaron exportaciones de armas de caza y tiro deportivo por importe de más de 6.000 euros y
se realizaron exportaciones diversas. Asimismo, durante el año 2012 se exportaron a Egipto armas por más de 50 millones de euros. Por otro lado, se calcula que desde el 30 de junio de 2013, 1.400 personas han muerto en manifestaciones o como
consecuencia de diversas formas de violencia política, incluidos incidentes en los que las Fuerzas de Seguridad hicieron uso excesivo de medios letales para dispersar a los manifestantes, así como enfrentamientos entre partidarios y detractores de
Mohamed Morsi.


Las autoridades egipcias se valen de todos los poderes del Estado para pisotear los derechos humanos y aplastar la disidencia. Hasta la fecha la fiscalía no ha imputado a ningún funcionario público ni miembros de las Fuerzas de Seguridad
egipcias por esa represión, pero continúa ordenando la detención de millares de partidarios de Mohamed Morsi acusados de manifestarse de forma violenta y pertenecer a un -cito textualmente- grupo prohibido implicado en actividades terroristas. Las
investigaciones de actos violentos iniciadas por la fiscalía se han centrado en presuntos abusos perpetrados por partidarios de Mohamed Morsi y han hecho caso omiso de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
También ha continuado la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en la revolución del 25 de enero y con los sucesivos gobiernos. Los tribunales han absuelto a decenas de miembros de las Fuerzas de Seguridad. En diciembre de
2013, el presidente Adly Mansur designó un comité de investigación para examinar los abusos cometidos después del 30 de junio de 2013. Sin embargo, el mandato de este comité es demasiado impreciso y no incluye la determinación de responsabilidad
penal individual.


Todos los Estados han actuado y hemos de reconocer que así lo ha hecho el Estado español. Valoramos positivamente la rápida reacción del Gobierno español ante la situación producida en Egipto y su decisión en agosto de aplazar cautelarmente
todas las licencias de exportación de material militar y equipos antidisturbios a Egipto, incluidos los aviones militares. Asimismo acogimos con satisfacción que la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de Defensa y
doble uso decidiera suspender la venta de todo tipo de material militar a Egipto, así como suspender las ya autorizadas y las nuevas solicitudes. Lo reconocemos, pero hemos de señalar que las exportaciones autorizadas durante 2012 y 2013 no se
deberían haber producido pues eran más que dudosas, según el artículo 8 de la Ley de Comercio de

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Armas y de las directivas europeas. Asimismo tampoco se establecieron mecanismos de control y verificación sobre el usuario y el uso final de unas exportaciones cuestionables y cuestionadas por la coalición Armas bajo control que agrupa
Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeace y FundiPau. Por otro lado, el Gobierno español incumplió su palabra de aceptar la aplicación provisional de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el comercio de armas mientras no se produzca su
entrada en vigor, según lo dispuesto en el artículo 23 de dicho tratado.


Al margen de todas las consideraciones hemos mantenido la preocupación sobre la venta de armamento a Egipto en un contexto en el que algunos Estados, como Estados Unidos, parecen estar preparándose para reanudar las transferencias de armas y
equipo que las Fuerzas de Seguridad podrían utilizar para cometer violaciones de derechos humanos. Ante esta situación -y me remito al contenido de nuestras autoenmiendas reivindicamos la suspensión de todas las transferencias, uno; la denegación
de las autorizaciones, dos; la transparencia respecto al uso y usuario de las transferidas, tres; y evidentemente el compromiso de promover en la comunidad internacional estas medidas, cuatro. Toda esta información que les transmito hoy aquí, que
ha permitido autoenmendarnos, es una reflexión derivada de organismos tan prestigiosos y necesarios como Amnistía Internacional y otras entidades de esta naturaleza, razón por la cual hemos hecho nuestras estas reclamaciones, porque las compartimos
y porque las consideramos necesarias. Esta proposición no de ley que presentamos en el mes de agosto del año 2013 se ha enriquecido con las autoenmiendas que hemos introducido, repito, reflejo de la preocupación de Amnistía Internacional y de otras
entidades de esta naturaleza.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Para fijar posición tienen la palabra los grupos por diez minutos. Por el grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra don José Luis Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, cuando en Egipto gran parte de la población salió a la calle reclamando más libertades, mejoras sociales, la comunidad internacional pareció alegrarse y se habló, junto con otras manifestaciones
de este tipo, de la Primavera Árabe. En realidad luego ha evolucionado de una forma bastante diferente a lo que parecía en el inicio. De hecho, hubo unas elecciones, un golpe de Estado y el Gobierno reprime cuando antes se manifestaban pidiendo
más libertad. Repito que esta situación no tiene nada de Primavera Árabe por lo que pueda alegrarse la comunidad internacional, más bien sucede al contrario. Tenemos el ejemplo de que cuando lo que se demanda no gusta a determinados poderes
internacionales se buscan atajos que no son siempre ni lo más demócratas ni los más exportables desde el punto de vista de derechos humanos. Estamos de acuerdo con esta proposición porque es una realidad que lo que está ocurriendo en Egipto debe
ser puesto por la comunidad internacional no solamente en cuarentena sino atajado. Nos encontramos con una contradicción que hemos denunciado en otras tribunas, y es que cuando el Gobierno cifra la industria del armamento como uno de los elementos
clave para salir de la crisis, luego uno cae en estas contradicciones. Nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa y quiere llamar la atención sobre cómo hay que mirar hacia Egipto para intentar que lo que pudo ser una primavera no
termine en un invierno triste y helado.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Es verdad que la ciudadanía egipcia se manifestó no una sino dos veces; la primera en el sentido que dijo el señor Centella y la segunda en sentido contrario. Esto es muy discutible. Si citamos nuestro
entorno internacional ningún país, ningún Estado de nuestro entorno ha intentado hacer un bloqueo como el que insinúa el señor Centella porque no está claro que lo que ha pasado en Egipto sea exactamente un golpe de Estado. Creo que debemos
atenernos a lo que dicen nuestros propios vecinos.


Si una crítica ha hecho históricamente el Grupo Catalán a la política exterior española ha sido su capacidad de dar bandazos a un lado y a otro. Siempre cito que tuvimos un rey al que llamaban el Católico y su nieto saqueó el Vaticano. La
Corona de Aragón no fue menor y tuvo un rey llamado el Católico que encabezó las tropas herejes cataras contra una cruzada del Papado. No creo que estas sean las maneras de hacer las cosas, sinceramente. Portugal es un Estado que durante siglos ha
mantenido una política exterior coherente, que incluso teniendo un régimen parafascista se mantuvo aliado a los ingleses. Creemos que esta es la fórmula positiva de tener una política exterior, no un presidente -como tuvimos- que parecía que era de
gran confianza de los americanos hasta el punto

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de poner las botas encima de mesa, ni tampoco otro que parecía incapaz de levantarse delante de una bandera norteamericana, lo cual nos parece también impresentable. Un Estado tiene que tener una política exterior coherente, y en estos
momentos en Egipto, según nuestra gente, el bloque occidental, nadie ha definido que allí haya habido un golpe de Estado, y en todo caso las relaciones deben mantenerse tal como han sido hasta el momento. El señor Centella puede acabar teniendo
razón, no lo voy a negar, pero las cosas están así como están y así debemos mantenerlas; no, una vez más, por aquello de impulso, sin reflexión, cambiar una política exterior simplemente a golpe de titular. Por tanto nosotros no apoyaremos su
propuesta.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Echávarri.


El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Vaya por delante que mi grupo va a apoyar la iniciativa de Esquerra Republicana con el texto modificado que hoy han presentado como autoenmienda.


España no puede ser un sujeto proactivo o un colaborador necesario en situación de represión de la población civil en Egipto. Por eso, tal y como dice el nuevo texto, apoyamos suspender todo tipo de transferencias de armas y de otro
material militar o de doble uso a este país o a países de la región que se las puedan transferir hasta que se establezcan las debidas salvaguardas para impedir que las Fuerzas de Seguridad cometan nuevas violaciones graves de derecho internacional
en materia de derechos humanos, que es lo que está ocurriendo en Egipto. Nuestra situación no puede quedarse aquí con un mero -vamos a llamarle-embargo de armas. El pueblo egipcio merece más, mucho más. Este pueblo que vivió y nos hizo vivir a
todos con esperanza la conocida como Primavera Árabe está sumido a fecha de hoy en una situación que no era la soñada, cuando iniciaron aquella revolución en el año 2011 que acabó con el entonces presidente Mubarak. Hubo elecciones, sí, las ganó el
ahora depuesto presidente Mursi, pero es cierto que este en ningún momento fue capaz de hacerse totalmente con las riendas del país, un país donde el ejército supone el 35 % del PIB, donde tienen desde industrias, hoteles, distribución de
electrodomésticos, gasolineras, en fin, un emporio que siguió siendo manejado, aun siendo presidente Mursi, por prácticamente los mismos poderes que lo manejaban bajo mandato de Mubarak. Por esta falta de liderazgo o de control del ejército por
parte del presidente o quizá como consecuencia de la misma, el pueblo egipcio vio recortados algunos derechos individuales. Cierto es que Mursi respetó, no obstante, los derechos colectivos, como el de manifestación, pero los individuales es
indubitado que sufrieron ciertos retrocesos, lo que unido a la aprobación de una Constitución de corte islamista hizo que afloraran las manifestaciones, en principio laicistas contra el presidente, pero junto al bloqueo que el ejército hizo del
acceso a los combustibles y a un importante desabastecimiento alimentario a la población -no podemos olvidar que Egipto depende absolutamente del trigo de Estados Unidos-, hizo que dichas manifestaciones se convirtieran en protestas permanentes y
multitudinarias contra el Gobierno elegido democráticamente. Bajo este clima el ejército lanzó un ultimátum al presidente, que bajo la demanda de atender las peticiones del pueblo, le solicitaba que abandonara el poder. Ante la negativa legítima
del presidente de abandonar el poder, puesto que había sido elegido por el pueblo en unas urnas, fue derrocado previa detención. Y es cierto que muchos países no lo han llamado por su nombre, pero esto fue un golpe de Estado. Desde entonces, como
es evidente, la situación no ha mejorado para el pueblo egipcio, ni mucho menos, sino todo lo contrario. A los recortes en derechos individuales que hizo el presidente se sumaron recortes en derechos colectivos, tales como el derecho de asociación
o manifestación, detenciones masivas -que duraban, muchísimo tiempo-, intervenciones de televisiones públicas; en definitiva, una serie de violaciones de derechos humanos frente a los que España no puede permanecer impasible.


Por eso he empezado diciendo que no basta con este cese temporal de venta de armas y otro material militar. El pueblo egipcio ha sufrido mucho, tanto con el presidente Mursi como luego con los militares que ocuparon el poder tras
derrocarlo. España es un país influyente en el Mediterráneo y si quiere aspirar a ser todavía más debe liderar el fomento de las políticas sociales en Egipto, políticas activas de colaboración con ese país en beneficio siempre de su población. Es
un país con casi ochenta y nueve millones de habitantes, una potencia en potencia; no les demos la espalda, vamos a darles la mano. Los socialistas no queremos un país donde se reciben a pelotazos de goma a seres humanos que se ahogan por el mero
hecho del color de su piel, ni un país donde se colabora con regímenes golpistas. Por eso vamos a apoyar la presente iniciativa.

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La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Puyuelo.


La señora PUYUELO DEL VAL: El Grupo Parlamentario Mixto después de autoenmendarse, consciente de que su proposición ha quedado superada por el tiempo y los acontecimientos, en concreto por la eficiente actuación de nuestro Gobierno,
presenta para su debate y votación una proposición no de ley en la que solicita en esencia la suspensión de las transferencias de armas y de otro material militar de doble uso, nombrando, de forma prolija, el mantenimiento de esta suspensión
mientras el Gobierno de Egipto no salvaguarde las violaciones a los derechos humanos en las operaciones de control. Además solicita para nuestra Comisión información detallada de las operaciones en los cuatro últimos años y que el Gobierno de
España promueva ante las instancias internacionales oportunas la suspensión de las transferencias de armas en la línea de los puntos 1 y 2 de su propuesta.


Señor Tardá, he de reiterarle que nuestro Gobierno, ante la situación que vivió Egipto que usted y los demás intervinientes han descrito en su exposición de motivos, reaccionó de forma rápida y eficaz. A la luz de los acontecimientos de los
pasados meses de julio y agosto, el Gobierno español decidió adoptar dos medidas con carácter urgente y siguiendo un criterio de máxima prudencia, consistentes en no autorizar desde el 1 de julio ninguna nueva licencia a este destino y suspender
cautelarmente a partir del 28 de agosto todas las licencias vigentes de exportación, tanto de material de defensa como de otro material antidisturbios y armas de caza. Asimismo, y desde el 28 de agosto, se procedió a realizar un proceso exhaustivo
de revisión de los equipos que incluían dichas licencias para poder determinar si se ajustaban a las conclusiones adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en su reunión extraordinaria del 21 de agosto. Estas conclusiones
plasmaban la suspensión de las licencias de exportación a Egipto de cualquier equipamiento militar que pueda ser utilizado para la represión interna.


He de recordarle, señor Tardá, que España tiene uno de los sistemas más garantistas para la exportación de material de Defensa. Usted lo sabe, aunque no sé si es capaz de reconocerlo. El Gobierno español, a través de la Junta
interministerial reguladora del comercio exterior y del material de Defensa y de doble uso y de la Secretaría de Estado de Comercio analiza, caso por caso y de manera completa, cada solicitud. En el estudio de las operaciones de material de Defensa
y de equipos policiales y antidisturbios, se tienen en cuenta los ocho criterios de la posición común, además de los criterios del documento OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras. Son analizados muy especialmente la existencia de embargos de
Naciones Unidas, Unión Europea o la OSCE, el respeto de los derechos humanos en el país de destino final, la situación interna del país, la situación regional, el riesgo de desvío... Las autoridades españolas valoran en cada solicitud las garantías
que deben acompañar a la exportación del armamento, y en concreto las condiciones de uso y usuario finales, de tal manera que se evite un uso indebido o una reexportación no autorizada. La valoración descrita con anterioridad se completa con la
consulta de todas las denegaciones comunicadas por los restantes países de la Unión Europea y de los miembros del principal foro internacional de no proliferación y control. De existir alguna denegación esencialmente idéntica se procede a consultar
al país o países que hayan denegado antes de autorizar la exportación, persiguiendo así la armonización de las políticas de exportación de armamento entre los países. En la vertiente del doble uso se lleva a cabo un análisis minucioso de los
usuarios finales y de las garantías ofrecidas por estos en el uso declarado del producto o la tecnología que se desea exportar, teniendo en cuenta las directrices y las denegaciones surgidas en dichos foros.


España es, a fecha de hoy, uno de los países más transparentes del mundo a la hora de aportar información, estadísticas y detalles de las operaciones concretas, así como los destinos geográficos de las exportaciones. Anualmente, el
secretario de Estado de Comercio presenta ante esta Comisión las estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 de la
Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior del material de defensa y de doble uso.


En el caso que nos ocupa, Egipto, desde el año 2011 las autoridades españolas han estudiado con detenimiento y cautela cada solicitud de exportación de material de defensa y equipos antidisturbios con destino a Egipto. Como he dicho y
reitero, el pasado mes de julio las autoridades españolas decidieron suspender la concesión de nuevas licencias con destino a Egipto. El 28 de agosto el Gobierno acordó suspender cautelarmente y reevaluar todas las licencias vigentes de exportación
de material de defensa y de otro material. Con estas decisiones, España se adelantó a la mayoría de los países de la Unión Europea y a las conclusiones derivadas de la reunión extraordinaria del 21 de agosto del Consejo de

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Asuntos Exteriores, consistentes, entre otras medidas, en la suspensión de las licencias de exportación de cualquier equipamiento militar u otro material que pueda ser utilizado en la represión interna. Se han exigido documentos de control
muy estrictos -en concreto certificados de último destino, firmados por las autoridades de Egipto- de forma que se garantice que el destino, usuario y usos finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida una
reexportación o un uso no deseado. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de 21 de agosto ha concluido que deben suspenderse las licencias de exportación con destino a Egipto cuando el material pueda ser utilizado con fines de
represión interna. Dicha suspensión se aplica de conformidad con los criterios de la posición común de la Unión Europea sobre esta materia, sin extenderse a otros equipos de defensa que puedan contribuir a la seguridad en la región y a la seguridad
en las rutas marítimas estratégicas. Como usted sabe, la Unión Europea no ha impuesto un embargo a la exportación de armas o equipos antidisturbios a Egipto; no obstante, el Gobierno español continuará estudiando con el mismo detalle y cautela
cada solicitud de exportación y, en todo caso, cumplirá con el máximo rigor las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores. En particular el Gobierno denegará cualquier nueva licencia de material de defensa de equipos policiales y
antidisturbios o de armas de caza que pueda ser utilizado en la represión interna.


Por todo lo expuesto, señor Tardá, nuestro grupo considera que el Gobierno está actuando con el máximo celo y de acuerdo con las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores y no consideramos necesario que le instemos a actuar cuando lo
está haciendo de forma eficaz y rigurosa. Por ello, votaremos en contra de su proposición.


- RELATIVA A LOS DERECHOS Y LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA BASE DE MORÓN (SEVILLA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002221).


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a los derechos y la estabilidad laboral de los trabajadores de la Base de Morón, en Sevilla, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Pozuelo.


La señora POZUELO MEÑO: Esta es la segunda vez que vamos a debatir una proposición no de ley en la Comisión de Defensa relativa a la inestabilidad laboral y a los derechos de los trabajadores civiles españoles que trabajan en la Base de
Morón. La primera fue el 23 de mayo del año pasado y poco después, en junio de 2013, interpelé en la Comisión al secretario de Estado de Exteriores cuando vino a dar cuenta del acuerdo del Consejo de Ministros autorizando el despliegue temporal de
efectivos de una fuerza compuesta por 500 marines y 8 aeronaves estadounidenses en la Base de Morón, en el marco de operaciones de respuesta rápida como consecuencia de la situación de inestabilidad en el norte de África y en la zona del Sahel. He
preguntado también al ministro de Exteriores en la Cámara y hoy vuelvo a traer este conflicto a la Comisión de Defensa. No sé si tendré mejor suerte, pues en ninguna de las anteriores he conseguido una respuesta coherente ni un compromiso por parte
del Gobierno ni del Grupo Popular.


Han pasado nueve meses y los problemas no solamente no se han resuelto, sino que lógicamente han empeorado: la inacción, esperar a que por sí solos los problemas se resuelvan no lleva a ninguna parte. Es muy probable que si hace nueve
meses todos nos hubiéramos puesto de acuerdo, hubiéramos podido parar la destrucción de empleo y los despidos de estos 66 trabajadores sobre los que en el mes de mayo, tal como anunciamos, se presentó un ERE de la plantilla de los trabajadores de la
Base sin acuerdo entre las partes y sobre el que hoy mismo se ha celebrado -acaba de concluirse hace pocas horas- el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ante el recurso que han presentado los trabajadores.


Les recuerdo los antecedentes: en diciembre de 2010 se aprobó un ERE, este sí, con acuerdo entre las partes, que afectó a 119 trabajadores. La previsión y la planificación que tiene Usafe, la Fuerza Aérea norteamericana, y que ha publicado
en su página web, es despedir a un total de 338 trabajadores civiles españoles. 144 antes de que termine el mes de septiembre de 2014, fecha en la que concluye la adjudicación que tienen las actuales empresas que prestan los servicios, VBR. En
segundo lugar, la empresa que obtenga el próximo contrato, a partir de octubre de 2014, excluirá a los 75 trabajadores españoles que actualmente realizan su trabajo en los tres departamentos que se ocupan de la pista de vuelo, referidos a
combustible, terminal aéreo y parte móvil. Ya se conoce oficialmente, dentro de esa publicación de Usafe, que 43 de estos puestos de trabajo van a ser cubiertos por personal del Ejército del Aire estadounidense. Estos servicios en pista se vienen
realizando por trabajadores españoles ininterrumpidamente desde el año 1972.

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Resumiendo, señorías, ya se han producido 185 despidos, 119 en 2010 y 66 en lo que llevamos de este año 2014. Antes de septiembre de 2014 está previsto que se despida a otros 78 trabajadores y a partir de octubre de 2014 otros 75 perderán
su empleo al desaparecer esa nueva adjudicación a la que me refería anteriormente. En total, señorías, 338 trabajadores perderán su empleo si el Gobierno y este Parlamento, poniéndose de acuerdo en una iniciativa como la que yo planteo hoy, no
somos capaces de dar algún paso hacia delante. Estos hechos se producen, además, en unas circunstancias que hacen mucho más díficil su justificación. Me refiero al aumento de la actividad en la Base y al aumento de efectivos solicitados por el
secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos y por el Consejo de Ministros de nuestro país el 19 de abril pasado. Nunca antes había pasado algo igual, es decir, ante el aumento de carga de trabajo jamás se habían perdido empleos, todo lo
contrario, se habían aumentado los contratos a personal civil español en la Base.


Recientemente y tras la visita del presidente Rajoy hemos sabido por los medios de comunicación -no por este Parlamento- que el Gobierno de Estados Unidos iba a solicitar -creemos que lo ya hecho- una nueva prórroga de ese acuerdo que se
aprobó por parte del Consejo de Ministros el 19 de abril pasado. Esto era lo previsible, se lo planteé al secretario de Estado de Exteriores en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores y lo hemos incorporado a la PNL que estamos
debatiendo ahora pero que tiene fecha de noviembre del año pasado. Es la previsión de lo que anunciábamos, lo que está ocurriendo y lo que previsiblemente va a ocurrir en los próximos meses. La situación de fragilidad y de inestabilidad que se
está viviendo en algunas regiones de África, la introducción de movimientos yihadistas en la zona del Sahel y de Somalia, la amenaza a la que están sometidos por estas fuerzas yihadistas los países ribereños del norte de África que atraviesan una
situación precaria e inestable tras la Primavera Árabe, todo esto ha hecho que Estados Unidos y la propia Europa miren hacia África de manera obligatoria, por una parte para controlar los nuevos riesgos y amenazas que se presentan, para resolver los
conflictos a los que nos están llamando a intervenir en Centroáfrica y por otra para ayudar al desarrollo y a la consolidación de estos tibios Estados democráticos. Señorías, esta nueva prórroga de la presencia de más efectivos en la Base de Morón
nos plantea dudas sobre la conveniencia de revisar aquellos extremos del convenio que resulten necesarios si se modifica con carácter continuado la fuerza militar estadounidense, ya sea rotatoria o fija, en la Base de Morón o si finalmente se
produce un cambio en las funciones que estas fuerzas van a cumplir sobre el continente africano.


En relación con la situación de los trabajadores creemos que no es aceptable continuar con los despidos generando una grave preocupación y malestar en Morón. Los habitantes de la comarca -solo el pueblo de Morón tiene 30.000 habitantes-
llevan muchos años, desde que se crearon las bases, conviviendo no solo pacíficamente sino en armonía con los militares. Los despidos que se están produciendo en medio de una crisis económica brutal y con los altos niveles de desempleo que está
soportando esta comarca, no hacen más que radicalizar las posiciones y crear un clima de incomprensión poco amigable para el futuro de la convivencia de esta comarca. Ustedes saben que el Grupo Parlamentario Socialista apoya decididamente la
cooperación entre España y Estados Unidos en materia de Defensa, y concretamente en el uso de las bases por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero es imprescindible que este apoyo siga comportando un mutuo beneficio que ha de
materializarse, entre otras cuestiones, en unas ineludibles contraprestaciones en el ámbito laboral mediante la creación de empleo duradero. Señorías, todos debemos contribuir a resolver este conflicto. Me consta, además, la preocupación en el
Grupo Popular para que esto se resuelva y más concretamente por parte de los responsables políticos y concejales del Partido Popular en Sevilla y en la comarca de Morón. Creo sinceramente que la nueva prórroga solicitada por Estados Unidos puede
ser una oportunidad para que reconsideren las decisiones que han tomado en los últimos años sobre los despidos de los trabajadores civiles españoles.


Me uno a la petición que ayer mismo hacían los portavoces del Partido Popular de los municipios de Alcalá y de Morón, en Sevilla, cuando decían: Aprovechemos el momento, busquemos entre todos vías de solución ante una situación que
claramente puede manifestarse como injusta.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Pasamos al turno de fijación de posición de los grupos. Por La Izquierda Plural tiene la palabra don José Luis Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Se nos plantea una cuestión que va más allá de un problema laboral, ya que de no ser así no tendría tratamiento en esta Comisión; una situación que tiene connotaciones que van más allá del problema laboral. Ponen
en evidencia una realidad que por más que niegan los papeles

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e incluso el Gobierno, finalmente se demuestra cual es la existencia de un territorio en el Estado español, en Andalucía, donde el Gobierno español no tiene el mando porque no tiene la capacidad de hacer cumplir las leyes del Estado. Se
trata de que se cumplan las leyes del Estado español pues no se puede permitir que en esta Base el Gobierno de Estados Unidos se burle de la legislación española, porque eso es lo que está ocurriendo desde hace tiempo en la Base de Morón. Ante
cualquier conflicto laboral quien manda realmente en la Base de Morón, Estados Unidos, se burla y hace caso omiso de la legislación española. Se trata de aclarar si realmente la Base de Morón es terreno español o terreno colonizado. Efectivamente
hay que hacer todos los esfuerzos por buscar una solución desde la negociación o el instrumento que se considere oportuno, pero siempre en cumplimiento de la legislación española. No es posible, como ha ocurrido, que cuando hay un conflicto laboral
sea la policía militar estadounidense la que haga frente a los piquetes informativos; no es posible que aparezcan nombres de afectados en el conflicto en medios de comunicación o en documentos de Estados Unidos, burlando claramente la legislación
española.


Consideramos apropiada esta proposición no de ley; es apropiado que el Gobierno español, de una vez por todas, se tome este conflicto como una cuestión que va más allá de lo laboral. No se nos puede decir, cornos se nos ha contestado a
alguna respuesta parlamentaria, que es una cuestión exclusivamente laboral y que sean los trabajadores los que la resuelvan. Estamos hablando de la defensa del territorio español, de la defensa de la legislación española y de la defensa de nuestra
soberanía. Hay que evitar los despidos, hay que evitar que se considere a los españoles que trabajan en esta Base como ciudadanos de segunda categoría.


Vamos a apoyar la proposición no de ley aunque, evidentemente, la ligamos a una iniciativa nuestra, realtiva a que no se prorrogue el mandato, pues creemos que no tienen nada que ver. No se puede considerar un chantaje porque pensamos que
prolongar la presencia de soldados estadounidenses a lo único que contribuye es a prolongar el conflicto y la situación de dependencia. Nosotros no hacemos esa relación y votaremos los puntos oportunos en beneficio de los trabajadores.


Pido votación separada de los puntos de la proposición no de ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Señorías, uno de los problemas que solemos tener los diputados es que a veces no tenemos conocimiento directo de los temas que tratamos y tenemos que conocerlos a través de los papeles. En este caso tengo la
suerte, por casualidad no buscada, de haber hablado con trabajadores de la Base de Morón. Aquella gente hace un trabajo extraordinario y aunque tu visita no esté dedicada a eso sino a ver el tema de aviación, etcétera, percibes claramente al cabo
de diez minutos el grado de preocupación por la inseguridad laboral de gran parte de sus trabajadores. Esta gente tiene un grado de deontología profesional altísimo. No sé si es prudente citarlo aquí, pero hay una pieza del Eurofighter que debería
ser cambiada cada cuarenta horas de vuelo que vale miles de euros y ellos encontraron un sistema con una mezcla de aceites para que pudiera durar cuatro o cinco veces más. Eso es lo que se llama un buen trabajador. Seguramente se han ganado su
sueldo y ahorrado dinero al Estado. Simplemente con este invento que cito de pasada -espero que no vaya ningún inspector que vaya a comprobarlo-, se demuestra que es una gente con un gran sentido profesional. Veía la preocupación de toda la Base
respecto a la gente que estaba en una situación laboral insegura. Yo he sido jefe de personal durante cuatro años y cuando ves un buen trabajador, cuando ves un trabajador que se preocupa por lo que hace, cuando ves un trabajador que no cuesta sino
que seguramente ahorra costes a la empresa, lo más prudente desde el punto de vista patronal es mantenerlo. Repito que no ha sido buscado sino que me he encontrado con estos datos y por casualidad, puedo constatar que este es el caso de la Base de
Morón por lo que defenderíamos la continuidad de este personal.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Serrano.


El señor SERRANO CORONADO: Señorías, permítanme que comience expresando la solidaridad de nuestro grupo parlamentario con los trabajadores de la empresa VBR que vive días de incertidumbre y angustia y así se lo han trasladado a mis
compañeros del Partido Popular en Andalucía y en concreto de Sevilla en diversas ocasiones, quienes han expresado al comité de empresa y además de su comprensión y solidaridad y la labor de mediación que esté a su alcance, han manifestado el deseo
de que se mantengan

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los empleos de los trabajadores españoles en una comunidad autónoma y en una provincia especialmente castigada por el desempleo. Sin duda alguna, la Junta de Andalucía alguna responsabilidad tendrá, ya que lleva gobernada por el Partido
Socialista desde el establecimiento de la democracia y ha sido incapaz en todo este tiempo de ofrecer las condiciones necesarias para que se cree empleo en esta comunidad y por tanto se pueda ofrecer ilusión y esperanza.


Permítanme que les diga, en primer lugar, que nos sorprende que vengan a esta Comisión de Defensa con esta proposición no de ley. Es sorprendente que hablen de los ERE, de Morón y de la empresa VBR con los antecedentes que tienen -en el año
2010, respecto al ERE que se presentó, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla al tratarse presuntamente de una introducción ilícita de personas afines al alcalde socialista de la localidad de Alcalá de Guadaira,
en la actualidad senador por la provincia de Sevilla- es sorprendente, repito, que vengan con la fe del converso hablando de ERE y de defensa de los trabajadores, insisto, con los antecedentes que tienen.


Si entramos en detalle en su iniciativa he de decirle que no podemos apoyarla porque no aporta nada nuevo a lo que de un modo u otro ya se está haciendo por parte del Gobierno de España, y trataré de acreditárselo. Respecto al punto primero
de su proposición no de ley, el convenio de cooperación se ha adaptado desde su entrada en vigor a la evolución de las necesidades de cooperación de España y de Estados Unidos. No obstante es cierto que el convenio, como todo tratado internacional,
tiene en sus cláusulas previsiones con vocación de perdurabilidad y adaptabilidad a las nuevas circunstancias que vayan surgiendo, lo que hace que por el momento los cambios derivados de las necesidades norteamericanas encuentren acomodo en las
previsiones de las cláusulas.


Respecto al punto segundo de la proposición no de ley, en el que se hace referencia a la realización de la modificación del anexo octavo, debe saberse que este anexo se refiere al personal laboral local perteneciente al Ministerio de Defensa
español y no se aplica al personal civil empleado del contratista, cuya situación laboral es diferente. De hecho, es en la aplicación del anexo seis donde se regulan las particularidades de este personal. Debe señalarse que el convenio tiene por
objeto y razón de ser la cooperación en materia de Defensa, sin que por la propia condición y especialidad de la materia regulada pueda entrar dentro de sus fines y objetos la contratación de personal en el sentido al que se refiere la proposición
no de ley.


Respecto a los apartados tercero, cuarto y quinto de la misma, debe en primer lugar hacerse referencia al comentario realizado en el punto anterior, en el sentido de que la finalidad y razón del convenio de cooperación es la colaboración en
las necesidades de la defensa. No obstante, sí debe recogerse que desde el mismo comienzo del despliegue de la fuerza de Estados Unidos se vienen produciendo beneficios laborales y económicos, habiéndose velado por los sucesivos Gobiernos de España
-sin duda también por este- para que exista correspondencia entre las estancias de fuerzas de Estados Unidos y las consecuencias positivas de carácter laboral y económico en la zona, siempre en el entendimiento de que las fuerzas de Estados Unidos y
el empleo por su parte de personal militar o civil se rige por criterios operativos.


En cuanto al punto sexto de su proposición no de ley y en relación con los mecanismos que usted solicita, he de decirle también que ya se ha comunicado por parte de España a Estados Unidos la existencia de la necesidad de establecer estos
mecanismos, en armonía con los criterios legales vigentes a nuestro ordenamiento y creemos que Estados Unidos son claramente conscientes de tal imperativo.


Por lo que se refiere al punto séptimo y sobre la denuncia que hace de que Estados Unidos ya tiene una predeterminación a sustituir los trabajadores españoles por americanos, debe saber usted más que nosotros porque no se tiene constancia
alguna de que se trate de una política generalizada de las empresas adjudicatarias y por tanto esa exigencia que usted pide poco sentido tiene en la proposición no de ley.


Respecto al punto octavo de su proposición y a la posible interlocución directa del comité de empresa con las autoridades norteamericanas en la Base de Morón, ¿qué quiere que le diga? No parece una previsión propia y afín con un acuerdo
que, como ya he mencionado anteriormente, tiene como finalidad y objeto una materia muy especializada como es la cooperación es Defensa.


En cuanto al punto noveno la legislación laboral española sí es de aplicación para los norteamericanos que tienen su residencia en España, pero no para los empleados y contratistas que tienen su residencia en Estados Unidos, los cuales,
según el anexo sexto del artículo 3, tienen que declarar sus ingresos en Estados Unidos. Sucede lo mismo con los españoles que manteniendo su residencia en España y trabajan en el extranjero. Y es que este criterio de la residencia habitual es
normal en la cooperación internacional, cualquiera que sea su ámbito y se puede encontrar, como regla general, aceptada en las relaciones internacionales, en los diversos convenios de cooperación que se suscriben. Por último, señoría, respecto

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de su punto décimo, he de decirle que el Gobierno ya viene informando periódicamente al Congreso en el sentido que recoge la proposición no de ley, por lo que hacer una petición en ese sentido carece de toda justificación.


En definitiva, señorías, todas y cada una de estas acciones que se incluyen en la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y que afectan de un modo u otro al Ministerio de Defensa, ya se están desarrollando por lo que en
realidad el contenido de esta proposición no de ley es una reiteración de lo que ya está haciendo el Gobierno de España y hace completamente innecesaria su aprobación como, por otro lado, a buen seguro, sabía el Grupo Socialista. Lo único que
pretende esta proposición no de ley es intentar enfrentar a los trabajadores de esta empresa con el Gobierno de España y con el Partido Popular, jugando con la angustia de estas personas y eso, permítame señoría que se lo diga, no es fair play
político.


Por último, ya que quieren hablar de ERE en esta Comisión de Defensa, tengan un poco de dignidad política y hagan que los responsables del mayor escándalo de corrupción que ha habido en España, que son los ERE de Andalucía, que afectan a no
pocos cargos del Partido Socialista, confiesen de una vez, faciliten la labor de la justicia y devuelvan el dinero. Entonces, y solo entonces, podrán venir a esta Comisión de Defensa a hablar con credibilidad de ERE y del interés de los
trabajadores. Mientras tanto, lecciones a este grupo parlamentario de defender el interés de los trabajadores, ninguna, señoría, ni siquiera de los trabajadores de Morón.


Volviendo a la PNL que nos concierne, y sin perjuicio de que nuestro deseo es que se solucione positivamente para los trabajadores de la Base de Morón, no podemos apoyar la proposición no de ley por los motivos anteriormente expuestos. (La
señora Pozuelo Meño pide la palabra).


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Tiene la palabra la señora Pozuelo.


La señora POZUELO MEÑO: Le rogaría que me permitiera intervenir por la referencia que se ha hecho al senador por Sevilla Antonio Gutiérrez Limones y alcalde de la ciudad de Alcalá de Guadaira.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Señora portavoz, creo que dentro del debate se hace referencia a aquellos cargos institucionales que tienen representación.


La señora POZUELO MEÑO: Lo siento, presidenta, pero en este caso lo que se ha hecho es atacar directamente la honorabilidad de un senador. Exclusivamente a esa referencia, no al resto de la intervención, quiero hacer uso de la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): La tiene exclusivamente para ese punto.


El señor SERRANO CORONADO: Señora presidenta, en ningún caso he mencionado el nombre del citado senador, ha sido ella. En segundo lugar, lo único que he constatado...


La señora POZUELO MEÑO: El portavoz que ha intervenido por alcalde de Alcalá de Guadaira y senador por el Partido Socialista de la provincia de Sevilla, que no son asumibles ni se pueden aceptar. Yo le pediría que retirara las palabras que
ha pronunciado, referidas a que está inmerso en un caso de ERE y que amigos suyos están implicados en un caso de corrupción, palabras inaceptables. Le ruego que retire esas acusaciones que por supuesto no son ciertas. Si hay alguna irregularidad
en el proceso de un ERE ya la justicia lo está aclarando. Nosotros nos dedicamos a hablar de Gürtel continuamente...


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Señora portavoz, creo que he sido generosa al darle la palabra pero no se extienda a otras cuestiones.


Señor Serrano, como ha sido usted el que ha realizado la intervención, ¿quiere aclarar algo?


El señor SERRANO CORONADO: Muy rápidamente, presidenta. En primer lugar en ningún caso he acusado a nadie, porque no es labor del legislador y mucho menos de este diputado, únicamente me he hecho eco de algo que es público y notorio y que
apareció en los medios de comunicación. He añadido además el calificativo de presuntamente, mi labor no es acusar ni juzgar y por lo tanto no puedo retirar algo que no he dicho. (La señora Pozuelo Meño: Presuntamente, sí).


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Señora portavoz, del Grupo Socialista, le ruego que guarde silencio porque continuamos con el orden del día.

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- RELATIVA AL PERSONAL CON DISCAPACIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002265).


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Proposición no de ley relativa al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas. Tiene la palabra por diez minutos la señora Lozano, por el Grupo de UPyD.


La señora LOZANO DOMINGO: Señorías, nuestras leyes y sus instrumentos a día de hoy son claramente insuficientes en lo que concierne al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas. Este es el punto de vista de mi grupo y voy a defender
en esta proposición no de ley señalando cómo se puede paliar esta situación.


En la Ley de la Carrera Militar, del año 2007, tímidamente se incluyó a posibilidad de que los militares pasados a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas, pudieran participar en actos de tipo protocolario. Por otro lado, en la
Ley de Derechos y Deberes de 2011 se habla de la reforma del régimen transitorio de la carrera militar, concretamente en lo referido al personal discapacitado en situación de retiro pero con un alcance que, desde el punto de vista regulatorio, está
todavía por determinar. Muchos de estos profesionales con invalidez retirados de las Fuerzas Armadas mantienen aptitudes y capacidades que perfectamente les habilitan para seguir ejerciendo trabajos y labores específicas de otro tipo dentro de las
Fuerzas Armadas, por lo que resulta paradójica la tendencia general que ha habido de apartarlos del ejército. Una excepción a esta tendencia fue la Orden ministerial 16/2012, de 14 de marzo, por la que se regula la adscripción de personal militar a
unidades del Ministerio de Defensa en especiales circunstancias, aunque es justo indicar que fue consecuencia de un hecho concreto para tratar de reparar una injusticia -y nos parece bien que se hiciera-, como fue el caso lamentable de un joven
oficial de Infantería con discapacidad por la explosión de un artefacto en Afganistán. Fruto de esa urgencia, precisamente, la mencionada orden no fue todo lo amplia que debería haber sido y se produjo con ella una clara discriminación a militares
cuyas lesiones, también relacionadas y acontecidas en el ejercicio de su labor profesional y calificadas como en acto de servicio, no vienen recogidas en el ámbito de aplicación de esa orden. Posteriormente, en un real decreto de junio del año
2012, se otorgó efectividad por primera vez a lo dispuesto en la Ley de la Carrera Militar promoviéndose al empleo superior con carácter honorífico a miembros de las Fuerzas Armadas retirados por incapacidad permanente para el servicio en acto de
servicio o como consecuencia del mismo. Sin embargo, nuevamente el citado decreto fue de aplicación a un número muy concreto de militares, dejándose fuera en evidente olvido a la mayoría de miembros de las Fuerzas Armadas que también pasaron a
situación de retiro como consecuencia de incapacidad permanente con motivo de lesiones, enfermedades o accidentes calificados como en acto de servicio.


En suma, nos encontramos olvidos, limitaciones de la legislación que se ha promulgado hasta el momento y el hecho es que hay un gran número del personal que no se ve beneficiado por estos derechos. En el grupo parlamentario al que
represento somos conscientes de que en el Gobierno se es sensible con este asunto y con la necesidad de establecer un marco regulatorio mucho más extenso y detallado para todo el personal de las Fuerzas Armadas, para todos los afectados por
incapacidades en sus distintas modalidades, pero no llegamos a entender las distinciones, categorías y escalones que artificialmente se están estableciendo para premiar servicios y sacrificios entre quienes tuvieron que abandonar las Fuerzas Armadas
muy a su pesar por incapacidades e insuficiencias físicas causadas en acto de servicio.


De igual manera encontramos ciertos rasgos discriminatorios hacia el personal militar retirado por pérdida de condiciones psicofísicas en acto de servicio como consecuencia de lesiones, accidentes o enfermedades invalidantes, tal y como
figura en el reglamento general de recompensas militares, que se modificó hace un año sin que se eliminara esta discriminación. De este modo han quedado excluidas aquellas personas con discapacidad producida en acto de servicio que no hayan
fallecido o cuya discapacidad no se produjese como consecuencia de servicios o hechos de grave riesgo, ya que se refiere principalmente a hechos ocurridos en teatros de operaciones internacionales, atentados terroristas o ejercicios en territorio
nacional.


En suma, señorías, lo que les proponemos son una serie de modificaciones legales muy específicas que creemos pueden contribuir a eliminar estas discriminaciones y a establecer un marco jurídico estable, completo y riguroso sobre el personal
con discapacidad de las Fuerzas Armadas. Lo que pedimos en esta proposición no de ley son unas modificaciones muy específicas. Tenemos una enmienda del Grupo Socialista, que comento ya directamente en este turno de intervención. No es que nos
parezca mal,

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porque el espíritu recoge los cambios que nosotros queremos introducir, sin embargo lo hace con mucha más imprecisión respecto del texto de la proposición no de ley, pero, por sumar, que es siempre nuestra voluntad, y porque también se nos
ha manifestado por parte del grupo mayoritario que aceptaría esta enmienda y con el fin de que esta iniciativa salga adelante, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista, por supuesto sin que eso signifique que en esa subcomisión de reforma del
régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar dejemos de reclamar las específicas modificaciones legales que enumera nuestra proposición no de ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Para la defensa de su enmienda tiene la palabra la señora Rodríguez, por el Grupo Socialista.


La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Señorías, no tengo que insistir en afirmar el compromiso que el Grupo Parlamentario Socialista tiene con las mujeres y los hombres de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro reconocimiento a su labor en todas sus
funciones. Prueba de ese compromiso es ese esfuerzo legislativo que en materia de derechos profesionales y mejora de las condiciones de trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas han realizado los diversos Gobiernos socialistas. Dos muestras
de ello las acaba de citar la proponente de esta iniciativa. No hemos olvidado tampoco la situación laboral y profesional de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, que ha supuesto también un revulsivo importante dentro de los diferentes
cuerpos. En fin, creo que nuestra preocupación para conseguir mejoras de la situación laboral y profesional está meridianamente clara; no obstante, ante esta proposición pensamos que no se puede pasar en un instante de la A a la Z, que cada cosa
tiene que ir a su tiempo, porque toda regulación rigurosa requiere un proceso, requiere el análisis de todos los factores para concluir en las soluciones adecuadas que hagan posible una respuesta efectiva a los problemas detectados.


Cierto que coincidimos con el grupo proponente en la preocupación por la situación profesional de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que por motivos relacionados con el servicio han sufrido la pérdida de condiciones físicas y, por
supuesto y sin ninguna duda, en la certeza de su valía para múltiples labores y funciones de cuantas se desarrollan en las Fuerzas Armadas. Coincidimos también en el compromiso de modificar aquellas situaciones que se desvelen como discriminatorias
para determinados colectivos de las Fuerzas Armadas y en avanzar en la concreción de igualdad de sus derechos laborales. De hecho, la Orden ministerial 16/2012, cuya modificación se pretende en esta propuesta, aborda ya diversas posibilidades,
entre ellas la del apartado c) del artículo 2, para dicha continuidad de vinculación con las Fuerzas Armadas si la insuficiencia en las condiciones físicas deriva de circunstancias excepcionales. En cambio, diferimos en la propuesta inicial de las
estrategias que se planteaban para la actuación, ya que proceder a la desactivación de los obstáculos que estos u otros colectivos pueden encontrar en su desarrollo profesional precisa, pensamos, de la implantación de mecanismos y procedimientos
garantistas y de una revisión rigurosa sobre las diferentes condiciones que se pueden producir consecutivamente y que sean susceptibles de nuevas modificaciones y reestructuraciones en las unidades, centros y organismos de nuestras Fuerzas Armadas.


Pensamos también que es necesario profundizar en todas aquellas posibles situaciones de desigualdad o de agravio comparativo que se podrían producir con respecto al desarrollo profesional de otros colectivos dependientes de diferentes
administraciones públicas que se puedan encontrar en situaciones similares. Por tanto, creemos que es necesario ponderar adecuadamente las distintas situaciones para no entorpecer, en primer lugar, las expectativas creadas con la regulación actual
en materia de régimen de personal, no crear nuevas expectativas que quizá no puedan finalmente concretarse y, por tanto, no incrementar situaciones de falta de claridad o desconcierto entre los miembros de las Fuerzas Armadas en relación con sus
carreras profesionales.


Hay que insistir en el gran consenso parlamentario que ha habido para la creación de la subcomisión de reforma del régimen transitorio de la vida de la carrera militar. Sus fines y objetivos atienden específicamente a reformar este régimen
transitorio y a redactar el informe que servirá de base para la reforma de la ley y que deberá abordar los asuntos que precisamente son objeto de la presente proposición. Sabemos que la subcomisión ha recabado ya la información necesaria, a través
de la comparecencia de diversas autoridades competentes en la materia, que le va a permitir tener elementos de juicio suficientes para proceder a redactar el informe de sus conclusiones y la propuesta de modificaciones que con posterioridad
debatiremos aquí en esta misma Comisión. Este es el argumento en que se basaba la enmienda, que agradecemos se haya aceptado. Pensamos efectivamente que es necesario dejar trabajar

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a la subcomisión de la que nos hemos dotado, porque ya hemos escuchado la opinión, hemos atendido a los conocimientos en la materia que proporcionaron las personas comparecientes, y una vez elaborado el informe tendremos que resolver las
dificultades de los distintos colectivos afectados. Por eso consideramos que el marco adecuado de los trabajos es la subcomisión de reforma del régimen transitorio.


Quisiera finalizar esta intervención con esa premisa de que el Grupo Parlamentario Socialista está comprometido con la tarea de sacar a la luz y de resolver los problemas de los distintos colectivos de las Fuerzas Armadas e insistir en que
es competencia de esta Comisión promover los trabajos de la subcomisión que permitan realizar ese informe fiable y riguroso que haga posible eliminar todos los obstáculos que aún impiden un trato que modifique las situaciones de desigualdad. Muchas
gracias por aceptar nuestra enmienda para que este tipo de situaciones se puedan revertir y se puedan modificar.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Pasamos a la fijación de posición por los distintos grupos. Tiene la palabra por La Izquierda Plural don José Luis Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Brevemente, deseo señalar que estábamos de acuerdo con los planteamientos iniciales de esta iniciativa y si la proponente ha aceptado la enmienda, nosotros no vamos a ser menos y por tanto vamos a votar a favor.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Partiendo de lo que ha dicho la portavoz socialista de que ciertamente el marco de debate del tema que nos ocupa es básicamente la subcomisión, he de decir que nosotros somos fuertemente críticos con los
reconocimientos automáticos, porque cuando todo el mundo es excepcional nadie es excepcional. Este tipo de reconocimientos creemos que tienen que ser usados con extraordinaria prudencia. No obstante, la situación que ha expuesto la portavoz de
Unión Progreso y Democracia justamente es una de estas excepciones, acto de servicio. Entendemos que cuando estamos hablando de una situación de acto de servicio este reconocimiento tiene que ser de alguna forma reconocido de manera automática e
inmediata y en este sentido daríamos apoyo a la propuesta, sobre todo después de haber leído la enmienda socialista.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: Bienvenida la iniciativa de UPyD y valoramos la inquietud que manifiesta en cuanto a la sensibilidad que supone el cuidar de un sector de las Fuerzas Armadas en situación de inferioridad. El ministro de Defensa en su
primera comparecencia en el Congreso el 26 de enero de 2012 dijo que, además de prestar mayor y mejor servicio a los fallecidos y heridos en actos de servicio, buscaría una solución administrativa que les permitiese mantener a los heridos en actos
de servicio su vinculación con las Fuerzas Armadas sin dañar sus derechos adquiridos, así como facilitar desde el ministerio la continuidad y vinculación a los servicios activos de las mismas. En su primera comparecencia en el Senado en marzo de
2012 anunció primero la promulgación de una orden ministerial que recogía su vinculación y permanencia en las Fuerzas Armadas; en segundo lugar, que se modificaría la Ley de la Carrera Militar para que les permitiese mantener su carrera y, en
tercer lugar, que se adaptaría el reglamento a la nueva disposición de ley. Ya en la exposición de motivos el grupo proponente, Unión Progreso y Democracia, reconoce los pasos dados por la Orden ministerial 16/2012, de regulación de adscripción del
personal militar a unidades del Ministerio de Defensa, y el Real Decreto 973/2012, de la Carrera Militar, promoviendo al empleo superior con carácter honorífico a miembros de las Fuerzas Armadas.


En cuanto al primer punto de su PNL, hay que decir que el hecho de seguir con la vinculación a las Fuerzas Armadas, para lo que solicita modificar la Orden ministerial 16/2012 ampliando su ámbito de aplicación, el artículo 2 de la orden en
su apartado c) contempla la adscripción en otras circunstancias excepcionales, lo que permite valorar otros hechos distintos de los regulados en los apartados a), b) y d), y podría permitir la adscripción del personal a que se refiere. En cuanto a
la segunda parte del petitum, sobre la modificación del artículo 43 del Real Decreto 140/2003, del reglamento general de recompensas militares, para conceder la cruz con distintivo blanco a quienes hayan cesado en su relación de servicios

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profesionales con las Fuerzas Armadas por insuficiencia de condiciones físicas ocasionadas en acto de servicio como consecuencia de lesiones, accidentes o enfermedades invalidantes, ya se encuentran incluidas como recompensas mediante cruces
con distintivo amarillo.


En el tercer punto, en lo referente a iniciar expedientes que se citan en el artículo 24 de la Ley 39/2007, para la concesión de empleo superior con carácter honorífico a todo el personal que se encuentre retirado de las Fuerzas Armadas por
incapacidad permanente como consecuencia de actos de servicio, hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2007, el criterio del Ministerio de Defensa es que a instancias de parte se deberá poner en conocimiento del jefe del
Estado Mayor correspondiente las consideraciones que correspondan sobre la necesidad y oportunidad de iniciar un expediente de concesión del empleo inmediato superior con carácter honorífico, con lo cual queda abierta la puerta para la solicitud que
planteaba el grupo proponente.


Por otro lado y en aras de un entendimiento y un acuerdo y más sabiendo que la proponente de UPyD forma parte de la subcomisión, queremos remitirnos a la misma, porque vamos a aceptar -como parece que va a ser por parte del grupo proponente-
la enmienda del Grupo Socialista e, insisto, en aras de ese acuerdo, nosotros vamos a votar a favor, de manera que el acuerdo, si no puede ser unánime, sea lo más mayoritario posible.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Como la enmienda ya está aceptada por parte de la proponente, continuamos con la siguiente proposición no de ley.


- SOBRE PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DE LA 'FUERZA DE RESPUESTA PARA CRISIS EN ÁFRICA' DE ESTADOS UNIDOS EN MORÓN DE LA FRONTERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002341).


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Proposición no de ley sobre prórroga y ampliación de la Fuerza de respuesta para la crisis en África de Estados Unidos en Morón de la Frontera. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la
palabra el señor Centella para defender esta proposición no de ley.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, sin agotar los diez minutos, voy a tratar de explicar esta proposición no de ley que tiene su origen en la visita que el presidente del Gobierno español realiza a Estados Unidos con el objetivo de
obtener una foto con el presidente de aquel país y que nosotros entendemos que tiene un costo que hoy aquí vamos a discutir y que vamos a pagar de alguna manera, porque de aquella reunión lo más importante que se nos trasladó era que se había hecho
la petición al Gobierno español para que se prolongase durante un año más y se ampliase en una cifra que creemos que puede estar en torno al 50 % la fuerza, llamada de respuesta para crisis en África y formada por quinientos marines. Nosotros
preguntamos al Gobierno y se nos dijo a mitad del mes de enero que todavía no se había producido esta petición. Después hemos tenido conocimiento de que ha llegado una carta solicitando esta ampliación.


En nuestra opinión, estamos una vez más ante una actitud que evidencia cómo la defensa de nuestro país no está basada en los intereses propios que deberíamos defender como país, sino en la estrategia que se marca desde Estados Unidos, desde
el Pentágono, porque evidentemente esta fuerza no va a defender a España. Tiene un nombre que creemos que es irónico, si no fuese por el marco en el que se da, porque se llama Fuerza de respuesta para crisis en África, pero nosotros creemos que es
todo lo contrario, que lo que lleva a África no es precisamente respuesta a las crisis, sino que las fomenta.


Estos días hemos estado debatiendo y seguiremos haciéndolo sobre inmigración a raíz de los tristes y vergonzantes incidentes en la frontera de Ceuta y de otros más que se derivan también en la frontera de Melilla y de cómo lo que hace falta
en África no son precisamente fuerzas armadas sino todo lo contrario, fuerzas de paz, mandar fuerzas de cooperación, mandar médicos, que son los que realmente pueden resolver la crisis real que hay en África, que es el hambre y la desesperación de
millones de seres humanos, mientras que lo que reciben son armas y la incitación ni más ni menos que a enfrentamientos, que muchas veces tienen un origen trivial, pero la mayor parte siempre esconden el interés de alguna gran potencia para adueñarse
de recursos naturales. Por tanto, son fuerzas de intervención, son fuerzas de agresión y son fuerzas que para nada son útiles al Estado español, ni siquiera son útiles para la paz. Por ello creemos que ampliar, prorrogar con cierta trampa la
fuerza de respuesta para no tener que modificar

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el convenio ni pedir la aprobación de este Parlamento no viene ni más ni menos que a reiterar lo que consideremos que es una fuerza de intervención, mientras que lo que debería preocuparnos en relación con África, repito, es cómo resolvemos
la verdadera crisis.


Nuestro grupo cree que, una vez que se confirme -repito, porque teníamos informaciones contradictorias- que se ha realizado la propuesta, el Gobierno español debería rechazarla, que el Gobierno español -como hemos discutido en un punto
precedente- debería preocuparse más por los trabajadores de la Base de Morón y que debería, en definitiva, intentar que nuestro país fuese un país de paz y no un país que, hoy por hoy, contribuye mucho más a la agresión y a la guerra que a otra
cosa. Este es el objetivo de nuestra proposición. Evidentemente, desde la casi seguridad de que hemos avanzado en el convencimiento de todos los grupos, pido el voto favorable a la propuesta.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Señor Tardà, ¿desea intervenir? (Denegación).


Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Nosotros siempre hemos defendido en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Asuntos Exteriores las misiones que el Estado español tiene comprometidas en el exterior y la lealtad a sus aliados y a sus
compromisos internacionales. Entendemos que esta proposición no de ley rompería este compromiso y en consecuencia actuaremos de acuerdo con el apoyo que hemos dado históricamente a los dos grandes partidos, siempre que se mantengan, como se
mantienen, en la línea europeísta, atlantista y occidentalista. Mantendremos nuestro apoyo a este tipo de políticas que creemos que en ninguna medida son superficiales, sino que contribuyen a la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas en el
Estado español y en Occidente.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Chaves.


El señor CHAVES GONZÁLEZ: Señora presidenta, me va a permitir una reflexión inicial sobre los temas que se tratan en la Comisión de Defensa. No quiero decir que todos sean temas de Estado, pero todo lo relacionado con la defensa sí es un
tema de Estado, en el cual las fuerzas políticas deberíamos buscar siempre el consenso y el acuerdo, sin perjuicio de que pudiéramos discrepar, incluso con dureza, en algunas cuestiones. Por eso, tradicionalmente en la Comisión de Defensa -yo por
lo menos así lo he constatado-, en nuestras intervenciones siempre hemos procurado buscar un mínimo de acuerdo y siempre han sobrado -y se han excluido- en nuestras intervenciones la ofensa, el insulto o la descalificación, porque si en esta
Comisión, en esta precisamente, entramos en este tipo de intervenciones, eso puede dificultar en el futuro los acuerdos que pueden ser necesarios en temas que están relacionados con algo tan delicado como es la defensa.


Hecha esta reflexión inicial, señora presidenta, quisiera entrar en el fondo de la cuestión, que es la PNL de La Izquierda Plural. Vamos a votar en contra de la proposición no de ley de Izquierda Unida por razones de fondo que siempre hemos
reiterado y sobre las que ha insistido mi compañera de grupo Isabel Pozuelo. Asumimos perfectamente que España, nuestro país, está integrado en un sistema global de seguridad y defensa y, lógicamente, en él se encuadra nuestra pertenencia al
Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN; a dicho sistema pertenecen precisamente los convenios bilaterales con los Estados Unidos y también nuestra participación en la política común de seguridad y defensa como miembros que somos de la Unión
Europea.


¿Por qué ese sistema de seguridad y de defensa global? Porque el terrorismo internacional, los posibles ataques al espacio cibernético, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas son, diríamos, tráficos
internacionales, problemas globales que nos afectan, de la misma manera que el problema de la escasez de los recursos energéticos y del agua. Es decir, son amenazas que, ocurran donde ocurran, afectan directa o indirectamente a los intereses
españoles y está claro que España, en ese sistema de seguridad y defensa, tiene intereses en espacios geoestratégicos para nuestro país. Pongo como ejemplos -creo que son obvios, pero los voy a citar-, el Mediterráneo, Oriente Medio, el África
subsahariana, el Índico, y eso explica también nuestra presencia en Mali y la posible, ya anunciada presencia de España en la República Centroafricana. Eso explica por tanto también el papel de las bases españolas que están sujetas al Convenio de
cooperación con Estados Unidos. Como he dicho antes, las bases están enmarcadas precisamente en ese contexto de seguridad global. Es cierto que el papel y la función de las bases españolas ha ido cambiando lógicamente, desde una seguridad basada
en la posible

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amenaza proveniente de los países que antes pertenecían a la Unión Soviética, a las amenazas globales, y las bases de Morón y Rota están jugando un papel importante. Por tanto, nosotros también lo asumimos, de la misma manera que asumimos
la ampliación de fuerzas y también la prórroga o, mejor que la prórroga, la temporalidad de esas fuerzas, todo en el marco del Convenio bilateral de cooperación, es decir, todo en el marco del artículo 22.3 del convenio y de su anexo 2, y a eso nos
remitimos. Esas son las razones por las que nosotros vamos a votar en contra de la iniciativa de Izquierda Unida.


Ahora bien, señora presidenta, señoras y señores diputados, a la vista de los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas, quiero señalar aquí con todo respeto la confusión, la falta de transparencia y la opacidad del Gobierno ante la
posible ampliación y la prórroga en el tiempo de las tropas norteamericanas en la Base de Morón. Lo ha recordado mi compañera Isabel Pozuelo. En abril de 2013 el Gobierno autorizó el despliegue en el marco del convenio con la autorización por un
año de una fuerza compuesta por quinientos infantes de Marina y ocho aeronaves como posible respuesta a las amenazas sobre crisis que podrían tener lugar en el continente africano. Sin embargo, después de la visita del señor Rajoy a Estados Unidos,
después de la visita y el encuentro con Obama, salta la noticia de que Estados Unidos va a pedir la ampliación de esa fuerza, aproximadamente en un 50 % más, y al mismo tiempo la prórroga de permanencia en la Base de Morón de esa fuerza. En este
sentido han aparecido informaciones que hablan de que se va a autorizar por un año más, con lo cual vamos a tener un mínimo de dos años, y hay ya algunos expertos que nos están diciendo si una temporalidad de dos años entra y respeta lo establecido
en el artículo 22.3 del convenio. Al mismo tiempo hay también informaciones aparecidas en los medios de comunicación de que esta temporalidad se podría prorrogar hasta el año 2018.


Ante esta información, señora presidenta, el ministro de Asuntos Exteriores declara que España -lo cito textualmente- ha mostrado su total disponibilidad a la ampliación y a la prórroga. Sin embargo, el ministro de Defensa dijo que él no
sabía nada y que todas las mañanas preguntaba si había llegado una carta del secretario de Defensa de Estados Unidos. Yo no sé, pero es posible pensar o sospechar que pueda haber algún tipo de competencia entre el Ministerio de Defensa y el
Ministerio de Asuntos Exteriores para gestionar políticamente este tema. Sin embargo, la carta llegó, una mañana llegó el ministro y se encontró con la carta, llegó en la primera semana de febrero, pero no sabemos absolutamente nada, como ha
señalado el portavoz de Izquierda Unida, de su contenido. El ministro de Defensa da un comunicado en el que dice que se estudiará convenientemente la carta antes de dar una respuesta. Es lo único que sabemos. Nosotros acabamos de solicitar
reglamentariamente al Gobierno la entrega o que se nos pueda trasladar la carta del secretario de Defensa norteamericano al ministro para poder conocer el contenido de la misma. Es decir, confusión y opacidad. ¿Por qué, señoras y señores
diputados? Porque ya empiezan a surgir dudas sobre el carácter temporal de la permanencia de las tropas norteamericanas en las bases españolas y también nos asalta la duda sobre si vamos a estar asistiendo a sucesivas prórrogas de la permanencia de
las tropas norteamericanas en las bases españolas para hurtar o excluir una temporalidad indefinida de permanencia de esas tropas en dichas bases españolas, con la duda también de si vamos o no a superar el número de soldados que están fijados en el
convenio. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que en su momento se anunció -lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores- que todo lo que estaba integrado en la Base de Morón se podía trasladar a una superbase que se iba a construir en Marruecos,
concretamente en Tan-Tan. Esa es una iniciativa fracasada y es posible que se considere que la Base de Morón o la Base de Rota o ambas bases puedan cumplir el papel y la función que en un principio se iba a otorgar a la base que se iba a instalar
en Estados Unidos. En definitiva la duda que surge, señoras y señores diputados, es si va a ser necesario o no -porque las amenazas sí son continuas- la revisión parcial o total del Convenio bilateral de cooperación con Estados Unidos. Es decir,
¿vamos a tener más prórrogas?, ¿vamos a asistir a una ampliación de las tropas norteamericanas en la Base española de Morón? Esa es la duda. Y ante esa duda, nosotros creemos absolutamente necesario y urgente un debate parlamentario sobre estos
temas, ya sea en la Comisión de Defensa o en el Pleno, y consideramos necesaria y urgente la comparecencia de los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores para hablar de esos temas, que ya hemos pedido.


Creo que quedan temas importantes pendientes después del Consejo Europeo; en primer lugar, el tema de la política común de seguridad y defensa. ¿Cuándo va a celebrarse la comparecencia? Sobre todo ahora, con el tema de la ampliación y de
la prórroga de permanencia de las tropas norteamericanas en las bases españolas. Cuando el ministro de Defensa dice en un comunicado, a la recepción de la carta, que estudiará convenientemente la carta antes de dar una respuesta, me pregunto si el
ministro de Defensa, antes de dar una respuesta, va a consultar o no con los partidos de la oposición, concretamente

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con el mayor partido de la oposición, el Partido Socialista. Por eso votaremos en contra de la iniciativa de Izquierda Unida, pero consideramos que es necesario, a la vista de las dudas, a la vista de la importancia del tema, un debate
parlamentario, es necesaria la presencia del ministro para acabar con la confusión y la opacidad. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ferrer.


El señor FERRER ROSELLÓ: En primer lugar, señor Chaves, no acabo de ver dónde está exactamente la opacidad. El ministerio recibió una carta, de la que dio noticia públicamente, por supuesto. Y del contenido de la carta -creo que nadie
tenemos duda alguna, es una petición de prórroga y aumento de los efectivos-, el Gobierno adoptará en su momento la decisión que estime conveniente. Estoy seguro de que el ministro vendrá a dar cuenta a esta Cámara de la misma y lo que haré es
transmitirle al ministro su opinión, que entiendo es, en cualquier caso, favorable a que se conceda la prórroga y la autorización del aumento de efectivos. Luego no acabo de entender exactamente dónde está la exigencia de debate.


Señor Centella, se le podrá acusar de otras cosas, pero no de hombre veleidoso; su señoría es, indudablemente, un parlamentario de firmes convicciones. Con estas ya son varias las intervenciones e iniciativas que ha presentado su grupo
cuyo objetivo es que pongamos fin a los acuerdos defensivos con Estados Unidos y procedamos a expulsar a todos sus militares de las bases de uso conjunto, en definitiva del solar patrio. Su antiamericanismo no responde a razones coyunturales, la
verdad es que no se limita a la simple conveniencia o al interés nacional del momento. En mi opinión, da a veces la sensación de que trasciende incluso a la política; para ustedes es una cuestión de principios, es una especie de verdad inmutable.
Ustedes ven Estados Unidos como el eje del mal, ustedes piensan que nada bueno nos puede venir de allende el Atlántico y creo que esa visión que tienen ustedes del mundo en blanco y negro, de buenos y malos, se parece tantísimo al estilo de los
norteamericanos, es un estilo tan estadounidense el que tienen ustedes para abordar este problema que a veces tengo la sensación de estar escuchando al presidente Bush. Ustedes se han convertido en una especie de tea party de la izquierda de este
país y hay momentos en que se parecen ustedes tanto que no entiendo por qué se llevan tan mal, francamente. Creo que realizan ustedes una aproximación a la realidad demasiado simple, demasiado elemental; su visión de este tema son ideas puré,
preparadas para tragar sin masticar y, señor Centella, creo que podríamos hacer algo más elaborado. De hecho, le voy a exponer a usted algunas razones en nombre de mi grupo, aunque, por otra parte, soy consciente de que usted ya está convencido a
priori de que cualquier afirmación que yo pudiera realizar no responde a nuestra honesta opinión sobre lo que conviene al interés de nuestro país, sino a nuestra condición de lacayos del imperialismo americano, lo que, a su juicio, hace de todo
punto innecesario analizar el fondo de la cuestión. Al final, tal y como le decía, para su señoría Estados Unidos es el eje del mal y el Partido Popular una especie de su representante para España. Partiendo de tales premisas, se hace un poco
difícil discutir y debatir.


Podría limitarme a decirle que el 6 de febrero último tuvo entrada una solicitud formal de la secretaría de Estado para prorrogar y ampliar las fuerzas que Estados Unidos tiene desplegadas en Morón y que el Gobierno español valorará la
petición y tomará la decisión que más convenga a los intereses de España. Estoy seguro de que nuestro Gobierno valorará algunas cuestiones a la hora de adoptar este acuerdo. En primer lugar, se realiza la petición al amparo de lo dispuesto en el
Convenio de cooperación para la defensa, suscrito entre ambos países en 1988. No se trata, pues, de una cuestión excepcional, sino perfectamente prevista en ese instrumento bilateral. En segundo lugar, Estados Unidos es un viejo y firme aliado de
nuestro país, con el que existe una larga tradición de cooperación militar, además de económica, cultural, etcétera. Quiero decirle que son como de casa. Además de nuestras excelentes relaciones bilaterales, compartimos pertenencia a alianzas de
carácter supranacional, como es el caso de la OTAN, y nuestras Fuerzas Armadas no solo realizan constantes ejercicios conjuntos, sino que han estado combatiendo hombro con hombro durante aproximadamente diez años en Afganistán. En tercer lugar, el
objetivo de estas fuerzas, además de la seguridad de las instalaciones norteamericanas en África, persigue contribuir a la paz y la estabilidad de ese continente, lo que a todas luces coincide con la política española para África. De hecho, su
señoría no desconoce que tropas de este contingente ya se han desplegado en Sudán del Sur, lo que contribuye a la seguridad de nuestras fuerzas que actúan en la vecina República Centroafricana. Finalmente, señor Centella, a España le interesa
singularmente mantener la presencia y el compromiso norteamericano en aquellas áreas que son de especial sensibilidad para nuestro país. Su señoría no desconoce el desplazamiento de medios humanos y materiales hacia la zona del Pacífico, y

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ese desplazamiento requiere que el espacio que queda libre sea cubierto por fuerzas europeas, lo que ha contribuido notablemente a ampliar nuestro compromiso en Libia, en Mali y ahora en la República Centroafricana. Por tanto, estoy seguro
de que coincidiremos en que forma parte del interés nacional mantener un grado razonable de compromiso de Estados Unidos en estas áreas.


Volviendo al argumento del principio, Benedetti decía -y es perfectamente aplicable a la política- que, cuando crees tener todas las respuestas, cambian todas las preguntas. Para ustedes no cambia, ustedes siguen contestando a preguntas que
ya nadie se formula en este país. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Dado que no son las seis y media y se ha anunciado que la votación no sería antes de esa hora, suspendemos la sesión hasta las seis y media. (Pausa).


Señorías, vamos a votar la primera proposición no de ley, relativa a la zona de la Base del Ejército del Aire en la sierra de Aitana, desafectada de su uso para la defensa. Esta proposición no de ley no tiene enmiendas, por lo que se vota
en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Queda rechazada.


Proposición no de ley relativa al embargo inmediato de armas a Egipto, paralización de las exportaciones españolas autorizadas y denegación de las solicitudes futuras. Se vota en los términos de la autoenmienda presentada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Queda rechazada.


Proposición no de ley relativa a derechos y estabilidad laboral de los trabajadores de la Base de Morón, en Sevilla. La iniciativa tiene diez puntos y, a petición del Grupo de La Izquierda Plural, se vota separadamente el punto 3 y después,
en bloque, el resto de los puntos de la iniciativa.


Votamos el punto número 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Queda rechazada.


Votamos el resto de puntos de la iniciativa.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Quedan rechazados.


Proposición relativa al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas. Se vota el texto con la enmienda presentada por el Grupo Socialista y aceptada por el Grupo de UPyD.


Efectuada la votación, dijo


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Queda aprobada por unanimidad.


Por último, votamos la iniciativa relativa a la prórroga y ampliación de la Fuerza de Respuesta para Crisis en África de Estados Unidos en Morón de la Frontera. No tiene enmiendas, por lo que se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 38.


La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): Queda rechazada.


Agotado el orden del día, se levanta la sesión.


Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.