CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 499

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 36

celebrada el miércoles,

12 de febrero de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete), para:


- Informar sobre el protocolo de aplicación del Acuerdo de Pesca UE-Reino de Marruecos tras su ratificación por el Parlamento Europeo con fecha 10 de diciembre. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000095)... href='#(Página2)'>(Página2)


- Informar sobre los acuerdos adoptados en la conferencia sectorial de fecha 20 y 21 de enero de 2014, en relación con la aplicación en España de la reforma de la política agraria común para el periodo 2014-2020. A propuesta del Gobierno.
(Número de expediente 214/000096) ... (Página2)


- Informar sobre el acuerdo alcanzado en el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE celebrado en Bruselas los días 16 y 14 de diciembre de 2013, en relación con el reparto de posibilidades de pesca para 2014 (reglamento de TAC's y cuotas).
A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000097) ... (Página2)


- Que informe de la nueva política agraria común para el periodo 2014-2020 que fue aprobado por el Parlamento Europeo y que entrará en vigor el 01 de enero de 2014, en especial lo relativo a la distribución de las ayudas, las medidas
aprobadas para el sector agro-ganadero, como el sector lácteo y la repercusión de dichas medidas en la agricultura gallega. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001126) ... (Página2)

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- Que informe sobre las negociaciones del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea para el reparto de cuotas para el año 2014, en especial lo relativo a la distribución de cuotas de especies como la caballa, merluza, rape, gallo o
el jurel, especies pesqueras importantes para la flota pesquera gallega. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001127) ... (Página2)


- Informar del acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrado en Bruselas los días 16 y 17 de diciembre, en relación con el reparto de cuotas de los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas de
pesca para 2014. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001149) ... (Página2)


- Que informe sobre los criterios establecidos para la distribución de los fondos europeos para la agricultura y para el desarrollo rural en el Estado español. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001189) ...
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- Informar y valorar los acuerdos adoptados en la Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural, celebrada los días 20 y 21 de enero de 2014, para la distribución de las ayudas de los dos pilares de la política agrícola común
(PAC): la definición de los criterios de asignación de las ayudas directas y pagos acoplados y la distribución de los fondos para desarrollo rural. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001228) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Informar y valorar el nuevo sistema y criterios de reparto de las ayudas derivadas de la nueva política agraria común (PAC) y, en especial, la reducción de la aportación del Estado a la cofinanciación de los programas de desarrollo rural.
A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001229) ... (Página2)


- Que explique los criterios del Gobierno en el reparto de la PAC y su afectación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001254) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Va a dar comienzo la sesión número 36 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la comparecencia a petición propia del señor ministro y también para dar cuenta de las solicitudes que han
formulado el Grupo Mixto y el Grupo Socialista, relativas a los acuerdos sobre la distribución de la reforma de la PAC y, además, sobre el acuerdo UE-Marruecos de pesca y la distribución de los TAC, según lo acordado en la Mesa celebrada anteayer.
Las comparecencias se han acumulado en un solo turno, para lo cual tiene la palabra el señor ministro. (El señor Alonso Núñez: ¿Tiempo?). El tiempo del señor ministro es ilimitado, como usted sabe, y, como ya dijimos en la Mesa, para los grupos
que han solicitado la comparecencia será de quince minutos y para el resto de grupos de diez minutos. Eso ya se acordó en la Mesa, a la que usted asistió.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Nuevamente tengo la oportunidad de comparecer ante esta Comisión para tratar temas de agricultura y pesca. Empezaré por los temas de agricultura, para darles
debida cuenta de los acuerdos alcanzados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que tuvo lugar los días 20 y 21 de enero pasados en el marco de la aplicación en España de la reforma de la política agraria común. En mi
comparecencia del pasado 25 de julio tuve ocasión de informarles acerca del acuerdo político alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea apenas hacía un mes, así como del acuerdo que habíamos alcanzado ese mismo día con
las comunidades autónomas también en conferencia sectorial, en el que se tomaron las grandes decisiones para la aplicación de la reforma de la PAC en nuestro país. Tras ese primer acuerdo, nuestros trabajos no han cesado. Desde principios de
septiembre hasta principios de enero nos hemos reunido, con una intensa agenda de trabajo, con comunidades autónomas y organizaciones agrarias para establecer los detalles de los aspectos más relevantes de la

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reforma, como son los relativos a la regionalización del régimen del pago básico, las definiciones de agricultor activo y actividad agraria, la concesión de ayudas acopladas a determinados sectores y el reparto de los fondos al desarrollo
rural, llegando a acuerdos en todos ellos, como detallaré a continuación.


Hemos conseguido ponernos de acuerdo en cómo definir el modelo regional con arreglo al cual se van a conceder las ayudas desvinculadas de la producción; es decir, el pago base y el pago verde. Lo hemos hecho del modo que nos habían pedido
las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, de modo que haya la menor transferencia de importes entre beneficiarios, como nos trasladaron cuando se estableció la posición negociadora de España. Ahora bien, conviene que ustedes
recuerden que la propuesta de la Comisión, según la cual el pago básico debía alcanzar un valor uniforme por hectárea en un mismo Estado o región en 2019, la conocida tasa plana, era enormemente lesiva para los intereses españoles y hubiera
conllevado importantes trasvases de ayudas entre sectores y territorios, hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad de las explotaciones. Producciones emblemáticas de nuestra agricultura como el olivar, determinadas frutas y hortalizas, el
sector lácteo, cultivos industriales como el tabaco, algodón y remolacha, el arroz, los sectores ovino y caprino, entre otros, cuyos importes medios de ayuda por hectárea han estado históricamente muy por encima de la media española, se habrían
visto seriamente perjudicados con una convergencia total a la tasa plana única nacional.


El modelo apoyado por todas las comunidades autónomas, basado en la comarca agraria, nos permite agrupar en una misma región aquellas comarcas y tipos de superficies -secano, regadío, cultivos permanentes o pastos- que tengan una intensidad
de ayuda media semejante, con el objeto de minimizar el efecto de la convergencia. El modelo de regionalización debía alcanzar un balance equilibrado entre el objetivo de reducir la convergencia de las ayudas y el de facilitar las futuras cesiones
de derechos entre beneficiarios. Por ello, hemos acordado limitar el número de regiones a una cifra comprendida entre veintidós y veinticuatro, evitando con ello una excesiva fragmentación del territorio y facilitando su visualización por parte de
los beneficiarios.


Conviene ahora recordar que en esta reforma, además de la llamada tasa plana a la que antes me refería, se nos proponía que prácticamente todo tipo de superficie tuviera derecho a recibir ayudas, aunque no hubieran tenido nunca actividad
agraria. Este ha sido otro de nuestros grandes logros en esta negociación; es decir, poder limitar la superficie a la que se pueden conceder ayudas para así evitar una reducción desproporcionada de la ayuda media por hectárea, como consecuencia de
la entrada masiva de nuevas superficies. En nuestro caso, la superficie total podría haber alcanzado los 38 millones de hectáreas; es decir, 16 millones de hectáreas más que las actualmente declaradas. Gracias a lo que hemos logrado, la
superficie elegible se podrá mantener al nivel de la declarada en los años previos a la reforma. De no haber sido así, se habría podido producir una reducción de la ayuda media de 229 a 126 euros/hectárea; es decir, si ya era mala la tasa plana,
la reducción hubiera sido de un 45% con la incorporación de superficie. De las distintas posibilidades que ofrece el reglamento hemos acordado limitar el número de derechos de pago a asignar en 2015 a las hectáreas declaradas en el año 2013, tanto
por motivos de simplificación como de eficacia administrativa. Por último, hemos acordado que el futuro pago básico se calcule para cada beneficiario teniendo en cuenta los importes que vienen recibiendo de pago único, aproximadamente la mitad del
importe de la prima por vaca nodriza, incluida la prima complementaria financiada por el Feaga, y los importes de las ayudas del artículo 68 correspondientes al programa nacional para fomento de rotaciones de cultivo en tierras de secano, el
programa para el fomento de la calidad del tabaco y el programa para el fomento de la calidad del algodón. De esta manera, sectores como el algodón o el tabaco, que en la nueva reglamentación no podrían optar a la ayuda acoplada, verán incrementado
el valor de sus derechos en la parte correspondiente a dichas ayudas en el periodo actual.


También hemos llegado a un acuerdo respecto a la definición de agricultor activo, y creo que es muy importante, señorías, que tengan en cuenta que es la primera vez en la historia de la aplicación de la PAC en nuestro país que se establecen
este tipo de criterios para la concesión de las ayudas del primer pilar de la política agraria común. Los beneficiarios de la ayuda directa ahora sí que serán activos. Ya no valdrá que la PAC sea el único ingreso de la actividad agraria; el
beneficiario de las ayudas deberá ser el responsable de la actividad económica que declara, el que corra con el riesgo empresarial de la actividad, de la que debe obtener ingresos más allá de las ayudas. Era necesario esta mejor orientación de las
ayudas para evitar el abandono de la actividad agraria con el impacto que este puede tener en la producción de alimentos y en la economía rural, así como para corregir determinadas situaciones que dañan la imagen del sector agrario, contribuyendo de
esta forma a legitimar las ayudas ante los propios productores y ante el conjunto de la sociedad. Así, hemos acordado que un beneficiario cuyas ayudas directas supongan más del 80% de sus

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ingresos agrarios no pueda ser considerado agricultor activo. Igualmente hemos acordado que, con el fin de preservar la agricultura a tiempo parcial y por motivos de simplificación administrativa, esta medida solo deba aplicarse a los
beneficiarios que reciban un importe de ayuda superior a 1.250 euros al año. Es decir, con este límite de los 1.250 euros, la medida del 20% tiene impacto sobre 71.476 agricultores que perciben ahora mismo 549 millones de euros, que van a verse
inducidos a tener verdadera actividad agraria, si quieren conservar las ayudas, y además a declarar sus producciones y a integrarse por tanto en el sistema tributario español porque en este momento aparecen como si solo recibieran ayudas
comunitarias y ninguna otra fuente de ingresos. Por tanto, este 20% tiene un impacto y ha sido calculado para tener en cuenta los impactos de la climatología en las producciones más vulnerables, como son las producciones cerealísticas, que tienen
menos rendimiento en nuestro país.


Además, hemos acordado exigir con carácter general, tanto para la primera asignación de derechos como para la activación de derechos de pago básico, que las explotaciones agrícolas y ganaderas se encuentren previamente registradas en los
registros de las comunidades autónomas. En definitiva, por primera vez en la política agraria nacional se centran las ayudas de la PAC en aquellos agricultores y explotaciones con actividad económica en el territorio, lo cual supone sin duda un
paso histórico. También hemos llegado a un acuerdo acerca de lo que debemos entender como actividad agraria, es decir, la actividad que deben desarrollar los agricultores activos sobre sus tierras y con su ganado. Así, hemos acordado que la
actividad agraria tenga un reflejo en la superficie de las explotaciones, cultivando la tierra o manteniéndola de verdad de manera verificable mediante una actividad anual, pudiendo solicitar al beneficiario la prueba de los gastos en los que ha
incurrido. En el caso de los pastos, siendo titulares de una explotación ganadera con una dimensión suficiente, que se ha acordado fijar en 0,20 UGM/hectárea. La superficie agraria de la explotación no podrá estar en estado de abandono o deterioro
y además se considerará como una situación de riesgo a efectos de control la declaración reiterada durante tres años o más de parcelas agrícolas, barbecho o no cultivo, así como los pastos que se declaren como mantenidos en estado adecuado mediante
técnicas o prácticas distintas al pastoreo, con el objeto de comprobar si se trata o no de superficies abandonadas.


No quiero solo referirme a los beneficiarios que hay que excluir de las ayudas, sino también a los que hay incluir, de modo especial a los jóvenes. Para ello acordamos en julio dedicar hasta 97 millones de euros en concepto de ayuda
complementaria al pago base, que podrán recibir durante cinco años. Además, recibirán de forma prioritaria y gratuita derechos de pago base de la reserva nacional. Debemos conseguir además, a través de los programas de desarrollo rural de las
comunidades autónomas, que puedan recibir las ayudas a la primera instalación, de manera que, junto con las ventajas fiscales de las que ya disponen durante cinco años, todas estas medidas constituyan un verdadero paquete de estímulo para la
incorporación de jóvenes agricultores.


Finalmente, hemos acordado que los criterios sobre los que debe basarse la elección de los sectores objeto de concesión de los pagos acoplados se basen en los siguientes parámetros. En primer lugar, el comportamiento del sector
correspondiente respecto a la aplicación del modelo de regionalización y, en su caso, la necesidad de corregir desviaciones producidas por la aplicación del modelo. En segundo lugar, la conveniencia, más allá del comportamiento en la aplicación del
modelo, de mantener pagos acoplados en aquellos sectores que, sin dichos pagos, estarían sometidos a evidentes riesgos de reducción de su producción o incluso de abandono, con importantes repercusiones socioeconómicas o medioambientales.
Finalmente, la necesidad de atender a formas de producción que no pueden ser atendidas más que de esta manera; en concreto, los ganaderos sin tierra titulares en la actualidad de derechos especiales. En todo caso, quiero recordar que la
conferencia sectorial de 24 y 25 de julio de 2013 acordó que los sectores ganaderos en particular deberán tener una consideración prioritaria dentro de estos pagos, lo cual guarda perfecta coherencia con los criterios anteriormente mencionados.


Sobre la base de dichos criterios, dentro de las limitaciones y condicionantes establecidos por el Reglamento comunitario, se ha acordado que los sectores que deben ser atendidos por medio de pagos acoplados serán el vacuno de leche, el
ovino y caprino, el vacuno de carne en sus dos vertientes de vaca nodriza y engorde de terneros, la remolacha azucarera, el arroz, el tomate para industria, los frutos de cáscara y algarroba, los cultivos proteicos y las legumbres de calidad. Sobre
la base de estudios técnicos presentados a las comunidades autónomas en los grupos de trabajo de alto nivel, se ha concluido que los sectores y cuantías económicas que se deben destinar a los pagos acoplados, calculadas sobre la base de los
criterios anteriormente mencionados, serían los siguientes. En el caso del vacuno de engorde, 40.127.000 euros; en el caso de la nodriza, 187.745.000 euros; en el caso del ovino, 154.892.000 euros;

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en el caprino, 13.645.000, y en el vacuno de leche, 93.579.000. Para la remolacha azucarera, 16.836.000; para el arroz, 12.206.000; para el tomate para industria, 6.352.000; para frutos de cáscara y algarroba, 14 millones; para cultivos
proteicos, 44.537.000, y para legumbres de calidad, 1 millón de euros. En total, 584.919.000 euros, que suponen un porcentaje de pagos acoplados de un 12,08 sobre el total de pagos directos o pago base. Creemos que con todas estas decisiones queda
garantizada la posibilidad de atender a todos los sectores que presenten signos de debilidad y que podrían verse amenazados en el futuro. Nos hemos dejado un margen, hasta el 15%, para una revisión a medio plazo, por si hubiera sectores vulnerables
en el futuro que requirieran algunas acciones de apoyo singulares.


Quisiera destacar el elevadísimo grado de consenso que desde el primer momento hemos alcanzado en este proceso de reforma con las comunidades autónomas y que se inició con la posición común para la reforma de la PAC Horizonte 2020, que
definió los principales elementos de la posición negociadora española de Bruselas, acordada de forma unánime en la Conferencia Sectorial de 15 de junio de 2012. Una vez logrado un acuerdo político a nivel comunitario, las decisiones a nivel interno
se han plasmado en los acuerdos alcanzados en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en julio del año pasado y en enero de este año. En ambos casos, las posiciones divergentes han sido muy minoritarias.


El diálogo con el sector también ha sido fluido y sus propuestas se han incorporado al debate, de forma que algunas han recogido el resultado final, como el establecimiento de las comarcas agronómicas en el modelo de racionalización, la
determinación de la figura del agricultor activo exigiendo determinados ingresos, o el establecimiento de la dimensión de explotaciones ganaderas para recibir ayudas, con una relación además entre la superficie y el número de animales. En los
últimos dos años hemos mantenido más de cien reuniones con el sector y hemos convocado al comité asesor agrario en siete ocasiones. En los próximos meses desarrollaremos los textos legales en los que se plasmen estos acuerdos. A finales de este
semestre los agricultores y ganaderos podrán conocer con un detalle muy aproximado las condiciones bajo las cuales podrán recibir ayudas a partir de 2015, primer año de aplicación de esta reforma a las ayudas directas. En este punto debo decirles
que desde el Gobierno estamos cumpliendo con el calendario de la reforma de la PAC, yendo muy por delante de otros Estados miembros en esta fase de aplicación.


No quiero finalizar sin invitarles a pensar cuál era nuestra situación cuando iniciamos este proceso de reforma ya hace más de dos años, cuando la financiación de la PAC estaba en el aire, con un gran número de Estados miembros dispuestos a
reducir el presupuesto de la Unión Europea a costa de la PAC o a favor de otras políticas -ahora tenemos 47.000 millones de euros para los próximos siete años-, o cuando se inició la reforma de la PAC propiamente dicha, que nos obligaba a
subvencionar todo tipo de superficies con un mismo importe de ayuda o tasa plana en 2019 de 126 euros/hectárea. Ahora todos damos por descontado el resultado de esta reforma, pero durante mucho tiempo no fue así y solo gracias a la intensa
negociación que hemos llevado a cabo en Europa y a los acuerdos consensuados en España, podemos hoy mirar con optimismo el futuro de nuestro sector agrario con la vista puesta en 2020. En definitiva, señorías, se ha avanzado en el diseño de un
modelo de regionalización del territorio que minimiza los efectos negativos de la convergencia de las ayudas sobre la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Ello, junto con la limitación de la superficie máxima elegible, permitirá que la
intensidad de ayuda media en las explotaciones se mantenga en un nivel similar al actual. Esta reforma nos permite corregir los defectos del sistema de ayuda actual y orientar los pagos directos hacia una agricultura realmente activa, oportunidad
que España quiere aprovechar por todos los medios a su alcance con el objetivo de mantener la actividad económica de nuestro sector agrario, generando crecimiento y empleo. Por medio de la concesión de una ayuda asociada vamos a evitar el abandono
de aquellos sectores más vulnerables o que resulten más afectados por el nuevo sistema de pagos directos, asegurando que la diversidad productiva que caracteriza nuestra agricultura tenga cabida en la nueva política agraria común.


En cuanto a la política de desarrollo rural, en la conferencia sectorial del pasado 21 de enero se acordó con las comunidades autónomas el reparto de los fondos comunitarios del Feader para los programas de desarrollo rural 2014-2020.
Además, se informó sobre la futura contribución de la Administración General del Estado a estos programas y se acordó la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para establecer los criterios y mecanismos que permitan las transferencias de
fondos entre programas de desarrollo rural en el caso de riesgo cierto de descompromiso. Los acuerdos alcanzados tienen como punto de partida la conferencia sectorial de 25 de julio de 2013, donde se estableció la creación de un grupo de trabajo de
alto nivel con las comunidades autónomas para realizar el reparto de fondos Feader, basado en criterios objetivos, entre los cuales la ejecución de programas actuales podría ser un elemento a tener en cuenta.

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Para la financiación de la política de desarrollo rural, España dispondrá para el periodo 2014-2020 de una asignación de fondos comunitarios de 8.291 millones de euros, de los cuales en la Conferencia Sectorial de Agricultura de 24 de julio
de 2013 se acordó repartir entre las comunidades autónomas el mismo importe que la asignación Feader para España en el periodo 2007-2013, es decir 8.053 millones de euros, y destinar 238 millones de euros a un programa nacional. Para realizar este
reparto, en la conferencia sectorial de julio se acordó constituir un grupo de trabajo de alto nivel con el fin de consensuar criterios de reparto objetivos, ya que una mayoría de las comunidades autónomas se mostró muy descontenta con el reparto de
fondos realizado para 2007-2013, alegando falta de transparencia en la distribución de los mismos y excesiva discrecionalidad política. Al analizar la distribución de fondos comunitarios realizada en diciembre de 2006 para el periodo 2007-2013, se
observó que, a pesar de la importante reducción de fondos globales para España, algunas comunidades autónomas incrementaron su asignación de forma injustificada. Así, en 2006 se obtuvo un presupuesto para desarrollo rural Feader de 7.213 millones
de euros frente a los 8.957 millones obtenidos para el periodo 2000-2006, lo cual supuso para España una disminución de fondos del 19%. Sin embargo, al realizarse el reparto por comunidades autónomas, pese a que había habido esta fortísima
reducción de fondos estructurales -casi un 19% menos-, hubo comunidades autónomas, como Andalucía, que vieron incrementada su asignación de fondos comunitarios hasta el 133,6% de lo percibido en 2006, alcanzando el 26,5% del Feader asignado a España
en 2007-2013, mientras el resto de las comunidades autónomas, excepto Extremadura, sufrieron notables reducciones de fondos de un 30% de media, destacando Valencia con un 60 o 65% menos y Castilla y León con un 43,7%. En estas circunstancias
comprenderán, señorías, que no se podía consolidar como punto de comparación de referencia para iniciar un reparto en otro periodo, un reparto que había sido absolutamente discrecional, arbitrario e injusto. No resiste ningún análisis objetivo el
reparto que se hizo en aquella ocasión y lo han puesto de manifiesto los consejeros de todas y cada una de las comunidades autónomas, excepto la beneficiada por el injusto reparto.


Por todo lo anterior, se consideró oportuno no consolidar esta situación y repartir los fondos 2014-2020 según un sistema lo más objetivo posible, pero a su vez evitando cambios bruscos respecto al periodo actual que pudieran provocar
distorsiones en la continuidad del apoyo al desarrollo rural en las comunidades autónomas. Para ello, optamos por aplicar en la conferencia sectorial -no es una decisión del Gobierno sino de todos los grupos de las comunidades autónomas- la fórmula
propuesta por la Comisión para el reparto de fondos entre Estados miembros, que es la fórmula que ha seguido la Comisión Europea para dar a cada uno de los Veintiocho una cantidad; una fórmula basada en criterios objetivos y no en criterios
discrecionales del comisario Ciolos. Se integran indicadores comunitarios de índole económica, medioambiental y territorial relacionados con los tres objetivos de la política de desarrollo rural: competitividad en la agricultura, gestión de
recursos naturales y la acción por el clima o desarrollo territorial equilibrado, aplicando además a toda la fórmula, como criterio para modular el resultado a favor de las regiones menos desarrolladas o menos competitivas, el inverso del PIB per
cápita. Por lo tanto, el sistema que se ha seguido para repartir es el sistema objetivo que ha seguido la Comisión Europea. No tiene elementos de discrecionalidad de ninguna especie, pero sí le hemos incorporado un estabilizador de pérdidas
máximas del 10% respecto a la situación actual y además hemos valorado la buena ejecución de la programación actual, de forma que no se detraigan fondos a las comunidades autónomas que presentan una ejecución adecuada de su senda financiera, así
como las posibles deficiencias que pudiera presentar el indicador comunitario de población rural a la hora de reflejar la realidad de algunas comunidades autónomas. Es un reparto basado en criterios objetivos, en el sentimiento mayoritario de los
grupos de trabajo que han analizado el tema de todas las comunidades autónomas.


En la conferencia sectorial aprobamos un reparto que le daba a Andalucía 1.906 millones de euros, es decir, un 23,7% del total; a Aragón 466,8 millones de euros, un 5,8%; a Asturias 325 millones de euros, un 4,0%; a Baleares 61 millones
de euros, un 0,8%; a Canarias 157,5 millones de euros, un 2,0%; a Cantabria 98,8 millones de euros, un 1,2%; a Castilla y León 969 millones de euros, un 12%; a Castilla-La Mancha 1.147,1, un 14,2%; a Cataluña 348,5 millones de euros, un 4,3%;
a la Comunidad Valenciana 204,0 millones de euros, un 2,5%; a Extremadura 890,2 millones de euros, un 11,1%; a Galicia 869,8 millones de euros, un 11,0%; a Madrid 76,5 millones de euros, un 0,9%; a Murcia 219,2 millones de euros, un 2,7%; a
Navarra 136,5 millones de euros, un 1,7%; al País Vasco 87,1 millones de euros, un 1,1%; a La Rioja 70 millones de euros, un 0,9%.


Como todos sabemos, los programas de desarrollo rural son cofinanciados; por lo tanto, la aportación del Feader va acompañada de gasto nacional, autonómico y de la Administración General del Estado. En

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anteriores periodos de programación este gasto fue realizado conjuntamente por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y en 2007-2013 la Administración General del Estado participó financiando de media el 44% de
gasto nacional. Una de las razones de esta abultada contribución de la Administración General del Estado se basaba en la pérdida de fondos comunitarios en el periodo de programación 2007-2013 y, como ya se ha indicado inicialmente, para este
periodo se contó con un presupuesto de 7.213 millones de euros frente a los 8.957 millones del periodo 2000-2006 o los 8.291 millones que se han obtenido para el periodo 2014-2020. La arbitraria asignación a las comunidades autónomas de la cantidad
de Feader disponible y su menor cuantía respecto a 2000-2006 se compensó incrementando la aportación de la Administración General del Estado a los PDR al comienzo del periodo de programación. Sin embargo, las dificultades económicas y financieras
que afectaron a todas las administraciones a lo largo del periodo hicieron necesaria la modificación de los programas, disminuyendo la aportación de las administraciones autonómicas y, en consecuencia, de la Administración General del Estado. Es
decir, al principio del periodo de programación hubo unos objetivos muy ambiciosos y a lo largo del periodo las administraciones han ido reprogramando, lo cual ha hecho que en los programas de desarrollo rural la aportación de la Administración
General del Estado se redujera a 2.391 millones de euros. Todas las reprogramaciones de las comunidades autónomas fueron realizadas a iniciativa propia en su condición de autoridades de gestión de los programas.


En el periodo 2007-2013 se produjo otra novedad muy importante. Se pasó de una situación de programa de desarrollo rural plurirregionales, con medidas definidas y coordinadas por el Estado y las comunidades autónomas, a otra en que no solo
no había programación nacional, sino que las comunidades autónomas diseñaban su propio programa de desarrollo rural y orientaban sus medidas según su criterio exclusivo. Es decir, los programas de desarrollo rural quedaron en el ámbito de la
discrecionalidad exclusiva de las comunidades autónomas sin ninguna participación del Estado en su definición, algo que no había ocurrido nunca. De este modo, la aportación de la Administración General del Estado ha sido incondicional, es decir, no
ha estado sujeta al cumplimiento de ninguna prioridad u objetivo establecido con carácter previo con participación de la Administración General del Estado. Ni siquiera en el marco nacional, instrumento de programación donde se establecen los
elementos comunes en el caso de Estados miembros con programación regionalizada, se establecen condiciones sobre dónde o cómo deben asignarse los fondos de la Administración General del Estado en los programas, quedando a la decisión de las
comunidades autónomas la orientación estratégica. En todo caso, conviene recordar que la contribución de la Administración General del Estado no se limita únicamente a la financiación del gasto nacional, sino que el Tesoro público prefinancia el
Feader a las comunidades autónomas y eso permite a las mismas, con excepción del País Vasco, solicitar anticipos de tesorería para hacer frente a sus programas sin necesidad de disponer de esos importes en el presupuesto de la comunidad autónoma.
En 2014-2020 el esfuerzo de prefinanciación de la Administración General del Estado será mayor que en 2007-2013, al haberse reducido el anticipo comunitario de los programas del 7 al 3% y librarse el mismo en tres tramos anuales del 1%, frente a un
único libramiento al principio del periodo de programación como sucedió en 2007-2013.


En conclusión, señorías, a pesar de todo lo anterior, el Gobierno ha considerado prioritario seguir apoyando las políticas de desarrollo rural regionales y, por ese motivo, en la conferencia sectorial del pasado 21 de enero se acordó que la
Administración General del Estado financiara el 30% del gasto nacional de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, calculado a la tasa máxima de participación comunitaria en la financiación permitida según el reglamento de la
Unión Europea. En la conferencia sectorial de 21 de enero de 2014 se acordó también la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para establecer los criterios y mecanismos que permitan las transferencias de fondos entre programas en el caso de
riesgo cierto de descompromiso. En el periodo de programación actual algunas comunidades autónomas con un alto grado de ejecución podrían haber empleado fondos Feader de otras comunidades autónomas con dificultades de ejecución. Sin embargo, no
teníamos un mecanismo que permitiera una transferencia ágil y efectiva de fondos entre programas. La transferencia acordada, en principio reversible a la comunidad autónoma que cede fondos, podrá convertirse en permanente en el caso de que
finalmente esa comunidad no pueda absorber los fondos que cedió. En definitiva, señorías, el fin que se persigue con ese mecanismo es evitar que España como Estado miembro pierda fondos Feader y que la cesión de los mismos se realice en las mejores
condiciones para una comunidad autónoma que en un momento determinado tenga dificultades para ejecutarlos.

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Termino agradeciendo la colaboración de comunidades autónomas y organizaciones profesionales agrarias, que ha permitido acordar un modelo de planificación de la nueva PAC en España para que todos los sectores agrarios y ganaderos sigan
siendo competitivos y puedan seguir realizando su actividad con unos niveles de apoyo similares a los anteriores.


Paso a informarles del segundo bloque de comparecencias que nos ocupa esta tarde sobre dos logros en la política pesquera tan importantes para el sector por el empleo que van a generar y por la dinamización de la economía que conllevarán en
las zonas afectadas, como son el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea los pasados 16 y 17 de diciembre en relación con el reparto de posibilidades de pesca para 2014 y el Protocolo de aplicación del
acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos.


En relación con el reparto de TAC y cuotas de pesca en 2014, tengo la satisfacción de informarles de que España consiguió alcanzar sus principales objetivos en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea en los días 16 y 17 de
diciembre pasado. Gracias a la aplicación de una política de control riguroso por parte de la Administración pesquera española en estos últimos dos años y a una mejora en la cantidad y calidad de los datos disponibles para la evaluación científica,
así como la responsabilidad del sector pesquero español, una parte considerable de los más importantes para nuestro país partían con propuestas de subidas.


Haciendo un detalle por caladeros y empezando por el de Gran Sol en aguas de la Comunidad Económica Europea, podemos afirmar que el fruto de esta política de coherencia científica y control riguroso ha sido la histórica subida de la merluza
norte, que ha aumentado un 49% y 7.497 toneladas más respecto al TAC inicial de 2013. Eso supone una cuota total de 22.947 toneladas y más de 22 millones de euros adicionales de ingresos para nuestra flota de Gran Sol y del golfo de Vizcaya, que ve
recompensados sus sacrificios en pro de una gestión sostenible y de un control riguroso de la pesquería. Para los sectores de agua comunitaria de rape, en los que la Comisión Europea proponía mantener el mismo TAC de 2013, España ha conseguido un
aumento del 15% para tener una cuota total en 2014 de 2.597 toneladas. Para el gallo, basándose en la falta de datos, la Comisión proponía TAC más bajos que en 2013 para los gallos en Gran Sol y golfo de Vizcaya. España ha conseguido durante las
negociaciones, basándose en el argumento de evitar descartes de especies acompañantes, como es el caso del gallo, para los de Gran Sol y del golfo de Vizcaya el mantenimiento del TAC de 2013, es decir, 19.101 toneladas. España dispondrá en 2014 de
una cuota total de 6.629 toneladas, sumadas las dos zonas indicadas más el oeste de Escocia. Para el abadejo del golfo de Vizcaya la Comisión Europea proponía una reducción del 20%. La delegación española consiguió mantener igual cuota que en
2013, 252 toneladas, con el argumento de evitar descartes de especies acompañantes. La cuota de cigala obtenida para España en aguas comunitarias no españolas es de 1.511 toneladas, mientras que en 2013 fue de 1.652. Incluida en esta zona se
encuentra la correspondiente al Banco Porcupine, zona donde principalmente desarrolla su actividad la flota española dirigida a esta especie donde hemos obtenido un aumento de la cuota del 3%, con un total de 551 toneladas. La cuota para España de
bacaladilla se ha aumentado en un 42%, con un total de 20.405 toneladas.


En el caladero nacional para pelágicos, como el jurel, la caballa y la bacaladilla, la Comisión proponía una reducción del 40% para el jurel para alcanzar el rendimiento máximo sostenible antes de 2015, sin tener en cuenta los efectos
socioeconómicos. Los argumentos esgrimidos por España, siempre coherentes con la sostenibilidad bioeconómica de la pesquería, condujeron a que la reducción no fuera del 40% sino del 26% en la zona VIII, pero enjugada, como veremos, por la subida de
la caballa y del propio jurel en la zona IX. El jurel de la zona IX que se pesca en el sur de Galicia, golfo de Cádiz y aguas de Portugal, ha merecido un aumento del TAC del 17% respecto a 2013, lo que supone para España una cuota de 9.055
toneladas en 2014. Para el jurel del caladero Cantábrico se ha conseguido fijar un TAC con una reducción del 26% respecto a 2013 frente a la del 40% propuesta por la Comisión Europea. La cuota final para España es de 16.582 toneladas. La
diferencia de cuota total de jurel para el Cantábrico y noroeste este año es de 4.534 toneladas menos que en 2013, que intentamos compensar tanto con la caballa como con el intercambio de cuota con otros Estados miembros.


Mención aparte merecen los TAC provisionales fijados por la Comisión Europea para la caballa y la bacaladilla. Ambos se acuerdan en reuniones con los Estados costeros de Neafc, y la Comisión Europea propone habitualmente retener una gran
parte de las cuotas europeas hasta que se cierren las negociaciones. España ha abogado por una retención mínima para que nuestro sector pueda empezar a pescar caballa a principios de año, máxime teniendo en cuanta que dispondremos de menos jurel.
La

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cuota española de caballa sube por ahora un 28%, 29.019 toneladas de cuota inicial frente a las 22.709 del año pasado. Esta cuota inicial podrá verse incrementada cuando finalicen las negociaciones de los Estados costeros -Unión Europea,
Noruega, Islandia e Islas Feroe-, en las que hemos pedido a la comisaria la máxima firmeza. Este resultado es muy positivo para la flota española que se dedica a la caballa, pero podría ser mejor si no tuviéramos que padecer un descuento de 10.000
toneladas de cuota por la falta de control de Gobiernos anteriores y por las sanciones que estamos pagando a la Unión Europea por la falta de rigor en el control. La cuota española de bacaladilla se beneficia de un nuevo aumento espectacular de la
biomasa y alcanza las 19.500 toneladas frente a las 9.095 toneladas de 2013, un aumento del 114%, Esta cantidad también está pendiente de completar cuando termine la negociación con los demás Estados costeros.


En el caladero nacional, golfo de Cádiz, Cantábrico y noroeste para especies demersales, podemos decir que en el gallo España ha conseguido una subida muy significativa para los gallos que se pescan en el Cantábrico, golfo de Cádiz y en
aguas de Portugal, la cual ha experimentado una subida del 86 por ciento respecto a la cuota de 2013, quedando en 2.084 toneladas para España en 2014. También hay que celebrar una nueva subida de un 15% de cuota para la merluza del caladero
nacional, de la que se dispondrá en 2014 de 10.409 toneladas y constituye otro ejemplo de la recuperación biológica gracias al sector del caladero nacional. El rape venía de una reducción el año pasado del 25% y este año tiene una variación
positiva, subiendo un 6%, quedando con una cuota para España de 2.191 toneladas, especialmente importante para Asturias. La propuesta inicial de la Comisión suponía para el abadejo una reducción del 20% sobre la cuota de 2013. Una vez más,
aduciendo el argumento de evitar descartes de especies acompañantes, logramos mantener el mismo TAC que el año pasado, con una cuota para España de 208 toneladas.


En el caladero del Cantábrico, para las cigalas del Cantábrico y dada su mala situación biológica, no ha sido posible mantener el TAC de 2013, aunque se espera que el plan de recuperación merluza-cigala propicie una mejora en los próximos
años. La reducción aplicada del 10% sobre el TAC de 2013, es la que aconsejaban los informes científicos y supone un total de 64 toneladas. Hay que tener en cuenta que en 2013, por ejemplo, solo se ha consumido el 32,4% de la cuota de cigala del
Cantábrico y noroeste.


En el caladero del sur de Galicia y golfo de Cádiz, otra pesquería que ha mantenido su TAC para 2014 es la del boquerón del sur de Galicia y del golfo de Cádiz, correspondiéndole a España 4.198 toneladas. A esta cantidad hay que añadir
otras 672 toneladas sobrantes de 2013, y todo ello gracias al reparto por puerto que se logró alcanzar entre las diversas asociaciones del golfo de Cádiz en febrero de 2013, que ha evitado agotamientos prematuros de cuotas y sobrepesca sancionable
por la Unión Europea. A diferencia de lo sucedido en 2012, cuando hubo que cerrar la pesquería en agosto por una sobrepesca de casi 1.000 toneladas en 2011, en 2013 no solo la flota ha pescado desde que se abrió la pesquería a mediados de febrero
hasta primeros de diciembre, cuando se inicia la veda para el cerco, sino que también ha habido un remanente de cuota que nos va a permitir estar mas desahogados en 2014. Conviene señalar también, como he indicado al comienzo de mi intervención,
que estas subidas de TAC son el resultado de políticas de control y seguimiento científico riguroso. Pues bien, como en el caso del boquerón en el golfo de Cádiz, esta política rigurosa de control llevada a cabo por mi departamento desde el inicio
de la legislatura va a permitir que en todas las especies de caladero nacional y en casi todas las de aguas comunitarias, a excepción de la merluza, España vaya a disponer además de una cuota adicional correspondiente a un porcentaje de los
sobrantes de 2013. Se ha producido una disminución de un 11% respecto a 2013 para la cigala, con un total para España de 55 toneladas. Señorías, contabilizando las subidas y bajadas de la totalidad de las cuotas, resulta un saldo positivo para
España de 24.000 toneladas, que aplicando un valor medio de 2 euros por kilo, resultan unos ingresos adicionales respecto a 2013 de aproximadamente 50 millones de euros para la flota española sobre la base de la negociación de TAC y cuotas de 2014.


En cuanto a las pesquerías en aguas extracomunitarias o TAC externos, hemos logrado unos acuerdos en las organizaciones internacionales de pesca que, posteriormente, han sido respaldados por el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión
Europea. En el ámbito de los gestionados por organizaciones regionales de pesca, y como resultado de la negociación en cada una de ellas, en general se saldan con mantenimientos de los TAC de algunos de los de más interés para la flota española,
con excepción de una bajada mínima del 0,5% en el caso del fletán negro en NAFO, conforme a las exigencias del plan de recuperación en vigor. La cuota para España es de 4.243 toneladas en 2014. Otro dato a tener en cuenta es la apertura de la
pesquería de bacalao en la división 3M, Terranova, de NAFO, y el TAC, que para ese ha aumentado

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notablemente en 2013, manteniéndose la tendencia en alza en 2014. La cuota para España en 2014 es de 2078 toneladas. Asimismo, según las últimas estimaciones científicas, otros importantes para la flota española es la gallineta nórdica,
con 2.004 toneladas, y la raya, con 3.403 toneladas, que se mantienen a niveles de los años anteriores.


En Iccat se mantienen las cuotas para los próximos tres años del pez espada del Atlántico, tanto en el norte, con 13.700 toneladas, de las cuales aproximadamente 5.143 corresponden a España, como en el sur, con 15.000 toneladas, de las
cuales 4.487 corresponden a España. También se mantienen las cuotas para los próximos tres años para el atún blanco, bonito del norte, donde del TAC global de 28.000 toneladas, 13.677 corresponden a España. Sobre el atún rojo del este, para el año
2014 se mantiene la misma cuota que en 2013, 2.504 toneladas, que suponen un 20% del TAC global de 13.400 toneladas, pese a los esfuerzos realizados para lograr un ligero aumento del TAC con el beneplácito del consejo científico y la no oposición de
los otros Estados miembros, pero encontramos una incomprensible cerrazón de la comisaria europea.


Señorías, como resumen del resultado de estas negociaciones, podemos manifestar que en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea alcanzamos unos resultados satisfactorios para los intereses de nuestro sector pesquero. Por último,
no quiero dejar de resaltar la imagen ofrecida por España durante las negociaciones como país serio, responsable, que practica una pesca sostenible y que defiende sus intereses con argumentos sólidos, sin sacrificar los beneficios a largo plazo por
consideraciones miopes. La coherencia siempre da frutos.


Señorías, finalizo la primera intervención de esta tarde informándoles sobre el Protocolo de aplicación del acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos tras su ratificación por el Parlamento Europeo con fecha a 10 de diciembre. Al
incorporarme al ministerio me encontré con un protocolo de aplicación del acuerdo Unión Europea-Marruecos suspendido a consecuencia del voto en contra del plenario del Parlamento Europeo, dejando a la flota que utilizaba las posibilidades de pesca
en este caladero en situación precaria, en especial a los pesqueros artesanales del Estrecho y de Canarias. El voto negativo de la Eurocámara en diciembre de 2011, basado en la falta de aclaraciones suficientes sobre los beneficios que el protocolo
revertía a las poblaciones locales, básicamente las del Sáhara Occidental, y la ausencia de consecuencias prácticas en caso de no respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes, supuso un duro mazazo para las relaciones
bilaterales Unión Europea-Marruecos y obligó a una interrupción inmediata de la actividad pesquera de la flota comunitaria. La desconfianza de las autoridades marroquíes respecto a la Unión Europea motivó un periodo de incomunicación entre las
partes y, sobre todo, provocó la paralización de gran parte de la flota española que faenaba en aguas marroquíes.


Las iniciativas del Gobierno para paliar esta situación fueron inmediatas, una vez que tomé posesión como ministro, y como me comprometí en esta Cámara, inicié contactos bilaterales tanto con las autoridades marroquíes como con la comisaria
de Pesca de la Unión Europea, María Damanaki, para desbloquear esta situación, y aprobamos ayudas a la paralización de la flota afectada y a sus tripulantes con una duración de un año, el máximo permitido por la normativa europea, a partir del 14 de
diciembre de 2011, del que se beneficiaron 63 armadores, con un total de 4.570.866 euros, y 595 tripulantes, con 6.537.645 euros, y ello, señorías, en un contexto conocido de restricciones presupuestarias. Los contactos bilaterales surtieron efecto
y motivaron un trabajo de acercamiento de posiciones entre los negociadores de la Comisión Europea y las autoridades marroquíes a través de varias reuniones técnicas para tratar de encontrar una salida a los asuntos más espinosos de corte puramente
político, sin olvidar algunos aspectos técnicos que dificultaban la rentabilidad de la actividad pesquera en el anterior protocolo y que resultaron en la práctica una nula utilización de alguna categoría de pesca.


Tras ese arduo trabajo se consiguió retomar el proceso negociador en noviembre de 2012 con avances positivos desde el punto de vista pesquero, pero con dificultades visibles en los aspectos políticos y en el paquete financiero. Desde la
primera de las seis rondas de negociación fue patente la voluntad de las autoridades marroquíes al máximo nivel de alcanzar un acuerdo. El 26 de julio de 2013, tras la sexta ronda negociadora, se consiguió rubricar el Protocolo de aplicación del
acuerdo de pesca Unión Europea-Marruecos, con resultados positivos en lo que respecta a las posibilidades de pesca ofrecidas a la flota española. Entre las mejoras destacan las licencias cerco al sur, más licencias para la categoría 2, mejoras en
las categoría 4 para incluir a los arrastreros del Morrazo. Debido al desenlace negativo del proceso de tramitación del protocolo anterior, las autoridades marroquíes no accedieron a la inclusión de una cláusula de aplicación provisional del
protocolo, cuestión que determinaba que la actividad de pesca pudiese

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reanudarse hasta el momento en que ambas partes hubieran finalizado sus procesos de ratificación, que son los siguientes. En el caso de la Unión Europea, la elaboración de las propuestas legislativas por parte de la Comisión Europea, la
traducción a todas las lenguas oficiales por los juristas lingüistas, la presentación y debate en el Grupo de Política de Pesca del Consejo, la aprobación por el Coreper y la posterior aprobación por Consejo de Ministros en cualquiera de sus
formaciones, tras lo cual se inicia la tramitación en el Parlamento Europeo, con la elaboración del informe del ponente y presentación en la Comisión de Pesca, aprobación por esta y por las Comisiones de Presupuesto y Desarrollo, con la posibilidad
para cualquiera de los miembros de estas comisiones de solicitar informe al servicio jurídico del Parlamento. Tras pasar estos filtros se debate y vota en el plenario. El procedimiento dura casi más de doce meses. En el caso de Marruecos tiene
que ser aprobado por los consejeros reales, aprobado por parte del Consejo de Ministros, hay que remitirlo al Parlamento para su aprobación y posterior firma por parte del rey. El lunes 10 de febrero la Cámara Baja lo aprobó por unanimidad en
sesión plenaria, remitiéndolo a la Cámara de los Consejeros, y durante el almuerzo recibí una llamada del ministro marroquí de Agricultura y Pesca señalando que la Cámara de los Consejeros hoy ha aprobado ya definitivamente este acuerdo.


Señorías, desde el comienzo de la tramitación comunitaria el Gobierno de España ha utilizado toda su influencia para acelerar el proceso interinstitucional y conseguir una mayoría sólida en el Parlamento Europeo que evitara una situación
similar a la de diciembre de 2011. En un tiempo récord para esos procedimientos, tras la aprobación del Consejo de Pesca en noviembre de 2013, el Parlamento Europeo en su plenaria de los días 10 y 11 de diciembre aprobó por una mayoría de 310 votos
a favor, 204 en contra y 49 abstenciones, el texto del protocolo que el Consejo ratificó el 18 de diciembre, todo en menos de seis meses desde la rúbrica. Yo agradezco la colaboración de los grupos políticos de esta Cámara para asegurar una mayoría
de votos españoles y de otras delegaciones del Parlamento Europeo. Quiero subrayar, para finalizar mi intervención, la gran sintonía establecida entre el Reino de Marruecos y España para sacar adelante este asunto de gran importancia para nuestro
sector pesquero. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Se abre un turno de intervención de todos los grupos, teniendo en cuenta en primer lugar aquellos que han solicitado las comparecencias objeto de la sesión de hoy. Por lo tanto, el orden inicialmente previsto sería el
orden de presentación, primero intervendría el Grupo Mixto y después el Grupo Socialista. Cada uno de esos grupos dispondría de quince minutos, tal y como se acordó en la reunión de la Mesa celebrada anteayer, y el resto de grupos tendrían un
tiempo máximo para fijar posición de diez minutos, a distribuir entre los grupos a partes iguales si es posible y si no, como lo acuerde cada grupo, para tratar los acuerdos de distribución de la reforma de la PAC o para tratar los acuerdos
UE-Marruecos.


Diversos grupos políticos han solicitado una alteración en el orden de las intervenciones debido a otras obligaciones que tienen en estos momentos, pero no va a ser fácil porque, a pesar de la buena voluntad de esta Presidencia, todos los
grupos tienen que estar de acuerdo con que se altere el orden de las intervenciones. En cuanto a la fijación de posición, como viene siendo habitual, es de menos a más en función de la representación parlamentaria, correspondiéndole intervenir, en
primer lugar, al Grupo Parlamentario Vasco; en segundo lugar, al Grupo de Unión Progreso y Democracia; en tercer lugar, al Grupo de La Izquierda Plural, que se ha tenido que ausentar; en cuarto lugar, el Grupo de Convergència i Unió y, en último
lugar, el Grupo Parlamentario Popular. Quiero saber si no hay ningún inconveniente por parte de los grupos para que se altere el orden. El Grupo Socialista ha solicitado intervenir en penúltimo lugar, después de los grupos que desean fijar
posición y antes del Grupo Popular. Como las decisiones tienen que ser transparentes, ¿hay algún inconveniente? (Pausa). Como todos han aceptado se decide de esta manera.


Tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Mixto, que ha solicitado la comparecencia, por un tiempo máximo de quince minutos repartido como ustedes quieran. En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Señor ministro, le reitero nuevamente nuestro agradecimiento sincero por su capacidad compareciente.


Como valenciano, no me gusta lloriquear, pero constatamos que nuevamente la Comunidad Valenciana -y usted mismo lo ha dicho en sus palabras- volverá a ser una de las más perjudicadas con la nueva PAC y eso por tres motivos. En primer lugar,
por los fondos de desarrollo rural, ya que en el periodo 2014-2020 las aportaciones del ministerio bajarán en casi 150 millones de euros, es decir, será nuevamente la comunidad autónoma -como en el anterior periodo- donde más van a descender esos
fondos. De esos

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8.053 millones para el periodo 2014-2020 solo 204 millones, es decir, el 2,5%, serán los que irán a parar a la Comunidad Valenciana. En ese sentido, reiteramos que si antes teníamos algo más de un 3%, ahora bajamos nuevamente al 2,5%. Si
habíamos perdido antes un 30%, ahora volvemos a perder otro tanto. Teniendo en cuenta que la agricultura valenciana representa el 10% de la renta total agraria del Estado y solo nos llegará el 2,5% de estos fondos y que el ministerio aportará un
30%, por tanto, 61 millones, estamos muy lejos de los 211 millones del periodo 2007-2013. Por tanto, nuestra Generalitat, nuestro Gobierno, debería duplicar esos fondos, esas aportaciones, para mantener como mínimo la misma situación, pero viendo
la salud económica del Gobierno valenciano y el sistema de financiación actual, el panorama se presenta muy negro para los agricultores valencianos. Ya sé que los representantes del Gobierno valenciano votaron a favor, pero eso me demuestra una vez
más la eficacia con la que el Gobierno del Partido Popular valenciano defiende los intereses agrarios de nuestra tierra.


En segundo lugar, constatamos que la agricultura valenciana es en buena parte una agricultura minifundista. Tenemos las tierras muy repartidas y 97.000 perceptores en ayudas. He de constatar que con esta nueva PAC, 37.000 pequeños
perceptores que cobran menos de 300 euros dejarán de percibir ayudas en el año 2017; es decir, la agricultura valenciana podría perder unos 10 millones de euros anuales. Ya sé que algunos no son profesionales, pero sí que hay pequeños agricultores
profesionales que viven de la agricultura no subvencionada y reciben alguna pequeña ayuda por un cultivo marginal, como, por ejemplo, el naranjo, y que van a perder esta ayuda directa. Como valenciano me sigue preocupando que una gran parte de las
frutas y hortalizas quede fuera de las ayudas de la PAC.


Por último, me permitirá que aproveche su comparecencia para plantearle un problema que preocupa en mi comarca. Soy de Sueca, de la Ribera Baixa del Xúquer, y en el Plan hidrológico finalizamos hace unos días el periodo de enmiendas y
quiero únicamente hacerle llegar una preocupación, y es que hemos visto que en el Plan hidrológico se han ampliado las concesiones y las reservas, por ejemplo, a los regadíos de Manchuela, o las concesiones a Albacete u otros lugares, pero trece
pueblos que vivimos a orillas del Júcar no tenemos esa concesión y, por tanto, no podemos beber del agua que pasa en algunos casos a escasos metros de nuestras casas. La única posibilidad que se nos ofrece es la sustitución de agua con los regantes
pagando. Por eso le formulo dos preguntas, si tiene a bien contestármelas. La primera es si piensa adoptar el Gobierno alguna medida o tener en cuenta las alegaciones que desde diversos estamentos se han hecho para ceñir la política hídrica en la
cuenca del Júcar a la directiva marco del agua y no trasladar los costes de recuperación del agua contaminada a los ciudadanos perjudicados de la ribera. En segundo lugar, si el Gobierno está dispuesto a transformar la sustitución de agua a cargo
del usuario de la ribera por una asignación directa de agua, tal y como tienen el resto de zonas urbanas que beben del Júcar. Espero su respuesta.


Termino. Si como se oye rumorear es usted finalmente el candidato a las europeas, le deseo mucha suerte en lo personal, no tanto a su partido, y quiero decirle que ha sido un placer conocerle.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor ministro, después de haber dado una vuelta informativa de lo que fueron los acuerdos con las diferentes comunidades autónomas en la conferencia sectorial de la distribución de los fondos de la PAC, finaliza
usted diciendo que estos fondos se distribuyeron más o menos a un nivel similar al actual. Esto lo dice usted hoy y lo dijeron también después de esa reunión del día 21 y, en el caso concreto de la Xunta de Galicia, también lo dijo la conselleira
del ramo. La cuestión, señor ministro, es si cree que decir que el resultado de la distribución y aplicación de la PAC en el Estado español en esta ocasión está a un nivel similar al actual, es decir, al que finaliza, es realmente una cuestión
positiva, porque lo dice como si realmente lo fuera. Digo esto porque es la primera vez que el Gobierno del Estado tenía la facultad de poder hacer una distribución de los fondos de la PAC más equitativa, más equilibrada con la realidad social y
económica del mundo agrario de todo el Estado español, y de manera particular más favorecedora para Galicia. No solo tenían ustedes capacidad para establecer los criterios en relación con las hectáreas sino también con la figura del agricultor
activo o con los niveles de topes de las ayudas a percibir por cada explotación o agricultor. Usted no ha hecho absolutamente nada para ir en la dirección que le reclamaban las organizaciones de productores y -no solo quiero ceñirme a lo que le
reclamábamos en esta Comisión- grupos políticos como el Bloque Nacionalista Galego: una distribución de fondos que tuviera en cuenta la realidad del sector, que se primara las ayudas a aquellos que realmente están viviendo de la agricultura y que
no se siguiera subvencionando no a explotaciones, porque no lo son, sino a muchas hectáreas que o bien no tienen la

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suficiente explotación agraria o su cuantía no alcanza el número total por el que reciben ayudas. No hicieron absolutamente nada de esto. Usted dice aquí que en esa ocasión hicieron algo muy importante, considerar la figura de agricultor
activo, y nos señala que la consideración de agricultor activo para recibir ayudas de esta PAC es tener de ingresos el 20% de la actividad agraria. ¿A usted le parece que esto es justo para un sector -antes lo decía el compañero de Valencia y ahora
lo digo yo desde de Galicia- cuyas explotaciones agrarias son pequeñas? Realmente habría que primar a aquellas explotaciones que tienen un número de personas que viven de la agricultura, como reclaman las organizaciones de productores, con un 50%.
No, ustedes lo hacen en ese 20% que usted comenta, para no recogerlo del 20% en aquellos casos que ingresan el 80% fuera del sector agrario.


Señor ministro, ha hecho usted un trabajo total y absolutamente decepcionante para los agricultores y agricultoras del Estado español. No solo se manifestaron en contra los sectores agrarios de Galicia, sino prácticamente todas las
organizaciones de productores del Estado. No importa que hayan llegado a acuerdos en la conferencia sectorial. Lo que importa es que quien tenía que defender los intereses de esos agricultores no lo hizo; por tanto, se llega a unos acuerdos con
la disconformidad de los afectados. En el caso de las hectáreas ustedes también pudieron hacer, porque tenían facultad para hacerlo, una distribución más equitativa, más progresiva, por ejemplo, o primando cuando menos en mayor cuantía las 30
hectáreas primeras para que las pequeñas explotaciones que hasta ahora quedaban fuera de las ayudas pudieran incorporarse a las mismas. De igual modo, podían ustedes topar las ayudas en unas cuantías mucho más adecuadas, para que agricultores, como
decía antes, o explotaciones de menor cuantía excluidas de las ayudas de la PAC pudieran acceder a ellas, sobre todo teniendo en cuenta que le hablo de un sector agrario, como sucede en Galicia -que es minifundista, como también acaba de comentar el
compañero de Valencia-, en el que la gente que trabaja en ellas vive prácticamente de la agricultura.


Otra de las cuestiones que ustedes, y concretamente la conselleira del ramo en Galicia, valoraron como positiva fue el pequeño incremento de las ayudas para el sector lácteo. Usted sabe que dicho sector necesita muchas más ayudas que las
que ustedes han aumentado, porque, por un lado, es un sector que está sometido a la oscilación de los precios y difícilmente cubre gastos y, por otro, ni ustedes ni la Unión Europea han tomado ninguna medida, en relación con la PAC, para regular el
mercado y, por tanto, evitar que no solo el sector lácteo sino todos los demás estén sometidos a la volatilidad de los precios.


Señor ministro, me parece -a nuestro grupo, el BNG, y creo que no es una opinión nuestra exclusivamente sino que se refleja en las manifestaciones de otras organizaciones de productores agrarios- que realmente lo que ustedes han hecho no
corresponde con las reivindicaciones del sector y que, teniendo la oportunidad de equilibrar y de dar respuesta a esas necesidades y a esas reclamaciones, han optado por seguir la línea que venía marcada por la PAC, cuando desde la Unión Europea se
daba, se permitía esa flexibilidad. Por eso, señor ministro, ayer nosotros planteamos una enmienda a la proposición no de ley que presentaba el Grupo Popular, porque entendemos que sería necesario que este Gobierno de alguna manera recuperara el
diálogo con los sectores de la agricultura, no solamente con los responsables políticos, e hiciera una rectificación en algunos aspectos de los acuerdos de este mes de enero.


Señor ministro, paso a la pesca, aunque no para hablar de todo lo que usted nos explicó de las bonanzas de los últimos acuerdos sobre TAC y tasas. Efectivamente, hemos de reconocer que algunas cuestiones son positivas teniendo en cuenta el
drama que existía hasta ahora en todos los sectores de pesquerías. Permítame que en el día de hoy le traslade el gran problema que tiene Galicia, sobre todo el sector pesquero de cerco, en relación con la distribución de las cuotas de la caballa y
del jurel; por una razón, porque ustedes han utilizado unos criterios que, a la vista incluso de los acuerdos alcanzados hoy en Galicia entre el sector y el Gobierno, evidencian que están equivocados en los datos de derechos históricos en los que
ustedes han basado este reparto. Es un criterio que, desde nuestro punto de vista, no es acorde con la realidad y que aboca a la pesca gallega de estas pesquerías a tener que quedarse varadas, porque nada más empezar a pescar se quedarían sin
cuota. Usted sabe que durante casi dos semanas o más estuvieron parados -es verdad que también el tiempo fue el que fue-, pero también es verdad que el sector del cerco estuvo movilizado precisamente por estos desacuerdos.


No sé si sabe -lo digo porque fue un acuerdo de esta mañana entre el sector y la Consellería de Pesca- que la disposición de la consellería es que se verifiquen o repasen esos criterios y esos datos que el sector dice que el ministerio
utilizó de manera errónea; si hay disposición del Gobierno, habría que

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hacer aquellas rectificaciones que fuesen necesarias para que el sector de cerco en Galicia pudiera sentirse realmente, si no satisfecho, por lo menos reconocido en las necesidades que está planteando. Desde luego, nosotros no podemos
entender más que una discriminación enorme del Gobierno, con la connivencia de la Xunta de Galicia, del sector del cerco de Galicia. Deberían ustedes tomar nota de sus reivindicaciones y rectificar los acuerdos alcanzados.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra para fijar posición, por un tiempo máximo de diez minutos, como se ha dicho antes, el señor Agirretxea, en nombre del PNV.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: En diez minutos será un poco complicado resumir cuestiones relativas tanto a agricultura como a la pesca; la verdad es que me interesan las dos. Intentaré ser breve. El grueso de mi intervención podríamos
plantearla incluso en la que ayer mismo tuve en el hemiciclo por una proposición no de ley que presentó el Grupo Popular, porque al fin y al cabo la posición fijada de mi grupo es esa misma. Entendemos -yo creo que hay que ser sincero y claro- que
hay cuestiones que nos gustan, hay cuestiones que han ido bien y otras que no tanto. Por ello, radicalidades las justas; es decir, ni blanco ni negro. Hay cuestiones que creemos que usted, señor ministro, ha negociado bien. Consideramos que el
mayor problema no es precisamente lo que se ha negociado en Europa, sino después cómo se ha negociado en el Estado español lo que se ha conseguido en Europa. Usted sabe perfectamente de lo que le estoy hablando y las diferencias y las discrepancias
que no solo mi grupo sino el Gobierno de mi país ha tenido con usted en las relaciones que ha mantenido, y además como representamos al mismo grupo político no va a haber ninguna diferencia entre mi discurso y el que ha podido tener mi consejera
Arantza Tapia en la conferencia sectorial, por ejemplo. Por lo tanto, creo que todos tenemos las cosas claras.


La primera cuestión básica es aquella referida a qué entendemos por competencia transferida, qué entendemos por ser competente en la materia y qué entendemos por quién es el que debe de ejercer las materias agrarias en el Estado español.
Usted me lo dijo hace no sé si cuatro meses y fue muy sincero y muy claro. Dijo: Evidentemente respetaré al máximo las competencias de las comunidades autónomas, pero no dejaré de ejercer ni un milímetro de todo aquello que yo considere que puede
ser competencia del Estado. Ahí tenemos una gran contradicción porque usted sabe perfectamente que nosotros consideramos incluso que la gestión de los fondos del primer pilar puede ser materia autonómica, independientemente de los planes del
desarrollo rural en donde sabe que tenemos una gran discrepancia. Por tanto, vamos a centrarnos. En las conferencias sectoriales cuando usted explicó cuál había sido la negociación de la PAC y los resultados obtenidos llegó a ciertos acuerdos con
algunas comunidades autónomas, incluida la mía y con otras no tanto. Hay siete elementos fundamentales de esta aplicación. En primer lugar, en el reparto de fondos podemos tener alguna clara discrepancia. Consideramos que al final habría que
aplicar la media porcentual del peso Feader de cada comunidad autónoma en los dos anteriores repartos y a estas cifras aplicar a su vez una horquilla mínima-máxima del 90%-110%; ese era el planteamiento que le hacía mi Gobierno, por ejemplo. En
segundo lugar, en cuanto al concepto de agricultor activo, del que tanto se está hablando, hay cuestiones en las que estamos de acuerdo en cómo ha aplicado ese criterio; no en todas pero en algunas sí, en la mayoría sí. En tercer lugar, en cuanto
al concepto de la actividad agraria el posicionamiento del Gobierno coincide mayormente con el de mi grupo, tan solo puede variar en la carga ganadera que una de las comunidades propuso, porque nosotros consideramos que debería subirse un poquito
más, pero no es lo más significativo. Ahora bien, en el cuarto elemento referido al modelo de regionalización comprenderá que choquemos. Nosotros consideramos inadmisible que perdure en el año 2019 un modelo basado en derechos históricos,
calculado sobre la media de las ayudas recibidas durante el periodo 2000-2002. Creemos que se debería de haber partido de un modelo de regionalización productiva, a nivel de Euskadi en este caso, discriminándose dos regiones: por un lado, las
comarcas cantábricas -es un elemento natural- y, por otro, aquellas comarcas con vocación prioritaria de cultivos extensivos. Además creo que es el momento de apostar por la convergencia real de las ayudas en 2019; es decir, que el diferente valor
de los derechos de cada uno de los agricultores y la agricultura extensiva vayan hacia un valor medio efectivo y real en cada una de esas zonas diferenciadas. La inclusión de la patata, por ejemplo, como cultivo de regadío es una de las pocas
herramientas que tenemos de la defensa del cultivo de la patata en Álava en estos momentos. Como quinto elemento están las ayudas acopladas, en algunas de cuyas cuestiones estamos de acuerdo, aunque en otras no tanto. Pero hay un elemento
fundamental, que es el famoso programa nacional, en el que usted va a encontrar una posición frontal con mi grupo y con mi comunidad. La decisión de incluir en un programa nacional medidas comunes de interés

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general supone un ataque directo a la plena capacidad competencial de las comunidades autónomas, que no necesitan de ninguna tutorización de su ministerio. Las activaciones de ámbito supraautonómico son perfectamente ejecutables, como usted
sabe, desde programas regionales, simplemente incluyendo los PDR de aquellas comunidades autónomas a las que afecte una determinada actuación supraautonómica, las medidas adecuadas que se adapten a la adecuación. Y por último tenemos el marco
nacional, pero dada la diversidad estructural y competitividad del agro estatal sería prácticamente imposible fijar estos elementos sin que se derivasen perjuicios para determinadas explotaciones en los ámbitos de aplicación de las medidas.


Muy rápida y sucintamente le he expuesto mi posición, que conoce además perfectamente. Sabe que el deseo negociador en nombre de mi grupo, aunque yo puedo hablarle también del Gobierno vasco, en estos momentos está abierto. Estamos
abiertos a la negociación con usted para corregir estas cuestiones que son corregibles y que usted sabe que son de buena intención, que no pretenden otra cosa más que defender el sector, que en caso de Euskadi es muy específico, muy concreto, muy
complejo en un territorio muy pequeño y con una gran diversidad, tanto orográfica como sectorial.


Para finalizar, porque creo que no me queda mucho tiempo, en cuanto a la pesca en general los acuerdos que se han alcanzado son buenos en algunas cuestiones. Aunque probablemente me dirá que es una diferenciación de especies, sabe que ha
descendido la cuota, por ejemplo, de chicharro en las zonas VIII,c y VIII,d, que son las que nos corresponden, mientras que en la IX, que es la correspondiente al sur de Galicia hasta Portugal, no ha descendido. Creo que hay una cuestión clara a
nivel pesquero: siempre se puede conseguir más en Europa, siempre se puede negociar más. Ya sé que usted no es un mal negociador -lo sé-, pero tiene que saber que no ser un mal negociador en Europa también supone rendir cuentas después respecto a
los diferentes intereses que pueda haber en el Estado español. En este caso difiero de mi compañera Fernández Davila en cuanto al reparto del jurel, el chicharro y el verdel, porque creo que los criterios establecidos son los que se habían
establecido antes, ya que esa es una regla de juego que a veces beneficia y otras veces no beneficia, o perjudica. Respecto al tema del cerco, cuando sea el reparto para el de la sardina igual otros no quedaremos tan contentos. Por tanto, el
ministerio debe velar para que se respeten los acuerdos adoptados entre las comunidades autónomas en cuanto al reparto porque, si no, va a ser muy complicado. Hay que defender el reparto comunitario, es decir, que las comunidades autónomas también
tengan su capacidad de repartir internamente. Se ha producido un gran avance en el reparto del verdel y del chicharro, y esperemos que incluso en el del bonito o en el de la anchoa se pueda producir algo parecido, porque eso significa que las
comunidades autónomas también tienen capacidad de repartirse internamente -con criterios de barcos, con criterios históricos, etcétera- sus cuotas. Por último, solamente quiero pedirle que, independientemente de que se respeten los acuerdos
adoptados, se siga negociando para que las cuotas sean cada vez mayores, así como que se sigan negociando otra serie de cuestiones que durante esta temporada de pesca que se abre ahora se han ido retrasando -entiendo que debido a los famosos
temporales que hemos tenido y que nos han perjudicado muchísimo en este inicio de año-, de modo que cuando llegue la costera de la anchoa y más tarde la del bonito, etcétera, sigamos hablando. Sepa que siempre hay que seguir negociando, porque
siempre hay cosas que se tienen que pelear. Con nosotros tendrá la mano tendida pero también una vigilancia intensa para que cumpla lo acordado.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias por su comparecencia, señor ministro. El día que nos pase la información a la vez -no digo ya antes- que a las organizaciones agrarias será el sumun. No es cosa únicamente suya, sucede a
veces y habla un poco de cómo el Grupo Popular toma en cuenta el parlamentarismo. A veces uno tiene que reunirse con las organizaciones agrarias y mendigar información. Al menos deberíamos tener el derecho a obtenerla a la vez, no ya antes.


Ayer tuve una intervención en la que explicaba al señor Llorens algunas de las cosas que nos hubiese gustado saber. Las voy a repetir muy brevemente y muy rápido. Tenían que ver con explicaciones de por qué esta PAC tiene menos presupuesto
que la anterior; por qué se ha favorecido a los agricultores y a los ganaderos de sofá; por qué se establece un suelo y no un techo; por qué se priman a veces equilibrios administrativos territoriales y sectoriales de la PAC, frente a la realidad
de algunas explotaciones; por qué se diseña a veces -o uno tiene esa sensación- la PAC a espaldas del sector; a qué se debe el titubeo del ministro a la hora de establecer un presupuesto suficiente a las ayudas acopladas; por qué no se ha

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apostado por el pago a las primeras hectáreas de una explotación; qué pasa con la ganadería; por qué no se apoyan los cultivos proteicos; cuáles han sido los criterios -esto me interesaba especialmente- a la hora de repartir entre las
comunidades autónomas, porque tenemos serias dudas.


Voy a dedicarme ahora en el resto de la intervención a hacer tres partes rápidas. Una tiene que ver con la pesca. Estoy de acuerdo con que realmente hay cosas que están bien, que hay otras con las que podemos ser un poquito más críticos,
pero me voy a centrar en los acuerdos internacionales. Uno tiene la sensación de que muchas veces se quedan en papel mojado. ¿Se va a garantizar que estos acuerdos se cumplan? ¿Cómo? A veces uno tiene la sensación de que estamos erigiendo
monumentos al derecho internacional público y a la diplomacia con terceros, mientras existe una inspección que es tan laxa que esos acuerdos se quedan literalmente en papel mojado. ¿Hay un calendario de reuniones pactadas desde ya entre
interlocutores válidos designados para que se verifique el correcto seguimiento del acuerdo, flujo de información, toma de medidas preventivas y correctoras? ¿Cuáles son los mecanismos específicos que alternativamente se han contemplado? Eso en
cuanto a la pesca es algo que nos gustaría saber.


Se ha procedido a repartir los fondos en la conferencia sectorial. ¿Se han perdido fondos por falta de atención, señor ministro? ¿Cómo se van a evitar incidencias, problemas y prisas de última hora para aprovechar todos los fondos,
especialmente en aquellas administraciones regionales que han demostrado mayores dificultades para gestionarlos? Han creado la definición exacta y concretamente de agricultor activo y . ¿De qué manera se espera que eso afecte por cultivos,
ganaderías, tamaño y tipo de explotaciones en España? ¿Se han estudiado escenarios de impacto, o se ha hecho mediante transacciones puramente partidistas o con las organizaciones agrarias? ¿Qué han concluido los grupos de alto nivel en cuanto a
desarrollo rural, referencias de pago, comarcalización? ¿Por dónde van los tiros, señor ministro? Ídem en cuanto a los reglamentos de la Comisión. ¿Tendremos que seguir mendigando -ya he comenzado así- la información, para no ir a rebufo de
informaciones de las organizaciones agrarias? ¿Habría alguna forma de que facilitemos ese trasvase de información para el futuro? ¿Qué progresos significativos se han hecho para reducir la brutal cantidad de papeleo, de burocracia, que tienen que
llevar a cabo los agricultores con todo lo que tiene que ver con la PAC? A veces parece que tienen que estudiar un máster en redactar y en rellenar documentos. ¿Vamos hacer algo para facilitarles el trabajo? ¿Se siente confortable el ministro en
cómo quedan configuradas las organizaciones e interprofesionales? ¿Cómo va a legislar este tema en el caso de España? ¿Se mezclarán cooperativas con interprofesionales? ¿Las interprofesionales gozarán de extensión de norma? Este tipo de cosas
nos preocupaban, pero quisiera hacer un alto y referirme a algo a lo que últimamente dedicamos poco aquí. Ayer se lo decía al señor Llorens en cuanto a la propuesta -ya digo que nosotros fuimos muy críticos en el recibimiento de esa propuesta- y el
concepto que había de entender una relación con Europa, sobre todo de un país como España que creemos que es una gran potencia y que debería comunicarse con la Unión Europea de una manera más proactiva, porque puede tener un papel mucho más
fundamental y de guía en muchas de las cosas de las que hablamos hoy.


En ese sentido, hablando de futuro, me gustaría comentarle cuatro o cinco cosas. Primero, hablando de ciencia, tecnología e innovación, ¿qué proyecto llevamos en Europa, señor ministro? ¿Que visión? ¿Qué estrategia concertada con Economía
y Competitividad para lanzar nuestra biotecnología, nuestra agricultura ecológica, nuestra innovación en prácticas, la presentación de varietales y clones autóctonos, que con tanta reconversión de cultivos se están perdiendo? ¿Qué capacidad de
mejoras e innovación real extendida en genética, agroquímica, tratamientos, profilaxis, técnicas de regadío, conservación, procesado...? ¿Hacia dónde cree usted que vamos? ¿Qué cree usted que podemos aportar a este sector en el que somos tan
importantes en cuanto a la Unión Europea?


Hablando de internacionalización y competitividad, señor ministro, ¿vamos a seguir siempre a rebufo de Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y por supuesto Estados Unidos, o vamos a rentabilizar el horizonte 2020 de veras, de una forma
decidida? ¿Qué medidas van a acompañar a las leyes recientes sobre cadena alimentaria y proyectos supraautonómicos en otras áreas que son claramente deficientes? ¿Hay planes claros de crear espacios en el exterior para la internacionalización de
las empresas? No estamos hablando de exportación ahora, hablamos de crear mecanismos que sean sólidos y duraderos de eficacia contrastada para el establecimiento de nuestras empresas; estamos hablando de logística, de comercial en el exterior.


Financiación. ¿Se piensa hablar con el ICO y con Hacienda para que haya fondos específicos para todo lo que tiene que ver con lo agroquímico, con lo agrario, lo pesquero y lo agroalimentario? También es un tema importante, todos estos
temas lo son. Hemos hablado ya en esta Comisión y en Pleno a menudo sobre cómo este es un sector que realmente está ayudando a que la pobre economía de este país tenga

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una lucecita, y realmente quisiéramos saber qué es lo que está haciendo el Gobierno para facilitar el trabajo. Ha habido un montón de viajes a Israel de altos funcionarios de departamentos ministeriales pero también de Gobiernos regionales
y quisiéramos saber si han servido de veras para averiguar cómo atraer fondos de inversión extranjeros. ¿Esto a usted le preocupa también? ¿Cree que es un tema importante, o no? ¿Se piensa hablar con los principales actores y potenciales actores
en estos mercados, o todavía seguiremos como si aquí bastara la lonja y el mercadillo? Creemos, desde Unión Progreso y Democracia, que tenemos que dar un salto cualitativo en la forma de relacionarnos con el resto del mundo en cuanto a lo
agroalimentario se refiere.


Hablábamos también -me gustaría poner el acento en ello- de todo lo que tiene que ver con márquetin, con diseño, con marca España. ¿Se tiene pensado tener conversaciones con el ICEX e Industria para obtener estrategias claras, explícitas,
dotadas con recursos y concertadas, con medidas concretas y apoyo presupuestario que trabajan en la mejoría del premium? Todos queremos conseguir ventajas en el exterior y queremos saber concretamente qué es lo que está haciendo al respecto, ¿o
seguiremos como hasta ahora? Al menos eso es -no creo que sea una cuestión de percepciones sino de hechos- lo que vemos. ¿Vamos a seguir claramente a rebufo y muy por detrás de países que realmente lo hacen mucho mejor que nosotros, como Francia e
Italia? ¿Consideramos satisfactorio no tener una buena imagen y que eso nos haga claramente más pobres que nuestros vecinos? Al final se trata de esto. ¿Cuántas reuniones ha tenido usted o cuántas reuniones ha tenido el ministerio con el Alto
Comisionado de la Marca España y con los foros y asociaciones de marcas de lujo y similares? ¿Qué acciones han resultado o no de esas reuniones? ¿Qué espera usted de esto que le estoy comunicando? A veces tenemos la sensación de que nos centramos
-se lo decía ayer al señor Llorens- en qué es lo que podemos obtener de Europa pero no tanto en fortalecer todo esto de lo que le acabo de hablar; no nos centramos realmente en algo de lo que yo me sentiría especialmente mucho más orgulloso, y
además creo que tenemos el potencial y la capacidad para hacerlo. Nos gustaría saber qué es lo que el ministro está haciendo en todo este campo.


El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra en nombre del Grupo de Convergència i Unió, el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Ayer nosotros ya hicimos una valoración a grandes trazos de la PAC como consecuencia de la PNL presentada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Llorens. Por lo tanto, para no ser reiterativos,
nos centraremos en lo que creemos que es importante y en lo que ha generado más dudas, bien porque todo el mundo lo ha entendido mal o porque el ministerio no lo ha explicado bien. En cualquier caso, intentaremos formularle algunas preguntas para
poder obtener respuestas y así hablar todos el mismo idioma. Por eso, ahora no voy a hacer afirmaciones para no correr el riesgo de interpretar o manipular datos, algo de lo que alguna vez se nos ha acusado. Por lo tanto, no vamos a afirmar, vamos
a preguntar para concretar los temas.


Una cosa que me ha sorprendido de su intervención es que, cuando hablábamos de los PDR en cofinanciación, en el anterior periodo usted dijo que la ayuda del Estado era incondicional, sin ningún tipo de prioridad. Si hay una evolución en la
ayuda, que antes era incondicional, pasará a ser entonces condicionada, y esta condicionalidad también viene acompañada de una supuesta rebaja de los fondos destinados a tal efecto. Por lo tanto, estamos diciendo que en el anterior periodo ha
habido un mal uso de los PDR autonómicos, por lo que el Estado de manera condicional actúa sobre ello. Esto nos lleva a una pregunta. Si el Estado actuaba de manera incondicional y ahora actúa de manera condicional es porque se supone que es
competente para poder actuar en los PDR autonómicos. Esto encaja con una intervención que hizo ayer el ministro Montoro en el Senado, el cual dijo textualmente: La decisión del Gobierno es, como sabe, delimitar estrictamente las competencias que
corresponden a las comunidades autónomas. En este caso, el Gobierno central no tiene competencias en materia de desarrollo rural; es estrictamente una competencia autonómica. Ello no es óbice para que, en vez de encaminarnos hacia una renuncia
total, en el nuevo periodo también se entre en la cofinanciación y se destine un porcentaje igual del 30% para todas las comunidades. Por lo tanto, estamos dando un paso para apoyar el desarrollo rural de manera ponderada y equilibrada a lo largo y
ancho del territorio español. Si el señor Montoro -que seguramente tiene conocimiento de todo lo que dice- dice la verdad, podemos plantear que si las comunidades autónomas pierden fondos en PDR autonómicos, será una decisión exclusivamente
unilateral del Gobierno del Estado. Por tanto, independientemente de la formulación o de las priorizaciones de los diferentes planes, aquí hay una decisión unilateral del Gobierno del Estado de rebajar las aportaciones a los PDR del Estado.

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Una pregunta que me parece correcta y espero que su respuesta también lo sea. Cataluña en este reparto de fondos Feader incrementará su parte en el próximo periodo en 34,5 millones de euros llegando a cerca de los 350 actuales. Usted lo ha
dicho en su exposición y supongo que la respuesta es sí. ¿Es verdad, en contra, que este anuncio podría suponer que en el caso de Cataluña el cofinanciamiento se redujera en 140 millones de euros? Le digo esto porque si es verdad -se lo pregunto,
no lo afirmo-, usted en la inauguración de una feria en Lleida dijo -no sé si en la inauguración o a los medios de comunicación- que en el hipotético caso de que Cataluña no estuviera en España, perdería trescientos y pico millones de recursos de la
PAC. La pregunta es: ¿Cataluña sin irse de España perderá en el próximo periodo de PAC cerca de 140 millones de euros? Esto no sería una suposición o una ilusión irreal, sino la constatación de un hecho sobre el que le pregunto a usted con toda
confianza. Otra pregunta. En el caso de que esto fuera verdad, ¿supondría que las comunidades autónomas tendrían que suplementar este diferencial? Si es así, ¿no chocaría esto con el cumplimiento de los objetivos de déficit? En el caso de que
fuera así y la comunidad autónoma no lo pudiera hacer, ¿qué pasaría? ¿Se perderían fondos?


Otra pregunta. Usted ha dicho que se acordó en la conferencia sectorial este tema. Tengo entendido -por eso solo pregunto, no afirmo- que solo se notificó, no que se acordó. Por tanto, si solo se notificó y no se acordó, es señal de que
no se discutió. Quizá me lío en los verbos, pero en cualquier caso creo que se entiende la pregunta, señor ministro. Lo digo porque no es lo mismo y, por tanto, no se puede salir de la conferencia sectorial con la buena noticia de que se
incrementa en 34,5 millones de euros los fondos Feader y después, cuando se ve la redacción final, calcular que se pueden perder 140 millones de euros. Le pregunto, ¿se notificó o se acordó? Los números son números y están sujetos a
interpretación. Todos podemos calcular sobre la base de diferentes puntos o datos de referencia, pero lo que ha ido saliendo en la prensa, lo que se ha ido discutiendo en la conferencia sectorial, la reclamación de diferentes comunidades autónomas
para que se pueda llevar este tema a la conferencia sectorial y su negativa a que así sea nos hace preguntar por qué es esto.


Quiero preguntar también -y no se lo tome a mal- si el Gobierno de España tiene conciencia del peso real de la agricultura y la ganadería en el Estado español, no digo ya en Cataluña. ¿Tiene conciencia de que cualquier decisión que se pueda
tomar en otros ministerios, aparte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, afecta de manera transversal a la agricultura y a la ganadería, a un sector productivo estratégico que sirve para proveer y dar trabajo a mucha gente?
A veces se está legislando en esta Cámara de manera estanca sin tener en cuenta el impacto de las diferentes medidas o leyes que afectan a otros ministerios. Si es así, quizá tendremos que solicitar desde la Comisión de Agricultura que venga a
comparecer el ministro Montoro o el ministro Soria en relación con el tema eléctrico. Me centro en esto porque la valoración ya la hicimos ayer. Ante la exposición del señor Llorens de una PAC más segura, reformada y mejorada que la anterior,
nosotros decimos, aceptando que ha habido evolución en el tema, que era una PAC inmovilista, recentralizadora y más compleja en diferentes términos, pero también en cómo se ha hecho la regionalización. No vamos a entrar más en ello porque el
posicionamiento está bastante claro.


Tengo que hacerle otra pregunta -ya se la he expuesto antes de empezar la comparecencia- porque tengo obligación como diputado por Lleida de referirme a dos temas de actualidad. Hoy mismo se han hecho efectivos diferentes cierres o
paralización de plantas de purín en Ponent. Prácticamente el 80% de las plantas están paradas por la afectación de la ley de la reforma eléctrica. Sabemos que desde Agricultura se entiende y se hacen cómplices de esta situación, pero me gustaría
oírle decir al ministro si va a actuar activamente para dar solución a este problema que, ya le digo, ha salido hoy y afecta...


El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Solsona, los temas que plantea no están en el orden del día hoy. Por otro lado, el acuerdo al que usted hace referencia todavía no ha entrado en vigor.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Si el ministro...


El señor PRESIDENTE: Ya lo ha dicho, pero no está en el orden del día de hoy.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Igual que no estaba en el orden del día de hoy una consideración que ha hecho el señor Baldoví aprovechando la comparecencia del ministro. Si al ministro no le molesta que pregunte, aprovecharé para hacerlo. Ya lo
he hecho. La otra parte de la pregunta era si era verdad el compromiso que tiene el ministro para solucionar el tema de la tarifa eléctrica para las comunidades de regantes -es también un tema de actualidad-, que están bastante preocupados por el
futuro y la aplicación de estas normas del sector eléctrico.

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Espero, señor ministro, que pueda darme respuesta a estas preguntas, porque he tenido que oír estas últimas semanas que a veces los números se pueden manipular o malinterpretar, y quién mejor que usted para decir si lo que yo digo es verdad
o no y dar respuesta para que podamos hablar todos el mismo lenguaje de cara al sector y de cara al territorio.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rumí. Le recuerdo que el turno es de quince minutos y ustedes se reparten el tiempo entre usted, supongo, y el señor Sicilia. Son quince minutos, como ustedes quieran.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para los temas de pesca. El señor ministro presume mucho de venir a esta Cámara con frecuencia, es cierto, pero viene siempre para temas que están sobrepasados
y no para temas de actualidad. Por tanto, señor ministro, tengo que decirle que viene mucho pero siempre con retraso.


Sobre el acuerdo con Marruecos tengo que decirle que le ha faltado gallardía. No vino a esta Cámara cuando tenía que hacerlo, cuando era necesario. Viene ahora cuando, valga la expresión, está todo el pescado vendido. Solicitamos su
comparecencia cuando las negociaciones con el Reino Alauí atravesaban dificultades, sobre todo entre la quinta y la sexta y definitiva ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos, a mediados del año pasado, que es cuando se
concentraron los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un buen acuerdo. Tenía que haber venido al Parlamento entonces. Le hubiera venido hasta bien, porque estoy convencida de que hubiera ido a negociar con el apoyo de una amplia mayoría
parlamentaria. En todo caso, nos alegramos de que desde diciembre se haya puesto fin a dos años de encuentros y desencuentros sobre este tema y que ahora se abran cuatro años en que se podrá faenar de nuevo en los caladeros marroquíes. Con ello se
ha resuelto un contencioso que llevaba demasiado tiempo abierto que permite volver a este caladero tradicional para el sector español y especialmente para las flotas andaluza y canaria. Estamos hablando de más de 100 embarcaciones españolas, 40 de
las cuales son andaluzas, de más de 800 tripulantes españoles e incontables empleos indirectos que estaban pendientes de esta renovación.


En cuanto al acuerdo para repartir las posibilidades de pesca de la flota comunitaria 2014, nos alegramos desde el Grupo Socialista del incremento general o del mantenimiento en relación con el año anterior de las cuotas que corresponden a
la flota española. No voy a entrar en las cifras, ya nos ha dado usted la letanía de todas ellas. Lo que sí le tengo que decir es que voy a ser crítica con la posición de su Gobierno. ¿Sabe por qué? Porque no nos gustan los fuegos artificiales a
los que usted es tan aficionado. No me diga que el resultado ha sido fruto exclusivamente de la acción de su ministerio en la negociación europea. La mejora en las cuotas -y usted lo sabe mejor que yo- es generalizada para todos los países y se
debe en gran medida a una posición que usted no comparte. La contención de las cuotas en años precedentes es lo que ha permitido acabar con la sobreexplotación de los caladeros, por tanto ha permitido la recuperación de las especies y permite ahora
-ahora que es usted el ministro- un reparto más generoso entre las distintas flotas. Se lo vuelvo a decir, es necesario creer en la política de defensa del medio ambiente para favorecer el desarrollo económico y eso, señor Arias, es también
herencia recibida. Además, para permitir la constatación científica de esa mejora de los caladeros sigue siendo imprescindible invertir. Se lo he dicho también frecuentemente, pero usted, oídos sordos. Es necesario conocer los caladeros y su
recuperación para poder negociar con más fuerza el reparto de cuotas. Pues bien, ustedes insisten, presupuesto tras presupuesto, en disminuir la inversión pública en este aspecto. El resultado que estamos viendo no es solo obra suya y de su
Gobierno; es fruto del esfuerzo, de los sacrificios realizados por la flota y de la labor de Gobiernos anteriores para conseguir una explotación sostenible de los recursos pesqueros. Puede usted hacer todos los gestos que quiera. Yo suelo no
gesticular tanto, pero cada uno tiene sus costumbres. Dicho esto, también le quiero advertir que su trabajo en este ámbito aún no ha acabado, no sé si es consciente de ello. Tiene ahora que hacer el reparto interno de esas cuotas asignadas a
España entre las distintas flotas en el que esperemos sea usted equilibrado.


Hay un tema en el que no puede tampoco sacar pecho, aunque ya he visto que cuando las cosas van bien el logro es suyo y cuando van mal entonces el error es de otros, ya el sambenito depende a quién se lo adjudica. En el tema del atún rojo
no consiguió convencer usted a la Unión Europea de aumentar la cuota a pesar de contar con el aval científico para ello. Señor Arias, arremánguese para incrementar la cuota de la flota dedicada a la pesquería del atún rojo, especialmente andaluza,
que opera en el estrecho de Gibraltar y en Carboneras. ¿Y mientras? Mientras arbitre medidas alternativas para la flota dedicada a su pesca.

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Otro tema que yo tengo que comentar aquí, porque hemos pedido la comparecencia, sí es de actualidad y, sin embargo, no se ha querido incluir en el orden del día y creo además que es un tema fundamental para el futuro de la pesca en nuestro
país. Es el relativo al acuerdo alcanzado la última semana de enero entre el Consejo y el Parlamento en relación con el nuevo fondo marítimo y de pesca, fondo dotado con 6.396 millones de euros para los próximos años, que además resulta fundamental
para la implementación de las medidas que pondrán en marcha la nueva política pesquera común. ¿Vendrá usted el año que viene a explicárnoslo? Sobre este acuerdo sí que quiero destacar el trabajo de los eurodiputados, de los europarlamentarios
socialistas, que han luchado para incluir enmiendas con temas fundamentales en este ámbito: la financiación, además de para la pesca de la acuicultura, para actividades relacionadas como la de la comercialización y apoyo a la diversificación de la
actividad pesquera favoreciendo la modernización del sector, la incorporación de los jóvenes a la misma o las ayudas para desastres naturales y medioambientales o para el cese temporal y permanente de la actividad. Hay una cuestión vinculada a este
tema que nos preocupa mucho de cara al futuro inmediato, señor Arias, la máxima transparencia a nivel estatal de las ayudas para que no ocurra, como ha ocurrido con la PAC, que se ha hecho un reparto con criterios ideológicos y no objetivos. (El
señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete: ¡Esta es buena!).


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Sicilia.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Señorías, señor ministro, en primer lugar y aunque agote algo de tiempo, pero quisiera decírselo, lo pedimos todos los portavoces en la Mesa, y es que nos hubiese gustado que esta Comisión hubiese tratado por
separado las diferentes peticiones de comparecencia: una para el tema de pesca y otra para el tema de la PAC. No ha sido así, no obstante quiero expresar que nos hubiese gustado y, es más, estoy convencido de que al señor ministro le hubiese
venido incluso mejor el poder explicar con detalle tanto un tema como el otro y no agrupándolos.


Entrando en la cuestión y dado que el tiempo es breve...


El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Sicilia.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor presidente, le agradecería que no interrumpiera mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Señor Sicilia, perdone, esta Presidencia se ve obligada a aclarar que no fueron todos los portavoces, sino que los portavoces del Grupo Parlamentario Popular no estuvieron de acuerdo.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor presidente, yo le agradecería que no entrara en debate conmigo porque lo único que he hecho es expresar el deseo y lo que a este portavoz y a este grupo le hubiese gustado, nada más.


El señor PRESIDENTE: Ha dicho una cosa errónea. (Rumores).


El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor presidente, mi intención no es debatir con usted, sino aprovechar la presencia del señor ministro, que no lo tenemos todos los días aquí. Yo le agradecería, presidente, que me dejara continuar mi
intervención, porque el interés que tiene mi grupo es interpelar al señor ministro y centrar el debate en él. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Siga usted, pero no diciendo cosas falsas.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor presidente, veo que usted quiere protagonizar este debate. No va a caer por mi parte que usted lo consiga.


A lo que iba. Dado que el tiempo que tenemos es breve y que además resulta más breve cada vez que se me interrumpe, entraré en alguna cuestión concreta. Señor ministro, lo que le demandamos desde mi grupo -y hemos echado en falta en toda
la tramitación de los diferentes acuerdos en torno a la PAC, en esta ya última etapa que se ha centrado en nuestro Estado-, es que haya mayor transparencia, que se conocieran los datos, que hubiera mayor información, porque nos encontramos con
afirmaciones totalmente opuestas en función de a quiénes les preguntemos. Hay organizaciones profesionales agrarias que afirman que se van a perder ayudas directas en función de los sectores a los que se les pregunte. Hay otras que dicen que no.
Hay otras que dicen que se puede ganar un poco, otras que dicen que nos

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quedaremos igual. Hay consejeros que afirman que se perderán, consejeros que dicen que quedarán igual, consejeros que dicen que no tienen claro cómo van a quedar las cifras. Señor ministro, ¿por qué hay esta multitud de opiniones en torno
a datos que ustedes entiendo que conocen y por qué no los han aclarado ya para que no haya tales opiniones y haya total claridad a la hora de saber cómo van a quedar las ayudas directas?


Señor ministro, ¿nos puede usted asegurar hoy aquí que ningún agricultor o ganadero de los que ahora mismo están recibiendo ayudas de la PAC van a perder ayudas en el próximo marco que se va a aplicar? Ya no le digo que ganen. Me gustaría
que nos aseverara hoy aquí en sede parlamentaria si los agricultores y ganaderos pueden estar tranquilos porque al menos van a mantener las ayudas que ahora mismo reciben y para eso entiendo, señor ministro, que es básico que dé datos, que los
aclare, que dé la información y para que eso pueda ser así sería también clave, señor ministro, que nos contara cómo va a quedar el mapa en lo que a la regionalización se refiere, es decir ese sistema que se va a poner en marcha y que va a hacer que
se distribuyan las ayudas en función de esas comarcas agrarias o regionalización, cuáles van a ser, señor ministro, porque empezamos hablando de 40 y hoy usted nos dice que serán en torno a 22-24. Señor ministro, ciertamente es así, usted lo sabe,
pero dado que está en su potestad el decidir cuáles y con qué criterios va a hacer esa distribución, explíquenos cómo van a quedar y, más que usted hoy aquí nos lo explique, hágalo público, cuénteselo a las comunidades autónomas, señor ministro,
para una cuestión bien sencilla, para que las comunidades autónomas sepan cuánto dinero van a recibir por el pilar 1, ayudas directas, y que los agricultores sepan en qué región se encuentran y, por tanto, cuántas ayudas van a tener, cuántas ayudas
van a recibir por hectárea o por cabeza de ganado, porque dependerá de la región en la que se encuentren. Por eso es fundamental que sepamos cuántas van a ser, cómo se van a distribuir y qué ayudas va a tener cada una de ellas, para que no tengamos
que escuchar declaraciones como las que se produjeron hace unos días, en las que cuando algunos periodistas le preguntaban al director general de Producciones y Mercados Agrarios del ministerio, señor Cabanas, sobre cálculos concretos, sobre datos
concretos que estaban dando algunas comunidades, este decía: Me extraña que las comunidades sean capaces de sacar datos cuando no los tenemos. Pues, señor ministro, si no los tienen, elabórenlos y, si los tienen, háganlos públicos, que sepamos
cuántas ayudas van a recibir los agricultores. Cuando el agricultor vea en su bolsillo o en su cartilla lo que recibe, usted ya no va a estar, no sé si porque estará en Europa o no. Sencillamente, no va a estar porque van a recibir las ayudas a
partir de la mitad de 2015, señor ministro. Entonces es cuando los agricultores van a saber de verdad si reciben lo mismo o si reciben más o si reciben menos. Señor ministro, ¿hay que esperar hasta el último trimestre de 2015 para saber a cuánto
ascenderán esas ayudas? ¿Usted no nos lo puede contar? ¿No nos puede decir cómo van a quedar?


Otra cuestión, señor ministro, es el de las ayudas acopladas. Usted ha decidido dejarlas en el 12%. Lo podía haber subido al 15%. Explíquennos por qué lo ha dejado en el 12% y explíquenos por qué ha decidido que algunos sectores, algunas
producciones, como la del trigo duro o el olivar de pendiente, no se puedan beneficiar de esas ayudas acopladas. Explíquenoslo, señor ministro, porque volviendo a algunas declaraciones del señor Cabanas, este afirma que el cultivo de olivar en
pendiente es un cultivo que no cumple con los requisitos que se piden, dado que no tiene unas determinadas condiciones. Le pido -y estoy convencido de que lo hará- que se lo aclare a su grupo parlamentario en el Parlamento andaluz, que ha
presentado una proposición no de ley que en su parte expositiva dice que el olivar de pendiente tiene unas características muy distintas al resto, que está sufriendo importantes dificultades para su rentabilidad y que tiene riesgo de abandono, lo
que provocaría unas consecuencias económicas, medioambientales y demográficas incalculables, por lo que ha pedido un apoyo específico para este olivar. Señor ministro, el Partido Popular de Andalucía pide un apoyo específico al olivar de pendiente
y, sin embargo, ustedes se lo niegan. Creo que sería bueno que a su nuevo líder del Partido Popular le pusieran al corriente para que sepa qué tienen que pedir en un sitio y en otro, señor ministro.


En cuanto a desarrollo rural, es difícil de entender que usted viniera de Europa diciendo que había conseguido muchos más fondos en materia de desarrollo rural y que, sin embargo, ahora todas las comunidades pierdan. Usted consigue en
Europa más fondos para la política de desarrollo rural y, bien sea por la distribución que usted hace del Feader o por la distribución que usted hace de los fondos propios de su ministerio, el resultante final es que, trayendo usted más dinero de
Europa, las comunidades no se van a beneficiar del mismo, porque todas tienen menos dinero para desarrollo, todas, señor ministro. La única comunidad que pierde fondos en Feader es la Comunidad Autónoma de Andalucía. La excusa que da es que antes
recibía más. Una gran argumentación, señor ministro. Como antes recibía mucho,

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ahora, en este nuevo reparto, va a recibir menos, y a eso usted lo llama criterio objetivo, pero cuando usted tiene que justificar por qué las comunidades autónomas, más allá de la andaluza, también pierden porque les quita fondos de la
participación del Estado, la argumentación es que antes el Estado participaba mucho y ahora tiene que participar menos. Sea como fuere, usted echa la vista atrás, pero la realidad es que va a destinar 2.000 millones menos de su ministerio en
políticas de desarrollo.


Termino, presidente, le pido su benevolencia con un minuto más simplemente.


La realidad, como le digo, señor ministro, es que al final va a haber menos fondos para desarrollo rural. Sumando lo que usted distribuye del Feader y lo que va a dar para cofinanciar, el resultante es menos dinero. Es más, al destinar
usted menos dinero del aporte que hace el Estado, les está pidiendo un sobreesfuerzo a las comunidades autónomas, señor ministro; sobreesfuerzo que usted sabe que en muchos casos no van a poder hacer porque su compañero del Consejo de Ministros
señor Montoro lo tiene más que limitado.


Para terminar y cumplir así con el tiempo, señor ministro, sé que será recurrente que usted vuelva a hablarnos de la tasa plana. Señor ministro, mi grupo parlamentario y el Gobierno socialista jamás la defendieron. (Rumores.-Un señor
diputado: ¡Hala!). Pero si quiere hablamos de tasa plana y le puedo leer una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, enmienda 28361, con fecha de entrada 5 de marzo del año pasado, en la que se pedía que se garantizara el mismo
tratamiento a todos los sectores productivos y a todos los agricultores y ganaderos, con independencia de dónde se encuentren ubicadas sus explotaciones. Esto es una tasa plana y esto es una enmienda que registró el Grupo Popular en el Senado. Por
tanto, señor ministro, yo sé que usted no defiende la tasa plana, pero mi grupo tampoco.


Aunque no es el tema, nos preocupa mucho lo que está ocurriendo con la planta de tratamiento de purines.


El señor PRESIDENTE: Señor Sicilia, se ha pasado dos minutos.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Termino.


La actualidad, señor ministro, nos pide que, por favor, se manifieste también sobre esta cuestión. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular se ha dividido los tiempos. En primer lugar, tiene la palabra su portavoz el señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Señor ministro, tengo que empezar felicitándole porque después de que todos los grupos parlamentarios han reconocido que las negociaciones de TAC y cuotas fueron buenas -aunque algunos lo han hecho con la boca
pequeña-, yo diría que fueron muy buenas, que fueron históricamente las mejores de los últimos tiempos. Aquí se ha mencionado alguna cuestión que merece la pena puntualizar.


El sector pesquero dijo, entre otras cosas, que esto era fruto de la exhaustiva política de gestión que se aplica en España y yo añado: y gracias también a una buena negociación apoyada en la recuperación de la confianza y de la
credibilidad obtenida precisamente por esos buenos mecanismos de control y la adecuada utilización de los informes científicos. Estamos, señorías, ante un cambio histórico en la forma de gestionar nuestros recursos pesqueros: control y esfuerzo de
la flota frente a mirar para otro lado y practicar la sobrepesca. Señora Rumí, usted dice que la contención de TAC en años anteriores fue la causa de esta exitosa negociación. Lo que ocurrió en años anteriores fue la sobrepesca, el mirar para otro
lado y las sanciones y las multas que impusieron desde la Comisión al Gobierno de España y que ahora estamos pagando entre todos.


Señor ministro, señoras y señores diputados, aquí se ha hablado también de algún tema que, siendo colateral al de las TAC y cuotas, no es menos importante y coincido por ello con que se haya tratado, como ha hecho la portavoz del Grupo BNG,
señora Fernández Davila, hace un momento. Quiero puntualizar algunas de sus afirmaciones y aclararle algunos puntos. Al inicio de esta legislatura, la situación que se encontró este Gobierno, el escenario que había en el caladero del Cantábrico
noroeste se podía resumir en dos puntos: en primer lugar, una regulación sesgada, con repartos de cuotas para especies como la caballa, que beneficiaban a flotas que se acababan de incorporar a esa pesquería y que por lo tanto iban en detrimento de
la flota artesanal -a la que por cierto aquí algunos critican muy bien en la teoría y cuando surgen jornadas, pero después, en la práctica, cuando tienen responsabilidad de Gobierno y cuando legislan, favorecen, como he dicho, a otras flotas y no a
la artesanal-; en segundo lugar, una

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ausencia total de control, como he mencionado hace un momento. Consecuencia de esto son los dos procedimientos sancionadores contra España por la sobrepesca de caballa y la amenaza con otros dos expedientes que, afortunadamente, la buena
gestión de este Gobierno aplazó, como era en el caso de la merluza del Gran Sol, sanción impresionante la que estamos pagando: cerca de 90.000 toneladas de sobrepesca que ahora nos detraen a razón de 10.000 toneladas todos los años. Este es el
verdadero problema y, hoy, a los que generaron ese problema, por acción o por omisión, sinceramente les digo que no están moralmente capacitados para criticar la gestión de este Gobierno en este tema, porque no solamente perjudicaron el presente,
sino que además han hipotecado el futuro de esta pesquería y la credibilidad de este Gobierno, que ahora afortunadamente se está recuperando con esta gestión.


¿Qué hizo el Gobierno para paliar esta situación? Primero, diálogo permanente con el sector, grupos de trabajo en cada uno de los caladeros. En diciembre de 2013 se alcanzó un acuerdo para el reparto de esta cuota -estoy siempre hablando
del Cantábrico noroeste, del jurel y de la caballa- para hacer un reparto por buque para estas dos especies. Les tengo que decir que lo primero que le pidió a este Gobierno el sector pesquero y especialmente de este caladero, el Cantábrico
noroeste, fue que cambiara la regulación que existía anteriormente y que, curiosamente, el anterior Gobierno publicó pasadas las elecciones. ¡Por qué sería! Esta forma de actuar, la que actualmente se está viendo por nuestro Gobierno, podemos
calificarla de transparente y dialogante y contrasta claramente con la opacidad de la anterior. Hoy hay que buscar soluciones. Voy a terminar este bloque diciéndole que es muy difícil defender una posición sin tener en cuenta a los demás
afectados; que un acuerdo es posible, como ya se alcanzó por unanimidad hace menos de un mes en el caladero del golfo de Cádiz para el boquerón; que esta mañana, como decía la señora Fernández Davila, el sector ha decidido volver a faenar. Bien
es verdad que vamos a ver después en qué se concretan algunas de estas cuestiones, pero le pido, señora Fernández Davila, portavoz del BNG, que si quiere beneficiar a Galicia, como yo también lo quiero, o incluso si quiere beneficiarla más de lo que
yo pudiera querer beneficiarla, se lo permito, apoye un reparto y, por tanto, una regulación que esté basada en acuerdos que ya se alcanzaron entre el sector y la Administración en diciembre del año pasado, en ese reparto por buque. Volver a la
pesca olímpica, volver a la falta de acuerdos puede ser muy negativo para todos y cada uno de los sectores pesqueros, y especialmente para el gallego, al que me estoy refiriendo. Es imprescindible siempre alguna renuncia, porque no se puede dar
satisfacción al mismo tiempo a los porcentajes y a las cantidades absolutas.


Termino, para cumplir con el tiempo asignado. Se ha hablado de acuerdos de pesca. Señora Rumí, ¿cómo puede usted hablar de falta de gallardía de este ministro? (La señora Rumí Ibáñez: ¡Claro que puedo!). Claro que puede usted hablar,
puede decir todas las barbaridades que quiera, pero yo le puedo decir que la situación es bien distinta a lo ocurrido con el anterior Gobierno, que llegó a permitir que el acuerdo anterior expirara, que no hubiera prórroga y que no existiera ni tan
siquiera un mandato negociador cuando ya había expirado ese acuerdo y llevábamos un año con la flota amarrada, y ha llegado este Gobierno y lo ha considerado prioritario, y tanto el ministro como el presidente del Gobierno lo primero que han hecho
es desplazarse a Marruecos y conseguir que se abra una nueva negociación y firmar este acuerdo al que se ha referido.


Termino. No es que se haya conseguido un acuerdo de pesca con Marruecos, que ya lo ha dicho el señor ministro y lo han reconocido todas sus señorías, es que en dos años se ha gestionado desde este Gobierno con la Unión Europea y se ha
propiciado que la Unión Europea firmara trece acuerdos de pesca con otros tantos países y que tres más estén en este momento en fase de negociación, además del acuerdo bilateral con Portugal. Por tanto, a pesar de su falta de gallardía, señor
ministro, le felicito en nombre del Grupo Parlamentario Popular y le deseo muchos más éxitos, porque van a ser los éxitos del sector pesquero español.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Quisiera también, en primer lugar, agradecerle su presencia, señor ministro, en esta Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las extensas explicaciones que nos ha dado en materia de aplicación de
la nueva PAC en España para el periodo 2014-2020.


Después de escucharle y de escuchar a los diferentes portavoces, sobre todo al del Partido Socialista, no queda más remedio que intentar clarificar, porque manipulan mucho, y de paso decir cómo valoramos y qué implicación tiene para nuestro
país esta reforma de la PAC y su modelo de aplicación en España. Quiero comenzar diciendo algo que es obvio, al PP le preocupa la agricultura, la alimentación, el medio ambiente, que tiene su ministerio, frente a los Gobiernos anteriores, que no
tuvieron ni ministerio, ni

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política, ni dedicación, ni negociación en la Unión Europea. Esto es así. En la actualidad ustedes pretenden confundir y lo único que hacen es criticar lo que ustedes no hicieron. Resulta lamentable comprobar este discurso y cómo lo
aplican, y que en lugar de colaborar para resolver una situación comprometida se dedican a entorpecer y a manipular. Por tanto, les pediría algo que no hacen: que no monten discursos que den miedo y que de alguna manera amedrantan a agricultores y
ganaderos, y también a regiones, para evitar esos enfrentamientos. Me parece, como decía, irresponsable esta actitud.


Dicho esto, quisiera centrarme en lo importante. Lo importante que quisiera decir y valorar es el positivo acuerdo alcanzado el pasado enero en la Conferencia Sectorial de Agricultura. Este acuerdo viene a resolver las incertidumbres en
cuanto a la aplicación de la PAC en España y despeja el camino para el futuro, ya que va a permitir a todos los sectores agrarios seguir siendo competitivos, disponer de fondos suficientes y tener el mismo nivel de apoyos a la renta que tenían
anteriormente con fondos comunitarios, el pilar número uno. Esto es importante porque tienen garantizado ese futuro. Por tanto, hay que felicitarle, señor ministro, por el diálogo y el acuerdo unánime que tuvieron en la mayor parte de las
cuestiones que se plantearon en esa conferencia sectorial. Quiero decirle al portavoz del Partido Socialista que contrasta esta situación de diálogo y de acuerdo con la llevada anteriormente por el Partido Socialista y por el Gobierno del Partido
Socialista.


Segunda cuestión. Si importante ha sido el acuerdo en la conferencia sectorial para la implantación de la PAC, hay que reconocer que el camino hasta llegar a este acuerdo, a está PAC y a este reparto de fondos comunitarios, ha supuesto un
trabajo muy importante a lo largo de dos años en la negociación en la Unión Europea, trabajo que ha sido serio, que ha sido riguroso y que fue muy valorado por la Comisión Europea. Pero es que además de negociación y trabajo en la Unión Europea,
también ha existido diálogo en España, en nuestro país, y a tres bandas: comunidades autónomas, organizaciones, Gobierno. Esta forma de actuar del ministerio ha sido necesaria para resolver la caótica situación que dejó el anterior. Por lo tanto,
valoramos muy positivamente el intenso trabajo de este Gobierno a lo largo de estos últimos años y que haya sido culminado con éxito en estos acuerdos en la sectorial. El éxito viene como consecuencia de tener fondos suficientes para la
negociación, 47.000 millones; 35.000 para el primer pilar, 8.000 para el desarrollo rural, algo superior a las cantidades del anterior periodo. Todo esto estaba en el aire. Y si hubo éxito en la negociación de fondos europeos en España, también
hubo éxito en la reforma de la PAC, ya que se consiguió dar la vuelta a lo que había dos años antes, cuando terminó el Gobierno socialista, que era todo resignación y aceptar lo que se nos imponía desde la Unión Europea. Frente a las propuestas
iniciales sobre la reforma de la PAC se consiguieron la práctica totalidad de las reivindicaciones y propuestas que se hicieron desde España. Se consiguió evitar la tasa plana, que hubiese llevado a la agricultura española al caos, tasa plana que
defendió el Partido Socialista en dos documentos: Elementos clave para la configuración de la PAC del futuro Horizonte, 2020.-Madrid, 2 de diciembre de 2009, y otro documento de los socialistas demócratas, Grupo de la Alianza Progresista de Europa,
que decía, entre otras cuestiones, que defendían una tasa plana y en el documento del ministerio también figuraba una tasa plana de 100 euros por hectárea. Y le voy a leer un acuerdo y una nota de prensa de Asaja-Andalucía; fíjese lo que decía:
El documento del Grupo Socialista que se presentó el 4 de marzo en Bruselas en presencia de la ministra de Agricultura, doña Elena Espinosa -Presidencia española- y del nuevo comisario -es decir, que lo presentaron en Presidencia española con el
nuevo comisario y con la ministra- pretende dinamitar el modelo actual de la PAC. Y decía más esa nota de Asaja-Andalucía: Andalucía, con la implantación de este modelo alternativo de PAC, perdería más de 1.000 millones de euros anuales, más del
60% de lo que recibe.


Por lo tanto, el PSOE defendió la tasa plana y reculó cuando se dio cuenta de que la Unió de Pagesos, Asaja y todas las organizaciones se le oponían e incluso se le manifestaron a la ministra el 30 de mayo y el 1 de junio en Mérida y pedían
su dimisión como consecuencia de ese acuerdo, de ese estudio tan malo y de esa propuesta de España. Tasa plana que, como le digo, defendió el PSOE. (El señor Sicilia Alférez, mostrando un documento: Enmienda del PP).


En cuanto al resto de las cuestiones, valoramos positivamente la regionalización y el modelo de aplicación nacional, y que el agricultor activo y la actividad agraria, que también están aprobadas por unanimidad y que Andalucía también
aprobó, vienen a reconocer cuál es la verdadera ayuda, que se va a centrar en los agricultores activos y en la agricultura realmente activa.


También se ha referido usted al reparto de fondos de desarrollo rural. ¿Sabe lo que hicieron ustedes en el año 2006? Le voy a enseñar una nota de algo que hizo el portavoz de Agricultura en el Senado: El PP -Pérez Lapazarán- denuncia que
siete comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista

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se llevan el 76,5% de los fondos de desarrollo rural y las diez restantes solo el 23,5. Señorías, esto no era un reparto, esto era algo que se repartirán ustedes y sus Gobiernos. Y en cuanto al de Andalucía, usted dice que recibe 200
millones menos. Oiga, aquí tengo un documento oficial sobre el grado de ejecución del programa de desarrollo rural de Andalucía y a 31 diciembre del año pasado habían ejecutado, según la estadística oficial, el 52%; según la consejera había
ejecutado el 72%. Es decir, que tenían sin ejecutar entre 400 y 700 millones de euros. ¡Y se quejan ustedes de que se les han retirado 200 millones! Esto también viene como consecuencia de que la Junta de Andalucía no ha aplicado fondos, la
consejera de Agricultura no ha podido hacer ni desarrollar el programa de desarrollo rural y, si no ejecuta y no desarrolla, es lógico que sobre la base de un reparto más equitativo y sobre la base de la no ejecución del programa de desarrollo rural
se produzca esa situación.


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Lapazarán, le ruego que vaya concluyendo.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente, para no generar ninguna tensión, pero creo que ha habido flexibilidad con todos los portavoces. Quiero terminar diciendo que valoro positivamente el acuerdo de la conferencia sectorial
porque va a resolver todos o parte de los problemas que tienen la agricultura y la ganadería españolas, que ha sido un éxito la negociación y que como consecuencia de ese éxito y esos acuerdos que ha habido en la conferencia sectorial se va a poder
mantener la agricultura del futuro; por el contrario, si el Gobierno del Partido Socialista hubiese mantenido la tasa plana, se hubiera generado un problema catastrófico para la agricultura. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Voy a intentar hacer una intervención lo más racional posible, porque es muy complicado integrar en un discurso lógico la pléyade de argumentos que se han
utilizado; pero trataré de responder a la mayoría de las intervenciones en la medida de mis posibilidades.


Permítanme que haga una reflexión inicial. Un tema que destila en las intervenciones de la mayoría de los portavoces es una visión absolutamente catastrofista y pesimista de la realidad del sector agrario español. Yo les recomiendo que se
paseen por el campo español. Yo soy un ministro que no está en el despacho, está siempre en la calle, y les diría que estamos hablando de sectores distintos. Tenemos un sector que es enormemente dinámico, un sector con enormes posibilidades, un
sector que está creando mucho valor añadido, que está incorporando innovación, que está internacionalizado y que está exportando. Los indicadores están ahí. Es verdad que este sector había perdido un 15% de renta agraria en el periodo socialista;
es verdad, lo perdió. Se había incrementado un 30% la renta agraria en el periodo 1996-2004 -las estadísticas no fallan-, pero había bajado un 15% en el periodo 2004-2011. Pero también es cierto que en 2012 subió un 2% y que en 2013 ha subido un
7% -ya ha recuperado un 9%- y en este momento estamos exportando el 25% de nuestra producción. Estamos batiendo récords de exportación año tras año, tenemos una balanza comercial positiva, la industria agroalimentaria está siendo enormemente
dinámica y el sector ha ido resolviendo los problemas sectoriales. Cuando yo llegué había un gran problema en el sector de la leche, no habrán vuelto a oír hablar a los productores de leche de problemas; se resolvió. Había problemas con el precio
del aceite; se van resolviendo. Había problemas en el vino y este año con 50 millones de hectolitros de producción se ha gestionado una cosecha superrécord con normalidad, lo cual quiere decir que el sector empieza a vender, a exportar y es un
sector muy dinámico. Por tanto, estos datos contradicen a aquellos que lanzan mensajes catastrofistas.


Cuando he oído al portavoz socialista me sonrojaba, porque a mí, si algo me parece que no se puede hacer en política, es engañar a los agricultores. El mensaje que el Partido Socialista está propagando en Andalucía de que van a perder ayuda
los productores del olivar es mandar una señal equivocada a gente que invierte en el campo y que establece sus previsiones de inversión. Están diciendo una falsedad absoluta; es una falsedad absoluta porque el olivar no va a perder absolutamente
nada, como no van a perder tampoco otras producciones. (El señor Sicilia Alférez: Ya veremos). En concreto, si esta reforma se ha hecho pensando en algún cultivo ha sido en el olivar andaluz, porque era donde estaba el invento de la tasa plana
que, por cierto, defendió el Grupo Socialista, diga ahora lo que diga. Le voy a dar dos datos al portavoz socialista. Ayer creo que hubo una polémica y, escarbando en los archivos del ministerio, la única aportación intelectual plasmada en un
escrito es un documento que se llama 'Elementos claves para la configuración de la PAC del futuro. Horizonte 2020. Contribución española', que se hizo en diciembre de 2009, cuando se

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abrió el periodo de comunicación de la Comisión Europea y le preguntaron a los Estados miembros cuál era su posición. El documento decía: Este documento pretende ser una aportación española desde la perspectiva del ministerio ante el
futuro de la reforma y constituye la base argumental para el correspondiente debate europeo. Y si van ustedes al documento verán que dice que las ayudas hay que configurarlas y que el primer elemento del nuevo régimen de ayudas sería una ayuda
común de base a la agricultura concebida como una ayuda uniforme por superficie agraria útil de cuantía reducida de 100 euros/hectárea, aplicable por igual a todos los agricultores que ejerzan su actividad sobre dicha superficie. Eso es tasa plana
y eso es coger 100 de los 229 euros de ayuda por hectárea y laminar los cultivos. ¿Qué hubiera pasado en España si hubiéramos ido a la tasa plana? Que entonces sí que habría perdido el olivar. Si hubiéramos ido a una tasa plana de 229
euros/hectárea por ejemplo, el olivar tendría una pérdida del 54%, el tabaco en Extremadura del 95%, el algodón en Sevilla, Córdoba y Cádiz del 86%, la remolacha en Andalucía y Castilla y León del 80%, el arroz del 79% y el tomate para industria del
87%. Esas serían las consecuencias de la frivolidad. (El señor Sicilia Alférez muestra un documento.-El señor Serrano Calurano: Ese documento no es). No enseñe esos papeles, porque yo le enseño los que hay en el ministerio. (El señor Sicilia
Alférez: Enmienda del Partido Popular en el Senado).


El señor PRESIDENTE: Señor Sicilia, usted no tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Y luego, después de este papel, vino la nada, porque le voy a decir las declaraciones que hizo el director general de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Comisión Europea, José Manuel Silva Rodríguez, que dijo que en todo el tiempo desde que se terminó la comunicación y se hizo la propuesta definitiva de reforma -es decir, cuando la propuesta de reforma ya estaba encima de la mesa- no había recibido
ninguna aportación de España para modificar lo que se decía en la propuesta. Eso es lo que dijo el director general de Agricultura de la Unión Europea, no lo ha dicho el Partido Popular. Ustedes no habían hecho nada en la Unión Europea por
modificar este tema ni se habían dado cuenta de que había 18 millones de hectáreas más. No se habían enterado ni había un documento en el ministerio, lo cual es imperdonable, porque habrían laminado la agricultura española. En cuanto al olivar, lo
primero que hice yo fue traer al comisario Ciolos, subirle en un helicóptero y enseñarle lo que era el olivar andaluz. Le dije: Comisario, no se puede aplicar la tasa plana aquí porque mandas a la miseria a todos estos pueblos, que viven del
olivar. Por eso, me causa una pena horrible que el Partido Socialista quiera hacer política engañando a la gente y diciéndole que van a perder ayudas directas cuando saben que no es así. Este modelo de las regiones se ha configurado de acuerdo con
el Partido Socialista y con el consejero Luis Planas, de la mano de la consejería de la Junta de Andalucía, del consejero anterior, y hemos ido a un sistema de varias regiones para precisamente los cultivos permanentes, y hemos introducido una
región de cultivos permanentes para solucionar los problemas del olivar. Por tanto, causa sonrojo que se quiera hacer política, señor portavoz, engañando a la gente (El señor Sicilia Alférez hace gestos negativos), porque la consejera no puede
decir lo mismo dado que en su equipo conocen perfectamente las cifras.


Ustedes, el Partido Socialista, han puesto en marcha una campaña política, pero, señorías, esas campañas tienen consecuencias. Puede que haya algún incauto que les siga, que siempre los hay, y a ese le hacen ustedes daño, pero les da igual.
Por eso, el ministerio ha puesto en marcha una campaña de información en todas las comunidades autónomas, mandando a los técnicos a explicar de verdad la PAC; por eso en los programas de radio contestan las preguntas de los oyentes para resolver
dudas; por eso estamos informando de la verdad. Si usted quiere saber cuál es la cifra exacta, le diré que la cifra exacta no se va a saber hasta que se presenten las declaraciones de este año. Entonces sabremos la cifra al milímetro. Pero ya
hemos dicho por activa y por pasiva que lo máximo que se va a mover el dinero entre las comunidades es un 0,67% del sobre global. Por tanto, ya hemos dicho que son insignificantes los movimientos y las transferencias, que fue lo que se nos pidió en
conferencia sectorial. Es imposible que, cambiando de un sistema de la PAC basado en mochilas históricas a un sistema que tiene pagos por hectárea y ayudas acopladas, la gente reciba exactamente lo mismo. Nadie va a recibir exactamente lo mismo,
pero vamos a conseguir el objetivo que queríamos, y es que todos los cultivos mantengan sus niveles actuales de apoyo, que nadie pierda. (El señor Sicilia Alférez: Ya lo veremos). Por eso se ha hecho un sistema de pagos acoplados para cuadrar las
cifras cuando las comarcas no eran perfectibles, y si hemos ido a 24 comarcas ha sido porque lo ha pedido el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, que pedía 24, porque había otras comunidades a las que con 10 les valía, pero Andalucía
necesitaba 22 o 24 para diferenciación de organizaciones productivas. Eso es lo que hemos hecho, oír a todo el mundo

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en un proceso tan transparente como nunca ha habido en la PAC, porque yo fijé los objetivos de negociación antes de ir y los pacté, cosa que no ha hecho nadie nunca, y cuando volví los discutí con los consejeros y puse grupos de alto nivel
para aplicar la PAC. Y he escuchado a las organizaciones agrarias, porque soy el primer ministro que ha convocado el Consejo Asesor Agrario, que estaba en las leyes pero no lo convocó nunca nadie; por lo visto, tenían miedo a hablar. Pues bien,
hemos tenido siete reuniones del Consejo Asesor Agrario durante el periodo de reforma de la PAC y hemos incorporado propuestas. Por tanto, el agrario es un sector dinámico, competitivo, que tendrá sus problemas, como todos, como los tiene el sector
pesquero, pero hay que transmitir ilusión porque tiene 47.000 millones de euros. No hay ningún sector de la economía española que vaya a tener en los próximos años un apoyo comunitario de 47.000 millones de euros. Podremos decir que es baladí,
pero no lo tiene el automóvil, no lo tiene el calzado, no lo tiene el turismo, no lo tienen los servicios, no lo tiene nadie. Tenemos garantizados 47.000 millones, tenemos garantizados del dinero comunitario los mismos Fondos de desarrollo rural
que en el periodo anterior y además un programa nacional. Luego trataré de explicarle al portavoz vasco las excelencias que tiene para el Gobierno vasco un programa de esta naturaleza.


Voy a intentar ahora contestar a otras preguntas porque los portavoces han sido muy amables. Al señor Baldoví, primero, le quiero agradecer las frases finales. Hemos tenido una buena relación dentro de una enorme discrepancia, pero siempre
ha dado gusto debatir con su señoría, que defendía sus principios. Lo que yo le quiero decir en esta materia es que nosotros, cuando hemos repartido los fondos estructurales en el caso de Valencia, lo que hemos hecho ha sido intentar corregir de
acuerdo con parámetros objetivos. Si yo no hubiera aplicado el 10% a Andalucía, probablemente hubiera podido corregir más en el caso de Valencia, pero le metí un estabilizador, como luego explicaré. Valencia tenía 176 millones en el periodo pasado
de Feader y hemos incrementado 27,5. Luego, cuando hable al portavoz vasco y explique el funcionamiento, hablaré de lo que pasa con la cofinanciación nacional. En la negociación del Fondo de desarrollo rural hemos intentado corregir lo que se hizo
en el año 2007, porque el problema de desarrollo rural para todas las intervenciones es que no se pueden comparar periodos cuando son heterogéneos y cuando la distribución del periodo anterior es aberrante y no responde a ningún criterio objetivo,
porque entonces no puedes comparar magnitudes homogéneas, son magnitudes heterogéneas. El Gobierno había perdido dinero, había perdido cerca de 1.500 millones de euros en la negociación. Curiosamente se había aumentado el presupuesto en cerca de
5.000, pero perdió 1.500. En esta ocasión se ha bajado el presupuesto pero hemos incrementado 300, hemos negociado de una manera un poco distinta. Pero fíjense ustedes lo que pasó en ese momento: perdiendo mucho dinero respecto al periodo
anterior, a Andalucía le incrementaron 533 millones, pero a Castilla y León le quitaron 661, a Aragón le quitaron 109, a Valencia, 272, a Galicia, 164; es decir, arrasaron a todas las comunidades autónomas sin ningún criterio, porque Castilla-La
Mancha era objetivo uno y lo eran muchas regiones. Por lo tanto, hubo un reparto que fue aberrante y lo sabe todo el mundo. No hay un solo documento en el ministerio que justifique este reparto; lo hemos buscado por todas partes y no existe ese
documento. Yo he dejado trazas para que cuando critiquen mi reparto sepan que he aplicado una fórmula polinómica que ha establecido la Unión Europea y que la hemos corregido con un estabilizador. Aquí teníamos dos opciones: reconstruir todo y en
ese caso tener que quitarle a Andalucía cerca de 450 millones de euros, o bien, para que el tránsito fuera más tranquilo, poner un estabilizador. Eso nos ha impedido dar más fondos del Feader. Por lo tanto, ha habido incremento en casi todas las
comunidades autónomas salvo en Andalucía, pero para intentar corregir una disfunción de un reparto que no resiste un análisis. Yo he estado en la Unión Europea desde el año 1986 y he visto todos los repartos de fondos que se han hecho con los
criterios que se han hecho, y este reparto no los tiene, por eso se produjo la polémica que se produjo en aquel momento.


También debo decir que hay otra diferencia sustancial en el modo de hacer las cosas. Este reparto se hizo en una conferencia sectorial en que se le mandaba a cada uno su cifra, por supuesto nadie conocía la de los demás y no hubo ningún
debate. Nosotros hemos tenido unos grupos técnicos trabajando cuatro meses para definir los criterios objetivos y aplicarlos; hemos tenido en cuenta la utilización de fondos, la corrección de datos de población rural -cuando alguna comunidad
autónoma ponía en entredicho datos de la estadística nacional, los hemos revisado- y hemos puesto un estabilizador del 10% perder-ganar para limitar las pérdidas y ganancias, de tal manera que todo el mundo se viera relativamente mejorado. Por
tanto, lo hemos hecho con transparencia, con diálogo, con grupos técnicos que han trabajado, y discutiendo todos los parámetros. Y luego -para que tengamos todos los datos-, después de una larga negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda
respondiendo a sus inquietudes sobre programas nacionales y competencias, es verdad que el sistema ha cambiado. Además de todo, Andalucía ha dejado

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de ser región de convergencia. Aquí todos queremos jugar a mantener los privilegios de cuando uno era región de convergencia; si pasa uno a ser región en transición, tiene tratamiento diferenciado, le modifican los criterios del PIB y,
cuando el PIB sube, también le varían los parámetros. Es decir, querer hacer la foto fija del mismo porcentaje de reparto que cuando el reparto no tenía ningún criterio, no tiene lógica, pero además han variado todos los demás criterios que
integran la fórmula polinómica.


En segundo lugar, el periodo de programación 2000-2006 era un periodo en el que había programas plurirregionales, marcos nacionales, programas nacionales y autonómicos. Era un programa muy distinto donde el Gobierno de la nación tenía
capacidad de tomar decisiones o de influenciar decisiones para la ordenación general del territorio y orientar la política dentro de la competencia. El Partido Socialista eligió un modelo distinto: renunció a la política agraria nacional y dijo
que todo el desarrollo rural se basara exclusivamente en planes de desarrollo regional autonómicos. Hay gente a la que le parece que este es el modelo, pero yo creo que hay elementos que justifican que haya un plan nacional para hacer las cosas que
no pueden hacer las comunidades autónomas en materia de desarrollo rural, singularmente la integración de cooperativas, porque la experiencia da que cada comunidad autónoma apoya las cooperativas de su territorio pero, si se integran con la
cooperativa de otro territorio, dejan de apoyarla el mismo día. En un mundo global hay que ir a fórmulas globales, nos guste o no nos guste. Y, por ejemplo, las transferencias de tecnología hay hacerlas de forma centralizada para que lleguen
capilarmente a toda España, porque si no cada uno en su territorio se queda su tecnología para sus propios agricultores y de lo que se trata es de que los agricultores incorporen la mayor innovación que haya en cualquier punto de España a sus
procesos productivos para ser todos competitivos. Por lo tanto, hay sentido en los programas de desarrollo rural nacional.


En ese debate se cruza otro tema, y es que el Gobierno de la nación no cofinancia el Feader, sino que cada comunidad autónoma elije las inversiones que hace. Y no cofinancia el Fondo social europeo, porque cada una cofinancia el tema. Lo
venía cofinanciando porque históricamente el Estado participaba en las decisiones que se tomaban en el territorio. A pesar de que hay unos programas de desarrollo regional que no se aplican en el territorio, en una negociación con el Ministerio de
Economía y Hacienda -el señor Solsona ha dicho que yo me paso la vida negociando con otros ministerios; yo soy la voz de la agricultura, del medio ambiente, otros ministerios tienen otras sensibilidades- logramos que se siguiera financiando el 30%.
En conferencia sectorial al principio, cuando empezaban a pedir mucho desarrollo rural, yo dije: ¡Ojo!, que la cofinanciación va a ser del 30% y la vamos a cofinanciar sobre la base de los techos máximos de cofinanciación a los que llegan las
normas comunitarias, tentaos la ropa cuando pedís mucho dinero. Se dijo desde el principio y ni un solo consejero levantó la voz para protestar; ni uno pidió la palabra ese día y se dijo al principio de la reunión. Otra teoría era que si tenemos
dificultades de cofinanciación nacional, que todos las tenemos, a pesar de eso el Gobierno va a seguir financiando el desarrollo rural. Las comunidades autónomas tienen muchas dificultades, pero muchas no financian los seguros, otras reducen los
incendios, otras se cargan demasiadas medidas. Estamos en una situación presupuestaria que hemos heredado de quien tuvo déficits galopantes -nos dejaron un déficit público superior al 10%- y en este momento estamos en un contexto de restricción;
no estamos en el contexto de cuando se hizo el reparto 2007-2013, cuando el Gobierno del Partido Popular había dejado equilibrio presupuestario e impuestos con potencial de recaudación; la situación presupuestaria era muy distinta. Por tanto, la
situación es bien distinta.


El señor Baldoví me planteaba una pregunta que no estoy en condiciones de contestarle en este momento, pero sí de tomar nota de su inquietud. Me pregunta qué va a pasar con todos los problemas de Sueca en el Plan hidrológico. Estamos en
información pública, estamos analizando todas las observaciones que se han hecho. Es el plan más complicado que queda. Es una cuenca que, como sabe usted, es muy compleja porque es estructuralmente deficitaria; por lo tanto, es de las cuencas más
complejas de regular y vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos, ponderando todas las necesidades. Está siendo muy compleja la planificación hidrológica porque las necesidades son muchas, las desaladoras tienen muchos problemas para entrar en
funcionamiento y todavía no hemos sido capaces de resolverlos -tendremos que seguir profundizando-, pero tomo nota de su preocupación en este tema.


Luego me decía que las frutas y hortalizas quedan fuera. No, las que estaban dentro siguen. Además, las frutas y hortalizas van a seguir teniendo un fuerte apoyo de fondos estructurales. Tienen su propio régimen, tienen 235 millones de
pagos directos, tienen 186 millones de programas operativos. Es decir, el sector de frutas y hortalizas tiene un apoyo de 421 millones de euros al año, que es un apoyo potente.

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A continuación, ha manifestado una preocupación que puedo compartir, que es la limitación a 300 euros. Pero aquí entramos en lo que es agricultor activo y lo que no. Es muy difícil pensar que un agricultor que recibe unas ayudas inferiores
a un euro al día, inferiores al precio de una caña al día, sea un agricultor profesional, y ese ha sido un debate complicado, pero es verdad que hay un cierto minifundio. Por eso, en lugar de aplicar los 300 euros desde el principio, se ha puesto
en marcha un periodo transitorio de empezar por 100, 200 y 300 para dar tiempo a que aquellos agricultores que quieran busquen fórmulas asociativas en forma de comunidades de bienes, en forma de arrendamientos o de alguna fórmula jurídica -estamos
examinándolas junto con el Gobierno autonómico- que les permitan no perder. El objetivo no es perder, sino simplificar la tramitación -porque la tramitación de estas ayudas cuesta más que la ayuda- y el número de productores. También habrá visto
que hasta 1.250 les vamos a eximir de condicionalidad, de convergencia y de controles en aras de simplificar la burocracia; algún portavoz nos ha preguntado por la burocracia y cómo podemos simplificar este tema. Eso es lo que vamos a hacer.


Voy a ver si puedo contestar a doña Olaia, que es complicado porque ha hablado de todo muy rápidamente. Voy a ver si soy capaz de hacerlo, porque tengo unas notas infernales. Se ha preocupado por si perjudicaba la PAC al sector ganadero de
Galicia y si esto era negativo o no. Creo que con Galicia se ha sido especialmente sensible y le voy a decir por qué. La política agraria común no tenía en cuenta la realidad del sector ganadero y menos la del sector lácteo. Cuando se diseña un
modelo de pago por hectárea no se tiene en cuenta, por ejemplo, a comunidades que tienen producciones lácteas muy intensivas y poca base territorial, como es el caso de Galicia. ¿Qué hemos hecho? En conferencia sectorial tomamos la decisión de dar
prioridad al sector ganadero. Por ello, todas las primas del sector lácteo y del sector ganadero son las que llevan pagos acoplados más potentes. Como le he dicho en mi intervención, se ha hecho un esfuerzo muy potente en materia de pagos
acoplados para el sector ganadero. Por tanto, ha habido sensibilidad con el sector ganadero gallego y debo decir también que ha habido solidaridad de muchas comunidades autónomas en las que no tenía tanto peso el sector ganadero y que han aceptado
que concentráramos los pagos acoplados en las comunidades del Cantábrico que tenían más problemas o en las comunidades productores de vacuno y por supuesto de ovino. Aquí ha habido un esfuerzo de solidaridad que quiero agradecer a todas las
comunidades, porque han estado a la altura de las circunstancias. En segundo lugar, me ha planteado su insatisfacción por la definición de agricultura activa y los límites a las ayudas. En el reglamento comunitario no existe la posibilidad de
limitar las ayudas a un determinado importe; no se pueden limitar a 100.000 o 150.000. Por encima de 150.000 se puede poner un porcentaje que la conferencia sectorial ha establecido en un 5%; por cierto, solo afecta a 293.000 beneficiarios, que
son los únicos que están por encima de los 150.000 del pago base. El reglamento comunitario nos deja ponerles un porcentaje de reducción -por supuesto, ponderando el empleo en la explotación-, pero no nos permite eliminar las ayudas. La lista
negativa, que comprende los aeropuertos, ferrocarriles, inmobiliarias, depuración de aguas e instalaciones deportivas, no la hemos ampliado porque las comunidades autónomas no quisieron que se ampliara, sobre todo teniendo en cuenta que muchas
administraciones públicas son de las mayores perceptoras de ayudas por parte de la PAC. Cuando se planteó el tema alguna levantó la mano y dijo: Y de lo mío, ¿qué? Por tanto, no se ha ampliado la lista negativa a las administraciones públicas
sobre la base de que hay muchos territorios; la Junta de Andalucía percibió más de un millón de euros de ayuda común en una determinada ocasión y en Extremadura hay otros problemas de municipios que están agrupados con el tabaco. Si decimos que
las entidades públicas no perciben, nos cargamos el 30% o un porcentaje importante de ayudas al tabaco.


Decía también que la distribución de la PAC es injusta. El portavoz socialista pedía en su intervención que le garantice que un agricultor no pierde un euro. Aquí lo que nos han pedido las OPA y las comunidades autónomas es que no
perdieran dinero. Luego cada OPA tiene su historia según el territorio en el que esté instalada, porque así como el consejero representa a la comunidad autónoma, en el caso de las OPA, su discurso no es el mismo en Andalucía que en Galicia o en
Castilla y León. Son mundos separados. Por tanto, cuando se reúne la OPA nacional, la COAG o ASAJA son muy prudentes en sus temas, como luego comentaré cuando entremos en el tema del agricultor activo. El agricultor activo que se quejan diciendo
que hemos avanzado poco. Yo creo que es una revolución, y se lo digo con conocimiento de causa. Hasta ahora, había mecanismos comunitarios que permitían limitar las ayudas al agricultor activo. Nunca se han puesto en marcha ni con gobiernos
populares ni con gobiernos socialistas, entre otras cosas porque las propias organizaciones agrarias escribían para que no se pusiera en marcha. Puedo enseñar las cartas firmadas por las organizaciones agrarias más representativas de este país, al
alimón las tres. Cuando decíamos nosotros que tenía que haber carga ganadera o que tenían que estar inscritos en el REGA,

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nadie quería limitar ayudas. Cuando hemos limitado las ayudas y hemos ido al Consejo Asesor Agrario, la propuesta inicial del Gobierno era del 10%. Nos dijeron que era insuficiente y les preguntamos cuál era el porcentaje razonable.
Algunos decían el 30, otros el 50 y, al final, se pacto entre las comunidades autónomas y las OPA las posiciones intermedias y nos quedamos en el 20%. El 20% afecta a 71.476, con el 50% afectaría a 122.768, que no son agricultores que vayan a
perder las ayudas, son agricultores que en este momento declaran menos del 20% de los ingresos provenientes del mercado. Es decir, son agricultores que o no cultivan nada o que están en la economía subterránea, cosa que es verosímil. El impacto de
esta medida es doble. Va a estimular la producción en el territorio, porque el que no quiere perder las ayudas va a producir, y va a facturar porque este es un tema fiscal, con lo cual esto va a aflorar economía subterránea, se va a verificar un
incremento de la renta agraria, lo vamos a ver, y, además, es cumplible razonablemente. Si vamos por encima del 20%, el problema se produce sobre todo en las explotaciones de cereales de territorios que tienen escasa productividad, porque un año, a
poquito malo que no llueva le coloca en un sistema en el que la ayuda es mucho más importante que la renta. Hay que ser muy prudente porque aquí la boca se llena de porcentajes, pero hay que pensar en el agricultor de una zona desfavorecida que
siembra cereales, que tiene una cosecha, que pierde la mitad y que cuando empieza a ver los números que le pagan por esa cosecha comprueba que es mucho más importante la prima comunitaria que la cosecha. Hay que buscar un equilibrio, y el
equilibrio está muy próximo al 20%. Este es un sistema que ponemos por primera vez. Si hay que ir incrementándolo en el futuro podremos estudiarlo, pero haciendo experimentos con prudencia porque es la primera vez que hacemos esto. Lo mismo que
es la primera vez que pedimos carga ganadera mínima y pedimos que la gente esté inscrita en un registro ganadero, que tenga ganado, que el ganado exista y que no valga tener una superficie de pastos para activar una ayuda, como pasaba hasta ahora.
Hemos dado un paso que unos dirán que es tímido, otros dirán lo que quieran y todo es opinable. Tengo a su disposición los cuadros de los impactos de esta propuesta. Estos datos que les estoy dando de 71.000 afectados son sin computar los que
están por debajo de 1.250, los pequeños, que los hemos declarado exentos de estas cosas. Se lo hemos aplicado a los que están por encima de 1.250, a los beneficiarios que cobran más de 1.250 euros al año. A los de 1.250 los tenemos en un régimen
simplificado en el que no les imponemos este tema, porque las organizaciones agrarias no quisieron meter a los de menos de 1.250. Esta historia es mucho más complicada. El debate ha sido largo y complejo.


Se quejaba de que no ha habido diálogo. Pues mire, hemos tenido más de cien reuniones con el sector en su conjunto para ver la PAC y más de siete con todas las OPA en el Consejo Asesor Agrario a lo largo de este proceso. Hemos tenido
cientos de reuniones con las comunidades autónomas y sus técnicos y hemos hecho un intento muy riguroso y muy serio para buscar el máximo nivel de consenso. Piensen ustedes que cuando en conferencia sectorial votamos, todas las comunidades
autónomas al final estaban de acuerdo, salvo la discordancia del País Vasco, que quería una PAC de carácter autonómico en lugar de una PAC de carácter nacional. Esto tiene el problema de que una vez que se opta por el sistema regional no cabe
diferenciar dentro de la región, es decir, si se opta por el sistema regional hay que ir a tasa plana dentro de la región. Eso que a lo mejor en el País Vasco puede funcionar bien en otras comunidades es letal, con lo cual el tema es mucho más
complejo. Por lo tanto, debo decir que cuando votamos las regiones y el número de regiones el sistema lo aceptaron todos; cuando votamos el tema de agricultor activo, ese sistema lo aceptaron todos; cuando votamos los pagos acoplados todo el
mundo estuvo de acuerdo, salvo Andalucía que quiso meter -luego lo hablaremos en la intervención del señor Sicilia- el olivar dependiente, las uvas pasas, el trigo duro y no recuerdo si también los frutos secos estaban en la petición andaluza, pero
lo miraremos.


Doña Olaia ha hecho una intervención en la que ha hablado del reparto del jurel y caballa en el caladero del Cantábrico noroeste. Este es un tema de enorme complejidad; yo no diré que esto sea fácil ni mucho menos, pero sí debo decir lo
que pasaba. Al inicio de la legislatura, la situación de la gestión del caladero del Cantábrico noroeste, sobre la base de la gestión del Gobierno anterior, era la siguiente. Cuando empieza la legislatura, lo que yo me encuentro los primeros días
que empiezo a hablar con la gente es, primero, descontento generalizado en todas las flotas de bajura -en cerco y artes menores-, incluida la gallega, por los repartos de cuotas, sobre todo caballa y jurel, que entendían que beneficiaban al
arrastre, también en Galicia. En segundo lugar, un sistema de gestión para las flotas de cerco y artes fijos basado en la pesca olímpica, es decir, todos salen a pescar a la vez hasta que se descarga la última tonelada de cuota. Como consecuencia
de ello, todo el mundo empieza a alejarse mucho de sus puertos, a descargar en otras comunidades y privan a las lonjas de sus ingresos. La concentración de

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descarga hundía los precios y además esta pesca olímpica hacía que en el cerco la campaña apenas duró ocho días, porque se comieron la cuota en ocho días. Pesca olímpica, no hay límite, no hay responsabilidad, cada cual no es responsable de
su cuota, el primero cree que es más listo que el de al lado, se empieza a pescar a mansalva y en ocho días se comen la cuota, con lo cual sale uno a pescar con temporal, con mal tiempo, en momento de precios bajos. Esto es un error. Además de
todo eso me encontré con una falta absoluta de control de capturas, especialmente en la caballa porque el modelo era, como se negocia mal en la Unión Europea, se cierran los ojos a las descargas. Y nos cascaron las sanciones que nos cargó la
Comisión. Y no solo eso, es que como no teníamos ninguna credibilidad en Bruselas por la falta de control, cuando íbamos a negociar cuotas decían: ¿para que os las vamos a dar si luego vais a hacer lo que os dé la gana? No tiene ningún sentido
aumentar la cuota. Parece broma, pero era la realidad de la negociación; este país no tenía credibilidad en la negociación comunitaria. Ha costado mucho tiempo recuperarla, muchos sinsabores y mucha inspección inspeccionando. Claro, al sector no
le gusta que le inspeccionen ni que le controlen las descargas ni que vean los libros ni que se analicen las lonjas ni que se sea serio. Aquí todos hablamos de sostenibilidad, menos cuando le toca a mi puerto. Entonces vale todo.


Nosotros creemos que tenemos que ir a una gestión responsable y llegar a acuerdos de reparto lo más próximos al acuerdo que llegue a nivel de barco, y yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo para buscar la racionalidad. Es más, cuando se
negoció todo el mundo estaba de acuerdo; cuando se negocio inicialmente, el 20 de diciembre de 2013, se acordó con la flota de cerco del Cantábrico un reparto de cuota de jurel y caballa por provincias sobre la base de criterios históricos,
socioeconómicos, GT y lineal y los representantes dieron su conformidad a los porcentajes resultantes. Luego esos criterios, los mismos criterios de reparto por provincias, se aplican a cada barco y se le comunica al sector en enero de 2014. ¿Qué
pasa? Que los armadores cuya cuota es inferior a la que tenían en 2013 manifiestan su disconformidad con sus representantes, los autorizan y reaccionan contra la Junta de Galicia alentados por algún partido político. Pero yo creo que es un error
encabezar esta rebelión, se lo digo de corazón, porque lo mejor que le puede pasar a una flota es ir a un reparto por barco que haga responsable a cada uno de su cuota. Eso nos va a permitir negociar más cuotas, porque yo voy a negociar más
caballa, claro que la voy a negociar, y repartiremos más, pero desde la responsabilidad. Y luego, no se pueden enfrentar los territorios por los criterios, aplicando a cada especie el que le conviene. Es decir, si el criterio histórico vale, vale
para todos, no para la merluza sí, pero para la caballa no. Si ha habido unas flotas que han estado pescando durante quince años caballa y otra que no la pescaba y de pronto descubre que la caballa sube de precio y la quiere pescar, dice que hay un
agravio entre territorios. No, vamos a ver, hay unos criterios de reparto. Esto es muy complejo, pero yo le garantizo que el secretario general de Pesca va a hacer un ejercicio de la máxima flexibilidad; si tenemos que no aplicar por barco este
año sino por provincias, podemos estudiarlo, pero creo que nos equivocamos gravemente, porque la pesca olímpica, el medallero de a ver quien pesca más, arruina a los puertos, les lleva a la ruina absoluta. Porque la pesca es responsable, es decir,
yo tengo mi cuota, la gestiono cuando mejor me conviene, cuando el precio sube, y se van controlando los desembarcos para que los precios no se hundan, con racionalidad. Lo estamos haciendo en todos los caladeros y no está habiendo problemas.
Tendrá que hacer un ejercicio de flexibilidad todo el mundo, porque nadie puede ganar siempre, y eso nos permitirá poco a poco ir incrementando las cuotas a todos. Este es un tema muy complicado. Yo voy a intentar siempre negociar al máximo,
aunque debo decirle que es muy complejo, pero nosotros vamos a mantener niveles de inspección importantes.


Señor Cantó, lo primero que le quiero decir sobre el tema de la transparencia en la información es que yo tengo un departamento que está totalmente abierto para informar a todos los diputados, está abierto siempre, y si usted quiere
cualquier información basta que la pida y nosotros se la vamos a dar, porque aquí todo es transparente, no hay nada que ocultar. Ya hemos dicho que en el verano de 2014 tendremos los datos de reparto de la PAC por agricultor, orientativamente,
porque en 2015 todo puede cambiar según las peticiones que hacen los agricultores. Todos los años son distintos en la PAC, nadie percibe la misma cantidad ningún año, porque van cambiando las declaraciones, la gente tiene más cabezas, menos
cabezas, los rebaños pierden, cambia de cultivo... Todo esto va cambiando. Mi departamento está dispuesto a tener la máxima transparencia.


Dice que el presupuesto de los acoplados es insuficiente. Nosotros teníamos me parece que era hasta un 13% para pagos acoplados, más dos de cultivos proteicos, pues bien, lo que hemos hecho es utilizar un 12,6 y dejarnos, para poder
trabajar en caso de que tuviéramos evoluciones en los cultivos negativas, un margen en el futuro de poder tener pagos acoplados para poder trabajar en un cultivo determinado. Si

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hubiéramos ido a tope en este momento y mañana se produce un hundimiento del precio de la leche, no hay margen para incrementar la leche, o si hay un problema en otro cultivo, no hay margen. Nos hemos dejado un pequeño margen para ver hasta
dónde podemos. Hemos agotado los márgenes comunitarios, hemos resuelto el tema de los sectores ganaderos y estamos en condiciones de resolver en esta ocasión los problemas de los sectores que tenían riesgo de abandono, problemas de rentabilidad o
alguna otra cosa. Si ve usted las cifras, el vacuno de leche tiene 93 millones; la vaca no llega a 187; el vacuno de engorde, 40; la remolacha, que tiene problemas, 16; el arroz, 12; el tomate para la industria, 6; los frutos de cáscara, 14;
a los cultivos proteicos les damos 44 millones -casi un 8% del total-, y a las legumbres de calidad un millón. Por tanto, los hemos atendido.


Ya he dicho que si la tasa plana se hubiera aplicado en España hubiera producido un hundimiento absoluto de muchos cultivos que son absolutamente fundamentales. Nosotros, desde el principio, hemos estado contra la tasa plana, hemos buscado
limitar la convergencia al máximo, por eso decimos que el sistema que hemos buscado de regiones hace que se limite la convergencia dentro de los propios estratos de cada una de las regiones, por tanto, es una convergencia más limitada y que va a
producir poco desplazamiento. Cuando me piden que garantice a los agricultores que no van a perder un euro, les tengo que decir que eso no lo puede garantizar nadie; el modelo lo vamos a ver cuando procesemos las declaraciones de este año -se lo
hemos dicho a los consejeros autonómicos-, las comunidades autónomas están haciendo sus simulaciones, pero lo que sí sabemos ahora mismo es que el movimiento máximo por comunidad autónoma global, porque aunque las ayudas son de los agricultores las
comunidades autónomas se empeñan en sumarlas, es de un 0,67 y que al final del periodo, el último año, cuando la convergencia es extrema, el dinero que va a cambiar de unos agricultores a otros no va a llegar a los 150 millones de euros. Hemos
buscado resolver un sudoku imposible, que es con un cambio radical de sistema de la PAC mantener el apoyo a todos los sectores con la misma intensidad. En el caso del agricultor activo hemos ido a ese criterio de prudencia. No se han perdido
fondos europeos en desarrollo rural, se han ganado, por eso tenemos un programa adicional nacional. Hemos cambiado la distribución, es cierto, la cofinanciación nacional la hemos llevado al 30% de los importes máximos y ahora las comunidades
autónomas tienen que ver qué medidas comunitarias aprueban y qué porcentaje de cofinanciación hay que poner porque las medidas no tienen porcentajes uniformes en los programas de desarrollo rural. Hay medidas que tienen unos supuestos de
cofinanciación comunitaria muchos más altos y otras que los tienen mucho más bajos. Cuando hay mucho dinero no importa cofinanciar con mucho dinero nacional pero cuando hay menos se va a las medidas que permitan tener menor cofinanciación nacional.
Aparte, habrá que someter a un al desarrollo rural, porque de eso nadie habla, nadie habla del análisis coste-eficacia de las medidas de desarrollo rural en el periodo anterior, que creo que es lo que tendrían que hacer los gobiernos responsables,
analizar si las cantidades que hemos invertido han tenido un impacto verdadero en el territorio -ese es un debate que tiene mucha importancia- y a qué estamos dedicando el dinero del desarrollo rural. Ese debate no lo quiere abrir nadie, pero habrá
que abrirlo porque es importante.


Me ha preguntado si en los acuerdos internacionales se cumple la inspección. Nosotros tenemos la suerte de tener controlados todos los barcos que faenan en acuerdos internacionales con control de satélite, por lo que conocemos las zonas de
pesca en las que están, conocemos la velocidad de los barcos, si están faenando o no, a qué hora llegan al puerto, por tanto, podemos hacer inspección en la descarga y notificar a las autoridades de los países cuando van a descargar en terceros
puertos para comprobarlo. Además, tenemos una comisión mixta que hace el seguimiento del acuerdo. Debo decir que en el caso del acuerdo con Marruecos tenemos otro mecanismo, un comité mixto de pesca hispano-marroquí que ha permitido unos
encuentros entre pescadores de ambas orillas del Mediterráneo y que sea más fluida la relación con el Gobierno. Eso ha sido muy positivo, lo mismo que lo está siendo en frutas y hortalizas. Esa comisión mixta queremos que se convoque en cuanto
entre en vigor el acuerdo para revisar algunos aspectos y para hacer que sea más operativo este acuerdo.


En cuanto al agricultor activo ya he dicho que hemos querido seguir un criterio de prudencia con esto del 20%, sobre todo pensando en que tiene que ser un porcentaje de rendimiento que se alcance en los años malos, no en los buenos, y
pensando en las producciones que pueden tener más riesgo de productividad, como pueden ser los cultivos de secano en zonas de escasa producción.


También me ha preguntado por qué el marco nacional lo tenemos puesto en materia de desarrollo rural. Porque lo han pedido las comunidades autónomas, porque si no se rompe la unidad de mercado. Si se da una ayuda agroalimentaria muy alta en
una comunidad y en otra muy baja, lo que estamos

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haciendo es que una sea mucho más competitiva que la otra. El marco nacional lo que hace es orientar a todo el mundo para que tengamos unos sistemas de apoyo que no rompan la unidad de mercado ni la competitividad y el que quiera lo seguirá
o no porque no es vinculante; son unas orientaciones. Nos han pedido las comunidades autónomas, en un ejercicio de responsabilidad, que ensayáramos a ver cómo podíamos configurar las distintas líneas de ayuda de manera que fueran homogéneas y que
luego cada cual cogiera la que quisiera.


Finalmente me ha preguntado por temas más importantes como qué estamos haciendo en innovación, en divulgación y en tecnología. Ha planteado temas de fondo que van mucho más allá de la PAC, van a la política agraria nacional. Una de las
cosas que ha hecho este Gobierno es, primero, recuperar el nombre del ministerio y, segundo, recuperar la política agraria nacional. Donde queremos trabajar nosotros en política agraria nacional es en cuatro ejes muy claros. En primer lugar,
mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, que es una asignatura pendiente y que tendrá que ser una referencia constante de la acción política. En segundo lugar, tenemos que trabajar en integración cooperativa. Ahora me referiré a lo que
preocupa a algún que otro portavoz, a los temas de innovación, nuevas tecnologías y qué vamos a hacer. Está preparándose un plan de innovación en el sector agroalimentario para aprovechar todas las plataformas de investigación y beneficiarnos de
los fondos europeos conscientes de que va a haber líneas especiales esta vez para la investigación e innovación en el sector agroalimentario. Se van a dedicar 4.000 millones de euros a este sector; de nuestra habilidad para constituir plataformas
que puedan acceder a la Unión Europea tendremos mucha más capacidad de financiación. En el programa de desarrollo rural nacional queremos establecer los mecanismos para que esa innovación que se hace dispersa en todo el territorio se pueda poner al
alcance de los operadores económicos en todo el territorio. Creo que es una de las funciones que corresponde hacer. Lo mismo sucede con el Plan de internacionalización, respecto del que preguntaba qué se está haciendo. En esto momento, el
ministerio por sí mismo, y en colaboración con la FIAB, está trabajando para preparar un plan potente de internacionalización con todos los instrumentos de apoyo al desarrollo de una presencia más importante de nuestras empresas, sobre todo las
pequeñas y medianas, porque el tejido agroindustrial español no es de macromultinacionales, sino de casi 30.000 pequeñas y medianas empresas en los mercados de exportación. Por eso queremos la integración cooperativa, para que las cooperativas
puedan tener departamentos comerciales más potentes, por eso queremos apoyar ese proceso y por eso queremos hacer un plan, que se va a presentar a mediados de marzo, ya muy elaborado, con unos objetivos muy ambiciosos de creación de empleo en el
sector agroindustrial y de incremento de la exportación. Este año las cifras de exportación siguen siendo francamente buenas; de enero a noviembre de 2013 las exportaciones ascienden a 34.602 millones de euros, un 3,8% más respecto de enero a
noviembre de 2012 y el saldo de la balanza es positivo por 7.000 millones de euros, un 40,9% más. En este momento, España se ha convertido en el octavo exportador mundial de alimentos, lo cual no es baladí comparado con nuestro PIB per cápita en
nuestro ranquing, es decir, somos un país agrario potente y además exportador.


Respecto de la financiación, he de decirle que estamos trabajando haciendo compromisos con la banca española para que se concentren en el sector agrario; ya hay dos grandes bancos que han firmado compromisos con nosotros y que están
trabajando en el sector agrario. Me refiero a la banca nacional, que es la que más nos interesa, no la banca pública, la banca privada, que es la que tiene toda la red capilar y puede llegar al agricultor para darle el préstamo. También estamos
trabajando con el BEI para proyectos más potentes en el sector agroalimentario. Mencionaba también la marca España. La secretaria general es miembro de los organismos de la marca España, se reúne con el señor Espinosa de los Monteros y está
presente con el ICEX en la coordinación de todas las acciones que queremos desarrollar de exportación, pero sobre todo con el sector, con la FIAB.


Existe un pequeño problema en la agricultura española, que son las interprofesiones. En las interprofesiones hemos desarrollado el marco normativo, pero tenemos que convencer a los sectores para que se integren en las mismas. Tenemos la
del aceite, que funciona bien, pero hay interprofesiones que en este momento no funcionan, por ejemplo, la del vino. Una de las tareas que el Gobierno quiere hacer es promover la constitución de la interprofesión nacional del vino. En cuanto a los
cítricos, las interprofesiones de cítricos, que eran muy potentes en el pasado, han perdido peso porque es muy importante la extensión de norma para pode hacer promoción. Nosotros vamos a favorecer la aplicación de la extensión de norma para que se
haga promoción.

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Paso a contestar al portavoz de CiU y querría decirle que lo que hemos hecho cuando se ha producido el reparto de fondos del Feader, obviamente, es tratar de incrementar algo lo que ocurría. Es decir, si Cataluña tenía un 3,9 de
participación del Feader en el periodo 2007-2013, pasa a tener el 4,3; si tenía 314 millones de euros, pasa a tener 342. Es decir, se trata de repartir los fondos comunitarios con más criterio. Es verdad que la cofinanciación nacional está
establecida en este momento en el 30%, pero, en función de las medidas que adopte en concreto, veremos cómo pueden variar las distintas cofinanciaciones. Vuelvo a decirlo, aparte de la restricción presupuestaria y de que lo que ha dicho el ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas en el Senado hace unos días, es verdad que en materia de programas de desarrollo regional autonómicos el Gobierno de la nación no tiene ninguna capacidad de decisión. Es plenamente una decisión de la
comunidad autónoma, que establece en su territorio de qué manera quiere articular su propio programa de desarrollo rural. Por eso, se cuestionaba qué razón tiene que el Gobierno cofinancie actuaciones en las que no tiene ninguna participación,
porque hasta ahora nuestra cofinanciación en materia de política agraria es en líneas, en actuaciones en las que el Gobierno tiene capacidad de diseñar alguna política o de participar en políticas que son del interés nacional, sea la sanidad animal,
que tenemos que trabajar conjuntamente, sea la epizootia o sean los temas que habitualmente repartimos en la conferencia sectorial. En materia de pagos acoplados, el conseller catalán prácticamente aprobó todos los temas y el modelo de
recanalización, una vez decidida la aplicación con el sistema comarcal; no estaba en desacuerdo en la forma en que lo estamos haciendo. La razón de que hayamos ido a un sistema de aplicación nacional se basa en los resultados de las sentencias del
Tribunal Constitucional, que han establecido que la forma de aplicar la PAC es una competencia nacional. Dicho lo cual, se ha hecho con enorme participación de las comunidades autónomas a lo largo de todo este proceso, de manera que yo creo que ha
habido un diálogo permanente con las comunidades autónomas en esta materia.


El señor Solsona me ha planteado dos temas complicados, el de los purines y el de las tarifas eléctricas. Respecto a las tarifas eléctricas, el ministerio lleva trabajando con la Federación Nacional de Comunidades de Regantes varios meses
para tratar de elaborar unas curvas que permitan articular un tratamiento de la cuota de potencia distinto de otros sectores económicos; es decir, una instalación industrial necesita una garantía permanente de cuota de potencia porque los procesos
productivos se producen a lo largo de todo el año. Para los agricultores, la impulsión, el bombeo, tiene períodos muy acotados, con lo cual es razonable que tuvieran un tratamiento diferenciado. Estamos presionando en esa dirección, estamos
trabajando, y sé que hay una enorme preocupación en el sector pero el Ministerio de Agricultura está sensibilizado. En cuanto al tema de los purines, la semana pasada hemos tenido una reunión con todos los agentes económicos involucrados en esta
cuestión para ver cuál era la situación real, cuáles eran los costos de producción y analizar qué posibilidades podíamos tener de articular un diálogo. Por cierto, sé que también su partido lo está tratando de hacer directamente con el Gobierna de
la nación y, por tanto, me consta que están tratando de resolver este problema. Nosotros consideramos estas plantas no solo como generadoras de energía, sino que resuelven un problema de carácter medioambiental que puede ser muy grave y que, si no,
habría que buscar soluciones alternativas, que en este momento pueden ser muy complicadas de diseñar. Por tanto, somos muy sensibles al tema, estamos trabajando y teniendo una interlocución con el Ministerio de Industria y Energía para ver cuál
puede ser la solución. Hoy no le puedo decir que tenga la solución, pero le puedo garantizar que es un tema que está entre las prioridades que tengo encima de la mesa.


En cuanto al PNV, ya sabe que la sentencia del Tribunal Constitucional del 25 abril de 2013 ante el recurso que interpuso la Generalitat de Catalunya establecía que la aplicación del régimen del pago único a escala nacional no vulnera las
competencias autonómicas en materia de agricultura. Por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia del Constitucional y siguiendo una larga tradición, estamos haciendo esta aplicación. Lo que sí hemos procurado y vamos a seguir procurando es tener el
máximo nivel de diálogo con todas las comunidades autónomas, porque aunque ya hemos cerrado el modelo y ya estamos con las comarcas definidas y ya tenemos los pagos acoplados y los importes, ahora las formas de aplicación de los pagos acoplados las
vamos a discutir con las comunidades autónomas, y los ajustes que pueda haber de comarcalización si se producen disfunciones, los veremos con los responsables de las comunidades autónomas con la mayor transparencia, sabiendo que este es un tema
complejo.


Al portavoz del PNV quiero decirle también que el marco nacional en materia de seguridad ha sido una demanda de las comunidades autónomas para evitar -como he dicho antes- divergencias y distorsiones que se han producido en este periodo de
programación en que el Gobierno se retiró

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completamente de la política nacional de desarrollo rural, y nos han pedido que hiciéramos este tema. El agricultor activo y la actividad agraria no fue discutida por los representantes, por la consejera del País Vasco. Cuando entramos en
este tema esto no fue polémico. Estuvimos viendo la carga ganadera, donde había interpretaciones de todos los signos. Había consejeros de la cornisa que querían incrementar algo más la carga ganadera, pero en otras partes del territorio era
complicado y en el arbitraje final no se llegó más que al 0,20; no se llegó al 0,30 y se quedó en el 0,20 al final después de una discusión. En el caso del País Vasco ha habido un leve incremento en las dotaciones de desarrollo rural, desde 85,1 a
87,1. Es verdad que el PET en el País Vasco no se cofinancia por el Gobierno en estas actuaciones, pero hemos intentado corregir levemente las disfunciones. Incluso tuvimos en cuenta las peticiones del País Vasco cambiando el criterio de población
rural, de nivel municipal a nivel provincial, porque en otro caso si hubiéramos aplicado el nivel municipal se hubiera perdido el 39,4% de las ayudas. Es decir, el País Vasco perdía cerca de 30 millones de euros si no modificábamos este criterio de
reparto y en diálogo con ellos lo pusimos. El hecho de haber eliminado la tasa plana, es decir, si hubiéramos ido en el País Vasco a un sistema regional de tasa plana, el efecto en el sector lácteo hubiera sido muy pernicioso, porque entonces la
ayuda hubiera descendido de 743 euros/hectárea a 229 bajándose dos tercios actual. La Unión Europea nos deja aplicar un criterio u otro. Eso lo hemos comprobado porque fue lo primero que preguntamos. Llevamos muchas bilaterales con la Comisión
para ver cómo se podía aplicar la PAC, porque como nosotros rechazamos la tasa plana desde el principio, nos preocupaba. Nosotros le dijimos: ¿Si una comunidad autónoma opta por un modelo autonómico, luego puede volver a hacer subregiones dentro?
Y dijeron: No, una vez que se opta por este modelo ya entra en el otro sistema, en la tasa plana. Hubiera sido muy lesivo para el sector lácteo.


Algún portavoz ha dicho que se legislaba de manera estanca y me han preguntado si el Gobierno de España es consciente del peso que tiene la agricultura en el Estado español. Somos plenamente conscientes, porque somos conscientes hemos
recuperado el ministerio; porque somos conscientes hemos recuperado una política agraria nacional; porque somos conscientes del peso que tiene la agricultura estamos trabajando en los ejes fundamentales de internacionalización, de innovación, de
apoyo a las cooperativas y de mejora de la cadena alimentaria; y porque somos conscientes del peso de la agricultura española hemos defendido en la Unión Europea los presupuestos, para que no perdiéramos ayudas ni el primer pilar ni en el segundo
pilar. No creo que se legisle de manera estanca, pero es verdad que en este momento todas las actuaciones en todos los ministerios influyen horizontalmente. Por eso, el hecho de estar en la Comisión delegada para Asuntos Económicos permite, cuando
vienen proyectos, que se conozca el punto de vista de la agricultura y que podamos ver, dentro de las divergencias, cuál es la posición del ministerio. El Gobierno es muy consciente de que el sector agroalimentario va a ser una de las puntas de
lanza en el crecimiento económico español. Es un sector dinámico, es un sector exportador, es un sector que genera empleo y es un sector que incorpora muchísima innovación. Por tanto, este es un sector al que hay que apoyar plenamente. La
agricultura en España es mucho más que el sector primario, es mucho más que un millón de agricultores, es mucho más que 4.000 cooperativas y es mucho más que 30.000 industrias agroalimentarios y 9 ó 10 grupos de la distribución comercial; es todo
el transporte asociado, es toda la industria de fertilizantes, de pesticidas, de insumos y todo lo que lleva asociado y que fija la población en el medio rural. Por tanto, somos muy conscientes de cómo influyen decisiones en este sector y por eso
intentamos hacer las cosas de la manera más seria posible.


Doña Consuelo Rumí ha tenido una intervención larga y crítica. Yo nunca soy triunfalista, yo soy muy tranquilo en las negociaciones. Ahora sí, le voy a decir una cosa. Si a mí me dicen cuando empezó la PAC cómo estaba y la reforma de la
política común pesquera cómo estaba y cómo iba a terminar, lo hubiera firmado el primer día porque no me lo creía. Creo que aquí se ha hecho un buen trabajo, lo ha hecho el Gobierno, lo han hecho las comunidades autónomas, lo han hecho las
organizaciones agrarias y lo han hecho los parlamentarios europeos, pero también le voy a decir una cosa: cada cual ha hecho lo que ha hecho. Algunos desde el primer día de su mandato hemos estado todos los días en Bruselas, algunos hemos hecho
todas las enmiendas que se han decidido en el Parlamento Europeo en la calle Atocha, algunos hemos ido a Bruselas con nuestros equipos a dárselas a todos los parlamentarios. Ha habido grupos que nos han acompañado y debo agradecer al Grupo
Socialista -no tengo el menor empacho en reconocerlo- su colaboración en la Comisión de Agricultura y en la de Pesca y mi relación es muy buena. Soy de los ministros que ha ido a Estrasburgo tropecientas veces, pero también le quiero poner los
puntos sobre las íes. En mi debut, el día que me hicieron ministro, lo primero que me encontré fue que el Parlamento Europeo había votado en contra del acuerdo con Marruecos. Yo tengo la composición de

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votos de aquella votación, claro que la tengo. No salió el acuerdo porque no se trabajó y cuando no se trabaja no salen las cosas bien. (Rumores). Nos dieron un leñazo espectacular, porque hemos estado dos años sin acuerdo porque esto
descarriló en el año 2011, y los listados de votos están allí y se ve cómo votaron los grupos. Esta vez me he ido a Estrasburgo, me he ido a Bruselas y me he reunido no solo con los parlamentarios españoles, por supuesto, sino con los de todos los
partidos políticos, con todos los presidentes de grupo para buscar esa mayoría y le he pedido al Gobierno marroquí que hiciera esa misma actuación en la medida de sus fuerzas y hemos ido coordinadamente de la mano. Usted dice que no vino antes, que
vino después. Yo he estado trabajando en este acuerdo todo lo que he podido y creo que al final cuando se trabaja salen las cosas bien. También digo que fui a pedir apoyo al Grupo Socialista en Estrasburgo y me dijeron que sí esta vez, también lo
reconozco, y salió bien. Pero yo no pedí apoyo, pedí beligerancia al grupo, porque no me valían los votos socialistas, les pedí que convencieran a sus compañeros socialistas alemanes y a los franceses y a los ingleses, evidentemente. Las cifras
ahí están y ahora tenemos un acuerdo. Por tanto, esto no son fuegos artificiales y demás. Eso respecto al acuerdo de Marruecos. Hoy mismo me ha llamado el ministro marroquí para celebrar que ya habíamos terminado el procedimiento, porque hemos
ido muy de la mano. Hoy ya está en vigor y espero que se convoque la Comisión mixta para que podamos mejorar algunas cosas para que la flota, sobre todo la andaluza en este momento que tiene algún problema, pueda mejorar sus posibilidades
pesqueras.


En segundo lugar, ha dicho que las cuotas se consiguen por casualidad. Aquí, en la Unión Europea no se consigue nada por casualidad, aquí no han mejorado de la noche a la mañana los solos, porque donde más hemos negociado es donde no había
aviso científico. Cuando no hay aviso científico ¿qué es lo que hacía la Comisión Europea? Cuando no había informe científico empleaba el principio de aplicación y te reducían las TAC o cuotas un 40%. Si tienes credibilidad no te lo hacen y si no
la tienes, te lo hacen, porque dicen, total, si este va a hacer lo que le dé la gana para qué le voy a dar pesca. Hemos hecho una tarea, que ha sido muy dura, de recuperar credibilidad, porque nos oponían a las anteriores administraciones: es que
los anteriores no miraban. Oiga, es que mi obligación es cumplir el derecho comunitario. (Rumores). Esto es verdad y se lo puedo documentar, además está en prensa y dicho por el sector. Es que dos más dos son cuatro. ¡Total, qué más da! Así
vino la famosa multa de la caballa, que fue muy graciosa, que fue también lo primero que me encontré el día que llegué. Le pregunté a la comisaria: ¿Por qué pusiste primero la multa de 2011 y a ahora me pones las multas de los años anteriores?
¿No vas poniéndolas por orden? Ella me contestó: No, llegué a un acuerdo con el Gobierno de poner esta primero porque era más baja. Y a ti que eres el siguiente te meten la multa de 2009. (Rumores). ¿Pero yo qué tengo que ver con 2009? Y no
tenemos caballa ahora mismo porque estamos pagando un pedazo de multa, si no fuera así no habría problemas, habría caballa. (El señor Alonso Núñez. ¡Estaría bueno!-Rumores). No, claro, la multa de la caballa de 2009 es culpa del Gobierno actual.
(El señor Alonso Núñez: Vaya, vaya, bocadillo de caballa. Vaya donde vaya). No, si las cosas son como son.


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, no tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Las multas son como son.


Señorías, primero se cumple, después se inspecciona y cuando se recupera la credibilidad uno tiene más capacidad de exigencia y de buscar alianzas. Por tanto, las cosas van costando y no es fácil recuperar el tema. Lo que le quiero decir
es que las cosas son más complicadas. Por otra parte, me dice que he fracasado en el atún rojo. Bueno, pero el año pasado no; apúnteme también la mejora. Es verdad que el Iccat ha reconocido que para el del este se confirmaba la recuperación y
que nos dejaban un aumento limitado de cuota actual. Por tanto, nosotros sí conseguimos cosas: que ningún Estado miembro ni ninguna parte contratante del Iccat se opusiera a un aumento, aunque fuera pequeño, dentro del consejo científico, pero es
verdad que la comisaria de Pesca, que es muy sensible a las presiones de los grupos ecologistas, se plantó y no hubo manera. (Rumores). No era un problema de negociación con otros Estados de configurar mayorías cualificadas, porque yo en el seno
del Consejo puedo configurar esas mayorías, pero si la Comisión se opone en este tipo de organismos, pasa lo que pasa. Ahora bien, logramos el cambio de temporada en pesca de Canarias; introdujimos una modificación de la temporada de pesca de cebo
vivo en el Atlántico, que va a permitir a la flota canaria ejercer de forma dirigida esta pesquería, de la que fueron excluidos los pescadores canarios en 2006, y eso lo hemos conseguido nosotros; ha habido mejoras en el control de la pesquería del
Mediterráneo; se han aprobado protocolos de unidad de cámaras estereoscópicas para contar y medir los ejemplares de atún rojo de las jaulas de engorde, y en definitiva,

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hemos mantenido los mismos criterios de reparto de cuota y hemos utilizado el fondo de maniobra para compensar a las flotas artesanales, que están excluidas del censo específico: las del Mediterráneo, las del Estrecho, la flota de cebo vivo
en Canarias en niveles similares, y estoy seguro de que el año que viene daremos la batalla y lo conseguiremos, porque, señoría, yo no consigo el cien por cien en las reuniones comunitarias, pero si consigo el 85% vengo muy satisfecho, y lo digo sin
falsa presunción. (La señora Rumí Ibáñez: No tiene abuela, no la necesita). Las abuelas, las tengo las dos muertas, lamentablemente. (La señora Rumí Ibáñez: ¿Las dos? Pues, madre mía).


Luego me decía que en el Fondo europeo de pesca todo se había conseguido por parte de los eurodiputados socialistas. Mire, algo tiene que decir el presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo en este tema, algo tiene que decir
la diputada del Partido Popular, doña Carmen Fraga, en esta materia, especialmente beligerante, y por supuesto que hemos llegado a acuerdos con el Parlamento y en el Consejo y hemos conseguido mejorar radicalmente las acciones que se pueden
financiar, y yo he negociado también las dotaciones presupuestarias con la comisaria. Ahora tendremos que hacer un reparto entre comunidades autónomas inteligente, transparente y basado en criterios objetivos, y le puedo garantizar que no
ideológicos y nada de eso de que a mis comunidades les doy y a las otras les quito. (Risas). Es decir, yo no voy a hacer lo que hicieron ustedes con el desarrollo rural en Andalucía: a los míos, sí, y a los demás dejarlos en la estacada; no.
(El señor Alonso Núñez: ¡Otra vez!). Lo voy a hacer como he hecho esto, con criterios absolutamente objetivos y tratando de solucionar los problemas. (El señor Alonso Núñez: La fórmula objetiva.-Rumores). Por tanto, así es como lo haré, con
absoluta transparencia.


El señor Sicilia me dice que hay confusión. No, señoría, no hay ninguna confusión en la PAC; hay quien dice la verdad y quien dice mentiras, que no tiene nada que ver. El Gobierno ha dicho lo que hay; lo que se ha negociado; lo que se
ha obtenido; lo que se van a mover las ayudas; he dado hasta porcentajes del 0,67; he dicho que hay 24 regiones; he dicho que vamos a mantener en todos los sectores los mismos niveles de apoyo; saben ustedes exactamente el importe de los pagos
acoplados por sector -se sabe perfectamente-; hay partidos políticos... (El señor Alonso Núñez: Eso es lo único que se sabe).


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, entiendo que usted tenga ganas de intervenir porque no ha llegado a tiempo, a pesar de que se han respetado todos los turnos que usted nos ha pedido, pero, por favor, no tiene usted la palabra. Por tanto,
deje que el señor ministro intervenga sin interrupciones, como lo ha estado haciendo hasta que usted ha llegado.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Es que el señor Alonso ha estado muy ocupado dando una rueda de prensa en el exterior, sin oír la intervención del ministro. (La señoras Cunillera i Mestres:
¡Es increíble! Hace su trabajo como cualquiera.-La señora Rumí Ibañez: ¡Es increible!-El señor Sicilia Alférez: ¡Ya está bien!). No, si acabo de leer que estaba dando una rueda de prensa y por lo visto estaba muy ocupado. Pero ahora voy a
contestar al señor Sicilia, que ha estado aquí...(El señor Sicilia Alférez: ¿Pero eso qué tiene que ver?). Déjeme usted que le voy a ir contestando, hombre.


El señor PRESIDENTE: Señor Sicilia, señor Alonso, este debate lo ordena esta Presidencia. Hagan el favor de colaborar. Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): En cuanto a información, se sabe que son entre 22 y 24 comarcas. Usted me pregunta que cuándo se va a saber. Ya le he dicho exactamente que a nivel de
agricultor lo sabremos este verano, pero el detalle exacto se sabrá en 2015, cuando la gente haga sus peticiones y declaraciones, no antes. Lo que le he dicho es que globalmente los sectores van a seguir. ¿Cuál es el mensaje que el Partido
Socialista está dando en Andalucía? Que los olivareros van a perder ayudas, por supuesto porcentajes que van dando y que cambian según el pueblo. Ese es el mensaje, el de equivocar a la población. Mis directores generales viajan por España y
explican la PAC, porque yo creo que mi obligación es, una vez negociada, ir a todas las comunidades autónomas y explicar lo que se ha negociado. Supongo que las comunidades autónomas lo harán, pero yo también lo voy a explicar porque a veces viene
muy bien que se explique, y lo estoy haciendo en los medios de comunicación para que los agricultores lo entiendan, que son los destinatarios de la PAC, no lo es el Partido Socialista ni las comunidades autónomas, sino el agricultor individual, que
es al que se debe este Gobierno y cuya competitividad quiere incrementar. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Por lo tanto, vamos a decir la verdad, y aquí no hay ninguna confusión, hay quien quiere manejar

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números diciendo que se van a perder 1.000, 2.000 o 3.000 millones, lo que no han tenido nunca. Yo siempre he dicho que tenemos el mismo sobre que teníamos y que vamos a repartir el mismo importe; los sectores van a seguir recibiendo
importes muy similares a los actuales y los agricultores también. ¿Van a perder 4 o 5 euros? No lo sé, en este momento no lo sabe nadie. Entonces dicen que hay confusión, pero no hay confusiones. No hay tasa plana, no hay media tasa plana, hay
simplemente un sistema de comarcalización que evita las transferencias entre agricultores y territorios. Y no va a perder el olivar, es mentira. Luego hablaremos de las ocurrencias del olivar en pendiente. Por lo tanto, no podemos hacer el
reparto hasta tener las declaraciones de este año. Eso en primer lugar.


En segundo lugar, usted nos manifiesta su oposición absolutamente a todo lo que hemos hecho en las comarcas -a pesar de que lo pactamos tanto con el consejero Planas como con la señora Víboras, que estaban de acuerdo en las comarcas-, había
pleno acuerdo con la Junta de Andalucía. Agricultor activo, pleno acuerdo con todas las comunidades autónomas. En su rueda de prensa ha dicho: la Iglesia católica, las entidades públicas. Si es que no han querido las comunidades autónomas Esto
no lo ha decidido el Gobierno, no se enteran de que yo no soy como ustedes, que yo he pactado la reforma de la PAC y la distribución de los fondos, que esto no fue un trágala como ha sido siempre con los Gobiernos socialistas, es que hemos negociado
toda la PAC, sistemáticamente. (Rumores). Y cuando planteamos el tema de tocar las entidades públicas, se decidió dejar la lista como estaba, decisión que han tomado las comunidades autónomas, no el Gobierno de la nación, porque yo he ido de la
mano de las comunidades autónomas. (El señor Alonso Núñez: Tú, tú, tú). Perdone, yo he buscado el consenso, no imponer mi posición personal, eso es lo que a usted le gustaría hacer, yo no hago eso. He ido a todas las comunidades y nadie ha
querido modificar la lista, ni un solo consejero, ni en Asturias, ni en Andalucía, ni en el País Vasco, ni en Cataluña, nadie la ha querido modificar. Y cuando hemos llegado al agricultor activo -que es la primera vez que se limita, la primera vez
en la historia, nunca lo ha hecho el Partido Socialista- dice que esto no es nada. Pues es tanto que está temblando mucha gente en este momento, están 75.000 ciudadanos en este momento pensando qué les va a ocurrir. Usted dice que no es nada pero
sí lo es. Y cuando se mete la carga ganadera, 0,20, tiene impacto, y cuando se pide estar en el REGA, tiene impacto. Esto no se había hecho nunca, nunca se había hecho nada, es un paso adelante clarísimo, pero para ustedes no es nada. Cuando
estuvieron en el Gobierno estaban los mecanismos del reglamento comunitario y no fueron capaces de hacerlo, nunca, y ahora me dicen que el Gobierno no ha andado. Señores del Grupo Socialista, más memoria histórica, más memoria histórica.


En tercer lugar, vamos a seguir hablando de los pagos acoplados. ¿Qué ha pasado? Es muy sencillo todo lo que ha ocurrido. Primero, con Andalucía hemos estado negociando la PAC tres años -dos llevo yo- y nunca ha pedido pagos acoplados
para el olivar, jamás, nunca. El señor Planas, que es un consejero inteligente, jamás los pidió, ni para el trigo duro; no los pidió nunca. Los pide al final del periodo cuando empieza a hacer unas cuentas y cree que pidiendo más pagos acoplados
le salen egoístamente las cuentas. Pero nosotros no hemos hecho los pagos acoplados en función de las cuentas de los territorios, los hemos hecho con el objetivo de resolver los problemas de los sectores, allá donde había riesgo de abandono, allá
donde había caída de precios, allá donde lo permite el reglamento comunitario, porque el reglamentario comunitario no permite a un sector que no está en riesgo de abandono hacer esto. Dice: El trigo duro tenía ayudas acopladas que se incorporaron
al régimen del pago único y, por lo tanto, el trigo duro tiene un pago único muy superior al de todos los cereales. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que le demos un pago acoplado al trigo duro, que tiene más de 550 euros por hectárea ya, y se lo quite al
cerealista de Palencia, que tiene 120? Ese es el modelo Robin Hood socialista: dáselo al trigo duro y quítaselo a los cereales en Palencia. (Rumores). Pues mire usted, no vamos a dar ayudas a los cultivos que tienen 550 euros por hectárea porque
no tiene sentido, no hay riesgo de pérdida, no hay riesgo de nada de pérdida de rentabilidad. La pérdida de rentabilidad la tiene el agricultor de secano rabioso de Castilla y León o de Castilla-La Mancha, pero no el productor de Andalucía que
tiene el trigo duro. Esto apareció muy a última hora.


Luego entramos en el famoso tema del olivar en pendiente. Por supuesto, el olivar, que tiene 900 millones en Andalucía, va a mantener su nivel de apoyo gracias a que este Gobierno ha hecho el modelo de comarcalización. Además, como hemos
dicho que era un cultivo permanente, logramos que no tuviera que cumplir el , sino que lo cumpliera automáticamente. Además, con la Junta de Andalucía siempre hemos visto cómo el modelo de comarcalización no afecta al olivar y, por lo tanto, sigue
así. La primera vez que la Junta pide el olivar en pendiente, que no el de baja producción, es el 28 de noviembre de 2013; es decir, dos años negociando la reforma y jamás se pide el olivar en pendiente. No lo pide. Tanto es así que, cuando la
Junta

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de Andalucía saca en octubre su plan director del olivar andaluz -documento que tiene 129 páginas-, para el olivar en pendiente no menciona ninguna ayuda acoplada. Es decir, esto no estaba en la agenda política hasta que se intenta cuadrar
cuentas, hipotéticas pérdidas a base de pedir ayudas al olivar en pendiente -y lo dijo verbalmente-. La primera vez que presenta una solicitud es el 8 de enero, y nos la pide para 525.000 hectáreas con un valor de 52 millones de euros. Eso quiere
decir que tengo que bajar el pago del resto de los agricultores en 52 millones de euros. Primero le voy a decir que no se puede admitir esa propuesta desde el punto de vista reglamentario porque la ayuda asociada solo se puede conceder para
mantener niveles de producción en sectores con disminución de producción o de superficies. Para que lo sepan ustedes, según los datos del Sigpac, el olivar en pendiente ha aumentado su superficie un 5,6% de 2006 a 2012, pasando de 501.591 hectáreas
a 529.992 hectáreas, y esto es muy curioso. El olivar, en el modelo de regionalización, se comporta bien y gana más de 5 millones de euros, es decir, no es que no pierda el olivar, es que va a ganar 5,5 millones. Puede ser no mucho o poco, pero no
está en regresión. Lo que proponía, por lo tanto, la Junta es dar a un sector, que cobra 500 euros/hectárea, cerca de 100 euros/hectárea, y además solo para Andalucía. No pedían la ayuda para el olivar de baja producción de Cataluña o de
Castilla-La Mancha; no, para el olivar en pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Que al resto de comunidades autónomas con cerca de 800.000 hectáreas y con ayudas más bajas que la media de Andalucía, se les discrimina. Lo que estaba pidiendo la Junta
de Andalucía es quitar apoyo al olivar de bajo rendimiento de las demás comunidades, que tiene una ayuda de 130 euros/hectárea, para dárselo a un olivar en pendiente, que tiene una ayuda media de 500 euros/hectárea. No se sostiene agronómicamente,
no cabe en el reglamento comunitario, y además la Junta de Andalucía sabe, porque está en sus propios datos, que el olivar de secano no mecanizable y con pendiente del 20% tiene un coste por kilo de aceite cuatro veces menor que el de baja
producción y, sin embargo, no lo propone. El coste de baja producción es de 10,78 euros por kilo de aceite, mientras que el olivar en pendiente tiene unos costes de 2,63. Se ha buscado pedir una ayuda para que sea la única comunidad destinataria
de ella a sabiendas de que perjudica a otros olivares en la propia comunidad y en otras comunidades y de que no entra en el reglamento autonómico, en el reglamento comunitario; por tanto, tenemos un problema. Luego, tenemos otro todavía mucho
mayor que supongo que el Grupo Socialista ni lo ha calibrado. Comunitariamente no cabía porque ni está en regresión ni tiene costes superiores al olivar de baja producción, pero además en este momento estamos en una polémica con Estados Unidos
porque lo que se está proponiendo es una ayuda acoplada al olivar. Estados Unidos está diciendo que los europeos estamos haciendo con nuestras ayudas. En la medida en que las tenemos desacopladas podemos sostener que no tenemos ayudas vinculadas a
la producción, pero si estamos diciendo que queremos acoplar ayudas estamos sirviéndoselo a la Administración norteamericana para que nos destroce toda la estrategia que tenemos para posicionarnos en los mercados internacionales. Por tanto, hay que
ser un poco más riguroso.


Cuando un sector exporta más de 830.000 toneladas por un valor de 1.871 millones de euros, ponerlo en riesgo en los mercados exteriores me parece que es un tema complejo. Esto en cuanto a que no cabe en el derecho comunitario y que tiene
riesgo. Además, el olivar en pendiente lo quería la UPA -la UPA en general lo sigue defendiendo-, pero no lo quería COAG y tampoco Asaja. (Rumores). Perdone, pero he estado con COAG nacional y con Asaja nacional en el Consejo Asesor Agrario. El
trigo duro no lo quería UPA ni COAG, pero sí Asaja. La uva pasa la quería UPA, pero no COAG ni Asaja. Este es un festival en el que es muy difícil llegar a un acuerdo cuando no lo quieren las comunidades autónomas ni las organizaciones agrarias y
solamente lo está defendiendo el Partido Socialista y una organización agraria que tiene sintonía -mayor o menor- con el Partido Socialista. Si a la Junta de Andalucía de verdad le preocupara el olivar en pendiente debería haberlo incluido en su
Plan director del olivar andaluz; si no, es que se está utilizando como una herramienta política para lo que habitualmente se utilizan estas cosas. Nuestra tranquilidad radica en que se ha logrado un consenso con la mayoría de las comunidades
autónomas y de las organizaciones agrarias y en que vamos a poder aplicar las ayudas acopladas. Esto no quiere decir que en los sectores que no están acoplados, si algún día otros sectores tuvieran dificultades, no tengamos un pequeño margen para
poder establecer una ayuda acoplada dentro de los que están en el anexo I de los anexos comunitarios. Ahí están los que se pueden acoplar y los que no se pueden acoplar. Si hay problemas en la leche, en el ovino, en el caprino o en el vacuno de
engorde, tenemos un margen para incrementarlo.


El señor Sicilia hablaba de transparencia. Transparencia la de este Gobierno con reuniones permanentes y siempre con documentos de trabajo a disposición de todo el mundo. (Rumores). ¿Disparidad de datos? No, nosotros siempre hemos dado
los mismos, pero hay quienes hacen campaña política. Después ha cuestionado el desarrollo rural, tema que merece una cierta reflexión. En cuanto al

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desarrollo rural hay que ser consciente de bastantes cosas: en primer lugar, que se han hecho unos repartos sobre la base de criterios objetivos (El señor Alonso Núñez: Que no conocemos), que son los que tiene la Comisión Europea puestos
en marcha; es decir, no ha habido discrecionalidad por parte del Gobierno para tomar esas decisiones. No ha habido ninguna discrecionalidad. Explíquenme qué cambios ha habido en términos de desarrollo económico y de ruralidad en las comunidades
autónomas de 2000-2006 y de 2007-2013 para que todas las comunidades autónomas menos tres comunidades socialistas tuvieran que perder. Qué casualidad que pierden 14; no solo que pierdan, sino lo que pierden. A Castilla y León le hicieron perder
661 millones de euros, el 43,79%; a Valencia, 272, el 60,5%; a Cataluña, 141, el 30,99%; y así sucesivamente. Ese fue el fabuloso reparto sin basarse en ningún criterio. (El señor Alonso Núñez: Eso ahora). Cuando se aplican criterios
objetivos a este caos sale lo que sale, que Andalucía tenía que perder cuatrocientos y pico. El Gobierno, que no quiere que haya tránsitos tan duros, hizo una propuesta a las comunidades autónomas, y estas lo aceptaron y fueron solidarias. Tenían
que estar agradecidos tanto al Gobierno como a las demás comunidades autónomas que limitaron las pérdidas. Andalucía tenía que haber perdido más de 400 millones de euros, muchos más, pero su pérdida se ha limitado al 10%, a unos 200. Esa es la
realidad de aplicación de criterios transparentes y objetivos. Se ha hecho un reparto que cuando venga un gobierno, dentro de siete años, sabrá por qué se ha repartido así, porque están escritos y consta en las actas de la conferencia sectorial
cómo se ha repartido. No se podrá decir que mandaron un correo electrónico a cada consejero diciendo a cada uno cuánto era lo suyo sin debatirlo. Le invito a que vea las actas de la conferencia sectorial en la que se hizo aquel reparto. Ha habido
unos grupos de técnicos de trabajo, que han estado reunidos tres meses, que han hecho propuestas. Por supuesto que luego cada comunidad autónoma hacía la suya unilateral con el criterio que más le favorecía, como en el asunto de la pesca, en el que
uno prefiere el histórico y otro cualquier criterio distinto, el del tonelaje o lo que sea. Se han usado criterios objetivos. Cuando uno decía: tenga usted en cuanta tal, se le respondía: eso solo le afecta a usted. Hay que buscar criterios que
afecten a todo el mundo que tengan una capacidad de seriedad y de rigor. Este Gobierno lo ha hecho. La segunda derivada es que, cuando se analiza qué pasó con la cofinanciación por parte del Gobierno de la nación, no crean que a las comunidades
autónomas las cofinanciaban igual. A una le daban el 60, a otra le daban el 13, a otra el 30, a otra el 42, a otra el 52; unos criterios muy objetivos los que hacía el Gobierno socialista en función -debía ser- de simpatía natural, empatía,
proximidad o lo que fuera, pero no son objetivos. El Gobierno, aunque podrán cuestionar si el 30% es mucho o poco -estábamos en el 43 de media-, lo que ha dicho es: café para todos, un 30% para todos. Si una comunidad tiene que cofinanciar solo
un 15%, un 30 de ese 15; si la otra tiene que pagar el 50%, un 30 del 50; a la que más esfuerzo financiero tiene que hacer, proporcionalmente le doy más; a la que menos, le doy menos. Eso es ser objetivo. A alguno le puede gustar, a otro puede
que no. Podrán decir que tendría que ser más dinero o menos dinero, pero lo que no podrán decir es que el Gobierno no haya aplicado el mismo rasero a todo el mundo y haya cometido injusticias notorias como se hicieron en el pasado.


Termino diciendo que tenemos una política agraria común que nos permite apoyar a un sector competitivo, con ayudas muy importantes que nos van a permitir financiar una política de desarrollo rural -todos tendremos que ver cuáles son las
opciones que financiamos- y que nos van a permitir buscar la competitividad en el mercado. Repito, las ayudas comunitarias son el 30% de la renta, pero lo fundamental es que los agricultores españoles obtengan del mercado el retorno que merece su
trabajo. A partir de ahora, que ya he terminado de negociar la PAC, voy a dedicar los próximos años a trabajar para que este sector sea más competitivo. (Aplausos.-El señor Alonso Núñez pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, portavoces de todos los grupos parlamentarios, les agradezco a todos...


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, estoy pidiendo la palabra basándome ...


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, supongo que el presidente de esta Comisión cuando está en el uso de la palabra podrá hablar.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Pero no levantar la sesión.


El señor PRESIDENTE: En estos momentos estoy yo en el uso de la palabra.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Le ruego que no levante la sesión.

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El señor PRESIDENTE: Yo hablo en el tono que me apetece. (Rumores).


El señor ALONSO NÚÑEZ: Le estoy rogando que no levante la sesión.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, portavoces de los diversos grupos parlamentarios, les agradezco a todos su colaboración y en especial al señor ministro que puntualmente viene a informar de todas las incidencias sobre las
negociaciones de la PAC, el presupuesto de la PAC, los criterios de distribución, y que -creo- está batiendo todos los récords de comparecencias. (Rumores). Entonces, se da por finalizada la sesión.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente... (Rumores). Señor presidente, le estoy pidiendo la palabra basándome en el artículo 71 del Reglamento y por alusiones directas del señor ministro a mi persona. Me ampara el Reglamento, artículo
71, y le pido la palabra dos minutos para contestar a la alusión directa que ha hecho el ministro a mi persona.


El señor PRESIDENTE: Por dos minutos.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor ministro, si el ejército de asesores que le acompañan, en un claro ejemplo de austeridad de la que hace gala este Gobierno, le hubieran pasado bien la información le hubieran dicho que yo he estado ausente de
esta comparecencia porque he estado en la ponencia del estudio del Estatuto de Castilla-La Mancha y que la información que yo he dado en la sala de prensa se refiere exclusivamente al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que es lo que me ha
impedido estar aquí. (Rumores). Lo otro es una nota de prensa dada por el gabinete que no tiene nada que ver con mi ausencia. Le digo más, señor presidente, si esta reunión se hubiera celebrado en la fecha en la que estaba prevista en el
calendario, que fue ayer, yo no hubiera tenido estos problemas. No sé si ha sido por interés del ministro o por la contraprogramación o por algún otro motivo, pero ese es el motivo de...


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, usted ha tenido un turno para aclarar la alusión y no ha lugar a más. (Rumores).


El señor ALONSO NÚÑEZ: Pero déjeme acabar.


La señora CUNILLERA I MESTRES: No ha gastado los dos minutos.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Es tremendo.


El señor PRESIDENTE: Se ha finalizado. (Rumores).


El señor ALONSO NÚÑEZ: Pero déjeme acabar, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: No ha lugar a más, se ha finalizado. (Rumores).


La señora CUNILLERA I MESTRES: Pero déjele acabar.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Déjeme acabar, señor presidente. Si es que me ha...


El señor SICILIA ALFÉREZ: Es tremendo, vamos. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, usted ha pedido un turno para aclarar la alusión porque se ha dado por aludido. No viene a cuento que saque a colación otras cuestiones (Protestas) sobre las reuniones. El martes estaba prevista una
sesión de la Comisión que no se podía celebrar porque no se había celebrado la Mesa. (Rumores).


El señor SICILIA ALFÉREZ: El presidente debatiendo. Es tremendo.


El señor PRESIDENTE: Siga, siga. (Rumores).


El señor SICILIA ALFÉREZ: Como en el cole.


El señor PRESIDENTE: Por dos minutos ha pedido, ¿no?

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El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor ministro, usted tiene que aceptar democráticamente la crítica que por escrito o de palabra le hagan los diputados de la oposición, y a eso apelo, señor ministro. Cuando el Grupo Socialista, en nota de prensa o
aquí de palabra le pregunta, pregunta al ministro y usted no puede escudarse en lo que han dicho las comunidades autónomas. El Grupo Socialista en esa nota de prensa que usted ha comentado... Yo se lo reitero, ¿a usted le parece bien que en España
sigan cobrando de la PAC, señor ministro, las fincas de las administraciones públicas, del Ejército o de la Iglesia católica? Le pregunto su criterio, no el de las comunidades autónomas. Y con esto termino.


El señor PRESIDENTE: Ha hecho un mal uso del turno de alusiones. Como siempre ha abusado de la confianza de esta Presidencia.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Es lo que ha dicho el señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señor Alonso, le voy a contestar. Usted da una nota a la cuatro y doce sobre la comparecencia, cuando no se había celebrado todavía. Lo menos que se puede
pedir es dar información cuando se celebre la comparecencia, porque, si no, ¿para qué venimos aquí? Hace usted su nota de prensa antes y... (El señor Alonso Núñez: Eso lo hacen ustedes todos los días). Yo he venido aquí a explicar cómo ha sido
el tema para ilustrar a su señoría. He dicho que las decisiones en sectorial las toman las comunidades autónomas -es lo que dice el reglamento de la sectorial-, no el Gobierno; ese es un error del Partido Socialista. Esta es una PAC consensuada y
pactada, en primer lugar. Si Usted me pregunta si me parece lícito que todo el que realice una actividad agraria, al margen de su forma jurídica, cobre ayudas de la PAC. Si emplea fertilizantes, si usa tractores, si genera empleo en el medio
rural, me parece muy bien que reciba ayudas. Me parece muy mal que reciba ayudas el que no realice actividad agraria. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Que sea una sociedad anónima, mercantil, un convento, la Junta de Andalucía o la Junta de
Extremadura me parece bien. Si la Junta de Extremadura agrupa productores de tabaco y cobra ayudas agrarias, las puede cobrar la Junta de Extremadura; si Andalucía recibe un millón de euros pero hace una explotación racional en las fincas que
tiene en su patrimonio, me parece bien que lo cobre la Junta de Andalucía. ¿Por qué no si da empleo? Yo lo que quiero es actividad agraria en el medio rural; no soy un sectario: en función de las personas jurídicas unos sí y otros no. A usted
le podrá molestar que la Iglesia pueda cobrar, a mi no, siempre que dé trabajo, siempre que dé empleo, siempre que explote racionalmente, siempre que las tierras estén en cultivo, siempre que haya carga ganadera suficiente. De eso se trata, de que
haya actividad agraria en el medio rural. Quién la ejerza me da lo mismo. Lo que hemos hecho por primera vez es impedir que los que no trabajan, cobren; ese es un camino que por primera vez ha hecho este Gobierno. Por lo tanto, si usted cree que
la PAC de España se arregla eliminando que determinadas personas físicas o administraciones públicas perciban la PAC, creo que va por muy mal camino. (Rumores). Haciendo actividad en el medio rural se consigue que la gente vaya a las ferias -yo
ayer estuve en Zaragoza-, que compre tractores, que compre remolques, que compre aperos; así es cómo se consiguen las cosas (Rumores), no al margen del sectarismo de este me gusta, aquel no me gusta, este es de los míos y aquel no es de los míos.
Esto no es de míos y tuyos, esto es de verdaderos empresarios agrarios. A mí la expresión empresario agrario me gusta; empresarios agrarios, que es lo que tenemos que tener, gente que invierta en el campo, que cree riqueza, que exporte y que
realmente contribuya al producto interior bruto y al empleo en este país. Eso es lo que me importa, lo demás no me importa nada. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.