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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 474, de 26/11/2013
cve: DSCD-10-CO-474
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 474
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 22
celebrada el martes,
26 de noviembre de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- De medidas para el empleo y la mejora de la protección de los trabajadores y de las trabajadoras de más edad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001730) ... (Página2)
- Sobre medidas de fomento de empleo en actividades vinculadas a la artesanía, la agricultura, la ganadería y la pesca tradicionales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001698) ...
- Sobre la protección a las personas desempleadas sin ingresos. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001799) ... (Página9)
- Sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001928) ... (Página12)
- Sobre el acceso al trabajo de los parados que reciben prestaciones por desempleo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001920) ... (Página17)
- Para que las administraciones autonómicas gestionen los fondos y políticas contra el paro juvenil procedentes de la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001968) ...
(Página20)
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE MEDIDAS PARA EL EMPLEO Y LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS TRABAJADORAS DE MÁS EDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001730).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con esta sesión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social para debatir y aprobar las proposiciones no de ley que procedan en su caso. Me plantean si hay inconveniente por parte de los señores
portavoces de los grupos parlamentarios en pasar el primer punto del orden del día al segundo porque está pendiente de una eventual posibilidad de acuerdo. No sé si hay alguna objeción. ¿No la hay? (Denegación.)
En ese caso vamos a abordar el punto número 2.º que trata de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas para el empleo y mejora de la protección de los trabajadores y de las trabajadoras de más edad. Recuerdo
a sus señorías que el tiempo adjudicado a los grupos es de siete minutos al titular de la iniciativa, cinco a las enmiendas que pendan sobre la misma -en este caso hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular- y tres minutos para los grupos
parlamentarios que quieran intervenir a continuación.
Tiene la palabra por siete minutos don Víctor Morlán en representación del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MORLÁN GRACIA: La exposición de motivos de esta proposición no de ley es suficientemente ilustrativa de las razones que han llevado al Grupo Parlamentario Socialista a presentar esta iniciativa, pero si observamos los datos más
recientes en la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2013, hecha pública el 24 de octubre último, podemos afirmar que las circunstancias no han variado y que los trabajadores y las trabajadoras mayores de cuarenta años siguen
teniendo las mismas, si no son más, dificultades para acceder al mercado de trabajo y que cada vez son más las familias que se encuentran en situación de exclusión. Podríamos analizar, si tuviéramos tiempo, la encuesta, pero estoy convencido de que
no hace falta. Señores del Grupo Popular, ustedes saben, como nosotros, que las reformas que han acometido han tenido una influencia nociva en todo un grupo de ciudadanos y ciudadanas españolas que han perdido su empleo, que han visto recortadas
las políticas activas de empleo, que han visto reducidas sus prestaciones sociales, que han visto cómo desaparecen las bonificaciones al mantenimiento del empleo, y podríamos hablar de otros aspectos más. Si profundizamos algo más nos daremos
cuenta que el desempleo se agudiza en los trabajadores entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años, años críticos, pues junto a la dificultad de encontrar un nuevo empleo se halla la mayor lejanía a la edad de jubilación.
Ustedes saben, como nosotros, que la importancia de la situación laboral entre los mayores de cuarenta y cinco años no es solo porque puedan tener más cargas familiares que los jóvenes, sino también porque tienen menos margen a la hora de
modificar sus trayectorias profesionales. Todas sus reformas, en todo lo que afecta a los mayores de cuarenta y cinco años no han dado ningún resultado positivo; muy al contrario, han profundizado en su exclusión y en su marginación, lo consideran
daños colaterales necesarios para la ejecución de sus políticas económicas sin querer darse cuenta de lo que eso ha significado, porque les interesa mirar hacia otro lado, que hay familias que lo están pasando francamente mal. Tenemos la obligación
como país de garantizar unos mínimos de subsistencia de nuestros ciudadanos como un derecho fundamental y no como un ejercicio de caridad, por tanto, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de esos segmentos de edad que lo están pasando fatal y que no
lo pasarán mejor cuando se jubilen, dado que ustedes han reducido en otras cosas sus expectativas respecto a la cuantía de sus pensiones. Si después de dos años seguimos teniendo más de 1,8 millones de hogares con todos sus miembros activos en
paro, 13.400 hogares más que en la anterior EPA, más de 575.000 parados de más de cincuenta y cinco años y parte de los más de 4 millones entre veinticinco y cincuenta y cuatro -me estoy refiriendo a los mayores de cuarenta años-, y vemos las
escasas reformas legales dirigidas a la promoción y consolidación del empleo de las personas mayores de cuarenta y cinco años, podemos colegir que esto no puede continuar así. Las escasas medidas, y más concretamente las bonificaciones y
reducciones en la contratación laboral que puede afectar a estos sectores de edad, aprobadas por el Gobierno, no han hecho sino reducir las expectativas de trabajo de todas estas personas.
Por ello, ante la ineficacia de sus escasas medidas planteamos esta iniciativa para intentar hacer frente a un conjunto de situaciones que afectan a muchos centenares de miles de trabajadores y trabajadoras, que tienen derecho a ser tratados
como ciudadanos de este país, con derecho a acceder a unas mínimas condiciones vitales.
Si ustedes se han olvidado de los mayores de cuarenta y cinco años y más específicamente de los mayores de cincuenta y cinco, sería bueno que recuperaran la estrategia global para el empleo de los trabajadores y trabajadoras mayores de
cincuenta y cinco años, cuyas medidas podrían aplicarse a los mayores de cuarenta y cinco. Es una iniciativa que ustedes se encontraron en 2011, que fue consensuada con los agentes sociales y económicos, con las comunidades autónomas en octubre de
2011, que fue consecuencia de un acuerdo económico y social para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones y que ahora podrían desarrollar tras ver que lo que han hecho hasta este momento no ha servido para generar ninguna expectativa
para los mayores de cuarenta y cinco años. Despejen ustedes la incertidumbre de estas personas y pacten con los interlocutores sociales una moratoria en los despidos por causas económicas para el presente año y los próximos; establezcan ayudas a
las empresas para que se comprometan a no despedir a sus trabajadores y optar por otras fórmulas. Hay muchas personas y familias que tendrían un respiro en sus preocupaciones diarias si ustedes, tras el fracaso de sus políticas buscaran
alternativas eficaces para dar una salida a estos ciudadanos.
Las tres últimas medidas que planteamos van en la dirección de recuperar medidas concretas que han ido eliminando con sus sucesivas reformas, que suponían un buen seguro para mantener un mínimo vital y que primaban el fomento y el
mantenimiento del empleo de las personas de más edad. Sinceramente, están fracasando con sus reformas y sería hora de reconsiderar sus decisiones. Quiero creer que la gente que se ha visto abocada a la exclusión social les importa; que la gente
que hasta ahora se consideraba clase media y que se ha visto forzadas a perder esta situación también les preocupa; que quien está acudiendo a los comedores sociales porque no tiene otra forma de subsistencia también despierta su solidaridad y
justicia -al menos eso es lo que me gustaría que sintieran-. Tienen la posibilidad de mostrarlo apoyando esta iniciativa y cambiando radicalmente su política, porque está demostrado que con cada paso que dan las condiciones de los trabajadores y
trabajadoras de más edad están empeorando.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular que no podemos compartir, que no aceptamos porque lo que hace es reafirmarse en las políticas que hasta ahora han puesto en marcha, que han provocado que nos
encontremos en la situación que actualmente tienen; que el Decreto-ley 5/2013 no ha supuesto ninguna mejora en las condiciones futuras de estos mayores de cuarenta y cinco años y que el resto de las actuaciones que están planteando en esta enmienda
van encaminadas a más de lo mismo. Si quieren poner una mesa de diálogo con los interlocutores sociales no hace falta que lo planteen, háganlo, que creo que es su obligación. Si quieren ustedes establecer mecanismos de apoyo al emprendimiento,
háganlo, que es su obligación, porque con este tipo de enmiendas lo que hacemos es profundizar en las desigualdades y encaminar a estas personas a un situación de mayor exclusión que no es del agrado de nadie.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Jesús Susinos, por cinco minutos.
La señora SUSINOS TARRERO: Señor Morlán, el contenido de esta proposición no de ley que nos traen a la Comisión lo hemos rebatido recientemente en el Pleno de esta Cámara, en el mes de septiembre. Les tengo que reiterar que tanto al
Gobierno como a nuestro grupo parlamentario nos preocupa, y mucho, el problema del empleo, nos preocupa el empleo juvenil, porque las tasas de paro juvenil existentes hoy en nuestro país son inaceptables, pero también nos preocupan, entre las
prioridades del Gobierno se encuentra este colectivo tan importante, los trabajadores de más edad, y en eso es en lo que se está trabajando desde el primer momento. Esa es la gran prioridad del Gobierno, pero también es la principal preocupación de
nuestra sociedad. Durante estos veintidós meses el Gobierno del Partido Popular está llevando a cabo una estrategia reformista para dar oportunidades en el mercado de trabajo a muchos españoles que no lo tienen; está llevando a cabo una política
de empleo integral, en la que la reforma laboral constituye una pieza muy relevante.
Señor Morlán, ustedes hacen referencia en su proposición no de ley a un colectivo muy importante, los trabajadores mayores de cuarenta y cinco años y especialmente los mayores de cincuenta y cinco años, colectivo muy importante tanto por su
experiencia como por las habilidades adquiridas a lo largo de su vida laboral. Por ello, señorías, siendo el Gobierno consciente de ello, como les decía, desde el primer
momento está articulando medidas, como las recogidas en la Ley 3/2012, dirigidas a favorecer el mantenimiento del empleo de estos trabajadores y el Real Decreto-ley 5/2013, que tiene como uno de sus principales objetivos luchar contra la
discriminación por razón de edad en el empleo y que recoge, entre otras medidas, la posibilidad de compatibilizar la percepción de la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena. Por primera vez todos los trabajadores podrán seguir
trabajando y cobrar a la vez la mitad de su pensión. De esta manera, señorías, se está favoreciendo el alargamiento de la vida activa, se está reforzando la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y aprovechando en mayor medida los
conocimientos y la experiencia de estos trabajadores. Este real decreto también recoge medidas disuasorias en los despidos colectivos que afectan a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios. Y, señor Morlán, además está la
reforma laboral, que les he mencionado ya, que también recoge medidas muy importantes para favorecer a este colectivo. El contrato indefinido de apoyo a emprendedores que fomenta, a través de importantes bonificaciones, la contratación de mayores
de cuarenta y cinco años, contrato que ha empezado a funcionar. En la actualidad, de 120.000 nuevos contratos indefinidos de apoyo a emprendedores, 25.000 han sido con personas de más de cuarenta y cinco años y casi 7.000 de estos son trabajadores
mayores de cincuenta y cinco; el contrato generaciones, dentro de la estrategia de emprendimiento y empleo joven, que bonifica la contratación de mayores de cuarenta y cinco años para que puedan incorporar experiencia a la empresa.
Otra medida muy importante es el cambio en las políticas activas de empleo. Como ustedes saben, desde octubre del año pasado se puso en marcha un grupo de trabajo para evaluar estas políticas con el objeto de mejorarlas. De esta
evaluación, en la que trabajan de forma coordinada Gobierno y comunidades autónomas, va a nacer una nueva estrategia plurianual de activación de empleo que se está diseñando para su aplicación en 2014, que también recogerá nuevas medidas para
fomentar la contratación de trabajadores mayores de cincuenta y cinco años. Junto a estas medidas que les he mencionado brevemente, también se han puesto en marcha otras muchas como es la prohibición de cláusulas de jubilación forzosa en los
convenios colectivos, para que aquellas personas que sigan sintiéndose útiles en su vida laboral y quieran seguir trabajando puedan hacerlo.
El Grupo Popular ha presentado una enmienda en la que instamos al Gobierno -en el nuevo modelo de políticas activas de empleo que se está implantando actualmente en colaboración con las comunidades autónomas, y especialmente en la nueva
estrategia plurianual de activación para el empleo que, como les decía, se está diseñando para su aplicación a partir del año 2014- a que mantenga como objetivo estratégico una especial atención a la reinserción laboral de las personas de mayor edad
que han perdido su empleo como consecuencia de la crisis económica, asimismo para que se mantengan las medidas disuasorias en relación con el despido de trabajadores mayores por parte de empresas con beneficios, según establece el Real Decreto-ley
5/2013, que continúa estableciendo mecanismos de apoyo al emprendimiento y al trabajo por cuenta propia o a través de fórmulas de economía social, como alternativa a la situación de desempleo a la que se han visto abocados, aprovechando la
experiencia adquirida a lo largo de su vida laboral y que desarrolle su compromiso ya manifestado de poner en marcha una mesa de diálogo con los interlocutores sociales a fin de tratar la problemática de los trabajadores mayores de cuarenta y cinco
años.
Ya nos han adelantado que no nos van a aceptar la enmienda, pero, señor Morlán, espero que recapaciten, que nos la acepten y que podamos llegar a acuerdos en un tema tan importante como este. Estamos hablando de un colectivo muy especial,
trabajadores de cierta edad pero con mucha experiencia y con muchos conocimientos, y sería bueno que todos trabajásemos juntos en esta estrategia para lograr que estos trabajadores puedan tener mejores oportunidades en el mercado de trabajo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo, por tres minutos.
El señor ANCHUELO CREGO: La proposición no de ley nos plantea un problema de enorme envergadura, que ya hemos tenido ocasión de debatir en el pasado en esta Comisión y en el Pleno, que es el del paro de los trabajadores de más edad, un
problema que a menudo queda encubierto por el del paro juvenil y no debería ser así porque son dos dramas igualmente importante; incluso estos trabajadores de más edad suelen tener responsabilidades familiares y a veces ni siquiera tienen la
posibilidad de volver a un empleo en el resto de su vida laboral. Compartimos con el Grupo Socialista el agravamiento de las
condiciones de estos parados de más edad; la reforma laboral facilita su despido, mientras están parados se ha empeorado la cobertura al suprimirse el subsidio de mayores de cuarenta años y elevarse la edad desde cincuenta y dos a cincuenta
y cinco; se han endurecido las condiciones de acceso e incluso la última salida, el acceso a la jubilación también se les ha dificultado, por lo que se ha empeorado su situación considerablemente en diferentes frentes.
Respecto a las medidas propuestas, compartimos algunas de ellas: el desarrollo de la estrategia global, la mejora de la protección de este colectivo pero hay una propuesta concreta que nos resulta difícil compartir e incluso entender en
detalle, que es la moratoria de los despidos de los años 2013 a 2015, porque no entendemos muy bien en que consiste esta propuesta. Por otro lado, la idea básica parece ser que si se mantienen puestos de trabajo en peligro el Estado correrá con la
mitad del coste. Esta es una propuesta muy peligrosa, que puede resultar muy costosa, porque existe el riesgo de que se declaren en peligro empleos que no lo están, solo para acceder a estas ayudas. Nos gustaría haber tenido alguna cuantificación
de lo que esto supone; no nos parece una propuesta viable ni que tenga demasiado sentido. Por ello nuestra postura no va a ser de apoyo, como nos hubiera gustado, a la PNL sino de abstención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por tres minutos el señor Coscubiela, por La Izquierda Plural.
El señor COSCUBIELA CONESA: Disculpen los otros miembros de la Comisión la incompatibilidad física de estar en dos sitios al mismo tiempo. Espero no equivocarme de proposición no de ley y estar tratando la del Grupo Socialista referida a
las medidas de empleo y mejora a la protección a los trabajadores y trabajadoras de más edad. (Asentimiento.)
Como ustedes habrán podido comprobar, se trata de una propuesta muy similar a la de nuestro grupo. Compartimos el diagnóstico y compartimos al mismo tiempo también la mayor parte de las propuestas planteadas. Nos ha parecido ver que la
única novedad en relación con nuestro texto tiene que ver con la propuesta que se puede conocer como modelo alemán en relación a la moratoria de despidos por causas económicas para el periodo 2013-2015. Por mi experiencia este fenómeno debe tener
un tratamiento específico. La fórmula que se adoptó en su momento con el anterior Gobierno ha dado sus resultados, y plantear determinados mecanismos que permitan situar los ajustes en el terreno de la suspensión de contratos, en el terreno de
otras alternativas menos traumáticas que el despido han funcionado. En ese sentido nuestro grupo también coincide con este planteamiento y vamos a dar nuestro voto a favor.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar el turno de intervenciones, tiene la palabra el señor Picó por Convergència i Unió.
El señor PICÓ I AZANZA: Muy brevemente para mostrar el acuerdo de nuestro grupo parlamentario en relación a las propuestas que formula el Grupo Parlamentario Socialista en esta proposición no de ley, no tanto en las propuestas concretas,
que algunas consideramos aspiracionales más que efectivas, pero sí en el sentido de la necesidad de adoptar medidas para potenciar el acceso al trabajo de los mayores de cincuenta y cincuenta y cinco años y mejorar su protección social. No quiero
recordar aquí los reales decretos leyes 20/2012 y 5/2013 que han introducido importantes modificaciones en el sistema de protección, especialmente sangrantes en aquellos trabajadores mayores de cincuenta y cinco años, que lejos de asegurar su
permanencia en el mercado laboral les recorta el mínimo subsidio que les permite acompañar su recorrido vital en este contexto de crisis; un colectivo, además, que de no adoptarse medidas necesarias por parte del Gobierno en este sentido les
estamos condenando al paro de larga duración, como está pasando, y corre el riesgo de verse expulsado del mercado laboral para el resto de su vida.
No se han adoptado medidas suficientes para acompañar a este colectivo en el mantenimiento del empleo, su reincorporación al mercado laboral y para evitar la discriminación, discriminación que está sufriendo. Todos somos muy conscientes de
que muchas veces al poner en el currículum la edad mucha gente está viendo que siendo mayor de cuarenta y cinco, cincuenta o cincuenta y cinco años no puede volver al mercado laboral, tema sangrante absolutamente para una sociedad que no puede
permitirse la pérdida de experiencia en este sentido. Por tanto, no compartiendo exactamente todas las propuestas que se hacen pero sí creyendo que deben tomarse medidas en este sentido, mi grupo va a votar a favor de la iniciativa propuesta.
- SOBRE MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO EN ACTIVIDADES VINCULADAS A LA ARTESANÍA, LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA Y LA PESCA TRADICIONALES. (Número de expediente 161/001698).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a abordar la proposición no de ley que figura como número 1.º en el orden del día, de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista, que se refiere a medidas de fomento de empleo en
actividades vinculadas a la artesanía, la agricultura, la ganadería y la pesca tradicionales.
Para la defensa de la iniciativa, por tiempo de siete minutos, tiene la palabra doña Consuelo Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Intervengo en nombre del Grupo Socialista para defender esta iniciativa sobre medidas de fomento del empleo en actividades vinculadas a la artesanía, la agricultura, la ganadería y la pesca tradicionales.
La situación económica y laboral que atraviesa España con cerca de 6 millones de parados, una tasa de desempleo en torno al 26% tiene una incidencia especial en el mundo rural y en las actividades artesanales, culturales y agrícolas que
podrían generar, y que generan, empleo para amplios colectivos de trabajadores autónomos y para pequeñas empresas cuyo objetivo es promover ocupaciones relacionadas con actividades patrimoniales, culturales, artesanales y agrícolas ligadas con
nuestras tradiciones. Señorías, ¿quién no conoce, quién no ha estado en un pueblo, en alguna ciudad en ferias, en mercadillos, charlando y también comprando con pequeños comerciantes en los que se pone de manifiesto la riqueza y la variedad de una
serie de actividades originarias de cada uno de nuestros territorios, que además potencian el pequeño comercio en zonas rurales, que ayudan a asentar la población ofreciendo productos típicos de la zona? Es necesario estimular lo que ha sido
tradicionalmente la oferta de productos que dan empleo a muchas familias en el medio rural. Les voy a poner un ejemplo, uno de los muchos que hay a lo largo de nuestra geografía, les voy a poner uno cercano, que conozco bien. En Almería se ha
declarado hoy zona de interés artesanal a Macael y su comarca, y se ha hecho por sus trabajos en piedra y en alfarería -lo ha hecho la Junta de Andalucía-. El objetivo era claro, identificar los diferentes oficios artesanos a partir de su
especialización territorial, reconociendo la importancia económica de esta actividad. Pero, como les digo, son muchos los ejemplos que hay y muchos los Gobiernos autonómicos que están fomentando este tipo de actividades.
La artesanía, la agricultura, la ganadería o la pesca, en su laboreo tradicional, son la actividad principal en muchos casos, pero en otros, también numerosos, es complementaria del día a día de muchas familias en Andalucía, en Aragón, en
Asturias, en Galicia, en todos los rincones de España. Pues bien, precisamente esta actividad está afectada fuertemente por la crisis económica, y se está viendo que al contrario de otros sectores no gozan de ningún tipo de apoyo por parte del
Gobierno para continuar con su actividad. En el Grupo Parlamentario Socialista creemos que este tipo de actividades, en la que los autónomos, los pequeños empresarios, los trabajadores por cuenta ajena, ayudan a evitar una mayor despoblación de
nuestro medio rural, ayudan a mantener actividades vinculadas a la historia y a la tradición de cada territorio y, por tanto, deberían tener una consideración específica en el tratamiento de su contribución a la Seguridad Social. También a través
de esta iniciativa proponemos que se favorezca el desarrollo de las actividades artesanales en el medio rural como generadoras de empleo. Es sencillo, señorías, el objetivo es impulsar, facilitar la actividad artesanal, porque debería ser una
prioridad, por lo que he dicho antes, porque son generadoras de empleo, tienen sinergia con otros segmentos y es el mejor exponente de las costumbres de nuestra tierra. También proponemos desarrollar el sistema de cotización del régimen especial de
autónomos para dedicación a tiempo parcial y que se adopten medidas que permitan bonificar o reducir las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos y pequeñas empresas que están dedicadas a actividades vinculadas a la artesanía, la
ganadería y la pesca tradicionales.
En definitiva, señorías, es una iniciativa en defensa de todas las actividades artesanales de nuestro país, que están ligadas a nuestras tradiciones y que, como ya he dicho antes, mantienen a miles de familias. Por eso, el Grupo
Parlamentario Socialista apuesta por que en un momento como este, de tanta dificultad, se apoyen estas actividades, que tienen un valor añadido, vinculado al turismo, en aquellas zonas en las que se ha de impulsar y apoyar. Además, es una
alternativa real en la búsqueda de empleo para aquellas personas que lo han pedido. Es importante que salga adelante esta iniciativa, que sea apoyada por los grupos de la Cámara y especialmente por el grupo mayoritario, por el Grupo Popular.
Esperemos que no les dé la espalda a estos colectivos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Abad.
El señor ABAD PÉREZ: Con relación a la proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo Socialista para el debate en esta Comisión, consideramos que tanto el Gobierno como nuestro grupo parlamentario hemos sido conscientes desde el
primer momento de la grave situación del desempleo de este país, y particularmente de la tasa de paro de nuestros jóvenes. Por ello se han estado tomando medidas y se sigue pensando en nuevas actuaciones. Se ha puesto en marcha el denominado Plan
de estrategia de emprendimiento y empleo joven, en vigor desde febrero de 2012, y se trabajó junto con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas. Desde su puesta en marcha se ha facilitado empleo a 100.910 jóvenes, más de 420 cada
día, que hoy tienen una oportunidad de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, gracias a esta estrategia compartida por todos. La reforma laboral, además, ha permitido 144.900 contratos indefinidos de apoyo a emprendedores, de los cuales
56.200 han sido a jóvenes que hoy ven las cosas en España con más esperanza porque tienen un empleo.
A pesar de todo ello, queda mucho camino por recorrer, porque el punto de partida estaba tan bajo que aun con todas estas medidas que se están adoptando por este Gobierno está costando mucho superarlo. Juntos se hace camino. Debieran
ustedes sumarse en la evidencia positiva de las cifras de empleo y apoyar a mi grupo con las propuestas diferentes a las que han practicado en otras épocas y que lo que provocaban era más paro. Las cifras son testigos que marcan la evolución
positiva del empleo y de un cambio de signo en nuestra economía. Ha habido un leve crecimiento del producto interior bruto en el tercer trimestre de este año, un 0,1 y, como todos ustedes saben, es fundamental para la creación de empleo que también
crezca el producto interior bruto. Desde el año 2006 no se creaba tanto empleo asalariado o privado, 35.000 asalariados más, ni tanto empleo autónomo, 20.300 nuevos emprendedores. Esta cifra no se había producido desde el año 2007. Los registros
de afiliación y de paro de octubre han dado cifras alentadoras; un dato muy importante, que por sí solo resulta esperanzador, es que el paro registrado en términos interanuales -de octubre a octubre- cae un 0,5% y se queda casi en 55.000 empleos.
Desde el año 2007 no aumentaba la afiliación media en un mes de octubre. Según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal el total de desempleados en octubre era de 4.805.383, todavía demasiado alto, pero no estamos ya en los 6
millones de desempleados. No es una observación gratuita, es una cifra cierta, y nos dice que estamos creando empleo. ¿Suficiente? No, pero es el punto de inflexión de la curva del paro que estaba en caída libre y ahora está remontando.
En la proposición no de ley que nos presentan hacen mención, entre otras actividades, a las de nuestras zonas rurales, y precisamente de los datos de estas zonas rurales, aunque es cierto que en el último trimestre se ha incrementado el paro
en agricultura, es también una realidad cuantificable que en los últimos doce meses el desempleo ha bajado en 10.200 personas en este sector. No obstante y en relación con las propuestas que ustedes plantean en su proposición y que ahora debatimos,
les queremos indicar que sí hay apoyos. En cuanto a los apartados segundo y tercero de su iniciativa, desde el ámbito de la Seguridad Social, cabe destacar que por lo que se refiere a la medida propuesta para desarrollar un sistema de cotización
del régimen especial de autónomos para la dedicación a tiempo parcial, no debemos olvidar la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que adicionó un nuevo apartado al artículo 25 de la Ley
20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo, según el cual y si se consideraban los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera, la ley podía establecer sistemas de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos
de determinadas actividades o colectivos y durante determinados periodos de su vida laboral.
En cuanto a la propuesta sobre medidas que permitan bonificar o reducir cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos y de pequeñas empresas dedicadas a actividades vinculadas a la artesanía, la agricultura, la ganadería y la
pesca tradicionales, podemos indicar que para los trabajadores agrarios por cuenta ajena se contemplan determinadas reducciones en los tipos de cotización. Asimismo, para los trabajadores agrarios por cuenta propia se contemplan tipos reducidos de
determinadas cuantías de las bases de cotización. En relación con los trabajadores afiliados y en alta en el régimen especial de Seguridad Social de los trabajadores del mar cuentan con coeficientes correctores en sus cotizaciones, lo que hace que
la cuota que tienen que abonar a la Seguridad Social sea mucho más reducida, favoreciendo, sobre todo, a los autónomos y pequeños empresarios. Por otro lado existen bonificaciones al amparo de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes,
bonificaciones por altas familiares, medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad a los trabajadores de contratos fijos. En definitiva, estamos
diciendo que existen apoyos para aquellas empresas que contraten a personas en estos sectores que estamos hablando de artesanía.
Por otra parte...
El señor PRESIDENTE: Le quedan diez segundos, señor Abad.
El señor ABAD PÉREZ: Para terminar, he de decirles que existen una serie de apoyo a través del Fondo de estructuras de la Unión Europea y a través de la Dirección General de Desarrollo Rural que precisamente inciden en el servicio público
en los servicios rurales. No obstante y sabiendo la importancia que tienen en nuestros municipios...
El señor PRESIDENTE: Señor Abad, ha concluido su tiempo. Si quiere puede hacer alguna precisión breve.
El señor ABAD PÉREZ: Termino. Simplemente decir que hemos presentado una enmienda que nos gustaría que se pudiese estudiar por parte del Grupo Socialista y si existe un acuerdo, al finalizar el debate, presentaremos una transaccional en la
Mesa. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? Por el Grupo Parlamentario de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo en sus propuestas económicas y laborales es más partidario de un enfoque general, que beneficie al conjunto de la economía, que de los enfoques territoriales o sectoriales. Nos gustan medidas como el
contrato único, reducción de los costes energéticos, reducción de gasto público superfluo, más que una medida territorio a territorio o sector a sector. Esta proposición no de ley puede ser un ejemplo de por qué favorecemos los enfoques generales.
En el punto dos se nos propone una medida que es mucho más general que el sector del que estamos hablando y, por tanto, un cambio en el sistema de cotización de los trabajadores autónomos que no se dedican expresamente a la artesanía, de que antes
se estaba hablando, y en el punto tres se nos proponen unas bonificaciones que resultan simpáticas en el contexto que se proponen pero que pueden estar en contradicción con la visión general de la Seguridad Social y la necesidad de ingresos en el
futuro.
No obstante, discrepando de los detalles y las medidas que se proponen, lo que sí compartimos con el grupo proponente es la necesidad de recordar la importancia de estos sectores, su potencial de futuro y especialmente ese potencial ligado a
nuestro sector turístico. Compartimos, por tanto, la intención y discrepamos en el detalle de alguna de las medidas.
El señor PRESIDENTE: El señor Coscubiela tiene la palabra.
El señor COSCUBIELA CONESA: Compartimos la importancia del sector primario tradicional y artesanal, y además nos parece clave para el desarrollo de algunos territorios y de algunos sectores. Desde ese punto de vista todo lo que sean
medidas horizontales de apoyo a ese sector nos parece un objetivo a perseguir, y sobre todo a ponerle mecanismos concretos, además en la perspectiva de modernizar ese sector que posiblemente sea la única posibilidad que tenga de revalorizarlo y
darle rentabilización social, buscando -es clave- una estrecha colaboración con algunos sectores hoy muy potentes de la economía española, como son las industrias agroalimentarias o el sector de las energías renovables -si el Gobierno no lo impide-,
y el sector de servicios, en el turismo rural, en el turismo, etcétera.
Por tanto, coincidencia plena con el objetivo; acuerdo con la primera parte de la proposición no de ley, favorecer el desarrollo de esas actividades artesanales. Muchas dudas en relación con el segundo objetivo, que voy a intentar
expresar. En estos momentos una de las cosas evidentes de la reforma laboral en relación a los trabajadores asalariados es que se está malutilizando, por decirlo en palabras suaves, cuando no utilizando fraudulentamente el contrato a tiempo
parcial. Es un contrato que ha propiciado convertir contrato a tiempo completo en contrato a tiempo parcial, con un desarrollo brutal de las horas extraordinarias no declaradas y por lo tanto con una subdeclaración a efectos de Seguridad Social, lo
que es una de las claves de la caída de la recaudación del sistema de la Seguridad Social. Si eso es posible en el ámbito del régimen general, donde para formular ese fraude es necesaria la connivencia de diferentes agentes, en el caso de los
autónomos, presumiendo la buena fe de todo el mundo, me parece una
operación arriesgada sin más. En ese sentido sugerimos que se concrete más esa fórmula, máxime cuando además en el caso de los autónomos es un mecanismo que es el de sus bases de cotización prácticamente a la carta, que permite cotizar por
poco. En tercer lugar, por coherencia con nuestros planteamientos generales no podemos coincidir con la idea de que el apoyo a las actividades artesanales vaya por la vía de bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social, y mucho menos reducir
cotizaciones a la Seguridad Social de nadie -como hemos dicho en alguna ocasión-, entre otras cosas porque es incongruente con el objetivo de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social que nosotros defendemos también por la vertiente de los
ingresos. Si en algún caso hubiera que ayudar económicamente a esas actividades es por la vía de las ayudas fiscales. En ese sentido no sé cómo vamos a resolver este problema. Coincidimos con el espíritu y no coincidimos mucho con la letra. Nos
lo pensaremos de aquí al momento de la votación.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Picó desea intervenir? (Asentimiento.) Tiene tres minutos.
El señor PICÓ I AZANZA: Brevemente. Compartiendo en ese sentido el espíritu de la proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, simplemente quería destacar que también cabría la posibilidad o la oportunidad de
considerar otras actividades, además de la artesanía, que se ejercen de forma complementaria en el mundo rural. Por ejemplo, se ha hablado de las actividades turísticas en ese sentido. Todos conocemos que muchas familias en el mundo rural
complementan las actividades agrícolas con las dedicadas al turismo, llamado turismo rural. Más allá de todo esto y compartiendo, como he dicho antes, el espíritu de la proposición no de ley, esta iniciativa entra en un punto que consideramos
urgente, como es el tema del desarrollo del sistema de cotización del régimen especial de autónomos a tiempo parcial. Porque les recuerdo, señorías, que con objeto de la Ley 27/2011 Convergència i Unió y el Gobierno anterior, el Gobierno del
Partido Socialista, impulsamos la medida y por la necesidad urgente de regular una realidad de nuestro mercado laboral, la que no soluciona la regulación sobre pluriactividad. Son aspectos totalmente distintos, y esa necesidad de regular la
cotización a tiempo parcial en el régimen de trabajadores autónomos ha sido postergada por el actual Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado tanto en el año 2013 como con el proyecto de ley actual. Si la necesidad en el año 2011
era perentoria, actualmente lo es mucho más. Les pongo el ejemplo de la llamada tarifa plana para menores de treinta años que ha sido todo un éxito, hay que reconocerlo, y que a través de la Ley de Emprendedores se ha ampliado sin límite de edad en
ese sentido, que también va a ser un éxito. Si existió necesidad, como les decía, en el año 2011, de regular el sistema de cotización del régimen de trabajadores autónomos a tiempo parcial, y esa necesidad ahora es más que urgente, por la situación
del mercado laboral, por la crisis económica que padecemos, es necesario que se active en este sentido.
Por estas razones, mi grupo parlamentario dará apoyo a la iniciativa formulada por el Grupo Socialista.
- SOBRE LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS SIN INGRESOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001799).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día, una iniciativa del Grupo de La Izquierda Plural referida a la protección a las personas desempleadas sin ingresos, a cuyo efecto tiene la palabra el señor Coscubiela por siete
minutos.
El señor COSCUBIELA CONESA: Como sus señorías habrán podido comprobar hay tres proposiciones no de ley en esta Comisión, alguna de ellas ya la hemos discutido, la del Grupo Socialista, la nuestra y también la del Grupo UPyD que van
orientadas a un mismo objetivo, a intentar mejorar por la vía de la recuperación y del tratamiento más justo el nivel de prestaciones de las personas desempleadas. No deja de ser sorprendente, cuando no indignante, que en el momento en que existe
un mayor nivel de paro, incluso de paro de larga duración, una de las líneas de comportamiento del Gobierno haya sido sistemáticamente reducir el nivel de cobertura. De hecho, algunas de las cifras mencionadas en la exposición de motivos en nuestra
proposición no de ley han sido, desgraciadamente, superadas por la realidad a menor, pero a peor. En estos momentos, con los últimos datos del mes de octubre, no llegan al 60% las personas inscritas como demandantes de empleo que tienen prestación,
con lo cual el 40% no lo tiene, y estamos hablando de 2.000.000 de personas, y si esos datos se refieren a la encuesta de población activa el nivel de personas detectadas en la encuesta de población activa que no tienen ningún tipo de prestación,
sube a 3.000.000 y el nivel de cobertura solo es del 33%. Insisto, vamos a peor a medida que
van pasando los meses. Desgraciadamente, además, se trata de un impacto sobre colectivos muy sensibles -y lo especificamos en nuestra proposición-, especialmente personas jóvenes, pero me quiero centrar en esta presentación en los mayores
de cincuenta años. Se lo dije al presidente del Gobierno la semana pasada, y lo reitero aquí, creo que se está siendo especialmente cruel e injusto con personas que al llegar a esa edad tienen una larga trayectoria de trabajo, de esfuerzo y de
cotización y se encuentran con que se han reducido de manera sensible sus prestaciones y se les está acorralando socialmente.
Quiero recordar que el Real Decreto-ley 20/2012 acabó con el subsidio especial de mayores de 45 años, que trasladó de los cincuenta y dos a los cincuenta y cinco años el subsidio posterior a la prestación por desempleo y, lo que es peor, que
se le redujo su cotización del 125 de la base mínima al cien por cien, con lo cual se les penaliza no solo como parados, sino que se les penaliza también posteriormente en la cuantía que van a percibir de su prestación. Por si fuera poco, y fuera
del ámbito ya de las prestaciones por desempleo, cuando esas personas intentan buscar una salida digna a su situación se encuentran de nuevo con otro muro levantado por el Gobierno con el Real Decreto-ley 5/2013, en relación con el endurecimiento
del acceso a la jubilación parcial. Quiero aprovechar para llamar la atención sobre un tema que no es objeto de la proposición no de ley, pero que espero que pueda ver pronto la Cámara en Comisión o en Pleno. En el tratamiento de la Ley 5/2013, a
todos aquellos parados de esa edad que están en situación de desempleo como consecuencia de la rescisión de un contrato temporal, es decir, muchos de los mayores de 50 años, se les considera que están desempleados no por circunstancias forzosas sino
voluntarias -menudo cinismo legislativo el del legislador, desde mi punto de vista- y, por tanto, su acceso a las prestaciones, su acceso a la pensión de jubilación anticipada no llega hasta los 63 años. Creo que se está tratando a esas personas
con una profunda insensibilidad social, y lo que tiene por objeto nuestra proposición no de ley es que se plantee el Gobierno la necesidad de revisar algunas de las medidas que se han puesto en marcha durante este periodo. Están aquí perfectamente
dibujadas, no me extiendo en ellas, simplemente digo que para remachar el clavo de nuestra idea, aunque creemos sinceramente que no aporta nada nuevo, pero en todo caso para dejar bien claro el objetivo de las mismas, vamos a aceptar la enmienda que
nos ha planteado el Grupo Socialista.
Por último, quiero insistir en un concepto no en el ámbito legislativo, sino en el ámbito humano. Se trata de personas que después de haber trabajado y haber cotizado en algunos casos más de treinta años se encuentran al final de su vida
laboral que no tienen empleo, no tienen expectativas de tenerlo, porque desgraciadamente no existen, no porque no quieran, y que no se merecen estar en una situación como esta, en algunos casos sin poder tan siquiera acceder, o accediendo en
condiciones muy injustas, a un subsidio que escasamente supera los 400 euros. Creo que deberíamos demostrar un mayor grado de sensibilidad en lo que se refiere a esas personas porque por su trayectoria social se lo merecen.
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, aunque está aceptada por su parte, existe una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya explicación tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Estamos tratando en esta proposición no de ley de La Izquierda Plural uno de los rasgos más dramáticos del desempleo -también se ha tratado en el primer punto de esta sesión- y estoy muy de acuerdo con lo
expuesto por el señor Coscubiela. Se trata del que afecta fundamentalmente a las personas que se encuentran en paro en los últimos años de cotización, con escasísimas oportunidades de encontrar empleo y cada vez con menos cobertura social. Los
datos, los miremos como los miremos, así lo explicitan; en la encuesta de población activa del primer trimestre de este año los parados de más de 55 años se han incrementado en relación con el año anterior en un 21,77% y entre los de 45 y 55 años
el paro registrado sube un 16,5%. Además, el paro de larga duración también incide de mayor manera en estas edades, los parados entre 45 y 55 años representan casi el 40% y de ellos casi el 60% llevan más de veinticuatro meses como demandantes de
empleo, y del total de contratos registrados en 2012 solo el 5% lo consiguen personas de 55 años o más y el 15% aquellos que tienen entre 45 y 55 años.
Este es un panorama bastante dramático y podemos preguntarnos qué ha hecho el Gobierno frente a esta situación. Primero, con la reforma laboral, ha optado por un conjunto de medidas que facilitan su despido, pero además ha eliminado la
bonificación al mantenimiento de su empleo, ha recortado las políticas activas, especialmente las de inserción, ha suprimido prestaciones y reducido su cuantía, y además les condena a pensiones de subsistencia con independencia de su carrera de
cotización. Este es, fundamentalmente, el resultado de los dos reales decretos y por eso mi grupo ha presentado una enmienda en este sentido, porque el Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, supuso un duro ataque en la protección de los trabajadores que a partir de los 45 años son expulsados del mercado laboral, especialmente los mayores de 55 años. La supresión del subsidio
para mayores de 52 años a los 55 años ha reducido drásticamente el número de beneficiarios de estas prestaciones y porque -añadimos- el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, que eufemísticamente se llama de medidas para favorecer la continuidad
de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, contradiciendo absolutamente su título, facilita su despido porque adopta medidas que permiten eludir las previsiones disuasorias en cuanto a los despidos de
mayores de 50 años, incide en una mayor desprotección -como señalaba anteriormente el señor Coscubiela- al supeditar el acceso al subsidio para mayores de 55 años a las rentas de la unidad familiar y rompe las posibilidades de una jubilación
anticipada con una cuantía de pensión acorde con su carrera de cotización. En definitiva, el panorama que nos encontramos después de estos reales decretos es más paro a partir de 45 años, más paro de larga duración en estas edades, menos
posibilidades de empleo, menos cobertura en las prestaciones, merma, por tanto, en las futuras jubilaciones y un riesgo claro de exclusión social y empobrecimiento brutal en sus expectativas de futuro.
Señorías, todos los días, al salir de mi casa en mi ciudad, Avilés, me encuentro a un señor pidiendo con un cartel que cuelga del cuello y que dice: Soy víctima de los banqueros sin escrúpulos y de los políticos incapaces. Quiero al menos
darle la respuesta de que no todos los políticos somos iguales (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Desde luego) y que a algunos, como en la iniciativa anterior y como en esta, esta situación nos quita el sueño. Nos preocupa profundamente esta
situación y creemos que los poderes públicos pueden hacer mucho más para no dejar tirados a los miles de trabajadores en paro que están en estas edades. Queremos romper con la profecía que alto y claro expresó de manera sincera y a gritos una
diputada del PP en el hemiciclo refiriéndose a los parados, romper con la profecía, porque además estos trabajadores en paro son los mismos que tienen hijos en la universidad y que les reducen las becas; son los mismos que no pueden terminar de
pagar sus hipotecas y son los mismos que empiezan a perder la esperanza, con consecuencias absolutamente dramáticas. Los conozco muy bien porque muchos de ellos son mis vecinos...
El señor PRESIDENTE: Le quedan diez segundos para concluir su tiempo.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Sí, señor presidente.
Muchos de ellos son mis vecinos y me cuentan su situación al salir de casa. Esta semana, al menos, les contaré que hoy hemos hablado de ellos aquí, que lo intentamos y que no pudimos hacer nada porque el PP, una vez más, mira para otro lado
ante esta realidad y utiliza su mayoría absoluta para obviar su situación. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.) El señor Anchuelo tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Ya en el primer punto del orden del día tuve ocasión de referirme a la dramática situación de los parados de más edad, su situación a menudo con responsabilidades familiares, la dificultad para volver a un empleo,
así que no me extenderé sobre ese tema. Allí hablábamos también del endurecimiento de su situación con algunas medidas que ha venido aplicando el Gobierno: la eliminación del subsidio para mayores de 45 años, la elevación del subsidio de 52 a 55
años, la disminución de la cuantía de las prestaciones por desempleo a partir del séptimo mes o el endurecimiento para el acceso a la renta activa de inserción.
Lo que nos propone La Izquierda Plural en esta proposición no de ley es, básicamente, revertir la situación, deshacer esas medidas. Como las hemos criticado en el Congreso según se han ido trayendo, a nadie le sorprenderá que votemos
favorablemente la iniciativa de La Izquierda Plural que la enmienda del PSOE en cierta medida reitera, porque el sentido es deshacer esas medidas, a las que nos oponemos. Por eso, insisto, votaremos favorablemente esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: El señor Picó tiene la palabra.
El señor PICÓ I AZANZA: Exactamente, como ha dicho el señor Anchuelo, el discurso que hemos hecho en relación con el primer punto del orden del día valdría para saber qué votaremos en esta proposición no de ley. Tan solo quiero remarcar
una cosa, votamos en contra del Real Decreto-ley 20/2012 y votamos en contra del Real Decreto-ley 23/2012, y puesto que la iniciativa pretende revertir a la situación
anterior a la aprobación de estos dos reales decretos-leyes, mi grupo parlamentario lo comparte en este sentido. Quiero decir también que mi grupo compartió con el actual Gobierno la reforma laboral que se aprobó, pero reclamando -cosa que
no se ha hecho- un plan de choque urgente para la reactivación económica y para la creación de empleo. Sin ello, yo creo que no podemos seguir adelante; por tanto, es urgente un plan de choque de reactivación y es urgente que el Gobierno nos
presente medidas para ello.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Martín Pozo.
La señora MARTÍN POZO: Intervengo brevemente para dar contestación a esta iniciativa presentada por La Izquierda Plural y que tiene por objeto una vuelta atrás en las medidas adoptadas por el Gobierno y que este partido votó a favor del
Real Decreto-ley 20/2012.
Se refiere sobre todo a la cobertura de los desempleados de mayor edad. A este respecto le diré que la acción protectora que el subsidio de desempleo otorga a estos trabajadores de mayor edad es adecuada. En primer lugar, porque las
personas que agoten la prestación por desempleo reconocida y sean mayores de 45 años, a pesar de que se ha suprimido el subsidio especial, pueden seguir percibiendo los subsidios cuando agoten la prestación contributiva, igualando así su derecho al
del resto de los desempleados. Lo mismo ocurre con los mayores de 52 años. Aunque se haya elevado a los 55, los mayores de 52 puedan acceder también al resto de los subsidios previstos en el artículo 215.1.1.a) y b) y número 2, del texto refundido
en la Ley General de la Seguridad Social.
Estas modificaciones normativas han ido acompañadas por otras diseñadas para el mantenimiento del empleo y la prolongación de la vida activa de los trabajadores de más edad, como la exigencia de aportaciones económicas a las empresas por
despidos que afecten a trabajadores de 50 o más años; el establecimiento de medidas a los que hayan agotado las prestaciones o subsidios, o no tengan derecho a los mismos, como un colectivo prioritario para las políticas activas de empleo, así como
la extensión de la duración del subsidio para los mayores de 55 años.
Respecto al incremento de la cotización a la Seguridad Social que ustedes plantean que vuelva al 125 -era del 125 y ahora ha pasado a ser del cien por cien-, entendemos que no resulta adecuado que la cotización durante la percepción del
subsidio de desempleo de carácter asistencial sea superior a la de los trabajadores en activo que cotizan el cien por cien de la base mínima.
Por lo que respecta a la renta activa de inserción que ustedes proponen que vuelva al carácter universal, lo que significaría suprimir el requisito de haber extinguido la prestación o el subsidio por desempleo, hemos de decirle que este
requisito, en primer lugar, no se exige a los emigrantes retornados ni a los que acrediten la condición de víctimas de violencia de género. Asimismo, para su acreditación, basta con haber extinguido en algún momento anterior de la vida laboral del
solicitante, sea cual fuere su fecha, una prestación por desempleo contributiva o un subsidio por desempleo, lo cual facilita el cumplimiento del requisito. Se trata de evitar conductas que habitualmente se producían, consistentes en que personas
solicitantes que alcanzaban los 45 años de edad y nunca se habían incorporado al mercado de trabajo, se acogieran a la búsqueda de empleo con la única finalidad de obtener la renta activa de inserción.
Por último, respecto a la modificación que pide del incremento tanto de la RAI como de la prestación por desempleo, cabe indicar que si se accediera a ello implicaría un notable incremento del gasto público que con la situación financiera
actual del sistema de protección por desempleo comprometería no solo la estabilidad del sistema. Señorías, las modificaciones introducidas en el Real Decreto-ley 20/2012 no fueron un capricho del Gobierno, sino que su objetivo ha sido
racionalizar...
El señor PRESIDENTE: Le quedan cinco segundos, señora diputada.
La señora MARTÍN POZO: ...el sistema de protección por desempleo. Por tanto, nuestro voto será contrario a la iniciativa.
- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN TECHO SALARIAL VINCULADO AL SALARIO MÍNIMO EN RELACIÓN DE 1:12. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001928).
El señor PRESIDENTE: Concluido este punto, nos han solicitado -y parece que hay anuencia de todos los grupos parlamentarios y, si no, me expresan lo contrario- la modificación del orden del día en el sentido de debatir ahora el punto quinto
en vez del cuarto. Veo que el señor Tardà, autor de la iniciativa, está. ¿Hay algún problema?
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Nos acabamos de enterar de la modificación y la persona que va a intervenir no está en este momento.
El señor PRESIDENTE: Por lo que se ve no habían informado al Grupo Parlamentario Socialista, es lo que deduzco de sus palabras. Vamos a suspender durante un minuto para que lo puedan comunicar y si la diputada está en condiciones de
comparecer... (La señora Gutiérrez del Castillo: Ya viene.)
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, yo no había solicitado nada.
El señor PRESIDENTE: Usted no. No le había atribuido en este caso la iniciativa. Lo han solicitado otros compañeros y en este caso el señor Camps es el que me ha informado del asunto.
Si todos están conformes, vamos a abordar el punto quinto del orden del día, la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, señor Tardà, sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12.
Tiene la palabra por siete minutos el señor Tardà para defender su iniciativa.
El señor TARDÀ I COMA: Señorías, nuestra propuesta pretende establecer dentro de una misma empresa un techo salarial máximo vinculado a una relación 1:12 con el salario más bajo; dicho de otra forma, que lo ganado por un directivo en un
mes no supere lo ingresado por un trabajador de la misma empresa en doce meses, en un año. Esto lo demandamos para la empresa privada, para el sector público y también para las empresas participadas por la Administración pública. Estos días se ha
hablado mucho de todo ello a raíz de un referéndum que se ha celebrado en la República Helvética y debo decir que, como deben saber, el 35% de los ciudadanos se mostraban favorables, pero ciertamente fue rechazado por una mayoría. Pero atendiendo a
este 35% considero que la cuestión no solamente está ya planteada, sino que posiblemente está condenada a ser planteada de nuevo en los próximos años. En Suiza, el incremento del diferencial creció del 1:13 en 1988 al 1:93 en el año 2012. Cómo
no, pues, va a retornar este tema en la República de Suiza.
En el caso del Estado español, en el inicio de la crisis la brecha se situaba en 1:23 -hoy estamos en 1:25- y, según la encuesta de la estructura salarial del Instituto Nacional de Empleo, la diferencia salarial media en los directivos en
los años 2008-2010 creció -y recuerden, si no, los casos escandalosos del señor Alierta en Telefónica que cobra 266 veces más que el trabajador que gana menos de su empresa, o el caso de don Florentino Pérez que gana 157 veces más que el trabajador
que gana menos-. Les daré otro dato. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la retribución media de la alta dirección de las empresas españolas del Ibex alcanza 750.000 euros anuales. Recuerden que desde el inicio de la crisis, cuando
el señor Sarkozy anunció la necesidad de refundar el capitalismo, hasta hoy, hemos padecido en nuestras carnes el contenido de esta voluntad: desguace del Estado del bienestar, rotura del espinazo del Estado social, todo ello mediante la
degradación del marco de las relaciones laborales, recortes sociales, devaluaciones salariales; en definitiva, pobreza cronificada, dualización social y un déficit en la competitividad de las empresas.
Nuestra medida creo que está alejada de radicalismos, más bien bebe en las fuentes de la socialdemocracia e incluso de la tradición social cristiana, es más, entronca con la escuela de la cogestión laboral, etcétera. Estamos convencidos de
que contribuiría a una mejor y más justa redistribución interna de las masas salariales, actuaría como catalizador de la responsabilidad social de la empresa para con los trabajadores y para con el contexto de crisis, posibilitaría reinversiones
necesarias, urgentes e imprescindibles en muchas ocasiones para que la misma empresa sea competitiva, teniendo en cuenta el contexto actual de urgencia para frenar la batalla de la falta de competitividad.
Esta iniciativa no pretende congelar el sueldo de los directivos ni evitar que lo puedan subir, lo que pretende es que antes de subirse el sueldo suban los de los trabajadores o incluso que sea posible un debate interno en las empresas para
valorar el significado social en estos momentos de estos desfases tan pronunciados. Y aun reconociendo las diferencias salariales que nuestra sociedad ha aceptado -creo que esto no se cuestiona-, limitarlas económica y éticamente creo que es
fundamental al menos para la izquierda, porque, no nos engañemos, son sueldos también inmorales que se sustentan en salarios de miseria de otros, aun cuando, repito, es un debate que puede encararse desde el alejamiento de posiciones estrictamente
ético-morales, también por razones de necesaria competitividad. Suiza ha votado que no, es cierto, pero ha votado, y además los resultados son evidentes, un 35% de los ciudadanos han dicho que sí, además ha sido una propuesta impulsada por la
izquierda socialista en el Estado suizo; es un
debate que no se va a retirar, es un debate que estará presente los próximos años, que llegará a todas las sociedades -dicho de otra manera, creo que si se hiciera un referéndum en el Estado español el resultado estaría bastante cantado,
pero esta es una opinión muy personal- y creo que sería bueno que esta iniciativa como mínimo reciba el apoyo de todos los grupos progresistas de esta Cámara para que a la espera de una correlación de fuerzas distinta este tema, una vez llegado
aquí, una vez tenga el apoyo de las izquierdas, no solamente siente un precedente, sino que forme parte de aquello que tarde o temprano deberá encararse.
Esta es la finalidad, el objetivo, la voluntad de los republicanos, a la espera de que tengamos el apoyo, repito, de los grupos de izquierdas de esta Cámara y sabiendo de antemano que el Grupo Popular -legítimo, cada uno piensa lo que
quiere- nos lo va a rechazar.
El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas a esta proposición no de ley.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) El señor Anchuelo tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Es necesario comenzar reconociendo la habilidad parlamentaria del señor Tardà que trae hoy a la Comisión la propuesta que el Partido Socialista hacía pública hace unas semanas y hay que reconocer también que la
propuesta se sustenta en un problema de fondo, en una realidad, y es el aumento de la desigualdad que ha acompañado a la crisis económica, a menudo con ejemplos sangrantes de directivos que con pocos días de diferencia despedían trabajadores y se
subían sus propios sueldos, o con ejemplos en el sector financiero relacionados con las cajas de ahorros y con los salarios que los directivos que las hundieron cobraban. Mi grupo es consciente de esa problemática, la hemos denunciado
particularmente en el sector financiero y hemos propuesto medidas, como una mayor transparencia de esas remuneraciones, que se aprueben en la junta de accionistas con mayorías reforzadas -creemos que esa sería una medida muy importante-, y en el
sector financiero que haya una supervisión más estricta del Banco de España y en el caso de las administraciones públicas también hemos hecho propuestas sobre una estructura salarial más racional de todas las administraciones públicas, central,
autonómica y local.
No desdeñamos la importancia del problema, pero sinceramente consideramos inaplicable la propuesta que aquí se nos trae. Primero, habría que definir exactamente qué se está proponiendo. Cuando se habla de ese salario mínimo, ¿se está
hablando de cualquiera? Puede ser el de un trabajador a tiempo parcial, que esté cobrando un porcentaje del salario mínimo, ¿de qué mínimo estamos hablando exactamente? En segundo lugar, hay un problema de incentivos perversos. Parece pensarse
que la solución va a ser aumentar esos salarios bajos, pero la solución podría ser que se contratasen menos ese tipo de trabajadores; puede haber un problema de incentivos indeseados. En tercer lugar, ¿por qué 12? Es cierto que es un número con
caracteres mágicos, doce fueron los apóstoles, doce los meses, pero no deja de ser una cifra un tanto arbitraria. Dudamos que sea aplicable legalmente en el caso español y tiene otro supuesto subyacente que no compartimos, que todos los salarios
altos obedecen a privilegios, hay muchos que sí en empresas con conexiones políticas, pero también hay salarios altos que obedecen al talento, a la productividad de las personas, conviene a veces incluso atraer ese talento de otros países.
Nos decía el señor Tardà que en Suiza el 35% votó a favor, por lo que deduzco que el 65% votó en contra y nosotros también vamos a votar en contra de esta iniciativa por la rigidez que contiene, la arbitrariedad y los efectos indeseados que
puede provocar.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Coscubiela quiere intervenir? (Pausa.) Adelante.
El señor COSCUBIELA CONESA: El señor Tardà presenta en nombre de su grupo esta iniciativa y nos plantea un reto; con independencia de cuál sea la fórmula que permita abordarlo, sin duda estamos ante un problema grave, un problema que no
solo afecta a la equidad y a la igualdad, sino que está provocando una grave deslegitimación del sistema democrático. Quiero recordar que el Estado social tiene como característica no solo las formas en que se ejerce la participación y la
representación, sino que también establece los mecanismos a través de los cuales se llega al pacto social de distribución de la riqueza. Y en estos últimos decenios se está produciendo una ruptura brutal de ese pacto democrático en términos
sociales, y se está produciendo por muchas vías, entre ellas, sin duda, la desigual distribución de la renta que se viene desarrollando a través de la economía y más concretamente del mundo de la empresa. Por si eso fuera poco, se viene
incrementando porque no solo asistimos a un proceso de profunda desigualdad, sino de incremento brutal de la pobreza; tenemos una congelación del salario
mínimo, una pérdida de poder adquisitivo en los dos últimos años de 3,6 puntos cuando las recomendaciones del Consejo de Europa nos sitúan el salario mínimo en un 60% del salario medio, y en estos momentos ha caído en picado, estamos en el
37?% y retrocediendo, y curiosamente, mientras eso sucede, asistimos a procesos en los que empresas públicas y privadas, sin ningún tipo de control, determinan salarios exagerados y fuera de cualquier regla ética.
Sin duda esta propuesta tiene -y lo ha dicho el propio señor Tardà- algunas dificultades de articulación legal, pero no me voy a fijar en ellas, porque creo que es oportuno fijarse en el objetivo que va a perseguir, y es la necesidad de que
el conjunto de la sociedad y nosotros como representantes de la misma abordemos iniciativas que permitan debatir ese problema, y no solo en el ámbito de la empresa pública, también en el ámbito de la empresa privada, y voy a intentar explicar por
qué. Sin duda, en el ámbito de la empresa pública sería más fácil, pero en el ámbito de la empresa privada debe hacerse porque no comparto, nuestro grupo no comparte, la idea de que la propiedad privada tiene libertad absoluta para hacer lo que
sea, primero, porque hay límites éticos, y segundo, porque en el fondo esa libertad de mercado luego cuando van mal dadas se convierte en la libertad para pedir ayudas al sector público, como se ha podido comprobar. Por tanto, si eso es así, creo
que existiría legitimidad para poder intervenir. Y en segundo lugar, porque, no nos equivoquemos, una parte de las causas que nos han provocado el estallido de esa burbuja ha sido el establecimiento de relaciones que no solo han incentivado
salarios altos...
El señor PRESIDENTE: Está concluyendo su tiempo.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.
... sino que además han incentivado salarios que en su determinación propiciaban las bases de esa burbuja especulativa. Por tanto, se quiera o no, se esté de acuerdo o no con la fórmula concreta de esta iniciativa, sin duda el problema que
se plantea es un problema real y nosotros, aunque solo sea por el simbolismo que conlleva, vamos a votar a favor, sabiendo que su articulación jurídica seguro que no se podrá hacer en los términos en que se ha planteado.
El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: En primer lugar, quería manifestar la sana envidia que tengo a Suiza por realizar una consulta ciudadana sobre un tema que afecta a todo el mundo. En ese sentido, ¿por qué no hacerlo? Creo que sería bueno.
En segundo lugar, al inicio de esta legislatura fuimos conscientes de los sueldos excesivos de algunos directivos en ciertos sectores económicos que crearon una alarma social y que en la coyuntura actual se entendieron con dificultad por
parte de la ciudadanía. Recuerdo que al inicio de la legislatura pactamos una limitación de las indemnizaciones en el sector financiero porque algunas entidades habían pasado a ser de participación pública.
Quería hacer simplemente un comentario muy rápido: cuidado con querer regularlo todo, porque realmente el objetivo que se persigue, por muy bueno que sea, puede tener consecuencias que no alcancen el objetivo perseguido, por tanto, cuidado
con ello. Muestro mis dudas sobre la eficacia de la propuesta que nos hace Esquerra Republicana y sobre el resultado de su aplicación. Creo que es importante que debatamos este tema con tranquilidad y de forma mucho más profunda que en una
proposición no de ley en una Comisión. En este sentido mi grupo parlamentario estará atento a los posibles estudios que puedan realizarse, pero creemos que, como decía, no debe llevarse a cabo un pobre debate, en cierta forma, en esta Comisión
cuando debería hacerse de forma mucho más extensa.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Patricia Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Más allá de la fórmula jurídica elegida y de las dificultades que se han planteado y que probablemente se plantearán en el recorrido, la pregunta es si a ustedes no les parece razonable que en este país nadie
gane en un mes en una empresa más de lo que otros ganan en un año. Entiendo que nadie me va a decir en esta Comisión que esto no es razonable y, siendo así, me pregunto si no sería conveniente que de forma conjunta trabajemos para implantar ese
abanico salarial. La crisis desde luego ha tenido un efecto, el desempleo, pero también el incremento de forma escandalosa de los trabajadores pobres, de trabajadores que, a pesar de tener un empleo, no llegan a fin de mes y que en estos meses de
frío tienen que apagar la calefacción, que no pueden encenderla. Esto está sucediendo
con gente que tiene empleo, y mientras tanto sus jefes han subido sus salarios en estos años. Mientras los salarios han bajado en España el año pasado, los beneficios empresariales han subido, poco, pero han subido, y los de los jefes
también han subido, mientras estos trabajadores han visto reducido su salario. No nos jugamos solo un sueldo concreto, una iniciativa concreta, sino el rostro de nuestra sociedad, el rostro futuro de nuestro mercado laboral en los próximos años, y
esto es de una desigualdad insoportable en una sociedad decente como la nuestra.
No podemos escondernos detrás de dificultades que puedan plantearse cuando nosotros somos legisladores; habrá que buscar una fórmula para que esto se lleve a cabo, habrá que debatir sobre esto y no limitarse a decir: usted nos trae una PNL
a una Comisión y nosotros la votamos en contra. Si de verdad estamos de acuerdo en que no es razonable que en una misma empresa, mientras se reduce el sueldo a un trabajador hasta límites que le impiden pagar la luz -que, por cierto, no para de
subir-, hasta el límite además... (Rumores.) Señor presidente, es que no puedo seguir, no me escucho.
El señor PRESIDENTE: Le quedan diez segundos, y para eso hace falta que la sala esté en silencio y se le pueda escuchar en su tiempo. Adelante, señora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Le decía que además de esto el Estado se ha retirado. La gente tiene muchas dificultades para mandar a sus hijos a la universidad, incluso se ha instaurado el copago sanitario. Son tantas y tantas cosas las
que ocurren en esta sociedad que, o estamos nosotros dispuestos como legisladores a que no ocurra que una persona trabaje y trabaje y no pueda llegar a fin de mes mientras otras personas de la misma empresa...
El señor PRESIDENTE: Señora Hernández, si quiere concretar algo hágalo, porque ha concluido su tiempo.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: ...mientras otras personas de su misma empresa cobran noventa veces más. Nosotros vamos a votar a favor por que nos parece que en este planteamiento es en el que deben trabajar los legisladores en una
sociedad decente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Paz Lago.
La señora LAGO MARTÍNEZ: Como todos sabemos, señorías, la única norma de obligado cumplimiento en materia de cuantía salarial establecida actualmente en nuestro ordenamiento laboral hace referencia al salario mínimo, constituyendo este la
cuantía que, siempre con carácter de mínimos, ha de percibir cualquier trabajador por el desempeño de su actividad laboral. Además conviene recordar que la mayor parte de los trabajadores vienen percibiendo salarios cuya cuantía supera la del
salario mínimo interprofesional, como consecuencia de lo establecido en los correspondientes convenios colectivos.
Señor Tardà, en su exposición de motivos dice, para supuestamente justificar la medida propuesta, que su lógica en materia de política retributiva subyace en que la limitación se establece empresa por empresa y, aún más, podría establecerse
en núcleos más acotados incluso. Desde el Grupo Parlamentario Popular pensamos que una intervención del Estado en el sentido que se propone, estableciendo límites máximos a las retribuciones en el sector privado, resultaría contraria al principio
de libertad de empresa reconocido en el artículo 38 de nuestra Constitución. Y no solo eso, sino que además entendemos que supondría un claro incumplimiento del mandato de defensa de la productividad que para los poderes públicos establece ese
mismo precepto constitucional, y ello porque la introducción ex lege de una limitación en las retribuciones desincentivaría a los trabajadores ahora mejor remunerados. Obviamente, todo sin perjuicio de las obligaciones que en materia de información
sobre política de retribuciones pueda establecer la normativa en vigor en ámbitos distintos del estrictamente laboral en relación con determinados tipos de sociedades.
Por otro lado, en la proposición no de ley, señor Tardà, se incluye una comparativa de los salarios percibidos por los directivos de las empresas del Ibex-35 con los percibidos por los empleados de dichas empresas. Partiendo de dicha
comparativa he de decirles que la estructura salarial española va más allá de los datos que aparecen en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, datos que, por otro lado, tampoco son representativos del conjunto de la economía.
Además es conveniente no olvidar que una medida como la propuesta adaptada en solitario por nuestro país supondría no solo un obstáculo para el establecimiento de nuevas empresas extranjeras en nuestro país sino incluso un incentivo para que las que
ahora están aquí establecidas trasladasen su actividad a otro lugar.
Desde mi grupo parlamentario no creemos que el instrumento que se pretende ampliar sea al más eficiente para alcanzar el grado de redistribución que se propone, y así también lo han visto en Suiza el pasado domingo, que aun contando con una
propuesta de la izquierda y apoyada por la izquierda, los ciudadanos en conjunto han votado que no en dicho referéndum.
Sobre la base de todo lo expuesto y enfatizando que cualquier política redistributiva ha de tener en cuenta sus efectos sobre la eficiencia económica, dado que, en última instancia, el grado de eficiencia en la economía determina el volumen
de producción, no apoyaremos esta proposición no de ley pues no creemos que el instrumento que se pretende crear sea el más eficiente para alcanzar el grado de redistribución que se propone. (Aplausos.)
- SOBRE EL ACCESO AL TRABAJO DE LOS PARADOS QUE RECIBEN PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001920).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el número 4.º, del que es autor el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, referido al acceso al trabajo de los parados que reciben prestaciones por desempleo, sobre el que no pende ninguna
enmienda. Para su defensa tiene la palabra, por siete minutos, el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: El sistema de protección por desempleo busca varios objetivos, tiene varios fines, uno es la cobertura del parado mientras está en esa situación, otro es mejorar su formación y un tercero que no debemos olvidar es
favorecer su recolocación, incentivar su recolocación; así lo reconoce nuestra legislación y así lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, algunas características de nuestras prestaciones por desempleo, algunos defectos
en su diseño hacen que esto no sea así y que desincentiven la búsqueda de empleo por los parados, no porque el legislador lo haya buscado así voluntariamente sino, sin duda, por la complejidad de la legislación, porque se ha introducido en etapas
sucesivas y ha dado lugar a estos desincentivos indeseados.
Nuestra proposición no de ley se fija en un ejemplo concreto, aquellos parados que son beneficiarios de una prestación por desempleo que se colocan a tiempo parcial y que piden contabilizar el cobro de la prestación con ese empleo a tiempo
parcial. Como saben sus señorías, en ese caso solo cobran un porcentaje de la prestación, el que tiene equivalencia con la parte de la jornada no trabajada. Por poner un ejemplo, si está trabajando a media jornada, cobra la mitad de la prestación;
si una prestación contributiva media son 870 euros, pongamos en nuestro ejemplo que cobra 400 euros de una prestación de 800 y renuncia a los otros 400. Eso es lógico, está medio parado, está trabajando a media jornada, cobra la mitad de la
prestación. Lo que no nos parece lógico es que al hacer esto esté consumiendo un día completo de prestación, no está consumiendo medio día sino un día completo de prestación, porque esto supone que está perdiendo definitivamente esos 400 euros que
deja de cobrar. Si cuando termina su empleo vuelve al paro habrá consumido por completo la prestación y habrá dejado de cobrar esos 400 euros. Siguiendo con el ejemplo numérico, si hace esto durante diez meses habría renunciado a cobrar 4.000
euros. Esto es un grave desincentivo. Recordemos que el trabajo a tiempo parcial a menudo va ligado a bajos salarios; si cobra el salario mínimo cobra el porcentaje de salario mínimo ligado a su horario de trabajo, el salario mínimo son 645
euros, con lo que puede estar cobrando sueldos de 320 euros, lo que quiere decir que está cobrando menos de lo que está perdiendo, está cobrando 320 euros y renunciando a 14, su salario neto en realidad es negativo. A eso me refería con el
desincentivo a trabajar, no a que el desempleado no quiera trabajar, por supuesto que lo desea, pero en este ejemplo pierde dinero si trabaja, renuncia a 400 euros y cobra 300 y pico. Y esto es lamentable porque tiene una fácil solución, que es la
que proponemos en nuestra proposición no de ley y es que el consumo de esos días de prestación sea parcial, que el consumo sea solo el porcentaje de la jornada no trabajada, exactamente igual que se hace con la cuantía. Estoy medio parado porque
trabajo a tiempo parcial, cobro media prestación y consumo medio día de la prestación.
A nuestra propuesta no se ha presentado ninguna enmienda transaccional, de lo que deducimos que está abocada al rechazo, pero nos resulta difícil entender ese rechazo porque hay muchos argumentos a favor. Uno y muy importante es que esto ya
se hace así en otras prestaciones, en los ERE de reducción de jornada o en la renta activa de inserción, por ejemplo. ¿Por qué sí en estos ERE de reducción de jornada y en la renta activa de inserción y no en las prestaciones por desempleo?
Segundo argumento, mejoraría nuestras políticas activas; es mucho más fácil mantener las cualificaciones o adquirir otras
nuevas si esta persona se mantiene activa, aunque sea a tiempo parcial, que si está en paro y sus dificultades de inserción serán mayores si no se adopta nuestra propuesta. Tercer argumento, también serviría para el conjunto del
funcionamiento del mercado de trabajo en España; la Organización Internacional del Trabajo propone hacer más atractivos en nuestro país los contratos a tiempo parcial, y esta es una medida que haría más atractivos estos contratos para los parados
con prestaciones. El único argumento en contra, al que supongo apelarán los que se opongan a esta medida, es el posible coste para la Hacienda pública, pero es un coste muy limitado y más limitado aún si tenemos en cuenta que esto desincentiva el
trabajo en la economía sumergida y que estos trabajos a tiempo parcial que se incentivarían son trabajos que cotizan a la Seguridad Social, son trabajos que tributan por IRPF, son trabajos que tributan por IVA si permiten un aumento del consumo, por
lo que el coste neto para la Hacienda, ya de por sí pequeño, sería aun menor.
Nuestra propuesta, reitero, consiste en instar al Gobierno a que introduzca los cambios necesarios en la normativa para que los perceptores de prestaciones de desempleo que la compatibilicen con un trabajo a tiempo parcial vean reducida la
duración de la prestación no por días enteros, como sucede hasta ahora, sino en proporción al porcentaje de la jornada no trabajada.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? El señor Coscubiela tiene la palabra.
El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo va a votar a favor de esta propuesta del Grupo de Unión Progreso y Democracia, la compartimos plenamente y compartimos además los argumentos que se han utilizado por parte del señor Anchuelo.
Se trata de una propuesta que tiene dos grandes argumentos: uno, acabar con una situación de desproporcionalidad entre la percepción que se recibe y la sustitución del trabajo que no se hace. En ese sentido, nos parece que mantener la
proporcionalidad sería imprescindible. En segundo lugar, nos resulta incomprensible que un Gobierno que insiste permanentemente en que hay que incentivar la motivación de los trabajadores parados para la búsqueda de empleo, tanto que cuando lo
dicen la señora Báñez, el señor Montoro o el señor Rajoy parece que estén culpabilizando a los parados de su situación -cosa que a veces es más que parece-, resulta incomprensible, digo, que el Gobierno no vea que una situación como esta lo que hace
es desincentivar precisamente la búsqueda de empleo o, lo que es peor, la emersión de ese empleo, con lo cual algunas de esas actividades están clarísimamente en el ámbito de la economía sumergida. Ni tan siquiera me atrevo a decir que sea válido
el argumento del coste que parece que el señor Anchuelo piensa que tienen los que están en contra de esa propuesta, porque a veces ahogar por un lado supone pagar por otro, y en este caso es evidente.
Termino con una referencia. Si entre todos no convencemos al Gobierno de que se ponga en marcha esta propuesta, este puede ser otro de los casos en los que nos venga el Tribunal de Luxemburgo a llamar la atención sobre el tratamiento
discriminatorio que la legislación española hace en relación con los trabajadores a tiempo parcial, que les recuerdo que mayoritariamente son mujeres, en un 75%, que sus contratos no son mayoritariamente voluntarios y sería una pena que de nuevo nos
tuvieran que sacar los colores. Por tanto, de una manera u otra sería interesante que por parte del Gobierno se abordara esta situación y los que estamos aquí tenemos la oportunidad de aprobar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: El señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El señor Anchuelo ha explicado muy bien las motivaciones de fondo de su iniciativa, incluso en la exposición de motivos de esta proposición no de ley el problema está muy bien planteado, y lógicamente
Convergència i Unió votará a favor de la misma.
Insistimos en una idea, que es la siguiente. La configuración de nuestra protección al desempleo, si debe de incentivar la efectiva y la pronta incorporación de las personas en el empleo, debe realizarse con la filosofía que expresa esta
iniciativa, que no es una filosofía culpabilizadora del desempleado. Demasiado a menudo los debates planteados en relación con nuestro sistema de protección social, como no está suficientemente orientado a facilitar la reincorporación de los
desempleados al mercado de trabajo, culpabiliza de manera injusta a los desempleados, dando por supuesto que todos los desempleados están encantados en esa situación de recibir una prestación por desempleo y no tener que trabajar. Aun reconociendo
que pueden existir situaciones de estas características, lo que está claro es que lo primero que hay que corregir son aquellos aspectos de la regulación de la prestación por desempleo que hacen efectivamente menos interesante para una persona ir a
trabajar que continuar en esa situación de
desempleo. En este sentido, la iniciativa del señor Anchuelo es adecuada, apunta a una cuestión muy concreta y puntual y lo razonable sería que todos los grupos la votásemos favorablemente. Al menos eso haremos desde Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Patricia Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Señorías, les adelanto que votaremos a favor de esta proposición no de ley, como no podía ser de otra manera, porque propone una mejora de la legislación que entendemos que es razonable en una coyuntura de
grandes dificultades económicas y laborales.
Como bien se ha explicado y se indica en la proposición, un perceptor de la prestación que decida aceptar un contrato a tiempo parcial puede o bien interrumpir la prestación hasta la finalización del mismo o bien compatibilizarla con el
contrato reduciendo la cuantía en la misma proporción que la jornada que realice. Si decide esta segunda opción, aunque cada mes solo reciba una parte proporcional de la prestación acorde con el porcentaje de contrato a tiempo parcial, a efectos de
cómputo cada mes estará consumiendo la prestación como si recibiera el cien por cien, lo que supone dejar de recibir una cuantía importante de la prestación que en su conjunto le corresponde, una penalización que puede ejercer como desincentivo a la
contratación regular, es decir, puede darse el caso de que se prefiere no formalizar un contrato para llevar a cabo una actividad que suministre unos ingresos. Por tanto, si se eliminara esta penalización se estaría eliminando un posible incentivo
para aceptar trabajos en la economía sumergida, como así se indica en la proposición, con los efectos positivos que esto conlleva a la economía en su conjunto.
La caída de la afiliación a la Seguridad Social está siendo escalofriante; la reducción media en lo que llevamos de año es de un 3,69?%, 625.000 afiliaciones de media menos. Por tanto, cualquier medida que pueda incentivar la afiliación
es positiva. Lo razonable sería que solo computara a efectos de consumo de la prestación la proporción que de manera efectiva se consumiera, de la misma manera que ya ha quedado legislado en el caso de los trabajadores afectados por un ERE de
reducción de jornada. Además, debemos tener en cuenta que las condiciones salariales de los trabajadores se han visto muy reducidas; los contratos a tiempo parcial cuentan con remuneraciones muy bajas y las posibilidades de acceder a un contrato a
tiempo completo cada vez resultan más limitadas. La contratación a tiempo parcial crece a un ritmo interanual de 3,92%, según los datos de la última EPA, mientras que la contratación a tiempo completo se reduce el 4,01%. Así, el peso de la
contratación parcial con respecto al total ha pasado de un 13% a un 15% en dos años. La motivación de la aceptación de la contratación a tiempo parcial por parte de los trabajadores también ha variado a lo largo de los últimos años de manera
importante. Según la encuesta más reciente de población activa publicada por el INE en el tercer trimestre de 2013, el 61% de los contratos a tiempo parcial son aceptados por los trabajadores por no haber podido encontrar un trabajo de jornada
completa, dato que contrasta con la realidad de hace unos años: en el tercer trimestre de 2005 solo el 33% de los contratos a tiempo parcial venían motivados por esta causa. Por tanto, quien accede a un contrato a tiempo parcial en la mayoría de
los casos es porque no tiene otra posibilidad, otro motivo para no penalizar más una realidad que por sí misma ya resulta difícil y precaria. Nos gustaría también mencionar que el 72% de los contratos a tiempo parcial corresponde a mujeres, un
porcentaje que, aunque se ha reducido en cinco años en 8 puntos porcentuales, todavía el contrato a tiempo parcial tiene rostro de mujer.
En definitiva, votaremos que sí a esta proposición no de ley por entender que incentiva la afiliación, la actividad y que mejora el derecho a la prestación. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación y para concluir el debate de este punto, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Gerardo Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señorías, anticipo ya que la posición de mi grupo será desfavorable por varias razones, en concreto por tres. Una primera que ya ha sido citada en esta Comisión de carácter cuantitativo y también coyuntural, hay que
decirlo así. Aceptar la propuesta presentada en la proposición supondría un coste muy elevado para el sistema de protección por desempleo -no hablo de lo que sería coste neto para las arcas públicas- que en la situación financiera actual resulta,
sin lugar a dudas, inasumible. Una segunda razón de coherencia, señorías. Mi grupo parlamentario votó a favor del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En él ya se
contenían medidas de racionalización de la acción protectora de los
desempleados encaminada a asegurar la sostenibilidad del sistema, que chocan claramente con la que hoy formula el grupo proponente. Y una tercera razón de equidad tremendamente lógica. Sus señorías se centran en la cuantía de la
prestación, pero olvidan la duración de la prestación, y lo digo porque si aceptáramos el planteamiento del grupo proponente, se rompería la relación directa que debe existir entre la generación de los periodos de ocupación cotizada por los trabajos
a tiempo parcial actualmente vigente con el consumo de la duración de la prestación por desempleo que se compatibiliza por ese trabajo. Dicho de otro modo: cada día trabajado a tiempo parcial, cualquiera que sea la reducción de jornada, se computa
como un día completa cotizado por desempleo para obtener una futura prestación por desempleo, lo que indudablemente es un cómputo muy favorable para los trabajadores que a su vez resulta incentivador de la aceptación de este tipo de trabajos. Por
ello, como por cada día trabajado parcialmente se genera un día completo de periodo de ocupación cotizada, también se debe consumir un día completo de la duración de la prestación reconocida. Por tanto, al compatibilizar la prestación del trabajo a
tiempo parcial, aunque se reduzca la cuantía de la prestación en relación con el tiempo trabajado, no por ello se debe incrementar la duración reconocida, pues en este caso la duración superaría la establecida legalmente.
Señorías, si me lo permiten, para acabar, la excepción, que en este caso la hay y ha sido nombrada por algunas de sus señorías, confirma la regla, y es además una excepción justificada; justificada en los casos de desempleo parcial por
reducción de jornada en los despidos colectivos, adoptada como una medida especial -y subrayo lo de especial- para fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo frente a la extinción colectiva de los
contratos, por lo que no debe extenderse ahora esta medida a los términos que plantea la presente proposición no de ley.
Por todo ello, y dentro del tiempo reglamentario, reitero que mi grupo votará desfavorablemente al contenido de esta PNL sujeta a debate. (Aplausos.)
- PARA QUE LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS GESTIONEN LOS FONDOS Y POLÍTICAS CONTRA EL PARO JUVENIL PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001968).
El señor PRESIDENTE: Vamos a abordar el último punto que figura en el orden del día, del que es autor Convergència i Unió. Se trata de una proposición no de ley para que las administraciones autonómicas gestionen los fondos y políticas
contra el paro juvenil procedentes de la Unión Europea, que figura en el punto 6.º del orden del día. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la iniciativa, el señor Campuzano tiene siete minutos a su disposición.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Planteamos en esta Comisión una cuestión en la que Convergència i Unió viene insistiendo desde hace un cierto tiempo, como es la necesidad de que los recursos que vayan a llegar en los próximos meses a España
procedentes de la Unión Europea para la lucha contra el desempleo juvenil sean recursos gestionados por las comunidades autónomas. En este sentido he de recordar que hace un par de meses ya tuve ocasión de plantearle una pregunta oral a la señora
ministra de Empleo precisamente en relación con esta misma cuestión.
Sobre la cuestión de fondo, el problema del desempleo juvenil, no me voy a extender, ya hemos tenido ocasión, tanto en Pleno como en Comisión, de glosar a fondo esta cuestión. Es más, esta Comisión ha creado, a propuesta del Grupo
Socialista, una subcomisión parlamentaria, que supongo que el próximo año empezará sus trabajos, para abordar a fondo esta cuestión. Lo que hoy simplemente queremos debatir es el uso que hará España de los recursos que procedan de la Unión Europea,
recursos que deben dar cumplimiento, entre otras cosas, al programa que la Unión Europea viene impulsando bajo el título de Garantía juvenil. La Garantía juvenil es un programa de la Unión inspirado en las mejores prácticas de algunos de los países
del norte de Europa, donde sitúan el objetivo de una rápida incorporación al mercado de trabajo tanto de los jóvenes que finalizan sus estudios como de aquellos que pierden su empleo, programas que pretenden evitar una situación prolongada en el
tiempo del desempleo de los jóvenes, desde la convicción de que tanto en un caso como en otro lo que es clave para una normalidad en la vida de los jóvenes es que, una vez hayan finalizado los estudios o hayan perdido un empleo, estén el menor
tiempo posible en esa situación. Son programas que en los países europeos donde se aplicaron fueron útiles precisamente para facilitar procesos de transición de la escuela al mercado de trabajo o para la lucha contra el desempleo juvenil. Y además
son programas -y algunos estudios que se han hecho sobre
las experiencias del norte de Europa lo ponen de manifiesto- que ciertamente para jóvenes con especiales dificultades en función de sus niveles de formación o de entornos familiares y sociales donde se ubican no son suficientemente eficaces.
En cualquier caso, para facilitar esas transiciones de situaciones de formación o desempleo al empleo pueden ser útiles. Pues bien, a ese tipo de programas, insisto, de transición de la escuela, de la formación y del desempleo al empleo, en la
configuración institucional de la que nos hemos dotado, las comunidades autónomas tienen las principales competencias en estas materias a través de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo. Facilitar la realización de
la garantía juvenil, o sea, ofrecer una oportunidad de empleo, de formación, de prácticas no laborales, de cursos de formación, a un joven que haya finalizado sus estudios, a un joven que haya perdido su empleo, tan solo es posible hacerlo a través
de las políticas que en España se desarrollan por parte de las comunidades autónomas. Tan es así, que incluso el comisario europeo de Empleo hace escasos días ponía como ejemplo al Gobierno español los programas en materia de lucha contra el
desempleo juvenil aprobados recientemente por los Gobiernos catalán y de Navarra, y recomendaba al Gobierno español inspirarse en estas dos iniciativas como modelos para desarrollar la Garantía juvenil. Por tanto, si queremos que sea eficaz, tiene
sentido que este programa tenga el protagonismo de las comunidades autónomas, no tan solo por las funciones competenciales que les atribuyen la Constitución, los estatutos de autonomía y los traspasos de competencias efectuados a lo largo de estos
años, sino además por los términos de la propia naturaleza de estos programas y de la eficacia demostrada en otros Estados en los que, sin tener características de Estados centralizados, las administraciones de carácter subestatal, ya sean
ayuntamientos, administraciones locales, o administraciones de carácter regional o departamental han tenido también un importante protagonismo en la gestión de estos programas. Y todo ello muy convencidos de que esos recursos van a llegar en los
próximos años -en el conjunto de la Unión Europea se ha hablado de unos 6.000 millones de euros, en el caso español de cerca de 1.800 o 1.900 millones de euros-. Seguramente es un programa limitado respecto a la magnitud del problema que tenemos
-tampoco hay que esperar ningún tipo de milagro en relación a lo que puede suponer la Garantía juvenil-, razón de más para que esos recursos que se obtengan sean realmente útiles y sean bien empleados, y donde mejor van a ser empleados va a ser
precisamente en ese tipo de políticas.
Hay un elemento que ha sido objeto de diversas discusiones en la pasada legislatura y en esta, y es si estos recursos deben servir también para financiar las reducciones a las cotizaciones sociales de la contratación de personas
desempleadas. La Unión Europea nos ha hecho algunas advertencias sobre que estos recursos no están pensados para facilitar ese tipo de incentivos sino para facilitar otro tipo de programas, insisto, más orientados a la formación, a las prácticas
laborales, a los contratos formativos. Por tanto, nosotros miramos con reservas que el Gobierno destine esos recursos a la reducción de cotizaciones, a las bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social. En cualquier caso, estaremos
atentos...
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo; excedió su tiempo, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ...a la propuesta que formule el Gobierno, pero el sentido de esta proposición no de ley es que estos recursos deben ser, en cualquier caso, gestionados por parte de las comunidades autónomas, que son las
competentes en la materia.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Pilar Lucio. Dispone de cinco minutos a ese fin.
La señora LUCIO CARRASCO: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presenta hoy aquí, a nuestro juicio, una proposición no de ley muy pertinente. Han hecho falta dos años para que el Gobierno de España se ponga manos a la obra -un
poco, yo diría, arrastrado por la Comisión Europea- para presentar un plan de empleo juvenil. Hay varias cuestiones que queremos destacar para apoyar esta iniciativa, que apoyaremos, porque consideramos importante que así se haga. En primer lugar,
las políticas activas de empleo son competencia de las comunidades autónomas, como todos sabemos; es un extremo que la secretaria de Estado de Empleo ha repetido en numerosas ocasiones cuando ha tenido la oportunidad de estar ante esta Comisión,
pero siempre ha sido para justificar el recorte de los presupuestos del Estado en esta materia, un recorte de un 62% para las comunidades autónomas -recorte notable para las comunidades autónomas- y en total de un 44% en políticas activas de empleo.
Esto no va a servir para los fondos europeos porque deben saber que los fondos europeos se rigen bajo el principio de
subsidiariedad, por lo que queda claro que quien tiene que gestionar los fondos destinados a políticas activas de empleo son, como poco, las comunidades autónomas, que son las administraciones que están más cerca, que conocen, que saben lo
que ocurre en cada territorio. Sin embargo, después de haber acordado que estos fondos de 6.000 millones de euros se pusieran a disposición de todos los países europeos con problemas de desempleo juvenil -de los cuales 1.800 millones de euros se
van a destinar a paliar la grave situación del desempleo en España-, a estas alturas se desconoce cuál va a ser el reparto de estos fondos, por qué criterios se va a regir el reparto de los mismos, y cuáles van a ser las prioridades de actuación, en
qué se va a gastar el dinero. No se sabe nada, no se ha convocado conferencia sectorial alguna y consideramos que debe convocarse lo antes posible para que quede claro y para que los Gobiernos autónomos puedan saber con qué dinero van a contar y
qué programas van a poder desarrollar a cargo de estos fondos específicos para el empleo juvenil.
En la última reunión en París del Consejo se ha pedido que el Gobierno de España presente una estrategia de empleo juvenil. El Gobierno de España quería saldar su compromiso con la Comisión presentando su estrategia de emprendimiento y
empleo joven, pero parece ser que no ha sido suficiente, que le han pedido una estrategia mucho más clara, un plan de empleo juvenil mucho más claro. La estrategia ha surgido de un pacto que se firmó en el Congreso de los Diputados entre la mayor
parte de los grupos políticos; se pidió a Europa que se consiguiera un plan de empleo juvenil y tuvo un alto grado de acuerdo. El Grupo Parlamentario Socialista pide que además ese plan que se vaya a presentar vaya con el mismo grado de acuerdo
con el que fue a la Comisión en su momento, en el mes de julio. Por tanto, es muy interesante, pero desde luego ese plan tiene que tener el acuerdo de las comunidades autónomas y de todos los grupos parlamentarios, y eso es lo que el Grupo
Socialista pide en el día de hoy. Por supuesto, apoyaremos la proposición no de ley que presenta Convergència i Unió.
Hemos presentado una enmienda de adición para incorporar, como bien decía, esta parte que nos parece importante. Nos parece que si el Parlamento español tiene una postura común en Europa y esa postura común ha sido acordada por la mayor
parte de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, todos los acuerdos que se deriven de ese pacto deben ser trasladados a esta Cámara y por supuesto a la conferencia sectorial para que las comunidades autónomas, que son las competentes
en el desarrollo de las políticas activas de empleo, puedan también tomar decisiones acerca de cuáles van a ser los extremos de ese plan.
El señor PRESIDENTE: Al objeto de defender la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas, por cinco minutos.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, efectivamente en la hoja de ruta del Gobierno desde el inicio de la legislatura estaba la lucha contra el desempleo juvenil que, en palabras del presidente del Gobierno, da como resultado una
tasa de paro inaceptable. De ahí que en el año 2012 se empezaran los trabajos para elaborar esa estrategia de emprendimiento y empleo joven que culminó en el mes de febrero con la aprobación y la anuencia de los agentes sociales, y que tuvo también
un reflejo en esta Cámara, donde se debatió el 26 de marzo del año 2013.
Tengo que recordarle a la señora Lucio que no es que el Gobierno haya estado dos años y haya sido arrastrado por la Comisión Europea, es que el Gobierno de España ha impulsado dentro de la Comisión Europea que se fijaran esos fondos para el
desempleo juvenil y, por tanto, se consiguieran esos 6.000 millones de euros que se aprobaron en el Consejo de junio, que en el Consejo último del mes de octubre se haya ratificado y que el presidente haya exigido que se hagan las transferencias
para poder contar con esos fondos ya que, como se ha dicho aquí, a España le corresponden 1.800 millones de euros. En ese contexto, en el contexto de la importancia de luchar contra el paro juvenil, la puesta en marcha y ejecución de los fondos
vinculados a esa lucha contra el desempleo juvenil se va a producir necesariamente en el marco del nuevo periodo de programación 2014-2020 del Fondo social europeo, que ejecutarán, señora Lucio, la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas, lógicamente, tal y como ocurre, además, en el actual periodo. De hecho, ya se está trabajando en la elaboración no de ningún plan que haya exigido la Unión Europea, porque no es cierto, sino de un programa operativo, que es el
instrumento necesario para presentar a Europa -es lo que nos requieren y en lo que se está trabajando en este momento-, destinado precisamente al fomento del empleo, al fomento del empleo juvenil, y que contendrá dos ámbitos fundamentales de
actuación: Las medidas enmarcadas en la política de fomento del empleo juvenil que desarrolla el Ministerio de Empleo y Seguridad Social... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, un poco de silencio para poder escuchar a la oradora.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: ... y otros ministerios, como el de Educación, destacando en este aspecto lógicamente las medidas contenidas en la estrategia de emprendimiento y empleo joven que, por cierto, señorías, cuenta con un
presupuesto de 3.500 millones para tres años de vigencia de esta estrategia; y las que desarrollan las propias comunidades autónomas para este mismo objetivo, porque -claro que sí- las propias comunidades autónomas van a tener un importante papel
en el marco de sus competencias y de sus realidades sociales y territoriales. Por ello agradezco en este momento al señor Campuzano -si no me equivoco, aunque él no lo haya dicho- las posibilidades que tenemos de transaccionar en esta propuesta que
él hace y recoger exactamente esto, que es el marco de las competencias autonómicas y las realidades de cada uno de los territorios de nuestra plural y rica España. El criterio que se adoptará para la asignación de los fondos a nivel regional
partirá fundamentalmente de la situación de desempleo juvenil, pero no por capricho del Gobierno, señorías, sino porque es el mismo criterio que adopta la Unión Europea a la hora de aplicar el reparto de los 6.000 millones de euros; nos parece que
es absolutamente razonable. Por tanto, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social garantizará que las acciones que se desarrollen desde ambas administraciones, la Administración General del Estado y las autonómicas, sean complementarias entre sí.
¿Para qué? Para que los esfuerzos desarrollados y los presupuestos gastados en ambos ámbitos se coordinen para lograr una mayor sinergia y una mayor efectividad, y por tanto eficiencia y transparencia.
Señorías de ahí la enmienda transaccional que, insisto, hemos presentado a la interesante propuesta que nos ha hecho en esta Comisión el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en la que decimos que el Gobierno a través de la propuesta
de recomendación que hace el Consejo de la Unión Europea sobre el establecimiento de la Garantía juvenil, elaborará y presentará el plan para su implementación ante las instancias europeas antes de finalizar 2013, que es lo que dice el Consejo
Europeo. Y en el mismo plazo realizará una distribución territorial de los fondos previstos para España para la iniciativa de empleo juvenil, conforme a los datos de desempleo de cada región. A tal efecto, pondrá en marcha, en coordinación con las
comunidades autónomas, el programa operativo, señora Lucio. Eso es lo que hay que mandar a Europa y se va a hacer con las comunidades autónomas en el marco de la gestión del Fondo social europeo, en el periodo de programación 2014-2020, para
canalizar esos recursos de la Unión Europea destinados a posibilitar que todos los jóvenes de hasta veinticinco años reciban, como ya se ha dicho aquí, de forma adecuada a su perfil, a sus propias necesidades -es decir, un itinerario personalizado-
y en el plazo recogido en la recomendación del Consejo, una oferta de empleo, de educación continua, de formación o periodo de prácticas tras quedar desempleados o haber terminado la educación formal. Por tanto, señor presidente, esperamos que sea
aceptada nuestra enmienda transaccional y, si es así, votaremos favorablemente la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A continuación, ¿grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por UPyD, el señor Anchuelo tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: En una intervención de tres minutos no resulta posible resaltar la importancia que concedemos a la lucha contra el desempleo juvenil, la mayor urgencia que habríamos deseado en la adopción de medidas o el mayor
papel que habríamos deseado para el Congreso de los Diputados.
Ciñéndome a la propuesta del grupo proponente, compartimos con él que las comunidades autónomas tienen que tener un importante papel en la gestión de estos recursos que vengan de la Unión Europea -no puede ser de otra manera con la
distribución competencial que hay hoy en España-, lo que no compartimos -y de ahí la discrepancia- es el nulo papel que asignan a la Administración central, que preferiríamos llamarla Administración común, porque el único papel que le asignan es el
de transferir los recursos, de intermediario en la asignación de los recursos, y creemos que no debería ser así. Es el Estado quien va a recibir estos fondos de la Unión Europea y debe distribuirlos con criterios que garanticen la igualdad de las
personas, independientemente del territorio en el que habiten. Puede estar justificado que en una comunidad autónoma en la que los parados jóvenes tengan en mayor proporción falta de formación o tengan en mayor proporción una situación de desempleo
a largo plazo, o estén en una situación de insularidad, como Canarias, los fondos no se asignen de manera estrictamente proporcional, puede estar justificado que se les dote de mayores recursos para igualar la situación de las personas.
Es cierto que las competencias autonómicas en políticas activas existen -quién lo duda-, pero también es cierto que en la ley relevante, que es la Ley 56/2003, de Empleo, en el artículo 13 se señala que el servicio público de empleo estatal
tiene un papel en las medidas que superan el ámbito geográfico de una comunidad autónoma o las que tengan un carácter excepcional, una duración determinada y cuya ejecución afecte a todo el territorio. Creemos que este es el caso y que, por tanto,
sin desdeñar el importante papel de las comunidades autónomas, la Administración común debería tener mayor protagonismo que el que le asigna el grupo proponente en esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: La verdad es que tres minutos no dan para mucho, sobre todo con el ruido que hay en la sala. No aspiro a que se me escuche; no se ha escuchado tampoco a la portavoz del Grupo Popular, con lo cual a mí mucho
menos. Los que llegan tarde, al menos que no lleguen con ruido; ya sé que siempre ha sido así.
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio. Le diré que usted tiene derecho a hablar. Ruego que haya silencio y que el que quiera que escuche al orador y el que no, puede salir y ya entrará a votar.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo comparte el objetivo de la proposición no de ley planteada por Convergència i Unió, que tiene fundamentalmente un objetivo, y es que el reparto o la distribución de esos fondos territoriales se haga en función de las
necesidades de los parados de menos de veinticinco años en cada comunidad autónoma. Creo que, además, tiene una cierta lógica, que es la proximidad, las características específicas de cada ámbito, pues no siempre los desempleados tienen las mismas
características. De todas maneras déjenme que les diga que nuestro grupo tiene algunas preocupaciones más amplias que esas, que sobre todo tienen que ver con la orientación de las estrategias de emprendimiento y empleo, y que, a nuestro entender,
son profundamente erróneas las que plantea el Gobierno. Pensar que se puede resolver por la vía estrictamente de las bonificaciones o las reducciones y beneficios fiscales nos parece un error. Compartimos además algo que ha se ha dicho en algunas
ocasiones en estos debates, y es que cuando existe un volumen de desempleo como este, desgraciadamente adoptar medidas solo focalizadas en esos ámbitos no resuelven el problema mayor, que es la dificultad de este tejido económico...
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, le ruego concluya, pues le compensé con suficiencia el parón que hicimos.
El señor COSCUBIELA CONESA: Pues algún otro día lo explicaré. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario queda pendiente de intervenir? (Pausa.) Damos por concluido este punto. Simplemente ruego a los portavoces me indiquen si se están en condiciones de votar. (El señor Campuzano i Canadés
pide la palabra.) Ahora mismo le doy la palabra, señor Campuzano, pero antes voy a informar de algo que alude justamente a su iniciativa. Este presidente fue invitado y tuvo oportunidad en enero, como les comenté, de hablar sobre la Garantía
juvenil en el Parlamento Europeo y les recuerdo que también recibimos a la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, cuyo objeto nuclear fue esta cuestión; es decir, que a nivel parlamentario tampoco estamos ajenos a esta preocupación.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Simplemente, señor presidente, quiero decir que hemos distribuido a los grupos parlamentarios una enmienda transaccional basada en la enmienda que nos ha formulado el Grupo Popular. Entendemos que la cuestión
de fondo de la enmienda del Grupo Socialista, que es que el Gobierno traslade el plan de empleo a la Cámara, la damos por supuesta.
El señor PRESIDENTE: Deduzco que en la sala el Grupo Parlamentario Mixto solo tiene un representante; el Grupo Parlamentario Vasco no está presente en este momento, y el Grupo Parlamentario Socialista, si no estoy equivocado, tiene doce.
(El señor Anchuelo Crego pide la palabra.)
Adelante, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Solo una duda, para evitar confusiones. ¿Vamos a votar en el orden de las intervenciones o en el que figura en el orden del día?
El señor PRESIDENTE: Vamos a seguir el del orden del día, como habitualmente hacemos; de todas maneras yo lo voy leyendo.
Pasamos a la votación del punto 1.º del orden del día, que es una iniciativa socialista sobre medidas de fomento de empleo en actividades vinculadas a la artesanía, la agricultura, la ganadería y la pesca tradicionales. No se ha aceptado la
enmienda; por tanto, se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la iniciativa que figura en el punto 2.º del orden del día, de medidas para el empleo y la mejora de la protección de los trabajadores y de las trabajadoras de más edad, del Grupo Parlamentario Socialista, en sus propios
términos porque no se ha aceptado la enmienda que figuraba en la misma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar la proposición no de ley número 3.º, sobre la protección a las personas desempleadas sin ingresos, de La Izquierda Plural, que ha aceptado la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista; por tanto, se incorpora
dicha enmienda a la iniciativa planteada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición que figura en el orden del día como punto 4.º, sobre el acceso al trabajo de los parados que reciben prestaciones por desempleo, del Grupo Parlamentario de UPyD. No tenía enmiendas, por tanto se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley que figura como punto 5.º en el orden del día, sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Tardà.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por fin vamos a votar la que figura como punto 6.º del orden del día, para que las administraciones autonómicas gestionen los fondos y políticas contra el paro juvenil procedentes de la Unión Europea, que ha sido objeto de una enmienda
transaccional entre la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y la iniciativa del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.