CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 471

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 34

celebrada el martes,

26 de noviembre de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre el apoyo a la denominación de origen del melocotón de Cieza. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001272) ... (Página2)


- Sobre apoyo a la designación de 'Terres de l'Ebre' como reserva de la biosfera. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001792) ... (Página4)


- Sobre abastecimiento de agua potable a la comarca valenciana de La Ribera a través del río Júcar. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001879) ... (Página8)


- Sobre la puesta en venta y privatización de la finca pública La Almoraima. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002044) ... (Página11)


- Relativa a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo europeo marítimo y pesquero (FEMP). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001588) ... href='#(Página14)'>(Página14)


- Relativa a la adopción de medidas para que los delitos ecológicos como el del 'Prestige' no queden impunes. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002161) ... (Página18)

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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE EL APOYO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL MELOCOTÓN DE CIEZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001272).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comenzamos la sesión número 34 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dedicada al debate y votación de proposiciones no de ley. Les recuerdo que, aunque los
interesados han recibido la convocatoria, al finalizar la sesión de esta Comisión va a tener lugar la reunión de Mesa y portavoces para fijar el orden del día de la próxima Comisión. La premura en fijarlo con la suficiente anticipación se debe a
que la semana que viene no hay Pleno.


Les propongo una alteración del orden del día; la proposición número 5.º, si no hay ningún portavoz que esté en contra, pasaría a debatirse en sexto lugar y la número 6.º en el quinto. (Pausa). Veo que no hay ninguna oposición. Les
recuerdo asimismo que el tiempo previsto para cada uno de los distintos tipos de intervención es de siete minutos para el grupo que presenta la iniciativa, cinco minutos para los que defienden la enmienda y tres minutos para fijar posición. Las
votaciones no serán antes de las trece horas.


Pasamos a debatir la proposición no de ley sobre el apoyo a la denominación de origen del melocotón de Cieza. Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz don Teodoro García.


El señor GARCÍA EGEA: Quiero saludar en primer lugar a los representantes de la corporación municipal del Ayuntamiento de Cieza, así como a los agricultores y responsables de cooperativas agrarias que han hecho un esfuerzo, se han
desplazado hasta Madrid y están siguiendo esta intervención en una sala cercana.


Señorías, al entrar a esta sala he percibido ese olor que todavía queda, que todavía está impregnado en esta estancia de la última vez que trajimos melocotones de Cieza al Congreso de los Diputados. (Risas). Precisamente en esta Comisión
de Agricultura el ministro Arias Cañete repartió entre algunos de ustedes una pieza de fruta que, a buen seguro, recordarán por su olor, por su tamaño, por su color, pero sobre todo la recordarán por su sabor. La proposición no de ley que debatimos
hoy en el Congreso de los Diputados viene a hacer justicia a la fama mundial que tiene el melocotón de Cieza. Esta propuesta pretende instar al Gobierno a que coloque el melocotón de Cieza donde le corresponde, al tiempo que apoya al tejido
agroalimentario de la Región de Murcia para la expansión internacional de este producto, que ha tenido sin duda un apoyo incondicional en el Gobierno de Murcia a través de Ramón Luis Valcárcel y de su consejero Antonio Cerdá.


Hoy no se debate en esta Comisión sobre un futurible, sobre una suposición, sobre una hipótesis o sobre algo etéreo. Hoy debatimos una realidad que está aceptada e interiorizada por la sociedad. En términos legales, el derecho indicaría
que esta proposición trata de positivizar el uso o costumbre del melocotón de Cieza. Por tanto, pasemos de su reconocimiento normativo consuetudinario a su positivación normativa legal como fundamento de legitimación para una clasificación en la
regulación alimentaria como distinción competitiva por denominación de origen.


La época del año -me lo han preguntado al inicio de la Comisión y no he podido satisfacer sus demandas- en la que se está debatiendo esta proposición no de ley impide que hoy podamos apreciar en vivo las excelentes calidades y cualidades de
los frutales de Cieza y su comarca. Sin embargo, permítanme que les muestre un pequeño ejemplo visual de lo que hoy estamos debatiendo a través de la cámara fotográfica de Fernando Galindo, un ciezano amante de su tierra. (Muestra una fotografía).
Y es que, señorías, el melocotón de Cieza no es belleza y sabor solamente, sino que también es desarrollo económico, riqueza y creación de empleo para Cieza, Abarán, Blanca y toda la comarca. No en vano este sector emplea y da trabajo a unas 10.000
personas de forma directa o indirecta, siendo el melocotón el principal cultivo de regadío en toda la Región de Murcia, pues supera las 250.000 toneladas de producto, con una superficie ocupada por frutales de más de 14.000 hectáreas. Sin embargo,
todos estos datos creo que no reflejan el esfuerzo individual de todos esos agricultores anónimos, cooperativistas y regantes que a lo largo de estos años se han dejado la piel para que el melocotón de Cieza siga siendo un referente internacional.
No es posible hablar del melocotón de Cieza, y mucho menos de su agricultura, sin nombrar,

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por ejemplo, a Santiago Martínez, presidente de Fecoam. Y es que, señorías, las cooperativas son parte fundamental del desarrollo que la agricultura ha tenido en toda la comarca. Son más de 750 cooperativistas que dan soporte a más del 65
% de la zona cultivada siguiendo este sistema, ayudando además a mantener las calidades y el precio a esos pequeños agricultores que tienen pequeñas explotaciones.


Todos estos datos no son fruto de la casualidad, más bien tienen nombres y apellidos como el de Pascual Hortelano, que desde los 15 años ha participado en la reconversión del sector y en la renovación de los sistemas de riego, pasando a
sistemas de riego por goteo. Porque, como bien saben, es en Murcia donde la frase 'aprovechar hasta la última gota' alcanza su máxima expresión y se lleva a término de forma literal. La renovación varietal llevada a cabo gracias al esfuerzo de los
agricultores ciezanos tiene también mucho que ver con el éxito internacional del melocotón. Un agricultor de base y emprendedor como Diego Díaz Montesinos, el Caramelero, fue el responsable de impulsar esta renovación varietal desde los inicios y
es justo reconocerlo hoy. Sin embargo, no podemos olvidar que lo que hoy tenemos no podríamos haberlo conseguido sin recursos hídricos, sin el agua que permite tener una agricultura competitiva, moderna y de referencia en todo el mundo.


El pasado sábado por la mañana -una mañana fría- charlaba con Santiago Martínez mientras visitábamos algunas explotaciones agrícolas en Cieza y me confesó que hacía tiempo que no aprendía nada nuevo, que las más modernas tecnologías se
utilizan en Murcia y que incluso Israel nos mira como ejemplo, un orgullo que debe serlo también de toda España, porque el acuerdo que se firmó hace unas semanas -ese memorándum que pone fin a las disputas sobre el agua, dejando claro que el agua
debe ir de donde sobra hasta donde falta- comenzó con la lucha de agricultores como los que hacen posible un producto como este. Tras la firma de ese acuerdo, que permite a la agricultura más competitiva del mundo mantenerse, me acordé de gente que
comenzó luchando por traer recursos hídricos a nuestra zona, como Juan Salmerón, cariñosamente conocido como el Pelopúa.


Si muchos de ustedes se sorprenden con el tamaño y la calidad del melocotón de Cieza y su comarca, quiero hoy mostrarles algo que no se suele ver y que les invito a ver en pocos meses, y es que Cieza huele a melocotón antes de que el fruto
esté formado, y esta floración en Cieza genera un estallido de color que anuncia la llegada del fruto a través de alfombras multicolores, con una infinidad de matices y tonalidades y con un espectáculo sin igual en toda la geografía nacional. La
floración de Cieza despierta los sentidos del visitante al tiempo que es presagio de la cosecha que se acerca.


Esta proposición no de ley no puede tener otro camino que su aprobación por unanimidad, esta propuesta no puede tener otro fin que el reconocimiento a todos y cada uno de los agricultores y trabajadores del sector, como José Pertosa y José
Lozano, que hacen posible a través del milagro de la floración que en las mesas de toda Europa esté presente la fruta de Cieza y de su comarca. Por esta razón no solo en la Región de Murcia sino también en toda Europa no hay nadie que pudiera
entender que no nos pusiésemos de acuerdo para apoyar esta iniciativa.


Señorías, termino ya. Se me ocurren muchas razones para apoyar esta iniciativa, pero creo que las más poderosa es pensar en las miles de personas que se sienten identificadas con este fruto redondo que sin duda es el símbolo de toda una
comarca y de una ciudad. Hagámoslo por ellos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Estoy seguro de que los melocotones de Cieza pueden competir con los de Lleida. (Risas).


¿Alguien quiere fijar la posición sobre este asunto? (Pausa). El señor Saura. Tiene tres minutos para fijar la posición en nombre del Grupo Socialista.


El señor SAURA GARCÍA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes del Ayuntamiento y del municipio de Cieza hoy en el Congreso de los Diputados.


Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista va a votar favorablemente a esta proposición no de ley sobre el apoyo a la denominación de origen del melocotón de Cieza por las razones que expondré a continuación. Antes me gustaría
comunicarles que acepté la propuesta que me hizo el portavoz de Agricultura en esta Comisión de mi grupo parlamentario, Alejandro Alonso, porque como murciano es uno honor poder hablar en esta Comisión del Congreso de los Diputados de dos aspectos
muy importantes para mi comunidad autónoma, para mi tierra, que son Cieza y el melocotón.


¿Por qué vamos a votar favorablemente a esta proposición no de ley? En primer lugar, porque estamos haciendo justicia con una ciudad, con una comarca, con muchos miles de personas y agricultores, un sector que viene realizando un trabajo
encomiable estando a la vanguardia de la comercialización, de la trazabilidad, de la innovación productiva, de las exportaciones y del uso del agua. Por tanto, como les

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decía, estamos haciendo justicia. Deben tener en cuenta, señorías, que el motor económico de Cieza es el melocotón, de tal forma que es el municipio de toda España que más melocotón produce y más exporta, con aproximadamente 10.000
hectáreas dedicadas al melocotón en sus diversas variedades, que llevan a una producción anual de entre 200 y 250 millones de kilos de melocotón. La producción y la comercialización se realizan, señorías -me gustaría ponerlo de manifiesto- en torno
a muchas explotaciones, con muchos agricultores que se asocian en cuatro grandes cooperativas: La Vega, Thader, Alimer y Picarcho, que reúnen entre 800 y 900 cooperativistas. Vamos a apoyar la PNL no solo porque es necesario hacer justicia con
esta ciudad y con sus agricultores y con un sector exportador de vanguardia, sino también porque es una proposición no de ley que ayuda a las exportaciones de nuestro país por el papel tan importante que el melocotón supone en la balanza comercial
agroalimentaria nacional, tan importante para la evolución de la balanza corriente de España y para la salida de la crisis. Tengan en cuenta, señorías, que el melocotón y la nectarina representan aproximadamente el 10 % del saldo de la balanza
comercial agroalimentaria del conjunto de España, insisto, el 10 %. Por tanto, apoyando el melocotón de Cieza estamos apoyando las exportaciones españolas y el crecimiento económico, un crecimiento estable, señor presidente.


Termino ya. No obstante, me gustaría añadir que las administraciones podrían hacer más por el melocotón en Cieza. La Administración Central podría hacer más que ayudar a tramitar la documentación de la solicitud de registro ante la
Comisión Europea porque estoy convencido de que eso lo saben hacer bien las autoridades regionales, que por otra parte es su competencia. Deben tener en cuenta sus señorías que esta PNL se aprueba cuando se han eliminado las subvenciones al seguro
agrario por parte de la comunidad autónoma, además las nuevas condiciones para asegurar los cultivos de melocotón...


El señor PRESIDENTE: Señor Saura, por favor, termine.


El señor SAURA GARCÍA: Termino ya.


Las nuevas condiciones para asegurar los cultivos de melocotón hacen casi inviable que se pueda asegurar la producción de esta fruta, o haber elevado el mínimo trasvasable de 400 hectómetros del trasvase Tajo-Segura, que lo hace inviable en
muchos momentos del año. En definitiva, señorías, votamos a favor en concordancia con lo que viene haciendo el Grupo Parlamentario Socialista en el Ayuntamiento de Cieza. Durante muchos años hemos votado también en Cieza por que se apruebe la
denominación de origen. No siempre ha sido así por parte de otros grupos pero nos alegramos de ese cambio de opinión y desde luego nos alegramos de la presentación de esta PNL, que es bueno para Cieza, para la región de Murcia y para el presente y
el futuro de España.


El señor PRESIDENTE: Les ruego al resto de intervinientes que se ajusten más a los tiempos. Es la primera vez que el señor Saura viene a esta Comisión y ha sido una deferencia especial, pero ha consumido casi el doble de lo que le tocaba.
En fin, para que vea que en esta Comisión hay mucha flexibilidad.


- SOBRE APOYO A LA DESIGNACIÓN DE 'TERRES DE L'EBRE' COMO RESERVA DE LA BIOSFERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001792).


El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir la proposición número 2.º, sobre el apoyo a la designación de Terres de l'Ebre como reserva de la biosfera. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para su
defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Martí Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, traemos esta proposición no de ley para hablar de las Terres de l'Ebre, una zona de la provincia de Tarragona, en Cataluña, que, por diferentes motivos, siempre ha sido noticia, y a veces no
positivamente, no a favor de sus ciudadanos, de su gente y de su territorio. En este sentido, desde la sociedad civil se promovió una iniciativa que se presentó ante el Comité consultivo internacional para las reservas de la biosfera, ante la cual
recomendó a su vez la aprobación no solo de esta reserva de la biosfera sino de otras muchas reservas de la biosfera en España, que pasarían así a formar parte de la Red mundial de reservas de la biosfera. Entre las nuevas reservas que aprobó el
consejo consultivo se incluyeron la de las Terres de l'Ebre, unas tierras que tienen 367.000 hectáreas de superficie total, de las cuales 287.000 están en superficie terrestre y 80.000 en superficie marina, que incluyen el término municipal de
cuarenta y cinco municipios y que abarcan a una población estimada de 190.000 habitantes. Dentro de estas zonas se incluyen ya parques naturales y espacios de

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la red Natura 2000, parques naturales como el Parc Natural dels Ports, con 22.000 hectáreas, el parque natural del Delta de l'Ebre, con 7.000, el PEIN Serras de Cardó-el Boix, con 8.000, el PEIN marítimo, con 37.000, y otros espacios PEIN,
llegando al final, entre la zona de núcleo, la zona tampón y la zona de transición, a un número muy elevado de hectáreas de riqueza de la biodiversidad.


Las Terres de l'Ebre, como saben -algunos lo han visto y otros seguro que lo han conocido por la extensa información que corre sobre esas tierras- ofrecen paisajes únicos y productos gastronómicos característicos. Cuentan con numerosos
ecosistemas, tanto interiores como costeros, cuentan con ganadería y con el desarrollo de energías alternativas. La aprobación definitiva de las nuevas reservas de la biosfera se llevó a cabo en la 25.ª reunión del Consejo internacional de
coordinación del programa sobre el hombre y la biosfera de la Unesco y se celebró en la Agencia de Naciones Unidas el pasado 28 de septiembre. Las Terres de l'Ebre se han convertido con esta designación en uno de estos lugares donde deben aplicarse
programas de conservación de la biodiversidad y experimentarse modelos de desarrollo sostenible. La candidatura surgió de la misma sociedad civil, lo que le da un valor incalculable a esa iniciativa y marca el compromiso de toda la ciudadanía de
las Terres de l'Ebre con su territorio y con su biodiversidad. Ha sido impulsada por un gran número de instituciones y entidades socioeconómicas de las cuatro comarcas de l'Ebre, entre ellas el Consorcio de servicios agroambientales de las comarcas
del Baix Ebre y Montsià y la Cámara de comercio, industria y navegación de Tortosa. Cuenta con cincuenta y cinco administraciones locales del territorio que ya han expresado su apoyo a través de la aprobación de mociones en los plenos municipales.
De ello se deduce la segura implicación del territorio en el logro de los objetivos que como reserva de la biosfera tendrán ahora las Terres de l'Ebre.


A esta aspiración del territorio no pueden fallar las administraciones. Sin duda alguna, desde la Generalitat de Catalunya el Gobierno autonómico, a través de su departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alimentación y Medio Natural,
que ha coordinado las acciones, tendrá la ayuda que le pueda dispensar la Administración autonómica. España y el Estado español - y espero que hoy los grupos parlamentarios- deben comprometerse a ayudar también en esta iniciativa de las Terres de
l'Ebre. Es una marca de calidad reconocida mundialmente que hace compatible la preservación del entorno con el desarrollo económico y sostenible.


De los Presupuestos Generales del Estado de 2014 no hemos hecho una proposición para llegar a un debate político sino para ayudar y apoyar entre todos la iniciativa de la sociedad civil para que las Terres de l'Ebre sean declaradas reserva
de la biosfera. Sin duda alguna, necesitarán financiación. Sabemos que hace dos años había partidas en el presupuesto y dijimos -lo dijimos, no lo criticamos- que podían llegar a 50 millones, que se repartían entre las más de cuarenta reservas
estatales de la biosfera que había mediante convenios específicos e individuales. El momento no es el mismo ni para la Generalitat de Catalunya ni para el Gobierno del Estado, pero eso no puede impedir que demos nuestro apoyo y hagamos los
esfuerzos necesarios para que este proyecto sea un éxito para las Terres de l'Ebre. En ese sentido, sabemos que se van a pedir ayudas a la Fundación Biodiversidad. Esperamos que puedan ser agraciados con ayudas para llevar a cabo lo que están
haciendo en estos momentos: redactar el plan de acción de la reserva de la biosfera de las Terres de l'Ebre, el EbreBiosfera. En ese sentido, tengo que decir que hemos recibido una transaccional del Grupo Popular en la que estamos trabajando y que
no habla de un presupuesto concreto, sino del soporte de los grupos políticos del Congreso hacia ese territorio que ha sido castigado muchas veces y que en este proyecto ve una ilusión y una posibilidad de futuro para compatibilizar su biodiversidad
y su riqueza con el desarrollo sostenible y el desarrollo y el progreso de todos sus ciudadanos. En ese sentido estamos trabajando. Cuando nos pongamos de acuerdo en la transaccional, que esperamos tener acordada, la presentaremos a los demás
grupos para intentar recibir el apoyo de todos ellos.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentados dos enmiendas. Para la defensa de la presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el diputado Joan Bertomeu.


El señor BERTOMEU BERTOMEU: Señorías, como ustedes saben, el Comité español del programa MAB, hombre y biosfera, ha propuesto, entre otras, las Tierras del Ebro, en el sur de Cataluña, como nueva reserva de la biosfera, propuesta que dio
traslado a la Unesco y que, tal como se manifiesta en los antecedentes de la proposición no de ley, el pasado día 28 de mayo obtuvo la aprobación definitiva. Con

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la incorporación de la reserva de la biosfera de las Tierras del Ebro España cuenta con un total de cuarenta y cinco, de las cuales tres pertenecen a Cataluña, pasando España pasa a ser el segundo país del mundo en número de reservas.


Son muchas las ilusiones y expectativas que se han generado en torno a este reconocimiento en las Tierras del Ebro. Tal como manifestó el conseller Josep Maria Pelegrí, esta reserva de la biosfera será un revulsivo para estas tierras
poniendo a Cataluña en el mapa internacional. Los productos y servicios derivados del reconocimiento de la Unesco se diferenciarán cualitativamente de sus competidores en el mercado global. Del mismo modo, el delegado del Gobierno en la
Generalitat de Catalunya en las Tierras del Ebro manifestó que con esta designación se podría conseguir una mayor protección de su biodiversidad, captar subvenciones europeas, revalorizar sus productos y consolidarse como marca turística. La
realidad es que todas esas promesas y ventajas anunciadas ya con anterioridad a la designación de la reserva hicieron posible que las diferentes instituciones y entidades socioeconómicas de las Tierras del Ebro dieran su apoyo, tal como se indica en
la propuesta de la proposición no de ley. En resumen, desde el territorio, la Generalitat y el Estado ha habido un consenso en la propuesta de reserva de la biosfera, teniendo en cuenta el extraordinario ejemplo que supone de buenas prácticas tanto
para la conservación del patrimonio natural como para asegurar el desarrollo sostenible y el bienestar de las poblaciones que habiten en esas reservas.


Como sabemos, el pasado año la Unesco dejó el proyecto en suspenso por el peso de la actividad nuclear e industrial, lo que conllevó sacar a siete municipios del total propuesto. Esta decisión facilitó que al final se reconociera la reserva
de la biosfera. Por parte del Gobierno actualmente se están llevando a cabo obras que contribuyen a la mejora en el impacto ambiental que provocan las industrias en el territorio, como es el caso de la descontaminación del embalse de Flix, donde se
están dragando los lodos contaminados para resolver la contaminación histórica existente en el embalse. En esta obra el Ministerio de Medio Ambiente está realizando una inversión de 168 millones de euros. Por otra parte, el Gobierno está
desarrollando actuaciones englobadas en el plan integral de protección del Delta del Ebro, constituido entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Generalitat de Catalunya para desarrollar la planificación territorial,
coordinando con el plan de medidas para la consecución del buen estado de las aguas cuantitativo, físico-químico y ecológico de la zona baja del río Ebro, el delta y las masas de agua costeras implicadas.


Una de las inversiones a las que se han destinado 41,2 millones de euros es a la alimentación de las bahías con agua dulce de los canales de riego, lo que permite evitar los fenómenos de aparición de anoxias locales que afectan a varios
sectores de la bahía y lagunas próximas, mejorando la calidad de sus aguas y los acuíferos, además de dotar a los gestores de los canales del delta de nuevas infraestructuras que permiten el aporte de agua dulce de los canales de riego directamente
a las bahías.


Otra de las obras del ministerio que se está llevando a cabo y en la que se han invertido 14,1 millones de euros es la implantación de redes de indicadores ambientales del Delta del Ebro, dando cumplimiento a la Directiva-marco del Agua que
planea la necesidad de establecer sistemas de monitorización de las principales variables ambientales, estableciendo una red de indicadores para valorar el estado ecológico de esta zona protegida. Los indicadores ambientales son importantes para
alcanzar el manejo sostenible de los recursos, ya que pueden orientar la formulación de políticas y la toma de decisiones para una gestión integrada. Otras actuaciones a detallar en inversiones del ministerio serían: 15 millones en la restauración
de bosques de ribera del río Ebro; 3,1 en colectores y EDAR de Sant Joan; 1,3 millones en EDAR de Ulldemolins; 6,8 millones en colectores en Sant Jaume D'Enveja y EDAR; 16,3 millones en la construcción de guarda costera y humedales de
decantación, etcétera. Por tanto, lo que está haciendo actualmente el Gobierno es desarrollar obras de inversiones que aportan beneficios a la actual reserva de la biosfera de las Terres de l'Ebre, subsanando deficiencias que no son normales en
zonas declaradas como tales. Lo más lógico sería que por parte de la comunidad autónoma, en este caso también Cataluña y en concreto el Gobierno de CiU, que es el proponente de esta PNL, a estas alturas también tuvieran la propuesta del consejo de
gestores con iniciativas a desarrollar y los objetivos de las mismas. O, teniendo en cuenta la implicación de la Generalitat en la propuesta y los beneficios que antes he citado y que el Gobierno de CiU en Cataluña presentó a través del conseller
delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre y otros representantes como una gran oportunidad, lo lógico sería que también en los Presupuestos Generales de Cataluña para el año 2014 se destinara una aportación económica concreta para el apoyo de la
reserva.

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La misión del programa español Persona y biosfera es desarrollar, demostrar, promover y presentar relaciones armoniosas del ser humano con su entorno. En las Tierras del Ebro existen muchas figuras de protección, antes lo comentaba el
portavoz de Convergència, como la Red Natura 2000, los parques naturales, la zona PEIN, la Ley de Costas, etcétera. Todas ellas deberían mantener una relación armoniosa del ser humano con su entorno, pero en la realidad los vecinos se sienten
privados de sus libertades en el momento de desarrollar ciertas actividades económicas. Por lo tanto, es necesario que en este caso, al disponer de esta nueva designación, puedan participar las partes implicadas del territorio y las propuestas
vengan consensuadas del mismo para posteriormente desarrollar el correspondiente convenio con el Comité español del MaB, para el apoyo a la gestión y desarrollo sostenible de la reserva de la biosfera de las Tierras del Ebro, al igual que en otras
ocasiones se ha procedido a otros convenios en propuestas realizadas de otras zonas, entre ellas alguna de Cataluña como fue el caso del Montseny, que a través de la Diputación de Barcelona y de la Diputación de Gerona recibió 1.331.000 euros.


Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta el contexto económico en el que nos encontramos, como antes así lo manifestaba también el portavoz de CiU, no creemos oportuno asignar una cantidad presupuestaria sin tener los
objetivos claros de la iniciativa a llevar a cabo, por lo que proponemos al Grupo de CiU...


El señor PRESIDENTE: Señor Bertomeu, le ruego que vaya concluyendo.


El señor BERTOMEU BERTOMEU: Termino, presidente.


Proponemos y aceptamos la transaccional, donde quedará redactado que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar los mecanismos de colaboración previstos en la normativa vigente estatal y europea para establecer el apoyo a la
gestión y el desarrollo sostenible de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre, con la finalidad de cumplir con los objetivos derivados de su designación (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Se ha presentado otra enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista, que la va a defender el señor Ruiz.


El señor RUIZ I CARBONELL: Solo para empezar ya les digo que estamos de acuerdo con lo que pretende esta proposición, de hecho, leyendo la enmienda que hemos presentado, está claro, buscamos la mejor manera de conseguirlo. Estamos de
acuerdo en que a través de los Presupuestos Generales del Estado se contribuye a conservar y mejorar las características de un territorio, conocido como las Terres de l'Ebre, en el sur de la provincia de Tarragona que, como ha dicho el portavoz de
Convergència i Unió, el que ha hablado el primero, tiene más de 350.000 hectáreas y viven en él cerca de 200.000 personas, territorio que ha sido declarado recientemente, este mismo año 2013, en París por la Unesco reserva de la biosfera, y más
concretamente por un consejo internacional de coordinación del programa sobre el Hombre y la biosfera; declaración que, como me comentaba ayer José Emilio Bertomeu, alcalde de Deltebre, que es una parte importante del delta, tuvo una fuerte
repercusión en las comarcas de las que estamos hablando, además de generar muchas expectativas.


El objetivo de la Unesco con este tipo de declaraciones es crear una red mundial de la biosfera en la que se encuentren soluciones a los problemas que genera la relación entre sus habitantes y el medio de cada una de ellas, generando
dinámicas que las conserven y eviten que se empobrezca su biodiversidad. Así que cuando la iniciativa me llegó a las manos la leí con interés. La primera impresión que tuve al leer el texto fue pensar que llegaba tarde, porque los presupuestos ya
han pasado por esta Cámara, están en el Senado y, aunque vuelvan aquí, no creo, visto lo que hasta ahora ha sucedido, que el Grupo Parlamentario Popular tenga la intención de modificarlos, aunque también pensé que si la hubiéramos discutido antes,
tampoco tendríamos una partida en los presupuestos como consecuencia de una iniciativa como esta. Y vista la actitud poco dialogante del Grupo Popular y lo sucedido con los centenares de enmiendas que hemos presentado, tampoco creo que hubiera
servido de mucho haber presentado uno. Finalmente, acabé pensando, al terminar de leerla, que un tema como este hay que gestionarlo de otra manera. Incluso en algún momento llegué a pensar si lo que buscaba la iniciativa no sería un no a los que
nos tiene acostumbrados el Grupo Popular y tener así la excusa para no hacer nada tampoco desde la Generalitat. Semejante pensamiento solo se me pasó un segundo por la cabeza, y si lo hizo fue porque ¿no les parece que el mecanismo adecuado tendría
que ser que la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat cogiera de la mano a las administraciones locales, dialogara con el correspondiente ministerio e involucrase

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también a la iniciativa privada en acordar lo que durante los próximos años hay que hacer para cumplir con los objetivos de la designación como reserva de la biosfera? Y, claro, comprometer a todas las partes en tirar adelante lo acordado,
tomando medidas, dedicando partidas en sus presupuestos y, si fuera el caso, legislando.


Resumiendo, hace falta saber lo que hay hacer y tener voluntad de hacerlo y además para todo ello hace falta diálogo. Saber lo que hay que hacer es fácil, el dossier presentado a la Unesco para conseguir la declaración de reserva de la
biosfera, en el que tuvieron mucho que ver la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y el Consorcio de Servicios Agroambientales, es público. Por tanto, todo nos lleva a pensar que si lo traen como una proposición no de ley es que falta la
última condición, el diálogo. Ya sabemos que en las cosas de gran calado los responsables actuales de la Generalitat y del Gobierno central, PP y Convergència, son incapaces de dialogar, ¿pero para hablar de esto también? Háganlo, nosotros
colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades, en parte por coherencia. Muchos de los trámites necesarios para esta declaración que el actual Gobierno continuó y llevó a buen puerto son de la etapa en la que los socialistas tuvimos
responsabilidades de Gobierno en Cataluña. Pero también por otras razones, algunas de las cuales ya se han mencionado aquí, pero que repetiré. La primera es que, una vez conseguida una declaración de este tipo por parte de la Unesco, no podemos
mirar ahora hacia otro lado. El prestigio internacional de un país se basa en muchas cosas, por ejemplo, en cosas como esta. También estamos hablando de un territorio relativamente pequeño, en el que se pueden encontrar ecosistemas diversos y
numerosos, tanto costeros como interiores, el Delta del Ebro tal vez sea el más conocido, pero entre los interiores está Els Ports, que acaba de mencionarse, a pocos kilómetros del delta, donde son habituales las nevadas, territorio en el que se
presta una especial atención y respeto al medio ambiente y al paisaje porque existe una fuerte voluntad colectiva de sus habitantes de hacer posible y compatible la actividad humana con la conservación del medio; de hecho, la solicitud de la Unesco
tuvo su primer origen en un manifiesto de más de setenta instituciones y entidades sociales y económicas del tejido asociativo del mismo territorio. Además, aprovechar la oportunidad que significa haber sido declarada reserva de la biosfera puede
ayudar a paliar la situación en la que se encuentran muchas familias de las Terres de l'Ebre -donde la crisis, como en todas partes, ha llevado a tasas de desempleo muy altas- incentivando un turismo respetuoso con el medio, que les aseguro tiene en
este territorio motivos más que sobrados para que sea una actividad fundamental, también su producción agrícola, su producción ganadera, las piscifactorías y las empresas transformadoras agroalimentarias, o incentivando las energías alternativas, la
eólica, la hidráulica, la solar, y haciendo mucho más conocida su gastronomía, que les aseguro que, aunque solo fuera por ella, vale la pena visitar las Terres de l'Ebre. Pero, como les decía antes, para empezar hace falta diálogo entre los
responsables de las administraciones y coordinarse. ¿Por qué hasta ahora no han hablado? Su falta de diálogo puede tener consecuencias negativas, nos puede hacer perder credibilidad ante la Unesco, pueden pagarlo los ciudadanos y ciudadanas de las
Terres de l'Ebre y naturalmente también lo puede pagar su biodiversidad.


Resumo y termino. Una PNL no nos parece la mejor manera de conseguir el objetivo que esta dice pretender, pero así y todo vamos a votarla favorablemente, con mayor convencimiento si además aceptan nuestra enmienda o llegamos a una
transacción en la que todos podamos estar de acuerdo. Gràcies per la seva atenció.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición sobre este asunto? (Denegaciones).


- SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA COMARCA VALENCIANA DE LA RIBERA A TRAVÉS DEL RÍO JÚCAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001879).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de la siguiente proposición no de ley, sobre el abastecimiento de agua potable a la comarca valenciana de La Ribera a través del río Júcar, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ábalos.


El señor ÁBALOS MECO: Señor presidente, lamento cambiar la marcha de las intervenciones, que hasta ahora han sido glosar las excelencias de nuestros territorios, para denunciar una situación muy poco idílica. Las comarcas de la Ribera Alta
y la Ribera Baixa de la provincia de Valencia presentan problemas crecientes de contaminación por nitratos y herbicidas en el agua de que disponen para el consumo humano, en concentraciones que superan con creces las compatibilidades para la
protección de

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la salud. Este es un problema ya de tiempo, al menos dieciséis años, ha sido siempre un problema referido básicamente a nitratos como consecuencia de un uso intensivo de la agricultura, pero el tema ha ido cronificándose y ha ido
empeorando. De hecho, hace unos meses se detectó la presencia de un herbicida, la terbumetona, prohibida en la Unión Europea desde el año 2002, que ha supuesto que en poblaciones como Alzira se prohibiera el servicio de agua potable, el servicio
para uso doméstico del agua. Esto es consecuencia de una dejadez y una inacción por parte de la Administración autonómica que está llamada, por el Estatuto de Autonomía, a procurar este servicio; servicio que por otra parte responde a un derecho
humano, así calificado por Naciones Unidas. Por lo tanto, estamos hablando de un tema primordial, que aunque se registre en unas comarcas valencianas no deja de ser importante; pensemos que si 300.000 ciudadanos de Madrid tuvieran este problema
tendríamos un eco mediático mucho más importante que el que se registra en estos ciudadanos que también son españoles aunque sean valencianos. Por darles algunos datas en relación con el acuífero que sirve a la ciudad de Alzira, situado en la
Sierra de Las Agujas, según la Confederación Hidrográfica del Júcar en su evaluación del estado de las masas de agua superficial y subterránea del año 2009, el estado cuantitativo es malo, su estado químico es malo y, en conclusión, su estado global
es malo. Los bombeos de agua suman un total de 69,6 hectómetros cúbicos y la estimación de los recursos renovables es de 68,7. O sea, que con estos antecedentes es imposible que aquí se pueda procurar un suministro de agua aceptable.


¿Cuál es la solución que después de este drama ha planteado el Gobierno? Pues, de acuerdo con lo que establece el Plan hidrológico del Júcar, que dice que si la evolución de la calidad de las aguas subterráneas actualmente destinadas a
abastecimiento de poblaciones hiciera aconsejable sustituir tales abastecimientos con aguas superficiales procedentes del río Júcar no asignadas ni reservadas a este plan, la sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente
destinados a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos liberados, sin producir variación en los balances globales del sistema de explotación. Pues esto que plantea el Plan hidrológico del Júcar -tarde, tarde-
es la reacción que está teniendo el Gobierno. En definitiva, lo que plantea es crear una comunidad de usuarios entre regantes y municipios; los regantes destinarían parte de la concesión que tienen sobre las aguas superficiales del río Júcar para
estas poblaciones; a cambio recibirían el agua, si la necesitaran, porque tienen una concesión por encima de las necesidades actuales, podrían disponer de los pozos de sequía y, además, recibirían en todo caso una compensación económica que podría
alcanzar los 749.000 euros e incluso el millón de euros, en función de la cantidad de agua que usen los municipios, con lo que supone para los usuarios de esta comarca un coste que estiman algunos entre 4,6 millones de euros más cada año para
garantizar las infraestructuras, la amortización de las inversiones, la cuota del servicio anual por abonado, en definitiva un sobrecoste para los usuarios que además se incrementa con la compensación que hay que pagar a los regantes. A nosotros
nos parece que es una mala situación, que en definitiva estamos ante una simulación de negocio sobre derechos del agua. Agua que, por otra parte, para los regantes no tiene esa contraprestación y en cambio para los usuarios, que deberían ser los
consumidores preferentes, sí que la tiene.


¿Qué estamos pidiendo? Pues algo tan elemental como que se prioricen las necesidades humanas y ahora que estamos en el trámite de elaboración del Plan hidrológico del Júcar, que se destine una concesión de agua superficial para estas
poblaciones exactamente como se prevé para los regantes. Nos parece que no tiene ningún sentido que poblaciones ribereñas que ven el río pasar no puedan disponer de esa agua y sin embargo sí tengan que ser quienes sufren las inundaciones, que dicho
sea de paso, el Gobierno lleva ya un par de años que no destina absolutamente nada al Plan de prevención de inundaciones del río Júcar. En definitiva, insistimos en esta cuestión porque creemos que es el momento procesal correspondiente y oportuno
y, en todo caso, estamos planteando una cuestión básica, de primer orden, que responde a un derecho humano como es el acceso al agua potable.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, porque no hay enmiendas, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, el señor Sixto tiene la palabra y, a continuación, la señora Montesinos, por un tiempo de tres minutos
cada uno, con una cierta flexibilidad.


El señor SIXTO IGLESIAS: La verdad es que el suministro de agua potable, el agua de boca, es una competencia municipal y además ahí están detrás las comunidades autónomas para ayudar a los ayuntamientos a un suministro de agua de calidad en
los grifos de nuestras casas. Lo que ocurre es que en la comarca de la Ribera, en Alzira concretamente, se dio la voz de alarma esta primavera cuando los índices de concentración de determinados productos fitosanitarios en el agua de los grifos
hicieron saltar

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las alarmas y nos encontramos con una comarca que está atravesada por un río como el Júcar, que tiene una alta calidad del agua en superficie, una alta calidad del agua del río y, sin embargo, se abastece para el suministro de agua potable
de aguas subterráneas. A la imprevisión de los ayuntamientos para solucionar el problema se suma la imprevisión de la Generalitat Valenciana, que durante años apostó por un proyecto que fue suministrar agua a la Ribera a través del agua del Caroig,
de las montañas que hay detrás, un acuífero que no era suficiente para poder abastecer a la comarca de la Ribera. Y finalmente, se producen estos problemas cuando el agua que se obtiene de los pozos no tiene ninguna calidad. Al suministrarse el
agua potable de aguas subterráneas y al ser claramente insuficiente la solución buscada por la Generalitat Valenciana, no queda más remedio que acabar recurriendo a las aguas superficiales. Es decir, a consignar una parte del agua del Júcar que
pasa por la comarca para el suministro del agua potable. Nos vemos con el problema de que aparte de que el Gobierno o la confederación sean capaces de dar esa concesión haciendo los cambios y las permutas que consideren oportuno, faltarán todavía
determinadas infraestructuras que la Generalitat Valenciana deberá poner en marcha para suministrar esta agua. Pero la parte que aquí nos tiene que ocupar, y por eso vamos a apoyar la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, es que la comarca
de la Ribera tenga derecho al uso del agua del río para poder llevarla hasta sus grifos y evitar los problemas que se han dado tanto esta primavera como en tiempos pasados de que la contaminación de productos fitosanitarios no permita beber el agua
potable a los pueblos de la Ribera.


El señor PRESIDENTE: La señora Montesinos tiene la palabra.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Desde luego, alguno debería sonrojarse cuando menos después de utilizar la palabra como lo ha hecho. Porque si hay un gran fracaso en la política hídrica de la historia de España, de este país, es sin duda
el programa AGUA, responsabilidad del Gobierno socialista. El Gobierno socialista fue incapaz de sacar a información pública el Plan de cuenca del Júcar, que le correspondía; pero tampoco sacaron el del Tajo ni el del Ebro ni el de ninguno de los
grandes ríos. Fueron incapaces, desde el Gobierno de Zapatero, de llegar a ningún acuerdo en nada que tuviera que ver con la planificación hidrológica. Tenían obligación de tener en el año 2009 el Plan hidrológico de la cuenca del Júcar, y estamos
en el año 2013 y de nuevo, gracias a un Gobierno del Partido Popular, ese problema se verá resuelto, pero desde luego no por la inacción, la desidia y la incompetencia de los Gobiernos socialistas, que tenían la responsabilidad de haberlo resuelto.
Lo podían haber hecho cuando estaban gobernando con Narbona, la ministra que era la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que hoy se encuentra muy cómoda en el Consejo de Seguridad Nuclear, cuando, por otro lado, ella siempre
renegaba de las centrales nucleares. (El señor Alonso Núñez: La habéis votado vosotros). No solo no pusieron ni un céntimo de euro para las conducciones y para la potabilizadora de la Ribera, sino que en el ETI del Júcar, es decir, en el esquema
de temas importantes, que es un documento previo al proceso de sacar a información pública un plan de cuenca, mantenía la solución de la permuta con los regantes, que actualmente está en el único marco vigente. Eso que ahora tanto critican, es lo
que ustedes proponía e insistían en que debía ser así.


A lo largo de esta legislatura, desde que están en la oposición de nuevo, se han dedicado a oponerse a todo lo que tenga que ver con política hídrica del Gobierno, y mientras tanto el Gobierno de la nación y el Gobierno de la Comunidad
Valenciana se dedican a resolver los problemas que ustedes han generado o bien que han sido incapaces de resolver. Prueba de ello lo tuvimos hace unas semanas con el trasvase Tajo-Segura, en el que primero dudaban del memorándum, segundo duraban de
que alcanzara rango de ley, y ahora no sabemos de qué dudarán. Desde luego, a lo que sí que le están poniendo trabas de nuevo es a la obligación que ustedes no solucionaron en cuanto al abastecimiento del agua de la Ribera. Este año, en el mes de
septiembre, si no recuerdo mal, ya el presidente Fabra, en el debate del estado de la comunidad, avanzó que se concluiría a final de este año la famosa potabilizadora, que tan necesaria es para resolver el problema de la Ribera del Júcar, y ustedes,
en lugar de votar a favor en las Cortes Valencianas, su portavoz allí no solo anunció la abstención -por cierto, también fue la abstención del resto de los grupos de la oposición-, sino que además dijo textualmente: tienen que solucionarlo por la
vía del Plan hidrológico del Júcar. Esa es la solución. Efectivamente, además de la planta potabilizadora -que culminará, como digo, antes de las Navidades, y que suministrará agua a ciudades a las que ustedes han hecho mención, como es el caso de
Alcira, de Cullera, de Carcaixent, de Favara, etcétera-, además de eso, insisto, en el Plan hidrológico de la cuenca del Júcar -lo voy a leer textualmente para que a nadie le lleve a engaño- dice: el día 7 de agosto de 2013 el Boletín Oficial del
Estado ha publicado un anuncio que notifica la apertura del periodo de consulta pública de los documentos 'propuesta de

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proyecto del plan hidrológico de cuenca' e 'informe de sostenibilidad ambiental' del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la demarcación hidrográfica del Júcar. En el documento, en el artículo 28, dice en el apartado 1.d):
se asignan, por un lado, hasta 10 hectómetros cúbicos/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar, y en su apartado de reservas, se
reservan 21,5 hectómetros cúbicos/año de recursos superficiales del Júcar adicionales a los asignados para el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar. Es decir, con esta medida quedará garantizado el abastecimiento de calidad a
todos los municipios de la comarca valenciana de la Ribera del Júcar, porque en total estamos hablando de 31 hectómetros cúbicos de dotación de aguas superficiales, que tanto está necesitando la Ribera, pero, insisto, gracias a dos Gobiernos: el
Gobierno del Partido Popular y del presidente Fabra en la Generalitat Valencia, y el Gobierno de España con el presidente Rajoy y su ministro de Agricultura. (Rumores). Ante la ineptitud a ustedes les molestará, lo comprendo y lo entiendo, la
gente que es resolutiva, la que culmina y resuelve los problemas que otros han generado en nuestro territorio, fundamentalmente en el de la Comunidad Valenciana. (Aplausos).


- SOBRE LA PUESTA EN VENTA Y PRIVATIZACIÓN DE LA FINCA PÚBLICA LA ALMORAIMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002044).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, sobre la puesta en venta y privatización de la finca pública La Almoraima. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa
tiene la palabra el señor González Cabaña por un tiempo máximo de siete minutos.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: El pasado mes de junio, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente manifestaba su intención de proceder a la enajenación de la finca La Almoraima, situada en el término municipal de Castellar de la
Frontera, en la provincia de Cádiz. Esta finca tiene una extensión de más de 14.000 hectáreas, de las cuales casi 13.000 se integran en el Parque Natural de Los Alcornocales, del que suponen un 7,6 % de su superficie total. Por tanto, esta finca
supone un elemento singular, yo diría que único, dentro de su comarca, del Campo de Gibraltar, de la provincia de Cádiz y de la comunidad autónoma, convirtiéndose en la mayor finca pública del Estado español y una de las mayores de Europa. Las
distintas actividades forestales, cinegéticas, agrícolas, ganaderas y turístico-recreativas le conceden un potencial económico importantísimo para la comarca y más concretamente para su zona rural, puesto que genera un número importante de puestos
de trabajo, al tiempo que mantiene una calidad medioambiental que podría ponerse en riesgo con su enajenación. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza radicalmente la iniciativa del Gobierno del Partido Popular de privatizar todos
estos recursos públicos mediante la venta de la finca, sobre todo si tenemos en cuenta que La Almoraima S.A. es una empresa rentable, también desde el punto de vista económico, ya que solo en el caso de no serlo se podría entender el afán
privatizador del ministerio.


La inquietud que ha provocado en la zona y en el conjunto de Andalucía la posible venta es lo que ha llevado a distintos grupos políticos, y fundamentalmente al Grupo Parlamentario Socialista, a plantear desde hace más de un año y medio
distintas iniciativas parlamentarias como preguntas por escrito, solicitudes de información e incluso hemos tenido que llegar a recursos de amparo a la Presidencia de la Cámara ante la dilación injustificada en obtener respuestas, respuestas que,
cuando se han producido, han eludido en bastantes de ellas la cuestión de fondo: los planes del Gobierno con respecto a la venta de la finca o, lo que es más grave -como ha ocurrido en la respuesta al señor Centella de La Izquierda Plural, que es
el último diputado que se ha interesado por el tema-, el Gobierno ha mentido, y a ello me referiré. En marzo de 2012, el diputado socialista Manuel Chaves pregunta al Gobierno concretamente sobre los planes que tiene con respecto al futuro de La
Almoraima, insistiendo en si es una de las sociedades que piensa privatizar y, en caso de ser así, cuáles son los planes sobre los trabajadores fijos y eventuales que allí trabajan. La respuesta, por llamarlo de alguna forma, es un ejercicio de
escapismo propio del gran Houdini, remitiendo al consejo de administración como si de una cuestión ajena al Ministerio de Agricultura se tratara, y para ello se tomaron más de dos meses en preparar la respuesta. Semejante ejercicio de cinismo es
impropio de las obligaciones que cualquier Gobierno debe tener con cualquiera de las señoras y señores diputados que componen esta Cámara. En junio del presente año, los diputados de mi grupo parlamentario, el señor Chaves y la señora Sánchez,
ambos, al igual que yo mismo, representantes

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por la provincia de Cádiz, plantearon una nueva pregunta en relación con el futuro de La Almoraima, una vez conocido que el informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas contempla la extinción de la empresa La
Almoraima, y preguntaron si dicha extinción pasaba por la venta a un privado o llegando a un convenio con alguna Administración pública, al mismo tiempo que se interesaban de nuevo por el futuro de los trabajadores y trabajadoras. Ante estas
cuestiones solo obtienen el silencio absoluto, lo que les lleva, una vez transcurrido el plazo reglamentario, a plantear el pasado 3 de octubre una solicitud de amparo a la Presidencia de la Cámara, con una efectividad, por cierto, fulminante, por
cuanto al día siguiente se recibe la respuesta del ministerio, respuesta cuando menos curiosa y cercana a la tomadura de pelo, del siguiente tenor literal: en caso de que se venda la finca a un tercero, la empresa se quedaría sin objeto social y,
por tanto, se procedería a su extinción inmediata. Si por el contrario lo que se vende es la sociedad anónima La Almoraima, no habría ninguna necesidad de proceder a la extinción de dicha empresa. Magistral la respuesta, que diría Perogrullo. Y
para obtener esta información han hecho falta tres meses y medio de espera y una solicitud de amparo a la Presidencia. Pero donde empieza a tomar cuerpo el engaño es en una respuesta a la diputada de UPyD, la señora Díez, a la que se le traslada
que la finca en cuestión figuraba incluida en el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010, sobre extinción y fusión de sociedades estatales; yendo a más el engaño en la respuesta al diputado de La Izquierda Plural, al que antes me
refería, señor Centella, al que se le responde que la decisión de privatizar La Almoraima fue ya adoptada por el Consejo de Ministros de esa fecha. La mentira por repetida no se convierte nunca en verdad, sobre todo porque una simple consulta a los
acuerdos del Consejo de Ministros del anterior Gobierno, entre ellos este al que me he referido, y muy especialmente al también celebrado sobre racionalización del sector público por parte del primer Gobierno del Partido Popular, viene a confirmar
claramente que en ninguno de ellos, ni en los dos consejos socialistas, ni en el consejo del Gobierno Popular, se adopta ninguna medida en relación con la finca La Almoraima y su posible privatización. Pero es que hay más, una simple comprobación
del inventario de bienes que figura en la página del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2012, viene a confirmar la presencia de La Almoraima en ese inventario. Luego no se había procedido en ningún momento a su
extinción, fusión o enajenación.


Es en junio de este año, en el informe de la CORA, donde aparece en la página 252 y en el punto 13 la extinción de La Almoraima por primera vez, lo que viene a demostrar de forma clara y palmaria que el Gobierno ha mentido a los grupos
políticos de la oposición con una intencionalidad que no acertamos a comprender aunque podemos intuir, sobre todo porque ya a partir de junio la dirección de la finca, entiendo que no de forma autónoma sino siguiendo instrucciones de sus superiores
jerárquicos, a cuya cabeza se encuentra el señor ministros Arias Cañete, había presentado una propuesta de convenio urbanístico al Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, gobernada por Izquierda Unida, en el que se contemplan campos de golf, un
hotel de cinco estrellas gran lujo y un aeródromo, un aeródromo en el entorno de un parque natural. Entendemos, pues, que lo que se pretende es una operación urbanística que con generosidad podríamos calificar de especulativa sobre una finca que es
patrimonio de todos los españoles y españolas, y estaríamos -perdonen la expresión- ante un pelotazo urbanístico del Gobierno de España para beneficiar posteriormente a terceros, sin reparar en el daño irreversible sobre las actividades
tradicionales de la zona y el posible impacto medioambiental sobre el Parque Natural de Los Alcornocales y su entorno más cercano, aunque las actuaciones proyectadas se sitúen lógicamente fuera del parque.


Por ello, nos oponemos a la venta o privatización de nuestro patrimonio público. La Almoraima no puede entrar en el paquete de España en venta, hay fórmulas por las que, si el Gobierno de España no quiere seguir ocupándose de la gestión de
la finca, esta puede llevarse a cabo mediante convenios con otras administraciones, como es el caso de la propia Junta de Andalucía, si nos atenemos al acuerdo adoptado por la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento andaluz en marzo
de este mismo año.


El señor PRESIDENTE: Señor González, le ruego que vaya terminando.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Voy terminando, señor presidente, cinco segundos.


Para terminar quiero poner de manifiesto que la junta rectora del Parque Natural de Los Alcornocales en su reunión del mes de octubre rechazó por 27 votos la operación que plantea el ministerio en relación con la privatización de la finca.
(Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijas posición sobre esta cuestión? (Pausa).


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella por un tiempo máximo de tres minutos.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, intervengo para apoyar la iniciativa presentada porque, como ya se ha dicho, nuestro grupo también viene trabajando en este sentido. Quiero denunciar que estamos ante una clara complicidad del
Gobierno con intereses privados que no son los del interés general, ni de Andalucía ni de la zona. Además, en un momento en el que creíamos que estábamos de vuelta del pelotazo urbanístico, entendíamos que ya estábamos saturados de lo que ha sido
uno de los males de este país en los últimos veinte años y que todo el mundo ya reconoce, que es intentar transformar lo que es bien común en interés especulativo. Nosotros creemos que mantener La Almoraima en el sector público es algo que nadie se
habría atrevido a plantear si no tuviese un claro interés, que es el que ya se ha denunciado. Por eso, nosotros estamos muy preocupados por lo que puede suponer en una zona que lo que necesita es precisamente poner en valor sus riquezas naturales,
poner en valor lo que puede tener para generar una economía de escala que no acabe como han terminado tantas zonas de la costa andaluza y de las costas españolas. Por eso, creemos que todavía estamos a tiempo -hoy hay una entrevista del
ayuntamiento con el ministerio- de frenar una barbaridad que sería irreparable. No estamos hablando de algo marginal, estamos hablando de una de las riquezas más importantes de la zona -y yo diría que de toda Andalucía-, que no puede ser
desmantelada, no puede ser entregada a la piqueta para que allí se pueda transformar en campos de golf o en cualquier otro tipo de barbaridades a las que estamos acostumbrados en la zona. Repito, nuestro grupo está a favor. Aquí haremos todo lo
posible para que esta barbaridad no se lleve a cabo y el Partido Popular no pase a la historia como el partido que ha destruido una riqueza importante de Andalucía.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO GIRÓN: Fijo la posición del Grupo Parlamentario Popular ante esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y defendida por el señor González Cabaña, a quien -se lo digo con todo el respeto y con
el afecto que sabe su señoría que le tengo después de tantos años de convivencia en la misma provincia- le he visto incómodo y agresivo, cuando generalmente su señoría no lo es. (El señor González Cabaña: Agresivo, sí, incómodo, no). Esto tiene
su explicación, porque el petitum de la proposición no de ley no tiene nada que ver con el objetivo de la misma.. Es decir, en el petitum de la proposición no de ley dicen que no se expropie La Almoraima y que se traspase a la Junta de Andalucía,
pero el objetivo final de esta proposición no de ley es proseguir con esa política de enfrentamiento de la Junta de Andalucía contra el Gobierno del Partido Popular. Ese es el objetivo de esta proposición no de ley, y para defender ese objetivo hay
que caer en una serie de contradicciones que con la experiencia política que su señoría tiene, yo comprendo que le es difícil de digerir, por eso hoy se pone agresivo cuando su señoría nunca lo ha sido.


Señor González Cabaña y señores del Grupo Parlamentario Socialista, la finca de La Almoraima es una finca pública desde el año 1983; con anterioridad era una finca privada, era de la Casa de Medianceli y en el año 1973 se le vende al grupo
Rumasa y cuando a este se le expropia la finca pasa a ser propiedad del patrimonio del Estado. Miren ustedes qué casualidad, desde febrero del año 1983 hasta hoy han gobernado ustedes en España aproximadamente veintiún años y yo no he visto que
hayan movido un papel para pasar esa finca del Gobierno central a la Junta de Andalucía. No han hecho nada ustedes en veintiún años y se acuerdan de que hay que traspasarlo a la Junta de Andalucía cuando gobierna el Partido Popular, fíjense ustedes
que casualidad. Yo me pregunto -estoy seguro de que se lo pregunta muchísima gente- para qué quiere la Junta de Andalucía la finca de La Almoraina. Me dirán ustedes que para explotarla, pero la Junta de Andalucía está en un proceso de
privatización de fincas rústicas, privatizando más de 20.000 hectáreas. La intención es vender la mayor parte del patrimonio agrario, no tiene sentido que la Junta de Andalucía sea propietaria de las tierras. Esto no lo digo yo, lo dice la que era
consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, doña Clara Aguilera. La Junta de Andalucía saca a subasta fincas como La Parra, Cortijo Vaquero y Los Chozones en Granada; paraje de Barruelos en Jaén; Somonte en
Córdoba; Atochares y El Búho en Almería; y precisamente fueron sacadas a subasta 229 hectáreas de esta finca que hoy piden que no se expropien, que fueron cedidas a la Junta de Andalucía. La primera subasta quedó desierta y el consejero Planas
ante tal situación y contradicción tuvo que retirar esa subasta. (El señor González Cabaña: No, no). Esa es la realidad,

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señor González Cabaña. Es una contradicción que ustedes estén pidiendo, por un lado, que no se privatice, y por otro, estén privatizando las fincas que son propiedad de la Junta de Andalucía. Esa es la realidad y, por tanto, esta
iniciativa no tiene sentido alguno.


Señor González Cabaña, sabe mejor que yo que en el acuerdo de 30 de abril del Consejo de Ministros, del señor Rodríguez Zapatero... (El señor González Cabaña hace signos negativos). Sí, en ese Consejo de Ministro... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, un momento.


Les ruego a todos los diputados que escuchen con el mismo respeto que lo han hecho todos los grupos al interviniente y que no interfieran.


El señor ROMERO GIRÓN: En ese Consejo de Ministros estaba la intención de vender la finca La Almoraima. Su señoría ha dicho públicamente que era intención del Gobierno socialista vender esa finca. Lo que pasa es que no hicieron un estudio
para saber cuál era el valor de la finca; llegaron las elecciones, ustedes las perdieron y no pudieron venderla. Este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular...


El señor PRESIDENTE: Señor Romero, ahora me veo en la obligación de decirle que ha sobrepasado el tiempo que tenía.


El señor ROMERO GIRÓN: Termino en un minuto, señor presidente.


Lo que ha hecho el Gobierno es movilizar todas las posibilidades que hay de generación del valor que pueda tener esa finca, ya sea valor agrícola, ganadero, forestal, cinegético u hotelero. Para ello ha redactado un plan especial, cuya
norma básica precisamente es la Ley del Suelo de Andalucía. Hay una serie de usos que pueden darse a esas fincas en aquellas zonas que no están en el Parque Natural de Los Alcornocales, porque hay aproximadamente 1.400 hectáreas que no se
encuentran dentro del parque. Efectivamente, ahí se pueden hacer campos de golf, se puede hacer un aeródromo o utilizarse para usos hoteleros que puedan dar riqueza a la zona. Además, esos usos están permitidos en el Plan de ordenación del
territorio de Andalucía, el POTA,y en el Plan territorial del Campo de Gibraltar. Esto es lo que ha hecho...


El señor PRESIDENTE: Señor Romero, ha doblado su tiempo.


El señor ROMERO GIRÓN: Termino, señor presidente y se lo agradezco.


Esto es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, que lo que busca es el beneficio de esta zona. Nada más y nada menos que eso, cosa que no han hecho los Gobiernos socialistas... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.


Esta Presidencia tiene que distribuir equitativamente el tiempo y les recuerdo a sus señorías que prácticamente los dos intervinientes lo han duplicado, (El señor González Cabaña hace signos negativos), tanto el portavoz del Grupo Socialista
como el del Grupo Popular -lo estoy controlando desde aquí-; ambos han disfrutado de la flexibilidad que caracteriza a esta Presidencia.


- RELATIVA A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE EL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y PESQUERO (FEMP). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001588).


El señor PRESIDENTE: Como ha habido una alteración, consentida por todos los grupos parlamentarios, vamos a debatir ahora la propuesta que figuraba en el orden del día con el número 6.º, que es la relativa a la propuesta de reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo europeo marítimo y pesquero. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz, el señor Pérez Insua, tiene la palabra por un tiempo máximo de siete minutos.


El señor PÉREZ INSUA: Señorías, la iniciativa que debatimos y que tengo el honor de presentar para su consideración fue registrada por mi grupo parlamentario el pasado 15 de abril. Como es conocido por todas las señoras y señores diputados
que hacen especial seguimiento a los temas pesqueros, desde esa fecha al día de hoy ha habido intensos debates a nivel europeo sobre los contenidos del reglamento del futuro Fondo europeo marítimo y de pesca, tanto en el Consejo de Ministros como en
el Parlamento

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Europeo. Por todo el tiempo transcurrido, consideramos procedente alguno de los puntos incluidos en las enmiendas de otros grupos que incorporamos ofreciendo una transacción, que haremos llegar a la Mesa.


Cabe recordar que fue en diciembre de 2011 cuando la Comisión Europea propuso el reglamento del nuevo Fondo para las políticas marítimas y de pesca; propuesta que engloba la gestión de las ayudas al sector de la pesca y la acuicultura, la
financiación de la recopilación de datos por parte de los Estados miembros y la inspección y control. Toda la labor de influencia posible para que los contenidos de la propuesta se ajustaran a las necesidades del sector fue del anterior Gobierno,
que a decir verdad podemos calificar de muy pobre y poco exitosa. Tanto es así, que el sector y la responsable del ministerio por entonces la consideraron no aceptable para dar respuesta a las necesidades del sector pesquero. En abril de 2013, la
Comisión como consecuencia de la presión realizada por un grupo de países que capitanea España y conocidos como Amigos de la Pesca, presenta una nueva propuesta que modifica la de diciembre de 2011, manteniendo e incluyendo contenidos y omitiendo
otros con los que España no está de acuerdo. El trabajo desarrollado en Europa por el ministro Arias Cañete y su equipo es intenso en todos sus frentes: Comisión, Consejo y países miembros. En los consejos de octubre de 2012, así como en el de
julio de 2013, se consigue incorporar contenidos en la propuesta que no habían sido tenidos en cuenta y que venían siendo demandados por el sector pesquero. Así, se incorporan las ayudas a armadores y pescadores por la paralización definitiva de
las actividades en aquellas flotas, cuya capacidad no está en equilibrio con sus oportunidades de pesca. Se incluyen ayudas a la paralización temporal de la actividad de pesca en el caso de emergencia, por la no renovación de un acuerdo o protocolo
de pesca y también por su contemplación en un plan de gestión. La finalidad, como comprenderán sus señorías, de que estas medidas formen parte de la aplicación financiera de la Unión Europea es hacer mejor y más fácil la aplicación de la nueva
política pesquera común para el periodo 2014-2020. Se incorporó igualmente a propuesta de España, mejorando la propuesta inicial, garantizar el relevo generacional. Así, habrá ayudas para jóvenes pescadores menores de cuarenta años que no sean
propietarios de barcos de pesca y que hayan trabajado durante cinco años en el sector; medida que forma parte de la vertiente social prioritaria que en todo momento ha tenido y tiene el Gobierno de lo que deben ser las ayudas al sector pesquero.
Las ayudas a la financiación por la sustitución de motor principal son contempladas para aquellas flotas en las que se encuentre en equilibrio sus posibilidades y capacidad pesquera, lo que contribuirá en buena medida a mitigar el cambio climático.
La rentabilidad y seguridad de los barcos de pesca, particularmente de la flota costera artesanal, han sido defendidas por el Gobierno español al establecer ayudas a inversiones a bordo que contribuirán a la diversificación de los ingresos, a través
de actividades complementarias como los servicios ambientales o el turismo. La acuicultura se ve favorecida igualmente al incorporarse en el reglamento medidas financiables no propuestas inicialmente, entre las que destacan las inversiones
productivas y la modernización de las instalaciones.


En su paso por el Parlamento Europeo la propuesta incorpora nuevas mejoras y matiza otras que pasamos a destacar como más significativas: se reintroducen las ayudas a la renovación de la flota costera artesanal mayor de treinta y cinco
años, hasta un 15 % de la inversión total y un máximo de 80.000 euros; posibilidad de financiar inversiones a bordo bajo determinadas condiciones; admite la paralización temporal, asimismo, bajo determinadas condiciones; limita las ayudas a
jóvenes pescadores, a menores de treinta y cinco años, y la compra de barcos de pesca costera artesanal de entre cinco a veinte años con ayudas de hasta 100.000 euros. El Consejo y el Parlamento dan asimismo una mayor importancia a las medidas de
acuicultura, potenciando la acuicultura intensiva productiva. La transformación del pescado y productos de la acuicultura son valorados positivamente para nuevos y mejores productos. Las almadrabas quedan definidas en el reglamento, lo que les
permitirá por tanto ser beneficiarias de los fondos.


Como es de apreciar, el vuelco sobre la propuesta inicial es casi total. No obstante, quedan aspectos que desde nuestro grupo venimos demandando y que deberían ser considerados, destacando los siguientes: que la flota costera artesanal
comprenda las embarcaciones menores de 15 metros o aquellas que realizan mareas menores de veinticuatro horas; que se describa una definición más completa de pescador que pueda dar cabida a las rederas, empacadoras y a los trabajadores de las
almadrabas; debe quedar expresamente recogida la concesión de ayudas por la paralización temporal en aquellos casos en los que se suspende o rompe un acuerdo de pesca con un tercer país y, por último, la financiación de las ayudas de
almacenamiento, único mecanismo de regulación de mercados incluido en el fondo, para el que se propone una duración de todo el periodo de programación.


Señorías, teniendo presente que la propuesta del reglamento no está cerrada, pues ha de ser en los trílogos -es decir, Comisión, Consejo y Parlamento Europeo- donde se precisarán los alcances

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definitivos que tendrán aquellos aspectos que han venido siendo incorporados o en los que no hay una posición clara, les solicito el voto favorable para esta proposición no de ley, que tiene para mi grupo una doble consideración: en primer
lugar, dar al sector pesquero nuestro apoyo en las demandas que viene realizando en lo que debe ser la aplicación de la financiación comunitaria del Fondo europeo marítimo y pesquero y, en segundo lugar, un reconocimiento al Gobierno por su labor en
las instancias comunitarias que sin duda le servirá de estímulo para que la última etapa de este trabajo concluya de forma satisfactoria para nuestros pescadores.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas. La portavoz doña Olaia Fernández tiene dos enmiendas presentadas, que supongo que defenderá conjuntamente, por un tiempo de cinco minutos.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para defender nuestras dos enmiendas, que guardan relación con algo que entendemos que falta en la propuesta del Grupo Popular. En primer lugar, la propuesta del Grupo Popular está hecha, como el
señor diputado ya ha explicado, con fecha de abril de este año 2013, pero ya el 23 de octubre en el Parlamento Europeo se aprobó un reglamento, aunque queda pendiente de ratificación por el que se conoce como el trílogo. Desde luego, ese reglamento
aprobado el 23 de octubre incorporó una serie de cuestiones, a algunas de las cuales ha hecho mención el señor diputado, aunque no a de otras que, en cambio, figuran en la proposición no de ley como reivindicación, concretamente en el punto número
6, donde habla de las rederas, empacadoras, etcétera, en un sentido con el que nosotros no podemos estar más de acuerdo, porque en esa línea el BNG presentó en el Parlamento -junto con otros grupos-, a través de su diputada Ana Miranda, una serie de
enmiendas.


A nuestro juicio, queda sin estar suficientemente definida la cuestión de la pesca artesanal y por eso planteamos nuestra enmienda al punto 3 para que, además de lo que aquí se recoge por parte del Grupo Popular, se estimen otras cuestiones
como la ampliación de las veinticuatro horas a treinta y seis, que las artes sean sostenibles, que las embarcaciones sean de propiedad familiar o de autónomos o que se dediquen a la pesca fresca. Son cuestiones que concretamente para la pesca del
litoral de Galicia serían muy importantes, teniendo en cuenta además que esta pesca es la que en la economía de Galicia genera una cantidad de empleo y de actividad que el señor Pérez Insua conoce suficientemente. Por eso, nos parece importante que
esto se incorpore a la proposición no de ley presentada.


Presentamos otra enmienda que añade al título y al párrafo del punto 3 lo relativo al marisqueo tanto a pie como a flote, porque si bien en estos momentos se ha avanzado en reconocer derechos de rederas y de mariscadoras, nos parece
importante que también se considere de manera diferenciada el marisqueo dentro de la pesca artesanal. De ahí, señor Pérez Insua, que nosotros presentemos esta enmienda.


Respecto de nuestra tercera enmienda, dado que prácticamente está aprobado el reglamento por decisión del Parlamento Europeo el 23 de octubre, lo que es conveniente ahora, dada la necesidad del sector, es que el Gobierno actúe con la máxima
urgencia para que las negociaciones de reparto de esos fondos se hagan a la mayor brevedad posible. Por eso presentamos esta enmienda. Desde luego, la propuesta del Grupo Popular nos parece acertada, pero desde nuestro punto de vista sería mejor
incorporar las propuestas que nosotros hacemos. Como no conocemos la propuesta de transacción, no nos podemos pronunciar al respecto. En todo caso, la leeremos con mucha atención para definir nuestro voto final.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para defender la enmienda de Convergència i Unió el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Nosotros hemos presentado una enmienda. Básicamente estamos de acuerdo con todos los puntos planteados en esta iniciativa, pero en el punto 3 proponemos, en vez de pesca artesanal, incluir un nuevo concepto
diferenciado de la misma, que sería el de la pesca costera. Ustedes ya han anunciado una modificación en el sentido de pesca costera artesanal, pero me gustaría mantener mi enmienda con el carácter diferenciado de pesca costera, sin la coletilla de
artesanal, porque el concepto de pesca costera incluye más tipos de pesca y no solo la pesca estrictamente artesanal. Ya avanzamos que votaremos a favor de la PNL; de todas formas, aunque su propuesta sea incorporar delante de artesanal el
concepto de pesca costera, también se podría diferenciar en un solo apartado, tal y como proponemos en nuestra enmienda al apartado 3, con un tratamiento diferenciado para la pesca costera. Así estableceríamos una diferenciación entre pesca de
altura y pesca costera litoral, no pesca

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artesanal como excepción de la pesca de altura. Mantenemos nuestra enmienda en este sentido, pero ya avanzamos que, independientemente del matiz que han hecho ustedes en su propuesta al incorporar el concepto de pesca costera delante de
artesanal, daríamos apoyo igualmente a esta iniciativa, ya que en principio estamos de acuerdo con todos sus puntos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Consuelo Rumí.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Hoy nos trae el Grupo Popular una iniciativa que valoramos positivamente pero que llega tarde, quizá demasiado tarde. En innumerables ocasiones el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido la necesidad de debatir
en esta Cámara y acordar sobre el reglamento del Fondo europeo marítimo y pesquero, una norma fundamental de apoyo financiero a la nueva política pesquera común, de la que depende en gran medida el cumplimiento de sus objetivos y el futuro de
nuestro sector pesquero. Incluso promovimos, sin contar con el apoyo del Grupo Popular, una jornada sobre dicho fondo en esta Cámara. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos imprescindible una correcta definición del nuevo Fondo
europeo marítimo y pesquero que va a contar con alrededor de 6.500 millones de euros en ayudas para el periodo 2014-2020, de los que aproximadamente 1.100 millones de euros se destinarán a España dada su condición de potencia pesquera europea. Han
pasado muchas cosas desde enero de 2013 -ya se ha dicho aquí-, desde que se registró esta proposición no de ley, por eso buena parte de las cuestiones que se recogen en la misma ya son obsoletas, ya han sido asumidas por la Comisión Europea y sobre
todo por la última votación del Parlamento Europeo celebrada en el pleno del día 23 de octubre.


Otra cuestión que consideramos necesario destacar es que en esta iniciativa, como en otras tantas, el Grupo Popular parte de un error de base. Dice textualmente en su exposición de motivos: Se deben paliar los efectos negativos que tendrá
la orientación adoptada en la propuesta de la Comisión Europea de priorizar la consideración medioambiental por encima de la económica y social. Esto, señorías del Grupo Parlamentario Popular, es un error. El futuro de la pesca en Europa y en
España pasa necesariamente por aunar estos dos extremos, desarrollo económico del sector y protección medioambiental, porque apostando de forma flexible por una pesca sostenible medioambientalmente se protege al sector pesquero. Por eso el Grupo
Parlamentario Socialista ha planteado una enmienda que básicamente viene a depurar la iniciativa de cuestiones que, bien por negociaciones en el Consejo Europeo, bien de mano del Parlamento Europeo, ya se han incorporado al reglamento relativo al
fondo -en gran medida por el esfuerzo, por cierto, de los socialistas en el Parlamento Europeo-, y en el mes de julio, en la Comisión, y en la votación del Parlamento Europeo a la que he hecho referencia del día 23 de octubre, se asumieron
cuestiones tales como la introducción de ayudas a las paralizaciones temporales de pesca, la renovación de flotas y desguaces, el apoyo a los pescadores jóvenes, la mejora del empleo en las comunidades pesqueras y la incorporación de las actividades
auxiliares de la pesca dentro de los objetivos de este fondo. En este sentido es en el que hay que interpretar el punto 1 de nuestra enmienda, que pretende mantener para el trílogo lo que ya se ha conseguido en estas materias, porque, señorías, eso
es lo fundamental, que reforcemos y apoyemos a través de esta iniciativa lo que ya se ha conseguido y no demos ningún paso atrás.


No obstante, en la enmienda, además de esto, se recogen otras cuestiones fundamentales, al menos para mi grupo parlamentario, sobre las que todavía es necesario mantenerse firmes en las negociaciones que quedan pendientes y que se van a
llevar a cabo. Una de estas cuestiones fundamentales es la definición de la flota artesanal y costera, una definición más flexible que permita beneficiarse de las ayudas del fondo a mayor número de barcos. Por eso defendemos aquí, como lo hemos
hecho ante las autoridades europeas, una definición que se amplíe a las embarcaciones de menos de 15 metros o que realicen mareas de menos de veinticuatro horas. Queda pendiente también la definición aún flexible de las ayudas dirigidas a financiar
la renovación de la flota y a la transferencia de buques para que un sector de la flota española se adapte de forma adecuada a la nueva política pesquera común. Son temas fundamentales de cara a la negociación que todavía queda pendiente de
abordar.


No entendemos que el Grupo Parlamentario Popular no se haya autoenmendado, no entendemos que no haya actualizado la iniciativa y no entenderemos que no acepte una enmienda que apoya avances conseguidos, que defiende aquellos aspectos que aún
se han de decidir y que son demandados por todo el sector.

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El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Insua, tiene la palabra a los efectos de manifestar si acepta la enmienda que ha presentado Convergència i Unió.


El señor PÉREZ INSUA: Señor presidente, nosotros hemos presentado una transaccional que esperamos que sea aceptada.


El señor PRESIDENTE: Entonces no acepta la enmienda que presenta el Grupo de Convergència i Unió.


El señor GARCÍA DÍEZ: Es una transacción. Tendrán que decir los otros grupos si retiran sus enmiendas o aceptan la transacción.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Ya lo diremos. Primero miremos la transacción.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Ya lo dirán.


- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA QUE LOS DELITOS ECOLÓGICOS COMO EL DEL 'PRESTIGE' NO QUEDEN IMPUNES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002161).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar el debate del punto que figura como 5.º, que ha pasado a ser el 6.º, relativo a la adopción de medidas para que los delitos ecológicos como el del Prestige no queden impunes. La iniciativa ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, por un tiempo máximo de siete minutos, tiene la palabra su portavoz doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, podríamos definir la reciente sentencia por el caso Prestige como la historia de una frustración, porque no sé si alguien habrá quedado contento con esta sentencia, pero, por todo lo que se ha
manifestado, podemos decir que la mayoría de la sociedad ha visto frustradas las esperanzas de que un delito de la gravedad ecológica que significó el Prestige fuera debidamente sancionado y no que tuviera un resultado tan impune como podemos
considerar que es el de la sentencia aludida.


Señorías, esta sentencia ha puesto la memoria a flote, y nunca mejor dicho, porque una vez conocida la condena que esta sentencia aplica, la memoria de los gallegos y gallegas y de todos los voluntarios y voluntarias que en los años 2002 y
2003 se movilizaron para limpiar las costas de Galicia tuvo que avivarse. La catástrofe del Prestige, que tiñó de chapapote negro las costas de Galicia ese 13 de noviembre de 2002, demostró las flaquezas en materia de seguridad del tráfico marítimo
y la precariedad de medios para la lucha contra la contaminación marina en el corredor de Fisterra, uno de los de mayor tráfico registrado. A pesar de que han transcurrido once años y a pesar de la gravedad de los hechos, podemos afirmar que nada
se ha avanzado. Un delito ecológico de esas dimensiones ni siquiera es objeto de una sentencia ejemplar por parte de la justicia. No hay castigo para los autores de una de las mayores mareas negras ni tampoco existen responsabilidades políticas
por la errática e ineficaz gestión de un accidente marítimo que se agravó por las decisiones adoptadas por el Gobierno central y desde la Xunta de Galicia. De ahí ese malestar que se está manifestando estos últimos días, no solo a través de la
movilización ciudadana sino a través de los medios de comunicación, y no es para menos.


En los últimos cuarenta y tres años se contabilizaron cuatro siniestros marítimos frente al litoral de Galicia, uno de los más afectados del mundo como ya hemos dicho por la contaminación derivada de vertidos de hidrocarburo. Recordemos el
Polycommander, el Urquiola, el Mar Egeo y el Prestige, sin olvidar el accidente del Cason o del Erkowitz, que también provocaron una gran afectación por vertido de productos altamente contaminantes. Lejos de progresar por un camino en el delito
ecológico grave, como es el caso del Prestige, y castigarlo con una sentencia ejemplar, resulta que transitamos por el camino a la inversa. La catástrofe del Prestige no tiene ningún coste, sale prácticamente gratis, salvo a los gallegos y gallegas
y a toda esa marea humana de voluntarios que se implicaron activamente en la limpieza de las costas y arenales como ya hemos comentado.


Uno de los muchos fallos en la gestión del Prestige fue la enorme descoordinación entre administraciones implicadas y el hecho de adoptar decisiones desde lugares alejados de Galicia, desde Madrid. El BNG, durante muchos años, hasta la
creación de la subcomisión sobre la catástrofe del Prestige en el Congreso, demandó la transferencia de la gestión en salvamento marítimo, del control e inspección de barcos que

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transitan por el dispositivo de separación de Fisterra y de los medios para la lucha contra la contaminación marina. Esta reivindicación no fue fruto del capricho, señorías, fue fruto de una mala experiencia de la observancia de lo
acontecido durante la crisis del Prestige, de la total falta de coordinación para hacer frente a la mayor marea negra que se recuerda. Galicia posee miles de kilómetros de costa. Es la Xunta de Galicia la que debería tener las competencias para
poder controlar los buques que recalan a sus puertos o van de tránsito.


El paso de estos once años debería haber servido para aprender y tomar nota. Poco se ha hecho en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina. Después de una catástrofe de estas características, podría afirmarse
que si volviese a ocurrir no se contaría con muchos más medios. Galicia seguiría desprotegida, al albur de las decisiones que se adopten a miles de kilómetros como en el caso de hace once años. Por eso, señorías, en los dos primeros puntos de la
proposición no de ley pedimos la transferencia a la Xunta de Galicia de las competencias tanto de la seguridad marítima como en materia de salvamento y, por supuesto, pedimos que se endurezca la legislación existente en materia de comisión de delito
ecológico para que no pueda tener lugar una sentencia como la de estos últimos días.


Señorías, dada la premura de la presentación de nuestra proposición no de ley, presentamos una enmienda de adición a nuestra propia iniciativa, porque entendemos que son importantes las cuestiones que aquí planteamos, entre ellas, que es
necesario que el Gobierno comience una actividad para resolver asuntos que no ha resuelto la sentencia. Por eso, señorías, pedimos el voto favorable a nuestra proposición de ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra para defender la enmienda presentada la diputada representante del Grupo Socialista doña Laura Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Efectivamente, en el Pleno pasado el Grupo Socialista tuvo la posibilidad de interpelar mediante una pregunta parlamentaria en la sesión de control al señor ministro de Agricultura y Medio Ambiente, señor Cañete.
Yo misma se la formulé y desde luego no vislumbré, once años después de la catástrofe, ni una pizca de humildad, ni un mínimo destello de responsabilidad, ni un solo mea culpa entonado sobre la gestión de la catástrofe, ni una sola palabra sobre
cuestiones mejorables, y a la vista está que todo se pudo haber mejorado. Su principal argumento fue que en Muxía el Partido Popular había sacado mayoría absoluta.


Es verdad que los gallegos hemos perdido el juicio, pero no hemos perdido la memoria, y gracias a ella, a esa memoria, recordamos que la mayor catástrofe medioambiental de Galicia tuvo unos responsables políticos claros, con nombres y
apellidos y que aquí están, muchos de ellos otra vez en el Gobierno y escondidos tras la sentencia. Pretenden hacer creer que aquello del Prestige, el accidente que convirtieron en catástrofe, fue un contingente, algo así como un buquicidio.
Fíjense, el barco bailó la yenka sobre el Atlántico porque quiso; se rompió y se hundió porque le dio la gana y escupió todo el chapopote que llevaba dentro contra la costa gallega porque sí. Es verdad que en estos días al principio el PP y muchos
cargos del Gobierno celebraron la sentencia, interpretando que esta aplaudía el trabajo de los Gobiernos del PP en aquella época. Después fue el presidente de la Xunta de Galicia quien anunció, apremiado por las reacciones ciudadanas, que el
Gobierno gallego presentaría recurso ante el Tribunal Supremo. Posteriormente, el señor Cañete avanzó en esa respuesta parlamentaria que la Abogacía del Estado presentaría ese mismo miércoles el escrito del recurso de casación para atacar la
absolución -fíjense bien, para atacar la absolución- del capitán del Prestige, considerando que los hechos calificados simplemente de desobediencia serían un delito contra el medio ambiente o subsidiariamente de daños y que subsidiariamente se
impugnaría el hecho de que la sentencia no imponga responsabilidades civiles derivadas del delito de desobediencia.


Como para el Gobierno no hubo errores, salvo el del capitán, ni hay responsables, estamos en la tesitura de quién se va a hacer cargo de los daños, milmillonarios daños. Desde luego es importante recuperar la parte económica, puesto que el
perjuicio ambiental que sufrió Galicia nunca podrá ser cuantificado y porque aquellos Gobiernos gestores de la catástrofe nunca pusieron en marcha las medidas de vertido cero para evaluar el impacto de la contaminación en el medio marino. Por eso
mi grupo ha presentado una enmienda en este sentido, porque el mismo Gobierno que no perdona ni un céntimo de euro a los ciudadanos cuando se trata de recortar no puede permitir que los más de 4.300 millones de euros que ha establecido el peritaje
-elaborado además por una experta de la Universidad de Santiago- se queden en un limbo legal. La enmienda que hemos presentado apuesta por ello, por que se procure el resarcimiento económico íntegro para los afectados por la catástrofe del
Prestige, con el fin de superar las

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limitaciones impuestas por el Convenio internacional sobre responsabilidad civil de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos. Además, pedimos que se depuren las responsabilidades penales y civiles, es decir, que el Gobierno lleve
a cabo las acciones judiciales oportunas para que se depuren las responsabilidades penales y civiles y el resarcimiento de los 2.433 millones de euros que, según establece el informe pericial, corresponden al impacto de la catástrofe del Prestige en
Galicia. Además señalo los 1.275 millones de euros por el reciclaje de los elementos contaminados depositados en Sogarisa. Este es un dato no menor del que apenas se ha hablado estos días. El PSOE demandó desde el primer día la necesidad de que
el Gobierno, representando el sentir de la ciudadanía y para defender a su pueblo, exigiera la reparación de daños económicos y ambientales causados. Por tanto, debía presentar los recursos oportunos, independientemente de lo que hicieron otras
partes personadas en la causa, como ya han hecho.


Otro de los puntos de la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley del BNG es de adición. Hay un error, señora Fernández Davila, porque apoyamos el apartado que se refiere a endurecer la legislación, como no podía ser de
otra forma, y añadimos que se modifique la legislación internacional, tanto en la Organización Marítima Internacional como en la Comisión Europea, a fin de instaurar en el ámbito marítimo el principio de responsabilidad ilimitada respecto a la
contaminación. La responsabilidad ilimitada supone que cualquiera que contamine tiene que pagar la totalidad de los daños causados, los inmediatos y los futuros. Es lo que se conoce como lucro cesante o daño emergente. Hay que recordar -y ya
termino- que con motivo de las discusiones en el Parlamento Europeo y en la Comisión de los paquetes legislativos del Erika I y Erika II, donde se trató esta cuestión, los socialistas ya demandamos que así fuese, pero el Gobierno del PP, con una
comisaria también española del PP, se inhibió en esta defensa.


Los otros puntos que ha añadido el BNG en su autoenmienda también los vamos a apoyar, con un matiz en el apartado segundo. Donde pone: Demandar a la Agencia Europea de Seguridad Marítima que la toma de imágenes por satélite se extienda a
toda la costa gallega, creemos que es más oportuno que diga que se extienda a toda la costa española, manteniendo que específicamente el dispositivo de separación marítimo de Fisterra tenga un tratamiento especial debido al alto número de accidentes
y catástrofes que ha habido en esta zona.


Esperamos poder llegar a un acuerdo a través de las posibles transacciones de esta proposición no de ley con el BNG.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir para fijar posición por un plazo máximo de tres minutos respecto a esta cuestión? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: En relación con esta proposición no de ley nuestro voto va a ser claramente favorable. Es evidente que situaciones como la del Prestige tienen mucho impacto sobre la actividad por ejemplo pesquera, sin olvidar los
efectos directos sobre el medio ambiente. El impacto en la economía de la zona fue incalculable y atendiendo a que la pesca y sus subsectores son la actividad principal de la zona este daño es aún más incalculable.


Estamos de acuerdo en que catástrofes como la del Prestige constituyen un delito ecológico y en que las graves consecuencias económicas para las zonas afectadas no pueden quedar impunes y sin ninguna indemnización económica a las personas
afectadas directamente. En su momento el Congreso de los Diputados ya convalidó el Real Decreto-ley 4/2004, de 2 de julio, por el que se adoptaron determinadas medidas relacionadas con los daños ocasionados por el accidente del buque Prestige, y en
ese momento nosotros también votamos a favor. Teniendo en cuenta la gravedad de los acontecimientos y dado que ya habían sucedido diferentes hechos, se creó una subcomisión sobre el seguimiento de las consecuencias derivadas del naufragio del
Prestige, en la que nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, también participó.


Entendemos que una desgracia ecológica sin precedentes en España como la del Prestige no puede quedar como ha quedado al final, respetando, cómo no, las decisiones judiciales. La subcomisión que se creó para analizar las consecuencias y
encontrar soluciones para que un hecho como el naufragio del Prestige no volviera a suceder no alcanzó su objetivo final, ya que no olvidemos que a día de hoy por nuestras costas continúan navegando diferentes petroleros. Por tanto, desde el Grupo
de Convergència i Unió queremos destacar que entendemos que esta PNL es oportuna y actual, y puso de manifiesto en su momento, como ha dicho la portavoz, una descoordinación evidente entre administraciones. Por eso

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entendemos la reivindicación de transferir y canalizar la gestión de estos tipos de catástrofes directamente desde la Xunta de Galicia. Por eso nuestro grupo parlamentario votará a favor de la proposición no de ley del BNG y de cualquier
modificación que la mejore.


El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, don Joaquín García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Quiero comenzar diciendo que me parece -creo que a mi grupo también- que estamos ante una iniciativa que no busca la eficacia legislativa -algo que debe prevalecer en toda iniciativa en este Congreso de los Diputados-,
ni tan siquiera la operativa; sencilla y llanamente no puede porque va contra las leyes, tratados y normativas, tanto nacionales como internacionales, relacionadas con esta materia. A pesar de la autoenmienda que se ha introducido a última hora y
de las intervenciones que he podido escuchar, especialmente la de la portavoz del BNG y la del Grupo Parlamentario Socialista, lo que ha quedado claro es que lo que aquí se busca es una estrategia de resucitar la confrontación social y de revivir
los sucesos acaecidos hace once años. Esta iniciativa solo puede plantearse, a mi juicio, por dos motivos: por ignorancia o por otras oscuras intenciones, o no tan oscuras. Lo primero es imposible, señorías; por ignorancia es imposible porque la
señora Fernández Davila y yo mismo formamos parte en el año 2006, como ella recordó, aquí en el Congreso de los Diputados, de la subcomisión para el seguimiento de las consecuencias derivadas del hundimiento del Prestige, por tanto ella y yo
conocemos perfectamente lo que se debatió y aprobó en aquellas sesiones; más de setenta horas de comparecencias que finalizaron con unas conclusiones, con unas propuestas y unas recomendaciones. En aquella ocasión, y relacionado con la mejora de
la coordinación administrativa y la elaboración de protocolos especiales para este tipo de crisis, se instaba al Gobierno a definir y activar un sistema nacional de respuesta y a elaborar un plan de contingencias por contaminación marina accidental.
No se hablaba, señorías, en ningún momento -lo saben muy bien- de transferir ningún tipo de competencias a la Xunta de Galicia ni a ninguna otra comunidad autónoma.


Desde aquella fecha se han hecho muchas cosas, a pesar de que hayan dicho algunas de las portavoces intervinientes que no se ha hecho nada o que se ha hecho poco. Se repararon los daños ambientales, se atendió a los damnificados -fue la
primera vez en nuestra historia que se llegó a indemnizar antes de que se declarase ninguna responsabilidad por parte de la Administración del Estado-, se prohibieron en la Unión Europea los petroleros monocasco -recuerdo a nuestra compañera Loyola
de Palacio que, como comisaria, tuvo en aquel momento un papel trascendental en esta decisión (Aplausos). En diciembre del año 2012 se aprobó, precisamente al hilo de aquellas recomendaciones de la subcomisión del Prestige el Real Decreto
1695/2012, por el que se aprueba el sistema nacional de respuesta ante la contaminación marina; sistema que obliga a elaborar un plan marítimo nacional que en este momento tiene el Ministerio de Fomento en su fase final y un plan estatal de
protección de la ribera del mar contra la contaminación, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ya ha sometido a debate y que en las próximas semanas finalizará su recorrido. La Xunta de Galicia aprobó en septiembre del año
2012 el Plan territorial de contaminación marina (Camgal). Como todas sus señorías conocerán, en el último Consejo de Ministros se ha presentado y aprobado el proyecto de ley de navegación marítima que pronto debatiremos en esta Cámara. (Rumores).


Por tanto, nunca se habló de transferencias de seguridad marítima, de control e inspección de barcos, de salvamento marítimo, de la lucha contra la contaminación marina. ¿Por qué? Lisa y llanamente porque va contra la Constitución
española, contra las políticas de seguridad marítima. En estos aspectos quiero recordarles, señorías, que están bajo el título VI del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, vulneran por tanto el funcionamiento de la Unión Europea. Todavía
más, el establecimiento de normas de aplicación de buques de banderas no europeas que transportan mercancías peligrosas y que pasen por aguas españolas no le corresponde ni siquiera a la Unión Europea sino a la Organización Marítima Internacional.
(Rumores). En cuanto a las competencias regulatorias, lo que nos pide el BNG de transferir a la Xunta de Galicia estas competencias de inspección y de control -atiéndanme, señorías, que es muy curioso-: solo surtiría efectos en buques bajo un
inexistente pabellón gallego y no sobre pabellón español ni de ninguna otra bandera. ¿En qué están pensando, señorías, en qué están pensando? (Continúan los Rumores). Por último, la seguridad marítima es un fenómeno paradigmáticamente
globalizado, con un sistema contrastado de organismos que han conseguido mejorar mucho los niveles de seguridad de la flota mundial...

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El señor PRESIDENTE: Señores diputados, les ruego que se mantengan en silencio porque, si no, no se puede oír la intervención.


El señor GARCÍA DÍEZ: Voy concluyendo, señor presidente; muchas gracias.


Los accidentes por vertido alcanzan amplias zonas, superan a una provincia, a una comunidad autónoma e incluso a un país. Por tanto, la respuesta exige un mando lo más unificado posible, un coordinador nacional único como nos obligan los
tratados internacionales. Por consiguiente, su propuesta camina en sentido contrario, como otras muchas que parten de nuestros partidos y grupos nacionalistas. En lo referido al endurecimiento de la legislación existente en materia de comisión
parece olvidar también la legislación, que es suficiente, tanto de la Directiva comunitaria 2008/99 como del contenido de nuestro Código Penal.


Termino ya. No manipulen, señorías, no utilicen inadecuadamente la reciente sentencia por el hundimiento del Prestige. El Gobierno ya ha anunciado el recurso de la sentencia porque considera que existe responsabilidad civil y que la
naviera y las aseguradoras tienen que pagar los daños producidos al conjunto de los contribuyentes españoles. La sentencia ratifica las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de entonces. Por respeto a tantas personas que fueron injuriadas y
ahora absueltas, no traten de manipular la historia. Claro está -acabo con esta reflexión en voz alta-, se ha hablado aquí de castigos ejemplares, se ha hablado de frustración, y yo me pregunto qué concepto tiene quien propone esta iniciativa sobre
lo que es la justicia y las sentencias. El BNG, en un tuit del 13 de noviembre de este año, cuando se conoció la sentencia, dijo que estaba hecha -leo textualmente- al dictado del PP. También es verdad que el 22 de octubre dijo, cuando se conoció
la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, que restituía los derechos vulnerados. Señorías, por estas y otras razones, con humildad como aquí se ha dicho pero con toda claridad, sin las graciejas que he escuchado también en
algunas intervenciones, el Grupo Parlamentario Popular votará negativamente una iniciativa que vulnera todas las normas nacionales e internacionales y que solo busca lo que busca, ustedes ya lo saben. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a interrumpir por un minuto para ordenar dos transaccionales que todavía no tenemos claro que se vayan a acordar. (Pausa).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, les ruego que tomen asiento porque van a dar comienzo las votaciones.


Tiene la palabra el señor Martí Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, solamente quiero explicitar que en el punto 2.º, en relación con la reserva de la biosfera de Terres de l'Ebre, hemos llegado a una transaccional con las enmiendas del Grupo Popular y del
Grupo Socialista, así como agradecer el voto favorable que han anunciado, por La Izquierda Plural, doña Olaia Ortiz y el BNG.


El señor PRESIDENTE: Señora Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Como en el trámite de la defensa de nuestra proposición no de ley no me ha preguntado al respecto, quiero decir que incorporo a mi PNL inicial las enmiendas presentadas por mí misma. Solicito, señor presidente,
una votación separando los puntos 1 y 2 del resto.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.


En primer lugar, se va a votar en sus propios términos la proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, sobre el apoyo a la denominación de origen del melocotón de Cieza.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


En segundo lugar, proposición no de ley sobre apoyo a la designación de Terres de l'Ebre como reserva de la biosfera. Como acaba de aclarar el portavoz del Grupo de CiU, ha sido objeto de una enmienda transaccional, que sometemos a
votación.

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Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley sobre abastecimiento de agua potable a la comarca valenciana de La Ribera a través del río Júcar. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y no tiene enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sometemos a votación la proposición no de ley sobre la puesta en venta y privatización de la finca pública La Almoraima, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación relativa a la adopción de medidas para que los delitos ecológicos como el del Prestige no queden impunes. Esta propuesta ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por doña Olaia Fernández Davila, que ha presentado una
autoenmienda y propone a su vez que se vote por separado. Vamos a someter primero a votación los puntos 1 y 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sometemos a votación el resto de la iniciativa.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sometemos a votación la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo europeo marítimo y pesquero. Esta iniciativa ha sido
objeto de una transacción con el Grupo Mixto y con el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.