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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 355, de 20/06/2013
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 355
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍA CHAVES GONZÁLEZ
Sesión núm. 12
celebrada el jueves,
20 de junio de 2013
Página
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo:
- Del miembro del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones (Tortuero Plaza), para que informe a la Comisión sobre esta materia. (Número de expediente 219/000326) ...
- Del miembro del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones (Doménech Vilariño), para que informe a la Comisión sobre esta materia. (Número de expediente 219/000327) ...
- Del miembro del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones (Ayuso Gutiérrez), para que informe a la Comisión sobre esta materia. (Número de expediente 219/000328) ...
- Del miembro del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones (Devesa Carpio), para que informe a la Comisión sobre esta materia. (Número de expediente 219/000329) ...
Se abre la sesión a las once de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a continuar con las comparecencias de los señores miembros del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Hoy se encuentran entre
nosotros don José Luis Tortuero Plaza, don Rafael Doménech Vilariño, doña Mercedes Ayuso Gutiérrez y don José Enrique Devesa Carpio, a quienes les doy la bienvenida y deseo que se encuentren a gusto entre todos nosotros, porque estamos seguros que
su aportación al debate en el seno de esta Comisión será interesante y muy valiosa. Sin más protocolo, por el orden en que les he mencionado van a intervenir, después intervendrán los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y ustedes
contestarán a las preguntas o aclaraciones que consideren oportuno. Sin más, tiene la palabra don José Luis Tortuero Plaza.
El MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Tortuero Plaza): Señor presidente, señoras y señores diputados, es para mí un placer presentarme por segunda vez ante esta Comisión
del Pacto de Toledo, centro neurálgico del consenso político sobre nuestro sistema de protección social, que los españoles nos hemos dado desde hace más de cien años y que pretendemos que nos dure otros cien años más por lo menos. (La señora López
i Chamosa: Por lo menos). Comienzo por explicar brevemente cuál ha sido mi participación en el comité y cuál ha sido mi voto. Soy el único jurista del comité y no soy experto, ni en positivo ni en negativo, del núcleo duro del informe que son las
fórmulas matemáticas, que hoy nos van a explicar, que cristalizan el factor de sostenibilidad. Evidentemente veo la imagen y la foto posterior, pero no soy experto en la fase intermedia, siguiendo con el símil, no soy experto en el revelado ni en
el photoshop. En más de una ocasión me planteé retirarme de la comisión, pero entendí que mis principios éticos me llevaban a aportar todo el trabajo necesario para que el informe final que llegara a esta Comisión tuviera los valores por los que he
luchado durante toda mi vida profesional: sistema de reparto, prestación definida, reconocimiento de los derechos adquiridos por los pensionistas, necesidad de un gran pacto social por los ingresos, titularidad democrática de las decisiones y un
largo etcétera. Como sus señorías imaginarán, no ha sido fácil la tarea. Junto a ello he presentado un voto particular que entendí extenso, contundente, coherente y crítico, con más de treinta propuestas de medidas, tanto en el ámbito de la
Seguridad Social, como del empleo, puesto que no debemos olvidar que son las dos caras de una misma moneda en el sistema de reparto. El mandato legal al comité se circunscribe a la elaboración de un informe sobre el factor de sostenibilidad.
Hubiera sido deseable, a mi juicio, otro mandato y otra estrategia. El mandato: efectuar un análisis del sistema de Seguridad Social donde se integrasen las posibles alternativas que determinasen el equilibrio presupuestario y su viabilidad. La
estrategia: que el comité hubiera salido de esta Cámara, si fuera necesario, y con el tiempo y los medios necesarios. El inconveniente de acometer simplemente la fijación de un factor de sostenibilidad es que actuará -si se me permite nuevamente
el símil- como las guindas que perfeccionan el pastel. El problema es que en nuestro pastel el sistema no ha sido perfeccionado previamente. La lógica de la historia ofrece una foto deformada, incompleta y una técnica jurídica arcaica e
incoherente.
Por tanto, afirmar que el sistema de pensiones tiene problemas no es nuevo, los ha tenido en el pasado, los tiene en el presente y los tendrá en el futuro. Las crisis económicas y sus efectos han sido, son y serán nuestros permanentes
compañeros de viaje. Ahora damos especial relevancia -y la tiene- a otros factores: el envejecimiento de la población española, que como es conocido se incrementará con la llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom,
derivando en un desequilibrio la relación entre pensionistas y cotizantes si no actuamos sobre el empleo decente; igualmente, el incremento constante de la esperanza de vida -o no tan constante según los últimos datos- supone una extensión en el
tiempo en el que se reciben las pensiones. Sin duda es necesario actuar. El interrogante es: cuándo y cómo. Los tiempos más duros de la crisis con una destrucción del tejido productivo y del empleo sin precedentes, las reducciones salariales,
las congelaciones de las pensiones, los incrementos de los impuestos no son el marco más adecuado para afrontar reformas superpuestas: reducción de pensiones sobre las mismas ya reducidas. El sistema de protección social -y quiero insistir en
esto- está demostrando que constituye un factor social de primer orden para atemperar los gravísimos efectos de la crisis donde cada parcela de la protección está cumpliendo su función social, desde la protección por desempleo hasta las pensiones,
que dan cobertura no solo a sus titulares, sino a los núcleos familiares dependientes. En tiempos de crisis nuestro sistema demuestra una capacidad de adaptación que no tiene
parangón con el resto de los sistemas europeos existentes. No hay duda -y lejos de catastrofismos- que el sistema sabrá y podrá adaptarse a los retos demográficos.
Además de la crisis, el actual no es el momento de las reformas a mi juicio. Estamos inmersos en la aplicación de la Ley 27/2011 y, alejándonos de eufemismos, sin duda esta provocará una disminución de las pensiones futuras. Sin perjuicio
de los temas vinculados al cálculo de las pensiones, el centro neurálgico de la ley es la elevación de la edad de jubilación. Deberíamos hacernos esta pregunta: ¿Es realista afirmar que nos jubilaremos a los 67 años? La respuesta es relativa. Es
sobradamente conocido que la inmensa mayoría de los trabajadores son expulsados del mercado de trabajo a edades tempranas, alejadas de la edad de jubilación. El resultado es que el conjunto de los trabajadores, salvo colectivos privilegiados,
expulsados del mercado laboral a una edad temprana tendrán necesariamente que acudir a fórmulas de jubilaciones anticipadas, reducidas en sí mismas por las sucesivas reformas, cuando no tendrán que quedar fuera del sistema.
El gasto social en relación con el PIB, en España, está a la cola de los países de la Unión Europea, lo que pone de manifiesto que nos queda un recorrido para situarnos en el entorno que nos corresponde: la zona euro. Gasto que
sustancialmente se acelerará según las previsiones entre 2050 y 2060. No obstante, no parece razonable que hoy en el peor escenario de la crisis económica hagamos dogma de fe de las previsiones o de los escenarios de 2060 para afrontar reformas que
contribuirán a dificultar la salida de la crisis y la creación de empleo. No debemos olvidar que contamos con el Fondo de reserva para equilibrar a corto plazo los efectos negativos del ciclo y que las cohortes del baby boom anuncian su llegada,
pero en el plazo 2022-2042, lo que quiere decir que tenemos margen suficiente, aparte de las urgencias. Seguramente en este orden es necesario un gran acuerdo político social en el que nos comprometamos a determinar el porcentaje de riqueza que
debemos dedicar a la protección social, así como la procedencia de los ingresos. Necesariamente estos tendrán que ser compartidos: cotizaciones sociales, transferencia del Estado y habrá que determinar por cada grupo que esté en el poder cuáles
son esas fuentes de ingreso.
El comité, a mi juicio, por mandato expreso, ha tenido que iniciar la casa por el tejado. La actuación más razonable, prudente y acorde con el marco legal consistiría en la reducción de los plazos de la ley, de forma que se adelante la
revisión de los parámetros vinculados a la esperanza de vida. El resultado precipitaría el ahorro de 3 puntos del PIB asociado a la ley 27 y permitiría utilizar complementariamente el Fondo de reserva. De igual manera -y en esto también quiero
insistir-, debemos ser especialmente prudentes para evitar que una misma generación con larguísimas carreras de seguro sean las que soporten todos los efectos de las reformas, las de la ley 27, las de la esperanza de vida y las del equilibrio
presupuestario. El modus operandi planteado nos proporcionaría el tiempo necesario para reordenar y modernizar el sistema construyendo el marco adecuado sobre el que aplicar los factores de sostenibilidad e igualmente nos permitiría actuar sobre el
mercado laboral, espacio de vital importancia, ya que la población activa constituye el elemento de garantía del sistema de reparto. También permitiría obtener, como reiteradamente ha dicho la Unión Europea en el Libro Blanco y en el Libro Verde
sobre las pensiones, que las reformas en materia de jubilación tengan mayor efectividad. Igualmente nos permitiría articular con cautela toda una actividad dirigida a la economía informal, que está adquiriendo proporciones alarmantes e indeseables,
corriendo el peligro de que se instale y consolide en nuestro sistema productivo. Las ventajas del tránsito de la informalidad a la formalidad son obvias: mayores ingresos fiscales, cotizaciones sociales, menor siniestralidad y sus costes, mayor
trabajo decente e igualmente nos permitiría afrontar la -tantas veces reclamada- reforma fiscal.
Centrándome en lo que parece ser que sí soy experto, que es en la ordenación del sistema, quería hacer la siguiente reflexión. La ordenación de nuestro sistema lógicamente responde a la complejidad de su historia, incluso podríamos decir
que la historia está demasiado presente en su ordenación, lo que ya no es tan lógico. Las líneas constantes de reforma han sido excesivamente parceladas y normalmente inacabadas, combinándose lo viejo y lo moderno con grandes desajustes,
incoherencias y con un grado de complejidad que debilita sustancialmente los espacios de seguridad jurídica. Siendo prudente, y sin alterar la estructura legal de nuestro modelo, me referiré a algunas líneas de actuación posibles en un alarde de
imaginación en estos momentos. Unas que afectan a los ingresos: profundizar en la separación de fuentes -tarea iniciada y no completada-; derivar la financiación mediante impuestos de las medidas de carácter social que tiene nuestro ordenamiento
-reconocimiento de cotizaciones por parto, excedencia, cuidado de hijos, servicio militar y un largo etcétera-; aproximar los topes de cotización a los salarios reales de los trabajadores; elevación ponderada de las cotizaciones de los
trabajadores ancladas en el
tiempo y separadas de la media que existe en la Unión Europea; reformar la cotización de los trabajadores por cuenta propia, adecuando bases y rendimientos profesionales, eliminando la posibilidad de elección de bases de cotización que no
hacen otra cosa que fomentar la compra de pensiones privadas a precios públicos; replanteamiento de la financiación de los riesgos profesionales; intensificar el control y la lucha contra el fraude; potenciar los instrumentos de recaudación en
todos los estamentos, los públicos, los privados e incluso los deportivos -lo digo con un cierto tono- y potenciar, según avancemos en la crisis, el tránsito de la economía informal a la legalidad.
Espacios de modernización de nuestro sistema: es necesario reordenar la incapacidad temporal y la protección por muerte y supervivencia que proceden de la primera época del siglo XX; proceder a la regulación de las prejubilaciones, que
utilizamos continuamente, pero que no están ordenadas; suprimir las singularidades de los riesgos profesionales, unificando los sistemas de cálculo de las pensiones y derivando a la negociación colectiva las mejoras en materia de estos riesgos;
extensión de la ordenación de jubilación con carácter universal, dando un tratamiento idéntico, especialmente en materia de edad y contenido a las pensiones de los funcionarios y de los trabajadores; reordenar las jubilaciones anticipadas por
trabajos tóxicos, apostando -como ya se ha dicho, pero no se ha hecho- por la recolocación y autofinanciación; implantar el trabajo a tiempo parcial de los trabajadores por cuenta propia; hacer una ordenación coherente de la protección social de
los trabajadores a tiempo parcial, que no solamente se nos reclama desde el Tribunal Constitucional, sino desde las instancias europeas; establecer la cobertura obligatoria de todo el sistema protector de los trabajadores autónomos; reordenar su
modalidad de protección, haciendo que todos los espacios sean obligatorios y no voluntarios y reordenar el sistema de protección por desempleo y su financiación, diferenciando los espacios contributivos y asistenciales.
También hay una larga labor que hacer en materia de gestión: seguir con el proceso de concentración y fusión de las mutuas; unificar los regímenes existentes, que tantas veces se ha recomendado desde esta Comisión del Pacto de Toledo;
incorporar obligatoriamente a los trabajadores autónomos que hoy tienen la posibilidad de elección entre sus mutualidades y el sistema de la Seguridad Social, dejando el sistema mutualista para carácter complementario; constituir -la llamemos como
la llamemos y con la forma que sea necesaria- la agencia de la Seguridad Social.
Por último, también hay que hacer referencia a la estructura jurídica. Tenemos una Ley de Seguridad Social de 1966, sin normas reglamentarias. Es imprescindible abordar una nueva ley y elaborar un desarrollo reglamentario completo, moderno
y acabado. Igualmente por las razones expuestas es imprescindible actuar en el mercado laboral dentro de un gran pacto sobre el empleo. En este orden, el colectivo de los trabajadores de mayor edad no tiene ni una sola medida de fomento del
empleo, es necesario apostar por la reincorporación y el mantenimiento del empleo de los trabajadores de mayor edad si queremos que la edad de jubilación de 67 años sea una realidad y no una ficción. Es imprescindible apostar por la reincorporación
plena de la mujer al mercado laboral y de la vuelta al mercado laboral de aquellas mujeres que se retiraron para dedicarse al cuidado de los hijos. En este orden estamos a la cola también de los países de nuestro entorno. Lo que llamamos
flexibilidad de salida, referida a los trabajadores de mayor edad, no es otra cosa que cargar sobre el sistema de protección social todas las formas imaginables de reordenación empresarial. En definitiva, el sistema de protección se ha convertido
en un instrumento más de gestión de recursos humanos a cargo de los fondos públicos. En el voto particular he presentado todo un conjunto de medidas dirigidas a los trabajadores mayores de 55 años, sé que son polémicas, pero constituyen un espacio
de ruptura. A mi juicio, es imprescindible utilizar la edad como elemento de discriminación. De tal manera que las extinciones de las relaciones laborales solamente sean procedentes o nulas. Ese es el suelo que nos permitirá facilitar a los
empresarios instrumentos que permitan adaptar la relación laboral y su contenido de los trabajadores de mayor edad y evitará la expulsión. A través de reformas de la Seguridad Social, al menos esa es mi experiencia, no conseguiremos aproximar la
distancia existente entre la edad de jubilación y la edad de expulsión. Sin tener en cuenta -y con esto termino- que el juego de estas dos edades es un juego ficticio, puesto que todos sabemos que los trabajadores que acceden a la jubilación
anticipada proceden de situaciones de desempleo. Por tanto, la diferencia entre la edad legal y la edad real viene incrementada al menos por dos años más de aparato protector. Esos son los espacios en los que creo que debemos actuar. Señorías,
hay muchas cosas que hacer, hay mucho tiempo para hacerlas, y solamente falta la voluntad política y social para llevarlas a buen fin.
El señor PRESIDENTE: A continuación le doy la palabra a don Rafael Doménech Vilariño.
El MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Doménech Vilariño): Señorías, como todos ustedes saben, en el acuerdo del Consejo de Ministros, de 12 de abril de 2013, el Gobierno
nombró un comité de expertos con el encargo de elaborar un informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones públicas. Casi dos meses después ese comité concluyó este informe el 7 de junio y al mismo dí mi voto favorable por las razones
que voy a exponer a continuación. Antes de ello, lo primero que quiero manifestar es que me sentí -y me he sentido- muy honrado de formar parte de este comité de expertos y de poner a disposición del mismo mis conocimientos sobre una cuestión tan
relevante para el sistema público de pensiones en España y, por tanto, para un pilar fundamental del Estado del bienestar. Los debates que hemos tenido durante varias semanas han sido muy intensos y, desde luego, enriquecedores intelectualmente.
De la misma manera, es un auténtico honor y privilegio estar hoy aquí ante todos ustedes, ante esta Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que lleva desde hace décadas velando por el buen funcionamiento del sistema
de pensiones y que ha permitido que, a pesar de la intensidad de la crisis económica, el sistema pueda afrontar una situación cíclica tan adversa con un Fondo de reserva que representa aproximadamente el 6% de nuestro producto interior bruto.
El informe empieza indicando que el sistema español de pensiones públicas se enfrenta a un reto potencial de carácter estructural y no cíclico, que es el resultado de dos tendencias demográficas, que por otra parte son dos excelentes
noticias. La primera es que las personas vivimos más por el aumento de la esperanza de vida tras alcanzar los 65 años y, según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, a partir de los 65 años la esperanza de vida aumenta
aproximadamente a razón de dieciséis meses cada diez años. La segunda es que la generación del baby boom se empezará a retirar a principios de la próxima década y esta generación lo hará con una esperanza de vida mayor que la de sus homólogos
europeos, aproximadamente dos años. De este reto que acabo de mencionar quiero resaltar el adjetivo que he utilizado posteriormente: potencial, reto potencial. Esta es la razón de que en el factor de sostenibilidad hayamos buscado explícitamente
fórmulas que tuvieran un efecto inocuo, en el caso de que esos escenarios no se materializaran. También hemos buscado que las mejoras de productividad, de la inmigración, de las tasas de empleo o de cualquier otro factor que aumente los ingresos
del sistema de pensiones pueda permitir no solamente mantener sino incluso aumentar el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Quiero resaltar también otra característica de esos riesgos que he mencionado anteriormente: su carácter
estructural. En mi opinión, el debate sobre la conveniencia de diseñar ahora el factor de sostenibilidad no es por una urgencia de tipo coyuntural o cíclico. Si es conveniente hacerlo es como consecuencia de al menos tres razones que hacen que la
probabilidad de que esos riesgos ocurran hoy en día es mayor que en 2010 y además lo pueden hacer de una manera anticipada, mayor probabilidad y además más pronto. La primera de las razones es porque, como han concluido diversas estimaciones
evaluando la reforma de 2011, esta reforma, aun siendo muy importante y siendo un avance crucial en el diseño y en la mejora de nuestro sistema de pensiones, resolvió solo un tercio del problema potencial. Este es el consenso generalizado. Varias
estimaciones de distintas entidades, organismos, tanto nacionales como internacionales, y también de un artículo mío con el profesor Ángel de la Fuente en el que por esta razón en el 2010 y posteriormente cuando conocimos los detalles de la ley en
el 2011 nos hubiera gustado que el factor de sostenibilidad se diseñara y entrara en funcionamiento antes de 2027, precisamente como carácter preventivo si ese factor está bien diseñado y tiene efectos inocuos, como decía, si esos escenarios no se
materializaran.
La segunda razón es porque desde 2011 hasta 2013 se ha producido un descenso significativo de la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar de casi 2 puntos, que posiblemente sea más estructural incluso que la caída del empleo.
La tercera razón es que, como consecuencia del menor aumento de la población en edad de trabajar y del aumento de la tasa de paro en su componente estructural, el potencial desequilibrio del sistema de pensiones es en este momento más grande de lo
que lo era en 2010 o en 2011 y esos riesgos potenciales pueden terminar ocurriendo además antes de lo que se preveía hace tres años, como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE están señalando en los últimos meses.
En resumen, ante estos mayores riesgos potenciales, merece ser prudentes, prevenir y actuar de manera anticipada para que de materializarse esos escenarios potenciales podamos tener tiempo para adaptarnos a ellos, tomar medidas
compensatorias, ajustarnos y evitar que el peso del ajuste no recaiga de manera desproporcionada en unas cohortes de población determinadas. Además -y esto sí que es por razones cíclicas- entiendo que es el momento adecuado de generar toda la
certidumbre posible en
los pensionistas actuales y futuros de que sus pensiones no corren peligro. El factor de sostenibilidad, junto a otras muchas medidas que sus señorías han ido aprobando, debe servir para fortalecer y otorgar una mayor fiabilidad y
resistencia al sistema público de pensiones.
Como ustedes conocen ya bien, han tenido ocasión de leer el informe, el factor de sostenibilidad se compone de dos fórmulas: un factor de equidad intergeneracional, que actúa solo sobre el cálculo de la pensión inicial y la modera por el
aumento de la esperanza de vida respecto a un año base -insisto en esto, la modera, no significa que la pensión inicial tenga que reducirse, sino que modera su crecimiento-, y el factor de revalorización anual, que determina el crecimiento anual
equilibrado de las pensiones de acuerdo con los ingresos disponibles del sistema público de pensiones a medio y largo plazo. El factor de equidad intergeneracional multiplica la pensión inicial con la que los nuevos jubilados entrarían cada año en
el sistema, según la normativa vigente. Su objetivo principal es tratar de manera igual a personas que van a percibir prestaciones del sistema público de pensiones durante un número de años muy distinto. El factor de equidad intergeneracional es
un parámetro adicional que se suma a los ya existentes en el cálculo de la pensión inicial. Basta además con que la base reguladora sobre la que se calcula la pensión inicial crezca en términos reales por encima de lo que lo hace disminuir el
factor de equidad intergeneracional, que es aproximadamente 0,5 puntos al año o un 5% cada diez años aproximadamente, para que la pensión inicial aumente en términos reales. Esto es lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas.
El objetivo del segundo factor, del factor de revalorización anual, es garantizar el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos del sistema de pensiones, corregidos ambos por el ciclo económico. Esta condición de equilibrio es una
restricción fundamental, ya que un sistema de reparto solo puede repartir los recursos de los que dispone el sistema de manera estructural. No estoy hablando del ciclo económico, sino de recursos estructurales. Con los ingresos y gastos de cada
año el sistema puede estar en superávit y déficit, de acuerdo con esta fórmula, pero lo importante es que no exista un déficit estructural con las variables ajustadas por el ciclo económico.
He puesto a su disposición una presentación en la que se resumen los principales aspectos del informe y de la misma me gustaría destacar esta interpretación del factor de revalorización anual que me parece más sencilla y apropiada y que está
ilustrada con unos números. Como pueden ver aquí la revalorización anual que se propone con este factor de revalorización no es más que la suma de tres términos. El primero de ellos es la inflación media que, por ilustrarlo con unos números para
un escenario de equilibrio presupuestario de 2014 a 2050 he supuesto que podía ser el 1,5, puede ser el 2%, me da exactamente igual. El segundo de los términos es esta diferencia entre el crecimiento de los ingresos en términos reales, que también
para ilustrarlo he supuesto que es el 2% -esto sería el equivalente si los ingresos del sistema crecen de forma proporcional a lo que crece el producto interior bruto en términos reales-, y del crecimiento del número de pensiones y del efecto de las
altas y bajas del sistema. Este componente que aparece aquí destacado en rojo, que es la suma de estos dos términos, no es más que el crecimiento de los gastos del sistema si la revalorización anual que se hiciera fuera igual a cero. Es la deriva
propia del aumento de los gastos como consecuencia del crecimiento del número de pensiones y de la dinámica de las altas y bajas del sistema. Normalmente -y la evidencia de las últimas décadas lo constata- las altas de nuevos pensionistas son con
pensiones iniciales más elevadas que las bajas de los antiguos pensionistas. Con los escenarios de los que disponemos, teniendo en cuenta que, de acuerdo con las últimas previsiones de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, el crecimiento del
número de pensiones entre 2014 y 2050 va a ser del 1,2% y nos va a llevar de los 9 a los 15 millones de pensiones y tomando una estimación bastante conservadora y prudente del efecto sustitución -el efecto de estas altas y bajas como consecuencia de
todas las reformas que están en marcha tras la Ley 17/2011-, dicho efecto podría ser perfectamente del 0,8%. A largo plazo, en una situación de equilibrio presupuestario, el superávit o el déficit serían cero y por tanto el tercer componente no
añadiría ni restaría nada, es decir, da igual la velocidad de ajuste que pongamos, en una situación de equilibrio estructural, la aportación del tercer componente sería nula. En estas condiciones se puede ver que en promedio, para ese escenario
económico de crecimiento, la revalorización anual podría estar perfectamente en el 1,5% o en el 2% si la inflación fuera del 2%. Lógicamente, si conseguimos que el crecimiento de los ingresos en términos reales sea mayor que ese 2% manteniendo
todos los demás supuestos iguales, la revalorización anual podría dar lugar a un aumento del poder adquisitivo de las pensiones. Por tanto, en los escenarios más probables, la pensión en términos reales y el poder adquisitivo de los pensionistas
irá creciendo a largo plazo. Sin embargo, en estos escenarios -y esto es algo que el informe menciona expresamente- lo más probable es que la pensión media vaya disminuyendo sobre el salario medio si no se aplican medidas correctoras.
Esto es lo que todos ustedes conocen muy bien como la tasa de reemplazo. Ante esta caída de la pensión media sobre el salario medio, ustedes, la sociedad española, pueden elegir entre combinaciones de las siguientes alternativas que se
detallan en el informe. La primera es realizar reformas que aumenten el crecimiento económico, la población ocupada y sus salarios -más capital productivo, más capital humano, más capital tecnológico-, en definitiva, aumentar el producto interior
bruto y mejorar las pensiones manteniendo el mismo porcentaje de reparto. La segunda de las alternativas es aumentar los ingresos del sistema con más recursos públicos y aceptar por lo tanto otro reparto intergeneracional, aumentando el porcentaje
del producto interior bruto destinado a pensiones. La tercera, como han hecho ya otros países de nuestro entorno, es compensar la reducción de la pensión media sobre el salario medio con más recursos procedentes del ahorro privado.
En el informe se detallan una serie de ventajas. No las voy a enumerar todas. Permítanme que seleccione algunas de ellas. En primer lugar, entendemos que el factor de sostenibilidad propuesto garantiza el mandato del artículo 135 de la
Constitución española y de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Otra ventaja es que permite que la pensión media se vaya ajustando suavemente y de manera anticipada a los cambios al alza o a la baja que se den
en el resto de las variables que componen ambas fórmulas. Es más amplio que la regla de revalorización actualmente vigente y que otros factores de sostenibilidad que ya se han aprobado o están en funcionamiento en otros países europeos. Junto con
el factor de equidad intergeneracional, el factor de revalorización anual es un factor de sostenibilidad que en el informe denominamos de tercera generación. No es porque sea tres veces más duro que cualquier otra fórmula de factor de
sostenibilidad actualmente vigente en la Unión Europea, al contrario, es porque es más flexible y completo, puesto que refleja todas las variables que afectan al sistema de pensiones. El factor de equidad intergeneracional es el prototipo de un
factor de sostenibilidad de primera generación: solo corrige por la esperanza de vida. El factor de sostenibilidad alemán sería el prototipo de los factores de sostenibilidad de segunda generación: corrige por la evolución de la ratio entre los
cotizantes y los pensionistas. El factor de sostenibilidad propuesto, gracias a ese factor de revalorización anual, va mucho más allá y permite considerar ingresos adicionales dentro del sistema.
También me gustaría destacar como otra ventaja que todas las variables que aparecen en el factor de revalorización anual están corregidas por el ciclo económico, precisamente para evitar que las pensiones disminuyan en las recesiones. Los
ahorros potenciales que puedan generar el factor de equidad intergeneracional y todas las reformas paramétricas en marcha -como consecuencia de la Ley 27/2011- de las nuevas pensiones de jubilación se devuelven a los pensionistas a través del factor
de revalorización anual. Lo que queda claro con el factor de revalorización anual, dentro de las distintas opciones que anteriormente he mencionado, es que las pensiones no pueden financiarse con déficits estructurales del sistema. Sí pueden
hacerlo con déficits cíclicos, pero no con déficits estructurales. Esos déficits cíclicos se podrían conjugar con los superávits en las expansiones, que se habrán acumulado en el Fondo de reserva de la Seguridad Social. Por último, el factor de
revalorización anual establece un fondo de transparencia y conocimiento por parte de la sociedad, permitiendo responder de manera anticipada a los retos demográficos y económicos.
Acabo ya, señorías, con las principales conclusiones del informe. En mi opinión, el factor de sostenibilidad propuesto por este comité es una regla transparente, que asegura que el sistema de pensiones español, cuyo diseño corresponde a sus
señorías, se sostenga por sí mismo y refuerza el sistema ante la presión de las tensiones demográficas y condiciones económicas cambiantes. El factor de sostenibilidad propuesto garantiza a medio y largo plazo el equilibrio entre los gastos y los
ingresos de un sistema público de pensiones que debe estar en observación permanente, como lo está por parte de esta Comisión, para que cumpla con sus objetivos de pensiones adecuadas, equidad intergeneracional y sostenibilidad a largo plazo. Estoy
convencido de que el mismo deseo que nos llevó a alcanzar un consenso con esta propuesta a un comité de expertos, les va a mover a ustedes a promover un consenso aún más importante para la sociedad española dentro del ámbito político de esta
Comisión del Pacto de Toledo. Ustedes representan la soberanía popular y por ello tienen la responsabilidad de seguir velando, como lo han hecho hasta ahora, por la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En la medida en que las
recomendaciones de este comité de expertos les puedan ayudar en esta importante tarea, el trabajo que hemos realizado habrá merecido la pena. Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ayuso Gutiérrez.
La señora MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Ayuso Gutiérrez): Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros por la posibilidad de estar hoy aquí, ante ustedes, como
máxima representación del trabajo que se ha venido haciendo en pensiones en los últimos años en nuestro país. Es de agradecer poder estar aquí explicándoles el trabajo realizado en el seguimiento de un mandato expreso del Gobierno, asociado al
diseño de un factor de sostenibilidad del sistema de pensiones. No se trata por tanto de ninguna reforma del sistema de pensiones, sino de buscar una fórmula de viabilidad del sistema actual de reparto.
Es importante explicar qué es lo que quiere decir un sistema de reparto. Un sistema de reparto, como todos ustedes conocen, se centra en la determinación de una manera de proceder en la que las pensiones que las personas cobran en el
momento de la jubilación están directamente asociadas a las cotizaciones que se realizan en el año en curso. Es decir, hay una asociación directa entre las pensiones y las cotizaciones que se vienen realizando en cada uno de los años.
El sistema de pensiones tiene que tener en cuenta un conjunto de riesgos potenciales, como manifestamos en el informe, que se relacionan con la evolución de la población española en los últimos años. El primero de los riesgos potenciales,
como comentaba anteriormente mi compañero, está asociado a la demografía. Creo que es el primero que se tiene que poner encima de la mesa. La sociedad española se enfrenta a un hecho que no es malo ni muchísimo menos: los españoles vivimos cada
vez más tiempo. Esto es algo patente y que todos conocemos desde hace tiempo. La esperanza de vida es un factor biométrico muy importante que se tiene en cuenta en todas las sociedades a la hora de diseñar y calcular sistemas de pensiones. La
esperanza de vida en nuestro país está experimentando en los últimos años un crecimiento muy importante, un crecimiento que se pone de relieve no solo en las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, sino también en las que realizan
organismos internacionales, como Naciones Unidas o el Banco Mundial. ¿Qué supone este aumento de la esperanza de vida? Supone entrar en el detalle de algo que es muy relevante para un sistema de pensiones y que creo que la población comprende,
porque se habla continuamente de ello en las mesas en las que nos encontramos. Cada vez nos damos cuenta de que vivimos más y nuestros propios padres nos acaban diciendo que esto se está alargando mucho y se preguntan cómo vamos a acabar
sosteniendo el sistema de pensiones que tenemos. Por tanto, la sociedad comprende que algo está cambiando. Quiero enfatizar este comportamiento. Mi objetivo fundamental dentro de esta comparecencia es centrarme en el comportamiento de las
esperanzas de vida, en el comportamiento poblacional.
Las personas viven más tiempo, esto ya lo sabemos. La definición de la esperanza de vida -creo que esto es algo importante que también se tiene que matizar- lleva asociada la determinación de un número medio de años de vida. Hablar de
esperanza de vida quiere decir determinar cuánto viven en término medio los individuos a partir de su nacimiento o a partir de una edad determinada, en el caso que nos ocupa la edad de jubilación. Este dato que todos utilizamos en algunos casos
casi día a día está asociado con el número medio de años de vida para los individuos de una determinada edad, que nosotros llamamos edad equis, porque es la fórmula tradicional que solemos utilizar. A esto se une otro fenómeno demográfico
importante que no hay que olvidar, que es la concentración de población en individuos mayores de 65 años. Por un lado tenemos que las personas viven más y por otro lado tenemos la concentración de individuos en determinados intervalos de edad. No
he traído aquí ninguna transparencia, porque quería darles una explicación similar a la que damos día a día en nuestras clases, una explicación más o menos docente. A veces utilizar transparencias nos hace entrar en más tecnicismos y en este caso
prefiero evitarlo. Tenemos una concentración de personas en intervalos de edad mayores de 65 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje de la población que se espera que ocupe esos intervalos está claramente en aumento. De nuevo me vuelvo a
referir a cifras manifestadas no solamente por nuestras propias instituciones oficiales sino también por organismos internacionales. Si ustedes cogen la revisión realizada por Naciones Unidas, asociada en este caso al año 2010 -está recién
publicada, pero vuelve unos años hacia atrás-, verán que pone de manifiesto que se espera que en 2050 aproximadamente un 34% de la población en España tenga más de 65 años. Un 34% quiere decir que aproximadamente una de cada tres personas estarán
en estas franjas de edad. Por tanto, tenemos que adelantarnos a algo que más o menos ya estamos viendo. Todos éramos conscientes de que esto se estaba produciendo. Nos esperan unos años en los que se va a haber una aceleración en el número de
personas que van a entrar en esta franja de intervalos de mayor edad. El hecho de que en España las personas cada vez vivamos más y el hecho de que haya una concentración de personas en los últimos intervalos de edades ponen de manifiesto un
riesgo demográfico potencial claro, un riesgo que desde mi punto de vista es el punto de partida de este análisis que estamos realizando.
Se producen además otros hechos que están directamente relacionados con el segundo riesgo potencial y que comentaba mi compañero. No voy a entrar en detalle en la transparencia, porque ustedes ya lo han oído. La presentación que ha
utilizado Rafa Dómenech es una presentación elaborada de manera conjunta por todos nosotros y no se trata de estar repitiendo constantemente la presentación, sino de ir perfilando puntos que son fundamentales. A esto que les estoy diciendo, es
decir, a este aumento de la esperanza de vida y a este aumento de la concentración de personas en intervalos de edades avanzadas, se une otro hecho que es muy importante y que también salía en prensa estos días. La noticia que salió ayer o anteayer
en prensa se centraba mucho en que parece ser que la esperanza de vida no ha aumentado como se esperaba; luego, si quieren, lo matizamos. Este hecho, que ha aparecido en la prensa y que también es muy relevante, es que se continúa produciendo un
descenso de la natalidad. Tenemos un problema demográfico -si lo queremos entender así- asociado con que el número de individuos que pueden acabar entrando en el sistema se está reduciendo. La conjunción es bastante clara de entender. Repito,
tenemos un aumento de concentración en las últimas edades y una falta de entrada en las edades iniciales. Esto se pone de manifiesto también en las proyecciones de los organismos oficiales, claramente superiores a lo que ocurre en el resto de
Europa. En España seguimos teniendo más esperanza de vida, tenemos más concentración por encima de los 65 años y tenemos menos concentración en edad de trabajar. Este riesgo demográfico potencial que estoy matizando se va combinando con una
situación económica que también debe tenerse en cuenta en el diseño de un factor de sostenibilidad, un factor de sostenibilidad -repito- elaborado por los miembros del comité teniendo en cuenta el diseño de un factor que alerte de posibles
desequilibrios en el sistema y que nos ayude de la mejor manera posible a corregirlos. Desde este punto de vista -y ahora entraré en ello-, el diseño del factor intenta en cualquiera de los casos evitar comportamientos procíclicos, es decir,
pretende suavizar los comportamientos teniendo en cuenta la búsqueda de un equilibrio presupuestario a medio y largo plazo.
Continúo con mi explicación sobre los riesgos demográficos. Actualmente nos encontramos con otro hecho muy importante y es que aquella composición poblacional asociada a la inmigración, a todo este colectivo de personas que en un momento de
tiempo llegaron a nuestro país y nos ayudaron de una manera bastante relevante a sustituir el efecto derivado del descenso de natalidad y de la menor entrada de población en edad laboral, con un cambio económico como el que se está produciendo puede
sufrir un giro, porque aquellas personas pueden retornar a sus países de origen ya que la razón que les hizo venir ha desaparecido. Aquí me gustaría dar entrada al riesgo económico. En un momento como el actual, de crisis económica, de caída de
productividad y de mayores tasas de desempleo, la situación sistema entra en alarma. Si a la situación demográfica que les he comentado añadimos esta situación económica en la que nos encontramos, la sostenibilidad del sistema de pensiones puede
entrar en serio peligro. En el factor de sostenibilidad, como comentábamos anteriormente, damos entrada a estos dos riesgos que desde nuestro punto de vista son fundamentales. Damos entrada a un factor de corrección de riesgo demográfico; de
corrección o de ajuste, véase. El objetivo es que tengamos en cuenta algo que es muy importante en un sistema como el nuestro y es el pacto intergeneracional. En un sistema de reparto como el que nosotros tenemos, pero también en cualquier sistema
de pensiones, hay un valor fundamental que es el pacto entre generaciones, es decir, que los pensionistas actuales tienen derecho a cobrar su pensión de jubilación y los pensionistas futuros también, porque están contribuyendo al sistema. En el
diseño del factor hemos tenido en cuenta en primer lugar este riesgo demográfico que les estoy explicando, es decir, este comportamiento que estamos viendo en esperanza de vida y esta llegada de los individuos asociados al baby boom, que todos
sabemos que va a suceder. Sabemos que en las próximas décadas el número de pensiones va a aumentar. Tenemos las previsiones facilitadas por la Seguridades Social, según las cuales vamos a pasar de 9 millones de pensiones en 2012 a 15 millones en
2050. Es algo esperado. Aquí no ponemos gráficos, pero en el informe pueden ver un gráfico que es muy significativo, un gráfico en el que se ponen de manifiesto este incremento en el número de pensiones, de 9 a 15 millones, y unas tasas de
crecimiento en el número de pensiones que hacen una curva muy significativa, porque están muy concentradas en unos años centrales, en los años en los que van a llegar los individuos asociados al baby boom. Dentro de este factor de sostenibilidad
hemos dado entrada también al riesgo potencial económico que estamos comentando.
¿Qué es lo que pretendemos con el diseño del factor de sostenibilidad? Lo que intentamos hacer es dar entrada a aquellos parámetros -podríamos llamarlos también variables, porque no sabemos
exactamente cuál va a ser su comportamiento y jugamos con predicciones- que nos permitan definir un factor que se alimente del mayor número de inputs posibles, teniendo cuenta cuál es la dinámica del propio sistema, es decir, teniendo en
cuenta aquellas variables asociadas con las dos partidas fundamentales del sistema de pensiones, que son los ingresos y los gastos. Es sencillo. Nosotros tenemos una cantidad a pagar y una cantidad a recaudar para poder hacer frente a esta
situación. Por eso en el diseño del factor de sostenibilidad damos salida a uno de los mandatos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es buscar como objetivo a largo plazo el equilibrio presupuestario: ingresos iguales a gastos. En la
definición de los ingresos y en la definición de los gastos tenemos en cuenta aquello que afecta directamente a los ingresos y a los gastos. Como mejor hemos podido, hemos dado entrada al número de cotizantes y a las bases de cotización y hemos
tenido en cuenta el efecto sustitución, que también es importante; fíjense que las pensiones medias de las personas que entran en el sistema no son iguales que las pensiones medias de las personas que salen, los datos revelan que las pensiones
medias son más altas. Todo esto interviene en el diseño del factor, como han estado ustedes oyendo a lo largo de las diferentes comparecencias.
Son importantes las consecuencias de este factor, que también se han puesto de manifiesto en la intervención anterior y que tenemos que poner de relieve. Tal como está diseñado el factor de sostenibilidad, se revela que las pensiones medias
en términos reales pueden crecer a largo plazo. Esto quiere decir que, teniendo en cuenta el comportamiento de ingresos y de gastos, a largo plazo se observa que el incremento en las pensiones medias reales puede ser positivo. Ahora bien, también
se pone de manifiesto, y es algo que hay que matizar, que puede que las pensiones medias no crezcan sobre los salarios medios si no se actúa sobre determinados valores del factor de sostenibilidad, es decir, si no se añade la fuerza necesaria a
algunas variables que intervienen en el factor. Ante esto -también se decía anteriormente-, pensamos que es necesario que los canales democráticos, que ustedes, como representantes de la sociedad, tengan en cuenta los diferentes caminos que se
pueden seguir de cara a lograr que esas pensiones medias no decrezcan respecto al salario medio, es decir, que sigan teniendo un comportamiento similar al que han tenido durante la vida laboral de la persona. Recordemos que uno de los objetivos de
las pensiones es intentar mantener el nivel de vida de la persona antes de llegar al momento de la jubilación. Las alternativas son diversas. La primera está relacionada con la partida de ingresos. Es importante que se piense en el desarrollo de
políticas que ayuden a incrementar los ingresos del sistema, que ayuden a aumentar las bases reguladoras, en el sentido de que todas las personas puedan tener mayores niveles salariales durante su vida activa. Por tanto, es importante que se
desarrollen políticas, por lo menos desde mi punto de vista, asociadas al incremento de capital productivo, capital tecnológico y capital humano. Por otro lado, se podría pensar en el desarrollo de factores que aumenten la partida de ingresos
teniendo en cuenta la parte impositiva. También ponemos de manifiesto la alternativa de aumentar la pensión media sobre el salario medio dando entrada a otras posibilidades de ahorro, que en este país no están tan desarrolladas como en otros de
nuestro entorno, ligadas a planes de pensiones complementarios. Son matizaciones que hacemos dentro del informe como posibles vías de salida, pero que en cualquiera de los casos son meras sugerencias que se hacen desde el comité para que las
personas que tienen que tomar las decisiones acaben actuando.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don José Enrique Devesa Carpio.
El señor MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Devesa Carpio): En primer lugar, quiero dar las gracias por la oportunidad que me han brindado sus señorías para explicar mis
puntos de vista sobre el factor de sostenibilidad. Antes de empezar mi exposición, quería mostrar mi reconocimiento a la labor que ha venido realizando la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que ha dotado de
transparencia al sistema y ha aportado muchas ideas que se han tenido cuenta para la mejora del mismo.
Permítanme que hable brevemente de mí. Soy economista, actuario de seguros, y llevo estudiando sistemas de pensiones desde hace quince años aproximadamente, desde que descubrí que era un mundo que parecía no tener fin para la curiosidad de
los investigadores. En concreto, llevo un año y medio estudiando, junto con el grupo de investigación con el que colaboro, los factores de sostenibilidad en los países de nuestro entorno. También soy profesor universitario. He impartido
asignaturas relacionadas con la Seguridad Social y me he dado cuenta de que en la primera clase tenía que explicar a mis alumnos que los temas relacionados con la Seguridad Social tienen una carga ideológica importante y que ellos, como
técnicos que iban a ser en el futuro, tenían que acercarse al problema sin ninguna idea preconcebida aunque sí con apasionamiento; traduzco, que debían actuar como técnicos, que es lo que yo he pretendido hacer en este comité. Eso es lo
que me considero, un técnico. La labor del actuario es detectar, medir gestionar, minimizar los riesgos de cualquier sistema, en este caso, de un sistema muy importante como es el de las pensiones españolas. El hecho de ser actuario me he llevado
a analizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones desde dos perspectivas. La primera, más tradicional, consiste en estudiar los posibles déficits o superávits de caja del sistema, siendo esta la base fundamental de todo sistema de reparto.
Se puede resumir en el cumplimiento de la ecuación de equilibrio presupuestario, que ya ha salido varias veces: los ingresos tienen que coincidir con los gastos. La segunda perspectiva es algo más compleja, es el enfoque actuarial o enfoque del
ciclo vital, es decir, se trata de estudiar cuál es la totalidad de cotizaciones y de prestaciones que van a formar parte de la carrera laboral de un individuo desde que empieza a cotizar hasta que recibe la última prestación. Esto permite analizar
la sostenibilidad desde otro punto de vista, al relacionar la rentabilidad que obtiene el conjunto de individuos con el crecimiento promedio del producto interior bruto del sistema. Esto no es nada nuevo. En 1958 Samuelson ya introdujo esta
relación en un famoso artículo. Sin embargo, este tipo de estudios ha tenido una menor repercusión. Además, con el método que he comentado, totalmente distinto al que han utilizado otros investigadores u otros organismos internacionales, venimos a
coincidir en que la reforma de 2011 ha corregido aproximadamente un tercio del desequilibrio que existía. A mi modo de ver, estos dos enfoques no son excluyentes sino complementarios.
¿Por qué les he robado un poco de su tiempo y he hecho estos comentarios previos? Simplemente porque quiero justificar lo que voy a decir a continuación, el sentido de mi voto en ese informe que se aprobó el 7 de junio. Para mí el factor
de sostenibilidad, tal como aparece definido en la Ley 27/2011, de reforma de las pensiones, es un factor que no es de sostenibilidad sino de mantenimiento actuarial de la situación. Si el sistema está equilibrado actuarialmente, este sistema, que
estaba previsto en la reforma de las pensiones de la Ley de 2011, mantendrá esa situación, pero si el sistema está desequilibrado también mantendrá ese desequilibrio a lo largo del tiempo. Es, desde el punto de vista actuarial, un factor neutral,
que no mejora ni empeora la situación. Los estudios que he realizado junto con mi grupo de investigación, mediante un desarrollo técnico previo y posterior aplicación práctica, gracias a los datos que suministra la propia Seguridad Social, y
mediante la muestra continua de vidas laborales, nos han permitido determinar que existe ese desequilibrio actuarial. Esto nos ha llevado a entender que hay que aplicar un doble factor, uno por motivos de equidad intergeneracional y otro para
mejorar la sostenibilidad presupuestaria del sistema. Eso es precisamente lo que entendí que era el mandato que nos dieron cuando pasé a formar parte del comité de expertos, diseñar un factor que realmente hiciera sostenible el sistema de pensiones
y que no solo mantuviera la situación actual. Mi aportación al comité de expertos ha sido, como se puede deducir de mis palabras, una visión técnica del problema, como no podía ser de otra forma. En la primera reunión me ofrecí a enviar los
artículos que tenía publicados sobre el factor de sostenibilidad, porque creía que una buena base de partida, a partir de la cual podríamos empezar a comentar, a discutir las ventajas de los mismos. En este artículo se pasa revista a los factores
que se aplican en los diferentes países, y ha sido recogido, junto con las aportaciones de otros miembros del comité, en el anexo I del informe que hemos presentado.
Naturalmente que conocía los factores, como he dicho, llevaba año y medio estudiándolos. He analizado las ventajas y los inconvenientes que los mismos presentan. Desde hace mucho tiempo somos investigadores, con una dilatada experiencia y
sabemos que antes de tomar partido por un determinado factor tenemos que revisar los que ya se están utilizando. No se puede hacer de otra forma, si no, difícilmente podríamos haber hecho un informe de estas características en mes y medio
aproximadamente. Estoy seguro de que sus señorías han analizado con detenimiento los dos factores propuestos por el comité. No quiero entrar en detalles, porque ya lo han hecho otros compañeros, pero sí quiero dar mi opinión personal sobre algunas
cuestiones relacionadas con los mismos. Voy a pasar a comentar cada uno de los dos factores propuestos y la justificación de su inclusión en la propuesta final, desde mi punto de vista. El factor de equidad intergeneracional de las nuevas
pensiones de jubilación está en la línea apuntada por la reforma de la Ley de Pensiones de 2011, ya que allí se cita la inclusión de un factor que tenga en cuenta la esperanza de vida. Eso es lo que hace el FEI, corregir por la esperanza de vida
para que dos individuos con las mismas bases reguladoras, con la misma edad de jubilación, con el mismo número de años cotizados, pero con distinto año de jubilación reciban la misma suma de pensiones. ¿Se podrían haber elegido otros factores
similares? Sí, también lo tuvimos encima de la mesa. Por ejemplo,
pensamos utilizar el valor actual actuarial de una renta vitalicia fraccionada en meses, que se ajusta mejor a la estructura de la pensión de Seguridad Social que van a cobrar los futuros jubilados, pero que tiene el inconveniente de que hay
que especificar un tipo de interés y de que es algo más difícil de explicar. No en vano la esperanza de vida es el caso particular del valor actual actuarial de una renta vitalicia cuando el tipo de interés es cero. Eso nos evitaba tener que fijar
o determinar un tipo de interés explícitamente. También es cierto que este factor se podía haber aplicado a otras variables, por ejemplo, a la edad de jubilación, al número de años de cotización necesarios para completar la carrera laboral y, por
último, también al ajuste de la cuantía de la pensión inicial. Tengo que aclarar que la técnica actuarial permite ajustar convenientemente cualquiera de los tres elementos para que sean neutrales; es decir, para que en todos los casos se mantenga
la equidad intergeneracional. Creo que el más razonable es el que acepta la pensión inicial de jubilación, porque es el más transparente y más entendible para los futuros jubilados; también es el más flexible, pues hasta cierto punto permite que
cada uno pueda, en función de su pensión estimada, acomodar su carrera laboral a sus necesidades futuras. Además, era el único elemento que no interfería en el periodo transitorio de la Ley de reforma de 2011, ya que esta contempla el aumento del
número de años cotizados para conseguir la carrera laboral completa y, además, el retraso de la edad de jubilación ordinaria.
En cuanto al factor de revalorización anual de todas las pensiones, tengo que decir que es mucho mejor que todos los factores que se están utilizando en los países de nuestro entorno, porque recoge las variables fundamentales que aparecen en
la ecuación de equilibrio presupuestario, ingresos igual a gastos. Estas dos variables recogen todos los elementos que están relacionados con ese equilibrio presupuestario, como la variación del número de cotizantes, variación del número de
pensionistas, variación de tasa de reemplazo, pero también la aplicación de la reforma de 2011, la mejora en la eficiencia del sistema, incluso porque se decida en el futuro un aumento de los ingresos del sistema y hasta por la aplicación del propio
factor de equidad intergeneracional. El resumen sería que todo lo que afecta al sistema de pensiones está incluido en este factor.
¿Cuáles son las principales características del FRA? Para mí es un factor tozudo que siempre dice la verdad sobre la situación del sistema de Seguridad Social en cuanto al equilibrio presupuestario. No se puede tener miedo a la verdad ni
darle la espalda, porque eso solo retrasa y aumenta el problema, pero no lo resuelve. Para mí es un factor eficaz y justo. ¿Qué ocurriría si tras aplicar la reforma de 2011, la reciente modificación de la jubilación parcial, la posible
implantación del FEI, la mejora en la lucha contra el fraude, la disminución del desempleo, el mayor crecimiento del PIB, se dieran todas esas circunstancias y el ajuste en el sistema de pensiones hubiera sido demasiado fuerte? El FRA devolvería a
todos los pensionistas, en forma de una mayor revalorización de sus pensiones, el exceso de ajuste. No solo nos volvería a decir cuál es la verdad del sistema de pensiones sino que también lo corregiría. Naturalmente, cuando la situación sea a la
inversa también nos avisará y también corregirá ese desequilibrio. No solo es un sistema de alerta sino también un mecanismo suavizado de corrección de los desequilibrios.
Todo esto ha hecho que mi voto fuera a favor de la implantación de los dos factores, porque creo que un sistema público de pensiones fuerte y sostenible en el tiempo es una de las herencias que tenemos que dejar a nuestros hijos, por ese
pacto intergeneracional que nos obliga a traspasarles el mejor sistema de pensiones posible. Les doy las gracias por su atención y deseo que acierten en la decisión final que tomen.
El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer a los comparecientes que se hayan atenido al tiempo sugerido.
Vamos a abrir el turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, como siempre, de menor a mayor. Les recuerdo que disponen de cinco minutos.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer a los comparecientes su presencia ante esta Comisión y las informaciones y explicaciones que nos han dado, aunque tengo que decirles que, quizá porque de todas las personas que
formamos parte de la Comisión del Pacto de Toledo soy la menos experta en Seguridad Social -hay personas aquí con más experiencia en esta materia-, sigo sin entender muchas cosas, aunque hay otras que sí, y tengo que reconocer incluso que hay alguna
intervención que comparto en gran parte, como es la del señor Tortuero Plaza. Voy a manifestar algunas de las dudas que he planteado en otras sesiones y que sigo manteniendo. Reconozco que el tono de hoy
ha sido un poco más didáctico que en otras ocasiones -independientemente de que podamos seguir, como es mi caso, sin entender algunas cuestiones-, cosa que agradezco de verdad.
El señor Devesa ha dejado claro en su intervención que existen las ideologías, y que de acuerdo a ellas también queremos imprimir al sistema de Seguridad Social determinado carácter. Este es un sistema de reparto, pero también es solidario
y, por tanto, no solo es cuestión de ponernos a analizar las variables que van a existir en el futuro en relación con la demografía, sino que también tenemos que ponernos a pensar en las variables en las que tiene que moverse la solidaridad para
garantizar unas pensiones dignas a las personas; es decir, tenemos que movernos en algunas cuestiones como las que ha comentado el señor Tortuero. Hay otras variables que también sería necesario tener en cuenta. Es verdad que ustedes han sido muy
claros cuando han dicho que han hecho un informe de acuerdo al mandato que les había dado el Gobierno. Se han marcado una idea, un camino de trabajo, y nos traen dos resoluciones como las que están en el informe: la equidad intergeneracional y la
revalorización anual. He de decir que hoy he entendido un poco mejor lo de la equidad intergeneracional, aunque sigo sin compartir que ese tenga que ser el sistema para garantizar -valga la redundancia- el sistema en el futuro.
La mayor duda que quiero plantear es la siguiente. Hace dos años esta Comisión hizo también un trabajo muy extenso, sustanciando las comparecencias de muchos expertos en materia económica, en materia demográfica, en materia social,
etcétera. Después se elaboró un informe y sobre esa base se materializó la Ley 27/2011. Al margen de mi posición en relación con algunas cuestiones de la ley, tengo que decir que esta entró en vigor el 1 de enero de 2013; es decir, se hizo la ley
dos años antes de su entrada en vigor. En aquel momento yo era de las personas que incorporaba a mi posición contraria a estas modificaciones, o a algunas de las modificaciones, el empeño en alertarnos sobre la gravedad de la situación de futuro en
relación con la demografía y las imposibilidades de reposición etcétera, y al final siempre se hacía la apostilla, que hoy ha salido de nuevo en varias intervenciones, de que la forma de mejorar el sistema público, lo que vaya a resultar de la
pensión pública es lo que podamos acumular en el sistema de ahorro privado. De nuevo se nos acusa a algunos de los que denunciamos que se quieren potenciar los planes de pensiones privados, pero lo cierto es que en el debate que hubo en esta
Comisión anteriormente a la Ley 27/2011 salió ese tema, y en esta ocasión vuelve a salir. Dado que la Ley 27/2011 es para prever la situación del sistema entre los años 2027-2030, lo que me resulta incomprensible de este informe es por qué tenemos
que hacer en este momento una nueva valoración sobre los mismos temas, para que nos digan lo mismo que nos han dicho hoy de que una de las formas de protegernos frente a esas dificultades del futuro es fomentar el ahorro privado. Se ha hablado de
fomentar el ahorro privado, que es legítimo, pero creo que en este caso podemos confrontar perspectiva ideológica que queremos darle al sistema. Creo que el enfoque del informe -de acuerdo al mandato que les ha dado el Gobierno- es encorsetar ese
sistema fuera de lo que debe ser, en mi opinión, la solidaridad. Evidentemente, tenemos que equilibrar gastos e ingresos, pero también podemos tener una idea más flexible de lo que pueden ser los ingresos de ese sistema de Seguridad Social o
sistema de pensiones, y no solo porque en este momento todavía existen muchas prestaciones o acciones de protección dentro de la parte contributiva del sistema, y que pueden estar en la no contributiva, sino que incluso en una situación de crisis,
que puede ser como la de ahora o más grave, si no tenemos un fondo de reserva pueden ser los Presupuestos Generales del Estado los que resuelvan ese desequilibrio presupuestario sin dejar de garantizar unas pensiones dignas.
Por otro lado, además de la valoración de la demografía y cómo se puede proyectar esta, está la cuestión de cómo se pueden mover aquellos instrumentos que van a incidir en el crecimiento económico, en la riqueza, y cómo se va a acumular o a
distribuir. Incluso si tuviéramos mayor capacidad de reposición, es decir, que en vez de tener 20 millones de personas en edad de trabajar, tuviéramos 30 millones, y todas ellas estuvieran ocupadas, si resulta que los futuros salarios que se
presentan son iguales que los que en este momento se están ofreciendo, la contribución sería menor y, repito, aunque todo el mundo estuviera trabajando y hubiera una reposición semejante o mayor a la demografía del envejecimiento o de la esperanza
de vida, podríamos tener un sistema en quiebra porque las bases de cotización iban a ser muy bajas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, de acuerdo con las situaciones económicas de cada momento, como se ha hecho hasta ahora,
tendremos que mirar qué necesidades tiene el sistema para equilibrar ingresos y gastos. A estas alturas, después de que ya hemos hecho la ley para el año 2030, estamos mirando al año 2050, pero no contemplamos todas esas variables sobre cómo se va
a desarrollar la cuestión económica, solamente contamos con la demográfica. Partiendo de la economía actual -finalizo, señor presidente, y agradezco que me deje hablar más tiempo, después de tener siempre dos minutos y medio- quiero decir que
también hay que tener en cuenta esas cuestiones.
Aparte de que hay cosas que se deben mejorar en el sistema de la Seguridad Social, se está creando una alarma en relación con el futuro del sistema para que nos pongamos a ahorrar y poder tener ese colchón que serían los planes privados.
Además ha habido expertos que lo han dicho más directamente y que incluso han aconsejado acudir a los planes de pensiones sobre todo a aquellas personas que en este momento tienen menor base de cotización. La pregunta es: si ya tienen poca base de
cotización porque tienen poco salario, ¿cómo se van a dedicar a ahorrar para tener un plan de pensiones?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Doy las gracias a los comparecientes y les pido disculpas por la intermitencia de mi presencia en esta Comisión, pero es que algunos, sin vocación de recibir el premio Stajánov al estajanovismo, estamos
dedicándonos en la sala contigua a intentar aprobar un proyecto de ley, con competencia legislativa plena, porque no está avocado al Pleno, que regula medidas de promoción del empleo juvenil, la reforma del sector petrolero y, simultáneamente con
ello, en el título último, una reforma parcial del sector ferroviario, con lo cual se acredita el clímax de la coherencia normativa que se empieza a practicar en estos tiempos en esta institución. También debemos terminar las enmiendas a la ley de
transparencia, porque hoy finaliza el plazo, y esto nos obliga particularmente a los grupos pequeños a una multiplicación para la que no estamos dotados.
He seguido más o menos sus perfiles profesionales, a algunos de ustedes les conozco personalmente, y tengo que decirles -no lo consideren una admonición ni una prevención, mucho menos un reproche- que siempre he tenido una desconfianza
difusa sobre las prescripciones demográficas y los demógrafos, la econometría y los economistas, que se dedican a la misma, no por nada, sino porque en los planteamientos de estos profesionales se suelen formular una suerte de dogmas teológicos, de
materia difícilmente refutable e indiscutible, donde la ideología no tiene ningún tipo de penetración, al ser hechos empírica y experimentalmente demostrados y constatables, sin ningún tipo de margen de interpretación o valoración ideológica.
Confío más en la gente que pertenece a mi mundo, al del derecho, en el que los sistemas de hermenéutica y la aplicación espiritualista de las leyes nos da un cierto margen de maniobra mayor, desde una perspectiva intelectual y de interpretación de
los acontecimientos que debemos afrontar, dicho con todos los respetos para todos los que no pertenecen al mundo del derecho. No lo consideren como una reprobación.
En este informe están pasando muchas cosas. Ayer conocimos las admoniciones del Fondo Monetario Internacional al Estado español, que valora positivamente, pero como insuficiente todavía, lo que ha conseguido la última reforma laboral, la de
marzo de 2012, en relación con la reducción de las retribuciones de los trabajadores. Si estamos hablando de que se nos realiza una especie de admonición por el Fondo Monetario Internacional porque no hemos conseguido reducir la estructura
retributiva de los trabajadores españoles y simultáneamente de un incremento de las bases de cotización, estamos hablando de dos materias metafísicamente incompatibles entre sí. De hecho, lo único que salva de las últimas reformas -en mi opinión
personal y humilde- regresivas acometidas por este Gobierno y por esta institución en los últimos tiempos, es precisamente el informe elaborado por ustedes. No sé si en el Fondo Monetario Internacional alguien ha tenido tiempo de leerlo y ha tenido
la oportunidad de contrastarlo y evaluarlo suficientemente. En términos generales se considera correcto; no dicen nada más. Por no reprochar nada al Fondo Monetario Internacional, diremos correcto.
A mí no me parece correcto el informe que ustedes han elaborado desde diferentes metodologías, porque soy muy tributario de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, y no puedo
recurrir a la fictio iuris de que estos preceptos no existen ni de que la jurisprudencia constitucional ha desaparecido y se ha difuminado en una especie de ámbito de dimensión difusa de demógrafos, economistas, prospectivas econométricas, etcétera,
donde todo lo que se ha hecho y se ha construido normativamente carece de validez absoluta. También podemos recurrir a la fictio iuris de que el artículo 41 no tiene un contenido esencial y unos requerimientos y que el sistema de pensiones del
Estado español no es contributivo. Ya sé que no es contributivo, lo dijo una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1987. Es un régimen legal, pero basado en la contributividad, en la individualización de las pensiones, persona a persona,
ciudadano a ciudadano y pensionista a pensionista, en su carrera de seguro, y en tantas otras cosas que me da la impresión de que han sido objeto de una cierta relativización, aunque tampoco voy a ser muy enfático. Algunos conocemos una importante
sentencia del Tribunal Constitucional del año 1987 relacionada con la Ley de Presupuestos Generales del año 1985, ante una demanda interpuesta por el extinto Tribunal Central de Trabajo, en la que se define perfectamente el
contenido esencial del artículo 41 y cuál es la naturaleza de las pensiones. Es un régimen público, tienen que ser pensiones de naturaleza jurídico-públicas y tienen que ser universales y suficientes. El concepto de la suficiencia ha sido
mensurado por prolija jurisprudencia constitucional mediante una suficiencia vinculada a la revalorización del IPC, del cual parece que el informe, en términos generales, se descuelga o se desafecta. Las pensiones, además de poseer todas estas
características, ser universales, públicas y suficientes, se consideran por esta sentencia del Tribunal Constitucional una específica manifestación del derecho de propiedad privada, consagrado por el artículo 33 de la Constitución, y que no puede
ser objeto de disposición por los poderes públicos, salvo -alguno de los que me está oyendo me comprenderá perfectamente- la invocación de una causa de interés público, mediante un expediente de expropiación y la correspondiente indemnización. Si
para aprobar el informe que ustedes han elaborado tenemos que recurrir a la ficción de que todo esto no existe, les voy a decir que para mí es forzar mucho intelectualmente mis convicciones y mi trayectoria profesional. De hecho, ya he visto que en
alguno de los votos particulares alguien no ha estado dispuesto a que se le fuercen sus convicciones y su trayectoria profesional.
Todo esto existe y es así al margen de las proyecciones econométricas, de las proyecciones actuariales, de la complejidad de las fórmulas basadas en una estructura binaria que los que estamos aquí no comprendemos, porque solo sabemos que el
-1 es igual a 0, porque todo lo demás es igual a 1, aparentemente, a pesar de la demografía. Todo esto es discutible. ¿Cómo sabemos que al final el número de extranjeros que están retornando sus países y que disminuyen la población activa no van a
terminar retornando antes o después? ¿Cómo sabemos que los jóvenes que se están marchando a buscar empleo, los más cualificados de nuestra historia, no van a encontrar un empleo en el Estado español antes o después y van a volver? Ya sabemos que
antes de 2016 el ciclo económico va a seguir siendo negativo, que no va a cambiar, pero, ¿cómo sabemos cómo puede cambiar después? ¿Cómo se pueden hacer reflexiones que afectan a un sistema con pretensiones normativamente de estabilidad, que por
las tensiones que ello provoca no puede ser objeto de cambios periódicos y cortos en el tiempo?
Quiero decirles -y con esto acabo, señor presidente- que hasta ahora se consideraba lo anterior a la edad legal de jubilación, es decir, la carrera de seguro, la contributividad, y ahora todo esto de la pensión está vinculado a un ex post, a
algo que ocurrirá después en virtud de estadísticas promediadas, que son las expectativas de vida. Eso es vulnerar y modificar el modelo, y quien diga lo contrario que lo demuestre. Si ya no vale lo actuado, lo cotizado, las bases de cotización,
si no vale para nada la contributividad y todo se proyecta a futuribles promediados por el Instituto Nacional de Estadística o por las aseguradoras que determinan cuál es la edad media de las primas de vida, si todo esto queda vinculado, estamos
cambiando el modelo, porque es un posterius al que unos llegarán y otros lo superarán, pero, en definitiva, supone un factor de unificación del sistema de cómputo de las pensiones que rompe el criterio sacrosanto de nuestro ordenamiento jurídico de
su carácter individualizado.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo con estas palabras. Seguramente sintonizará más con lo que estoy diciendo una de las personas que están aquí compareciendo, sin embargo, espero que no lo consideren una crítica o una desafección, porque
seguramente ustedes tendrán mucha razón en lo que están diciendo, puesto que yo no estoy en condiciones de refutar ninguna de sus opiniones, entre otras cosas, porque no soy un experto en estas materias. Pero, por favor, no nos obliguen -eso ya lo
harán el Fondo Monetario Internacional y la troika, no se preocupen; ya vendrá alguien con estas obligaciones-, a modificar la estructura esencial, el contenido esencial de las previsiones constitucionales en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, sus intervenciones siempre están inspiradas por un espíritu corporativo que yo agradezco.
Vamos a alterar un poco el orden de las intervenciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, agradezco su amabilidad al alterar el orden y al señor Llamazares por permitirme hablar antes que él. Como decía el señor Olabarría, en la sala de al lado se está celebrando la Comisión de
Empleo, con competencia legislativa plena, en la que se está analizando ese proyecto de ley y los grupos más pequeños hemos de combinar nuestra presencia en las dos comisiones. Pido disculpas a los comparecientes porque no he podido escuchar sus
intervenciones, aunque las voy a leer con mucho interés y con mucho detalle, y les agradezco el trabajo que han realizado,
porque esto estimula y obliga, poco o mucho, a esta Comisión en relación con los encargos que tiene de entrar a fondo en algunas de las cuestiones. Con independencia de que podamos coincidir o no en nuestra aproximación al problema en
cuestión, quiero decirles que eso aporta mucho al debate.
El señor Olabarría siempre es inspirador en sus intervenciones. Ha hecho una defensa del derecho del trabajo en su sentido más auténtico, y escuchándole inevitablemente me ha venido a la cabeza otra reflexión, y espero que ninguno de
ustedes la personalice. En esta crisis quizá deberíamos leer menos a los economistas, sobre todo a los que nos están aconsejando, a los del Fondo Monetario Internacional, a los del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, y más a los
historiadores. En las reflexiones de los economistas que hoy nos aconsejan parecen obviarse las consecuencias sociales y políticas de las políticas económicas, y en los años veinte y treinta eso llevó a Europa a la emergencia de los fascismos, lo
que a su vez nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. No me quiero poner tan tremendo, pero es que la economía opera sobre la sociedad y las consecuencias de las decisiones económicas no se pueden valorar simplemente en sus efectos macroeconómicos y
actuariales. Esto lo digo en relación con una cuestión. Situamos la esperanza de vida en el centro del factor de sostenibilidad de las pensiones. ¿Esa esperanza de vida tiene en cuenta las trayectorias vitales de las personas en función de sus
estilos de vida, de su clase social, del territorio donde viven, de los empleos que han tenido? ¿Es que aplicando a todos esa misma lógica no estamos determinando pensiones más bajas precisamente para quien ha tenido quizá menos oportunidades,
empleos más duros o estilos de vida menos saludables? ¿Es equitativo en términos de lo que pretende abordar un sistema público de pensiones? Esa reflexión no la han reflejado en su informe y a mí me gustaría conocerla, porque si al final
configuramos pensiones más bajas en función de la esperanza de vida y eso termina perjudicando a los sectores más débiles de la sociedad, vamos a ser injustos en la reforma que estamos planteando. Precisamente una de las virtudes de la reforma de
2011, con una jubilación flexible, es que reconocía en determinados supuestos que la lógica de la edad legal de jubilación no era aplicable, porque exigir a esos trabajadores una edad legal superior de jubilación era terriblemente injusto, no iban a
poder asumirla. Por ejemplo, el Cermi, que agrupa al sector de la discapacidad, ha planteado a esta Comisión que estemos alerta ante cómo pueden afectar las cuestiones de la discapacidad en el cálculo de la esperanza de vida como factor
determinante de la cuantía de la pensión inicial. Esto no me parece un tema menor y me gustaría conocer si lo han tenido en cuenta en sus reflexiones.
¿Los datos del INE sobre esperanza de vida son fiables? ¿Tienen en cuenta la mortalidad efectiva de las distintas cohortes? Si resulta que los datos del INE no son suficientemente fiables en términos de lo que sucede de verdad en esas
cohortes sobre las que determinamos la cuantía inicial de su pensión, quizá vamos a ser algo más que injustos. Nosotros hemos solicitado la comparecencia -vendrá la semana que viene- de una persona del Centro de Estudios Demográficos de la
Universidad Autónoma de Barcelona para tener la opinión de un demógrafo, porque tengo la impresión de que en el grupo de expertos no había ninguno que fuera estrictamente demógrafo, y nos parece importante conocer su visión.
Un último comentario en relación con la fórmula alternativa que nos proponen con respecto al mecanismo de actualización de las pensiones, a mi entender, tiene de entrada dos críticas a formularle. Una, ¿basándose en previsiones es
arriesgado tomar decisiones que afectan a la cuantía de la pensión de un año concreto? Me parece un punto arriesgado. En nuestro sistema hay una previsión, pero hay un mecanismo de corrección. Hay una previsión en el presupuesto que se aprueba en
el año que permite ajustarse al final de ese año para corregir esa situación. En un ciclo económico más largo, como el que nos proponen, lo considero un punto arriesgado, visto además el éxito que tenemos en relación con las previsiones económicas
por los organismos públicos correspondientes. Dos, yo que tengo la obligación de dar muchas explicaciones en materia de pensiones en mis demarcaciones electorales, que son las catalanas, voy a tener dificultades para explicar ese nuevo factor de
actualización si finalmente se incorporase. Puedo resumirlo en que tiene que ver con los ingresos y gastos del sistema en función del ciclo económico. Puede ser la explicación más fácil. Si el público que me escucha me reclama mayor información
ya nos va a costar más trasladársela. En ese tipo de medidas y de cambios, convienen la claridad y la simplicidad. Quizá no niego que debamos de considerar la actualización de las pensiones y la evolución del ciclo económico. Intelectualmente, de
entrada, no la rechazo, pero quizá sea más simple, más explicable y menos basada en la previsión y más en aquello que realmente ha sucedido en relación con el sistema. Les doy las gracias y cuando me llamen a votar no podré escuchar tampoco sus
respuestas, pero me voy a quedar aquí hasta la votación en la otra Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por La Izquierda Plural, el señor Llamazares Trigo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias a los comparecientes por su información a esta Comisión del Pacto de Toledo. Gracias también por mostrar que son plurales y que la técnica no es unívoca. Soy médico y todos no miramos la misma realidad.
Tratamos de mejorar las condiciones de los pacientes, pero unos consideran que es a demanda, aquel que puede permitírselo, y otros consideramos que no es a demanda, que tenemos una responsabilidad pública y que nos compete un término general.
Agradezco la comparecencia y que sea plural. No pueden evitar ustedes que hagamos una interpretación política de su informe, es inevitable, porque la tradición de esta Comisión -se lo digo- es que el Gobierno propone algo a la Comisión, la Comisión
establece un periodo de información y comparecencias y luego hace unas recomendaciones. En este caso la cosa no ha sido así. El Gobierno ha nombrado una comisión ad hoc. Una comisión técnica que corre el peligro de suplantar a la Comisión
política, a la Comisión representativa de los ciudadanos. Ya tenemos una primera valoración crítica por la Comisión del Pacto de Toledo y por los parlamentarios, porque no nos viene de una comisión plural que hayamos propuesto los grupos
parlamentarios, nos viene de un mandato del Gobierno. Un Gobierno que hace una comisión ad hoc. Por tanto, una comisión con sesgo y no deben ustedes eludir el sesgo. Esta comisión tiene un sesgo de origen de nombramiento, como lo tenemos otros
cargos públicos. Pero también tiene un sesgo de cultura y miembros de esa comisión comparten distintas responsabilidades en sus profesiones que les dan un sesgo determinado. Lo han dicho ustedes mismos, por lo que no me voy a extender en esa
materia. Saben ustedes que están sujetos a una valoración política y no solamente a una valoración técnica de lo que hoy nos proponen aquí. Eso es así y quería transmitírselo. Ayer tuvimos alguna dificultad para entendernos, porque se consideraba
que había una especie de falta de entendimiento entre la parte técnica y la parte política. Había una valoración política realizada por los grupos parlamentarios de una comisión técnica nombrada por el Gobierno.
Tienen un segundo pie forzado que me gustaría aclarar, porque me parece determinante el mandato del Gobierno. ¿Qué les mandató el Gobierno a la comisión? ¿El Gobierno mandató a la comisión un criterio para la puesta en marcha del factor de
sostenibilidad? Esa sería la primera pregunta. Si esa fue la orientación de la comisión técnica. Una segunda pregunta: ¿El Gobierno le propuso a la comisión adelantar la puesta en marcha sobre lo ya previsto en la ley? Es una segunda pregunta
relevante, señorías. Hay una tercera pregunta que me hago con el informe de la comisión técnica y es: ¿El factor que han introducido, porque aparte del factor mandatado por la ley han introducido ustedes un factor que corrige la revalorización de
las pensiones, ha sido motu proprio o se lo propuso el Gobierno? Porque no es una cuestión menor. El Gobierno va más allá de la ley cuando establece un calendario anticipado del factor de sostenibilidad. Por tanto, les mandata a ustedes a ir más
allá de la ley. El Gobierno va más allá de la ley cuando propone un nuevo factor de corrección -diría de restricción- de las pensiones públicas modificando el factor de revalorización, que puede ser por salarios netos, por IPC o por otros
mecanismos como ustedes plantean en este caso. Eso me parece relevante, porque entenderíamos sus propuestas. En algunos casos podría ser una extralimitación técnica, en otros casos puede ser una limitación política. Eso es importante saberlo, por
lo menos para los parlamentarios y no criticar en la técnica lo que debemos criticar en la orientación política.
Quería también hacer algunas reflexiones desde el ámbito político. Soy un representante de los ciudadanos, además de un médico de salud pública. No es importante únicamente lo que ustedes dicen -incluso en mi profesión, que es muy
biológica, no es importante únicamente lo que es, es cómo parece-, sino qué ha parecido su propuesta. Me hubiera gustado una cierta autocrítica con respecto a cómo ha parecido su propuesta. Su propuesta ha parecido como un ensañamiento restrictivo
con los ciudadanos más desprotegidos. Como la comunicación ayer del Fondo Monetario Internacional: hay que continuar ensañándose con las víctimas de la crisis. Su propuesta de ingresos y gastos parece muy abierta. No, lo que ha parecido
públicamente, lo que perciben los pensionistas, los que se reúnen con los grupos parlamentarios y conmigo, es que les queremos recortar dos veces más la pensión, que ya tenían un recorte con el retraso de la edad de jubilación, que introducimos un
segundo recorte anticipando el factor de sostenibilidad y que queremos además realizar un tercer recorte a los pensionistas actuales no reconociéndoles la revalorización o estabilizando la no revalorización, al margen de la ley, porque hoy por ley
los pensionistas tienen revalorizadas sus pensiones. Otra cosa es que un Gobierno determinado modifique esa ley. Eso deberían percibirlo y deberían percibir que en estos momentos de crisis económica no dan confianza. Ayer me llamó mucho la
atención aquello de que vamos a dar transparencia y, por tanto, seguridad al sistema. No, señorías, lo que hay es un vendaval. Lo que hay entre los pensionistas es una incertidumbre total otra vez más. Es que no hace dos años que les dijimos que
íbamos a estabilizar el sistema público de pensiones y ahora les decimos que otra más, que no es suficiente. ¿Qué es lo que
piensan? Piensan, no solamente que vamos a recortarles las pensiones, sino que no estamos seguros de lo que hacemos, que no tenemos ninguna seguridad en lo que hacemos, que somos un factor de inestabilidad. Llamaría a esto: la terapia del
shock, en términos de mi profesión. Cuando más difícil tienen las cosas los ciudadanos les aplicamos el shock del presente sumado al del futuro. Desde el punto de vista político, en mi opinión, es un gravísimo error, a no ser que se quiera
introducir el miedo y la indignación entre los ciudadanos, en este caso entre los pensionistas.
Termino mi intervención en relación con una iniciativa que me parece inaceptable por injusta e inoportuna. Termino con algunas dudas. No soy demógrafo, pero sí soy técnico de salud pública. No me cae en saco roto los recientes datos de la
esperanza de vida. Cuando en el primer semestre de 2011 bajó la esperanza de vida en España por primera vez en mucho tiempo, porque se estancó en relación con un momento anterior en los años noventa, me dijeron que era un artificio. Ahora, cuando
se confirma que la esperanza de vida disminuye, y en particular entre las mujeres, en el año 2012, qué me van a decir. Me van a contestar con ese determinismo, porque veo determinismo demográfico cuando se me dice...
El señor PRESIDENTE: Debe de ir terminando, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Voy terminando.
...que la esperanza de vida va a continuar subiendo, cuando sabemos que no solamente se está desacelerando, sino que está disminuyendo. Me parece que tienen que aclarar esa duda, porque es uno de los factores fundamentales que utilizan con
respecto a la corrección del factor de sostenibilidad.
En relación con la esperanza de vida, entre generaciones la diferencia de esperanza de vida es nimia en nuestra sociedad con respecto a la diferencia entre clases. Saben ustedes que la diferencia entre clases está entre siete y diez años de
esperanza de vida y ustedes establecen un factor de equidad entre generaciones que no tiene ni siquiera una diferencia de un año de esperanza de vida. La verdad es que se ve muy claramente un sesgo en relación con ese determinismo demográfico, como
decía con anterioridad.
Segunda cuestión -y termino ya- que me preocupa. Me preocupa que hagan una proyección -decía Keynes que a largo plazo todos calvos, no hay ninguna seguridad- a tan largo plazo bebiendo de un contexto tan coyuntural como esta crisis
económica, a no ser que piensen que nos va a acompañar durante los próximos treinta años. Si es así, desde luego no lo creo, creo que es una crisis gravísima, pero no pienso que nos vaya a acompañar durante los próximos treinta años, por lo que no
creo que eso deba informar la proyección que hagan con respecto a la situación...
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Esas son mis preocupaciones con respecto al informe. Termino con una cuestión nada más, señor presidente. Percibo una tensión entre dos modelos, pero nosotros tenemos un modelo contributivo, no tenemos un modelo
de capitalización. Aplican ustedes criterios de capitalización a un modelo contributivo. No sé si es la pretensión de que en el futuro sea un modelo de capitalización, pero percibo la aplicación de un modelo mixto en sus valoraciones. Quizá sea
como consecuencia de ese llamado equilibrio presupuestario, que han referido, que deviene del artículo 135 de la Constitución, pero no me parece justificado, porque el nuestro sigue siendo un modelo contributivo y no un modelo de capitalización.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Socialista, la señora Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los comparecientes y, por supuesto, agradecerles su trabajo y, sobre todo, estas comparecencias, porque siempre son clarificadoras y permiten un amplio debate en
el seno de esta Comisión del Pacto de Toledo.
Me van a permitir que haga una serie de comentarios, de preocupaciones de mi grupo, para situar alguna de las preguntas que quiero formularles. Por tanto, empezando por la situación de coyuntura que vivimos, es decir, el principal
desequilibrio que tiene nuestra sociedad en estos momentos son los 6 millones de desempleados, 1.200.000 empleos destruidos solamente entre 2012 y lo que llevamos de 2013, una caída de en torno a 1 millón de afiliados a la Seguridad Social, con
especiales problemas lógicamente para los trabajadores mayores de 50 años. Sufrimos una devaluación salarial brutal y un deterioro vertiginoso de las condiciones de trabajo, a pesar de que nuestro coste por hora salarial está muy por debajo de la
media de la Unión Europea y de la zona euro, a pesar de que somos el cuarto país
de la zona euro. Todo esto afecta a la afiliación y a la cuantía de las pensiones. La primera preocupación es: ¿Es esto, según ustedes, una situación coyuntural? Porque habrá que tratar el tema con mecanismos coyunturales. ¿Es que
prevén que esta situación se alargue en forma de ele indefinidamente en esos treinta años a los que ustedes se están refiriendo en sus análisis? Tenemos en el haber una ley, como la Ley 27/2011, que acaba de entrar en vigor, lleva apenas seis meses
de vigencia, con aquellas modificaciones que se han hecho en los últimos meses, muy corriendo, con un decreto-ley que afecta al pacto tanto social como político al que se llegó en 2011. Esa ley incorpora los elementos estructurales a los que
ustedes hoy han hecho referencia y que agradecemos, pero que la sociedad ya tiene asumidos, porque todo este Parlamento y toda la sociedad nos encargamos de debatirlos hasta la saciedad hace apenas dos años. Por supuesto, con un amplio abanico de
resoluciones y recomendaciones que hizo la Comisión del Pacto de Toledo, el 25 de enero de 2012, por cierto, y que favoreció ese pacto social y que se aprobara una ley que pretendía resolver esos problemas, tanto de estructura poblacional, es decir,
baby boom, como de esperanza de vida. ¿Cuáles fueron, desde nuestro punto de vista, los pactos básicos de esa ley? Aparte de los cambios paramétricos en cuanto a la ampliación de las edades de jubilación, del número de años para acceder a la
pensión completa y, por supuesto, de los años para el cálculo de la base reguladora, desde mi punto de vista, hubo tres pactos con la sociedad. El primer pacto: gradualidad en la aplicación de la reforma. No es casual que se dijera aplicación
gradual hasta 2027, coincide exactamente con las cohortes de edad que cumplieron más de 50 años en 2010, de 50 años en adelante una aplicación gradual y, por supuesto, a todos los que vienen detrás. Segundo pacto: un nivel de gasto equivalente a
la media de la Unión Europea, nunca por debajo, en el entorno del 3% del PIB en 2030. Eso fue un pacto social y político. Tercer pacto: contar con un Fondo de reserva para hacer frente a las situaciones coyunturales. Entendemos que estamos en
una situación coyuntural, salvo que nos digan lo contrario. Es cierto que ese Fondo de reserva computa a efectos de déficit y quizá por eso a ustedes no les vale ahora ese fondo. La pregunta que les hago es: ¿Ya que han desbordado ampliamente las
previsiones del mandato que hacía la ley 27, por qué no plantean, en el contenido propio del informe, propuestas para mejorar los ingresos y el conjunto de actuaciones para mejorar los parámetros del sistema? ¿Por qué no lo incorporan? No han
incorporado ninguna de estas vías al núcleo del informe. ¿Qué efectos tienen las fórmulas que proponen en relación con los objetivos de déficit público para 2014, 2015 y 2016? Me gustaría saber sus cálculos. ¿Están planteando que se reduzca el
gasto en pensiones y lograr un objetivo de déficit, no solo general, sino también un equilibrio presupuestario anual en el presupuesto de la Seguridad Social? El objetivo del informe no era conseguir los equilibrios presupuestarios anuales, para
eso está el Fondo de reserva, sino un equilibrio del sistema a largo plazo y para eso teníamos la ley 27 y un calendario previsto y previsible de conocimiento general para toda la ciudadanía.
Plantean -lo dicen en su informe- una reforma radical -le llaman radical- en el sistema de revalorización de las pensiones. Habría que preguntarles si esto se lo ha pedido el Gobierno, porque excede con mucho del mandato de la ley. Esta
reforma radical, como ustedes la llaman, va directamente a la cuantía de las pensiones en coyunturas desfavorables como la actual. ¿Por qué proponen esta fórmula de recorte cuando las reformas del sistema desde el año 1985 han tenido siempre como
principio la modificación de parámetros o de cualquier otro elemento para evitar precisamente el recorte de las pensiones? Plantean una reforma radical con el llamado factor de revalorización anual, alguien podía llamarlo factor de regresión anual
de las pensiones, y van directamente a cambiar el artículo 48 de la Ley de Seguridad Social. Nos hablan de la experiencia sueca y alemana, ninguno de los dos sistemas incorpora para el cálculo previsiones de empleo, de salarios, de cotizaciones,
etcétera. Ninguno de los dos, porque son más prudentes. La pregunta que les hago es: ¿Piensan ustedes que con esta fórmula van a dar ustedes tranquilidad, como dicen en su informe, a todos los trabajadores y pensionistas, cuando si hay un tema
que ha quedado claro y evidente en este país es que lo de las previsiones hay que tomarlo con mucho, mucho, cuidado? Les doy dos ejemplos recientes. El día 26 de abril el Gobierno hace unas previsiones horrorosas -las mandamos a Bruselas-, que
decían que prácticamente hasta el 2016 no tenemos nada que hacer, lo decían tres miembros del Gobierno del área económica, con la vicepresidenta a la cabeza. Han pasado menos de dos meses. Ahora ya todo va bien. Ustedes plantean una fórmula de
cinco años atrás y cinco años hacia delante en relación con el año clave, en 2007 ustedes ya eran profesionales de reconocido prestigio y ocupando cargos de responsabilidad -estoy segura-, la pregunta que les hago es: ¿Qué previsión hicieron en
relación con el PIB, con los salarios y con la evolución del empleo? Cuando hay errores, qué piensan, que es un efecto colateral. Como se dice en las guerras: esos son efectos colaterales. ¿Qué previsión hay para los que sufren esos errores en
sus previsiones?
Nos preocupa especialmente el encaje en el ordenamiento jurídico de lo que ustedes están planteando y los efectos en los ciudadanos concretos. El encaje jurídico en relación con las sentencias recientes del Tribunal Supremo y con la
doctrina del Tribunal Constitucional, pero sobre todo con las generaciones de más de 50 años.
El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señora Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Los mayores de 50 años tienen una previsión de reducción de sus expectativas que pueden superar, porque las utilizarán cuando se jubilen -si es que pueden, por supuesto-, porque aquí se ha producido un
efecto tremendo y es que la crisis ha pillado de forma inexorable a los mayores de 50 años. Desde que se aprobó la ley hasta ahora ya se han modificado cuatro de sus parámetros básicos: primero, cálculo de lagunas; segundo, jubilación anticipada;
tercero, el despido colectivo en empresas con beneficios -antes con un solo trabajador mayor de 50 años penalizaba, ahora con que se respete la proporción cuela-; cuarto, han desaparecido las bonificaciones al mantenimiento del empleo y encima ha
habido una reordenación, por supuesto, a la baja de todos los sistemas de subsidios y pasarelas a la jubilación y además las políticas activas de empleo han desaparecido, produciendo un efecto tremendo en la situación de los mayores de 50 años. Más
allá de esto, nos preocupa que en su informe mencionen, al menos dos o tres veces, la relación entre pensión y salario. Obsesión: hay que reducir la relación entre pensión y salario. Salario medio actual: 1.900 euros. Pensión de jubilación
actual: 950 euros.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Dos minutos solo, señor presidente.
Muchos pensionistas han tenido que acoger a otros miembros de su familia con lo cual esa pensión ya ha pasado al umbral de la pobreza, directamente está en el umbral de la pobreza. Ahora ustedes plantean una reducción y un cálculo de la
pensión sin tener en cuenta la función social que cumple, en una situación de crisis como la actual, de cohesión y de tranquilidad social.
Finalmente, señor presidente, una sola puntualización en relación con la transparencia. En estos momentos está en debate en este Parlamento una ley de transparencia, que entre otros temas trata de clarificar aquellos intereses o
vinculaciones que hay de cualquier persona que se acerca al Parlamento. En el dictamen que nos envía el Gobierno no aparecen tres cosas que me parecen fundamentales, ni su firma ni la composición del comité -no aparece en ningún sitio en la
comunicación que nos hace el Gobierno- ni tampoco el mandato que le ha dado el Gobierno. Por eso, algunos grupos les hemos preguntado, primero, cuál ha sido el mandato que han recibido ustedes del Gobierno y, segundo, qué vinculación tienen ustedes
con el sector de seguros o financiero. Con todo el respeto por nuestra parte a ambos sectores, pero tenemos que saberlo, porque ese es uno de los temas básicos de la transparencia democrática, para que conste en el 'Diario de Sesiones', si hay
algún componente que ya ha anunciado cuáles son sus vinculaciones no las digan.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Un informe que sí va firmado por el señor Tortuero, porque al ser voto particular lleva su firma. No es una crítica a ustedes, es una crítica a cómo se ha gestado, a cómo nos han enviado la documentación y
ahora tienen ustedes que complementarla y hacer transparente cualquier tipo de duda o de vinculación que puedan tener con cualquier sector, con intereses legítimos, porque aquí estamos hablando siempre de intereses legítimos, pero el Parlamento debe
de conocerlo y toda la sociedad a través de nosotros. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Angulo Romero.
La señora ANGULO ROMERO: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, queremos dar la bienvenida a esta Comisión a los señores comparecientes y agradecerles su presencia aquí para explicarnos de manera individual sus
aportaciones al informe que el comité de expertos ha elaborado de manera conjunta. Dado que tengo poco tiempo, centraré mi intervención no tanto en consideraciones generales de lo que mi grupo puede opinar sobre la necesidad de implantar ya un
factor
que haga sostenible nuestro sistema público de pensiones en el presente, pero también a medio y largo plazo, sino más bien en plantearles a ustedes una serie de cuestiones que en su calidad de expertos independientes me gustaría que nos
aclararan o profundizaran. Todo ello partiendo de una base clara de lo que es un sentir común compartido por todos los que hasta ahora han comparecido y por los que aquí estamos de la necesidad de seguir disponiendo de un sistema público de reparto
que tenga como objetivo garantizar pensiones dignas y suficientes, no solo para las generaciones presentes, sino también para los futuros pensionistas y, sobre todo, en la conclusión mayoritariamente expresada de que la introducción de este factor
no va a suponer ni mucho menos una bajada en el valor de las pensiones, sino que, antes al contrario, como muchos de ustedes han dicho, puede suponer un aumento en las mismas y, sobre todo, que este factor no se diseña de ninguna manera para
recortar pensiones, sino para garantizarlas en el tiempo. Una obligación que todos deberíamos tener presente y no pensar solo en el hoy o en buscar otros rendimientos que pueden ser legítimos, pero no son en modo alguno responsables.
Como hoy lo que nos ocupa aquí es un informe técnico, elaborado por un grupo de expertos, a quienes nosotros sí manifestamos nuestro respeto, no solo por sus conocimientos en una materia en la que algunos llevan años trabajando, sino también
por lo que entendemos es su independencia y pluralidad, que en estos días se ha puesto muy en duda por muchos grupos, pero que nosotros entendemos que queda reflejada en la existencia de tres votos particulares que, caso de no haber sido así, no
hubieran existido. Por tanto, como creemos que no venimos aquí a un debate entre grupos políticos o de estos con el Gobierno, ya que ustedes no son ni lo uno ni lo otro, les plantearemos nuestras preguntas aceptando su respuesta sea cual sea esta,
porque para nosotros higiene democrática no es cualificar como válido o como independiente solo lo que coincide con el pensamiento de uno y demonizar a quienes no coinciden con ese pensamiento, máxime cuando el Gobierno todavía no ha dicho
absolutamente nada, no sabemos cómo se va aplicar este factor y si va a haber periodos transitorios o no. Eso habrá que verlo cuando esto se materialice en un proyecto de ley, que será debatido por quienes hoy estamos interviniendo aquí y que no
creo que les competa a ustedes. Por eso nos limitaremos al objeto del informe, porque lo demás, las medidas sobre reformas del sistema o sobre políticas laborales o sobre políticas sociales, además de no ser objeto del informe son competencia de lo
que ustedes han denominado canales democráticos, es decir, de los que estamos en esta parte de la sala, y por tanto no son objeto del debate del día de hoy.
Por todo ello les preguntamos si consideran necesaria la aplicación de un factor de sostenibilidad de las pensiones como método de garantizar las mismas y la utilización de otros indicadores distintos de los actuales para la revalorización,
como ya se indicaba en la recomendación 2.ª del Pacto de Toledo, o quizás más sencillo: ¿Creen que el sistema es sostenible si no se aplica un factor de sostenibilidad y mantenemos la situación actual tal como está?
Teniendo en cuenta algo que creo que ya no es discutido por nadie, como es el incremento del número de pensionistas y el alargamiento de la esperanza de vida, sobre el que haré una pequeña reflexión, mi pregunta es si ustedes consideran que
lo contemplado en la Ley 27/2011 es suficiente para mantener la sostenibilidad de las pensiones. A mí, que no estaba aquí anteriormente y no participé en la elaboración de esa ley, me sorprende el valor casi inamovible que le dan muchos de los
grupos que ni siquiera la apoyaron. Es falso que se diga que esa ley salió con consenso político, puesto que la mayoría de los grupos de esta Cámara no la apoyaron. Sin embargo, ahora dan un valor inamovible a algo que ya contemplaba la existencia
de un factor de sostenibilidad basado en la esperanza de vida. Me sorprende oír a algunos grupos parlamentarios decir aquí y ahora que la esperanza de vida ya no debe ser un elemento a tener en cuenta en ese factor de sostenibilidad, pero aún así
consideran inamovible lo que se dijo en la Ley 27/2011. No lo termino de comprender. Cuando se ve que las cosas no funcionan, pueden cambiarse, sobre todo si es para bien. De ahí mi pregunta sobre si consideran que lo contemplado en esa ley es
suficiente para mantener la sostenibilidad de las pensiones. Si no es así, para quienes consideren que no es suficiente, me gustaría saber cuáles son los beneficios que ven en adelantar la entrada en vigor, como ustedes proponen, del factor de
sostenibilidad, y para quienes no piensen así, me gustaría que nos explicaran cómo pudo valorarse en la Ley 27/2011 un ahorro cifrado en un 3% del PIB con un factor de sostenibilidad que ni siquiera estaba definido, que no contemplaba los valores
que había que calcular para definir ese factor de sostenibilidad. Mi ignorancia me plantea dos dudas. Una de dos, o que se calculó mal y simplemente se puso una cifra aleatoria, puesto que los factores no estaban definidos, o los componentes de
ese factor estaban definidos y se ocultaron. Quizás esa fuera una de las razones por las que esta ley no obtuvo el consenso político, aunque aquí algunos se empeñan en hacer que una cosa que no es cierta sea verdad a base de decirla mil veces.
Respecto al Fondo de reserva, ¿no creen ustedes que agotarlo primero para después aplicar un factor de sostenibilidad no solo sería demorar el problema y con ello las posibles soluciones, sino que sería algo irresponsable y peligroso para el
propio sistema? En este país tenemos ejemplos ahora mismo de lo que ha ocurrido por no dar soluciones a tiempo a problemas que se veía que existían, por demorarlos o incluso por ocultarlos. Un ejemplo reciente es que cuando se pudo usar el Fondo
de reserva para actualizar las pensiones no se hizo y se prefirió congelarlas y bajar el poder adquisitivo a 9 millones de pensionistas antes que utilizarlo.
Voy hacerles una pregunta dirigida más bien al señor Doménech o a alguno de los economistas que están en la mesa. ¿Podrían explicar de una manera sencilla y sin un lenguaje tan técnico a los que somos profanos en la materia la fórmula
elegida para el cálculo del factor y, sobre todo, por qué se han elegido valores futuros esperados y no solo valores pasados?
Otra cuestión que nos gustaría que nos comentaran es si creen ustedes que, con objeto de garantizar que las pensiones actuales no disminuyan, existe la posibilidad de poner unos límites a las consecuencias del factor de sostenibilidad.
También nos gustaría...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señora Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Voy terminando para no abusar del tiempo.
Nuestro grupo cree que con la propuesta de su informe relativo a la introducción de un factor de sostenibilidad no se está dando pie a una alarma social ni muchísimo menos, al contrario, se está dando a los ciudadanos unos instrumentos con
los que garantizar un sistema de pensiones fuerte, que se anticipe a todas las fases económicas. Este factor, lejos de provocar pánico a los ciudadanos, como algunos pretenden -incluso azuzan, porque hay pensionistas que nos transmiten que otros
les trasmiten no solo que van a bajar sus pensiones sino que van a desaparecer; eso ya lo vivimos en otra época y se comprobó que no era así-, proporciona seguridad y solidaridad con las generaciones presentes y futuras, que es algo que todo el
mundo -creía yo, ahora tengo que decir casi todo el mundo- debe tener claro. No estamos hablando en ningún momento de reformar el sistema de pensiones, sino de buscar la viabilidad del sistema de pensiones que tenemos. No entiendo cómo se puede ir
en contra de eso, sobre todo porque su informe deja a los agentes políticos y sociales la libertad para implementar las medidas que estimen necesarias en este y en otros aspectos. Somos nosotros, los agentes políticos, en este caso con el consenso
social, quienes tendremos que abordar las reformas o no del sistema o cuestiones del mercado de trabajo o cuestiones de política social que en modo alguno eran objeto del encargo hecho al comité, a pesar de que haya algún miembro de los que hoy
están compareciendo que en su voto se haya tomado esas atribuciones y haya hecho esas reflexiones.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Termino, señor presidente, dando las gracias a los miembros del comité por su trabajo y por su comparecencia y esperando que puedan contestar lo más claramente posible nuestras preguntas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, voy a dar la palabra a los señores y señora comparecientes, empezando, como hicimos en las primeras intervenciones, por el señor Tortuero Plaza.
El señor MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Tortuero Plaza): Tengo pocas cosas que decir, porque la inmensa mayoría de las intervenciones de los portavoces de los grupos
parlamentarios coinciden con lo que he dicho en el voto particular. Sería volver a hacer replanteamientos sobre los planteamientos que ya he hecho. Quizás la postura más contraria a los planteamientos que yo he hecho procede de la portavoz del
Grupo Popular y en esos parámetros voy a moverme.
Respecto a la Ley 27, esta ley sí que incorpora un factor de sostenibilidad, aunque no lo llame así. Lo que hace es distribuir la esperanza de vida entre todos los parámetros del sistema. Se habrán percatado de que ni en mi voto particular
ni en mi intervención he puesto en tela de juicio las situaciones técnicas que lleva implícitas el trabajo que ha hecho la comisión, que respeto absolutamente. Lo que hizo la Ley 27 fue distribuir. Lo que hizo fue decir: ¿Cuál es el impacto que
puede tener la esperanza de vida? Pues voy a distribuirlo entre la base reguladora, entre los años para llegar al 100%, entre la edad, etcétera. Incluso la previsión
de la Ley 27, cuando se replantea, ahora sí, con el nombre específico de factor de sostenibilidad, habla de todos los parámetros, tanto de los que afectan al contenido jurídico de las pensiones como de los que afectan a los ingresos, por
tanto de todos. El informe de la comisión, como han defendido mis compañeros, plantea otra estructura de coeficiente basado en la equidad intergeneracional.
Me ha dado usted en el corazón con el tema de las propuestas. Tenía usted claro que las competencias eran suyas. Yo llevo treinta años dedicándome a escribir libros y artículos sobre Seguridad Social. En treinta años, la pila es alta. Le
puedo decir que lo que me ha animado a seguir haciéndolo, como a casi todos los investigadores, es que un porcentaje elevadísimo -porque he tenido mucha suerte- de todas esas reflexiones está hoy en la legislación española. Le pongo un ejemplo. Si
coge usted mi libro sobre las cincuenta propuestas de reforma de la maternidad y en paralelo coge usted la Ley de Igualdad, verá que ustedes han aceptado incorporar más del 80% de las propuestas que en ese libro están contempladas. Esa suerte que
he tenido es lo que me ha llevado siempre, como conducta profesional, a abrir debates de ideas. Creí que era bueno que hiciera eso en el voto particular, porque complementaba lo que habían hecho otros, ya que en esos espacios no se había entrado.
Es una alternativa. ¿Cuál es la posición que hay que tomar? No nos hemos puesto unas orejeras y hemos dicho: Nos han pedido esto y de aquí no salimos. A mí me ha parecido más sensato abrir otras expectativas y decir: Las dificultades del
sistema pueden ir derivadas por otros planteamientos. A lo mejor es conveniente tener en consideración esos otros planteamientos. Esa ha sido la justificación de mis reflexiones y no dar lecciones a nadie de lo que hay que hacer con el sistema.
El señor PRESIDENTE: Señor Doménech Vilariño, tiene la palabra.
El señor MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Doménech Vilariño): Quiero empezar agradeciendo todos los comentarios que nos han hecho, porque eso demuestra la tremenda
utilidad que para todos puede tener nuestra comparecencia aquí, para despejar algunas dudas o explicar cuestiones que hayan quedado poco claras en el informe. Voy a contestar por orden de intervención.
Empiezo con la señora Fernández, del Grupo Mixto. Ha comentado una serie de aspectos que tienen que ver más bien con tratar de resolver los desequilibrios presupuestarios a través del presupuesto del Estado. Quiero que quede claro que el
factor de revalorización anual tiene en cuenta la posibilidad de incrementar ingresos, precisamente para garantizar la estabilidad presupuestaria. Además, contempla otro tipo de variables que no son estrictamente demográficas, como las que
mencionaba. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice, pero precisamente porque el factor de revalorización actual tiene en cuenta esas variables que van mucho más allá de la demografía.
Planteaba la posibilidad de que el informe hubiera creado una alarma para fomentar los planes de ahorro privado. El informe hace todo lo contrario. Trata de generar certidumbre, justo lo contrario de la alarma social. Lo mejor para evitar
esa alarma social es tratar de anticiparnos a los retos potenciales a los que se enfrenta el sistema y así generar certidumbre y fiabilidad sobre la fortaleza y sostenibilidad del sistema público de pensiones. Lo he dicho en intervención. Aunque
la propuesta que nosotros hacemos no se ve influida por la situación crítica de la economía, entendemos que esa situación es una buena coyuntura para tratar de despejar estas dudas e incertidumbres. Ustedes han comentado, y luego volveré sobre
ello, que muchos pensionistas han interpretado este informe, por razones que ahora comentaré, como generador de alarma. En mi caso particular, he hablado durante los últimos años con personas de mi entorno que ponían en cuestión si el sistema de
pensiones de reparto, tal y como está diseñado, era sostenible o no. Por tanto, esa alarma ya existía y conviene generar certidumbre para evitarla. No creo que nosotros la hayamos generado con nuestro informe, aunque por la forma en la que algunas
personas lo han presentado, posiblemente como resultado de que no lo hemos sabido explicar bien cuando hemos hecho su presentación, se ha terminado generando en algunas personas, en algunos sectores una alarma que nosotros hemos tratado de evitar en
todo momento.
El señor Olabarría decía en su intervención que interpretaba del informe -si he entendido bien- que la contributividad no servía para nada. No. Sí que sirve. La contributividad sigue sirviendo para el cálculo de la base reguladora. Lo
único que proponemos es la introducción de un factor adicional para pasar de la base reguladora a la pensión inicial, que -insisto- no tiene por qué impedir el aumento en el tiempo de la pensión inicial. Eso hay que dejarlo claro, porque en los
últimos días, en las últimas semanas he oído con mucha frecuencia justamente lo contrario, que con esto se pretende recortar la pensión inicial. Esto no es así. Lo que se modera es el crecimiento. En el informe queda muy explícito que con las
previsiones
actuales se modera el crecimiento, lo cual no significa que se recorten las pensiones iniciales y tampoco implica que la contributividad no sirva. Luego decía explícitamente: No nos obliguen a modificar preceptos constitucionales. Con
esta propuesta no rediseñamos el sistema. El mandato era muy claro. El rediseño del sistema les corresponde a ustedes no a nosotros.
El señor Campuzano planteaba una primera cuestión, y era que el factor de equidad intergeneracional no tenía en cuenta aspectos individuales y que aplicábamos a todos las mismas condiciones. Esto es algo que tuvimos en cuenta, pero lo
descartamos, porque entendíamos que hubiera supuesto una modificación del sistema actual. El sistema de reparto actual, más allá de lo que se ha modulado con la posibilidad de que determinados regímenes especiales puedan acceder a unas condiciones
distintas, no hace esas distinciones en función de la esperanza de vida, de las condiciones de trabajo, de la suerte o menos suerte que hayan podido tener las personas a lo largo de su carrera laboral o de los trabajos que hayan ido realizando.
Insisto, esto no lo hace el sistema actual en el cálculo de las bases reguladoras.
Planteaba una segunda cuestión sobre cuan fiables son las proyecciones del INE. Tengo que defender estas proyecciones que realiza el INE. Me parece que están bien hechas, me parece que están realizadas con el mayor rigor profesional por
parte de una institución que tiene, desde mi punto de vista, una credibilidad nacional e internacional enorme, aceptando que las proyecciones no son determinísticas, son aleatorias y están sujetas a cambios. Estoy dispuesto a introducir toda la
relatividad que sea necesaria en el análisis de estas proyecciones, pero quiero dejar clara la rigurosidad y profesionalidad con las que el INE las realiza.
Planteaba otras dos cuestiones. Una, sobre el factor de revalorización anual y el hecho de que incluyéramos previsiones. Lo que me parece verdaderamente arriesgado es no hacer nada ante posibles eventos de riesgos potenciales que tienen
probabilidad de ocurrir en el futuro. Desde mi punto de vista, no podemos ir a un factor de revalorización que únicamente se mueva por hechos consumados, por valores pasados de las variables. Si me permiten el símil, es como si viendo que el
Titanic tiene un iceberg delante y que hay una probabilidad de que al cabo de unos kilómetros se haya movido lo suficiente como para que el barco no tenga que desviarse del rumbo, nos empeñamos en seguir mirando hacia atrás y no hacia adelante,
hacia el futuro. Yo prefiero mirar hacia el futuro y no seguir una política de hechos consumados.
Luego ha planteado una cuestión que me parece muy importante y que en el informe se menciona claramente, que es la de la transparencia, la claridad y las dificultades que podría tener para su explicación. He tratado de hacerlo aquí, con mi
intervención. Por cierto, voy a anticiparme a la respuesta a la señora Angulo Romero, que solicitaba que explicase de una manera más sencilla ese factor de revalorización anual. Ya lo he comentado antes. El factor de revalorización anual lo único
que hace es plantear la revalorización de las pensiones en función de tres componentes: el primero, la inflación media; el segundo, la diferencia entre los ingresos y los gastos del sistema, entendidos los gastos como aquellos que se darían si la
revalorización anual fuera cero, es decir, en cuánto aumentarían los gastos sin hacer nada, sin revalorizar las pensiones; el tercero es el que trata de anticipar los desequilibrios estructurales del sistema, no los desequilibrios cíclicos. En mi
intervención he presentado la ilustración con unos números que pudieran ayudar a su comprensión.
Ha acabado su intervención diciendo que en principio no rechazaba que la revalorización pudiera aumentar o disminuir en función del ciclo económico. Yo sí que lo rechazo abiertamente. Por eso hemos planteado que las variables que entren en
el factor de revalorización anual estén ajustadas por el ciclo económico. Sobre esto volveré más adelante.
El señor Llamazares planteaba una serie de preguntas sobre el mandato del Gobierno. La primera era si habíamos recibido algún tipo de mandato sobre el diseño y el alcance. En absoluto. No hemos recibido ninguna recomendación del Gobierno
al respecto. El único mandato que hemos tenido -y esto quedó claro desde el principio- es que nuestra tarea se circunscribía a diseñar, a proponer, a elaborar una propuesta sobre un factor que asegurara la sostenibilidad el sistema público de
pensiones, que es un sistema de reparto. Preguntaba también si habíamos recibido algún mandato o alguna recomendación de adelantar la puesta en marcha. Por supuesto que no. Hemos actuado con total independencia. Nos preguntaba también si
habíamos recibido algún mandato o alguna recomendación sobre la incorporación de este factor de revalorización anual. Por supuesto que no. Esto es algo que hemos hecho por iniciativa propia. Como ha comentado Enrique Devesa, llevamos años
analizando otras experiencias internacionales y hemos tratado con toda la humildad del mundo de aprender de esas experiencias y hemos procurado no copiar sino mejorar lo que han hecho otros países.
Me parece muy importante, ya lo anticipaba antes, la necesidad de hacer autocrítica, porque algunos pensionistas han interpretado nuestro informe como un ensañamiento con los ciudadanos más desprotegidos. Si se lee nuestro informe con
tranquilidad, si se repasan nuestras intervenciones aquí se verá que es todo lo contrario. Reconozco que se ha generado mucho ruido durante ese tiempo, ruido al que nosotros hemos sido completamente ajenos. Esta propuesta no se ha presentado en
muchos casos de manera ecuánime y razonada. Ha habido interpretaciones muy sesgadas y se han producido filtraciones mientras la comisión estaba haciendo su trabajo que no se ajustaban en absoluto a la realidad. Esto conviene decirlo para que quede
claro, porque ha sido todo este clima que se ha generado el que ha contribuido a que, lamentablemente, muchos pensionistas tengan hoy en día esa percepción, que no es precisamente la que nosotros hemos querido buscar, porque nuestro objetivo era
justamente lo contrario, nuestro mandato era hacer una propuesta sobre un factor que asegurara la sostenibilidad del sistema público de pensiones y que, por tanto, otorgara certidumbre y fiabilidad a los pensionistas actuales y futuros sobre el
sistema público de pensiones.
Ha planteado una cuestión, que también me parece relevante, sobre la propuesta de introducir la esperanza de vida en el cálculo de la pensión inicial. Hablaba de diferencias nimias a corto plazo, pero es cierto que esas diferencias son
importantes a largo plazo y, como muy bien ha explicado Enrique Devesa, de lo que se trata precisamente es de asegurar la equidad intergeneracional a largo plazo. Reconozco también que, siendo las diferencias importantes a largo plazo y pequeñas a
corto plazo, son más importantes las diferencias a nivel individual, por el tipo de educación, entorno familiar y entorno laboral en el que las personas llegan al momento de la jubilación. Está muy claro que esto es así, pero está muy claro también
que esto ya ocurre con el sistema actual. El sistema actual no corrige esto y nosotros no teníamos mandato para corregirlo.
La señora Gutiérrez Castillo preguntaba si entendíamos que nos encontrábamos ante una situación coyuntural, cuando hablaba de que el principal desequilibrio eran los 6 millones de desempleados, o si la situación es estructural. Reconociendo
toda la relatividad que tienen las estimaciones y las previsiones, les voy a decir mi interpretación con toda honestidad. Mi interpretación es que de los 19 puntos porcentuales de aumento de la tasa de desempleo, del 8 al 27%, un 25% es estructural
y un 75% es cíclico. Hay una parte que es estructural y hay una parte, como he dicho en mi primera intervención, que ha ocurrido a lo largo de estos últimos años, en el año 2011, en el año 2012 y en lo que llevamos de 2013. Esto es algo que
tenemos que tener en cuenta.
Comentaba que la Ley 27/2011 ya incorporaba determinantes estructurales que pretendían resolver estos problemas. Es cierto, lo he reconocido y lo tengo escrito en numerosos artículos y trabajos de investigación. Pero esto no es que lo diga
yo, lo han dicho muchas instituciones y lo dijo entonces también el propio Gobierno, cuando unos meses después de aprobar la Ley 27/2011 presentó la actualización del programa de estabilidad. De acuerdo con los números de entonces y con los de
ahora -me refiero de nuevo a la actualización del programa de estabilidad de este año- queda claro que la previsión del factor de sostenibilidad y de las reformas estructurales que se habían abordado en aquel momento corregían solo un tercio del
problema previsto. Planteaba si hemos realizado propuestas para mejorar los ingresos del sistema. Obviamente no. Alertamos de este problema y decimos que es una posibilidad. ¿Han analizado cuál es el efecto que podría tener de 2014 a 2016? No,
porque nosotros no hemos realizado previsiones, lo que planteamos es un procedimiento, a nuestro juicio, sobre cómo se tiene que hacer. Hay una propuesta sobre cuál tiene que ser esa aplicación, cómo debería arrancar ese procedimiento de
previsiones, y según nosotros debería hacerlo precisamente con unas previsiones a corto-medio plazo, entendido como seis o siete años, de la actualización del programa de estabilidad y a partir de ahí lógicamente, llegar a los Presupuestos Generales
del Estado con unas previsiones contrastadas, hechas por el Ministerio de Economía, por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, también contrastadas por la propia Comisión Europea, que tiene que aprobar a través del semestre europeo la
actualización del programa de estabilidad, y por la agencia independiente de responsabilidad fiscal que está prevista, para que sean ustedes los que debatan aquí, en sede parlamentaria, cuál es la implicación de esas previsiones en el factor de
revalorización actual.
Preguntaba si entendíamos que se deberían reducir las pensiones atendiendo a criterios de equilibrio presupuestario anual. La respuesta es que no atendemos a criterios de equilibrio presupuestario anual sino, como decimos, de equilibrio
presupuestario estructural, corregido por el ciclo económico. Hay una opinión que no comparto, aunque la respeto, que asimilaba el factor de revalorización anual a un factor de recorte de las pensiones en un momento cíclico tan adverso como este.
Es justo lo contrario. Precisamente
en la medida en que tratamos de corregir los efectos cíclicos, valorando exclusivamente variables estructurales que no tienen en cuenta esos efectos cíclicos, garantizamos que efectivamente las pensiones no tienen por qué ser sensibles a un
momento cíclico adverso. Pero es que, además, si el recorte, en principio, por una aplicación automática y estricta, se debiera exclusivamente a factores estructurales, se dice en repetidas ocasiones a lo largo del informe, y también lo hemos dicho
en nuestra intervención, que hay formas de evitarlo aumentando ingresos estructurales del sistema. La única restricción importante que impone el factor de revalorización anual es que no se puedan financiar las subidas de las pensiones con déficits
estructurales del sistema, sí con déficits cíclicos, pero no estructurales. Decía que Suecia y Alemania han sido más prudentes al no incluir previsiones. Desde mi punto de vista es justo lo contrario. Por ejemplo, el factor de revalorización
anual de Alemania mira solo hacia atrás -aquí me sirve de nuevo el símil del Titanic-, lo que lo hace completamente predeterminado, y en el tema de la revalorización les ata las manos precisamente a ustedes, a los Gobiernos presentes y futuros. Me
parece mucho más estricto y mucho menos prudente que el factor de revalorización que proponemos nosotros. Comentaba también que en el informe se plantea -lamento que no nos hayamos podido explicar bien en nuestra comparecencia- la conveniencia de
reducir la pensión media sobre el salario medio. Nosotros no decimos que haya que reducirlo, al revés, alertamos de que hay un riesgo, una probabilidad elevada de que esto pueda ocurrir si no se toman medidas correctoras. Nosotros alertamos
precisamente para que, en la medida de lo posible, se puede evitar. Esto demuestra de nuevo, como decía al principio de mi intervención, la utilidad de este tipo de comparecencias.
Por último, solicitaban un ejercicio de transparencia, que a nivel individual informáramos de cuáles son nuestros vínculos con algún tipo de organización o entidad que pudiera tener relación con esto. Tengo muchos vínculos con muchas
entidades, pero solo voy a citar aquellas que ahora se me ocurren que estrictamente tienen que ver con esta comparecencia. Como saben ustedes, soy economista jefe en el servicio de estudios del BBVA. Agradezco a esta institución la enorme
generosidad que ha tenido de dejarme participar en esta comisión y, además, con la más absoluta independencia. Igual que antes decía que a lo largo de este tiempo no he recibido ningún tipo de mandato ni de recomendación por parte del Gobierno que
nos ha nombrado, les diré que tampoco la he recibido por parte de esa entidad, que en este caso es la que me paga todos los meses. Al contrario, lo que tengo que reconocer es la enorme generosidad que ha tenido al permitirme dedicar mucho tiempo a
esto y de manera tan intensa. Profesionalmente también, soy catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia y soy miembro de un observatorio de pensiones de Aviva y de un consejo consultivo de Unespa. Tengo que volver a decir lo
mismo que he dicho antes. Nunca he recibido ninguna recomendación, ni durante el tiempo que he trabajado en este comité de expertos ni antes, mientras he trabajado para este observatorio de Aviva o para el consejo consultivo. Allí siempre me han
dejado muy claro que lo que buscaban en mi aportación a estos observatorios o consejos consultivos era independencia y libertad de opiniones y de ideas.
Termino con las preguntas que ha realizado la señora Angulo. Efectivamente, el factor de sostenibilidad no se diseña para reducir tensiones sino para sostenerlas en el tiempo. De hecho, le puedo garantizar que, al menos así lo entendí yo
-supongo que entre 12 personas cada uno lo ha podido entender de una manera diferente-, por lo que hablamos a lo largo del informe de pensiones adecuadas y no de pensiones suficientes -les reto a que hagan una búsqueda para ver cuántas veces
hablamos de pensiones suficientes y cuántas de pensiones adecuadas- es porque entendemos, o yo así lo entiendo, que pensiones adecuadas es algo más que pensiones suficientes. No quiero asegurar la sostenibilidad de un sistema público de pensiones
de mínimos, de un sistema de beneficencia, sino que lo que quiero es sostener pensiones adecuadas. ¿Necesitamos un factor de sostenibilidad para garantizar las mismas? La respuesta es sí, tajantemente. ¿Es necesario utilizar otras variables
dentro de ese factor de revalorización más allá de la inflación para revalorizar las pensiones? La respuesta también es sí, precisamente porque utilizar otras variables nos alerta de los retos a los que se enfrenta el sistema y nos permite prevenir
sucesos antes de que terminen ocurriendo. Preguntaba -creo que ya lo contestado antes- si a nuestro juicio la Ley 27/2011 fue suficiente. Ya he manifestado que no, que resolvía solo un tercio del problema; pero insisto en que distintos Gobiernos
en sus actualizaciones del programa de estabilidad y también distintos organismos internacionales han reconocido que no era suficiente. De hecho, por eso se planteaba, entiendo yo, en la propia Ley 27/2011 la necesidad de diseñar el factor de
sostenibilidad. ¿Cuáles son los beneficios de adelantar su aplicación? Precisamente por prudencia, para anticiparnos a los problemas -pongo de nuevo el símil del Titanic- y tratar de variar el rumbo antes de que choquemos contra el iceberg y se
hunda el barco.
Respecto al fondo de reserva, hablaba de la conveniencia de agotarlo o no. No, desde luego, y mucho menos por razones estructurales. Estoy a favor de utilizarlo por razones de carácter cíclico. En cuanto al planteamiento de si
consideramos conveniente la existencia de límites de suelo y techo, esto es algo que se pone explícitamente en el informe. Se hace una recomendación muy clara sobre la necesidad de que haya un suelo para evitar caídas en las pensiones nominales, y
también se habla en una de las páginas de la conveniencia de buscar un techo, un factor que limite el crecimiento de las pensiones por encima de la inflación, precisamente para disponer de un fondo de reserva aún más amplio con el que poder estar
preparados para acometer de una manera más gradual en el tiempo los retos demográficos, si esto termina por producirse.
Por último, quiero reiterar una vez más que el mandato que recibimos fue estrictamente el de realizar una propuesta sobre el factor de sostenibilidad. Es a ustedes a quienes corresponde el diseño y la reforma del sistema de sostenibilidad,
no a nosotros. Yo les garantizo que he tenido muy claro cuál era el mandato que recibíamos por parte del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ayuso Gutiérrez.
La señora MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Ayuso Gutiérrez): En primer lugar, quiero agradecer todas las consideraciones que se han realizado. Creo que el propósito
de nuestra comparecencia ha sido intentar explicar de la mejor manera posible cuál ha sido el objetivo del informe y, sobre todo, resolver aquellas dudas que ustedes nos han planteado, que creo que siempre son bienvenidas.
Quisiera hacer una puntualización en relación con la intervención de la representante del Grupo Mixto, en el sentido de que lo que nosotros hemos querido poner de manifiesto en el informe de sostenibilidad, y lo que hemos querido explicar
aquí -no sé si lo hemos hecho de la mejor manera posible- son las posibles situaciones que pueden acabar ocurriendo, y entre ellas planteamos la posibilidad de utilizar diferentes alternativas, pero en ninguno de los casos olvidándonos de cuál es
nuestro mandato y de lo que es el sistema público de pensiones. Simplemente ponemos encima de la mesa -creo que queda recogido en una de las páginas del informe- qué posibilidades habría para poder actuar desde diferentes puntos de vista. Es lo
que yo he intentado transmitir en mi comparecencia.
Contestando al portavoz del Grupo Vasco, le diré que le agradezco su intervención, sobre todo porque supone un punto de vista diferente al mío, no en cuanto al objetivo sino jurídicamente. Poco tengo que decirle en este caso, pero sí quiero
matizarle que no nos hemos olvidado de que el sistema es contributivo y de las características que tiene. De hecho, no hemos entrado explícitamente en estas definiciones, en estas bases que sirven para fijar el sistema tal y como opera actualmente.
Creo que es algo que debe quedar claro.
En cuanto a la intervención del señor Campuzano, de Convergència i Unió, creo que las consideraciones que ha hecho son muy importantes y es cierto que en los debates mantenidos en el grupo se pusieron de manifiesto. En cualquier caso,
quiero decir que para realizar trabajos de estas características, al menos desde mi punto de vista, debemos tener en cuenta, en primer lugar, de qué información disponemos y, en segundo lugar, que la misma venga de organismos oficiales. Desde esta
perspectiva, el Instituto Nacional de Estadística hoy por hoy es el que proyecta, el que publica estas esperanzas de vida. Yo no tengo nada en contra de estas esperanzas de vida, ni muchísimo menos, y también lo hablamos cuando hicimos esta parte
del diseño. Una vez que nosotros hemos generado lo que sería el factor intergeneracional, cabe la posibilidad de valorarlo con diferentes alternativas de proyección de esperanza de vida. Ahora bien, esas alternativas siempre tienen que ser
oficiales y publicadas; es decir, tienen que estar al alcance de todas las personas para que puedan ser calculadas. Hoy por hoy, las esperanzas de vida que están publicadas y validadas, que son utilizadas por organismos internacionales, como se
puso de manifiesto anteriormente, son las del Instituto Nacional de Estadística, que es quien lleva todo el control estricto de los censos poblacionales. Para generar las esperanzas de vida se utiliza un factor, de nuevo biométrico, que son las
probabilidades de supervivencia y estas se computan o se generan en función de los censos poblacionales. Por tanto, al menos por lo que yo conozco, en todo lo que es el análisis de factores relacionados con esperanzas de vida, los datos que
normalmente se utilizan son los elaborados por organismos oficiales, por que son, repito, los que manejan el cálculo de los censos y los que generan las tablas de mortalidad. Si entran en la página web del Instituto Nacional de Estadística, verán
que en el apartado demografía lo primero que aparece es una tabla de mortalidad, porque es lo que sustenta la esperanza de vida. Esa tabla de mortalidad también es trabajada. El resumen fundamental es que hay que hacer un factor que
tenga en cuenta la esperanza de vida y que esta responda a las proyecciones o a los cálculos elaborados por organismos oficiales.
En relación con este mismo punto, y quizá dando respuesta también al señor Llamazares en cuanto al comportamiento de la esperanza de vida, voy a explicarlo como lo hacemos con los alumnos, para que sea fácil de entender. El cálculo de la
esperanza de vida responde a dos factores fundamentales: factores endógenos y factores exógenos. El factor endógeno es el propio del individuo, el que va ligado al envejecimiento de la persona. El factor exógeno es el que puede producirse de
manera accidental -por eso lo consideramos exógeno-, más o menos accidental, y que puede afectar a un cálculo de esperanza de vida. Recuerden ustedes la alarma que se disparó nuestro país con el tema del sida. Cuando se puso encima de la mesa este
problema es verdad que los demógrafos y las personas que trabajamos día a día con la estadística actuarial vimos una situación de alarma. Cuando se produce una situación accidental de estas características, una esperanza de vida puede ser tocada.
Los datos que se acaban de publicar, en primer lugar, son pequeños, no representan una variación acentuada; en segundo lugar, las razones parece que se deben -y es lo que publica el INE como nota informativa- a un comportamiento observado entre
junio de 2010 y julio de 2011 -no es un año natural, estamos jugando con una combinación de dos años- que puede responder, a una situación accidental, a un aumento de mortalidad producido en unos meses concretos, que son enero, febrero y marzo de
2011, asociado a unas condiciones climatológicas adversas. No es nuevo, porque en 2003, si mal no recuerdo, pasó algo similar, concretamente al revés, por una ola de calor. Pueden producirse situaciones accidentales que modifiquen o toquen esta
esperanza de vida. Lo importante aquí es si realmente se está produciendo un cambio tendencial o no. Desde mi punto de vista, con una variación de estas características no podemos hablar de cambio tendencial. No sé si estoy respondiendo a lo que
me están preguntando, pero esta situación que se ha producido recientemente puede responder a estas características.
Respecto a los comentarios que hacía la portavoz del Grupo Socialista, quiero matizar -para no repetirme en algunas de las respuestas que se han dado anteriormente- algo que desde un primer momento hemos tenido en cuenta en la elaboración
del informe. Teníamos un objetivo fundamental -y creo que nos lo hemos leído muchas veces para no desviarnos de él- que era conseguir la máxima transparencia en contenido social. Por eso, cuando a las personas que estamos compareciendo hoy aquí se
nos habla de alarma social nos toca un poco el corazón. En ningún momento -hablo por mí, pero pienso que a todos los demás les sucederá igual- hemos querido crear una alarma social, máxime cuando nuestro objetivo es diseñar un factor que garantice
la sostenibilidad del sistema actual. Fíjense si buscamos la transparencia que dentro del informe ponemos frases que creo que son importantes. Me preocupa muchísimo el hecho de que en las encuestas de opinión el sistema de pensiones no aparezca
casi en primer lugar, porque es algo que nos afecta hoy, nos va a afectar mañana y, si Dios quiere, mientras estemos aquí. Desde un punto de vista social, en el contenido hemos intentado decir: ¡Cuidado! Los ciudadanos tienen que saber cómo se
calcula la pensión. Yo no sé si la fórmula es más o menos complicada, aunque es verdad que a veces los que somos más técnicos hacemos un desarrollo y cuando se lo intentamos explicar a la sociedad vemos que no es tan sencillo. Hay que buscar la
manera de saberlo explicar. Vaya por adelantado -y ahora hablo a nivel personal- que uno de los objetivos en la redacción de este informe ha sido intentar concienciar a la sociedad de que las pensiones son algo muy importante, no sé si hasta el
punto de que tenga que estar en los libros de texto, que no lo descartaría, pero, desde luego, las personas tienen que saber que es algo de primer nivel.
Estoy en la misma línea expuesta en las respuestas anteriores, pero han preguntado si estamos pensando en efectos anuales. No. Lo que estamos haciendo con el factor es pensar en una suavización; lo que buscamos es un comportamiento a
medio-largo plazo, y creo que ya se ha dicho. Es un factor diseñado, y esto se pone de manifiesto por la amplitud que cogemos en las medias. Utilizamos medias móviles aritméticas, geométricas, etcétera. Ustedes dirán: ¡Cuántas cosas distintas!
Básicamente, de lo que se trata es de coger amplitudes grandes, desde diferentes puntos de vista, que desde una perspectiva técnica son las más apropiadas. Coger una amplitud tan grande responde a evitar ciclos, a evitar comportamientos
procíclicos, a hacer un suavizado en el comportamiento. Volviendo al tema de las tablas de mortalidad, diré que estas también acaban suavizándose. ¿Por qué? No tiene que ver directamente con lo que estoy diciendo, pero lo comento para que
observen que son técnicas que se utilizan en diferentes campos. En las tablas de mortalidad acaban sucediendo situaciones similares. Hay que realizar efectos de suavizado para recoger el comportamiento real poblacional.
Más o menos he dado respuesta a todo. Respecto a la intervención del Grupo Popular, diré que nuestro objetivo ha sido responder a un mandato que desde nuestro punto de vista era claro: diseñar un factor de sostenibilidad del sistema actual
de reparto de pensiones. En la medida de lo posible, nos hemos ceñido a dicho mandato; por tanto, creo que hemos hecho lo que se nos ha pedido y que no nos hemos extralimitado en nuestras obligaciones. ¿Es suficiente la reforma 27/2011? Creo que
ya se ha dicho y está aceptado que no lo es. Se corrige una parte y queda otra pendiente. Respecto al Fondo de reserva, creo que es fundamental, y cuando les explique cuál es mi vinculación lo entenderán. Yo soy doctora en Ciencias Económicas y
Empresariales y soy actuario de seguros. Soy catedrática de Estadística Actuarial de la Universidad de Barcelona y he realizado trabajos -lo digo porque si miran mi currículum será fácil que lo vean- con instituciones públicas, en lo que son
proyectos competitivos o no competitivos, de diferentes tipos, y también he realizado proyectos con instituciones aseguradoras y financieras, que me parece que es algo -no sé si queda bien que lo diga yo, pero es fácil explicarlo- normal para una
persona que en su formación ha hecho Ciencias Actuariales y Financieras. Al final es lógico que el actuario de seguros tenga una cierta relación con el sector asegurador y financiero. Esto no quita para que también hayamos hecho trabajos, para mí
muy relevantes -creo que es la razón por la que hoy estoy aquí-, relacionados con el sistema público de pensiones, ya que -y vuelvo a mi participación expresa en este comité- está muy relacionado con las probabilidades de supervivencia, y las
probabilidades de supervivencia se explican en la Facultad de Economía y Empresa de cualquier universidad de nuestro país, y me atrevería a decir que del mundo, en las licenciaturas en Ciencias Actuariales y Financieras. Es algo que no se puede
separar.
Hay un concepto fundamental para un actuario de seguros, que es el término de provisiones; es decir, que hay que provisionar o reservar -la palabra que se utiliza en este contexto es el de reserva-.º Esta reserva es sagrada. Para
garantizar la solvencia -que también es un concepto que está muy de moda- se necesita una reserva. Esta reserva puede ser tocada de manera coyuntural, porque las circunstancias lo exijan -les puedo decir que en el campo asegurador, no muy
frecuentemente, porque si no tendríamos problemas, se tocan coyunturalmente-, pero no se debería permitir una situación estructural. La palabra reserva por sí misma ya indica cuál es el objetivo, es decir, es algo que tiene que estar ahí para ser
utilizado de manera puntual pero no estructural.
También se ha hablado de suelos y techos en el informe. Hacemos una serie de sugerencias, teniendo en cuenta todo el desarrollo del informe, y lo dejamos en manos de los canales democráticos para que actúen de la manera que consideren
oportuna. Nosotros estamos seguros de que como representantes de la sociedad van a actuar de la mejor manera posible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Devesa.
El señor MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Devesa Carpio): Quiero dar las gracias a mis compañeros al evitarme bastante trabajo, porque ya han explicado muchas de las
cuestiones. Solo voy a matizar algunas cosas que tengo apuntadas y que creo que debo comentarlas. Ni siquiera sé si voy a seguir el orden, porque quizá algunas estén repetidas. He dicho, y lo tengo escrito -no lo puedo negar-, que la reforma de
2011 no fue suficientemente buena; fue un paso adelante en la mejora de la sostenibilidad del sistema, pero he dicho en mi intervención inicial -estará recogido en soporte digital- que creo que no cubrió todas las expectativas. Iba en el buen
camino, pero no se llegó hasta el final. Esa es una de las razones por las que yo he votado a favor de ese doble factor de sostenibilidad.
También he explicado que el factor de sostenibilidad que aparecía en la ley de reforma para mí era un factor de mantenimiento actuarial y todos los actuarios en ese tema coincidimos, porque corrige la esperanza de vida, para que al final la
suma de las pensiones de los individuos que se jubilan en distintos momentos del tiempo sea la misma. Eso es lo que se entiende desde el punto de vista de equidad intergeneracional. En todo momento hemos estado por la labor, además el mandato era
reformar el sistema. Ya hemos dicho que lo que estamos haciendo es desarrollar un apartado que aparece en la ley de reforma, que es el factor de sostenibilidad. Como le he dicho, si queríamos que el sistema fuera sostenible había que aplicar esos
dos factores que son los que se han propuesto en el informe y por eso es por lo que he votado también a favor. Si el sistema que hay ahora es solidario, la introducción de estos factores no va a hacer que se modifique esa solidaridad. Lo único que
hace es que sea más sostenible, no modificamos regímenes especiales ni ningún otro elemento paramétrico, simplemente introducimos esos dos factores que afectan, uno, a la pensión inicial de jubilación, que ya hemos dicho que no tiene por
qué bajar y, otro, que afecta a la revalorización de las pensiones futuras. Para mí ese argumento del factor de revalorización de las pensiones futuras es lo que debe dar tranquilidad a los pensionistas actuales y a los futuros. Me quedo
más tranquilo como cotizante que aún soy -esperemos que durante muchos años- de que se ponga un factor de revalorización que recoja todas las variables que inciden en el sistema y que no se utilice un elemento, como es el IPC, que es ajeno a la
evolución del propio sistema y que depende de la decisión, en muchos casos política de lo que pase en diciembre de cada uno de los años. Este factor debería aplicarse automáticamente y debería alejarse de las decisiones políticas, debería aplicarse
con el suelo y techo que se pueda implantar. En plan medio de broma: quita el dolor de cabeza a los políticos, al Gobierno de turno, porque no tiene por qué estar decidiendo en cada momento, ya que el factor elige por él mismo. De todas las
maneras, como he dicho, el criterio que hemos elegido ha sido técnico. Hemos hecho algunas matizaciones de que la pensión no debía disminuir el valor nominal. No somos partidarios del suelo de las pensiones.
Hay bastante confusión con el coeficiente de equidad y el coeficiente de esperanza de vida, lo que hemos hecho ha sido, en función de la esperanza de vida que nos ha proporcionado el INE -ya han comentado también que se ha utilizado por
todos como una fuente fiable de los datos en España-, hacer una previsión para dentro de diez o quince años sobre cuál podría ser el efecto de ese factor, pero el valor que hemos utilizado no será -seguro- el que se vaya a utilizar cuando haya que
ajustar las pensiones dentro de diez o quince años, porque el INE habrá modificado esos valores. Estamos dando un valor aproximado, porque sabíamos que nos iban a preguntar, de cuánto puede afectar ese factor de equidad a las pensiones en el
futuro. Me supongo que me dejaré alguna cosa más por ahí. También dejamos abierto ese factor, tampoco decimos si tiene que utilizarse en un año en concreto. Podría ser incluso el factor de equidad intergeneracional con datos pasados, tampoco
tendrían por qué ser previsiones. De todas las maneras, al ser un cociente ese valor no va a ser muy diferente de un año a otro. El factor de revalorización, lo han comentado mis compañeros, debe tomarse también a futuro si creemos que esos
ingresos que tienen que utilizarse para el cálculo de dicho factor deben ser un compromiso que tienen que adoptar los que emitan los informes de los ingresos futuros, una especie de compromiso de que si pongo un valor de los ingresos para los
informes que tengo que hacer luego sea un valor reconocible y similar a los que he puesto ahí.
Contestando a la vinculación con el sector seguro y financiero, también soy profesor universitario de la Universidad de Valencia y, al igual que la profesora Ayuso, hemos presentado proyectos, en algunos nos han dado un premio y en otros no.
Últimamente parece que tenemos más suerte o parece que se nos reconoce un poco más. Me refiero al grupo de investigación. Precisamente se me ha vinculado con que estaba relacionado con la Fundación Edad y Vida. Mi relación con esa fundación es
que presentamos una memoria y nos dieron un premio en 2010 al grupo de investigación del que formo parte, pero ni siquiera en ese proyecto era el investigador principal. Hemos presentado una memoria también al ministerio y a otras entidades.
Algunas entidades nos han pedido que elaboráramos un informe, pero esa es toda vinculación. Yo cobro prácticamente todo de la universidad y estos proyectos nos sirven solo para poder hacer estudios, encuestas, asistir a congresos y poder
desplazarnos para poder contar lo que más conocemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Les quiero agradecer a la señora y a los señores comparecientes sus intervenciones. Por supuesto, lo que han aportado será valorado por los componentes de esta Comisión. Les quiero agradecer la
exposición que han hecho de su currículo, que siempre es una aportación más o algo más para tener en cuenta o para valorar. No tenían por qué hacerlo, pero en cualquier caso, a solicitud de los miembros de esta Comisión lo han hecho y se lo
agradezco.
Podemos dar por terminada esta sesión de la Comisión del Pacto de Toledo, no sin antes decirles a los miembros de la Mesa y portavoces que se queden un minuto para preparar el trabajo de las próximas reuniones de la Comisión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.
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