CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 344

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 26

celebrada el miércoles,

12 de junio de 2013

ORDEN DEL DIA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a los seguros agrarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000584) ... (Página2)


- Sobre exportación de alimentos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000605) ... (Página2)


- Sobre la propuesta de Plan Hidrológico Nacional de la cuenca del Ebro. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000648) ... (Página5)


- Sobre intervenciones urgentes en la Balsa del Sapo del Ejido (Almería). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000755) ... (Página10)


- Sobre las funciones y atribuciones del cuerpo de agentes forestales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001028) ... (Página14)


- Sobre ampliación de la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001086) ... (Página18)

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- Sobre medidas para facilitar el ejercicio de la caza y la pesca en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001122) ... (Página22)


- Sobre el atún rojo. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001551) ... (Página27)


- Relativa a la realización de un estudio sobre la experiencia de pesca-turismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001715) ... (Página32)


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LOS SEGUROS AGRARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000584).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comienza la sesión número 26 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Como he comentado a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, dado el alto número de
enmiendas que se han presentado a las iniciativas que hoy nos ocupan, los tiempos se distribuirán de la siguiente manera: siete minutos para el grupo que propone la iniciativa, cinco minutos para los grupos que hayan presentado enmiendas y tres
minutos para fijar posición.


La proposición no de ley del Grupo del PNV, correspondiente al punto 1º del orden del día, ha sido retirada.


- SOBRE EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000605).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el punto 2º del orden del día, que se refiere a la proposición no de ley sobre exportación de alimentos. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la
palabra don Alejandro Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista va dirigida a un sector y a una actividad de una grandísima importancia en nuestro país; me refiero a la industria agroalimentaria de vocación exportadora
y a todas las actividades administrativas que regulan esta actividad. La PNL no tiene nada que objetar, en este momento por lo menos, a las competencias que tienen que ver con la promoción de la exportación, a los temas que tienen que ver con la
marca España, etcétera, temas encargados a distintos organismos de la Administración y especialmente al Instituto de Comercio Exterior. La PNL tiene que ver con la actividad que regula las exigencias de documentación para que las empresas
agroalimentarias de este país puedan mandar sus productos a distintas partes del mundo. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Un momento señor Alonso, por favor. Señorías, les ruego mantengan un tono discreto en las conversaciones para no interferir en la intervención del portavoz socialista.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Tenemos un sector agroalimentario que ha tenido un avance muy positivo en los últimos años y gran parte del mismo viene derivado de un cada vez mayor esfuerzo exportador de miles y miles de pequeñas medianas empresas,
también grandes, que exportan con referencia española sus productos a todo el mundo. Sectores como el de frutas y hortalizas, el cárnico, el aceite, el vino o los lácteos son, en este momento, nuestra gran oferta exportadora y requieren una
dedicación especial por parte del Gobierno. La exportación de productos agroalimentarios españoles tiene un balance positivo impresionante; exportamos más de 30.000 millones de euros de facturación; el balance comercial en este momento es de
114,45 y en algunos productos con cifras récord en estos últimos años.

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Las empresas españolas han realizado un gran esfuerzo para incorporar cuadros técnicos, modernizar sus estructuras, ampliar sus delegaciones y esto es digno de todo elogio, de todo reconocimiento. Pero no podemos decir lo mismo de la
Administración, que no ha adaptado sus estructuras administrativas para favorecer la actividad exportadora de las empresas. Es más, los distintos sectores agroalimentarios cuando se dirigen a la Administración y tienen contacto con los distintos
grupos parlamentarios emiten permanentemente la queja del suplicio que supone la consecución de documentaciones, certificaciones, acreditaciones para realizar esta actividad de exportación. Se hace necesaria una modernización de las estructuras
administrativas que dan cobertura al trámite de exportación, una estructura administrativa que en España tiene una base corporativa, con tres ministerios emitiendo informes y realizando trámites para la exportación -Ministerio de Comercio,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Sanidad-, actuando en muchas ocasiones descoordinadamente y en muchas otras teniendo también que coordinar sus esfuerzos con estas competencias transferidas a las comunidades autónomas. Los distintos
sectores económicos vienen pidiendo a la Administración una unificación de los servicios, una disminución de este trámite burocrático y a ese objetivo es al que pretende dar trámite esta proposición no de ley.


La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista lo que pretende, sencillamente, es realizar desde el Parlamento nacional un mandato al Gobierno para que unifique en un solo organismo todas las competencias de exportación. Con
esto pretendemos que España utilice un modelo de gestión del trámite exportador similar al que tienen otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania, Italia, que tienen una estructura administrativa que da soporte a la exportación mucho más
sencilla y sin las duplicidades o triplicidades que se dan en el caso español. Este es el objetivo de la proposición no de ley: adaptar estas estructuras, reducir. Creo que, al menos desde el punto de vista del discurso, coincide con lo que el
Gobierno en este momento dice, anuncia, promete que va a hacer, que es reducir duplicidades, que en este caso de la exportación es evidente que se duplican y se triplican los trámites administrativos.


Saben ustedes que esta PNL está presentada desde hace muchísimo tiempo, como casi todas, porque tenemos un banco de PNL, señor presidente, que deberíamos intentar hacer algo para tratar de disminuirlo. Pero aunque está presentada desde hace
muchísimos meses es de plena actualidad. Señorías, en este momento la industria cárnica española tiene un gravísimo problema por el cierre de fronteras que ha adoptado la Federación Rusa y su entorno de unión económica, Bielorrusia y Kazajistan.
En estos países, en este caso Rusia y en otros casos otros, las trabas que se ponen al comercio están justificadas en documentaciones administrativas y es un calvario para la industria exportadora obtener las certificaciones necesarias para dar
satisfacción a los requerimientos que en estos momentos está haciendo la Federación Rusa en la misma línea que lo hacen China, Japón u otros países.


Traigo este tema a colación porque he tenido conocimiento de una carta que ha remitido toda la industria cárnica española al ministro de Agricultura, don Miguel Arias Cañete, donde, reconociendo el esfuerzo que se ha hecho en estos últimos
años por la Administración y también por las empresas de incrementar el mercado de exportación, le dicen literalmente: Querido ministro, sin embargo, la división competencial que existe en esta materia consideramos que pone en serio peligro lo
conseguido hasta este momento. Esta carta la manda la industria cárnica y está firmada por el presidente de Confecarne, don Jaume Blancafort; el vicepresidente de Confecarne, don Generoso García; don Pedro Ballvé, de Campofrío; don Federico
Beltrán, de Famadesa; el presidente de Frigoríficos Costa Brava; el presidente de El Pozo Alimentación; el presidente de Incarlopsa; el presidente del Grupo Patel... En definitiva -termino, señor presidente-, toda la industria cárnica -en este
caso afectada por una decisión de la Federación Rusa- le pide al Gobierno un planteamiento similar al que hace el Grupo Parlamentario Socialista. Esta es una proposición no de ley sencilla, por lo que esperamos del grupo mayoritario de esta Cámara,
y también de otros grupos, que la apoyen, atendiendo en este caso a la petición del Grupo Parlamentario Socialista, que no hace más que recoger una petición unánime de todo el sector exportador de nuestro país.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra doña Olga Iglesias. Les ruego, por favor, que se ajusten a los tiempos máximos establecidos de cinco
minutos.


La señora IGLESIAS FONTAL: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender una enmienda alternativa que presentamos. Para ello creo que es fundamental hacer un repaso a todo lo que desde el Gobierno en general y desde el
Ministerio de Agricultura en particular se está haciendo en pro de la exportación de alimentos.

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Las exportaciones del sector agroalimentario español superaron en 2012 los 36.000 millones de euros, lo que supone más del 12% de las exportaciones totales y en términos de aportación al PIB un 50% más de lo que supone la contribución de la
agricultura en general. En este contexto, en julio de 2012 se creó el grupo de trabajo para la internacionalización del sector agroalimentario, bajo la presidencia de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación con el objetivo de trabajar
en pro de su internacionalización. El pasado 20 de mayo se presentó un documento en el que se recogen las líneas estratégicas para esta internacionalización. El Ministerio de Agricultura está realizando un trabajo ingente en defensa del sector
agrario; primero, se han creado leyes tan importantes como la Ley de la Cadena Alimentaria y la Ley de Integración Cooperativa para luego, en una segunda fase que se está iniciando ahora -según palabras del propio ministro Arias Cañete-, dedicar
todos los esfuerzos a abrir los mercados exteriores, propiciando la eliminación de barreras a la exportación y buscando una fiscalidad más favorable a nuestros productos. Está claro que un plan de este calado no podría llevarse a cabo sin la
necesaria e imprescindible coordinación de todas las administraciones, y muestra del buen hacer predominante es que fue presentado por dos ministerios fuertemente implicados, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía.


Como puede observarse, no fue necesario que el Grupo Parlamentario Socialista nos presentase esta PNL ante la Comisión de Agricultura para que el Gobierno se pusiese a trabajar. Aun así, el Grupo Parlamentario Popular, que da apoyo al
Gobierno, agradece al grupo proponente su presentación y esperamos que sea aceptada nuestra enmienda alternativa que hemos presentado porque creemos sinceramente que además de mejorar el texto original lo actualiza a la situación presente. El
espíritu reformista de este Gobierno ha llevado a la creación de un programa para la reforma de las administraciones públicas. Ello comprende a todos y cada uno de los escalafones y rincones de la compleja estructura administrativa de nuestro país
y por supuesto también a la exportación de alimentos.


Centrando el tema que nos ocupa, he de decir que en el documento presentado el 20 de mayo sobre líneas estratégicas se definen cuatro ejes estratégicos, y ya en el primero de ellos se habla de la coordinación entre todos los agentes
implicados. ¿Y dónde hay que buscar esta coordinación? En mejorar la coordinación entre los distintos ministerios. No se nos escapa que a este nivel hay mucho trabajo por hacer en pro de definir bien las competencias y roles a desempeñar por cada
uno de los organismos e instituciones de la Administración General del Estado con competencias en el sector de la exportación, y más concretamente en el de la exportación de productos agroalimentarios. El segundo eje sería mejorar la coordinación
entre las comunidades autónomas, incidiendo sobre todo en la coordinación de las actuaciones de promoción exterior financiadas en el ámbito de los programas de desarrollo rural. El tercer eje es mejorar la coordinación con las organizaciones y
asociaciones sectoriales, ya que el Gobierno cree absolutamente imprescindible que estas organizaciones participen cada vez más en el asesoramiento y en la gestión de sus asociados. El cuarto eje de la coordinación sería simplificar los trámites
administrativos y mejorar los servicios. En este punto el Gobierno va a prestar especial atención al incremento de la utilización de medios telemáticos tanto en las comunicaciones como en los trámites entre la Administración y los operadores, así
como en la reducción de los plazos de espera en la medida de lo posible.


Esperamos que el espíritu constructivo que en este caso le reconocemos al grupo proponente no decaiga en un futuro y en el mismo instante en el que las comunidades autónomas por ellos gobernadas tengan que prestar su colaboración a esta
estrategia. Y que a corto plazo su espíritu constructivo tampoco decaiga a la hora de aceptar nuestra enmienda ya que no es ahora el momento de concretar todos y cada uno de los puntos que debe desarrollar el Gobierno, porque tampoco era este el
espíritu inicial de su iniciativa, que recogía propuestas de carácter general que el Grupo Popular no solo ha mantenido sino que ha mejorado. Si solicito la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es en aras de apoyar la actividad
exportadora de nuestro sector agroalimentario que, creo necesario recordar, ha demostrado un gran dinamismo al haberse abierto a los mercados exteriores en un momento de dificultad económica como es el actual, ya que solo en 2012 creció un 89%
respecto a 2011. Necesariamente, como dijo el ministro Arias Cañete, la Administración tiene que actuar como palanca de las exportaciones.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición respecto a este asunto por un tiempo máximo de tres minutos? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, don Marc Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Nuestro grupo votará a favor de esta PNL presentada el 8 de mayo de 2012, hace más de un año, y que si en ese momento tenía importancia, la actualidad presente nos confirma que tiene especial relevancia porque el
tema de la exportación, como bien ha comentado el

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portavoz socialista, es un tema de actualidad no solo por un indicador positivo numérico o porcentual de la importancia de la misma sino también por los problemas que hoy en día suscita en diferentes países, como, por ejemplo, como se ha
dicho, el cierre de fronteras con Rusia en lo que se refiere a la industria cárnica.


Desde Convergència i Unió cualquier medida que acelere o simplifique trámites burocráticos nos parece perfecta, no hay ningún problema, y si se refiere a la exportación de productos agrarios aun nos parece mejor, ya que el sector
agroalimentario en Cataluña es muy potente y sí que es estratégico para nosotros el tema de la exportación. Sin embargo, cuando se habla de acelerar y simplificar trámites burocráticos o de coordinación en discursos de partidos de ámbito español,
como es lógico nos crea algunas dudas e incertidumbre, porque cuando se habla de coordinación, de no duplicidades, de intentar simplificar o de tratar de coordinar entre ministerios o entre comunidades autónomas, esto siempre da pie últimamente
-como ya se ha recordado- a diferentes leyes, por ejemplo, que a través del artículo 149.1.ª13 de la Constitución española, con este ámbito de intentar superar las dificultades y mejorar esa distribución, comercialización o exportación de los
productos agrarios invaden y debilitan en vez de fortalecer en este caso la competencia catalana en su gestión en agricultura.


En Cataluña, como hemos dicho, desde hace tiempo llevamos a cabo acciones para fomentar la exportación de los productos agrarios, como seminarios, jornadas; cómo vender productos a Estados Unidos; cómo participar en Croacia, a través de
Prodeca, o diferentes acciones para lograr este fin. La exportación en Cataluña tuvo el año pasado indicadores positivos, ya que el comercio exterior consolidó la fortaleza del sector, con un avance espectacular en los últimos años. La tasa de
cobertura de exportaciones se ha incrementado cerca de nueve puntos porcentuales en relación con el año 2011, situándose en el 88,3%, que es un buen dato que queremos que conste aquí. Nuestro voto será positivo a la PNL del Grupo Socialista.


Por último, quería pedir, como grupo parlamentario, que, si es posible, la Comisión comenzase puntual, ya no solo porque hoy hay muchos puntos y muchas enmiendas, sino también por respeto a los que somos puntuales. Hago esta petición a la
Mesa.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, comparto plenamente su petición de puntualidad, porque realmente es una descortesía para los puntuales que el resto de compañeros no cumplan. Hago mía su petición y procuraré que la próxima sesión de la
Comisión comience puntualmente.


Señor Alonso, a los solos efectos de decir si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor ALONSO NÚÑEZ: La enmienda de sustitución que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular no la vamos a aceptar conforme está planteada. Atendiendo a lo expresado por la portavoz y a conversaciones previas, le he presentado una
transaccional, lógicamente no menos comprometida que la línea que plantea el Grupo Popular, y ellos dirán en su momento si la aceptan o no.


El señor PRESIDENTE: Tiempo habrá durante el transcurso de la sesión para ver si hay acuerdo.


- SOBRE LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL DE LA CUENCA DEL EBRO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000648).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, relativo a la propuesta de Plan Hidrológico Nacional de la cuenca del Ebro, presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Para su defensa tiene la palabra su portavoz, doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esta proposición no de ley también fue presentada hace un año y responde a la gran preocupación de nuestro grupo, y no solo de nuestro grupo sino del conjunto del territorio, en Cataluña la gente del Ebre, y de
las propias organizaciones ecologistas y muchísimos expertos. La propuesta de la CHE, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de plan hidrológico para la cuenca del Ebro ha recibido un número muy importante de alegaciones y de críticas y ha
generado una alarma que incluso ha llegado a Europa. Y aunque hace un año de su presentación hoy es más oportuna que nunca, ya que estamos en el tramo final de la aprobación del plan hidrológico y de los planes de cuenca para el Ebro. Cuando ayer
el señor ministro insistía en la bondad del modelo y de las propuestas

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que hacía el Gobierno y la confederación para el Ebro, decía que los planes de cuenca son la base para un gran pacto nacional sobre el agua. Realmente creo que la voluntad del Gobierno dista mucho de la realidad, porque con propuestas como
la que está encima de la mesa lo único que se está consiguiendo, aparte de alejarnos de los objetivos y de lo que marca la Directiva marco del Agua, es alejarnos mucho de llegar a un acuerdo y a un pacto con el territorio y con lo que debería ser la
base de la gestión del agua de forma sostenible en el futuro. Decía el señor ministro que el objetivo es el cumplimiento de la Directiva marco del Agua, pero también insistía ayer en una rueda de prensa en que el compromiso del ministerio al fin y
al cabo está con las empresas del sector, la ingeniería y la construcción. Efectivamente, este plan de cuenca no responde a los objetivos y a los criterios indicadores que fija la Directiva marco del Agua y sobre todo el cambio a la nueva cultura
del agua que debería orientar este país, porque lo que hace esta directiva es priorizar caudales ecológicos que garanticen el ecosistema, el buen estado de las masas de agua con criterios indicadores claros. La propuesta que se presentó y que está
en exposición pública no tiene nada que ver ni con estos criterios ni con los informes que habían hecho los propios expertos, ni tampoco con lo que se había trabajado ya en 2008 con la propia confederación hidrográfica, con la Agencia Catalana del
Agua en una situación en la que tenemos que saber que al Ebro hay que mimarlo y hay que cuidarlo, ya que sobre todo en su fase final está en una situación de alta vulnerabilidad, especialmente todo lo vinculado al delta, sin tener en cuenta, cuando
el ministro también habla de cambio climático, que la zona del Ebro es una de las zonas más vulnerables a esos efectos y en el Ebro y en el propio delta ya se está viendo. Lo que decimos en la proposición no de ley es que, por un lado, faltan
caudales ambientales, que no se fijan. Por ejemplo, para el Noguera Pallaresa no hay ningún caudal ambiental, o para el Noguera Ribagorzana se reduce dos tercios la propuesta que se hizo en el año 2008 de ese caudal ambiental, o incluso también en
el último tramo del Ebro es una temeridad lo que se propone. Son caudales totalmente insuficientes para garantizar esos objetivos y esos criterios, priorizando otros objetivos y no el bienestar y el ecosistema fluvial del delta.


La propuesta ha suscitado incluso una queja en Bruselas de la Plataforma en defensa del Ebre y también de Ecologistas en Acción, pidiendo a la Comisión Europea que intervenga el plan hidrológico, porque entienden que es una temeridad y que
incumple las directivas. Además, esto se acumula al descrédito que tiene España en política de gestión del agua por vulneración reiterada de la normativa. Ya sabemos que no todo es responsabilidad del actual Gobierno por los retrasos acumulados,
pero es verdad que el descrédito se acumula.


En esta proposición no de ley instamos a rectificar, ya que todavía estamos a tiempo. El río es vida pero el Ebro está muy enfermo; está enfermo de especies invasoras, de la vulnerabilidad de contaminantes químicos y también de la
salinización de toda la parte del delta. Lo que proponemos es cambiar los criterios y las prioridades y por tanto que se rectifique, que se recuperen los criterios objetivos y científicos de 2008 y que por otro lado hagan una nueva propuesta basada
en caudales ecológicos de verdad y en todas las etapas. Que se recupere y se trabaje también con el conjunto del territorio y, otra cuestión, que se publiquen los estudios técnicos de la propuesta. No puede ser que se haga de forma arbitraria con
unos caudales que se alejan de esos objetivos si encima no hay los estudios técnicos que apoyan esa propuesta.


Esta es la iniciativa que presentamos. Entendemos que un año más tarde es más oportuna que nunca e instamos a rectificar porque este tipo de propuestas lo único que hacen, además de condenar los ríos, es alejarnos de un pacto sobre el agua
que en teoría es lo que defiende el ministro.


El señor PRESIDENTE: Les comento, señorías, a título meramente orientativo pues es muy difícil estimarlo, que las votaciones no serán antes de las dieciocho horas.


A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra don Joan Bertomeu.


El señor BERTOMEU BERTOMEU: Tal como nos indican en su exposición de motivos los autores de esta proposición no de ley, la Confederación Hidrográfica del Ebro presentó la propuesta del plan hidrológico de cuenca del Ebro en la reunión de
constitución del Consejo de Aguas de la demarcación, y de esta propuesta, según ustedes, les preocupa el punto de partida de la misma, cosa extraña a estas alturas teniendo en cuenta que la planificación hidrológica tenía que haber terminado en 2009
y la voluntad del actual Gobierno es revisar y finalizar todos los planes de demarcación hidrológica intercomunitarios, a ser posible antes de finales del presente año. En cambio, cuando era el momento oportuno y obligatorio no hicieron ninguna
propuesta sobre el tema, más bien daban su apoyo al Gobierno del PSOE.

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De su planteamiento se da a entender que la propuesta de este plan hidrológico de cuenca del Ebro no dispone de los correspondientes estudios desarrollados por científicos expertos en la materia, o que se incumple la Directiva marco del
Agua. Manifiestan que buscar un equilibrio entre el buen estado ecológico y las demandas actuales y futuras debería ser secundario y dar prioridad a la nueva cultura del agua. Supongo que se refieren al gran fracaso de las desaladoras o las
gestiones llevadas a cabo por el conseller de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, don Francesc Baltasar, del partido Iniciativa per Catalunya Verds, que siendo responsable de la consellería, contrario a las manifestaciones y declaraciones
de su partido y de las suyas propias, puso en marcha el trasvase del Ebro a Barcelona, alegando que era una acción puntual, por no reconocer el fracaso de la nueva cultura del agua y de la demagogia llevada a cabo en sus intervenciones contra el
Plan Hidrológico Nacional que en su día propuso el Gobierno del Partido Popular.


Nos piden realizar una nueva propuesta de caudales ecológicos sobre la base de criterios científicos. Como ustedes saben, la elaboración del plan hidrológico de demarcación hidrográfica del Ebro se ha realizado en estricto cumplimiento de
la legislación que regula la materia. Es la instrucción de planificación hidrológica la que establece la metodología para el cálculo de los caudales ecológicos. Se han realizado multitud de estudios que contemplan los criterios científicos
demandados y que ustedes nos solicitan. Es más, como ustedes saben, en la elaboración del plan hidrológico han participado las nueve comunidades autónomas afectadas con competencia en materia de agua y medio ambiente: la Administración General del
Estado, el organismo de cuenca, diez diputaciones provinciales, organismos comarcales y 1.741 corporaciones municipales. O sea, es el resultado de un proceso de participación social sin precedentes, en el que se han recogido propuestas de todo el
territorio de la cuenca a través de reuniones con más de 2.700 asociaciones e instituciones. Es más, todas estas gestiones se llevaron a cabo con el anterior Gobierno del Partido Socialista. Lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular es
respetar todo el proceso llevado a cabo y poner los medios para dar el periodo de participación pública y cumplir con el proceso de planificación hidrológica, que tenía que haber terminado en 2009.


En referencia al caudal ecológico en el último tramo del Ebro, el hecho de que sea una zona de Red Natura 2000 y además un humedal incluido en el Convenio Ramsar, justifica que tenga un tratamiento diferencial del resto de la cuenca del Ebro
con unos caudales superiores. El régimen de caudales actuales en el delta del Ebro es de 3.154 hectómetros cúbicos/año, y en la propuesta se aumenta a 3.370, es decir, un incremento de 200 hectómetros cúbicos anuales, fijando un régimen variable de
80 y 155 metros cúbicos/segundo. Además, se propone realizar crecidas puntuales entre 1.000 y 1.500 metros cúbicos/segundo para renaturalizar el régimen de caudales y reducir la invasión de macrófitos.


Hay que tener en cuenta que actualmente los 100 metros cúbicos/segundo fijados de caudal ecológico no tienen un carácter obligatorio. Los propuestos para el futuro son de obligatorio cumplimiento, teniendo preferencia el delta del Ebro a lo
largo de toda la cuenca del río. Debemos recordar que, gracias a los embalses de Mequinenza y de Ribarroja, tenemos garantizados los riegos de las zonas que integran el delta y se han terminado las inundaciones que a menudo se venían produciendo
causando graves daños, lo que demuestra la efectividad de los embalses, que no solo regulan las avenidas sino que garantizan la disponibilidad de las aguas y el mantenimiento de los caudales ecológicos.


Su propuesta en el punto 2 es publicar los estudios técnicos en los que se determinan los caudales ecológicos, y he de decir que estos se amparan en la normativa vigente en materia de aguas y en especial en la normativa vigente de
planificación hidrológica. El acceso y la difusión de los referidos estudios técnicos se ajusta a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.


Referente a tener en cuenta las opiniones de los científicos, el plan hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Ebro ha sido sometido al proceso de participación pública, en cumplimiento de las normas indicadas con anterioridad.
Todas las alegaciones que se hayan realizado al plan...


El señor PRESIDENTE: Señor Bertomeu, le ruego que vaya concluyendo porque ha agotado su tiempo.


El señor BERTOMEU BERTOMEU: Todas las alegaciones que se hayan realizado al plan serán valoradas y tenidas en cuenta, sin que sea posible que unas se puedan tener en cuenta de manera especial frente a las otras. Por tanto, le informo que
el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de los dos primeros puntos y le proponemos un cambio de texto para el tercero. (La señora Ortiz Castellví: Pido la palabra por contradicción).

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El señor PRESIDENTE: No, al final, señora Ortiz, tendrá la oportunidad de aceptar o no. (La señora Ortiz Castellví: Quince segundos.) No, no, no admitimos réplicas, cada grupo puede defender sus iniciativas y luego al final usted, como
dueña de la iniciativa, puede decir si acepta o no la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.


¿Grupos que deseen fijar posición por un tiempo máximo de tres minutos?


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, simplemente para decir que nos abstendremos en esta PNL de La Izquierda Plural porque nos parece un poquito confusa. En primer lugar porque nos parece que da una información muy
específica, pero desconocemos la precisión que tienen de hecho algunas de las afirmaciones que se hacen. Y en eso nos deberíamos poner todos de alguna forma de acuerdo, porque a nosotros evidentemente nos preocupa todo lo que ha dicho doña Laia
Ortiz acerca del río Ebro y también nos preocupan en el mismo nivel el resto de los ríos españoles, pero creemos que tenemos que definir un poquito mejor ciertas consideraciones que se hacen en esta proposición no de ley. Cuando se habla de caudal
ecológico y se dice que el caudal ecológico es el que mantiene como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera, estos conceptos evidentemente pueden llevar a cifras muy
dispares y es complicado ponerse de acuerdo acerca de cuál es la manera natural, qué es exactamente, y en qué forma más concreta habitaría o podría habitar o qué grado de modificación podríamos aceptar en cuanto a la vegetación de ribera.


La PNL también hace referencia a distintos tipos de caudales. La Confederación Hidrográfica del Ebro, junto con la Agencia Catalana del Agua, marca caudales de mantenimiento, caudales regeneradores para situaciones de avenidas y caudales de
continuidad en situación de sequía. Los caudales ambientales reciben distinta denominación según cuál sea la comunidad autónoma en la que se encuentran; en unas es de mantenimiento, en otras es ecológico, mínimo, mínimo ecológico o medioambiental
-concretamente en las internas de Cataluña se habla de caudal de mantenimiento-. Estos caudales pueden ser determinados por la comunidad autónoma correspondiente en la normativa de pesca fluvial y sin embargo es el Estado el que lo decide cuando es
un plan hidrológico de cuenca. Parece por tanto necesario -para nosotros- un único criterio aplicable al concepto de caudal ecológico y también creemos que es necesario que sea un único organismo, una única Administración la encargada de aplicar en
toda una cuenca el mismo criterio. En este caso creemos que ha de ser la confederación hidrográfica.


Se hacen afirmaciones que no estamos convencidos de que sean exactas. Se habla, por ejemplo, de la Directiva marco del agua. La Directiva marco del agua no pormenoriza ni da indicaciones precisas de cómo se han de calcular o determinar los
cauces ecológicos. La Directiva marco de aguas establece principios, compromisos y plazos. Esto también nos hace dudar. En fin, nos parece que el plan hidrológico del Ebro no es el Plan Hidrológico Nacional; el primero abarca, como todos
sabemos, la cuenca del río Ebro y el segundo sí comprende la coordinación e integración de todos los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas de España.


Como he dicho anteriormente, por todas estas dudas nos abstendremos. Compartimos la preocupación -nos parece que es algo en lo que deberíamos ponernos todos de acuerdo y trabajar- pero nos hubiera gustado un poquito más de concreción en la
propuesta.


El señor PRESIDENTE: Don Martí Barberà, por un tiempo máximo de tres minutos también.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Como decía mi compañera Laia Ortiz, volvemos a hablar del río Ebre con una propuesta de junio de 2012 pero de gran actualidad porque la mayoría de enmiendas que ha confeccionado la Generalitat de Catalunya, y
que sí ha participado en el proceso, han sido rechazadas o incorporadas técnicamente. En este sentido quiero recordar que el plan hidrológico para el riu Ebre sin duda tiene que racionalizar todo el uso en armonia con el medio ambiente y protegerlo
ecológicamente, pero sin duda también tiene que ser una fuente de recursos y de riqueza para el territorio y creemos que ahí está el problema.


Respecto al calendario que señalaba el compañero de Terres de l'Ebre, Joan Bertomeu, está claro; estamos preparando ya la revisión del plan hidrológico 2015-2021, o sea que lo que sí ha hecho el Partido Popular ha sido coger el plan
hidrológico y hacerlo. Recordemos que solo Cataluña tenía los planes de cuenca internos realizados. En este caso, cuando alguien hable de comunidades autónomas que no cumplen, no podrán acusar a Cataluña de no hacer su trabajo. Por otro lado,
estamos de acuerdo con los criterios de La Izquierda Plural porque hay que hacer una nueva propuesta de caudales ecológicos y

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desde criterios científicos, pero científicos con criterios ecológicos, para mantener la peculiaridad del ecosistema del riu Ebre y de su delta. En 2008 se llegó a un consenso entre la Generalitat de Catalunya, la Agència Catalana de
l'Aigua y los agentes del territorio, y de ese consenso salió una propuesta en la comisión para la sostenibilidad de las Terres de l'Ebre.


Hoy quería aprovechar -porque la posición la tenemos muy clara- para que conste en el 'Diario de Sesiones' de esta Comisión que Terres de l'Ebre ha sido recientemente nombrada reserva de la biosfera. Eso es muy importante. El 28 de mayo,
en París, la Unesco eligió Terres de l'Ebre como nueva reserva de la biosfera. En este caso Cataluña y el Estado español tendremos una zona más. Son 367.000 hectáreas, con 190.000 habitantes, que incluye el delta del Ebre en la parte final de su
cuenca. Esta difusión internacional que se ha pedido, creemos importante que pueda cumplirse porque el delta del Ebro y el tramo final del Ebro ecológica y paisajísticamente y a nivel de generar recursos funciona. ¿Qué pasa, que con la medida, con
el caudal ecológico de 3.370 hectómetros cúbicos/año, que no está ni adaptado a los regímenes hídricos anuales que tiene el Ebro, que son muchos, son un argumento pobre? Lo único que dice la CHE es que hay que mantener la unidad de cuenca y que es
necesario diferenciar el agua que pasa por el río de la que pasa por el delta. El otro día en la Comisión de Cambio Climático compareció un experto que nos avisó de que el delta del Guadalquivir y el delta del Ebro, debido al cambio climático y a
sus situaciones por sí mismas de naturaleza, están incrementando su salinidad en el tramo final y que eso repercutirá en las actividades económicas y turísticas del territorio y de su gente.


El señor PRESIDENTE: Señor Barberà, le ruego que vaya concluyendo.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Termino. Tan solo diré que apoyaremos la iniciativa y esperamos que el Grupo Popular en el trámite que queda todavía sea receptivo y entienda que su propuesta no es la adecuada.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Alegría.


La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Debatimos hoy una PNL de Izquierda Unida, Iniciativa y Chunta Aragonesista, en la que se nos pide se realice una nueva propuesta de caudales ecológicos en el marco del Plan Hidrológico Nacional de la cuenca del
Ebro y quiero comenzar mi intervención afirmando que mi grupo no va a apoyar esta PNL. Los porqués de nuestro voto paso a detallarlos a continuación.


El primer motivo es porque entendemos que finalizado el periodo de exposición pública, como bien ha recordado doña Laia Ortiz y habiéndose recibido más de 1.600 alegaciones y propuestas, esta Comisión debe ser respetuosa con el proceso de
respuesta a estas alegaciones aunque, dicho sea de paso, también señalo que nos hubiera gustado que el momento procesal fuera más ágil y que ya tuviéramos sobre la mesa la contestación a esas alegaciones. De hecho quiero recordar que mi portavoz,
señor Ábalos, ha solicitado en reiteradas ocasiones la comparecencia del presidente de la CHE y también del resto de las confederaciones para que den cuenta en esta Comisión del trabajo que están realizando. Así que aprovecho mi intervención de
esta tarde para solicitarle al presidente de esta Comisión que seamos un poco más diligentes -si podemos- para traer a estos comparecientes a la Comisión.


En segundo lugar, creo entender que todos los grupos que estamos en esta Comisión coincidimos en la necesidad de que el plan hidrológico de cuenca del Ebro asegure los caudales ecológicos. De hecho esa es la máxima fundamental de la
Directiva marco del agua y también la que reguló los enormes trabajos e importantes avances que se lograron con los Gobiernos socialistas en relación con la planificación hidrológica. Sin embargo, teniendo esto claro, he de resaltar que para
nosotros es importante que se asegure en toda la cuenca, pues estaremos de acuerdo en que todas las partes de una cuenca son importantes a nivel de igualdad. Además me parece cojo, y que se me entienda el contexto del término, que para llevar a
cabo el planteamiento que hemos traído a esta Comisión y siendo muy respetables las opiniones e informaciones que recoge esta PNL no se mencione ni se tenga en cuenta en ningún momento la opinión de las nueve comunidades autónomas que conformamos la
cuenca del Ebro. Parecería obvio que si hablamos del plan hidrológico de la cuenca del Ebro se tenga en cuenta a la Comunidad Autónoma de Aragón, a la de Cantabria, a la de Navarra y así a las nueve que componemos la cuenca, es decir las de aguas
arriba y las de aguas abajo.


Por todo ello, señorías, para mi grupo es imposible aceptar una propuesta que siendo, como he dicho, respetable, solo tiene en cuenta una parte de opinión y para nosotros es fundamental que esa propuesta cuente con el aval y el acuerdo de
todas las comunidades autónomas por las que discurre el río Ebro; el

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acuerdo se define como diálogo, consenso y pacto y todos esos términos son antónimos a la imposición. Por estos motivos que acabo de exponer, votaremos en contra de esta PNL.


El señor PRESIDENTE: Doña Laia Ortiz, solo a efectos de exponer si acepta o no la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Quiero advertirle que la votación por separado que me propone el Grupo Parlamentario Popular solo
se puede realizar en el caso de que el dueño de la iniciativa, en este caso su señoría, así lo aceptara, porque podría desnaturalizar el contenido de su iniciativa. Le ruego que simplemente a esos efectos señale cuál es la posición de su grupo.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Yo entendía que de acuerdo con el Reglamento, cuando se da una contradicción manifiesta con un hecho, se podía replicar; de acuerdo, lo he entendido, pero el Reglamento así lo dice.


No aceptaremos la enmienda porque al final no avanza para nada en los criterios de sostenibilidad; no tendríamos problema en que fuera un consenso más amplio, pero fijábamos unos mínimos de acuerdo a las necesidades del río. Lo que pide el
Grupo Popular creo que técnicamente es difícil porque pide votar por separado los dos primeros puntos y votar en negativo, y el tercero si se acepta la transacción. Entiendo que si no se acepta la transacción no tienen necesidad de votar por
separado.


El señor PRESIDENTE: Está claro.


- SOBRE INTERVENCIONES URGENTES EN LA BALSA DEL SAPO DE EL EJIDO (ALMERÍA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000755).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate del siguiente punto del orden del día que es una proposición no de ley sobre intervenciones urgentes en la Balsa del Sapo de El Ejido (Almería), que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz, doña Consuelo Rumí.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señorías, la Balsa del Sapo en una zona endorreica, sin salida al mar, de 137 hectáreas de extensión. Se ubica en el paraje Cañada de las Norias, en El Ejido, Almería. Esta zona recibe las aguas de correntía de la
rambla de la vertiente sur de la sierra de Gádor y en condiciones normales se eliminaban o por evaporación o por infiltración del acuífero superior. Debido a la extracción de áridos para la construcción de invernaderos, se produjo una excavación de
aproximadamente 17 metros de profundidad, que dejó al descubierto una lámina de agua del acuífero superior de poniente. Esta circunstancia al principio no tuvo consecuencias pues la sobreexplotación del acuífero por los agricultores impedía que se
acumulara agua, sin embargo la sobreexplotación hizo que el acuífero superior se salinizara y que los pozos se abandonaran sustituyéndolos por otros más profundos que se abastecían del acuífero inferior. Esto ha ido generando una lámina de agua
permanente que es la que ha ido creciendo a lo largo de los años afectando de manera grave a las explotaciones agrarias colindantes.


Señorías, la solución definitiva para abordar este problema pasa por construir una conducción de desagüe, actuación por cierto que fue declarada de interés general de la nación en 1998 por un decreto-ley sobre actuaciones para defensa y
recarga de los acuíferos del poniente almeriense que declaraba a esta zona con alto riesgo de inundación. Por tanto su financiación y ejecución corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Además el Plan Hidrológico
Nacional establece que son de interés general las actuaciones para la defensa y recarga de los acuíferos del poniente almeriense, que constituyen estas actuaciones en la Balsa del Sapo.


En enero de 2011, Acuamed, dependiente del ministerio, firmó un convenio con la Junta de Andalucía para redactar un proyecto de túnel de desagüe de la Balsa del Sapo, con el compromiso del Gobierno andaluz de colaborar desde el punto de
vista técnico en la redacción y en su tramitación administrativa. Pues bien, el proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción, con un retraso considerable; en pregunta al Gobierno, este nos contestó hace unos meses que estaría en el mes
de abril y en otra pregunta más reciente nos dice que estará en el tercer trimestre de este año.


Pues bien, señorías, ante la inactividad del Gobierno y para resolver el problema a corto plazo y dar una solución a los vecinos, la Junta de Andalucía ejecutó entre 2005 y 2007 una impulsión mediante un sistema de bombeo de aguas desde la
balsa hacia el mar. Esto consiguió bajar y mantener los niveles de la lámina de agua, pero con las abundantes precipitaciones en septiembre de 2009 y febrero de 2011, la

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lámina de agua ascendió a más de tres metros. Ante esta situación la Junta de Andalucía promovió el proyecto Impulsión adicional de la Balsa del Sapo. Se puso en funcionamiento el pasado mes de febrero y esto ha permitido que los niveles
de agua de la balsa se hayan reducido más de dos metros en los tres meses y medio que lleva funcionando el segundo sistema de impulsión.


Con todo y con toda esta obra realizada por la Junta de Andalucía, lo que les he explicado no es la solución, no es la solución definitiva, por lo que se hace necesario que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, cumpla con la parte que le corresponde, asuma su responsabilidad y sus compromisos y concluya cuanto antes la redacción del proyecto del túnel de desagüe y que comiencen cuanto antes las obras.


Por otro lado es necesario que el Gobierno acometa las obras de la desalobradora de la Balsa del Sapo, también declaradas de interés general de la nación, lo que permitiría aprovechar mejor las aguas sobrantes. En este sentido, la Junta de
Andalucía ha cedido a la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense las obras de impulsión con el objeto de conseguir el aprovechamiento de las aguas procedentes de la balsa, es decir, conseguir una adecuada calidad en el uso de este agua
para tareas agrarias y utilizar la calidad de agua procedente de estas impulsiones. Pero para todo ello es necesaria la ejecución de la desalobradora, con lo que se contribuiría a la recuperación de los acuíferos del Campo de Dalías, que
representan el sostén de toda la importantísima actividad humana y agraria del poniente almeriense.


Teniendo todo esto en cuenta, señorías, lo que pedimos en esta iniciativa es que el Gobierno central, que tiene las competencias para llevar a cabo estas obras y teniendo también en cuenta, señorías, que en los presupuestos de 2013 no existe
ninguna partida para ello, tome las medidas oportunas para que de forma urgente se finalice el proyecto de desagüe de la Balsa del Sapo, se inicien las obras como solución definitiva a los problemas de inundabilidad de la zona del entorno de las
Norias de Daza, que representan sin lugar a dudas un grave riesgo para su población y otras limítrofes, en especial el municipio de La Mojonera, y desde luego que haya una dotación presupuestaria para ello. Y como medida adicional que se realice el
proyecto para la ejecución de la desalobradora de la Balsa del Sapo que, como he dicho antes, permitirá que el agua procedente de las impulsiones de la balsa puedan aprovecharse para el riego una vez tratada de forma adecuada.


Señorías, creemos que es un tema que afecta a toda la provincia de Almería, en especial a la zona a la que he hecho referencia, y espero que todos los que conocemos esta situación, porque el nombre de la Balsa del Sapo no da una idea de la
magnitud de lo que estamos hablando, seamos capaces de apoyar esta iniciativa para que el Gobierno pueda sacar adelante cuanto antes la solución definitiva, que es el túnel de desagüe de la Balsa del Sapo.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa entiendo que ha habido una enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y que la ha dado por defendida en su intervención.


A esta PNL, con la enmienda incorporada del Grupo Parlamentario Socialista, se ha presentado otra del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra doña María del Carmen Navarro, por un tiempo máximo de cinco minutos.


La señora NAVARRO CRUZ: Señorías, partiré de la importancia que tiene también para el Grupo Popular la solución definitiva del riesgo de inundaciones en los terrenos que rodean la Balsa del Sapo, no solo para los agricultores sino también
para la población de áreas limítrofes que igualmente se ven afectadas por ello.


Como bien se ha dicho, hemos presentado en muchas ocasiones iniciativas encaminadas a encontrar la forma de solventarlo, porque los diputados de la provincia de Almería la verdad es que siempre nos hemos interesado mucho por resolver este
tema. Ciertamente, en enero de 2011 se firmó un convenio entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, como ha señalado la señora Rumí, para definir la solución más adecuada y en la que cada Administración asumió sus compromisos; se creó, además, una
comisión técnica de seguimiento del convenio regulador. Acuamed, Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca Mediterránea, es la encargada de elaborar también el estudio de alternativas, proyecto constructivo, túnel de desagüe de la Balsa del Sapo, el
cual deberá ser informado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.


Me detengo en esto porque en este sentido es muy importante recordar. Según ha dicho la señora Rumí, el estudio debería haberse hecho por parte de Acuamed y me ha parecido que ha dado a entender que no se había concluido. No podemos
olvidarnos de un calendario que se definió y que exactamente está en esta situación. El estudio se entrega por parte de Acuamed a la Junta de Andalucía el día 4 de

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diciembre de 2012. El compromiso de la Junta de Andalucía era dar una respuesta a ese estudio durante el mes de febrero y sin embargo la Junta de Andalucía no da respuesta a ese estudio en la fecha comprometida, de modo que Acuamed se ve
obligado y de hecho pide que se reúna la junta nuevamente y la fecha que le ponen a esa reunión es la del 9 de mayo de 2013. Previamente a esa reunión la comisión de seguimiento de la Consejería de Medio Ambiente presenta el informe del estudio de
alternativa y le da un resultado negativo, debiendo subsanarse, lógicamente, varios aspectos del referido estudio, con lo cual Acuamed ahora tendrá que subsanar los aspectos que la Junta de Andalucía considera negativos. Por todo esto, lógicamente,
va transcurriendo el tiempo.


Cuando se obtenga la conformidad de la Junta de Andalucía se preparará el documento ambiental que sirva de base a las fases de las consultas previas. Posteriormente, el trámite de consultas previas tiene una duración de tres meses. Además
el resultado del trámite de consultas previas permitirá redactar el estudio de impacto ambiental y cerrar el proyecto de construcción. Para elaborar estos documentos se estima un plazo de tres meses. El proyecto redactado, después de todo esto,
hay que someterlo a información pública y resolver las alegaciones, y este proceso puede durar tres meses. Una vez finalizado se podría iniciar el expediente de contratación. Por tanto, a fecha de hoy solo podemos decir que desde que la Junta de
Andalucía da la conformidad de estudio de alternativas, es preciso un plazo de unos diez meses para poder iniciar el expediente de contratación. Y si es tan importante para el Partido Socialista y para la Junta de Andalucía la ejecución de este
proyecto, no entendemos cómo se están produciendo estos continuos retrasos que ponen tantas trabas en el camino.


Con todo este proceso comprenderán que la agilidad en la acción sería muy importante, porque entre la tardanza del estudio previo y el informe al estudio de alternativas ha pasado casi un año. Nos alegramos mucho en este momento de que el
Grupo Socialista tenga ahora tanto interés en resolver rápidamente el problema, porque lo cierto es que no ha sido así durante mucho tiempo. Seguro que si se hubieran invertido en las obras hidráulicas en Almería los 580 millones de euros que no se
ejecutaron mientras gobernaba el Partido Socialista o hubieran ejecutado los 1.223 millones de euros que sí que se presupuestaron y que se vendieron además a bombo y platillo en la provincia de Almería, hoy probablemente no estaríamos hablando de
todo esto. También estaría muy bien que le pidieran a la Junta de Andalucía celeridad en el empeño a la hora de asumir su parte correspondiente en las distintas fases del proyecto y sobre todo colaboración, que seguro dará mejores resultados. De
esa forma se podrán evitar más retrasos innecesarios.


De todos modos, el Grupo Popular, consciente de la importancia y la necesidad de esta obra, propone una enmienda que procedo a leer. El Grupo Popular propone: El Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que proceda a la definición de
una solución integral para el desagüe de la Balsa del Sapo tras la elaboración del estudio previo de análisis de alternativas, desarrollado en el marco del convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y Acuamed, procediendo a su ejecución con la
colaboración de todas las administraciones implicadas, con las que se suscribirán los oportunos convenios para la financiación de estos trabajos.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición respecto a esta iniciativa? Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Tras haber escuchado ayer sin ir más lejos cómo se pedía una competencia desde el Parlamento andaluz dando como razón la excelencia de la gestión, nos parece interesante ver hoy aquí la propuesta del Grupo
Socialista porque en realidad esta PNL es un enorme esfuerzo argumentativo para pedir a la Administración central dinero, recursos para unas obras que en realidad se necesitan o se deben hacer por la negligencia de la Administración autonómica en el
mantenimiento preventivo. Creemos que es clara la problemática de la Balsa del Sapo. Es un claro ejemplo de las consecuencias de la mala gestión de unos pocos que suponen al final unas obras que debemos pagar con los impuestos de todos. La
situación actual es consecuencia de la mala paxis en la utilización de la explotación de los acuíferos, en el Campo de Dalías, primero por un descontrol en la extracción de las aguas subterráneas, segundo por una irresponsable actitud también de los
agricultores agrupados en comunidades de regantes de la comarca y de las distintas administraciones hidráulicas autonómicas y nacionales y tercero porque es un ejemplo más de que los estudios de geología y en particular de geotécnica e hidrogeología
no se tienen en cuenta en muchísimas ocasiones.


Para nosotros el problema de la Balsa del Sapo no es solamente un problema técnico, es también un problema de gestión en la explotación de las aguas, señor presidente, y por tanto debe completarse con

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un plan de extracción y aprovechamiento de esas aguas para que así disminuya su nivel. Dicho plan de uso y gestión debe implicar técnica y económicamente también a los regantes, debe repercutirles el coste y las obligaciones de utilización
de las aguas de la balsa. No es admisible, según Unión Progreso y Democracia, que los regantes extraigan y exploten agua limpia y gratis de los acuíferos profundos del Campo de Dalías y provoquen con su retornos y abandonos el desbordamiento e
inundaciones del acuífero superior; no es admisible ni económicamente posible destinar ahora mismo 100 millones de euros a resolver este problema de la manera planteada. La diputada socialista hablaba del año 1998 y nosotros nos preguntamos
también por qué en las dos últimas legislaturas no se hizo nada al respecto. Hay que replantearse el problema e implicar en la solución a todos los actores, a los regantes, a los municipios, a las administraciones; hay que aplicar medidas de
gestión en el aprovechamiento ordenado de los recursos económicos y técnicos para recuperar la sostenibilidad de la zona.


Nosotros creemos que las obras de la primera fase de bombeo suponían instalación de unas bombas que venían a extraer 120 litros por segundo, pero eso no ha terminado de resultar porque el agua continuaba subiendo e inundando terrenos de
cultivo; luego han venido las dos de 250 litros por segundo que sí que han bajado esa cota de agua en dos metros, aunque es cierto también que la solución del túnel es más segura pero que tiene un coste muy importante. Creemos que ya está
preparada esa primera fase, esos 250 litros se han demostrado viables, está bajando el nivel; nos parece que la solución más sostenible es el uso de esa agua mediante su desalobración y el gasto actual mayoritariamente es de consumo de
electricidad, lo que es improductivo y además se interrumpe cuando al Junta no puede pagar. La seguridad que permite el túnel nos parece que se puede sustituir sin costes si bajamos la lámina de agua ocho o diez metros -la balsa tenía en torno a
12-15-, dejando entonces una balsa de tormentas con capacidad para 13 hectómetros cúbicos. Creemos que se ha de evaluar la seguridad frente a avenidas que supone el mantenimiento de la Balsa del Sapo a una cuota inferior a la de su borde y que se
ha de evaluar el dimensionamiento de la desalobradora para hacer sostenible su instalación y mantenimiento. Nos hace falta todo esto de lo que estoy hablando. Por esa razón nuestro grupo se abstendrá en la proposición no de ley que nos trae hoy el
Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Don Martí Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Nuestra intervención tenía que ser muy sencilla porque entendemos que es un tema que conoce muy bien la gente que vive en Andalucía, problema que debe ser muy grave por lo que hemos leído y por la información
conseguida. Entendíamos que podíamos apoyar la iniciativa lo que pasa es que nos ha sorprendido la posición del Partido Socialista Obrero Español en el tema anterior del delta del Ebro, votando en contra de la propuesta que ellos habían hecho en el
año 2008 cuando gobernaban y que tenía la Confederación Hidrográfica del Ebro, y no entendemos la excusa de la portavoz -que ahora no está y me sabe mal, pero tengo que decirlo ahora- respecto a que no tenemos en cuenta las demás comunidades. El
caudal ecológico del tramo catalán del Ebro no afecta en nada, excepto en ue no podrán coger tanta agua antes porque hay que mantener el final del río; no entendemos ni la posición ni la excusa para votar en contra. En ese sentido, vamos a pasar
nuestro voto a la abstención, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptar o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, porque entiendo que la del Grupo Parlamentario Socialista queda incorporada a su propuesta, tiene la palabra la señora Rumí.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Tiene razón, señor presidente; la autoenmienda la he defendido en mi intervención, actualizándola, porque esta PNL se presentó hace más de un año.


Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular no la podemos aceptar porque es de modificación; no ha habido posibilidad de una transaccional y no la podemos aceptar porque lo que nosotros proponemos en nuestra
iniciativa es cumplir con la ley, no confundir ni dilatar este problema trasladándolo a otras administraciones que, por cierto, ya han actuado para solucionar situaciones de emergencia ante la inacción del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Algunos diputados han preguntado cuándo iban a ser las votaciones. Antes se ha dicho que no antes de las dieciocho horas pero ha habido algunas demoras. De acuerdo con las previsiones y el ritmo que llevamos, si sus
señorías siguen colaborando, votaremos sobre las 18:30 horas.

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- SOBRE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CUERPO DE AGENTES FORESTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001028).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley sobre las funciones y atribuciones del cuerpo de agentes forestales. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Para
su defensa, por tiempo máximo de siete minutos, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Los cuerpos autonómicos de agentes forestales medioambientales o rurales han conseguido esclarecer multitud de casos de agresiones graves contra el medio ambiente. El grado de especialización de estos
cuerpos y su despliegue en el medio natural permiten identificar a los culpables de incendios forestales, llevar a cabo una correcta implantación de políticas de prevención efectivas, así como averiguar autores de otros delitos contra el medio
ambiente y llevar a cabo políticas de disuasión frente al deterioro de los espacios naturales. Si bien el Estado tiene reservada la competencia sobre la legislación básica en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias,
corresponde a las comunidades autónomas en general el resto de funciones normativas y ejecutivas en la materia. Y, lo que tiene mayor trascendencia, sobre los bosques inciden también de manera decisiva regulaciones normativas basadas en la
competencia en materia medioambiental previstas en los artículos 148.1.9ª y 149.1.23ª c) que permiten a las comunidades autónomas asumir competencias de gestión en materia de protección del medio ambiente, otorgando al Estado la competencia
exclusiva para dictar la legislación básica, sin perjuicio de las facultades autonómicas para dictar normas adicionales de protección. Como consecuencia de esa distribución de competencias legales, los cuerpos autonómicos de agentes forestales,
medioambientales o rurales suelen estar integrados de diversa manera en los respectivos sistemas de seguridad pública y emergencia y en los planes y operativos de emergencias con incidencia en el medio ambiente. Estos colectivos tienen
encomendados, entre otros, el ejercicio de las funciones de policía administrativa y judicial de carácter ambiental, como son las funciones de velar por el cumplimiento de la normativa de protección, gestión y conservación de la naturaleza,
investigando las causas y los presuntos autores de las infracciones que se cometan en este ámbito, aunque muchas veces no poseen la cobertura legal adecuada que determine unas competencias claras de estos funcionarios, poseyendo competencias
dispares en función de la comunidad autónoma en la que prestan servicio, así como de no disponer de los medios adecuados para afrontar las acciones necesarias para la protección y conservación de la naturaleza en algunos casos.


Otro problema al que se enfrentan estos cuerpos de agentes forestales, medioambientales o rurales es que las infracciones en el ámbito del medio ambiente pueden tener relevancia administrativa -infracciones administrativas sancionadas por la
autoridad gubernamental- o relevancia penal -faltas penales y delitos castigados por la autoridad judicial-. Sin embargo, los cuerpos de agentes forestales, medioambientales o rurales no poseen un revestimiento legal acorde a las actuales
necesidades de sus cometidos que asimile su actual estatus al de otros colectivos funcionariales con similar ámbito funcional, como pudieran ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las capacidades y competencias con las situaciones a
las que deben hacer frente. El medio ambiente en general y el bosque en particular deben ser entendidos como un bien a conservar en razón de sus propios valores ambientales y por tanto por todos los servicios que están en disposición de ofrecer a
la colectividad. Como una consecuencia de la profunda evolución cultural y jurídica en torno al medio ambiente, el bosque debe ser definido y protegido como un bien jurídico entendido como ecosistema, es decir, como ambiente biológico natural,
comprehensivo de toda la vida vegetal y animal y también de los equilibrios típicos de un hábitat natural. La consideración de los montes como ecosistemas forestales se traduce en el tratamiento de los mismos de forma integrada, lo que supone una
gestión conjunta de la flora, la fauna y el medio físico que los constituye por parte de las administraciones implicadas en su conservación con el fin de conseguir un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, estableciendo garantías para
la presentación de la diversidad biológica y para el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, así como de la conservación y protección de estas áreas frente a posibles daños medioambientales. Además la permanencia de las agresiones
ambientales y la irreversibilidad de las mismas, delitos urbanísticos, contaminación de aguas, incendios forestales, etcétera, dota de especial relevancia que los cuerpos de agentes forestales, medioambientales o rurales cuenten con herramientas
eficaces en la prevención de infracciones y delitos.

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Nuestra proposición no de ley dice: Instar, en primer lugar; proponemos al Gobierno que elabore una ley básica que regule competencias, atribuciones y demás características comunes de los agentes forestales de las distintas
administraciones, entre las que se reconozca, respete y potencie su condición de agentes de la autoridad y sus funciones de policía administrativa y judicial ambiental y sus funciones de emergencias. En segundo lugar, instar al Gobierno a
coordinarse con el resto de administraciones públicas para la creación a nivel nacional de un marco jurídico homogéneo para todos los cuerpos, escalas de agentes forestales medioambientales o rurales del territorio nacional; que establezca los
criterios esenciales de organización y funcionamiento de dicho colectivo funcionarial, independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentre prestando servicio, haciendo posible su movilidad entre las distintas comunidades autónomas.
En tercer lugar, impulsar la elaboración de una estrategia nacional de agentes forestales desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de aquellas entidades con competencias medioambientales. Y en cuarto y último lugar,
realizar una acción coordinada con las comunidades autónomas para conseguir una integración real del colectivo en el servicio de emergencias 112.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se ha presentado ninguna enmienda. Para fijar posición, ¿grupos que desean intervenir?


Por un tiempo máximo de tres minutos, tiene la palabra don Joseba Agirretxea en nombre del Grupo Vasco, PNV.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Voy a ser muy breve. Solo diré que esta es una proposición más a las que nos tiene habituados el Grupo de UPyD, en las que siempre que puede utiliza cualquier motivo para recentralizar lo que ya está
descentralizado, y en todas aquellas cuestiones que de alguna manera son materia de competencia autonómica, de diversas formas, maneras y formulaciones pretende crear artefactos, aparatos con diferentes módulos para generar un concepto puramente
estatal y que sea la parte superior de la pirámide en cualquier cuestión. Creo que en materia transferida no hay régimen vertical, es horizontal, por lo que, aunque la intencionalidad es positiva en algunos puntos, lo que se pretende ya lo cumplen
las comunidades autónomas o, en el caso de Euskadi, por ejemplo, las diputaciones forales. Hasta ahora no ha habido ningún problema, ningún planteamiento erróneo, ninguna transgresión y que se ha ido funcionando bien. Cada comunidad autónoma es
competente en esta materia y debe seguir siéndolo, y cada vez que ocurre algún problema de esta índole que los guardas forestales no pueden atender, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sean del Estado o de las comunidades autónomas, cumplen
perfectamente la función que se les ha encomendado. Por tanto, consideramos que el planteamiento es, una vez más -y así está en el ideario del partido proponente-, recentralizar otra vez lo máximo que se pueda en una materia descentralizada. En
consecuencia, mi partido votará en contra de esta proposición.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÁ I MONTSERRAT: Primero quiero destacar en qué puntos estamos de acuerdo con la propuesta del señor Cantó, de UPyD, y es en la importancia que tienen los agentes rurales -denominados de diferente manera: guardería rural,
agentes del medio natural, etcétera-, que al final son las personas que se preocupan, que a cargo de las comunidades autónomas se preocupan por el medio natural y por todo lo que el señor Cantó ha dicho que era muy importante. En este sentido hay
competencias exclusivas del Estado en el artículo 149 de la Constitución, pero en el Estatut de Autonomia de Catalunya, en el artículo 144, medioambiente y espacios naturales, se describen todas las funciones -que son casi todas las que he dicho el
señor Cantó en su exposición- que se ejercen por medio del cuerpo de agentes rurales, Cos d'Agents Rurals: competencias en la vigilancia, control, protección, prevención integral, etcétera.


¿Instar al Gobierno a que elabore una ley básica que regule las competencias... Las competencias ya están, las atribuciones ya están. Las características comunes son sus funciones, que es regular el medio natural. Otra cosa es que se
pueda ejercer mejor o peor, que sin duda alguna en este mundo todo es mejorable, pero hay comunidades autónomas que tienen leyes para regular esto, como la Comunidad Autónoma de Madrid o la de Cataluña, o el régimen foral, régimen parecido del que
ha hablado ahora mi

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compañero de Euskadi. En ese sentido no podemos apoyar de ninguna manera la idea de elaborar una ley básica, porque ya está regulado todo, sus funciones y cómo las tienen que llevar a cabo.


Respecto a coordinarse con el resto de administraciones públicas para la creación de un marco jurídico homogéneo, son funcionarios y están tratados como cualquier funcionario de cualquier cuerpo de la Generalitat de Catalunya, con sus mismos
derechos y deberes.


Impulsar la estrategia nacional de agentes forales no es necesario porque el Estado marcará una estrategia nacional que desarrollarán, hasta donde sus competencias les permitan, las comunidades autónomas.


En cuanto a la acción coordinada en las comunidades autónomas para conseguir una integración real del colectivo en el 112, no sé dónde no están integrados, pero en este caso el Cos d'Agents Rurals de Cataluña están perfectamente integrados
al Servei d'Emergències de Catalunya 112 y participa en todos los planes de emergencia vigentes. La integración ha sido progresiva en función del desarrollo del mismo teléfono 112 y de las disponibilidades, sin tener ningún problema en este
sentido. Estamos de acuerdo con UPyD en la figura importante y necesaria, y más ahora que vendrán los incendios y todos los problemas que podemos tener en el ámbito rural y medio natural, pero en lo que no estamos de acuerdo, y por eso votaremos
que no, es en todas las partes que quieren recentralizar la función hacia el Estado central.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Esta iniciativa viene a intentar hacernos creer que la solución a todos los problemas de España está en la recentralización de las competencias, un planteamiento cuestionable por muchos motivos, uno de ellos por
simplista. Es además una iniciativa caótica que incurre en contradicciones, que no concreta lo que pide. De un lado parece desprenderse la idea de que los agentes no pueden hacer bien su trabajo, pero al mismo tiempo les reconoce el éxito en su
tarea, sin por otra parte enunciar siquiera lo que habría que añadir a ese régimen jurídico que se considera insuficiente. Confunden, mezclan cuestiones diferentes: el estatus legal con la falta de medios adecuados. Y piden lo que ya existe, una
regulación básica de su función. Tampoco aclaran en qué sentido quieren modificarla, si eso es lo que quieren. ¿De qué modo, asimilándoles sin más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? No los sabemos. Lo que sí sabemos es que el
problema reside en las facultades adicionales de protección del medio ambiente que ejercen las comunidades, según el proponente. Eso, en virtud de la lógica de UPyD, es un problema, cuando la propia Constitución y quien ha redactado la PNL incluye
que la Constitución las recoge como adicionales. Pero en fin, en este razonamiento en virtud del cual lo que se ejerce desde Madrid es más eficiente que lo que se gestiona desde el territorio, y más aún hablando de medio ambiente, es un enigma cuya
solución no está al alcance de la mayoría de la humanidad, salvo de algunos, claro está. La iniciativa habla de la importancia de la prevención, pero se centra en las facultades de los agentes forestales en la fase de investigación. Es por tanto
una proposición confusa, que en nada contribuye a avanzar en la dirección que desde mi grupo entendemos más urgente en materia de conservación del medio ambiente en general y del forestal en particular: la amenaza de los incendios, que es el
verdadero problema, mucho más que la concreta regulación de esta figura de agentes forestales.


Entre los aspectos en los que discrepamos, el principal y de fondo es que introduce una enorme confusión sobre las verdaderas causas que en materia de emergencias en el medio natural, como los incendios, hay que combatir. Desvía la atención
del problema, desvía por tanto la responsabilidad y se aleja del diagnóstico real, del tratamiento oportuno y de los responsables que han de actuar. Eso con independencia de que se pueda revisar la situación del Cuerpo de agentes forestales, que
adquiere la condición de autoridad pública gracias a una reforma de la Ley de Montes promovida por un Gobierno socialista, para lo cual mi grupo estudia la presentación de iniciativas parlamentarias. Pero centrarse en este tema cuando el balance en
incendios del año pasado superó las 199.000 hectáreas calcinadas, un 76,9% más que la media de los diez últimos años, nos parece errar en el tiro. No es la capacidad de los agentes forestales a la hora de investigar las causas y perseguir a los
autores de un incendio la solución al principal problema de nuestros bosques, sino la prevención, actuar anticipadamente para impedir la destrucción de ese patrimonio, de la biodiversidad, del medio de vida de muchos ciudadanos, del coste económico
cuando no del coste irrecuperable de las vidas humanas, etcétera. Ese coste de la extinción, que desde luego siempre, como digo, sale mucho más caro que la prevención. Es ahí donde hay que intervenir, incrementando la dotación de medios e incluso
el número de agentes, y lo que no hay que hacer es recortar los presupuestos como se han recortado en prevención, en desarrollo rural. En concreto en 2012 se destinó -siendo este un año terriblemente seco- menos dinero incluso que en un año con un

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balance hídrico normal. No hay que recortar la plantilla de efectivos contra el fuego, como en Castilla-La Mancha o Valencia; no se puede permitir que la Ley de Montes no se cumpla en algunas comunidades donde se puede seguir edificando en
terrenos devastados por incendios, no hay que abandonar nuestros montes, hay que gestionarlos de modo sostenible, invertir en las masas forestales, etcétera. Hay que redoblar los esfuerzos, no los recortes. Pero tenemos un Gobierno que igual que
le echa la culpa de no cumplir con su programa a la realidad de la crisis, le echa la culpa de los incendios a la climatología; es decir, que no solo no se refuerzan en muchas comunidades estos servicios, sino que además se toman medidas que van en
dirección contraria.


El señor PRESIDENTE: Doña María José Rodríguez, le ruego vaya concluyendo pues ha agotado su tiempo.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Concluyo, señor presidente.


A lo mejor es oportuna alguna revisión, pero no nos parece que un Gobierno, en su ignorancia en lo que respecta al sector forestal y en su falta de respeto a la figura del parado, haya aprobado decretos para utilizar a parados subsidiados en
tareas forestales. Esto está pasando en algunos pueblos de Madrid y nos parece una barbaridad porque lo que hace es destruir empleo y desprofesionalizar un sector que desde luego requiere de todos los apoyos y esfuerzos para cumplir con su tarea.


Concluyo, señor presidente. Nosotros estamos a favor de hacer alguna revisión, pero desde luego esta proposición nos parece inadecuada y desde luego mi grupo no la va a apoyar.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Manuel Torres.


El señor TORRES HERRERA: Señorías, yo sé -cómo no lo voy a saber si mi profesión es la de ingeniero de montes, además de haber estado durante casi una década ejerciendo como jefe del Servicio de incendios forestales de la Comunidad Autónoma
de Canarias- el papel tan importante que desempeñan los agentes forestales.


Saben sus señorías que la Ley 10/2006, de 28 de abril, modificó la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En esta ley, en su artículo único, apartado Cuatro, se modificó el apartado q) del artículo 6, de la siguiente manera. Agente
forestal: funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las administraciones públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre
otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico, tal y como establece el apartado 6º del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero además la ley,
en el treinta y cuatro, modifica el artículo 58 de la Ley 43/2003, señalando lo siguiente: Las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias deberán desempeñar, entre otras, las funciones de extensión, policía y guardería forestal.
Los profesionales que realicen estas funciones contarán con la formación específica que les capacite para su correcto desarrollo. Los funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestal, por atribución legal o por delegación,
tienen la condición de agentes de la autoridad y los hechos constatados y formalizados por ellos en las correspondientes actas de inspección y denuncia tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos
derechos e intereses puedan aportar los interesados. Los agentes forestales y medioambientales, en el ejercicio de sus competencias, actuarán de forma coordinada, y con respeto a las facultades que atribuye su legislación orgánica reguladora, con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A la vista de lo que acabo de reseñar, señorías, hay que señalar que todos estos preceptos, que ya tienen carácter básico, responden a la primera cuestión que se plantea en esta proposición no de ley,
así como a la primera mitad de la segunda cuestión.


Respecto a las cuestiones de organización y funcionamiento de la guardería forestal, es evidente que las competencias en esta materia están en manos de las comunidades autónomas, nos guste más o nos guste menos, señorías, y por ello en esta
materia no nos podemos meter porque estaríamos planteando un conflicto de competencias con las comunidades autónomas.


En cuanto a la estrategia nacional de agentes forestales que solicita el portavoz de UPyD en el apartado 3 de esta proposición no de ley, el Grupo Popular entiende que está fuera de lugar, puesto que es como si intentáramos elaborar una
estrategia nacional para todos los bomberos españoles; nos encontraríamos con bomberos municipales, bomberos autonómicos, de consorcio, bomberos militares

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como podrían ser los de la UME, e incluso bomberos forestales especialistas, como podrían ser los de la BRIF.


En cuanto al último punto de esta proposición no de ley, en el que se solicita la coordinación con las comunidades autónomas para conseguir una integración del colectivo de agentes forestales en el servicio de emergencias 112, he de
indicarles, señorías, que en algunas comunidades autónomas ya se han integrado sus operativos en los servicios de protección civil 112 y en otras, no. Así vemos como hay comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, en las que
la responsabilidad de la extinción de incendios está manos de los cuerpos de bomberos, mientras que la prevención de estos incendios forestales es competencia de las consejerías de Medio Ambiente de estas comunidades autónomas. Sin embargo, otras
comunidades autónomas, como Andalucía, Canarias, Extremadura, Galicia, Murcia, etcétera, no solo tienen la responsabilidad de la prevención de incendios forestales en los departamentos de medio ambiente, sino también de la extinción de los mismos.
Además, desde hace unos años, donde las competencias de los parques nacionales están totalmente transferidas a las comunidades autónomas...


El señor PRESIDENTE: Señor Torres, le ruego que vaya concluyendo, ha acabado su tiempo.


El señor TORRES HERRERA: Voy acabando. La coordinación de los agentes forestales de estos parques nacionales con el operativo de los incendios forestales de las comunidades autónomas ha sido magnífica. Al ser las comunidades autónomas las
responsables en su territorio de la extinción de incendios forestales, en caso de producirse alguno de estos incendios el operativo de estos parques nacionales, de esta guardería de los parques nacionales, se pondría a disposición de la comunidad
autónoma para la extinción de los mismos. La guardería forestal es parte de los instrumentos para la gestión forestal, expresamente reconocida en nuestra Constitución como competencia de las autonomías, y también en los estatutos y en los reales
decretos de transferencia. Por ello les avanzo el voto en contra del Grupo Popular en esta proposición no de ley por considerarla innecesaria en estos momentos.


- SOBRE AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE CRITERIOS ECOLÓGICOS EN LA FISCALIDAD MUNICIPAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001086).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, proposición no de ley sobre ampliación de la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa, por un tiempo máximo de siete minutos, tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Yo creo que nos podemos ahorrar la motivación por la cual Convergència i Unió presenta esta proposición no de ley para que el Gobierno en seis meses pueda presentar un proyecto de ley de acuerdo con las
comunidades autónomas y los entes locales para modificar las normativas de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, con el objetivo de facilitar y favorecer en mayor medida la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal.
Los objetivos son claros: minimizar la contaminación atmosférica, luchar para la mitigación del cambio climático y hacer que aquellas personas o elementos que contaminan más, fiscalmente también contribuyan más con recursos para poder llevar a cabo
esas medidas. Tenía aquí un ejemplo de municipios de Cataluña que ya están tomando iniciativas para conseguir este objetivo que hemos propuesto hoy. Aquí tenemos unas ordenanzas municipales del ayuntamiento de Valls, donde se habla de
bonificaciones y los vehículos tienen una bonificación del 50% de la cuota del impuesto si son de motor eléctrico y con tecnología híbrida. O sea que hay municipios que ya están tomando medidas en este sentido dentro de su ámbito competencial.
Traía aquí también las 34 medidas que el Govern de la Generalitat de Catalunya, dentro de su ámbito competencial, está llevando a cabo con el objetivo de mejorar la calidad del aire; desde medidas para impulsar el vehículo eléctrico hasta el
fomento de una mejor ocupación del vehículo o mejorar la planificación de la movilidad en los centros generadores de movilidad y zonas de actividad económica, desarrollando y subvencionando planes de movilidad urbana, reduciendo el coste del peaje
para los vehículos limpios, controlando los vehículos más contaminantes, renovando calderas, ventanas y mejorando la eficiencia energética en el sector doméstico, elemento clave en el sector de difusos, acciones de sensibilización, acciones de
información, etcétera. O sea que administraciones locales y autonómicas están trabajando también para mejorar la calidad del aire.

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Alguna vez hemos comentado -estamos hablando de contaminación atmosférica en las grandes ciudades- que el óxido nítrico o, si se oxida más, el dióxido de nitrógeno son elementos que contaminan la atmósfera, que pueden afectar a la salud de
nuestros ciudadanos en las grandes ciudades, en las grandes acumulaciones y creemos que en esto -lo hemos dicho otras veces- tendríamos que tener una sensibilidad muy clara. Estamos muy contentos porque el Gobierno del Partido Popular ha tomado
algunas iniciativas que, aunque no compartamos porque no territorializan los recursos, sí entendemos que tienen como objetivo la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de micropartículas -contaminación atmosférica por emisión de gases
como son los óxidos nitrosos o emisiones de CO2 con referencia a los cambios climáticos-, y el cambiar los vehículos básicamente de diésel de transporte seguramente ayudará mucho, incluso marca en el proyecto los beneficios, que son un 70% de
reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno, un 94% de partículas y entre un 15% y un 20% las emisiones de CO2. Pero más contentos estamos cuando en diciembre presentamos esta iniciativa y vimos que en el plan nacional de calidad del aire hay una
medida que es la HOR 12 1 que habla concretamente de creación de un grupo de trabajo para la evaluación de la reforma del impuesto de tracción mecánica mediante la inclusión de criterios ambientales. En ese sentido tal vez esperábamos una enmienda
del Grupo Popular adecuando esta iniciativa que presentamos en diciembre a lo que el Gobierno popular está ahora estudiando y llevando a cabo. No hay ninguna enmienda a esta proposición no de ley. Esperaremos a oír la posición del Grupo Popular
para ver cómo se sitúa. Es una medida concreta, es una medida de la que ya hemos hablado muchas veces y que el Gobierno del Partido Popular parece que la está iniciando, pero al crear un grupo de trabajo solamente parece una cosa que queda muy a
largo plazo. En ese sentido pediríamos al Grupo Popular que apoye esta enmienda y que el Gobierno trabaje en este sentido. Si no se apoya esta iniciativa, presentaremos otra e intentaremos pactar con el Grupo Popular algo que camine, vea fruto y
vea luz, y pueda salir adelante.


El señor PRESIDENTE: A esta propuesta se ha presentado una enmienda, por el Grupo de La Izquierda Plural, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz, doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Nuestro grupo parlamentario celebra que el Grupo de Convergència i Unió plantee avanzar en cuestiones de fiscalidad ambiental; de hecho, es una batalla que llevamos muchísimo tiempo dando, tanto en este Congreso
como en el Parlament de Catalunya, y además incluso nos sorprende porque Convergència i Unió no apoyó la proposición de ley de fiscalidad ambiental que planteo este grupo ni su admisión a trámite, donde incluía medidas en todos los niveles de
Administración, incluida la Administración local, y una reforma de las haciendas locales.


Nosotros compartimos la necesidad de un cambio de paradigma en la fiscalidad hace muchísimo tiempo, primero, para avanzar en una reforma fiscal que sea más justa y más progresiva, y que sea más justa, progresiva y equitativa tiene que ver
también con incluir los criterios ambientales en todos los ámbitos de fiscalidad, porque hoy un criterio de justicia debería ser que todos aquellos comportamientos y actividades que generan costes y daños al conjunto de la ciudadanía y al conjunto
de nuestro entorno deberían ser penalizados en nuestra fiscalidad y hoy España es uno de los países que está más lejos de los niveles de fiscalidad ambiental de la media de la Unión Europea, y de hecho es una parte muy poco desarrollada. Por tanto,
celebramos esta iniciativa, pero nuestra enmienda hace referencia al momento actual. Convergència i Unió empieza hablando de fiscalidad, luego concreta mucho en una cuestión del impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica y luego hace
referencia al proyecto de ley de 2007. Desde entonces la tecnología y la reducción de emisiones han evolucionado mucho. Por tanto, no nos quedemos con esas referencias a 2007, como hace el señor Soria a la hora de dar ayudas y deducciones en
función de los coches, porque eso es un todo cabe, todo el mundo tendría derecho a esa deducción fiscal, sino actualicemos de acuerdo a la situación actual y cómo están los avances tecnológicos en ese sentido. Nuestra enmienda va en esa línea.
Celebramos que Convergència avance en cuestiones de fiscalidad ambiental y esperemos que pronto tengamos un debate en profundidad, también porque el Gobierno habla mucho de fiscalidad verde y luego cuando trae medidas fiscales a este Congreso acaba
penalizando, por ejemplo, las energías limpias, porque ahí se aleja mucho de lo que sería la fiscalidad verde en cualquier paradigma de mínima racionalidad. Esta es la enmienda y esperemos que sea aprobada porque simplemente se trata de actualizar
para que sea coherente con el objetivo que plantea.


El señor PRESIDENTE: Respecto a esta iniciativa, ¿grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)


Por UPyD tiene la palabra el señor Cantó.

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El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Estamos de acuerdo con la propuesta que nos trae aquí hoy Convergència i Unió, de acuerdo con que se deben introducir a nivel local criterios de sostenibilidad o ecológicos relativos a la fiscalidad
municipal. El que se menciona en esta PNL es sobre los vehículos de tracción mecánica, pero no solo hay que quedarse ahí, se puede ir mucho más allá en muchas materias que se pueden regular desde la Administración central y que se pueden impulsar.


Por otra parte habría que recompensar también a aquellos que menos emiten o menos energía gastan; hay que desterrar el concepto de quien contamina paga e introducir el de no contaminar ahorra, buscando el estímulo positivo del ciudadano y
haciéndole ver que llevar una vida más sostenible le sirve para ahorrar y además consigue ahorrar costes a la sociedad. Esas medidas fiscales también se deberían aplicar a la implantación de energías renovables en las viviendas, que tendría que ser
recompensada mediante una serie de bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles. Actualmente solo se bonifica la fotovoltaica, pero se tendría que aplicar también a la geotérmica o a las viviendas que lleven a cabo proyectos de
rehabilitación energética y mejoren su eficiencia en los puntos que se determinen. El beneficio añadido es que la implantación de fuentes renovables en viviendas o la realización de obras de acondicionamiento de viviendas además mueven un sector
productivo muy dañado por la crisis económica y ayuda a generar economía de una forma productiva, promoviendo ahorros en energía y en emisiones contaminantes.


En todo caso, teníamos unas pequeñas dudas con esta PNL que tiene un valor cualitativo pero no cuantitativo, y son cinco. En primer lugar, nos parece que no están definidos los criterios cuantitativos para la adopción de esas tasas
ecológicas. En segundo lugar, creemos que, si se llega a un acuerdo de tasas ecológicas, estas deben ser uniformes en todo el Estado español evitando la adopción de tasas diferentes en función de otros interesas. En tercer lugar, las tasas
ecológicas no deberían gravar al sector de la población con menos recursos económicos. En cuarto lugar, las tasas ecológicas recaudadas, si este fuera el caso, deberían servir para crear un fondo de créditos para la adquisición de vehículos a los
sectores con menos posibilidades de acceso al crédito para cambio o adquisición de vehículos nuevos. Y, en quinto lugar, también nos surge la duda de si estas tasas tendrían el origen en la ficha técnica del vehículo o en las sucesivas revisiones
que se realicen en las ITV.


El señor PRESIDENTE: Don Pedro Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: En primer lugar, queremos manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa propuesta por el Grupo de Convergència i Unió y también a la enmienda que ha elaborado el Grupo de La Izquierda Plural a esta proposición
no de ley, pero también quisiéramos hacer dos comentarios muy breves, respetando la limitación de tiempo que nos ha planteado el presidente de la Comisión, en relación con esta PNL que consideramos que es acertada pero también insuficiente en cuanto
a las propuestas que se incluyen en ella.


En primer lugar, nosotros vamos a dar apoyo a las iniciativas que tengan que ver con el cambio climático. Damos la bienvenida a este tipo de iniciativas, sobre todo en una legislatura en la que, por desgracia, el cambio climático no es que
haya pasado a ser un elemento central en la política del Gobierno, sino un elemento absolutamente olvidado, finiquitado e incluso también frivolizado en algunos proyectos de ley o en algunas iniciativas legislativas puestas en marcha por el grupo
mayoritario en esta Cámara. Tenemos el ejemplo de la Ley de Costas, pero habría otros innumerables ámbitos en los que se ve que el cambio climático no es un elemento central en esas políticas del actual Ejecutivo. Consideramos también importante,
y es acertado, algo que ha señalado el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, y es que también las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen mucho que decir a favor de las políticas para luchar contra el cambio climático. Hay que
recordar que, dada la distribución competencial de muchas de las materias relativas a los sectores difusos, sobre todo al transporte privado, que está en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, incluir o involucrar a estas
instituciones en la lucha contra el cambio climático consideramos que es importante. Es verdad que en el enunciado de la proposición no de ley por parte del grupo proponente se habla de ampliar la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad
municipal, pero al final solamente se plantean iniciativas de reforma de la financiación local en lo que tiene que ver con la imposición para los vehículos de tracción mecánicas. Consideramos que cuando estamos hablando del transporte privado, y
sobre todo del transporte de coches, tendríamos que incluir también un análisis sobre otro tipo de impuestos, como pueda ser el de matriculación, como pueda ser el de carburantes o como pueda ser el de aparcamiento en vía pública. Todas estas
cuestiones no son incorporadas -pese al título que se le da a esta proposición no de ley de

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ampliar, insisto, la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal-, no se les da importancia ni tampoco se mencionan en la parte dispositiva.


En segundo lugar, valoramos positivamente que el grupo proponente vincule la creación de este tipo de tributación o de modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica no tanto con la finalidad recaudatoria sino con la finalidad
disuasoria, que es de verdad lo que caracteriza a los impuestos verdes. Por desgracia, lo que estamos viendo por parte del Gobierno es una vinculación de estos impuestos verdes con fines absolutamente recaudatorios cuando la literatura lo que dice
es que estos impuestos, si tienen un fin, si tienen un objetivo es básicamente un objetivo disuasorio. En todo caso -y con esto termino, señor presidente- tenemos que plantear una cuestión de impacto recaudatorio. Es verdad que si se lleva a cabo
esta modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica vamos a considerar que los ayuntamientos van a ver reducida su recaudación a través de este impuesto, que viene a representar en torno a un 9% o 10% del total de ingresos públicos de
los ayuntamientos y en consecuencia habría que articular algún tipo de mecanismo compensatorio. En esto deberíamos plantear al Gobierno -y se lo planteo también al grupo proponente- esos mecanismos compensatorios porque es cierto, a la vista de la
propuesta de modernización o de reforma de la Administración local por parte del actual Gobierno y la reducción en la participación de los ingresos del Estado de cara a los ayuntamientos como consecuencia de la desaparición de las competencias
impropias, que efectivamente todas esas participaciones en los ingresos del Estado de cara a los ayuntamientos se ven reducidas en el medio plazo. Quiero decir con esto que es verdad que tenemos que plantear una tributación ambiental con fines
disuasorios y no recaudatorios, pero en todo caso no podemos obviar el impacto recaudatorio que tendría esta modificación propuesta por el Grupo de Convergència i Unió en relación con los vehículos de tracción mecánica.


En todo caso, señor presidente, vamos a votar a favor de esta iniciativa por cuanto consideramos que todo aquello que tenga que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero es bienvenido y necesario en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de tres minutos, tiene la palabra don Antonio Pérez Insua.


El señor PÉREZ INSUA: Señorías el Grupo Parlamentario Popular entiende positiva la propuesta que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal,
en especial la adopción de medidas referidas a los impuestos de vehículos de tracción mecánica, y asimismo este criterio lo comparte el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el ámbito de sus competencias. No obstante, como
conocen sus señorías, esta medida en la actualidad solo se podría aplicar a turismos y vehículos comerciales ligeros ya que solo para este tipo de vehículos existe un método oficial de medición de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el
resto de vehículos a los que se aplica este impuesto de tracción mecánica, es decir, camiones, autobuses, tractores, remolques y semirremolques, y motocicletas y ciclomotores, no existe un método oficial de medición de emisiones de GEI, si bien es
cierto que el uso de combustibles más limpios, como el GLP, los eléctricos o los híbridos podrían ser considerados de forma específica en la fiscalidad de estos últimos. Sin embargo hemos de resaltar que en lo que respecta al impuesto de vehículos
de tracción mecánica, regulado en los artículos 92 a 99 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la competencia es del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.


Por otra parte, hay que señalar que actualmente la cuota del impuesto se determina con arreglo a un cuadro de tarifas establecido en función de la clase de vehículo y la potencia del mismo. No obstante, queremos también señalar que mediante
acuerdo, como aquí ya se expuso, del Consejo de Ministros de 12 de abril, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se aprobó el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013-2016, Plan Aire,
Boletín Oficial del Estado de 23 de mayo. Su objetivo principal es mejorar la calidad del aire de nuestro país de modo que a su vez se proteja la salud de las personas y el medio ambiente. Las medidas del Plan Aire, como seguramente sus señorías
conocen, se dividen en horizontales y sectoriales. Las primeras, es decir, las medidas horizontales, actúan sobre la información a la ciudadanía, la concienciación, la Administración, la investigación y la fiscalidad. Las segundas, sin embargo,
van dirigidas a sectores concretos como la industria, la construcción, el transporte, la agricultura y la ganadería, o al sector residencial, comercial e institucional. Es, por tanto, señorías, dentro de las medidas horizontales del Plan Aire es
donde se actúa

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sobre la fiscalidad mediante la utilización de instrumentos fiscales para la mejora de su calidad. En consecuencia, es en este marco donde se prevé evaluar la inclusión de la calidad del aire en el impuesto de vehículos de tracción
mecánica. Con esta finalidad existe el compromiso de crear un grupo de trabajo interministerial para la evaluación de la inclusión de criterios de calidad del aire en el impuesto de vehículos de tracción mecánica bajo la responsabilidad de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, y la participación de la Dirección General de Tributos, la Oficina Española de Cambio Climático, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, así como las
entidades locales. Se plantea la introducción de elementos medioambientales en el cálculo de la cuota tributaria de dicho impuesto al objeto de que el gravamen tenga en cuenta el grado de contaminación de los vehículos en términos de emisiones de
CO2, óxidos de nitrógeno y partículas. Con toda seguridad, señorías, estas medidas contribuirán a la renovación del parque automovilístico español y con ello a la protección del medio ambiente mediante una menor contaminación atmosférica.


Para finalizar, no podemos dejar de señalar que la revisión de este impuesto, como supongo compartirán sus señorías, debe acordarse con la Federación Española de Municipios y Provincias y abordarse desde un punto de vista global en el marco
de la reforma del sistema de financiación de las entidades locales.


Señoría, no vamos a apoyar su iniciativa y desde luego no porque no la compartamos o no estemos de acuerdo con ella, sino porque creemos que el Gobierno, con la adopción del acuerdo ya mencionado del Consejo de Ministros de 12 de abril por
el que se aprobó el Plan nacional del aire y protección de la atmósfera 2013-1016, así como con la inminente creación del grupo de trabajo interministerial para la evaluación de la inclusión de criterios de calidad del aire en el impuesto de
vehículos de tracción mecánica, está ya trabajando en la línea adecuada de ampliar la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal y contribuir de esa manera a la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire de
nuestras ciudades.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barberà, simplemente para que diga si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo de La Izquierda Plural.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: No compartiendo alguna crítica que ha hecho la compañera Laia Ortiz, sí aceptamos su enmienda.


- SOBRE MEDIDAS PARA FACILITAR EL EJERCICIO DE LA CAZA Y LA PESCA EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001122).


El señor PRESIDENTE: Debate de la proposición no de ley sobre medidas para facilitar el ejercicio de la caza y la pesca en España, que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y para cuya defensa tiene la palabra su portavoz don Teófilo
de Luis, por un tiempo máximo de siete minutos.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: En efecto el Grupo Parlamentario Popular -y me complace mucho tener la oportunidad de presentar esta iniciativa hoy en la Comisión de Agricultura- una vez más trae a debate de esta Cámara una iniciativa para
facilitar que los ciudadanos puedan ejercer la actividad de cazar o pescar en las distintas partes de España cumpliendo en todos sus términos la legislación existente. Y digo una vez más traigo a la Cámara porque una iniciativa similar a esta fue
debatida a iniciativa nuestra en el año 1999, concretamente en la Comisión de Administraciones Públicas -así consta en el 'Diario de Sesiones'-, y en aquel momento, cuando estábamos en mayoría relativa, justo al final de la primera legislatura del
Gobierno del presidente Aznar, conseguimos el apoyo favorable de Convergència i Unió en la persona de Jordi Jané y también el de una antigua amiga, hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial, la señorita Margarita Uría, que señaló que el PNV
estaba dispuesto a cambiar su criterio si no imponíamos y debatíamos. La iniciativa prosperó gracias al apoyo de estos compañeros de Cámara, pero no contamos entonces con el apoyo del Grupo Socialista, que se abstuvo con la intervención de don
Demetrio Madrid.


Entrando en materia, el ordenamiento jurídico que regula la actividad de las instituciones en España, la Constitución de 1978, concretamente en su artículo 148.1.11ª, establece que las comunidades autónomas tendrán competencias en materia de
aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial. Posteriormente también señala el citado artículo, en su punto 9, que tendrán las comunidades autónomas competencias en materia de medio ambiente, mientras que en el artículo 149,
cuando se

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habla de las competencias del Estado, no se dice nada de caza y pesca, lo que quiere decir por tanto que el ámbito que nos ocupa es autonómico. Haciendo uso de la facultad que la Constitución les otorga, los distintos estatutos de autonomía
han reconocido como competencia exclusiva de las comunidades autónomas, de sus asambleas legislativas, la caza y la pesca, que es la materia que hoy estamos debatiendo, y como consecuencia de ello se han regulado por cada una de las distintas
comunidades autónomas leyes de pesca y caza, desarrollando en qué condiciones se puede practicar esa actividad.


En efecto casi todas las leyes de caza o de pesca -me da exactamente igual- determinan los objetivos que persigue la norma en los distintos espacios en los que se puede practicar la actividad, las diferentes especies que pueden ser objeto
también de caza o de pesca, las órdenes de veda, y entre otras regulaciones también se establece la necesidad de disponer de una licencia, que es la materia central que hoy nos ocupa, con el correspondiente abono de una determinada tasa por ejercer
esa actividad. Naturalmente en estas circunstancias no es menos cierto que quien hoy quiere cazar en distintas partes de España tiene que cumplir el trámite administrativo que antes he señalado, es decir, acceder a una licencia y abonar una
determinada tasa.


La iniciativa que hoy estamos debatiendo, y para la que espero contar con el apoyo de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios que van a participar en el debate, lo que pretende es simplificar ese trámite para que quienes puedan o
quieran practicar la caza o la pesca en las distintas partes de España lo puedan solventar desde su propia comunidad de origen, satisfaciendo la tasa y cumpliendo la legislación autonómica en cada caso. Naturalmente todo este interés nuestro por
conseguir impulsar esta medida es consecuencia del alto interés que existe en mucha población de nuestro país para poder ejercitar estas actividades. Estamos hablando de que el número de licencias de escopeta que hay en España es de un millón, que
se utilizan fundamentalmente para caza menor, y les estamos hablando de licencias de pesca cuyo número aproximado es de 700.000 en los distintos territorios autonómicos para ejercer la actividad.


Ya tuve ocasión en otra iniciativa que debatimos en esta Comisión al inicio de la legislatura de señalar la importancia que tiene este tipo de actividad en nuestro país. Es evidente que tanto la caza como la pesca están muy vinculadas a
nuestras tradiciones y a nuestra cultura; es evidente que son actividades absolutamente lícitas y legales que practican igual personas del ámbito rural que del ámbito urbano; es evidente que son dos actividades que tienen un gran componente de
conservación. He repetido en muchísimas ocasiones en las distintas legislaturas en las que me he ocupado del asunto que, tanto para los cazadores como para los pescadores, si no hay entorno conservado no hay especies, si no hay especies no hay
actividad, y por lo tanto ellos son los primeros interesados en que exista entornos en buenos niveles de conservación y especies saludables para poder practicar la lícita actividad que les anima. Al inicio de la legislatura, como he dicho antes,
tuvimos ocasión de defender en esta Comisión una iniciativa que resaltaba la importancia del sector cinegético como un sector muy relevante. Realmente la actividad de cazar y pescar, por las características que antes he señalado y por el carácter
horizontal de sus practicantes, generan muchísimas economías de escala, mueven muchísimo jornal, muchísimo empleo, y también muchísima renta en distintas partes del territorio nacional que muchas veces puede significar un recurso muy importante a
utilizar, y hoy es evidente que desde el punto de vista del grupo que apoya Gobierno estamos muy comprometidos en aprovechar cualquier oportunidad que contribuya a generar empleo y renta en este país.


En conclusión, y como primera parte de presentación -luego hablaré de las enmiendas que se han presentado-, consideramos que la iniciativa que hoy presentamos es coherente con lo que ha sido nuestra actividad parlamentaria desde 1996.
Naturalmente responde al compromiso electoral con el que concurrimos a las elecciones de 2011; me parece recordar que nuestro partido político fue el único que hacía una referencia a este asunto en su programa electoral, y naturalmente también es
coherente con la proposición inicial de esta legislatura que hemos presentado. Espero que los grupos me acompañen para conseguir simplificar el trámite, respetar los ingresos, y que se pueda constituir un registro de infractores que haga posible
conocer los que hayan incumplido la legalidad en la materia para que no puedan colarse por este camino para practicar la actividad.


Respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista -y entro a valorarla-, el primer punto que habla de que la simplificación de las licencias o que la licencia única esté en marcha al inicio de la próxima temporada -no sé quién va
a ser el portavoz, si va a ser el señor Alonso-, si es el señor Alonso él sabe igual que yo que en este momento estamos en temporada cinegética de corzo; él sabe que en septiembre es temporada cinegética de berrea y de ronca, de gamo y de venado, y
por tanto no hay tiempo material para hacer esto. Por ello si se hace para poder decir al medio cinegético que nos oponemos

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a una inmediatez sabe usted que no hay solvencia en esta enmienda, y que no se puede aceptar porque como he dicho antes todo pasa por un diálogo fluido y transparente entre la Administración General del Estado y las administraciones
autonómicas, y me sospecho que de aquí a que se inicie la actividad cinegética no va a haber tiempo para que fluya esa comunicación imprescindible, respetando el ámbito competencias de las comunidades autónomas.


Tampoco creo que sea materia crear el consejo nacional de caza; tampoco creo que se ajuste a derecho el punto 4 que pretende adicionar, por cuanto que dice que se regule la responsabilidad de los accidentes de tráfico ocasionados por
especies cinegéticas. Le quiero recordar al señor Alonso que ...


El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, antes de pronunciarse sobre las enmiendas que presentan el resto de los grupos deberíamos esperar a que las defendieran los grupos que las han presentado. Viene siendo habitual en esta Comisión que
después de que los distintos grupos hayan defendido las enmiendas que han presentado se pronuncie simplemente a los efectos de aceptarlas o rechazarlas.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Pero si me ajusto al Reglamento -y el presidente sabe que soy un escrupuloso seguidor del Reglamento- el trámite que me concede la Presidencia, una vez que se ya se han presentado las enmiendas, es a los efectos
de manifestar exclusivamente si las acepto o no. Si puedo valorar la enmienda interrumpo el debate aquí, pero luego sí quiero hacer la valoración de la enmienda; si no utilizo el tiempo de presentación para valorar las enmiendas presentadas.
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, por favor. El tratamiento que esta Presidencia dispensa a todos los grupos, como no podía ser de otra manera, es el mismo. Su tiempo se ha rebasado, señor De Luis, en dos minutos dieciséis
segundos, y esta Presidencia no considera pertinente el debate posterior de las enmiendas, se acepten o no. Usted que está en la Mesa de la Cámara sabe perfectamente ...


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Lo sé perfectamente, presidente, y por lo tanto creo que estoy haciendo lo que me corresponde.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que colabore con esta Presidencia.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Voy a colaborar y acabo enseguida, presidente; muchas gracias.


Como decía, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial se ha corregido en varias ocasiones y ahí figura un texto donde se establecen tres posibilidades de responsabilidad, precisamente promovido por mi grupo parlamentario vía enmienda -en dos
ocasiones se modificó la ley-; y respecto al registro de pureza me preocupa tanto como a usted la situación, pero tampoco creo que sea el momento para presentarlo. Recientemente me he preocupado por la población de perdiz, y estoy seguro de que
también es preocupación del señor Alonso.


Respecto a las enmiendas de La Izquierda Plural la primera enmienda sobre el control de poblaciones que pueden agredir a la ganadería no es materia de la iniciativa, y en lo que se refiere al registro de infractores está subsumido en la
proposición no de ley inicial, en su punto 2.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra por un tiempo máximo de cinco minutos su portavoz, don Alejandro Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Con el mejor ánimo le diría al señor De Luis, diputado de gran experiencia en esta Cámara, que es una gran verdad eso de que no hay como ser Gobierno para ver las cosas de otra manera, porque quién le ha oído a usted
en esta Cámara y en algunos ámbitos de la caza defender beligerantemente determinadas medidas para finalmente traer aquí una proposición no de ley que tendrá que reconocer conmigo, señor De Luis, que después de catorce años de reivindicación este
tenor literal que usted nos trae es bastante débil. Como dicen en mi pueblo esto es como la parte contratante de la primera parte que es igual ... Señor De Luis, después de catorce años traer una proposición no de ley que dice: Impulsar la
medidas precisas para que con respecto a las competencias ... y salvaguardando la percepción de .... hagan posible la realización de los trámites previos. Es decir, que no es para la concesión, sino que es para la concesión en su caso de la
licencia o no. Creo que nos trae usted aquí una cosa bastante ligerita, señor De Luis. Le agradezco la iniciativa, le digo que en el Grupo Socialista -se lo dije en la anterior ocasión- tienen ustedes la complicidad absoluta para que en España se
establezca una

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licencia de caza y de pesca para su uso en todo el territorio nacional, y que cuanto antes aprueben la medida muchísimo mejor. Pero yo creo, señor De Luis, que esto es una cosa bastante ligera. Usted reconocerá conmigo que el sector de la
caza en este momento, después de catorce años reivindicando esta medida, esperaría del Congreso -por supuesto del Grupo Popular y espero que también de todos los grupos- un compromiso algo mayor que el que usted nos trae aquí. En ese sentido iba
nuestra primera enmienda.


Si usted dice que la próxima temporada es un compromiso exagerado, le pediría que propusiese en la Cámara su horizonte temporal, el horizonte del Gobierno. Tienen mayoría absoluta, nos han traído aquí ya treinta y tantos reales decretos;
las cosas que ustedes quieren hacer las hacen, porque tienen mayoría para hacerlas. Yo no diría que esto es poco serio, es una cosa de buena voluntad, seguramente no le habrán dejado en el Gobierno, es un tema difícil. ¡Claro! Por eso lleva
catorce años, pero si viene al Parlamento creo que deberíamos -y le sugiero que haga un intento de aquí a la votación- buscar una redacción -que yo estoy dispuesto a apoyar, no sé si otros grupos, espero que sí- que pudiera hacer un mandato más
claro al Gobierno en el sentido de que la licencia de caza para uso en todo el territorio nacional sea una realidad en un plazo determinado, porque esta redacción sabe usted, señor De Luis, que tiene más experiencia que yo, que en ese sentido del
compromiso no vale para nada.


La caza en este momento, que es un sector -coincido absolutamente con usted- importantísimo en España, hay un millón de cazadores, muchísima superficie acotada, tiene muchísimos problemas; es un sector que no es ajeno a los problemas de la
crisis económica. Ha habido una disminución de actividad muy grande en todas las zonas cinegéticas de España, ha habido una pérdida de empleo muy importante, pérdida de ingresos, y por tanto el sector en este momento está esperando medidas claras,
concretas, de apoyo al sector. Sinceramente creo que la proposición no de ley que nos trae, que tiene buena voluntad, de alguna manera va a dejar de medio lado a los gestores de la caza, a los responsables, a los representantes. Por eso tratábamos
de mejorarla. Yo, como usted, tengo algunas relaciones, conozco la problemática de la caza, y en este momento al sector de la caza le preocupa esa disminución de actividad y ese incremento impositivo, muy importante, usted lo sabe, que se está
produciendo en las actividades de la caza; incremento en las licencias, incremento en impuestos municipales, incremento en impuestos autonómicos e incrementos impositivos generales que ustedes han aprobado en esta Cámara. A la caza le preocupa en
este momento que no tiene una garantía de interlocución para resolver estos problemas. Están reivindicando desde hace muchísimos años la creación de un consejo nacional de caza, y por eso lo hemos propuesto. Ustedes han manifestado que era bueno
esto en la pasada legislatura y seguramente en la anterior, y si no es en esta PNL podría ser en otra.


El tema de la responsabilidad en accidentes de tráfico es un tema recurrente, sale en todas las reuniones, y mientras ustedes han sido oposición recogían la bandera, y ahora dicen que esto no es necesario. Nosotros creemos que es necesario,
las federaciones de caza lo siguen reivindicando porque sigue habiendo muchos problemas. Y el establecimiento de un banco genético para preservar las especies cinegéticas típicamente españolas es una responsabilidad del Gobierno central, no es de
las comunidades autónomas. Sinceramente creo que son aspectos que podrían ser incorporables en la medida que usted interpretara que sí, y en el margen de autonomía que su grupo parlamentario pudiera tener en este caso. No son cosas fuera de razón.
En ese sentido iban nuestras enmiendas. Lamento que ninguna de ellas vaya a ser aceptada por el Grupo Popular, pero en relación al motivo principal de la proposición no de ley, que es la licencia de caza única, le ruego nuevamente que de aquí a la
votación intente proponer una transaccional que permita al sector de la caza ver un horizonte temporal concreto para que la licencia de caza sea una realidad, porque sinceramente, señor De Luis, con la PNL que usted nos plantea ningún cazador que la
lea podrá ver una fecha clara que confirme esta esperanza, expectativa o petición del sector, que vuelvo a repetir es de hace mucho tiempo.


El señor PRESIDENTE: También ha presentado enmiendas el Grupo de La Izquierda Plural. Doña Laia Ortiz por error las había formulado ante otra iniciativa, la iniciativa anterior, pero puede defenderlas usted ahora, y le ruego que por un
plazo máximo de cinco minutos.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Después de asistir a este apasionante debate de los dos partidos, creo que debe venir de lejos este debate bipartidista, que van alternando en función de quién esté en el Gobierno, porque hablaban de catorce años
de lucha por el sector de la caza. El punto de vista de nuestro grupo parlamentario está bastante más alejado de este entusiasmo por la caza como la gran solución económica o como un gran sector económico. Seguramente también se deberá a
realidades muy distintas

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en función del territorio, en función de la composición. Por ejemplo en el territorio que yo vengo la caza no es un sector económico, es un sector muy vinculado a las formas de vida en el campo, y por lo tanto tiene mucho que ver con una
actividad no rentable, sino efectivamente muy vinculada a las zonas rurales.


Nos preocupa también que aunque en esta proposición no de ley se habla de que el sector de la caza y de la pesca puede contribuir a la protección de la biodiversidad y la conservación, podría ser, pero hasta ahora no ha sido un sector muy
aliado de todo esto, a nuestro entender no lo ha sido, poniendo especiales reticencias a limitaciones en parques naturales o limitaciones a las tramitaciones sobre pesca en muchas comunidades autónomas donde los intereses de la pesca no siempre
coincidían con los intereses de la fauna que debería existir en algunos ríos, es según los intereses de cada sector.


También nos preocupa esta exaltación como actividad económica porque eso sí que entraña, como mínimo, peligro sobre lo que se puede convertir como amenaza a la biodiversidad. Una cuestión que también tiene que ver es que el ponente de esta
iniciativa dice: no, las enmiendas de Izquierda Plural tienen poco que ver con lo que venimos a plantear. Claro, seguramente si olvidamos esta parte de biodiversidad, de cómo compatibilizamos distintas actividades, aparte de la caza y la pesca,
con lo que planteamos en nuestra enmienda número 1, donde se señala cómo hacer compatible el control de algún tipo de poblaciones, hacerlo también compatible con cuestiones de trashumancia, eso es precisamente compatibilizar actividades de caza y
pesca de acuerdo con la biodiversidad. Pero con esa respuesta se hace efectivo que evidentemente lo que hay de fondo no es la preservación de la biodiversidad, sino otra cuestión, y por eso usted ve que no tiene nada que ver cuando se le plantea
una enmienda de este tipo. Nuestra enmienda va a esa dirección. No hace mucho -dos o tres meses- ya el Grupo Popular insistió en hablar de la caza como un sector estratégico. Nuestro grupo parlamentario no tenía más pretensión que incorporarla.
Es decir, si es un sector y es una realidad evidente -aunque no con el entusiasmo que ustedes plantean, y que hay que regular y que hay que ver cómo se da en nuestro territorio- pongámoslo también en valor en otras cuestiones. Lo que planteamos es
crear un grupo de trabajo con representantes de las administraciones, comunidades autónomas, ONG, para desarrollar mecanismos de prevención y minimizar los daños a la ganadería producidos también por fauna salvaje. Entendemos que ahí el sector
puede jugar un papel y buscar alternativas.


Ustedes plantean la libertad de una licencia única, la movilidad. Nosotros entendemos que en coherencia con esto también plantean que haya un registro para controlar a los infractores. Lo que plantemos nosotros es un matiz que nos parece
importante; es verdad que si se da libertad también hay que -en coherencia- poder controlar a aquellas personas que no han hecho un adecuado uso de esa licencia, y por lo tanto concretamos que aquellas personas que se encuentran inhabilitadas en
una comunidad evidentemente no se vayan a otra y sea un método de escape. Creemos que es algo de sentido común y que es la otra cara de la moneda.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición por un tiempo máximo de tres minutos? Señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: En septiembre del año pasado nuestro grupo ya expresaba su opinión sobre la actividad cinegética. Decíamos -y queremos repetirlo para que quede claro- que la caza es vital económicamente en varias
provincias del interior, estimula la conservación de áreas y especies en un estado casi salvaje, siempre y cuando la finca sea bien llevada; aporta valor paisajístico, fija población en zonas relativamente despobladas, induce actividad indirecta,
tanto en artesanía y en ciertos oficios como en otras industrias, y además atrae turismo exterior y en muchos casos debo añadir de alto nivel; contribuye también a generar ingresos en temporadas fuera de verano.


En otra ocasión, al hablar de desarrollo rural, precisamente poníamos entre otros el ejemplo de las licencias de caza; también por cierto el de la lucha contra los incendios, etcétera, como motivación para que haya un plan de desarrollo
rural. Esta iniciativa del Grupo Popular la vamos a apoyar porque propone una medida concreta y específica que claramente beneficia a esta actividad y a los ciudadanos que tienen un negocio dentro de ella, y a los que disfrutan de este modo de la
naturaleza, pero también porque facilitará -y nos escabullamos de los problemas- el control que debe haber sobre estas actividades, porque en estas actividades también hemos visto, por el mal manejo de fincas y sobreexplotación, programación de
plagas, intoxicaciones por el uso ilegal de cebos envenenados, muertes de especímenes en fases de dispersión, águilas reales y otras especies. También hemos visto la introducción de especies foráneas perniciosamente expansivas con daños
medioambientales, también con deseconomías externas para otras actividades; en el caso de la pesca los ejemplos se multiplican. Por tanto no todo de lo que

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estamos hablando hoy aquí es belleza natural, como el PP parece que nos quiere hacer creer en sus repetidas iniciativas, y desde Unión Progreso y Democracia vamos a estar atentos a los abusos. Consideramos que precisamente la licencia única
nos permitirá mejorar en algunos aspectos el control de esa minoría de desaprensivos. No sabemos si esto entraba o no en los cálculos y en la intención del proponente, que presumimos que así es. En todo caso, bienvenida la propuesta, y quiero
decirle al Grupo Popular que cuenta con nuestro apoyo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barberà, por Convergència i Unió.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: De la exposición del portavoz del Grupo Popular se desprende que siempre Convergència i Unió -como se ha referido en la cita a nuestro compañero Jordi Jané- ha estado al lado de la actividad cinegética, y no
me voy a extender, pero siempre con un límite, que es el ámbito competencial. En ese sentido pediríamos votación separada de los dos puntos para poder votar afirmativamente el punto número 1 y abstenernos en el 2, ya que aunque sí tenemos claro el
objetivo creemos que hay otros medios para unificar registros, para establecer mecanismos, para detectar los solicitantes de licencias que se encuentren inhabilitados. Creemos que ahí, como usted ha dicho, señor presidente, si el portavoz nos hace
el favor de dividir y votar los puntos por separado, votaríamos que sí al punto número 1 y nos abstendríamos en el punto número 2.


El señor PRESIDENTE; Señor De Luis, simplemente a los efectos de que exprese la posición de su grupo sobre la propuesta de votación separada que ha hecho Convergència i Unió, tiene la palabra. En cuanto a las demás enmiendas ya se ha
adelantado en el turno.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Naturalmente favoreceremos la votación separada de ambos puntos.


- SOBRE EL ATÚN ROJO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001551).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, por un tiempo máximo de siete minutos, tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor presidente, dicen siempre que Canarias es un paraíso, un paraíso en clima y un paraíso también para los atunes y los túnidos; para otras cosas no, porque somos la comunidad autónoma con mayor paro, un
34%, y con un sector, el de la pesca, que se ha visto afectado por los últimos convenios internacionales, golpeado casi de muerte, con un sector agrario golpeado también por los acuerdos con Latinoamérica, y con una historia en el mundo de la pesca
y del atún muy importante. Canarias llegó a tener el 20% de las cuotas de España en determinado momento. Hoy es un sector que da ocupación a cerca de 300 embarcaciones y a 1.500 familias humildes; un sector absolutamente artesanal, no industrial
como en otras zonas, y nos encontramos en una situación de partida que es la siguiente: no se permite la pesca dirigida, la pesca del atún en Canarias, conocido como patudo, porque en Canarias no se dice atún rojo, se le dice patudo. Es pesca
accidental, tiene el sector canario 300 barcos y 1.500 familias, y tiene solo 29 toneladas, que es únicamente el 1,21% de la cuota nacional. Y además la veda es de noviembre a mayo. ¿Por qué todo esto que estoy diciendo, y esa posición de partida
es absolutamente absurda? Pues es absurda porque las artes de pesca en canarias son tradicionales y sostenibles; se pesca con caña y línea de anzuelo. Es un tipo de pesca selectivo, donde se cogen piezas con peso de 200 a 300 kilos, que ya han
criado, por tanto totalmente artesanal, que no afecta a los recursos ni al stock del atún del océano Atlántico, y que es apoyado incluso por el sector ecológico, y como saben también por los especialistas tanto del Iccat como del Instituto
Oceanográfico Español, que conocen las reivindicaciones del sector atunero canario.


Hemos planteado una proposición no de ley porque nos encontramos con que se está apoyando a la flota de cerco del Mediterráneo, que fue la que esquilmó los caladeros, y donde por ejemplo 6 embarcaciones tienen el 28% de la cuota, con 648
toneladas. Les recuerdo: 6 embarcaciones el 28%, 300 barcos en Canarias, 1.500 personas, 29 toneladas. El atún es una especie migratoria que se captura en Canarias en los meses de febrero a junio, pero eso es una nueva discriminación porque en
Canarias, como saben, la veda impide pescar en la época en que los atunes están en Canarias. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos unas aguas canarias rodeadas por japoneses, que descargan en Canarias 1.500 toneladas de atún, que

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además lo pescan en la época en que están los atunes en Canarias, y tal como está en este momento el sistema, que es accidental, la mínima cuota de 29 toneladas, y la época de veda, en Canarias solo se puede pescar un mes, que es junio.


¿Qué es lo que se plantea? Quiero decir aquí una cosa. El Partido Popular, un mes antes del acceso del señor Rajoy al Gobierno, llevó una proposición idéntica a la que yo estoy planteando al Parlamento de Canarias, que fue aprobada por
todas las fuerzas políticas, porque era el planteamiento lógico. Ahora nos encontramos con que el PP está gobernando, creemos que hay buena voluntad; el otro día el presidente en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo se reunió con el sector,
pero tenemos que resolverlo para la próxima temporada. Para el resto de las especies nuestros caladeros en este momento necesitan alivio, y por eso planteamos una serie de cuestiones. Primero, planteamos que pase a ser pesca dirigida y no pesca
accidental, como es en este momento, entre otras cosas porque la alternancia permite la regeneración del resto de las especies del caladero, como sucede en otras zonas. Segundo, que Canarias vuelva a tener una cuota relacionada con razones
históricas y económicas; las históricas, el peso que tuvo en la pesca en determinado momento, y las económicas, que estamos en el paraíso de los túnidos. Tercera cuestión, que el periodo de veda se establezca en las fechas más idóneas para las
capturas, que son los meses de febrero a junio, y habrá que hacer las gestiones con la Iccat. Después una cosa importantísima: hay que hacer también al Iccat la modificación del 5% referido al peso. ¿Por qué? Porque en Canarias los atunes pesan
200, 300 kilos, y eso no tiene nada que ver con el peso de otras zonas. Es una situación totalmente absurda en un sector estratégico, en una situación de paro terrible en Canarias, donde no podemos seguir viviendo solo del turismo, donde tenemos
una riqueza que está esquilmándose en otras zonas, y no en un sistema como es el de la pesca artesanal canarias, como digo de anzuelo y de cogida pieza a pieza, y sobre todo que es un futuro muy importante. Además por los últimos informes sabemos
todos que se ha regenerado la especie y que está en franca recuperación, y el propio sector atunero de Canarias está apoyado por los ecologistas, por el Instituto Oceanográfico de Canarias y los expertos españoles e internacionales, así como por el
propio Iccat, pero aquí hace falta gestión.


Termino diciendo varias cosas. La primera, agradezco el esfuerzo que ha hecho el portavoz del Grupo Popular en las enmiendas planteadas, pero creo sinceramente que tengo que ir en la línea que fue el propio Grupo Popular hace un año en el
Parlamento de Canarias con su iniciativa. Confío en la buena voluntad de la Comisión Europea, confío en la buena voluntad porque estas ridículas 29 toneladas del sector pesquero canario proceden de la época del Gobierno anterior, o sea que no estoy
pasando lista ni arremetiendo contra el Gobierno actual; lo que sí digo es que esta es una realidad, que es menor dentro de lo que hay, que no esquilma caladeros como otros de cerco del Mediterráneo; que hay que trabajar, que es posible, y que hay
buena voluntad en los organismos internacionales. Por eso creo que la proposición, tal como la tengo planteada -porque la del Grupo Popular es de sustitución-, queda más específica, más clara, más exigente y más determinada que la que plantea el
Grupo Popular, y por eso no le voy a admitir las enmiendas.


Respecto a la enmienda del Grupo Socialista quiero decir que no tiene nada que ver con mi propuesta; que se me ha planteado el asunto de esas enmiendas por no haber podido traer una iniciativa que tenía el Grupo Socialista, y que no tengo
inconveniente en que se añada a mi proposición no de ley, aunque no tiene nada que ver con el asunto que yo he planteado.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que ya se ha manifestado, aunque eso tenía que hacerse después de que los grupos presentaran sus enmiendas, pero ya hemos tenido un precedente que distorsiona el sentido de los debates, porque creo que los
grupos que presentan enmiendas tienen derecho a defenderlas para ver si convencen de su bondad al grupo proponente. Hay una autoenmienda que la ha dado usted por defendida en su intervención.


Las enmiendas se defienden por orden de presentación, luego en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra su portavoz, don Joaquín García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Quiero hacer una serie de precisiones, o vamos a decirlo más claramente, quiero señalar bien claro cuál es la situación por la que estamos debatiendo esta proposición no de ley o cuáles son los antecedentes que nos
llevan a debatir esta proposición no de ley.


Desde el año 2006 al 2012, el total admisible de capturas, lo que se conoce en el argot técnico de la pesca como el TAC del atún rojo oriental y del Mediterráneo, pasó de 29.500 toneladas a 12.900. ¿Qué supuso esto? Por resumirlo en unas
palabras, notables sacrificios para la flota, entre ellas para la canaria. En el año 2008 el anterior Gobierno procedió a hacer un reparto de la cuota de España para esta especie

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entre todas las modalidades de pesca e incluyó a la flota de Canarias en la categoría denominada como capturas accidentales, al tiempo que le asignaba un 1,2% de la cuota que tenía España para esta especie. Además, por regularla como
captura accidental, como acabo de decir, el tiempo o periodo habilitado para la pesca de esta flota no coincide, como ha dicho la señora Oramas, con la época de pesca del atún rojo en el archipiélago canario. A mayores, por si fuera poco lo
anterior, por si fuera poco el daño ya causado con las anteriores medidas, el número de puertos autorizados para la descarga del atún rojo era muy limitado. ¿Qué consecuencias tenía esto, señorías? Largos desplazamientos de pequeñas embarcaciones
artesanales en busca de esos puertos lejanos con el consiguiente gasto de combustible, a un precio, como todas sus señorías se imaginan, que hacía muy poco rentable a veces estas capturas. Desde el año 2006, Iccat, la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico, aprueba su plan de recuperación. Los anteriores Gobiernos socialistas fueron incapaces de conseguir un aumento de cuota desde el año 2006, y esto guarda una estrecha relación con una decisión muy criticada en su día
por el Grupo Parlamentario Popular, especialmente por el portavoz que ahora está en el uso de la palabra, la decisión del entonces Gobierno de suprimir la subdirección general que tenía las competencias del control de estas pesquerías, de todas las
pesquerías. Esto, ¿qué propiciaba? Desconfianza de estos organismos internacionales como el Iccat en España y falta de control, que fue denunciado reiteradamente por las ONG.


Finalmente, por no extenderme más en el relato de todo lo que supusieron estas medidas hasta esta fecha, también en el año 2008 fue el anterior Gobierno el que mediante una orden ministerial estableció el reparto de la cuota española
dedicando solamente el 1,2% a la flota canaria dentro de todas las modalidades de la pesca artesanal. Sin embargo algunos sí que recibieron un alto porcentaje de cuota, algunos sí que con ese alto porcentaje de cuota se dedicaron a transferirla,
percibiendo compensaciones económicas o fomentando lo que hemos venido en llamar la pesca o pescadores de salón, algo bastante antisocial. ¿Qué hizo este Gobierno desde que llegó al poder hace año y medio aproximadamente? Recupera esa
credibilidad, porque recupera, entre otras cosas, los mecanismos de control e inspección, con esa subdirección general que había eliminado el Gobierno anterior. Fruto de esa confianza consigue por primera vez desde el año 2006 un incremento de
cuota en el año 2012 en Agadir, en la cumbre de Iccat, en noviembre del año pasado, incrementando el TAC en 93 toneladas. Aquí lo importante ya no es solo la cifra, sino el cambio de tendencia, que implica que se vuelve a confiar nuevamente en los
mecanismos de control de España. Se incrementa considerablemente por tanto el número de barcos que están autorizados y los puertos asignados para la descarga del atún rojo también se incrementan, previa consulta al sector pesquero canario -quiero
remarcar esto- previo acuerdo -también lo quiero remarcar- con las autoridades autonómicas de Canarias para garantizar el control de estas capturas. Gracias a todo ello los barcos artesanales ahorraron combustible al no tener que hacer estos
desplazamientos a puertos lejanos y vieron incrementada su cuota.


Por fin, se ha aprobado una orden ministerial, a la que se ha referido la señora Oramas, la 642 del año 2013, con un amplio carácter social que evita la proliferación de esos pescadores de salón al limitar a dos años consecutivos la cesión
temporal de las cuotas individuales, haciendo partícipes en el caso de que haya esas transacciones a las tripulaciones de los ingresos que generan, y esta orden ministerial tengo que decirlo y remarcarlo, crea un fondo de maniobra que para este año
es de 93 toneladas destinadas fundamentalmente a las flotas artesanales y costeras, especialmente a la flota canaria, que gracias a este fondo de maniobra se va a beneficiar de 58 toneladas de esas 93. Es decir, que en el año 2012 esta flota
canaria tuvo 29 toneladas de TAC y pasa a tener 58, o sea, el cien por cien de incremento.


Esta proposición no de ley tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que sustituye todos y cada uno de los puntos porque no consideramos oportuno reabrir en estos momentos la clave de reparto entre las diferentes flotas, ya que
todas las flotas están perjudicadas por las reducciones que se han producido desde el año 2006, como he recordado. Las modificaciones de los periodos de veda corresponden al Iccat y no al Gobierno de España, y mientras no consigamos modificar el
periodo de pesca para la flota canaria no se puede plantear su calificación como pesca dirigida, que era otro de los puntos que pretendía la enmienda.


En definitiva -concluyo, señor presidente-, nuestra enmienda pretende reforzar la línea de trabajo de apoyo a la flota artesanal canaria, que está llevando a cabo el Gobierno de España especialmente el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, llevar al comité científico del Iccat la especificidad de Canarias en lo referido al periodo de pesca más adecuado, que se considere la asignación de cuota a la flota canaria como pesca dirigida, y finalmente eliminar las
discriminaciones que sufrió por parte del

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Gobierno socialista aunque por cierto, en algún momento con apoyo de su grupo parlamentario, señora Oramas. Lo que no persigue esta enmienda es lo que sí propone la del Grupo Parlamentario Socialista, que es dar preferencia a un reparto de
cuota que solo beneficiaría a la flota industrial y a las almadrabas que tienen actualmente, señorías, el 95% ya de la cuota, frente a la flota artesanal que tiene el porcentaje al que me he referido. -Termino definitivamente-. La no aceptación de
la enmienda, como ha anunciado la proponente, impedirá probablemente un apoyo mayoritario del Congreso al trabajo del Gobierno para conseguir lo que acabo de exponer, pero tenga la seguridad, señora Oramas, de que a pesar de que quede rechazada esta
iniciativa el Gobierno seguirá en esta línea, seguirá trabajando en apoyo de la flota artesanal canaria del atún rojo.


El señor PRESIDENTE: Les ruego a todos los intervinientes que se ajusten a los tiempos, los estamos rebasando con creces. (Protestas.-Una señora diputada: A buenas horas.) Esta Presidencia viene aplicando el mismo criterio de flexibilidad
a todos los grupos parlamentarios, dentro de un control y de una propuesta que se ha hecho al comienzo de la sesión para distribuir los tiempos entre los diversos grupos.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra don Francisco González Cabaña.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: En primer lugar, quiero felicitarnos por la presentación de esta PNL por parte del Grupo Parlamentario Mixto, que ha defendido la señora Oramas, de Coalición Canaria, porque independientemente de su vocación
territorial legítima viene a plantear la necesidad de remover el statu quo en cuanto a lo que es el reparto de la cuota de captura del atún rojo en nuestro país, cosa que compartimos. Lamento mucho la ligereza con que utilizaba el señor portavoz
del Grupo Popular los números; por el tiempo no me voy a entretener en desmentir alguna de esas cuestiones, pero lo que está claro es, cosa que compartimos, que en aquel territorio al que yo también estoy vinculado, la pesca artesanal del Estrecho
es importante y las almadrabas son importantes. Coincido con la señora Oramas en que el gran daño a los caladeros se produjo por el cerco del Mediterráneo en su momento, que además es el que dispone de mayor número de capturas con los actuales
criterios y es también donde se ha abierto en el fondo de maniobras 40 toneladas para buques artesanales del Mediterráneo.


Hemos planteado una enmienda en la que señalamos que la herencia es buena -en contra de lo que ha dicho el señor portavoz del Grupo Popular-, no en todo pero sí en algunas cuestiones, y en la cuestión de la continuidad de las almadrabas como
observatorio científico para la realización de estudios sobre la población de atún rojo por parte del Instituto Español de Oceanografía, porque alguien pudiera estar tentado en pensar, desde el partido del Gobierno, que el furor reproductivo del
atún rojo tiene algo que ver con la victoria electoral en noviembre de 2011 del Partido Popular, y eso no es así. (Risas.) Más bien tiene que ver con que se han llevado a cabo estudios rigurosos por parte del Instituto Español de Oceanografía que
han permitido al Icaat, si queremos llamarlo con las siglas internacionales, le han permitido disponer de datos que confirman que la población de atún rojo está creciendo y, por tanto, hemos pasado de ser un país que luchaba por la no inclusión en
la lista Cites de especies en riesgo de extinción hace dos o tres años a poder pedir ahora el incremento de las cuotas a la Comisión Internacional de Conservación del Atún Atlántico. Por tanto las almadrabas, no ya como arte de pesca sino como
instrumento de observación científica, son importantes. Ahí quiero decirle a la señora Oramas que este punto sí tiene que ver con lo suyo, porque la observación científica beneficia también a la pesca del atún de los cañeros de Canarias; beneficia
a todas las modalidades de pesca. En este punto de nuestra enmienda sí se produce esa coincidencia y no se trata de un caso oportunista de intrusismo por nuestra parte en lo que es su planteamiento inicial. Por ello nos remitimos a la parte
expositiva de la propia orden ministerial, es decir a las palabras del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dice: teniendo en cuenta los últimos informes científicos emitidos por el comité permanente de investigación y
estadística de la Iccat, que indican signos de recuperación de esta población, aunque todavía con un elevado grado de incertidumbre. Pues ese elevado grado de incertidumbre es el que queremos que se combata con el mantenimiento de la almadraba como
instrumento de observación científica, porque cualquiera con un mínimo conocimiento de los requisitos de la investigación científica sabe que en casos como este se necesitan series estadísticas amplias que permitan llegar a conclusiones certeras.
Por tanto, no nos podemos permitir, con una especie que se iba a incluir hace dos o tres años en la lista Cites, la especulación y decir que hay muchos estudios internacionales. Pues mire usted, el único estudio científico marca España, que tanto
les gusta a ustedes es este, el de las almadrabas a través del Instituto Español de

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Oceanografía. Es bueno mantenerla y en eso es en lo que insistimos en el primer punto de nuestra enmienda.


El segundo punto habla de que se modifique la orden ministerial, y que se modifique a ser posible para este año, porque las almadrabas tuvieron que cerrar las bocas hace ya un mes, y esos trabajadores lógicamente no van a cumplir el
requisito mínimo para acceder a la prestación del subsidio precisamente porque las almadrabas no cuentan con mayor cupo de captura. Nos gustaría que se modificara para que pudieran acceder las almadrabas al fondo de maniobra. Esto me sirve para
decir y referirme al portavoz del Grupo Popular y a su intervención, que el fondo de maniobra, tal como se contempla en la orden ministerial, puede llegar hasta el 5% del total de capturas y se ha quedado en el 3,7%, luego hay racanería por parte
del ministerio a la hora de plantear esta cuestión, al buscar fundamentalmente el beneficio de quienes tienen mayor cuota, como digo en el cerco del Mediterráneo.


El señor PRESIDENTE: Señor Cabaña, le ruego vaya terminando.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Señor presidente, le prometo que termino ya.


Los Gobiernos socialistas, que tanto se han criticado en su intervención, pusieron en marcha un mecanismo para incrementar ese fondo de maniobra, que fue el intercambio con otros Estados miembros o terceros países, cosa de la que tampoco ha
hecho uso este Gobierno. ¿Por qué? Se quita el observatorio científico porque se quiere recortar en la investigación, y no se producen intercambios porque se quiere recortar también en los gastos del ministerio. Esa es la pura realidad.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir?


Señor Cantó, tiene la palabra por un tiempo máximo de tres minutos.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, en primer lugar quiero decir que volvemos a poner de manifiesto la importancia que creemos que tiene tener unos estudios fiables, porque de nuevo aquí se vuelve a ver que lo que dice el
Iccat no es exactamente lo mismo que se cita en el ministerio, e incluso el ministerio reconoce la enorme dificultad para abordar políticas de conservación de la especie debido a la escasez de datos; lo hemos dicho frecuentemente en esta Comisión
cuando hablamos de pesca. Faltan estudios, falta actualizar los que hay y sobre todo hace falta profundizar en ellos. En cuanto a la propuesta que hace la señora Oramas, votaremos a favor. En relación con las artes de pesca, nada que objetar, si
bien queremos indicar que la política común establece políticas diferenciadas según el tipo de artes y la zona marítima en la que se desarrollen, vinculadas con la situación del stock y la realidad sociolaboral de las pesquerías. Cuando se hicieron
los repartos de la cuota asignada a España y de esta a las comunidades autónomas todo esto se debió tener en cuenta. En relación con el periodo de capturas, nada que objetar. La tercera propuesta es adecuada dado que aun cuando el anzuelo en la
pesca es accidental, el tipo de anzuelo, su tamaño, carnaza, profundidad, arrastre, etcétera, lo hacen ciertamente selectivo. También apoyamos la petición c), no por el hecho matemático sino por que se seleccionen individuos que ya han sido
reproductores.


Esta proposición tiene todas esas partes lógicas que merecen nuestro apoyo. Consideramos que el aumento de cuota pesquera puede venir también por la venta de cupos. En último lugar, queremos proponer -en Andalucía, de hecho, se promociona
el atún rojo de almadraba como denominación de origen- a la señora Oramas si una estrategia para fomentar el atún rojo pescado con anzuelo mediante una campaña de promoción en los principales mercados podría ser positiva. La señora parlamentaria
podría proponer que se crease la denominación atún rojo pescado con caña o similar, como producto de calidad controlada y resultado de una producción sostenible. Planteamos al Gobierno una estrategia así y que sondee al Gobierno porque podría ser
interesante, ya que estas iniciativas no pueden tener éxito sin el convencimiento, apoyo e involucración activa del sector.


El señor PRESIDENTE: Perdón por alterar el orden de intervención, pero no había visto al portavoz del PNV, señor Agirretxea, al que le correspondía intervenir primero. Tiene un tiempo máximo de tres minutos para fijar posición.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Voy a ser un poquito crítico con la propuesta, no porque esté en contra de los deseos y la proposición de los compañeros canarios, que los entiendo perfectamente. Pero hay más flotas también que se dedican a la
pesca de atún rojo y en este caso tengo que decir que la flota de pesca tradicional de atún de la costa guipuzcoana, sobre todo, este año ha tenido que vender su cuota

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porque era tan mínima que ha tenido que venderla, y ha sido casi, casi más fructífero vender. Cuando se dice aquí que se llegue al nueve en el reparto la pregunta es, ¿pero a quién le quitamos? Cuando decimos a quién le quitamos
normalmente e históricamente, tradicionalmente, desgraciadamente, siempre se ha quitado a los mismos. No es una cuestión que compete a los compañeros canarios, es una cuestión que compete al ministerio. Por ello soy crítico con el ministerio a la
hora de hacer el reparto y la forma como reparte su cuota, independientemente de la cuota que se asigna al Estado español, de la que todavía somos más críticos. El atún rojo se está recuperando; hay que seguir, sin duda alguna, los criterios del
Iccat, que están siendo verdaderamente rigurosos, estudiosos y están siguiendo una cautela fantástica. Pero en este caso mi grupo va a tener que abstenerse en esta propuesta porque otros también queremos tener más cuota, una cuota que sea tan
suficiente como para decidir salir a la mar. Voy a abstenerme en esta proposición; no voy a votar en contra porque considero que es legítima la petición que hace, pero en defensa de la flota de atún de la costa guipuzcoana mi grupo se va a
abstener.


El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Pàramo.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señorías, nos felicitamos todos de que las medidas del 2006, del Iccat, sobre la recuperación del atún rojo haya dado resultados positivos. Estamos todos felices de esta noticia. En la última reunión del Iccat
en Agadir se logró un incremento de 600 toneladas de la cuota del total del atún rojo del Atlántico oriental y del Mediterráneo, ya que los estudios científicos revelaban una recuperación de las poblaciones. El pasado 18 de abril el ministerio
publicó la orden mediante la que se regula la pesca de atún, y el reparto de cuota en esta orden se destina en el 97,56 % a la cuota española de acceso específico de embarcaciones autorizadas, de las que solamente seis de cerco y once artesanales
son catalanas. No se ha establecido el reparto de cuota por comunidades. La Administración catalana y el sector catalán tanto profesional como recreativo pidieron que se estableciera una cuota específica para Catalunya, para garantizar que
nuestros pescadores tuvieran acceso a la misma y así evitar situaciones como las ocurridas durante el año pasado. Comprobamos que antes de iniciar la temporada de verano ya se había agotado la posibilidad de pesca totales por parte de un sector
reducido de pescadores del sur del Mediterráneo.


Esto ocasionó pérdidas económicas al sector recreativo y turístico y esta situación preocupa gravemente al sector pesquero catalán que teme que a la hora de la verdad las pocas embarcaciones profesionales catalanas que históricamente han
efectuado capturas y la flota recreativa no podrán disfrutar de la posibilidad de captura accidental, porque se haya agotado por otras comunidades autónomas del sur que por motivos geográficos pueden acceder antes a los bancos de estas especies
migratorias. El sorteo realizado por el Gobierno central ha perjudicado a la flota catalana estableciendo un reparto que favorece a otras comunidades, sin contemplar la dimensión real de la flota susceptible de capturar esta especie. Por todo ello
pedimos que el Gobierno se replantee el reparto de las cuotas de atún accidental de forma que garantice un tratamiento justo para la flota pesquera catalana, tanto del palangre de fondo como artes menores, y un reparto territorial que permita
planificar y distribuir las capturas y su actividad económica a lo largo de la temporada.


Refiriéndonos ahora a la proposición no de ley, manifestamos nuestra abstención en la votación atendiendo a que si bien los puntos b), c) y d) los compartimos, en el punto a) en realidad no podemos solucionar el problema concreto de una
comunidad o de una flota concreta, sino que deberíamos ver la totalidad del atún rojo que tenemos asignado en el Estado español y distribuirlo de una manera más equitativa y más justa.


- RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA EXPERIENCIA DE PESCA-TURISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001715).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de la última proposición no de ley de la sesión correspondiente al día de hoy, que es la proposición no de ley relativa a la realización de un estudio sobre la experiencia de pesca-turismo. El
autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra por un tiempo máximo de siete minutos -le ruego que se ajuste al tiempo-, el señor Caicedo.


El señor CAICEDO BERNABÉ: Señorías, para el Partido Popular la inquietud por incorporar al sector pesquero las oportunidades que ofrece el turismo viene de lejos. Quiero recordarles a sus señorías que el Grupo Popular en septiembre de 2004
ya presentó una PNL para compatibilizar en nuestras costas la

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pesca profesional y la actividad turística. Con esta PNL que hoy debatimos mantenemos esta inquietud a favor de que el sector pesquero diversifique su actividad vinculándola al turismo, de manera que pueda beneficiarse de la creciente
demanda turística interesada en redescubrir los valores ambientales y las tradiciones culturales de nuestro litoral. La actividad del turismo pesquero representa una propuesta innovadora que aporta un nuevo producto de turismo alternativo cada vez
más demandado por el mercado. Tema de especial importancia es la necesidad de que pese a la diversificación de actividades las tripulaciones continúen formando parte del régimen especial de los trabajadores del mar, dentro del sistema de la
Seguridad Social. El avance que hay que darle a esta relación turismo y pesca es que se haga con participación de los profesionales de la pesca, que no son otros que los pescadores, que son quienes mejor conocen los atractivos que presenta la mar
para aquel que quiere conocerlo más allá de lo que es tomar el sol. La aportación de los pescadores debería fundamentalmente poner en conocimiento de los turistas su labor diaria en el ejercicio de la pesca, aspecto que requiere no solamente una
cualificación profesional sino también disponer de una embarcación acorde a la actividad que se desarrolle.


Recuerdo brevemente lo que proponíamos entonces: realizar cuatro estudios, uno por cada una de las regiones marítimas que componen nuestro litoral, Cantábrico noroeste, sur Atlántico, Mediterráneo e islas Canarias, en los que se
identifiquen modalidades de pesca en las que se pueda desarrollar el turismo; características y condiciones que han de cumplir las embarcaciones de la lista tercera; responsabilidades de los participantes en estas actividades, agencias de viajes,
organizaciones sectoriales, armadores, etcétera; normativa que hay que adaptar y crear para garantizar un desarrollo eficaz y responder a la actividad pesca-turismo. En el debate fue aceptada por nuestro grupo una enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) de realizar estos estudios en colaboración con las comunidades autónomas. La PNL fue aprobada en Comisión el 8 de junio de 2005 con el voto en contra del Grupo Socialista, proceder bastante frecuente en esta Cámara.
También tengo que decir que en la línea desarrollada por el Gobierno socialista de entonces se desoyó a este Parlamento y los estudios no fueron realizados. Para avanzar en estos aspectos, el proyecto Sagital, promovido y dirigido por la
Universidad Politécnica de Madrid y desarrollado en el marco de la iniciativa Equal, del Fondo Social Europeo en el periodo 2005-2007, llevó a cabo la realización de un estudio jurídico sobre el marco normativo de la pesca profesional que concluyó
con la formulación de una propuesta para la regulación de la actividad pesca-turismo, igualmente y como instrumento de apoyo técnico dirigido a facilitar a los pescadores la adaptación de sus buques a la pesca-turismo. Se elaboró un estudio técnico
sobre las condiciones de seguridad y de calidad de servicio que deberían reunir los buques pesqueros para desarrollar estas actividades. Tras un proceso de debates y búsqueda de consenso, y tras recabar las adhesiones de la gran mayoría de
representantes del sector pesquero se redactó la Declaración de Lanzarote, dirigida a promover la regulación y el impulso de la actividad pesca-turismo.


El Gobierno mantiene entre sus objetivos garantizar al sector pesquero y acuícola español el desarrollo de la actividad pesquera en el marco de la sostenibilidad y bajo los principios de la política pesquera común y la política marítima
integrada. La actividad de pesca-turismo se presenta como una actividad de diversificación del sector pesquero que bien puede ser considerada como un complemento o una alternativa a la pesca extractiva. Así lo han manifestado no solamente los
representantes del sector sino también los portavoces de los distintos grupos parlamentarios cuando ha habido oportunidad de hacerlo en esta Comisión.


En todos los casos, y como denominador común, se considera que el desarrollo de la pesca-turismo pueda constituir una importante y complementaria fuente económica para nuestras zonas costeras y generar puestos de trabajo directos e
indirectos en nuestro litoral. El Ministerio de Agricultura está trabajando para que la diversificación en las zonas pesqueras sea liderada por el propio sector pesquero. Nos reafirmamos en que el sector tiene que caminar hacia un modelo de pesca
sostenible, avanzando hacia una gestión más eficiente que valorice sus productos y sensibilice a la sociedad del alto valor del medio marino y de sus recursos, pero sobre todo que las poblaciones pesqueras, los profesionales del mar y sus familias
deben ser los principales beneficiarios de este proceso. Con este objetivo el ministerio ha mantenido reuniones desde el inicio de esta legislatura con la Dirección General de Marina Mercante y con Turespaña para coordinar el desarrollo de las
actividades del turismo pesquero o marinero entre ellas pesca-turismo. Abundando más, y sin querer hacer un relato extensivo de las medidas adoptadas por el ministerio, también han puesto en marcha el grupo técnico Diverpes, formado por los
representantes de pesca de las comunidades autónomas, con el fin de difundir conjuntamente la estrategia para distintas actividades de la diversificación pesquera y acuícola. A pesar de esta labor desarrollada por parte del

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Gobierno y la desarrollada por anteriores Gobiernos, lo cierto es que hasta ahora la pesca-turismo no se ha podido llevar a cabo debido a que existen diversos aspectos que condicionan su puesta en marcha, tales como la adecuación de los
barcos de pesca de forma que se pueda garantizar al turista su disfrute en adecuadas condiciones de seguridad y habitabilidad, sin entorpecer la actividad de pesca profesional que se está llevando a cabo, los aspectos relacionados con el régimen
especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar. Por ello se hace necesaria la realización de un estudio que haga un diagnóstico de la actividad pesca-turismo en su conjunto. Las condiciones económicas no permiten realizar uno por
región pesquera, que analice tanto las conclusiones de estudios anteriores como el proyecto Sagital, como las ofertas que se están haciendo actualmente de pesca-turismo como producto turístico (sus condiciones, beneficios económicos, obligaciones
fiscales, así como la participación de las comunidades autónomas y el desarrollo en países de nuestro entorno). Señorías, esta es la aportación que mi grupo considera se puede hacer desde esta Comisión para impulsar la pesca-turismo y que tenga un
futuro viable. Por todo lo expuesto se insta al Gobierno a un estudio sobre la experiencia de la pesca-turismo -que ya es ofrecida en paquetes turísticos que vienen siendo desarrollados en distintos territorios costeros en los últimos años- que
recoja la iniciativa puesta en marcha hasta ahora, sus condiciones de permisos, así como su proyección futura y análisis de las posibilidades e implicaciones fiscales que puedan plantearse al ponerse en marcha esta actividad de forma complementaria
a la actividad pesquera.


Respecto a la enmienda del Grupo Socialista... Señor presidente, déjeme dos minutos, o medio minuto, porque tengo que decir algo. Medio minutico.


El señor PRESIDENTE: Señor Caicedo, su tiempo ha concluido, termine, por favor.


El señor CAICEDO BERNABÉ: ¡Si no he llegado ni a los siete!


Lo que quería decir es que el tema planteado por el Grupo Socialista habrá que abordarlo cuando tengamos ya de una vez el estudio; vamos a ir paso a paso y lo que hacemos en estos momentos es instar al Gobierno a que se haga el estudio.
Con el programa estratégico que se está haciendo, el Diverpes, se está llevando a cabo perfectamente. Por tanto vamos a votar en contra. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado una enmienda. Para su defensa tiene la palabra su portavoz doña Laura Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Esta tarde el Grupo Popular presenta una iniciativa que realmente nos ha sorprendido; podían haber presentado la misma proposición no de ley que usted ha descrito durante su intervención y que presentó ya en el año
2004. Nos recuerda ese tipo de iniciativas que hace el Grupo Popular, el propio Gobierno para cubrir el cupo en el Congreso. Desde luego a tenor de los últimos debates que se han producido en esta Cámara no nos extrañaría nada que ese estudio
estuviese a punto de presentarse. Aquí se habló de la importancia de los estudios en la iniciativa anterior. Le quiero recordar que ha quedado más que menguada la partida presupuestaria de la Secretaría General de Pesca para elaborar estudios.
Hemos señalado muchas veces en esta Comisión la falta de rigor científico y a veces la falta de informes en los que sustentar determinadas posiciones políticas que España tiene que llevar cuando va a negociaciones con otros países para llegar a
acuerdos pesqueros. En definitiva nos parece un brindis al sol.


Si vemos su exposición de motivos, comparto la importante dimensión social y económica que supone el mar para nuestro país, especialmente en comunidades como Galicia, como Andalucía, como la franja del Cantábrico, como Canarias -tal y como
se ha dicho ya-. Evidentemente también compartimos el mal momento que pasa nuestra flota, claro que sí; es más, señor diputado, lo hemos denunciado muchas veces. Yo me digo: ¡Ay! si alguno ahora pudiera tragarse las palabras que dijo en esta
misma Comisión, triunfantes palabras sobre acuerdos tan importantes como el fracaso con Mauritania. Bueno, ese es otro tema. Por supuesto compartimos la necesidad de defender y poner en valor todos los referentes del mar a través del turismo, cada
vez más demandado; en eso también estoy de acuerdo con usted. Ahora bien, en este momento de la historia no podemos estar de acuerdo con la parte propositiva de su proposición no de ley. Un estudio a estas alturas de la película nos parece un
burdo intento de salvar la cara al Gobierno en esta materia. Es una iniciativa que únicamente lo que pretende es encubrir la incapacidad y la vagancia del Gobierno en esta cuestión y el estrangulamiento al que este Gobierno ha sometido al sector.
Uno de los objetivos prioritarios del Eje 4 al que usted hace referencia también en su exposición de motivos, del Fondo europeo de pesca, pasa efectivamente por incluir en las estrategias nacionales una

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serie de actuaciones destinadas no solo a abordar los efectos a corto plazo de la política pesquera común y de los impactos económicos, sociales y medioambientales de la extinción de recursos en las zonas cuya actividad está íntimamente
ligada con la pesca, sino también para estimular en las comunidades estas zonas pesqueras la creación de nuevas fuentes de ingresos sostenibles y de un incremento apreciable de la calidad de vida. De esto nos habla el Eje 4 del Fondo europeo de
pesca. Por tanto, es un eje que trata de estimular en estas zonas nuevas fuentes de ingresos sostenibles, de fijar población, de garantizar en definitiva el relevo generacional en este ámbito. Esto, señoras y señores diputados, se hace, entre
otros mecanismos, con los grupos de Acción Costera que se han venido financiando con el Fondo europeo de la pesca al que usted -insisto- hace referencia.


Ahora fíjense. En los presupuestos del año pasado el Gobierno redujo de 17,6 millones de euros a 3,5 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas para la cofinanciación de este Fondo europeo de pesca, que afecta de
manera particular al Eje 4 del Fondo europeo de pesca en el que se sustenta básicamente esta proposición no de ley. Este año la partida se mantiene igual -estamos hablando de los 3,5 o 3,6 millones de euros-. Las consecuencias de esta decisión -ya
las he señalado muchas veces en esta Comisión- es que las comunidades autónomas, que son las que deberían poner en marcha este tipo de iniciativas, hoy no pueden asumir la parte que aportaba el Estado y que ha dejado de aportar. Hablamos de unos
fondos europeos que se han perdido en estos últimos dos años y que habían asignado a nuestro país 1.131 millones de euros, un tercio del total europeo. Por tanto, ya se disponía, señor diputado, y dispone el Gobierno en este momento, de una gran
herramienta para tratar de hacer una auténtica política de diversificación pesquera apostando por el turismo marinero, que era a través de estos fondos, a través de este Eje 4; pero en vez de actuar deciden traer una propuesta estudio que es, señor
diputado, un brindis al sol.


Hemos presentado una enmienda que va mucho más allá de una declaración de intenciones, tal y como lo han planteado ustedes, porque lo que se precisa es poner en marcha un plan específico -insisto, las herramientas están creadas- para el
fomento del turismo marinero con la dotación presupuestaria necesaria y que complemente y diversifique la actividad en función de lo que dice el Eje 4 -todo esto de acuerdo con las comunidades autónomas-, al mismo tiempo que se llevan a cabo las
modificaciones legales con el objetivo de que los profesionales del mar no encuentren obstáculos a la hora de poner en marcha actividades de diversificación, porque usted sabe que hoy hay muchos obstáculos para estas actividades de diversificación.
Por tanto, nosotros no vamos a votar a favor de esta proposición no de ley si no se acepta la enmienda. Usted dirá: bueno, vaya manera de hablar. Yo se lo digo y se lo repito, nos parece un brindis al sol. La idea es buena, señor diputado, pero
creo que sería interesante partir de lo que está hecho, porque ya tenemos cientos de experiencias. Hable usted con la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la Comunidad Autónoma de Galicia; hable con esos grupos de pesca de Acción Costera que han
hecho un trabajo excelente, porque ya saben ellos con los problemas que se encuentran. Saben que hay un problema legislativo, otro de fondos e incluso de criterios a la hora de establecer esa planificación. Por tanto estudios, de verdad, no más.
Muy responsablemente -se lo puedo asegurar- votaremos en contra si no aceptan la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Simplemente, señor Caicedo, a los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda. (Denegación.)


Tiene la palabra el señor Cantó, por UPyD, para fijar su posición.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente quiero anunciar simplemente que votaremos a favor. Nos gustaría hacer dos peticiones al Grupo Popular: que se cuide todo lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad personal
-creemos que eso debe primar-, y que se piense en la cantidad de papeleo, especialmente por motivos fiscales, que esto generará a quien aborde la empresa de pesca-turismo si el Gobierno no lo remedia. Nosotros creemos que ya lo debería estar
remediando. Es una iniciativa a saludar; la apoyamos y añadimos uno más a estos argumentos que presenta el grupo proponente. Nos parece que esta actividad puede aportar un valor añadido para la pesca de bajura artesanal, que es una actividad que
desde nuestra primerísima intervención en esta Comisión ya señalábamos como digna de apoyo por todo tipo de motivos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Carlos Pàramo.

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El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señorías, la proposición no de ley que tratamos no es una novedad. El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) hace años viene defendiendo la necesidad de actuar en la regulación de la actividad que se conoce como
pesca-turismo. La última la encontramos en el 'Diario de Sesiones' de 19 de mayo de 2009. Señor diputado, vamos a dar nuestro apoyo a la proposición no de ley, y al respecto le hago notar que siempre que se da la ocasión desde el Grupo
Parlamentario Catalán insistimos en la defensa de la transversalidad que se debe aplicar a cualquier iniciativa que tenga que ver con el concepto turismo. El sector turístico es básico para la economía del Estado, por eso insistimos en la
conveniencia de que este sea entendido desde las estructuras del Estado con una atención especial. La Secretaría de Turismo no debería estar sola en la labor de promoción. Todos los ministerios deberían tener en cuenta al turismo como generador de
puestos de trabajo y de beneficios económicos: Fomento, por comunicaciones, carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, también marina mercante; Agricultura y Medio Ambiente, por la Ley de Costas y el turismo rural; Interior, que también
tiene que ver mucho por la seguridad ciudadana; Sanidad; Cultura, por patrimonio; Educación, por la formación; y tantos otros.


Centrémonos en la proposición no de ley sobre pesca y turismo o sobre turismo y pesca, tan interesante para un sector como para otro. No hay ninguna duda de que la mayoría de las poblaciones de nuestro litoral con actividad pesquera son, en
su casi totalidad, a la vez destinos turísticos y sin ninguna duda las dos actividades se complementan absolutamente. Don Jesús Caicedo, diputado ponente, alcalde de Cuevas de Almanzora lo puede corroborar sobre las costas de Andalucía y yo mismo
sobre la Costa Brava. Para un destino turístico ligar el concepto pesca a turismo significa dotar a la imagen del municipio de valores tan importantes y efectivos como son la identidad y autenticidad, evocación de paisajes urbanos y portuarios,
idílicos y también gastronomía. En definitiva, la unión de los conceptos pesca y turismo es una muy buena manera de promocionar el turismo de calidad. Por ello, damos la bienvenida a la proposición no de ley y esperamos, ahora sí, poder verla
hecha realidad no en un solo decreto ley sobre pesca y turismo, sino en la correspondiente y necesaria batería de medidas a tomar en los diversos ministerios implicados encaminados a facilitar o hacer posible su desarrollo, especialmente marina
mercante, hacienda y turismo.


Señorías, les decía que desde Convergència i Unió hemos venido insistiendo en la regulación de la pesca-turismo; si bien desde la Administración central no se ha avanzado, hoy podemos aportar la experiencia del Gobierno de Cataluña
desarrollando su propia ley. Efectivamente el 3 de agosto de 2012 el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya publicó un decreto, el 6.184, del Departament de Agricultura, Ganadería y Pesca por el que se establecen las condiciones para su
desarrollo. Voy a leer dos puntos del artículo número 2, para dar una idea. ¿Cuáles son los valores, las finalidades? Difundir el patrimonio, las tradiciones, los oficios, la gastronomía y la cultura vinculados a la actividad de pesca, el
marisqueo y la acuicultura y el entorno del sector; promover y revalorizar los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, incluida la compra y degustación de pescado y marisco maridados con otros productos de proximidad; divulgar las
técnicas pesqueras, las artes y aparejos de pesca y la evolución social, económica y tecnología del sector; facilitar la adquisición de merchandising, material educativo y objetos de recuerdo vinculados a la actividad de la pesca, el marisqueo y
acuicultura. Esos son solo unos pocos de los muchos artículos de esta ley catalana, que sirven para ilustrar la importancia. A partir de aquí, como les decía señorías, reiteramos la necesidad de avanzar con rapidez; hemos perdido mucho tiempo.
El trabajo de estudio está, señor diputado, prácticamente hecho; ofrecemos el que ha servido de base para la formulación de la ley del Parlament de Catalunya, y no sabemos de ninguna otra iniciativa. Para avanzar con celeridad, con voluntad firme
de favorecer al sector pesquero les instamos a que incorporen a la proposición no de ley también estos objetivos: determinar y dilucidar las dificultades existentes originadas en las diferentes leyes y reglamentos, normas o interpretaciones de los
diferentes ministerios implicados, y que hoy son una barrera, especialmente de las secretarías de la Marina Mercante y de Hacienda. Es importante levantar cualquier barrera que impida el desarrollo de la pesca-turismo. En el estudio el Gobierno
debe recabar información, y para ello conviene que pongan a trabajar a las diferentes secretarias a las que nos hemos referido y al mismo tiempo den instrucciones a la Secretaría de Turismo para que se pongan también a trabajar en el fomento de esta
actividad y en cómo respetar las competencias estatutarias de la Generalitat de Catalunya.


El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir por unos breves instantes la sesión para ordenar las votaciones con las enmiendas que se han presentado. (Pausa.)

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Vamos a proceder a las votaciones. Votaremos la proposición no de ley sobre exportación de alimentos, que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder a continuación a la votación de la proposición no de ley sobre la propuesta de plan hidrológico nacional de la cuenca del Ebro, cuyo autor ha sido Izquierda Plural. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Procedemos ahora a la votación de la proposición no de ley sobre intervenciones urgentes en la Balsa del Sapo de El Egido (Almería), que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la autoenmienda del propio Grupo
Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley sobre las funciones y atribuciones del cuerpo de agentes forestales, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder ahora a la votación de la proposición no de ley sobre ampliación de la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quien ha incorporado
la enmienda presentada por Izquierda Plural. Por tanto, sometemos a votación el texto del grupo proponente y la enmienda presentada por Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proponer ahora la votación sobre la proposición no de ley sobre medidas para facilitar el ejercicio de la caza y la pesca en España, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que acepta la votación por
separado en los puntos 1 y 2, solicitada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación del punto número 1.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Punto número 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Vamos a votar la proposición no de ley sobre el atún rojo, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que ha aceptado el grupo proponente, y la autoenmienda naturalmente que ha defendido en su intervención doña
Ana Oramas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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Por último, vamos a votar la proposición no de ley relativa a la realización de un estudio sobre la experiencia de pesca-turismo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 13; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señoras y señores diputados, se levanta la sesión.


Eran las siete y treinta minutos de la tarde.