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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 333, de 29/05/2013
cve: DSCD-10-CO-333
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 333
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ
Sesión núm. 16
celebrada el miércoles,
29 de mayo de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre las actuaciones del Gobierno para ayudar a resolver más de 300 crímenes de ETA que siguen sin estar resueltos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001609) ...
- Sobre elaboración de un plan que garantice la plena accesibilidad a los servicios de emergencias 112 de las personas con discapacidad auditiva. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/001629) ... (Página6)
- Sobre la ciberseguridad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001634) ... (Página10)
- Sobre prevención, control, persecución y en su caso castigo de la actuación de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001616) ...
- Sobre rechazo de todas las agresiones y manifestaciones fascistas, racistas, homófobas y discriminatorias que se producen en el territorio español. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número
de expediente 161/001571) ... (Página12)
- Sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001664) ... (Página19)
- Sobre el aumento de agentes de la Guardia Civil para la protección del campo valenciano. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001558) ... (Página23)
- Sobre cese inmediato de las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000324) ...
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Una vez más agradezco la puntual atención de los servicios de la Cámara. Sé que les sometemos a un esfuerzo especial dado el número de comisiones que hoy se celebran, por lo que es más de agradecer el esfuerzo que humanamente realizan tanto
taquígrafos y estenotipistas como los servicios técnicos que nos asisten. Por ello mi gratitud porque ciertamente es una tarde compleja.
En orden a que sus señorías puedan organizarse de la mejor manera posible, les quiero hacer una observación previa respecto al orden del día. Una vez consultados los portavoces, varios grupos han solicitado alguna leve modificación del
orden del día. En concreto el Grupo de UPyD solicitó que su proposición fuese la primera en tramitarse en esta sesión. No ha habido oposición por parte de ningún grupo por lo que entiendo que sería la primera proposición no de ley que se
sustanciaría en esta Comisión.
La segunda observación, apelando a la precisión y a la concisión, que sé que tan bien administran sus señorías, es que las votaciones no tendrán lugar antes de las seis y media de la tarde. Es un horario orientativo, evidentemente; no
depende solo de la Presidencia, que se limitará a recordarles de la manera más amable posible que el tiempo máximo de intervención no es tiempo mínimo. También debo decirles que en orden a la organización del debate el criterio sería un máximo de
diez minutos para el grupo autor de la iniciativa, cinco para los grupos que hayan enmendado y uno o dos minutos para expresar la posición de cada uno de los grupos restantes respecto a las proposiciones no de ley.
A efectos de organización del debate, les recuerdo que el criterio en las comisiones es levemente distinto al criterio sostenido en el Pleno respecto a la votación en su integridad de las PNL. Traduzco. En Comisión no son troceables,
aunque exista la costumbre en el Pleno de separar las votaciones, en este caso no sería posible, circunstancia que no se opone a que puedan existir transacciones o acuerdos entre los grupos, eso sí, con el ruego de que los textos que vayan a ser
sometidos a votación se hagan llegar a nuestra letrada con la antelación debida, que seguro que tiene que hacer algún esfuerzo adicional para que pueda seguirse un orden lógico y, de alguna manera, facilitar su trabajo. (El señor Escobar Las Heras
pide la palabra).
Señor Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Señor presidente, una cuestión de orden nada más. Habíamos previsto, junto al Grupo Parlamentario Socialista, que la proposición que figura en el orden del día como número 3.º pasara al número 7.º, al penúltimo,
si no hay inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Por su naturaleza explico. Aunque no son coincidentes sí guardan alguna analogía, bien que remota, seguridad en medio rural, una local, como es la que se circunscribe estrictamente a Valencia y otra de naturaleza más
amplia. En este caso, los robos en el campo, la más genérica, del Grupo Parlamentario Socialista, tampoco existe inconveniente, pasaría a la posición número 7 del orden del día. Eso facilita que los portavoces, para cada materia específica, puedan
realizar mejor su trabajo.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO PARA AYUDAR A RESOLVER MÁS DE 300 CRÍMENES DE ETA QUE SIGUEN SIN ESTAR RESUELTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001609).
El señor PRESIDENTE: Como la brevedad nunca tiene que ser una amenaza, sino una praxis, tiene la palabra en primer lugar la señora Díez para la presentación y posterior debate de la posición no de ley sobre las actuaciones del Gobierno para
ayudar a resolver más de 300 crímenes de ETA que siguen sin estar resueltos.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias por haber accedido todos los grupos parlamentarios a tratar en primer lugar esta proposición no de ley que tiene por objeto reparar una injusticia, tomar conciencia de que esa injusticia se está produciendo,
reparar el daño, acabar con la impunidad y permitir que las víctimas del terrorismo, aquellos familiares de 326 víctimas exactamente, cuyos atentados aún no han sido juzgados y por tanto aún no están resueltos, digo, devolverles la tranquilidad y
que esas víctimas puedan finalmente cerrar el duelo.
Es verdad que en los últimos tiempos, tiempos cercanos ciertamente -vamos a poner una referencia, de los dos últimos años- al menos se ha producido un hecho importante en esta materia y es que hemos tomado conciencia, aunque parezca mentira
en una sociedad tan informada y con tanta capilarización en la información. Es cierto que hasta hace relativamente muy poquito tiempo ni siquiera sabíamos -salvo quizá los expertos o las personas con más obligación de tener todos los datos- el
común de los ciudadanos que en España había 326 crímenes de ETA aún sin resolver -sin resolver significa sin juzgar-, en muchos de los casos crímenes que nos tememos que hayan podido prescribir, pero que en todo caso no se conoce siquiera a los
autores y aun en ese supuesto de que hubiera prescrito el delito ni siquiera hay conocimiento de los autores del crimen. Trescientos veintiséis crímenes son aproximadamente un tercio de los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA,
tres de cada diez de los atentados no han sido todavía juzgados; los familiares de las víctimas no conocen a los asesinos de sus familiares. En fin es algo absolutamente intolerable para una sociedad democrática; lo es siempre, siempre, no hay
que compararlo con ninguna situación, pero lo es particularmente porque estamos hablando de la historia reciente, no de algo que no se haya podido investigar porque haya transcurrido un siglo o porque se ha producido en un país remoto o porque no ha
habido una democracia vigilante que pudiera examinar y actuar ante estos crímenes; es particularmente doloso por eso precisamente.
Lo primero que quiero, señorías, y estoy segura que estarán de acuerdo conmigo, es mostrar agradecimiento a esas asociaciones de víctimas del terrorismo que han puesto el foco sobre esta cuestión y que nos han obligado a mirar críticamente
sobre ella y a interrogarnos críticamente como responsables políticos sobre si habíamos hecho todo lo que está en nuestra mano desde las distintas perspectivas, desde la legislativa y la gubernamental hasta la judicial para actuar sobre esta
cuestión. Gracias a que ha habido asociaciones de víctimas del terrorismo que se han negado a aceptar esta situación y a dar como bueno el hecho de que algunas veces hayan podido escuchar: bueno, total, en fin, son delitos prescritos, para qué
vamos a revolver. Mientras a la vez y paralelamente se nos llenaba la boca de la necesidad de recuperar la memoria histórica o de cerrar las heridas, digo que gracias a ese esfuerzo de las víctimas, a esa no renuncia, a esa resistencia, hoy podemos
hablar con claridad de 326, al menos, crímenes de ETA sin resolver, digo identificados, quizá haya más, pero al menos 326 crímenes de ETA sin resolver.
Ciertamente no se da el caso en esta Cámara. Estoy convencida, no he escuchado a sus señorías, pero estoy convencida de que esto que estoy diciendo es comúnmente compartido; no tengo que apelar al compromiso porque sé que es un compromiso
que compartimos. Sé que no hace falta que insista en este foro sobre la necesidad de exigir a quienes hacen discursos de que hay que superar el pasado y hay que ser generoso con quienes están en las cárceles, penando por sus crímenes, no por otra
cosa: sé que no tengo que explicar aquí que la mejor manera que tienen de convencernos aquellos que dicen que ya no están en la colaboración con el terrorismo, cuando no directamente con el terrorismo, la mejor manera que tienen de demostrárnoslo
es colaborando con la justicia para esclarecer los crímenes. Es decir, que el foco lO tenemos que poner precisamente sobre esas personas que quieren hacernos creer que están en otra cosa, en otra estrategia, que han superado su pasado de
colaboradores o directamente de asesinos. La mejor manera que tienen de demostrarlo, insisto, es colaborando con la justicia para resolver estos crímenes; es nuestra obligación y es su deber, para que sean creíbles, aparte de ser su deber como
seres humanos.
Antes de hablar y de pensar en la necesidad de ser generosos en términos democráticos, para que ustedes me entiendan, con los presos, y de plantearnos que el problema del fin de ETA es cómo trate la democracia a los terroristas que están en
la cárcel por haber cometido crímenes, antes de preocuparnos de eso, como decía Jorge Martínez Reverte en un reciente artículo en El País, hay que preocuparse por asesinos que no se arrepienten y hay que pedirles que cuenten todo lo que saben, que
cuenten todo lo que saben para esclarecer todos estos crímenes. Por eso, porque tenemos una responsabilidad como demócratas de hacer una democracia de más calidad en la que no haya impunidad y en la que se resuelvan estos crímenes, también por
solidaridad con las víctimas pero primero, insisto, porque es nuestra obligación como demócratas trabajar por esta democracia de mayor calidad, es por lo que este Grupo Parlamentario
Unión Progreso y Democracia trae hoy a debate esta proposición no de ley en la que se piden cuatro cosas bien sencillas: Que el Congreso de los Diputados defienda la necesidad de resolver todos y cada uno de los crímenes de ETA que están
sin resolver a día de hoy -insisto, 326, ni más ni menos-; que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que se comprometa a llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para promover y lograr la resolución y la revisión de todos
esos crímenes, o sea que hagamos algo más que el discurso político, que hagamos la actuación que nos corresponde a nosotros como legislador y al Gobierno como Gobierno; que además, y en esa misma dirección, le instemos a que en el desarrollo de la
aplicación de la política penitenciaria se les exija a los presos condenados por terrorismo que tengan presente esta necesidad de colaborar con la justicia; y también, y en cuarto lugar, instar al fiscal general del Estado a cumplir
escrupulosamente su compromiso con las víctimas del terrorismo, expresado en una carta remitida a las víctimas el 4 de diciembre, como respuesta precisamente a esa demanda de las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Esas cuatro cuestiones, señorías, bien sencillas, bien concretas, que no dejan de ser una asignatura pendiente que todavía tenemos con las víctimas del terrorismo y con la propia democracia, es lo que hoy someto a su consideración y sobre la
que espero el máximo consenso en esta Comisión de Interior y, por tanto, en el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Figura como enmendante el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Señorías, como se recordaba por la proponente, cientos de atentados de ETA, más de 300, todavía no cuentan a día de hoy con sentencia judicial, sería el 40% de los 857 asesinatos cometidos por ETA, según la
Fiscalía de la Audiencia Nacional, los que se encontrarían en este caso, bien porque no se conocen los autores materiales de los atentados o bien porque pese a haber sido identificado algún autor implicado en los hechos no se ha obtenido finalmente
una condena contra él.
Aunque las cifras están pendientes de revisión y de actualización a día de hoy, hablamos, en cualquier caso, de cientos de víctimas que todavía no han recibido esa reparación básica que es la justicia. Para todas ellas, por supuesto, el
desamparo es incalculable; sabemos bien que la impunidad supone una doble victimización, es decir, que a la pérdida de un ser querido se añade la falta de justicia y no podemos olvidar que la inocencia de la víctima tiene siempre su correlativo en
la culpabilidad de todos los victimarios.
La realidad es que a día de hoy conocemos el nombre de todas y cada una de las víctimas del terrorismo pero no conocemos el nombre de todos aquellos que han actuado como verdugos; por tanto, para conocer la verdad y hacer justicia es
necesario poner nombre a los asesinos, saber quiénes fueron, atribuirles su responsabilidad criminal y establecer los principios de justicia y verdad; justicia y verdad son dos cuestiones que van siempre unidas y que son necesarias para evitar una
impunidad que entendemos inasumible en un Estado de derecho. Una sociedad democrática no puede permitir que la última página de la historia de terror de ETA se escriba ni con tinta de impunidad ni desde la equidistancia ni sobre la mentira.
Tenemos la enmienda legal, además derivada de la propia Ley de víctimas del terrorismo, que desde su propia exposición de motivos nos impone a los poderes públicos trabajar para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus
manifestaciones. Por estos motivos creemos que es fundamental que los poderes del Estado perseveren en el esfuerzo a través de cuantas acciones y medidas sean necesarias para identificar a los autores materiales de cada uno de los crímenes de ETA
porque, insisto, el final del terrorismo nunca podrá estar sustentado ni en la impunidad de los asesinos ni en la injusticia para con las víctimas.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que las actuaciones dirigidas a determinar los responsables de esos asesinatos de ETA deben ser apoyadas por todos los agentes políticos y sociales; creemos que es una exigencia moral de una
sociedad democrática, aparte de ser una exigencia legal. Los poderes del Estado están para defender nuestra libertad, para defender los derechos de los ciudadanos y también, y en primer lugar por supuesto, los de las víctimas del terrorismo. Desde
esta convicción hemos formulado nuestra enmienda. El primer apartado de nuestra enmienda a esta proposición no de ley pone el acento en el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, víctimas del terrorismo que han demostrado un comportamiento
ejemplar durante décadas, siempre alejadas de la venganza o de la revancha y siempre al lado del Estado de derecho, víctimas que siempre han confiado en la justicia para su reparación y para la sanción debida de los terroristas. Sin lugar a dudas
tengo que recordar, una vez más, que esa plena confianza de las víctimas en los instrumentos de la democracia es la que ha permitido que ETA sea
derrotada y que España esté más cerca de alcanzar una paz definitiva, una paz que no es otra cosa que democracia en libertad, derechos y libertades democráticos sin la amenaza totalitaria de los terroristas. Por tanto, ETA debe disolverse
incondicionalmente y, por supuesto, aquellos que durante tantos años han utilizado la violencia y el terror contra la democracia deben responder de sus actos ante la justicia.
Por ello el Gobierno, desde el inicio de la legislatura y en sede parlamentaria desde el 31 de enero de 2012 por boca del ministro del Interior, se comprometió en el esfuerzo de luchar contra la impunidad a fin de que no queden asesinatos de
ETA sin esclarecer. Lo hizo el Gobierno, lo hizo también en sede parlamentaria la Fiscalía General del Estado y lo comprometió también el fiscal general del Estado en reuniones con colectivos de víctimas del terrorismo. Por tanto el compromiso es
patente, es permanente, lo es, insisto, desde el principio de la legislatura, por parte tanto de la Fiscalía General del Estado como del Gobierno de la nación. Sin duda la mejor actuación contra esa impunidad es la detención de los terroristas y
que sean puestos a disposición judicial. Por ello creemos que en este momento debemos poner en valor la extraordinaria labor que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen realizando para esclarecer todos los asesinatos pendientes de
identificar a sus autores, objetivo que creemos, como se refleja en el segundo apartado de nuestra enmienda, que la Cámara comparte plenamente.
En todo caso a lo largo de este año y pico de legislatura se han llevado a cabo más de 40 detenciones de terroristas, detenciones que demuestran que este Gobierno no permanece inactivo precisamente ante la impunidad y que las fuerzas de
seguridad mantienen la misma intensidad en sus investigaciones que en cualquier otra época. Fruto de este esfuerzo se están reabriendo casos antiguos con un objetivo, porque entendemos que así es posible al menos ofrecer la verdad a las víctimas y
sus familiares -como se recordaba por la proponente-; incluso en aquellos casos en que pueda haber prescripción de los delitos lo que sí es posible es establecer la verdad de lo ocurrido y ofrecer la verdad a los familiares de las víctimas.
Termino, señor presidente. Es en este contexto, tal como refleja el apartado tercero de la enmienda, en el que la colaboración de los terroristas presos, que la ley prevé y en los términos que la ley prevé, se constituye como la vía más
adecuada para atajar la impunidad y establecer la verdad. Creemos que la continuidad del esfuerzo para esclarecer estos crímenes de ETA es un compromiso ineludible de nuestra democracia y por ello creemos también muy importante el alto grado de
acuerdo que hoy podamos conseguir en esta Cámara en una cuestión -reitero- fundamental, tanto en términos de justicia como de exigencia democrática. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el turno de fijación de posiciones. Siguiendo el orden que es tradicional, no encontrándose en este momento presentes en la sala alguno de los portavoces, tiene en primer lugar la palabra, para hacer uso de
la misma, el señor Sixto en nombre de La Izquierda Plural.
El señor SIXTO IGLESIAS: Quiero comentar que en este tema a mi grupo le gustaría trabajar siempre de forma lo más unánime posible, porque compartimos, como no puede ser de otra forma, que es necesario que cualquier crimen que se haya
cometido se esclarezca, compartimos, como no puede ser de otra forma, el compromiso con las víctimas del terrorismo y compartimos, como no puede ser de otra forma, la necesidad de que la organización terrorista ETA se disuelva definitivamente y
entregue las armas. Todo ello lo compartimos, y estamos seguros, con toda la Cámara, con las fuerzas políticas españolas en el ánimo y en la voluntad de que la paz sea un objetivo ya conseguido, estable, duradero y que no se vea alterado en ningún
momento. Desde el grupo político de La Izquierda Plural, en tanto en cuanto el objetivo de una propuesta sea ese, trabajar todos conjuntamente en ese objetivo de consecución de la paz, nos encontraremos en ese camino y nos encontrarán en ese
camino. En tanto en cuanto busquemos otros objetivos -no voy a calificarlos y no voy a entrar en ellos-, que no sea el objetivo común de consecución de la paz sino otras cuestiones, no lo compartiríamos.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Decía Simone de Beauvoir que el error tiene mil caras y la verdad solo tiene una; parafraseando un poco, podríamos decir que el totalitarismo tiene mil caras y la libertad solo una, el régimen democrático.
En coherencia -y luego lo haremos con otras proposiciones no de ley que atacan también el totalitarismo desde otro signo- nuestro grupo se posiciona a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Se nos ha escapado si finalmente acepta o no la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Es igual, nuestro grupo votará a favor se acepte la enmienda o no.
El señor PRESIDENTE: En respuesta a la duda procesal quiero decirle que será al final del debate cuando la señora Díez manifieste su opinión sobre la aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
Tiene la palabra a continuación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: El Grupo Parlamentario Socialista también apoyará, si finalmente el grupo proponente y el Grupo Parlamentario Popular llegan a un acuerdo en la enmienda de sustitución que se ha presentado a esta iniciativa, y lo
hará en la convicción de que impunidad es incompatible con la propia existencia de las víctimas, con la justicia y con la democracia, que la impunidad acaba con la democracia y acaba también o niega la justicia. Si la impunidad buscada, si la
impunidad deseada es repugnante en el Estado de derecho, la impunidad, aunque no sea deseada, como creemos que es en este caso porque consideramos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la fiscalía, los jueces y los tribunales durante
todo este tiempo han intentado resolver estos crímenes que no han podido ser resueltos, aunque no sea deseada, la impunidad es también inadmisible. Y si la impunidad es inadmisible en todo tiempo, seguramente lo es mucho más en este penúltimo tramo
de la última fase del terrorismo, en el que a las víctimas se les hace mucho más inadmisible que todavía no se sepa quiénes han sido los autores de los crímenes de sus seres queridos y de sus familiares.
Señorías, la cuestión es de justicia, es de democracia, pero también es de algo más, de algo que cuando comparecieron aquí las asociaciones de víctimas y sus representantes antes de la tramitación de la Ley de víctimas pidieron a la Cámara,
pidieron al conjunto de los representantes de los ciudadanos, que es la reconstrucción de la memoria. La reconstrucción de la memoria es otra dimensión de hacer justicia y para que la reconstrucción de la memoria sea posible, la reconstrucción de
la memoria de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, es absolutamente necesario que no haya impunidad, que se rechace la impunidad, porque podría pensarse que el que hayan prescrito muchos de estos crímenes daría lugar a que el Estado de
derecho dejase de perseguirlos, pero eso podría percibirse como una cierta banalización del crimen y del terrorismo que tanto ha hecho sufrir a la ciudadanía española.
Esto es necesario por justicia, por democracia, por la reconstrucción de la memoria de las víctimas y porque las víctimas también representan la sociedad que los terroristas quisieron destruir; la propia existencia de las víctimas es lo que
más abominan los terroristas y sus representantes. Eso les debemos a las víctimas: reconocerles su existencia, reconocerles su valor y reconocer también su derecho a que ningún crimen quede impune.
Terminaré diciendo que aprobar esta iniciativa por unanimidad -y nuestro grupo considera que sería muy oportuno hacerlo por unanimidad- sería, una vez más, negar el fanatismo y demostrar que al final los demócratas hemos ganado la batalla,
que llevábamos razón, que todos juntos hemos sido más fuertes que los terroristas.
El señor PRESIDENTE: Procede, pues preguntar, de cara a la votación, si la señora Díez admite o no la enmienda que ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Agradezco las palabras de los portavoces. Efectivamente el objetivo es la justicia y el instrumento es el consenso, pero el objetivo es la justicia, y precisamente porque cumple ese objetivo de hacer justicia
aceptaré la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular y espero que eso dé como resultado no solamente que se cumpla con el instrumento sino sobre todo que se cumpla con el objetivo.
- SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN QUE GARANTICE LA PLENA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS 112 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/001629).
El señor PRESIDENTE: Sustanciada la primera proposición procede ya retomar lo que sería el orden natural de la Comisión, cediendo la palabra al Grupo Parlamentario Popular para la presentación de la proposición no de ley sobre elaboración
de un plan que garantice la plena accesibilidad a los servicios de emergencia 112 de las personas con discapacidad auditiva. Para su presentación tiene la palabra la
señora Camarero. Existe una enmienda, lo digo para que lo tengan en cuenta desde el Grupo Parlamentario Socialista, que será el siguiente turno de intervención.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Con esta proposición no de ley pretendemos que las personas con discapacidad auditiva no se sientan discriminadas al usar el teléfono de emergencia 112. A pesar de estar concebido como un servicio gratuito y al
que por lo tanto puede acceder cualquier persona, residente o turista y cuya gestión, señorías, depende de las comunidades autónomas, a pesar de que un operador pueda atender a los usuarios en español, inglés, alemán, francés o italiano, ante
cualquier tipo de emergencias -hablamos de urgencias sanitarias, de extinción de incendios, de salvamento, de seguridad ciudadana o de protección civil, a pesar de todo ello este servicio deja de atender al 2,5% de la población, el porcentaje que
representa, señorías, a los ciudadanos con problemas de sordera.
De manera incomprensible, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo un servicio solo accesible a través de la voz, por tanto un servicio que excluye, como digo, a millones de ciudadanos, como las personas sordas, de un servicio
fundamental de emergencias, algo, señorías, que no solamente ocurre en territorio español sino en toda Europa. Algunas comunidades autónomas han mejorado la accesibilidad para las personas sordas pero las medidas implantadas en sus territorios
suelen ser poco efectivas y obsoletas. Generalmente la opción es el intercambio de mensajes a través de SMS, previa inscripción en el servicio, un acceso que según la confederación de personas sordas es interesante pero presenta algunas
deficiencias, como, por ejemplo, que los números de acceso son diferentes según las comunidades autónomas, el coste del envío corre a cargo del usuario, hay bases de datos diferentes según las distintas comunidades autónomas con usuarios sordos;
los SMS pueden dar lugar a malentendidos puesto que no siempre llegan a sus destinatarios o no lo hacen en tiempo real. Por tanto, señorías, en la actualidad todavía son muy pocos los territorios donde está adaptado este servicio a las personas con
discapacidad auditiva.
Dada la situación, el 24 de noviembre de 2011, la Confederación Estatal de Personas Sordas, junto con las asociaciones nacionales integradas en la Unión Europea de personas sordas, consiguieron reunir una cantidad récord de firmas entre los
parlamentarios europeos para apoyar una campaña de sensibilización en la accesibilidad al servicio de emergencias. Esta masiva recogida de firmas dio lugar a una declaración escrita por parte del presidente del Parlamento Europeo sobre la necesidad
de accesibilidad al servicio de emergencias 112 en la que se insta a los Gobiernos a poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la plena accesibilidad a estos servicios de todos los ciudadanos, priorizando los servicios de lengua de
signos mediante el uso de videotecnología y servicios de texto que garanticen la inclusión de usuarios sordos con discapacidad auditiva y dificultades del habla. Esta sensibilidad del Parlamento Europeo, señorías, con las demandas de los colectivos
de personas sordas no es nada nuevo. Es la suma de otras actuaciones previas, como la ratificación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, la aprobación de su estrategia para la discapacidad 2010-2020 o la
agenda digital. Por tanto, señorías, tras este llamamiento del Parlamento Europeo nos corresponde ahora a nosotros, a las instituciones europeas y especialmente a los parlamentos nacionales, dar la voz y el seguimiento a la declaración realizada
por dicho Parlamento Europeo.
Desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos esta iniciativa siendo conscientes de la sensibilidad del Gobierno con las necesidades de estos colectivos de personas con discapacidad, un Gobierno sensible y un Gobierno que apuesta por
mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, en este caso de los discapacitados, y que se verá reflejado en la próxima aprobación de la ley general de discapacidad, que se convertirá en un instrumento adecuado para mejorar sus condiciones
de vida. Además -y ya en el ámbito del Ministerio del Interior-, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están estudiando la asistencia a personas con discapacidad auditiva o del habla mediante una aplicación destinada a los teléfonos móviles
inteligentes, gracias a la cual los usuarios podrán realizar una llamada a la sala del 091 y entablar una comunicación con su interlocutor policial mediante mensajes escritos. Desde el Grupo Parlamentario Popular, señorías, queremos, con esta
iniciativa, servir de altavoz a las demandas y necesidades de las personas sordas y los colectivos que las representan. Esta, por tanto, es su propuesta, la de las asociaciones y la de la Confederación Estatal de Personas Sordas, una iniciativa que
pretende instar al Gobierno a estudiar, junto a las comunidades autónomas que son, recordemos, las competentes en esta cuestión, las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad al servicio de emergencias 112 a las personas sordas con
discapacidad auditiva o dificultades del habla. Es, por tanto, señorías, una iniciativa de justicia, que pretende corregir una situación de discriminación para millones de
personas y para las que les pido su apoyo de forma especial, porque en estos momentos, en los que tan cuestionados estamos los políticos, podemos esta tarde dar un ejemplo de unidad ante la desigualdad, de unión ante la discriminación.
Quiero terminar haciendo referencia a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista; quiero agradecer a la señora Álvarez su interés, le agradezco la enmienda presentada que demuestra que compartimos, sin duda, el fondo de la
cuestión, que a todos los grupos nos mueve el deseo de solucionar una situación anacrónica, injusta y discriminatoria. Nuestra voluntad, la suya y la nuestra, señora Álvarez, es llegar a acuerdos y en esa voluntad hemos preparado una enmienda
transaccional que haremos llegar al presidente, que pide instar al Gobierno a promover, junto a las comunidades autónomas, las medidas necesarias para garantizar la plena accesibilidad al servicio de emergencias 112 de las personas sordas con
discapacidad auditiva y dificultades del habla, incluyendo también el uso de las nuevas tecnologías para los teléfonos móviles.
Termino, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Popular esperamos contar con el máximo apoyo posible y espero que muy pronto esta ilógica situación sea corregida.
El señor PRESIDENTE: Tal como ha surgido en el debate, existe una enmienda, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Existen sobrados motivos para que todos los grupos parlamentarios apoyemos una iniciativa que persigue ampliar la cobertura del servicio de emergencias a personas que encuentran obstáculos a la hora de acceder a
los servicios de seguridad y emergencia pública. Lo que resulta inexplicable es que el 21 de noviembre el Grupo Parlamentario Popular votase en contra, en la Comisión de Discapacidad, de una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en parecidos
términos.
Tienen que permitirme que tratemos de proponerles mejoras, y por eso hemos presentado una enmienda concretando el compromiso que el Gobierno debe de adquirir en esta materia. Nos traen una proposición para actuar en un asunto cuya
competencia plena es de las comunidades autónomas y cabe pensar, por tanto, que en realidad es intención del Gobierno ayudarlas a impulsar las medidas necesarias para garantizar la plena accesibilidad del servicio 112. Y el Gobierno puede hacerlo
de dos maneras: fomentando la investigación que permita avanzar en dispositivos y tecnología para el uso que se pretende, o incentivando la implantación territorial de los sistemas ya conocidos pero no establecidos en todo el territorio nacional.
Sin embargo, su proposición no de ley en realidad no recoge nada de eso, lo han planteado como una generalidad.
Coincidimos plenamente en la necesidad de garantizar la plena accesibilidad al servicio de emergencias 112 de las personas sordas con discapacidad auditiva y dificultades del habla. En un ánimo constructivo, nuestra enmienda pretende darle
concreción y urgencia a esa necesidad. Una respuesta urgente significa que el Gobierno se comprometa en plazo a establecer, en colaboración con las comunidades autónomas, un servicio de conectividad que permita dar esa accesibilidad a los servicios
de seguridad y emergencia. Los SMS que están en práctica en algunas comunidades autónomas en este momento en realidad no han sido un avance muy completo, es relativa su eficacia. La Federación Catalana de Sordos indica que existe un 25% de
personas sordas alfabetizadas, es decir, que hay un gran número que no entiende el lenguaje escrito; por tanto ese sistema sería absolutamente ineficaz.
La cuestión es, señorías, que desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que no se trata tanto de estudiar como de implementar lo que ya existe. ¿Saben ustedes que desde hace apenas unos meses existe en el mercado tecnología y
aplicaciones desarrolladas por empresas españolas -por cierto premiadas internacionalmente- que permiten interactuar con los servicios de emergencia y que permiten a esos servicios contar con información de primera mano y en tiempo real de la
situación y de cómo han de proceder esos servicios de emergencia? ¿Saben que desde hace apenas unos meses existen aplicaciones móviles que permiten que el usuario incluya datos de interés para los servicios médicos, tales como los asociados a
problemas de salud, medicación, alergias, etcétera, y que todos esos datos configurados de antemano hacen que el proceso de envío de la incidencia no tarde más de unos segundos?
Espero que conozcan, o al menos el Gobierno conozca, que existen aplicaciones ya desarrolladas para interactuar con el servicio de emergencia 112, que recopilan toda la información relacionada con la incidencia sin necesidad del uso de voz y
que la envían no solo a los servicios de emergencia sino que de forma redundante están avisando a familiares, tutores, amigos o aquellas personas que se hubiesen configurado en la aplicación como contacto de emergencia y que además lo hacen de forma
geolocalizada.
Pues bien, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista le pide al Gobierno que comience por incentivar entre las comunidades autónomas el uso de esas tecnologías que ya están desarrolladas pero que no están implementadas. Es cierto que hay
que investigar sobre limitaciones de cobertura, pero no es menos cierto que es preciso testar estas aplicaciones que recientemente han sido presentadas y ayudar a las comunidades autónomas para saber cómo se insertan en la plataforma tecnológica del
112. Les pedimos que hagan suya la mayoría de la propuesta de la enmienda -vamos a terminar de negociarlo en estos momentos- porque las personas sordas y con discapacidad auditiva esta tarde deben ver que existe un compromiso cierto, claro y
concreto por parte de todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Se ha distribuido a los distintos grupos el texto transaccional ofrecido, sobre el que, antes de las votaciones y con un cierto margen, rogamos nos hagan llegar su parecer, si existe oposición por parte de algún grupo a
la transacción y sobre todo si es admisible o no por parte del grupo proponente.
En el turno de grupos, no sé si por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿desea hacer uso de la palabra respecto a esta cuestión, señor Baldoví? (Denegaciones).
Tiene la palabra la señora Díez, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Brevísimamente. Nuestro grupo tenía la intención de apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. Verdaderamente la enmienda presentada por el Grupo Socialista nos parece que es una buena
aportación. Espero que, tal y como ha anunciado la portavoz del Grupo Popular, haya un consenso, una transaccional que mejore el texto; en cualquier caso, si se mejora el texto lo apoyaríamos pero si no también lo apoyaríamos, pero ojalá se
incorpore al menos una parte de la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de La Izquierda Plural, ¿desean fijar posición? (Denegaciones). Muchas gracias. Señor Guillaumes, ¿desea fijar posición?
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Sí, señor presidente.
A nosotros nos sorprendió porque claramente, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, hasta el punto de que hemos renunciado a presentar una enmienda porque no había por dónde
cogerlo, era una competencia que no es del Estado. Citaré el Estatuto de Autonomía de Cataluña como podría citar textos prácticamente idénticos de otros estatutos: Corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de
protección civil, que incluye en todo caso regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y a la figura de seguridad civil y también la dirección y la coordinación de los servicios de protección civil, que incluyen los
servicios de prevención, extinción de incendios... Existe en Cataluña la Ley 9/2007, del Centro de atención y gestión de llamadas de urgencia del 112 en Cataluña, que establece como competencia exclusiva de la Generalitat la implantación definitiva
y la regulación del servicio público de atención a las llamadas de urgencia. Y no somos solo nosotros; Madrid tiene un magnífico servicio en este sentido, así como Castilla y León, las Islas Baleares y Canarias. Cuesta mucho oponerse a una
iniciativa de este tipo con tan buena voluntad, pero entendemos que nos estamos metiendo en un terreno que no corresponde a las competencias del Estado. Estaremos atentos a esta transacción con el Grupo Socialista para ver si, como mínimo, nos
permite una abstención, porque de momento lo único que vemos, a pesar de que percibimos la buena voluntad, es una clara invasión competencial de esta Cámara en una competencia que es exclusiva en todos los estatutos de autonomía.
El señor PRESIDENTE: Señora Camarero, debo preguntar al grupo proponente si se encuentra en condiciones de decir si acepta o no la enmienda presentada para someter a votación o el texto original o el transaccional.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Sí, presidente, la enmienda transaccional está aceptada. Está firmada.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo; luego someteremos a votación el texto transaccionado o transado, que ambas son palabras castellanas.
- SOBRE LA CIBERSEGURIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001634).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre la ciberseguridad. A los efectos de su defensa, tiene la palabra el señor Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Desde el Grupo Popular traemos a colación a esta Comisión una vez más el componente tecnológico de la seguridad, algo que cada vez se abre camino con más intensidad y frecuencia. Hoy mismo, los medios de
comunicación recogían algo que sobrecoge, el ciberasalto producido, parece ser que con tecnología china, a los servicios secretos australianos, y esto no es ninguna novedad. Amenazas y riesgos como el robo de información y ataques ya suponen el 58%
de los ataques a nivel internacional, lo que demuestra que el ciberespacio es un entorno abierto, complejo y profundamente interconectado. Hoy mismo también, es de rabiosa actualidad, el fiscal norteamericano Preet Bharara, definía como salvaje
oeste la banca ilícita en Internet precisamente a cuenta de una intervención entre la Policía Nacional y las autoridades americanas, felizmente saldada en el operativo resultante. El masivo e intensivo uso de la tecnología por empresas,
particulares, organismos públicos, interconecta diariamente a 2.400 millones de personas, hasta el punto de condicionar nuestras vidas y muy especialmente la de la población joven. Precisamente, este Congreso ya ha tomado buena nota de esta
circunstancia y trabaja dentro de una subcomisión para desarrollar reflexiones y propuestas en el área de algo que tiene que ocuparnos, que es el fenómeno de las redes sociales.
Hoy, el Grupo Parlamentario Popular trae a la Comisión un nuevo fenómeno, que es el de la conocida ciberseguridad o la ciberdelincuencia. Por citar un antecedente, me refiero al Convenio europeo sobre ciberdelincuencia que marca un
relevante punto de inflexión. ¿A qué riesgo nos estamos refiriendo? Podemos hablar del terrorismo en la red, del cibervandalismo, de piratería, de robo de dominios, de difusión de virus, violación de secretos, etcétera, etcétera. Todas estas
características delictivas tienen dos denominadores comunes: uno, que se comete a gran escala y dos, que sus efectos se alejan geográficamente del lugar de comisión del delito, o dicho de otra manera, que no hay fronteras para este tipo de delitos.
Según el informe Nadan, en el 2011 el coste anual mundial del cibercrimen asciende a 388.000 millones de dólares, señorías. Traducido, es una cifra que supera al mercado mundial de marihuana, cocaína y heroína juntas. Además, en estos ataques cada
vez la sofisticación adquiere una dimensión quizá más perversa. Voy a dar un ejemplo. Se está extendiendo la perversa costumbre entre los cibertroistas acuñada como zombi, que es, ni más ni menos, que emplear equipos informáticos de personas
normales, que hoy ascienden ya a 5 millones, que en un momento determinado pueden ser lanzados, sin que ellos lo sepan, a algún tipo de ataque de generación de servicio o incluso alojar actividades ilegales y enviar millones de correos con
contenidos perjudiciales a nivel mundial. Pero además, no perdamos de vista que la ciberseguridad es condición necesaria para el mejor aprovechamiento de la eficiencia y de la competitividad de la sociedad de la información. La ciberseguridad es
indispensable para el tráfico de nuestras empresas, para las transacciones económicas, para nuestros servicios energéticos, por ejemplo, para el funcionamiento cotidiano de nuestros hogares o para nuestra propia intimidad. Además, el sector TIC
supone, ni más ni menos, el 5% del PIB europeo y contribuye a la mitad del crecimiento de su productividad.
Luego podemos concluir, ¿qué es la ciberseguridad? El conjunto de herramientas y acciones que prevengan y protejan de los delitos cibernéticos a las personas, a empresas y a países. Ante un fenómeno que es de naturaleza mundial la
respuesta solo puede ser global. El riesgo en este sentido afecta a todos. Precisamente esta es la línea de actuación que se pretende en la estrategia nacional de ciberseguridad española que ya ha definido doce sectores de infraestructuras y que
establece un mando único. Trabaja en ella intensamente el Inteco, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el propio Ministerio del Interior y en un plano de máxima eficacia operativa, por supuesto, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
¿De qué se trata con esa estrategia? De valorar el riesgo, de gestionar posibles crisis, de prevenir y de disuadir a los potenciales agresores. Contamos con cualificadísimos especialistas, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional,
pero no podemos quedarnos ahí. Contamos también con un pujante sector TIC en España. Hay una empresa privada que está permanentemente investigando y que podemos contribuir a que se ponga al servicio de la seguridad de todos, y además contamos con
un elenco, si me permiten la expresión, de cibertalentos, que pueden ser también aprovechados en beneficio de todos. La confianza es la que hace que una sociedad democrática avance. La seguridad lógica, la seguridad cibernética son, precisamente,
los
pilares de esa confianza también en la red. En ese sentido, es indiscutible que es necesario un liderazgo público, pero los nuevos escenarios reclaman también un esfuerzo común.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley con el ánimo de que sea respaldada por todos los grupos. En este sentido me van a permitir que vaya concluyendo con una referencia a la enmienda que ha
presentado CiU y que nos parece sumamente interesante. Insiste en el componente territorial, en el componente de la colaboración entre las fuerzas policiales que trabajan en España y también en Cataluña. Damos por sentado que esa colaboración y
esa interconexión es un ingrediente fundamental y que va de suyo. Por eso le pediríamos amablemente al portavoz de CiU que en su caso la retirara si ello es posible y si así lo acepta. Con esas premisas proponemos esta proposición no de ley que
tienen sus señorías y que sintetizo: Apoyar el desarrollo de empresas privadas nacionales en el sector de la ciberseguridad; dotar al sector público de las capacidades necesarias para velar por la ciberseguridad con especial atención a las
tecnologías para la soberanía, de forma que no existan dependencias exteriores en cuestiones de tal criticidad; fomentar la formación en el ámbito del desarrollo y utilización de las TIC, y finalmente, promover el uso de estándares de seguridad y
de certificación de comunicaciones, tanto en el ámbito público como privado, con especial atención a la protección de información, protocolos y elementos en entornos críticos, como pueda ser, por ejemplo, la red de distribución eléctrica.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Como se ha citado, existe una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Entiendo que nuestra enmienda es de sentido común. Estamos hablando de ciberseguridad y, como ha sucedido en otras ocasiones e incluso una vez en presencia del ministro, pedimos que las bases de datos
delincuenciales de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estén interconectados precisamente para hacer más eficaz este trabajo. Algunos inocentemente pensamos que la policía tiene que tener, al menos, las mismas ventajas que el delincuente, al
menos las mismas; algunos podrían llegar a pensar que la policía tiene derecho a tener más ventajas que el delincuente -de hecho yo me encuentro entre estos-, pero como mínimo tendría que tener las mismas que el delincuente. Por tanto, la
interconexión entre las bases de datos en este sentido nos parece imprescindible. No obstante, y hablado con el portavoz del Grupo Popular, que de manera clara ha dicho que entiende comprendida en su moción este concepto, ya no por la confianza que
él mismo nos merece después del año y poco de conocernos, que es el caso, sino porque de hecho no tendría ninguna necesidad de decirlo dada su mayoría, nos damos por satisfechos con que conste en el 'Diario de Sesiones' que entienden por incorporado
el espíritu de nuestra enmienda y la retiraríamos. No obstante, al no haber llegado a un resultado de un cierto éxito en el texto escrito, mantendríamos nuestra posición final como abstención.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer uso de la palabra el señor Baldoví? (Denegaciones). ¿Desea hacer uso de la palabra la señora Díez?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Para anunciar el voto positivo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por parte de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Intervengo para mostrar nuestras reticencias. La primera propuesta de acuerdo, que es apoyar el desarrollo de empresas privadas nacionales en el ámbito de la ciberseguridad, políticamente desde La Izquierda Plural
y desde Izquierda Unida el desarrollo de la iniciativa privada no forma parte de uno de nuestros estandartes políticos, al revés, es el desarrollo de la economía pública, de la iniciativa pública, del sector público y de la participación de todo lo
público en la economía. Empezando por ahí, simplemente quisiera añadir que toda la problemática de la seguridad en Internet es muy grande como para zanjarla o verla en unas pocas líneas. Como ya digo, la primera cuestión, la empresa privada, choca
con nuestros posicionamientos políticos, pero luego la falta de inclusión de cuestiones como la información, y se ha comentado el tema del papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es muy destacado al respecto, pero se centra
exclusivamente en una serie de cuestiones más ligadas a veces a la seguridad del Estado, seguridad de determinadas infraestructuras que tienen una componente específica y que estoy absolutamente seguro de que este Gobierno, el anterior Gobierno y el
Gobierno que sea, gobierne mañana España quien la gobierne, va a tener un papel destacadísimo en salvaguardar los intereses estratégicos y sobre todo cuestiones como la red de distribución eléctrica. Sé que se comenta,
pero hay otras cuestiones que afectan más al conjunto de la ciudadanía y al día a día, como la de la seguridad de las transacciones comerciales en Internet y otra serie de cuestiones. Ya digo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado están desarrollando ahí un trabajo, pero lo que echamos de menos en esta propuesta es que desde las administraciones públicas se podría hacer mucho más, sin entrar en la cuestión de las empresas privadas, que ya el sector privado se
desarrollará por donde se tenga que desarrollar; pero habría que ver si desde las administraciones públicas se puede incidir más todavía sobre todo en lo que es información al conjunto de la ciudadanía y prevención en relación con que la gente
tenga una cierta, pues eso, prevención a la hora de meter determinados datos y cuestiones en Internet, tanto para menores como para mayores, y creo que debería estar reflejado aquí más que la cuestión de la distribución de la red eléctrica.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Señor presidente, hay dos circunstancias que condicionan nuestra posición en esta iniciativa. La primera es obvia, compartir la preocupación por el fenómeno de la ciberdelincuencia y, por tanto, el esfuerzo en
materia de ciberseguridad. No hay que insistir -ya lo ha hecho el ponente del Grupo Popular- cómo cada vez mayor porcentaje de delitos utilizan la red. No hay tiempo para hacer lo que sería seguramente una entretenida excursión por el cine, un
arte con una capacidad de aproximación a la psicología colectiva que ha ido anticipando el modelo de malos. Todo para decir que, efectivamente, mucha delincuencia ya no es un atraco físico para tener en la mano un objeto de valor, sino que tiene
que ver con lo que decía el ponente, el terrorismo, piratería, robo de datos, etcétera.
La segunda circunstancia es que nuestro grupo expresamente quiere procurar, en la medida de lo posible, comprender las posiciones del Gobierno y de la mayoría cuando se trata de materias de seguridad pública o seguridad nacional. No se
trata de una patente de corso, pero con la misma naturalidad que disentimos o discrepamos también podemos acordar o asentir, como es el caso, especialmente cuando hay un hilo de continuidad en materia de seguridad con la labor del Gobierno anterior
que ahora, con toda la legitimidad, el nuevo Gobierno y la mayoría, retoma, reformula o amplía. La estrategia española de seguridad, aprobada en 2011, redactada por un grupo de expertos presidido por Javier Solana, ya hizo de la ciberdelincuencia,
de la ciberamenaza se llamaba entonces, y de la ciberseguridad un enfoque sustancial y no una parte técnica de la delincuencia. Por tanto, encontramos que hay una continuidad con el trabajo del Gobierno anterior. Es lógico que pasados dos años la
preocupación por el fenómeno haya aumentado, puesto que lo han hecho los ataques y sus consecuencias, y que el Gobierno quiera hacer ese plan que nos señalaba el ponente, pero yo pediría que ese plan pase por el Parlamento cuando esté en condiciones
de hacerlo.
En consecuencia, y para terminar, compartimos la preocupación; es un asunto de seguridad nacional; hay una razonable continuidad de lo que podíamos llamar, si me permiten la ironía, la herencia recibida, y la redacción no nos plantea
ningún problema. Por tanto, vamos a votar a favor, no sin antes señalar, como lo ha hecho el señor Sixto, que nos parecería más lógico que los puntos 1 y 2 intercambiasen su posición, de manera que para el Parlamento la preocupación principal fuera
la seguridad pública sostenida por el Estado y en un segundo nivel la que puedan llevar a cabo, en manera de colaboración o subsidiaria, las empresas del sector.
El señor PRESIDENTE: En este caso, se ha anunciado ya la retirada de la enmienda subsistente por parte de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), podemos pasar al siguiente debate.
- SOBRE PREVENCIÓN, CONTROL, PERSECUCIÓN Y EN SU CASO CASTIGO DE LA ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS VIOLENTOS, FASCISTAS, RACISTAS Y XENÓFOBOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001616).
- SOBRE RECHAZO DE TODAS LAS AGRESIONES Y MANIFESTACIONES FASCISTAS, RACISTAS, HOMÓFOBAS Y DISCRIMINATORIAS QUE SE PRODUCEN EN EL TERRITORIO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número
de expediente 161/001571).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate agrupado de las proposiciones no de ley sobre prevención, control, persecución y en su caso castigo de la actuación de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos, del Grupo Parlamentario
Socialista, conjuntamente con la proposición no de ley de
rechazo de todas las agresiones y manifestaciones fascistas, racistas, homófobas y discriminatorias que se producen en el territorio español, cuyo autor es La Izquierda Plural. En primer lugar, por un tiempo de diez minutos, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Posteriormente, dispondrá de un máximo -permítanme la insistencia y tenacidad de la Presidencia- de otros diez minutos el Grupo de La Izquierda Plural.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Puig Ferrer.
El señor PUIG FERRER: Señoras y señores diputados, desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos esta proposición no de ley con el convencimiento de que es tarea de todas y de todos, y especialmente de las instituciones, defender,
promover y consolidar día tras día nuestro sistema de convivencia, una democracia que nunca ha dejado de ser atacada por agresiones reiteradas en el tiempo por parte de grupos violentos, fascistas, xenófobos y racistas. Y lo hacemos cuando se
cumplen veinte años del asesinato de un joven valenciano, Guillem Agulló, el 11 de abril de 1993, un crimen que marcó a toda una generación de valencianas y valencianos y que es para nosotros un símbolo de lucha contra la impunidad de los crímenes
de odio y la sinrazón del fanatismo. Posiblemente, la mayoría de ustedes no conocerán ni los hechos ni las causas que provocaron tan injustificable asesinato político, ni tampoco sabrán el recorrido jurídico que llevó este caso. Baste con decir
que Guillem era un joven antifascista de Burjassot, asesinado a los dieciocho años por un grupo de neonazis en un municipio de Castellón llamado Montanejos. Sus asesinos se fueron cantando el Cara al sol después de apuñalarle. Pero la ignominia no
acaba ahí, de todos sus atacantes, finalmente solo fue condenado el autor confeso de las cuchilladas, Pedro José Cuevas Silvestre, que fue condenado a dieciséis años de prisión por homicidio, cumplió cuatro y después fue candidato municipal por
Alianza Nacional. Los demás integrantes del comando fueron absueltos.
Lo que fue un crimen de odio se presentó por algunos sectores políticos y mediáticos como una simple pelea juvenil en un afán indisimulado por negar la existencia de una trama de ultraderecha que persiste en muchos territorios de España y,
por supuesto, persiste en la Comunidad Valenciana. Desde entonces, la familia de Guillem sigue siendo víctima de los amigos y correligionarios de su asesino, que siguen manchando su recuerdo y su memòria: pintadas insultantes, llamadas anónimas.
Les puedo decir que hoy, veinte años después, la reivindicación de su memòria es más vigente que nunca. Muchas personas en España sufren el desprecio, muchos colectivos ciudadanos la violencia de grupos xenófobos, homófobos o racistas. Sin ir más
lejos, ayer mismo tuvo lugar en el pueblo de Guillem, en Burjassot, municipio cercano a la ciudad de Valencia, 40.000 habitantes -parece una ironía de la historia-, una manifestación contra el ayuntamiento democrático, legítimamente constituido,
manifestación llena de consignas xenófobas; el mismo municipio donde además hace escasos días activistas extremistas boicotearon un homenaje al poeta valenciano Estellés o destruyen su escultura; o, como no hace tanto, convocatorias en distintos
pueblos y ciudades de España también, para llevar a cabo concentraciones por la prioridad, lo que se llama la prioridad nacional frente a la invasión extranjera. Pero lo más grave, lo que más le preocupa al Grupo Socialista es que en el acto de
ayer, entre los convocantes figuraba el Partido Popular. El Partido Popular, sin duda, es un partido democrático y no puede ir bajo ningún concepto, a nuestro entender, de la mano de España 2000 y de otras plataformas neofascistas alentando el
odio.
Señorías, en estos casos hay una frontera clara infranqueable entre dignidad e indignidad, entre decencia e indecencia y entre los demócratas y los fascistas y nadie puede estar en los dos lados. Estoy seguro de cuál es el sentir
mayoritario del Partido Popular. Por eso, exigimos su desautorización, la condena de este tipo de manifestaciones, y por eso presentamos hoy esta proposición, porque los activistas del odio siguen entre nosotros, porque es cierto que los agresores
y sus cómplices ideológicos son los responsables directos de estos incalificables actos, pero los responsables políticos no podemos ni banalizar la violencia fascista ni mirar hacia otro lado. Buscar explicaciones espurias para no condenar este
tipo de crímenes de odio solo han contribuido a perpetuar su existencia y a crear espacios de intolerable permisividad. Esta proposición no de ley debe entenderse como prevención para que estos hechos no vuelvan a repetirse jamás y también para
generar una sociedad fuerte, protegida frente al populismo. La peor derivada de la crisis económica es la ruptura de la convivencia y la convivencia, señorías, no tiene precio. Nuestro grupo, y así entendemos que es el sentir de la Cámara, cree
que es fundamental la educación para fomentar la prevención, cultura para la libertad, cultura para la democracia, cultura contra el fanatismo. Por eso, es imprescindible que los alumnos de hoy, que están en las aulas, aprendan, se impregnen de los
valores del respeto, del civismo y la tolerancia, que asignaturas como
Educación para la Ciudadanía incluyeron en su programa. En definitiva, ese es el objetivo de esta proposición. En primer lugar, prevenir el caldo de cultivo del fascismo; en segundo lugar, proteger, a través de una actuación firme y
eficaz de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las víctimas de la xenofobia, del racismo y del fascismo; y, en tercer lugar, promover en la escuela los valores de libertad, igualdad y justicia, los valores de la democracia.
Acabo esta intervención con un pensamiento del escritor Amos Oz, que ayer fue premiado con el premio Franz Kafka, que para mí es bastante definitivo de lo que les he querido transmitir: El fanatismo es un gen del mal; por ello, y porque
nunca desaparece, siempre hay que combatirlo. A la memòria de Guillem Agulló. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tal y como anunciaba, dado el carácter agrupado de este debate, tiene la palabra para la defensa de su proposición no de ley, por parte del Grupo de La Izquierda Plural, el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: La verdad es que agradezco al Grupo Socialista la agrupación de las dos cuestiones. La podríamos haber presentado perfectamente como una enmienda de adición a la proposición del Grupo Socialista puesto que la
propuesta que hacemos desde La Izquierda Plural es muy sencilla, básicamente es la creación de una fiscalía en territorio valenciano relacionada con los delitos de odio y discriminación.
Me siento un poco emocionado por las palabras que acabo de oír, sobre todo porque Burjassot es mi pueblo, soy amigo personal de los padres de Guillem, de Carmen y de Guillem y de la familia. Yo era concejal en Burjassot en el momento del
asesinato de Guillem en el año 1993, y conocemos la historia y la reivindicación de la memòria de Guillem y de la lucha antifascista. Sé de los padecimientos de esta familia, de los cambios de número de teléfono, las llamadas a altas horas de la
noche, de los insultos, de las pancartas en campos de fútbol, porque Guillem, más allá de que sea de Burjassot, magnífico pueblo que también es el pueblo de Vicent Andrés Estellés, uno de los más grandes poetas en lengua catalana de la historia, es
un pueblo marcado por la lucha antifascista. Aprovechando este veinte aniversario es por lo que desde Izquierda Unida, y aprovechando poner en valor la memòria de Guillem y la lucha antifascista, proponíamos esta cuestión muy concreta que es la
creación de una fiscalía. ¿Y por qué proponemos la creación de una fiscalía específica en Valencia? Existe ya una en Madrid, otra en Barcelona, pero Valencia es un territorio en el que los grupúsculos fascistas tienen una presencia importante. Lo
están eligiendo sistemáticamente para desarrollar determinados eventos, conciertos, encuentros, y no podemos permitir, el conjunto de los demócratas no lo podemos permitir. La necesidad de instar a la creación de esta fiscalía no es porque queramos
que haya una en cada provincia, es por la especificidad de la situación en Valencia y porque conocedores de esa realidad, más allá de lo que aparece en la prensa, conocedores de la realidad, del seguimiento y de las investigaciones que desde las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hace también de estos elementos -que se hacen esos seguimientos-, trasladamos la necesidad de que en el País Valenciano, en la ciudad de Valencia exista esta fiscalía precisamente para favorecer la
persecución de estos grupúsculos, de estos elementos, que siendo absolutamente minoritarios en el conjunto de la sociedad, tienen en Valencia un desarrollo importante. En ese sentido, defendemos la propuesta y hacemos un llamamiento al conjunto de
grupos parlamentarios para que la apoyen.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda a cada una de las proposiciones por parte del Grupo Popular, cuyo portavoz tendría a continuación la palabra. Si lo desea, puede hacerlo también de manera agrupada. Tiene la palabra el señor
Márquez de la Rubia.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Efectivamente, vamos a intentar defender esa proposición de enmienda que hemos presentado a ambas proposiciones no de ley, la del Grupo Socialista y la del Grupo de La Izquierda Plural.
Déjenme manifestar primero una posición general del Grupo Parlamentario Popular a los principios que inspiran ambas proposiciones no de ley, y es el rechazo activo, expreso, un rechazo manifiesto a cualquier tipo de actitudes extremistas,
xenófobas, homófobas o violentas. Creo que estaría de más incluso que yo hubiera dicho esto al comienzo de mi intervención, pero quizá debo hacerlo para que no quepa ningún tipo de duda en cuanto a cuál ha sido en el pasado, es en el presente y va
a ser en el futuro, la actitud del Grupo Parlamentario Popular en relación con todo ese tipo de actuaciones de carácter violento, vayan dirigidas contra lo que vayan dirigidas, que en el fondo no son nada más que actitudes y
atentados contra nuestra democracia. Y lo quiero decir para que no haya ninguna duda y para que tampoco haya ninguna utilización demagógica, partidista o sectaria de lo que va a ser nuestra posición, de lo que manifestamos expresamente en
esa enmienda que hemos propuesto, enmienda que no tiene, sin lugar a dudas, otro objetivo que encontrar un acuerdo en una serie de puntos en los cuales, señores socialistas y señores de La Izquierda Plural, no nos debería separar nada, nada en
absoluto, nada en absoluto, quiero repetirlo. Ninguna duda, por tanto, a este respecto. Y queremos, además, que ese no sea el objeto del debate, el rechazo de este tipo de actuaciones, en lo que creo que tenemos un acuerdo total, sino que el
debate pudiera ser sobre los instrumentos, los mecanismos o las políticas adecuadas para evitar, minimizar, reducir, combatir, prevenir o perseguir este tipo de actitudes o comportamientos cuando se produzcan; para eso deberíamos estar aquí y desde
luego, señor portavoz del Grupo Socialista, no para debatir el contenido de la manifestación del día de ayer en el pueblo de Burjassot, que creo que fue contra la gestión municipal. Creo que no estamos aquí para eso en este momento, ni tampoco para
otra cosa sino para expresar siempre el apoyo a la familia del joven Guillem, fallecido hace muchos años, que creo que ha debido contar siempre con el apoyo de las administraciones públicas, todas ellas, las que estuvieron gobernando antes en el
transcurso de estos años y también las de ahora. Por tanto, que no sea ese debate.
Nosotros proponemos un acuerdo pleno en nuestro texto en cuanto a la condena de ese tipo de actuaciones, pero además queremos hacerlo instando al Gobierno -que creo que para eso estamos aquí, para impulsar la acción del Gobierno- a continuar
combatiendo, intensificando si cabe, incluso, la lucha en el ámbito de ese fenómeno que ha sido, por otra parte, debatido anteriormente en la intervención del portavoz del Grupo Popular en cuanto al punto que hacía referencia a la ciberseguridad en
el ámbito, como les digo, de Internet o de las redes sociales, porque estamos convencidos de que desde ahí también se está produciendo un nuevo fenómeno contra el que es necesario actuar de una forma intensa, de una forma proactiva, como he dicho al
comienzo de esta intervención. Y decimos continuar, porque ya existen instrucciones a este respecto, y permítanme que cite algunas de ellas: la instrucción 12/1992, en la que se establecen una serie de medidas para intensificar los trabajos sobre
los grupos de carácter radical y violento, con ideología ultra, odio u hostilidad hacia determinadas etnias, que después han sido complementadas por otra serie de instrucciones posteriores a lo largo del tiempo: la 23/2005, la 6/2009 o, por último,
la 4/2013, hasta llegar a implantar -por eso creemos que no es necesario uno de los puntos de la PNL del Grupo Socialista- el Plan de actuación y coordinación policial contra grupos organizados y violentos. Señores diputados, todos ellos son
instrumentos que tienen como finalidad combatir las actuaciones violentas producidas por grupos radicales. Además, por otra parte, como decía el portavoz del Grupo Popular en el punto anterior, se acaba de establecer una subcomisión de redes
sociales. En el seno de esa comisión, sin duda, esperamos que se produzcan reflexiones y acuerdos que nos permitan establecer métodos de trabajo e instrumentos para luchar contra el fenómeno de la violencia en esas redes sociales.
Nos mencionan ustedes la necesidad de incorporar el aprendizaje en relación con esas actitudes en contra de la discriminación, de la homofobia, del racismo o la xenofobia en el sistema educativo, y estamos de acuerdo. Creemos que es
necesario que en nuestro sistema educativo se incorporen esos instrumentos, esas actitudes contrarias a todo este tipo de actuaciones, y creemos que es necesario hacerlo con carácter transversal, en todas y cada una de las disciplinas académicas que
se incorporan a nuestro sistema educativo. Así lo ha promovido el Consejo de Europa en su recomendación 12/312, o la Unión Europea, como uno de los objetivos que tienen que promover los sistemas educativos de los países miembros. Y así queremos
que se incluya entre los objetivos del currículum educativo de la nueva ley orgánica de mejora de la calidad de la educación, de una manera transversal. No voy a tener tiempo de leerles en este momento cuáles son los objetivos que se enmarcan
dentro de combatir los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. Y leo literalmente uno de los objetivos, como le digo, de la nueva ley orgánica de la mejora de la calidad de la educación.
No quisiera terminar -y sé que debo hacerlo con prontitud- sin mencionar también la propuesta que hace La Izquierda Plural de que se cree una fiscalía concreta para tratar este tipo de actitudes en el ámbito de Valencia. Señor Sixto, no
creemos que la solución sea crear fiscalías específicas en cada uno de los territorios de España en el que se produzca un problema concreto, sin negar que pueda existir el problema; creemos que sería reproducir estructuras administrativas que en
cualquier caso la promoción de la misma tendría que ser a instancias de la Fiscalía General del Estado.
Termino ya, señor presidente, antes de que me corrija, concluyendo que hemos presentado una propuesta de enmienda que creemos que es abierta, del máximo consenso, integradora, con gran amplitud de miras, con un espíritu muy abierto y que
incluye el común denominador de las dos PNL que estamos debatiendo en este momento. Les pediría que en un tema tan importante como este, en el que no deberíamos mostrar ningún tipo de dudas ante la ciudadanía de nuestra lucha y nuestro combate
activo, proactivo, contra la discriminación, contra la xenofobia, contra la homofobia, contra el racismo, contra la violencia, estemos unidos, porque hay mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar. Les pediría que se unieran a este
consenso en base a la propuesta de modificación que les presenta el grupo mayoritario. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En este caso no le he hecho ningún requerimiento puesto que en teoría enmendaba las dos proposiciones y el tiempo hubiese sido mayor, pero me admira que se haya ajustado tan milimétricamente a las previsiones.
También figura como enmendante y en consecuencia dispondrá de un tiempo de cinco minutos, el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Con perdón, mala cosa me ha ido a decir ahora, presidente, pero intentaré no abusar de esta información estratégica.
Ya hemos dicho antes que el totalitarismo tiene mil caras. Estamos hablando seguramente de la más repugnante de todas ellas, que es el nazismo. Lo dramático, lo más dramático, sin duda, fue el asesinato de Guillem, pero creo que lo más
indicativo de la situación social en un momento determinado del Estado español y del País Valencià y que no hemos superado, al menos en parte, es la impunidad, el problema es la impunidad en este tipo de cosas que en determinados ámbitos aún se da.
Como no han llegado a una situación de terrorismo extremo la extrema derecha, pues parece que tenga una especie de bula que no se otorga, lógicamente -sólo faltaría-, a los miembros de la banda ETA. Y eso sucede cuando un joven neonazi apuñala a un
chico de Maulets.
Nuestra enmienda no va en ningún sentido contra la propuesta de La Izquierda Plural, la apoyamos al cien por cien; es solo hacia la del Grupo Socialista, también en este caso como en el otro, por un tema competencial. Aquí se está hablando
de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejerzan un control que en tres comunidades autónomas es una competencia exclusiva de la comunidad. Leeré una vez más el artículo 164 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero que no sería
distinto del Estatuto de Gernika o el de Navarra, que dice: La Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra tiene como ámbito de actuación el conjunto del territorio de Cataluña y ejerce todas las funciones propias de un cuerpo de policía en el
ámbito siguiente: seguridad ciudadana y orden público, Policía judicial, investigación criminal, incluyendo formas diversas de crimen organizado y terrorismo en los términos que se establece en la ley. En este sentido, hemos presentado una
enmienda al Grupo Socialista para que se incorporara también la función de los cuerpos de seguridad de las comunidades autónomas en su texto. El mismo ponente socialista me ha hecho notar que seguramente hay una contradicción en nuestra enmienda,
de manera que presentaremos una transaccional conjunta a la Mesa. Si me permiten una anécdota personal, solo un minuto, les diré que yo trabajé en seguridad ciudadana en Cataluña cuando los Mossos d'Esquadra desarticularon lo que después se volvió
a articular como librería Europa, la librería vergüenza de Cataluña, vergüenza del Estado español y seguramente vergüenza de Europa, donde se exporta la mayoría de material neonazi, ya que la legislación española parece que lo permite, a toda Europa
y a todo el mundo. Tenía la típica exposición policial justo al lado de mi despacho y en un momento en que mi sentido del asco me lo permitió fui a mirar el material incautado y les aseguro a ustedes que lo que pude ver no se puede imaginar:
libretos comparando a los judíos y a los gitanos con ratas de alcantarilla, en el sentido literal, en definitiva, parásitos a los que se tiene que exterminar. Y así podría continuar. Estamos hablando de gente de esa calaña. La gente que mató a
Guillem es gente de esta calaña.
Nuestra enmienda es pequeña y además hay una transaccional propuesta por el propio Grupo Socialista, que nosotros aceptamos. Lo que nos manda el corazón es votar a favor de esta proposición no de ley por motivos simplemente de convicción.
El señor PRESIDENTE: Correspondería a continuación el turno de los grupos. En este caso si desea hacer uso de la palabra, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Celebro que se haya traído aquí el debate por parte de diputados valencianos y además que se hable del fenómeno de la ultraderecha, del fascismo, del nazismo en nuestro territorio, porque es especialmente grave. La
ultraderecha, los grupos fascistas han gozado de una impunidad grandísima durante décadas en el País Valenciano, básicamente también por la relajación de los Gobiernos de la Generalitat y de Madrid que no hicieron todo lo que estaba en su mano para
desarticularlos y detenerlos.
Esta violencia fascista la sufrieron desde intelectuales, por ejemplo, Joan Fuster, en pueblos, Sanchís Guarner, con bombas, con reventar actos públicos, lo han sufrido una serie de partidos políticos, los políticos, ciudadanos, militantes,
y ha llegado incluso al asesinato de dos personas en el País Valenciano: Miquel Grau, cuando pegaba carteles, y Guillem Agulló. Y el juez lo calificó de simple pelea callejera y su asesino solo estuvo cuatro años en la cárcel.
Por eso causa estupor la manifestación que se convocó ayer en Burjassot convocada por un grupúsculo como España 2000, cuyo presidente, José Luis Roberto, fue detenido en el año 1976 por haber puesto bombas en el estadio del Levante en un
acto nacionalista, o el Grup d'Acció Valencianista que ha sido capaz de agredir a muchísimas personas. Pero lo que causa estupor de verdad es ver las siglas del Partido Popular en un cartel junto a estos dos grupúsculos, convocando a la
manifestación de ayer. Celebro las palabras del portavoz del Grupo Popular de condena inequívoca, pero le tengo que decir que el Partido Popular era convocante no solo en el cartel sino también en las redes sociales animando a la gente a acudir a
ese acto que no iba contra el Gobierno municipal, porque incluso se hablaba de subidas de impuestos cuando el Partido Popular es el gran especialista en subirlos, por lo menos desde que ha comenzado esta legislatura, y en el mismo cartel se hablaba
de cosas tan exóticas como orgías catalanistas, que no sé lo que deben ser, pero viniendo del Partido Popular me parece absolutamente inenarrable que firme un cartel junto a estos dos grupos. Ya me lo explicarán.
Me quedo con las palabras del alcalde de Burjassot, de Compromís, Jordi Sebastià, con tres reflexiones que ha hecho esta misma mañana, un día después de la manifestación. La primera idea es el fracaso de la convocatoria de aquellos que
pretenden revivir la batalla de Valencia que tantos réditos electorales les dio en un determinado momento. La segunda, constatar la marcha atrás del Partido Popular primero convocando tanto en los carteles como en las redes sociales, y ayer
rectificando en el mismo Pleno. La tercera, sus palabras de gratitud para tanta gente que ha manifestado su apoyo tanto al alcalde como a la corporación legítimamente elegida del pueblo de Burjassot.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer uso de la palabra el Grupo de UPyD? Señora Díez, cuando guste.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Si hay algo que no debe tener un tratamiento localista si uno busca la justicia es precisamente la lucha contra la xenofobia, la violencia fascista, racista, porque no es local; ni es local la actuación xenófoba y
racista ni puede ser la lucha contra ello una actuación de localistas, salvo que estemos comportándonos exactamente como aquellos que pretender dividir a los demócratas y que pretenden perseguir a los diferentes, cosa que no es el caso entre
nosotros, los que aquí estamos.
Empezaré por decir que al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia le gustaría que en esta materia consiguiéramos también el máximo consenso y a ser posible la unanimidad, y que las enmiendas que se han presentado y sobre las que
ya ha habido exposición fueran asumidas y dieran paso a un consenso y a una transaccional. A esta portavoz le gustaría que eso fuera así, porque no quiero sospechar -y desde luego no lo haré- que no haya entre todos nosotros el máximo consenso y el
máximo compromiso para combatir estos actos deleznables ante los que jamás puede haber ni una respuesta local ni el más mínimo gesto de disculpa o comprensión o mínima ambigüedad, desde ningún punto de vista. Ante esta cuestión no se puede ser
neutral.
Al margen de compartir total o parcialmente que algunas cuestiones de las dos iniciativas podrían ser matizadas por parte de Unión Progreso y Democracia, de poner en duda si la prevención es o no lo más importante, que me parece que sí -en
esta materia creo que la pedagogía democrática, la prevención y el rechazo de todo este tipo de actividades es clave-, al margen de pensar que a lo mejor no es estrictamente necesaria una fiscalía especializada en cada sitio -tampoco tengo la
suficiente convicción de que sería negativo que así fuera y que se requiriera o no una especialización-, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, en nombre del que les hablo, precisamente porque en esta materia se trata de hacer
justicia y de acabar con la impunidad, y que en esta materia también el consenso no deja de ser un instrumento pero el objetivo es la justicia, votará muy a gusto si hay enmiendas transaccionales y votará igual de a gusto si no las hubiera a las dos
iniciativas que se han presentado.
El señor PRESIDENTE: Señor Márquez.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Señor presidente, por alusiones pronunciadas por el señor Baldoví me gustaría poder intervenir.
El señor PRESIDENTE: Dispone de treinta segundos.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Muchas gracias, presidente.
Centrándome en el asunto -he intentado hacerlo en mi intervención inicial pero igual el señor Baldoví no estaba presente en ese momento-, he querido alejarme particularmente del hecho concreto, del hecho localista de esa manifestación que ha
mencionado; primero porque no está incluida en las proposiciones que hoy discutimos y segundo porque no nos permite tener la necesaria amplitud de miras para tratar con la adecuada solvencia lo que estamos debatiendo en este momento.
Señor Baldoví, flaco favor nos hace aquí trayendo reproches puntuales en cuanto a dudosos compañeros de viaje porque seguramente en cualquiera de los viajes de los grupos aquí representados también ha habido dudosos compañeros. Poco favor
nos hace al debate que estamos teniendo en este momento, que es mucho más importante que eso que usted intenta reprocharnos. Le quiero decir una cosa, y es que no nos van a dar lecciones, no nos pueden dar lecciones de estar a favor, efectivamente,
de cualquier actitud democrática y en contra, radicalmente en contra, de esas otras actitudes que nosotros hemos especificado y claramente argumentado en la exposición que me ha tocado defender. (El señor Baldoví Roda pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, le ruego la máxima brevedad y desde luego no creo que sea el momento de reabrir el debate. Dispone también de treinta segundos.
El señor BALDOVÍ RODA: Quince segundos, señor presidente. Yo creo que el flaco favor lo hace el Partido Popular al firmar un cartel con grupos absolutamente xenófobos y fascistas.
El señor PRESIDENTE: Es el momento de que los grupos proponentes, titulares por decirlo así de las proposiciones, indiquen la aceptación o no de las enmiendas que han sido ofrecidas.
Señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Como se ha dicho, es evidente que este es un espacio que queremos que sea del máximo consenso; la universalidad en la lucha por la dignidad de las personas desde luego no tiene fronteras y, en ese sentido, nosotros
planteamos la aceptación como enmiendas de adición de todas las enmiendas presentadas.
El señor PRESIDENTE: Se han distribuido los textos, tanto por parte del señor Guillaumes como por parte del Grupo Popular.
Por parte de La Izquierda Plural, a igual fin, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Nada nos gustaría más que el Grupo Popular hubiese propuesto la enmienda que fuese al texto para poder llegar a un acuerdo pero no entendemos que haya enmienda al texto, sino retirada. En ese sentido no lo podemos
admitir.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia se celebrarán dos votaciones, una consecuente con la proposición no de ley del Grupo Socialista en términos de aceptación de las dos enmiendas que se han hecho llegar a la Mesa y el texto original del
señor Sixto será sometido a continuación a votación.
Señor Puig, me hace notar el servicio de letrados que existe una enmienda de adición, en concreto un párrafo consistente en la correspondiente información, que sería una transaccional a la PNL 1616. El texto del Grupo Popular sería un texto
alternativo, con lo cual difícilmente se pueden aceptar. Existe una adición que creo que es de fácil encaje o aceptación propuesta por el Grupo de CiU y una situación más compleja que sería el texto alternativo ofrecido por el Grupo Popular.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: No es de adición sino de sustitución.
El señor PRESIDENTE: Es texto alternativo. Si me iluminan...
El señor PUIG FERRER: Presidente, lo que yo le indico al Grupo Popular es que lo lógico, según el proponente, es que sea una enmienda de adición. Nosotros no tenemos nada que ver con eso y todo lo que se plantea en esa enmienda de adición
nos es extraño para un consenso. A lo que no vamos a renunciar es a nuestro texto inicial porque creemos que va más allá, que es lo lógico y lo coherente. Nosotros planteamos una solución de consenso: aceptamos, efectivamente lo que ha dicho el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aceptamos lo que han dicho todos los grupos de esta Cámara y aceptamos lo que dice el Grupo Popular; lo que no querrá el Grupo Popular es que además renunciemos a aquello que nosotros planteamos.
Es un poco excesivo y además demuestra claramente si se quiere o no llegar al consenso. Por nuestra parte hay consenso absoluto. Simplemente le pedimos que en vez de enmienda de modificación sea enmienda de adición; es así de claro.
El señor PRESIDENTE: Abandonamos el terreno de la política y llegamos al de la gramática y la congruencia lingüística. Existen redundancias, existen duplicidades, y le puedo asegurar que de la simple suma aritmética de los textos
propuestos resulta una incoherencia notable que llevaría a dudar de la capacidad intelectual de los señores diputados.
Si desean, de aquí al tiempo en que se celebren las votaciones, tener un encuentro para que vean el nivel de consistencia o de encaje de los textos, yo les animo a ello. Si no, les anuncio que lo que haría sería someter la enmienda del
Grupo Socialista con la adición de CiU en sus términos, entendiendo como no admitido la disparidad y en algunos casos la dificultad técnica de hilvanar, no digo coser, estos textos. Se abre un tiempo en el cual si desean tener un encuentro y ver la
posibilidad de unificar este texto, hasta el momento de las votaciones quedaría abierto; si no, ya les anuncio por claridad o por seguridad jurídica, que sería el texto del Grupo Socialista, con la incorporación del de CiU, el que se sometería a
votación, entendiendo rechazada la enmienda del Grupo Popular.
- SOBRE MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA GRAVE SITUACIÓN DE ROBOS EN EL CAMPO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001664).
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora el debate y posterior votación de la proposición no de ley sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor
Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor presidente, señorías, tenemos un problema. El robo y el rateo campan a sus anchas por el campo español. Por poner solamente algunos ejemplos, 250 kilos de cable que se roban dejan sin luz en Olivenza a una
gran parte de pueblos; roban las naranjas por arrobas y las cebollas por cientos en Silla, Valencia; los terneros de 13 en 13 y de 53 en 53 en los pueblos de Orense limítrofes con Portugal; las aceitunas por miles durante este invierno en Jaén y
Córdoba; las instalaciones de regadío para vid en Ciudad Real, que después de instalarlas en una semana costó solamente una noche robarlas; las puertas de hierro de las fincas de Valladolid de dos en dos, en fin, de todo: cobre, hierro,
maquinaria, aperos, sistemas de riego, placas solares, terneros, cerdos, alimentos elaborados, cosechas, etcétera.
No tenemos estadísticas comparadas, dados los cambios que se han producido con el actual Ministerio del Interior, pero para saber de qué estamos hablando sí podemos fiarnos de los datos que hacen referencia a los delitos de robo con fuerza
en domicilios en la zona rural, y estos delitos crecieron un 25% en el año 2012 y en el primer trimestre del año más de un 6,1% por encima de ese 25%. ¿Es nuevo esto? ¿Es de estos últimos años? No, señorías. No tenemos ningún empaque en
reconocer que es en el segundo semestre de 2010 cuando la Guardia Civil detecta un aumento por encima de lo habitual de robos en las explotaciones ganaderas y agrícolas del campo español. En ese momento en que se detecta lo que se hace es poner en
marcha un plan, un plan que se determina conforme a unos parámetros. Es decir, en segundo lugar, aparte de que tenemos en este momento un problema, tuvimos un plan para la seguridad del campo español, pero ya no lo tenemos, o al menos no es
español. Es cierto que se mantiene nominativamente y lo que ha pasado en los últimos meses determina que podemos dudar de que exista plan pero de lo que ya no podemos dudar es de que no es español.
El Partido Popular, que con tanto denuedo critica la idea de la España plural, ha puesto en marcha una cosa singular, una Administración General del Estado dispersa y diversa. ¿Por qué lo digo? Porque da la impresión de que cada delegación
o subdelegación de Gobierno parchea y se busca la vida buenamente como puede ante este problema. Fíjense bien. Se ponen en marcha escuadrones a caballo en Levante;
folletos en Castilla y León con un decálogo de prevención de seguridad en el medio rural; patrullas campesinas consentidas, que no legales, en Valencia, en Aragón; reuniones comarcales para poner en marcha medidas concretas en la zona de
Castilla y León y hasta en Andalucía un sistema de predenuncia que posibilita a los campesinos depositar sus denuncias previamente en las organizaciones agrarias. Lo dicho: en vez de España una, una Administración General del Estado para todo,
para el conjunto de nuestro país, diversa y dispersa.
En esta situación es absolutamente evidente que necesitamos una solución y aportar ideas para alcanzar esa solución es el objetivo que pretendemos con la presentación de esta proposición no de ley. Queremos orientar al Gobierno, queremos
ayudarle a solucionar un problema que, como digo, viene de la segunda mitad del año 2010, que tuvo un atemperamiento, a lo largo de 2011, con la puesta en marcha del primer plan, pero en este momento la sensación de los pueblos, los municipios y las
organizaciones agrarias es que se está revitalizando y llegando a niveles que no se habían alcanzado en momentos anteriores.
En este sentido, lo primero que tenemos que plantearnos es qué se está haciendo específicamente para afrontar el problema. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Interior? Pues el Ministerio del Interior, como respuesta, nada, excepto
mantener nominalmente el plan. Si el Gobierno empieza a aceptar que hay un problema y se reúne con las asociaciones agrarias, tendrá que dar respuesta a este problema en reunión con Asaja, desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de
Agricultura. A un problema básicamente de orden público y de prevención del orden público la respuesta no es del Ministerio del Interior sino del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Agricultura.
Es verdad que lo que se plantea es que se hace porque se necesita incrementar las penas por estos robos. Miren, es la mejor manera de no resolver nada. En la inmensa mayoría de los casos estamos ante grupos organizados que ya por ser
grupos organizados, ante esos robos son constitutivos de delito, no de hurto; se hacen, además, normalmente con daños a las fincas. Por tanto, por daños o por fuerza son constitutivos de delito, no de hurto. Buscar a través de esa vía la solución
es sencillamente tratar de evitar el problema y no resolverlo.
Lo que necesitamos en este momento es afrontar con efectividad el problema concreto de los robos, de la persecución de los mismos, de su prevención, obligación que tiene claramente asignada el Ministerio del Interior. Encontrarnos en esta
situación hoy de que ante la dificultad de resolver el problema cada vez tenemos una mayor presencia de patrullas ciudadanas, incluso armadas, en la mayoría de los casos consentidas porque no pueden ser legales, da una sensación de que cada vez hay
menos España, porque si hay algo que en un Estado como el actual da importancia a la permanencia en el territorio, a la identificación de la ciudadanía con él, para mí uno de los primeros elementos es el de la seguridad, debe dar seguridad a su
ciudadanía y hoy los ciudadanos del medio rural no se sienten seguros. De ahí la importancia de las propuestas que les hacemos.
Esta propuesta es un decálogo, son diez puntos. En este tipo de cosas lo mejor es resumir la situación, ya lo hacen los mandamientos; los diez se resumen en dos. Este decálogo se resume en cuatro. Primero, se necesita más Guardia Civil.
Desde que gobiernan ustedes hay, en números redondos, 1.000 guardias civiles menos en este país. No puede seguir reduciéndose el número de guardias civiles porque su presencia y además verlos in situ es el elemento principal de prevención frente a
grupos que están realizando este tipo de robos.
Segundo, se necesita coordinación y participación. Hay muchos medios en el medio rural para hacer frente a este problema. No solamente la Guardia Civil, con todos los medios que tiene, hay guardas rurales, hay guardias municipales, las
organizaciones agrarias, los sindicatos, las propias asociaciones vecinales están encantadas de poder participar a través de los consejos locales de seguridad en poner en marcha medidas preventivas que impidan dar información y que se puedan evitar,
para colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Así nos vamos al tercer punto, que lo que pide es coordinación y participación a través de varias propuestas que hacemos, porque aprovechar todos esos recursos es el elemento fundamental, y además hacer una participación efectiva de la gente
que está en ese medio rural. Y tienen que empezar por una buena cosa, tienen que empezar por una buena coordinación entre Guardia Civil y Policía, para que cada uno haga lo suyo. En este momento tenemos algunas cosas que nos empiezan a preocupar.
Ustedes piensan que el mejor sistema es tener dos direcciones generales diferentes, la de la Guardia Civil y la de Policía Nacional, de acuerdo, cada uno puede tener su propia estructura, pero siempre y cuando se mantenga el elemento fundamental,
que es la coordinación. ¿Saben ustedes que en febrero, muy cerca
de su sede de Génova, hubo un incidente público para la mayor parte de la ciudadanía, en una delegación extranjera donde la Guardia Civil retuvo por la fuerza a un grupo de Tedax del Cuerpo Nacional de Policía porque a su juicio les
correspondía a ellos y no a la Guardia Civil intervenir en ese punto? No podemos tener a dos cuerpos discutiendo por una cuestión como esta y después tener una falta de presencia policial, como es el caso del campo español. Aparte de coordinación
y participación, necesitamos inteligencia y trabajo policial cercano al agricultor y al ganadero, y por último necesitamos garantizar la pérdida económica causada por los robos al campesino, tanto el robo en sí como los efectos posteriores.
Señorías, hay un sistema de seguros agrarios subvencionado por el Ministerio de Agricultura, pero no cubre estos robos y por tanto la inmensa mayoría de los campesinos no puede acceder al seguro libre, que es muy caro. Lo que les pedimos es
que lo incluyan también para que al menos esa parte la puedan tener resuelta.
Acabo, señor presidente. Estamos ante un problema de robos, pero fíjense bien, estamos ante un problema que tiene otra componente muy importante. Fíjense. Una diputada del Grupo Popular, miembro de la Mesa, me va a entender muy bien. En
Lugo, de una finca se llevan pollos, conejos y hasta la cocina de leña. Fueron el día de Nochebuena y se llevaron varios pollos; volvieron dos semanas después y se llevaron la cocina, 30 gallinas y 15 pollos; quince días más tarde, los últimos
pollos que quedaban. No solamente lo denuncia quien padeció esta serie sucesiva de robos sino que un vecino se queja, porque seguramente al pasar cerca de su casa para el otro robo también detectaron que él tenía, en un anexo de su vivienda, la
carne de la matanza. Y dice: Robáronme da casa toda carna de matanza do porco que tenía guardada en el conxelador. Es decir, que lo último fue acabar con producto elaborado.
¿Cuál es el problema, fuera de la parte irónica que puede tener? Que la gente no se siente segura en el medio rural. Los pueblos del norte, Galicia, Asturias, el medio rural en conjunto de este país empieza a estar envejecido y un elemento
fundamental para fijar población es mantener servicios, y puedo garantizarles que la seguridad, sobre todo para una población envejecida y mantener la misma es un elemento fundamental para poder mantener el elemento vital, el elemento fundamental de
todo el medio rural, que es la propia población. Por eso les pido que se dejen ayudar, que nos apoyen en esta proposición no de ley, que el ministerio aborde de nuevo con interés el problema de la seguridad en el campo español para que podamos
poner fin a este robo y rateo que se está enseñoreando de todo el campo español.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no se han presentado enmiendas, con lo que cabe el turno de fijación de posiciones. Les ruego la máxima brevedad por parte de los grupos.
Por el Grupo Mixto no veo al señor Baldoví. Tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente intervengo para anunciar el voto positivo de Unión Progreso y Democracia a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, vamos a votar favorablemente la PNL pero me gustaría hacer constar al Grupo Socialista alguna extrañeza por parte de nuestro grupo. En toda la exposición de motivos hemos echado a faltar -no hemos
presentado enmiendas- alguna referencia a que la situación de crisis económica, la situación de desigualdad, de pobreza, también tiene algo que ver con la situación de inseguridad que se está viviendo en el campo. No solamente en el campo, pero he
echado de menos alguna referencia a ese aspecto económico-social.
Respecto a lo que es la propuesta de acuerdo, en el punto 3.º que insta a que la Policía local se coordine en labores de vigilancia en el campo, desde La Izquierda Plural somos absolutamente conscientes de que la Policía local, en aquellos
ámbitos en los que hay problemática, y por ejemplo en el País Valenciano hay mucha problemática de robos en los campos y de hecho se ha intentado poner algún remedio y hacer algún desplazamiento de Guardia Civil, y de hecho nosotros hemos instado
-luego tenemos otra propuesta de algún otro grupo al respecto- a la Policía local simplemente para que se considere que igual no hace tanta falta que esté en el campo en un momento determinado, donde tienen que estar otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, otra guardería rural y demás, como controlando a veces mercados o comercios donde sí que es importante que se desarrolle una labor de policía urbana, que es propia de la Policía municipal.
Por lo demás estamos de acuerdo con el conjunto de la propuesta porque es una problemática importante en el conjunto del Estado y sobre todo también para los valencianos.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), si desea hacer uso de la palabra, señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Señor presidente, señorías, como en las otras dos ocasiones teníamos una cierta duda por el tema competencial, ya que no solo es un tema de seguridad pública, que es competencia de tres comunidades autónomas,
sino que también lo es de protección rural. Los agentes rurales existen en muchas comunidades autónomas que no tienen competencias de seguridad ciudadana.
Nos ha alarmado todavía más la defensa del portavoz socialista, que la ha hecho desde un cierto centralismo, diciendo que esta disparidad seguro que ayudaba a hacer más grande el problema. Tiendo a creer que seguramente cada comunidad
sabe... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio para facilitar el trabajo de taquígrafos y estenotipistas, que es realmente complejo esta tarde.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidente.
Supongo que cada comunidad sabe lo que le conviene dada la gravedad de su problema. En Cataluña tenemos un programa, que es el programa operativo específico del mundo rural, que tiene un componente mixto, policial y de agentes rurales, que
ha tenido un cierto éxito. La delincuencia en el mundo rural ha tenido una reducción del 29%, que seguro que es significativo.
Esta objeción competencial creo que normalmente hubiera justificado nuestro voto negativo, pero hay un punto que verdaderamente no es invasión competencial y que tiene ciertamente su interés para el sector, que es la incorporación en el
seguro agrario de este tipo de malas actividades. En este sentido nuestro voto finalmente no será negativo, sino que será de abstención.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Conde.
La señora CONDE MARTÍNEZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para avanzar cuál va a ser el sentido de nuestro voto respecto a esta proposición no de ley, y ya les adelanto que no va a ser favorable, por dos cuestiones
esencialmente. La primera porque la mayor parte de los puntos que se plantean en la misma de este decálogo, que decía el señor Trevín, ya se están realizando en la actualidad y la segunda porque alguna de las cuestiones que se proponen en esta
proposición no de ley podrían entrar en colisión con la normativa europea actual -estoy segura que el señor Trevín lo conoce- respecto al último de los puntos relacionado con el tema de los seguros agrarios. Trataré, no obstante, de sintetizar al
máximo nuestra posición, dado que son muchos puntos los incorporados en el petítum que obviamente no repetiré, pero sobre todo quiero dejar claro que no los podemos apoyar no porque no consideremos que algunas de estas actuaciones sean esenciales
para prevenir los robos en el ámbito rural, sino porque ya se está haciendo. Se está haciendo por dos vías: la primera de ellas es el desarrollo de ese plan del que usted hablaba, señor Trevín, de mayo de 2011 y que el actual Gobierno ha
potenciado; y la segunda, por las actuaciones que, como le digo, el Gobierno actual está desarrollando lo que se estableció en ese plan de mayo de 2011, como son la concentración de unidades en zonas críticas, la confección de mapas
delincuenciales, la elaboración de informes sobre el modus operandi, la intensificación de reuniones con colectivos afectados. No voy a entrar en muchos más detalles; no voy a entrar en cuestiones de carnicería y casquería, como usted ha precisado
de distintas parte de España, si me lo permite, aunque le diré que los robos en el campo no superan en la actualidad el 5% de la tasa de criminalidad en el ámbito territorial de la Guardia Civil, aunque somos conscientes de que ese repunte ha
generado inseguridad en el sector. Como le decía, es inseguridad y repunte de esa inseguridad que se produce, como usted bien ha confirmado, en 2009 o en 2010, como usted prefiera, motivo por el que ustedes elaboran ese plan del que antes
hablábamos, que usted también ha mencionado, y que este Gobierno ha potenciado con nuevas actuaciones que usted parece no considerar. Le ruego, señor Trevín, que no establezca relaciones espurias entre el número de efectivos en una plantilla y el
rebrote de este tipo de sustracciones en el campo, porque aquí a los únicos que han acusado de tener estadísticas poco fiables e impropias de un país desarrollado es a ustedes. No quiero recordarles ese informe que elaboraron expertos científicos
del Consejo de Europa titulado El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales en España -en la época en la que ustedes gobernaron en recientes fechas-.
En cuanto a la dimensión de las plantillas, señor Trevín, usted sabe como yo que el adjetivo suficiente es un concepto jurídico indeterminado, sobre todo porque según como se interprete puede de alguna manera derivar en graves errores.
¿Usted está hablando de suficiente en relación con criterios poblacionales
o igual está hablando de suficiente con respecto a dispersión poblacional? ¿O quizá se refiera a suficiente respecto a la concentración de actividades delictivas en determinadas zonas?, ¿o suficiente en lo que respecta a la adecuación a
las condiciones orográficas del territorio?
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo.
La señora CONDE MARTÍNEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
A lo mejor lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en la elaboración de una planificación respecto al número de efectivos que son racionales en todas las partes de España en función de diferentes criterios, los que he comentado o
cualesquiera otros, en vez de echarnos en cara constantemente los números de las plantillas.
Termino con lo que comentaba al principio, señor Trevín, del seguro agrario combinado. Estoy convencida de que usted sabe que este tipo de seguros tiene su base en una normativa europea, en un reglamento europeo, que establece claramente,
además de los tipos de estas ayudas, que estas ayudas nunca deberán suponer un obstáculo al buen funcionamiento del mercado interior de los seguros, de la liberalización de los factores productivos que establece en este caso la Unión Europea. Por
ese motivo a lo mejor la decisión de incorporar esos seguros agrarios, de los que usted hablaba, a estas cuestiones trasciende una decisión gubernamental y es la Comisión Europea la que tendría que autorizar o no estas cuestiones.
Por último, finalizo, señor presidente. Señor Trevín, si quiere que vayamos de la mano en estas cuestiones que sabe que nos preocupan a todos, aquí nos tiene, pero si lo que nos pide es que votemos en contra de algo que pudiera colisionar o
vulnerar cierta normativa europea no nos va a encontrar, y desde luego tampoco nos va a encontrar en votar favorablemente a una proposición en la que parece que usted entiende que el Gobierno actual no ha hecho nada a este respecto cuando creo que
de mi exposición se ha derivado que no es cierto, porque el problema nos inquieta, se están tomando medidas y se van a seguir tomando. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: No existen en este caso enmiendas, por lo que no procede preguntar sobre su aceptación o rechazo.
- SOBRE EL AUMENTO DE AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL CAMPO VALENCIANO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001558).
El señor PRESIDENTE: Seguiríamos a continuación en esta recomposición del orden del día. Correspondería el debate y votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, en este caso la 1558, sobre el aumento de agentes de la
Guardia Civil para la protección del campo valenciano, para cuya presentación tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Lamento profundamente que no esté aquí la portavoz de UPyD porque esta es otra iniciativa de las que ella llama localista. Querría explicarle por qué presento iniciativas que ella llama localistas y que yo diría
iniciativas valencianas.
El sector agrícola valenciano siempre ha sido un sector potente, generador de riqueza y de trabajo, pero los bajos precios, la falta de ayuda a las administraciones y la delincuencia han hecho que el campo valenciano cada vez cuente con
menos explotaciones, con menos trabajadores y además ahora sea más inseguro. (La señora vicepresidenta, Vázquez Blanco, ocupa la Presidencia). Si solo hago un pequeño repaso por los titulares de diferentes periódicos valencianos, es para
alarmarse: vecinos de la Font d'en Corts ultiman patrullas nocturnas para evitar robos en los campos; Polinyà cierra el 60% de sus caminos rurales para evitar robos de naranjas; los robos dan la puntilla al campo -con robos de gasoil, de piezas
de sistemas de riego, de bombeo, de maquinaria, de aperos, de ganado, de cosechas-. Según AVA, sindicato agrario valenciano, esto ha supuesto 30 millones de euros solo en los dos últimos años. Por último comentaré un trágico titular que se produjo
no hace muchos meses en la ciudad valenciana de Cheste. Un vigilante de un huerto de naranjos murió a causa de los disparos efectuados por unos ladrones que supuestamente iban a robar la cosecha. Las palizas a los agricultores por parte de
malhechores y los robos en las instalaciones e infraestructuras agrícolas son habituales en el campo valenciano y los agricultores reclamen sin éxito una mayor protección por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A raíz del trágico suceso de Cheste, la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha constatado que en la Comunidad Autónoma Valenciana el instituto armado tiene serios problemas en lo que se refiere a recursos humanos, por lo tanto les
imposibilita realizar las labores de vigilancia del campo que requiere la sociedad valenciana. Por ratios esta asociación ha revelado que mientras la media española es de 5,3 agentes de los diferentes cuerpos de seguridad por cada mil habitantes,
en el País Valenciano dicha ratio es de tan solo tres agentes por cada mil habitantes. Por eso yo le diría a la señora Díez, si estuviera, que por eso soy localista, porque a veces me obligan a ser, como ella dice, localista.
Existe una patente falta de plantilla a lo que se suma que las bajas que se producen por traslados o por jubilaciones no se están cubriendo y los números en activo están desbordados por el trabajo y la multitud de funciones que tienen que
cubrir. Recientemente la Asociación Unificada de la Guardia Civil calificó de engaño y parche el Plan especial de seguridad en el ámbito rural; consideran que Valencia tiene la misma plantilla de agentes que hace dos décadas, es decir 3.000
efectivos y reclaman un refuerzo de 600 agentes más para poder combatir, de verdad, el problema de los robos en el campo.
Recientemente hemos visto a la delegada del Gobierno haciéndose una foto muy bonita con guardias civiles a caballo y con un helicóptero muy vistoso pero realmente poco efectivo. Pensemos que para Castelló se ha enviado un cabo y siete
guardias civiles, es decir ocho agentes, y para Valencia un sargento, dos cabos y quince guardias civiles, es decir dieciocho agentes. Si tenemos en cuenta que, como mínimo, tendrán que hacer tres turnos cada día -eso sin contar las noches, porque
hay que contar los fines de semana- y que la superficie cultivada en la Comunidad Autónoma Valenciana es de 688.000 hectáreas -solo en Valencia 350.000 hectáreas- con dieciocho agentes poco se podrá hacer. Es decir, puro escaparate.
Voy acabando. Reproduzco una noticia del ABC del domingo 19 de julio de 2009. Decía: El PP ha recogido las quejas crecientes por la inseguridad del medio rural y ha planteado una proposición no de ley ante el Congreso para exigir
soluciones. El diputado oscense del Partido Popular, Ángel Pintado, considera que se ha llegado a un punto insostenible. Revisar el mapa de dotaciones de la Guardia Civil, impulsar un plan de mejora de puestos y cuarteles, ampliar el número de
agentes y diseñar planes específicos contra la delincuencia en el medio rural, son algunas de las medidas que reclaman los populares al Ministerio del Interior. Completamente de acuerdo con el Partido Popular, y sin que sirva de precedente;
totalmente de acuerdo. Por tanto, reclamo lo mismo que el Partido Popular reclamaba en 2009, es decir más agentes, un plan, revisar las dotaciones de los cuarteles de la Guardia Civil; en definitiva, lo mismo que pedía el diputado del Partido
Popular Ángel Pintado en 2009. Entiendo que el Grupo Popular estará ampliamente de acuerdo con mi proposición no de ley y será aprobada por unanimidad por toda la Comisión de Interior.
La señora VICEPRESIDENTA (Vázquez Blanco): ¿El representante del Grupo de la Izquierda Plural quiere intervenir? (Pausa). Tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: En cuanto a la proposición no de ley de Compromís quiero señalar que en el País Valenciano tenemos un problema terrible en el tema de los hurtos en el campo; no solamente en Valencia sino en otras partes del
Estado, pero allí es especialmente sangrante. La agricultura valenciana tradicionalmente ha sido un sector importantísimo en nuestra economía, exportador; ha servido para ayudar a equilibrar la balanza comercial de España en algunos momentos de
nuestra historia, sin embargo ahora nos vemos -como se dice en la propia proposición no de ley- con que ni siquiera tenemos la misma ratio de guardias civiles que tiene el resto del Estado. No es que desde mi grupo político pidamos más Policía, más
Guardia Civil, porque somos conscientes de que somos el Estado de Europa que más miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene por habitante. Estamos descompensados respecto a otros países. Alemania, con más población, tiene la mitad
de policías que nosotros. Por tanto no es un problema de Policía, es un problema de modelo policial; cuando unas partes del Estado concentran más ratio por habitante que otras es porque algunas, entre ellas las valencianas y los valencianos,
tenemos motivos para sentirnos agraviados. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por eso planteamos esta revisión de la distribución; revisión de la distribución que iría en la línea de plantear que en algún momento también tendremos que
hablar del modelo policial. A pesar de que el Partido Popular y el ministro del Interior así lo ha ratificado ante esta Comisión en diversas comparecencias, no se plantean en ningún caso revisar el modelo policial del conjunto del Estado. Para
nosotros sería algo sumamente importante, y concretamente en la Guardia Civil, de la que estamos hablando aquí, sería importantísimo plantearse una reestructuración de sus puestos y su distribución en el conjunto del Estado, porque sigue
arrastrándose una estructura histórica que después de las transformaciones que tiene la
realidad simplemente de los transportes en el Estado no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido conservar una estructura de hace cincuenta años, cuando no había ni una décima parte de las infraestructuras de transporte que hay ahora y
que actualmente permiten llegar con mayor celeridad. Esa es otra cuestión en la que no entra esta proposición no de ley.
Esta proposición no de ley entra en reforzar la seguridad en el campo en general y en el campo valenciano en particular, y la vamos a apoyar porque la consideramos fundamental, junto con la del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la persona del señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Señor presidente, simplemente quiero anunciar nuestra posición favorable a la proposición no de ley de Compromís.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, para expresar su opinión, tiene la palabra el señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Señor presidente, básicamente iba a anunciar el apoyo de nuestro grupo a esta iniciativa pero el debate surgido en torno a la propuesta más general que realizó mi colega el señor Trevín me va a hacer detenerme un
poquito más. En definitiva es un debate sobre seguridad, por más que se focalice en el ambiente y en el medio rural. Creo que frivolizar en un debate sobre seguridad nunca es bueno. Cuando se habla de carnicería y casquería crea que a los
ganaderos que son víctimas de hurtos con violencia no les hará mucha gracia ese tipo de frivolités. Claro que habría que añadir frutería, talleres mecánicos, todo un sinfín y una panoplia de actividades que se pueden mencionar de manera hasta
despectiva; en todo caso puede quedar bien para un debate parlamentario pero muy mal para enfrentarse al problema de la seguridad, y demuestra poco rigor, mucha frivolidad y ningún sentido común. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, insisto, para facilitar el trabajo de nuestras taquígrafas porque, sometidas al estrés funcional de esta tarde, creo que lo agradecerán; además, por respeto por supuesto al orador y para efectuar el
trabajo técnico.
El señor CORTIZO NIETO: Siempre he sabido que contaba con el respeto del señor presidente, no me cabe ninguna duda.
Las contradicciones. En la proposición no de ley en general se planteaba tratar de proteger a las víctimas de los robos en el medio rural con la extensión de los seguros agrarios. Ha habido una negativa, basada en razones ya escuchadas
pero que seguramente no tienen en cuenta la memoria, que siempre es tan flaca.
En la Comisión de Medio Ambiente en diciembre de 2010 el Grupo Popular propuso, y se aprobó, una proposición no de ley en la que, en su punto 4, decía: Establecer en la entidad estatal de seguros agrarios, en coordinación con las
asociaciones agrarias provinciales y cooperativas una nueva línea de seguros que incluya la cobertura de hurtos y robos en el medio rural y agrario. Está bien, estas son las virtudes o las virtualidades que tiene estar en la oposición y estar en el
Gobierno, se cambia de criterio. No es tampoco muy serio y hasta pudiera ser calificado de frívolo; seguramente tan frívolo como lo de escuadrones a caballo en Levante y panfletos en Castilla-La Mancha, la cosa va algo desequilibrada. (Rumores).
En esta iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Compromís, que yo nunca calificaría de localista sino simplemente de parcial, señor Baldoví -parcial no en el sentido peyorativo, localista si pudiera querer tenerlo-, parcial
porque aborda en una zona del Estado un problema que es general para toda España. Efectivamente se necesita más Guardia Civil porque ha descendido su número con respecto al año 2011. Hay 1.000 guardias civiles menos y también es verdad que hay un
25,6% más de delitos de hurto con fuerza en el medio rural. Si esto lo llevamos al terreno de la carnicería y de la casquería lo podríamos llevar también a aquello que se contaba tradicionalmente, que imprime carácter -no es lorquiano pero tiene un
aire-. Se contaba aquello de dos personas de raza gitana, dicho sin ningún menosprecio, que encontraban un tricornio, uno se lo ponía y le decía al otro: ¡Me están dando ganas de darte unas bofetadas! Es que la Guardia Civil imprime carácter. Es
buena la Guardia Civil ahora -no en ese otro sentido- para corregir, luchar contra aquellos actos que perturban la seguridad de los ciudadanos. (Rumores). Efectivamente las cifras son 1.000 guardias civiles menos en la actualidad, 25,6% más de
delitos de los robos con fuerza.
El señor PRESIDENTE: Señor Cortizo, le ruego vaya concluyendo, no porque no sea amena su intervención sino por necesidades de tiempo.
El señor CORTIZO NIETO: Concluyo, señor presidente, señalando que en temas como estos, que afectan a la seguridad de los ciudadanos, ni debería haber variaciones contradictorias, de cuando se está en el Gobierno a cuando se está en la
oposición, sea el que sea el partido que mude su posición, ni se debería frivolizar por pretender quedar mejor o peor en el terreno de la dialéctica. Creo que la seriedad, el sentido común y responder a las necesidades de los ciudadanos debería ser
el único elemento que impulsara las intervenciones en este Parlamento. Pienso que el de la seguridad en el campo es un tema serio que se ha agravado no solo ahora, que viene agravándose desde años, con este Gobierno y con el anterior también había
problemas. Por tanto lo que debería importar son los datos, las cifras reales y tratar de buscar acuerdos para ponerle remedio, porque al final es lo único que cuenta.
El señor PRESIDENTE: Me van a permitir que antes de dar la palabra a la portavoz del Grupo Popular exprese en este caso mi felicitación personal, y entiendo que el de todos los miembros de la Comisión, por su reciente maternidad.
(Aplausos.-Un señor diputado. ¡Muy bien, presidente; muy bien!).
Tiene la palabra la señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÀ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, la tasa de criminalidad en la Comunidad Valenciana ha registrado en los últimos años un descenso continuado. Quiero destacar que durante el primer trimestre de 2013 los delitos y las faltas han descendido un 3,1 en la Comunidad
Valenciana con respecto al mismo periodo del año anterior mientras que en el conjunto de España el descenso ha sido de un 2,5%. (Rumores). Por tanto no cabe hablar de un incremento generalizado de los delitos en el conjunto de la comunidad
autónoma. Sin embargo es cierto que en el ámbito de las explotaciones agrícolas y ganaderas los delitos han aumentado, ocasionando un problema que acarrea graves consecuencias para el sector afectado. A pesar de que los robos en el campo suponen
el 1,5% de todo el conjunto de delincuencia, estoy de acuerdo en que la inseguridad en el campo merece una especial atención en la Comunidad Valenciana, ya que es una tierra agrícola. Yo también soy valenciana y tengo familiares y amigos que se
dedican al campo, por ello soy consciente de sus preocupaciones y reivindicaciones. Señor Baldoví, en su proposición no de ley hay algunos datos que no son ciertos; por ejemplo, la ratio de guardias civiles por cada 1.000 habitantes en la
comunidad es de un 4,16% y no de un 5,3%. En relación con esto le debo decir que la población no es el único indicador a considerar en la articulación del despliegue de la Guardia Civil. Se valoran también otros parámetros, como la dimensión
territorial, y teniendo en cuenta este parámetro se aprecia que la ratio de guardias civiles por cada 100 kilómetros cuadrados es de 36,2% en la Comunidad Valenciana, mientras que la media en el territorio nacional, sin contar Cataluña ni País
Vasco, es del 16,3%.
En menos de diez años el número de efectivos de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana ha aumentado mucho. En 2004 había 5.232 efectivos mientras que a final del primer trimestre de 2013 contábamos con 7.287, cerca de dos mil efectivos
más. El grado de cobertura de la plantilla del cuerpo de la Guardia Civil en esta comunidad a 1 de abril de 2013 es del 92,25%, encontrándose por encima de la media nacional del cuerpo según las zonas, que es del 91,80%, todo ello sin contabilizar
personal en reserva ni guardias alumnos en prácticas. Además, en el grado de cobertura de las comandancias también nuestros porcentajes están por encima de la media. Por otro lado, considero importante destacar el esfuerzo del Gobierno que pese a
la crisis económica ha mantenido la tasa de reposición de puestos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un 10%. Señor Baldoví, le he dado estos datos porque considero importante que conozca los datos reales, pero en este ámbito, igual
que en muchos otros, lo más importante no es la cantidad sino la calidad. Debemos hacer un reconocimiento a la Guardia Civil porque están haciendo mucho trabajo y un gran esfuerzo en este ámbito; vigilan y controlan los accesos, pero también se
reúnen de forma continuada con los alcaldes y consejos agrarios de cada municipio. Están intentando combatir tanto los robos del delincuente que actúa solo como de las bandas organizadas.
Señor Baldoví, en el petítum de la proposición no de ley que presenta, se solicita la creación de una comisión de coordinación, y al respecto ya existen varios grupos de trabajo de coordinación en los distintos niveles territoriales que
tienen como fin reducir los robos y hurtos de productos agrícolas y ganaderos. En concreto los grupos de coordinación se despliegan en tres niveles: un nivel autonómico, bajo la presidencia de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, que
está trabajando intensamente en este ámbito y que ya ha manifestado en muchas ocasiones que lo considera una prioridad, y también asisten
representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Consell de la Generalitat Valenciana y de asociaciones agrarias. Existe otro nivel local, con las juntas locales de seguridad, que es el instrumento de coordinación entre
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales; durante 2012 se celebraron 98. Y también existe un nivel comarcal para dar cobertura a las necesidades de aquellos municipios que no pueden constituir junta local de seguridad
al no disponer de Policía local. Quiero destacar que hasta el momento ya se han celebrado unas 15 reuniones que han abarcado un total de 135 municipios pequeños. Desde el Gobierno se ha impulsado desde hace aproximadamente un año un modelo
simplificado de denuncia válido para las tres provincias. Esta iniciativa ha supuesto que la gente del campo denuncie más. Se les ha facilitado el procedimiento. Antes, en muchas ocasiones no se denunciaba por incomodidad. Hay muchos
agricultores que son personas mayores; la denuncia tipo que se deja en ayuntamientos y en consejos agrarios, siendo la Guardia Civil quien acude a estos puntos para que se firme ante ellos, evita desplazarse.
También debemos destacar la creación de una aplicación informática del mapa de cultivos. Es un programa en constante actualización que contiene información del cultivo en cada campo, el tiempo de cosecha, de siembra, el sistema de riego,
los caminos y sendas de acceso y que puede consultar en tiempo real cada guardia civil. Este programa, que ha sido pionero en la Comunidad Valenciana, desde el Gobierno se quiere implantar en el resto de España. Además, sin ir más lejos, el pasado
mes de abril se anunciaba desde el Gobierno un Plan nacional de lucha contra el robo de cobre, que afecta también a este sector; la intensificación del control sobre los establecimientos de venta hortofrutícola, que también es una demanda histórica
del sector agrícola; reuniones quincenales de operatividad en todos los municipios; planes municipales de lucha contra la delincuencia en el ámbito rural. Igualmente quiero destacar que en el mes de mayo el Gobierno anunciaba la incorporación a
la vigilancia de los campos valencianos de unidades del escuadrón de caballería y la unidad de helicópteros de la Guardia Civil. (Rumores).
Nosotros también lamentamos mucho la muerte del vigilante del huerto de Cheste, pero los agricultores deben saber que desde el Gobierno se ha trabajado mucho, se sigue trabajando y se seguirá trabajando sin descanso para combatir este tipo
de delitos. El Gobierno está dando respuestas, está adoptando medidas de las que ya está habiendo algunos resultados. Por ejemplo, según los datos, en el primer trimestre de 2013, se ha triplicado la tasa de...
El señor PRESIDENTE: Señora Hoyo, le ruego termine.
La señora HOYO JULIÀ: Termino presidente.
... esclarecimiento respecto al mismo periodo del año pasado. Como decía anteriormente, señor Baldoví, este ámbito requiere sobre todo medidas cualitativas, no cuantitativas. Por todo ello, anuncio nuestro voto en contra a esta proposición
no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Señor presidente, no voy a entrar en el debate, simplemente quiero precisar un dato que ha dado la portavoz del Grupo Popular poniendo en mi boca unas palabras que no he dicho. Yo he dicho que la media española es de
5,3 agentes de los diferentes cuerpos de seguridad, no de la Guardia Civil; es decir, la media española es de 5,3 agentes de todos los cuerpos de seguridad y en el País Valenciano esta ratio es de solo tres agentes.
- SOBRE CESE INMEDIATO DE LAS REDADAS POLICIALES BASADAS EN RASGOS ÉTNICOS Y RACIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000324).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, esta es una proposición no de ley que presentamos en Registro en febrero del año pasado, hace más de un año, y trataba sobre un tema que venía arrastrado del Gobierno anterior, pues el Gobierno
actual llevaba dos meses desde que tomó posesión. Me refiero al tema de las identificaciones por las características raciales de las personas. Lo cierto es que en el momento en que la presentamos sí había una importante problemática y abundantes
noticias en los medios de comunicación tanto con respecto a las identificaciones que estaban realizando la Policía y la Guardia Civil, sobre todo la Policía Nacional, y la respuesta ciudadana que había frente a eso, de una cierta concienciación
y rebeldía, porque la ciudadanía no entendía por qué se tenía que producir ese acoso a ciudadanos por el hecho de tener unas características raciales diferentes. Pero lo cierto es que la problemática no venía desde ahí, y en la exposición
de motivos de la proposición no de ley mencionamos dos informes muy concretos: el IV informe de la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia, de diciembre del año 2010, que exhortaba ya en aquel momento a las autoridades españolas a que
aseguraran una prohibición efectiva de todas las prácticas basadas en perfiles étnicos por parte de las fuerzas policiales en todo el país, y el informe del Comité para la eliminación de la discriminación racial -este de la ONU- de febrero de 2011,
de la misma etapa en que presentamos esta proposición no de ley, que instaba al Estado -entonces ya gobernaba el Partido Popular- a tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y
raciales.
Lo cierto es que en el primer semestre del año esta problemática estaba muy presente en la vida cotidiana y en los medios de comunicación. En el mes de mayo del año pasado el Ministerio del Interior lanzó la circular 10/2012, en la que
recordaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la legislación aplicable y que no se debían producir identificaciones por motivos raciales. A partir de ese momento es cierto que mediáticamente dejaron de aparecer tantas noticias al
respecto y se fueron ralentizando en el tiempo. En este grupo teníamos la esperanza de que al final esta tendencia inveterada en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hubiese desaparecido. De hecho, realicé una pregunta al Ministerio del
Interior sobre el número de identificaciones que había habido en los seis meses anteriores a esa circular 10/2012, del mes de mayo del año pasado, y las identificaciones que hubo posteriormente. Las cifras que nos dio Interior nos llamaron la
atención y no a nosotros solamente, sino a otras entidades que se dedican a los derechos humanos y específicamente a este tema de las identificaciones, porque el ministerio nos habló de prácticamente 50.000 identificaciones en siete meses. Eso
choca sobremanera con los datos que el propio ministerio cuelga en sus anuarios en la página web y que hablan de más de 8 millones, 8 millones setecientas y pico mil identificaciones en el año 2011. No entendemos ese baile de cifras que proporciona
el Ministerio del Interior, y no es una cosa que nos pase solamente a nosotros; les pasa a las universidades españolas, a los expertos en criminología, le pasa a un montón de gente con las estadísticas del Ministerio del Interior, porque tampoco es
problema solamente de este Gobierno sino de Gobiernos anteriores. Es una dinámica inveterada del Ministerio del Interior. La portavoz del Grupo Popular en el punto anterior -me uno a la felicitación por su reciente maternidad- ha desgranado una
serie de estadísticas del Ministerio del Interior que han sido puestas en entredicho y no por este modesto grupo parlamentario, sino por la Universidad española. No hace mucho un diario de tirada nacional publicaba un interesantísimo artículo
poniendo en solfa las estadísticas que proporciona el Ministerio del Interior. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio.
El señor SIXTO IGLESIAS: Sí, hay serias dudas sobre las estadísticas del Ministerio del Interior. Y si uno bucea un poco más y pregunta cómo se toman los datos en origen en las comisarías y en los puestos de la Guardia Civil, las dudas se
hacen enormes, pero ese es otro tema. El tema de esta proposición no de ley no son las estadísticas del Ministerio del Interior, aunque los datos que nos proporciona el ministerio sobre la evolución de las identificaciones nos llevan también a
plantearnos ciertas dudas.
La cuestión es que, a pesar de nuestro interés, de nuestras ganas de que cambiase la posición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cuanto a las identificaciones, a pesar de la circular y a pesar de la alarma ciudadana con
respecto a estas identificaciones por motivos raciales, lo cierto es que se han seguido produciendo. Los datos que proporcionaba el propio Ministerio del Interior, sin entrar en el número concreto de identificaciones, señalan que se identifica a un
54% de españoles frente a un 46% de extranjeros, cuando en realidad la población extranjera en el conjunto del Estado supone el 12%. Es un porcentaje alejadísimo de la población extranjera que hay en nuestro país. Además, si uno mira las
nacionalidades de las personas que se identifican verá que corresponden a países en los que la apariencia racial es sustancialmente diferente al fenotipo típico de la población española, con lo cual, de las propias estadísticas del Ministerio del
Interior se desprende que se siguen produciendo esas identificaciones sistemáticas. De hecho, en las propias estadísticas del Ministerio del Interior desde el semestre anterior a la circular 10/2012 se decía que se identificaba a un 56% de
extranjeros y posteriormente se reduce solamente en un 3%, a un 53% de extranjeros.
Quiero poner esto en relación con el desmesurado número de identificaciones que se producen en España, completamente desmesurado en función de la población, completamente desmesurado en función de lo que dice la normativa vigente, de lo que
dice la legislación, y es que las identificaciones no
se tienen que producir gratuitamente cuando un policía se encuentre con cualquier ciudadano sino cuando existan razones que aconsejen la necesidad de identificar a una persona, independientemente de su circunstancia, y si no se la puede
identificar y se la tiene que trasladar, como bien conocerán sus señorías, tiene que ser retenida por un tiempo mínimo y exclusivamente a los efectos de proceder a su identificación inmediata.
Sigo viendo la luz verde encendida y por eso me estoy extendiendo quizá un poco más de lo que debiera, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Ya sabe que el tiempo máximo no es el tiempo mínimo de intervención. (Risas).
El señor SIXTO IGLESIAS: Procuraré abreviar y solamente daré un dato más para defender la vigencia de esta proposición no de ley. El último dato que daré es el interés que sigue habiendo desde el Ministerio del Interior -y no por este
Gobierno, sino históricamente por los todos los Gobiernos- en la cuestión del control de la extranjería que, en todo caso, no es un delito, y es lo que queremos trasladar desde este grupo político, y no a sus señorías, que soy perfectamente
consciente de que conocen la legislación vigente, sino a la mayoría de la población. No es un delito no estar con papeles, no es un delito no tener los papeles de residencia en España; en todo caso es una cuestión administrativa que no debe pesar,
sin embargo, el Estado, el Ministerio del Interior, sigue destinando más policías y guardias civiles al control de fronteras y al control de la extranjería que conjuntamente a la violencia de género, a la lucha contra el terrorismo o contra el
crimen organizado. Es algo muy de lamentar y desde este grupo político seguiremos poniendo de actualidad la necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eliminen este tipo de prácticas de controles racistas.
El señor PRESIDENTE: Comprenderá que la Presidencia también comparta la preocupación por confusiones raciales, dado mi propio aspecto.
No existen enmiendas a esta proposición no de ley. No sé si desea el señor Baldoví fijar posición al respecto. (Denegación). ¿Señor Salvador? (Denegación). Señor Olabarría, ¿desea fijar posición? Aunque veo que se acaba de incorporar.
No es obligatorio.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco la oportunidad, señor presidente, y además lo haría con mucho gusto si supiera de lo que estábamos hablando. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Señor Cantó, ¿desea hacer uso de la palabra? (Denegación). Señor Guillaumes, ¿desea hacer uso de la palabra?
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Sí, señor presidente.
Verdaderamente el tema que ha tocado el Grupo de La Izquierda Plural, en concreto el señor Sixto, es interesante desde un punto de vista policial. Los grupos de riesgo existen, existen en sanidad y allí nadie los pone en duda. Seguramente
en un control policial, en la entrada de un país, en un aeropuerto, no se le da el mismo trato a una señora de 80 años de Finlandia -no voy a decir el caso contrario- que a un señor, etcétera, pero esto hasta cierto punto es lícito porque existen
grupos de riesgo reales. A veces la delincuencia y el terrorismo se esconden detrás de aspectos no convencionales a los que los asociamos, pero ciertamente -pienso muy concretamente en el caso del terrorismo, no tanto en la delincuencia corriente-
hay grupos de riesgo. Es lícito decir: no, no estoy mirando el rasgo étnico sino simplemente de cada cuatro registro a uno, etcétera. Tampoco tendría demasiado sentido porque sería negar la realidad. Otra cosa es pasarse al lado contrario. Yo
estudié en Francia hace 20 años y era ciertamente muy molesto que si tenías la piel más o menos clara la policía te llamara de usted y si la tenías oscura y el pelo rizado ya de entrada te llamaba de tú. Esto ciertamente es molesto porque incluso
ahora en Estados Unidos no es lo mismo estar en un sitio donde se ha cometido un delito y ser de raza negra que ser de raza blanca. En Estados Unidos, si una persona de color conduce un Rolls-Royce, lo más probable es que la policía detenga el
coche y compruebe que el Rolls-Royce es suyo, partiendo solo de la premisa del color de su piel. Aunque no hay que llegar al absurdo a partir de lo políticamente correcto, como he dicho antes, porque sobre todo en temas de terrorismo hay grupos de
riesgo clarísimamente, el otro peligro es ciertamente un peligro real, no tiene alguien por qué sentirse molesto en su país de acogida simplemente por su manera de vestir o su aspecto físico.
Nos interesa subrayar que tampoco es exactamente algo entre blancos y negros sino que hay aspectos grises en el interesante tema de seguridad que ha planteado en este caso La Izquierda Plural. No obstante,
ante la duda, siempre es mejor inclinarse por los derechos fundamentales. Por tanto, nuestro grupo votará a favor de la proposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Guillaumes, créame que lo de la tez morena y el pelo rizado me ha conmovido. (Risas).
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor presidente, señorías, cualquier forma de discriminación está prohibida de forma expresa, tanto por el artículo 14 de nuestra Constitución como por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Nuestro Tribunal
Constitucional ha calificado la discriminación racial de perversión jurídica y la ha rechazado rotundamente porque afecta directamente a la dignidad humana, que debe ser respetada tanto por los poderes públicos como por los propios ciudadanos. La
dignidad como rango o categoría de la persona como tal, del que deriva y en el que se proyecta el derecho al honor -dice el Constitucional-, no admite discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias. El mensaje
racista está en contradicción abierta con los principios de un sistema democrático y de convivencia pacífica como el nuestro.
Sigue argumentando el Tribunal Constitucional que la prohibición de discriminación, consagrada en el artículo 14 de la Constitución, comprende no solo la discriminación patente, es decir, el tratamiento jurídico manifiesta e
injustificadamente diferenciado y desfavorable de unas personas respecto a otras, sino también la encubierta; esto es, aquel tratamiento formal o aparentemente neutro o no discriminatorio del que se deriva un impacto adverso sobre la persona objeto
de la práctica o de una conducta constitucionalmente censurable en cuanto a la medida que produce el efecto adverso, carece de justificación o no resulta idónea.
En lo referente a los requerimientos policiales de identificación -y quiero seguir haciendo referencia a la sentencia del Constitucional puesto que desde mi grupo coincidimos con los planteamientos que se hacen en esta sentencia-, hemos de
recordar cómo el Constitucional manifiesta que los requerimientos policiales de identificación son efectuados a fin de controlar el cumplimiento de la legislación de extranjería y encuentran, por tanto, cobertura normativa. Como saben, existe
normativa que obliga a los extranjeros que se encuentran en territorio español a disponer de la documentación que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente en España, pudiendo ser requerida su identificación. Así, es en el marco del
ejercicio de esta potestad -insisto, amparada legalmente, cuando no se desvíe, evidentemente, de la finalidad para la que se le otorgó y sin que se produzca una discriminación encubierta a la que antes hacía referencia- es en ese marco, insisto, en
el de esta potestad, en el que se deben de dar esas identificaciones.
Hay que reconocer que cuando los controles policiales sirven a este fin, al de cumplir la normativa -dice el Constitucional-, determinadas características físicas o étnicas pueden ser tomadas en consideración como razonablemente indiciarias
del origen no nacional de la persona que las reúne. A esto cabe añadir que existen lugares y momentos en los que no resulta ilógico realizar estos controles, como puedan ser determinadas zonas con especial incidencia de la población inmigrante. A
lo anterior se ha de añadir -y sigo leyendo la sentencia del Tribunal Constitucional- que, aun contando con cobertura legal y ejercitándose el requerimiento para el cumplimiento del fin previsto normativamente, el ejercicio de las facultades de
identificación han de llevarse a cabo de forma proporcionada, respetuosa, cortés, en definitiva, del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo. La transgresión de esta condición de ejercicio no solo hace a este contrario al
ordenamiento, sino que bajo el manto protector del ejercicio de una función legalmente prevista se encubre un móvil racista o xenófobo en la decisión misma de ejercitar dichas funciones o en el modo concreto en que, atendidas las circunstancias, se
llevaron a cabo. Pero insiste el Constitucional, que afirma: Conviene recordar que, aun advirtiendo de la prudencia con la que se deben usar las referencias de carácter étnico para evitar malos entendidos, su utilización con carácter prescriptivo
en sí misma considerada no resulta, por principio, discriminatoria. Así pues, la actuación policial puede usar el criterio racial como meramente indicativo de una mayor probabilidad de que la persona requerida no sea española, pero esa actuación
nunca puede realizarse de forma desconsiderada, ofensiva o gratuitamente obstaculizante de la libertad de circulación de la persona requerida para identificarse.
Concluyo. Los extranjeros están obligados a exigir los documentos justificativos de su estancia legal en España, obligación de identificarse que, por lo demás, afecta, como todos ustedes saben, a la generalidad de los ciudadanos en nuestro
país, sean extranjeros o nacionales. Y esta actuación policial de identificación goza de cobertura legal, pero siempre que la misma se ajuste a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y se haga de manera respetuosa e incidiendo lo menos
posible en la vida del ciudadano. Por tanto, la posición del Grupo Socialista es clara: cumplamos las normas. Es decir,
cumplamos la normativa en materia de extranjería y de seguridad ciudadana, y para ello las identificaciones son un instrumento, y cumplamos con nuestra Constitución y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos rechazando todo tipo de
discriminación y luchando para que ésta no se produzca en ningún ámbito, mucho menos en el policial. Por tanto desde mi grupo, como no puede ser de otra manera, apoyaremos la petición que desde esta proposición no de ley se le hace al Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, en este turno de grupos, tiene la palabra por parte del Grupo Popular el señor Cabello de Alba.
El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: Quiero empezar felicitando al señor Olabarría por su sinceridad al no hacer uso de la palabra sin saber de lo que se estaba hablando. Creo que es una costumbre que deberíamos copiar en la sociedad en la
que estamos viviendo con muchísima más frecuencia.
Con todo respeto, señor Sixto, voy a empezar negándole la mayor. La Policía española no practica redadas basadas en rasgos étnicos y raciales. Usted ha dicho -y yo se lo corroboro- que debe quedar perfectamente establecido -con
independencia de toda la normativa que ha nombrado el portavoz del Grupo Socialista, con quien comparto esa opinión- que la opinión del Gobierno ha quedado muy claramente especificada en esta circular 2/2012, que puntualiza y aclara parte de la
circular anterior que era la 1/2010, en la que viene a decir muy claramente que establece la prohibición, como no puede ser de otra manera y reiterando legislación superior, de actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios
étnicos. Además, existen garantías y no solamente en esta circular, que pone incluso estos dispositivos operativos preventivos en el ámbito de actuación de la propia dirección adjunta operativa para que la resolución sea perfectamente cumplida.
Hay garantías legales infinitas. Entre otras, le quiero recordar que por ley en el régimen disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en la Guardia Civil como en el Cuerpo Nacional de Policía, está calificada como de
falta muy grave cualquier tipo de conducta discriminatoria. Pero es que además en este tema de las identificaciones y las posibles detenciones hay una especie de auditoría externa. Con independencia de las órdenes concretas del Gobierno, del
Ministerio del Interior, existe la obligación, también por ley orgánica, de llevar en todas las dependencias policiales un libro de registro de identificaciones que está permanentemente a disposición de jueces y fiscales, y además el Ministerio del
Interior tiene la obligación -evidentemente así lo hace- de mandar un extracto de esas identificaciones al ministerio fiscal para que puedan ser fácilmente estudiadas. Desde luego yo le garantizo que tanto jueces como fiscales ejercen esa labor
inspectora de este tipo de servicios.
Señor Sixto, usted confunde -sé que no deliberadamente; eso espero- el concepto de emigrante con el de delincuente extranjero, que evidentemente son totalmente distintos. Usted obvia que hay determinados núcleos de población -se ha hecho
alusión también anteriormente y en su exposición de motivos habla concretamente del barrio de Lavapiés, de Madrid- en el que el porcentaje de extranjeros es mucho mayor que en el resto del país con respecto al número de nacionales. En estos
barrios, en estos ambientes, también se cometen delitos, son denunciados los delitos y las víctimas y los testigos ofrecen determinados rasgos étnicos. En ese escenario tiene que actuar la policía. Lo que le quiero decir -y permítame la
simplificación, señor Sixto- es que no se puede desmantelar la mafia china identificando solamente a españoles porque pueda ser más políticamente correcto. Con esto le quiero decir, señor Sixto, que igual que usted decía que no es lógico el número
de identificaciones teniendo en cuenta la proporción de extranjeros que existen en España, tiene que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las actuaciones policiales van directamente relacionadas con la comisión de hechos delictivos. Tampoco
sería lógico que teniendo un 12% de inmigrantes en España el porcentaje de la población reclusa sea casi del 35%, y toda la población reclusa lo es después de un proceso judicial, con todas las garantías y después de una condena.
Conclusión, señor Sixto. Estamos convencidos de la legalidad de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estamos firmemente convencidos también de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Cuerpo Nacional
de Policía y la Guardia Civil, son los primeros garantes de los derechos y de las libertades de los extranjeros en España. Sabemos que el Gobierno ha dictado con claridad y con rotundidad los términos en que tiene que cumplirse por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la defensa de los derechos y libertades de los extranjeros en España, por lo que estimamos que su proposición no debería prosperar y votaremos que no a la misma. (Aplausos.-Varios señores diputados: Muy
bien).
El señor PRESIDENTE: Salvo que haya una indicación en sentido contrario por parte de los portavoces, vamos a proceder a las votaciones. Seguiremos el orden del día inicialmente previsto a efectos de la votación. Lo digo para que todos
puedan situarse.
Votaremos, en primer lugar, la proposición no de ley sobre elaboración de un plan de accesibilidad a los servicios de emergencias, propuesta por el Grupo Popular y sobre la base del texto transaccionado por la aceptación del grupo
proponente.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En segundo lugar, votamos la proposición, también del Grupo Popular, relativa a ciberseguridad en sus estrictos términos, una vez que fue retirada la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 1; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En tercer lugar, proposición no de ley sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo, cuyo proponente es el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Cuarta votación. Proposición no de ley sobre prevención, control, persecución y, en su caso, castigo de las actuaciones de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos, sobre la base del texto transaccionado por el Grupo Popular y
el Grupo Socialista y con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El texto resultante ha sido facilitado a los grupos y, en consecuencia, es el que se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Quinta votación, de igual naturaleza en cuanto a la materia, propuesta por el Grupo de La Izquierda Plural, que ha solicitado se produzca la votación en los términos estrictos de la misma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Sexta votación. Proposición no de ley sobre cese inmediato de las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales, presentada por La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Punto número 7.º Proposición no de ley sobre las actuaciones del Gobierno para ayudar a resolver más de 300 crímenes de ETA, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Se vota el texto transaccionado conocido por
el resto de los grupos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente, proposición no de ley sobre el aumento de agentes de la Guardia Civil para la protección del campo valenciano, propuesta por el Grupo Parlamentario Mixto y a la cual no se han presentado enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.