CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 311

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO

Sesión núm. 24 (continuación)

celebrada el jueves,

25 de abril de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la creación de una línea específica para la reestructuración industrial de empresas con viabilidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000403) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Sobre paralización del proyecto de explotación minera de magnesitas de Borobia (Soria). Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000612) ... href='#(Página6)'>(Página6)


- Por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de real decreto que permita el despegue y la consolidación del sector de la biomasa térmica y eléctrica y el biogás en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000826) ... (Página12)


- Sobre impulso del modelo de colaboración público privada para promover inversiones en medidas de eficiencia energética en el sector de la edificación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/001490) ... (Página17)


- Por la que se insta al Gobierno a la presentación, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación, de un proyecto de ley para regular la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el método de fracturación hidráulica o
'fracking' o técnicas análogas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001510) ... (Página22)

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- Sobre la marca turística 'La España Verde'. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001511) ... (Página30)


Votación de la proposición no de ley sobre la prohibición de las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000255) ... (Página34)


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA LÍNEA ESPECÍFICA PARA LA REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL DE EMPRESAS CON VIABILIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000403).


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión de la Comisión de Industria y Energía que suspendimos en la tarde de ayer, la vigésimo cuarta sesión, en la cual vamos a proceder al debate y votación de proposiciones no de ley. No se prevé la
votación antes de la once y media de la mañana. Lo digo para que contacten con sus diputados.


Comenzamos con el punto 18.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la creación de una línea específica para la reestructuración industrial de empresas con viabilidad, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Catalán. El
trámite es el habitual: el proponente, siete minutos; el enmendante, siete minutos, y el resto de los grupos, para fijar posición, cinco minutos. Tiene la palabra doña Inmaculada Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Basta leer el último informe sobre estructura económica y demografía empresarial del Directorio Central de Empresas, publicado el 1 de enero de 2012, para saber que en el año 2011 un total de 391.270 empresas cesaron
todas sus operaciones con el consiguiente cierre. En apenas un año el número de empresas activas se redujo un 1,6 % hasta quedarse en un total de 3,2 millones de sociedades. Con esta caída en 2011 España encadena cuatro años consecutivos de
descenso en el número de empresas, con la consiguiente destrucción de ocupación que ello implica.


¿Qué pretendemos con la proposición no de ley que presenta mi grupo parlamentario? Con el fin de intentar revertir las negativas cifras de cese y cierre de empresas y de evitar más destrucción del tejido productivo y de ocupación,
presentamos esta iniciativa para ofrecer un apoyo específico a las pequeñas y medianas empresas con base industrial. Para ello, la propuesta que defendemos trata de articular una línea de financiación específica desde un organismo público como es
Enisa, que presenta unas peculiaridades interesantes en cuanto al instrumento financiero que proporciona, así como por la evaluación que realiza para conceder las ayudas y focalizar las mismas para las a pymes, para empresas que se ven asfixiadas
financieramente debido a la escasez de crédito que caracteriza la actual coyuntura económica, pero que tienen proyectos viables y que, de recibir apoyo, pueden ser reestructuradas y contribuir a reactivar el tejido productivo industrial, lo que
aceleraría la recuperación de la economía.


Desde mi grupo parlamentario creemos firmemente en la necesidad de reactivar la actividad industrial como eje motor de crecimiento económico presente y futuro. Por ello presentamos también una interpelación hace escasas semanas sobre
política industrial. En la moción correspondiente, que fue aprobada con los votos favorables también del Grupo Popular, se proponía contemplar situaciones críticas temporales de empresas industriales estudiando medidas que permitiesen evitar su
cierre en los casos en los que se considerase oportuno. Esta propuesta, está interpelación y consiguiente moción a la que el Gobierno dio su apoyo, es la que pretendemos hoy, a través de esta proposición no de ley, poner en valor y concretar con
esta iniciativa. Por un lado, pretendemos evitar que haya más destrucción de tejido industrial; por otro, contribuir a frenar la destrucción de empleo y el cierre de empresas que son viables pero que atraviesan situaciones temporales críticas.


Nuestra propuesta se basa en la creación de una línea específica -como decía- a través de Enisa. Hemos pensado en Enisa por la peculiaridad -como decía antes- de su medio de financiación, que son los préstamos participativos, que son un
instrumento financiero que se encuentra a medio camino entre los préstamos tradicionales y las inversiones de riesgo, capital riesgo o capital semilla, y que van dirigidos

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fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas sin exigir garantías, puesto que el préstamo pasa a computar como un recurso propio de la empresa. De hecho, la garantía del préstamo es la que ofrece la viabilidad del propio proyecto. Si el
proyecto es viable, los promotores demuestran suficiente experiencia y se argumenta adecuadamente la rentabilidad del negocio, la propia empresa puede entrar por esta vía de financiación. Con ello el préstamo participativo Enisa se va devolviendo
en función de los resultados de la empresa. Precisamente por esta característica consideramos que, dado que el préstamo se concede con un estudio previo que pueda demostrar la viabilidad de la propia empresa, es especialmente adecuado para
contribuir a la reactivación de empresas de base industrial, que se hallan paralizadas por las dificultades de la coyuntura actual, pero -repito- que presentan y pueden presentar garantías, viabilidad y crecimiento de futuro. Otra ventaja de Enisa
es que, a pesar de las restricciones presupuestarias, su presupuesto se ha visto aumentado en un 30 % respecto a 2012. Por todo ello nuestra propuesta es que Enisa pueda invertir en empresas con dificultades financieras coyunturales, con el
objetivo de desarrollar un plan de viabilidad a través de un proceso de restructuración de la misma empresa. Para que la propuesta tenga un mayor impacto en la recuperación de tejido industrial, desde mi grupo parlamentario proponemos que haya una
necesaria colaboración entre Enisa y las comunidades autónomas, a fin de que las empresas beneficiarias sean consideradas estratégicas dentro de la política industrial marcada por la Dirección General de Industria de cada una de las comunidades
autónomas correspondientes.


Para poder objetivar el término de empresa estratégica proponemos desde nuestro grupo que se tengan en cuenta aspectos tales como el número de trabajadores que dependen de la empresa objetivo, tanto directo como indirecto, así como el
impacto territorial de la empresa y el efecto sobre el tejido industrial del propio territorio. De este modo la propuesta se basa en la colaboración entre Enisa y la comunidad autónoma correspondiente que tenga por objetivo la promoción, el impulso
y el desarrollo industrial y que se concretaría en una línea específica para proyectos industriales estratégicos en la misma comunidad autónoma, adoptando como vía de financiación el préstamo participativo.


Presidente, señorías, termino ya. Desde el grupo parlamentario que represento estamos convencidos de que es una propuesta adecuada y necesaria que va en la línea -repito- de la interpelación y consiguiente moción aprobada recientemente en
el Pleno del Congreso, también va en la línea de las últimas iniciativas del Gobierno y sobre todo va en la línea de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los proyectos empresariales que tienen viabilidad en el medio y largo plazo. Respecto
a estos proyectos empresariales y la viabilidad y el crecimiento de nuestro tejido industrial, tenemos la responsabilidad de encontrar y facilitar instrumentos de financiación que permitan a las empresas superar situaciones coyunturales críticas y
recuperar la senda del crecimiento de la competitividad y sobre todo de la ocupación.


Señor presidente, no se han presentado enmiendas a nuestra proposición no de ley y por ello esperamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios porque entendemos que puede ser un instrumento de crecimiento y -repito- de viabilidad de
muchos proyectos empresariales que hoy se ven abocados al cierre o al cese debido a las restricciones del crédito.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley efectivamente no se han presentado enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay nadie. Por el Grupo Vasco, PNV, tampoco. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia,
tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor presidente, seré breve.


Es una proposición que nos gusta, no hemos presentado enmiendas porque nos parece correcta. Efectivamente, se olvida muy a menudo que en época de crisis tiene que haber una política industrial de apoyo a los emprendedores, de creación de
nuevas industrias, etcétera, pero hay un problema muy serio con las industrias que, siendo viables, no tienen acceso a fuentes de financiación de crédito, sobre todo debido a la sequía crediticia. Es una fórmula que nos parece realista y adecuada y
por eso la vamos a apoyar en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Por parte de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Jesús Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: Poco a poco la industria va asomando la cabeza en esta Comisión, la necesidad de una política industrial activa va abriéndose paso en el debate político. Está claro que nuestras empresas tienen ideas y podrían ser
viables en un escenario en el que se hubiera recuperado el consumo, pero para arrancar necesitan desde luego el combustible que haga mover la economía y ese combustible es el crédito. Llevamos ya varios años en los que las entidades financieras no
están cumpliendo con su

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función. Uno se pregunta para qué sirve la banca si no hace su negocio. Mientras permanezcan con el grifo del crédito cerrado, nuestro tejido industrial seguirá ahogándose. Esa es la radiografía de nuestra actualidad económica en muy
pocas palabras: una estructura económica, un tejido empresarial que se ahoga por falta del crédito financiero.


Los poderes públicos por tanto no pueden permanecer impasibles mientras la banca privada se niega a conceder créditos y desde luego nosotros pensamos que es hora de actuar. Tengamos en cuenta que la banca española ha recibido, entre dinero
público procedente del Estado y dinero público del rescate por parte de la Unión Europea, en torno a 100.000 millones de euros. ¿Dónde está ese dinero? En algún sitio estará; desde luego activando la economía española no está ese dinero de los
rescates. Si las entidades financieras privadas no hacen su trabajo, alguien tendrá que hacerlo y por eso miramos hacia lo público buscando salidas. Hasta un grupo tan liberal como Convergència i Unió se plantea que hay que darle marcha a
determinados instrumentos públicos para coadyuvar a impulsar la economía y en esos mismos términos se definía otro grupo tan liberal como UPyD. Por tanto, no resulta extraño que nos pongamos de acuerdo en esos términos.


Desde La Izquierda Plural hemos propuesto -con poco éxito hasta ahora pero espero que pronto nos copien- constituir una banca pública con las entidades nacionalizadas que se convierta en una herramienta útil para la sociedad, que abra el
grifo al tejido productivo, que nos ayude a reactivar la actividad económica. Otra vía puede ser, si no la de la banca pública, la de dar más protagonismo a organismos públicos ya existentes que puedan actuar en política pública de crédito, sería
el caso del ICO, de Fersa, de Enisa. La tercera -creo- proposición no de ley de Convergència i Unió va en esta línea repasando todos estos instrumentos públicos ya existentes. Hoy se propone la creación por Enisa de una línea específica para
beneficiar mediante créditos participativos a empresas industriales que cuenten con un plan de viabilidad y que necesitan un empujón para superar las dificultades de financiación.


Como es natural en un grupo como el proponente, lo que se plantea es que la iniciativa sea fruto de la colaboración entre administraciones, en este caso entre Enisa y la Dirección General de Industria de las comunidades autónomas, que serán
quienes marquen el criterio de qué empresas estratégicas puedan ser las beneficiarias. A nosotros ese procedimiento nos parece correcto. En nuestro grupo parlamentario, La Izquierda Plural, no creemos que sea esta la respuesta principal a los
problemas de nuestra economía, pero sí parece ser una iniciativa que ayude parcialmente a impulsar algunos sectores de nuestra industria y en ese sentido vamos a votar a favor.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Román Ruiz.


El señor RUIZ LLAMAS: Señorías, la necesidad de impulsar el crecimiento económico en nuestro país es incuestionable. Sin un tejido empresarial fuerte será imposible salir de la actual crisis. Por ello, las dificultades de acceso al
crédito que atraviesan las pequeñas y medianas empresas agravan y suponen de hecho un riesgo importante para el futuro de la economía española.


Señorías, la economía española tiene unos indicadores muy preocupantes. La austeridad a ultranza que se nos impone desde la Unión Europea está llevando en este año 2013 a una recesión -lo dicen los organismos oficiales- del 1,5 %, es decir
17.000 millones menos de ingresos para las arcas públicas. El índice de producción industrial ha caído un 8,5 %; el consumo eléctrico en industria y servicios cae un 6,2 %; el de bienes de consumo duradero un 13 %; los bienes de equipo un 8 %;
los bienes intermedios y de la energía, decíamos, un 6 % y la falta de crédito a las empresas se acentúa en un 9 % en lo que llevamos de año. Todos los sectores económicos presentan tasas interanuales negativas. No se vislumbran tampoco ni mucho
menos cambios de tendencia que avalen la predicción del Gobierno de que 2013 será el último año de la crisis. El crédito al consumo durante el año 2013 continúa bajando en claves muy importantes, es decir, la nueva inversión al crédito al consumo
descendió un 5,46 % y las operaciones con tarjeta, por poner un ejemplo, disminuyeron casi el 4,5 % y, a marzo de 2013, la compra de turismos nuevos cae un 13,9 %. Por tanto estamos, señorías, en una caída interanual del crédito que no solo es
mayor desde que empezó la crisis, sino también la mayor de toda la serie estadística del Banco de España que se conoce desde 1962, es decir la mayor caída del crédito en cincuenta años.


La PNL que nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va en el sentido de impulsar una línea específica para la reestructuración industrial de empresas con viabilidad, como se ha explicado, que tienen dificultades
coyunturales, y pone el matiz en que las empresas beneficiarias deberían ser consideradas estratégicas dentro de la política industrial. Nosotros estamos de acuerdo básicamente,

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aunque también consideramos que evidentemente no solo debería hacerse desde lo público, sino que la propia banca, las entidades financieras, deberían abrir el crédito, porque esto supondría para ellos mismos, como también ha dicho el
representante de Izquierda Unida, cumplir su misión, que es abrir el crédito a empresas y familias para que la economía se pueda financiar, porque una economía sin combustible es imposible que funcione. El Grupo Parlamentario Socialista por tanto
dará apoyo a esta iniciativa que pretende ampliar esas líneas ya en marcha de financiación a las pymes.


Quiero añadir que el 86 % de las pequeñas y medianas empresas tiene problemas para acceder al crédito, problemas reales, y eso hace que por quinto año consecutivo se mantenga esta restricción de acceso al crédito y lo más grave es que la
reestructuración, señorías, del sector bancario español no está siendo el revulsivo que se esperaba para facilitar el acceso al crédito para empresas y familias. Se nos dijo que el rescate bancario, que la inyección de capital a los bancos y la
creación del banco malo servirían para liberalizar activos tóxicos a las entidades financieras para que el crédito fluyera a empresas y familias. Esta era una de las justificaciones de este Gobierno y de momento no se está cumpliendo, señorías. Es
más, todos los gestores de las entidades financieras y la mayoría de analistas económicos consideran que en 2013 esto no será posible y que todavía quedan, como mínimo, dos años más para el desapalancamiento en España del crédito. El señor Oliu,
del Banco Sabadell, decía en unas declaraciones hace quince días que hasta el año 2015 no va a fluir el crédito. Por tanto, las empresas están sufriendo con mayor intensidad el cierre del grifo crediticio, asfixiadas también por la falta de
recuperación y de mantenimiento de su actividad.


Son 3 millones de empresas -antes lo ha dicho la señora Riera- las que sobreviven con dificultades añadidas y están esperando que sus proyectos empresariales reciban algo más que promesas incumplidas. Sin crecimiento económico, sin medidas
de estímulo a la inversión -lo hemos dicho reiteradamente- nuestro PIB no crece, el desempleo -que es una variable importante- cada día se está incrementando. Las líneas de financiación ICO, también desde el punto de vista de lo público, llegan con
muchas dificultades a las empresas y no han servido para generar nuevos créditos. En muchos casos los bancos, las entidades financieras, lo que han hecho con los créditos ICO es renovar créditos que ya tenía la banca pero esta vez con el aval
público. Y no hablemos de las condiciones que tienen en el acceso al crédito, tanto en garantías personales como en el tipo de interés, 4 o 5 puntos mayor que la media europea.


Señorías, si queremos que nuestra economía crezca, es indudable que los emprendedores deben ser el motor de la recuperación. Hay que facilitar el crédito desde las entidades de capital público, pero también obligando mediante las leyes
pertinentes a que desde el conjunto de las entidades financieras españolas esto sea posible.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene palabra doña Tristana Moraleja.


La señora MORALEJA GÓMEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición en relación con la PNL para crear una línea específica orientada a la reestructuración industrial. Permítame en primer lugar
empezar agradeciendo en nombre de mi grupo el reconocimiento que hace el grupo proponente y en consecuencia el partido que representa del trabajo que desarrolla Enisa, que, como todos sabemos, es una empresa de capital público que depende del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo en colaboración con la Dirección General de la Pyme. Es verdad, no lo vamos a negar, los resultados de Enisa -como usted dice- son muy satisfactorios: 1.097 préstamos participativos por un importe de
355.647 millones de euros, una cantidad en número de préstamos e importe muy importante en estos momentos. Este reconocimiento a la labor de Enisa sin embargo no es argumento suficiente para conseguir el voto afirmativo para esta propuesta e
intentaré explicarle los motivos.


Señorías, desde el Partido Popular, que entró a formar Gobierno en esta legislatura, uno de los grandes objetivos -y así se contemplaba en el programa con el que concurrimos a las elecciones- era el apoyo al sector industrial, un sector
clave para cualquier país desarrollado. En el caso de España, entre los años 2004 y 2012, el peso del sector industrial en la economía no ha hecho más que bajar pese a existir durante todos estos años un plan de política industrial del Gobierno
socialista. En el año 2013, cualquier índice de carácter industrial que tomemos sigue mostrando una evolución preocupante, sin duda motivado por la etapa más dura de la crisis.


Esta es la situación industrial de España. De ahí que desde el primer momento el Gobierno se haya puesto manos a la obra. Se han tenido que tomar decisiones difíciles y complicadas, pero con una premisa fundamental, que es establecer las
bases para la recuperación económica, y ese objetivo es parejo a la contención del déficit público. El objetivo del Gobierno, apoyado sin duda por este grupo parlamentario, es

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que la industria recupere su liderazgo en lo económico, es decir, hay que aumentar el peso de la industria para mejorar nuestra competitividad. De ello hablaba nuestro secretario de Estado de Energía ayer en una comparecencia que tuvo lugar
en esta misma casa. El Gobierno sigue empeñado en este objetivo y a los hechos me remito.


La política industrial no es solo un conjunto de medidas sectoriales que tengan que ver estrictamente con la industria; son medidas transversales que afectan a un conjunto de ámbitos relativos a las reformas estructurales. En este sentido,
la reforma del mercado laboral, la reforma del sistema financiero, la reforma del sector energético, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y otras muchas inciden positivamente en la industria. Por tanto, el Gobierno se ha tomado en serio estos
objetivos y lo está demostrando, pero no significa que toda la estrategia empresarial se fíe a un conjunto de medidas transversales ni mucho menos, porque desde el primer momento se anunció el apoyo por parte del ministerio a aquellos sectores que
se consideran claves para España. De hecho, a principios del año pasado, si no recuerdo mal, el ministro ya informó a esta Cámara de que el ministerio apoyaría de forma singular a varios sectores importantes de nuestra economía. Entre ellos
mencionaba el naval, el de automoción, el de los componentes, la industria aeronáutica, el calzado, defensa, textil, productos farmacéuticos, sector de madera y corcho, metal, productos químicos, siderúrgicos y también el papel, además de todos
aquellos que generen un alto valor añadido. Como podrán comprobar, la mayor parte de las empresas que ustedes identifican como estratégicas en las distintas comunidades autónomas están incluidas en estos sectores.


Pero lo importante son los hechos. Por eso puedo recordarles que en la convocatoria del año 2012 el ministerio ha seleccionado un total de 375 planes industriales por un valor de 381 millones de euros que van a activar inversiones estimadas
en 2.380 millones de euros. No solo se han puesto en marcha políticas industriales sectoriales, sino que además se ha seguido con políticas de reindustrialización, con una convocatoria general y otras diez específicas de distintas zonas
geográficas, que seguro que todas sus señorías ya conocen porque han sido presentadas también aquí en esta Cámara. Además, en el Ministerio de Economía y Competitividad existen líneas de crédito que vienen a completar las ofrecidas por Enisa, como
son las del ICO en su versión ICO liquidez e ICO inversión.


Para finalizar no puedo dejar de mencionar que me ha sorprendido el debate de esta iniciativa, porque, efectivamente, como ha dicho la señora Riera, hace un mes -creo que fue el 23 de marzo de 2013-, se debatió una moción urgente del Grupo
Parlamentario Catalán sobre la estrategia de política industrial que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno. Esta iniciativa, efectivamente, como usted comentaba, fue apoyada con una enmienda transaccional por el Grupo Parlamentario Popular y
además apoyada por el Grupo Vasco y UPyD y contó con la abstención de socialistas y de La Izquierda Plural. Pues bien, en esta iniciativa se instaba al Gobierno a impulsar la estrategia de política industrial que, al margen de las medidas
realizadas en política económica que repercutan favorablemente sobre el tejido productivo y en coordinación con las comunidades autónomas, contemple una hoja de ruta para la reactivación de la actividad industrial. Asimismo, a través de la
Conferencia Sectorial de Industria -y esto también fue mencionado esta semana pasada en la Comisión de Industria por el señor Armero-, se aumentará la coordinación con las comunidades autónomas para avanzar hacia los objetivos del 20 % del peso
industrial en el PIB en el año 2020. Esta iniciativa, como les dije, fue apoyada por este grupo, pero, evidentemente y como comprenderán, en menos de un mes no se hacen milagros. Se va en esa línea; por tanto, señorías, ya están encima de la mesa
reformas e instrumentos encaminados a mejorar la competitividad industrial en nuestro país, creo que con un amplio abanico de posibilidades, y de todos modos, si en algún caso no estuviese completado, no olvidemos el papel que puede y debe jugar
cada Gobierno autonómico. Por todo ello vamos a votar en contra de esta iniciativa.


Quiero añadir que aquí se ha hablado de pymes y cualquier pyme con problemas financieros puntuales puede acceder a cualquiera de las ayudas de Enisa. Me parece una buena iniciativa, la englobaría en la moción que ustedes presentaron hace un
mes, que nosotros apoyamos, y ahora creo que hay que dejar trabajar al Gobierno para ver lo que se puede hacer en esta materia.


- SOBRE PARALIZACIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA DE MAGNESITAS DE BOROBIA (SORIA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000612).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 19.º del orden del día, que es proposición no de ley, a iniciativa de La Izquierda Plural, sobre paralización del proyecto de explotación minera de magnesitas de Borobia en Soria. Tiene la palabra para
su defensa el señor Yuste.

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El señor YUSTE CABELLO: Aun en tiempos de crisis no vale todo, no podemos relajar las mínimas exigencias de respeto ambiental ni de salud pública que deben cumplir los proyectos industriales o mineros. Hoy traemos a esta Comisión un buen
ejemplo de que no todo vale, y de que las afecciones medioambientales no entienden de frontera. Se trata de un proyecto, en este caso minero, que presenta enormes perjuicios para el medio ambiente y la salud pública, y que se ubica en los límites
de una comunidad muy lejos de su capital, en un territorio con muy poco peso demográfico y electoral, y además donde la mayor parte del perjuicio transcurrirá en la comunidad vecina a través de las cuencas de los ríos. Repasemos la película de los
hechos.


La empresa Magnesitas y Dolomitas de Borobia, S.L. solicitó una concesión de explotación de 16 cuadrículas mineras y la apertura de una mina de magnesitas a cielo abierto en una zona de alta montaña, a 1.700 metros de altitud, en la sierra
de Tablado, en el nacimiento del río Manubles en Borobia, provincia de Soria, en una zona protegida por una directiva comunitaria. El proyecto ha contado desde el principio con una firme oposición popular y también institucional, porque podrían
verse gravemente afectados importantes recursos naturales y humanos no solo de los municipios vecinos de Borobia y Ciria, en Castilla y León, sino que también tendría serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas para los
municipios de las cuencas de los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del río Jalón en la Comunidad Autónoma de Aragón, y estamos hablando de una cuenca con más de 8.000 habitantes.


El rechazo popular se ha canalizado a través de la Plataforma en defensa del agua y de la tierra, que agrupa a todas las asociaciones y personas a título individual que tanto desde Castilla y León como desde Aragón están a favor de un
desarrollo rural sostenible y en contra de este proyecto de explotación y transformación minera de Borobia. Igualmente se creó la Coordinadora de municipios afectados por la mina de Borobia para agrupar a los ayuntamientos que se oponen a la mina,
fundamentalmente de las comarcas aragonesas del Aranda y de la comunidad de Calatayud.


Las razones de peso para oponerse a la mina de magnesitas se fundamentan en el estudio realizado por el grupo de hidrogeología de la Universidad de Zaragoza, cuya principal conclusión es que esta explotación minera tiene efectos negativos
sobre el dominio público hidráulico que son graves e irreversibles, afectando tanto a acuíferos como a ríos, con incidencia en el abastecimiento de agua a poblaciones, abastecimientos agrícolas y ganaderos y medio ambiente relacionado, esto es,
geomorfología de cauces y flora y fauna acuáticas.


La explotación minera prevista se realiza a cielo abierto y se extiende por toda la cuenca del río Manubles, afectando a sus fuentes de nacimiento. Las labores de arranque mediante perforación y voladura con explosivos se realizan
directamente sobre el único acuífero que existe en esa zona, además está demostrado que las afecciones sobre las aguas de la explotación minera incidirán tanto sobre la cuenca del Manubles como sobre la del río Aranda, que sufrirán una pérdida
relevante de volumen de agua. La actividad industrial de la mina degradará los ríos y pondrá en peligro la biodiversidad existente, sin hablar de los riesgos de rotura inherentes a las balsas mineras, basta recordar el caso de la mina de
Alnazcóllar, en Doñana. Además las emisiones a la atmósfera de la planta de tratamiento tendrán efectos negativos en las características físicoquímicas del agua de lluvia, afectando a las tierras de Ágreda y al mismísimo parque natural del Moncayo.


Todas esas razones han motivado sucesivos acuerdos institucionales, destacando los producidos en las Cortes de Aragón en las últimas legislaturas, el último hace unas semanas, y todos por unanimidad, solicitando la prohibición de la
explotación a cielo abierto de Borobia por el grave riesgo que supone de contaminación para las aguas. Cuando hablamos de acuerdos unánimes en un parlamento quiere decir que no estamos ante un asunto partidista, sino ante un asunto que responde al
interés general de la sociedad, en este caso las instituciones aragonesas sí han sido sensibles a la preocupación de los vecinos de las comarcas afectadas. En junio del año pasado se produjo un parón cuando la administración autonómica
castellano-leonesa canceló los derechos mineros a la empresa Magnesitas y Dolomitas de Borobia S.L., pero la pesadilla ha comenzado de nuevo. Esos derechos han vuelto a salir otra vez a concurso y en octubre se han vuelto a adjudicar a la misma
empresa, que ha vuelto a solicitar la concesión de la explotación de las mismas 16 cuadrículas mineras, y el 3 diciembre ha salido a información pública la admisión de esa nueva solicitud. Por supuesto ha vuelto a reactivarse la oposición vecinal y
también la institucional en contra de este proyecto.


En marzo volvió a reiterarse por unanimidad el rechazo de las Cortes de Aragón a iniciativa del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y ahora traemos aquí esta proposición no de ley para que las Cortes

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Generales sean conocedoras de este conflicto e insten al Gobierno a actuar en el ámbito de sus competencias, tanto en materia de minería como de protección medioambiental y sobre todo de dominio público hidráulico a través de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, con el objetivo de paralizar de forma inmediata y definitiva el proyecto de explotación minera de magnesitas a cielo abierto en Borobia, Soria, por su grave afección a recursos naturales y humanos y por las
serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas que supondría para los municipios afectados, tanto en la provincia de Soria como en Aragón, en las cuencas de los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del Jalón.


Pido por tanto a todos los grupos parlamentarios el voto favorable a esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Parlamentario Socialista y otra por parte del Grupo Parlamentario Popular.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Antonio Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: En esta mañana un poco singular del Congreso de los Diputados tenemos esta proposición no de ley sobre la que merece la pena que hagamos una primera reflexión para saber de qué se trata, qué cuestiones trata. Trata
tres cuestiones fundamentalmente: trata de un proyecto para la explotación de una mina de magnesita en el término municipal de Borobia; trata de dos comunidades autónomas con visiones dispares sobre este proyecto, la de Castilla y León y la de
Aragón, y trata de dos intereses legítimos: la conservación medioambiental, especialmente de la calidad del agua, y el desarrollo socioeconómico en el medio rural.


Empiezo por la primera, el proyecto. Con nuestra enmienda tratamos de superar, a base de consenso y liderazgo, uno de los principales problemas de este proyecto: las visiones enfrentadas sobre el mismo. Creemos que es posible el consenso,
incluso entre las partes enfrentadas. ¿Qué hay que hacer para ello? Hay que buscar los elementos aceptados por la mayoría, tanto en Soria como en Zaragoza. Los socialistas lo vemos posible. Lo que hoy aquí yo defiendo lo defenderán también mis
compañeros socialistas sorianos y aragoneses. Estamos convencidos de que es necesario el liderazgo del Gobierno de España en esta materia. Además puede y debe ejercerlo en este asunto, que conlleva diferencias entre territorios de dos comunidades
autónomas de nuestro país.


Desde esta Comisión del Congreso queremos solicitar al Gobierno español que ejerza ese liderazgo sin posturas predeterminadas previamente. Sobran algunas declaraciones grandilocuentes, como la del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de Aragón, diciendo: nos opondremos a este proyecto por tierra, mar y aire. No son este tipo de posturas predeterminadas y manifestadas de una forma tan radical la fórmula para buscar la solución que se necesita. Lo que pedimos es un
acuerdo político previo. Por eso planteamos posible explotación, no como un término definitivo, sino como un término dependiente de los estudios de impacto ambiental, del rigor con el que se deben realizar y, por tanto, viendo todas las aristas que
puede tener.


En segundo lugar, decía que trata de dos ámbitos geográficos diferentes con visiones dispares sobre este proyecto. La política consiste también en superar las diferencias con diálogo y liderazgo, en este caso de la Administración que tiene
la obligación de velar por el interés general de España. Por eso al Gobierno de nuestro país corresponde el liderazgo en este caso. Su interés general para el Estado español es superior al particular y legítimo de los Gobiernos castellano-leonés o
aragonés, y además a la lealtad institucional que debemos suponer en las relaciones de ambos Gobiernos autonómicos con el del Estado se suma la posibilidad para el entendimiento de compartir los tres presidentes la misma ideología política.


En tercer lugar, trata esta proposición no de ley, y por tanto también la enmienda que presentamos, de dos intereses legítimos: la conservación medioambiental y el desarrollo socioeconómico, dos intereses legítimos que no tienen por qué ser
antitéticos. Nuestro Estado de derecho está consolidado, en él se desarrollan con rigor los trámites administrativos, y está obligado a ofrecer seguridad jurídica, en este caso por partida doble, seguridad jurídica a quien tramita la puesta en
marcha de una actividad económica, y seguridad jurídica a quien exige legítimamente la preservación de los valores medioambientales de su tierra, especialmente en lo que hace referencia a la calidad de sus aguas. Seguridad jurídica para asegurar
dos intereses legítimos que los socialistas creemos que pueden ser compatibles, especialmente en un momento con tanta dificultad para el empleo y la actividad económica como este.


Dicho todo ello, lo que queremos resaltar es que para nosotros un proyecto como este exige también una aceptación mayoritaria a nivel local, en el ámbito donde va a desarrollarse. De ahí que lo que

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solicitamos sea esa aceptación mayoritaria en el nivel local como uno de los requisitos importantes. Las razones que les acabo de exponer son las que explican que hayamos presentado esta enmienda de sustitución. Entiendo la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural, pero debemos ser conscientes de que su cumplimiento es imposible para el Gobierno de España por nuestro propio sistema de derecho, y además por una cuestión competencial que
es evidente. ¿Qué ganaríamos además en el caso de aprobar esta proposición no de ley tal como se presenta? Posiblemente alguien podría ganar unos titulares mañana más o menos amplios, pero tan aplaudidos por unos como denostados por otros. En el
mejor de los casos lo que se lograría es un bello ejercicio de fuegos artificiales dialécticos sin ninguna otra consecuencia. ¿Cómo quedaría el proyecto que tanta vehemencia suscita en unos y en otros? Pues seguiría su tramitación tal cual está
ahora, cosa que al que propone esta proposición no de ley estoy seguro de que no le gustaría. Por eso le solicito que asuma nuestra enmienda. Esta es una propuesta útil para Aragón y para Castilla y León. Resuelve un problema y ofrece una
solución. Por eso, como les decía, los socialistas lo defenderemos tanto en Soria como en Zaragoza. Quiero anunciar que en caso de no ser aceptada nos abstendremos, pero no vamos a renunciar a esta postura, que es coherente, que parte de una
situación clara de consenso, que acata y exige el liderazgo del Gobierno de España, y seguiremos trabajando en otros ámbitos parlamentarios para llevarla a cabo.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Sebastián González.


El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: La enmienda del Grupo Parlamentario Popular fue retirada, por lo que pido que se pase al turno de fijación de posiciones.


El señor PRESIDENTE: Pensé que la retiraban en este acto, pero tiene razón, porque me comunica el letrado que ha sido así. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. Dado que no están presentes los representantes del Grupo
Mixto ni del Grupo Vasco, por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: He escuchado con mucha atención los argumentos que ha expuesto el Grupo de La Izquierda Plural sobre esta proposición y la verdad es que no vamos a poder apoyarla, y voy a explicar por qué. En realidad hay dos
razones, una es de tipo político general, y empezaré por esa, que es la que tiene que ver con algo que se está convirtiendo ya en una costumbre, y es que una comunidad autónoma en uso de competencias que no tiene, sino de un derecho que se considera
ilimitado, una especie de presoberanía política o de soberanía política particular, decide qué es lo que ha de hacer la comunidad autónoma de al lado si se considera afectada en algún sentido en sus intereses, que por supuesto pueden ser legítimos
intereses o no. Aquí tenemos un caso de esos. Las Cortes de Aragón toman una decisión sobre una explotación minera que está en Castilla y León, pero que puede afectar sin duda alguna a Aragón por razones geográficas evidentes. Parece que no se
acaba de entender que las comunidades autónomas españolas en general son muy pequeñas, incluso dos de las más grandes, como son Castilla y León y Aragón, y que ese modelo político que se está impulsando con absoluta irresponsabilidad no deja de ser
el modelo político de la lucha por los recursos naturales o por impedir o beneficiar su explotación, y llevó a infinidad de guerras en los siglos anteriores. Parece que no hemos aprendido nada en España y que ese sigue siendo el modelo; es decir,
la visión ultralocalista de una economía que sin embargo está en un mundo global, y la idea del pensamiento mágico de que el BOE puede suplantar cualquier decisión política racional o cualquier necesidad material que tiene el hecho de que somos lo
que somos, vivimos como vivimos, y estamos en el mundo en que estamos. A este respecto, no comprendo cuál es la lógica profunda de una postura respecto a la política medioambiental que la separa radicalmente de la política económica y de empleo.
Los datos que hemos conocido hoy de la encuesta de población activa del trimestre sobre el paro son sencillamente catastróficos. Estamos hablando de un país que ya tiene 6,2 millones de parados según la EPA y estamos hablando de más del 57 % de
paro juvenil y sin embargo estamos viendo que muchísimas propuestas -muchas de ellas de La Izquierda Plural- ignoran absolutamente la relación fortísima que hay entre política energética, política minera e industrial y empleo, y por una parte se nos
insta a mantener determinadas minerías que son iguales o peores para el medio ambiente que la del carbón, simplemente porque son tradicionales y hay gente cuyo estilo de vida está ligado a la continuidad de estas explotaciones, y en cambio se pide
que no se perfore en busca de petróleo, que nada de fracking y que nada de nuevas minerías de magnesitas.

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Sencillamente no lo entiendo y me parece completamente incomprensible. Me parece la expresión de un conservadurismo de fondo, aunque vaya revestido de una retórica ecologista y de izquierda tradicional en el sentido de ponerse siempre al
frente de las manifestaciones por el medio ambiente y por la justicia social. En el fondo no hay nada más injusto que decir que todo se quede como está, que el que tiene carbón que lo disfrute y que el de al lado trague con los residuos y con las
consecuencias de la explotación del carbón, pero que allá donde se pretenda poner en marcha una nueva explotación de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. No tiene nada que ver una cosa con otra y es de una ilógica aplastante. Eso sí, puede
ser popular.


Es como la teoría que acabo de oír, y que me ha dejado completamente estupefacto, de que lo que importa es el acuerdo local a la hora de decidir si se pone en marcha una nueva actividad industrial o minera. Con ese criterio, ¿por qué no el
acuerdo personal de cada uno de nosotros? ¿Por qué no incluso conceder el veto a cada uno de nosotros si consideramos que nuestros intereses personales pueden estar afectados por una nueva explotación minera o de cualquier otro tipo, por ejemplo la
construcción de una carretera? Es la disolución absoluta del interés general y la más absoluta de las anomias; es una especie de expresión de narcocapitalismo que no deja de ser curiosa. Por esas razones no podemos apoyar esto. Estamos
completamente de acuerdo -como no puede ser de otra manera- con que hay que aplicar las leyes medioambientales y asegurarse de que cualquier explotación minera antes de que se ponga en marcha, tiene que obtener un estudio de impacto medioambiental
suficiente y exigente. Estamos totalmente de acuerdo con que tiene que haber una supervisión exigente del desarrollo de las actividades mineras para impedir en la medida de lo posible que tengan efectos medioambientales irreversibles o
especialmente dañinos. Estamos de acuerdo en que se prohíban y se rechacen explotaciones mineras cuyos perjuicios sean mayores que los beneficios que producen, pero no podemos apoyar -y nos parece increíble que alguien lo proponga con 6,2 millones
de parados-, simplemente por una cuestión de principios y porque pueda haber algún riesgo que en la comunidad de al lado renuncien a una explotación minera porque a nosotros nos fastidia su existencia y nos puede perjudicar de alguna manera; sin
tener en cuenta para nada, por otra parte, que habrá beneficios que también se compartan, por ejemplo el desarrollo económico del país. Insisto en que vivimos en una economía no digo ya global, sino que sencillamente ha aplastado y arrasado las
fronteras entre Estados y grandes bloques de Estados y pretender que esto se pueda ignorar a escala autonómica no deja de ser parte del disparate nacional y una explicación bastante convincente de por qué la crisis en España es una crisis mucho peor
que en os países de nuestro entorno cuando no hay razones, más allá de las políticas, para que sea tan grave. Pero si se sigueretendiendo que la política de España sea de campanario,mientras la política económica sea a escala mundial, de ahí se
derivará lo que estoy diciendo: 6,2 millones de parados.


El señor PRESIDENTE: No estando presente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Sebastián González en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Con esta proposición no de ley que debatimos La Izquierda Plural pretende que el Gobierno de España paralice de forma inmediata y definitiva un proyecto de explotación minera de magnesitas en Borobia, Soria. Así
lo ha explicado quien la ha defendido. La justificación está muy clara: pretenden hacerse prospecciones en una zona en que pueden tener una gran afección a recursos naturales y humanos, además de serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y
socioeconómicas. Esa es básicamente la parte dispositiva.


Yo quiero empezar diciendo que mi consideración sobre el proponente es que es una persona razonable, creo que nos lo ha demostrado a lo largo de esta legislatura y, por supuesto, tengo que reconocer que cuando vi la proposición no de ley me
alarmé, porque era muy contundente en la parte dispositiva; me alarmé, investigué y miré. Yo estoy de acuerdo también con él en que en tiempo de crisis no vale todo, por supuesto, que no vale todo; pero yo añadiría algo más, en tiempo de crisis
se nos exige mayor responsabilidad, mayor coherencia, mayor rigor y mayor objetividad. Yo no podía entender que hoy día se pudiera autorizar un proyecto de explotación minera sin la oportuna declaración positiva de impacto ambiental y mucho menos
que se pudiera producir un conflicto de competencias entre comunidades autónomas entre sí o entre comunidades autónomas con el Estado, derivadas de lo que se manifiesta en la exposición de motivos. Pero tengo que reconocer también que enseguida me
tranquilicé cuando analicé con detenimiento y con detalle el contenido de la proposición no de ley y vi que era contradictoria la propia proposición no de ley: por un lado, se justificaba con un condicional, se dice que con el proyecto podría verse
afectado el medio natural; también se hablaba de que el proyecto puede constituir un grave riesgo

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de contaminación del agua; y, por otro lado, sin embargo se afirmaba con rotundidad la existencia de una grave afección y serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas. Lo primero que quiero destacar es la
contradicción interna de la propia proposición no de ley.


En la misma se alegan también irregularidades administrativas, se deducen irregularidades administrativas y graves y serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas, por lo que también recabé información al respecto y
obtuve lo siguiente. Primero, que el proyecto se desarrolla exclusivamente en el ámbito de una comunidad autónoma, en Castilla y León, por lo tanto la competencia es de la Junta de Castilla y León. No voy a entrar en valoraciones de política
territorial, ya se han formulado algunas anteriormente, no quiero insistir, quiero concretar el fondo del asunto.


Me encontré también con que hay un proyecto de investigación y explotación minera tramitado de acuerdo con la Ley de Minas y con todos los requisitos legales. Me encontré con que existía un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de
explotación. Vi que el proyecto se sometió a evaluación de impacto ambiental. He visto que ese proyecto ha sido consultado a todas las administraciones afectadas. Vi que en la evaluación de impacto ambiental se han tenido en cuenta cuantas
alegaciones se han formulado en el periodo de información pública, concretamente ochenta y cinco, y no medio millar, como se dice en la proposición no de ley. Han alegado la Asociación Naturista de Aragón, Ecologistas en Acción, Plataforma en
defensa del agua y la tierra, la Chunta Aragonesista, el Partido Castilla y León, La Izquierda Unida de Castilla y León, el PSOE de Ólvega. En fin, un número considerable de personas interesadas, que han hecho sus alegaciones, que se han tenido en
cuenta y que se han valorado a la hora de la declaración de impacto ambienta. He visto en todo el proceso de evaluación de impacto ambiental algo muy importante, aquí se han puesto de manifiesto afecciones hidrogeológicas, y he visto un informe de
la Confederación Hidrográfica del Ebro que considera adecuado el estudio de impacto ambiental en lo que se refiere a las afecciones hidrogeológicas. He visto que hay una declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León,
Administración competente, del día 26 de julio de 2010, con las oportunas medidas correctoras que garantizan la inexistencia de impactos ambientales negativos. He visto también en esta declaración que existe un oportuno programa de vigilancia
ambiental. Ha sido un proceso muy largo, desde el año 1999. Es una declaración de impacto ambiental rigurosa, exhaustiva, amplia, participativa, en la que todo aquel que ha querido ha podido elevar cuantas razones legítimas ha considerado
relacionadas con la defensa del medio ambiente, incluso he podido ver cómo el proponente ha conocido, a través de sus preguntas al Gobierno, cuál era todo el trámite de este proyecto. De ahí que mi opinión que comenté al principio, sobre el
proponente como persona razonable en este momento y en este caso concreto se resienta, porque entiendo que es una iniciativa con un marcado carácter político.


Habla usted de rechazo social, pero no se ha hablado del apoyo social, que existe. Se habla de impacto socioeconómico negativo, pero no se explica cuál. Yo sí quiero concretar el impacto económico positivo. Es una zona deprimida, necesita
de revitalización económica y creación de empleo. Estamos hablando de una inversión de 46 millones de euros; de 376 puestos de trabajo directos e indirectos, tanto con el proyecto principal como con el proyecto complementario; estamos hablando de
un recurso autóctono minero cuyos derivados son de gran interés en nuestro mercado nacional e internacional; estamos hablando de inversión internacional; estamos hablando de producto interior bruto, de balanza de pagos. En definitiva estamos
hablando de algo que es de vital importancia para el crecimiento económico y la generación de empleo en unas zonas tan necesitadas de ello, como son Aragón y Castilla y León. Ayer me alegré porque vi en la comparecencia del secretario de Estado de
Energía que personas que aquí hoy han manifestado su opinión se alegraban de la defensa de los recursos mineros autóctonos realizada por el Gobierno.


Lo que quiero es coherencia porque, efectivamente, la magnesita es un recurso minero autóctono, que es necesario, eso sí, controlando su impacto ambiental -que está controlado-, pero hay que ser coherente. No se puede enviar una carta
pidiendo colaboración para garantizar que no se cierren minas de carbón, y, por otro lado, traer aquí proposiciones no de ley intentando impedir la apertura de otras explotaciones mineras. Me extraña mucho que se esté a favor de una mina de carbón
y no de una mina de magnesita. Me pregunto lo siguiente: si en Borobia se fuera a instalar una mina de carbón, ¿esta proposición no de ley se hubiera presentado o no? Pido coherencia, creo que lo he argumentado ampliamente desde el punto de vista
ambiental. No voy a entrar en el tema de la legalidad porque una licencia es un acto reglado, si se cumplen los requisitos legales no puede haber una actuación discrecional de la Administración, porque entraríamos en unas consecuencias penales.
Por tanto he dado argumentos más que suficientes como para rechazar la proposición no de ley que hoy se presenta. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, le preguntó si va a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista o votaremos la proposición no de ley en sus propios términos.


El señor YUSTE CABELLO: Lo cierto es que parece que todo el mundo se ha quedado tranquilo menos Aragón con todos los argumentos que ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, no reabra el debate.


El señor YUSTE CABELLO: Era una idea que tenía en la cabeza.


Espero que el Grupo Parlamentario Socialista presente su enmienda en Zaragoza, en las Cortes de Aragón. En todo caso no la voy a asumir, porque considero que son fuegos de artificio.


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR UN PROYECTO DE REAL DECRETO QUE PERMITA EL DESPEGUE Y LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR DE LA BIOMASA TÉRMICA Y ELÉCTRICA Y EL BIOGÁS EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000826).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 20.º del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de real decreto que permita el despegue y la
consolidación del sector de la biomasa térmica y eléctrica y el biogás en España. Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: En el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 2 de agosto de 2012 se publicó esta proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de real decreto que permita el despegue y la
consolidación del sector de la biomasa térmica y eléctrica y el biogás en España.


Los diputados que hayan leído el texto -que tiene una exposición de motivos extensa y unas propuestas de resolución también extensas- me evitarán, lógicamente, llevar a cabo una exposición que pudiese reproducir en su conjunto el contenido.
España reúne en el sector de las biomasas -tanto en lo que se refiere a las producciones forestales como a las agrícolas, ganaderas, agroindustriales o industrias forestales de muy distintas características, o a los productores de energías
renovables a partir de la valorización de las biomasas y del biogás- un conjunto de potencialidades para la interconversiòn energética de materia de origen vegetal o animal y en la producción de energía eléctrica que configuran en nuestro país un
tejido valioso sin duda alguna desde el punto de vista productivo, también, sin duda alguna, vinculado al medio rural y con un potencial tractor en términos de actividad económica y creación de empleo también notable.


A lo largo de los veranos, desgraciadamente, en la geografía de nuestro país, en las distintas comunidades autónomas, por circunstancias climatológicas y de otra índole, se producen incendios, se queman miles de hectáreas, se produce un
deterioro de una masa vegetal que no está suficientemente aprovechada y recogida para, con los recursos biomásicos correspondientes de origen forestal, agrícola o ganadero, ponerla en marcha como elemento comburente en instalaciones que permitan la
generación de energía eléctrica. Ese es el objetivo esencial de esta proposición no de ley. Como ven, en la exposición de motivos se habla del aprovechamiento energético de las biomasas, del biogás, de la fracción orgánica de los residuos sólidos
urbanos. Se acompaña con datos concretos, con diagramas, con representaciones gráficas, con un conjunto documental que figura, reitero, a lo largo de la exposición de motivos y que ha sido obtenido de las publicaciones correspondientes de la Unión
Europea. Ahí se compara, primero, cómo ha sido la evolución temporal desde el año 2003 hacia delante en el seno de la Unión Europea en el aprovechamiento de la energía primaria procedente de los elementos a los que he hecho referencia.


El insuficiente desarrollo del potencial que representa esta tecnología es desgraciadamente significativo en lo que se refiere al aprovechamiento de las biomasas para la generación de energía eléctrica, que en España está situado en
alrededor del 1 % del mix energético. Creemos que hay una gran potencialidad en las masas forestales que existen, en los herbáceos, en restos agrícolas de naturaleza leñosa, en restos de aprovechamientos madereros, en masas herbáceas susceptibles
de implantación en terrenos agrícolas, en masas leñosas susceptibles también de implantación en terreno agrícola o de masas herbáceas en terreno forestal. La potencialidad, según datos que recoge el Plan de energías renovables para el periodo 2011
a 2020, se cifra en algo más de 88.677.000, un potencial de toneladas por año de biomasa que puede dar origen a su aprovechamiento y a la producción de biogás. Sinceramente creo que el

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conjunto documental al que estoy haciendo referencia es bastante denso, está reproducido en los cuadros a los que también me he referido hace un instante y creo que hay suficiente justificación para que esta Comisión produzca una resolución
positiva, habida cuenta de que el Gobierno -tal como se ha indicado en reiteradas ocasiones por el ministro y por el secretario de Estado de Energía- está en fase de reconversión, reestructuración y optimización de recursos energéticos en la
modificación del mix con el cual producimos energía eléctrica en España.


Planteamos que el Congreso de los Diputados se dirija al Gobierno para que en el plazo de seis meses elabore la norma de rango que considere oportuno respecto al ámbito de las biomasas que permita la consecución de los objetivos marcados en
el plan, como he dicho, hasta 2020. Asimismo, planteamos cinco medidas consecutivas que figuran en la propuesta de resolución. Es una iniciativa planteada en positivo, como las que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Creo que es la
primera ocasión que en la presente legislatura tenemos la oportunidad de debatir sobre esta materia en esta Comisión, y consiguientemente finalizo con ello mi intervención con el deseo y la aspiración de que los diferentes grupos parlamentarios
introduzcan mejoras en la propuesta, en la argumentación, y podamos estar en condiciones de alcanzar una resolución positiva que haga fijar desde esta Comisión la posición del Parlamento nacional y la haga llegar a Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: En primer lugar, quería felicitar al señor Segura por la detallada y amena conferencia que nos da en la exposición de motivos sobre esta cuestión, que efectivamente es una de las que se han debatido poco, pero
también anuncio que nos vamos a abstener por las razones que voy a exponer. Nos parece buena idea, y algo que hay que abordar, el estímulo de las técnicas de biomasa y de biogás en los medios rurales para fijar población, para permitir que en
determinados lugares donde hay muchos incendios forestales ligados a una mala gestión de los montes, etcétera, haya alternativas constructivas y que a su vez permitan la conservación de los montes, etcétera. Pero aquí no se habla solamente de eso,
aquí se habla de algo diferente, que es desarrollar y potenciar con ayudas públicas a través de primas y de un sistema ya conocido y utilizado durante los Gobiernos anteriores para impulsar el régimen especial de renovables el sector de la biomasa y
el de biogás. Y aquí encontramos un incentivo perverso, porque nos parece que tiene poco que ver el hecho de potenciar, facilitar, ayudar, como digo, la utilización de la biomasa en aquellos ámbitos sobre todo rurales donde esta es una posibilidad
interesante de autoconsumo energético y de utilización de materias primas que se pueden usar sobre el terreno, etcétera, con convertir esto en otra fuente de energía más que compita con las ya existentes y cuya rentabilidad se funda en la inversión
pública, es decir, a través de un régimen de primas, etcétera. De hecho, el punto 2 de la proposición no de ley dice claramente: 'Retribuciones que garanticen la rentabilidad razonable de las instalaciones de generación eléctrica con biomasas que
se actualicen anualmente con el IPC durante el periodo máximo de veinte años establecido'. A mi grupo le da la impresión de que, aunque esa no sea la intención, esto no deja de repetir el esquema que tantísimos problemas ha ocasionado, como cuando
se creó un régimen tan favorable para la inversión sobre todo en fotovoltaica para luego encontrarnos con la situación actual, que no es la única causa ni muchísimo menos del déficit tarifario, pero nos hemos encontrado con unos compromisos por
parte del Estado que sencillamente no puede asumir. Y no es que no lo pueda asumir ahora con la crisis, algo que es evidente, sino que tampoco lo podría asumir en una situación distinta. Ayer se habló de esto y ningún grupo refutó el dato material
de que se hicieron unas previsiones de crecimiento económico tan absolutamente irreales que a su vez inflaron una burbuja energética de ciertas renovables, por lo que repetir ahora ese esquema es algo que francamente no vemos por ninguna esquina.


Hay otro efecto perverso que en otros países ya se ha comprobado. Este tipo de fuentes de energía se pueden convertir a veces es lo que no se pretendía, por ejemplo, ha habido países donde la producción agrícola de cereales y de otro tipo
de cultivos se ha dedicado a producir bioalcohol. En principio se hizo con unos argumentos que fueron muy populares en su momento acerca de la energía verde y de alternativa a los hidrocarburos, pero en realidad solo sirvió en muchos de estos
países para que se diera un alza desmesurada de los precios de los alimentos, de los cereales, etcétera. Quizás este no sería el caso en España pero no deja de ser abrir la puerta a una conversión de la agricultura en muchos sitios en una fuente de
biogás, en lugar de potenciar la utilización para hacer biogás de productos vegetales locales que ahora no se utilizan para nada y que a veces alimentan incendios forestales. Esa es una de las razones

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por las que nos vamos abstener. De manera que cuando ustedes presenten una proposición no de ley que vaya a lo que concretamente nos parecemos bien, que es potenciar el biogás y la biomasa en entornos rurales y sobre todo como una forma de
autoconsumo energético, tendrá nuestro apoyo, pero si se trata de convertir el biogas y la biomasa en otra fuente más de energía que solo es rentable sobre la base de un régimen de primas, francamente nos parece que es volver a repetir los errores
que estamos padeciendo Por eso, no lo vamos a apoyar con un voto favorable.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Desde nuestro grupo parlamentario queríamos felicitar al diputado Segura por esta iniciativa y sobre todo por la aportación de información en la exposición de motivos y por el detalle en la argumentación que ha
realizado.


Nosotros compartimos el diagnóstico y, como hemos venido planteando desde el inicio de esta legislatura, la necesidad de apostar por las energías renovables de forma decidida. Más allá de los errores cometidos y de malas planificaciones, es
evidente que hoy España, desde el punto de vista ambiental, social y económico, no se puede permitir dejar caer la inversión y dejar caer un sector como el de las energías renovables y mucho menos renunciar al cumplimiento de objetivos. Lo que
veíamos es que con las decisiones que ha tomado el Gobierno la caída de inversión en energía renovable es dramática, en 2013 estamos hablando de una caída del 96 % de la inversión en renovables. Por otro lado, si tuviéramos que cumplir el objetivo
de que el sector de la producción energética en el año 2050 fuera un sector sin emisiones -que es la orientación a nivel europeo-, deberíamos estar duplicando la inversión en energías renovables. Por tanto, es verdad que el giro no va por el buen
camino. Además, no solo hay que apostar por las energías renovables sino que hay que apostar por un mix adecuado de energías renovables, y en ese sentido es verdad que la biomasa y el biogás forman parte de esos sectores rezagados, y lamentamos
precisamente que hayan perdido más peso todavía en el Plan de energías renovables 2011-2020.


A nuestro entender, no se trata de una energía subvencionada, sino de aportar las virtudes y los beneficios de las energías renovables desde el sector público, entendiendo que los costes de un modelo energético basado en combustibles
fósiles, en importación de energía y de combustibles que no tenemos y basado en emisiones, nos acaba saliendo más caro en términos económicos pero también en términos de salud y medio ambiente. Por tanto, debemos incluirlo en nuestro balance
económico y a la hora de decidir hacia dónde apostamos, sobre todo porque en el futuro y ante fuentes que se agotan las energías renovables tendrán un coste cero a nivel de combustible. Esta es una cuestión de no hipotecar el futuro, de apostar por
una tecnología y de hacerlo bien. No estamos hablando de crear una burbuja de la biomasa, estamos hablando de una curva de creación y aprendizaje de esta tecnología y de garantizar esa implantación.


También es verdad que ante la biomasa y el biogás, que tienen virtudes evidentes -es una oportunidad de producir energía limpia, de llevar a cabo una política de prevención de incendios y también, por ejemplo, para tratar residuos-, debemos
poner advertencias si no queremos crear perversión en la propia implantación de la biomasa; es decir, debemos incluir también criterios de sostenibilidad porque, si no, no estaremos avanzando en los objetivos que supuestamente defendemos. Por
ejemplo, me refiero a no utilizar cultivos con alimentos, es decir, aprovechar masa forestal pero sin desplazar los cultivos de alimentos para dedicarlos a esto; a utilizar también técnicas de producción ecológica, y no agroquímicos, en el
desarrollo de la masa forestal; a cuidar los consumos de agua y sobre todo un modelo basado en la proximidad. Creo que el modelo debe estar basado en pequeñas plantas de proximidad, en desarrollar sobre todo el autoconsumo y no en grandes plantas
que acaben sirviendo incluso a la exportación en algunos modelos de producción. Eso no iría con la filosofía de aprovechar las virtudes de la biomasa. Queremos hacer asimismo una puntualización. No hemos presentado enmienda, pero entendemos que
esta regulación tiene que estar de acuerdo con las competencias de las comunidades autónomas que en este ámbito precisamente tienen mucho que decir sobre la gestión de la biomasa y su implantación, pero desde el Estado se debe dar ese impulso.


El punto 5 nos genera dudas porque no acabamos de ver cuál sería el detalle de lo que se plantea y si está hablando de grandes inversiones o plantas de gran tamaño, pero le daríamos apoyo porque compartimos la filosofía de esta proposición
no de ley, es decir, la necesidad de avanzar en la biomasa y el biogás pero planteando las reservas de cómo se debería hacer esa regulación, con qué impulso y qué modelo debería ir detrás si no queremos repetir errores del pasado.

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El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, en relación con la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, desde mi grupo parlamentario consideramos interesante esta iniciativa, la valoramos positivamente y además va en la línea definida
por nuestro grupo parlamentario en esta materia. Sobre esta proposición no de ley queremos hacer también unas breves consideraciones.


En primer lugar, no puedo dejar de aprovechar esta ocasión para subrayar lo que sus señorías conocen bien, la posición de nuestro grupo parlamentario en materia energética, nuestra insistencia sobre la necesidad de abordar una reforma del
sector y sobre la consideración de los trabajos que se han realizado en la anterior legislatura por la subcomisión, que fue impulsada también por nuestro grupo parlamentario. Conocen nuestra posición y nuestra insistencia en la necesidad de abordar
una reforma aún hoy pendiente, una reforma que es estructural, y la necesidad de establecer un mix energético adecuado. Un mix energético adecuado en el que el papel de las energías renovables ha de ser relevante, de presente y de futuro, en línea
también con los objetivos europeos, en un marco que nos permita reducir la dependencia, incrementar la eficiencia, conseguir más ahorro y adecuarnos a los objetivos que marca la Unión Europea.


También desde el grupo que represento se ha reiterado y manifestado en diversas ocasiones en debates sobre el sector y sobre la reforma energética, y muy especialmente en el debate con ocasión del Real Decreto 1/2012 que afectaba a las
primas para las renovables, no solo la necesidad de apostar por estas energías renovables sino del riesgo y el coste de perder inversiones, de perder posicionamiento, de perder tecnología e industria en un sector, el de las renovables, en el que
habíamos llegado a ser líderes.


También hemos defendido y defendemos la necesidad de reconocer una especificidad propia para la cogeneración, biomasa y eólica-marina, y que estas tres fuentes se situasen fuera del alcance de los efectos del real decreto. En este sentido,
y posteriormente, nuestro grupo presentó diversas iniciativas al respecto, defendiendo esta especificidad concreta para la cogeneración y biomasa, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el caso de la cogeneración su impacto en la competitividad
industrial es muy importante, es determinante. Una de estas iniciativas fue una proposición no de ley de nuestro grupo presentada y debatida en esta Comisión y aprobada por unanimidad por todos los grupos.


Una segunda consideración que quiero hacer con relación a la proposición no de ley que debatimos está en línea con las iniciativas que se han presentado en Cataluña. Creemos que esta proposición no de ley va en línea con estas iniciativas
presentadas en Cataluña por la Generalitat, sobre todo a consecuencia de la aprobación del Real Decreto 1/2012. A raíz de este real decreto desde la Generalitat se propuso la aprobación de un régimen económico específico que garantizase una
rentabilidad razonable a las tecnologías de biomasa forestal y agrícola y biogás, entre otras, acogiéndose a la posibilidad que otorga el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/2012, de fijar regímenes económicos específicos para determinadas
instalaciones de régimen especial.


En relación con la proposición no de ley y entrando ya en los puntos concretos, desde el grupo parlamentario que represento entendemos que es una proposición positiva e interesante, que es una proposición no de ley extensa, larga,
aparentemente muy técnica y que pretende entrar en detalle, pero en las propuestas que se hacen en algunos de los cinco puntos finales echamos en falta más concreción. Nuestro grupo parlamentario no ha presentado enmiendas a esta proposición no de
ley, pero entendemos que podría haber margen de mejora técnica en los mismos. Paso a comentar algunos aspectos que creemos podrían haberse recogido. Por ejemplo, respecto al punto 1, entendemos que habría sido recomendable y oportuno incluir las
cogeneraciones que utilicen biomasa forestal y agrícola y biogás como combustible. Asimismo, con respecto al punto 4, no se considera un hándicap que las pequeñas instalaciones tengan que llevar a cabo el proceso de preasignación y, en todo caso,
tendría sentido la eliminación de este tipo de prerregistro para las instalaciones que se pudiesen acoger a la modalidad de balance neto no aprobada por el Gobierno, que implica que no están acogidas en el régimen especial de producción de energía
eléctrica.


Termino, señor presidente. Por último, vemos algo generalista y falto de concreción el punto 5 de la proposición no de ley, y no sabemos si se refiere a grandes proyectos de fabricación de tecnología o no. En definitiva, si bien nos parece
mejorable y sería deseable que fuese algo más concreta en los puntos a los que me he referido, teniendo en primer lugar en cuenta que va en la línea de las actuaciones y de la

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posición de la Generalitat de Catalunya en la materia y en segundo lugar la necesaria promoción de los usos térmicos directos de la biomasa, nuestro grupo votará favorablemente esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Torres.


El señor TORRES HERRERA: Señorías, comparezco ante esta Comisión para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con relación a la proposición no de ley relativa al sector de la biomasa y el biogás en España.


Hay que ser plenamente conscientes de que en los últimos años los marcos de apoyo a las energías renovables, basados principalmente en incentivos económicos, han supuesto un incremento del sobrecosto para el sistema eléctrico, y ese
crecimiento, unido al de otros costos del sistema y a la insuficiencia de ingresos en la actual coyuntura económica, ha agravado el problema estructural del sistema eléctrico y ha originado un desequilibrio financiero amenazando la sostenibilidad
del sistema energético en su conjunto y el crecimiento sostenible de las energías renovables. Por ello la primera tarea que se impuso el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en esta materia fue resolver el problema del déficit de tarifa del
sector eléctrico. Así, aunque fuera muy duro, como primera medida de choque se consideró necesario modificar los regímenes económicos incentivadores para ciertas instalaciones de régimen especial y ciertas instalaciones de régimen ordinario de las
mismas tecnologías y la suspensión del procedimiento de preasignación de retribución para estas, a fin de abordar la resolución del problema del elevado déficit tarifario del sistema en un entorno más favorable. Es curioso, señorías, que dentro de
la exposición de motivos que acompaña a esta PNL del Grupo Socialista no se haya hecho ninguna mención al exagerado déficit de tarifa que tenemos y que actualmente supera los 30.000 millones de euros. El compromiso de dar estabilidad y viabilidad
económica al sistema energético y minimizar los costes de la factura eléctrica para el ciudadano obligó en el año 2012 a la aprobación del Real Decreto 1/2012, por el que se procedió a la suspensión de los procedimientos de preasignación de
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, además de tres reales decretos posteriores, todo ello con el
objetivo de resolver el problema estructural y urgente del déficit de tarifa que supone una amenaza real para la sostenibilidad económica del sistema. A día de hoy todavía no se ha finalizado el proceso de solución definitiva del déficit eléctrico
que originó la medida adoptada en este Real Decreto-ley 1/2012.


Por otra parte, el Real Decreto-ley 2/2013 ha modificado el Real Decreto 661/2007, por el que se regulaba la producción de energía eléctrica en régimen especial. Ha sido necesario en este año 2013 elaborar un nuevo paquete de medidas
encaminadas a la solución definitiva del problema del déficit de tarifa, contenido en Real Decreto 2/3013, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero. Así, en particular, en el artículo 2 del citado real decreto se ha
realizado la modificación del Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción eléctrica en régimen especial. Toda esta normativa que he comentado, señorías, pretende como objetivo prioritario hacer frente al problema del
desajuste del déficit eléctrico, equilibrando los ingresos y costes del sistema, porque si no el déficit acumulado seguiría aumentando.


Por otra parte, señorías, quisiera indicar al portavoz del Grupo Socialista que actualice y revise los datos disponibles que se mencionan en la exposición de motivos y que fundamentan esta propuesta. En este sentido, le señalaré los
siguientes. En primer lugar, los datos presentados en el documento están tomados de las publicaciones del año pasado de los distintos eurobarómetros. Actualmente, el valor de la producción de energía primaria a partir de la biomasa sólida para la
Unión Europea correspondiente al año 2010 ha subido 81,1 millones de toneladas equivalentes de petróleo. El valor que aparece en el documento es de 79,3. Además, se tiene el adelanto del valor para el año 2011, que este 78,8 millones de toneladas
equivalentes de petróleo. Se ha detectado un error en los gráficos presentados, en concreto en el gráfico producción térmica a partir de biomasa sólida para 2010, en donde se señala que las unidades son teravatios/hora, cuando realmente son
millones de toneladas equivalentes de petróleo. En cuanto a los cuadros de potencial, se corresponden con los incluidos en el PER, Plan de energías renovables, basado en los trabajos del IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la
Energía, cuya hipótesis es necesario actualizar en la actual coyuntura económica. Como se reconoce en el texto de la propuesta, y si observamos la comparativa de objetivos entre el PER 2010 y el PER 2020, aprobado por el Consejo de Ministros del
Gobierno socialista, la biomasa pasó de ser una fuente clave en la planificación energética a formar parte del grupo de energías renovables residuales, marginales. Esta situación se está intentando

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corregir mediante diversas medidas desarrolladas durante este último año por el nuevo Gobierno en desarrollo durante este año. Por último, hay que señalar que la utilización del biogás ya ha sido regulada en el marco de la Ley 34/1998, del
Sector de Hidrocarburos, y su normativa de desarrollo.


Señorías, el Grupo Popular es consciente de que la biomasa tiene interés, más allá de su carácter de fuente de energía renovable, por las probabilidades de generación de empleo en el medio rural. En los próximos programas de desarrollo
rural el Partido Popular impulsará un programa nacional, uno de cuyos ejes estará orientado hacia la selvicultura y, por tanto, tendremos muy presente en el desarrollo de ese eje el desarrollo de la biomasa y los apoyos para hacerla más accesible y
más eficaz. Por ello, no les oculto, señorías, que solucionar el déficit energético es primordial para que se configure un marco de apoyo a la biomasa que garantice su sostenibilidad, y más si tenemos en cuenta que esta no es una energía renovable
que pueda ser tildada hipotéticamente por algunos de especulativa. Es una energía que comporta muchos beneficios, tiene empleo asociado en el medio rural y tiene una característica de limpieza de montes que luego nos permite prevenir los incendios
forestales.


Por todo lo anteriormente señalado, señorías, en el momento actual no está justificado y por ello votaremos negativamente la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se solicita al Gobierno elaborar
en el plazo de seis meses un proyecto de real decreto específico para el ámbito de la biomasa y que permita la consecución de los objetivos 2020 del sector de la biomasa en España, que debería incorporar o contener, además de las medidas de fomento
establecidas en el PER 2011-2020, una serie de medidas adicionales.


- SOBRE IMPULSO DEL MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA PROMOVER INVERSIONES EN MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/001490).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 21.º del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre el impulso del modelo de colaboración público privada para promover inversiones en medidas de eficiencia
energética en el sector de la edificación. Para su defensa, tiene la palabra don Teodoro García Egea.


El señor GARCÍA EGEA: Señorías, en el pasado las grandes civilizaciones nacieron y crecieron en aquellos lugares donde el agua era abundante, barata y disponible. Tal y como dijo en esta Cámara hace muy pocos días el presidente Rajoy, la
energía es un factor clave para aumentar la competitividad de nuestro país en el futuro y, por ello, las sociedades más prósperas se forjarán en aquellos lugares donde se disponga de energía abundante, barata, competitiva y sostenible. Hay mucho
trabajo que hacer en España para disminuir nuestra dependencia energética del exterior. Es altísima, aproximadamente del 80 %, siempre y cuando no tengamos en cuenta que nuestras centrales nucleares operan con combustible importado. Si analizamos
nuestras reservas fósiles, además, se limitan al carbón, por lo que es fácil de entender la fuerte exposición que nuestra economía tiene respecto de las fluctuaciones del mercado energético exterior. Haciendo una comparativa con datos de hace unos
años, la subida del precio del petróleo costó a España el equivalente a la inversión pública en I+D+i durante el año 2010. Por tanto, señorías, es más necesario que nunca emprender el camino hacia la autosuficiencia energética, fomentando
colaboraciones entre el sector público y el sector privado que beneficien a nuestro país.


El objetivo de esta proposición no de ley es claro, poner una primera piedra en este Parlamento sobre la que hacer palanca para el verdadero impulso de los servicios energéticos en nuestro país, no solo en los edificios públicos sino también
de las comunidades de vecinos, empresas e industrias. Esta, señorías, es la primera de muchas iniciativas que en este sentido se van a impulsar, en línea con lo que contempla en materia de eficiencia energética el recientemente aprobado Plan de
vivienda. Señorías, trabajar en equipo divide trabajo y multiplica los resultados, y en el campo de los servicios energéticos es necesario que lo público y lo privado se pongan manos a la obra para conseguir multiplicar los resultados en aras de
alcanzar los objetivos planteados. Sin embargo, todos ustedes saben que los servicios energéticos tienen hoy muchos problemas y muchas barreras que todos debemos tratar de solucionar.


En los últimos tiempos están surgiendo nuevos modelos de negocio bajo el paradigma de la colaboración publico-privada, que algunos estigmatizan pero que tantos beneficios está reportando en términos de competitividad, porque esta
colaboración público-privada se encuentra definida además a nivel europeo en el Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el derecho administrativo, en el

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cual se describen las características de este tipo de contrato y los beneficios que tanto la parte pública como la parte privada, e incluso la propia sociedad, obtienen de dicha colaboración. La parte pública consigue reducir costes en la
prestación de un determinado servicio sin que se vea alterada su calidad, hablando de servicios energéticos; y por otro lado, la parte privada implementa en un servicio público procedimientos propios de gestión provenientes de la empresa de su
campo, en la que es experta. En este sentido, todos los que hemos tenido que ver algo con la energía y la política energética sabemos de la importancia de crear una estructura soporte, al estilo de lo que hace la Unión Europea creando esas
estructuras soporte para el desarrollo del pacto de los alcaldes o la consecución de los objetivos 20-20, capaz de liderar la implantación en nuestro territorio de ese nuevo modelo de negocio que por el momento presenta ciertas barreras que debemos
y podemos ir superando. Dichas barreras quedan definidas en multitud de informes por los diferentes organismos, tanto nacionales como europeos. En primer lugar, los servicios energéticos son un nuevo concepto para la Administración y los
proyectistas, especialmente en pequeños ayuntamientos donde no se tiene experiencia para montar este tipo de contrato. En su lugar, el enfoque de producción y venta de calor implica una serie de consideraciones técnicas a tomar en cuenta para una
explotación más eficaz. En tercer lugar, el promotor debe realizar una inversión inicial alta con lo que, con los problemas de financiación actuales, si no existe apoyo -como ya empieza a existir- a través del Banco Europeo de Inversiones o de la
Comisión Europea, incluso del sector privado y fondos extranjeros, tendrá muy difícil conseguir los objetivos. Por tanto, la planificación es más compleja y costosa. El promotor o el cliente no poseen información suficiente para sus proyectistas
sobre datos de consumo actualizados, tanto en ayuntamientos como en comunidades de vecinos o industrias. Por último, señorías, en muchas ocasiones los usuarios finales no suelen creer que los resultados simulados previamente se vayan a alcanzar.
Como se suele decir, quizá el papel lo aguanta todo, pero en el caso de los servicios energéticos se está demostrando que las sucesivas experiencias, tanto en ayuntamientos como en industrias, están dando los resultados esperados. Se hace necesario
por tanto clarificar que esta inversión además -y tenemos que dejarlo muy claro- no significa deuda alguna para la Administración pública ni significa incremento de déficit, ya que el objetivo principal de este tipo de contratos es precisamente ese:
generar inversiones para la Administración pública sin que esta tenga que hacer ningún tipo de inversión ni acudir al endeudamiento privado, pagando dichas inversiones con el gasto corriente energético que tiene durante los años.


Superadas estas barreras, el cliente -las administraciones públicas, las industrias, las comunidades de vecinos- podrán beneficiarse de multitud de ventajas porque el usuario final no invierte o invierte en muy baja medida, como hemos dicho
antes; en consecuencia, se minimizan los riesgos financieros para él y se garantiza que el precio de la energía, la curva de proyección del precio de la energía durante los años, será mucho más ventajoso para el cliente que el de las energías
convencionales. La ESE, la Empresa de Servicios Energéticos, puede ofrecer un paquete de servicios relacionados con el suministro eléctrico. El beneficiario no necesita dedicar recursos técnicos propios para estas tareas. Pensemos que si hoy en
muchas industrias y empresas los recursos humanos son el principal coste, el día de mañana, si no ya hoy, el principal coste será el energético. Necesitamos verdaderos profesionales en materia energética en aquellas empresas en las que la energía
no es el objetivo final de su negocio. La operación y mantenimiento de la instalación corren a cargo de la ESE, de la Empresa de Servicios Energéticos. Las condiciones actuales de concienciación permiten establecer ese marco favorable para hacer
los negocios. Pero no solo esto, sino que existen otras consideraciones de tipo social y económico para nuestro país. Para conseguir este cambio -voy terminando, señorías- es necesario comenzar actuando en una doble vía. En primer lugar,
aumentando, como se ha venido haciendo, la instalación de tecnología renovable para la generación de energía y, en segundo lugar, introduciendo medidas de eficiencia energética en el consumidor final. En este sentido, cabe recordar que el consumo
de energía en los edificios residenciales y comerciales representa casi el 50 % del consumo total final de toda la Unión Europea. En la actualidad existe, además, un amplio consenso respecto de la necesidad de introducir medidas de eficiencia
energética y renovables en el sector de la edificación. En algunos sectores se denuncia que el 80 % del parque de viviendas está en ruina energética. Por tanto, urge actuar en este campo.


Señorías, la colaboración público-privada energética es clara, los beneficios son claros y solo es necesario que desde este Parlamento apoyemos esas estrategias para conseguir los objetivos 20-20-20. No hay recetas mágicas -tampoco en este
tema- pero si conseguimos implementar plenamente esta estrategia en nuestro país podemos conseguir a medio plazo aumentar la generación de energías

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renovables, abaratar la factura energética, aumentar la productividad, y aparte de que los ayuntamientos, industrias, empresas y comunidades de vecinos ahorren energía, estaremos creando empleo cualificado y aumentando la competitividad
global de nuestro país.


El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Mixto desea intervenir en este punto, señor Baldoví? (Denegación).


En representación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, don Carlos Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Esta propuesta del Grupo Popular plantea una serie de objetivos que por supuesto compartimos y nos parecen impecables. Ya adelanto que vamos a apoyarla, precisamente porque estamos de acuerdo en que los fines
que propone son adecuados para promover la eficiencia y el ahorro energético como una política que es fundamental impulsar y que hasta ahora ha estado bastante abandonada. Hemos vivido en un sistema energético basado en el derroche permanente de la
energía, entre otras cosas, por problemas en la edificación. Quiero añadir que aunque la argumentación en general, como he dicho, es correcta, las propuestas que le siguen son, como suele pasar con las propuestas del Grupo Popular, demasiadas
abstractas, demasiado generales y vagas, y demasiado fiadas a que las cosas salgan bien solas. Es decir, a la colaboración público-privada, por ejemplo, no tenemos absolutamente nada que objetar, pero pretender que haya inversión por parte de
particulares en la eficiencia energética a base de la rehabilitación de edificios y, supongo -porque tampoco se cita específicamente-, el impulso del autoconsumo energético y cosas por el estilo, sin tratarlo siquiera, nos parece eludir una de las
cuestiones más importantes que convertirían esta política de expresión de deseos en una política práctica que obtuviera resultados. De manera que lo que le queremos pedir al Grupo Popular es que para que podamos tomar realmente en serio este tipo
de propuestas dé un paso y vaya más allá de la declaración de deseos piadosos, de que las cosas vayan estupendamente y se apliquen directivas europeas, que haya políticas concretas con objetivos concretos y con tratamientos fiscales adecuados o de
otra índole para que haya inversiones por parte de las comunidades de vecinos o particulares, por ejemplo, en eficiencia energética. Hay un tema que ya se ha convertido en un tópico y en el que estamos todos de acuerdo, y es en que relanzar la
construcción tiene que ver sobre todo con rehabilitaciones urbanas y no con el desarrollo de nuevas urbanizaciones. También es fundamental el desarrollo de empleo cualificado y de nuevas empresas en el campo del ahorro de la eficiencia energética,
pero eso está unido a un cambio en los sistemas de controles eléctricos y otro tipo de cuestiones de las que tampoco se hace aquí ninguna alusión concreta. Eso es lo que convierte este tipo de propuestas en algo que uno no puedo dejar de apoyar por
los objetivos, pero que realmente avanza muy poco en su cumplimiento y satisfacción. Esta es la crítica política que quería hacer a esta proposición.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: He de decir que es una propuesta que leída aisladamente de la política que está haciendo el Gobierno y de las decisiones que está tomando, la veríamos con simpatía. De hecho en nuestro propio programa electoral
hablamos de la implantación de los servicios energéticos, de la eficiencia energética como un filón de creación de puestos de trabajo y como una imperiosa necesidad en la situación de dependencia energética que tiene nuestro país, y de hecho
compartimos esa parte del diagnóstico.


También compartimos la necesidad de colaboración público-privada. No se puede entender que la implantación de la eficiencia energética en nuestros edificios se haga al cien por cien desde lo público, sino que el propio ahorro energético
permite esa financiación y esos nuevos instrumentos. No es una cuestión de antagonismo en esa situación, pero nos sorprende que una proposición no de ley confunda el objetivo con el instrumento. Ustedes no vienen aquí a decir: nuestro objetivo es
incrementar la eficiencia energética. Sino: nuestro objetivo es la colaboración público-privada en sí. Sinceramente, ante la situación que tenemos, que estamos a años luz a nivel europeo de la implantación de la eficiencia energética, y con ese
diagnóstico que usted mismo hacía de dependencia y vulnerabilidad energética, el objetivo es mejorar a pasos agigantados la eficiencia energética de nuestro país, especialmente en el sector de la vivienda. Ese es el objetivo principal y hay que
hacerlo bien. Luego eso puede tener consecuencias sobre cuál es el modelo por el que optamos, cuál es el más eficaz al servicio de ese objetivo. El planteamiento que hace

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de confundir instrumentos con objetivos nos genera escepticismo y una cierta desconfianza porque es contradictorio con las propias políticas. A nosotros nos maravilla que ahora les preocupe tanto el ahorro, pero el ahorro al servicio de un
negocio, porque luego viendo las políticas, en concreto no hay inversión en eficiencia energética, el IDAE no está haciendo prácticamente nada en esa labor, que debería ser fundamental; el papel del Gobierno de España de bloqueo a la Directiva de
eficiencia energética ha sido clamoroso; la censura o las dificultades al autoconsumo y el anuncio de que prácticamente se va a penalizar el autoconsumo, que ha de ser un instrumento básico para la eficiencia energética, sinceramente todo esto va
en contradicción con la filosofía que hay detrás.


He de decir que me alegro del diagnóstico, de que planteen el asunto de la energía nuclear porque es un argumento que venimos señalando, ya que utilizamos un combustible que no es autóctono y que también nos genera dependencia. Pero
nosotros creemos que si se habla de eficiencia energética y se apuesta por esto, se deben establecer unos criterios, y esa responsabilidad es pública. Hablan de colaboración público-privada, pero solo hablan de la parte privada y no hablan de qué
es lo que debería hacer la Administración pública. Aquí la Administración pública tiene mucho que hacer, como definir cómo deberían ser esas empresas de servicios energéticos, cómo se dan garantías económicas y de calidad, cómo se acredita, cómo se
hacen todos esos procesos también con transparencia, cómo garantizamos que la intervención para la eficiencia energética sea de forma integral y no un apéndice por el que ahora cambiamos una caldera; hablamos de todo, de cómo rehabilitamos el
edificio, de los cierres, de cómo implicamos a las empresas eléctricas también en el ahorro energético, porque obvian completamente artículos de la propia directiva que hablan de implicar a las empresas eléctricas y la obligación de que reduzcan
precisamente el consumo a través de las ofertas que hagan a los clientes.


Por otro lado, no hablan de lo que también habla la directiva, de la utilización de un fondo nacional para la eficiencia energética y la rehabilitación, artículo 20 de la directiva. Toda la parte que es responsabilidad del Estado no
aparece. Nosotros no podemos apoyar una propuesta como esta, por un lado, porque aunque compartimos lo que debería ser el objetivo final, que es apostar por la eficiencia energética, contradice completamente a las políticas que está haciendo el
Gobierno de demonización de las renovables, de acabar con todos aquellos instrumentos que favorecerían la eficiencia energética y, por otro lado, porque confunden el instrumento con el objetivo, y eso nos genera realmente mucha desconfianza, sobre
todo viendo las políticas que se están llevando a cabo. Por tanto, no les daremos nuestro apoyo y creemos que hay mucho recorrido por hacer en este sentido.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra doña Inmaculada Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, nuestro grupo, en líneas generales, valora favorablemente esta iniciativa objeto de debate. No es la primera vez, no obstante, que debatimos sobre este tema, el de la eficiencia energética en la
edificación. Nuestro grupo respecto a esta problemática ha mantenido una posición favorable y activa -subrayo activa- de cara a los objetivos de eficiencia energética y especialmente en la edificación. Estas medidas específicas entran dentro de
las políticas que apuestan -por las que nuestro grupo apuesta- por una economía más sostenible, por una política energética menos dependiente, más eficiente y generadora de ahorro, y por un modelo urbano que persiga y mire por la sostenibilidad.


Respecto al modelo de financiación que se plantea, consideramos también que es necesario impulsar una mejor y más efectiva colaboración público-privada, pero no solo en este ámbito o sector, sino que es necesario impulsarla en el marco de
las políticas y proyectos de infraestructuras, en el marco de la investigación, desarrollo e innovación y en este específico campo de actuación. Y no solo porque la situación económico-financiera y las restricciones en los recursos públicos nos
obliguen a ello, sino porque como modelo de crecimiento y financiación es adecuado en muchos casos. Por tanto, desde una perspectiva más general, nuestro grupo apoya tanto las políticas y medidas que persigan una mayor eficiencia energética, en
este caso en el marco de la edificación, como el modelo de financiación que se propone. Entendemos que la proposición no de ley que presenta el Partido Popular contribuye desde la vertiente de la financiación -estimulando el modelo de financiación
público-privada- a la mejora de la eficiencia energética y a las energías renovables en la edificación y, por tanto, entendemos que también a la rehabilitación y regeneración de edificios e instalaciones, a fin de mejorar su eficiencia energética y
garantizar también su accesibilidad.

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Hechas estas consideraciones más generales, nuestro grupo no ha presentado ninguna enmienda al texto de la proposición no de ley, pero sí me gustaría hacer algunas consideraciones respecto a la misma. En primer lugar, la proposición no de
ley va en línea con las estrategias marcadas con el Plan de la energía y el cambio climático de Cataluña 2012-2020, impulsado por la Generalitat de Catalunya, en el que la colaboración público-privada es un elemento esencial y en el que se apuesta
por un crecimiento del sector empresarial energético basado en la I+D+i, en el conocimiento en las tecnologías energéticas. Asimismo es necesario impulsar proyectos energéticos basados en el modelo de colaboración público-privada, facilitar dicha
colaboración y estimularla a fin de conseguir un sector más competitivo, más innovador y más eficiente. Este objetivo y este compromiso se adquieren a través de la inversión pública en ahorro y eficiencia energética, y también en la apuesta por las
energías renovables. En este contexto, entendemos que el partenariado entre las administraciones públicas y el sector privado es y puede ser determinante para superar los actuales retos en materia energética. En segundo lugar, quiero hacer
referencia también -como se hace en el texto de la proposición no de ley- al papel de las empresas de servicios energéticos como instrumentos eficaces al servicio del ahorro y de la eficiencia energética. Es clave impulsar políticas que incentiven
el desarrollo y regulen el funcionamiento de las empresas de servicios energéticos. Los servicios integrados que ofrecen dichas empresas -ofrecen desarrollo, instalación y financiación de proyectos de mejora de la eficiencia energética- han
demostrado ser un instrumento eficaz para reducir el gasto energético y controlar y mejorar la calidad y el funcionamiento de las instalaciones energéticas a largo plazo. En tercer lugar y como tercera consideración, y en relación con los puntos
concretos de la proposición no de ley, quiero hacer también unas puntuales consideraciones. Sería deseable, desde nuestro punto de vista, en primer lugar, solicitar al Gobierno la presentación del programa de ahorro y eficiencia energética en
España si el actual Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2011-2020 debe modificarse o actualizarse. Y en este sentido, es necesaria la participación de las comunidades autónomas y, sobre todo, que sean ellas las que ejecuten dicho plan.
En segundo lugar, en relación con las empresas de servicios energéticos, a las que he hecho referencia, sería necesario regular de forma más detallada esta figura, dando una mayor cobertura legal, adecuada a la legislación estatal y permitiendo que
trabajen también en el ámbito de las energías renovables. Por último, creemos que también sería deseable impulsar otras figuras de colaboración público-privada, aparte de las empresas de servicios energéticos, como es el papel de la banca pública
como instrumento de financiación de las empresas de servicios energéticos y en general de proyectos también de ahorro y eficiencia energética y energías renovables.


Hechas estas consideraciones, repito que, en líneas generales, valoramos favorablemente esta proposición no de ley que apoyamos y creemos también que será oportuno concretar su desarrollo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Quiero dirigirme al ponente del Grupo Parlamentario Popular con la mayor de las consideraciones personales, ya que le tengo una alta consideración por el trabajo que desempeña en esta Comisión. Quisiera que en mis
palabras se viesen exclusivamente razonamientos políticos en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a analizar qué se pide. En la propuesta de resolución se pide, en primer lugar, lo siguiente: El Congreso insta al Gobierno a seguir
impulsando el modelo de contrato basado en la colaboración público-privada en los edificios de la Administración pública dependientes del Estado para conseguir reducir el consumo energético en los edificios públicos. Segundo: Reforzar la
colaboración entre los organismos con competencia en material de edificaciones administrativas, vivienda y energía del Gobierno de España; es decir, edificios públicos. No estamos hablando de actuaciones en el ámbito privado, solo en edificios
públicos. Señor diputado, entienda que leer una propuesta de estas características para quien le habla, con la experiencia que tengo de haber ejercido responsabilidades en administraciones públicas locales e insulares en mi tierra, la verdad causa
asombro, porque desde que se aprobó la Constitución española, todas las administraciones públicas tienen cooperación público-privada en todos los ámbitos: la recogida domiciliaria de residuos sólidos, el mantenimiento del alumbrado público en las
redes viarias, la limpieza de los colegios, etcétera. Desde luego, la colaboración público-privada viene consolidada desde que se aprobó la Constitución.


En segundo lugar, acépteme lo siguiente. Recordará que en la pasada sesión de esta Comisión, de fecha 28 febrero de este año, el Grupo Parlamentario Socialista defendió una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a presentar
un proyecto de real decreto por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, en el que se

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trasponga la Directiva 2010/31 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios en los que se prioriza el uso de energías renovables en edificación para su debate en esta
Comisión. Esta proposición no de ley, que se publicó el 2 agosto 2012, está suficientemente fundamentada en su exposición de motivos y usted recordará que el Grupo Parlamentario Popular, siguiendo esa teoría de votar en contra de cualquier
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista -porque parece ser que, según quien lo diga, se verifica que a2=b2+c2, si lo dice un socialista no se cumple el teorema de Pitágoras pero si lo dice un diputado del PP se cumple, acépteme esta licencia
coloquial-, votó en contra de una iniciativa muy potente, muy rigurosa, que estaría en condiciones de volver a defender su contenido y le ruego que la relea.


A raíz de la posición que sostuvieron en el debate de ese día, este diputado -con la curiosidad que siente por el tema-, en representación de mi grupo, se dirigió al Consejo de Estado y solicitó el dictamen preceptivo -que está en mi mano y
cuya copia le puedo entregar perfectamente- de fecha 7 marzo de este año, es decir, más de veinte días después de celebrar al debate. De la lectura del dictamen del Consejo de Estado, informe preceptivo a petición del Gobierno para que dictamine
sobre el proyecto de real decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, tuve la satisfacción intelectual personal de comprobar que lo que defendía en su proposición no de ley
íntegramente el Grupo Parlamentario Socialista, el Consejo de Estado -y lo tengo marcado en rotulador para facilitar, una vez que termine mi intervención, su lectura, si así lo estima oportuno- rubricaba todos los planteamientos que nosotros
defendíamos. De manera muy breve -porque obviamente no pretendo reproducir un dictamen de veinte folios, aunque es muy interesante-, leeré que en la exposición de motivos argumentada el Consejo de Estado, dice: La disposición adicional primera
establece que en las certificaciones de edificios pertenecientes y ocupados por las administraciones públicas -que es lo que usted plantea- los certificados, los controles externos y la inspección regulados en el procedimiento básico que se aprueba,
podrán realizarse por técnicos competentes de los propios servicios técnicos de la administración pública correspondiente. Además -y termino, señor presidente-, les recomiendo -acépteme esta licencia- a todos los miembros de esta Comisión -porque
este es un tema que va a tener largo recorrido- que lo lean, porque todo lo que el Consejo de Estado plantea en su dictamen lo incorporó el Gobierno, modificando notablemente los contenidos del real decreto que sometió a dictamen; los han
incorporado. En último lugar, en otro párrafo dice: En lo que respecta al impacto presupuestario, se afirma que el real decreto proyectado tendrá un impacto presupuestario sobre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las
administraciones locales y las universidades públicas debido a los costes de realización de los certificados, si bien este coste puede reducirse de forma importante al facultar el real decreto, en su disposición adicional primera, que las
certificaciones de edificios pertenecientes y ocupados por las administraciones públicas podrán realizarse por técnicos competentes de sus propios servicios técnicos. Y así sucesivamente. Es un dictamen espléndido y tengo que reconocer la
satisfacción -lo digo por última vez- de que corrobora nuestros planteamientos, que ustedes derrotaron en la proposición no de ley y que el Gobierno ha incorporado. Luego, sinceramente, el contenido de su proposición no de ley -que no le niego la
buena voluntad que usted tiene por hacer que las cosas avancen, sin duda alguna- qué nos dice: solo que las administraciones públicas lo que se proponen es que haya cooperación público-privada, ¡pero si esto nadie lo impide, nadie lo impide! No hay
que empujarlo, se lleva haciendo 40 años, y no hay ninguna aportación de política energética en su iniciativa. Con los argumentos que he expuesto entenderá que el Grupo Parlamentario Socialista, en la línea del rigor que siempre hemos querido
defender y que he procurado argumentar en mi intervención, no puede votar esa iniciativa porque es humo, humo que se lo lleva el viento y que no sirve para nada, que no aporta nada positivo.


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PRESENTACIÓN, EN EL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES DESDE SU APROBACIÓN, DE UN PROYECTO DE LEY PARA REGULAR LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES MEDIANTE EL MÉTODO DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA O
'FRACKING' O TÉCNICAS ANÁLOGAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001510).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 22.º del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia por la que se insta al Gobierno a la presentación, en el plazo máximo de seis meses desde
su aprobación, de un proyecto de ley para regular la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el método de fracturación hidráulica o fracking o técnicas

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análogas. A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y una autoenmienda del propio Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. Para la defensa de la proposición no de ley tiene
la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Traigo para su defensa una proposición no de ley que quizás no sea ahora mismo de las más populares que se puedan traer a una cámara en España, porque el fracking es una técnica de extracción no convencional de
hidrocarburos que ha recibido un grado de oposición que recuerda otros momentos con otras fuentes de energía, pero no solamente de oposición, que siempre es legítima, sino de desinformación, que lo es menos. Lo es menos porque de alguna manera se
presenta esta técnica, el fracking, como una técnica intrínsecamente perversa, peligrosísima y prácticamente suicida, sobre la que no se tiene ningún tipo de garantía ni ningún tipo de conocimiento sobre sus efectos y consecuencias. Enseguida me
referiré a esto pero lo primero -es lo que está en el origen de esta PNL- que quiero hacer es una pequeña reflexión sobre el problema de la factura energética en España y su significado. Como ya he dicho muchas veces cuando se habla de estas
cuestiones, nuestro grupo no comparte en absoluto la tendencia a separar, como si no tuvieran nada que ver, las políticas energéticas y medioambientales de los resultados económicos, sobre todo en el empleo. En un día como hoy en que -como también
me he referido antes- tenemos un dato de paro sencillamente estremecedor, con un problema al que no se le ve solución en un horizonte cercano, hacer esfuerzos para racionalizar la política energética y, en concreto, para reducir el costo de la
factura energética, en el caso de España es un de sus principales problemas económicos, una de las causas de pérdida de competitividad industrial y, por lo tanto, de aumento de desempleo, del paro como digo, cualquier esfuerzo racional que se haga
para reducir esta factura energética nos parece que es una pieza esencial de la lucha contra la crisis y de la salida de la crisis. En este sentido va esta PNL. (El señor vicepresidente, González Vázquez, ocupa la Presidencia).


He de decir que el fracking es una técnica probada y una técnica además sobre la que ya se sabe mucho porque solamente en Estados Unidos tienen más de cuarenta años de experiencia con su utilización. Es una técnica que no es distinta en
cuanto a que sea arriesgada a otras fuentes de energía, porque -esto también conviene repetirlo- no hay ninguna, pero absolutamente ninguna fuente de energía, se le llame renovable, sostenible o de otra manera, que no incluya riesgos
medioambientales y que no nos haga pagar un precio en costes medioambientales, sean técnicas solares, eólicas, su fabricación, su mantenimiento, su implantación tiene costes medioambientales; ésta sin duda también de ninguna manera queremos negarlo
ni pretendemos que se crea que el fracking es una panacea. El problema de España con los hidrocarburos es el siguiente, como es conocido. Tenemos una altísima dependencia de los hidrocarburos como fuente de energía primaria, actualmente del 76 %,
por supuesto que hay que hacer esfuerzos para reducir esa dependencia, es decir, para sustituir los hidrocarburos por otras fuentes diferentes de energía, pero vender a la opinión pública que se pueden sustituir al cien por cien los hidrocarburos,
por ejemplo, por energías renovables es sencillamente una tomadura de pelo. Se puede reducir la dependencia, y se debe, de los hidrocarburos pero pretender su mera supresión por decreto es un acto no solamente de irrealismo sino sencillamente un
engaño. Nuestro grupo no comparte esta tendencia de engañar a la gente aunque sea con argumentos muy populares por el apoyo de lo políticamente correcto. Por lo tanto, en esta política de reducción de la dependencia de hidrocarburos nos parece que
renunciar a la posibilidad de conocer mediante la exploración y, en el caso de que hubiera recursos rentables, proceder a su explotación, la técnica del fracking es sencillamente mantenerse y profundizar en la crisis y mandar un mensaje a la
sociedad de que en realidad los problemas de empleo, los problemas energéticos y los problemas de costes económicos no nos importan, a cambio, eso sí, de mantener una posición inmaculada en materias medioambientales una vez más desligándonos por
completo de las necesidades prácticas y reales de la gente.


Los riesgos que tiene el fracking, como cualquier otra técnica, tienen que ser regulados por ley y ésta es una cuestión absolutamente esencial. Hasta ahora no se ha hecho adecuadamente, hay un vacío legal clarísimo, eso también ha permitido
la repetición de un vicio característico del Estado de las autonomías, que es que las diferentes comunidades autónomas, arrogándose competencias que no tienen, hayan optado por hacer sus propias reglamentaciones que en general, cuando se han
debatido, son de la pura y simple prohibición. Pura y simple prohibición porque además esto tiene un coste cero; en la medida en que tenemos un sistema de financiación autonómico basado en la irresponsabilidad fiscal, parece gratuito que una
comunidad autónoma decida prohibir el fracking dentro de su territorio porque sabe perfectamente

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que con el actual sistema de financiación sus dificultades económicas serán -o no, pero antes lo eran- siempre subsanadas por el Estado, que es el que carga con la impopularidad de políticas que sean arriesgadas, como puede ser precisamente
la regulación por ley del fracking. Está clarísimo que el fracking debe ser regulado por una ley estatal de tal manera que los criterios de aplicación de las comunidades autónomas se unifiquen dentro del marco de sus competencias, de manera que
puedan autorizar o no explotaciones o exploraciones de facturación hidráulica pero siempre dentro de un marco legal seguro.


Nos parece más que evidente que lo que hace falta con el fracking no es prohibirlo sino, en primer lugar, que haya una regulación legal que exija una transparencia absoluta en su aplicación, que haya medidas preventivas relativas a la
extensión de las fracturas hidráulicas en el subsuelo que la técnica exige, que las operaciones sean lo suficientemente profundas y que haya un perfecto conocimiento de la estructura hidrológica y de los acuíferos de la zona, que haya garantías
-esto es muy importante- de la estanqueidad de los pozos de exploración y extracción porque uno de los agujeros legales, en este caso paradójico, de la legislación española es su escasa o nula legislación sobre construcción y cementación de pozos;
y finalmente que haya una garantía de supervisión por técnicos completamente independientes que garanticen que la supervisión de las operaciones de exploración y extracción de fracking se hagan siempre con las condiciones de transparencia y de
garantías adecuadas y que, en caso contrario, se prohíban. De lo que se trata, por tanto, es de una legislación que dé garantías a la sociedad de que este tipo de técnicas se van a hacer siempre dentro de lo que es razonable y que se van a
prohibir, o suspender en su caso si se han iniciado, cuando haya riesgos que sean inaceptables o cuando haya pruebas documentadas y contrastadas de que se han producido contaminaciones de acuíferos, que el uso del agua utilizada para la explotación
o la exploración sea desproporcionado o insostenible para el territorio donde se realiza, etcétera.


Hemos de decir al respecto que la experiencia de otros países en esto es muy valiosa, en el caso de Estados Unidos donde, llevan más de cuarenta años con esta técnica y han conseguido no solamente que no haya grandes accidentes ni grandes
incidencias por su utilización sino además convertirse en exportadores netos de gas al resto del mundo. Como digo, precisamente tenemos la experiencia de cómo agencias de supervisión independientes suficientemente serias y respetadas tienen un
seguimiento escrupuloso. detalladísimo, y además público, de las incidencias tanto administrativas como de mal uso o de malas técnicas que tienen que ver con la explotación con fracking; exactamente lo mismo ocurre en Australia y en otros países.
Hay algún país como Francia, nuestro vecino, que ha optado por la prohibición de la técnica del fracking pero hay que advertir a la opinión pública de que es una prohibición directamente vinculada con su interés en potenciar la energía nuclear como
fuente primaria de energía, porque en Francia, sin embargo, sí se permiten utilizar técnicas exactamente iguales de fracturación hidráulica pero para explorar la energía geotérmica, de manera que el problema no está tanto en la técnica en sí como en
la finalidad que se persigue, que en el caso de Francia, como digo, es una opción legítima nacional para la potenciación de su industria nuclear.


Así que, en definitiva, lo que nosotros proponemos es una proposición no de ley con tres puntos, hemos añadido uno en forma de autoenmienda que enseguida comentaré, que son muy claros pensamos. En primer lugar, definir de forma clara y
precisa los estándares de referencia mínimos para autorizar las exploraciones y explotación de fracturación hidráulica, con una especial insistencia en la regulación de los pozos y sobre todo en las garantías de estanqueidad, para impedir que haya
contaminaciones entre acuíferos y explotaciones de gas no convencional, y también sobre las reglas para que la profundidad de la explotación sea tal -superior a 3.000 metros- que precisamente impida la contaminación, siquiera sea casual o
accidental, de acuíferos de los utilizados para agricultura o para abastecimiento. En segundo lugar, nos parece importante, aunque sería una cuestión por supuesto debatible, que se creara un organismo público supervisor independiente precisamente
para vigilar y controlar el desarrollo de la fractura hidráulica. En tercer lugar, modificar la legislación de construcción y cimentación de pozos y también de la Ley de residuos y suelos contaminados con el mismo sentido, es decir, obtener las
máximas garantías de que las explotaciones con fracking que en su caso se llegaran a autorizar van a tener la mínima incidencia medioambiental y van a suponer un riesgo razonable y bajo control permanente.


El señor VICEPRESIDENTE (González Vázquez): Señor Martínez Gorriarán, por favor, vaya usted terminando.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Sí, inmediatamente.

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Por ultimo, el Grupo Parlamentario Socialista nos propuso la semana pasada, en la anterior sesión, que añadiéramos un punto, que aceptamos, el punto 4, para que las prospecciones y explotación no afecten en ningún caso a espacios protegidos.
Lo aceptamos porque nos parece razonable, pero ahora parece que no es suficiente aunque sí lo era la semana pasada.


Para finalizar, conozco la intención del Gobierno de aprobar un real decreto-ley en este sentido, pero como esto es una proposición no de ley y no una proposición de ley, a lo que se invita al Gobierno es a que haga un desarrollo sobre este
tema y desde luego no comprenderíamos que el hecho de que el Gobierno vaya a legislar impidiera que se aprobara una PNL que lo que hace es desde el Congreso pedir al Gobierno que legisle en este sentido.


El señor VICEPRESIDENTE (González Vázquez): A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra don Félix Lavilla.


El señor LAVILLA MARTÍNEZ: El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha presentado una enmienda, en la que figuran cuatro puntos. Es verdad que ha habido un proceso de diálogo abierto con el proponente de la iniciativa, pero como
sucede en el Parlamento al final o hay acuerdo o no, y en este caso tengo que decir que no lo hay. Reconozco la buena voluntad del proponente de la moción, pero no lo hay. Por tanto, nos ratificamos en la enmienda del Grupo Socialista, que también
procede de un texto consensuado en el Pleno y que consta de cuatro puntos. (El señor presidente ocupa la Presidencia). El primero de ellos es que entendemos que es necesario constituir un grupo independiente de expertos, con la encomienda de
elaborar en el plazo máximo de tres meses un informe en el cual se evalúen los riesgos ambientales de toda índole ligados a las técnicas de fracturación hidráulica u otras destinadas a la explotación del llamado gas no convencional, para su puesta a
disposición de la ponencia parlamentaria que al efecto se constituya. El segundo punto es fundamental, y es que de forma inmediata, y hasta que la normativa estatal reguladora que habrá de aprobarse entre en vigor, se suspendan todas las
actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales que supongan la utilización de la fractura hidráulica, y por consiguiente no autorizar ninguna nueva solicitud y dejar en suspenso las previamente autorizadas.


Si pedimos una normativa que supone un avance con relación a la ley de la selva que hay ahora -porque ahora no hay absolutamente nada- y dado que se ha pintado la geografía española de solicitud de estudios por todo el territorio sin una
normativa específica ni europea ni española que regule esta cuestión, entendemos que no se deben hacer obras de esta manera. La moratoria es importante. El punto tercero, sobre el que sí habíamos llegado a un acuerdo, también es importante, y es
que en cualquier caso las prospecciones, exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales no se realizará en ningún caso en zonas de espacios protegidos. Es un planteamiento muy razonable, porque si un espacio es protegido, se protege
precisamente por el valor medioambiental que tiene. El punto cuarto es impulsar un cambio de modelo energético en convergencia con la estrategia europea y su hoja de ruta basado en las fuentes renovables y limpias en el ahorro y la eficiencia.


Esta es la posición del Grupo Parlamentario Socialista frente a la situación actual que, como digo, es la ley de la selva. Dentro del mapa de las muchas zonas donde se ha solicitado, conozco, y se lo dije precisamente ayer al secretario de
Estado, la zona de una las solicitudes de estudio que se han realizado, que es donde nace el Duero. Es una barbaridad. Por tanto, tiene que haber una normativa europea, tiene que haber una normativa española y tiene que haber una discusión técnica
con ese grupo de expertos que tiene que analizar esta tecnología, para si es conveniente para nuestro país que se haga con las suficientes garantías. Aprovechando el turno que tengo en la defensa de esta enmienda, quisiera decir que todo estudio
del grupo de expertos independientes siempre alumbra luz y siempre nos puede decir de manera técnica lo que es y lo que no, porque los hechos son hechos y las opiniones son libres. He escuchado anteriormente que la comarca en la que he nacido era
prácticamente un despoblado. No, tiene 10.000 habitantes, es una zona próspera y precisamente muchas personas de Aragón y Navarra trabajan allí, y en caso de hacerse, un centro tecnológico beneficiaría al conjunto de las personas,
independientemente de donde vivan. Eso siempre es importante. Los hechos son hechos y las opiniones son siempre libres. Desde nuestro punto de vista, la postura del Grupo Parlamentario Socialista en esta materia enriquece la propuesta que se ha
realizado, le da una mayor garantía frente a la ley de la selva actual, que lo único que va a generar son problemas. De qué nos sirve regular a posteriori, ya que se ha adelantado la solicitud de estudios por toda la geografía española, y sin
embargo no hay nada que de momento ponga límites ni cortapisas a las actuaciones de las empresas que los están realizando. Se puede dar el caso, como en

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Cantabria, donde la comunidad ha dicho que en su territorio no se hace nada. No digo que esté bien o mal. Ayer el secretario de Estado dijo que no, que una comunidad autónoma no puede prohibirlo de una manera integral en todo su
territorio, porque solo podrá hacerlo sobre proyectos concretos que se tramiten, con lo cual estamos otra vez en la ley de la selva. Es conveniente decir si interesa o no a nuestro país esta técnica, pero sobre todo si interesa, que no lo sabemos,
basándose en ese grupo de expertos, coincidir en cómo se tiene que hacer y dónde se tiene que hacer. Esto también es muy importante, porque cuando hay valores en juego, hay que ponerlos todos sobre la mesa, el cómo y el dónde, y si se debe o no se
debe. Esta es la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que es positiva para todos y quisiéramos que se compartiera por parte de todos.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra don Joan Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Hablaba el ponente de que todas las energías tienen costes. El problema estaría en valorar cada coste y si estamos dispuestos a asumir los riesgos que comportan esos costes. Desde Compromís-Equo anunciamos ya que
vamos a votar rotundamente en contra, porque los problemas, los impactos ambientales que puede generar esta técnica ni están plenamente evaluados, por lo que sería absolutamente irresponsable si no hay una ninguna garantía de que no se van a
producir esos impactos ambientales. No está de más denunciar cuáles pueden ser esos impactos ambientales, porque es bueno conocer antes de valorar si queremos asumir esos riesgos. En el tema del agua, el consumo. Vengo de una tierra donde el agua
escasea y hay anunciadas diversas prospecciones en tierras del Maestrat de Castelló y en Els Ports. Si tenemos en cuenta que un solo pozo puede necesitar entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua, comprenderán ustedes que en zonas donde este es
un recurso escaso es un riesgo que habría valorar. También habría que valorar el cóctel de productos químicos que se inyectan en la tierra, entendiendo que si un 2 % de productos químicos se inyectan en la tierra, más o menos un total de 260
sustancias químicas, entre las cuales hay productos tóxicos, cancerígenos y mutagénicos, el peligro de la contaminación del agua y del subsuelo, habría que valorarlo. El agua que queda después de la fractura además por disolución tiene metales
pesados e hidrocarburos, y esa agua puede filtrar por esa fractura a los acuíferos y envenenar los acuíferos donde se hagan estas prospecciones. Por tanto, no se puede descartar tampoco la posible contaminación de los acuíferos debido a esta
fractura hidráulica y a las aguas residuales de retorno por su tratamiento.


En segundo lugar, está la contaminación atmosférica. Está registrado y evaluado que se produce benceno, un agente cancerígeno que se emite a la atmósfera por el vapor que hay desde que se emite desde estos pozos, además de en las fugas de
las tuberías o de los pozos de gas, y hay que añadir los vehículos que tienen que pasar hacia donde están los campos de esos pozos de fracking. En tercer lugar, la emisión de gases de efecto invernadero. Hay que evaluarlo, es necesario cuantificar
cuáles son las fugas de metano. La industria dice que son alrededor de un 2 %, pero está evaluado por estudios que es ya un 4 %, sin incluir las pérdidas que se pueden producir en las tuberías o la hora de la distribución. El metano es un gas que
tiene una capacidad veinticinco veces superior al CO2 como gas de efecto invernadero; por tanto, habría que analizar también si estamos dispuestos a asumir este riesgo. En cuarto lugar, la contaminación acústica y los impactos paisajísticos. Esta
técnica necesita una ocupación masiva de territorio; hay una separación entre pozos de entre medio kilómetro y dos kilómetros, y así entenderemos cuál es el impacto paisajístico que puede tener en las diferentes comarcas donde se hagan pozos de
fracking. En quinto lugar, la sismicidad inducida, y a este efecto ya hay reconocidos, incluso por las propias empresas, que ha habido pequeños terremotos en zonas donde se han hecho pozos para obtener este gas a través del sistema de fracking.


Y, por último, para acabar, nos preguntamos, ¿para qué más gas?, aunque hubiera mucho, que aún no sabemos si hay mucho o poco. Tenemos un recurso energético abundante, y son las energías renovables, tenemos la energía para estas energías
renovables, tenemos un sector empresarial que ha querido jugar y fuerte a estas energías, las energías renovables, que está dispuesto. Entenderíamos que el partido proponente tuviera el mismo entusiasmo con estas energías que como el que tiene a la
hora de defender el fracking. Es absurdo seguir el camino de continuar consumiendo combustibles fósiles, porque hay un riesgo evidente, y es el de desviar recursos que deberían ir a estas energías renovables y mucho más limpias y a la eficiencia en
la energía. He oído muchas veces lo de la política de campanario. Si denunciar los peligros del fracking es hacer política de campanario, si apostar por empresas que buscan las energías limpias y que además son un sector tecnológico propio con
mucha importancia es hacer

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política de campanario, sí, me acuso de hacer política de campanario. Y acabo. Hay una frase de Kenneth Boulding, que yo creo que es bueno escuchar de vez en cuando: Quien crea que un crecimiento infinito es compatible con un planeta
finito o está loco o es un economista. Y yo añado, o, y a gusto de cada cual.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Chesús Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: La posición de nuestro grupo parlamentario acerca de la fractura hidráulica es conocida, yo mismo tuve la oportunidad de exponer los argumentos en la interpelación y en la moción que defendí en diciembre y en
febrero, respectivamente, -no voy a reiterar argumentos-, se ha demostrado que es una técnica que supone un enorme impacto ambiental con elevados riesgos de contaminación de acuíferos y del aire y que, por lo tanto, también general riesgos para la
salud de las personas. No podemos olvidar que en ese coctel, que citaba el señor Baldoví anteriormente, de productos que se incluyen en el agua que se inyecta, se encuentran productos no solo cancerígenos, esto es que pueden producir cáncer, sino
también carcinógenos, que lo producen de hecho, según definición de la Real Academia; por lo tanto, estamos hablando de un asunto de extrema gravedad. Existen infinidad de informes científicos de prestigio como el Tyndall Centre, que advierten de
la agresividad del fracking y de su elevadísimo impacto ambiental; no podemos decir que hay desinformación en este sentido. Son informes independientes, claro está, no están costeados por el lobby gasístico. Si repasamos las personas que firman
las alegaciones a proyectos de fracking en distintas comunidades autónomas, veremos que en muy buena parte ahí están los profesores e investigadores, sobre todo geólogos e hidrogeólogos, de un amplísimo abanico de universidades españoles, es decir,
en contra del fracking está la gente que sabe, la gente que sabe y que puede decir lo que sabe porque puede actuar con independencia. Esa es la verdad. Y lo de comparar, como ha hecho el portavoz de UPyD, comparar el impacto ambiental de las
energías renovables con el impacto ambiental de los hidrocarburos extraídos con la técnica de fracking es de aurora boreal, simplemente, de aurora boreal. Además, podemos decir que el fracking es una tecnología ineficiente, que consume una unidad
de energía por cada dos o tres que genera, y eso también es un dato a tener en cuenta si alguien quiere hablar de economía; si alguien quiere hablar de economía, también tendrá que tener en cuenta eso. En todo caso, yo no puedo creer que el señor
Martínez Gorriarán crea que pueda existir un fracking limpio; él dice, fracking razonable, es genial, ese adjetivo es absolutamente genial. Ese tipo de expresiones, diría el señor Coscubiela que son un oxímoron, como el agua seca, en fin, algo
absolutamente increíble y disparatado.


Leyendo la exposición de motivos de esta iniciativa, cualquiera puede ver que el señor Martínez Gorriarán le está pidiendo al Gobierno, literalmente, la luna: normativa sobre construcción de pozos, sobre mantenimiento de pozos, control de
calidad de aguas superficiales y subterráneas, vigilancia microsísmica, normativa sobre el agua de retorno, análisis de referencia previo y obligatorio, monitorización de seguridad ambiental, etcétera. Debe ser peligrosísimo el fracking para que
tengan que incluir tantísimas cosas, una larguísima lista de tareas que le pone al ministro, yo espero que el ministro se asuste y que decida definitivamente prohibir el fracking y acabar antes con toda esta faena. En todo caso, me permitirán la
ironía, nuestro grupo parlamentario va a votar no a esta iniciativa, porque la ley que hace falta no es una ley de regulación del fracking para, permítanme la expresión, desasustar a los vecinos de las zonas donde se plantean proyectos de esta
naturaleza o para retirar competencias a las comunidades autónomas, tal como pide UPyD, porque lo lleva en su ADN, y también el Partido Popular, porque así lo ha planteado el Gobierno en una iniciativa, a la que luego me referiré. A nuestro juicio
la ley que hace falta es la de prohibición del fracking, como la iniciativa legislativa que hemos presentado desde La Izquierda Plural.


Vamos a votar no a esta proposición no de ley porque defendemos el valor de aquellas instituciones que, recogiendo la inquietud de sus ciudadanos se han pronunciado contra el fracking; como el Gobierno y el Parlamento de Cantabria, que
acaban de aprobar por unanimidad una ley que prohíbe el fracking, como las Cortes de Aragón, que aprobaron por unanimidad una declaración de territorio libre de fracking o la Diputación Provincial de Zaragoza, hace un par de semanas, también por
unanimidad, y estoy hablando de instituciones con mayoría absoluta del Partido Popular y a pesar de eso se ha concitado la unanimidad. Nosotros, desde luego, rechazamos el intento del Gobierno de apropiarse de competencias autonómicas para intentar
garantizar la luz verde para el desarrollo del fracking sin impedimentos administrativos por parte de ninguna comunidad. La iniciativa del Gobierno, a través del proyecto de ley para la garantía de suministro e incremento de la competencia en los
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, es absolutamente inaceptable y, como puede verse por el título de ese proyecto de ley,

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supone colar de rondón el fracking a través de unas disposiciones finales absolutamente extravagantes. Eso es legislar a traición, legislar por la puerta de atrás, y eso dice mucho de la forma en la que este Gobierno está impulsando esta
técnica al servicio, por supuesto, del lobby gasístico. Desde luego, La Izquierda Plural dice no al fracking, aunque en UPyD lo quieran vestir con lazos y canesú de color magenta. No se crean ustedes que van a crear 6 millones de puestos de
trabajo convirtiendo al país en un queso gruyere, no podemos sacrificar el medio ambiente y la salud de los ciudadanos y ciudadanas que viven en el medio rural para favorecer un negocio de grandes corporaciones gasísticas, que está por ver que
generen riqueza y empleo en nuestro territorio, está por ver. Por eso y por más cosas decimos no.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, debatimos la proposición no de ley presentada por el Grupo de UPyD, una proposición que no compartimos, en la que se insta al Gobierno a presentar en el plazo de seis meses desde su aprobación un proyecto
de ley para regular la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el método de fracturación hidráulica o fracking o técnicas análogas. Déjenme hacer unas breves consideraciones al respecto.


Primera. Mi grupo entiende que el fracking es una técnica extractiva que no está exenta de riesgos, reconociéndose al menos cinco. En primer lugar, los aditivos químicos para proporcionar al fluido las características requeridas, algunos
de los cuales puede resultar tóxicos y conllevar problemas de salud pública. En segundo lugar, la contaminación de acuíferos, seguramente la preocupación más grande de la sociedad. En tercer lugar, la gran cantidad de agua que requiere el proceso.
En cuarto lugar, la utilización intensiva de suelo, puesto que los yacimientos no convencionales tienen una gran extensión en el subsuelo. Y por último, el riesgo sísmico. No obstante, y sin perder de vista estos riesgos a los que he hecho
referencia, en mi grupo parlamentario evidenciamos dos cuestiones. La primera es que algunos de estos riesgos no pueden ser generalizados porque dependen de la zona en cuestión. No en todas las áreas es probable que haya un alto riesgo de
actividad sísmica o que la contaminación de los acuíferos sea alarmante si es una zona donde no hay. Por tanto, hemos de ser muy rigurosos y contextualizar todos estos riesgos según las particularidades y la especificidad del territorio. Y la
segunda cuestión es constatar que a día de hoy aún no hay una posición unánime sobre esta técnica dentro del Estado español, ni en Europa, donde mediante un informe se ha recomendado a los Estados miembros que incorporen una regulación, consideren
los riesgos en términos de salud pública e impacto medioambiental y hagan públicos los componentes usados en los pozos de perforación, pero no se ha fijado todavía una normativa que detalle cuáles son las medidas de seguridad pertinentes. A pesar
de ello, y porque en mi grupo parlamentario entendemos que se trata de una cuestión europea que, de no regularse en el marco comunitario, llevaría a una proliferación de normativas dispares que generarían conflicto entre Estados, creemos que el
referente regulatorio debe ser Europa y no el Estado. En este sentido queremos evidenciar que si bien es cierto que no hay nada en firme sobre la mesa en Europa, sí que se han producido avances pues la Comisión Europea está llevando a cabo una
consulta pública sobre los combustibles fósiles no convencionales en Europa y, una vez finalizada esta iniciativa, todo parece indicar que se promoverá una directiva al respecto. Por todo ello discrepamos de la posición del Grupo de UPyD de
recurrir al Estado para que regule o articule cualquier mecanismo de supervisión sobre la fractura hidráulica y creemos que lo más eficiente es remitirnos al marco europeo y a la legislación que Europa apruebe.


En relación con la creación de un organismo supervisor público para la vigilancia y control del desarrollo de la fracturación hidráulica, como propone el Grupo de UPyD, creemos que no solo es innecesario por lo que he explicado
anteriormente, sino que también consideramos que es algo contraproducente teniendo en cuenta que las competencias en materia de fractura hidráulica están repartidas entre el Estado y las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas ostentan la
competencia en el ámbito de la investigación de hidrocarburos y el Estado en materia de explotación. Ello ha llevado a algunos conflictos, a algunos problemas, y es precisamente en este punto donde Convergència i Unió defiende que el rol de las
comunidades autónomas es esencial para evitar conflictos mayores, pues son estas las que mejor conocen el territorio y pueden defender los intereses de los ciudadanos. En este sentido y en relación con las competencias y el papel de las comunidades
autónomas en este ámbito, creemos que sería necesario transferir a las comunidades autónomas que lo soliciten la autorización para permisos de explotación e investigación. Al mismo tiempo, entendemos que en esta materia sería necesario establecer
la necesidad

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de un informe preceptivo de las comunidades autónomas afectadas en su ámbito territorial para evitar divergencias y conflictos. Creemos, por tanto, que el papel de las comunidades autónomas en este ámbito es esencial.


Hechas estas consideraciones, nuestro grupo votará negativamente esta proposición no de ley al estar en desacuerdo con la misma en los tres puntos en los que insta al Gobierno a avanzar en términos legislativos para unificar algo que se
aleja del respeto a las competencias autonómicas que nuestro grupo defiende y defenderá de manera muy contundente y que se aleja también de referenciar a Europa, al marco legislativo europeo sobre esta técnica que, sin duda alguna, creemos que es
quien debe actuar en estos casos.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Mario Flores.


El señor FLORES LANUZA: Señorías, señor Martínez Gorriarán, no podemos estar más de acuerdo con los planteamientos de inicio recogidos en la exposición de motivos de la PNL formulada por el Grupo UPyD. La dependencia energética en
hidrocarburos de nuestro país es una realidad objetiva y contrastada, siendo todos conscientes de la importancia del coste de la energía como factor fundamental de competitividad económica de un país. Por ello entendemos necesario estar abiertos a
cualquier posibilidad que pueda disminuir esa dependencia energética y, en consecuencia, a que se den las condiciones legales y de seguridad necesarias para que se pueda explorar e investigar cualquier fuente de energía, incluidas las no
convencionales. Entendemos que es necesario conocer y valorar los recursos energéticos de que disponemos y que esto se haga en un marco que otorgue las suficientes garantías para que no se genere ningún tipo de alarma social, como la que parece que
crea el señor Baldoví en su intervención. Yo, señor Baldoví, le recomendaría que cuando compre usted un medicamento y lea el prospecto no solamente mire las contraindicaciones, si no la verdad es que usted difícilmente se curará. Por ese mismo
motivo, el Gobierno de España, consciente de la necesidad y de la importancia social y económica de seguir investigando cualquier fuente de recursos energéticos, mantiene una permanente preocupación y atención para que estas actividades puedan
desarrollarse. En este sentido, les tengo que recordar, señorías, que el Consejo de Ministros, en su sesión del pasado 15 de marzo, ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto de ley de garantía de suministro e incremento de la competencia de
los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que incluye medidas para reforzar el seguimiento y control de la investigación de los recursos de hidrocarburos no convencionales, en concreto las disposiciones finales segunda y tercera, a las
que ha hecho referencia el señor Yuste.


En este proyecto de ley, y con el objetivo de clarificar aspectos jurídicos relacionados con las técnicas de explotación y producción de hidrocarburos y de garantizar la unidad de criterio en todo el territorio español, como ustedes proponen
en su proposición no de ley, se introduce una disposición relacionada con el régimen jurídico. En particular, se hace explícita la inclusión en al ámbito objetivo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, de determinadas
técnicas habituales en la industria extractiva, reconociéndose su carácter básico, en concreto las técnicas de fracturación hidráulica. Concretamente, se añade un apartado 5 en el artículo 9 de esta ley. Asimismo, con objeto de evaluar los
impactos sobre el medioambiente de los proyectos que requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, se incluye la obligación de someterlos al procedimiento previsto en la sección 1 del capítulo II del texto refundido de la Ley de
evaluación de impacto ambiental, aprobado por el Real Decreto 1/2008, de 11 de enero. Concretamente, se añade un nuevo párrafo e) al anexo 1 del grupo 2, por lo que para la autorización de este tipo de proyectos se exigirá una previa declaración de
impacto ambiental favorable, aunque tengo que decirles que hasta ahora en todos los permisos de exploración que se han solicitado se ha hecho el impacto ambiental como medida cautelar. O sea, señor Lavilla, aquí nada de ley de la jungla porque se
han tomado todo tipo de medidas.


Cabe añadir, por último, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está trabajando en el anteproyecto de ley ambiental; de hecho en el pasado Consejo de Ministros, hace seis días, se analizó el anteproyecto que unifica
la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental y simplifica los trámites administrativos, y el propio ministro avanzó personalmente que el anteproyecto incluye la obligatoriedad de que la fractura hidráulica o el fracking
se someta a procedimiento de evaluación ambiental ordinaria. Sin duda, dadas sus inquietudes respecto a ese punto que ha añadido que en su PNL, esas dudas que tienen sobre los espacios protegidos, no tendrá ningún problema teniendo que cumplir
estas evaluaciones ambientales.

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Como verá, señoría, son medidas legislativas que por el momento son suficientes y dan cobertura legal y seguridad jurídica, social y medioambiental para poder explorar e investigar la existencia de recursos energéticos no convencionales
mediante técnicas de fracturación hidráulica. Por otra parte, los estudios y las investigaciones sobre los efectos de la técnica del fracking en nuestro país continúan y ello nos permitirá en un futuro disponer de criterios comunes para la
valoración de los impactos y para la adopción de adecuadas medidas correctoras. Los resultados de estos estudios, junto con los realizados en otros países siguiendo las recomendaciones realizadas por el Parlamento Europeo a las que ustedes han
hecho referencia, servirán de base para la elaboración de una futura normativa. Creemos que debemos hacer un uso racional de la legislación y que no por más legislar tendremos mayor seguridad jurídica. Por ello, no entendemos que exista en estos
momentos la necesidad de dotarlos de una legislación específica en materia de fracking, siendo suficiente enmarcar su regulación en la legislación sobre hidrocarburos y sobre evaluación medioambiental existente. En consecuencia, nuestro grupo
votará en contra de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Gorriarán, entiendo que admite su propia enmienda pero me gustaría que manifestara su posición frente a la enmienda del Partido Socialista.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: No la acepto, señor presidente.


- SOBRE LA MARCA TURÍSTICA 'LA ESPAÑA VERDE', DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001511).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la marca turística España Verde. Para su defensa tiene la palabra la señora María del Puerto Gallego.


La señora GALLEGO ARRIOLA: La propuesta que el Grupo Socialista trae a esta Comisión está firmada por los representantes socialistas de las cuatro comunidades autónomas que componen la marca España Verde, que son las comunidades de Galicia,
Asturias, Cantabria y el País Vasco. Es un territorio amplio del norte de España, que se extiende desde Bayona a Bayona, con una población de 6,5 millones de habitantes y que presenta como principales notas definitorias la autenticidad, la
diversidad y la calidad. Con el objetivo de contribuir a su promoción como destino turístico, se tuvo la buena visión de firmar protocolos de colaboración entre el Gobierno central -a través de la Secretaría de Estado de Turismo- y las consejerías
de las cuatro comunidades autónomas, llegando al año 2010 en que se firmó el decimoquinto protocolo de colaboración entre Turespaña y las cuatro comunidades autónomas, con un presupuesto de 800.000 euros cofinanciados al 50 %. Los diferentes
protocolos firmados han tenido resultados y la marca España Verde se ha convertido en la actualidad en una marca turística que ha alcanzado un notable posicionamiento en los mercados extranjeros, con unas óptimas previsiones de implantación. Se han
ido contemplando acciones de promoción y apoyo a la comercialización y se ha tenido en cuenta la oferta gastronómica, la oferta cultural y también el turismo de naturaleza. Protocolos de colaboración de los que no hemos tenido noticia en los
últimos años y cuya ausencia, así como la falta de financiación, supone un retroceso en los objetivos que se habían conseguido. Vemos con preocupación el descenso de las pernoctaciones hoteleras en la España Verde, 30.000 personas menos en febrero
si comparamos su número con respecto al mismo mes de 2012. Hay que añadir que en los dos presupuestos de turismo ha descendido la partida presupuestaria para la entidad Turespaña. Es cierto que están influyendo diferentes factores pero, si la
actividad turística es clave para la economía de nuestro país y si es considerada un sector estratégico de nuestra economía, el turismo también ha de ser una apuesta prioritaria del Gobierno por su aportación al empleo y al crecimiento del PIB. Y
no lo digo yo sino que lo leemos en la introducción del Plan nacional e integral de turismo, que ha sido presentado hace unos meses. Estudiando las medidas que propone este Plan nacional de turismo, observamos que coinciden con las características
de la España Verde: la puesta en valor el patrimonio cultural, natural, enogastronómico, que contiene una importante oferta diferenciadora y que es la base para la diversificación territorial y de los mercados, y además es la clave para que se
convierta en un factor de competitividad. Por lo tanto, aprovechamiento del patrimonio cultural, España Verde; aprovechamiento del patrimonio natural con impulso de un producto de turismo de naturaleza, España Verde; aprovechamiento del
patrimonio gastronómico, el norte y la gastronomía se venden solos; fomento del turismo sostenible con el medio ambiente, España Verde. Como ven, no hay excusas para no invertir en la marca España Verde. Y en este sentido nos alegra ver

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que ha existido ya una reunión en marzo con los responsables y técnicos turísticos, que ha tenido lugar en mi tierra, en Cantabria, con la intención de perfilar un nuevo plan estratégico de promoción de la marca que, en colaboración con
Turespaña, contemple acciones hasta 2015. Esperamos que no se quede en una simple reunión, en un simple anuncio, que exista más concreción en la elaboración de ese plan estratégico y que se elabore cuanto antes porque estamos ya perdiendo tiempo.
Pero sobre todo hay que hablar de financiación, de partidas concretas para cada medida de este plan, porque observamos con preocupación que, por segundo año consecutivo, los presupuestos de la industria turística, considerada sector estratégico,
están disminuyendo de forma alarmante. En definitiva, y por todas las razones expuestas, creemos que es razonable e inteligente que el Gobierno siga promoviendo la marca España Verde como destino de calidad, que firme cuanto antes el protocolo de
colaboración con las cuatro comunidades autónomas del norte de España, pero para que sea creíble debe aportar una financiación adecuada.


Para finalizar, les invito a que visiten cualquier rincón de Galicia, de Asturias, de Cantabria o del País Vasco, que paseen por sus pueblos, que conozcan a sus gentes y sus paisajes naturales, que disfruten de su buena gastronomía, porque
seguro que repiten y que entienden la importancia de que el Gobierno se implique, porque los retornos económicos y sociales van a ser de gran interés.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por parte del Grupo Parlamentario UPyD, tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Francamente, cuando leí esta proposición no de ley me pareció un tanto genérica y más parecida a un anuncio de promoción turística en televisión en prime time o cualquier cosa parecida que una proposición no de
ley seria, pero tras oír la defensa todavía me parece que este rasgo es más acusado, aunque al final ha quedado claro que de lo que se trata es de pedir más dinero público, más gasto para promover una marca que, según nos ha dicho la propia
proponente, se vende sola (Risas), lo cual no deja de ser una curiosa paradoja. La verdad es que a nosotros nos parece muy bien que se hagan planes de promoción y de desarrollo de cualquier actividad económica, como he dicho en todas mis
intervenciones y seguiré diciendo, para salir de la pavorosa crisis que en que estamos, pero que esto se haga con mayor gasto público -que no se sabe muy bien para qué es más allá del objetivo general de promover una marca que, como usted dice, es
auténtica y se vende sola-, no lo vemos coherente. Si fuera algo más detallado y nos dijera exactamente para qué hace falta esa financiación, en cuánto se estima y qué retornos y beneficios espera conseguir, la veríamos como una propuesta de
inversión, pero como no es una propuesta de inversión, es una propuesta de gasto. Y si es una propuesta de gasto, todo lo que sea distraernos de las cuestiones esenciales -los 6,2 millones de parados, el casi 60 % de paro juvenil, la pérdida de
competitividad, etcétera- nos parece que es no solamente un brindis al sol sino gastar la pólvora del rey -que en este caso es nuestra pólvora porque no es otra la que hay- en salvas.


Por lo tanto nos abstendremos, porque nos parece muy bien promover el turismo o promover actividad económica alternativa, etcétera, pero que sea solo para conseguir más financiación pública cuando ya existen en todas estas comunidades
autónomas y en el propio Estado organismos cuya única y exclusiva finalidad es la promoción turística, no lo vemos. Nos parece algo que no se ha defendido adecuadamente ni se ha explicado su necesidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: Intervengo con brevedad, señor presidente. No vamos a discutir sobre la importancia del turismo en nuestra economía ni sobre los valores que tienen las cuatro comunidades autónomas del eje atlántico, que son
auténticas potencias turísticas en turismo cultural, en turismo gastronómico, en turismo ecológico, en turismo deportivo; son potencias tanto en turismo rural como en turismo urbano por las importantes ciudades que tienen, y además sin renunciar a
la playa, no digo al turismo de sol y playa pero sí a la playa y a las atracciones relacionadas con el mar, con el submarinismo, con el surfing, etcétera. Sin embargo, nuestro grupo parlamentario no comparte la filosofía que entendemos que hay
debajo de esta proposición no de ley que ha presentado hoy el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que debajo de la marca España Verde se esconde un intento de recentralizar las competencias en materia turística que, como todo el mundo sabe, son
competencias autonómicas y esa es la línea roja que no estamos dispuestos cruzar. Desde luego el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y las

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izquierdas de Galiza, Asturies, Cantabria y Euskadi que representamos nos oponemos a esa política de imposición desde Madrid que suplante las políticas turísticas de las comunidades autónomas, que siempre van a ser unas políticas más pegadas
al terreno. Por esa razón vamos a votar en contra de esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, voy a hacer unas breves reflexiones en el debate de la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista. En primer lugar, mi grupo parlamentario quiere insistir en la defensa de la diversidad de
marcas en la estrategia del sector turístico. Ya insistimos en ello en su momento en el debate del Plan nacional de turismo, que priorizaba la difusión de la marca España. En contra, el grupo parlamentario que represento defendía y defiende el
valor de la diversidad, el valor de marcas como la marca Barcelona, Baleares, Camino de Santiago y muchas otras que no están sufriendo la devaluación que sufre hoy la marca España en los mercados internacionales. Por tanto, estamos convencidos de
que utilizar, promocionar y difundir estas marcas de valor era y es positivo para todos, para el conjunto del sector turístico y para el conjunto de la economía española. En segundo lugar, la marca España Verde es una marca turística que agrupa
cuatro comunidades autónomas, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, todas ellas con una importante oferta de turismo rural. El proyecto se inició en el año 1989, pero a partir del año 1996 se dinamiza con más promoción y con la firma de un
protocolo de colaboración entre las comunidades autónomas y el Gobierno español a través de Turespaña con periodicidad anual. La Comunidad Autónoma de Cataluña no participa; en cambio nuestra comunidad autónoma sí está integrada en la marca
turística Pirineos, también apadrinada por Turespaña y que agrupa las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón y Navarra. En tercer lugar, hemos de decir que las actuaciones referentes al posicionamiento de la marca España Verde en los mercados
emisores no son ajenas a los objetivos estratégicos y a los operativos del destino turístico de Cataluña.


Hechas estas consideraciones y reflexiones, nuestro grupo se abstendrá ante esta proposición no de ley, y lo hará porque entiende que le falta contenido y por razones de defensa de las competencias, de defensa de la diversidad de marcas.
Asimismo nuestro grupo parlamentario entiende que el Gobierno ha de velar por que los esfuerzos promocionales por parte del Estado para las diferentes marcas turísticas, entre ellas España Verde y Pirineos, sean esfuerzos proporcionales; por ello
velaremos y trabajaremos.


Volviendo a mis consideraciones iniciales y dado el momento actual de necesarias políticas que permitan poner en valor marcas de reconocido prestigio que también contribuyen a los objetivos de diversificación y desestacionalización, creemos
que es necesario insistir en este sentido de la diversidad para también poder neutralizar, como decía al principio, los efectos negativos que hoy la marca España pueda tener.


El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Riera. Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora RIERA I REÑÉ: Concluyo, señor presidente. Ya he expuesto las razones por las que nuestro grupo parlamentario se abstendrá ante esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Comunico a los responsables de los grupos parlamentarios, sobre todo a los mayoritarios, que en cinco minutos procederemos a la votación. Lo digo con el fin de que vayan convocando a sus diputados.


Para fijar posición por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Margarita del Cid.


La señora DEL CID MUÑOZ: Señorías, con referencia a esta proposición no de ley de la marca España Verde y en alusión al primero de sus puntos, es decir, la marca España Verde como destino de calidad, el Grupo Parlamentario Popular está
seguro de que su señoría conoce que la Secretaría de Estado de Turismo a través del Instituto de Turismo de España participa activamente en la marca España ya que este organismo tiene como principal competencia la promoción exterior del destino
España como destino turístico. No hay que olvidar, señorías, que ha sido este Gobierno el que ha elevado el turismo a política de Estado. Y dentro del marco de la promoción de España y bajo el paraguas de la marca, se promociona la marca
interregional España Verde. Esta marca fue creada precisamente para posicionar en los mercados emisores toda la oferta de las cuatro comunidades autónomas que componen dicha marca. Desde el Plan nacional integral de turismo se apoya el turismo de
naturaleza como un turismo desestacionalizador y de calidad.

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En segundo lugar y en referencia al protocolo de colaboración entre las comunidades autónomas de Galicia, del Principado de Asturias, de Cantabria y del País Vasco, y la Secretaría de Estado Turismo, conoce también su señoría que desde 1989
Turespaña colabora con las comunidades autónomas integrantes de la España Verde promoviendo la marca en mercados internacionales. La colaboración ha sido amplia y se ha explicitado en general en campañas de publicidad y en acciones de márquetin en
ferias, viajes de prensa, viajes de familiarización, en márquetin directo, que se han ejecutado con las oficinas españolas de turismo en el exterior, así como con la edición de publicaciones y elaboración de estudios de marca. En términos
económicos esta colaboración ha supuesto solo en el periodo 2005-2010 una aportación media anual de más de 700.000 euros en concepto de campañas de publicidad financiadas a medias con las comunidades autónomas, que han puesto un importe equivalente.
Indiscutiblemente, Turespaña ha estado en el proceso de creación y en el proceso de promoción internacional de la España Verde de forma comprometida. Esta colaboración ha tenido que servir para fortalecer y lanzar la marca a lo largo de los veinte
años en los que se ha llevado a cabo este apoyo. En 2011, en un marco económico distinto y habiendo apoyado la marca de forma sustancial a lo largo de los años, la aportación de Turespaña se redujo a 200.000 euros. A partir de 2012 la firma de
convenios de colaboración que supusieran transferencias de fondos del sector público estatal al de las comunidades autónomas o compromiso de gasto para las comunidades firmantes quedó sujeta al cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, y eso, señorías, no es responsabilidad de este Gobierno. Esto no son excusas, señoría, son compromisos y criterios que todo Gobierno debe tener y debe cumplir. En consecuencia, no se firmó un convenio de colaboración en 2012 que
supusiera aportación económica, lo cual no supone dejar de apoyar la España Verde. No obstante, Turespaña ha puesto como siempre a disposición de las comunidades la colaboración de sus servicios centrales y los recursos de su red de oficinas
españolas de turismo en el exterior, además de sus medios informáticos. En este marco de colaboración a lo largo de 2012 se han llevado a cabo una serie actuaciones de promoción en determinados campos internacionales: en Alemania, Bélgica, Italia,
Noruega, Japón ademas de y propuestas de las distintas comunidades autónomas y apoyadas por las oficinas de turismo, y así se continuará en el año 2013.


Último punto, financiación adecuada y suficiente para desarrollar los planes estratégicos de promoción e internacionalización de la marca España Verde. Actualmente las comunidades junto con Turespaña trabajan en la definición de acciones
concretas, como usted ha dicho, que respondan al posicionamiento real de la marca, que definan los productos que constituyen las señas de identidad diferenciadoras del resto de la oferta, que permitan trabajar en productos que vertebran la España
Verde entre otros objetivos. Igualmente se trabaja en la definición de acciones concretas en mercados prioritarios, conclusiones sobre el uso de la marca, y forma de los proyectos en el futuro plan estratégico, así como acciones on line para las
que Turespaña va a ser el primer impulsor.


Turespaña está en estrecha comunicación con la España Verde y trabajará las propuestas concretas con los límites que el marco presupuestario establezca. Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular no apoyará la proposición no de ley, ya
que entendemos que las iniciativas que se recogen se desarrollan en la actualidad desde Turespaña y en aplicación del Plan nacional de turismo.


El señor PRESIDENTE: Si están preparados los portavoces vamos a proceder a la votación. Se van a votar, en primer lugar, todas las proposiciones no de ley debatidas en el día de hoy, y en último lugar la proposición no de ley que se vio en
la última sesión del pasado 10 de abril. Votamos el punto 18.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán, relativa a la creación de la línea específica para la restructuración industrial de empresas con viabilidad.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el punto 19.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre paralización del proyecto de explotación minera de magnesitas de Borobia, en Soria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el punto 20.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de real decreto que permita el despegue y la consolidación del sector de la biomasa térmica y eléctrica y
el biogás en España.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el punto 21.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre impulso del modelo de colaboración públicoprivada para promover inversiones en medidas de eficiencia energética en el sector de la edificación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el punto 22.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia por la que se insta al Gobierno a la presentación, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación, de un proyecto de ley para regular
la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el método de fracturación hidráulica o fracking o técnicas análogas. Esta proposición no de ley se vota en los términos de la autoenmienda del grupo proponente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el punto 23.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la marca turística La España Verde.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN EL MAR MEDITERRÁNEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000255).


El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley que fue debatida en la última sesión del pasado 10 de abril. Es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la prohibición de las prospecciones
petrolíferas en el mar Mediterráneo. Esta proposición no de ley tuvo una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que fue rechazada. Por lo tanto se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y diez minutos del mediodía.