CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 270

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 13

celebrada el martes,

26 de febrero de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre creación de un plan integral de empleo juvenil. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000656) ... (Página2)


- Relativa al reembolso de los gastos derivados de las prestaciones sanitarias dispensadas en España a ciudadanos europeos asegurados en otros Estados miembros durante su estancia temporal en nuestro país. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001111) ... (Página2)


- Sobre supresión de la aplicación de tasas judiciales a los trabajadores en el orden social. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001051) ... (Página7)


- Sobre 'Programa para reforzar la integración de los inmigrantes'. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000800) ... (Página11)


- Por la que se insta al Gobierno a modificar las condiciones de acceso a la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001084) ... href='#(Página15)'>(Página15)


- Sobre la reforma de la legislación en materia de seguridad social aplicable a los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial dictaminada como discriminatoria por el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Presentada por el
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001092) ... (Página15)

Página 2

- Sobre la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001291) ... (Página15)


- Sobre la Carta Social Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000758) ... (Página21)


Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar inicio a la sesión de esta Comisión de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar lo que quiero hacer como presidente de la misma es dar una especial bienvenida a la secretaria segunda porque fue elegida
hace cinco meses, doña Patricia Blanquer, y afortunadamente hoy puede estar aquí presente trabajando con nosotros, cosa que le impidió la salud. Es un motivo de satisfacción para todos nosotros que esté sentada aquí en la Mesa de la Comisión.


En segundo lugar, también les quiero decir que desde hoy quien durante años ha sido el letrado de esta Comisión, don Ignacio Gutiérrez, ya no lo es, porque razones de otras competencias en la Cámara le han obligado a tener que abandonar esta
Comisión, pero en nombre de la misma y desde luego en el mío propio quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento a su buen quehacer, a su tutela jurídica, a su trabajo, a su experiencia y a su plena colaboración, al menos con este presidente y
con el resto de los miembros de la Comisión también.


Esto me lleva a su vez a dar la bienvenida a doña Ana Aizpuru que va a ser la letrada de la Comisión, pero que también lo lleva siendo hace años en la Comisión de Asuntos Exteriores. Es una gran profesional que no desmerecerá en modo alguno
el trabajo que los letrados han venido haciendo tradicionalmente en esta Comisión.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE CREACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE EMPLEO JUVENIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000656).


El señor PRESIDENTE: Les he de informar a sus señorías de que nos encontramos con un accidentado orden del día de la Comisión por cuanto ha de ser modificado. Como ven en el orden que tienen y está repartido los puntos 1.º, 2.º y 3.º se
refieren fundamentalmente a la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Habíamos acordado en Mesa y Portavoces acumularlas. Se había establecido discutirla en primer lugar por cuanto había un interés especial por razones de otras
obligaciones del portavoz de La Izquierda Plural, pero ayer a la noche me pidieron varios portavoces que lo aplazáramos, que les venía mal iniciar la Comisión con este debate, con lo cual procedería al debate el punto 4.º del orden del día, del
Grupo Mixto, sobre creación de un plan integral de empleo juvenil, pero también resulta que ayer a última hora fue retirada por el autor de la iniciativa.


El siguiente punto del orden del día a debatir sería el 5.º, sobre la Carta Social Europea, del Grupo Parlamentario Vasco, pero su portavoz, don Emilio Olabarría, nos acaba de solicitar por razones que no ha desvelado pero debido a unos
intereses urgentes fuera de la Cámara, que la pospusiéramos si era posible al último punto del orden del día. Este presidente asumió que el último punto del orden del día fuera el que le pidieron las personas que iban a intervenir, pero eso se va a
subsanar.


- RELATIVA AL REEMBOLSO DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DISPENSADAS EN ESPAÑA A CIUDADANOS EUROPEOS ASEGURADOS EN OTROS ESTADOS MIEMBROS DURANTE SU ESTANCIA TEMPORAL EN NUESTRO PAÍS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001111).


El señor PRESIDENTE: Hemos acordado, porque están presentes los portavoces de todos los grupos parlamentarios y así lo han admitido, que vamos empezar la discusión por el punto 7.º, relativo al reembolso de los gastos derivados de las
prestaciones sanitarias dispensadas en España a ciudadanos europeos asegurados en otros Estados miembros durante su estancia temporal en nuestro país. Es autor de esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Popular.

Página 3

Posteriormente lo haremos con las tasas judiciales, que es el punto número 6.º del orden del día y a partir de ahí estaremos a lo que suceda, si los portavoces del debate acumulado comparecen y podamos debatir o no. En todo caso vamos a
iniciar por aquí la sesión, recordándoles el acuerdo de la Mesa y portavoces, por el cual saben ustedes perfectamente los tiempos de que se dispone: siete minutos el grupo autor de la iniciativa, cinco minutos los grupos enmendantes ahí donde las
hubiere las enmiendas y tres minutos los grupos parlamentarios que quieran fijar su posición. A estos efectos, para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz.


El señor MORENO PALANQUES: El turismo, como todos ustedes saben, es uno de los principales sectores que debe impulsar el retorno de nuestro país a la senda de crecimiento económico. En su consolidación y desarrollo no solamente influyen
aspectos como el transporte, la hostelería u otras circunstancias geográficas y climatológicas históricas o culturales sino también aspectos como el de la seguridad, al menos la seguridad percibida por quien viene a visitar nuestro país, y un
sistema sanitario que sea solvente, que sea eficaz y en el caso español no solamente solvente y eficaz sino que también tiene un importante reconocimiento internacional. Esto exige una mejora continua y medidas que aseguren su viabilidad.


En este sentido hay que recordar que el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la gestión de prestaciones de asistencia sanitaria derivadas de la aplicación de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales de la
Seguridad Social puso de manifiesto que en España había más de 453.000 personas no españolas con tarjeta sanitaria, en muchos casos además recibida como personas sin recursos sin serlo, emitida por comunidades autónomas que no habían comprobado
cobertura por otro Estado, el lugar de residencia efectiva o el nivel de ingresos. También detectó este informe un porcentaje significativo de ciudadanos de países limítrofes que residen en su país de origen y que hacen uso de su tarjeta sanitaria
en España cuando les conviene. Esto ha supuesto un coste añadido para nuestro país de más de 450 millones de euros anuales. Por otro lado hay que recordar la trasposición de la Directiva comunitaria sobre libre circulación y residencia de los
ciudadanos de la Unión Europea, por la que según el ordenamiento jurídico comunitario cualquier prestación no contributiva, y hay que recordar que la sanidad lo es, la asistencia sanitaria, que se preste a ciudadanos nacionales de un Estado miembro
debe hacerse en igualdad de condiciones que a los ciudadanos comunitarios que residen en ese Estado miembro. Los reglamentos comunitarios de Seguridad Social y la Directiva 2011/24, de derecho de pacientes a la asistencia sanitaria transfronteriza,
consagran los conceptos de país de aplicación, que es el que corre con los gastos, de asegurada o asegurado, que es la persona que tiene cubierta la asistencia con fondos públicos, y la portabilidad de los derechos, que es la capacidad de que el
asegurado extienda la cobertura a cualquier Estado miembro en el que desee residir.


El Gobierno anterior tomó decisiones normativas, dos modificaciones concretamente el año 2005 y 2009 del artículo 12 de la Ley 4/2000, extendiendo el derecho a la asistencia sanitaria a todos los extranjeros, con o sin residencia legal,
comunitario o extracomunitario y solo por el empadronamiento. Todo además se hizo sin trasponer de la Directiva sobre libre circulación y residencia un artículo que prohibía explícitamente desplazarse a otro país en busca de asistencia sanitaria.
Esto dio lugar a un dictamen motivado de la Comisión Europea contra el Reino de España por negarse el Instituto Nacional de la Seguridad Social a expedir tarjetas sanitarias europeas a ciudadanos comunitarios que habían conseguido la condición de
asegurado en España vía empadronamiento.


Como saben ustedes, el dictamen motivado es el paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo. Y esto hay que recordar que tiene tres riesgos importantes. El primero de ellos es la paralización de los fondos inmediatos y en
caso de condena una multa millonaria por día de incumplimiento y, lo que es peor, que España tuviera que adoptar la tesis del dictamen motivado. Por lo tanto, por el mero empadronamiento, España tendría que proporcionar asistencia sanitaria con
fondos públicos a cualquier ciudadano de la Unión, estamos hablando de ciudadanos europeos, a cualquier ciudadano de la Unión, y lo que es peor, hacerse cargo de la misma cuando volviesen temporalmente a su país de origen. Esto sencillamente
llevaría a un estado de quiebra técnica al Sistema Nacional de Salud al no ser capaz de sufragar este gasto.


Estos fueron los detonantes que dieron lugar a la reforma establecida en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que se estableció extendiendo la protección a toda la población
española y al mismo tiempo racionalizando la gestión de la cobertura sanitaria a los extranjeros. Con todo, el Tribunal de Cuentas identificó otras deficiencias que atentan

Página 4

contra la sostenibilidad del sistema sanitario. Por un lado los servicios de salud apenas facturan prestaciones farmacéuticas y servicios de urgencias a los asegurados de otros Estados en estancia temporal en España; por otro, las tarifas
de los distintos servicios de salud en unos casos no son homogéneas y en otros no están actualizadas. Hay que recordar que hay comunidades autónomas que están facturando con tarifas del año 2006.


Ante esto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el organismo de enlace responsable del reembolso de los gastos de asistencia sanitaria prestada al amparo de la normativa internacional, ha desarrollado una actividad constante
de concienciación a las comunidades autónomas en el sentido de que es necesario un control de facturación de las prestaciones a los extranjeros y desarrollando un sistema de conexión electrónica con los servicios de salud para facilitar la
facturación electrónica y su remisión al Instituto Nacional de Seguridad Social para el cobro al organismo asegurador. Esto supone disminuir los plazos de facturación y los riesgos de error. Sin embargo, el análisis de la memoria anual del
Instituto Nacional de Seguridad Social pone de manifiesto una facturación emitida por asistencia sanitaria a prestar a la estancia temporal y una facturación recibida de los Estados miembros por el mismo concepto, que difiere mucho a los flujos de
turismo emisor y receptor del Instituto de Estudios Turísticos. De hecho el número de turistas es 4,5 veces mayor al número de turistas que nosotros emitimos y la facturación emitida únicamente dos veces. Esto significa una clara infrafacturación
por tarifas reducidas o desactualizadas o que no se factura toda la asistencia a asegurados extranjeros. Por eso son necesarias urgentemente medidas que garanticen la facturación y reembolso de los gastos por extranjeros en estancia temporal que
reciben asistencia sanitaria.


Esta es la razón por la que se ha planteado esta iniciativa, esta proposición no de ley para instar al Gobierno a adoptar estas medidas necesarias de coordinación y lograr que toda la prestación sanitaria dispensada a asegurados de otros
Estados durante su estancia temporal en España sea facturada y su coste reembolsado.


El señor PRESIDENTE: A partir de aquí no habiendo enmiendas formuladas a su iniciativas, ¿grupos parlamentarios que quieran intervenir al respecto? (Pausa). Tiene la palabra el señor Picó, por Convergència i Unió, por tres minutos.


El señor PICÓ I AZANZA: El Grupo Parlamentario Popular nos trae a esta Comisión una proposición no de ley relativa al reembolso de los gastos derivados en las prestaciones sanitarias dispensadas en España a ciudadanos europeos asegurados en
otros Estados miembros durante su estancia temporal en España. No es de recibo que esta Comisión sea la competente para debatir esta proposición no de ley, tras el cambio del modelo sanitario operado por el Real Decreto Ley 16/2012.


Como bien saben, nuestro grupo parlamentario no ha compartido esta modificación sustancial de uno de los pilares de nuestro sistema de bienestar. No porque no creamos que no debamos tomar medidas para mejorar la sostenibilidad y para
mantener además la calidad de nuestro sistema sanitario. No, sino porque la modificación ha comportado dos hechos que no podemos compartir. Por un lado hemos pasado de un sistema de salud universal al de prestación al asegurado, rompiendo el
modelo que todos compartíamos. Por otro, porque niega la asistencia primaria a todos los inmigrantes en situación irregular que se encuentran en nuestro país. Con esta decisión podemos pagar muy caro si los inmigrantes irregulares no pueden acudir
a la atención primaria a tratarse de sus enfermedades crónicas, de los problemas que ya tienen, porque si empeoran y los dejamos empeorar tendrán que ser asistidos por urgencias, con muchísimo más coste para la vida de estas personas, para el
sistema sanitario y para el resto de los ciudadanos. Por ello y por otros contenidos nuestro grupo parlamentario no apoyó el mencionado real decreto-ley.


La proposición no de ley trae a debate, además, la incidencia del tratamiento sanitario de los ciudadanos europeos a España, lo que hemos llamado o se ha llamado turismo sanitario. Para atajar el turismo sanitario, señorías, no era
necesario el real decreto-ley al que antes me refería. Debo decir además que la iniciativa de la proposición no de ley se justifica por los antecedentes y leo literalmente: Poner de relieve la existencia aun de importantes deficiencias en la
facturación de determinadas prestaciones sanitarias por parte de los servicios de salud, sin que se especifique mucho más. El petitum de la proposición no de ley reclama más coordinación. ¿En qué sentido? Tampoco se especifica. Yo podría
especificar mucho más, podríamos hablar de la mejora de la gestión de la información, del control caso a caso, de la mejora de los trámites de cobro y reembolso, del control de fraude o del incentivo del cobro directo. Todo esto sin lugar a dudas
debe mejorarse. Sin lugar a dudas máxime cuando las principales administraciones que

Página 5

sufren el mayor gasto y el menor ingreso son las administraciones sanitarias, las comunidades autónomas. Por otro, y a esto quería referirme, el turismo sanitario,que la proposición no de ley considera como un defecto de ingresos y un
incremento de gastos, con lo cual estamos de acuerdo, también queremos que se vea como una oportunidad. Si somos destino de turismo sanitario es porque disponemos de una cartera de servicios amplia, de una buena asistencia y de grandes
profesionales, tanto en el sector público como en el sector privado. La calidad sanitaria también es un factor de competitividad que no debemos despreciar en términos de creación de empleo.


Volviendo a la proposición no de ley, a pesar de la imprecisión que decía de la misma, le daríamos apoyo, en el bien entendido que deben impulsarse medidas para cubrir todas aquellas lagunas que han permitido que no exista una adecuada
retribución de las prestaciones sanitarias en España a ciudadanos europeos asegurados en sus países de origen.


El señor PRESIDENTE: He de decirle que esta Presidencia puede compartir una afirmación que ha efectuado en su intervención en relación con si es el foro más idóneo para debatir esta cuestión, pero en todo caso fue la Mesa de la Cámara la
que así lo estableció y ahí quedó probablemente porque no pudo ubicarse en la Comisión de Sanidad que hubiera sido más idóneo. En todo caso hemos tenido la oportunidad de escuchar a nuestro portavoz de sanidad, que tampoco viene mal en esta
Comisión.


Se me ha solicitado también que manifieste la previsión horaria de las votaciones. No se votará antes de las doce y media en ningún caso y ojalá se vote a esa hora.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, doña Esperanza Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Esta proposición de ley en su lectura más estricta parece que solamente pretende obtener mejores resultados en cuanto a los ingresos que recoge el Gobierno de España en materia de turismo. Y siendo así este grupo
no tiene nada que decir en contra. Sin embargo, es verdad que leyendo la exposición de motivos lo que vemos es que se mezclan categorías que nada ayudan a la comprensión y a la resolución del problema que se pretende abordar. Voy a precisar a
continuación algunas cuestiones.


En primer lugar y una vez más mezclan en su exposición de motivos la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares con los inmigrantes con irregularidad sobrevenida. Esto es hacer trampas porque no estamos hablando de esta categoría de
personas, el problema viene dado por otras situaciones. Vamos a verlas. Mezclan aquellas personas empadronadas y residentes regulares que han trabajado y cotizado en la Seguridad Social durante un tiempo determinado y que ahora sufren las
consecuencias de la crisis, quedando excluidos además del sistema sanitario, según el Real Decreto famoso 16/2012, que tanta desigualdad está generando en las personas y en la sociedad bajo la pretensión de mejorar y ahorrar en atención sanitaria.
Ustedes con este real decreto han practicado el apartheid sanitario y ahora buscan cualquier excusa para justificarse.


Ahora bien, si de lo que estamos hablando es de turismo de personas de los países miembros de la Unión Europea, esto ya es otra cosa. Y ni aun así se justifica su exposición de motivos en la proposición de ley. Los ciudadanos europeos,
como usted ya sabe, tenemos derecho a movernos libremente por los países de la Unión y a recibir la atención sanitaria que requieran en cualquiera de los países miembros, y por supuesto por España en las mismas condiciones de reciprocidad por
pertenecer a la Unión Europea. Y existe a la vez otra categoría de ciudadanos, muchos de ellos mayores, que residen temporalmente en nuestro territorio, o al revés, nosotros nos vamos una temporada fuera, y que se empadronan en la que va a ser su
residencia temporal. En estos casos a aquellos residentes temporales se les aplica mensualmente una cuota de 260 euros por persona, que factura el Instituto Nacional de Seguridad Social y que abonan religiosamente, aquí no hay problema, para tener
derecho continuado a la sanidad. Llamo la atención sobre que el cómputo total de esta cuota anual está alrededor de 3.000 euros per capital cuando el gasto per capita de los nacionales, de los españoles en estos momentos está situado en 1.100
euros, ellos pagan 3.000 y nosotros 1.100 euros. Es lógico que sea así. Entre la suma y la resta de lo que facturamos, hicimos la suma algebraica, ingresamos unos 600 millones de euros netos al año a favor nuestro. Esto no se dice. Por tanto el
turismo que reside por temporadas en España aporta a nuestras arcas un beneficio considerable.


¿Dónde están pues las dificultades? Que las hay, por descontado. Precisamente está en el turismo puntual. Personas que son atendidas en nuestros hospitales y son estos los que deben de emitir la factura, estos a las comunidades autónomas
y estos al Instituto Nacional de Seguridad Social. Es este

Página 6

circuito el que no funciona, porque se acaban no facturando. Por tanto aquí hay un desfase importante del que realmente debemos ser responsables y ponernos todos a ello para procurar que los países emisores de donde proceden las personas
que hacen el turismo nos paguen la factura. A precio de lo que les cuesta a ellos. Esto es lo que dicen las normas que hemos aprobado en la Unión Europea. Y ahí tenemos una dificultad, una dificultad de coordinación entre los propios hospitales,
que no se sienten responsables a la hora de emitir la factura, y las comunidades autónomas.


¿Qué es lo que requiere esto presidente? Requiere básicamente un trabajo administrativo a fondo, una corresponsabilidad con las comunidades autónomas y los hospitales, porque es verdad que ahí se pierde dinero, y estoy con ustedes, y esto
es algo que por responsabilidad debemos abordarlo. Mejoren la gestión administrativa y estaremos con ustedes, establezcan un protocolo de actuación con las comunidades sociales y estaremos con ustedes; pero esto de meter a los inmigrantes en un
mismo saco y culparlos de los males de nuestra sociedad realmente nos mueve desde una razón humanitaria y desde una perspectiva política. Para practicar la exclusión sanitaria se bastan ustedes solos, pero si quieren que trabajemos este tema, claro
que sí estamos en el mismo barco, ¡faltaría más!


Nada más, señor presidente, vamos seguramente a abstenernos en nuestra votación.


El señor PRESIDENTE: La señora Esteve no suele emplear el tiempo que tiene asignado y hoy ha sido una excepción.


La señora ESTEVE ORTEGA: Un pelín.


El señor PRESIDENTE: Un pelín más, 4:45, ha sido más que un pelín cabellera 1:45 minutos. Pero usted se lo merece porque sé que no volverá a incurrir en esta práctica.


Por un error del presidente no se ha percibido que había solicitado también la palabra el representante de UPyD, y la tiene don Álvaro Anchuelo en este momento.


El señor ANCHUELO CREGO: Intervendré muy brevemente porque el tema que nos plantea el Grupo Popular resulta bastante incontrovertible y es que un país como el nuestro, que recibe tanto turismo, factura adecuadamente por esas prestaciones
sanitarias, en cumplimiento de los acuerdos internacionales y a menudo a personas que vienen de países más prósperos que el nuestro. Esto no tiene nada que ver con el otro tema más amplio de la atención sanitaria a los inmigrantes, en la que ya mi
grupo se manifestó claramente en contra de las restricciones que imponía el Partido Popular, manifestando el importante problema social que eso va a generar en un país con 4 o 5 millones de inmigrantes. Sin embargo, no estamos hablando ahora de
eso, sino de las prestaciones a los turistas temporales y evidentemente parece un tema de puro sentido común.


Solo quería intervenir para indicar que en opinión de mi grupo esto es un ejemplo particular de un tema más amplio que solemos poner de relieve y es que los años de funcionamiento del Estado autonómico han puesto de manifiesto una serie de
errores en su funcionamiento, de defectos en su funcionamiento y deberíamos aprender de la experiencia para corregirlos. El tema sanitario es un campo más de este problema más amplio en que han surgido 17 subsistemas sanitarios que funcionan de
manera casi independiente y de espaldas unos a otros haciendo difícil el funcionamiento de un sistema sanitario nacional.


En este caso se pone de manifiesto en la emisión muy alegre de tarjetas sanitarias por parte de las comunidades, sin verificar la residencia adecuadamente, el nivel de ingresos o si ya existe cobertura de otro Estado, como pone de relieve el
Tribunal de Cuentas, o en la negligencia, en la falta de información a la hora de facturar esas cuantías. De ahí la opinión de mi grupo de que el Estado debe tener un papel más activo en la sanidad, de forma que el Sistema Nacional de Salud
funcione como un verdadero Sistema Nacional de Salud.


Nuestro voto será favorable a la proposición no de ley del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Yo no lo había visto, le ruego que hagan evidente su intención de intervenir porque a veces pues no se ve y ya saben que el orden es de menor a mayor. Por lo tanto, les ruego que si me salto a alguien me indiquen que
han solicitado la palabra.


Tiene la palabra, por La Izquierda Plural, el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Simplemente para justificar nuestra votación en esta PNL, que será en contra, sencillamente porque aunque entendemos que es necesario coordinar las políticas sanitarias y

Página 7

las políticas en general de todos los miembros de la Unión Europea, en la exposición de motivos aparece reflejada y subyaciendo una ideología y un concepto de lo que son la sanidad y las prestaciones sociales que no podemos compartir. Pero
aun así lo más problemático es que entendemos que puede ser una PNL trampa a vista de cuál ha sido la política sanitaria de este Gobierno, respaldado por el grupo proponente de la proposición que estamos discutiendo, y además porque en la parte
propositiva no queda claro si se está haciendo mención a los Estados miembros o a todos los Estados en definitiva de la economía mundial. Es algo que en las intervenciones ha podido quedar claro pero en la parte propositiva de la PNL no es así y
por lo tanto nosotros no podemos compartirla. Simplemente estas apreciaciones.


- SOBRE SUPRESIÓN DE LA APLICACIÓN DE TASAS JUDICIALES A LOS TRABAJADORES EN EL ORDEN SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001051).


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto, pasamos a continuación al que figura numerado como 6.º, que se refiere a la supresión de la aplicación de las tasas judiciales a los trabajadores en el orden social, cuya autoría es el
Grupo Parlamentario Socialista y a efectos de su defensa tiene la palabra doña Magdalena Valerio.


La señora VALERIO CORDERO: El pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulaban determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses. Leí que pasó como vista y no vista por esta cámara y por el Senado, sin admitir prácticamente ninguna de las múltiples enmiendas planteadas por los diversos grupos de la oposición y respetando en algunas ocasiones bastante poco
las formas y los tiempos que deben seguirse en la tramitación de una ley de esta entidad. Ello provocó que el Grupo Popular se quedase solo en la Comisión de Justicia para votar el proyecto de ley.


La aprobación de la misma se hizo en un clima de contestación social muy importante: ciudadanos, sindicatos y operadores jurídicos unidos contra la ley por sus efectos totalmente dañinos en un derecho fundamental como es el de la tutela
judicial efectiva o el derecho de igualdad. Asimismo, la aprobación de esta ley dio lugar al anuncio de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Grupo Socialista, que por cierto fue interpuesto el pasado 19 de febrero. Fue tal la
precipitación del Partido Popular con su ministro de Justicia a la cabeza, el señor Ruiz-Gallardón, que se llegó a hacer un auténtico ridículo, un ejemplo claro de descoordinación cuando la antecitada ley no pudo comenzar a aplicarse el día 22 de
noviembre del año 2012 porque faltaba la aprobación de una orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que no estuvo elaborada hasta el 13 de diciembre, Boletín Oficial del Estado del 15 de diciembre y se pudo empezar a aplicar el
lunes 17 de diciembre. Un auténtico despropósito que conllevó el que durante unos días no se pudieran cobrar ni las tasas establecidas por la ley anterior, la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, que introdujo tasas para empresas con volumen de negocio
de más de 8 millones de euros por estar derogada, y tampoco se podía aplicar la Ley 10/2012 porque faltaba la orden de desarrollo. Sencillamente kafkiano.


A la contestación en la calle se ha unido un informe de día 12 de febrero del presente año de la Defensora del Pueblo, en el que a la vista de la multitud de quejas de organizaciones, por ejemplo, UGT y Comisiones Obreras y ciudadanos
diversos, realiza una serie de recomendaciones al señor ministro de Justicia, en definitiva le avisa que o cambia algunos aspectos de la Ley de Tasas o directamente se iba a tener que ir ella también al Tribunal Constitucional.


La presente proposición no de ley plantea de manera concreta la supresión de la aplicación de tasas judiciales a los trabajadores en el orden social. Ya durante la tramitación parlamentaria de la Ley 10/2012 nuestro grupo planteó la
supresión de las tasas establecidas en su artículo 2.f) por la interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social. Concretamente 500 euros y 750 respectivamente, más la cuantía variable según la escala determinada en el
artículo 7.2. Esta regulación les debió parecer desmedida al propio señor Gallardón y al Grupo Popular, pues terminaron incluyendo una exención del 60% de la cuantía de la tasa a todos los trabajadores, sean por cuenta propia o por cuenta ajena.


A la vista de las anteriormente mencionadas recomendaciones de la Defensora del Pueblo, el señor Gallardón se ha visto obligado a realizar una serie de modificaciones, tanto en la Ley 10/2012 como en la Ley de Justicia Gratuita 1/1996,
actualmente en vigor.


Les confieso que en cuanto se publicó el pasado sábado el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, me fui inmediatamente a leerlo con gran interés, teniendo la esperanza de que se habría aprovechado para rectificar en el tema que nos ocupa
y más después de lo que planteó en una de sus recomendaciones

Página 8

la Defensora del Pueblo que dice de manera textual: Por las mismas razones de interés social y en el contexto de la grave situación económica de nuestro país que está produciendo una fuerte destrucción de empleo y el empeoramiento general
de las condiciones laborales, sería conveniente eximir al orden social del pago de las tasas en los recursos de suplicación y casación.


Ingenua de mí, el señor Gallardón, inflexible en este asunto, ha perdido una oportunidad de oro para rectificar este error y esta injusticia. Le da igual lo que en su momento le dijeran los grupos de la oposición, le da igual lo que le han
dicho los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, los operadores jurídicos y la Defensora del Pueblo, él ha decidido mantener estas tasas en el peor momento para los trabajadores de nuestro país con 6 millones de personas desempleadas y multitud de
despidos. Porque el señor Gallardón y la señora Báñez deberían saber que introducir estas tasas en el orden jurisdiccional social perjudica seriamente a los trabajadores, supongo que algo sabrán de historia, pero por si acaso quiero recordarles que
los trabajadores son beneficiarios del derecho a la justicia gratuita en el orden social desde hace más de un siglo, desde la primera Ley de Accidentes de Trabajo, de 30 de enero de 1900, la conocida como Ley Dato. Esa ley fue promovida en la
Comisión de Reformas Sociales por personas que aunque muchas de ellas eran de ideología liberal tuvieron sensibilidad ante las desigualdades sociales y de clase. También continuó siendo recogido este mismo principio por multitud de normas, tanto de
la II República, por ejemplo, la Ley de Jurados Mixtos, de 27 de noviembre de 1931, siendo ministro entonces de Trabajo Largo Caballero, así como por diversas normas de la etapa franquista, destacando la Ley de 17 de octubre del año 1940 que crea la
Magistratura de Trabajo. Y así diversas normas, pasando por las modificaciones de la Ley de Procedimiento Laboral del año 1958, modificaciones en la democracia, por ejemplo, la de UCD del año 1980, la Ley de Procedimiento Laboral del año 1990,
etcétera, hasta llegar a la ley actualmente en vigor del año 2011. Es decir, incluso en el franquismo se mantuvo este principio.


Todas ellas garantizaron el principio de justicia gratuita en el orden social para los trabajadores y beneficiarios de accidentes de trabajo y del sistema de Seguridad Social. Todas ellas hasta que han llegado el señor Gallardón, la señora
Báñez y el Gobierno del Partido Popular. Y siempre se ha mantenido este principio hasta ahora porque siempre se ha considerado que existe una desigualdad originaria entre el trabajador y el empresario que tiene su fundamento no sólo en la distinta
condición económica de ambos sujetos sino en su respectiva posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula, que es de dependencia y subordinación de uno respecto a otro. Esto no son palabras mías, estoy citando un párrafo textual
de la sentencia 3/1993 de 25 de enero del Tribunal Constitucional. Y en este mismo sentido se ha manifestado también la sentencia del Tribunal Constitucional 114/1983, de 6 de diciembre, y la del Tribunal Constitucional 125/1995, de 24 de julio.


Ahora más que nunca es cuando tiene sentido esta exención total de las tasas en el orden jurisdiccional social, incluido el recurso de suplicación y casación, porque esta reforma injusta para los trabajadores se ha unido a una reforma
laboral tremendamente dañina también para los mismos, una reforma que claramente ha roto el equilibrio, inestable siempre, de las relaciones laborales en general, reforzando la posición de los empresarios y recortando los derechos de los
trabajadores, modificación unilateral por parte del empresario de condiciones laborales, jornadas, salario, etcétera, despido barato, los ERE sin control previo de la autoridad laboral.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señora Valerio.


La señora VALERIO CORDERO: Es decir, una situación en definitiva que propicia una posición de inferioridad aun mayor si cabe de los trabajadores que se vean abocados a defender sus derechos en la vía judicial. Bueno, de los trabajadores en
general porque últimamente estamos conociendo algunas relaciones laborales en el Partido Popular en las cuales es el trabajador el que lleva la voz cantante y el empresario el que está absolutamente en sus manos.


Por ello planteamos que es injusto este sistema de tasas judiciales que está vulnerando de manera clara una pluralidad de derechos garantizados en nuestro texto constitucional, como es el derecho de igualdad, el de justicia gratuita del
artículo 119...


El señor PRESIDENTE: Señora Valerio, le ruego que concluya.


La señora VALERIO CORDERO:... y el de la tutela judicial efectiva. Así que por ello planteamos que se deroguen estos aspectos porque desde luego España es un auténtico Estado social y democrático de derecho y no puede tolerar la existencia
de una justicia para ricos y de una justicia para pobres.

Página 9

El señor PRESIDENTE: Como no hay enmiendas formuladas a la iniciativa que acaba de defender, ahora procede el turno de los grupos que desean intervenir. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Brevemente señor presidente.


Lo primero que cabe señalar es que estamos de acuerdo con el argumentario general que se ha planteado por parte del Grupo Socialista y en este sentido votaremos a favor de la proposición que se hace.


Únicamente comentaré dos cosas de carácter quizás un poco personal pero que yo creo que pueden ser también ilustrativas. Quien está hablando en estos momentos ha sido abogado laboralista en los tiempos negros del franquismo y tanto en los
textos que estudiaba en la carrera de Derecho como en las propias actuaciones de la Magistratura de Trabajo en aquel entonces, si de una cosa se estaba orgulloso y se predicaba era el carácter gratuito de la Magistratura de Trabajo en aquel tiempo
para atender las reivindicaciones y los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras.


Tal como se ha señalado ahora también, lo que se pretende, lo que se ha aprobado, en la situación de crisis en la que nos encontramos supone un coste agravado muy grande sobre todas las personas que están viendo multiplicar las agresiones
salariales que están teniendo en los últimos tiempos y las agresiones laborales de todo tipo. Mi compañera en estos momentos es también asesora jurídica en un sindicato y una conversación diaria entre todas las personas que llevan este tipo de
asesoría en los sindicatos es ver el raterío generalizado que se está produciendo en empresas de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes, que saben que aunque infrinjan la normativa existente, sus trabajadores por este mero tema de las tasas y por
lo que puede suponer no están planteando reclamaciones. Esto es un hecho ya diario constante en todas las centrales sindicales.


Entonces es evidentemente que los efectos que está teniendo esta norma, esta ley, son tremendamente nocivos para la posibilidad de alcanzar una mínima justicia en los tribunales y que en esta medida debería ser derogada.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: La posición de nuestro grupo con respecto a las tasas judiciales es de sobra conocida: hemos acudido a la Defensora del Pueblo para pedir que se revocara esta ley porque consideramos que se trata de un atraco
judicial y que deja sin tutela judicial efectiva en torno al 80% de los ciudadanos. Entendemos y compartimos la proposición del Partido Socialista, aunque quizá la consideremos poco ambiciosa; no obstante, votaremos a favor de la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Por UPyD, tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: De nuevo intervendré brevemente porque ya la portavoz de mi grupo se manifestó de manera muy elocuente al hilo del debate del proyecto de ley en el que se introducían estas tasas judiciales. Ella puso de relieve
cómo discrepamos en primer lugar en el diagnóstico según el cual hay un exceso de litigiosidad, como si los ciudadanos fuesen a los tribunales porque tienen el vicio de litigar. Evidentemente van cuando sienten que sus derechos han sido pisoteados
y lo hacen con un coste importante, entre otras cosas, de tiempo. Por lo tanto, no es un vicio del que haya que disuadirlos. También manifestó que resultaba un tanto orweliano cobrar tasas para garantizar la justicia gratuita, porque resulta un
tanto contradictorio cobrar para garantizar la justicia gratuita. Y, por último, puso de relieve el efecto último que esto tendría al impedir o, como mínimo, dificultar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.


Lo que pone de relieve el Partido Socialista en su proposición no de ley es un caso concreto de este problema más general. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, ruego que bajen un poco el volumen de las conversaciones para poder escuchar a nuestro compañero interviniente.


El señor ANCHUELO CREGO: Decía que lo que pone de relieve el Partido Socialista en su proposición no de ley es un caso particular de este problema general, pero desde luego no es un caso particular cualquiera, porque en una economía en
recesión y con la reforma laboral que está en funcionamiento el

Página 10

que los trabajadores puedan acceder a los juzgados de lo Social no es un tema irrelevante. En consecuencia, mi grupo votará favorablemente esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Aunque la existencia de tasas judiciales no es ninguna novedad, lo cierto es que las previsiones de la reciente ley aprobada suponen un salto cuantitativa y cualitativamente tan importante que no contó con el apoyo
de Convergència i Unió, aun pudiendo estar de acuerdo con la existencia de tasas. Se aprobó un aumento desmesurado, un aumento que va del 33% al 167%. No parece asumible la ampliación del ámbito de la tasa judicial a una jurisdicción como la
social, aunque la ley se plantea únicamente la tributación en los recursos de suplicación y casación, como decía la portavoz del grupo proponente. Pero la naturaleza de las materias objeto de resolución en esta jurisdicción y los intereses en juego
la hacen inadecuada por los efectos económicos que puede comportar. Conviene recordar la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012 en relación con las anteriores tasas, en la cual se decía que los órdenes penal, social y militar siguen
ejerciendo la potestad jurisdiccional gratuitamente. Y dice: este dato es relevante, teniendo en cuenta las especiales características que protegen el acceso a la justicia en una materia, entre otras, como la social.


En la última reforma se amplió la tasa al orden social, no reconociendo las especificidades, las especiales características de la jurisdicción. Nuestro grupo, entendiendo que no procede esta actuación -además, de la forma tan gravosa como
se ha hecho-, votó en contra, pero en el caso de la proposición no de ley que hoy debatimos en esta Comisión, por las especiales características del orden social, como señala el mismo Tribunal Constitucional, entendemos que procede su aprobación.


El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Gerardo Camps.


El señor CAMPS DEVESA: ¿Son las tasas judiciales una novedad en nuestra legislación? El señor Picó ya lo ha contestado: no, aunque podría parecer que sí por el discurso de algunas de sus señorías, y no solo la del representante del grupo
proponente, pero es una figura que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico. Y su revisión de por sí, la revisión que ha hecho el Gobierno, ¿vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva? No, ni una revisión de las mismas ni tampoco la
revisión que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. No, porque ni impide ni obstaculiza de manera desproporcionada el acceso a la jurisdicción, que son las dos condiciones que exige el Tribunal Constitucional para que esto pudiera ser así. Muy
al contrario, señorías, la revisión de las tasas judiciales realizadas por el Gobierno lo que garantiza es la existencia de un sistema mixto de financiación de la Administración de Justicia, un sistema perfectamente viable, por cierto, que es el que
se practica en todos los países de Europa menos en uno, y plenamente constitucional, porque además tiene una finalidad principal que han olvidado la mayor parte de sus señorías, que es ampliar el umbral para el acceso al beneficio de la justicia
gratuita.


Señorías, hay quienes consideran, como el grupo proponente, que es más social que todos los contribuyentes financien los litigios entre personas o empresas cuya riqueza o renta es muy superior a la de los demás. Desde el Grupo Parlamentario
Popular defendemos justamente lo contrario, es más regresivo que todos paguemos lo que pueden y deben pagar aquellos que demandan justicia y tienen capacidad económica para poder soportar una pequeña parte del gasto que supone su acción. Dicho de
otra manera y en palabras del señor ministro de Justicia: las tasas abonadas por los ciudadanos españoles que sí tienen recursos económicos van a servir para cubrir los costes de los litigios de quienes carecen de esos recursos económicos. O,
señorías, como declara el Tribunal Constitucional: la justicia puede ser declarada gratuita, pero resulta obvio que la justicia no es gratis. Por eso el Gobierno del Partido Popular racionaliza el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al tiempo
que aporta mayores recursos destinados a la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita. Lo que además resulta compatible con la puesta en marcha de mecanismos que eviten que la cuantía de las tasas puedan
generar efectos perjudiciales en casos muy concretos, siempre sin poner en duda la legitimidad de la vigente configuración de la tasa. Así ha sucedido, lo han recordado algunas de sus señorías, tras las observaciones de la Defensora del Pueblo, que
han traído consigo una rebaja de las mismas, rebaja contenida en el Real Decreto 3/2013, aplicable también al orden social, donde hemos de recordar también -y se les ha pasado a muchas de sus señorías- que la primera instancia ya es gratuita para
trabajadores y autónomos. Y en la segunda instancia, donde se ha instaurado la tasa, este colectivo ya contaba con

Página 11

una exención del 60%. Vamos a decirlo de otra manera, el tipo variable ahora se ha reducido en un 80% de lo ya establecido para la segunda instancia, lo que, unido a la exención del 60% ya existente, reduce de forma más que significativa el
importe que trabajadores y autónomos tendrían que abonar si decidieran impugnar una sentencia desfavorable, y yo también he sido abogado laboralista y sabemos, señorías, que es una situación jurídico-procesal que se da en escasas situaciones.


Por tanto, señoría, ni ocultación ni vaciado de servicios públicos esenciales ni limitación al derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos. Al contrario; más agilidad en los procesos, más eficacia en el sistema, más equidad
para los beneficiarios; en definitiva, más y mejor justicia para todos. Por ello, votaremos que no a la PNL presentada por el Grupo Socialista. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Muy bien, Gerardo).


- SOBRE 'PROGRAMA PARA REFORZAR LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES'. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000800).


El señor PRESIDENTE: A continuación, no estando presente ni el señor Olabarría ni la mayoría de los ponentes de las proposiciones no acumuladas, abordamos el debate del punto 8.º, que se refiere al programa para reforzar la integración de
los inmigrantes, cuya autoría también es del Grupo Parlamentario Socialista y para cuya defensa tiene la palabra, por siete minutos, doña Patricia Hernández.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: La Ley orgánica 2 de 2009, que reforma la Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, declara como uno de sus objetivos fundamentales reforzar la integración
como eje central de la política de inmigración y apuesta por lograr un marco de convivencia de identidades y de cultura. Asimismo mandata a las administraciones públicas abordar la integración social de los inmigrantes mediante el desarrollo de
políticas transversales dirigidas a la ciudadanía, y en la misma ley, después de establecer que los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros, mantiene que ese objetivo de integración debe abordarse con carácter transversal
en todas las políticas y servicios públicos a adoptar. Entre otras medidas especificas para favorecer la incorporación al sistema educativo, se habla de garantizar en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje de las lenguas
oficiales y el acceso al empleo como factores esenciales de la inmigración.


Este compromiso con la inmigración ha sido uno de los pilares fundamentales de la política de inmigración y parte de la convicción de que las acciones dirigidas a la integración de los y las inmigrantes son una inversión y no un gasto. Una
inversión para la convivencia. Se repite muchas veces, muchísimas veces, que debemos integrar a los inmigrantes, pero la cuestión es si existe o no la voluntad real de hacerlo, porque suprimir la dotación del Fondo de integración para los
inmigrantes en un momento en que se corre el riesgo de que la crisis fomente y acentúe estereotipos y prejuicios hacia los inmigrantes, no habla muy positivamente de esa voluntad que se repite y se repite. El apartheid sanitario, dejar a los
inmigrantes que han perdido su permiso de residencia y trabajo fuera del sistema de salud porque han perdido el trabajo o bien por la crisis que nos ha afectado a todos, más a ellos, o por enfermedad, no habla muy bien de esa voluntad y refuerza el
estereotipo, lanzado desde la propia Administración, de que los inmigrantes viven a costa de nuestros impuestos. La integración no debe ser una declaración de intenciones sino que debe ser real, debe de orientar las políticas públicas de
inmigración.


Pese a la rapidez e intensidad del fenómeno de la inmigración en España en los últimos quince años y antes de que estallara la crisis, hasta ahora la inmigración no ha sido fuente de conflicto ni de episodios xenófobos de especial
trascendencia. Pero en época de crisis se acentúa ese riesgo porque el empleo, que es una de las piezas fundamentales de esa integración, escasea y el desempleo afecta con más dureza a la población inmigrante, un 36%. En un informe de Cáritas
leíamos que más de la mitad de las personas atendidas por ellos eran inmigrantes. Un mayor índice de desempleo, junto con una red familiar más débil o incluso inexistente, recortes en las prestaciones y servicios sociales, a la vez que se produce
un aumento de la demanda, nos llevan a pensar que la cosa no pinta bien y a que se nos enciendan las alarmas, porque paro y recortes empujan a la marginalidad a los que tienen un colchón de ahorro y un colchón familiar finito, pero es que además la
población española puede percibirlo como competencia en el trabajo y en los recursos sociales, lo que puede fomentar los prejuicios hacia ellos. Fíjense ustedes, sube el paro, por lo tanto, el desempleo sube, se recortan los recursos a la
asistencia social en las comunidades autónomas, se retiran los recursos para las clases compensatorias, hay un descenso de las

Página 12

becas, con lo que la población que menos tiene compite por estos recursos. Hemos visto brotes xenófobos en otros países de la Unión Europea afectados por la crisis o revueltas de inmigrantes en otros países también de la Unión Europea.


Afortunadamente este no es nuestro caso, insisto, en buena parte no se ha producido por una política de inmigración que tiene como base la integración, y esa es la clave de esta PNL. Si abandonamos los nutrientes de una sociedad cohesionada
y para que el país siga sano, lo podemos pagar, y el precio en esa convivencia no es que sea caro, es que es carísimo. Entendemos que una política de integración adecuada es irrenunciable para nuestra sociedad, y esta es la clave de la proposición
no de ley, abordar la Ley de Inmigración desde dos puntos de vista, para evitar los prejuicios que genera la inmigración y para atender la integración de los propios inmigrantes. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Se han formulado dos enmiendas a esta iniciativa, una por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y otra por el Grupo Parlamentario Popular, con lo cual, por cinco minutos, tiene la palabra en primer lugar el
señor Picó, por Convergència i Unió.


El señor PICÓ I AZANZA: Pasaré a explicar de forma muy sucinta la enmienda formulada por nuestro grupo parlamentario a la proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Es una enmienda de adición para incluir en el
texto del petitum una referencia a un instrumento del que disponíamos hasta hace dos años para trabajar en materia de integración de los inmigrantes, que no es otro que el Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes. Quiero
recordarles, como ya lo expresan también los antecedentes de la proposición no de ley que hoy debatimos, la referencia al artículo 2 ter. 4 de la Ley orgánica 2/2000, de 11 de enero, que prevé que el Gobierno y las comunidades autónomas acordarán
en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bianuales para reforzar la integración social de los inmigrantes y que estos programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se
dotará anualmente. Y repito: que se dotará anualmente.


Los dos últimos Presupuestos Generales del Estado contienen dos disposiciones adicionales, en el caso de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 la cuadragésimo cuarta, y para 2013 la octogésimo sexta, que contemplan una
suspensión normativa precisamente de este artículo 2 ter. 4 de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero. En este mismo sentido ya el año pasado, precisamente en la sesión del día 27 de marzo de 2012, esta Comisión aprobó la proposición no de ley
presentada por mi grupo parlamentario relativa a la dotación económica del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes pocos días antes de que se presentaran los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Esta proposición
no de ley, cuyo texto leeré ahora, fue aprobada por la mayoría de los grupos parlamentarios y viene a decir lo siguiente: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar cooperando con las comunidades autónomas, de conformidad con lo
previsto por el artículo 2 ter. 4 de la Ley orgánica 4/2000, en el ámbito de las políticas de integración de los inmigrantes, mediante la financiación de programas en el marco del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes
adoptando las medidas que permitan su financiación en el marco de la disponibilidad presupuestaria'. Repito, esta proposición no de ley fue aprobada por esta Comisión días antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012 y, como he dicho, este presupuesto contiene una suspensión normativa del artículo al que me he referido antes.


Señorías, una preocupación que compartíamos todos los grupos en la anterior legislatura, incluido el que da ahora apoyo al Gobierno, que era reponer los fondos que se habían alcanzado, recuerdo que de hasta 200 millones de euros, ahora se
transforma en recuperar la dotación presupuestaria. Durante los años de mayor auge del fenómeno inmigratorio en España los ayuntamientos y las comunidades autónomas han sido las administraciones que han hecho frente de forma más directa a los
nuevos retos y necesidades exigidos para dar respuestas a la inmigración. Y ahora continúan atendiendo los objetivos que cubría el fondo pero sin ninguna aportación por parte del Gobierno del Estado, objetivos como la acogida e integración de los
inmigrantes, el refuerzo en el ámbito de la educación de este colectivo y la atención de menores extranjeros no acompañados. No parece adecuado que en un momento de crisis se reduzca el presupuesto destinado a la integración de inmigrantes, cuando
debería hacerse todo lo contrario, es decir, reforzar estas políticas para evitar el riesgo de marginación y la exclusión de muchas familias inmigradas.

Página 13

El valor de las políticas en favor de la integración de la inmigración es estratégico a medio y a largo plazo, y debemos considerar la integración como uno de los pilares básicos de la política de inmigración. Y el fondo recoge esta
perspectiva, tanto a medio como a largo plazo, de la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. Por ello, la enmienda formulada por mi grupo parlamentario va en esta dirección, añadiendo al texto propuesto por el Grupo Socialista la
necesidad de restituir el Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, así como el refuerzo educativo de los mismos, previendo una dotación suficiente para cofinanciar las actuaciones que lleven a cabo en este ámbito las comunidades
autónomas.


El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Navarro.


La señora NAVARRO CRUZ: Señorías, en el Grupo Popular somos conscientes de la importancia de la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. Durante muchos años España ha sido país receptor y podemos decir que, en general, se ha
convivido en paz con las personas de múltiples nacionalidades que han decidido comenzar una nueva etapa de su vida en nuestro país. Es cierto que la convivencia pacífica es importante, pero también lo es que no es suficiente, que hay que dirigirse
a una verdadera integración. Los diputados de esta Comisión sabemos -y lo sabemos porque la ministra así lo ha manifestado en sus comparecencias, tanto en Pleno como en Comisión- que el interés de este Gobierno es conseguir una inmigración legal,
ordenada y vinculada al empleo, una integración bidireccional en la que se tengan exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones.


El Gobierno se ha comprometido a trabajar de manera transversal con otros ministerios, con entes públicos y con agentes sociales para diseñar y llevar a cabo estrategias comunes en materia de integración, así como a velar por los colectivos
más vulnerables. Pero les diré una cosa, señorías, me niego a que se arroguen tanto en el Partido Socialista como en otros grupos parlamentarios la sensibilidad social, porque les diré que a los diputados del PP nos importa muchísimo y somos
sensibles con estas cuestiones y desde luego les diré también que nos preocupan mucho las dificultades y los momentos dramáticos que atraviesa la ciudadanía en nuestro país, y con ciudadanía me refiero a los que han nacido aquí y también a los que
han nacido fuera de aquí pero que son, sin embargo, ciudadanos nuestros. Por esa razón, no puedo aceptar el hecho de que se nos trate como si fuéramos un grupo insensible que no nos importa absolutamente ningún problema de la sociedad, porque no es
así.


Por todo lo que he dicho y siendo además conscientes de la dificultad del momento actual y de que la responsabilidad que lleva aparejada la acción de gobernar no siempre permite hacer todo lo que sería deseable, lo que sí permite y obliga es
a trabajar en el campo correcto, por lo que en su apuesta por un concepto de educación amplio y plural, con un enfoque incluyente e intercultural, ya se cuenta en este momento con un centro de recursos para la atención a la diversidad cultural en
educación, el Creade, que reúne a más instancias que las administraciones y las propias instituciones educativas. De manera transversal y en todas las etapas educativas se trabaja para fomentar la integración y la cohesión social. Por todas estas
razones, y teniendo en cuenta la situación a la que me refería anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente enmienda: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar, en el ámbito de sus competencias, la cohesión
social desde la educación en la diversidad, la sensibilidad y el respeto a todos en nuestra sociedad.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Mixto, el señor Cuadra tiene la palabra.


El señor CUADRA LASARTE: En principio dos noticias, una buena y otra mala; la buena es que vamos a votar a favor de la propuesta realizada por el Partido Socialista. La mala, a la que de forma obligada tendremos que hacer mención aquí, es
que lo que se plantea tiene poco que ver con la actuación pasada del propio partido, en la medida en que la Ley de Extranjería y sus reformas y el mantenimiento de los centros de internamiento, por su propio contenido y por la política que se ha
venido manteniendo en estos centros, conllevan ya algo que tiene muy poco que ver con evitar, como dicen ellos, y paliar los prejuicios y los falsos estereotipos existentes en relación con la población inmigrante. En este sentido está bien que el
Partido Socialista plantee este tipo de iniciativas y, repito, vamos a votar a favor, pero también vemos que tiene bastante de brindis al sol y que no se corresponde en modo alguno con la práctica que ha desarrollado los años anteriores cuando
estaba en el Gobierno.

Página 14

El señor PRESIDENTE: Por UPyD, tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: La proposición no de ley que debatimos tiene un mérito importante que es volver a poner en el centro del debate el tema de la inmigración. A veces da la sensación de que ha pasado a segundo plano, como si los
inmigrantes hubiesen vuelto a sus países, lo que ha sucedido solo en un porcentaje muy minoritario; o como si al haber una crisis económica hubiese otras las prioridades, cuando precisamente el hecho de que haya crisis económica refuerza la
necesidad de tener en cuenta el tema migratorio.


En realidad es un hecho social de tal calado que afecta a todos los aspectos importantes de nuestra convivencia. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con el desempleo, porque los desempleados inmigrantes no tienen la red de protección familiar
que tienen los empleados nativos y, por tanto, hace que la tasa de paro que vivimos sea más difícil de soportar que en crisis anteriores. Tiene mucho que ver también con la economía sumergida, como veíamos en el Pleno al hablar de los empleados de
hogar. Los inmigrantes sin papeles no tienen acceso a actividades fuera de ese ámbito, que habría que erradicar de la economía sumergida. Tiene mucho que ver con la sanidad, como hemos visto hace unos minutos en esta misma Comisión. Tiene que ver
con todos los temas importantes de nuestra vida colectiva. Por eso, Unión Progreso y Democracia presentó enmiendas en los últimos Presupuestos Generales del Estado y en los anteriores en el sentido no de terminar con el Fondo de integración de
inmigrantes, sino todo lo contrario, de reforzarlo. Consideramos que es un problema nacional y que, por tanto, la Administración Central, el Estado, no puede de ninguna manera desentenderse de él, aunque tenga que colaborar con las administraciones
autonómicas que tienen competencias en esta materia.


No deberíamos olvidar los riesgos de desentendernos de este problema, son riesgos a largo plazo, como nos enseñan países vecinos, donde a veces estas comunidades se han segregado del país en el que habitan llegando a formar auténticos
guetos. Esto es algo que no ha sucedido en nuestro país y hay que tomar todas las medidas para que nunca suceda. Pero los riesgos no solo son a largo plazo, también son más inmediatos, porque, como señalaba muy bien la portavoz socialista, la
historia nos enseña que es en épocas de crisis cuando hay un mayor caldo de cultivo para actitudes xenófobas entre los grupos nativos, que entran en competencia con los grupos inmigrantes por la asistencia social. Es un fenómeno que afortunadamente
tampoco ha sufrido nuestro país, pero deberíamos poner todos los medios a nuestra disposición para que no suceda.


El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Compartimos la preocupación fundamental expresada en la proposición no de ley del Partido Socialista, compartimos la preocupación porque vemos que países vecinos como Grecia y Francia, especialmente en el caso de
Grecia, viven momentos verdaderamente convulsos como consecuencia de la crisis económica, momentos de crecimiento de partidos neonazis, de crecimiento de un fascismo que se nutre de la desesperación de la ciudadanía y que se nutre también del odio
al diferente, que en este caso se concreta en los inmigrantes pero también en otro tipo de sectores de la población.


No obstante, aparte de que vamos a votar a favor, nos sumamos también a las críticas que, a mi juicio, son legítimas en tanto que, por ejemplo, este portavoz de Izquierda Unida ha combatido durante mucho tiempo los centros de internamiento
de extranjeros cuando estaban gestionados por el Gobierno del Partido Socialista, ha combatido la Ley de Extranjería del Gobierno socialista y, por lo tanto, es importante matizar que esa política ha sido llevada a cabo por el mismo partido
proponente de esta PNL y queremos que quede constancia de ello. En todo caso, nosotros compartimos esta idea, esta sensación y esta preocupación y, por lo tanto, votaremos, evidentemente de acuerdo con nuestra ideología, a favor de esta proposición
no de ley.


El señor PRESIDENTE: Quedan pendientes de debate dos puntos del orden del día, los tres primeros, cuyo trámite acumulado se había acordado, y el punto número 5.º, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco. Todavía no están
presentes en la sala ni el señor Olabarría ni alguno de los intervinientes o de los presuntos intervinientes en el debate acumulado. Vamos, por tanto, a suspender un momento la sesión y quiero que los portavoces acudan a la Mesa a ver cómo
resolvemos esta atípica situación.


Se suspende la sesión. (Pausa).

Página 15

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001084).


- SOBRE LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL APLICABLE A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS A TIEMPO PARCIAL DICTAMINADA COMO DISCRIMINATORIA POR EL TJUE (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA). PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001092).


- SOBRE LA JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001291).


El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión de la Comisión y, en primer lugar, vamos a debatir las tres iniciativas que figuran en el orden del día como puntos 1, 2 y 3 de forma acumulada. Recuerdo a los intervinientes que los autores
tienen siete minutos de tiempo para ello, los enmendantes tienen cinco minutos de tiempo para las enmiendas que han planteado y el resto de grupos que deseen intervenir y fijar posición tienen tres minutos para tal menester. La forma en la que
vamos a proceder es tal como figura en el orden del día. En primer lugar, intervendrá el señor Campuzano por Convergència i Unió; en segundo lugar, intervendrá el señor Garzón por La Izquierda Plural, y en tercer lugar, intervendrá don Álvaro
Anchuelo por UPyD. A continuación, como primer enmendante, por el Grupo Parlamentario Socialista intervendrá don Luis Tudanca y por parte del Grupo Parlamentario Popular, que también ha planteado enmiendas a las tres proposiciones no de ley,
intervendrá doña Carmen Álvarez-Arenas y a continuación el resto de los grupos que deseen fijar posición. Por lo tanto, el señor Campuzano tiene siete minutos de tiempo para la defensa de su iniciativa y si quiere fijar posición en relación con las
enmiendas planteadas.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer a todos los portavoces la amabilidad que han tenido al esperarnos a diversos portavoces que no podíamos participar al inicio de la Comisión por desempeñar otras responsabilidades en el
ejercicio de nuestras funciones y así poder discutir este punto. También quiero agradecer al presidente la gestión inteligente y prudente de estos minutos y de la configuración del orden del día.


Efectivamente, en este caso estamos ante tres proposiciones no de ley, de La Izquierda Plural, de UPyD y de Convergència i Unió, que son coincidentes, que pretenden mandatar al Gobierno a dar cumplimiento a la sentencia de 22 de noviembre de
2012, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación a la configuración de la pensión de jubilación que reciben los trabajadores a tiempo parcial. El tribunal ha considerado que la regulación existente en España es discriminatoria para
las mujeres y lo hace basándose en que del total de cerca de 2,5 millones de trabajadores a tiempo parcial que existen en España casi cerca de 2 millones son mujeres. Y entiende que la configuración legal, los derechos de pensión que genera el
trabajo a tiempo parcial hacen muy difícil que una mujer que toda su vida trabaje a tiempo parcial pueda conseguir una pensión suficiente. Es la tesis que establece el Tribunal de Justicia Europeo después de que una ciudadana española presentase
las correspondientes demandas. Y como saben ustedes, estas sentencias del Tribunal de Justicia son de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la Unión y España deberá adoptar las medidas necesarias para implementar esta sentencia en
nuestra legislación.


Por un lado, la cuestión de fondo enlaza con preocupaciones que los agentes sociales y los grupos parlamentarios con más o menos intensidad llevamos planteando desde hace tiempo. Cuando analizamos por qué en el Estado español, por qué en
España el tiempo parcial tenía un desarrollo relativamente menor que en otros Estados, más allá de la cuestión de la configuración del contrato a tiempo parcial aparecían también las cuestiones vinculadas a la protección social que ese tipo de
contratos generaban. Un contrato que no generase pensiones futuras suficientes no era un tipo de contrato que interesase a trabajadores que quisiesen durante muchos años de su vida optar por la contratación a tiempo parcial. En diversas ocasiones
se han planteado iniciativas tendentes a mejorar la ratio tiempo cotizado/pensión generada para la contratación a tiempo parcial. A lo largo de estos últimos quince o veinte años se han introducido mejoras en esa dirección pero es muy evidente que
no han sido suficientes; no lo han sido en

Página 16

términos de que la protección social que genera el tiempo parcial sea suficiente, sea adecuada, haga el contrato a tiempo parcial atractiva y, por lo que vemos ahora, además no lo han sido en términos de legislación europea en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.


El tema, desde el punto de vista de sus consecuencias para el sistema de protección social español, no es sencillo, no es fácil, no es tan simple como decir: Cambiemos la legislación y atribuyamos ahora a tiempo parcial trabajado por día
los mismos efectos que una jornada completa, que podría parecer que es lo que el tribunal nos mandata. Va a ser más complicado por las repercusiones que tiene para el conjunto del sistema tanto en la sostenibilidad del mismo como en el
funcionamiento, por ejemplo, de los complementos de mínimos. Por lo tanto, el debate va a ser complejo, pero estamos obligados a abordarlo porque hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión que nos obliga a hacerlo y además porque
sabemos que tenemos un problema, que el tiempo parcial en España no genera una cuantía suficiente de la pensión que haga a esa fórmula contractual no tan solo atractiva para que los trabajadores opten por la misma, sino que la haga justa en relación
a los esfuerzos de toda una vida incorporada en el mercado de trabajo por quienes optan por esta modalidad contractual.


Todo ello lleva a Convergència i Unió a reclamarle al Gobierno que ponga en marcha las medidas para implementar esta sentencia en nuestra legislación. Y nos consta -y supongo que la portavoz del Grupo Popular nos contará algo relativo a
esta cuestión- que el Gobierno comparte la preocupación y además ha abierto proceso de diálogo con los agentes sociales en relación a cómo debe implementarse esta sentencia en nuestra legislación, a cómo ha de incorporarse. Y nos consta que los
agentes sociales comparten también esta preocupación. Por tanto, a nuestro entender, lo que hoy es relevante es que esta Comisión, que es la comisión legislativamente competente en materia de pensiones, en materia de Seguridad Social, mandate, con
el máximo consenso posible, la necesidad de abordar esta cuestión, aspirando también a que la incorporación de la sentencia se haga salvaguardando los dos principios que hemos de procurar garantizar: por un lado, la plena efectiva igualdad de
hombres y mujeres ante un hecho evidente, que la contratación a tiempo parcial, igual que sucede en el resto de Europa, fundamentalmente es una contratación por la que apuestan mujeres, y al mismo tiempo, que se permita que el sistema de pensiones
pueda continuar siendo sostenible. Ahí es donde vamos a entrar. Hoy no podemos entrar en el detalle de cómo debemos implementar la solución, porque dudo mucho que ninguna de sus señorías esté en condiciones de plantearlo, pero sí estamos en
condiciones políticamente de comprometer al Gobierno en esta dirección.


La portavoz del PP me avanzaba una propuesta transaccional, basada en el texto de una de las enmiendas del Grupo Socialista y mi grupo cree que en ese texto podemos coincidir. Sería de un valor político positivo alcanzar ese acuerdo,
sabiendo además que tampoco podemos retrasar en exceso la implementación de esta sentencia, por todas las implicaciones jurídicas y prácticas que eso implicaría y, por tanto, instar al Gobierno y a los agentes sociales también a que en el proceso de
revisión de nuestra legislación en materia del contrato a tiempo parcial nos pongamos las pilas ya y seamos capaces de dar respuesta a un problema social y jurídico que hoy tenemos planteado.


El señor PRESIDENTE: Les ruego que si llegan a una transaccional, nos hagan llegar aquí el texto de la misma.


En segundo término, tiene la palabra el señor Coscubiela, por La Izquierda Plural, para la defensa de su proposición no de ley. Tiene siete minutos, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: En primer lugar, quiero agradecer al presidente y al resto de miembros de la Comisión que nos hayan facilitado poder compatibilizar nuestra responsabilidad como miembros de esta Comisión en la presentación de
esta propuesta, de esta proposición no de ley, con el hecho de estar hace unos minutos presentando el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 28/2012.


Decía hace un momento el diputado Carles Campuzano que no es casual que este tema haya suscitado el interés de diferentes grupos de la Cámara. La proposición creo que se explica por sí misma, pero déjenme insistir en algunas ideas. En
primer lugar, este es un tema que desde hace mucho tiempo venía siendo objeto de crítica por parte incluso de la doctrina, al entender de manera muy acertada que a las personas que tienen un contrato a tiempo parcial nuestra legislación de Seguridad
Social les penaliza doblemente; les penaliza, en primer lugar, porque se tiene en cuenta sus cotizaciones realmente efectivas, que por supuesto son menos y eso ya incide en la base de cotización de sus pensiones, pero se les penaliza doblemente y
de manera injusta cuando no se tiene en cuenta que la cotización a tiempo parcial,

Página 17

su cómputo actual en la legislación impide prácticamente que las personas que tienen ese tipo de contrato puedan acceder en condiciones de normalidad a una pensión de jubilación. Eso es lo que de manera muy clara y nítida nos ha dicho en
estos momentos la sentencia del Tribunal Europeo y, por tanto, urge la trasposición de esa interpretación de la Directiva 79/7 de la Unión Europea, del año 1978, a nuestra legislación.


Déjenme insistir en una cuestión. Este es un tema que afecta a muchos colectivos, cada vez colectivos más jóvenes, porque cada vez más los jóvenes se ven abocados a una legislación en el mercado de trabajo que, en el mejor de los casos, les
especializa en este tipo de contratos a tiempo parcial. Pero especialmente penaliza a las mujeres porque, desgraciadamente, en nuestro país, a diferencia de otros países, el contrato a tiempo parcial no es un contrato cualquiera, el 25,5% de las
mujeres ocupadas en España tienen un contrato a tiempo parcial, cuando solo el 6,8% de los hombres utilizan esa figura contractual. En segundo lugar, el 75% de los contratos a tiempo parcial son realizados por mujeres y solo un 7% de esos contratos
se realizan de manera voluntaria, es decir, que el 93% restante son contratos que las personas suscriben porque no tienen oportunidad de hacer ningún otro. En ese sentido, se confirma una vez más que nuestro modelo de tiempo parcial es un modelo
perverso, que reproduce en el mercado de trabajo la desigualdad de género, pero al mismo tiempo como consecuencia de la interacción con la legislación de Seguridad Social, esa profunda discriminación se multiplica y se traslada también al ámbito de
Seguridad Social. Por eso, urge de una vez por todas que eso se resuelva -ahora no tenemos excusa, lo ha dicho ya el Tribunal Europeo-, pero urge además que se haga pronto. Quiero insistir en una idea que me recordaba en una conversación hace
escasos segundos el compañero Sabino Cuadra, en el sentido de que hoy se está rechazando a personas que van a solicitar el acceso a la jubilación basándose en que sus cotizaciones son a tiempo parcial y eso les impide acceder en condiciones de
normalidad al derecho a la jubilación.


Urge hacerlo, por supuesto atendiendo al criterio genérico de la estabilidad financiera del sistema, pero eso no puede ser una coartada, porque la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo a nuestra legislación obliga a acabar con la
discriminación que sufren en estos momentos las personas que tienen un contrato a tiempo parcial. Por eso nuestra proposición no de ley no se ha limitado a hacer un llamamiento genérico a la reforma legislativa -que, por otra parte, sería ocioso
porque es evidente que la obligación del Gobierno es trasladar rápidamente a la ley el contenido de la sentencia del Tribunal Europeo-, sino que nos ha parecido oportuno situar algunos elementos concretos que son los que se recogen en nuestra
proposición no de ley: En primer lugar, la urgencia; en segundo lugar, que se negocie con los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales, los agentes sociales, y en tercer lugar, que responda a los tres elementos que sin duda
en estos momentos tienen carácter claramente discriminatorio, la penalización en las bases reguladoras, la penalización en el tiempo acreditado para los coeficientes multiplicadores y, al mismo tiempo, el impacto muy profundo en materia de
discriminación de género. Espero que hoy podamos llegar a un acuerdo en esta Comisión que para nosotros no puede ser un brindis al sol. Que se adapte la legislación a la directiva europea no es suficiente, porque eso no aporta nada por parte de
esta Comisión; el Ejecutivo tiene la obligación de impulsar que el Legislativo lo haga. Deberíamos concretarlo un poco más y espero que durante el día de hoy podamos encontrar una solución.


Termino con una reflexión a esta Comisión, que creo que es importante. Creo que en este tema se está produciendo un fenómeno muy repetido en la interrelación entre legislación del mercado de trabajo y legislación de Seguridad Social. Se
dice por parte del Ejecutivo que hay que flexibilizar -desregulación, pero se dice flexibilizar- la legislación de Seguridad Social, que hay que buscar todo tipo de fórmulas que permitan que la gente trabaje, sea como sea -minijobs, contratos a
tiempo parcial, lo que sea-, sin tener en cuenta que esas formas de trabajo tienen repercusiones muy graves, no solo en el momento en el que se trabaja, sino a lo largo de la vida laboral de aquella persona. Además, la legislación de Seguridad
Social no es coherente con ese planteamiento que se establece en el ámbito de relaciones laborales y se le vuelve a castigar a esa persona doblemente. Si no somos capaces de abordar esa especie de perversión que tiene nuestra legislación en materia
laboral, en más de una ocasión nos vamos a encontrar aquí tratando estos temas. Por cierto, muy pronto vamos a tener que hacerlo, porque con fecha 21 de febrero el Tribunal de la Unión Europea ha remitido otra sentencia, también contraria a la
legislación española, por la cual de nuevo se ve de manera muy clara que la legislación española no es respetuosa con la normativa comunitaria, en este caso con la normativa a la libre circulación y, por lo tanto, con la obligación de que el Estado
español reconozca las cotizaciones efectuadas en otros países de la Unión Europea por ciudadanos

Página 18

de la Unión Europea. Solo quiero insistir en ese concepto y esperemos que durante el día de hoy podamos encontrar una solución que nos permita llegar a un acuerdo de toda la Comisión.


Y termino como he empezado. Es bastante probable que me tenga que marchar corriendo y venir a la votación. Si no puedo asistir, me anotan ustedes el voto, que me parece bastante evidente que es a favor de esta cuestión.


El señor PRESIDENTE: Aunque la teoría de la suplantación parlamentaria todavía no existe, es cuestión de desarrollarla.


Tiene la palabra, en defensa de la iniciativa de UPyD, don Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Sin duda, un primer hecho llamativo es que tres grupos tan diversos como La Izquierda Plural, CiU y UPyD hayan coincido en este asunto, lo que parece indicar su relevancia. Hoy en día, en España los trabajadores a
tiempo parcial para acceder a una pensión de jubilación tienen que cotizar durante un periodo mínimo de quince años, lo que se conoce como el periodo de carencia. El problema no tiene tanto que ver con esto sino con cómo se calculan esos años de
cotización. No se tiene en cuenta directamente el número de años que han cotizado sino que en realidad, según la disposición adicional séptima de la Ley General de Seguridad Social, lo que se hace es tener en cuenta exclusivamente las horas
efectivamente trabajadas y mediante una fórmula, traducir esas horas efectivamente trabajadas en días.


El caso particular que ha dado origen a la sentencia europea pone muy claramente de manifiesto el problema. Se trata de una mujer de sesenta y seis años que había trabajado y cotizado durante dieciocho años como limpiadora de una comunidad,
es decir, había cotizado dieciocho años, más de quince años. Tenía un contrato a tiempo parcial de cuatro horas a la semana y al traducir esas horas efectivamente trabajadas en años, según la fórmula hoy utilizada, se le dice que ha cotizado
durante tres y no durante dieciocho años. Esto implica que para tener derecho a la pensión tendría que trabajar cien años, lo que evidentemente es imposible e impide el acceso efectivo a la pensión; hace que sea imposible que en ningún momento
llegue a cobrar esa pensión, a pesar de que haya estado dieciocho años cotizando. Esto es lo que pone de manifiesto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de noviembre. Indica que la situación actual en España incumple la
Directiva Europea 79/7, que prohíbe la discriminación por razón de género en materia de Seguridad Social. Efectivamente, aquí hay una discriminación, a estos trabajadores a tiempo parcial se les exige proporcionalmente un mayor periodo de
cotización, tan grande que es realmente inalcanzable, para acceder a una pensión que ya es proporcionalmente más reducida por la parcialidad de su jornada y por la cuantía de sus cotizaciones. En el caso concreto que dio origen a la sentencia, la
pensión, caso de obtenerla, sería de 113 euros al mes. Es decir, que la situación de parcialidad se recoge doblemente, se penaliza doblemente, en la cuantía de la pensión y en el periodo necesario para acceder a ella, que en términos efectivos
imposibilita el acceso.


La discriminación de género tiene que ver, como se ha señalado antes, con el alto número de trabajadores a tiempo parcial que son mujeres. En España tres cuartas partes de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, en gran medida debido
a la necesidad que tienen de compatibilizar su trabajo con el cuidado de los hijos o con el cuidado de personas mayores, lo que aunque sea un tema distinto, nos debería hacer reflexionar sobre la deficiencia de servicios sociales existente en
nuestro país todavía hoy en día. Pero volviendo al tema que nos ocupa, lo que Unión Progreso y Democracia propone en esta proposición no de ley es que se cumpla esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de forma que se realicen
las modificaciones normativas necesarias para eliminar esta discriminación tan patente, cambiando el método de cálculo del periodo cotizado. Esto es imprescindible hacerlo y es imprescindible hacerlo pronto, por un lado, para evitar que se
produzcan miles de impugnaciones de personas que están en una situación similar a la persona que dio lugar a la sentencia, de forma que acaben colapsando los juzgados de lo Social, pero también deberíamos verlo como una oportunidad, como una ocasión
de hacer de la necesidad virtud y potenciar el contrato a tiempo parcial, que es una modalidad de contratación que en países como Holanda ha tenido mucho éxito y que en España ya lo utiliza un colectivo apreciable, 2,5 millones de personas, pero
tiene un potencial de crecimiento, siempre que no esté estigmatizado y siempre que no tenga unas condiciones que perjudiquen claramente a las personas que optan por esta vía. En el pasado se mejoró la protección de las prestaciones de desempleo y
la situación actual, en nuestra opinión, es una buena ocasión para hacer lo mismo, mejorar y adecuar la protección en el tema de las pensiones. Mi grupo también desearía que en esta cuestión sea posible llegar

Página 19

a acuerdos y lo estudiaremos con interés e intentaremos llegar a un acuerdo a partir de las enmiendas que se han planteado.


El señor PRESIDENTE: A continuación, para defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Luis Tudanca.


El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Creo que la presentación de tres iniciativas similares, en el mismo sentido, por parte de tres grupos parlamentarios diferentes da una idea de la oportunidad, de la urgencia y de la importancia de este asunto.
La petición de modificar la legislación en materia de acceso a la jubilación de los trabajadores y sobre todo, es verdad, trabajadoras a tiempo parcial viene dada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 22 de
noviembre y, por tanto, difícilmente ningún grupo parlamentario puede oponerse al contenido de estas iniciativas. Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista comparte el contenido de la sentencia, la acata, como no puede ser de otra manera, y
estamos de acuerdo en su cumplimiento y en la modificación de nuestra legislación. Para ello, consideramos que disponemos de un instrumento fundamental en lo que tiene que ver con todas las modificaciones de nuestro sistema de la Seguridad Social,
que es el Pacto de Toledo. Por tanto, tenemos que cumplir la sentencia, debemos utilizar el Pacto de Toledo y debemos también negociar con los agentes sociales de forma previa al cambio o la modificación de la ley.


El Grupo Parlamentario Socialista considera que toda modificación en nuestro sistema de pensiones debe hacerse así, porque todas ellas, y esta también si sale adelante -y esperamos que así sea-, afectan al conjunto del sistema. Debemos
hacerlo garantizando la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a la jubilación, mejorando la proporcionalidad en el cómputo y evitando también, por qué no decirlo, que se abra la puerta a ciertas prácticas de algunos empresarios permitiendo
fraudes para cotizar por menos, sabiendo que eso permitirá adquirir derechos completos. Ahora bien, tampoco podemos permitir que en la legislación española se establezcan condiciones imposibles para la adquisición de derechos, en este caso para la
adquisición de un derecho a la prestación por jubilación. Por tanto, el Grupo Socialista, que ha presentado una enmienda con estos objetivos, por un lado, acabar con la discriminación y cumplir la sentencia, y por otro lado, garantizar la
viabilidad y coherencia del sistema de Seguridad Social en su conjunto, considera imprescindible en todas estas materias la negociación con los agentes sociales y dentro del Pacto de Toledo. Y, por último, y no por ello menos importante, la
urgencia que tiene esta modificación. Por lo tanto, confiamos en que lo solucionaremos de forma eficaz y rápida, y desde luego también esperamos y confiamos en que lograremos llegar a un acuerdo de conjunto con una enmienda que satisfaga a todos,
que comprometa de forma unánime a esta Comisión y al Gobierno en esta modificación legislativa.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Tenemos esta mañana la posibilidad de debatir tres proposiciones no de ley que son coincidentes en el fondo aunque plantean diferencias, en algunos casos sustanciales, en sus presentaciones y en sus
pretensiones. Pero yo creo que lo importante es que hay una coincidencia clara, como no podía ser de otra manera por otra parte, en que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, por lo tanto, hay que dar cumplimiento por
parte del Gobierno a esta sentencia. Insisto en que estas tres proposiciones no de ley presentadas por La Izquierda Plural, por Convergència i Unió y por UPyD tienen algunos matices que, aunque no quisiera entrar en profundidad a analizarlos, sí
querría decir que, por ejemplo, en el caso de la de La Izquierda Plural, aunque apela a los agentes sociales, después desarrolla exactamente cómo tiene que ser ese proyecto de ley, lo cual, a nuestro juicio, implica bastantes contradicciones, porque
si dejamos que lo vean los agentes sociales, incluso la Comisión del Pacto de Toledo -que yo creo que es lo razonable y lo que siempre se ha consensuado en esta Cámara-, no parece razonable decir ya lo que tiene que tener ese proyecto de ley. Por
lo tanto, con estos matices en el fondo, que me parecen importantes, tenemos que decir que, en general, estamos de acuerdo porque lo que se pretende es dar cumplimiento a la sentencia.


Por otra parte, nos parece que la de Convergència i Unió recoge muy bien el espíritu, pero deja fuera hablar y acordar fundamentalmente con los agentes sociales y desde luego llevarlo a la Comisión del Pacto de Toledo. Le pasa exactamente
igual que a la iniciativa que ha presentado UPyD, aunque estoy convencida -lo digo desde el más profundo convencimiento político- de que está en el ánimo de los dos

Página 20

grupos que estas cuestiones se traten, primero, por los agentes sociales -además, creo que alguno lo ha dicho- y después, en el seno del Pacto de Toledo. Por lo tanto, yo creo que vamos acercando posiciones, señor presidente, incluso con
las tres enmiendas diferentes que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista a cada una de las proposiciones no de ley; hay un hilo conductor que a nosotros nos gustaría salvar, que es el hecho de tener que cumplir la sentencia, que es el
hecho -ellos lo plantean también- de que se hable en el seno del diálogo social y que se lleve a la Comisión del Pacto de Toledo. Con lo cual tenemos coincidencias en tres aspectos fundamentales, pero también tenemos divergencias en cuanto a la
disparidad de las tres enmiendas que el propio Grupo Socialista ha hecho, porque ha incurrido en el mismo tema al enmendar a La Izquierda Plural, en pedir que se acuerde con los agentes sociales y llevar al seno del Pacto de Toledo, pero luego se
suma al contenido de la de La Izquierda Plural y dice: Y presentar un proyecto de ley con estos apartados. Lo cual, insisto, nos parece precipitado si de verdad queremos dejar el terreno a los agentes sociales y, una vez acordado con ellos, a la
Comisión del Pacto de Toledo. También me parece importante que haya hablado el portavoz del Grupo Socialista de la sostenibilidad del sistema, aunque en ninguna de sus enmiendas aparece el tema, que a nuestro juicio es la otra pata sobre la que
indudablemente se tiene que sustentar cualquier posicionamiento de esta Cámara, entiendo que responsable, hacia el Gobierno a impulsarle a esta cuestión.


Voy a entrar, señor presidente, en el contenido de nuestra enmienda, que creo que aglutina y simplifica bastante, porque aquí se trata de decirle al Gobierno que continúe con el diálogo social, porque hay que reconocer que el Gobierno ya ha
citado a los agentes sociales, una vez conocida esta sentencia, y ha habido trabajos en profundidad con los agentes sociales, con los dos sindicatos mayoritarios y las patronales, CEOE y Cepyme. Señorías, esto hay que reconocerlo. Podemos
continuar, por supuesto, en el ámbito del diálogo social y debemos instar al Gobierno -y así lo hace nuestro grupo en la enmienda- para que busque los acuerdos pertinentes que permitan dar cumplimiento a esta sentencia y además mantener la
sostenibilidad del sistema, y todo ello trasladarlo, como siempre, al Pacto de Toledo. Esa es, en síntesis, nuestra enmienda. Señorías, en este momento, ante una cuestión de tantísima relevancia debemos ser conscientes, como lo son los agentes
sociales y el Gobierno, de la profundidad de los cambios que se requieren a través de esta sentencia y de lo global de la aplicación de esta sentencia en el contexto de un debate que ya está abierto sobre el tema de la reforma de pensiones. Esto no
es una manta que estiras y sale por un sitio y por otro; hay que intentar que tape todo, que cuadre todo, lo cual es complicado. Dejemos trabajar a quienes deben hacerlo y a quienes tienen capacidad para hacerlo. Además, este tema no solamente
implica o afecta al tema de la discriminación, que ya sería suficiente y que lo es, en función de la sentencia, sino que, como consecuencia, va a tener unas implicaciones importantes -y aquí se ha dicho también-, porque va a afectar a periodos de
carencia, a derechos adquiridos en otras circunstancias que van a hacer que entren también en juego los complementos a mínimos. Por lo tanto, es un tema de una complejidad enorme.


Señorías, hay que trabajar con responsabilidad y en profundidad en este tema, que es a lo que impulsamos al Gobierno. Y me gustaría aclararle al señor Coscubiela, aunque creo que se ha ido, pero seguro que su compañero se lo va a trasladar,
que desde nuestro grupo no podemos aceptar que se diga que la sostenibilidad del sistema es una coartada. A nuestro juicio, vuelvo a repetir, es una responsabilidad. Nosotros queremos impulsar el trabajo en esta materia, al contrario de lo que
dice el refrán, sin prisa pero sin pausa, en este caso sin pausa y con prisa. Nosotros queremos que haya un acierto por parte de los agentes sociales y del Gobierno, por el bien del sistema y por el bien de los pensionistas.


Señorías, nuestro grupo está de acuerdo en buscar una enmienda de consenso en torno a la que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular para, si así lo consideran los ponentes, poder llegar a un acuerdo. Si no, desde luego nosotros nos
reservaríamos el voto sobre nuestra enmienda y si no fuera aceptada, tendríamos que votar en contra, con todo el dolor, por los motivos que acabo de justificar suficientemente.


El señor PRESIDENTE: A continuación, ¿grupos que desean intervenir? (Pausa). Por el Grupo Mixto, el señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Empezando por lo último que ha comentado la portavoz del Partido Popular, sin pausa y con prisa, diré que el Gobierno lleva ya treinta y cuatro decretos-leyes, que tiene esta sentencia encima de la mesa desde hace
tres meses aproximadamente y que únicamente nos cuenta lo que nos está contando sin haber dado ningún paso concreto en relación con este gravísimo tema que cada vez afecta a más decenas de miles de personas, porque es una modalidad contractual que,
por

Página 21

desgracia, cada vez se va implantando más en el mundo laboral. Creemos que esto tenía que haber sido considerado de una forma más rápida y urgente, y señalamos ya de paso la contradicción que vemos en que, así como se dio mucha prisa -algo
que la mayor parte de los grupos no entendíamos- en la modificación del régimen de las trabajadoras del hogar, colectivo al cual le es de aplicación de lleno lo que estamos discutiendo, nos encontramos con que se ha aprobado y se ha modificado ese
régimen sin tomar en consideración las afecciones que puede tener el debate que hoy estamos realizando en relación con este tema. Son unas decisiones un tanto anacrónicas, un tanto contradictorias las que se están adoptando por parte de esta
Comisión.


Hay tres cosas que quiero señalar. Primero que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde nuestro punto de vista, pone de manifiesto que lo que se ha venido haciendo por parte de la Administración española ha sido una
interpretación interesada, raquítica y un tanto torticera, diría yo, de los derechos sociales y de la igualdad de género con la que deben articularse las relaciones laborales. Era una cuestión bastante evidente y venía siendo aplicada en el
conjunto de países de la Unión Europea y nos encontramos con que al final el Tribunal de Justicia Europeo nos tiene que dar un tirón de orejas en relación con este tema. Una última cosa quisiera señalar. Nosotros estamos en principio de acuerdo
globalmente con las tres propuestas que se han realizado, pero hay un tema que para nosotros tiene muchísima importancia y que expresamente no se menciona en ninguna de las tres, que es el tema de la retroactividad que debiera tener la solución a
este tema, una retroactividad lo más amplia posible, porque hasta ayer mismo -y hoy en día a lo mejor todavía se está haciendo-, la información que se ha venido suministrando a cientos de miles de personas que se encontraban en esta situación,
fundamentalmente mujeres, es que carecían por completo de derecho a tener una pensión de jubilación por la poca cotización que habían venido realizando. Que todas estas personas, cientos de miles de mujeres que no han presentado ni siquiera una
solicitud en tiempos pasados porque se les decía que no tenían legalmente ningún derecho, pudieran hacerlo ahora, nos parece que es algo de justicia, completamente necesario, más teniendo en cuenta lo que hemos dicho al principio respecto a la
interpretación; una interpretación interesada, raquítica y torticera que se ha venido haciendo en relación con este tema; una interpretación que se ha realizado sobre uno de los sectores más golpeados por esta sociedad y por esta crisis en
concreto, como son las mujeres.


- SOBRE LA CARTA SOCIAL EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000758).


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de estas tres proposiciones acumuladas, nos queda por fin la numerada como 5.ª en el orden del día, sobre la Carta Social Europea, iniciativa de la que es autor el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
Para su defensa, el señor Olabarría tiene siete minutos de tiempo, no sin antes decir a los intervinientes de este punto que acabamos de concluir, que disponen de algo más de media hora para ver si se obtiene esa deseada enmienda transaccional.


Ahora tiene la palabra el señor Olabarría para la defensa de su iniciativa.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Esta iniciativa de mi grupo parlamentario es una iniciativa, como usted sabe, bastante recurrente. Y mi grupo no pretende otra cosa más que resolver un enigma o algo vinculado al...(Rumores). Señor presidente, si
es posible intervenir con un poco de...


El señor PRESIDENTE: El señor interviniente apela, con razón, a que por favor haya el debido silencio para que se pueda seguir adecuadamente su intervención. Adelante, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Esta materia pertenece casi al realismo fantástico, señor presidente, por la razón que le voy a explicar. Es la tercera vez que mi grupo parlamentario presenta una iniciativa de estas características, que solo
hace una pregunta, cuestiona un problema a esta institución, a este Parlamento, y es por qué no se ha ratificado la Carta Social Europea reformulada en el año 1986. Así se hizo con la Carta Social Europea del año 1980, firmada y ratificada en el
año 2000, pero no se ha hecho con la del año 1996 y me sorprende poderosamente la renuencia de esta institución y del Gobierno a la ratificación de la Carta Social Europea, señor presidente, porque esta iniciativa que ha sido presentada tres veces,
ha merecido el voto unánime de la Cámara las tres veces que se ha presentado.


Voy a citar a una persona que merece mi mayor respeto, es una referencia de autoridad, la señora Quintanilla, justo aquí delante de mí, en este momento presente, y sus reflexiones en relación al último debate, la última vez que yo presenté
esta cuestión que raya en lo teológico, en lo misterioso. Cuando se

Página 22

lo comenté, y coincidimos en que la Carta Social Europea de los cuarenta y ocho países que componen el Consejo de Europa estaría firmada y ratificada por cuarenta y dos, la señora Quintanilla me dio la razón y además me comentó con sorpresa
-ella se encontraba en la oposición, ahora está apoyando al partido gobernante, pero me imagino que sus criterios y sus conceptos no se habrán mutado por estas circunstancias, espero que no- que le llamaba poderosamente la atención que hubiesen
ratificado la Carta Social Europea del año 1996 países como Azerbaijan, Armenia, Letonia, Lituania, Malta, Moldavia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, mucho de ellos países que la mayoría de los diputados conocen por el Festival de Eurovisión, más que
por otras circunstancias. (Risas). Esto es poderosamente llamativo, señor presidente, yo quiero saber, quiero que alguien me explique por qué el Estado Español no ratifica la Carta Social Europea del año 1996 y sigue todavía vinculado por los
requerimientos del año 1980. Y es una cuestión extraña que se puede deber a dos circunstancias: o a la desidia, señor presidente, y espero que no, o a lo que el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha afirmado, que es que el Estado
Español incumple los requerimientos de la Carta Social Europea en las siguientes materias. Duración del trabajo, primera cuestión en la que la legislación laboral española no se ajusta a los requerimientos de la Carta Social Europea. Derecho de
huelga, cuya regulación es preconstitucional, como sabe perfectamente el señor Presidente de esta Comisión, aunque constitucionalizada la regulación por una sentencia posterior del Tribunal Constitucional. También se incumplen los requerimientos en
materia del contenido esencial del derecho de huelga tal como los configura en la Carta Social Europea. Vacaciones, otro de los incumplimientos denunciados por el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa. Horas extraordinarias, también
esta materia se incumple en relación con los contenidos de la Carta Social Europea del año 1996, firmada y no ratificada por el Estado Español. Cese del empleo, también se incumplen en esta materia los requerimientos de la Carta Social Europea.
Derecho sindical, contenido esencial del derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de la libre elección. También se incumplen los requerimientos de la Carta Social Europea del año 1996. Por último, termina afirmando, señor presidente del Comité
de Derechos Sociales y el propio Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que España incumple la Carta Social Europea por impedir el acceso de extranjeros al empleo público.


Cuando son tantos los incumplimientos denunciados por el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa uno tiene la impresión de que no es la desidia lo que está provocando, lo que está de alguna forma impidiendo o obstaculizando la
ratificación que no la firma, porque ya está firmada la Carta Social Europea del año 1996, sino los incumplimientos o el desajuste de la normativa laboral española, la normativa sindical, la normativa en materia de Seguridad Social a diversos
aspectos de la Carta Social Europea.


Señora Quintanilla, aquí le quiero oír, si va a ser usted la que va a intervenir. Usted era una apologeta de locuciones o de reflexiones similares a las que estoy haciendo en el día de hoy. Y usted ha aplaudido con fervor estas
reflexiones. (Rumores). Señor presidente, en estas condiciones, de verdad que me cuesta muchísimo... (Rumores). Voy a esperar que terminen las conversaciones que están en curso...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, usted conoce bien la vida parlamentaria y creo que dentro de lo que es habitual está discurriendo con respeto y usted sabe lo que es la vida parlamentaria.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No, es que no me oigo a mí mismo, señor presidente. Solo a estos efectos, igual es por la dureza de oído.


El señor PRESIDENTE: Pues yo le oigo perfectamente y creo que los demás miembros también le están oyendo. Ruego silencio para que pueda el señor Olabarría. (Pausa).


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Si acabo ya, podrán reanudar inmediatamente las conversaciones, que son de máximo interés con toda seguridad, más que lo que estoy defendiendo, porque acabo ya señor presidente. (La señora Vázquez Blanco: Te
hemos estado esperando treinta minutos, no te pongas así).


En todo caso, señor presidente, vuelvo no solo a solicitar a los parlamentarios de todos los grupos el voto positivo a esta proposición no de ley, sino a reproducir la petición de explicaciones. Uno ya a veces no desea que se le vote, desea
solo conocimiento, parafraseando a Nietzsche, deseo saber por qué no se ratifica la Carta Social Europea del año 1996. Está firmada, ya hay un compromiso inicial, pero falta el instrumento de la ratificación para incorporarlo en su totalidad, en su
indemnidad a nuestro

Página 23

ordenamiento jurídico, por qué no se hace, no será una cuestión de desidia seguramente, creo que esa no es una cuestión de desidia, puede haber problemas en relación a la dificultad de cumplimiento de algunos de los requerimientos de la
Carta Social Europea. Sea cual sea la razón, señor Presidente, por cuarta vez vuelvo a pedir en esta Comisión la ratificación de la Carta Social Europea y si no se va a proceder a esta ratificación que se expliquen cuáles son las razones que
impiden o que obstaculizan acometer un acto que es obligado, en tanto en cuanto los miembros del Estado Español o del Reino de España en el Consejo de Europa sí que votaron favorablemente la Carta Social Europea en su actual configuración, la del
año 1996.


Pido perdón a los compañeros de la Comisión por haber solicitado el silencio que resulta imprescindible para poder intervenir y les solicito también disculpas por si mi ausencia ha provocado alguna demora en el trámite de las iniciativas
previstas. Es una ausencia debida por cuestiones de fuerza mayor, de la que no he podido liberarme, señor presidente, a la que va a acompañar otra ausencia ex post ahora porque tengo que ir a presidir otra Comisión. Mire, algunos no poseemos más
de 180 diputados o no tenemos 140 diputados, algunos grupos parlamentarios en esta Cámara tenemos una cifra modesta, una representación modesta, 5 diputados. Intentamos ejercer humildemente pero con rigor nuestras funciones, intentando acudir a
todo lo que físicamente se puede acudir, señor presidente. Luego, si mis palabras han molestado a alguien solicito disculpas, pero quiero también que se comprendan cuáles son las razones que han provocado las distorsiones que mi presencia y mi en
su caso locución hayan podido provocar.


El señor PRESIDENTE: Comprenderá que esta Presidencia es plenamente consciente y sensible a esta situación, y creo que hoy mismo se ha dado claro ejemplo de ello. Nosotros intentamos la participación de todos los grupos políticos, sean de
menor o de mayor tamaño, somos conscientes de las limitaciones que se tienen y por esa razón hemos tenido un anárquico, atípico y conflictivo orden del día que este señor presidente ha llevado como mejor ha sabido y ha podido, pero justamente para
que ustedes se puedan expresar, puedan actuar como cualquier diputado que representa al pueblo español y en el foro donde lo debe de hacer, en esta casa.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero agradecerle señor presidente su consideración porque la gestión tan atípica y caótica que está realizando es la que estoy realizando yo en otra Comisión que también tengo que presidir en este momento.


El señor PRESIDENTE: Muy agradecido, entonces le compadezco.


Es la hora de fijación de posiciones por los grupos parlamentarios, ya que no hay enmiendas a la iniciativa que acaba de defender el señor Olabarría. ¿Quién desea intervenir? Por UPyD don Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: El señor Olabarría ha defendido su proposición no de ley con la brillantez habitual y también con esos rasgos de humor que tanto se agradecen, pero en este caso -lo digo no irónicamente sino sinceramente- esto es un
regalo que nos ha dado añadido, porque realmente el tema que ha elegido se defiende por sí solo, España no puede permanecer al margen de la Carta Social Europea y siendo una carta ya firmada y con repetidas proposiciones no de ley unánimes pidiendo
su ratificación parece de sentido común que se ratifique o si no al menos, como él ha señalado, que se expliquen los motivos por los que no se hace.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Nuestro grupo también, como ha manifestado el señor Olabarría, quería saber las razones por las que no se avanza en la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea revisada, tras dieciséis años desde
su adopción. Por ello este hecho suscitó una pregunta parlamentaria por parte del diputado de nuestro grupo parlamentario, Carles Campuzano, sobre las previsiones del Gobierno respecto a la citada ratificación.


En una extensa respuesta por parte del Gobierno se nos ponía de manifiesto que si bien en el año 1999 no había problemas insalvables entre el texto de la carta revisada y el estado de nuestra legislación y prácticas del Estado existían
ciertos aspectos puntuales que presentaban dificultades, sin mucho más allí. En consecuencia se dejó en suspenso su ratificación. En 2007 se procedió a consultar a las diferentes unidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del momento
para conocer su parecer sobre la

Página 24

eventual ratificación y también se concluyó que no existían entonces dificultades importantes que impidieran la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea revisada. No obstante, la respuesta escrita que dio el Gobierno a la
pregunta ponía de manifiesto ciertas dificultades de interpretación realizadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales, algunas de las cuales actualmente se han solventado como resultado de la actualización de la normativa que regula los
contenidos correspondientes, pero otras se mantienen todavía, por lo que hasta la fecha no se ha procedido a la ratificación de la Carta Social Europea revisada. En la respuesta el Gobierno ponía de manifiesto que era inicialmente favorable a
continuar el proceso de estudio y consultas para una eventual ratificación de esta carta revisada de 1996.


Como pueden entender bien, al ver esta respuesta por parte del Gobierno, nuestro grupo parlamentario formuló una proposición no de ley, en este caso en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, reclamando al Gobierno finalizar a la mayor
brevedad posible el proceso de estudio y consultas en aras a la ratificación de la Carta Social Europea revisada, en el convencimiento de que debemos avanzar de una vez por todas en la solución de las ya pequeñas barreras que parece impiden la
ratificación de la Carta Social Europea.


Coincidiendo pues con el parecer de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en esta Comisión, votaremos a favor de la misma, creyendo en este sentido ya, como ha dicho después por cuarta vez en este Congreso, que deberíamos
avanzar definitivamente en salvar estas barreras y ratificar la carta revisada.


El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jesús Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Comienzo por felicitar al señor Olabarría en lugar de recriminarle por su persistencia en defender esta propuesta que creo debe merecer la aprobación de todos los grupos parlamentarios.


Esta Carta Social Europea revisada en 1996 debería haber sido ya ratificada, lo dice alguien que tuvo responsabilidad en la materia y efectivamente como aquí se indica en 2007, siendo titular del Ministerio de Trabajo promoví un proceso de
consultas que derivó en la conclusión de que no había nada inevitable ni irreconciliable con los contenidos de dicha Carta Social Europea. Cierto es que sí hay algunos problemas de interpretación, especialmente con lo que indica o cómo interpreta
el Comité Europeo de Derechos Sociales la aplicación de esta carta, pero nada hay insalvable, en mi opinión y ya en el año 2010 este grupo parlamentario también votó favorablemente el mandato al Gobierno para esta ratificación. Por tanto,
deberíamos todos de común acuerdo después de un largo proceso instar esta ratificación.


Es verdad, como ha dicho el señor Olabarría, que hay algunos problemas de interpretación, algunos otros afectan también al trabajo de la mujer, de mujer embarazada, a los derechos de los trabajadores migrantes y su protección y asistencia,
pero tengo por seguro que todas sus señorías coinciden en que los estándares sociales que tiene nuestro país están perfectamente a la altura de la Carta Social Europea, en materia de empleo, en materia de familia, de vivienda, de protección a las
personas con discapacidad, infancia, formación profesional, salud, Seguridad Social, servicios sociales, mayores, migrantes, protección contra la exclusión social, estoy absolutamente convencido de que nuestros estándares están a la altura de esta
Carta Social Europea.


Mi grupo parlamentario va a votar a favor por dos razones finales. Una porque debemos en este momento elevar nuestro compromiso ético con quienes tienen dificultades, este es el momento más importante para hacerlo, y dos, porque de esta
profunda crisis no podremos salir orillando el modelo de bienestar, saltando por encima del modelo de bienestar, debilitando el modelo de bienestar, sino a través del modelo de bienestar. Y un modo de hacerlo de forma significativa es ratificando
esta Carta Social Europea, estableciendo las modificaciones que fueren precisas en nuestra legislación, que creo que deben ser muy pocas y, por tanto, enviando una señal a todos de que España efectivamente aplica, y está dispuesta a continuar
haciéndolo, estos estándares sociales que determina esta Carta Social Europea.


El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Popular doña Carmen Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: En nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, de nuevo actúo de portavoz con respecto a la ratificación de la Carta Social Europea, y quiero adelantar a todos los grupos parlamentarios y también, cómo
no, al proponente de esta iniciativa, señor Olabarría, que mi grupo parlamentario va a votar que sí a la ratificación de la carta. Yo espero que una vez que se haya votado sí

Página 25

a la ratificación de esta carta efectivamente nuestro Gobierno, el Gobierno de España desde luego lleve a cabo el trámite preceptivo para que por fin la Carta Social Europea sea revisada.


Es verdad que en mi intervención hace aproximadamente un año también yo decía cómo efectivamente muchos países de nuestro entorno comunitario, pero sobre todo países que forman parte de los cuarenta y siete países miembros del Consejo de
Europa habían ratificado esta carta que está considerada como uno de los textos más importantes elaborados y aprobados por el Consejo de Europa. Sin embargo, en estos momentos tengo que decirles que efectivamente hay países como Montenegro o
Estonia que han ratificado la carta y que hay otros que como consecuencia de las objeciones que en muchas ocasiones hace el comité de expertos a las distintas legislaciones de los países, como Alemania, Dinamarca, Reino Unido, desde luego en estos
momentos también, y lo sabe muy bien el señor Caldera, no han ratificado la carta. ¿Y por qué? Preguntaba el señor Olabarría. ¿Desidia? No, no ha sido desidia de los distintos Gobiernos, yo creo que ha sido sentido de la responsabilidad, sentido
del saber estar y sobre todo sentido de que en un momento determinado una carta tan importante tenía que ratificarse absolutamente sin ningún condicionamiento por parte del Consejo Europeo de Derechos Sociales. Desde luego a lo largo de todos estos
años, que han sido muchos, distintos Gobiernos, el Gobierno del Partido Socialista, hoy el Gobierno del Grupo Popular, han estudiado en definitiva esta Carta Social Europea. Una Carta Social Europea que no solamente establece principios de
compromisos legislativos en materia laboral. No, es una Carta Social Europea que compromete principios legislativos en materia social, que compromete principios legislativos en materia de fomento, de infraestructuras, de vivienda, es decir, es una
carta desde luego que abarca, como no podía ser de otra manera, la vida de los ciudadanos de los cuarenta y ocho países miembros del Consejo de Europa. Por lo tanto, había que estudiarlo, había que meditarlo porque el comité de expertos ha venido
planteando a lo largo de todos estos años determinados aspectos por no tener claro nuestra legislación, lo que nosotros queríamos entender por nuestra legislación. El comité de expertos realizaba en muchas ocasiones un planteamiento muy literal del
texto de la carta y una interpretación que en muchas ocasiones era una interpretación demasiado excesiva para nuestra legislación.


Les voy a poner tres ejemplos, uno de ellos con respecto al artículo 2.6, sobre información a los trabajadores de los aspectos esenciales del contrato. Desde luego nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de la legislación laboral que
hemos hecho a lo largo de nuestra historia, porque tenemos una de las legislaciones más avanzadas de información sobre el contrato de trabajo con respecto a otros países. Por lo tanto, entendíamos que no teníamos ninguna pega sobre la información
de los trabajadores con respecto al contrato de trabajo.


Igual pasa con respecto al punto 8.8.2.º, donde ponen pegas contra el despido de la mujer embarazada. Miren ustedes, si hay algo que efectivamente ha sido valorado por toda la Unión Europea y también por los países del Consejo de Europa es
que las mujeres en España si son despedidas en un momento determinado durante su embarazo o después del parto, ese despido es nulo, taxativamente nulo, y lo recoge no solamente la Ley de Conciliación del año 1999 sino la Ley orgánica de Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres del año 2007 y el propio articulado del Estatuto de los Trabajadores. Y también ha venido poniendo objeciones a nuestra legislación con respecto al derecho de los trabajadores inmigrantes y sus familias a la
protección y asistencia en materia de la enseñanza del idioma.


Efectivamente estamos en un debate de determinados artículos de nuestra legislación laboral y entendemos que el Comité Europeo de Derechos Sociales está en su perfecto derecho de establecer esas objeciones, pero creemos que en estos momentos
habiendo hablado con ellos esas objeciones desaparecerán. Desde luego no ha sido desidia de los Gobiernos y desde luego en ningún caso del Gobierno del Partido Popular sino que ha sido un compromiso claro de que la ratificación de la Carta Social
Europea se tenía que hacer con todas las bendiciones legales y sobre todo sin entrar en contradicción con un comité tan importante como es el Comité Europeo de los Derechos Sociales. Vuelvo a repetir que nuestro voto, el voto del Grupo
Parlamentario Popular, será sí a esta iniciativa y veremos la luz de la ratificación de la Carta Social Europea.


El señor PRESIDENTE: Habíamos avanzado al inicio de la sesión que no votaríamos antes de las doce y media y lo haremos a las doce y media en punto, pero para ordenación del debate he de decirles que en los tres primeros puntos había
enmiendas y nos han dado traslado de una enmienda transaccional, a cuya lectura procederemos en el momento de la votación.

Página 26

También al punto 8.º, en una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la inmigración, había dos enmiendas, una de Convergència i Unió y otra de Grupo Parlamentario Popular. Si nos quiere decir su portavoz doña Patricia
Hernández si admite o no admite cuál es la situación a efecto de voto se lo agradezco. Tiene usted la palabra.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Sí, aceptamos la enmienda de Convergència i Unió, que por supuesto continúa con el fondo creado en la anterior etapa y no podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular porque es de sustitución y no de adhesión
como pedíamos.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo y en unos minutos procedemos a votar. (El señor Cuadra Lasarte pide la palabra).


El señor CUADRA LASARTE: Perdón, señor presidente, hay la enmienda transaccional que se nos ha pasado, ¿cabe expresar la opinión en relación con ella?


El señor PRESIDENTE: No, no hay trámite para ello.


El señor CUADRA LASARTE: De cara a la fijación de voto.


El señor PRESIDENTE: No hay trámite para ello. Si hubiera usted presentado una enmienda podría haber participado obviamente o no en el objeto de la transaccional, pero los grupos enmendantes y proponente...


El señor CUADRA LASARTE: ¿Ni siquiera veinte segundos?


El señor PRESIDENTE:... han llegado a un acuerdo y ahí está.


El señor CUADRA LASARTE: Es que va a suponer un cambio de voto por parte de nuestro grupo.


El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema, quiero decir que eso es habitual, que a veces hay enmiendas transaccionales y uno cambia si le gusta o no le gusta en relación con lo que previamente ha dicho, o sea, que no es una incoherencia
de su parte si modifica el voto.


El señor CUADRA LASARTE: No creo que sea una incoherencia sino por explicarlo.


El señor PRESIDENTE: No hay un trámite para ello.


En unos minutos procederemos a votar. (Pausa).


Vamos a proceder a la votación de las iniciativas que se han defendido.


El señor Olabarría nos ha pedido por tener que presidir otra Comisión que el último punto debatido, que es el suyo, sea votado en primer lugar. Si no hay ninguna objeción por ningún grupo parlamentario, vamos a proceder de esta forma.
(Denegación).


Votamos la proposición de ley que figura como 5.º punto del orden del día, sobre la Carta Social Europea.


Efectuada la votación, dijo el señor presidente:


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Pasamos a la votación de los puntos 1.º, 2.º y 3.º, que han sido objeto de una enmienda transaccional, a cuya lectura va a proceder ahora mismo la señora letrada.


La señora LETRADA: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar y a concluir con la mayor celeridad posible el diálogo abierto con los interlocutores sociales para acordar con los mismos y después en el Pacto de Toledo las
modificaciones de las condiciones de acceso a las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, con el fin de poner fin a la discriminación que sufren y evitar así que la normativa española relativa a esta cuestión sea contraria a la
Directiva europea de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, de acuerdo con las consideraciones que a este efecto ha formulado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 22 de noviembre, de forma que sea
compatible con la sostenibilidad del sistema.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, 1.

Página 27

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a votar el punto 6.º del orden del día en sus propios términos, ya que no ha sido objeto de ninguna enmienda. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las tasas judiciales en el orden social.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar el punto 7.º del orden del día, del cual es autor el Grupo Parlamentario Popular, en relación con el reembolso y gastos derivados de las prestaciones sanitarias.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 3; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Por último vamos a someter a votación e punto 8.º del orden de día, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la integración de los inmigrantes, en el bien entendido que el Grupo Socialista ha admitido la
adición de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la misma.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.