CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 243

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍA CHAVES GONZÁLEZ

Sesión núm. 8

celebrada el martes

18 de diciembre de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección de la Vicepresidencia Segunda y de la Secretaría Primera. (Número de expediente 041/000030) ... (Página2)


Comparecencias del señor director del Departamento de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE (De la Cavada Hoyo), y del señor presidente de la Asociación Española de Empresas de Servicios a la
Persona, AESP (Benavente Barrón), para que informen sobre el proceso de integración del régimen especial de empleados del hogar en el régimen general de la Seguridad Social. Por acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del
Pacto de Toledo. (Números de expediente 219/000167 y 219/000168) ... (Página2)

Página 2

Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección de la Vicepresidencia Segunda y de la Secretaría Primera. (Número de expediente 041/000030).


El señor PRESIDENTE: Señorías, creo que en nombre de los miembros de la Comisión puedo darles la bienvenida tanto a don José de la Cavada Hoyo, director del Departamento de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales, como a don Javier Benavente Barrón, presidente de la Asociación Española de Empresas de Servicios a la Persona, que van a comparecer ante esta Comisión para informar, para fijar sus posiciones sobre el proceso de integración del
régimen especial de empleados del hogar en el régimen general de la Seguridad Social.


Antes de abordar el orden del día, que todos ustedes conocen, que es el de la comparecencia, quiero someter a su consideración varios asuntos. En primer lugar, don Rubén Moreno Palanqués ha renunciado a su cargo de vicepresidente segundo de
esta Comisión; paralelamente, don Eduardo Fernández García, ha renunciado a su cargo de secretario primero de esta Comisión y, como es lógico, procede que la Comisión elija a aquellos de sus diputados que deben cubrir estas vacantes.


Si les parece bien a todos ustedes, dicha elección constituiría el primer y el segundo punto del orden del día, pasando la comparecencia al tercer lugar.


También quiero decirles a los miembros de la Mesa y a los portavoces que, una vez que terminemos la Comisión, inmediatamente celebraremos una reunión de Mesa y portavoces en esta misma sala.


Así pues, podemos proceder a la elección del vicepresidente segundo y del secretario primero. He hablado antes con el letrado y me traslada que hay una propuesta de consenso. Si a todos les parece bien, no será necesario acudir a la
votación por papeleta en urna. Los candidatos propuestos son los siguientes: don Eduardo Fernández García como vicepresidente segundo de la Comisión y doña Julieta de Micheo Carrillo-Albornoz como secretaria primera. ¿Podemos darles por elegido y
elegida? (Asentimiento.-Aplausos). Pueden ocupar sus puestos. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa).


COMPARECENCIAS:


- DEL SEÑOR DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (DE LA CAVADA HOYO), Y DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE SERVICIOS A LA PERSONA,
AESP (BENAVENTE BARRÓN), PARA QUE INFORMEN SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE
TOLEDO. (Números de expediente 219/000167 y 219/000168).


El señor PRESIDENTE: Podemos pasar al punto tercero del orden del día, que es la comparecencia antes anunciada. Como hemos hecho en otras ocasiones, el debate partirá de la intervención consecutiva de los dos comparecientes seguido de un
turno de los portavoces que podrán formular las preguntas que estimen oportunas y a los que les daré un tiempo de diez minutos como siempre, y aquí seré bastante rígido.


Sin más, tiene la palabra el señor director del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, don José de la Cavada Hoyo. Tiene usted la palabra.


El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (De la Cavada Hoyo): Quiero comenzar mi intervención expresando el agradecimiento de CEOE por la invitación para
comparecer ante esta Comisión y compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre el proceso de integración del régimen especial de empleados de hogar en el régimen general de la Seguridad Social.


Considero necesario iniciar mi exposición poniendo de manifiesto las posiciones de CEOE, que hemos hecho llegar de forma reiterada a la Administración a lo largo del proceso de gestación de la integración de los trabajadores del régimen
especial de empleados de hogar en el sistema general.

Página 3

Como todos ustedes saben, dicha integración se enmarca en el Pacto de Toledo, así como en el apartado V, reformas en la estructura del sistema de la Seguridad Social, del acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, suscrito por el
Gobierno anterior y las organizaciones empresariales y sindicales el 13 de julio de 2006, así como en el acuerdo social y económico de 2011.


Las organizaciones empresariales hemos puesto de manifiesto nuestras consideraciones en relación con las propuestas normativas en las que se ha ido enmarcando esta integración, fundamentalmente en relación con la Ley 27/2011, sobre
actualización, adecuación, modernización del sistema de Seguridad Social que, tomando como referentes las recomendaciones del Pacto de Toledo, ha procedido a integrar el régimen especial de empleados de hogar en el régimen general de la Seguridad
Social, habilitando al Gobierno para modificar en consecuencia con esta integración la regulación de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. Dicha habilitación ha dado lugar al Real Decreto 1620/2011, de 14 de
noviembre, por el que se regula la relación laboral tan mencionada, así como por el Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, que desarrolló la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social en relación con la
extensión de la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el régimen especial de empleados de hogar.


Sin embargo, me gustaría señalar que en los textos normativos anteriormente referidos no han tenido traslación gran parte de las consideraciones emitidas por la representación empresarial, algunas de ellas de carácter general y especial
relevancia, como por ejemplo el hecho de que el propio texto del acuerdo de medidas en materia de Seguridad Social, en su punto 4, señala que en relación con el régimen especial de empleados de hogar se procederá al estudio de la regulación de la
relación laboral de carácter especial a fin de proponer en su caso su adecuación a la realidad actual. Lamentablemente, no se realizó el estudio referido, lo que habría permitido que las decisiones adoptadas en el marco de esta integración se
ajustaran fielmente a la situación real de los empleados de hogar.


Como ya se señaló en su momento, en opinión empresarial la propuesta de reforma normativa de la regulación del servicio doméstico debiera haber estado acompañada del análisis de la realidad existente en sus diversas vertientes,
características de la relación laboral, ámbito subjetivo de la misma, tanto perfil de la oferta como el de la demanda, aspectos relativos a la protección social, etcétera.


Otra de las cuestiones insistentemente reiteradas por parte de CEOE consiste en la importancia de que en la regulación de la relación laboral de los empleados de hogar no se identifique la figura del cabeza de familia con la de la empresa y
el domicilio familiar con el centro de trabajo, pues deben tenerse presentes las diferencias sustanciales existentes. Tal como se señalaba, el empleador o cabeza de familia no es un empresario y esta circunstancia debe tenerse en cuenta no
solamente en orden a la simplificación administrativa, sino en cuanto a la equiparación de los deberes que tiene un empleador o cabeza de familia con los propios de un empresario.


Asimismo, hemos puesto de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre el alcance de un incremento de costes del servicio doméstico y su congruencia con las necesidades de atención existentes, fundamentalmente por las personas mayores, con
las demandas de las mujeres trabajadoras, con las políticas de promoción de la igualdad jurídicamente implantadas y con la permanencia en el mercado laboral de las mujeres que son, mayoritariamente, oferentes del trabajo doméstico, en función de las
necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar y que deberán soportar dichos incrementos económicos.


Por su parte, y desde el punto de vista de la demanda de empleo en este sector -mayoritariamente población femenina e inmigrante-, también insistimos en su momento en la necesidad de considerar la oportunidad de las medidas, dadas las
dificultades que podrían derivarse del incremento de costes, tanto en términos de desempleo como de economía sumergida. Además, está constatada la insuficiencia de la oferta de servicios públicos dirigidos a favorecer la conciliación de la vida
laboral y familiar, tanto en relación con los cuidados de menores como de las personas mayores, sean o no dependientes. Las evaluaciones de las medidas de desarrollo de la Ley de Dependencia 39/2006 ponen de relieve el insuficiente alcance
subjetivo y objetivo de la misma. Estas insuficiencias de las políticas públicas se suplen en la mayoría de los casos en los que la situación de las personas mayores es compatible con su permanencia en el hogar a través de la relación laboral
especial de empleadas de hogar y los recursos económicos de esas personas mayores están mayoritariamente constituidos por las pensiones públicas.


Partiendo de las consideraciones anteriores y entrando a valorar el proceso de integración y alguno de los datos que se incluyen en el informe de balance de la misma, debemos tener presente que la integración se lleva a cabo mediante un
proceso de adaptación iniciado el 1 de enero de 2012, que

Página 4

culminará el 31 de diciembre de 2018. Con efectos de 1 de enero de 2012, ese régimen especial de empleados de hogar ha quedado integrado en el régimen general de la Seguridad Social y se ha creado el sistema especial para empleados de
hogar. Con la nueva regulación el o los cabeza de familia para los que el empleado del hogar preste sus servicios serán los obligados a solicitar la afiliación, el alta y la baja del empleado del hogar que contrate, pudiendo el propio empleado
promover su afiliación, su alta o su baja en caso de incumplimiento por parte del empleador. Además, será el empleador quien ingrese en la Tesorería General de la Seguridad Social la aportación propia y la del empleado de hogar. De esta forma el
empleador descontará de su salario la aportación al sistema de Seguridad Social correspondiente al empleado del hogar, con lo que se elimina la situación amparada por la normativa anterior de empleados del hogar que diversificaba la responsabilidad
de la obligación de cotizar según fuera un empleado del hogar con carácter exclusivo y permanente o con carácter parcial o discontinuo.


Por otro lado, la nueva regulación presenta peculiaridades con respecto a la determinación de las bases de cotización, con una escala de bases fijas en función de la retribución mensual percibida por los empleados del hogar por cada relación
laboral y también en lo que se refiere a las prestaciones, en especial las referidas a IT y a la ausencia de derecho a la prestación por desempleo.


Estas son algunas de las nuevas condiciones de aplicación para este colectivo, pero para poder evaluar sus efectos no debe olvidarse que la información del balance se corresponde con el periodo transitorio de este proceso de integración por
lo que, aun siendo datos muy significativos, hasta que no se disponga de datos correspondientes a un periodo más amplio de integración no se podrán valorar de forma exhaustiva y más analítica los efectos de la misma.


Asimismo, debe tenerse presente que la creación del sistema de empleados del hogar conlleva unas obligaciones para los ciudadanos, ahora denominados empleadores, que en la práctica les convierte de forma involuntaria en empresarios. En
efecto, la nueva regulación de los empleados de hogar ha dado lugar a una serie de trámites de enorme complejidad para una considerable parte de la población, que en su gran mayoría carece de la suficiente experiencia para gestionar este tipo de
procedimientos, máxime teniendo en cuenta que muchos de los empleadores son personas de avanzada edad, en ocasiones con graves problemas de salud e incluso impedidos para realizar las tareas más sencillas. Así se establece la obligación de
solicitar un código de cuenta de cotización único y válido para las altas y bajas de empleados de hogar respecto a ese empleador. En esa solicitud se debe comunicar una cuenta bancaria donde se realice la domiciliación, el alta y la comunicación de
las retribuciones mensuales percibidas. Pero además, como según la nueva legislación este sistema especial depende de la retribución mensual percibida por el empleado del hogar, la cuota a pagar puede variar de un mes a otro, lo que obliga a
realizar una nueva comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante el oportuno trámite burocrático. Y dado que la variabilidad salarial mensual puede ser, de hecho, y de hecho lo es, muy habitual, estamos cargando al ciudadano
común y corriente con unas obligaciones administrativas que en ningún caso debería soportar, pues, como ya he dicho anteriormente, no estamos ante un empresario que establece una relación contractual con otra persona dentro de un esquema tradicional
de relaciones laborales, sino ante ciudadanos comunes que lo único que desean es que otra persona les ayude en las tareas domésticas y/o en la atención a las personas dependientes.


A este respecto, y como señaló el secretario de Estado de la Seguridad Social en su comparecencia ante esta Comisión, el pasado 1 de octubre, los ciudadanos han percibido este sistema como muy complicado de gestionar, sobre todo para
personas mayores y con poca experiencia en la realización de complejos trámites administrativos. No puede olvidarse que el propio Defensor del Pueblo ha trasladado a la Seguridad Social su preocupación porque desde la aprobación de la Ley 27/2011
se vienen recibiendo quejas, fundamentalmente de personas de la tercera edad, en las que se plantean las dificultades que puede suponer la comunicación reiterada a la Tesorería de los datos de cotización en aquellos casos en los que los empleados
del hogar no perciben una cuantía idéntica cada mes al variar el número de horas durante las que prestan sus servicios.


Entrando en los datos del informe, debe valorarse de forma positiva el incremento producido en la afiliación en este sistema especial, pero debería analizarse esta cuestión con detalle y con mayor perspectiva y en relación con la evolución
de la recaudación para este sistema. En concreto, según consta en el informe, el número de afiliados se ha incrementado en un 28,31 %, alcanzando el sistema 378.427 afiliados a 31 de agosto de 2012, en comparación con los 294.916 afiliados a fecha
31 de diciembre de 2011; hay un saldo neto positivo de 83.511 afiliados. Además, el número de afiliados a 30 de noviembre de 2012 en el sistema especial de empleados de hogar asciende ya a 411.500 afiliados, lo que supone un incremento respecto a

Página 5

diciembre de 116.584 afiliaciones, el 39,53 %. Creo recordar que Comisiones Obreras en su comparecencia en esta Comisión dio unos datos superiores porque eran recientes -me parece que se hacía mención a una comunicación telefónica que don
Carlos Bravo había mantenido con la Seguridad Social-. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que aun no se han registrado en este sistema todas las altas esperadas, ya que en la última EPA se reflejan como trabajadores en el régimen del hogar más de
640.000 personas. Esto supone que la nueva regulación de este colectivo se ha mostrado incapaz de hacer aflorar nada menos que 228.500 personas. Sé que no es homogénea la percepción de la Comisión, como es lógico, sobre lo que es afiliación o lo
que es una encuesta, pero de alguna forma es una referencia a que queda todavía una bolsa de cotizantes por aflorar. Por ello es evidente que debe buscarse una simplificación administrativa y nuevas fórmulas que incentiven la afiliación a este
sistema especial para reducir de forma significativa esta importante bolsa de economía sumergida, pero debe hacerse sin menoscabo de la sostenibilidad del sistema.


Por otro lado, en el informe se hace referencia a que el 85 % de los empleados de hogar de este nuevo sistema prestan sus servicios a un solo empleador y que el número medio de horas trabajadas por afiliado y por hogar es de 21,45 horas
semanales. Si se comparan estos porcentajes con los datos del régimen especial a diciembre de 2011, se observa que de 294.916 afiliados 213.693 eran empleados de hogar continuos, es decir, que trabajaban 80 o más horas mensuales ascendiendo a un 72
% del total de afiliados. De estos datos se deduce que se ha incrementado el número de empleadores que prestan sus servicios a un solo empleador en este proceso de transición de un sistema a otro, pero no hay que olvidar que este incremento del
número de afiliados coincide con una reducción de los ingresos por cotizaciones comunes, pasando de 45,76 millones en enero de 2012 a 42,48 millones en julio del mismo año, es decir, un descenso de 328 millones en el periodo transitorio. La pérdida
mensual de recaudación por contingencias comunes es de aproximadamente 5,22 millones de euros, de los cuales 1,04 millones se deben a una menor recaudación íntegra, y los 4,18 millones al aumento del total de las deducciones; proyectando esto a un
año resulta un déficit de 63 millones de euros, que es una de las madres del cordero del debate que se está teniendo en esta Comisión: la extrapolación de un déficit mensual a uno anual y todo lo que eso puede conllevar desde el punto de vista del
administrador de la Seguridad Social. Lo veremos en el coloquio.


Según el citado informe, esta reducción se debe a la disminución de la base de cotización media, ya que en enero la base de cotización era única, 748,20 euros mensuales, y en el sistema especial, como muy bien saben ustedes, se cotiza por
unas bases que oscilan entre 90,20 euros mensuales hasta 748,20 euros mensuales en el tramo decimoquinto, situándose la base media del sistema en torno a 380 euros mensuales. Cabría analizar si además del cambio de la base única a base tarifada se
ha producido un descenso de horas trabajadas en comparación con el régimen especial de empleados de hogar, cosa que nosotros no descartamos, pues aunque se haya incrementado el porcentaje de empleados de hogar que prestan sus servicios para un único
empleador, esto no significa que el número de horas se siga manteniendo y a menor número de horas menor base de media mensual. En caso de confirmarse esta suposición, podría darse el hecho de que, a pesar de que se están incorporando nuevos
empleados de hogar éstos lo están haciendo con muy pocas horas de trabajo y, por tanto, con bases de cotización más reducidas, lo que podría ser un efecto del temor al incremento de costes que para el empleador se generará con este nuevo sistema.
Este incremento vendría motivado, entre otras cuestiones, por el aumento de días para el pago de prestación por IT que se imputa al empleador por el progresivo incremento del tipo de cotización que este asumirá, así como por el importe
correspondiente al pago de contingencias profesionales que también ha comenzado a asumir el mismo.


En el informe también se señala que parte del descenso de la recaudación se debe al importe que no se está ingresando con motivo de las reducciones previstas del 20 % para aquellas nuevas altas en la afiliación. Con la eliminación futura de
estas reducciones la pérdida de recaudación sería previsiblemente menor, pero también habría que tener en cuenta en qué medida la existencia de estas reducciones tienen un efecto de atracción para la contratación, y la eventual desaparición de las
mismas podría conllevar en el futuro una merma de la afiliación y, por tanto, de la propia recaudación. Con independencia de los perjudiciales efectos que para la recaudación se derivan por la aplicación de estas reducciones, cabe señalar que para
nosotros no resulta lógico que se incentive a las nuevas altas a este sistema de forma discriminatoria frente a aquellos empleadores y empleados de hogar que han pasado de un régimen a otro, ya que estos últimos también experimentarán un notable
incremento de costes a largo plazo. Es evidente que, si se produce una pérdida de cotizaciones y, por tanto, de recaudación, va a haber efectos perjudiciales en las prestaciones de los trabajadores en activo en este régimen. Esta pérdida de

Página 6

recaudación, que el informe estima, como hemos comentado, en 63 millones de euros al año, está directamente relacionada con la evolución de la afiliación y habría sido deseable que se hubiera hecho un estudio previo que contemplase los
efectos de la nueva regulación sobre la afiliación y la recaudación. También habría que saber cuántos de estos afiliados se podrían alcanzar realmente a finales de año. En la medida en que se pudiera incrementar la afiliación más allá de lo
previsible, la pérdida de recaudación sería menor, pero en el informe no se estima que eso se vaya a producir así. Por tanto, sería preciso contar con previsiones respecto al equilibrio de los ingresos a este sistema y el coste futuro de las
prestaciones, así como una estimación respecto a los costes de gestión para los empleadores. Cabría también buscar alternativas para estimular la regularización de la bolsa de economía sumergida que se sigue detectando en la encuesta de población
activa en este sector de actividad, cuestión a la que ya anteriormente nos hemos referido.


Todas estas cuestiones y lagunas que pueden observarse en la implantación y evolución del nuevo escenario normativo deben ser acometidas con objetividad y con la vista puesta en la mejora real de las condiciones laborales y de protección del
colectivo interesado, de modo tal que estas sean compatibles con la sostenibilidad del sistema. Estas consideraciones parecen ajenas a las posturas que las organizaciones sindicales han mantenido en esta Comisión en las comparecencias que han
efectuado. Igualmente, debe tenerse siempre en cuenta que estamos ante un caso muy particular de relación contractual, pues en buena parte de los supuestos no se trata de la relación habitual entre empleador y trabajador, sino entre el ciudadano y
la persona que le presta un determinado servicio de apoyo doméstico.


No quiero concluir sin poner de manifiesto, a la vista de lo expuesto, la necesidad de mejorar no solo la complejidad administrativa del sistema, sino las cotizaciones y generar un nivel de prestaciones coherente con el nivel de recaudación,
sin menoscabo de la necesaria contribución que también este sistema debe hacer al conjunto de afiliación a la Seguridad Social, permitiendo con ello aflorar de verdad empleo sumergido, ganar en simplicidad, estimular la ocupación y la actividad
económica y evitar disuadir esta actividad. Todo ello sobre la base del reconocimiento de las especialidades que tiene esta relación laboral y el estudio pormenorizado de la realidad de la misma.


Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición a partir de este momento para cualquier cuestión que deseen plantearme.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra don Javier Benavente Barrón.


El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE SERVICIOS A LA PERSONA, AESP (Benavente Barrón): En primer lugar, quiero agradecerles poder participar aquí hoy como representante de las empresas que estamos trabajando en este
sector y transmitirles, desde nuestro punto de vista, cuál es nuestra experiencia en la aplicación de esta normativa en los pocos meses que llevamos funcionando con ella.


En cuanto a los dos objetivos fundamentales que se perseguían, uno de los cuales era mejorar las condiciones de los trabajadores, creo que todos debemos felicitarnos puesto que es algo que se ha conseguido, iniciar un camino en el que los
trabajadores están en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de cualquier otro sector. El segundo objetivo que se perseguía, que era aflorar la economía sumergida, desde nuestro punto de vista, efectivamente, los datos demuestran
que algo se ha hecho, pero también es cierto que otros se han sumergido y no es menos cierto que muchos siguen igual en la economía informal. Nosotros proponemos una alternativa a todo ello, porque lo cierto es que el sistema es muy complicado, no
el sistema en sí mismo, sino que el sistema de prestar servicios en los domicilios y las necesidades de los domicilios son muy complejas y muy distintas en cada uno de ellos. Por tanto, estamos ante un problema que requiere atender esas necesidades
reales que viven las familias para poder dar solución a todo ello. De ahí que mi interés en esta reunión es intentar transmitir la necesidad de la participación de las empresas en este sector.


Me gustaría que analizáramos, en primer lugar, la definición de qué se entiende por servicios del hogar familiar. Cuando analizamos la norma, dice que incluye tareas domésticas, dirección y cuidados del hogar, cuidados o atención de los
miembros de la familia, las clases particulares -aunque no lo pone directamente en la definición, viene más adelante en el punto 2.f.2, donde también están incluidas- y otros como guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos.
Comparándolo con la normativa europea de otros países, en los que esto ya está regulado y donde se ve qué es lo que está incluido, es muy similar en cuanto a contenido a lo que existe en otros países como Francia, Alemania, Bélgica, quizá con la
salvedad de que aquí hay una parte que no está incluida, que es la parte de asistencia informática a

Página 7

domicilio que, dada la globalización digital y el intento que se está haciendo por superar la brecha digital, especialmente en las personas mayores y en los entornos rurales, todos estos países lo han incluido como un servicio que se está
utilizando y que está funcionando ese asesoramiento, ese apoyo fundamentalmente en la economía sumergida, y es también una fuente importante de recaudación que hoy, como digo, está ahí con personas en una situación irregular.


Quería hacerles esta definición porque cuando el INE nos presenta la encuesta de población activa y, como ustedes saben, la encuesta de población activa de hace consultando a los hogares qué es lo que están contratando, todo el mundo en este
país entiende que empleadas de hogar, que es como se define, es igual a servicio doméstico y está todo el mundo muy lejos del análisis que dice la definición de la norma de la que estamos hablando. Lo que la gente entiende en la calle, y aquí se ha
reiterado muchas veces también, es el dato de empleadas de hogar y en muchos casos empleadas, es decir, en femenino, es igual a servicio doméstico muy lejos, como digo, de todo lo que incluye lo anterior. De ahí que cuando hacemos nuestros estudios
-se los hemos pasado, se los entregarán- dentro de la Asociación Española de Servicios a las Personas, nuestros números son bastante más altos que los que salen en la EPA cuando metemos este tipo de servicios.


Nuestros números son que hoy más de un millón de personas trabajan en este sector, de los cuales más de 700.000 están en la economía sumergida. Estos son nuestros datos analizando la realidad de lo que es el conjunto de actividades que
están dentro de la definición que antes hemos dicho. ¿Por qué esto es así? Porque son muy complicados los servicios que los hogares demandan y por ello es muy complejo de gestionar en sí mismo. ¿Cuáles son las claves del problema? Para nosotros
la principal clave del problema en esta norma, con todas las ventajas que tiene haberse sacado, es que se ha restringido exclusivamente la actividad de prestar estos servicios a través de las familias como empleadoras, y esa es la principal traba
que vemos a esta norma. Los particulares son jubilados, son personas que trabajan ambos cónyuges, son personas mayores, son personas que viven en entornos rurales, que están muy lejos de conocer lo que es un trámite administrativo de este tipo.
Estamos hablando de trámites administrativos complicados para servicios que requieren en muchos casos la búsqueda de una persona, que recordemos que en muchas zonas geográficas ya en sí mismo es muy complicado encontrar la persona que le va a
prestar el servicio, más aun después de hacer los trámites, contratarlas; en muchos casos son trabajos discontinuos o a tiempo variable. Es decir, se presentan una cantidad de situaciones muy complejas, como es, por ejemplo, la rotación de ese
personal; son personas que tienen mucha rotación. No estamos hablando solamente de la empleada de hogar que trabaja como interna en una casa en una jornada normal, no, estamos hablando de horas sueltas en jornadas distintas, variables, para
atender realmente a esas necesidades y esto es bastante complejo de gestionar de una forma legal por una población que mayoritariamente no tiene estas capacidades, por lo que, desde nuestro punto de vista, este es el principal problema de esta
norma, para empezar, si queremos aflorar realmente este sector.


Mucha gente, además, cuando contrata a estas personas saben el riesgo que corren; saben que cuando tiene un accidente una de estas personas en su casa se está jugando el patrimonio que ha hecho a lo largo de toda su vida, porque está
trabajando con una persona que está ilegalmente, y sin embargo lo está haciendo sin contratarla; hasta ese punto es la situación a la que llegamos, por lo cual la gente no lo hace ya no solamente por no cotizar, es que sencillamente no tiene esas
capacidades, en términos generales, de lo que estamos hablando y de lo que incluye todo lo que estábamos diciendo antes.


No quiero tocar otro sector, que es el de las mujeres, que representa el 51 % del capital humano de este país, hoy más formado; son gente que trabaja fuera, que tienen que estar preparadas y bien formadas para poder competir en un mercado
como el que tenemos, personas que viajan, personas que son madres, tienen hijos, son esposas, son también hijas que tienen que atender las necesidades de sus padres. Es decir, son gestoras de su propio hogar. Y todo esto queremos que lo hagan
haciéndose cargo además de toda esa burocracia que lleva consigo el sistema que hemos montado. No solamente estamos hablando de gente mayor, jubilados, entorno rural, sino que estamos hablando incluso de una problemática como es el entorno de la
mujer. Por tanto, si queremos realmente aflorar hay que ponérselo muy fácil a las personas que quieren contratar legalmente. Nadie quiere estar ilegalmente con alguien en su casa, asumiendo un riesgo; todo el mundo quiere tener la seguridad
jurídica de que si algo ocurre eso está cubierto. Y la alternativa, como digo, es fácil, simplemente es cuestión de que podamos acudir a una empresa de servicios, que hagamos una llamada de teléfono y que alguien nos atienda; que esa persona mayor
pueda llamar a una empresa de confianza y que alguien la atienda y pueda prestarle ese servicio. Sin embargo, hay un problema, y es el coste, es totalmente inviable ahora mismo contratar a una persona

Página 8

a través de una empresa con los costes actuales. Analicemos el caso. Todo el mundo conoce cuál es el precio estándar en la economía sumergida de una hora de asistencia doméstica, 10 euros la hora, todo el mundo lo tiene en la cabeza, por
nosotros o por el entorno en el que nos movemos. Cuando esto lo hacemos por el sistema que tenemos ahora mismo, que está regulado, se pone, más o menos, en torno a 12 euros; no es poca la diferencia. Pero si vamos a una empresa de servicios
porque yo no lo puedo hacer o no sé hacerlo, no son 12 euros, porque el sistema de cotización a la Seguridad Social es mucho más alto, ya se pone en 13,5, pero es que además es una empresa que tiene que emitir factura, y esa factura que en toda
Europa, por ser precisamente un servicio muy intensivo en economía sumergida, está en el IVA superreducido, en España es el 21 %. Añadámosle a 13,5 euros el 21 % y nos vamos a 16,3 euros o una cosa así, para una persona que gana 10 en la economía
sumergida. Y queremos que legalmente se paguen 12 o 16,3 si es a través de una empresa de servicios. Esto es simplemente inviable y por tanto es imposible que con el sistema tal y como lo estamos haciendo pueda emerger la economía sumergida.


Desde nuestro punto de vista, lo primero que tenemos que hacer, como solución, es modificar el artículo 1.2, es decir que las familias puedan contratar directamente como empleadores o a través de una empresa de servicios en igualdad de
costes, como les sea más fácil; se trata de aflorar, de que las personas tengan la cobertura que deben tener de Seguridad Social y que sea fácil de contratar. Y olvidémonos de si es a través de la familia que contrata o a través de una empresa,
que se presten exactamente lo mismo estos servicios sin más complicaciones. Y esta es la forma, el primer punto para tratar de aflorar una gran cantidad de economía sumergida que tenemos. Con ello, además, tenemos muchos objetivos cubiertos:
garantizamos la contratación, garantizamos el alta porque las empresas tienen que hacerlo, la gente está formada porque compiten en el mercado, se adecuan a las necesidades de cada usuario, que es muy distinto, y sobre todo que para la
Administración es muy fácil de controlar porque tiene unas cuantas empresas que son las que lo están haciendo. El ejemplo de Francia, Alemania, Bélgica, Italia, países donde esto está desarrollado, es muy claro: nunca ha habido una restricción a
que lo puedan hacer solamente las familias; han dado facilidades: hágalo usted como pueda, a través de la familia o contrátelo usted directamente. Porque normalmente cuando alguien lo necesita de forma habitual, lo contrata directamente. Pero si
usted lo necesita para un periodo temporal, para un tiempo determinado porque las circunstancias son difíciles, porque usted quiere quedarse en casa y no quiere irse a vivir con otro, pues contrátelo por el tiempo que lo necesite, a través de una
empresa si le resulta más fácil, y pague exactamente el mismo precio. Se ha desarrollado un mercado tremendo de microempresas de ámbito local en estos países que ha generado un montón de riqueza, un montón de empleo, de empleo estable, de empleo en
zonas muchas de ellas rurales, fundamentalmente de mujeres, que se han formado fácilmente para poder prestar ese tipo de servicios o crear una empresa de este tipo de servicios, con muy poquitos márgenes, eso sí, porque este negocio no es un negocio
de margen alto, es muy poquito el margen, pero también es cierto que muchas empresas que están en este negocio lo hacen vocacionalmente y no van buscando solamente el beneficio económico sino que van buscando también satisfacer unas necesidades que
tiene la sociedad y el ámbito en el que vive. Esto ha generado multitud, cientos de empresas, miles de empresas, microempresas -al lado de otras grandes también- que están prestando este tipo de servicios. No hace tanto tiempo sacamos un estudio
que nos encargó hace unos tres años el Ministerio de Agricultura sobre la calidad de los servicios asistenciales en entornos rurales extremos, y el gran problema no era la calidad, el gran problema era sencillamente que no tenían quien les prestara
el servicio aunque lo pudieran pagar, dónde encontraban a la persona que les atendiera. Evidentemente, si hubiera habido un sistema en el que gente de esos lugares pudiera montar pequeños negocios para prestar este tipo de servicios, evidentemente
esos servicios los tendrían a su disposición y a un precio que podrían pagar.


Respecto a las empresas, lo primero es la igualdad de costes -artículo 1.2- independientemente de que contraten directamente o a través de una empresa y el otro tema fundamental es el tema del IVA. Cuando uno contrata directamente no existe
el IVA, pero a través de una empresa legalmente existe el IVA. En la Unión Europea está permitido que cuando un país está trabajando con sectores de alta tasa de economía sumergida pueda aplicar el IVA superreducido -ojalá se pudiera nulo-; de
hecho, en España se hizo hace un par de años o tres en lo que son pequeñas reparaciones del hogar, se modificó a un IVA superreducido, y sin embargo no lo hacemos para los servicios más esenciales, más críticos, como es la asistencia en los hogares.
Esta es una medida importantísima; al menos en igualdad de condiciones y que ese IVA sea el mínimo posible, el superreducido.

Página 9

En cuanto a otros aspectos a mejorar, ¿cuál ha sido el efecto fundamental en Europa que ha hecho de efecto multiplicador para que salga de la economía sumergida todo este personal? Los beneficios fiscales. En este tema ha sido fundamental;
cualquier beneficio fiscal que se ha logrado en Europa y que tenemos la experiencia -no estoy hablando de cosas teóricas sino de cosas que se han hecho, que son reales, que llevan siete años funcionando en Francia, varios en Alemania-, cualquier
elemento que se ha introducido en temas fiscales ha tenido un efecto multiplicador en la salida de la economía sumergida. ¿Y qué es lo que se ha hecho fundamentalmente? En Francia, por ejemplo -también en otros, pero digo Francia porque luego voy
a dar un dato de recaudación-, el último informe refleja que han tenido un saldo positivo en plena crisis; ha sido el sector de mayor crecimiento del empleo y con un saldo positivo de 2.500 millones de euros a las arcas del Estado, actualmente. Es
un sistema que cuando lo trabajamos adecuadamente permite aflorar economía sumergida. Efectivamente tiene que tener con pocos costes para que la familia lo pague, pero si no van a estar en la economía sumergida y ahora es gente que está en el
sistema. ¿Qué es lo que han hecho? Pues en el IRPF han dicho: este es un gasto deducible. ¿Por qué? Porque es un gasto necesario; para algunos para poder vivir; para las personas que trabajan para poder trabajar. Por tanto, es un gasto
deducible. Pero es más, en Francia han llegado más allá y han dicho: es un gasto deducible hasta el 50 % del gasto, con unos topes evidentemente, de la cuota a pagar; o sea, puede usted deducir hasta el 50 % de la cuota a pagar en su declaración
de la renta, con unos topes, y para aquellas personas que no hacen declaración de la renta o están por debajo del umbral o están en un entorno de pobreza, le devolvemos el 50 % como beneficio fiscal. Esto lo han hecho en Francia, con un saldo
positivo, repito, entre lo que dejaban por un lado y lo que ingresaban por el otro. Y el saldo ha sido positivo. No estoy planteando que en este momento pongamos dinero para ello, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que hagamos los
números para que los ingresos que obtengo por las nuevas contrataciones menos los gastos que dejo de tener por esas personas, menos el desempleo que dejo de pagar por personas que están trabajando y cobrando a la vez el desempleo y que al pasar a la
economía oficial dejan de tenerlo, posiblemente tengamos un saldo que podamos dedicar a este tipo de actividades. También se ha hecho otra cosa, y es en el impuesto sobre sociedades. Como ustedes saben -y mi compañero de la CEOE comentaba antes-,
las empresas quieren y pueden prestar servicios para conciliar trabajo y familia por una sencilla razón, porque debo recordar que el 50 % del absentismo de este país en las empresas viene provocado por problemáticas familiares. Este es un tema
gravísimo desde el punto de vista de competitividad empresarial y las empresas quieren ayudar a los empleados, pero no están ayudando suficiente. Estamos en un entorno de crisis y ellas pueden colaborar con el sistema; las empresas puedan aportar
servicios a los empleados y, cuando lo hagan, simplemente que pueda ser deducible cien por cien o de la cuota. Que se pueda pagar llegando a un acuerdo con una empresa de servicios a la persona para que lo haga para los empleados -como lo están
haciendo- o a través de un vale de servicios. Igual que se tiene un vale comida, o un vale transporte, o un vale guardería, que se tenga un vale de servicios que se pueda aplicar exclusivamente a este tipo de servicios y no a otro tipo de
cuestiones. Esto se está haciendo en otros sitios y aquí hay empresas que lo están haciendo también; las empresas pueden colaborar en dar este tipo de servicios a las personas, que los tienen para poder atender sus casas, sus niños, sus seres
queridos, etcétera. No quiero extenderme más en esto; simplemente decirles que pueden ustedes consultar un informe que se ha publicado ahora mismo sobre servicios a la persona en Francia, se llama Servicios a la persona, balance económico y datos
de crecimiento, que analiza el asunto y cómo, en los términos que les estoy contando, ha sido el primer sector en crecimiento de empleo y ha dejado 2.600 millones en positivo a las arcas del Estado, dato que es muy importante. Cuando esta
regulación se hizo en Francia en el año 2005, en los primeros cinco años salieron de la economía sumergida un millón de personas, a través de la Ley Borloo; hoy trabajan en Francia más de dos millones y medio de personas en este sector. Creo que
también es un dato muy importante a tener en cuenta. Para resumir como aportación, se trataría de incluir a las empresas como una alternativa más en igualdad de costes para que las personas puedan acudir a ellas, sin más complicaciones que una
alternativa más; que el IVA lo hagamos superreducido porque la Comunidad Europea lo permite, la legislación está así para que lo podamos hacer, aprovechémoslo y hagámoslo; no vamos a dejar de recaudar porque las empresas, señores, no están
vendiendo ningún servicio en este sector, cero, simplemente no se vende nada; todas las empresas que había en el sector están cerrando porque nadie compra ese tipo de servicios, todo el mundo pregunta por los servicios pero nadie los puede pagar y,
les digo, ni los más ricos lo compran; nadie. Comprenderán ustedes, entre 10 euros en la economía sumergida y dieciséis y pico en la en la economía oficial, evidentemente no hay nadie que lo haga, así de simple.

Página 10

Hay un tema muy importante que se me olvidaba y quiero poner encima de la mesa, es el periodo transitorio en cuanto a la aplicación de las cotizaciones sociales. Ha pasado la primera experiencia, tenemos un problema pues no ha aflorado la
suficiente economía sumergida y ya vamos a aplicar la siguiente actualización. Sugiero que ese periodo transitorio de cotización a la Seguridad Social se mantenga; que la misma cotización del primer año, al menos se mantenga durante 2013 y 2014,
porque si no creo que va a haber mucha menos contratación de personal y la economía sumergida no va a disminuir, ni mucho menos, y más en una situación de crisis como la que tenemos en estos momentos. Y, de verdad, tampoco creo que esto afecte -y
esos estudios deberán hacerlos aquellos a quienes les corresponda- a la recaudación; se trata de que entre más gente en el sistema, no de que echemos a gente del sistema aumentando los costes. Este es un tema, desde mi punto de vista, fundamental
como aportación, si quieren, para mejorar el sistema que tenemos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Benavente Barrón.


Vamos a iniciar el turno de portavoces, de menor a mayor. Don Sabino Cuadra. (Pausa.) Renuncia a la palabra. Tiene la palabra el señor Olabarría Muñoz.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias a los dos comparecientes porque sus aportaciones han sido ilustrativas para este grupo parlamentario, aunque se trata de un trámite un tanto extravagante el que estamos cumplimentando aquí, porque no son
frecuentes las leyes en las que se establecen de forma preceptiva trámites de comparecencia; lo habitual es que sean los grupos parlamentarios los que soliciten autónoma y espontáneamente las comparecencias que consideren pertinentes. En este caso
lo impone la ley y desde esa perspectiva estamos glosando lo que la ley, la disposición adicional décima de la Ley 3000/2012 establece, quizá de forma un tanto precoz. Tengo una carta aquí de varios colectivos, fundamentalmente de mujeres, en
defensa de los derechos de las mujeres, que hablan de lo prematuro de un trámite en el que todavía no se puede cumplir en su literalidad la disposición adicional décima en tanto en cuanto se exige un balance sobre la regulación de la relación
laboral, y es muy difícil todavía, como ustedes han explicitado, hacer un balance exhaustivo; se puede hacer un balance transitorio, un balance de los inputs o de los ítems pero no un balance de la configuración de esta relación laboral y de la
integración de este régimen laboral en el régimen general de la Seguridad Social.


Son algunas cuestiones muy interesantes las que nos han comentado. En las estadísticas, cuando ustedes nos hablan de un millón de personas de las cuales todavía 700.000 están ubicadas en la economía sumergida, estamos hablando de una de las
patologías de la estructura económica del Estado español, la gran dimensión que tiene en él la economía sumergida, economía sumergida que muchas veces y en algunas legislaturas se ha observado -si me permiten la expresión- hasta con cierta
complacencia o tolerancia, o mirando para otro lado -si se quiere utilizar la expresión-, en tanto en cuanto había verdaderos apologetas en el ámbito teórico diciendo que es un mecanismo que posibilitaba, amalgamar lo que podría convertirse en un
estallido social en momentos de crisis muy intensas y donde la economía sumergida era una especie de elemento atenuante de lo que podría convertirse al final en una situación de conflictividad poco soportable por las instituciones públicas. Nunca
he creído eso y ya es un valor universalmente aceptado que la economía sumergida carece de consideración o valoración; no posibilita realizarse en relación a la cual ninguna valoración positiva: no existen derechos laborales en su seno, no existen
aportaciones a la Seguridad Social, no existen aportaciones a la Hacienda pública y se estructura una verdadera competencia desleal sobre las economías que funcionan en régimen regular o las empresas que funcionan en régimen regular. Por tanto,
cualquier actuación que sirva para acabar con esta lacra y aflorar la economía sumergida bienvenida sea; pero ustedes ya han planteado algunas dificultades, en concreto las dificultades del acceso a empresas cuya función -microempresas y no solo
microempresas también grandes empresas- es la provisión de provisionales que se dedican a la atención, al servicio doméstico en su más amplia dimensión, la que prevé la ley, sencillamente la que prevé la ley.


Aquí nos encontramos, si me permite la reflexión, con una pequeña matización que humildemente le haría, que otra de las patologías de la estructura económica del Estado español es el fenómeno de la llamada subcontratación en cascada, en el
ámbito regular de la economía regular: un empresario principal contrata a un contratista, este contratista contrata a una primera subcontrata, subcontrata que puede contratar a un segundo subcontratista... Yo he llegado a conocer hasta el
decimoquinto subcontratista y todavía normas reglamentarias del Estado posibilitan acabar este régimen de cascada

Página 11

de subcontratas en una persona física que realice la tarea sin conocer ni quién es el empresario principal al que se le atribuyó. Yo no sé hasta qué punto -y no faltan en este sector empresas que utilizan relaciones contractuales de
naturaleza civil y mercantil, no de naturaleza laboral- seguir utilizando en sus propios términos, tal como el sector de las empresas que proveen de profesionales -muchas veces con relaciones civiles y mercantiles-, un régimen que pretendemos
laboralizar, que es una de las finalidades de la ley, es algo que merece una reflexión por parte de ustedes. Se lo planteo como duda, como una de las muchas dudas que me plantea esta misma ley. Ustedes han dicho que plantea muchas dudas; claro
que plantea dudas, muchísimas. Una que les voy a plantear ahora y particularmente al representante de la CEOE. Resulta un tanto complejo considerar que un ciudadano que contrata a una persona para realizar actuaciones o actividades vinculadas a lo
que se denomina genéricamente servicio doméstico, considerarle simultáneamente además de ciudadano, empleador, pero es que es las dos cosas, ostenta la doble condición, es un ciudadano y es un ciudadano empleador, que por lo tanto asume
responsabilidades y obligaciones laborales, como también las asume la empleada. Desde esa perspectiva resulta difícil, incluso desde una perspectiva metacultural, asumir esta nueva realidad, pero una vez asumida, porque hay que asumirla por
imperativo legal -qué mejor usada la expresión-, hay que estructurar los mecanismos de negociación colectiva en el seno. Y me gustaría saber cómo se estructura la negociación colectiva, que es algo que debatimos cuando comparecieron las
organizaciones sindicales, en un ámbito tan polarizado, tan disperso: cuáles son los elementos de legitimación, cuáles deberían ser los ámbitos del convenio, que condiciones o qué cláusulas deberían figurar, si todas las que forman parte de los
convenios previstos en el Estatuto de los Trabajadores o algunas de ellas; en los convenios del Estatuto de los Trabajadores, salvo los mínimos de derecho necesario absoluto -el orden público laboral-, se puede negociar todo. Yo no sé si han hecho
una reflexión sobre cómo configurar esto. Yo se lo planteé a las organizaciones sindicales y me encontré con la paradoja de que no tenían respuesta sobre esta cómo articular la negociación colectiva en el seno de un mundo tan polarizado, tan
complejo, tan ajeno, tan diferente de las relaciones laborales de carácter ordinario tal y como las hemos conocido tradicionalmente, donde la identificación del empleador y del colectivo de empleados o de trabajadores y organizaciones sindicales que
en su nombre, y a través de las facultades ultra vires que genera la mayor representatividad, pueden negociar convenios colectivos. Esto, ¿cómo se aplica aquí? Es la pregunta que yo les haría ¿Se puede aplicar? Materialmente la duda es si se
puede aplicar realmente. ¿Hay sindicatos u organizaciones sindicales que mediante el ejercicio de las facultades ultra vires dimanantes de su condición de más representativas sindicalmente pueden negociar, o empresarios también, u organizaciones
empresariales que en virtud de lo que establece la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores pueden negociar en nombre de la totalidad de los empresarios? ¿Quiénes son la totalidad de los empresarios? Todos los domicilios que
tienen una persona contratada o varias, o varios de los trabajadores que trabajan simultáneamente para varios empleadores. Es que aquí nos encontramos con una cuestión tan poliédrica y tan compleja que si a ustedes se les ocurre una idea virtuosa
que pueda resolver los problemas de la negociación colectiva, que por otra parte es imperativa en este ámbito, se lo agradecería.


Nos comentan las organizaciones que vertebran al colectivo de profesionales del servicio doméstico -normalmente mujeres, evidentemente- una situación muy específica, la situación de las trabajadoras discontinuas que se hayan podido quedar
fuera de la protección del sistema de Seguridad Social por no tener empleador en el momento de la entrada en vigor de la norma. No sé si ustedes han conocido muchas situaciones, pocas, si realmente estamos ante un problema en que merece la pena por
parte del legislador acometer algún tipo de complementación o de reforma normativa adicional para resolver este problema.


Comparto con el representante de la CEOE dos de las cuestiones que ha planteado. No sé hasta qué punto se ha estudiado bien por el legislador y por el prelegislador, por el Gobierno en definitiva, el paso de una base única a una base
tarifada y sus consecuencias...


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.


... y la evolución de las cotizaciones, que usted ha glosado bien, desde la perspectiva del déficit, que es un déficit estructural en el sistema público de pensiones importante. Me han parecido muy preocupantes sus consideraciones sobre
este tema.

Página 12

Por último, en relación a la dependencia y a la vinculación e interacción con la Ley de Dependencia, despreocúpense; la Ley de Dependencia sencillamente no existe ya.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también la presencia de los dos comparecientes; a nuestro entender aportan visiones complementarias a las que hemos tenido hasta ahora y básicas para intentar mejorar el tratamiento legal que
la prestación de estos servicios tiene en las familias.


Mis colegas me han escuchado en diversas ocasiones, tanto en esta Comisión como en la Comisión de Empleo, defender la necesidad de que en materia de servicios a las familias avancemos en la línea del resto de la Unión Europea, donde se han
producido legislaciones orientadas a facilitar el acceso de este tipo de servicios a las familias de una manera muy simple, básicamente a través de empresas e incidiendo en una reducción de los costes fiscales de la compra de este tipo de servicios
precisamente para hacerlos más atractivos frente a la oferta que existe en la economía sumergida. Además, y a pesar de la situación de desempleo que hoy vive nuestra economía, para aquellas familias que sus miembros están empleados, lo que casi
siempre se produce es que el hombre y la mujer, las dos personas de esa unidad familiar, están incorporadas al mercado de trabajo. Esa realidad de incorporación de hombre y mujer al mercado de trabajo provoca en la vida cotidiana una cantidad
enorme de problemas que necesitan resolverse a través de la atención de profesionales, a través de la contratación de personas que ayuden a la vida cotidiana de las familias. En ese tipo de consideraciones, que van más allá estrictamente de la
prestación de servicios de cuidado familiar, es donde podríamos incorporar otro tipo de consideraciones. Por tanto, necesitamos ser capaces de ofrecer a esas necesidades de las familias modernas un conjunto de servicios que respondan, que sirvan
para que el rompecabezas que supone vivir hoy en día se vaya resolviendo. Eso exige regulaciones simples y políticas fiscales. Además, estamos convencidos de que en una situación de desempleo como la que estamos viviendo, uno de los pocos sectores
intensivos en la creación de empleo en los próximos tiempos va a ser el sector de servicios a las familias, a las personas. Si uno observa cuál es la estructura de nuestro mercado de trabajo y la compara con la estructura de los mercados de trabajo
del resto de la Unión Europea, especialmente de los países más avanzados de nuestro entorno, observará que precisamente en el ámbito de los servicios a las personas el desarrollo de nuestra oferta laboral es claramente menor que en las economías más
avanzadas. Si además uno analiza el problema que padecemos de economía irregular, de economía sumergida, todo ello llevaría, lógicamente, a la necesidad de que en esta materia mantuviésemos una política más proactiva que la que hasta ahora hemos
mantenido. En este ámbito existen -y el señor Benavente ha hecho referencia a ello- experiencias en el entorno europeo que indican que es posible introducir regulaciones simples y políticas fiscales sostenibles que permiten hacer emerger esta
economía y construir un sector de oferta de servicios relevante en este ámbito; incluso no tan solo en relación a oferta de servicios proporcionados por empresas con ánimo de lucro sino incluso por empresas sin ánimo de lucro, empresas de carácter
más social.


He de decir que comparto con los comparecientes su visión del problema, comparto su necesidad de simplificar los procedimientos de contratación y comparto la necesidad de facilitar la contratación de estos servicios a través de empresas
especializadas. Ello exige fundamentalmente una aproximación al coste de este servicio, tanto al carácter deducible de los gastos asociados a la compra de estos servicios, como en el tratamiento del IVA que tenga la compra de estos servicios y
también en materia de cotizaciones a la Seguridad Social. El incentivo que hasta hora hemos introducido es una bonificación en las cotizaciones sociales de un 20 % en un caso, superior en el caso de las familias numerosas y limitada en el tiempo
hasta el año 2015, lo que habría que analizar desde la perspectiva de los costes fiscales de los empleos intensivos en mano de obra, tal como se nos está recomendando desde diversas instancias internacionales. Y es interesante también el
planteamiento que hacían ustedes de que esta pueda ser una oferta, una mejora que las empresas puedan ofrecer a sus empleados y que eso tenga el correspondiente trato fiscal en el impuesto sobre sociedades. Nos parece un planteamiento adecuado,
interesante, y ojalá el trámite que estamos realizando en la Comisión del Pacto de Toledo, que pretende evaluar el impacto que ha tenido el nuevo régimen de afiliación a la Seguridad Social y la relación laboral especial de los trabajadores del
hogar, nos sirva para poder trasladar al Gobierno la necesidad de avanzar en esta dirección.

Página 13

No les planteo ninguna cuestión concreta, les agradezco su comparecencia y espero que la misma sirva para sensibilizar al conjunto de los grupos de la Cámara -a Convergència i Unió ya la tienen más que sensibilizada- para proceder a impulsar
reformas que vayan en esta dirección.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Valerio.


La señora VALERIO CORDERO: Muchas gracias a don José de la Cavada y a don Javier Benavente por estar compareciendo esta mañana en esta importante Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde creo que tienen puesta la
vista muchas personas en este país, porque aquí es donde se hace el seguimiento, la evaluación de nuestro sistema de pensiones, absolutamente fundamental, uno de los pilares básicos de nuestro Estado del bienestar. Hoy no es ese el objeto de la
comparecencia, hablar de las pensiones, pero sí que estos días se está hablando mucho de pensiones y hay una honda preocupación -y alguno de los comparecientes lo ha puesto también de manifiesto-, porque muchos de los hogares familiares que están
necesitados de la prestación de servicios de personas que ahora están ya en el régimen general en este sistema especial de empleados del hogar, son personas mayores, personas cuya vida depende de esa pensión, y a veces la de muchos de sus
familiares, que ahora mismo están parados, no solamente hijos sino nietos, que están ya viviendo de las pensiones de los abuelos y necesitando esa ayuda.


Creo que es absolutamente fundamental que las personas responsables desde el Gobierno planteen las normas o los cambios normativos y que desde luego los grupos parlamentarios tengamos una relación muy ágil y cotidiana con las personas que
desde fuera, desde la sociedad civil, están viendo el día a día y los problemas. Las normas pueden estar muy bien hechas, muy bien elaboradas, con muy buena voluntad, pero luego el día a día de la aplicación de la norma es fundamental. Que haya
esta conexión, que ustedes comparezcan y nos digan lo que opinan es esencial para todos los grupos políticos de la Cámara en general y desde luego para el grupo que ahora mismo sustenta al Gobierno que es el que, digamos, tiene un plus de
responsabilidad.


Ha habido comparecencias previas; han estado aquí recientemente las organizaciones sindicales, y ustedes ponen de manifiesto -creo que hay una cierta unanimidad en el tema- la complejidad en cuanto a la tramitación para el acceso, el cambio
y las nuevas altas en este régimen. Una relación que culturalmente ha sido en muchos casos cuasi familiar con el empleado o la empleada -voy a hablar en femenino porque en el sector es mayoritaria la presencia de mujeres-; he conocido casos en que
la empleada del hogar ha formado casi parte de la familia, porque eran personas que permanecían desde la más tierna infancia a veces en las casas. Estoy hablando de hace algunos años; mi madre fue una de esas personas que empezó a trabajar para
las familias pudientes de su pueblo, ya con 10 o 12 años empezó a cuidar niños. En mi familia se ha vivido mucho eso y cómo al final han terminado siendo prácticamente de la familia. Claro, era una relación familiar; yo recuerdo que mi madre
empezó a trabajar a cambio de la comida; de vivir allí, de dormir y de comer. Esto ha ido evolucionando y esta nueva normativa supone un cambio cultural muy importante porque hemos pasado a considerarlo una relación laboral en condiciones, con
todos sus derechos y con todos sus deberes, tanto por parte del empleador como por parte de las personas empleadas. Creo que eso es positivo; es positivo desde luego en cuanto a la protección. La conclusión es que personas que no estaban dadas de
alta y que por tanto no tenían derechos, ahora sí los tienen, un incremento de más de 100.000 personas y posiblemente a final de año concluyamos que son aún más. Es verdad que puede haber algunas otras personas -lo dije el primer día de la
comparecencia del secretario de Estado- que se nos pueden haber quedado por el camino, algunos porque han vuelto a sus países de origen, como decía el otro día la representante de UGT, doña Carmen López, que compareció aquí, y puede haber personas,
incluso hogares familiares, que han pasado a peor situación económica y que tenían antes personas trabajando en su casa y que ahora sencillamente no se lo pueden permitir. O sea, que hay personas que tras el proceso de integración, digamos, se han
quedado por el camino, y las causas pueden haber sido múltiples y diversas. Y es cierto que las quejas al Defensor del Pueblo han sido porque el procedimiento era complicado, pero eso no nos puede llevar a decir: como es complicado, retrocedemos.
Creo que siempre hay que avanzar; todo lo que sea simplificación de trámites, no solamente en esta cuestión, en todo, es positivo. La Tesorería General de la Seguridad Social tiene muy buenos profesionales que han facilitado mucho esto, han
colaborado muchas gestorías, los que se han podido permitir el lujo de pagar una gestoría; ha habido personas en la Función pública o también en el sector privado que han apoyado, porque este ha sido un movimiento masivo y hay personas que muchas
veces no saben, sobre todo las personas mayores, rellenar el papel o hacer toda la tramitación. Todo lo que sea

Página 14

facilitar la tramitación, por parte de nuestro grupo no hay ningún problema. Sí creemos, y ya lo manifestamos en la comparecencia inicial y lo seguimos diciendo, que hay que dar tiempo al tiempo, que no podemos precipitarnos. Lo ideal es,
aparte de haberse incrementado los derechos de las personas que trabajan en este sector, que se cotice adecuadamente, que haya un equilibrio, pero claro con las reducciones que está habiendo del 20 % o del 45 % para las familias numerosas, eso,
quieras que no, influye en la cotización. Antes había una cotización por una base única, ahora tenemos 15 tramos; eso significa que la cotización media ha bajado, pero creemos que no tiene rodaje suficiente la nueva normativa como para decir que
en conjunto no es positiva en cuanto a recaudación.


Me ha parecido muy interesante lo que han comentado en relación a posibles incentivos. El tema de la igualdad de coste está muy bien, pero alguien tiene que pagar las diferencias, porque las empresas que se dedican a esta prestación de
servicios de atención a las personas no son ONG y existe esa diferencia de coste que ponía de manifiesto don Javier Benavente, que calculaba que la media en la economía sumergida era de 10 euros la hora. Y lo de la economía sumergida es muy
relativo, porque había un porcentaje de empleadas del hogar que no era obligatorio que estuvieran dadas de alta y cotizando; si no eran 20 horas semanales no era obligatorio. Las que más han contribuido, que estaban de alta y cotizando, eran las
que trabajaban para un solo hogar familiar y normalmente a tiempo completo, en todo caso por encima de las 20 horas. Por tanto, tampoco era una economía sumergida clara, era más bien una economía informal. Decía usted: el coste empresarial es
13,5 euros la hora más el 21 % del IVA. Pues está claro que deberíamos irnos a un IVA superreducido, esto es obvio. Y eso luego se debería completar con apoyos, con ayudas, etcétera, a las propias familias, lo que se ha comentado aquí de posibles
ayudas vía desgravaciones IRPF, lo que comentaba también del impuesto sobre sociedades. No le he entendido bien en relación al periodo transitorio. No sé si se refería a que se amplíen las reducciones de cuota por más tiempo o se refería a que se
amplíe este periodo transitorio que ha habido para la regularización a los años 2013 y 2014. Esto no me ha quedado claro.


De todas maneras, hay otra cosa también que me ha llamado la atención, que ha dicho don José de la Cavada, que hay cabezas de familia que saben que se están arriesgando en caso de un accidente laboral a tener problemas y que luego eso
repercuta sobre sus propios patrimonios. En la comparecencia del secretario de Estado dije que no tengo muy claro hasta qué punto las personas al frente del hogar familiar, es decir, los actuales empleadores ...


El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señora Valerio.


La señora VALERIO CORDERO: ... tienen claro la incidencia real que puede tener el que esa persona tenga un accidente; creo que no lo tienen claro. Si lo tuviesen claro se buscarían todas las vueltas para regularizar la situación de esa
persona. Además es curioso que el 85 % de las personas que están en este momento en el sector trabajan solamente para un empleador, y eso es muy raro, porque hay un porcentaje muy grande de personas que sabemos que hacen horas en varias casas;
luego posiblemente en esta integración se han integrado más las personas que ya tenían una relación con un solo hogar familiar que las que estaban a horas en diversos domicilios. Yo le dije al secretario de Estado que creía que se debería hacer
otra campaña informativa potente para que todas las personas sepan a lo que se arriesgan; las personas que están trabajando que carecen de derechos y los empleadores que no cumplen con sus obligaciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora España.


La señora ESPAÑA REINA: En primer lugar quiero agradecer a los comparecientes su presencia aquí, tal y como se solicitó por todos los grupos que formamos parte de esta Comisión e igualmente agradecerles sus importantes aportaciones. Quiero
que quede claro que desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de que esta integración conlleva una serie de mejoras en las condiciones laborales de estos trabajadores, son logros importantes, relativos al contrato, al salario, al
descanso, a la cotización de las contingencias profesionales y estamos absolutamente convencidos de que todas estas mejoras en la protección de los empleados son muy positivas, y así lo valoramos desde el Grupo Parlamentario Popular. Pero también
lo hemos dicho en muchas ocasiones: todo es mejorable y ustedes saben que desde el Gobierno se ha respetado escrupulosamente este sistema de integración, pero somos conscientes, con los resultados en la mano, que se puede mejorar el sistema en todo
aquello que conduzca a recuperar ese objetivo inicial de aflorar economía sumergida y mejorar la protección de los trabajadores.

Página 15

Es cierto, y se ha dicho aquí, que hay un incremento importante en el número de afiliados -creo que estamos en algo más de 108.000 con respecto al dato de diciembre del año 2011-, pero este incremento no se ha traducido en un incremento de
la recaudación sino todo lo contrario. Si analizamos lo que hemos conseguido aflorar de la economía sumergida y nos atenemos a los datos de la EPA -ya se ha dicho aquí-, más de 640.000 personas; luego todavía hay un trecho que recorrer, hay
camino. Otro factor que ha dificultado esta integración ha sido -y se ha puesto de manifiesto ante el Defensor del Pueblo y ante los servicios de la Seguridad Social- la complejidad del sistema, sobre todo en el caso de personas mayores; también
cuando hay que comunicar de forma reiterada a la Tesorería los datos en aquellos casos en los que no se percibe la misma cuantía todos los meses. Por tanto, entendemos que es susceptible de que haya mejoras en la tramitación.


Una conclusión importante es que ha descendido en más de un 30 % las bases medias de cotización, precisamente por el escaso número de horas que constan en una gran cantidad de contratos, y la realidad es que esta disminución en las bases
medias de cotización no solo supone, que también, una disminución en la recaudación, sino que también tiene importantes efectos en la generación de nuevas prestaciones, y al final es un deterioro directo de los derechos futuros. Entendemos que eso
no es bueno para nadie, ni para el sistema ni para los propios trabajadores. También se han puesto de manifiesto problemas en aquellos casos de personas empleadas de hogar que tienen dos o más empleadores. Un dato a tener en cuenta es que había
-por lo menos en el mes de agosto, que son los datos a los que se refirió el secretario de Estado en su comparecencia- 75.000 personas que se habían perdido en el proceso, es decir, que inicialmente estaban en el sistema anterior y que ahora no
están en el régimen general. Por tanto, entiendo que no se trata de volver a lo que había, ni muchísimo menos, pero sí de mejorar lo que hay. Se trata de aflorar un mayor empleo sumergido, ganar en simplicidad y mejorar la cobertura de los
trabajadores. Creo que estas 75.000 personas que se han perdido por el camino justifican ya el que de alguna forma se introduzcan mejoras en el sistema.


También hemos puesto de manifiesto en alguna ocasión que consideramos de una enorme complejidad que haya tantos tramos en las bases de cotización; no tiene sentido que haya 15 tramos de cotización cuando además se está produciendo una
acumulación en el tramo más alto o en el tramo más bajo. Habría que hacer el sistema más fácil y accesible y reducir los tramos de cotización.


En cualquier caso entendemos que queda bastante camino por recorrer. Hemos querido escuchar a los sindicatos, a los empresarios, y sus aportaciones quedan hechas. Espero que entre todos los grupos que integramos esta Comisión seamos
capaces de mejorar el sistema con un triple objetivo fundamentalmente, que ya he dicho antes: aflorar el empleo sumergido, ganar en simplicidad y mejorar la cobertura.


Me gustaría preguntarle al representante de CEOE a qué atribuye que esas 75.000 personas que había en el mes de agosto, que antes estaban dadas de alta en el régimen especial, no hayan continuado en el régimen general. Ha hablado del
aumento de costes, y si cree que es el temor al aumento de costes el motivo por el que un alto porcentaje se haya acogido a las bases mínimas de cotización.


El representante de la Asociación Española de Empresas de Servicios a la Persona hablaba de desgravaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que me parece una idea interesante, a estudiar. Le preguntaría por qué cree
que no se tuvo en cuenta en la Ley 27. También se ha hecho aquí hincapié en la modificación del artículo 1 y en el tema del IVA superreducido y quería preguntarle si lo planteó en su momento cuando se analizó y se debatió la Ley 27 y cuál fue el
motivo de que no se contemplara esta posibilidad.


El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones que se han planteado, para decir lo que considere oportuno, tiene la palabra el señor De la Cavada Hoyo.


El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (De la Cavada Hoyo): Muchas gracias, señor presidente y muchas gracias a los intervinientes por la acogida,
incluso me quedo con una reflexión sobre la participación de la sociedad civil porque nosotros estamos hipersensibles con ese tema y creemos que es bueno que una sociedad esté estructurada y se permita y se agradezca la participación de la sociedad
civil; vertebra país y eso es positivo. Aunque la crítica se lleve no con excesiva alegría, un país democrático tiene que dejar participar a la sociedad civil aunque sea crítica. Agradezco la reflexión de la señora Valerio.


He intentado hacer una intervención totalmente sincronizada entre unas cosas y otras -por supuesto las presupuestarias, como leeré al final-. Lo que es función de ciudadano y empleador y negociación

Página 16

colectiva a lo que se refería el señor Olabarría, evidentemente no vamos a renunciar a nuestras obligaciones como ciudadanos, ni he intentado que fuese una justificación para nada de nuestras prevenciones en la configuración de este sistema
tal como está hecho al integrarlo en el régimen general de la Seguridad Social. Pero hay que tener en cuenta todo, también el esfuerzo que todos tenemos que hacer -no se ha citado por cierto a la familia, yo lo vivo en casa; al final aparece la
familia como gestor administrativo de una persona semidependiente- para incentivar esas dedicaciones, no sobrecargar excesivamente en la familia los déficits sociales.


Negociación colectiva -como sé que usted es un experto en la materia, por supuesto el señor presidente también y yo me he dedicado a esto 40 años, le voy a contestar-. No solamente es este ámbito el que tiene dificultades para legitimación
en la negociación colectiva, hay muchos ámbitos de servicios que tienen una más que dudosa legitimación no solo para constituir una mesa de negociación sino para hacer un convenio erga omnes, un convenio de eficacia normativa. Este es un déficit en
nuestro sistema laboral en el que yo soy un poco especialista y es un tema que tenemos que fortalecer las dos partes. Desde nuevo punto de vista ya no sirve el mero reconocimiento de la contraparte como base exclusiva de legitimación, porque pueden
salir convenios -no quiero citarlos- que afectan a muchos miles de personas y que no se cumplen, que es el mayor fracaso de los que suscriben un acuerdo que tiene pretensión de ser, con eficacia, general; esto acabará. Quería decir dos cosas:
nosotros defendemos la libertad de empresa pero también la cohesión social y esto les choca mucho a otras patronales en el mundo; estamos totalmente comprometidos con la cohesión social y queremos un país cohesionado. No nos interesa que el país
se descohesione y por tanto si los costes influyen en cierta descohesión social nosotros no lo vamos a ver bien; vemos bien que haya libertad de empresa, que se configure un sistema estable -estoy pensando en la dependencia, sobre todo- de relación
laboral, pero hay que tener en cuenta también los tránsitos y gran parte de estas atenciones hoy en día son individualizadas. Por tanto, ahí hay que pensarse mucho los incrementos de costes y ahondando en la libertad de empresa claro que estamos
con el planteamiento que ha hecho mi compañero de mesa.


La negociación colectiva creo que se puede configurar por la vía no solamente de confederaciones más representativas, sino por la vía legal de tener el porcentaje de representación en la presencia en una mesa de negociación y por supuesto
con la suma de organizaciones para llegar a un 50+1 y tener eficacia general. No lo veo muy complicado aunque de salida pueda parecerlo, pero con el nacimiento de confederaciones que aglutinen número de trabajadores hoy en día para sentarse en una
mesa sería un 10 % no resultaría, esperemos, demasiado difícil. Pero pasa en otros convenios, conde está cogido por los hilos la legitimación y casi siempre basada en el reconocimiento mutuo.


Cotizaciones. Este es un tema complicado. Por oficio tengo que ver con frecuencia al secretario de Estado y siempre le digo lo mismo, que es uno de los puestos más difíciles que hay en el actual Gobierno porque evidentemente es un hecho
inexorable la bajada de cotizaciones y si aquí había una expectativa de que no se produjese el evento de los 63 millones, el tema es complicado. Pero nosotros estamos llamando la atención acerca de que estos procesos no son de seis meses; ha
pasado con el régimen agrario, estuvimos negociando seis o siete años con el anterior secretario de Estado y hemos hecho un proceso de 18 años para una integración plena, luego hay que tener paciencia. Yo comprendo que la situación de las arcas de
la Seguridad Social es la que es y lo que se deriva de esas arcas en prestaciones, pero sacar una regla de tres rápida de que hay 63 millones de déficit y a ver qué hacemos, a nosotros nos preocupa. A pesar de que a la señora España la he oído con
mucho gusto hablar de reducciones de cuotas, a nosotros siempre nos viene a la memoria lo del mes de marzo a Bruselas y del punto ese que se ha quedado en el olvido de momento para el mundo empresarial, pero todo llegará.


Dependencia. No tiramos, señor Olabarría, la toalla. El país hay que cohesionarle como se pueda y en este campo el régimen especial que nos ocupa es un elemento coadyuvante fundamental para una situación de tránsito y por tanto demos
condiciones reales para que se sigua produciendo esa cohesión social a través del instrumento que tenemos, independientemente que nos vayamos aproximando a sistemas como el francés.


El señor Campuzano habla de simplicidad de políticas fiscales y estamos totalmente de acuerdo, otra cosa es el tema del desempleo. Nosotros defendemos, como bien sabe el señor Campuzano, la contributividad del sistema y habrá que estudiar
con detenimiento que sistema de desempleo es el más adecuado a estas circunstancias, porque creo que en esta Comisión ya se ha hablado de las dificultades que tiene implantar un sistema de desempleo en este régimen.

Página 17

Accidentes y responsabilidades. Señora Valerio, no tenga usted ninguna duda que ya la sociedad es bastante consciente -no solamente los abogados que nos dedicamos a esto- y sabe el riesgo que corre una señora que no está afiliada a la
Seguridad Social salga a la calle a hacer la compra y la pille un coche y lo que eso puede suponer para la responsabilidad del empleador. Si no lo sabe es muy inconsciente; creemos que el nivel de responsabilidad, afortunadamente, va creciendo.


Acabo con las dos preguntas que nos ha hecho la señora España. Setenta y cinco mil bajas en agosto. Yo creo que posiblemente es debido, entre otras cosas, a la crisis, porque hay gente -yo al menos conozco gente, me desenvuelvo en ese
estrato- que ha dejado de tener una cuidadora en casa o una persona que le ayude, y lo hace en solidaridad entre la familia. Es posible que también obedezca a otras causas de temor a un sobrecoste futuro, lo he dicho, pero no hay que descartar la
disminución de ingresos. No creo que la gente vaya per se al tramo de menor cotización -tiene sus responsabilidades- alegremente, como si la trabajadora estuviese ciega, no creo mucho en eso. Creo que lo que ha descendido es el número de horas que
se prestan y por tanto al final la gente se acoge a un tramo adecuado. Antes, como se ha reflejado, quien tenía menos de 20 horas no aparecía, pero ahora aparece. Por tanto esa gente que anteriormente no aparecía -entre las que me encontraba, por
cierto- ahora ha aparecido, porque la ley lo dice así.


Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Cavada Hoyo.


Tiene la palabra el señor Benavente Barrón.


El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE SERVICIOS A LA PERSONA, AESP (Benavente Barrón): Muchas gracias, señor presidente.


Comentaba el señor Olabarría temas estadísticos, comentaba que es la patología española. Yo le diría que no, le diría que esto se ha producido en todos los países de la Unión Europea de forma muy similar y muy parecida. Lo que pasa es que
esto ha ocurrido hace años, porque allí se han adelantado un poco a este problema. Les he dejado un estudio que tienen ahí y pueden recoger, sobre datos de España y la situación. Esto mismo que se está dando aquí es lo que se ha repetido años
antes en otros países; la situación es muy parecida. Estamos hablando de personas particulares, que es un mundo muy distinto del mundo de las empresas; los particulares tienen unas necesidades y unos recursos que intentan hacer lo que pueden con
ellos, y normalmente son escasos.


Comentaba usted la subcontratación en cascada. Este no es un sector, ni muchísimo menos, que esté así, no lo está en ningún país y el poco sector que hay en España tampoco. Es un sector donde existen algunas empresas grandes que prestan
servicios de forma privada. Efectivamente hay dos mundos, una cosa es el sector de la dependencia, que nada tiene que ver con esto y otra cosa son los servicios de que estamos hablando de las personas, que es un sector mucho más grande que el otro,
aunque el otro sea mucho más sensible en cuanto a necesidad, pero en cuanto a volumen de empleo, digámoslo así, este es mucho más amplio y donde los servicios se necesitan en cada pueblo, en cada localidad. El sector, en España y en toda Europa,
está fundamentalmente a través de pequeñas empresas, aunque existen algunas grandes que prestan servicios a nivel local, pero fundamentalmente son pequeñas empresas que prestan el servicio directamente, que, como decía antes, no son empresas que
vayan buscando un gran beneficio -y respondo a otra pregunta que se me hacía-, sino que tienen un margen de un 2 o un 3 %, que es lo normal. Y eso es muy poquito, pero les permite vivir a esas personas que tienen esas pequeñas empresas en todos los
ámbitos locales en los que viven. Es cierto que en este momento en España es prioritario -y la Unión Europea lo ha dicho- el sector de los servicios a las personas, que es el nicho más importante de empleo que va a haber en Europa, que hay ahora
mismo y en los próximos años, si lo gestionamos adecuadamente. En España hemos empezado desde una situación distinta a los demás sitios, desde un sector, como decía el señor Campuzano, donde prevalecen mayoritariamente las empresas porque son las
que tienen la capacidad de gestionar los servicios de los hogares. En España hemos empezado de una forma que no se ha hecho en ningún sitio, precisamente lo hemos hecho solo y exclusivamente en las familias son las familias las que pueden
contratar. Esto es una cosa atípica dentro de lo que es esta situación. Si queremos combatirlo, como he reiterado antes, debemos corregirlo, pero le diría que no se preocupe por ese tema. Este es un servicio muy personal entre la persona que
tiene ese pequeño negocio local, que conoce a las familias, que conoce a las personas, que sabe darles respuesta a ello, que le cobra el menor precio posible porque sabe que los recursos son los que son e intentan ganar un salario. Así es
fundamentalmente como está el sector, al lado de algunas empresas que sí son grandes

Página 18

y también existen -como decía antes el señor Campuzano- empresas con ánimo de lucro, aunque no sea mucho, fundaciones, asociaciones, sin ánimo de lucro, etcétera, que también prestan estos servicios de una forma profesional y otras veces con
voluntarios. Cuando lo hacen de forma profesional tienen el problema que comentaba antes, que tienen que facturar al final, y tienen que cotizar; cuando lo hacen con voluntarios hay una gran ventaja para un gran colectivo que no puede acceder otro
tipo de servicios y lo tienen ahí, pero tiene el inconveniente de que el voluntariado, cuando son servicios necesarios y continuos a una persona a veces no es lo más adecuado siempre que se pueda, cuando no se puede evidentemente es el mejor de los
recursos. Pero siempre conviven este tipo de organizaciones en todos los países.


En cuanto a negociación colectiva, desde el punto de vista de las empresas es muy sencillo, se facilitan mucho las cosas, para la contratación, para la negociación colectiva, para el control por parte del Gobierno del sector, etcétera.


El señor Campuzano comentó una cosa muy importante. La clave fundamental de este sector y de la gran salida de la economía sumergida ha sido intentar equiparar el coste en la economía sumergida al coste en la economía legal. Y este es un
intento que se ha hecho en todos los países; desde la Comisión Europea se insiste en este tema porque es una realidad, al menos en el primer periodo de adaptación para después, progresivamente, normalizarlo y llevarlo a una situación normal, como
en cualquier otro sector, pero en la fase inicial se ha hecho siempre intentando hacer esto. ¿Cómo? Repito, cotizaciones. Se parte de que la economía sumergida es brutal y por tanto cualquier salida al mercado aunque sea pequeña la cotización es
sumar, no restar. Pero hay que hacer la cuenta global, también hay que ver cuánto dejamos de pagar, que hay nuevos contribuyentes en el IRPF, que se dejan de pagar prestaciones por desempleo a personas que, por ejemplo, podían estar trabajando
contratadas legalmente y sin embargo están trabajando en la economía informal, llamémoslo así, pero cobrando un desempleo que a lo mejor debería estar cobrando otro que no tiene ni siquiera esa posibilidad. Cuando sumamos todo eso, el saldo al
final puede llegar a donde casi se iguale esa economía sumergida. Si a esto añadimos el tema fiscal esto es el remate decisivo, porque ahí sí, cuando me lo puedo deducir, me lo puedo desgravar, evidentemente obligo a que esté contratado legalmente.
Es el tema fundamental que ha funcionado en todos los países.


Simplificación de trámites. Desde nuestro punto de vista a través de las empresas es muy sencillo; desde el punto de vista de hacerlo las personas siempre será complicado por mucho que se quiera simplificar, porque no hay ninguna
legislación laboral que se adecue a lo que realmente las personas que responden tanto en horario como en todo, a lo que una persona demanda, y me puede demandar que esté con ella a las cuatro de la mañana o a las tres de la tarde o que la acompañe
al médico o que vaya al hospital o que esté a diferentes horas. Las necesidades del día a día son muchas, y eso es muy complicado, eso siempre va a ser complejo.


En cuanto al tema de cotizaciones siempre he visto que la simplicidad funciona. Hay 15 tramos. Nosotros como empresa no necesitamos más que cotizar por el tiempo trabajado y punto; no hay más, así de simple. Por tiempo trabajado el
horario es el adecuado, pero en función de las horas trabajadas, porque este es un sector donde se trabaja por horas porque la demanda es por horas, en horarios distintos. Por tanto tiempo trabajado, horario trabajado y cotización trabajada;
simplicidad al máximo, sacrificando una pequeña cosa que ello trae, efectivamente, pero a cambio de intentar que todo sea mucho más fácil para todo el mundo.


Me preguntaba usted cómo es que no hemos planteado este tema anteriormente; se lo hemos planteado a todos los Gobiernos y a todos los sitios hemos enviado nuestros informes acerca de qué se está haciendo en el resto de Europa y que se está
haciendo aquí, pero sencillamente no se ha tenido en cuenta; se ha planteado pero no se ha tenido en cuenta. Lo trasladaremos de nuevo para ver si se puede tener en cuenta al menos una parte, no lo que traslado yo sino lo que se ha hecho con éxito
en otros países de nuestro entorno y que está funcionando.


Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Benavente Barrón. Nuevamente doy las gracias al señor De la Cavada Hoyo. Gracias a todos los portavoces y a todos los miembros de la Comisión.


Quiero recordarles que los portavoces y los miembros de la Mesa tienen que quedarse.


Se levanta la sesión.


Se levanta la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.