CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 207

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍA CHAVES GONZÁLEZ

Sesión núm. 5

celebrada el jueves

8 de noviembre de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad Social (Burgos Gallego), para presentar conjuntamente los informes sobre 'La situación de la jubilación anticipada con coeficiente reductor' y sobre 'La jubilación parcial y
compatibilidad entre pensión de jubilación y desarrollo de una actividad'. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000720) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, vamos a comenzar la reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. El único punto del orden del día es la comparecencia del secretario de
Estado para la Seguridad Social, don Tomás Burgos Gallego, a quien doy la bienvenida nuevamente a la Comisión. Sin más -después hablaremos del procedimiento para el debate-, tiene usted la palabra, señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Señor presidente, señorías, es para mí un motivo de enorme satisfacción tener de nuevo la oportunidad de comparecer en esta Comisión parlamentaria de análisis y
evaluación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y en esta ocasión para cumplir un compromiso asumido por el Gobierno en relación con la evaluación de la situación actual en nuestro sistema de Seguridad Social de las figuras de la jubilación
anticipada, la jubilación parcial y la compatibilidad entre salario y pensión de jubilación. Cumplimos hoy, por tanto, con este compromiso de someter con carácter previo a debate y consideración en este Pacto de Toledo cualquier iniciativa que se
estudie adoptar en defensa de la sostenibilidad y la pervivencia de nuestro modelo público de pensiones, y lo hacemos facilitando además los informes técnicos que permitan abordar las cuestiones a tratar con un grado de información que juzgamos
suficiente y acreditada y con anticipación también suficiente para que este debate sea fructífero.


Quiero destacar que también hemos facilitado este informe a los agentes sociales en la convicción de que el papel del diálogo social, de los acuerdos sociales en estas materias, siempre ha sido un elemento clave desde un esquema de
acompañamiento y complementariedad del diálogo parlamentario, que ha precisado y concretado, por otra parte, en varias ocasiones las decisiones tomadas en el ámbito político, que creemos que sería positivo que siga siendo así. Lo que este informe
pretende -y ello es una exigencia permanente para este Gobierno y entiendo que para cualquier otro- es una evaluación de la situación actual y del planteamiento de posibles iniciativas de mejora en la regulación de estas materias, y ello de acuerdo
con las orientaciones generales emanadas del propio Pacto de Toledo en sus recomendaciones de 2011, de la Comisión Europea en sus últimos documentos en relación con la materia, el libro blanco y el libro verde, y, en particular, de las propias
recomendaciones emitidas para España por esa Comisión Europea en el último semestre europeo tras ser tenidas en cuenta las alegaciones del Gobierno español y en especial los propios análisis de los servicios de la Seguridad Social, de sus técnicos y
expertos.


Señorías, quiero poner esto de manifiesto porque cualquier propuesta de reforma en estas materias no surge obviamente de repentina iluminación, sino que termina por decantarse tras la constatación de que nuestro sistema de pensiones y de
Seguridad Social precisa de una evaluación permanente. Y es de esa permanente evaluación de la que se extraen consecuencias que aconsejan proponer modificaciones, y estas pueden ser convenientes o necesarias, con independencia de la procedencia,
pertinencia o vigencia de las normas en vigor en cada momento. Creemos que la protección social justa debe ser renovada y actualizada permanentemente, sometida a revisión y escrutinio, porque no puede ser estática. Lo que en el pasado, incluso
reciente, pudo estar justificado o simplemente se podía asumir sin mayores problemas hoy ya no es posible, creemos que es así de simple. El sistema de bienestar no retrocede ni se deteriora con ello; todo lo contrario: se reafirma, se consolida,
se resguarda como ha hecho siempre por la vía de la adaptación y de la modernización permanente.


La existencia de normas de reciente aprobación, como la Ley 27/2011, que opera sobre estas materias y que en este caso ni siquiera ha entrado en vigor en lo que afecta a la regulación de la jubilación anticipada y parcial, no puede
constituir un obstáculo para abordar con mayor precisión estas cuestiones, toda vez que tenemos la convicción de que la regulación contenida en esa norma puede no ser la más adecuada para las necesidades de nuestro sistema de Seguridad Social, de
nuestro sistema económico y de la sociedad española en su conjunto, la del momento actual y la del mañana. Es más, creemos que es el momento adecuado para plantear modificaciones, precisamente antes de que entren en vigor tales disposiciones de la
Ley 27/2011. Lo harán, como saben sus señorías, el 1 de enero del próximo año 2013, en aras precisamente de no solapar ni complicar más esa regulación. Ni las normas son intocables ni los errores o deficiencias que pueden contener, a nuestro
juicio desde luego, han de ser irremisiblemente arrastrados si hay la convicción de que se pueden hacer las cosas mejor. Lo que planteamos lo hacemos desde la responsabilidad, desde el rigor y desde el compromiso con el sistema. Pensar que los
acuerdos o decisiones que toman unos no pueden ser actualizados, mejorados o incluso removidos y que un nuevo

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Gobierno legitimado para ello no puede tomar decisiones no puede impulsar cambios, si además lo hace con plena voluntad de acuerdo, es cuando menos una forma peculiar de entender la democracia.


Señorías, un reciente estudio de la prestigiosa escuela Esade afirmaba que los españoles quieren jubilarse a los 59 años de media. Sin duda, este es un loable objetivo, pero expresa con meridiana claridad que muchos españoles no han
interiorizado aún las repercusiones personales y colectivas del proceso de envejecimiento de la población, de la inversión de nuestra pirámide demográfica, de la previsible alteración de la relación entre activos y pasivos, en definitiva, de la
necesidad de un incremento de la edad efectiva de jubilación. No se trata propiamente de lo que desean o no, sino de que aún crean que eso es posible, y eso indica que quizá no hemos sabido entre todos nosotros trasladar con suficiente claridad el
mensaje adecuado: la prolongación de la vida laboral es condición necesaria para garantizar el sistema de pensiones.


Tenemos un compromiso con el mantenimiento y el refuerzo de nuestro modelo público de Seguridad Social. Un modelo de reparto como el que nos hemos dado nos obliga a prestar especial atención no sólo al número de cotizantes que aportan al
sistema -algo obvio que nadie cuestiona-, sino también a una adecuada correlación entre las aportaciones realizadas y las prestaciones recibidas, y no sólo en cuantías, sino también en el intervalo temporal en que se realizan esas aportaciones, y
prestar atención también a la evolución de esa aritmética vital que hace que cada vez en mayor medida los periodos de inactividad cobren una mayor entidad porcentual en la vida de una persona. Obviamente, a mayor esperanza de vida mayor necesidad
de equilibrar esa proporción entre el período de vida activa y el período de vida con la percepción de una prestación. Una forma relevante de guardar ese equilibrio es prolongar el número de años que los ciudadanos han de mantenerse activos, esto
es, incrementar la edad efectiva de jubilación de los ciudadanos, que solo en parte tiene que ver con el incremento de la edad legal de jubilación. El Gobierno anterior decidió incrementar esa edad legal de jubilación y establecer un incremento
progresivo de la misma hasta alcanzar los 67 años en el año 2027, pero eso no servirá de mucho a efectos de sostenibilidad del sistema si, esté donde esté en cada momento esa edad legal de jubilación, uno de cada dos de nuestros ciudadanos se retira
anticipadamente de la actividad laboral, bien de forma obligada o bien de forma voluntaria.


El informe habla de la incidencia de este fenómeno de la jubilación anticipada en nuestro país. En el año 2011, 111.648 trabajadores se jubilaron anticipadamente, el 40,53% del total de altas de jubilación; en el régimen general alcanzó
casi el 51%. En los últimos años, en series estadísticas, no hemos bajado nunca del 40% de jubilaciones anticipadas en el conjunto del sistema y no hemos bajado nunca del 50% de jubilaciones anticipadas en el régimen general. En el régimen
general, por tanto, la jubilación anticipada ha sido siempre mucho más frecuente que la jubilación a la edad legal, con importantes variaciones porcentuales año a año, aunque priman claramente los incrementos positivos de la incidencia de esa
jubilación. En el año 2011, 73.160 personas se jubilaron anticipadamente con coeficiente reductor. A nadie se le oculta que en estas circunstancias incrementar la edad legal, aunque sea de forma progresiva, hasta los 67 años, sin actuar sobre
otros elementos, provocará que ese porcentaje se incremente en mucha mayor medida en los próximos años. De hecho, la evolución de la edad media de jubilación, aunque progresa año a año, lo hace de forma muy lenta. Entre 2005 y 2011 ha pasado de
63,06 a 63,47 años en el régimen general. Entre estos mismos años 2005 y 2011 ha pasado de 63,61 a 63,87 años en el total del sistema. Cuando a partir del año 2013 comience a progresar la edad de jubilación legal a razón de un mes al año, este
incremento no se verá acompañado, por tanto, por la evolución de la edad efectiva de jubilación de forma acompasada con aquella. La edad legal progresará un mes al año; la edad media de jubilación ha evolucionado, de media, quince días al año
desde el año 2005, en el año 2011 tan solo diez días al año.


¿Quién se jubila antes, señorías? Llamativamente, lo hacen personas con salarios más altos y cotizaciones más altas. No son personas con trabajos menos remunerados o menos cualificados, y en muchos casos menos exigentes físicamente. Es
muy significativo que nuestro modelo implica básicamente que muchos trabajadores de salarios medios o modestos y carreras largas y planas de cotización transfieren recursos a trabajadores que cotizan relativamente menos años, pero tienen ingresos
elevados o más volátiles y se retiran antes. Por eso la pensión media de jubilación anticipada es muy superior a la jubilación con 65 o más años, es casi un 9% superior a la pensión media de jubilación, 1.344,42 euros frente a 1.234,5 euros, casi
un 16% superior a la pensión media de jubilación de los que tienen 65 años o más. Serían 1.344,42 euros frente a 1.159,58. Es cierto que la progresión en estos últimos años de la pensión media de jubilación en el sistema es mayor que la que ha
venido mostrando la pensión media de la jubilación anticipada, pero aún queda una amplísima diferencia entre ellas.

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En relación específicamente con la jubilación con coeficiente reductor, cabe decir que entre el año 2005 y el 2011 la progresión de la pensión media ha sido del 31,5%, mientras que la de la pensión media de la jubilación anticipada lo ha
sido del 26,25 y la del total de jubilaciones del 33,69, siendo la de jubilación con 65 o más años del 41,24%. El efecto económico de las nuevas altas anuales de estas jubilaciones anticipadas crece, señorías, año a año. La evolución del coste de
las diferentes altas anuales de pensiones de jubilación ha sido la siguiente. La jubilación ordinaria entre 2005 y 2011 ha crecido casi un 87%, al pasar de 101,6 millones de euros a 189,9 el último año; una progresión muy superior a la del gasto
total en pensiones en esta etapa. La jubilación anticipada con coeficiente reductor entre esos años 2005 y 2011 ha crecido un 67,1%, y la jubilación anticipada con bonificación entre 2005 y 2011 un 70,3%. La jubilación anticipada parcial ha
crecido un 45,7% y la jubilación especial a los 64 años el 21,32%. Obviamente, tenemos que analizar cuál será la previsión de gasto futuro que se derivaría de la entrada en vigor de esta Ley 27/2011. Con ella, la jubilación anticipada no
voluntaria podrá resultar de hasta seis años en el sistema; 61 años, frente a los 67 que supondrá la edad legal tras el periodo transitorio. Con ella, la jubilación anticipada voluntaria podrá resultar de hasta cuatro años, 63 frente a los 67, que
será esa edad legal tras el periodo transitorio. Por tanto, pese a las modificaciones introducidas en esa Ley 27/2011, que efectivamente supuso una mayor penalización en el acceso a la jubilación anticipada, esa anticipación sigue suponiendo un
considerable coste para el sistema de Seguridad Social. El sistema asume unos costes que ya son excesivos y que lo serán mucho más en el futuro de no adaptarse estos parámetros que estamos comentando.


El sistema presenta lo que hemos venido en denominar lagunas en la estructuración de los coeficientes reductores. Yo diría que lo que ocurre es que se producen ejemplos de desajustes que se plantearán con mayor intensidad a medida que se
desarrolle la progresión de la edad legal de jubilación. El informe pone una serie de ejemplos. Jubilarse anticipadamente a los 61, al final del período transitorio, seis años antes de la edad legal, será posible con los mismos coeficientes que
los de 2013, pese a incorporar dos años más de jubilación anticipada. Jubilarse en 2027 con seis años de anticipación conllevará un coeficiente reductor del 30% con menos de 38 años y medio y del 26% con 38 años y 6 meses o más. Esta diferencia no
se justifica en absoluto con las cotizaciones efectuadas. Una diferencia del 4% en una pensión no se justifica ni matemática ni equitativamente por haber cotizado 6 meses adicionales. El anticipo de la jubilación ha de calcularse sobre la edad
legal, y el cómputo de años cotizados debe integrar solo los años efectivamente cotizados, y no como ocurre ahora que también integra los años que faltan para la edad de jubilación. En el actual sistema el resultado es que el coeficiente reductor a
igual número de años cotizados, por ejemplo 34, es el mismo para quien se jubila a los 61 años que para quien se jubilaría a los 62, cuando es obvio que no puede darse el mismo tratamiento a dos personas que se jubilan con un año de diferencia. La
existencia de primas de años para algunas situaciones que se derivan de la incorporación al cómputo de años cotizados de aquellos que le faltan al ciudadano para la edad ordinaria de jubilación, de modo que la reducción de pensión por aplicación de
coeficientes acaba siendo muy inferior a la que correspondería, no es en modo alguno el tratamiento equitativo y justo que se merece nuestro sistema. La aplicación de coeficientes reductores sobre la base reguladora cuando esta es mayor que la
pensión máxima -y hay un porcentaje cada vez mayor de personas en esta situación- hace que la aplicación de esos coeficientes reductores no tenga al final efecto real alguno. Creemos que hay que ir más allá en el tratamiento de esas bases
reguladoras altas, porque, si no, la pensión acaba siendo la misma con varios años de diferencia en el acceso a la jubilación anticipada. Es más, puede ser este tratamiento un evidente incentivo al abandono prematuro, por lo que necesariamente hay
que poner en cuestión esta situación en relación con las políticas de incentivo de la continuidad laboral.


Como ven, se trata de correcciones y ajustes técnicos que mejoran la equidad y el tratamiento adecuado del sistema a situaciones desiguales. Ello no altera en esencia la configuración del sistema e implica un importante ahorro de costes.
Es perfectamente posible configurar un sistema más equitativo que además ahorre recursos. Lo difícil de justificar es que mantengamos un sistema que no trata equitativamente a los ciudadanos que hacen esfuerzos de cotización diferentes y que además
les supone un importante sobrecoste a la Seguridad Social. Francamente, no encuentro justificación política para que mantengamos esta situación. El informe parte de la idea de no modificar una serie de modalidades de jubilación. No se modifica la
jubilación anticipada de trabajadores mutualistas, no se modifica la jubilación anticipada a los 61 años conforme a la legislación actual, no se modifica la jubilación a los 64 años -estas dos últimas quedarían suprimidas sin vigencia a partir del 1
de enero de 2013- y no se modifica la jubilación anticipada para trabajos penosos, peligrosos, tóxicos o en el caso de trabajadores discapacitados.

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El alcance de las reformas planteadas por el informe se acota a las dos modalidades de jubilación anticipada a los 61 y 63 años, respectivamente, que entrarían en vigor el 1 de enero del próximo año.


El informe contiene una serie de líneas de actuación a la luz de las consideraciones anteriormente expuestas. Estas líneas son, desde una doble consideración: cuando mediara causa no voluntaria en la extinción de la relación laboral,
adecuar la edad de acceso a la jubilación anticipada a la edad legal ordinaria de acceso a la pensión, es decir, permitir que ambas evolucionen de forma paralela y acompasada; adecuar los años mínimos exigidos de cotización para acceder a la
jubilación anticipada y adecuar los coeficientes reductores para garantizar el equilibrio económico entre el adelanto del pago de la pensión y la cuantía de esa misma pensión a lo largo de toda la vida. Y mediando causa voluntaria en la extinción
de la relación laboral, adecuar también esa edad de acceso a la jubilación anticipada a la edad legal ordinaria de acceso a la pensión que al final del periodo transitorio supondría 65 años; adecuar los años mínimos exigidos de cotización para
acceder a la jubilación anticipada y adecuar los coeficientes reductores para garantizar el equilibrio económico entre el adelanto del pago de la pensión y la cuantía de esa pensión a lo largo del resto de la vida. Creemos que podrían mantenerse
las modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones contenidas en la Ley 27/2011 para las personas cuya relación laboral se ha extinguido antes de la publicación de esa ley, así como afectados por ERE o
convenios colectivos y acuerdos de empresa o procedimientos concursales aprobados o suscritos con anterioridad a esa publicación. No se modificarían los aspectos esenciales de esas circunstancias; tan solo, como he dicho, se modificarían los
coeficientes reductores de aplicación y la forma de determinarlos. También sugerimos una reflexión y la oportuna decisión en relación con la jubilación anticipada voluntaria en el sector público.


El impacto económico de estas medidas no puede estimarse tan solo en el corto plazo; no son medidas de ahorro inmediato, no se trata de eso, pero sí tienen una clara incidencia en la sostenibilidad futura de nuestro sistema. Desde ese
punto de vista, su repercusión económica no constituye un elemento nada desdeñable. España muestra un perfil muy determinado en relación con estas materias. Las tendencias demográficas; el retraso en la incorporación al mercado laboral por el
aumento del periodo educativo -son cinco años más en España, cuatro años más en la OCDE, que en la década de los sesenta dedicados al periodo educativo; el número medio de años de estudio se ha duplicado entre 1960 y 2010-; los desafíos del propio
sistema de pensiones, sus repercusiones sobre el nivel de empleo agregado y los propios efectos de la prolongación de la vida laboral sobre el mantenimiento de las capacidades cognitivas de los ciudadanos aconsejan claramente adoptar medidas para
facilitar esa prolongación o, a contrario sensu, para frenar la salida anticipada de los ciudadanos del mercado laboral. En este sentido, no podemos dejar de evaluar si las políticas adoptadas hasta ahora han resultado eficaces e incluso si en
algunos casos no han sido -aunque probablemente bien intencionadas- incluso contraproducentes precisamente para los fines de promover esa continuidad en activo de nuestros ciudadanos.


La realidad es que en España, pese a nuestra alta esperanza de vida, las tasas de actividad y de empleo de los trabajadores de mayor edad son inferiores al promedio de la OCDE, no solo de la Unión Europea. Presentan una perspectiva de
aumento futuro, pero ello ha de verse confirmado con la adopción de políticas útiles. Creo que es muy importante identificar los principales condicionantes de la tasa de empleo de nuestros trabajadores mayores y que lo hagamos trascendiendo de
alguna manera la situación actual de dura, durísima crisis. La tasa de actividad de los mayores de 55 años ha aumentado más de 10 puntos desde mediados de la década de los años noventa, pero aún nos encontramos muy lejos de los países líderes de la
OCDE. La Comisión Europea prevé que esa tasa de actividad siga aumentando hasta superar el 76% en el año 2060. La tasa de empleo de la población mayor de 55 años también ha crecido desde la década de los noventa, pero todavía se encuentra 30
puntos por debajo de la de los países punteros en Europa, por ejemplo. España, por tanto, parte de una situación peor en esta materia aunque su capacidad de desarrollo es alta y ello teniendo presente que todos los estudios que ponen en relación el
desempleo juvenil con la tasa de participación laboral de los ciudadanos próximos a la edad de jubilación acreditan que una participación laboral de los mayores elevada está negativamente relacionada con las tasas de empleo juvenil. Es decir, no
hay una correlación positiva entre ambos factores. A nivel agregado el empleo de mayores y jóvenes es complementario, no es sustitutivo, y la mayor tasa de empleo de personas mayores, por la menor producción del llamado no mercado -home
production-, acaba suponiendo un mayor nivel de empleo total agregado.


Señorías, no voy a hostigarles con cifras y porcentajes; conocen perfectamente que el incremento de la longevidad y el retraso en la entrada del mercado laboral, más allá de escenarios coyunturales, especialmente intensos en esta
problemática, como el que vivimos hoy suponen un importante desafío al que los sistemas

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de pensiones tienen que responder adecuadamente. Estamos aquí para mejorar el sistema, para alcanzar esos objetivos compartidos, para modernizarlo y adecuarlo; estamos para presentar modificaciones concretas que no cercenan el sistema,
sino que le dan coherencia y lo refuerzan. Y quizá uno de los elementos donde más claramente se percibe una falta de correlación entre los objetivos perseguidos y los resultados alcanzados es el que hace referencia a la jubilación parcial; una
figura planteada en su día como un elemento de flexibilidad y de incentivo a la continuidad laboral, de transmisión de conocimientos y experiencias a trabajadores de menor edad en el seno de las empresas, ha acabado por devenir en una fórmula
específica de anticipo de la jubilación sin penalización por coeficiente reductor; una fórmula en cierto modo privilegiada de jubilación anticipada cuya característica fundamental es que sus costes recaen de forma total en el sistema de Seguridad
Social. Es precisamente esta condición la que nos obliga en mucha mayor medida a evaluar sus fundamentos y resultados. De hecho esa misma consideración es la que llevó a que en la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, en el Real
Decreto-ley 8/2010, sobre medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y en la propia Ley 27 del año 2011 se tomaran medidas para regular sus requisitos de una forma más restrictiva. Pero el resultado de esas regulaciones operando
sobre la jubilación parcial ha provocado que se acentuara la salida en el año 2010 y en el año 2011, y en lo que va de 2012, de personas con 60 y 61 años. La mayoría lo han hecho, por otro lado, recurriendo al mínimo posible de jornada de trabajo,
incluso por debajo de ese mínimo que la Ley 27 establece en un 25%.


La pensión media de la jubilación parcial fue en el año 2011 de 1.572,68 euros; la pensión de la jubilación anticipada fue de 1.344; la de jubilación anticipada con coeficiente reductor de 1.198, y la pensión media del total de las
jubilaciones de 1.234. Es decir, la pensión media de jubilación parcial es un 17% más alta que la media de las jubilaciones anticipadas; casi un 32% más alta que la media de la jubilación anticipada con coeficiente reductor, y casi un 28% superior
a la media del total de jubilaciones.


Hay que entender que las tasas de actividad entre los mayores de 55 años guardan correlación con el nivel educativo, y las diferencias en tasas de participación de los trabajadores de mayor edad reflejan diferencias obvias en capital humano.
En otras palabras, por lo general el coste de oportunidad de abandonar el mercado laboral es mayor para aquellos trabajadores más cualificados, con salarios más altos y por tanto con derechos de pensión más elevados; sin embargo la jubilación
parcial actúa de tal forma que el incentivo a la jubilación, aunque sea teóricamente parcial, supera incluso ese coste de oportunidad. Estamos por tanto ante un mecanismo muy privilegiado de jubilación, sin coste para el ciudadano, con cargo
exclusivo al sistema de Seguridad Social y que afecta a estratos de población de alta cualificación, salarios y derechos de pensión. Es cierto que en su mayor parte, como acredita la estadística, con una media de años cotizados que supera los 40,
pero cuyo retiro anticipado no les supone en modo alguno merma real de sus expectativas de pensión. El sistema actúa como un incentivo negativo a la continuidad, no existe coeficiente reductor ni mecanismo compensador de ningún tipo para el
sistema.


Las modificaciones introducidas por la Ley 27/2011 no resultan suficientes ni mucho menos para reequilibrar el sistema de jubilación parcial. Es más, sus problemas de costes y de incentivos cruzados se agudizarán en el futuro. Consideramos
procedentes por tanto algunas modificaciones que sometemos a consideración del Pacto de Toledo para que se adecue esta modalidad a los objetivos que como sociedad debemos perseguir: adecuar esa edad de acceso a la jubilación parcial de forma
acompasada con la propia progresión de la edad legal de jubilación. De no ser así el número de años a los que uno puede acceder a la jubilación parcial antes de la edad de jubilación serán 2 años más que los actuales, de 61 a 67. Ello supondrá
unos costes adicionales para el sistema muy altos y se entorpecerá el objetivo perseguido con el incremento de la edad de jubilación. El incentivo al retiro anticipado operará todavía con mucha mayor fuerza con esta regulación.


Modificar la jornada laboral que podía realizar el jubilado parcial. La realidad nos demuestra que la gran mayoría de los jubilados parciales se ciñen a la jornada mínima de trabajo exigida por la ley, que en muchos casos ni siquiera la
cumplen de forma efectiva o que se buscan fórmulas de reagrupamiento de horas de forma poco compatible con el espíritu del contrato de relevo, y en algunos casos incluso en abierta contradicción con esta figura. Por eso resulta aconsejable
incrementar el porcentaje de jornada -podría llegar hasta un 50%, aunque puede obviamente convenirse- para que la actividad siga siendo realmente parcial y no residual o sencillamente inexistente. Solo de esta manera se garantizará la eficacia de
un sistema de transmisión de conocimientos y de experiencia laboral real. Por supuesto estamos dispuestos a considerar un tratamiento específico y más flexible en los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa
mediante un contrato de duración indefinida; a evitar el uso indebido del contrato del relevo prolongando su vigencia y estableciendo cautelas, y también estamos

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dispuestos a adecuar el periodo mínimo de cotización exigido a esta jubilación con el exigido como propuesta también para la jubilación anticipada, pasando por tanto a 33 años, sin perjuicio de mantener los 25 años de cotización previa
exigida en los casos de trabajadores con discapacidad. Si consideramos que las personas que vienen accediendo a esta figura presentan carreras de cotización muy largas, no sería propiamente una medida restrictiva en la actualidad, salvo que se
incorporara un aumento incluso mayor, pero sí establecería unas importantes cautelas para el futuro. Y desde luego estamos dispuestos a incorporar elementos de compensación o equilibrio financiero para el sistema, dado el coste de la figura,
incluso incorporando coeficientes reductores al mecanismo de jubilación parcial.


Señorías, con estas propuestas no se pretende un ahorro de costes con gran incidencia a corto plazo; ello no va a ocurrir en la medida en que seguirán causando alta al inicio muchos trabajadores incorporados antes de la adopción de una
eventual norma a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, con independencia de que el acceso a esa jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad al
1 de enero de 2013. Se respetarán esos compromisos adquiridos -si esa es la preocupación de alguien, esto ha de quedar claro-, sin embargo a medio y a largo plazo -que es el horizonte sobre el que tenemos que operar- el efecto económico es
indudable, muy significativo y una pieza irrenunciable en términos de sostenibilidad económica. Pero no se trata solo de términos de sostenibilidad económica. Estas medidas dan coherencia al sistema, lo preparan para un entorno de prolongación de
vida laboral y envejecimiento activo. En este año 2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo, la adopción de estas medidas señala un camino que hemos de recorrer con las mayores dosis de acuerdo posible. No hay rupturas de modelos ni quiebras de
pilares básicos del sistema, hay planteamientos basados en criterios de lógica y de coherencia; son propuestas de mejora y de actualización de nuestra normativa en esta materia, que responden a desajustes, incoherencias o inequidades, y se ajustan
con todo detalle al Pacto de Toledo. Como se ajusta el desarrollo de la Recomendación 12ª de este vigente Pacto de Toledo, en cuyo enunciado -entre otras consideraciones- se apuesta claramente por introducir mayores esquemas de permeabilidad y
convivencia entre la vida activa y la pasiva que permitan e incrementen la coexistencia de salario y pensión. Resulta adecuada, dice el Pacto de Toledo, en la misma línea que otros países de nuestro ámbito, una mayor compatibilidad entre la
percepción de la pensión y la percepción del salario por actividad laboral, hoy muy restringida y que no incentiva la continuidad laboral. La propia disposición transitoria 37 de la Ley 27/2011 prevé que el Gobierno presente un proyecto de ley que
regule la compatibilidad entre jubilación y trabajo. Entiendo que esa perspectiva que marcó el Pacto de Toledo sigue siendo una perspectiva compartida; por ello queremos introducir este asunto en la agenda de las reformas necesarias y posibles de
nuestro sistema de Seguridad Social.


Señorías, hace mucho tiempo que la gran mayoría de los países de nuestro entorno han explorado vías de mayor compatibilidad entre el salario y la pensión, básicamente de jubilación, y con buenos resultados. Las orientaciones comunitarias
contenidas en los informes de la Unión Europea, tanto el Libro Verde sobre sistemas de pensiones europeos, adecuados, sostenibles y seguros, del año 2010, como el Libro Blanco, agenda para unas pensiones adecuadas, sostenibles y seguras, de este año
2012, hacen expresa referencia a las prácticas de prolongación de las vidas activas. Es obvio que la realidad actual del trabajo y la actividad no es la de años atrás y admite fórmulas de transición y de una mayor compatibilidad con las pensiones,
en una línea de inevitable descausalización que es consecuente, por otra parte, con el carácter contributivo del sistema. Esta línea de reforma supone cambiar la perspectiva actual de incompatibilidad generalizada entre pensiones, sobre todo de
jubilación, y trabajo remunerado, y asumir como regla la compatibilidad, siempre limitada y condicionada, de ambas situaciones. Es un cambio significativo de orientación de nuestro sistema, pero es pertinente desde la óptica del respaldo a la
continuidad laboral, del incentivo cierto a la prolongación voluntaria de esta vida laboral, y desde la posibilidad que abre de otorgar una mayor capacidad de decisión, de libertad del ciudadano a la hora de diseñar su transición que en modo alguno
tiene que seguir siendo tan drástica como en la actualidad.


Un enfoque global de acercamiento entre la edad efectiva de jubilación y la edad legal necesariamente ha de abrirse a mecanismos de mayor flexibilidad, diversidad y compatibilidad para una parte de nuestros ciudadanos, que desean incorporar
a su planificación vital opciones más amplias y diversas que la hasta ahora generalizada dicotomía entre el jubilado o el activo. En España la concepción rígida del artículo 165 de la Ley General de Seguridad Social establece para el conjunto de
regímenes del sistema una regla de incompatibilidad general entre el disfrute de esa pensión de jubilación, aunque establece que ocurrirá con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. El número de personas que
en estos momentos se encuentran acogidas a ese régimen de suspensión del recibo de su pensión

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por desarrollar una actividad por cuenta propia o ajena es tan solo de 3.574 personas, lo que habla bien a las claras del efecto desincentivador de la continuidad laboral que presenta el esquema rígido vigente. El ordenamiento de la
Seguridad Social reconoce, frente a esta regla de incompatibilidad citada, una serie de mecanismos de excepción, entre los que podemos citar la jubilación flexible que permite trabajo a tiempo parcial por cuenta ajena solamente y con minoración
porcentual de la pensión, según el porcentaje de jornada. Las altas de este sistema fueron solo 789 en el año 2011 y su número apenas ha variado en estos últimos años. En segundo lugar, el trabajo por cuenta propia, artículo 165 de la Ley General
de la Seguridad Social, modificado por la disposición adicional 31 de la Ley 27, siempre que los ingresos no superen el salario mínimo interprofesional en cómputo anual, sin minoración de la pensión, sin obligaciones de cotizar y sin que se generen
nuevos derechos a prestaciones. En tercer lugar, el trabajo agrario, bien por cuenta propia y compatible con algunas actividades agrarias -fundamentalmente las definidas como para autoconsumo-, bien por cuenta ajena -pendiente de regulación
reglamentaria- con trabajos esporádicos o eventuales. Hay otra modalidad, la llamada jubilación demorada, que incorpora el incentivo en forma de mejora de pensión para quienes continúan en activo más allá de la edad legal, cumplidos los requisitos
de cotización. A esta modalidad de jubilación demorada en el año 2011 tan solo se acogieron 17.578 personas. El dato hasta la fecha en el año 2012 habla de 15.198 jubilaciones demoradas de las que -y es importante destacarlo- 7.805 corresponden a
los trabajadores por cuenta propia, más del 51,35%. Por tanto esta es una especialidad de jubilación que está encontrando una acogida discreta en número total, pero en mucha mayor medida en términos porcentuales entre los trabajadores autónomos.
Podemos deducir de todos estos datos que resulta necesario impulsar otros mecanismos de incentivo a la prolongación de la vida laboral.


Señorías, por cada persona que al año demora su vida laboral pudiendo jubilarse, casi siete lo hacen anticipadamente. Hay por tanto incoherencias y disfunciones en nuestro ordenamiento, algunas de ellas puestas de manifiesto en el informe.
Diferencias de trato entre el trabajo por cuenta ajena, admitido por la regulación, y el de cuenta propia, no admitido en la jubilación flexible, al no estar regulado para el autónomo el trabajo a tiempo parcial. Diferencias de trato dentro del
trabajo por cuenta propia según que se cause pensión en el régimen de trabajadores autónomos o que se haga en una mutualidad alternativa de aquel. Inseguridad jurídica en el ámbito agrario por cuenta propia y por cuenta ajena respecto a aquellas
actividades que se consideran compatibles con el percibo de una pensión de jubilación, algo que hasta ahora se viene regulando a través de criterios y resoluciones administrativas.


Creemos que es posible acometer una modificación sustancial de esta regulación entre la compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación y la realización de una actividad. En síntesis, una propuesta como la que contiene el
informe se basaría en los siguientes requisitos. Se aplicaría a la actividad por cuenta ajena y por cuenta propia en la misma medida. Se aplicaría una vez cumplida la edad legal ordinaria de jubilación. Se establecería un periodo de cotización
para tener derecho a un cien por cien de la base reguladora de la pensión. La actividad habría de realizarse en el sector privado. No modificaría la pensión causada, por lo que se propondría la no cotización, salvo por incapacidad temporal y
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Podría habilitarse -y somos partidarios de ello- una cotización de solidaridad sin efecto en las prestaciones que supusiera una aportación a determinar, en aras de la propia generación de ingresos
para el sistema, teniendo en cuenta que esta nueva regulación sería a su vez compatible con otras figuras del ordenamiento como la jubilación demorada o la exoneración de cuotas. Es decir, con este sistema propuesto gana la persona, gana la
sociedad, pero también gana la Seguridad Social, que con las figuras actualmente existentes tan solo ve mermados sus recursos, en aras de un objetivo de continuidad laboral.


Respecto a la pensión percibida durante el periodo en el que se desarrolle la actividad profesional, se percibiría un porcentaje de la pensión de jubilación causada, que a su vez podría ser o no objeto de revalorización; un porcentaje a
determinar fruto del debate en este Pacto de Toledo. Tras el cese de la actividad, se recuperaría obviamente de forma íntegra la pensión de jubilación. Pueden calcularse sus efectos económicos, que tendrían que ver con las decisiones que se
tomaran, sobre el porcentaje de la pensión a compatibilizar, sobre la aplicación de una cotización de solidaridad a la retribución, sobre la revalorización o no del porcentaje de pensión compatible, sobre el número de personas que se acogerían a
esta medida, sobre el posible efecto llamada a las personas que hoy tienen jubilación demorada, sobre el trasvase de otras modalidades como la jubilación flexible o la jubilación parcial, que podría producirse, o sobre la propia vuelta a la
actividad de personas que hoy están jubiladas al cien por cien. Los resultados supondrían un cierto coste para el sistema en la medida en que más alto sea el porcentaje de pensión

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compatible, aunque se consideraría poco asumible en el entorno de un 80%. Pero el sistema podría generar disminuciones de gasto en jubilación con percepciones compatibles del orden del 50 o del 60% de la pensión de jubilación, que sería aún
mayor con la aplicación de la llamada cotización de solidaridad.


En hipótesis, de un 60% de la pensión compatible con el salario, los ahorros para el sistema serían crecientes, incluso con revalorización, con una progresión del ahorro en gasto muy notable; por ejemplo en 3 años, que aumentaría además en
función del número de pensionistas que se acogieran a la medida. Por ponerles un ejemplo, con una percepción del 60% compatible a la que se acogiera el 25% de los pensionistas, y sin revalorización de esas pensiones compatibles, el ahorro podría
llegar en unos años a casi 500 millones de euros para el sistema; con una percepción del 50% compatible en esas mismas condiciones, el ahorro sería de 800 millones. Si en este caso hubiera una cotización adicional, el ahorro estimado podría
superar ampliamente los 900 millones de euros. No voy a entrar en más consideraciones económicas aunque quiero trasladar a esta Comisión que los resultados de esta medida de compatibilidad son claramente favorables en términos económicos para el
sistema de Seguridad Social, y serían mayores en la medida en que más pensionistas optaran por la fórmula de una cierta compatibilidad. Al sistema de Seguridad Social le conviene esta dinámica y que además esta dinámica no sea marginal o residual,
sino extensible al mayor número de personas posible.


Es importante destacar -y así lo hace el informe- el importantísimo número de países que permiten compatibilidad de pensión de jubilación y realización de actividades laborales. La tendencia es a una mayor implantación de esa
compatibilidad. Casi nadie mantiene ya la incompatibilidad estricta, tan solo Eslovaquia, Irlanda, Letonia y Malta. Cada vez menos la mantienen ligada a actividades con ingresos topados: España, Bulgaria, Rumanía, Países Bajos o Suiza. Nuestra
opción no es la más permisiva ni mucho menos, la permitida en Chequia, en Chipre, en Finlandia, en Francia, en Hungría, en Reino Unido, en Italia, en Noruega o en Suecia; la nuestra se alinearía más con la de aquellos países que la permiten
cumplida la edad legal de jubilación como Alemania, Luxemburgo, Austria o Francia; aunque en algunos de estos países incluso la compatibilidad es total y no condicionada a un límite determinado de pensión.


En definitiva, y para concluir, creemos que estas propuestas pueden contribuir a abrir un debate serio y honesto sobre la realidad de nuestro sistema de pensiones. Son propuestas planteadas pensando en reforzar el modelo, no son
planteamientos de confrontación, sino de mejora y adaptación. Ya he dicho que hacen nuestro sistema más coherente y más preciso. Son propuestas abiertas que admiten, que propician el debate y la toma de decisiones compartidas. Pero, señorías, son
propuestas que inequívocamente señalan un camino que España tiene que recorrer, el de hacer de la prolongación de la vida laboral, del envejecimiento activo, del estímulo a la continuidad una de las señas de identidad de nuestra sociedad en el
futuro próximo. Un camino que es bueno que recorramos juntos porque no hay alternativa, y porque será más sencillo y fructífero de recorrer si lo hacemos de la mano del acuerdo y de la coincidencia. Les invito a ello y les agradezco su atención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su informe. Vamos a proceder a su debate, y seguiremos el mismo procedimiento de intervenciones que hemos tenido en sesiones anteriores de la Comisión, empezando por el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, después los grupos de menor a mayor, y cerrará el portavoz del Grupo Popular. El tiempo de intervención será de diez minutos, creo que es un tiempo suficiente para poder expresar las opiniones y posición
de cada grupo. (Rumores). En definitiva... ¿Algún problema? Más vale que lo resolvamos previamente.


Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No se trata de hacer una cuestión reglamentaria o un problema de orden, pero nos llama poderosamente la atención a algunos de los aquí presentes esta sistemática utilizada en esta Comisión, cuyos precedentes por
cierto desconocíamos. Es decir, el régimen suele ser o de menor a mayor o de mayor a menor, sin excepciones conocidas hasta el presente. Pero si usted está en condiciones de argüir algún precedente no será mi grupo quien lo juzgue.


El señor PRESIDENTE: Precedentes sí hay, señor Olabarría, en esta Comisión, pero no tengo ningún inconveniente en cambiarlo. Así lo hemos hecho en otras ocasiones, y creo que si no hay inconvenientes mayores, sino simplemente
inconvenientes de matiz, tiene la palabra la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Quiero dar la bienvenida al señor secretario de Estado a esta Comisión que tan bien conoce; se tiene que encontrar a gusto evidentemente, porque ha pasado muchas

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horas en ella. Dicho esto, usted sabe también que esta Comisión es seguida por muchos jubilados, por asociaciones de jubilados y de viudas, y me va a permitir que antes de empezar el debate del informe que hoy nos presenta le pida una
aclaración. En estos momentos el 40,5% de los pensionistas está ayudando a sus hijos o a sus nietos a llegar a final de mes, y por eso lo que le voy a plantear es de suma importancia. La semana pasada aprobamos en el Pleno de la Cámara una moción
de La Izquierda Plural, que votamos y apoyamos unánimemente todos los grupos, en la que se planteaba que el Gobierno procediera a la revisión de la inflación, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, que corresponde
hacer en este momento. Hubo alegría en todos los grupos porque fue unánime la petición. Pero, claro, esta semana en el Senado se vuelve a hacer la petición y el Grupo Popular, con mayoría absoluta evidentemente, rechaza esa proposición; fueron
rechazadas todas las enmiendas de todos los grupos en la Comisión de Presupuestos, y de hecho ni una sola enmienda pudo colarse. Por tanto le pregunto qué van a hacer, si van a revalorizar las pensiones, tal y como figura en el artículo 48 de la
ley, o no. Dígannoslo ya, y en función de eso por lo menos tendremos tranquilidad en una u otra dirección. Se lo pido encarecidamente, no solo para que nos tranquilice a nosotros, sino para que tranquilice a los jubilados que están siguiendo esta
Comisión con mucha atención.


Entrando en el informe, usted nos ha insistido varias veces en que son ajustes técnicos lo que plantean con estas propuestas. Permítame que discrepe totalmente. Creo que lo que pretenden es una reducción de las pensiones de los futuros
pensionistas y un ahorro para la Seguridad Social, y pienso sinceramente que ese no es el objetivo ni las recomendaciones que plantea el Pacto de Toledo. Ustedes nos traen un informe y dicen que el objetivo coincide, tal como lo plantean, con el
perseguido por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que realiza modificaciones importantes sobre la jubilación anticipada y sobre la parcial, que como bien dijo usted ha de entrar en vigor el 1 de enero de 2013; es decir, todavía no sabemos el resultado
que va a dar porque todavía no lo hemos puesto en práctica. Permítame que me extrañe de que no seamos capaces de darle una oportunidad a la ley para ver qué efecto tiene, máxime teniendo en cuenta que la Ley 27/2011 viene precedida de un acuerdo
político -salvo en un punto-, pero fundamentalmente de un acuerdo social y económico de fecha 2 de febrero de 2011. Y ustedes insisten -en el informe lo dicen reiteradamente- en que lo que buscan es la necesidad de adecuar la jubilación anticipada
a la jubilación legal, es decir, a la edad legal de jubilación. Pero eso es lo que hace la Ley 27, es exactamente lo que hace, porque establece que la jubilación anticipada voluntaria será a partir de los 63 años: 63 años jubilación anticipada, 67
años jubilación obligada. Hay que tener en cuenta siempre que la edad de 67 es para aquellas personas que no tengan 38 años y 6 meses de cotización al cumplir los 65, porque si no incluso estaríamos hablando de que la jubilación anticipada para los
que tienen carreras largas de cotización es de 2 años, ni siquiera de 4, de 2.


Sí, hay una jubilación anticipada a los 61 años que proviene de un acuerdo con los agentes sociales, pero con un matiz importante, que es que de todos los que se van a la jubilación a los 61 años, ni uno lo hace por voluntad propia, la
mayoría quisieran seguir trabajando, pero son los expulsados del mercado de trabajo, bien sea por expedientes de regulación de empleo o bien sea por despidos. ¿Qué pretende hacer con esa gente, máxime -usted tienen mejor las cifras que yo- cuando
el modelo de reforma laboral que ustedes han implantado lo que está haciendo en los meses que lleva vigente es expulsar del mercado de trabajo a la gente más antigua en las empresas y con más edad? ¿Por qué? Porque han abaratado tanto el despido y
lo han facilitado tanto -ya ni hay que consultar a la Administración ni nada- que si usted mira las cifras de los nuevos desempleados, son o gente muy joven o gente mayor de 55 años. Por tanto, creo que tener varios modelos de jubilación es
adecuado y coincide realmente con todas las previsiones y demandas que nos plantean los organismos internacionales. Lo que tendríamos que hacer es darle una oportunidad a la Ley 27/2011 y ver realmente qué efecto tiene.


Ha dicho también que la edad real de jubilación no llega a los 64 años. Me gustan los gráficos de colorines y ustedes nos han plantado aquí un gráfico, pero no sabemos bien qué año utilizan para los porcentajes. Fíjese, en la parte de
colorines estamos en la edad media por debajo de Alemania, con el 62,9 para los hombres y 63 para las mujeres, pero en el cuadrito de al lado, que es de 2010, ya nos dicen que en los hombres son 63,4 y en las mujeres 63,5, pero ahora usted nos habla
de que la edad media de jubilación está en 63,87. Si eso es lo real -y no dudo en absoluto de sus cifras-, nosotros ya no estamos por debajo de Alemania, estamos antes de Alemania. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que España sigue
manteniendo una de las edades de jubilación más altas de la Unión Europea, bien sea contando a quince miembros o a veintisiete, y que la edad real de jubilación sigue subiendo -nos lo

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dicen ustedes en este informe en la tabla número 4-. Por lo tanto, ustedes tratan de ignorar -no es que traten de ignorarlo, es que no lo pueden valorar- lo que va a significar la Ley 27/2011 una vez puesta en marcha.


Dicen que son mejores las cuantías de las pensiones de los jubilados anticipados que la media de la jubilación y que los que cotizan en la tabla alta no tienen penalización. No es verdad. La Ley 27/2011 introduce una cláusula en una
disposición según la cual los que se jubilen anticipadamente y sigan manteniendo el total de la pensión máxima tendrán un descuento del 0,25% por trimestre o del 1% anual, es decir, que ya hemos bajado, que nadie que se jubile anticipadamente podrá
tener la pensión máxima.


Nosotros lo que planteamos es que realmente se ponga en vigor la Ley 27/2011 y veamos qué resultados tiene y cómo se va desarrollando. Ustedes ponen el ejemplo de que en 2027 el anticipo de la edad de jubilación podría llegar hasta 6 años.
Sí, a los que despiden a los 61 años, a los que son expulsados del mercado de trabajo. Pero también manifiestan que tendrán una reducción del 45% de la pensión. ¿Ustedes no creen que es suficiente un 45% de reducción de pensión a unas personas que
a lo mejor llevan 42 años de cotización al sistema? Creo que no es posible hacer eso.


Confundimos a veces el coste de la prejubilación con el coste de la jubilación anticipada. Comparto que el coste de la prejubilación hay que evitarlo y que la empresa que haga prejubilaciones que las pague. Por eso en el Decreto de 2010 y
en la Ley 27 establecemos que las empresas que despidan a gente mayor de 55 años -y con dinero, es decir, con beneficios- tendrán que hacer un plan de jubilación a esas personas, porque ¿dónde está el coste de las prejubilaciones? Es en el seguro
de desempleo, es en el subsidio posterior para llegar a los 61 años, porque después usted sabe mejor que yo que, una vez que aplicamos los coeficientes reductores, la jubilación anticipada sale más beneficiosa a la Seguridad Social que una
jubilación parcial, y durante muchos años, porque el coeficiente reductor que usted aplica -que aplica la ley evidentemente-...


El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, debería ir terminando.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy terminando, señor presidente.


... realmente se aplica de por vida. Los jubilados anticipados que pierden un 30%, que pierden un 24% o que han perdido un 40% siguen perdiéndolo de por vida.


Ustedes dicen que quieren garantizar la permanencia de los trabajadores mayores en los puestos de trabajo y resulta que llegan con el Decreto 20/2012 -me parece que es- y lo que hacen primero es suprimir de un plumazo 1.000 millones de
bonificación destinados a la permanencia de los trabajadores mayores de 55 o 60 años en las empresas, 1.000 millones de bonificaciones, señorías, que quitan de golpe de bonificaciones para la permanencia de trabajadores mayores en las empresas. No
sé a qué lo van a destinar, porque, si lo destinan a su nuevo contrato previsto en la reforma, mal vamos a ir.


Creo que la Ley 27 recoge el derecho a la jubilación ordinaria vinculándola a la cotización, permanece y adecua la jubilación anticipada a los 63 años aumentando los años de cotización que necesita para acceder, aumentando en los
coeficientes, poniendo límite al tope de la pensión para que nadie cobre la máxima entera, para que todo el mundo que se adelanta sepa que realmente tiene un perjuicio.


El señor PRESIDENTE: Ahora sí le queda un minuto, señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy terminando.


La Comisión Europea además nos señala que la reforma llevada a cabo por la Ley 27 es la adecuada y valora el avance que va a producir. Eso sí, nos hablan en su estrategia global de empleo de que tenemos que hacer una especial inversión en
mantener a la gente mayor de 55 años o más en el trabajo, pero ustedes van en dirección contraria, porque eliminan aquellas bonificaciones que yo no recuerdo ya ni de cuándo vienen.


Termino hablando dos segundos de la compatibilidad de trabajo y pensión. Compartimos el criterio de que eso es posible. De hecho, en la Ley 27 ya se avanza en ese tema.


El señor PRESIDENTE: Termine, señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino.


Pero hablar hoy de compatibilizar trabajo y pensión en un momento en el que hay 6 millones de parados creo que es indigno y faltar al respeto a esos 6 millones de parados. Señor secretario de Estado, compatibilizar pensión y trabajo ahora
mismo no toca. Nosotros vamos a discutir, negociar y hablar de

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este informe en la Comisión del Pacto de Toledo, pero hable con los agentes sociales, negocie con ellos, y si lo que queremos es, con el consenso, mejorar todo lo posible el futuro de nuestro sistema, nos va a encontrar en ese trabajo.


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino.


Pero si el objetivo es llevarnos a un modelo de pensiones bajas donde el pensionista tenga que trabajar para complementar su pensión o ir a un sistema privado, ahí no nos van a encontrar. Creemos en el sistema que tenemos y creemos en su
futuro. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto creo que van a intervenir dos portavoces. En primer lugar, doña Olaia Fernández Davila, por tiempo de cinco minutos.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Bienvenido una vez más a esta Comisión, señor secretario de Estado. Además de hablar del tema que usted nos trae, aprovechamos para sumarnos a esa preocupación -y por tanto planteamos la pregunta- de si el
Gobierno tiene previsto revalorizar las pensiones o no para el año 2013, en tanto que además el partido que apoya al Gobierno fue, por lo menos en la oposición, defensor de que se cumplieran en ese aspecto los acuerdos del Pacto de Toledo. Le
pedimos que nos aclare esta cuestión.


Entrando en el debate de las propuestas que nos trae, señor secretario de Estado, permita que le diga que, si bien no nos sorprende que nos traiga este tipo de documentos, realmente no deberían ser los documentos que el Gobierno del Partido
Popular trajera a esta Comisión. Voy a decir por qué. Hace un año se aprobó una ley de modificación de la Ley de Seguridad Social con una gran antelación a su puesta en vigor, 1 de enero de 2013. Esta ley, antes de llevarse a cabo, tuvo dos años
de debate en la Comisión del Pacto de Toledo, donde participaron no solamente los miembros de los diferentes grupos parlamentarios, sino cantidad de expertos que defendían distintas posiciones, pero con datos e informes muy exhaustivos, con los que
esta Comisión tuvo la posibilidad de elaborar un nuevo informe, a través del cual el Gobierno, en aquel momento otro Gobierno distinto al presente, elaboró un proyecto de ley que fue aprobado en las Cortes Generales. Es obvio decir que el Bloque
Nacionalista Galego votó en contra tanto del informe que finalmente se hizo en esta Comisión como de la ley.


Al margen de eso, señor secretario de Estado, señor Burgos, hay una cuestión que no podemos entender. En las conclusiones de ese largo debate que llevó a considerar necesario modificar la ley porque había que planificar el sistema de la
Seguridad Social, concretamente el sistema de pensiones, a la vista de 25 años, dada la previsión que había de envejecimiento de la población, etcétera, hubo diversidad de opiniones, y por parte del partido que hoy gobierna hubo una diferencia yo
diría que exclusiva con la ley que se aprobó y fue la edad máxima de jubilación. El Grupo Popular se posicionó, tanto en las recomendaciones del Pacto de Toledo como en el proyecto de ley, respecto a que se ampliara la edad de jubilación a los 67
años. En cambio, en todo el proceso, incluido lo que hoy nos trae en relación con la jubilación anticipada, yo no recuerdo que el Grupo Popular presentara en esta Comisión del Pacto de Toledo alguna diferencia. Además, señor secretario de Estado,
esa ley ya tuvo las modificaciones que se consideraban oportunas de acuerdo con la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, en previsión además de esa proyección de envejecimiento y, por lo tanto, de incremento de pensiones de los próximos
veinticinco años. Ya hubo en esa ley que se aprobó hace un año, que aún no entró en vigor, las modificaciones correspondientes no solamente de la ampliación de la edad en la que se podía acceder a la jubilación voluntaria sino también respecto de
la obligatoria. Aquí quiero hacer un inciso. Es normal que la jubilación voluntaria sea en aquellos casos donde la pensión es más alta porque es cuando uno puede quedarse sin un 20% o sin un 13%; en las que no son altas, desde luego ninguna
persona puede tomarse la libertad de poder reducir la pensión que le corresponde.


Señor Burgos, lo digamos como lo digamos, todo es consecuencia de la obligatoriedad en la jubilación anticipada, aunque a veces aparezcan incluso como voluntarias, porque se entienden como voluntarias las que son procesos de ERE o de
extinción de empresas, etcétera, pero hay muchas que aparecen como voluntarias cuando no son más que una recolocación administrativa de empresas. Seamos cautelosos con eso y respetuosos además con las personas que tienen que jubilarse
obligatoriamente con anterioridad.


Tampoco nos parece adecuado que a estas alturas, con un paro de un 25% y una previsión para el año 2013 de más del 26%,...

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El señor PRESIDENTE: Debería ir terminando, señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Voy finalizando, señor presidente.


... nos hablen ahora de compatibilizar la pensión con un puesto de trabajo. No lo podemos entender con esa previsión del paro.


Finalizo, señor presidente. A nuestro juicio, lo que nos trae el Gobierno hoy con estos documentos es una propuesta de reducir las pensiones de jubilaciones anticipadas. Es decir, el propósito del Gobierno es desincentivar que las personas
se jubilen con anticipación, cuando en ningún momento el Partido Popular cuando estaba en la oposición, ni en su programa electoral, manifestó esa decisión en caso de gobernar. Señor Burgos, señor secretario de Estado, si bien no nos sorprende esta
propuesta, realmente nosotros lo que esperábamos, una vez que el Partido Popular alcanzó el Gobierno, era que el Gobierno del Partido Popular nos trajera a esta Comisión una propuesta de ley para la reducción de la edad de jubilación, es decir, la
edad que hoy está establecida en los 67 años pasarla a los 65. Eso sería lo coherente y eso es lo único que nosotros podríamos compartir con ustedes a la hora de modificar la ley actual.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuadra Lasarte por cinco minutos.


El señor CUADRA LASARTE: Comenzaría como han empezado mis compañeros, haciendo una referencia a esa especie de suspense un tanto sádico al que están sometidos en estos momentos 9 millones de pensionistas, que no saben con seguridad qué es
lo que va a ser de sus pensiones. Después de haber sufrido distintos recortes indirectos a través de subidas de impuestos, a través de la subida del IVA o del copago, en estos momentos y a pesar de la insistencia de todos los grupos parlamentarios
desde que empezó este curso de que el Gobierno aclarara qué va a hacer, quizá por razones de una huelga general que está prevista para la semana que viene, quizá por las próximas elecciones de Cataluña, el Gobierno sigue callando al cien por cien,
no soltando prenda, y en el último momento veremos, lo más probable, por desgracia, que será un nuevo recorte en estas pensiones por la no actualización, por la no revalorización de las mismas.


En segundo lugar, y entro ya en materia, pienso que es conveniente también centrar este debate que estamos haciendo dentro de la situación global, económica, social y laboral en la que nos encontramos, porque, si no, se no queda quizás un
poco corto, escondido dentro de tantos cuadros, tantos números y tantos porcentajes. Una cosa que nadie entiende, por lo menos la gente joven y también una parte importante de la gente mayor, es por qué teniendo cotas de desempleo del 50% se toman
medidas por parte del Gobierno para alargar la edad de jubilación de las personas mayores. Este desajuste que se está produciendo en el que el desempleo juvenil cada vez es más grande, en el que este Gobierno no presenta planes positivos, activos,
concretos, asentados en inversión pública, en iniciativa pública para solucionar este problema, va acompañado a la vez de lo que hoy estamos discutiendo, de medidas tendentes a alargar la edad de jubilación, a que la gente de más edad continúe en el
trabajo.


Señor secretario, no recuerdo bien la encuesta, pero señalaba cómo la mayor parte de la gente era partidaria de jubilarse a los 59 años. Creo que esto tiene bastante que ver con la degradación y la depreciación de las relaciones laborales
que se han dado últimamente. Los contratos basura lo que han creado ha sido un trabajo basura. El incremento de ritmos, el incremento de jornadas y de horas extras que se está produciendo en el Estado está haciendo que, lógicamente, la gente
quiera jubilarse cuanto antes, porque se está permitiendo -y la Inspección de Trabajo así lo está diciendo- que el incumplimiento, por ejemplo, de la normativa en materia de salud laboral sea regla general en las empresas, sin que se atajen estos
serios problemas de siniestrabilidad que tenemos y de enfermedades profesionales, que también en este terreno nos sitúan en los primeros puestos del ranking europeo.


Una tercera consideración que ya ha sido señalada es que la mayor parte de la gente a la que van a afectar las medidas que se están proponiendo es gente que hoy en día está siendo expulsada del mercado de trabajo a través de expedientes de
regulación de empleo y a través de despidos. Mucha de esta gente, que está llenando las consultas de atención psiquiátrica y de salud mental en cantidad de centros sanitarios, es la que ahora se va a ver sometida a muchas medidas de estas, gente de
55 años que se queda sin empleo, que no encuentra trabajo -no hay forma humana de que encuentre trabajo- y cuya única salida es acceder a jubilaciones anticipadas.


Hay dos finalidades no explicitadas en los informes que usted ha presentado. Ya se ha hecho referencia a la primera y es que como consecuencia de las distintas medidas tomadas con antelación por el Gobierno socialista y como consecuencia de
las que se pretenden tomar, se van degradando las pensiones y se va creando un marco legal en el que las personas se encuentran obligadas a compaginar esas pensiones de

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jubilación cada vez más pequeñas con unos trabajos adicionales, lo que se está llamando la jubilación flexible impulsada por ustedes, pero que esconde unas pensiones cada vez más cortas que obligan o pueden obligar a la gente cada vez más a
compatibilizarlas con otros trabajos para tener unos ingresos mínimamente dignos. La segunda finalidad no explicitada es el impulso y el favorecimiento de los fondos privados de pensiones. Es decir, a través de toda esta degradación de las
pensiones lo que se está buscando es que la gente vaya dejando sus dineros, no en cotizaciones a la Seguridad Social, no en los fondos públicos, sino en fondos privados.


El señor PRESIDENTE: Señor Cuadra, debe de ir terminando.


El señor CUADRA LASARTE: Por último, lo único que quería señalar es que, como ya lo han oído más de una vez, por parte de Amaiur lo que se reclama, lo que se exige son competencias plenas reales, no teóricas ni ficticias, para nuestro
pueblo, para la Comunidad Autónoma Vasca y para la Comunidad Foral de Navarra, en materia de Seguridad Social y del régimen de pensiones que nos permitan, lejos de toda tendencia privatizadora, asentar un régimen propio que parta de una mejora
sustancial de las pensiones mínimas que aleje del umbral de la pobreza a todas estas gentes, que equipare progresivamente pero de forma firme las pensiones y las rentas entre hombres y mujeres y que esté asentado en la solidaridad social y no en
salidas individuales a los problemas de las pensiones.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene la palabra por diez minutos.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ. Señor Burgos, bienvenido de nuevo a esta Comisión, que es la suya, en las dos situaciones procesales en las que se puede uno ubicar, tras esa mesa y al otro lado de la misma.


Señor presidente, la verdad es que cuando planteaba la cuestión anterior -una cuestión pretendidamente de orden- lo hacía porque nos preocupa lo simbólico en ciertas formas de ordenación de los debates, donde parece que se intenta proyectar
una imagen de bipartidismo -que yo sé que muchos desean-, pero que no se corresponde con la realidad política del Estado. Aquí no existen republicanos y demócratas, aquí hay muchos partidos. Lo que pasa es que el bipartidismo en el ámbito de lo
simbólico va avanzando -parece que también los dos partidos mayoritarios pretenden resolver el problema vinculado a la dación en pago; veremos a ver si lo consiguen- y esta manera de ordenar los debates parece que también simbólicamente somete a
los demás a la condición casi de comparsas, relevantes me imagino que en algunos casos, pero comparsas. Hay un momento histórico siempre donde el bipartidismo quiebra, evidentemente por interés de los partidos mayoritarios: es cuando necesitan los
votos de algún otro partido para la investidura, pero el resto del tiempo vemos que se avanza preocupantemente hacia una posición de esas características.


Dicho lo cual, señor presidente, vamos a entrar en lo que aquí nos concierne, que son cosas relevantes, y, como el señor Cuadra decía perfectamente, hay una cuestión que ya se aproxima más al suspense de una película de Hitchcock que a la
actividad parlamentaria propiamente dicha. ¿Qué va a suceder con la revalorización de las pensiones, señor Burgos? Porque por más que se inquiere y se pregunta de múltiples formas, utilizando perífrasis de toda naturaleza, eufemismos y preguntas
directas, a los distintos portavoces de su Gobierno, nadie todavía sabe lo que va a ocurrir con la revalorización de las pensiones, no la que ustedes han anunciado e incluido en los presupuestos que ahora se están debatiendo, sino la revalorización
a la que están obligados mediante un acto que no es disponible para el Gobierno, es un acto reglado, un acto que está previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1994 y que obliga a la revalorización automática de las pensiones utilizando como
criterio de referencia la evolución del índice de precios al consumo.


Yo no tendría por qué hacerle esta pregunta si no se suscitaran tan enigmáticas respuestas por parte de los portavoces de su Gobierno cuando se pregunta por esto. Ustedes tendrían que hacer lo que la ley mandata. Lo que pasa es que no
sabemos si van a hacer lo que la ley mandata. Tenemos muchas dudas, entre otras cosas porque lo que la ley mandata exige la consignación de más de 2.500 millones de euros de presupuesto que no están en los Presupuestos Generales del Estado, con lo
cual ocurre lo mismo que en las películas de Hitchcock a las que antes nos referíamos: son películas de suspense pero de suspense previsible. Es decir, sabemos ya que con toda probabilidad no va a haber una revalorización de las pensiones ajustada
al incremento del índice de precios al consumo, con lo cual el 1% del incremento nominal de las pensiones que ustedes van a utilizar se va a transformar de facto en una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas de 2,5 puntos. Si no es así,
por favor, usted que es una persona fenotípicamente propensa a la claridad en la exposición de sus ideas, díganos que no es así, pero, por favor, no nos vuelva a responder con evasivas, con pronunciamientos vagos, con pronunciamientos a

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veces erráticos y difíciles de comprender, porque estamos jugando con los derechos, y cuando digo derechos lo hago en el sentido más etimológico del término, derechos positivos reconocidos por el ordenamiento jurídico de 9 millones de
pensionistas.


Tras esta cuestión previa, lo que usted plantea es interesante y nosotros lo vamos a tomar muy en consideración. Además sus reflexiones nos parecen en algunos casos, si me permite el halago, lúcidas y congruentes con lo que está pasando en
el ámbito de las pensiones, porque aquí mi grupo no es propenso a realizar reflexiones demagógicas sobre algo tan importante como esto, sobre el futuro de las pensiones, iba a decir nuestras, aunque parece que es un tanto egoísta o patrimonialista
utilizar esta expresión, pero también las de nuestros hijos y las de nuestros nietos. Aquí hay varios problemas y estas reformas no serán las únicas que ustedes acometan en esta legislatura, porque ni siquiera esto afecta al tronco de los problemas
que atañen a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en aspectos parciales, incluso colaterales, aunque su dimensión cualitativa es importante.


Hay un primer problema sobre el que me gustaría que me hiciera una referencia aunque sea rápida, un obiter dicta, en relación con qué va a ocurrir con el acceso masivo en el año 2020 al sistema de pensiones de la generación llamada del baby
boom, es decir, las personas que nacieron entre los años 1957 y 1977, que cuentan con edades ahora entre 34 y 54 años. En estas fechas, entre estos dos años de referencia -el baby boom que le he comentado- nacieron 14 millones de niños, que es un
2,5 por ciento más que los que nacieron en los veinte años posteriores y 1,5 por ciento más que los que nacieron en los diez años anteriores. En el año 2020 este grueso volumen de población ahora activa -o inactiva, porque muchos están
desempleados- ingresará en el sistema público de pensiones, y me gustaría que en las previsiones actuariales de su ministerio se tenga en consideración que esto va a agravar y va a agravar de forma cuantitativa y cualitativamente preocupante en el
año 2020, exactamente a partir del año 2020, la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.


Pero nos encontramos con otros problemas, a los que usted se ha referido de forma un tanto tangencial y que son relevantes, que son las evoluciones de todos los inputs o de todos los ítems que sirven para sostener un sistema de pensiones de
reparto, salvo que ustedes estén pensando, como se ha especulado en algunos medios de comunicación y en algunas revistas especializadas, en transformar el sistema de reparto en un sistema mixto, como el inglés, basado en tres pilares: uno público,
solo público; otro mixto, público-privado, y otro privado complementario y libre. Yo no sé si están pensando en algo así, pero hay especulaciones que comentan que ustedes pretenden normativamente transformar y transfigurar el sistema de pensiones
en algo parecido a esto que le estoy comentando, cuya referencia más próxima sería el sistema inglés de pensiones. Espero que no forme parte de la voluntad del Gobierno que usted en este momento representa. Pero aquí hay varios elementos. Usted
ha hablado de la tasa de actividad, que es un primer elemento que tenemos que considerar, y ha comentado que la tasa de actividad del Estado español es de las más bajas de la OCDE, y es verdad, el 54%, una tasa de actividad muy baja pero
decreciente, porque usted ya estima un incremento de la tasa de actividad nada menos que para el año 2056. Yo no sé dónde vamos a estar los que estamos aquí en el año 2056, con toda probabilidad muy pocos vamos a estar aquí, pero que haya que
esperar hasta el año 2056 para que se incremente la tasa de actividad hasta el 83%, donde ya estaríamos en parámetros suficientes para que se pueda crear empleo suficiente para sostener el sistema de pensiones, es diferir mucho en el tiempo el
problema. Yo quiero saber a corto plazo y, desde la perspectiva de la creación de empleo, los empleados, que son los que financian en exclusiva el sistema o prácticamente en exclusiva, en este momento llegan, según la encuesta de la EPA, a 6
millones de personas o de ciudadanos; 6 millones si excluimos de la EPA las manipulaciones estadísticas consistentes, por ejemplo, en considerar empleado al que trabaja cinco horas a la semana y otras manipulaciones estadísticas de este tenor.
Pero también el paro registrado ha crecido espectacularmente según los últimos datos que usted y la secretaria de Estado de Empleo comentaron el otro día. La evolución del empleo es negativa. El presidente del Gobierno dice que se empezará a
crecer en el año 2014 y según el Fondo Monetario Internacional la economía española empezará a crecer en porcentajes suficientes para crear empleo en el año 2017. Yo no sé con qué dato quedarme, si con el del presidente del Gobierno español o con
los datos del informe del FMI, que usted conoce como yo perfectamente; pero en todo caso ambos datos son preocupantes. Esperar a que haya un porcentaje de crecimiento por lo menos del 2% en términos nominales de PIB, que es el porcentaje que
posibilita no ya evitar la destrucción de empleo, que no sería suficiente para sostener el sistema de pensiones, sino crecer, es mucho esperar.

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Hay otro dato que me preocupa más todavía, que es la evolución demográfica, a la que usted también se ha referido contingentemente. En el año 1991, señor Burgos, había 5.370.000 personas de más de 65 años en el Estado español; en el año
2049, ya que estamos hablando con prospecciones tan amplias como las que usted ha realizado, vamos a convivir en el Estado español, o van a convivir los que sobrevivan a esta fecha, 15.325.000 personas, el triple.


El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, sí, termino.


No solo eso, hay otro dato más preocupante, en el año 1991 el número de ciudadanos de 65 a 79 años era de 4.222.000; en el año 2049 también se triplica la cifra. Y ciudadanos de más de 80 años, que en 1991 había 1.150.000, también se
multiplica por tres la cifra, 5.644.000 en 2049. Si el desempleo no decrece, la población envejece e incluso disminuye debido a los flujos migratorios -que este año han sido por primera vez negativos en el Estado español; se han perdido en el
ámbito de los flujos migratorios 50.000 ciudadanos-, nada de lo que se está haciendo en este momento o nada de lo que sirve para consolidar un sistema de Seguridad Social y su sostenibilidad financiera es útil, señor secretario de Estado.


En cuanto a las tres propuestas que usted ha hecho, nos parece pertinente la adecuación de las edades de prejubilación a las nuevas edades previstas en la reforma de 2011, que es la primera formulación que usted ha hecho. Lo que pasa es
que, como le ha recordado la señora Fernández Davila, ustedes votaron, como nosotros, en contra de esta propuesta. Aquí, el acto propio y pertinente hubiese sido decir: vamos a recuperar la edad de 65 años. Eso no nos obligaría a retrasar las
edades de prejubilación. Vamos a ser consecuentes con nuestros propios actos. Pero si no vamos a ser consecuentes -y yo entiendo que las dificultades económicas que ustedes están soportando no son las de entonces-, no vamos a serlo.


En cuanto a las prejubilaciones -acabo en diez segundos, como le ha dicho mintiendo descaradamente la señora López i Chamosa (Risas)-, la segunda propuesta que usted ha realizado, señor secretario de Estado, es la jubilación parcial y el
contrato de relevo. Aquí yo soy particularmente beligerante, más que usted, más que lo que usted consigna en su documento, yo haría desaparecer el contrato de relevo del ordenamiento jurídico. Tenga usted coraje con algo que constituye en este
momento un fraude casi colectivo, porque el relevista no va a trabajar y el relevado no obtiene la formación que debe proporcionar el relevista y no se aplican coeficientes reductores, estamos haciendo cargar 2.500 millones de euros todos los años
sobre la Seguridad Social gratuitamente. Esto es un fraude colectivo con el que se debe acabar sencillamente mediante la desaparición de la figura y su exclusión del ordenamiento jurídico del todo, no con coeficientes ni subcoeficientes reductores,
ni con el aplazamiento, ni con el incremento al 50% de las horas trabajadas por el relevista, porque usted sabe que los empresarios le van a pedir al relevista por favor que ni aparezca por la empresa. Usted sabe que eso está en la naturaleza de
las cosas, del contrato parcial y del contrato de relevo.


Y ya por último y con esto acabo, señor presidente, en cuanto a los coeficientes reductores, yo le recuerdo que usted votó y argumentó de la misma manera que lo hice yo en relación con una proposición no de ley que presentó mi grupo
parlamentario pidiendo la desaparición de los coeficientes reductores para aquellos trabajadores que, contra su voluntad, fueran expulsados del mercado de trabajo a través de expedientes de regulación de empleo suscritos por sindicatos y empresarios
a los que no les habían conferido ninguna legitimación para actuar o para disponer de su propio puesto de trabajo y habían cotizado 35 años. Eso es lo que usted y yo consensuamos y argumentamos. ¿Por qué? Porque consideramos lo que dice la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque usted luego se ha convertido en una especie de...


El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya está, ya termino.


Ahora es un negacionista de lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El derecho a una cuantía determinada de pensión es una específica manifestación del derecho de propiedad privada que prevé el artículo 33 de la
Constitución. Si a estas personas se les expulsa del mercado de trabajo con coeficientes reductores y sin su voluntad -y esto lo hemos debatido muchas veces y usted siempre ha estado de acuerdo conmigo-, se les está expropiando sin causa de interés
público invocada por la Administración, sin una indemnización y mediante una expoliación manifiestamente injusta el derecho a la pensión que han consolidado con carreras de más de cuarenta años en muchas ocasiones. En relación

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con el contrato y los coeficientes reductores de las prejubilaciones, le recuerdo aquello en lo que usted antes creía, no sé si sigue creyendo en las mismas cosas. Y con esto, señor presidente, y agradeciendo su amabilidad, doy por
terminada por ahora mi intervención.


El señor PRESIDENTE: El procedimiento que hemos seguido en las intervenciones es el que hemos seguido siempre en esta Comisión, pero por mí no hay ningún inconveniente en cambiarlo. Así que en la próxima reunión de Mesa y portavoces de la
Comisión, lo planteamos y si hay que cambiarlo, se cambia.


Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra del señor Anchuelo Crego por diez minutos.


El señor ANCHUELO CREGO: Deseo comenzar dando la bienvenida al secretario de Estado y agradeciéndole los informes que nos ha remitido, que hemos estudiado con interés. Unión Progreso y Democracia se presentó a las elecciones generales con
un programa que contemplaba el alargamiento de la vida laboral; en este sentido, puede haber un ámbito de mayor coincidencia con el Gobierno y con el Partido Popular que el que tienen otros grupos parlamentarios, otros partidos. Sin embargo, este
alargamiento de la vida laboral tenía dos adjetivos muy importantes: voluntario e incentivado. Por tanto, somos partidarios de la libertad del individuo y de que esta decisión sea voluntaria y no manu militari. Es algo coherente con el aumento de
la esperanza de vida, con la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, pero también con las decisiones individuales. Desde que estamos en el Congreso con grupo parlamentario propio, en este año que llevamos de legislatura, hemos podido
colaborar en algo que consideramos una aportación importante porque fue una enmienda transaccional de UPyD con el Partido Popular la que permitió terminar con las cláusulas en los convenios que impedían el continuar en activo si así lo deseaba el
trabajador. Querríamos continuar avanzando en esa dirección, si ustedes así lo consideran. Sería importante mejorar los incentivos para que los trabajadores voluntariamente alarguen su vida laboral. Si en el año 2011 solo hay 17.000 trabajadores
que optan por la jubilación demorada frente a las cifras que nos ha dado para otras figuras, cabe pensar que los incentivos no son muy atractivos. ¿Por qué no mejorarlos? ¿Por qué no avanzar también extendiendo al régimen de clases pasivas esta
posibilidad? Esto es algo pendiente porque ya la disposición adicional octava de la Ley 40/2007 pedía al Gobierno que enviase un proyecto de ley estableciendo cómo prolongar el servicio activo de los empleados públicos. Esa es la dirección que en
opinión de Unión Progreso y Democracia habría que seguir. Creemos un grave error de enfoque dar todo el protagonismo a estas fórmulas en las que se centran sus informes sobre las jubilaciones parciales, flexibles, que, no nos engañemos, al final
solo están al alcance de un tipo de empresas de gran tamaño, muy determinadas, o de un tipo de trabajadores profesionales muy determinados, no son fórmulas generalizables. Por otro lado, hasta ahora no han funcionado bien y, en nuestra opinión,
conllevan riesgo de uso fraudulento de las figuras y las consideramos costosas en términos de gestión, pese a las cifras de ahorro que usted nos ha proporcionado. En cualquier caso, en los documentos que nos ha proporcionado faltan concreciones
importantes, legítimamente porque hay que dejar juego para las negociaciones en el propio Pacto de Toledo, pero sin conocer qué porcentaje de pensión se puede cobrar, si se puede compatibilizar o en qué van a consistir esas cotizaciones de
solidaridad, es difícil juzgar exactamente qué es lo que se estaría proponiendo.


Respecto a la jubilación anticipada, también Unión Progreso y Democracia tiene una postura clara, que figuraba en nuestro programa electoral. Nosotros somos partidarios de acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Creemos que la
prejubilación no puede ser un mecanismo de reducción de plantilla y, mucho menos, a cargo de las arcas públicas. Por eso, en el año que llevamos de legislatura, en una enmienda transaccional de UPyD con el Partido Popular, fue posible extender la
cláusula a Telefónica de manera más generalizada. De nuevo querríamos avanzar en esa dirección, en este caso elevando la edad de acceso a la jubilación anticipada en paralelo al aumento de la edad de jubilación ordinaria. Pero no deberíamos
centrarnos solo en este tipo de medidas y olvidar, como han señalado otros portavoces, la situación tan especial de estos trabajadores de edad avanzada que pierden su empleo. Hay un serio problema en España con los trabajadores mayores de 45 años
que, cuando caen en el paro, caen en una trampa permanente. Si se les cierra la vía de acceso a la jubilación anticipada, esto tendrá que ir unido a otro tipo de medidas complementarias, de actuaciones que les faciliten de alguna manera retornar al
puesto de trabajo. No puede centrarse el Gobierno solo en un aspecto de esta cuestión, soslayando completamente el otro. Esto tiene que ver con la valoración general que hacemos de las propuestas que aquí nos traen. Creemos que se centran mucho
en el ahorro; aunque se haya negado, en realidad en el propio discurso lo que se daban sobre todo eran cifras de ahorro. Y siendo importante el ahorro -¡cómo

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no! en la situación económica que tenemos- no puede ser el único objetivo, no puede desligarse de tener un modelo coherente de Seguridad Social.


Hay otras cuestiones que considero insoslayable plantear porque al fin y al cabo estamos en esta Comisión como diputados, no como técnicos en la Seguridad Social -que yo no lo soy- ni como asesores del Gobierno, y como han dicho otros
portavoces al inicio de su intervención -yo lo hago al final de la mía-, no podemos dejar de dar respuesta a la inquietud social que hay en nuestro país sobre la revalorización de las pensiones. Efectivamente, en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 se contempla una revalorización del 1% pero hoy el IPC está creciendo al 3,5%. Por cierto, está creciendo al 3,5% no por casualidad, sino porque las medidas del Gobierno han provocado en gran medida esa subida. Medidas como
un aumento del IVA, que en muchos productos se ha triplicado; como un aumento de la electricidad, donde se han pasado a los consumidores los problemas de coste de la generación de energía, o como la subida de medicamentos. Medicamentos,
electricidad, IVA, afectan especialmente al colectivo de jubilados. Querríamos que disipase las dudas sobre si se van a revalorizar las pensiones en línea con el IPC, porque las declaraciones del ministro de Hacienda cuando presentó estos
presupuestos en sede parlamentaria fueron muy matizadas. La legislación a día de hoy obliga a hacerlo. ¿Existe voluntad de hacerlo? ¿No se caerá en la tentación de rebajar las pensiones cambiando el método de cálculo aunque se diga luego que se
revaloriza el IPC sobre el nuevo método de cálculo? Nos preocupa también extraordinariamente que en estos Presupuestos Generales del Estado que ayer debatimos en la Comisión de Presupuestos haya habido que recurrir por primera vez al Fondo de
reserva de la Seguridad Social. Y de nuevo queremos señalar que esto está ligado no solo al cambio demográfico, que es un factor importante pero que actúa a largo plazo, sino a decisiones que ha tomado el Gobierno en el año que lleva de mandato.
Tiene que ver con el descenso en el número de cotizantes, que está acelerando todos los problemas del sistema. Y ese descenso del número de cotizantes tiene que ver a su vez con la recesión en la que está nuestro país, que no se puede desvincular
de los recortes en el gasto de infraestructuras, de las subidas impositivas que el Gobierno ha aplicado, y tiene que ver con una reforma laboral que favorece la destrucción de empleo indefinido en mitad de la recesión.


Por tanto, le agradeceríamos mucho que, además de dar respuesta a lo que tiene que ver con los informes que nos ha traído, diese respuesta también a estas inquietudes más amplias, que son un reflejo de las inquietudes de la sociedad.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Coscubiela por tiempo de diez minutos.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias y bienvenido, señor secretario de Estado. Mi grupo no le va a preguntar sobre qué piensan hacer ustedes de la revalorización de las pensiones porque doy por hecho que el Gobierno va a cumplir con la
obligación de revalorizarlas en 2012 y de aplicar ese incremento al 2013. Lo debe hacer en cumplimiento de la ley. Lo debe hacer en cumplimiento de la moción presentada por nuestro grupo, La Izquierda Plural, y aprobada por unanimidad.
Sinceramente, no me imagino al Gobierno incumpliendo la ley, incumpliendo la moción aprobada por unanimidad y haciendo exactamente lo contrario de lo que votó el Grupo Parlamentario Popular. Si ustedes lo hacen, supongo que las explicaciones que
tendrían que dar son muchas y prefiero no pensar en ese acontecimiento. En todo caso, nadie entiende por qué ante una evidencia como esta ustedes, de una vez por todas, no han dejado claro ese tema. Ustedes, tan proclives a la certidumbre, a dar
certidumbre a la gente, la verdad es que llevan bastante tiempo provocando exactamente lo contrario.


Entrando en materia, señor secretario de Estado, de entrada déjeme que le diga que es una profunda incongruencia presentar una propuesta de reforma de la legislación de Seguridad Social que, si he entendido bien, quiere estar ya aprobada
para entrar en vigor el 1 de enero del 2013 -si es así, nos lo dice y así entre todos dejamos de perder el tiempo si se me permite la expresión y, si no, me desmiente- cuando ni tan siquiera ha entrado en vigor la ley que se quiere reformar, la Ley
27/2011.


Evaluación permanente, siempre; inestabilidad jurídica permanente, nunca. Un país se mide por su calidad institucional y uno de los parámetros de calidad institucional es la estabilidad de sus leyes. Eso de estar permanentemente
modificando leyes con la excusa de que se resuelven y mejoran las situaciones de la gente cuando en definitiva se empeoran, ya no sirve.


En tercer lugar, si las medidas que propone el Gobierno -que son distintas entre ellas y que, si da tiempo, podemos discutirlas y si hay alguna que de verdad va en los términos de equidad y de resolver algún problema que entre todos vemos
que debe resolverse, lo aceptamos- en su globalidad ya serían discutibles en un momento de normalidad en relación con el empleo, en un contexto de elevado desempleo,

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con el 25% de paro y el 53% de desempleo juvenil, es el absurdo más grande desde un punto de vista social y económico que se puede plantear.


Señor Burgos, es cierto que no existe ninguna automaticidad entre adelantar la edad de jubilación y la creación de empleo, pero en una de las muchas trampas dialécticas que nos ha hecho usted ha dicho que en aquellos países donde la gente
trabaja más es también donde hay más gente joven trabajando. Sí, son los países que crean más empleo y de mayor calidad, que permiten que sus mayores voluntariamente continúen trabajando si quieren sin que eso suponga castigar a los jóvenes. Pero,
en un país como este, donde desgraciadamente y con las medidas que ustedes están adoptando no solo no se crea sino que se destruye, pretender alargar de todas las maneras posibles la vida laboral de la gente cuando tenemos un nivel de desempleo
juvenil del 53% no tiene ningún tipo de lógica. Máxime cuando -y usted no lo ha dicho- las medidas que plantea en relación con la jubilación anticipada se refieren a aquellos supuestos donde la jubilación anticipada es obligatoria como consecuencia
de la pérdida del empleo. Por lo tanto, desde esa perspectiva es aún más incongruente si cabe. Y si nos están escuchando los ciudadanos pensarán: ¿y cómo es posible que, ante una situación donde es tan evidente desde la lógica del sentido común
que existe esta realidad, el Gobierno se complique la vida presentado ahora esta propuesta? Desgraciadamente -usted lo sabe mejor que yo porque tiene que hacer este papel en estos momentos-, usted viene aquí con una propuesta en la que no sé si
cree -seguro que si no cree no nos lo va a decir- y cree firmemente que algunas de las críticas que le estamos haciendo son justas, pero viene posiblemente porque esa sea una de las muchas contrapartidas que ustedes, como Gobierno, han tenido que
ofrecer de nuevo a la troika comunitaria. Por cierto, una troika que ha demostrado, entre otras cosas en el informe del Fondo Monetario Internacional, que conoce nuestro sistema de Seguridad Social desde la perspectiva de la foto Meteosat; es
decir, en general, pero no en lo concreto, con algunas contradicciones profundas que obedecen no tanto a desconocimiento como a esa obsesión ideológica que detrás tiene unos ciertos intereses. Usted sabe que si en situación de normalidad fuerza su
reforma, va a mandar un mensaje a determinados ciudadanos de que busquen sistemas de aseguramiento privado para compensar aquello que van a perder por el sistema público. Detrás existe mucha ideología y sobre todo muchos, muchos intereses.


Entrando en materia -disculpe, señor secretario de Estado-, no es usted consciente de hasta qué punto nos ha hecho trampas dialécticas. Si usted revisa su intervención, verá la habilidad que ha llegado a ejercer en el día de hoy, una es de
Premio Nobel de la habilidad dialéctica. Usted votó en contra de cambiar la edad de jubilación de 65 años a la horquilla de 65 a 67 años. Nosotros también. Pero, después de un año, se presenta aquí y nos dice: Qué incongruencia; ahora, como la
edad de jubilación pasó a los 67 años y la anticipada se queda en los 61, se establece una incongruencia en el sistema que tenemos que resolver. Y entonces uno pensaría: Ya está, nos viene a proponer volver a los 65 años. Pues no, entonces lo que
hace es llevar la jubilación anticipada más para adelante. La verdad es que construir su debate y sus propuestas -que son incongruentes- sobre su incongruencia, su contradicción, su falta de coherencia cuando solo ha pasado un año... Sinceramente,
me habían dicho que usted era hábil, pero la verdad es que como secretario de Estado lo es mucho. Lo que pasa es que con esas habilidades convencerá usted no sé a quién, pero a los que conocen un poco el sistema de Seguridad Social es un poco
complicado. Ha utilizado usted muchos datos; por ejemplo, comparar la media de las pensiones de jubilación ordinaria con la media de las pensiones de la jubilación anticipada. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Usted sabe que está comparando cosas
que no son comparables, porque eso no depende del tipo de jubilación sino que depende fundamentalmente de la contribución de treinta, treinta y cinco o cuarenta años. Es así. Están llenos de trampas su informe y su intervención, disculpe que se lo
diga con esa claridad.


Le sugiero otra lectura de los datos de Seguridad Social en diez titulares, si se me permite. Primero, que el gasto de pensiones en España está en un 3% del PIB por debajo de la media de la Unión Europea y que en cualquier escenario
-incluso en el más negativo, el de 2050- nuestro gasto no va a sobrepasar la media de la Unión Europea, ni tan siquiera la de los que desde Merkelandia nos están imponiendo esta situación.


En segundo lugar, que, a pesar de lo afirmado dogmáticamente por la troika, nuestra edad de jubilación ordinaria, la actual y la prevista para el año 2027, aguanta la comparación con el resto de países de la Unión Europea. Usted lo sabe,
porque además nos lo dijo en la anterior comparecencia, reivindicando el sistema español para no modificar la edad de jubilación ordinaria. Se lo vamos a recordar cuando nos

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venga el nuevo informe con que nos tiene amenazados. Perdón, el nuevo informe que nos tiene preparado -amenazado no era la expresión más adecuada, aunque a lo mejor puede serlo-. (Risas).


Tercera idea que le sugiero: los porcentajes de jubilación anticipada se han reducido significativamente en el último tiempo. No es verdad lo que dice usted. Por ejemplo, en la jubilación anticipada ordinaria -la anticipada, sin la
parcial-, se ha pasado del 46,5% en el año 2006 al 40,5% en 2011; o sea, no crece, se reduce. La jubilación a tiempo parcial ha pasado del 14,10% en 2008 al 9,39% en 2011; tampoco crece, se reduce, precisamente como consecuencia de las medidas
adoptadas en los cambios legislativos de 2007, y no de 2011 porque no han entrado en vigor aún.


Otra idea: la edad media real de jubilación va creciendo lentamente y se acerca a los 64 años -lo ha dicho usted, 63,87-; la edad media real, en la que usted quiere incidir. Dejen que las cosas maduren, no las fuercen, porque forzar las
cosas tiene víctimas personales: la gente que se queda sin trabajo, no se puede jubilar y cobra subsidio asistencial durante mucho tiempo y luego eso le penaliza en la pensión; esos son los principales damnificados de la propuesta que usted nos
plantea.


Sexta idea: el aumento en el coste de las nuevas altas de pensión y jubilación no tiene nada que ver con una supuesta situación ventajosa sino con el aumento demográfico, porque nos están llegando cohortes generacionales más importantes en
estos momentos; esa es otra de las trampitas que usted nos ha colocado en su intervención.


Séptima: los sucesivos cambios legislativos ya han situado condiciones muy exigentes en el acceso a la jubilación anticipada -es verdad que menor en la de tiempo parcial, podemos hablar de ello pero, por favor, no lo mezclemos-, tanto que
en estos momentos puede llegar a suponer una penalización del 41% cuando se consume el proceso en el año 2027.


Ocho: las personas que acceden a la jubilación anticipada parcial tienen carreras de cotización muy intensas -40 años de media, usted lo ha dicho-, es decir, que el desequilibrio entre lo que contribuyen y lo que perciben no es en absoluto
exagerado; estamos hablando de 40 años de cotización, casi nada.


Noveno: ni uno solo de los datos que usted ha aportado, porque no los puede aportar, permite demostrar su afirmación de que la Seguridad Social salga perjudicada con la jubilación anticipada. Usted sabe que se han dado datos cuando usted
era parlamentario en esta Comisión que demuestran exactamente lo contrario y las organizaciones sindicales le han aportado datos que demuestran que la Seguridad Social, con los actuales coeficientes reductores, no sale perjudicada.


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene que ir terminando.


El señor COSCUBIELA CONESA: Voy terminando.


Y décimo: los elementos de inequidad interna que usted ha detectado en el sistema no se deben resolver generando más desigualdad sino menos. Me atrevo a decirle, señor secretario de Estado, que las consecuencias de su Gobierno van a ser no
solo dificultar más el acceso a la jubilación anticipada sino, sobre todo, piense usted bien que su medida estrella, la de la jubilación anticipada, castigará especialmente a los parados mayores de 45 años -y sobre todo a los mayores de 55 años- con
prestación asistencial, que van a sufrir un doble impacto: se les va a obligar a estar más tiempo cobrando la prestación asistencial y más parte de su pensión se va a calcular con cotizaciones de mínimos por la pensión asistencial; no solo les
penalizan más tiempo a cobrar el subsidio asistencial sino que, al mismo tiempo, les penalizan a lo largo de toda su vida. Además, va a introducir mucha rigidez. Ustedes, los adalides de la flexibilidad, van a introducir mucha rigidez y
dificultades en los procesos de rejuvenecimiento de las plantillas, tan importantes en estos momentos. Piénselo también en ese sentido.


Conclusiones -y termino, señor presidente-. Creemos que no hay ninguna razón, ni de naturaleza económica, ni social, ni de equilibrio, ni de equidad, para abordar ahora este cambio legislativo. Le sugiero una alternativa: vayamos
analizando, cada seis meses si usted quiere, el impacto de la Ley 27/2011 y, si vemos que ese impacto es muy negativo, lo abordamos. Pero, ¿antes de entrar en vigor, modificar una ley porque usted dice que va a producir ese efecto? ¿Dónde está ese
concepto de evaluación, de evaluación sobre un futurible que aún no se ha aplicado? Eso tiene muy poca lógica. Segunda conclusión: no tiene sentido incorporar cambios, no solo sobre lo que se desconoce su efecto, sino sobre lo que se sabe por
anteriores legislaciones que va a provocar más desigualdad. Tercer elemento, los cambios propuestos van a suponer una ruptura aún mayor en el equilibrio entre contributividad y pensión. Cuarto, no responden a la lógica actual del mercado de
trabajo con este paro y, quinto, la verdad -supongo que usted lo sabe-, son absolutamente contradictorios con lo que usted, su Gobierno y su partido estaban defendiendo hasta ahora. Una conversión tan rápida solo es posible si a usted le ha venido
a visitar dios, el dios de la troika,

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que le ha dicho: esto es lo que hay que hacer, y luego viene y nos quiere convencer a nosotros, como si fuésemos el adepto de la secta. Pues la verdad es que no nos convence, señor secretario de Estado.


En resumen, existen posibilidades de hablar. Usted es una persona dialogante. Si acepta la propuesta de analizar cada seis meses el impacto de la Ley 27/2011 nos va a encontrar. Si usted nos ratifica hoy que quiere que esos cambios entren
en vigor antes del 1 de enero de 2013, como entenderá, voluntad de diálogo sí, pero si hace eso no vuelva a decirnos que usted es partidario del consenso, del diálogo y del Pacto de Toledo. Ya me comentaba mi compañero Gaspar Llamazares que venir
aquí a hablar del Pacto de Toledo cuando lo que se hace es cargarse todo el trabajo de dos años del Pacto de Toledo anterior y el trabajo de elaboración de la ley sin ninguna justificación objetiva, es hablar muy bien de algo pero maltratarlo mucho,
en este caso el diálogo social, el consenso y el Pacto de Toledo. Usted no es así, aunque ahora a lo mejor su función le obligue a ejercer ese papel. Lo sabemos, dé una oportunidad al diálogo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco la comparecencia del secretario de Estado, no es el agradecimiento retórico que habitualmente reproducimos en las comisiones cuando comparecen los altos cargos del Gobierno, sino por el hecho de
presentar los informes que permiten a la Comisión mantener una discusión en relación con cuáles son las intenciones del Gobierno. Este es un método que en esta legislatura el secretario de Estado está promoviendo y que nos parece adecuado. He de
empezar también, como todos los portavoces de la oposición, reclamando al Gobierno el cumplimiento del artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social. No hay excusa para no cumplir la legalidad en esta materia. Quiero recordarle no solo la
moción que se aprobó la semana pasada en el Pleno del Congreso de los Diputados con los votos de su grupo parlamentario, sino también la beligerancia que su grupo mantuvo con el anterior Gobierno cuando se suspendió esa misma obligación legal.
Sería coherente, en términos políticos, que el Gobierno mantuviese la aplicación de la ley y permitiese la revalorización de las pensiones en los términos que establece la legislación.


Dicho esto, desde la legitimidad que nos da haber participado en todos los acuerdos del Pacto de Toledo desde 1995 y, singularmente, en la última reforma de pensiones y desde la incoherencia que supone por su parte que no solo no
participasen de manera activa en la construcción del consenso que hizo posible aquella reforma de pensiones, sino que incluso convirtieron en bandera de su oposición a la reforma el aumento legal de la edad de jubilación -insisto, desde la
legitimidad de nuestra posición y desde la incoherencia de la posición de fondo de su grupo-, he de decirle que para Convergència i Unió hoy no es prioritario acometer las reformas que usted nos plantea en relación con la jubilación anticipada, la
jubilación parcial o la compatibilidad de la pensión con el empleo. La cuestión de fondo es facilitar el mantenimiento del empleo de los trabajadores de más de edad, facilitar la reincorporación al trabajo de los trabajadores de más edad en el
contexto de la pretensión que todos compartimos de que nuestra edad efectiva de presencia en el mercado de trabajo se vaya acercando a la edad legal existente. Porque la cuestión que hoy tenemos planteada en el corto plazo es fundamentalmente la
situación de nuestro mercado de trabajo, la destrucción masiva de empleo, la no creación de empleo y la afectación de la destrucción de empleo a los trabajadores de más edad.


Hace pocos días la Comisión Europea elevaba un estudio muy interesante sobre el problema del largo empleo en el conjunto de la Unión, donde analiza diversas variables, y afirma que los trabajadores de más edad son los más afectados por el
empleo de larga duración en relación con el resto de los trabajadores, y explica que las razones que llevan a esta situación son la discriminación a la hora de la contratación, el perfil profesional -la formación de esos trabajadores de más edad- y
el hecho de que los trabajadores de más edad están empleados en aquellos sectores en mayor declive económico. Es una cuestión entre lo cultural y lo sociológico, porque a una persona de más de 50 años que pierde el empleo le es muy difícil
encontrarlo, ya que quien va a contratar considera que precisamente su edad lo hace menos competitivo; en un contexto, señor secretario de Estado, en el que invertimos poco en la formación de los trabajadores de más edad y en el que además en los
presupuestos de 2011 y 2012 el Gobierno ha procedido a liquidar los instrumentos que permiten precisamente proceder al reciclaje profesional de estos trabajadores con la enorme disminución de las políticas activas de empleo, y además en sectores
económicos en declive donde más necesario sería que existiesen sólidas políticas de reciclaje profesional de esos trabajadores para permitir que, si pierden el empleo, tengan oportunidades de volver a encontrarlo.

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En los primeros párrafos del informe ustedes citan la estrategia de trabajadores de más edad 2012-2014, estrategia 55 y más, aprobada por el anterior Gobierno y que está por desarrollar; está por desarrollar en algunas de las cuestiones
importantes que durante estos años los Gobiernos habían mantenido, como son los incentivos por la vía de reducción de bonificaciones a la cotización social para los trabajadores más maduros. La estrategia plantea que aquello que existe ya para los
de 59 años hacia arriba llegue a partir de los trabajadores de más de 55 años. Ustedes no solo no han cumplido con aquello que prevé la estrategia, sino que han disminuido el nivel de bonificación para los trabajadores de más de 59 años. Hoy
destinan menos recursos para que esos trabajadores maduros se mantengan en el mercado de trabajo. Si hoy existe una prioridad en términos de alargamiento de la vida activa de los trabajadores de más edad, tiene que ver con el desarrollo de la
estrategia de trabajadores de 55 años y más y con el conjunto de políticas públicas que hagan frente a esos programas estructurales: discriminación en la contratación, cualificación de esos trabajadores, afectación de sectores en declive.
Cualquier planteamiento de reforma que el Gobierno plantee en este paquete debe ir acompañado del desarrollo de estas políticas porque si no, cualquiera de las medidas que usted nos anuncia, las que tengan efectos en el medio plazo o incluso las que
puedan tener efectos en el corto plazo especialmente en lo que hace referencia a los coeficientes reductores, van a provocar una normativa que castigue injustamente a los trabajadores de más edad, que son los que tienen menos oportunidades de
continuar trabajando. Insisto, por tanto, en que desde la perspectiva de Convergència i Unió esta no es la prioridad.


En segundo lugar, cualquier reforma en esta materia debe responder a la filosofía que inspiró la reforma de la Ley 27, que es jubilación gradual y flexible. No podemos alejarnos de aquello, en primer lugar porque aquello fue lo que permitió
el acuerdo con los agentes sociales. No es menor que en plena crisis sindicatos, patronales, Gobierno y algunos grupos parlamentarios entendiésemos que el sistema de pensiones requería una reforma como la que se impulsó en la pasada legislatura,
complicada y difícil, y el consenso fue precisamente con esa idea de jubilación gradual y flexible. Le recuerdo la aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados del informe de la Comisión del Pacto de Toledo, lo que permitió que se aprobase
con una mayoría más que suficiente la recomendación que afecta a avanzar la edad legal de jubilación en ese concepto de jubilación gradual y flexible. Por tanto, cualquier reforma no se puede alejar de ese planteamiento. En tercer lugar, no es
razonable -lo han dicho otros portavoces- que seamos capaces de abordar una reforma que aún no ha entrado en vigor, de la cual aún no sabemos con seguridad cuáles son sus efectos, incluso antes de que la misma entre en vigor. En consecuencia, lo
más razonable sería, en términos de la propia maduración de esa reforma, que nos diésemos el tiempo necesario para ver si tiene sentido reformar aquello que se aprobó en 2011.


En cuarto lugar, es muy evidente que hoy ustedes hacen ese esfuerzo de presentación de estos informes en el Pacto de Toledo. Insisto, como decía al principio de mi intervención, en que lo valoramos de manera positiva, pero el Pacto de
Toledo no es tan solo la voluntad de llegar a acuerdos sino la capacidad de construir esos acuerdos. Eso quiere decir, tal como ha sucedido en anteriores reformas, que tanto con el diálogo social como con los grupos parlamentarios, respecto a las
propuestas que el Gobierno formula debe existir capacidad de aceptar propuestas y consideraciones del resto de grupos de la oposición. Su mayoría absoluta les permite aprobar la reforma que ustedes deseen...


El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señor presidente.


Decía que su mayoría absoluta les permite aprobar la reforma que ustedes deseen, pero la lógica del Pacto de Toledo exigiría un esfuerzo por su parte no tanto de escuchar, sino de incorporar propuestas del resto de grupos de la oposición y
singularmente de los agentes sociales.


Ultimo comentario -termino con ello, señor presidente-. He de decirle que me choca que en este informe no incorporen ningún comentario con relación a la disposición adicional treinta y cuatro, que afecta a la posibilidad de la jubilación
parcial o anticipada de los trabajadores autónomos. Allí planteábamos el problema de muchos de esos trabajadores autónomos en actividades económicas donde no existe continuidad, que el negocio se va a traspasar, etcétera, o ayer mismo me lo
plantearon por ejemplo con relación a muchos taxistas que no pueden continuar en su empleo, y en la reforma de la Ley 27 mandatábamos al Gobierno a desarrollar un informe sobre esa posibilidad de la jubilación anticipada o parcial de los
trabajadores autónomos que cesen su actividad. Le ruego que sobre esa cuestión el Gobierno nos plantee cuál es su criterio en la lógica precisamente de los informes que se han realizado.

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora España.


La señora ESPAÑA REINA: Voy a comenzar por el mismo tema del resto de los portavoces, por la revalorización de pensiones. Se presentaron enmiendas al título IV de pensiones, en concreto al artículo 39. Ya lo dije en la Comisión de
Presupuestos. Ahí están el artículo 27.1 y el artículo 48.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que hablan de la revalorización de pensiones atendiendo al IPC de noviembre. El Gobierno tiene de plazo hasta abril para efectuar el pago. El
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que entra en la Cámara no altera esos preceptos señalados, por tanto, no se aprobaron esas enmiendas. La preocupación de los pensionistas se produce porque ustedes no paran de generar
incertidumbre. La primera medida que adoptó el Partido Popular fue subir las pensiones en el año 2012 y también en el año 2013. Ya hicieron lo de generar incertidumbre con el Plan Prepara, que no se iba a prorrogar, y se prorrogó, como no podía
ser de otra manera. Subida de pensiones frente a la congelación que sufrieron las pensiones en el año 2011, le recuerdo, por un gobierno del Partido Socialista que incumplió a todas luces el pacto de Toledo.


Entrando en cuestión, quiero agradecer, de verdad, de corazón, al secretario de Estado esta comparecencia, así como la información tan valiosa que nos ha hecho llegar a través de estos informes. Además, quiero agradecer el hecho de que
vengan al Pacto de Toledo, es decir, que sea aquí donde se vayan a analizar, a estudiar y a adoptar las decisiones más adecuadas, precisamente en el seno del Pacto del Toledo. Está claro que el objetivo último es que las medidas que se adopten
faciliten la sostenibilidad del sistema, en línea con lo señalado por la Comisión Europea, el Parlamento y el Pacto de Toledo. Quiero poner en valor las medidas que se han adoptado desde que el Partido Popular llegó al Gobierno para garantizar la
sostenibilidad del sistema. Muy rápidamente, ahí está la separación de fuentes de financiación; en un solo año se ha conseguido lo que no se hizo en siete años de Gobierno socialista en cuanto a una financiación estatal plena de los complementos a
mínimos. Ahí está la clarificación de las fuentes de financiación y poner orden en las cuentas de la Seguridad Social o algunas medidas para prolongar la vida laboral -lo ha dicho el portavoz de UPyD- en cuanto a suprimir las cláusulas de convenios
que obligan a los trabajadores a jubilarse a una determinada edad u otras medidas que eran justas, pero que también van a suponer incrementos en la recaudación del sistema y, por lo tanto, van a mejorar las cuentas, como aumentar las bases máximas
de cotización, el recargo único, etcétera, o las leyes que se están poniendo en marcha en cuanto a la lucha contra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal. Decía la portavoz del Grupo Socialista que se
habían eliminado 1.000 millones de euros en bonificación para los trabajadores mayores de 55 años. Le recuerdo, señora López i Chamosa, que la situación se antoja complicada, es decir, nos hemos encontrado una Seguridad Social en déficit, heredada,
un déficit que el en año 2010 y en el año 2011 asciende, nada más y nada menos, que a 7.705 millones de euros.


Este documento pone de manifiesto que la jubilación anticipada, bien sea a los 61 o a los 63, se ha convertido en una fórmula de regulación de empleo. Ya lo decía el Pacto de Toledo, y también decía y reclamaba que había que modificar esta
situación. Lo ha dicho muy bien el secretario de Estado, pero quiero insistir en ello: una de cada dos personas que se jubilan lo hacen anticipadamente en el régimen general, con una pensión media que supera en 110 euros la media del resto de los
pensionistas. Las altas de pensiones de jubilaciones anticipadas se han incrementado un 31% desde que comenzó la crisis en el año 2007. Todo ello a pesar de la recomendación 12 del Pacto de Toledo, donde se plantea precisamente combatir la
discriminación por edad en nuestro mercado laboral, restringiendo al máximo el abandono prematuro de la vida laboral. Es cierto, señorías, que la Ley 27 modificó la jubilación anticipada, pero también lo pone de manifiesto el informe, a partir del
año 2027 la jubilación anticipada podrá suponer un anticipo de hasta seis años con respecto a la edad de jubilación si hablamos de los 61 o de hasta cuatro años si hablamos de los 63. Con respecto a los coeficientes correctores, es verdad que ha
supuesto un avance la Ley 27, pero a pesar de ello existen, como se han denominado, lagunas en la estructuración de los coeficientes correctores que van a originar un importante incremento de costes al sistema de la Seguridad Social. Por lo tanto,
señorías, existen distorsiones y existen situaciones injustas con la aplicación de la Ley 27. Hemos escuchado a algunos grupos que decían que no debemos abordar una modificación, una nueva regulación hasta que entre en vigor la Ley 27, que le demos
una oportunidad a la Ley 27. Pero, señorías, yo entiendo que en un Gobierno responsable si se detectan, como se pone de manifiesto en el informe, elementos en vigor que no son los más adecuados por responsabilidad hay que mejorarlos, y este es el
momento más oportuno para ello. Decía la señora López i Chamosa, vamos a ver los resultados

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de la Ley 27, pero si ya tenemos estos informes, conocemos cómo van a ser los efectos y los resultados en la aplicación de la Ley 27, señorías, tenemos que actuar por responsabilidad y por coherencia. No es una incongruencia -como ha dicho
el portavoz de La Izquierda Plural- es pura y llanamente coherencia. Aquí no hay trampa ni cartón, como se dice en mi tierra, hay distorsiones, como se ha visto en el informe, y situaciones injustas.


Por lo que respecta a la jubilación parcial, se ha puesto de manifiesto que se está incumpliendo claramente la función de transmisión de conocimiento en el marco de envejecimiento activo y de incorporación de jóvenes a las empresas. Además,
con una carga financiera muy importante para el sistema ya que, como se ha dicho, los costes recaen en su totalidad sobre el sistema y en la mayoría de los casos se opta por la reducción máxima de la jornada laboral. Es cierto que la Ley 27 también
modificó la jubilación parcial, pero con los informes en la mano sigue produciéndose un coste bastante importante para el sistema, más aun con la anterior modificación. Estamos hablando nada más y nada menos que de 2.704 millones de euros al año.
Señorías, si no actuamos se puede producir una situación muy delicada, es decir, la Ley 27 -se ha dicho aquí ya- no fue fácil; se le pedía un esfuerzo a los ciudadanos y sería bastante incomprensible no actuar ahora, que por no actuar ahora que no
se consiguieran los objetivos que se buscaban precisamente con la Ley 27, a pesar de los esfuerzos ya solicitados. Si no se mueven las otras edades, es decir, la jubilación parcial y la anticipada, cada vez tendrá que asumir más costes la Seguridad
Social. La Ley 27 es verdad que movió la edad ordinaria, la edad legal de jubilación, pero no movió otras fichas importantes del sistema que están íntimamente relacionadas, con lo cual la brecha cada vez es mayor y el coste cada vez es más
importante. Decía el señor Coscubiela que el gasto en pensiones es un 3% menor que la media de la Unión Europea. Le recuerdo que el importe en pensiones supera por primera vez el 10% de nuestro producto interior bruto, que es el porcentaje más
alto que jamás ha existido en España.


Por último, hablando de la compatibilidad de salario y pensión, no lo decimos nosotros, lo decía el informe del Pacto de Toledo: la necesidad de incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral. Es verdad que el sistema español
siempre ha contemplado una fuerte rigidez en este tema. Quiero resaltar una cosa que ha dicho el secretario de Estado: el empleo de mayores y de jóvenes es complementario, no sustitutivo, es decir, la prolongación de la vida laboral no incide
negativamente sobre el empleo juvenil. Y haciendo un análisis rápido del anexo hemos visto que en un estudio de más de treinta países, solo cuatro -Eslovaquia, Irlanda, Letonia y Malta- no permiten la compatibilidad de salario y pensión. El resto
de países, estamos hablando de Alemania, Dinamarca, Francia, Finlandia, etcétera, hasta veintisiete, permitían esa compatibilidad, por lo tanto, señorías, no podemos quedarnos atrás. Además, en la propia Ley 27 -por eso me extrañan las quejas del
Grupo Parlamentario Socialista que fue el que tramitó la Ley 27- se mandata al Gobierno a presentar un proyecto de ley que regule esa compatibilidad entre pensión y salario. No es la troika, señor Coscubiela, fue la Ley 27. Cuando dice la portavoz
socialista que ahora no toca, que es un desprecio a los parados, hay que aclarar que son dos cosas diferentes. No es incompatible la prolongación de la vida laboral con la creación de empleo juvenil. Eso lo hemos discutido, es verdad, en muchas
mesas redondas. La situación no es fácil, es complicada. En el Grupo Parlamentario Popular nos ponemos a disposición de esta Comisión para trabajar, analizar y estudiar todo lo que sea necesario, con tal de que se adopten las medidas necesarias
para lograr un sistema sostenible con pensiones adecuadas. Invito a todos lo grupos a que lleguemos a acuerdos. El consenso ha sido siempre la clave de esta Comisión y entiendo que juntos podremos alcanzar las mejores medidas para garantizar la
sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones.


Soy nueva en esta Comisión, pero siempre he escuchado decir que todos nos sentimos muy orgullosos de nuestro sistema público de pensiones. Entiendo que este es el momento más adecuado, no lo duden, porque todos los que estamos en esta
Comisión tenemos una responsabilidad, sobre todo, después de conocer los informes que nos han hecho llegar. Es el momento de tener altura de miras, visión de Estado y de demostrar, una vez más, que el Pacto de Toledo ha sido y va a seguir siendo el
gran pacto social de la democracia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones tiene la palabra el señor Burgos Gallego.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Quería empezar agradeciendo el tono de las intervenciones. Solo me han llamado tramposo, lo cual para los tiempos que corren es bastante significativo. (El señor
Coscubiela Conesa: Habilidoso). En todo caso, señor Coscubiela, sabe perfectamente que interpreto sus palabras de la mejor manera posible porque es

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importante que mantengamos todos el tono de consideración y de respeto que es exigible, por otra parte, en la actividad parlamentaria a todos los niveles y que siempre ha presidido los trabajos de esta Comisión. Se han planteado cosas muy
importantes en las diferentes intervenciones y voy a intentar dar respuesta, espero que a la gran mayoría de ellas, empezando por el leitmotiv de algunas de sus intervenciones: la revalorización. Pedirle a un gobierno que esté sistemáticamente
afirmando que va a cumplir la ley es un ejercicio, probablemente, tan ocioso como inútil porque la ley está para cumplirse. A diferencia de lo que hizo el Gobierno anterior que dio lugar a muchas iniciativas parlamentarias cuando la decisión ya se
había adoptado, ustedes vienen adoptando en estas últimas semanas o meses una estrategia preventiva, pero las estrategias preventivas en todo caso las tendrán que justificar ustedes. No inviertan la carga de la prueba, no es el Gobierno el que
tiene que estar permanentemente afirmando que va a cumplir la ley; tendrán que ser ustedes los que establezcan cuáles son las razones que les mueven a esgrimir una y otra vez que no se va a cumplir la misma. Porque si no daría la impresión de que
están casi apelando al incumplimiento de la ley aunque solo sea para que tengan un poco más de discurso en relación con la cuestión de las pensiones. Porque habiendo respetado este Gobierno escrupulosamente la ley, habiendo respetado
escrupulosamente el Pacto de Toledo, sin embargo están ustedes haciendo una utilización partidista de las pensiones como hace mucho tiempo que no se recordaba en este país. Quiero, como ha hecho la portavoz del Grupo Popular, reclamar para este
Gobierno el cumplimiento estricto del Pacto de Toledo, el cumplimiento estricto de la legislación en materia de pensiones, como no podría ser de otra manera salvo que fueran otros los que gobernaran. En todo caso, insisto, el Gobierno está sometido
a las disposiciones legales y no hace falta estar diciéndolo permanentemente.


Señor Olabarría, en relación con esta cuestión nunca antes los Presupuestos del Estado incorporaron la previsible desviación. No lo han hecho nunca. Incorporan la revalorización inicial y es después, en el trámite parlamentario, una vez
conocido el IPC de noviembre, cuando se establecen las disposiciones presupuestarias y normativas pertinentes. Y así ocurrirá en esta ocasión. No hay ninguna excepción en el comportamiento de este Gobierno a las pautas habituales en otros
presupuestos ni habría ninguna razón por la que tuviéramos que ir anticipando en estos presupuestos cantidades cuando se desconoce cuál va a ser esa desviación. Por tanto, prudencia en estas materias porque el Gobierno se está limitando a cumplir
no solamente la ley sino los trámites procedimentales. Anticipar debates, hacer juicios de intenciones probablemente satisfaga algunas vanidades políticas pero no contribuye a crear esa atmósfera de certidumbre que tan querida le es a nuestro
sistema público de pensiones. Señora López i Chamosa, si ustedes vetaron una y otra vez incluso el debate; el debate en esta Cámara y en el Senado fue vetado. No es que ustedes incumplieran las resoluciones de esta Cámara, es que en varias
ocasiones impusieron el veto frente al mero debate. Son ustedes poco dados a la reflexión, no ya a la inculpación aunque solo sea desde el punto de vista de reflexionar sobre los errores cometidos, pero no esgriman actitudes que ustedes mismos,
hace muy pocos meses, dejaron en papel mojado. Se ha comentado aquí que el Gobierno -y el Partido Popular- se opuso en su día a la Ley 27/2011. Naturalmente, y lo hicimos esgrimiendo un argumento fundamenta: se construía la casa por el tejado, se
implantaba una edad legal de jubilación que podía hacer absolutamente innecesarios los esfuerzos que se les pedían a los ciudadanos y podría provocar frustración y efectos contraproducentes si no se actuaba de forma coherente en otras piezas del
sistema. Ese fue el argumento fundamental que yo esgrimí en muchas ocasiones y que esgrimió el Grupo Parlamentario Popular. Claro que planteamos iniciativas de reforma en materia de jubilaciones anticipadas y de jubilaciones parciales.
Construimos toda una alternativa a esa Ley 27/2011 porque adolecía, como luego la realidad nos ha demostrado una vez en el Gobierno, de importantes deficiencias técnicas. Se les pedía a los ciudadanos que alargaran su edad de jubilación, se
endurecían las condiciones de acceso a las prestaciones, se reducían las pensiones y, siendo estos esfuerzos que se les pedían a los ciudadanos, con su configuración actual podíamos no cumplir ninguno de esos objetivos que pretendidamente llevaron a
algunos grupos a apoyar esa ley, que no eran otros que impulsar la edad efectiva de jubilación. Aquí el argumento fundamental, que yo he vuelto a poner encima de la mesa en mi intervención hoy, es que una cosa es establecer por ley una edad legal y
otra cosa es que las normas, las medidas y las políticas permitan que la edad efectiva se aproxime ni siquiera de lejos a esa edad legal que se establece.


Lo que le faltaba a la Ley 27/2011 eran instrumentos no para mover la edad legal, que se hace por una mera disposición legal, sino para que la realidad social y económica de este país fuera evolucionando de forma que el objetivo que siempre
hemos compartido, que es una prolongación de la edad efectiva de jubilación de nuestros ciudadanos, se consiguiera de la mejor forma posible. Por tanto, yo creo que hay mucha coherencia en las posiciones de este Gobierno. Esa es la razón por la
que no queremos esperar a

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que la Ley 27/2011 entre en funcionamiento con plenitud. Sería una grave irresponsabilidad por parte del Gobierno que, habiendo detectado, y ahora sí con todos los técnicos y los expertos de la Seguridad Social trabajando en esta materia,
errores, imprecisiones, elementos contraproducentes a ese objetivo que debería unirnos a todos, mantengamos esas disposiciones en su actual definición; eso sería una manifiesta irresponsabilidad. No se trata de darle a la Ley 27/2011 una
oportunidad, se la vamos a dar en todos aquellos elementos en los que hay una coincidencia en que las disposiciones que establece son adecuadas para el sistema, pero tenemos la obligación de remover aquellos artículos, aquellas disposiciones que
contiene que no solo no van a cumplir los objetivos que decían que iban a cumplir, sino que incluso pueden generar efectos perniciosos para el sistema. Eso ocurre con las jubilaciones anticipadas y eso ocurre con la jubilación parcial.


No es un cambio de posición, porque en el propio debate de investidura del presidente del Gobierno se adquirió el compromiso de regular una mejor compatibilidad entre el salario y la pensión en nuestro país. Quiero insistir en esta idea
porque me parece absolutamente falto de rigor que se utilice el argumento de que el desempleo juvenil es razón más que sobrada para no instar al cumplimiento de esos compromisos. No hay ninguna evidencia empírica que sostenga que hay una relación
entre las jubilaciones anticipadas y la tasa de desempleo de los jóvenes en un país, en absoluto, las hay de todo lo contrario -y yo lo he citado en mi intervención-, no hay un número fijo de empleos que haya que repartir entre mayores y jóvenes, el
mayor número de trabajadores en activo a edades mayores genera en la propia economía un efecto agregado que implica en muchas ocasiones la creación de empleos para jóvenes. Es completamente erróneo permitir -no digamos ya obligar, sino tan solo
permitir- la jubilación anticipada, que se va a producir en todo caso en el largo o en el medio plazo, configurándola como una respuesta paliativa al desempleo de los jóvenes, que en general, como está ocurriendo, se da en el más inmediato corto
plazo. Nosotros pensamos que es mucho mejor mejorar los incentivos para favorecer el crecimiento y el mantenimiento en la actividad en lugar de distorsionar el mercado de trabajo, porque las jubilaciones anticipadas a los niveles que se producen en
este país lo que distorsionan es claramente el mercado de trabajo con la esperanza, la mayoría de las veces absolutamente vana, de que más jubilaciones tengan un impacto más favorable o más mesurable en las tasas del desempleo juvenil. Desde luego,
forzar a la gente a abandonar el mercado de trabajo no presenta ningún beneficio demostrable para los trabajadores que están buscando un trabajo y especialmente para los trabajadores jóvenes.


Ese argumento que han utilizado algunas de sus señorías de que no es el momento adecuado para introducir mecanismos de compatibilidad entre el salario y la pensión porque hay mucho desempleo juvenil no se sostiene sobre ninguna evidencia
empírica, puede obtener algún rédito dialéctico en el más corto plazo, pero genera una disfunción en la argumentación y, sobre todo, vuelve a aquel planteamiento que ya vivimos hace décadas en este país sobre el reparto de trabajo, que algunos se
tenían que marchar antes para que otros se incorporarán mejor a la actividad laboral. Aquel debate sobre el reparto del trabajo derivó en tasas también insostenibles de desempleo juvenil y en expulsión anticipada, brutal y masiva de muchos cientos
de miles de trabajadores. Deberíamos haber aprendido ya de aquellos debates, que no generaron para muchas generaciones más que frustración y desequilibrios económicos y sociales que todavía venimos arrastrando.


La jubilación parcial no sirve como forma de acceso flexible a la jubilación. En la realidad es una forma de jubilarse cuatro años antes que la edad legal, con una jornada laboral mínima y percibiendo la pensión íntegra. En lugar de
jubilarnos a los 65 años hoy, y a los 67 años la mayoría de los ciudadanos mañana, algunos se van a jubilar a los 61, y estamos haciendo como sociedad el camino absolutamente contrario al que están recorriendo todos los países de la Unión Europea.
En lugar de procurar una prolongación de la vida activa y aumentar la edad real y efectiva de jubilación, con sistemas como este la estamos acortando y además estamos planteando incentivos cada vez mayores a que ese acortamiento se produzca. Cada
jubilado parcial tiene un coste medio para nuestro sistema de Seguridad Social de más de 82.500 euros. Es absolutamente insostenible en términos económicos. La Ley 27/2011 establece unos coeficientes reductores que, es verdad, mejoran la situación
anterior, pero siguen adoleciendo de importantes problemas y contradicciones que deben ser corregidos para que estos coeficientes reductores sean más justos en la mayoría de las situaciones. No se trata de hacer cambios drásticos, pero sí de
introducir mejoras que nos permitan generar un sistema mucho más coherente, mucho más adecuado, beneficiando así al conjunto de los ciudadanos, porque la equidad en el sistema y tratar de forma justa y equitativa a los ciudadanos es la mejor
aportación que podemos hacer al sostenimiento de un modelo público de pensiones, que -siempre lo he dicho- tiene que tener unos fundamentos económicos sólidos, pero tiene

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que estar sobre todo fundamentado en la legitimación social que le da que los ciudadanos reconozcan que se trata de la misma manera a los que cotizan igual y que se trata de distinta manera a los que cotizan de forma diferente.


Los coeficientes reductores no pueden ni deben fomentar ni parcial ni totalmente la jubilación anticipada y, por eso, su aplicación indebida no debe generar costes añadidos a nuestro sistema de Seguridad Social. Los coeficientes reductores
deben tener un efecto neutro, pero no deben generar anticipos inadecuados e inasumibles en los posibles beneficios que un sistema de reparto reconoce a la edad legal de jubilación. Señorías, no es cierto que el sistema gane con los coeficientes
reductores actuales; no es cierto que el sistema de Seguridad Social se ahorre dinero con los coeficientes reductores actuales. Quien afirme eso desconoce absolutamente la realidad en la aplicación de esos coeficientes reductores. No es cierto
que el sistema gane con los coeficientes reductores actuales, y mucho menos en los casos en que se anticipa, por ejemplo, un año o dos la edad de jubilación, y prácticamente en esos casos no existe reducción alguna de la pensión. Es más, para
pensiones altas esto equivale a establecer la edad de jubilación real en 63 o 64 años. Creemos que la edad de jubilación anticipada y los coeficientes se deben adecuar a la evolución de la edad legal de jubilación. Si la edad de jubilación va a
progresar hacia los 67 años, no podemos dejar de atender a otros elementos que para el reflejo en la edad efectiva de jubilación son mucho más importantes que la progresión de esa edad legal. Si no lo hacemos, estaremos incorporando más elementos
de inequidad, más elementos de desigualdad, en un sistema que, por otra parte, todavía mantiene importantes niveles de inequidad en el mismo. Para eso habrá que estudiar la viabilidad financiera de los coeficientes reductores que tiene el sistema
en estos momentos. Ya les anticipo que estamos, si ustedes lo consideran, en condiciones de ofrecerles también informes sobre la eficacia real y las consecuencias de la aplicación de los coeficientes reductores actuales en nuestro sistema de
jubilación.


Por este motivo también sugerimos modificaciones en los coeficientes reductores, para que no sean directamente proporcionales al número de años de anticipo de la edad, para que solo sean aplicables realmente a partir de un número importante
de años cotizados y que puedan ir disminuyendo realmente de forma propia conforme aumenta el número real de años cotizados, pero sin que se produzcan los saltos que se producen en este momento -yo les citaba alguno de ellos-, por los cuales cotizar
simplemente seis meses más produce ganancias de pensión absolutamente inexplicables, absolutamente inasumibles, por el sistema. Estos coeficientes se han de determinar en función del número real de años cotizados en el momento en que uno se jubila,
porque, si consideramos a todos los efectos como cotizados los años que te faltan para llegar a la edad legal de jubilación, lo que estaremos haciendo será dando el mismo tratamiento a personas que se jubilan con uno, con dos o con más años de
diferencia respecto a otras, y desde luego que se apliquen sobre la pensión teórica resultante y no sobre la base reguladora del sujeto causante porque, si no -se producen casos en este país en que hay personas que tienen bases de cotización mucho
más altas que la pensión máxima, entre otras cosas porque a lo largo de muchos años nadie ha hecho evolucionar adecuadamente esas pensiones máximas-, la aplicación de los coeficientes reductores está generando que la gente no tenga realmente
penalización alguna como consecuencia de la aplicación de los mismos. Eso es algo que un sistema equitativo no puede sostener, y estoy convencido de que ustedes comparten la idea de que, si son circunstancias de mala aplicación técnica de los
coeficientes o si son circunstancias de mal diseño normativo de algunos de los elementos, no hay ninguna razón para no modificarlos. Una ley no es una tabla que no pueda modificarse, no es un dogma en absoluto, y las leyes se modifican.


¿Qué nos van a decir a nosotros, que dejamos aprobadas muchas leyes cuando tuvimos la responsabilidad de Gobierno en otros momentos y que en cuanto se produjo el cambio de Gobierno aquellas leyes fueron fulminadas por la Administración
inmediatamente y, desde luego, sin dejar, como ustedes reclaman ahora, sin dar oportunidades a la aplicación de las normas? ¿Qué les voy a decir de las normas del sistema educativo? ¿Dieron ustedes alguna oportunidad a las leyes que dejó aprobadas
el Gobierno del Partido Popular para que se viera su aplicación real? No lo hicieron, y desde luego no vinieron aquí con informes técnicos a hacer planteamientos de otra naturaleza. Ya me hubiera gustado a mí al debatir la Ley 27/2011 haber
dispuesto de informes técnicos, de memorias económicas, de datos fiables sobre cuál era el efecto real de las medidas que se tomaban, pero ustedes saben que en ningún momento se dispuso de esos informes. Algún día nos ocuparemos de hablar de la
memoria económica de la Ley 27/2011, de las circunstancias en que esa memoria se aprobó y de la eficacia real de los contenidos que esa memoria ha podido trasladar.

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Las jubilaciones anticipadas, las jubilaciones parciales, en nuestro sistema, están provocando en algunos casos incentivos al abandono prematuro de la vida laboral, y eso es algo que este país no se puede permitir. No es solo porque tenga
recomendaciones de la Unión Europea, que nadie nos impone, que afortunadamente han sido negociadas con este Gobierno, porque ustedes saben que el planteamiento inicial era que acortáramos los periodos transitorios de la Ley 27/2011; es decir, que
impusiéramos una edad legal de jubilación mucho antes del año 2027. La coherencia de este Gobierno le llevó a discutir con la Comisión Europea la innecesariedad de una fórmula de esas características. Si no creíamos en la imposición de una edad
legal sin mover otras piezas del sistema, mucho menos íbamos a creer en imponer un acortamiento que no tenía una explicación razonable. Y la alternativa, como no podía ser de otra manera, fue que impulsáramos actuaciones -que, por otro lado,
pensábamos hacer en todo caso- para -este sí es el objetivo clave de este país- mejorar la edad efectiva de jubilación. Porque esa es la auténticamente importante en los debates sobre el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones y sobre la
evolución demográfica y la evolución económica y social de nuestro país: la edad efectiva de jubilación y no la edad real de jubilación.


Algunos sistemas conceden un papel central a la llamada edad legal de jubilación, que es simplemente la edad a la que se puede recibir la pensión completa. Pero para un sistema público, estatal, de responsabilidad pública, desde luego es
mucho más útil pensar en medidas que permitan hablar de la primera edad a la que uno puede empezar a percibir una pensión, la primera edad pensionable o, como algunos dicen, la primera edad elegible. Las edades pensionables en nuestro país, si no
evolucionan de forma acompasada con la edad legal, lo que van a conseguir es que cada vez haya un número mayor, creciente, porcentualmente mucho más alto, de personas que se han retirado antes de la edad ordinaria, y eso no es admisible en un
contexto de envejecimiento demográfico.


El señor Olabarría ha puesto el acento especialmente en estas cuestiones, y yo lo comparto absolutamente. No estamos hablando de dar soluciones en un momento de crisis. Estamos hablando de enfrentar de forma adecuada los desafíos de índole
demográfica que tenemos ante nosotros, que esta Comisión conoce perfectamente y a los que van dirigidas no solo estas, sino cualquier otra reforma que impulsemos en el futuro. No hay lugar para reflexiones demagógicas cuando se habla de desafíos
demográficos de la naturaleza del que tiene nuestro país por delante. Desde luego, esa generación baby boom que se va a incorporar es lo suficientemente explosiva en términos de desafío económico y social para nuestro país como para que no estemos
-si me permiten- mareando la perdiz con si movemos un coeficiente reductor o no, sino que tengamos claro cuáles son los objetivos de las políticas que tenemos que desarrollar; y, si es posible, todos juntos. Vamos a pasar de un contexto en el que
un abuelo tenía cuatro nietos a un contexto en el que un nieto tiene cuatro abuelos y esto significa un cambio absolutamente drástico, absolutamente radical en cuanto al escenario en el que ha de desenvolverse un sistema de pensiones capaz de dar
respuestas adecuadas.


Ese es el reto que la Unión Europea ha identificado en sus documentos, en su libro blanco, en su libro verde. Ese es el reto que identificaron las recomendaciones del Pacto de Toledo. Si ustedes me dicen que el desarrollo de las
recomendaciones del año 2011 solo permiten un desarrollo concreto, unívoco y específico, que es la Ley 27/2011, yo les digo que, afortunadamente, no. Porque el Pacto de Toledo es un marco en el que cada Gobierno puede tomar aquellas decisiones que
le parecen más razonables siempre y cuando se mantenga escrupulosamente en el seno de esas mismas recomendaciones. Insisto, este Gobierno no ha hecho otra cosa que cumplir las recomendaciones del Pacto de Toledo suscritas por todos y lo ha hecho en
coherencia con sus posiciones pasadas y con sus compromisos de presente y de futuro. Me hablan de darle una oportunidad a la Ley 27/2011. Hay que dársela en aquellas cuestiones en las que estemos de acuerdo, incluso, aunque no hubiera sido nuestra
opción, en las que puedan tener un efecto beneficioso para el ciudadano y para el sistema, pero en ningún caso vamos a mantener decisiones ni en la Ley 27/2011 ni en otras normas que juzguemos -por supuesto, nos podemos equivocar, pero nos hemos
cargado de argumentos desde el punto de vista técnico para ello- que no son positivas para nuestro sistema de pensiones. No se trata de valorar aquí si estamos por detrás o por delante de Alemania en la edad de jubilación en estos momentos, se
trata de saber cuál es nuestra evolución previsible.


Señora López i Chamosa, el informe incorpora datos de 2010, yo le he aportado datos de 2011 porque entiendo que en la medida en que vayamos incorporando más información también el debate tendrá más capacidad de ser fructífero. Señora López
i Chamosa, ustedes mismos encargaron un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y de las finalidades de las bonificaciones en el mercado laboral español, y ese informe era demoledor. Decía que las bonificaciones no servían para los
objetivos para los

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que fueron diseñados inicialmente. Pero si ustedes redactaron ese informe y era clarísimo en cuanto a que las bonificaciones con carácter general no estaban funcionando. Habrá que reordenarlas, habrá que pensarlas y en todo caso
mantenerlas, lo único que hacía era extender un sistema que consumía ingentes cantidades de recursos y que no tenían un efecto beneficioso sobre la creación de empleo. Si ahora usted está defendiendo lo contrario de lo que defendía el informe de su
Gobierno, me parece muy razonable, pero no deja de ser también una muestra de una cierta incoherencia.


Señora Fernández Davila, ustedes me piden que en coherencia, como voté la Ley 27/2011, lo que tengo que hacer es venir a derogarla. Creo que, con independencia de las posiciones que se mantienen en cada momento, hay un principio básico de
responsabilidad. No estamos en una situación en la que podamos voltear nuestro sistema de pensiones a gusto del Gobierno de turno. Sí estamos en una posición en la que podemos ir introduciendo de forma parcial y ajustada correcciones y
modificaciones que estén justificadas y que no respondan a un planteamiento ideológico, sino a la constatación de una realidad.


Son ya cinco informes los que este Gobierno ha presentado al Pacto de Toledo. Queremos que los debates se planteen con fundamentos técnicos. Luego se podrá estar de acuerdo o no con las interpretaciones que cada uno haga de los datos, pero
no entiendo un debate sobre el sistema público de pensiones que no esté fundamentado en datos y cifras disponibles para todos los grupos parlamentarios. Desde luego, no recuerdo haber dispuesto de informes de estas características para muchos de
los debates que se han producido en esta Cámara en ocasiones anteriores. Insisto, nuestras diferencias sustanciales con el proyecto de ley se centraban no en la prolongación de la edad efectiva -que compartíamos-, sino en el instrumento que se
utilizaba para ello, que era aumentar la edad legal de jubilación sin dotarnos de otros elementos que hicieran que ese esfuerzo que se pedía a los ciudadanos sirviera para algo. ¿Qué sentido tiene implantar una edad legal de jubilación de 67 años
si el 80% o el 90% de los ciudadanos se van a marchar antes de esa edad legal de jubilación? Simplemente, la pérdida de derechos de pensión. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones que impliquen que esa continuidad sea real, sea efectiva y
dotarnos del mayor número de instrumentos para limitarla. La Seguridad Social ha trabajado desde el primer momento en frenar esos procesos de expulsión anticipada del mercado laboral.


Aquí se han citado por el señor Anchuelo algunos de los elementos que juzgamos prioritarios. Entre otras cosas, no tenía ningún sentido elevar la edad legal de jubilación a 67 años mientras a los ciudadanos se les jubilaba obligatoriamente,
en contra de su voluntad, por convenio colectivo en sus propias empresas. ¿No era más coherente tratar de remover estos obstáculos que fuerzan a la gente a jubilarse obligatoriamente en contra de sus deseos antes que haber tocado la edad legal de
jubilación? Pues una vez que se toca la edad legal, al menos este Gobierno ha sido coherente y ha tomado decisiones, como es la de frenar esos despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 o más años para los que las empresas tenían barra
libre hasta la célebre enmienda Telefónica. Pero esa enmienda tampoco ayudaba mucho, teniendo en cuenta que solamente se aplicaba a empresas de más de 500 trabajadores y usted sabe cuántas empresas de más de 500 trabajadores hay en este país, muy
pocas. Nosotros hemos tomado la decisión de incorporar el límite hasta 100 trabajadores y eso supone que ya no va a ser tan sencillo y, desde luego, no va a ser con cargo al coste del erario público y en este caso del sistema de Seguridad Social
proceder a esos despidos masivos. Vamos a intentar por todos los medios resolver otros obstáculos en los que sigue perviviendo, claro que sí, una cierta discriminación por edad en el tratamiento de algunos de esos procesos. Pero lo estamos
haciendo y lo estamos haciendo en coherencia con lo que ha sido nuestro discurso y con lo que han sido nuestras posiciones que estaban muy fundamentadas. No servía de nada mover la edad legal de jubilación a 67 años si no se tocaban otras piezas
del sistema, si no se tocaban antes o si no se tocaban de forma acompasada. Lo dijimos entonces y lo seguimos diciendo.


Señor Olabarría, no hay cambio alguno de modelo. A corto plazo, es evidente que tenemos una situación complicada. ¿Cómo no la vamos a tener si hemos perdido 2.756.000 cotizantes en lo que llevamos de crisis? Este es un dato que,
evidentemente, impacta en las cuentas del sistema de Seguridad Social, pero es un dato que en todo caso solo nos tiene que mover a tomar decisiones que salvaguarden el sistema de gastos impropios, de gastos inconvenientes, o que esté el sistema
asumiendo el coste de medidas que no solamente no están sirviendo para favorecer la continuidad laboral, sino que están sirviendo claramente para incentivar el abandono, porque el ciudadano no encuentra ningún incentivo a su permanencia, todo lo
contrario, en este país sigue perviviendo todavía un cierto regusto social de que el que se va antes y se va en mejores condiciones económicas es casi objeto de aplauso social. Eso es lo que tenemos que intentar cambiar entre todos.

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Y si, atendiendo a un sistema que expulsa anticipadamente a más del 50% de sus trabajadores, la respuesta que dan algunos grupos parlamentarios es que no hace falta tocar nada, nosotros desde luego discrepamos absolutamente, como discrepamos
de aquellos como el señor Cuadra que achacan a la reforma laboral un dato que he dejado claro que se viene produciendo en este país desde hace décadas y es que nunca hemos estado por debajo del 50% en jubilaciones anticipadas en el régimen general
-nunca hemos estado por debajo del 40% en el conjunto total del sistema-. Si se mantiene así es porque muchos autónomos han decidido continuar en su actividad y es justo reconocer a los trabajadores autónomos que hacen un esfuerzo de permanencia
muy notorio en sus actividades y quizás es importante que lo apoyemos y lo respaldemos con algunas de las medidas, entre otras cosas, que se proponen en el informe, que es no tratar de forma diferente a los trabajadores por cuenta ajena y a los
trabajadores por cuenta propia a la hora de permitir una cierta compatibilidad entre el salario y la pensión.


Es evidente que no hay una regulación, señor Campuzano, sobre el trabajo a tiempo parcial de los autónomos. Es técnicamente muy difícil y, mientras no seamos capaces de discutir con esas organizaciones y con el resto de los grupos el
mecanismo que mejor se adecue a ese trabajo a tiempo parcial, es mejor no tomar decisiones precipitadas. Pero estamos pensando en una compatibilidad de salario y pensión que se haga extensible al trabajador por cuenta propia. No tiene ningún
sentido que en estos momentos solamente se le permitan al trabajador por cuenta ajena, por ejemplo, los mecanismos de jubilación flexible.


Desde luego le reconozco al señor Anchuelo sus compromisos, que compartimos, en relación con estas medidas de cláusulas de los convenios y de aportaciones al Tesoro público, y cualquier aportación que mejore esos incentivos que en este
momento no están consiguiendo prolongar la vida activa de nuestros ciudadanos de forma eficaz será bienvenida. Hemos planteado algunos mecanismos que tienen que ver con el criterio de una mayor compatibilidad entre el salario y la pensión, pero
sabemos que hay otros. Obviamente hay otros mecanismos que quizá no son objeto de debate en este momento en esta Comisión, pero hay muchos, desde las figuras contractuales hasta la fiscalidad, que pueden operar claramente sobre la continuidad de
los trabajadores mayores en activo. Por eso hay que desarrollar estrategias globales, claro que sí, pero nuestra responsabilidad es hablar de aquello que podemos hacer desde la Seguridad Social, y de aquello que están haciendo otros países de los
que podemos obtener buenas prácticas y resultados ciertamente eficaces. Por eso la estrategia global de trabajadores mayores es muy importante para un país como el nuestro, pero la estrategia global provendrá de que todos seamos capaces de aportar
estrategias parciales. Nosotros hemos puesto encima de la mesa la estrategia parcial de permitir una mayor compatibilidad en el sistema entre el salario y la pensión, y esto no tiene nada que ver con la crisis, tiene que ver con el concepto de un
mercado laboral mucho más adecuado a lo que van a ser las realidades sociales y económicas de nuestro país, donde la gente necesita más flexibilidad, diversidad y capacidad de elección a la hora de desarrollar su propia planificación vital, y a la
hora de establecer cuáles son sus prioridades para su continuidad.


El ahorro no es el único objetivo, lo he dicho claramente. Estas medidas no pretenden impactar sobre el gasto en pensiones en el año 2012, ni siquiera en el año 2013, pero es que ninguna de las medidas, salvo congelar las pensiones, tiene
en Seguridad Social un impacto directo e inmediato sobre el coste del sistema. Lo tiene a medio y a largo plazo de forma eficiente, si se hace bien y si se diseña bien. Ya les anticipo que podemos discutir sobre si todas las medidas que traigamos
son ahorros o no, pero no es ese el objetivo que buscan. El objetivo es ponernos en sintonía con lo que están haciendo otros países y otras sociedades, y prepararnos mejor para lo que ya decía el señor Olabarría, un contexto demográfico y social
que vamos a encontrarnos, nos guste o no nos guste.


No es el momento de hablar sobre el Fondo de reserva, pero insisto en que los instrumentos financieros del sistema están para salvaguardar a los pensionistas, no están para otras cosas. Si en un determinado momento las reservas del sistema
son necesarias para salvaguardar los derechos de los pensionistas, qué mejor utilización que esa. Nosotros no vamos a utilizar el Fondo de reserva ni para comprar acciones ni para invertir en bolsa ni para otros objetivos ajenos a mantener los
derechos adquiridos de los pensionistas.


Señor Coscubiela, algunas de sus referencias ya las he contestado. Calidad institucional también es ser capaz de advertir que la entrada en vigor de una norma puede provocar efectos perniciosos, desajustes, o simplemente no ser equitativa.
La calidad institucional la demostramos todos no atendiendo a prejuicios ideológicos, sino intentando identificar con razonamientos, con argumentos, con hechos y con cifras por qué decimos lo que decimos. Usted ha hecho una serie de afirmaciones,
hasta diez, que sin duda podrían

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ser objeto de discusión a fondo. Algunas de ellas ya le digo que no están fundamentadas en la realidad, y seguro que usted las plantea con la mejor de las voluntades, pero desde luego hay muchos de esos argumentos y de esas afirmaciones que
no se sostienen en los análisis de la Seguridad Social. Y desde luego yo no les doy a los técnicos de la Seguridad Social ninguna instrucción sobre el resultado final de los estudios. Son esos estudios los que nos mueven a tomar algunas
decisiones, y desde luego no siempre fáciles de tomar.


En todo caso este eterno argumento de que si tocamos un coeficiente reductor es porque queremos facilitar los sistemas privados no se sostiene. Solo le ha faltado decirme que si separamos las fuentes de financiación al cien por cien es
porque queremos favorecer los sistemas privados; si tocamos las lagunas de cotización, que eran un problema serio porque eran un elemento inequitativo en el sistema, es que queríamos que la gente se fuera a los sistemas privados; si decimos que
hay que tocar edades de jubilación y coeficientes reductores es que queremos que la gente se vaya a los sistemas privados. Con esos argumentos es muy difícil sostener un debate serio. Este Gobierno ha demostrado como ningún otro -no le voy a decir
ni siquiera más, que podría decirlo- su compromiso con el modelo público de pensiones, lo sigue haciendo en un momento de crisis, y lo va a seguir haciendo probablemente como ningún otro en ocasiones anteriores en el año 2013. Con eso también se
trabaja y se convierte el modelo público en un modelo más sostenible, más legitimado, más justo y equitativo.


Me hablaba del camino de la equidad. Todas las medidas que planteamos tienen que ver con la equidad. El gran problema de nuestro sistema es que todavía contiene elementos de inequidad extraordinarios. Facilitar que personas que se jubilan
con años de diferencia tengan el mismo tratamiento en sus pensiones es algo inequitativo. Es contrario a la equidad que un coeficiente reductor mal diseñado esté dando las mismas posibilidades de pensión a una persona que se jubila con 61 que con
62 o que con 63 años. Eso es falta de equidad en el sistema. No pretende transformar el sistema ni modelarlo de otra forma; pretende corregir disfunciones que hacen que se trate mal a ciudadanos que hacen un esfuerzo contributivo al menos similar
al de otros a los que se les trata notablemente mejor.


Nosotros no tenemos por qué utilizar argumentos que no responden a la realidad. He dicho que el gasto en pensiones en España -en el 10%- está en el entorno de la Unión Europea, y va a seguir estándolo. (El señor Coscubiela Conesa: Por
debajo). Sí, pero a unos les crece más el PIB. Ya sabe usted que en esto de las relaciones entre factores no siempre es el numerador el que cuenta; a veces es el denominador. Evidentemente lo que importa son las tendencias, y nosotros estamos
sometidos a una tendencia vinculada a nuestro afortunado, entre comillas, problema demográfico. La gente vive más y va a vivir más afortunadamente. Si usted dice que es perfectamente congruente que la gente se jubile masivamente antes de llegar a
la edad ordinaria, que además viva más, que además cobre pensiones más altas y durante más tiempo, no es posible. Por lo tanto, o incrementamos el número de cotizantes -y ese es el principal elemento sobre el que hay que operar- o incrementamos la
aportación de cada cotizante a lo largo de su vida y de su ciclo vital, o hacemos ambas cosas, que es lo razonable. En un momento de crisis no podemos incrementar con una varita mágica el número de cotizantes al sistema, pero sí podemos tomar
algunas decisiones que hagan que el sistema permita que los ciudadanos puedan aportar a lo largo de más tiempo, porque decidan mantenerse en el sistema, porque el sistema no les expulse innecesariamente, o porque el sistema no les dé incentivos
suficientes para la continuidad.


Respecto a lo de la secta de la troika y todas estas cosas, lo dejamos a beneficio de inventario, pero ya le digo que quizá este es un ejemplo de cómo algunos de esos planteamientos, probablemente no demasiado afortunados, de la Unión
Europea en esta materia han sido sometidos a contraste con el Gobierno, e incluso han modificado las previsiones de la Unión Europea, y debemos felicitarnos por ello, porque trabajamos para hacer lo que el sistema de pensiones español necesita, y
eso se traduce en lo que digan ustedes, en lo que digamos nosotros, no en lo que nos vengan a decir desde fuera, pero tenemos que ser coherentes y sensatos.


Desequilibrios exagerados. Si les he citado algunos de los desequilibrios que puede contener la aplicación de esa Ley 27 ha sido con el ánimo de que nuestro sistema identifique cada vez mejor aquellas oportunidades de mejora.


Señor Campuzano, le agradezco el reconocimiento del método porque yo creo que si estamos aquí es porque queremos tener la capacidad de aceptar propuestas y recomendaciones, pero también estamos aquí con una formulación concreta. Aunque
seamos conscientes de que estas son medidas que hay que tomar, queremos que las conozca, que las comparta y que las debata el Pacto de Toledo. Si estuviéramos dispuestos a imponer nuestro criterio, habríamos tomado ya decisiones, tendríamos
legitimidad

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parlamentaria para ello. Pero sabemos que el Pacto de Toledo tiene mucho que ver no solamente con la letra, sino también con el espíritu de su formulación. Cualquier planteamiento que hagamos en esta Comisión es una propuesta abierta al
debate, no es una formulación cerrada, no responde a una decisión tomada. Quiero que esto quede absolutamente claro. La capacidad de construir consensos se hace mediante la puesta encima de la mesa de elementos de debate, pero no hay ninguna
decisión prejuzgada ni tomada con antelación. Hay la identificación de unos problemas y la disposición a que el debate con los grupos parlamentarios sea el que consiga las mejores soluciones. A veces las mejores soluciones no son las mejores
soluciones técnicas, sino las mejores soluciones que sean compartidas por todos. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Por tanto si hay alguna duda al respecto, hemos planteado unos informes que contienen propuestas de actuación, líneas de
actuación que pueden o no compartirse, que pueden o no seleccionarse, que pueden combinarse incluso de muchas maneras o que pueden incrementarse con las aportaciones de los propios grupos. Quiero que quede claro que nuestra disposición es la
disposición al acuerdo y al consenso, y la capacidad de operar sobre reformas tiene en el Gobierno de turno una responsabilidad, pero también en el resto de los grupos, de entender cuáles son las motivaciones reales que nos llevan a plantear estas
propuestas. Las motivaciones reales son la identificación de disfunciones en el sistema. Por tanto, debe ser el acuerdo y el consenso el sustrato del que nazcan mejoras, adaptaciones del propio sistema, en el reconocimiento de que nadie tiene la
verdad en una materia tan sensible como esta, pero la Seguridad Social sí tiene los datos, las cifras, al menos para intentar ponerlas a disposición de sus señorías y de ahí extraer algunas decisiones.


Las bonificaciones no son la solución, señor Campuzano. Usted lo ha dicho en muchas ocasiones. Los sistemas de bonificaciones no estaban bien diseñados, no estaban operando adecuadamente. Usted entiende que no es prioritario actuar sobre
esto, que las medidas que se toman han de actuar en el medio plazo. Según eso nunca habría que tomar decisiones, y usted es un ejemplo de compromiso con decisiones que no se piensan para el corto plazo, sino para el medio plazo e incluso para el
largo plazo.


Comparto la necesidad de estrategias más amplias relacionadas con los trabajadores mayores, y en mi responsabilidad trataré de impulsar, en ese contexto de una estrategia más amplia, aquellas medidas que pueda aportar la Seguridad Social.
Por eso hemos incorporado las medidas de compatibilidad de salario y pensión, porque creemos que están muy imbricadas en lo que es un debate sobre la continuidad laboral de nuestros ciudadanos, y porque es una moneda que tiene dos caras. Tenemos
que evitar que los ciudadanos se marchen antes de la edad ordinaria de jubilación, tenemos que facilitar y que permitir que los ciudadanos que quieran, que lo deseen, en ese sentido de jubilación gradual y flexible, puedan tener más instrumentos que
los que tienen ahora para facilitarles esa prolongación. La compatibilidad entre salario y pensión no nos la sacamos de la manga. El resto de los países también están en una situación de crisis, y sin embargo están cada día poniendo el acento con
mayor énfasis en medidas de compatibilidad entre salario y pensión. Señora López I Chamosa, no es España el único país que tiene una crisis económica, pero en el informe aparecen el resto de países que están impulsando medidas de compatibilidad y
en ninguno de ellos ha sido excusa la crisis para incrementar esa compatibilidad, porque se es consciente de que son enfoques absolutamente compatibles. El desempleo juvenil no es la excusa para que los ciudadanos se tengan que retirar antes, la
crisis no es la excusa para que si alguien puede, quiere y desea seguir en activo lo pueda hacer. El empleo no es una tarta estable y fija, y es la actividad generadora de crecimiento y de continuidad laboral la que acaba contagiando a todos los
estratos de la población.


La jubilación anticipada de los trabajadores autónomos necesariamente tendrá que abordarse una vez que convengamos cuál es el mejor mecanismo para diseñar la jubilación anticipada de todos los demás, por supuesto. La jubilación anticipada
es una reivindicación de los trabajadores autónomos, y todos hemos compartido en el Pacto de Toledo que tenga acomodo, pero aquí de lo que estamos hablando es de revisar el sistema de jubilación anticipada del conjunto del sistema, y luego ya
adaptarlo a aquellas especificidades, como es la del trabajo autónomo, que requerirán un estudio pormenorizado, como ocurre en el caso del tiempo parcial. Eso es lo que nos ha llevado a retrasar un año la regulación que la propia Ley 27 mandataba,
pero, como tantas cosas que hacía la Ley 27, sin establecer cuáles eran los fundamentos sobre los que debía desarrollarse esa cotización específica. Es un tema muy complejo porque puede dar lugar a muchos fraudes, y porque tenemos que ser muy
cuidadosos con una regulación de esas características.


A la señora España, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quiero agradecerle su intervención. Estoy absolutamente convencido de que no es bueno para el sistema público de pensiones generar

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incertidumbres, que las decisiones que el Gobierno tiene que tomar son las que se acogen a la legislación vigente, y que estar permanentemente solicitando de un gobierno que cumpla la ley, cuando ni siquiera ha llegado el momento procesal en
que ese cumplimiento se establece, solo tiene una explicación, el deseo de generar una tensión pública, política, que en estos casos no se ajusta bien a la existencia de un sistema de pensiones y un Pacto de Toledo como el que compartimos. Creo que
todo lo que traemos hoy a esta Comisión, todas las propuestas abiertas que plantea el informe en sus diferentes formulaciones se ajustan como anillo al dedo al Pacto de Toledo, a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Desde luego se ajustan a los
compromisos electorales del Gobierno del Partido Popular porque nunca habríamos hecho un programa electoral contra el Pacto de Toledo. Cómo no vamos a desarrollar iniciativas que surgen del Pacto de Toledo y que nosotros definimos como prioridades
para nuestra propia actuación. En todo caso su apelación a ese consenso y a ese acuerdo es la clave del funcionamiento de esta Comisión, y que yo recojo una vez más, identificando objetivos de país, objetivos de modelo, objetivos que podemos
compartir, abriendo la posibilidad a negociar esas propuestas, que no son propuestas en absoluto preconfiguradas ni cerradas, pero con un objetivo que yo planteaba al final de mi intervención inicial, y es que el camino de la prolongación de la vida
laboral, el camino del mantenimiento en la actividad laboral de nuestros ciudadanos no tiene alternativa. Por tanto ocupémonos todos de diseñar medidas eficaces, aunque eso suponga revisar las normas que están en vigor o las que previsiblemente van
a estar el 1 de enero, y demos con aquellas teclas en el sistema que contribuyan a conseguir los objetivos que, por otra parte, compartimos todos. (La señora López i Chamosa pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Sí, señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Quisiera pedirle un par de minutos para puntualizar un par de cosas.


El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún portavoz que también desee intervenir? (Pausa). En este caso voy a ser muy estricto. Voy a dar dos minutos de réplica a todos los portavoces, y rogaré también al secretario de Estado que sea lo más breve
posible.


Señora López i Chamosa, dos minutos.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor Burgos, a usted hay que valorarlo por lo que explica y lo que dice, no por lo que hace, que son dos cosas bastante distintas. Dice que no tomaría medidas contra el Pacto de Toledo, pero le recuerdo que ha
cambiado la forma de cubrir las lagunas por la puerta de atrás en el Senado en la reforma laboral. Esta Comisión ni se enteró. Si eso es tener en cuenta el Pacto de Toledo, es su forma. Dice que nunca pondrían en su programa electoral nada contra
el Pacto de Toledo. Perdóneme, seño Burgos, con todo cariño, es que el programa electoral del Partido Popular, de lo que llevaron a las elecciones a lo que están haciendo es como la noche y el día. Nada de lo que están haciendo dijeron que harían.
Ustedes hablan del cumplimiento de la ley, que van a cumplir la ley y que estamos planteando el tema de la revalorización de pensiones. Si van a cumplir la ley, ¿por qué les cuesta tanto decir que van a revalorizar las pensiones? Es bien sencillo.
Tranquilicen a la gente.


Señora España, ¿por qué planteamos aquí ese tema? Le recomiendo que se lea la Recomendación 2 del Pacto de Toledo. Yo tuve que aceptar, porque la mayoría así lo quería, que se dijera que cualquier referencia al mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones tenía que pasar necesariamente por esta Comisión. Señora España, o usted tiene una bola de cristal, que agradecería que nos la enseñara para verla nosotros, o nadie puede saber lo que va a pasar con la aplicación de las
medidas de la reforma de la Ley 27 de 2011.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino. ¿Sabe cuál sería una medida realmente importante para el futuro del sistema de la Seguridad Social? La actualización del salario mínimo interprofesional. Que hiciera un pacto de rentas con los agentes
sociales, pensando en paralizar la caída libre que tienen los salarios después de su reforma laboral y de su reforma de la negociación colectiva.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Burgos, le sorprende que se le invoque aquí la práctica de lo que se denomina prueba diabólica en derecho, es decir, demostrar que no van a aplicar la ley. Le voy decir

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por qué lo estamos haciendo. Cuando ustedes anunciaron con un gran trompeteo mediático, y accidentalmente antes de las elecciones vascas y gallegas, que se iban a incrementar las pensiones en un 1%, en 16 ocasiones -las conté exactamente,
en debates presupuestarios más las de hoy- se les preguntó si, ya que anunciaban con tanta prosopopeya y con tanta dimensión mediática esa medida, además iban a cumplir con el requerimiento consignado por la Ley General de la Seguridad Social en
relación a la revalorización automática con cargo al IPC. Le voy a decir cuántas veces de las 16 preguntas hubo una contestación inteligible o clara: ninguna. Es más, es que tampoco lo ha hecho usted hoy. Sencillamente ha recurrido a decir: por
qué me inquieren ustedes a afirmar que voy a cumplir la ley. Pero es que no ha dicho si la va a cumplir o la va a incumplir. Nosotros seguimos manteniendo ciertas reservas mentales sobre la posibilidad de que ustedes vayan a querer o a poder
cumplir, porque yo creo que en estos momentos es un problema de disponibilidades presupuestarias del Tesoro.


Dicho esto -y acabo, señor presidente- quiero señalarle, porque no he podido comentárselo antes por falta de tiempo, que estoy de acuerdo con usted en una de sus afirmaciones, en uno de sus asertos: la prejubilación y la aplicación de
coeficientes reductores a la prejubilación ni afecta al empleo ni crea desempleo ni destruye empleo. Pero sí va a taponar las posibilidades de acceso al empleo este híbrido que usted nos ha propuesto de compatibilizar la percepción de la pensión de
jubilación y un trabajo remunerado, primero, porque contradice la ley; segundo, porque pervierte el propio concepto de jubilación que consiste en el cese de actividad, y en tercer lugar, porque tapona el acceso de los más jóvenes sobre todo al
mercado de trabajo. Y usted no está en condiciones de decirme que esto no es verdad.


En desacuerdo con el señor Coscubiela en relación con lo anterior, como usted ha manifestado, siempre ha habido más de un 50% de prejubilaciones que no han alterado la estructura del mercado de trabajo.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, acabo. Pero esto sí, este híbrido de pensión de jubilación compatible con un trabajo remunerado tapona toda posibilidad de acceso, sobre todo de los más jóvenes, al mercado de trabajo.


El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Como le dije en mi primera intervención, mi partido es un partido reformista y no cree que las cosas estén tan bien que no haya que hacer cambios. En la medida en que los cambios vayan en la dirección que
proponemos estaremos dispuestos a apoyarlos, pero nos tememos que no va a ser así. Estamos convencidos de que existe un serio riesgo de que no se revaloricen las pensiones o de que se acelere la entrada en vigor de la ampliación de la edad de
jubilación, cosa a la que ustedes se opusieron tenazmente la legislatura pasada. Usted ha dicho que va a cumplir la ley, pero en otra parte de su intervención ha dicho que la ley no es inamovible. Desde luego, estamos en el Congreso que puede
cambiarla, y donde ustedes tienen mayoría absoluta. Hay una prueba importante, estamos estos días tramitando unos presupuestos que tienen unas cuentas y unas previsiones de crecimiento que no cuadran. Con los de 2012 pasó algo parecido, se pasó el
trámite parlamentario -literalmente un trámite- y luego se tomaron medidas que no estaban en estos presupuestos. Será difícil que cuadren las cuentas públicas sin tomar este tipo de medidas, y advierto en nombre de mi grupo que desde luego ahí nos
encontrarán frontalmente.


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: De toda su intervención prefiero quedarme con lo positivo. Me ha parecido entender que usted dice que mantiene la posición de diálogo, que no hay nada decidido ni nada prejuzgado. Pero antes le he preguntado si
yo había escuchado bien cuando usted decía que quería tener aprobado esto antes de que entrara en vigor la Ley 27/2011. Si no es así me lo desmiente y ya está, porque creo que eso es incompatible. De todas maneras, espero que cuando tengamos
oportunidad de entrar en materia podamos hacernos menos trampas -vuelvo a insistir en ese concepto-, trampas dialécticas. Siempre que se establece una escala de acceso a un derecho hay un límite, en la Seguridad Social y en el IRPF, y estar a un
lado y a otro genera determinados elementos de distorsión. Eso que se puede ver si se minimiza no puede ser nunca excusa para justificar la vuelta al calcetín que usted plantea, que es en definitiva alargar la edad en la que uno puede acceder a la
jubilación anticipada. En la inmensa

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mayoría de los casos son trabajadores que han perdido involuntariamente su trabajo, y que van a verse duramente perjudicados por esa medida porque van a tener que estar durante más tiempo en una situación de percepción de subsidio
asistencial. Ese es el tema gordo que tenemos que discutir.


Como también tenemos que discutir con relación a si, en un contexto de desempleo masivo, es urgente adoptar una medida como esa, porque es verdad -y yo se lo he reconocido- que no existe una relación directa entre se jubila antes/hay más
empleo juvenil. Sí existe una relación directa existe entre qué tipo de políticas se hacen, se expulsa antes a los adultos mayores del mercado de trabajo, y no se da trabajo a los jóvenes. Y eso es lo que hay. Pero entonces el problema no se
resuelve alargando la edad de jubilación de los que están trabajando, porque entonces no se les mejoran sus condiciones, sino que se les perjudica.


Termino con dos comentarios. La troika, como las meigas, existir existe. Tanto es así que usted no sé si es consciente...


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino. No sé si es consciente, pero hoy ha venido aquí y nos ha dicho: no vengo con imposiciones de nadie, vengo con lo que he pactado con la Comisión Europea, supongo, para evitar un mal mayor. Si es así
nos lo dice y hablamos, pero lo que pone más de manifiesto es que eso no está justificado en los problemas de la Ley 27/2011, sino en una acción externa al sistema de Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Voy a leer a la Comisión los dos párrafos finales de la recomendación número 2 del Pacto de Toledo aprobado en la pasada legislatura: 'La Comisión considera que el Real Decreto-ley 8/2010 -adoptado en un
contexto de medidas de ajuste fiscal y presupuestario- en el que se contempla la suspensión, durante 2011, de la revalorización de las pensiones, con la excepción de las pensiones mínimas y las no contributivas, no se ha realizado de acuerdo con las
recomendaciones del Pacto de Toledo. Por ello, la Comisión considera que este tipo de medidas no puede adoptarse sin la consulta y el debate previos en el ámbito del Pacto de Toledo, teniendo en cuenta su recomendación número 2'. En previsión de
lo que pueda pasar le recuerdo la existencia de esa recomendación.


Por otro lado, en cuanto a la cuestión de fondo, la idea que hemos intentado trasladarle es que las medidas que usted nos plantea, si no están en el contexto del desarrollo de la estrategia de 55 y más, pueden ser injustas para aquellos
trabajadores que abandonan el mercado de trabajo no por su propia voluntad sino por una situación de cierre de su empresa y sin que exista un mercado de trabajo que les pueda volver a ofrecer un empleo, y o se desarrolla la estrategia o estas
reformas van a perjudicar a los trabajadores más débiles. Lo que sabemos después de los meses que llevan en el Gobierno es que la estrategia no solo no se ha desarrollado, sino que algunas medidas que existían, no de bonificaciones a la creación de
empleo sino de reducción de cotizaciones para el mantenimiento del mismo, se han reducido y, por tanto, hoy hay menos recursos destinados a que esos trabajadores maduros continúen siendo activos en el mercado de trabajo. A nuestro entender esa es
la cuestión fundamental si no queremos formular una reforma injusta para los trabajadores...


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ... de más de 55 años.


El señor PRESIDENTE: Señora España.


La señora ESPAÑA REINA: Seré muy breve.


Decía la portavoz del Grupo Socialista que el tema de las lagunas no se trajo a esta Comisión. ¿Y la congelación de pensiones del Partido Socialista? Porque yo me enteré por el decretazo del señor Rodríguez Zapatero. En cuanto a la
revalorización de pensiones, creo que se puede decir más alto pero no más claro. La ley está para cumplirla. A ustedes, como lo hicieron tan rematadamente mal al congelarlas, a lo mejor les gustaría que el Partido Popular hiciera lo mismo para no
tener en solitario ese dudoso honor de congelar las pensiones, pero no va a ser así, quédense tranquilos. Me leeré -no me hace falta, ya la ha leído el señor Campuzano- la recomendación número 2.

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No se enfade por lo de la bola de cristal y la aplicación de la Ley 27/2011. Yo también le voy a pedir que se lea en profundidad los informes que hoy hemos analizado, porque verá las distorsiones y las situaciones injustas para los
ciudadanos que se producen con la aplicación de la Ley 27/2011.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Muy brevemente.


Señora López i Chamosa, no tomaremos medidas contra el Pacto de Toledo. ¿Dónde habla el Pacto de Toledo de las lagunas de cotización? Hay muchos elementos del sistema que son claramente técnicos que no están en las orientaciones generales
del Pacto de Toledo. Yo no recuerdo que las lagunas de cotización como instrumento técnico en un sistema público de pensiones como el nuestro estén recogidas en ninguna recomendación. Ustedes tomaron las decisiones pertinentes y, al margen de esas
orientaciones, como en tantas otras cuestiones, hay aspectos del sistema que el Pacto de Toledo no ha debatido ni sobre los que ha profundizado, porque el Pacto de Toledo habla sobre orientaciones de carácter general, pero en ningún caso adoptar una
decisión puntual sobre cómo rellenar las lagunas de cotización afecta para nada a los compromisos del Pacto de Toledo. Quizá lo que sí afecta a los compromisos del Pacto de Toledo es tener un sistema de relleno de las lagunas de cotización que
trata peor a los que trabajan que a los que no trabajan. Eso sí contraviene tal vez un poquito las orientaciones generales no del Pacto de Toledo sino del sentido común en cualquier sistema público de pensiones.


Me va a permitir que cite una frase: al diablo también le gusta citar las Escrituras. En cuanto a que ustedes nos citen a nosotros los programas electorales, no le voy a recordar dónde estaba en su programa electoral la congelación de las
pensiones, pero en el nuestro sí estaba la compatibilidad de salario y pensión, y en estos momentos tan complicados, que un partido que tiene la responsabilidad de Gobierno además pueda identificar su política con el cumplimiento de un objetivo
electoral es importante. Si además ese objetivo electoral era reflejo de los compromisos suscritos por todos los integrantes del Pacto de Toledo, mejor que mejor, porque el Pacto de Toledo dice claramente que hay que mejorar la compatibilidad entre
salario y pensión, señor Olabarría, usted lo ha firmado y no recuerdo haber oído ninguna excepción de carácter filosófico a ese punto concreto. Está firmado, suscrito y aprobado por todos los que lo aprobamos, y tan legítimo es desarrollar esa
parte como desarrollar otras, porque lo que sí hemos convenido es que cada Gobierno establece sus prioridades en la adopción de medidas en desarrollo de esas recomendaciones. Nosotros creemos que en este momento es positivo trabajar sobre esta
materia. No es una prioridad urgente. Es un escenario de actuación sobre el que conviene ir trabajando, como en tantas otras cuestiones en las que afortunadamente tenemos compromisos encima de la mesa.


Señora López i Chamosa, el salario mínimo interprofesional tiene un efecto absolutamente marginal sobre el sistema de pensiones, es decir, la evolución, modificación o incremento de las bases mínimas de sistema, que son las referenciadas al
salario mínimo interprofesional, generan un coste, un ahorro y unos ingresos absolutamente ínfimos. Cualquier otra medida tiene una repercusión económica muchísimo mayor. La subida de un punto adicional en las cotizaciones de los autónomos, por
ejemplo, tiene mucha mayor incidencia a efectos de los ingresos del sistema que la de las bases mínimas. Por tanto, no es ahí donde hay que hurgar para ver si el sistema puede mejorar sus políticas de ingresos. ¿Sabe dónde mejoran sus políticas de
ingresos? En la separación de fuentes -ahí sí se ve claramente que se adoptan políticas que mejoran los ingresos- o adoptando medidas en relación con las bases máximas del sistema, que han crecido por debajo del IPC durante estos últimos años. Ahí
es donde el sistema recupera contributividad, recupera progresividad y donde trata más equitativamente a los diferentes ciudadanos.


Sobre la revalorización, ya se lo he dicho una y otra vez, señor Olabarría. El debate que se produjo en su momento, cuando el Gobierno anterior tomó la decisión de congelar las pensiones, fue fundamentalmente porque no hubo conocimiento
previo de esa decisión y no se justificó ni siquiera en el momento procesal oportuno en el que esa decisión se debería haber tomado. Se anunció con muchos meses de antelación. Nosotros estamos en el procedimiento habitual, que es anunciar la
revalorización para el año próximo, que es la que sí contienen los presupuestos que están en estos momentos en tramitación, y lo demás se hará en su momento en aplicación de la legislación vigente. Por eso quiero decirle al representante de UPyD
que prefiero entender que ustedes estarán a nuestro lado, adoptando medidas de mejora, de racionalización, de equidad y de contributividad en el sistema, porque las otras medidas de carácter más complicado vamos a intentar no tomarlas bajo ninguna
consideración. Nosotros sabemos muy bien cuáles son los compromisos con el sistema de pensiones y agradezco que nos los recuerden permanentemente, pero desde luego los tenemos muy presentes.

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Sobre las consideraciones del Grupo de Izquierda Unida, del Grupo de La Izquierda Plural, Izquierda Unida, etcétera, del señor Coscubiela, es verdad que son muchas piezas... (El señor Coscubiela Conesa: Se ha dejado Iniciativa. Puestos a
hacerlo mal...) ... Me parece muy bien. Es que, como ustedes van variando la denominación de legislatura en legislatura y cada vez es más grande (El señor Coscubiela Conesa: Es que cada vez somos más), a veces resulta complicado seguirla.
Querría finalizar mi intervención precisamente dejando muy claro esto. No he dicho que haya que tomar estas medidas sí o sí antes de que entre en vigor la Ley 27/2011 el 1 de enero de 2013. Si lo ha entendido así, creo que no me he explicado bien.
No he dicho que haya que hacer eso antes de que entre en vigor. Lo que sí digo es que no sería muy razonable que en algunos aspectos de la Ley 27 se permita que opere una norma si tenemos la voluntad de mejorarla o de modificarla. Sería bastante
razonable que pudiéramos hacerlo para que no se solapen dos disposiciones, entre otras cosas por lo que usted también argumentaba de la seguridad jurídica. Si creemos que es importante operar sobre el artículo 4 y el artículo 5, que hacen
referencia a la jubilación anticipada y parcial, estamos a tiempo, pero no hay una fecha estricta de aprobación. Nos creemos lo del diálogo y lo del acuerdo, estas son propuestas abiertas. Se lo vuelvo a repetir, el escollo fundamental no va a ser
la fecha. Operará negativamente que coincidan dos regulaciones en un breve espacio de tiempo, pero no será ese el problema. Incluso podríamos derogar esos dos artículos para que no entraran en vigor en tanto en cuanto llegamos a un acuerdo. Hay
muchas posibilidades para no generarle al ciudadano una confusión innecesaria y para que no haya un solapamiento normativo sobre la parte que estamos debatiendo.


En todo caso, es verdad que hay otras muchas piezas sobre las que conviene trabajar -creo que la Seguridad Social lo está haciendo- y tendremos ocasión de discutirlas, si les parece bien. Por mi parte, voy a seguir enviando informes a la
Comisión, porque creo que es importante que esta disponga de información precisa, pero con el objetivo claro de que si identificamos problemas, esos problemas tenemos obligación de resolverlos entre todos.


El señor PRESIDENTE: Agradecemos una vez más la comparecencia del secretario de Estado y levantamos la sesión de la Comisión. Muchas gracias a todos y a todas.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.