CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2012 X Legislatura Núm. 23

PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GASPAR LLAMAZARES TRIGO

Sesión núm. 5

celebrada el martes,

29 de mayo de 2012

en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, D. Francisco de Asís Babín Vich, ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para explicar el Informe sobre la actividad del Fondo procedente
de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados durante el año 2011. (Número de expediente del Senado 713/000027 y número de expediente del Congreso 212/000117) ... (Página2)


Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

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Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.


Se abre la sesión.


En primer lugar, disculpen mi retraso -tiene que ver con la comparecencia de la secretaria general de Sanidad en el Congreso de los Diputados-, pido disculpas. También quiero disculpar la ausencia de don Vicente Aroca Sáez, que no puede
asistir porque en estos momentos tiene un pleno de su ayuntamiento, del Ayuntamiento de La Roda, en Albacete.


Sin más, pasamos al orden del día previsto para el día de hoy: Comparecencia, comprometida en su primera comparecencia, del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que tiene que ver con el informe sobre la actividad del
Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados durante el año 2011, remitido a los componentes de la comisión.


Como quiera que ya manifestó entonces su compromiso de volver a comparecer y además anunció la posibilidad de hacer modificaciones legales, celebramos hoy la comparecencia el señor delegado, que nos honra con su presencia.


Sin más, le paso la palabra.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Babín Vich): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, buenos días.


Es para mí un placer volver a comparecer ante ustedes dos meses y medio después de mi anterior comparecencia acaecida el 6 de marzo para dar en este caso cumplida cuenta del informe sobre la actividad del Fondo procedente de los bienes
decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados durante el año 2011, como la Presidencia acaba de enunciar.


En primer lugar, quiero indicar algo que es obvio: mi gestión al frente de la delegación comenzó tras la toma de posesión en el cargo el día 25 de enero de 2012. Por tanto, este informe que ahora presento corresponde a una gestión del
Fondo no desarrollada bajo mi dirección pues se refiere a las actuaciones del año anterior. No obstante, y como no podía ser de otro modo, desde este mismo momento estoy a su entera disposición desde una perspectiva institucional para informar
sobre él y tratar, en la medida que me sea posible, de resolver cualquier cuestión que sus señorías quieran plantear acerca del mismo.


La gestión del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados es una actividad fundamental dentro de las desempeñadas en el marco de las competencias atribuidas a la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas y de cuyos resultados depende en buena medida la cobertura financiera de algunas de las actuaciones y proyectos que la Delegación acomete en el ámbito de la lucha contra la demanda de las drogas. Pero no solo eso, supone
además un importante apoyo económico para el resto de los órganos responsables, en este caso, del control de la oferta de drogas.


A través del Fondo se recorre el camino a la inversa, esto es, la sociedad recupera de algún modo los bienes ilícitamente sustraídos por quienes trafican con drogas minimizando de este modo el efecto lesivo de sus actuaciones y es en buena
parte un triunfo de la sociedad civil personalizada en la lucha de las 'madres contra la droga' que nos enseñaron a todos un camino justo que está sirviendo de ejemplo a muchos otros países en la actualidad.


La Memoria correspondiente al año 2011 ha sido remitida con anterioridad a esta Comisión -como ha dicho el señor presidente- en cumplimiento del artículo 7.1 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora del Fondo de bienes decomisados por
tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Sobre la base de dicha Memoria les expondré a continuación los aspectos más relevantes de la gestión del Fondo.


Estimadas señorías, como bien conocen, la gestión de este Fondo de bienes decomisados se lleva a cabo a través de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, regulada también por la ley 17/ 2003, de 29 de mayo, en su artículo 6. Dicha Mesa
es un órgano colegiado interministerial del que forman parte los departamentos de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Interior, Hacienda y Administraciones Públicas y Justicia. Esta Mesa, en el año 2011, llevó a cabo cinco reuniones: los días
10 de febrero, 17 de marzo, 16 de junio, 8 de noviembre y, finalmente, el 10 de noviembre. La primera tuvo lugar tras la adopción por el Consejo de Ministros del acuerdo de fecha 14 de enero de 2011 por el cual se procedió a la aprobación de los
criterios de distribución del Fondo para esa anualidad, autorizando de esta manera a la Mesa de Coordinación a sufragar durante el ejercicio, de un lado, programas de reducción de la demanda -entre ellos, programas de prevención de toxicomanías,
asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos- y de otro, programas en el ámbito del control de la oferta emprendidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de lucha contra las drogas y el blanqueo
de capitales, los cuales tuvieron como objetivos principales la mejora de las comunicaciones y los sistemas informáticos, el incremento de los medios materiales y la promoción de la formación de los recursos humanos dedicados a esta función.


Debo hacer una puntualización y es que en el año 2011 se recibió la comunicación de un total de 3334 sentencias firmes, lo que supone un incremento del 22% respecto del año anterior en el que fueron comunicadas 2740, con el consiguiente
incremento de la carga de trabajo para gestionar los decomisos que se acuerdan en las mismas, y, sin embargo -como diré más adelante-, el incremento, más bien decremento, de los dineros integrados en el Fondo y distribuidos durante ese ejercicio no
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al mismo nivel que el volumen de los expedientes tramitados.


Pero centrándome en los ingresos, voy a proceder a presentarles a sus señorías los principales datos del ejercicio. Para ello he de indicar que analizaré, por un lado, los decomisos de cantidades liquidas que se integran directamente en el
Fondo y, por otro lado, los decomisos de bienes que exigen el desarrollo de actuaciones específicas como son la localización, la comprobación de su situación jurídica, la tasación e incluso la subasta para la enajenación, que luego conducen a la
toma de decisiones sobre su destino, sea esa enajenación, sea el abandono o las adscripción definitiva o la cesión en función de las previsiones de la ley que regula el Fondo. Todo ello conlleva un importante esfuerzo tanto en tiempo como en medios
materiales y humanos para su gestión, que creo conviene resaltar en reconocimiento a la labor del funcionariado que tiene encomendada esta misión.


Comenzaré con las cantidades líquidas. En el año 2011 se produjeron 2360 decomisos -un 10% más que en 2010- y sin embargo, la cantidad ingresada en el Fondo fue de 15 864 000 euros, la mitad que en el año 2010. Como ven sus señorías, un
incremento de las sentencias o de los expedientes no tiene que llevar aparejado necesariamente un incremento de los dineros que se incorporan al fondo. Esto es importante tenerlo en cuenta por la variabilidad del mismo y para entender después
cuestiones relativas a su gestión.


Este descenso se ha producido principalmente en Andalucía y en Madrid, donde se han ingresado respectivamente 5 y 10 millones de euros menos que en el año 2010, circunstancia ésta que -como decía- pone de manifiesto la imposibilidad de
prever los ingresos que vayan a producirse cada año y que dependerán en todo caso de los decomisos practicados anteriormente y de las sentencias firmes recibidas, con la consiguiente dificultad para llevar a cabo una planificación estable de los
ingresos del Fondo.


Con respecto a los otros bienes decomisados -distintos de las cantidades líquidas- se observa en el año 2010 que el número de bienes gestionados aumentó hasta 2134, lo que supone un 7% más que en el año 2010.


En cuanto al tipo de bienes, los vehículos siguen siendo la parte mayoritaria -el 47,5%-, seguidos por otros objetos -joyas, teléfonos móviles, etcétera- con el 40,7%, las embarcaciones que representan el 5%, y los inmuebles que representan
tan solo el 0,5% del total cuantitativo de los bienes.


En materia de acuerdos, durante 2011 se adoptaron 2113 acuerdos sobre destino de diversos bienes decomisados, un 20% más de acuerdos que en el año 2010. Es de destacar que la mayor parte de estos acuerdos -hasta un 44%- son acuerdos de
abandono de bienes que han quedado bien sin ofertas en procesos de enajenación o cuyo valor es ínfimo. Posteriormente indicaré algo más al respecto, pero es obvio que este dato denota la necesidad de agilizar procedimientos para gestionar la
destrucción o abandono de bienes -principalmente objetos, sobre todo los teléfonos móviles a los que me refería hace un momento, que son dos tercios de los bienes abandonados- y de una gestión más eficaz de los vehículos y las embarcaciones para
reducir los costes de depósito.


Retomando los destinos que se dan a los bienes decomisados, indicaré que el 35% han sido acuerdos de enajenación (un total de 740), de los cuales, a su vez, un 38% -es decir, 279- fueron en subasta pública y el resto por acuerdos de
enajenación directa al mejor postor previa publicidad en la página web de la Delegación del Gobierno.


Los acuerdos para adscribir definitivamente bienes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuyo uso provisional había sido previamente autorizado por el órgano judicial competente durante el procedimiento judicial, antes de que
recayera sentencia firme, fueron 125 -un 6%- y, finalmente, un 15% de los bienes se declaró no recepcionable por la Mesa.


Centrándonos ahora siquiera brevemente en la aplicación de las cantidades distribuidas a los distintos beneficiarios del Fondo, les diré con respecto a dicha distribución en 2011, tal y como indica la Ley 17/2003, que los recursos generaron
crédito en el concepto que para la aplicación del Fondo figura dotado en el presupuesto de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Esto es algo que me interesa señalar. Si sus señorías observan los presupuestos anuales en el
momento de su elaboración, encontrarán partidas con dotaciones mínimas simplemente para que estén abiertas a su ejecución posterior y es ahí donde viene a recalar el dinero que, tras el acuerdo del Consejo de Ministros y los correspondientes
acuerdos de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo, se va a distribuir posteriormente hacia los distintos receptores.


En este contexto y en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros antes citado de 14 de enero de 2011, la Mesa acordó distribuir 31 963 150 euros de la siguiente manera:


Se adscribieron a priori 2 millones de euros para hacer frente a la gestión y administración del Fondo, si bien, como se señala en la Memoria respecto de la ejecución de estas cantidades distribuidas, el gasto real de gestión al término del
ejercicio ascendió a algo más de 1 350 000 euros -es decir, por debajo de la previsión que se había establecido en principio-. Del resto del importe distribuido, 20 960 000 euros se destinaron a acciones y programas de reducción de la demanda y 9
003 150 a actuaciones encaminadas al control de la oferta. De esta manera se mantuvo la distribución que viene siendo habitual: un 70% dirigido a programas para reducción de la demanda de drogas mientras que el 30% restante se destina a financiar
actividades encaminadas a reducir la oferta.


Con respecto a la distribución de las cantidades dentro del ámbito de la reducción de la demanda, la principal partida se distribuyó entre las comunidades autónomas

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para financiar los programas de los planes autonómicos de drogas en virtud del desarrollo del Protocolo General de Colaboración firmado en 1999. A dicho fin se destinaron 7 660 000 euros, que representan el 25,56% del total del crédito
distribuido entre los beneficiarios del Fondo. Cinco millones de euros fueron destinados a las corporaciones locales para la cofinanciación de los planes municipales de drogas. La distribución de esta cantidad se realizó a través de una
convocatoria pública mediante orden ministerial. Igualmente, con destino a las corporaciones locales, se dotó con otros 500 000 euros el convenio que se suscribe anualmente con la Federación Española de Municipios y Provincias para potenciar la
implantación de estos planes municipales contra la droga en los distintos pequeños municipios de nuestra geografía. De estos datos se desprende que la financiación destinada por una u otra vía a las corporaciones locales alcanzó el 18,35% del total
distribuido.


A la propia Delegación del Gobierno se destinaron otros 5 065 000 euros -es decir, el 16,90%- aplicados a la financiación de diversos programas, entre ellos, las actuaciones de sensibilización e información, el apoyo a la financiación de
proyectos de investigación mediante la correspondiente convocatoria pública a desarrollar por instituciones de investigación y la financiación de trabajos técnicos ligados fundamentalmente al Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías, es
decir, en términos si quieren más coloquiales, a la realización de las encuestas nacionales de consumo de drogas entre, por un lado, adolescentes y, por otro, población general.


Se les asignó por esta vía a las organizaciones no gubernamentales 2 275 000 euros -el 7,59%- para la financiación de programas sobre drogodependencias de ámbito estatal, que se distribuyeron siguiendo el proceso de convocatoria pública
mediante orden ministerial.


Por último, la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones acordó asignar 460 000 euros a proyectos de cooperación internacional, lo que representaría aproximadamente el 1,5% de toda la cantidad distribuida, y que finalmente no pudieron
ejecutarse al recibirse un informe desfavorable por parte de la Dirección General de Presupuestos del entonces Ministerio de Economía y Hacienda en aplicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de enero de 2011 por el que se aprobaban
medidas para reforzar la eficacia de la gestión del gasto público.


Con respecto a las cantidades distribuidas en el ámbito del control de la oferta, que les recuerdo a sus señorías sumaron 9 003 150 euros, una parte importante, 3 615 000 euros -el 12,06% del total distribuido-, lo fue para financiar
programas promovidos desde el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado; 1 500 000 euros tuvieron como destino el Cuerpo Nacional de Policía; otro 1 500 000 tuvieron como destino el Cuerpo de la Guardia Civil -es decir, el 5% para cada
uno de esos cuerpos-; 1 000 000 para instituciones penitenciarias; 550 000 euros para el Ministerio de Defensa; 803 000 euros para Aduanas; y, finalmente, 35 000 euros para la Fiscalía Especial Antidroga, lo que totaliza el anteriormente
mencionado 30% destinado al control de la oferta de drogas.


Señorías, considero que estos son los datos más relevantes. El resto, evidentemente, los tienen en la Memoria remitida a esta comisión. En ella se detallan convenientemente, a mi juicio, las diversas partidas. En tal sentido, en su
apartado 5 se comentan pormenorizadamente algunas de las cuestiones más destacables relacionadas con la gestión del Fondo en el pasado ejercicio, como son los aspectos derivados de la venta en su momento del Pazo Bayón, que sigue produciendo ciertos
ingresos al Fondo de bienes decomisados como porcentaje del beneficio de la empresa adjudicataria, la auditoría, aún no concluida, llevada a cabo durante el pasado ejercicio por el Tribunal de Cuentas o las incidencias derivadas de la gestión de las
asignaciones a las comunidades autónomas y a los proyectos de cooperación internacional a los que me he referido antes brevemente.


Si bien es cierto que no es motivo de esta comparecencia, pero con el objeto de dar continuidad a la información de las actuaciones relacionadas con la administración del Fondo, me gustaría aprovechar la oportunidad que me brinda esta Cámara
para poner en su conocimiento que el día 23 de marzo del 2012 se aprobó por el Consejo de Ministros el acuerdo sobre los criterios de distribución del Fondo de bienes decomisados para el presente ejercicio, y en la misma fecha la Mesa de
Coordinación de Adjudicaciones acordó la distribución de 27,5 millones de euros, que es el crédito al que asciende la disponibilidad del Fondo durante este año 2012, entre los beneficiarios previstos en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, a la que me he
venido refiriendo repetidamente que regula dicho Fondo.


Por último, y con la venia del presidente al no tratarse de una cuestión estrictamente vinculada a la memoria que hoy nos reúne, tal y como hice en mi comparecencia anterior, he de resaltar que nuestra intención es abordar durante esta
legislatura una renovación de los instrumentos normativos reguladores del Fondo con el objetivo de lograr una mayor eficacia de este instrumento. Si fuera deseo de sus señorías, no tendría inconveniente en profundizar en estos aspectos en el turno
correspondiente.


Ahora bien, hasta que no se produzca esta reforma normativa, la aplicación del protocolo de actuación existente entre la Fiscalía Especial Antidroga, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, así como de la propia Delegación
para la realización o destrucción anticipada de los bienes decomisados, según proceda en cada caso, ya está en marcha y rindiendo sus primeros resultados.


Muchas gracias por su atención y, como no podía ser de otro modo, quedo a su disposición para cualquier aclaración o consideración que estimen oportuno formular.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor delegado.


Vamos a pasar directamente al turno de fijación de posiciones o preguntas de los grupos parlamentarios.

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En primer lugar tiene la palabra el senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias. Buenos días, señor delegado. Buenos días a todos.


En primer lugar, quiero agradecerle su comparecencia, los datos y las explicaciones que nos ha dado en relación con el Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas. He repasado las comparecencias de sus antecesores en el cargo -creo
recordar que la última fue a finales del 2010- y entiendo que es muy importante que una comisión como esta disponga de datos precisos como los que usted ha aportado esta mañana, así como la documentación que nos remite. Gracias por el esfuerzo.


Me gustaría, si es posible, que abundara un poco más en la aplicación de este Fondo en los programas de reducción al consumo y más concretamente en la labor que desarrollan las comunidades autónomas. Ha dicho usted que se llevan 7 600 000
euros, lo que supone el 25% del crédito. Si es posible, me gustaría conocer los criterios que siguen las comunidades autónomas para aplicar esas cantidades.


Hay un segundo aspecto que quisiera que usted nos ampliara y que está relacionado con el papel de los ayuntamientos y su participación en estos programas de prevención de toxicomanías así como la asistencia y la inserción social y laboral de
drogodependientes. A diferencia del fondo que reciben las comunidades autónomas, los ayuntamientos, que como ha dicho usted recibían el 18% del total del fondo distribuido, tienen que acudir expresamente a convocatoria pública para entrar en los
criterios de distribución de ayudas. Pues bien, si le es posible desearía que nos ampliase un poco el papel de los ayuntamientos en relación con el Fondo, y apelo también a que usted ha desarrollado un papel relevante como director general del
Instituto de Adicciones en Madrid, motivo por el que tiene usted una experiencia importante en ese ayuntamiento.


Le agradezco de nuevo su intervención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Oblanca.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.


Muchísimas gracias, señor delegado, por su pronta comparecencia. Es muy interesante todo lo que usted ha comentado. Espero no ser demasiado caótico en mis preguntas a pesar del lío de papeles que tengo sobre esta mesa. (Risas).


Ha dicho usted que se ha visto un descenso del dinero incautado. No creo que haya una bajada de precios de la droga, no tenemos información a ese respecto. Supongo que todo esto tiene que ver, ya que la cantidad de droga incautada sigue
siendo más o menos la misma con una creciente dificultad, saber dónde se encuentra ese dinero y con qué mecanismos podemos contar para luchar contra ello. Sería interesante conocer qué opina usted sobre la potenciación del Servicio Ejecutivo de
Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España para ver de qué forma podríamos profundizar en ese trabajo. Ha hecho usted mención del reparto del dinero y la oferta y la demanda. No tenemos nada que objetar respecto del porcentaje, pero
me gustaría saber si tienen ustedes algún tipo de control respecto de cómo se destina ese dinero cuando va a la policía, si va a materiales o a instalaciones. En fin, desearía conocer cómo se hace ese seguimiento porque somos conscientes de que no
hay medios en lugares como, por ejemplo, en el puerto de Algeciras, en Ceuta, Melilla o en otros lugares 'calientes', en lugares complicados en lo que se refiere al trabajo de la policía o de la Guardia Civil en incautación de drogas. Incluso
cuando algunos de los cuerpos de seguridad hacen el trabajo que les corresponde, nos damos cuenta de que esa frontera se paraliza, se satura. Por eso nos parece interesante conocer si tienen ustedes opinión a ese respecto.


Me llama la atención que la adjudicación presupuestaria para el Ministerio del Interior se divida en tres apartados. Dos o tres de ellos están claros para mí, por ejemplo, cuando hablamos de Policía o de Guardia Civil, pero el Centro de
Inteligencia contra el Crimen Organizado me tiene un poco perplejo. Percibo un cierto oscurantismo y una falta de transparencia al respecto, y me llama la atención que cuando esos dos cuerpos, que evidentemente tienen una necesidad clarísima de
financiación, destinan una cantidad de dinero, es mucho mayor la que se destina al CICO. ¿Cuál es el procedimiento de acceso para cubrir, por ejemplo, las vacantes del CICO? ¿Qué hace realmente esa gente? ¿De cuántas personas estamos hablando?
¿Cuál es su trabajo? ¿Conforme a qué criterios son ocupadas esas plazas? ¿Cuánto cobran los que están allí? ¿Cuántos tienen vehículo oficial y conductor asignado aparte de la directora? Creo que podríamos hablar largo y tendido del CICO y nos
gustaría saber un poquito más acerca del mismo. ¿Qué control tienen ustedes sobre las comunidades autónomas y las corporaciones locales en cuanto al seguimiento del uso que ellos hayan podido hacer del dinero que se les destina?


Hay otra cosa que también me llama la atención. ¿Qué misión concreta tiene el Ministerio de Defensa en la lucha contra el narcotráfico? ¿Por qué cuesta medio millón ese cometido? Me llama la atención la cantidad que se les destina a ellos
comparado con lo que se lleva la Policía Nacional o la Guardia Civil. ¿Qué destino han tenido los 200 000 euros dirigidos a financiar un convenio de colaboración con el Instituto de Toxicología? ¿Se trata del instituto que está dentro de la
Secretaría de Estado de Seguridad, de uno de una comunidad autónoma, del Ministerio de Sanidad...? ¿Gestionar un fondo cuesta realmente casi dos millones de euros durante un año? ¿Cuántos lo gestionan? ¿Qué requisitos se exigen para trabajar en
ese organismo? ¿Cuesta realmente

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el 66% de lo destinado a los servicios operativos de la Policía y de la Guardia Civil? ¿Dónde está el informe de gestión para ser sometido a análisis?


Y en cuanto a los planes de cooperación aprobados en los párrafos anteriores con Naciones Unidas, y hablamos de Ecuador, de Colombia, Bolivia, Paraguay, etcétera, ustedes hablaron de la aprobación de un plan de cooperación con Senegal. Al
haber solicitado la Mesa mayor detalle de la propuesta se aborta el plan por falta de uno presentable para esa Mesa. Estamos hablando de 500 000 euros. Si esto sucediera no con Senegal sino con el resto de los países, ¿nos veríamos en la misma
situación? ¿Qué uso se está haciendo de ese dinero? Si nos pudiera concretar un poco más le estaríamos muy agradecidos.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la señora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, presidente.


Muy buenos días, señorías. En nombre de CiU quiero agradecerle al señor delegado del Gobierno su comparecencia. Nos ha explicado de forma clara el informe que estudiaremos al detalle. Quiero decir simplemente que para las comunidades
autónomas y los ayuntamientos resulta importantísimo disponer de los recursos provenientes de este Fondo para hacer sus propias campañas como es evidente. Por eso me preocupa que usted haya dicho que le gustaría que se hiciera una renovación de los
instrumentos normativos del Fondo. Yo le agradecería que nos anticipase cuáles son los cambios que va a proponer y qué efectos va a tener esto para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero agradecer, como en otras ocasiones, la comparecencia del delegado del Plan Nacional sobre Drogas y asimismo lo pedagógico de su intervención. Como tiene numerosos deberes en su posterior contestación, voy a intentar no formularle
demasiadas preguntas, independientemente de que el intervenir en último lugar siempre tiene alguna ventaja, por ejemplo, que muchas de las preguntas ya han sido formuladas, así es que voy a intentar no reiterarme.


Me gustaría saber algunas opiniones suyas puesto que sé que lleva usted años implicado en este ámbito y es buen conocedor de todo ello. Se ha hablado de los criterios de distribución y me gustaría saber qué líneas se deben mantener o
cambiar y por qué, estoy seguro de que va a ser interesante para nosotros conocerlo. En segundo lugar me gustaría que hiciese una evaluación sobre los resultados que están teniendo las cantidades asignadas a los ayuntamientos. Y haré un pequeño
paréntesis: en ningún caso planteando que sean los ayuntamientos reo de sospecha de nada, sino al revés, manifestando cuál es su aportación. Y es que a veces, desde otras administraciones, y en este caso hablando de la Administración del Estado,
se adopta una cierta postura paternalista, y se dice: las comunidades autónomas lo explican bien todo y cumplen eficazmente, y los ayuntamientos ¿no se lo gastarán en otras cosas? Yo creo que no es así, pero sí creo que la cooperación entre las
diferentes redes de la Administración General del Estado puede ser muy eficaz y muy operativa. Creo que esa visión es muy positiva desde la propia Delegación, la de trabajar conjuntamente en los tres niveles. Por eso me interesa su opinión
respecto del trabajo que están haciendo los ayuntamientos y el nivel de eficacia que a su juicio están teniendo los programas que desarrollan los mismos.


¿Cómo cree que en los próximos años podríamos reforzar esos aspectos contra el tráfico de drogas y especialmente la prevención y sensibilización? Y en el ámbito de esa prevención y en el de sensibilizar a la población, ¿quién cree que
pueden ser de todos aquellos con los que colabora el propio Plan nacional los más eficaces en lograrlo en los ámbitos de la lucha contra el tráfico, el consumo y al mismo tiempo en ese aspecto de sensibilizar a la población y lograr unos niveles de
prevención mayores?


Acabo. Creo que a todos nos preocupa -seguro que es también una de sus primeras preocupaciones- ser lo más eficaz posible en el ámbito que nos corresponde. Sé que en este caso cuenta con una dificultad importante, como la tuvieron todos
sus antecesores, y es la de lograr ser eficaces en el ámbito de la venta de los decomisos. En lo que respecta a los bienes, nuestro ámbito judicial es complicado en este apartado y supongo que les está resultando muy difícil. Por lo tanto, me
gustaría saber si tiene alguna idea para lograr ser más eficaces, tanto para obtener y destinar mayores recursos al trabajo que desarrolla la propia Delegación, como para complementar el trabajo policial y judicial que se lleva a cabo en la lucha
contra estas redes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trevín.


Antes de darle la palabra al señor Rivera, del Grupo Parlamentario Popular, quería saber si hay presente algún portavoz de Entesa o del Grupo Parlamentario Vasco. (Denegaciones).


Por tanto, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rivera.


El señor RIVERA MALLO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor delegado, quiero manifestar la gratitud del Grupo Parlamentario Popular por su nueva comparecencia

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y por su especial sensibilidad y preocupación en estas tareas. Agradecemos su intervención de hoy, pues conocemos la dificultad que representa informar acerca de una labor anterior a su gestión, pese a lo cual, nos ha facilitado una serie
de datos y antecedentes de mucho interés que estudiaremos con atención.


Vamos a ser muy breves, pues a través de comparecencias anteriores se conoce sobradamente el posicionamiento de nuestro grupo en esta materia. Sí quiero, no obstante, manifestar la esperanza que nos transmitieron las palabras de su
comparecencia el último 6 de marzo, pues abren nuevas vías y grandes avances en cuanto al Plan Nacional sobre Drogas. Tanto sus manifestaciones de aquel entonces como las de hoy fueron muy positivas en relación con el Fondo de bienes decomisados
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos en el marco de las competencias atribuidas a esa Delegación. Dichos criterios merecieron -también hay que decirlo- el respaldo del Consejo de Ministros, en sesión de 23 de marzo, circunstancia que pone
de manifiesto también la preocupación y sensibilización del Gobierno en esta materia, de cuya gestión y resultados -me refiero al Fondo- depende en buena medida la cobertura financiera de las actuaciones y proyectos que se pretenden acometer en esta
legislatura. Durante la misma se pretende abordar una renovación de los instrumentos normativos reguladores del Fondo a los que usted se refería anteriormente, orientándolo hacia directrices llamadas a una mayor eficacia en los siguientes aspectos.
En primer lugar, creo recordar que ha hablado usted de facilitar y reforzar las necesarias relaciones de colaboración con los juzgados y tribunales en la gestión, tanto de bienes decomisados por sentencia firme, como sobre los que se determine su
venta o destrucción anticipada. En segundo lugar, definir nuevas alternativas de destino de los bienes adjudicados que sirven a los fines específicos del Fondo y para bien de la sociedad. En tercer lugar, permitir la utilización de los ingresos
obtenidos con un horizonte temporal suficiente para asegurar con ello una dotación más estable y homogénea en los recursos anualmente distribuidos entre los beneficiarios del propio Fondo, e incorporar las medidas necesarias para potenciar la venta
o destrucción de los bienes intervenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado antes de que exista una sentencia firme judicial.


Las circunstancias actuales en cuanto a drogas y otras adicciones, la experiencia acumulada y las situaciones vividas intensamente por esta comisión en actos tan emotivos como las recientes visitas a la Unidad Terapéutica Educativa del
centro penitenciario de Villabona y al centro de la Comunidad Terapéutica de Candás, Proyecto Hombre -que tanto nos sensibilizaron-, hacen que cada día nos impliquemos más aún y seamos conscientes de la responsabilidad que asumimos ante la sociedad
en materia de tanta trascendencia para las familias -jóvenes en particular y la ciudadanía en general. Sin duda alguna, las enseñanzas obtenidas en ambas visitas merecen una amplia y sosegada reflexión; al menos, eso es lo que nosotros proponemos.


En otro orden de cosas, quiero manifestar que nuestro grupo parlamentario tramitará la presentación de una ponencia de estudio para instar al Gobierno a optimizar los recursos sociales de cara a implementarlos con los recursos sanitarios y
su integración dentro del sistema sociosanitario, tal y como recoge la Ponencia de estudio sobre Sistemas de Tratamiento y Atención en Drogodependencia. Claves para el futuro -de lo que ya tuvimos oportunidad de hablar en su comparecencia anterior,
como recordará el señor delegado-, así como también una moción sobre patología dual con morbilidad: claves de futuro. A los pacientes con adicciones -un porcentaje actual del 60%- les suele acompañar un trastorno psiquiátrico -lo cual no es
ninguna novedad-, pero esta dualidad ha ido aumentando durante los últimos años y será la base de tratamiento de los pacientes con adicciones. Por tanto, se trata de instar al Gobierno a unificar en un único canal dentro del Sistema Nacional de
Salud para los pacientes con problemas de adicciones y trastornos psiquiátricos.


Finalizo, señor delegado, insistiendo en que desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos positivamente su intervención y su actitud, así como los datos tan importantes -al menos así los calificamos nosotros- que usted nos ha facilitado,
circunstancias todas ellas que nos animan aún más a aportar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestros medios en la lucha contra la droga.


No obstante, le rogamos -aunque prácticamente ya han sido formuladas todas las preguntas por parte del resto de los grupos- que nos informe acerca de la modificación de la Ley del Fondo que nos anunció en su anterior comparecencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivera.


A continuación, para responder a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor delegado del plan.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Babín Vich): Gracias, señor presidente.


Voy a ver si soy capaz de responder a todas las preguntas formuladas por sus señorías o, si no, a la inmensa mayoría de las cuestiones planteadas por ustedes.


La verdad es que en mi comparecencia anterior se produjo cierta coincidencia sobre una serie de temas genéricos, lo que me permitió dar respuesta en bloque a algunas de las intervenciones de sus señorías. Ahora me cuesta más, salvo respecto
a lo que se refiere específicamente a la modificación de la Ley del Fondo; asunto que, con el permiso de sus señorías, voy a dejar para el final y dar una respuesta en bloque. Por tanto, intentaré desgranar alguna de las cuestiones que se han
planteado, próximas o lejanas unas de otras.

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Desde la perspectiva del interés y la aplicación de los dineros que el Fondo destina a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales -algo que me importa muchísimo-, ¿por qué una diferencia de método o modelo? Evidentemente, las
comunidades autónomas forman parte intrínseca del plan nacional, hasta el punto de tener su propio órgano de representación dentro del mismo -la conferencia sectorial- y, a su vez, un grupo de trabajo como es la comisión interautonómica donde se
sientan todos los comisionados de drogas de las comunidades y ciudades autónomas del Estado español. Por tanto, la facilidad del acercamiento a las comunidades autónomas dentro de esos órganos nos permite definir estrategias comunes para el
abordaje de determinadas cuestiones y financiarlas. Y por tanto, está explícito desde el momento de la aprobación de la Estrategia Nacional vigente hasta el año 2016, a la que me referí en mi anterior comparecencia precisamente para hacer un
reconocimiento de su bondad y del gran nivel de consenso que aglutina a su alrededor; está expreso este procedimiento de trabajo con las comunidades autónomas mientras que no lo hay de la misma manera con las corporaciones locales, entre otras
cosas, como sus señorías saben perfectamente, porque en nuestro país hay más de 8000 municipios distintos, y eso nos obliga a adoptar estrategias diversificadas en función del objetivo que estamos persiguiendo en cada momento. Por eso, con carácter
anual se realiza una convocatoria pública de subvenciones para corporaciones locales por encima de un determinado nivel de habitantes; e independientemente de eso intentamos hacer llegar actividades, planes, programas y sobre todo guías de buenas
prácticas a los municipios pequeños a través de la propia Federación Española de Municipios y Provincias que, sin ser el único, convendremos todos en que es el órgano más representativo donde se reúnen las corporaciones territoriales distintas de
las comunidades autónomas en el Estado español. La distinta Estrategia lo que pretende es, evidentemente, llegar a todos y llegar a cada uno por el medio que resulta -obviamente desde una perspectiva absolutamente formal- totalmente transparente
pero, al mismo tiempo, más efectivo. Esa es la única razón de que se utilicen procedimientos distintos. Dentro del Plan Nacional no hay -ni está previsto que haya por razones obvias- una conferencia de municipios, pero sí hay una comisión de
autonomías. Eso es lo que motiva distintas formas de abordaje en relación a cómo transferir los fondos a unas y otras entidades.


Respecto de la importancia de abocar estos fondos a las distintas administraciones, no tengo ninguna duda de que es totalmente pertinente y de que, además, hay un manejo absolutamente eficiente de ellos. Pero quiero hacer dos matizaciones
que me parecen importantes para que no sea simplemente una opinión o un alegato, sino que esta opinión tenga una base.


En primer lugar, la propia Ley del Fondo ya les determina como beneficiarios. Por tanto, está fuera de toda discusión que hay una parte del dinero que la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones tiene que dedicar a otras entidades
territoriales. Obviamente partimos de esa premisa, lo demás es opinión, pero eso es una realidad absolutamente indiscutible.


Por otra parte, me parece muy importante reseñar que la financiación de la cartera básica de servicios de salud -y lo digo porque estamos en un interregno en el que, si me lo permiten, expresado en términos coloquiales, la pata sanitaria y
la pata social del problema tienen que funcionar juntas, pero donde hay una actividad clínica asistencial indiscutible-; insisto, la financiación de la cartera básica donde el decreto actualmente vigente ya incluye la atención a las
drogodependencias no la vamos a financiar por la vía del Fondo. Es decir, la cartera básica de servicios, igual que atendemos a un bronquítico crónico, atendemos a una persona que precisa un transplante o cualquier otra eventualidad de este tipo,
se financia dentro del marco general de financiación de las comunidades autónomas. Por tanto, lo que el Fondo está destinando a las comunidades autónomas -porque la ley así lo especifica- tiene mucho más que ver con el cumplimiento de la
Estrategia, que va más allá que la mera prestación asistencial sanitaria, que está garantizada dentro del decreto de la cartera básica de servicios, en el que, evidentemente, seguimos trabajando desde el punto de vista del perfeccionamiento pero
que, hoy por hoy, dice lo que dice, y es que la atención a las drogodependencias está garantizada por el Sistema Nacional de Salud. Me parecen importantes estas dos precisiones, porque -aunque su señoría me ha pedido mi opinión, y yo la doy de mil
amores- no es solo opinión lo que nos lleva a actuar de una determinada manera.


Eficiencia. ¿La transmisión de estos fondos resulta eficiente? Sinceramente, creo que en el campo de las autonomías, de la gestión de las comunidades autónomas, no hay discusión al respecto; y esto lo sustento en el hecho de que no son
decisiones exclusivas de la Delegación ni de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, son un trabajo conjunto y coordinado con los comisionados de drogas de las distintas autonomías lo que lleva a seleccionar los programas que efectivamente se
financian vía Fondo. Por tanto, no es solo que exista una buena cooperación y una buena identificación de acciones, sino que, además, hay un ejercicio directo de la función prestadora de servicios de las autonomías focalizada sobre la ejecución de
estos proyectos. Y, en el caso de las corporaciones locales, no quiero dejar de agradecer las referencias que algunas de sus señorías han hecho a mi tarea anterior. Yo soy funcionario de la Administración local -lo soy vocacionalmente y estoy
encantado de serlo, y he tenido la gran suerte de gestionar servicios municipales dedicados a esta función-, pero compréndanme, señorías, en esto soy arte y parte. Es decir, entenderé perfectamente que mi versión de que la transmisión de estos
fondos a las corporaciones locales es eficiente sus señorías la interpreten como que también estoy justificando parte de mi trabajo anterior. Creo que no es así. La única manera en que muchos municipios

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de nuestro país tienen la oportunidad de profundizar en programas y actividades específicas de prevención y de reinserción, que son los que claramente la Estrategia les asigna en un determinado marco funcional, en parte, efectivamente se
garantiza a través de la transmisión de estos fondos; pero también señalé en mi primera comparecencia -y no voy a abdicar de ello- que tenemos que seguir perfeccionando los instrumentos que nos permiten diferenciar aquello que es útil desde lo
vocacional, en el sentido de que permite llegar a todo el mundo con un mensaje mínimo de lo que es eficiencia pura y dura en relación a impacto y a cambiar las tendencias y las circunstancias que el consumo de drogas, sobre todo entre población
adolescente, tiene en nuestro país. Es decir, la eficiencia la podemos medir de dos maneras; una, llamémosle en régimen de equidad: parece que nadie debería estar ausente de una información básica imprescindible para relacionarse con el mundo de
las drogas y, por otro lado, hay que exigir cada vez más eficiencia en relación a evaluación e impacto de las distintas actuaciones que realizamos. Y, evidentemente, no seré yo quien diga aquí que absolutamente hasta el último de los programas que
realizan las corporaciones locales esté sustentado en la mejor evidencia científica y haya demostrado un impacto a la hora de cambiar la realidad de las personas. Obviamente, sería muy pretencioso decirlo en estos términos. De lo que no quiero
dejar ninguna duda al respecto es de que hay una fiscalización directa y explícita de todos y cada uno de los gastos que se realizan por los beneficiarios de los dineros del Fondo y, por tanto, no es que nos conformemos con que nos digan que los
programas se han ejecutado, sino que hay toda una tarea de justificación -justificación documental, técnica y económica- que es supervisada por los órganos técnicos de la Delegación del Gobierno y, posteriormente, por la Intervención. Por tanto,
estas ayudas están sometidas exactamente a los mismos mecanismos y controles que el resto de las subvenciones y ayudas que desde cualquier lugar de la Administración se vehiculan hacia cualquier sistema que coopere con el sistema público. Quiero
que no quede la menor sombra de duda al respecto.


Hay algunas cuestiones que ha planteado el portavoz de Unión Progreso y Democracia que a mí personalmente me parecen muy interesantes. Primero quisiera hacer una aclaración, pues seguramente yo le he interpretado mal. Por supuesto no hay
absolutamente ninguna relación entre las cantidades líquidas que ingresan en el Fondo y el precio de las drogas, nada que ver, simplemente porque las cantidades líquidas es dinero que se le decomisa a los narcotraficantes en sus cuentas corrientes,
muchas veces entre los intramuros de sus viviendas porque se presume, según nuestra legislación, que eso es beneficio del narcotráfico y, por tanto, tiene que ser abocado al Fondo. Esto es radicalmente independiente de si hay más o menos droga en
el mercado o vale más o es menos cara, porque con lo que tiene que ver es con el número de operaciones que se han efectuado y, en último término, con el número de sentencias firmes que han llegado a producir los tribunales. Lo digo porque hubo un
instante -su señoría me perdonará, seguro que es defecto mío- en que no le seguí exactamente el razonamiento de lo que planteaba.


Ahora bien, dicho esto, estamos en contacto con el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España con la perspectiva de buscar a futuro mejoras en el rendimiento desde todas las perspectivas, no solo porque el
blanqueo de capitales sea algo que ocupa y preocupa a este Gobierno sino porque, además, puede haber un beneficio hacia el Fondo de bienes decomisados. Quiero aclarar que el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado es una unidad
absolutamente diáfana y clara del Ministerio del Interior, y que en ella trabajan tanto Policía Nacional como Guardia Civil, y que es el instrumento del que está dotado el Ministerio del Interior precisamente para hacer eso, para hacer inteligencia
contra el narcotráfico. O sea, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado está detrás de la inmensa mayoría de todas las operaciones contra el narcotráfico que realiza la Policía y la Guardia Civil en este país a través de sus unidades
operativas en el territorio.


Me permitirá su señoría que resuma todo lo que tiene que ver con cooperación y coordinación internacional en un ejemplo: el mero hecho de saber que en un momento concreto un carguero ha salido de otro país y viene hacia acá y es sospechoso
de transportar droga es inteligencia desde el punto de vista de la lucha contra la oferta; este Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado tiene esa misión.


Su señoría me preguntaba muchas cosas: cuánto cobran, cómo se cubren las vacantes. Son funcionarios de la Administración, del Cuerpo de Policía Nacional, o miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, que están allí destinados y ejercen su
función para el Ministerio del Interior. Espero ser suficientemente claro. Obviamente el control de la oferta no es función expresa de la Delegación, pero también le digo que convivimos en el mismo edificio y a diario trabajamos juntos en algunos
temas. Por tanto, hasta donde yo puedo decir o dejar de decir en relación con una función que corresponde al Ministerio del Interior, no he sabido captar cuáles eran las dudas de su señoría en relación a este centro. (El señor Cantó García del
Moral: Presupuestarias). ¿Por qué cuesta lo que cuesta? Evidentemente, porque desde la perspectiva de sistemas y de otras muchas cosas que no conozco -pero si lo conociera quizás no debiera decirlo aquí por razones de seguridad y oportunidad-
tienen un consumo de recursos que, en parte, se financia desde el Fondo con toda legitimidad, en virtud de lo que la ley prevé, pero exactamente igual que llegan otras cantidades a otras unidades operativas del Cuerpo Nacional de Policía o de la
Guardia Civil, como he expresado anteriormente. Lo que ocurre es que el CICO tiene la particularidad de ser un centro que integra a los dos cuerpos. Por eso, lo he tratado individualmente y no

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he subsumido esas cantidades en lo que va a parar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.


Me preguntaba su señoría también por qué a Defensa. Defensa aporta una serie de medios en determinadas operaciones contra el narcotráfico, que no digo que sea el pan nuestro de cada día pero sí es relativamente frecuente. Por tanto, la
legitimidad de destinar determinado nivel del fondo a misiones que Defensa hace en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para limitar las drogas que llegan a nuestro país, para ejercer el control de la oferta, a nuestro
entender está perfectamente delimitada entre los fines que prevé la Ley por la que se regula el Fondo de bienes decomisados.


El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es una unidad del Ministerio del Interior que, entre otras, tiene la responsabilidad de ejecutar todos los análisis de drogas que sirven a los tribunales para tomar posición y vestir,
si vale la palabra, desde el punto de vista argumental tanto a la Fiscalía como al resto de intervinientes los cargos que se presentan contra los narcotraficantes. Es una unidad del Ministerio del Interior que trabaja específicamente, si bien no de
forma exclusiva, en drogodependencias.


Programas de cooperación: si hubiese sido otro país, que no fuera Senegal, ¿se hubiera caído esa propuesta? Me pasan una nota -porque evidentemente no estuve allí en aquel momento, no tengo el menor inconveniente en reconocérselo- de mi
subdirector general de Gestión que dice explícitamente -se la voy a leer a su señoría- que el importe reservado para un convenio con Senegal y el Instituto de Toxicología no llegó a concretarse porque no se llegaron a firmar los convenios que
hubieran articulado esa asignación. En particular, en el caso de Senegal hubiese sido necesario un acuerdo bilateral, de carácter internacional, que, finalmente, no prosperó al parecer por desistimiento del propio Gobierno senegalés. Esto es lo
que le puedo decir.


Paso a algunas otras cuestiones que se han planteado y que hasta el momento no he abordado.


Varias de sus señorías han insistido en la eficacia de los fondos transferidos a los ayuntamientos; vamos a ver, el papel de los ayuntamientos. En este momento -y algo se suscitó también al respecto en las réplicas y dúplicas de mi
comparecencia anterior, y ha ocurrido después, pero hubiera dado igual si hubiese sido antes-, por ejemplo, la cumbre de las Américas se ha posicionado a favor de que haya un debate mundial sobre las estrategias en relación con la lucha contra las
drogas y la Organización de Naciones Unidas también viene manteniendo el criterio, que personalmente suscribo, de la responsabilidad común y compartida. Es decir, si los países que tenemos graves problemas con la demanda la disminuimos, disminuirá
la oferta; si los países que tienen graves problemas de oferta, en el sentido de que es donde se produce la droga, luchan contra esa oferta, se reducirá la demanda, y, al final, si trabajamos coordinadamente, es evidente que todos vamos a salir
ganando. Esto tiene su traslación, dentro de un territorio, a todas las administraciones del Estado y yo diría que incluso a todos los programas de las administraciones, es decir, yo no entendería una acción contra las drogas, incluso desde una
perspectiva exclusivamente referida a la disminución de la demanda -prevención, reinserción, por ejemplo-, sin una acción local, sin una acción municipal.


No voy a reiterar una frase ya manida, que todos hemos repetido mil veces, de que la Administración local es la más próxima al ciudadano. Es verdad, lo sabemos y está ahí. Yo voy más allá: creo que no debe haber no ya una administración,
sino que me encantaría pensar que no va a haber una organización no gubernamental, que no va a haber ningún movimiento social que no tenga un ápice de sus objetivos puestos en mejorar la salud y la vida de las personas a través, por ejemplo, de
posicionarse en relación con lo que significan los problemas relativos a droga, y no porque yo proceda de la Administración local o por mi etapa anterior como director del Instituto de Adicciones, sino porque creo firmemente en ello. Creo que
todas, absolutamente todas las corporaciones locales -y así lo he dicho en público en otros lugares distintos a esta Cámara- deben tener actividad en relación con el problema de las adicciones. Por ejemplo, una forma de desarrollar una actividad
positiva en relación con el problema de las adicciones consiste en impulsar planes de empleo y hacerlo con las personas en mayor riesgo de exclusión, y no permitir que las personas drogodependientes o exdrogodependientes sean los excluidos de los
excluidos. Este es un ejemplo de que los ayuntamientos tienen claramente una competencia, que se puede y se debe canalizar hacia la mejor posición respecto al futuro y la vida de estas personas.


Termino refiriéndome a la Ley por la que se regula el Fondo. Varias de sus señorías se interesan -y, evidentemente, quiero agradecérselo- por qué aspectos de esta cuestión estamos trabajando. En primer lugar -lo he dicho muy de pasada y
quiero concretarlo-, dije en mi anterior comparecencia y he dicho hoy que algunas de las cuestiones que tienen que ver con la mejora de la gestión del Fondo ya las estamos implementando, independientemente de que después intentemos realizar una
reforma legislativa. Les puedo decir que en estos momentos ya hay un procedimiento en marcha por el que se van a vender más de 160 vehículos que están en causas sobre las que aún no ha recaído sentencia judicial firme. Y esto es así porque el
protocolo de entendimiento que en su día se firmó entre la Fiscalía Especial Antidroga, la judicatura y la Delegación del Gobierno está permitiendo que algunos jueces más sensibles estén entendiendo las razones de por qué les estamos planteando las
bondades de proceder a esta venta anticipada. Pero como al final estos ensayos tienen entre otras como finalidad hacer que la reforma que realicemos efectivamente sea acertada, y, por tanto, también son -si me permiten decirlo sus señorías, y
tómenlo en el sentido estricto de las palabras- un cierto método de pilotaje o de prueba de lo que pretendemos hacer, si les resumo de alguna manera lo que pretendemos hacer, estoy abarcando

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tanto lo que ya estamos haciendo con el protocolo como lo que podrá venir después con la legislación.


¿Qué queremos hacer al decir que queremos modificar la ley? Ante todo y sobre todo quiero dejar absolutamente claro que para nada pretendemos cambiar lo que tenga que ver con los destinatarios de los dineros del Fondo; no va por ahí la
cosa. Evidentemente dije y mantengo que este es un triunfo social, se trata de devolver a la sociedad lo que es suyo -eso no se discute-, y, a priori, desde nuestra perspectiva, tampoco creo que cupiera mucha discusión sobre quiénes deben ser
beneficiarios en último término de los dineros que el Fondo distribuye. No, esto va de otra cosa. Desde una perspectiva concreta, necesariamente tenemos que conseguir a través de la normativa que determinadas cuestiones que ahora yo cifro en un
protocolo de entendimiento o de buena voluntad se ejecuten de manera sistemática. Por ejemplo, un bien que ahora mismo está inmovilizado, pendiente de una sentencia judicial efectiva, puede continuar así parado años. Si hablamos de una joya, no
pasa absolutamente nada -en todo caso, dependerá de la variabilidad que en el mercado tenga el precio de determinados metales-; sin embargo, si hablamos de un vehículo, está clarísimo que ese vehículo se deteriora, y no solo se deteriora sino que
devenga unos gastos de depósito durante todo ese tiempo.


Es obvio que si ese bien se vende de manera precoz, se consigue realizar esa venta al mayor valor de mercado posible. ¿A quién beneficia eso? Desde nuestro punto de vista, a todos; desde luego, en su caso, a su propietario -en tanto en
cuanto pueda no resultar finalmente culpable- porque va a recuperar el máximo del valor del bien que en su momento se inmovilizó, y no un vehículo que lleva cinco años parado, que cuando lo vaya a recoger no va a arrancar. Por otro lado, si al
final la sentencia fuera condenatoria, es evidente que el dinero que llegaría al Fondo, al haber realizado ese bien en el momento de su máximo valor de tasación, será mayor. Por lo tanto, aparentemente no se perjudica a nadie.


¿Cuál es la única cuestión que siempre es necesario cuidar -y no solo desde el punto de vista procedimental, que lo doy por hecho-? Que esa pieza no lo sea de convicción, que luego tenga que seguir siendo investigada durante la instrucción
para que esa investigación surta en la causa el efecto que deba surtir. Por tanto, si somos capaces de garantizar la investigación judicial y al mismo tiempo de acelerar la venta de los bienes, estaremos disminuyendo costes de gestión y realizando
el bien al mayor valor de mercado posible.


Otras cuestiones que queremos abordar: por ejemplo, que ahora mismo toda la telefonía móvil va a destrucción. La informática también. Sus señorías me preguntarán: ¿la informática también? Pues sí porque hasta ahora se ha considerado que
tanto los ordenadores como los teléfonos móviles es más que probable que contengan datos de carácter personal, que ninguna sentencia legítima a difundir. La agenda de una persona, con independencia de que sea un narcotraficante declarado culpable o
no, no tiene en principio por qué ser difundida. Ahora bien, yo lamento profundamente ver que determinados recursos informáticos, que bien aquí o bien en medio de la selva de Perú tendrían una aplicación sin duda indiscutible en beneficio, por
ejemplo, de programas alternativos al cultivo de cocaína, estén yendo a la basura por una cuestión de protección de datos.


¿Qué queremos hacer? Evidentemente, deslindar y garantizar todos los procesos para que esos bienes puedan tener una aplicación efectiva y no tengan que ir a destrucción, que supone un coste -que a veces también se incrementa por cuestiones
de protección medioambiental, que, obviamente, tenemos que observar- y que no se les está dando el uso que la ley previno, que es que al final sirvan para programas de prevención, asistencia, reinserción, etcétera. Queremos cambiar este tipo de
cosas.


La propia destrucción de teléfonos móviles por razones de protección se podría cambiar, por ejemplo, por una garantía por parte de un operador intermedio, de los que ahora mismo están reciclando materiales muy caros en el mercado, de manera
que el coste de la producción de nueva tecnología móvil sea más asumible. Si nosotros garantizamos fehacientemente que no hay manejo ni distribución de esos datos de carácter personal, será preferible vender -entre comillas- e incorporar al fondo
el producto de esa venta que simplemente pagar la destrucción.


Efectivamente, de los 2 millones que se destinaron al Fondo, luego se realizó un gasto de 1 300 000 euros, aproximadamente. Quisiera decir al diputado Cantó que los depósitos, las destrucciones, todo aquello que tiene que ver con la
preparación de las subastas que exige una serie de medios de los que la Administración no dispone -y que le diré a su señoría que se realizan en colaboración con una empresa pública, SEGIPSA- suponen un gasto que queremos seguir minimizando. De
hecho, y aunque no fuera producto de mi gestión, desde luego que no, hay que reconocer a la anterior delegada y a las personas que ya trabajaban en la Delegación que el año pasado se renegociaron todos los precios de SEGIPSA y los costes de las
subastas disminuyeron mucho en comparación con los mismos actos administrativos de años anteriores. Es decir, que existe una preocupación por parte de todos en relación con esta cuestión.


Termino mi intervención señalando el último aspecto que queremos conseguir con la ley: asegurar la estabilidad del Fondo. Como he intentado destacar, por ejemplo, las cantidades líquidas de los años 2010 y 2011 son un año la mitad que el
anterior. ¿Qué conlleva eso? Teniendo en cuenta que al final el Fondo está para distribuirlo y para que quienes pueden hagan buenos programas, si un año incorporamos mucho crédito al sector social -por poner un ejemplo- para hacer este tipo de
programas, generamos una expectativa de continuidad durante ese ejercicio de bonanza que si al año siguiente baja la dotación del Fondo, no se pueden mantener. Sus señorías se preocupaban por la eficiencia del uso de esos

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recursos. Sin duda, sería ineficiente poner en marcha programas que duren 6 meses y que después haya que parar porque al año siguiente el Fondo no disponga de la misma cuantía que tuvo el anterior.


¿Cómo creemos que podemos acercarnos a una cierta estabilidad -aunque no sea en lo absoluto-? Pues se deberán habilitar fórmulas distintas a la enajenación y a la venta. Hay determinados bienes que pueden ser incorporados en el Patrimonio
del Estado y de cuyo uso derivarse, a su vez, unos beneficios que de manera estable estén nutriendo al Fondo durante sucesivos ejercicios y no solo en el momento de su venta. Eso garantizaría que al menos ese pool de recursos produjeran un ingreso
constante y actualizado -si se hace bien- a lo largo de muchos años mientras su valor, su utilidad y su amortización así lo permita. Ese es un ejemplo de las cosas que queremos hacer.


¿En qué momento estamos? Evidentemente, estamos haciendo consultas con los distintos ministerios interesados en todas estas cuestiones porque ni nos creemos en posesión de la verdad absoluta ni creemos que todas nuestras ideas sean las
mejores. Por ello, estamos recabando de todos y cada uno de ellos sus respectivas posiciones y, en su caso, sus mejores ideas para la mejora de esta normativa, y, entre tanto -como he dicho ya, no me repetiré más-, ensayando protocolos y
procedimientos que ya se están poniendo en marcha y que posteriormente podrían ser incorporados como norma en esta reforma legislativa.


Espero que el señor presidente y sus señorías me perdonen por haberme excedido en el uso del tiempo, pero no era fácil dar respuesta a todo lo que se ha planteado con menor extensión. En todo caso, sus señorías saben que podría estar todo
el día aquí hablando de todos estos temas porque me encantan.


Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Babín.


¿Algún grupo parlamentario quiere repreguntar porque le ha quedado algún detalle? (Pausa).


Agradezco la comparecencia del señor Babín y esperamos tener otra próxima comparecencia.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las trece horas y veinte minutos.