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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 124, de 06/07/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
6 de julio de 2012
Núm. 124
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Diputados
042/000011 Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades. Aprobación por el Pleno ... (Página3)
Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
158/000018 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para realizar un estudio sobre el desarrollo y la sostenibilidad futura del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ... (Página5)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre ratificación del Convenio 189 de la OIT ... (Página6)
162/000361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la salida de las tropas de los EE.UU. de la Base de Morón ... (Página8)
162/000362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la atención educativa de la diversidad afectivo-sexual y contra la homofobia en el sistema educativo ...
162/000363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las primas en la Eurocopa de Polonia y Ucrania ... (Página10)
162/000364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la figura del Defensor del Menor dentro de la estructura del Defensor del Pueblo ...
162/000365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de su actividad ... (Página12)
Mociones consecuencia de interpelaciones
Urgentes
173/000031 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las prioridades y compromisos del Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de Canarias ...
173/000032 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las infraestructuras a incluir en el nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, PITVI
2012-2024, con especial referencia a Aragón ... (Página32)
173/000033 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno y el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad
ciudadana ante los problemas de la multirreincidencia y la violencia callejera ... (Página15)
173/000034 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno respecto de la continuidad de la actividad de la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las
comarcas mineras ... (Página17)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
042/000011
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 28 de junio de 2012, aprobó el Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades, con el texto que se inserta a continuación.
Se ordena la publicación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Comisión del Estatuto de los Diputados, en su sesión del día de la fecha, bajo la presidencia del Excmo. Sr. don Aurelio Romero Girón (GP) y con la asistencia de los Excmos. Sres. Diputados don Francesc Vallès Vives (GS), doña M.ª
Mercè Pigem i Palmés (GC-CiU), don Aitor Esteban Bravo (GV-EAJ-PNV) y don Enrique Álvarez Sostres (GMx); vistas las declaraciones de actividades que pueden constituir causa de incompatibilidad y de otras actividades que proporcionen o puedan
proporcionar ingresos económicos, formuladas por los Excmos. Sres. Diputados que más adelante se mencionan, ha acordado por unanimidad elevar al Pleno de la Cámara el siguiente
DICTAMEN
Primero. La Comisión ha tomado en consideración para emitir su Dictamen las previsiones de la LOREG y los criterios fijados en anteriores dictámenes y ratificados por el Pleno de la Cámara en los siguientes términos:
a) En relación con el desempeño de cargos representativos locales, la Comisión, siguiendo el criterio ya sentado en anteriores Legislaturas y aceptado por el Pleno de la Cámara, entiende que los cargos locales no son incompatibles con el de
Diputado (no se encuentran comprendidos en los artículos 155 a 159 de la LOREG), siempre que en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1 de la LOREG. Por esta razón,
así como la previsión del artículo 158.1, no se podrán desempeñar los cargos locales en régimen de dedicación absoluta, ni percibir retribución, sino únicamente dietas por asistencia a las reuniones de los órganos locales. Igualmente es criterio
reiterado de la Comisión que deben comprenderse incluidos en el desempeño de las funciones representativas locales, la participación en otros entes locales como mancomunidades y consorcios, en los organismos públicos locales y en otros entes
públicos, en su condición de representantes locales, sin que tal posibilidad pueda comprender la pertenencia a empresas con participación pública mayoritaria, directa o indirecta, cualquiera que sea su forma, prohibida por el artículo 155.2.e) de la
LOREG.
b) En relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos parlamentarios, es criterio constante de la Comisión, aceptado por el Pleno de la Cámara, su consideración de actividad compatible con la condición de Diputado,
dada la relación íntima entre el desempeño de unas y otras funciones.
c) En relación con la actividad de producción y creación literaria, científica, artística o técnica, así como las publicaciones derivadas de ellas, es criterio de la Comisión que se trata de una actividad compatible, conforme al artículo
159.3.b) de la LOREG, siempre que mediante la misma no se desempeñe, por sí o mediante sustitución, cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel,
honorarios o cualquier otra forma de retribución, y que no se incurra en ninguno de los supuestos de actividades privadas declaradas expresamente como incompatibles en el artículo 159.2 de la LOREG.
d) En relación con la pertenencia a asociaciones de utilidad pública o de fundaciones privadas, dado que esa forma jurídica no permite entender comprendidas a dichas entidades en la noción de compañías o empresas que se dediquen a contratar
con el sector público a que se refiere el artículo 159.2 b) de la LOREG, es criterio de la Comisión que se trata de actividad privada susceptible de autorización conforme al artículo 159.3 c) de la LOREG. Por ello, la Comisión podrá otorgar
autorización para el ejercicio de la actividad, con las limitaciones de no poder incurrir en actividades comprendidas en el artículo 159.2 citado, no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal,
autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad, tal como dispone el artículo 17 del Reglamento de la Cámara, y sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer
menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la LOREG.
e) En relación con el ejercicio de la actividad profesional de la abogacía, es criterio reiterado de la Comi
sión, confirmado por el Pleno de la Cámara que se trata de actividad privada susceptible de autorización conforme al artículo 159.3 c) de la LOREG, por lo que la Comisión puede otorgar la autorización para el ejercicio de la citada
actividad, con las limitaciones de no poder incurrir en las comprendidas en el artículo 159.2 citado, no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal, autonómico o local y no poder invocar o hacer uso
de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad, tal como dispone el artículo 17 del Reglamento de la Cámara, y sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas
parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la LOREG.
Segundo. La Comisión, atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, acuerda declarar la compatibilidad de actividades, o tomar conocimiento de las declaraciones, sin que sea necesario realizar ningún otro pronunciamiento, de los
Excmos/as. Sres. y Sras. Diputados/as que se detallan:
D. Pedro José Muñoz González (núm. expte. 004/001/2).
Secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, en situación de cese desde el 14/04/12. La Comisión toma conocimiento.
D.ª Trinidad Jiménez García-Herrera (núm. expte. 004/101/3).
Miembro del Patronato de la Fundación 'Educación para el Empleo', sin percibir ningún tipo de remuneración. Se autoriza en los términos del artículo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público y sin
poder incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG.
D. Francisco González Cabaña (núm. expte. 004/104/4).
Diputado Provincial y Portavoz, en situación de renuncia desde el 21/05/12. La Comisión toma conocimiento.
D.ª María Jesús Bonilla Domínguez (núm. expte. 004/116/4).
Presidenta de la Mancomunidad de Aguas 'El Girasol', en su condición de alcaldesa, sin percibir ningún tipo de remuneración. Función pública aneja a dicho cargo electivo local, según criterio reiterado de la Comisión. Actividad compatible,
conforme al artículo 157.1 de la LOREG, siempre que en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias.
Patrona de la Fundación 'Riansares', sin percibir ningún tipo de remuneración. Se autoriza en los términos del artículo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público y sin poder incurrir en las
actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG.
Presidenta Fundación 'Lozano-Hospital Santa Emilia', sin percibir ningún tipo de remuneración. Se autoriza en los términos del artículo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público y sin poder
incurrir en las actividades del ar-tículo 159.2, ni menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG.
D. Carles Pàramo i Ponsetí (núm. expte. 004/162/3).
Presidente, en su condición de Alcalde y según los estatutos, del Consejo de Administración de la S.L. 'Gestión Mediambiental de Roses', Sociedad de economía mixta, con el 20 % de acciones propiedad del Ayuntamiento, que es socio
minoritario. Función pública aneja a dicho cargo electivo local, según criterio reiterado de la Comisión. Actividad compatible, conforme al artículo 157.1 de la LOREG, siempre que en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a
las tareas parlamentarias.
D.ª Cristina Narbona Ruiz (núm. expte. 004/201/3).
Publicación de libros y artículos. Actividad compatible conforme al artículo 159.3.b) de la LOREG.
D. José María Barreda Fontes (núm. expte. 004/291/2).
Secretario General del PSOE de Castilla-La Mancha, en situación de cese desde el 25/02/12. La Comisión toma conocimiento.
D.ª María del Carmen Rodríguez Maniega (núm. expte. 004/351/2).
Renuncia al cargo de Consejera de la Asamblea General de 'Cajastur'. La Comisión toma conocimiento.
D.ª María de los Ángeles Fernández-Ahuja García (núm. expte. 004/370/0).
Abogada. Se autoriza en los términos del artícu- lo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público y sin poder incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el
régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG.
D.ª María Cristina Suárez-Bárcena Blasco (núm. expte. 004/371/0).
Enfermera jubilada, en situación de suspensión de la percepción de la pensión de jubilación desde el 17/05/12. La Comisión toma conocimiento.
D.ª Julia de Micheo Carrillo-Albornoz (núm. expte. 004/372/0).
Jefe de Gabinete del Área de Justicia, Derechos y Libertades Públicas del Partido Popular, en situación de cese desde el 30/04/12. La Comisión toma conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2012.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000018
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para realizar un estudio sobre el desarrollo y la sostenibilidad futura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por
el Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de
creación y regias de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presentar propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para realizar un estudio sobre el
desarrollo y la sostenibilidad futura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Exposición de motivos
En diciembre de 2006, mediante la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, se reconocía un nuevo derecho de ciudadanía de carácter público y universal: el derecho de
las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos.
La Ley puso en marcha el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), para cuyo desarrollo se estableció un calendario de implantación que comprendía ocho años, de modo que en las primeras fases pudieran acceder al Sistema
los casos más graves y progresivamente se fueran incorporando el resto.
En noviembre de 2011, el Gobierno presentó la evaluación del Sistema con datos relevantes: un 80,70 % de las personas beneficiarias encuestadas consideraban positiva o muy positiva la protección a la dependencia. En aquel momento, el
número de prestaciones reconocidas se acercaba al millón y el de personas beneficiarias ascendía a 739.949.
Las decisiones que ha tomado el actual Gobierno en relación con la Ley de Dependencia están poniendo en cuestión el futuro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en un momento en el cual es más necesario que nunca el
compromiso de los poderes públicos con los colectivos más desfavorecidos de la sociedad.
Por ello, es necesario encontrar vías de acuerdo que permitan tomar decisiones consensuadas de cara al mantenimiento y protección de un derecho esencial para muchas personas.
Todos los grupos parlamentarios deben trabajar en la línea de la colaboración y respetando los principios inspiradores de la Ley, que son, entre otros: el carácter público de las prestaciones; la universalidad en el acceso en condiciones
de igualdad efectiva y no discriminación; la personalización de la atención; la promoción de la autonomía personal; la permanencia, siempre que sea posible, en el entorno; la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios; la
participación del tercer sector; la cooperación interadminis
trativa; la perspectiva de género. A la hora de abordar el acuerdo, además, se deben priorizar las atenciones que conlleven la creación de empleo, el impulso a las políticas de prevención y la I+D+I en esta materia; todo ello desde el
pleno respeto a las distribución constitucional de competencias en materia de servicios sociales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la creación en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de una Subcomisión para el estudio del desarrollo y sostenibilidad futura del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia.
Reglas de organización y funcionamiento:
A) Composición.
La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de
lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
B) Adopción de Acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá estudiar la aplicación de la Ley de Dependencia, así como las posibles revisiones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que permitan garantizar su desarrollo y sostenibilidad futura, respetando los
principios inspiradores de la Ley.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio correspondiente y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El mencionado Informe, una vez aprobado por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales junto con
las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ratificación del Convenio 189 de la OIT, para su debate en
Pleno.
Exposición de motivos
El 16 de junio de 2011, Delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores que atendieron a la 100.ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptaron, por primera vez en la historia, normas laborales internacionales
destinadas a mejorar las condiciones laborales de decenas de millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en el mundo.
El Director General de la OIT, Juan Somavia, lo valoró diciendo: 'Por primera vez llevamos el sistema
de normas de la OIT a la economía informal y este es un acontecimiento de gran importancia. Se ha hecho historia'.
Los delegados aprobaron el Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011) por 396 votos a favor, 16 votos en contra y 63 abstenciones, y la Recomendación que lo acompaña por 434 votos a favor, 8 votos en contra y 42
abstenciones.
Las nuevas normas se convirtieron en el Convenio 189 de la OIT y la Recomendación 201 desde que fuera fundada la Organización en 1919. El Convenio es un tratado internacional vinculante para los Estados miembros que lo ratifiquen, mientras
que la Recomendación ofrece una guía más detallada sobre la forma en que el Convenio puede ser llevado a la práctica.
Las nuevas normas de la OIT establecen que los millones de trabajadoras y trabajadores domésticos del mundo que se ocupan de las familias y los hogares podrán tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de
trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva.
El artículo 1 del nuevo instrumento de la OIT dice que 'la expresión 'trabajo doméstico' designa el trabajo realizado en un hogar u hogares'. Si bien estos instrumentos cubren a todos los trabajadores domésticos, se consideran medidas
especiales para proteger aquellos trabajadores que puedan estar expuestos a riesgos adicionales debido a su corta edad, a su nacionalidad, o a su condición de alojamiento, entre otros.
De acuerdo con los procedimientos de la OIT, el nuevo Convenio de la OIT estará vigente después de que dos países lo hayan ratificado.
En su texto de introducción el nuevo Convenio dice que 'el trabajo doméstico continúa siendo infravalorado e invisible y lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades
desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos'.
La adopción de las nuevas normas ha sido el resultado de un largo proceso. En marzo de 2008 el Consejo de Administración de la OIT decidió colocar el tema en la agenda de la Conferencia. En 2010 la Conferencia realizó la primera discusión
sobre el tema y en 2011 se acordó llevar a cabo una segunda discusión con la finalidad de adoptar el Convenio y la Recomendación que lo acompaña.
La entrada en vigor del Convenio está prevista cuando se hayan registrado dos ratificaciones. Cuando un país ratifica un Convenio, abre sus puertas a la supervisión internacional.
Un año después de su adopción Uruguay depositó el documento en un acto especial en el marco de la 101.ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, y se convirtió en el primer país del mundo que asume el compromiso de adaptar su
legislación y práctica nacionales para cumplir con una norma internacional.
En España se han dado grandes pasos hacia la regulación de las personas trabajadoras domésticas que son en su gran mayoría mujeres.
En este sentido, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, procede a integrar el Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General, tal como se contemplaba en
el Acuerdo Social y Económico suscrito por Gobierno, sindicatos y empresarios.
Mediante este Real Decreto se acomete una actualización sustantiva de la relación laboral para propiciar una mejora de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras del sector, avanzando en la dignificación del trabajo de este
colectivo, que realmente necesita un reconocimiento efectivo y una mayor valoración del trabajo que aportan a las familias y a la sociedad en su conjunto.
Entre las novedades más importantes que contempla este Real Decreto podemos destacar las siguientes:
Acceso al empleo en el hogar familiar mediante contratación directa o a través de los servicios públicos de empleo o de las agencias de colocación debidamente autorizadas, con garantía plena de la no discriminación (por razón de sexo, origen
racial o étnico, edad).
Mejora de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores, porque el contrato se formaliza por escrito,
Mejora de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores, porque el contrato se formaliza por escrito.
Garantiza el pago en metálico del salario mínimo interprofesional en cómputo anual, por debajo de cuya cuantía no será posible realizar descuento alguno por salario en especie por manutención o alojamiento.
La trabajadora o trabajador tiene derecho a dos pagas extraordinarias al año, de modo que se garantice la percepción del SMI en cómputo anual.
Ampliación de la duración del descanso entre jornadas.
En los nuevos contratos se amplía de 7 a 12 días de salario por año de servicio la indemnización a que tiene derecho la persona trabajadora en este caso en caso de extinción del contrato por desistimiento del empleador.
A pesar de todo esto, todavía nos queda recorrido hacia la consecución de objetivos contemplados en el Convenio 189 de la OIT como los de libertad sindical y negociación colectiva, colocándonos no obstante, en una posición de ventaja que
permite seguir avanzando en la dignificación del trabajo de las personas trabajadoras de este colectivo, así como su reconocimiento social, tanto en España como en el resto del mundo.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, asumiendo las normas laborales internacionales destinadas a mejorar las condiciones laborales de decenas de millones de trabajadoras y trabajadores
domésticos en todo el mundo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la salida de las tropas de los EE.UU. de la Base de Morón, para
su debate en Pleno.
En Europa existen numerosas bases americanas repartidas por bastantes países de la Unión Europea, todas ellas gestionadas, por el correspondiente tratado bilateral, que gestionan conjuntamente, el Ministerio de Defensa de cada país y el
ejército americano. El que esto sea así, no quiere decir que en España deba suceder lo mismo. Nuestro Grupo Parlamentario es partidario de la denuncia del tratado bilateral entre los EE.UU. y España porque entendemos que no deben existir tropas
extranjeras en territorio español
En España, a pesar de tener un Tratado Bilateral, nos encontramos que mientras la Base de Rota está gestionada por el Ministerio de Defensa, la Base Aérea de Morón, está gestionada por una empresa americana, que tiene beneficios, y que tras
18 meses negociando el convenio, está utilizando la crisis en EE.UU. para no negociar y deteriorar las relaciones laborales con el Comité.
Creemos que ya es el momento para que el Gobierno español, acabe con la situación de discriminación y abandono por parte de las autoridades españolas, que sufren los trabajadores de la Base de Morón.
Consideramos que el Gobierno español debería de intervenir en la negociación desleal y de deterioro que está practicando la actual concesionaria del contrato de la gestión de la base (Vinnell, Brown and Root, LLC), ya que, tras 18 meses,
está amenazando con despedir a más de 60 trabajadores, algo que en esta zona de Andalucía, agravaría aún más la alta tasa de desempleo que existe.
En diversas ocasiones los trabajadores de la base han denunciado que la empresa está realizando 'juego sucio', como sustituir a los trabajadores españoles en huelga a causa de las negociaciones del convenio, por directivos americanos que ni
siquiera tienen un contrato legal en España, lo que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores españoles y evidencia una mentalidad colonial.
Se ha denunciado, incluso, que se ha llegado a amenazar al comité de huelga con la policía militar americana, si no se llevan a cabo el control de los servicios mínimos tal y como la empresa desea.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:
1. Adopte las medidas necesarias para frenar la situación de deterioro en las relaciones laborales que se está produciendo en la base militar de Morón y asegurar el cumplimento de la legislación española en materia laboral.
2. Se plantee la gestión directa de esta base por el Ejército de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2012.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la atención educativa de la diversidad afectivo-sexual y contra
la homofobia en el sistema educativo, para su debate en Pleno.
Recientemente, el ministro Wert ha anunciado en una reunión con los consejeros autonómicos de educación los nuevos contenidos de Educación para la Ciudadanía, que en breve regularán por decreto-ley.
Al hilo de este anuncio, la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) han mostrado su rechazo a la desaparición de las referencias a la diversidad afectivo-sexual del temario de la asignatura.
En esta línea, Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por el futuro incierto de Educación para la Ciudadanía a raíz de conocer el borrador de real decreto, que elimina de los temarios las referencias a los afectos, los
prejuicios homófobos o antisemitas o a la pobreza generada por desigualdades económicas o sociales, señalando a este respecto que 'se empobrece
la visión de los derechos humanos y se aleja a los alumnos españoles de las enseñanzas que se imparten en veinte países de la Unión Europea'.
Las leyes educativas tienen entre sus principales objetivos el que la educación sea motor e instrumento para el libre desarrollo de la personalidad. Es por ello que el sistema educativo, lejos de ser un mero transmisor de conocimientos y
saber, tiene un carácter fundamental en la socialización de los ciudadanos y ciudadanas. La identidad de género y la orientación sexual conforman una de las principales manifestaciones de la personalidad, y su libre desarrollo se ve en demasiadas
ocasiones dificultado por la invisibilidad y estigmatización de determinadas orientaciones sexuales, lo que se traduce en graves consecuencias psíquicas, afectivas y emocionales en menores.
Además, el preámbulo de la LOE destaca la atención a la diversidad afectivo-sexual como una de las finalidades del sistema educativo.
Estudios e investigaciones recientes demuestran que la homofobia se encuentra en el trasfondo de gran parte de casos de acoso escolar. Y es que las actitudes homofóbicas no sólo afectan a las personas homo o transexuales, sino también a
todas aquellas cuyo libre comportamiento choca con determinados patrones culturales y sociales de género, sobre quienes la 'sospecha' de ser homosexuales cae como un arma arrojadiza. Por poner algunos ejemplos, el informe 'Homo-fobia en el sistema
educativo' (noviembre 2005) cifraba en el 28 % a los alumnos varones de enseñanzas medias que consideran que la homosexualidad es una enfermedad, y en el 32 % a quienes no consideran incorrecto tratar despreciativamente a las personas LGTB
(lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).
Otro estudio, 'Adolescencia y minorías sexuales: voces desde la exclusión' (marzo 2007), ahondaba en la situación de invisibilidad en que se encuentran las y los adolescentes LGTB en sus ámbitos escolares, ante la ausencia de referentes
positivos de la diversidad sexual en los currículos y de recursos didácticos en general que facilitasen su socialización sin miedo al acoso y la soledad.
Un estudio más reciente, elaborado por el CIS, 'Jóvenes y Diversidad Sexual' (abril 2011), muestra cierta evolución favorable de la percepción social de la diversidad afectivo-sexual entre la juventud y, sin embargo, sigue revelando como
problema de primer orden la discriminación por orientación sexual e identidad de género, como el cerca del 80 % de personas encuestadas que admiten haber presenciado actos de burla, vejación, insulto o desprecio a jóvenes LGTB.
El sistema educativo va con retraso respecto a una realidad social y legal en la que la diversidad afectivo-sexual tiene una creciente aceptación, que no se refleja en nuestros colegios e institutos. Así lo ha entendido el propio Parlamento
Europeo que en más de una ocasión ha instado a desarrollar medidas activas contra el sexismo y la homofobia en los centros educativos.
Aunque gran parte de las competencias en materia educativa dependen de las Comunidades Autónomas, el Estado, a través del Ministerio de Educación, cuenta con importantes competencias y posibilidades de actuación que pueden ayudar a paliar
esta grave situación. Cada día que pasa esa necesidad se convierte más en urgencia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Recupere en el temario de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos los contenidos referentes a la diversidad afectivo-sexual, la igualdad y el compromiso contra la discriminación homofóbica y transfóbica.
2. Elabore un Programa de Apoyo a los centros educativos y el personal docente para que tengan acceso a los recursos e información necesaria para atender la diversidad sexual y combatir los casos de acoso escolar homofóbico. Este programa
debe contener, entre otras medidas, las siguientes:
a) Elaboración de materiales educativos que recojan la diversidad afectivo-sexual existente en nuestra sociedad.
b) Incorporación a las bibliotecas de los centros educativos de los materiales educativos y publicaciones existentes al respecto.
c) Asesoría a los departamentos y equipos de orientación para que puedan prestar un servicio de orientación afectivo-sexual para los alumnos y alumnas sobre esta materia.
d) Organización de cursos de formación destinados al personal educativo para que este pueda obtener información y estrategias para un adecuado tratamiento de la diversidad afectivo-sexual en las aulas.
e) Adaptación de la documentación de las administraciones educativas dependientes del MEC a la diversidad familiar existente en la sociedad incluyendo las familias homoparentales.
f) Organización de campañas de información sexual que recojan la perspectiva LGTB.
g) Organización de campañas de sensibilización en los centros educativos con motivo del Día del Sida y del Día contra la Discriminación por Motivo de Orientación Sexual.
3. Creación y puesta en marcha del Observatorio Estatal sobre el Tratamiento de la Diversidad Afectivo-Sexual presente en el ámbito educativo. Este observatorio tendrá como objetivo la elaboración de estudios sobre discriminación por
motivos de orientación sexual en las aulas y el tratamiento de la
diversidad afectivo sexual en los centros educativos. Estará compuesto por representantes de la administración educativa, las Cortes Generales, profesionales del ámbito educativo, pedagógico y psicológico y por miembros de las
organizaciones LGTB y deberá presentar ante el Congreso de los Diputados un informe anual.
4. Incorporación al Consejo Escolar del Estado de representantes de las organizaciones LGTB.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-María Caridad García Álvarez y Ascensión de las Heras Ladera, Diputadas.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural.
162/000363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las primas en la Eurocopa de Polonia y Ucrania, para su debate en el
Pleno de esta Cámara.
En la actual situación de crisis económica, con la prima de riesgo en una escalada constante, con recortes presupuestarios sin precedentes que están afectando de manera ya irreversible a la mayoría de servicios públicos del país y con una
situación de desempleo desbocado; resulta inaceptable que los jugadores de la selección española de fútbol vayan a ingresar primas por su participación en la Eurocopa, a pesar de que son un colectivo privilegiado con sueldos desorbitados en sus
respectivos clubes. Parece lógico que ante el agravamiento constante de la situación económica y de las finanzas públicas, el Gobierno intervenga directamente para evitar el pago injustificado de esta remuneración variable.
La selección española está en los puestos de cabeza en cuanto a las primas que recibirán sus futbolistas en caso de ganar la Eurocopa de fútbol que se está celebrando en Polonia y Ucrania. Según han publicado diversos medios de
comunicación, cada jugador recibiría 300.000 euros si la selección española logra ganar el torneo cuya final se celebrará el próximo 1 de julio en Kiev.
Esta cifra resulta un incremento notable respecto la última Eurocopa, ya que en 2008, los jugadores españoles cobraron 214.000 euros por conseguir la victoria. En aquella ocasión, los impuestos se tributaron en Austria, cosa que supuso que
la tributación fuera del 20 %. La misma situación se dio tras la victoria en Sudáfrica, ya los componentes de la selección intentaron acogerse al Convenio de Doble Imposición para tributar al 21 %, a pesar de que las primas acabaron supuestamente
tributado en España.
En cualquier caso, si en la última Eurocopa hubieran tributada en España los jugadores hubieran pagado el 43 %, que hubiera contribuido a las arcas públicas, maltrechas tanto por la crisis económica como por la institucionalización del
fraude y de la evasión fiscal. Se da la misma circunstancia en esta ocasión ya que en Polonia y Ucrania los jugadores pagarían menos impuestos que en España, que actualmente supondría el 52 % de los ingresos.
Cabe recordar que en los anteriores eventos, como la Eurocopa de 2008 y el mundial de 2010, diversos economistas habían vaticinado que los logros deportivos supondrían una mejora de la economía española. Nada más lejos de la realidad, la
recesión se recrudece, no hay atisbo de recuperación económica y mucho menos de que un éxito deportivo pueda tener influencia alguna en la marcha de la economía.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que la Real Federación Española de Fútbol es una entidad asociativa de utilidad pública, cuyos presupuestos son controlados por el Consejo Superior de Deportes, se hace necesario el impulso de una
regulación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estricto control fiscal para garantizar que el 100 % de las primas recibidas por los componentes de la selección española de fútbol tributen en el Estado español.
2. Promover y auspiciar un pacto entre la Federación Española de Fútbol, las ligas profesionales de fútbol y las asociaciones de deportistas profesionales para establecer unos límites en el ámbito de los emolumentos profesionales bajo la
propuesta de autorregulación.
3. Crear una comisión interministerial cuyos objetivos sean:
a) Analizar las vías de financiación de las entidades deportivas en relación con la ley de mecenazgo.
b) Garantizar que la financiación pública a entidades deportivas va destinada exclusivamente a la promoción del deporte, como establece el mandato constitucional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000364
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la creación de la figura del Defensor del Menor dentro de la estructura del Defensor del Pueblo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno y entendiendo que se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del
Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de la figura del
Defensor del Menor dentro de la estructura del Defensor del Pueblo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Constitución Española, en su artículo 54, establece que será 'una ley orgánica la que regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos
comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales'.
Asimismo, en este mismo Título, el articulo 39.4 de la Constitución reconoce a los niños el derecho a la protección prevista en los acuerdos internaciones que les amparan.
En relación con esta preocupación por dotar al menor de un adecuado marco jurídico de protección, son múltiples los Tratados internacionales ratificados en la últimas década por España; muy especialmente, la Convención de Derechos del Niño,
de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, que marca el inicio de una nueva filosofía en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que éste desempeña en la sociedad y en
la exigencia de un mayor protagonismo para el mismo.
También la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, declara en su artículo 10 que los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos y que se
garantice su respeto. Y que para la defensa y garantía de sus derechos el menor puede plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo. A tal fin, uno de los adjuntos de dicha institución se hará cargo de modo permanente de los asuntos relacionados
con los menores.
Muchas de nuestras Comunidades Autónomas, a lo largo de los últimos años, han ido creando la figura del defensor del menor autonómico, interesadas en la protección que de la infancia deben hacer los poderes públicos. Y, también, como
respuesta a una preocupación de los ciudadanos, que han colocado como pilar central de la sociedad española dicha tutela.
Pero en los últimos meses, y debido principalmente a la crisis económica que vivimos, se ha hecho urgente y necesario llevar a cabo una racionalización de nuestras instituciones públicas, sin que ello suponga un menoscabo de la calidad de
nuestros servicios públicos y de la defensa de los derechos más básicos de los ciudadanos, principalmente en un sector tan vulnerable como es el de los menores.
Es por ello que nuestro grupo considera que, en cuanto a la defensa del menor se refiere, son necesarios todos los esfuerzos posibles. Pero que dichos esfuerzos pasan por tratar de coordinar, dotar de eficiencia y racionalizar todos los
organismos que respecto de la protección de la infancia existen en la actualidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear la figura del Defensor del Menor dentro de la estructura de la institución del Defensor del Pueblo, en desarrollo de las previsiones del artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a estudiar el
reconocimiento del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de su actividad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El artículo 1 d) de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece que el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades
reconocidos en ella, se inspira entre otros principios en la consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
La valoración social de la función docente se ha visto dañada. La pérdida de autoridad de los profesores se manifiesta básicamente en la indisciplina en las aulas y en algunos casos de violencia escolar.
El profesorado es un elemento esencial para la calidad del sistema educativo. El informe del Consejo Escolar del Estado sobre el estado y situación del sistema educativo en el curso 2009/2010 entiende que es urgente reforzar su autoridad
moral y profesional, así como su consideración. Y señala que se debe reflexionar en la elaboración de una normativa básica para todo el profesorado de dichos centros a nivel estatal.
Este informe establece que un buen clima escolar está íntimamente ligado con los resultados educativos y además hace referencia al Informe TALIS (Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje) de la OCDE que resalta la importancia de
mejorar en este sentido.
Por esta razón se debe prestar una atención prioritaria a la educación en valores al Proyecto educativo y al Plan de Convivencia y Atención a la Diversidad de los centros educativos, así como a la autonomía de los centros para resolver los
problemas de convivencia. También será necesario reforzar la acción tutorial del profesorado sin olvidar el necesario refuerzo de la autoridad del profesorado.
Algunas Comunidades Autónomas ya han aprobado leyes específicas que reconocen la autoridad pública a los docentes como Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla La Mancha y en la actualidad existen propuestas legislativas en Murcia,
Aragón, Cantabria, etc. Cataluña ha regulado la consideración de autoridad pública para los equipos directivos de los centros en la Ley de Educación de Cataluña.
El Grupo Popular considera que sin la recuperación de la autoridad del profesorado será difícil recuperar la calidad en la enseñanza y reducir las actuales cifras de fracaso y abandono escolar que padece nuestro sistema educativo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar, en consonancia con la modificación de la Ley Orgánica de Educación, el Estatuto del Docente.
2. Reconocer la figura del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000031
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las prioridades y compromisos del Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de Canarias.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias , doña Ana María Oramas González-Moro, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de
interpelación urgente sobre las prioridades y compromisos del Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Gobierno manifestó en el debate de la interpelación su 'compromiso con Canarias y los canarios, especialmente en lo que tiene que ver con su movilidad' y expuso su 'ánimo de consenso' en el debate de la presente moción.
Los puertos y aeropuertos conforman una red que es clave para el desarrollo turístico de Canarias y para la cohesión social y territorial de nuestro Archipiélago.
Son las piezas básicas de nuestra economía y pueden contribuir a ofrecer las respuestas que se necesitan para que haya un punto de inflexión. Respuestas que se deben impulsar por parte del Gobierno sin más dilación para evitar que se
perpetúe una recesión que amenaza con ahogar nuestra economía.
Dos mil trece debe ser el punto de partida de una política de crecimiento, que suponga una inyección monetaria que aporte oxígeno y esperanza a la economía.
La crisis requiere que actuemos con altura de miras y que el Gobierno comience a aplicar las recetas que todos los analistas coinciden en apuntar como las únicas viables para que haya un cambio en la evolución de los indicadores económicos.
Vías que pongan fin a una evolución negativa provocada por la profunda crisis económica, la desaparición de compañías aéreas o el incremento de las tasas aeroportuarias, que se manifiesta en Canarias con una tasa de paro inasumible del 32 %.
Esta moción consecuencia de interpelación contempla la hoja de ruta que se debería seguir por parte del Gobierno del Estado para rescatar en 2013 las inversiones para las islas e incentivar todos aquellos proyectos relacionados con el
Ministerio de Fomento.
Por todo ello, se insta al Gobierno a:
'1. Que abra una vía de diálogo con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para que garantice la incorporación del sistema portuario y aeroportuario de Canarias en la Red Transeuropea de Transportes como nodo de la red básica.
2. Que evalúe el impacto que tendrá sobre la cesta de la compra y la competitividad de las empresas canarias la reducción de la subvención para el transporte de mercancías entre la Península y las islas, y articule las medidas
compensatorias pertinentes en los próximos ejercicios hasta volver a la compensación al transporte de mercancías del 65 %, para que las empresas industriales y agrarias canarias compitan en igualdad de condiciones con las que existen en la Península
y en la Unión Europea.
3. Que estudie, junto a las autoridades portuarias de Canarias, la compensación del actual sistema de bonificaciones de las tasas portuarias, para que su aplicación de las mismas por parte de dichos entes no mermen ni su competitividad ni
su capacidad inversora. Y, para ello, se logre que las inversiones en infraestructuras portuarias se financien a través de los fondos Feder y Feder RUP para garantizar su competitividad ante la reducción de sus ingresos.
4. Que en la próxima modificación del Real Decreto que regula las obligaciones de servicio público del transporte marítimo entre Canarias y Cádiz incluya los puertos de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
5. Que en el nuevo modelo de gestión de AENA se garantice, en el caso de Canarias, la participación de las administraciones públicas de las islas y los agentes económicos y sociales.
6. Que se prioricen las inversiones y los planes directores de los aeropuertos canarios con la nueva reprogramación tras los ajustes aplicados por el Ministerio de Fomento.
7. Que el Gobierno introduzca en los Presupuestos de 2013 la bonificación de los precios patrimoniales públicos (antiguas tasas aeroportuarias) de seguridad, pasajeros y aterrizaje a aquellas compañías que abran nuevas rutas con nuevos
mercados emisores de turistas con destino a Canarias.
8. Que implante la 'quinta libertad' en los aeropuertos canarios con el objetivo de consolidar el papel de las islas como plataforma de comunicaciones aéreas con África, América y Europa.
9. Que firme con carácter urgente un nuevo acuerdo entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Fomento en materia de carreteras con una reprogramación y una ficha económica que permita la prefinanciación de las obras contempladas en el
convenio vigente. Una ficha que contemple las siguientes inversiones:
- 20 millones de euros suplementarios en 2012 para las obras de aseguramiento.
- Para las tres obras de abono total de precio (método alemán), que el Ministerio asuma un compromiso de financiación con la banca en cinco anualidades, de 2013 a 1017, que permitan el aplazamiento de la financiación, pero no la paralización
de las obras.
- Con respecto a las obras ya contratadas, que alcance un acuerdo con el Gobierno de Canarias para una reprogramación financiera en los próximos ejercicios.
- Que en cualquier caso, el nuevo escenario presupuestario no suponga un retraso para la obra de la carretera que discurre hasta La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) ya que, además de que se deben solucionar los desprendimientos que se
producen en la
misma y que suponen un serio riesgo para los conductores, es una infraestructura imprescindible para el desarrollo de la zona dado que por ella se transporta toda la agricultura de exportación que se traslada hasta el puerto de Las Palmas de
Gran Canaria y de ahí a los mercados europeos.
10. Que convoque la Comisión Mixta Canarias-Estado para cerrar todos los términos relativos a la solicitud del certificado de residentes para evitar perjuicios a los ciudadanos una vez que entre en vigor la medida, el próximo día 1 de
septiembre, buscando las soluciones telemáticas con la firma de los convenios procedentes con las administraciones públicas.
11. Que en materia de vivienda impulse la firma de un nuevo convenio de remodelación de Las Chumberas, en la isla de Tenerife, con la nueva reprogramación para que el Ayuntamiento de La Laguna pueda solicitar la prefinanciación.
12. Que el Gobierno elimine el uso del tacógrafo en Canarias, en cumplimiento del Reglamento Europeo por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el
transporte por carretera, en las islas de menos de 2.300 kilómetros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000032
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las infraestructuras a incluir en el nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, PITVI 2012-2024, con especial referencia a Aragón.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, a instancia del Diputado de CHA Chesús Yuste, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Moción como consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre 'las infraestructuras a incluir en el nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, PITVI 2012-2024, con especial referencia a Aragón', para debatir en el
Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La ministra de Fomento anunció en febrero, durante su primera comparecencia en esta Cámara, que en el mes de julio llevaría al Consejo de Ministros para su aprobación un nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) con el
horizonte del año 2024.
En vísperas de esa fecha, consideramos conveniente propiciar un debate y votación en el Pleno del Congreso sobre esta cuestión, con especial referencia a Aragón por su posición clave en las comunicaciones del nordeste peninsular y también en
las conexiones con Francia. De hecho, el pasado mes de marzo las Cortes de Aragón acordaron, por unanimidad, solicitar al Gobierno español que se incluyeran en el mencionado Plan una serie de infraestructuras necesarias y largamente demandadas por
Aragón, priorizando la puesta en marcha de las más urgentes en el menor tiempo posible. El citado acuerdo parlamentario se ampara en los artículos 89.3 y 90 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que prevén la participación del Gobierno de Aragón en
la programación, ubicación, ejecución y gestión de las infraestructuras estatales situadas en el territorio aragonés.
Se da la circunstancia, además, de que la mayoría de las infraestructuras demandadas por las instituciones aragonesas suponen un beneficio claro para la interconexión entre territorios, profundizan en la necesaria puesta en marcha de un
modelo de comunicaciones en forma de malla, abandonando el tradicional sistema radial, y supondrían una mejora en la seguridad vial más que notable, especialmente en tramos que actualmente presentan una alta densidad de tráfico de vehículos de gran
tonelaje.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente
Moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno:
'El Pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias para incluir las siguientes actuaciones en el futuro Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024, con el objetivo de respetar el acuerdo unánime del Pleno de las
Cortes de Aragón de la sesión celebrada los días 22 y 23 de marzo de 2012:
a) La conclusión de las obras del eje norte-sur (A-23) en los tramos pendientes entre Nueno y Jaca.
b) El desdoblamiento de la N-232 entre Mallén y Figueruelas y entre El Burgo de Ebro y Alcañiz hasta alcanzar el Mediterráneo, garantizando, mientras se ejecuten las obras, la liberación del peaje del tramo Zaragoza-Gallur de la autopista
AP-68.
c) El desdoblamiento del tramo aragonés de la N-II entre Alfajarín y Fraga, garantizando, mientras se ejecuten las obras, la liberación del peaje del tramo Pina de Ebro-Fraga de la autopista AP-2.
d) La finalización de las autovías A-22 (Huesca-Lleida) y A-21 (Jaca-Pamplona), así como la culminación inmediata del eje pirenaico o N-260 en Aragón.
e) Ejecución de la autovía Daroca-Calatayud-Soria (A-24).
f) El desdoblamiento de la N-123 Barbastro-Benabarre, como conexión de las autovías Huesca-Lleida y Lleida-Valle de Arán y conformando un eje viario internacional de gran capacidad Zaragoza-Huesca-Toulouse.
g) La construcción de autovía o desdoblamiento de la N-122 en su tramo entre Tarazana y Gallur (enlazando con la N-232), de la que su primer tramo sería el comprendido en la variante de Borja-Malején.
h) El estudio de la conexión por autovía entre Huesca, Ejea y Gallur a realizar sobre la red autonómica como eje subpirenaico de conexión entre el Norte y Este de la península.
i) La prolongación de la proyectada autovía A-40 Madrid-Cuenca-Teruel hasta Alcañiz-Caspe-Fraga (A-2).
j) Las autovías A-14 y A-15, y la conversión en autovía de la carretera N-211 entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo.
k) El compromiso financiero para la implantación de una red de ferrocarriles de cercanías en Zaragoza y su espacio metropolitano, planteando como objetivo para el sistema de cercanías que pueda llegar hasta Huesca por el norte, a Gallur por
el oeste, Ricla-La Almunia por el sudoeste, Cariñena por el sur y Alcañiz y Caspe por el este, de forma que quede establecida la red definitiva del sistema de cercanías en Aragón.
1) La conexión ferroviaria entre Caminreal y Calatayud, reabriendo un trazado que permite unir Teruel y Soria entre sí y a ambas con la línea Madrid-Barcelona, a través de Calatayud.
m) Priorizar y ejecutar el proyecto de reapertura del ferrocarril Valencia-Zaragoza-Canfranc-Pau, elaborando un programa de trabajo coordinado con las autoridades francesas responsables del obras del tramo francés.
n) La inclusión y firme defensa ante las autoridades europeas de la Travesía Central Ferroviaria del Pirineo (TCP) como proyecto transeuropeo de transporte prioritario.
ñ) Ejecutar las mejoras todavía pendientes de las instalaciones, servicios y accesos del aeropuerto de Zaragoza, especialmente en lo relativo tanto al Sistema de Navegación Aérea como a la Torre de Control de forma que se incremente su
seguridad, potenciando sus actividades.
2. Iniciar la negociación con el Gobierno de Aragón para que se refleje en el futuro PITVI 2012-2024 lo anteriormente mencionado, y que en las previsiones de ejecución de las obras incluidas en este Plan se dé prioridad a las obras que
suponen vías de conexión interterritorial, con gran demanda de tráfico y, en ocasiones, con alto índice de siniestralidad, promoviendo su ejecución urgente. Todo ello mediante acuerdos adoptados en virtud de lo dispuesto en el artículo 89.3 del
Estatuto de Autonomía de Aragón, así como en su disposición adicional 6.ª, en el marco de una Comisión Bilateral que deberá celebrarse antes de la aprobación dicho PITVI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
173/000033
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno y el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad ciudadana ante los problemas de la multirreincidencia y la violencia callejera.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces,
trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), consecuencia de la interpelación urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno y el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad ciudadana ante los problemas de la multireincidencia y la
violencia callejera.
Moción
'El Pleno del Congreso de los Diputados, ante la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y priorizar la lucha contra la multireincidencia delictiva y contra la violencia urbana, insta al Gobierno a:
1. Desarrollar los mecanismos de mejora de la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y adecuar los protocolos de actuación policial con el fin de que la respuesta al fenómeno de la violencia urbana y la multireincidencia
delictiva sea más eficaz, con pleno respeto a la distribución constitucional de competencias.
2. Promover la interconexión de bases de datos entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
3. Promover la modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, con las siguientes finalidades:
a. Ofrecer una mejor respuesta a los supuestos de violencia urbana que se producen con ocasión de reuniones y manifestaciones y que revelan una especial peligrosidad como, por ejemplo, la ocultación de identidad o la posesión de material de
alto riesgo o de instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales.
b. Actualizar el catálogo de infracciones y sanciones para adaptarlo a nuevas conductas como la ocultación de rostro o la posesión de determinados instrumentos y para contemplar específicamente la perturbación del orden público, la
resistencia pasiva y la desobediencia a la autoridad y a sus agentes o la obstaculización de la vía pública.
c. Facilitar la aplicación de nuevos mecanismos que mejoren la prevención de la violencia urbana especialmente en la práctica de las identificaciones, registros o decomisos.
4. Promover una modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 julio, reguladora del derecho de reunión, con la finalidad de armonizar el legítimo ejercicio de este derecho constitucional con una más eficaz protección de la seguridad
ciudadana en los casos de violencia urbana y contemplando, entre otros aspectos, una mejor regulación de las medidas y servicios de seguridad en las manifestaciones y concentraciones ciudadanas.
5. Facilitar, en el ámbito de la prevención de la violencia urbana, los mecanismos de mejora de la investigación previa, entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente cuando se tenga constancia de la existencia de grupos
organizados con actuaciones planificadas.
6. Promover la modificación del Código Penal para ofrecer una respuesta más eficaz frente al fenómeno delictivo del robo de cables de cobre que contemple, además del valor económico del material sustraído, el perjuicio social provocado en
el uso de los servicios e infraestructuras.
7. Promover la modificación del Código Penal para ofrecer una respuesta más eficaz frente a la violencia urbana, basada en los siguientes ejes:
a. Establecer una tipificación específica del delito de violencia urbana, posibilitando la aplicación de la prisión provisional como medida cautelar y con una nueva definición del delito de 'alteración del orden público' y del delito de
atentado.
b. Nueva regulación de circunstancias agravantes como la utilización de explosivos, el lanzamiento de objetos contundentes, el porte de instrumentos peligrosos o de líquidos inflamables.
c. Recoger la tipificación específica de la difusión de información, que tenga por objeto organizar, promover la participación o reforzar la decisión de tomar parte en acciones de alteración del orden público constitutivas de delito.
d. Promover la aplicación de penas alternativas a la privación de libertad, fomentado los trabajos en beneficio de la comunidad y la reparación de los daños causados.
8. Promover la modificación del Código Penal para ofrecer una respuesta más eficaz frente a la delincuencia patrimonial profesional y la multireincidencia delictiva, basada en los siguientes ejes:
a. Contemplar específicamente los delitos en establecimientos abiertos al público como joyerías, comercios o almacenes.
b. Excluir el tipo atenuado de hurto cuando se trate de delincuencia profesional.
c. Contemplar como agravantes específicas el porte de armas o la actuación en grupo.
d. Tipificar específicamente los supuestos de especial intensidad criminal, como aquellos en que el delincuente se vale de butrones, túneles o de la práctica del alunizaje.
9. Desarrollar de manera urgente, en colaboración con las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, el Registro de Faltas previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de
responder con mayor eficacia al fenómeno de la multireincidencia delictiva.
10. Promover un amplio acuerdo político y social, con la participación de las Comunidades Autónomas y de los agentes sociales y económicos, para incrementar los valores de respeto y generar una mayor conciencia cívica en contra de la
violencia urbana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
173/000034
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno respecto de la continuidad de la actividad de la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, sobre la política del
Gobierno respecto de la continuidad de la actividad de la minería del carbón, y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras.
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reponer de forma prioritaria las partidas presupuestarias que se han eliminado para el mantenimiento de las ayudas a los costes de explotación de las empresas productoras, así como los programas de reactivación económica de las comarcas
mineras, en cumplimiento del acuerdo con los agentes sociales recogido en el Plan de la Minería del Carbón 2006-2012.
2. Convocar de manera inmediata la Mesa de Seguimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012, para establecer un mecanismo de diálogo con los representantes sindicales y empresariales que posibilite pactar una
solución que resuelva el conflicto actual.
3. Definir el papel del carbón nacional en el mix energético, teniendo en cuenta su contribución en el objetivo de seguridad de suministro y capacidad de potencia. Y elaborar un estudio sobre la viabilidad del mantenimiento de la
explotación del carbón autóctono más allá del 2018.
4. Poner en marcha un nuevo proceso negociador con los representantes sindicales y empresariales para elaborar un nuevo marco de referencia para la minería del carbón 2013-2018 en el que se establezcan las medidas necesarias para el
mantenimiento de la actividad extractiva y el impulso de nuevas iniciativas para el desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras.
5. Adoptar las gestiones oportunas ante las instituciones europeas para que se garantice la continuidad de la actividad de la minería del carbón en aquellas explotaciones que precisan del actual régimen de ayuda más allá de 2018.
6. Continuar impulsando en los programas presupuestarios la investigación sobre la captura y almacenamiento del C02, que minimice los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la combustión del carbón.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.