CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 133

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 8

celebrada el jueves,

21 de junio de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario general de Pesca (Domínguez Díaz):


- Para que explique la posición del Gobierno español respecto al reparto de cuotas pesqueras en la UE, especialmente en relación a las cuotas que le corresponden al Estado español. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/000006). ... (Página2)


- Para informar sobre la negociación del acuerdo pesquero con Gabón. A petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/000038). ... (Página2)

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- Urgente, para informar sobre la posición del Gobierno de España ante la reforma de la política pesquera común (PPC) y ante los mecanismos financieros que hasta ahora han permitido financiar los objetivos de esta política comunitaria. A
petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000064). ... (Página2)


Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy con la comparecencia del secretario General de Pesca, don Carlos Domínguez. Han solicitado la comparecencia tres grupos parlamentarios: el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo
Parlamentario Vasco, PNV, y el Grupo Parlamentario Socialista. Tal como se ha acordado en la Mesa a la hora de ordenar este debate, tiene en primer lugar la palabra el secretario General de Pesca y después, los grupos que han pedido la
comparecencia, por un tiempo máximo de diez minutos, que esta Presidencia arbitrará con la habitual flexibilidad que hemos venido otorgando aquí, y los demás grupos, los que no han solicitado la comparecencia, de menos a más, tendrán una
intervención por un tiempo de seis minutos y cerrará la comparecencia, para contestar todas aquellas cuestiones que se le hayan planteado, el secretario General. Sin más dilación, el secretario General de Pesca, don Carlos Domínguez, tiene la
palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA (Domínguez Díaz): Con su permiso, señor presidente, contestaré a las tres solicitudes planteadas de manera continua para acumular las tres respuestas. Siguiendo el orden de la convocatoria comenzaré
informando sobre la negociación del acuerdo pesquero Unión Europea-Gabón. El protocolo del acuerdo de colaboración en el sector de la pesca entre la República Gabonesa y la Comunidad Europea, reglamento (CE) número 450/2007, del Consejo, que ha
permitido a la flota europea pescar en aguas del país africano desde el 3 marzo 2006 hasta su expiración el 2 de diciembre de 2011, no ha podido hasta ahora renovarse, estando suspendida la actividad pesquera en el caladero gabonés desde esta última
fecha. Todos los intentos por conseguir poner en marcha un nuevo protocolo que evitase la parada obligatoria de la flota comunitaria en este caladero, a partir del pasado mes de diciembre, han resultado infructuosos debido principalmente a un
rechazo, de manera inflexible por parte de Gabón, a la inclusión de una cláusula de respeto a los derechos humanos, siguiendo el mandato recibido del Parlamento Europeo.


La primera ronda negociadora de renovación de este protocolo tuvo lugar en Bruselas, los días 14 y 15 julio del 2011, con tiempo para adelantarse a su expiración y a pesar de haber revisado y avanzado en algunas cuestiones de tipo técnico,
finalmente se tuvieron que suspender las negociaciones a causa de la negativa de la delegación de Gabón a aceptar la citada cláusula. En caso de incumplimiento de dicha cláusula se produciría la correspondiente suspensión de la contrapartida
financiera por la Unión Europea. Esta vinculación es la que resulta inadmisible para las autoridades gabonesas.


Una segunda ronda se celebró en Libreville, entre los días 12 y 14 de octubre, igual que la anterior terminó en bloqueo porque la parte gabonesa insistía en que el carácter comercial del acuerdo no daba lugar a la inclusión de ninguna
cláusula suspensiva como la invocada por la Unión Europea. Por último, una reunión oficiosa ha tenido lugar en la misma capital gabonesa más recientemente, entre los días 25 y 26 de abril, en la que los representantes de la Comisión Europea de
nuevo han intentado superar este escollo mediante el recurso a formulaciones más flexibles de la necesidad del respeto de los derechos humanos. Sin cuestionar su conveniencia o su necesidad, por lo menos para acudir a una formulación jurídica que
no resultara tan chocante para la parte gabonesa. Ha continuado el rechazo por parte de Gabón, por lo que la Comisión Europea ha planteado a la República Gabonesa que haga su formulación, que plantee su propia propuesta en este aspecto. Los 15
atuneros cerqueros y 13 palangreros de superficie que tienen posibilidad de pesca en estas aguas y que lo hacen, no continuamente, pero sí cuando la temporada lo propicia, que estaban faenando en el año 2011, han debido parar su actividad en este
caladero tan importante para nuestra flota. Siendo consciente de ello, el Gobierno ha aprovechado durante todos estos últimos meses, siempre que ha tenido la ocasión, para suscitar la importancia de este acuerdo ante la Comisión Europea e incluso
ha solicitado a la Comisión la posibilidad de suscribir una prórroga del protocolo mientras se continúa la negociación de su renovación. Esto hubiera permitido por lo menos el aprovechamiento de la temporada de pesca del año 2012, que
desgraciadamente ya está muy próxima a finalizar.


Lo único que podemos esperar a estas alturas del año 2012, y tal y como hemos conversado con el sector en estos últimos meses, es que ahora la Comisión Europea disponga de un cierto margen de maniobra durante el resto del año para garantizar
que en la temporada pesquera de 2013 los buques puedan volver al caladero. Continuaremos durante los próximos meses

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insistiendo ante la Comisión en la necesidad de encontrar una solución cuanto antes y, en otro caso, en opciones u otros caladeros de otros Estados costeros del Atlántico africano como alternativas para nuestra flota. Continuaremos poniendo
todo nuestro empeño en ello y aprovecharemos, como hasta ahora, cada una de las ocasiones que se nos presenten para instar a la Comisión. Todo ello en constante consulta con el sector interesado y con las comunidades autónomas más afectadas, cuyas
opiniones están siendo tenidas en cuenta para fijar nuestra posición.


Quisiera pasar, señor presidente, a informar del siguiente de los asuntos por los que se ha solicitado la comparecencia. En concreto sobre la posición del Gobierno ante la reforma de la política común de pesca y ante los mecanismos
financieros que hasta ahora han permitido financiar los objetivos de esta política comunitaria y que ahora también están sometidos a revisión. Adelanto, señor presidente, que por la naturaleza de la solicitud de comparecencia, la información será
ciertamente larga, espero resumir, pero quiero colmar con ello el interés de sus señorías.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, lo importante es que sea suficiente. Usted sabe que sus señorías tienen mucho interés en conocerlo.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA (Domínguez Díaz): Eso espero, que resulte suficiente.


Como sus señorías saben, a lo largo del segundo semestre de 2011, por no remontarme a antecedentes mucho más lejanos, y especialmente durante el primer semestre del año 2012, se han estado examinando, en los grupos de trabajo del Consejo,
las propuestas presentada por la Comisión sobre los reglamentos que constituyen la reforma de la política común de pesca: la nueva propuesta de reglamento base, el reglamento de la organización común de mercado y la propuesta del nuevo reglamento
sobre el fondo europeo marítimo y de la pesca. Al debate político de las distintas propuestas se han dedicado los consejos de ministros de 19 de marzo, 27 de abril y 14 de mayo, así como una reunión de directores generales o altas autoridades, en
mi caso el secretario General que les habla, el pasado 31 de mayo. Durante todo este proceso, a través de los consejos consultivos, previos a los consejos de ministros de pesca, hemos mantenido el contacto con las comunidades autónomas, a las que
se ha informado puntualmente, no solo de la posición española, sino también de las propias intervenciones que el señor ministro pensaba formular en los distintos consejos y se ha mantenido también contacto con el sector, con organizaciones no
gubernamentales y con organismos científicos para la preparación de las posiciones.


Paso a detallar un poco la situación actual de la reforma como consecuencia de la reunión del Consejo de Ministros, del pasado 12 junio en Luxemburgo, sobre la cual el señor ministro ya tuvo ocasión de informar más brevemente hace unos días.
En dicho consejo se ha alcanzado un principio de acuerdo político, denominado enfoque general, que supone la fijación de determinados acuerdos políticos en puntos concretos quedando otros aún abiertos para la discusión de detalles. No se trata
todavía de la aprobación de un texto jurídico reglamentario, sino más bien de un acuerdo general sobre aquellos puntos en los que se prevé que el Consejo pueda influir en la discusión del Parlamento Europeo que ahora mismo comienza. En general, el
Gobierno valora positivamente el acuerdo político alcanzado el 12 junio puesto que supone una clara mejora para España respecto de las propuestas iniciales de la Comisión Europea según los documentos que sus señorías ya conocen.


A partir de ahora voy a analizar los principales puntos aprobados en este enfoque general. En primer lugar, en relación con el rendimiento máximo sostenible, recogido en el artículo 2.2 de la propuesta, la Comisión Europea prescribía
alcanzar el objetivo en el año 2015, del rendimiento máximo sostenible de manera no matizada, y en el acuerdo propuesto por la Presidencia danesa se alcanzará en 2015, siempre y cuando sea posible -y sobre todo atendiendo a criterios de estabilidad
socioeconómica de la actividad- y, si no, como muy tarde en el año 2020. Esta era precisamente la propuesta de la delegación española consensuada con el sector y las comunidades autónomas. En el caso de que haya stocks compartidos con otros países
que puedan aplicar políticas menos rigurosas que las nuestras, habrá que alcanzar acuerdos con ellos para que se alcancen estos objetivos de manera conjunta. En lo relativo a las organizaciones regionales de pesca en las que participa la Unión
Europea también se promoverá alcanzar el objetivo del rendimiento máximo sostenible, de acuerdo con los demás miembros de dichas organizaciones. En las pesquerías multiespecíficas el rendimiento máximo sostenible habrá de alcanzarse conjugando los
distintos ritmos de recuperación de las distintas especies.


En cuanto a las reglas generales sobre acceso a las aguas, la propuesta de la Comisión mantenía el régimen diferenciado de 12 millas para acceso exclusivo a los nacionales del Estado miembro ribereño -algo que dada nuestra flota artesanal y
de bajura era evidentemente fundamental-, y así se ha mantenido en el acuerdo político propuesto por la Presidencia danesa. También se recogía en la propuesta de la Comisión la consolidación de un régimen diferenciado de acceso exclusivo de 100
millas para las regiones ultraperiféricas, como es el caso de Canarias en España. En este nuevo acuerdo político se mantiene también ese acceso a las 100 millas para regiones ultraperiféricas que se extiende ahora a otras regiones ultraperiféricas,
en este caso francesas, que se incorporan a la política común de pesca.


En cuanto a las medidas de conservación y gestión recogidas en los artículos 7 y 8 de la propuesta de la Comisión, hay que destacar que en el acuerdo político alcanzado se indica la obligación de adoptar medidas sobre la base de planes
multianuales, que es el instrumento fundamental de gestión pesquera en la nueva PCP,

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y que permite al sector planificar su actividad con un horizonte mucho mayor. Por otra parte, se ha insistido en la competencia del Consejo, estipulada en el artículo 43.3 del Tratado de la Unión Europea, de fijación de las posibilidades de
pesca con carácter exclusivo y no mediante el procedimiento de codecisión. Frente a las intenciones de algunos Estados miembros de prever la posibilidad de introducir medidas de protección del medio ambiente que pudieran afectar a la gestión
pesquera y hacerlo de manera unilateral, en el acuerdo político propuesto por la Presidencia danesa, todas esas medidas que puedan afectar a la pesca de los buques de otros Estados miembros de la Unión Europea habrán de pasar por el procedimiento
legislativo ordinario y no podrán ser simplemente objeto de decisión unilateral del Estado costero.


En cuanto al contenido de los planes plurianuales, fijados en los artículos 9 a 11 de la propuesta de la Comisión, en el acuerdo alcanzado no se varían los objetivos que deben incluir, entre otros, cuándo se alcanza el rendimiento máximo
sostenible, cómo se reducen o eliminan los descartes y cómo se introducen los mecanismos de regionalización. También se deben prever cómo se materializa el enfoque antes citado de que en el caso de que haya varias especies sometidas a medidas de
gestión se conjuguen los objetivos fijados para una u otra. El Gobierno valora positivamente este acuerdo respecto a las pesquerías mixtas, ya que de lo contrario las pesquerías multiespecíficas, que son objeto de la pesca de la flota española, y
de manera particular de la flota artesanal en el caladero nacional que dirige su pesca a la vez a muchas especies, no habrán de someterse necesariamente al ritmo de recuperación de la más lenta, lo cual podría llevar a un colapso de la actividad,
sino que se irán acompasando lentamente para que se vayan llevando conjuntamente a límites biológicos seguros.


Respecto a la prohibición de descartes, quizás es el punto principal de la reforma en cuanto al debate político y donde a priori España podría llegar a tener mayores dificultades, la propuesta de la Comisión europea establecía simplemente la
obligación de desembarcar todas las capturas de poblaciones sujetas a límites de capturas y a tallas mínimas en un calendario por etapas según los stocks. Para los pequeños y grandes pelágicos en 2014, es decir, un plazo muy breve; para especies
demersales, como bacalao, merluza y lenguado, en 2015 y para el resto de especies demersales y en el mediterráneo en 2016. En el acuerdo alcanzado en Luxemburgo se mantienen todavía abiertas a la discusión las fechas concretas a partir de las
cuales entraría en vigor esta obligación de desembarco. Ello porque la propia Presidencia y la Comisión Europea han reconocido que, si bien existe un acuerdo político entre todos los Estados miembros en cuanto al objetivo -obligación de desembarco
de las especies principales, de las especies sometidas a taquicuotas-, no ha habido aún un tiempo suficiente para desarrollar los mecanismos técnicos necesarios para que esa obligación de desembarque no suponga una ruptura de una actividad normal de
la flota pesquera. Hay un acuerdo político sobre el objetivo, quedan aún abiertos a discusión los métodos técnicos y las fechas en concreto. Por ahora lo que figura en la propuesta sería que a partir de 2014 se incluiría la obligación de
desembarco para los pequeños pelágicos, grandes pelágicos, pesquerías industriales y salmón en el Báltico. En el 2015 para las especies principales del mar del Norte, aguas del caladero noroccidental y sudoccidental y el resto comenzando en el año
2015 y terminando en el 2018. A partir del año 2016 para las especies demersales del Mediterráneo, para el mar Negro y para otras aguas de la Unión Europea y aguas internacionales. Se da un poco más de tiempo para encontrar estas soluciones
técnicas a la aplicación de la prohibición de los descartes. Las medidas detalladas deberán quedar incluidas en los planes plurianuales.


Se establece como excepción general a la obligación de desembarque aquellas especies cuya captura está prohibida por tratarse de especies protegidas, por ejemplo, el tiburón blanco o el tiburón peregrino y para aquellas en las que exista una
evidencia científica de que hay una alta tasa de supervivencia incluso después de su liberación. Esta obligación de desembarco incluye, como no puede ser de otro modo, una serie de elementos de flexibilidad. En primer lugar, hay una declaración
del Consejo en el sentido de que, puesto que se va a tener en cuenta la mortalidad causada por los descartes, habrá un incremento de las posibilidades de pesca, de los TAC, para facilitar esta introducción de la mortalidad causada por los
desembarques. También se conjuga esta declaración del Consejo con otra de la Comisión en la que precisamente se especifica que el objetivo de la obligación de desembarco o la prohibición de descarte no es la reducción de posibilidades de pesca de
los Estados miembros. Se establece una excepción general de mínimis del 5% del total anual de capturas en aquellos casos en los que sea muy difícil mejorar la selectividad o cuando esa mejora de selectividad tenga un coste desproporcionado o para
capturas que tengan fijadas tallas mínimas de referencia.


Por otra parte, se pueden deducir hasta un 10% de la cuota de la especie principal la captura de aquellas especies accesorias que entren en las capturas de la flota de manera menor o como especie acompañante. Esto supone un gran beneficio
para la flota española, que normalmente, y todos los años, tiene que acudir a lo que en la administración pesquera llamamos minicuotas para no tener que descartar todo aquello que no sea merluza, gallo o rape en el caso de las aguas occidentales del
Atlántico de la Unión Europea. Los Estados miembros deberán, por otra parte, intentar que la distribución de cuotas en su interior corresponda con la composición habitual de capturas de las distintas flotas para evitar precisamente que tengan que
descartar aquello para lo que no tengan cuota. Además se prevé con carácter general que los Estados miembros puedan pedir prestado o tomar parte de la cuota del año siguiente o pasar parte

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de la cuota del año en vigor al año siguiente hasta un 10% para los stocks sujetos a prohibición de descarte. No se aplicará en este caso ninguna penalización adicional, como sí sucede en cambio de acuerdo con el reglamento de control
actual. Durante un periodo transitorio, la Comisión, el Consejo y los Estados miembros estudiarán cuál es la evolución de las cuotas y de las capturas con el objetivo de prever, si es posible, intercambios permanentes de cuotas entre los Estados
miembros, de manera que ya no sea necesario recurrir a los descartes. Además del sistema indicado anteriormente, cuestión muy importante para España, la Comisión se ha comprometido a establecer un grupo de trabajo junto con los Estados miembros
para examinar y comparar las capturas que realizan a día de hoy con las cuotas que tienen y ver si es posible establecer cuotas de bycatch por parte del Consejo para cada stock, de manera que puedan ser utilizadas por los Estados que por carecer de
ella siguiendo la política actual tampoco pueden descartar. Esto es muy importante para la flota española porque, como sus señorías saben muy bien, carecemos de cuotas en muchísimas de las especies del caladero comunitario en el que faenamos.
Estos elementos de flexibilidad también son valorados de manera muy positiva por el Gobierno que, además, tiene que reconocer en este caso que la Comisión Europea, enfrentándose a la oposición de muchos Estados miembros, ha defendido la postura de
nuestro país, en el sentido de que la estabilidad relativa no puede suponer un obstáculo añadido e injusto a la participación española en el objetivo de reducir y eliminar los descartes, que son, en nuestra opinión, como en la de la propia Comisión
Europea, una práctica nociva por desperdiciar, por malgastar los escasos recursos pesqueros.


A continuación, paso a hablar sobre la distribución de las oportunidades de pesca, según el acuerdo político adoptado. En la propuesta de la Comisión se fijaba el modo de establecer las posibilidades de pesca, siguiendo el criterio de
estabilidad relativa, el tradicional. En el acuerdo político de la Presidencia se condiciona, además, una serie de objetivos, calendarios y márgenes, según los planes plurianuales, y se especifica que será el Consejo el que fije dichas
posibilidades. España insistirá, como lo ha hecho hasta ahora, en que se mantenga este equilibrio institucional y que sea el Consejo el que fije dichas posibilidades de pesca. Por tanto, nos felicitamos de la redacción actual del compromiso
político.


Por lo que se refiere a la regionalización, la propuesta de la Comisión Europea establecía inicialmente un marco de cooperación entre los Estados miembros que realmente se traducía en una nacionalización encubierta o potencial de la política
común de pesca. Según la posición de los Estados miembros, entre ellos España, el acuerdo político aprobado en el Consejo de junio lo que hace precisamente es adoptar un enfoque verdaderamente regional en el que, por una parte, se priman los
intereses de los Estados miembros involucrados en una pesquería, de manera preeminente, sin interferencias de otros Estados miembros de regiones distintas. Se insta la Comisión Europea a adoptar estas recomendaciones consensuadas entre los Estados
miembros de una región, por ejemplo, el Mediterráneo o el caladero del Cantábrico noroeste, junto con Francia y Portugal, sin necesidad de recurrir a un procedimiento legislativo que puede ser excesivamente largo y complicado. Sin embargo, esto
solo será posible si existe unanimidad entre dichos Estados miembros. En el caso de que no la haya, y para evitar que uno de ellos, que en ocasiones puede ser España, sea minorizado, habrá que acudir al procedimiento legislativo ordinario.


Las concesiones de pesca transferibles, que en la propuesta de la Comisión se establecían de manera obligatoria, en el acuerdo político han quedado con carácter voluntario y sin necesidad de distinguir ya, por tanto, entre flota pesquera
artesanal u otro tipo de flota, distinción que España había defendido de manera muy firme con la definición que sus señorías conocen, que, desde luego, no era la de 12 metros de eslora, como propugnaba la Comisión, sino la de 15 metros o mareas de
menos de veinticuatro horas. A este respecto, consideramos que es positivo que en el acuerdo político de junio la flota artesanal no esté incluida de manera obligatoria en esas concesiones de pesca. Además, no ha prosperado el intento de prohibir
la transferencia de concesiones de pesca entre Estados miembros, porque sigue siendo posible. En el acuerdo político se prevé que los buques que adopten este sistema de concesiones de pesca transferibles quedarán excluidos de los límites de
capacidad de flota que actualmente existen en el reglamento comunitario, lo cual da más flexibilidad; de hecho, en un sistema de concesiones de pesca transferibles para un segmento de flota determinado normalmente se suele producir un ajuste casi
espontáneo a los recursos disponibles.


Además de los consejos consultivos de acuicultura y del mar Negro previstos por la Comisión, el acuerdo político crea otro para las regiones ultraperiféricas que beneficiará a las islas Canarias y, además, no conjunto sino con tres zonas
separadas para evitar que haya una mayoría de Estados miembros que tienen una multiplicidad de regiones ultraperiféricas. Queda abierta la posibilidad de crear un consejo consultivo para las industrias de transformación de los productos de la
pesca, que en el caso de regiones como Galicia o Cantabria puede ser muy interesante.


En cuanto a la política externa, en el documento acordado se recogen, en línea con las conclusiones aprobadas por el Consejo de Ministros de marzo, las siguientes pautas. El documento no prejuzgará en ningún caso el acuerdo político, las
discusiones y las decisiones que se adopten con otros países en materia de negociaciones de política pesquera exterior. Es necesario que la Unión Europea asegure el cumplimiento de sus objetivos, también en el ámbito de las organizaciones
regionales de pesca; es necesario aumentar la coherencia entre la política común pesquera interna y la externa, también en

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el ámbito de las importaciones; hay que asegurar la participación de la flota comunitaria en el excedente de los recursos en los acuerdos con terceros países, evitando la discriminación con respecto a otras flotas; también que los terceros
países compartan información de la actividad de otras flotas en sus aguas. En particular, se insta expresamente a que la Comisión Europea, como he mencionado hace poco, evite la interrupción de la actividad pesquera al término de los distintos
acuerdos o protocolos mediante cláusulas de aplicación privada. Se incluye una referencia expresa al impulso de un entorno jurídico seguro y favorable a la inversión privada, algo que beneficia a nuestras empresas mixtas en el exterior. En
general, valoramos muy positivamente esta parte del reglamento base.


En cuanto a la organización común de mercado dentro de este reglamento base -puesto que el reglamento de la OCM forma parte de otra discusión distinta-, en el documento acordado se mantiene la obligación de cumplir los objetivos fijados en
el artículo 2 y el establecimiento de un marco comunitario de regulación del ecoetiquetado, cuestión que valoramos muy positivamente para que no quede exclusivamente en manos de los actores privados dicha regulación.


En relación con la acuicultura, en el acuerdo del pasado 12 de junio se incluyen las evaluaciones y los estudios de impacto, la elaboración de los planes plurianuales estratégicos y se indica el papel de la Comisión para coordinarlos y
facilitar el intercambio de información y de las mejores prácticas entre los Estados miembros en el ámbito de dichos planes plurianuales nacionales estratégicos. El Gobierno está decididamente por la labor de elaborar un plan estratégico nacional
-y en ello estamos ya-, lo que permitirá un desarrollo sostenible y armónico de esta actividad.


Paso ahora a los aspectos relativos a los mecanismos financieros de la política común de pesca dentro de la reforma. En relación con la propuesta del reglamento del Fondo europeo marítimo y pesquero, puedo informarles de que por ahora en el
grupo de trabajo del Consejo, que acaba de terminar en mayo, solo estamos en la fase de la primera revisión de la propuesta. El documento con las propuestas y las distintas observaciones de los Estados miembros está todavía en fase de realizar una
segunda revisión y servirá a la Presidencia para elaborar las propuestas de enmiendas que quizá terminen en un acuerdo político similar al que hemos examinado en el reglamento base. Por lo que se refiere a la tramitación que ha habido hasta ahora,
España ha expresado en los debates del Consejo, y de forma bilateral en la Comisión Europea, cuáles son los elementos fundamentales que deben configurar el próximo marco financiero. En nuestra opinión, el objetivo primordial del fondo debe ser el
apoyo equilibrado a los objetivos económicos, sociales y ambientales de la futura PCP. La prioridad clave que defendemos es la de garantizar la adaptación de la flota a la nueva política común de pesca, manteniendo aquellas medidas estructurales
que se han revelado eficaces, como las paralizaciones definitivas y temporales de la actividad pesquera, y que en la propuesta de la Comisión no aparecen. A modo de ejemplo diré que hemos defendido que estos instrumentos han permitido que la flota
española se reduzca, evidentemente por necesidades ajenas a nuestra voluntad, en un 59% en cuanto al número de barcos, en un 48% en términos de kilovatios o en un 30% en términos de GT desde el año 2000. Con ello respondemos a la acusación de la
Comisión Europea, en concreto de la comisaria, de que esta política de medidas estructurales no ha servido para la adaptación de la flota a los recursos, que es su objetivo. Ciertamente, de no haber dispuesto de estos mecanismos de financiación no
habría habido un ritmo de adaptación similar. La Comisión ya ha comenzado a reaccionar a la posición expresada por los Estados miembros y ha admitido la posibilidad de que se prolonguen las ayudas a los desguaces durante un período limitado, y
siempre sometido a este objetivo de adaptación de la flota a los recursos.


Debe reforzarse el protagonismo de la acuicultura y de las industrias de la comercialización y la transformación. Para conseguir dicho fin, debe revisarse la propuesta garantizando que la comercialización y la transformación tienen el mismo
apoyo que la acuicultura. También apostamos por un desarrollo local en las zonas dependientes de la pesca, pero priorizando el apoyo a la búsqueda de actividades económicas alternativas, dentro del propio sector pesquero, como, por ejemplo, en el
ámbito de la comercialización de los productos, el turismo pesquero o las actividades de colaboración medioambientales o científicas.


La nueva estructura de la Secretaría General de Pesca ha sido diseñada específicamente para aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo Fondo europeo marítimo y de la pesca en materia de medidas de control, de gobernanza y de obtención
de datos, incluyendo en la Dirección General de Ordenación Pesquera la autoridad de gestión del fondo en España, la responsabilidad sobre el control y la inspección. De este modo, en la misma unidad se gestionarán todos los fondos destinados a la
actividad pesquera, los fondos estructurales y los destinados al control y seguimiento de la política pesquera común, el llamado segundo instrumento.


Otro de los aspectos que hemos tratado extensamente en los consejos de pesca se refiere a los mecanismos financieros para potenciar la innovación, la sostenibilidad ambiental y la gobernanza de la PCP. En nuestra opinión, en respuesta a
esta cuestión, el próximo fondo debe aunar la gestión simplificada de la flexibilidad y la concreción en la definición de los conceptos. La propuesta presentada por la Comisión adolece por ahora de ambigüedad y de un excesivo recurso a un
desarrollo mediante actos delegados. Planteamos que sea el programa operativo nacional el instrumento que sirva para garantizar la flexibilidad en la adaptación de las medidas propuestas a la realidad de cada Estado miembro y asegure la concreción
de las actuaciones que deben llevarse

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a cabo. La comisión debe comprometerse durante el próximo periodo a asegurar la visibilidad y la transparencia de las medidas que se lleven a cabo con los Estados miembros, promoviendo el intercambio de experiencias, la divulgación y la
constitución de redes. Consideramos, igualmente, que ante la falta de simplificación real de los mecanismos de gestión propuestos por la Comisión, la única alternativa eficaz es la aplicación del principio de subsidiaridad en la gestión de este
instrumento y no una microgestión desde el nivel de la Comisión Europea.


En relación con la optimización de los recursos para garantizar el crecimiento, la creación de empleo y la cohesión social en las zonas dependientes de la pesca, apoyamos la propuesta de reglamento en cuanto a la importancia que deben jugar
las áreas dependientes de la pesca y a la necesidad, ya prevista en el reglamento, de establecer sinergias con otros fondos europeos. Mantenemos, no obstante, una postura firme relativa a la necesidad de que los fondos del FEMP incidan directamente
en el sector pesquero y promuevan de modo prioritario la diversificación, como he dicho antes, dentro del propio sector. En este sentido, las acciones dirigidas a la sostenibilidad pesquera, promoviendo la diversificación, ya se están llevando a
cabo en estos últimos años en nuestras zonas costeras por distintos grupos de acción local de pesca, algunos de los cuales han sido designados por la Comisión Europea como ejemplo de buenas prácticas, dirigidas a iniciativas de turismo, medio
ambiente y otros servicios. Mencionaré como ejemplo las puestas en marcha por Mar de Silleiro, con el grupo de acción costera de ría de Vigo y La Guardia, el grupo de acción costera de Costa da Morte, o en Andalucía la iniciativa del grupo de
desarrollo pesquero CostaLuz en Punta Umbría, en Huelva, con el centro de cultivo acuícola de Salinas del Astur. En definitiva, debemos promover actuaciones hacia otros sectores cuando los recursos no permitan otra cosa; pero debemos reconocer que
en las zonas muy dependientes de la pesca es más difícil realizar este tipo de proyectos de diversificación dentro del mismo sector pesquero, como los proyectos que acabo de mencionar.


En el Consejo de pesca celebrado en el mes de abril tuvo lugar un debate muy interesante sobre la dimensión social de la PCP, que es uno de los ejes en los que se ha basado la posición española desde el inicio de su elaboración, ya en años
anteriores. La posición de la Comisión a este respecto se fundamenta en que la sostenibilidad social constituye uno de los objetivos principales de la nueva PCP, materializada en distintos objetivos a medio y largo plazo, como el revertir la
disminución del empleo en el sector extractivo allí donde se esté produciendo; aumentar su atractivo, transformándolo en una fuente de empleo estable, sobre todo estable; asegurar la viabilidad de las zonas costeras; facilitar la transición hacia
una pesca más sostenible a largo plazo y desbloquear el potencial de la acuicultura para permitir su expansión y crear nuevos empleos. Sin embargo, cuando examinamos el paquete legislativo vemos que el desarrollo medioambientalmente sostenible y la
diversificación de las actividades pesqueras hacia otros sectores productivos parece que tienen más peso que el desarrollo del propio sector pesquero. Creemos que en las actuales circunstancias económicas la apuesta de la Comisión es excesivamente
arriesgada y no tiene en cuenta las dificultades de financiación del sector pesquero. Por ello, defendemos que hay que contemplar una política social que aborde las necesidades de empleo y bienestar no solo a medio y largo sino también a corto
plazo, puesto que detrás de cada armador, de cada empresa de comercialización, de transformación o acuícola hay trabajadores que tienen que ser tenidos en cuenta ante cualquier cambio relevante de las reglas de juego. Igualmente es necesario
contemplar la posibilidad de apoyar las medidas de transformación que hoy en día están restringidas a las especies con escaso o nulo interés comercial, a los subproductos y a los productos procedentes de la acuicultura ecológica. En este sentido,
podrían establecerse ayudas específicas para las micro y pequeñas empresas del sector pesquero. Dentro de ello, el futuro del sector extractivo pasa por mejorar las condiciones de comercialización de los productos, con una apuesta por la calidad y
la transparencia, sin ninguna restricción adicional, que es donde las empresas comunitarias pueden tener mayores ventajas frente a la competencia de otros Estados. Para alcanzar la viabilidad de las comunidades pesqueras y la pesca costera
artesanal, repito, las de eslora inferior a 15 metros o que realizan mareas de menos de veinticuatro horas, es necesario que se flexibilicen las posibilidades de inversión en las empresas del sector. Estas inversiones deben estar destinadas a la
creación de empleo y a la mejora de las condiciones de trabajo, muy importante en este sector de la flota artesanal, y a garantizar, además, la explotación sostenible de los recursos, introduciendo innovación tecnológica en materia de selectividad.
Es imprescindible, además, que se establezcan medidas de apoyo para los jóvenes pescadores que quieren acceder al sector como relevo generacional.


Otro aspecto muy importante que quiero destacar se refiere a los criterios de distribución de los fondos entre los Estados miembros, aún poco definidos. Durante los debates previos en el Consejo no solo se ha planteado la necesidad de una
mayor claridad sino también la modificación, y de hecho España, de acuerdo con las comunidades autónomas, ha propuesto incluir entre los criterios el tamaño de la flota y el destino de las capturas. En el Consejo planteamos que la aspiración de
España es obtener unas cuantías de entre 1.700 y 1.800 millones de euros, lo que supone mantenernos en los mismos niveles de participación que en el actual periodo, es decir, un 26% aproximadamente. En relación con el presupuesto, sostenemos que
debe continuarse con las ayudas al almacenamiento durante todo el periodo de programación con una intensidad del 2%, sin que sea decreciente durante el periodo, como se prevé actualmente.

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Para mantener la competitividad de las islas Canarias, también hemos propuesto la duplicación de la asignación prevista de 5,8 a 11,6 millones de euros por año. Todos estos incrementos de presupuesto deben compensarse con la reducción del
que la propia Comisión europea se reserva para su uso directo y que asciende a 1.047 millones de euros.


Para concluir, les diré simplemente, señorías, que en el Consejo de pesca del 12 junio la Presidencia danesa presentó el estado de las discusiones, tal y como se encuentran ahora. En el debate, que estuvo centrado en el reglamento base,
simplemente señalamos tres aspectos que para nosotros eran de máxima importancia. En primer lugar, dar mayor apoyo a las industrias de comercialización y transformación; en segundo lugar, que no olvidemos a la pesca costera y artesanal, que es la
gran necesitada de apoyo en esta gran transformación de la política común de pesca que se nos avecina y que, por tanto, debe ser ayudada para atravesar este Rubicón; en tercer lugar, mantener las medidas excepcionales para hacer frente a
situaciones de crisis tanto ambientales como económicas, que la Comisión Europea por el momento no prevé.


Con esto termino esta exposición sobre el estado de la reforma de la política pesquera común. Si le parece bien, señor Presidente, puedo pasar a la tercera solicitud de comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Sí, señor secretario general, puede continuar con la tercera comparecencia.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA (Domínguez Díaz): Esta petición de comparecencia se refiere a la posición del Gobierno respecto al reparto de cuotas pesqueras en la Unión Europea, en particular a las cuotas que le corresponden a
España. Uno de los elementos principales, no hace falta que se lo recuerde a sus señorías, de la actual política pesquera común es la gestión de los recursos pesqueros de las especies comerciales principales mediante totales admisibles de capturas,
TAC, y su reparto entre los Estados miembros a través de cuotas de desembarque. Este reparto se realiza desde el nacimiento de la política pesquera común, en el año 1983, teniendo en cuenta un equilibrio entre las capturas históricas de cada Estado
miembro en aquel momento, lo que ha venido en llamarse el criterio de estabilidad relativo. Al integrarse España en la entonces Comunidad Económica Europea, en el año 1986, se le asignaron cuotas de diferentes especies que no se correspondían con
el patrón de explotación de sus principales pesquerías. Las cuotas que se asignaron a la flota española en el momento de admisión fueron manifiestamente insuficientes. Como ejemplo cabe indicar que en las pesquerías de merluza norte que realiza la
flota española en aguas comunitarias, se asignó a esta especie una cuota muy injusta, así como también otra claramente insuficiente de rape y gallo, ambas pesquerías asociadas a la merluza; ninguna cuota de ninguna otra especie acompañante. Esto
ha propiciado que desde entonces España haya tenido que realizar cada año intercambios de cuota de otras especies con otros Estados miembros con el objetivo de cubrir mínimamente las necesidades de su cuota principal. Aun así, el desequilibrio
entre lo asignado a España en la adhesión y la composición habitual de las capturas de nuestra flota, sobre todo en aguas comunitarias de otros Estados miembros, sigue siendo considerable y a día de hoy es la principal fuente de descartes de
nuestros buques; descartes que ahora la Comunidad Europea con tanto ahínco pretende reducir o eliminar. Sin embargo, no es esta toda la realidad de la distribución de las cuotas en la Unión Europea. En los stocks distribuidos mediante cuotas con
posterioridad a la adhesión, España ha logrado una utilización del principio de estabilidad relativa en beneficio propio, destacando el alto porcentaje que nos corresponde en especies como el atún rojo, el pez espada o el fletán negro. Dejando a un
lado la idoneidad de las cuotas de pesca como sistemas de gestión pesquera y recordando, una vez más, que para España el sistema ideal es el de gestión por esfuerzo por su fácil control y por un ajuste más rápido al estado de los recursos, el
Gobierno continuará la línea tradicional española en defensa de un incremento de las posibilidades de pesca en nuestra flota por todas las vías posibles.


Las consecuencias del criterio de estabilidad relativa han sido denunciadas por España de manera reiterada desde su adhesión, sin que hayamos podido recabar, desgraciadamente, otra cosa que la oposición de la práctica totalidad de los
Estados miembros, incluidos los que se han adherido posteriormente. Estos se encuentran con un elemento de negociación permanente, con la necesidad de una determinada flota europea, la española, de llegar a acuerdos constantemente, dándose el caso
de que mientras la flota española debe descartar especies capturadas, algunos Estados miembros no alcanzan a consumir la que les corresponde de las mismas especies. En conclusión, no es realista esperar, al menos a corto plazo, que el Consejo de la
Unión Europea modifique todos los repartos de TAC y cuotas de la Unión, ni siquiera en el marco del actual ejercicio de reforma de la PCP, al menos a día de hoy. La siguiente vía de mejora de las posibilidades de pesca signadas española Unión
Europea ha sido ya ampliamente utilizada por nuestras empresas y consiste en la inversión directa en buques de otros Estados miembros que sí tienen posibilidad de acceso a las cuotas de dicho Estado. En esta línea, las empresas españolas han sabido
superar, con el apoyo del Gobierno, a lo largo de todos estos años, los obstáculos jurídicos planteados por otros Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.


Paso ahora a examinar vías de actuación futura que permitan, dentro del proceso de reforma de la PCP, superar las limitaciones de la estabilidad relativa. Quisiera mencionar, en primer lugar, el papel que pueden jugar las concesiones de
pesca transferibles entre empresas de distintos Estados miembros. La Comisión

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Europea planteaba en sus propuestas de reglamento base, en el artículo 31.2, la posibilidad de transferencia que acabo de mencionar, si bien con un carácter voluntario y supeditado a la autorización del Estado de pabellón de los titulares de
las concesiones de pesca transferibles. Esto supone un primer paso hacia la internacionalización del comercio de CPT propugnado por el sector pesquero español. En el recientemente aprobado enfoque general de la Presidencia danesa desaparece el
carácter obligatorio de las CPT, pero se menciona su posible utilización como mecanismo de gestión interna de las cuotas de un Estado miembro y no se restringe la posibilidad de transferencia entre los mismos. El Gobierno está convencido de que
cualquier barrera interpuesta por un Estado a transacciones comerciales sobre CPT entre empresas de distinto Estado miembro sería contraria al derecho comunitario y, muy posiblemente, declarada nula por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Desde luego, en tal supuesto nos comprometemos a presentar el recurso pertinente si se aprueban las propuestas comunitarias en el sentido antes citado. La mayor fuente de flexibilización de la estabilidad relativa la puede llegar a constituir la
futura regulación sobre la obligación de desembarques de captura o, si se prefiere, la prohibición de descartar especies sometidas a TAC y cuotas, en primer lugar, por el aumento generalizado de los TAC, a lo que antes me he referido, que aunque se
repartirán de acuerdo con la vigente estabilidad relativa sí permitirán más fáciles intercambios de cuota entre Estados miembros, lo que beneficia a España; en segundo lugar, como he dicho, se puede utilizar hasta un 10% de la cuota de una de las
especies objetivo para transformarlo en cuota de otras especies que no teníamos hasta ahora sin recurrir a los difíciles intercambios con nuestros socios comunitarios; en tercer lugar, la propuesta de compromiso de la Presidencia prevé que la
Comisión trabaje a partir de ahora, desde el punto de vista técnico, con los Estados miembros comparando sus capturas reales y las cuotas de las que disponen para ver dónde están los desequilibrios y ponerle remedio. Por último, dentro de la
filosofía manifestada por la Comisión, según la cual la prohibición de los descartes no persigue la reducción de posibilidades de pesca de los Estados miembros, se examinará en el mismo contexto de trabajo el posible establecimiento de cuotas de
bycatch para aquellos Estados que no dispongan de cuota suficiente para las capturas que realicen. Queda pues, señorías, un trabajo técnico que apenas comienza ahora y en el que el Gobierno continuará defendiendo que, en beneficio del medio
ambiente y de la consecución del máximo rendimiento sostenible de cada pesquería, las cuotas españolas se adapten a aquello que nuestra flota es capaz de capturar.


Una fuente distinta de problemas para conseguir la adecuación de las cuotas españolas al estado de los recursos y al mejor aprovechamiento deriva de la falta de datos científicos y administrativos respecto de las pesquerías que más nos
interesan. Debemos asumir de una vez por todas que la aportación de datos concretos y fiables sobre nuestra actividad pesquera no entraña sino beneficios y de ello hemos de ser conscientes tanto los distintos niveles de las administraciones
competentes en pesca marítima como el propio sector pesquero extractivo. Tenemos aún a día de hoy algunas lagunas que debemos colmar y de las que dependen pesquerías muy importantes para nosotros, en especial en nuestro caladero nacional. El
Gobierno ha acometido, como anunció el señor ministro en su comparecencia inicial de la legislatura, un trabajo completo de evaluación y revisión de la gestión del caladero nacional que debe llevarnos a una negociación con la Comisión Europea sobre
mejores bases que las empleadas hasta ahora. También así se puede luchar contra la injusticia tantas veces denunciada por el sector pesquero de disponer de cuotas insuficientes para nuestra flota de bajura.


Por último, pero no por ello menos importante, la base de la defensa de un mejor reparto de las posibilidades de pesca en la Unión Europea se cifra en la credibilidad de España como Estado miembro que cumple con todas las obligaciones
derivadas de la normativa pesquera comunitaria. España partía en esta legislatura, señorías, con un claro déficit en este aspecto frente a las instituciones comunitarias. En los cinco meses transcurridos hemos logrado revertir la situación en los
puntos más urgentes. Hemos acordado con la Comisión Europea un plan de acción para la mejora del control de la actividad pesquera en España, que nos concede dos años para el cumplimiento de obligaciones comunitarias que en muchos casos ya deberían
estar aplicándose. Hemos puesto en marcha el diario electrónico de a bordo, que debería llevar ya mucho tiempo funcionando y que supone una fuente valiosísima de información para la evaluación científica de los recursos. Hemos obtenido de la
Comisión Europea una extensión del plazo límite para la aplicación de las nuevas normas sobre mallas en el Mediterráneo: seis meses adicionales. Hemos comenzado a recibir felicitaciones por el control efectuado en pesquerías, como el atún rojo o
la caballa, muy sensibles por la atención generada entre las organizaciones ecologistas o por haber sido ya objeto España de sanción comunitaria por sobrepesca. El control, señorías, no es un fin en sí mismo, sino uno de los instrumentos que nos
han de llevar a que la Comisión conozca mejor el estado real de los recursos y a que nuestro sector pesquero goce de credibilidad y de atención, cuando tan gráficamente afirma aquello de que hay tanta merluza en la mar que casi salta al barco. En
esa dirección continuaremos trabajando de la mano de las comunidades autónomas y en constante diálogo con el sector.


Por último, quiero hacer referencia a dos asuntos relacionados con el reparto de cuotas comunitarias que a España le corresponden. Las dificultades derivadas de la escasez de cuotas españolas se traducen necesariamente en la obligación de
una gestión responsable de su consumo entre los barcos que constituyen la flota española. Para atender los problemas suscitados, en particular en la flota de bajura, el Gobierno ha constituido grupos

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de trabajo del caladero nacional, que comenzaran a reunirse para examinar de modo inmediato el estado de los recursos según las últimas evaluaciones científicas y, posteriormente, las posibles mejoras al reparto actualmente vigente de
posibilidades de pesca entre las distintas fuerzas. Por otra parte, la gestión estricta de las cuotas españolas debe necesariamente ir acompañada de un control igualmente estricto y cuidadoso del cumplimiento de la normativa comunitaria por otros
Estados miembros. Para ello disponemos de una potente unidad de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada dentro de la Subdirección General de Control e Inspección, cuyos resultados comienzan a ser muy positivamente valorados por
el sector pesquero español. Nos encontramos además con problemas a la hora de fijar taxicuotas para los stocks para los que no se dispone de datos. A estos stocks debemos aplicarles el enfoque de precaución y unos TAC muy limitados, por lo cual se
hace necesario profundizar en su conocimiento. Es necesario que mediante una política de control de las actividades pesqueras y de los desembarques de las cuotas que corresponden a España y con una mayor participación en los foros científicos
internacionales se mejoren esos datos y se permitan evaluaciones de los mismos y fijación de TAC y cuotas sostenibles. Hay que lograr salir, señorías, de la incertidumbre en la que nos encontramos en materia de control y para ello, al inicio de la
presente legislatura, se ha creado un grupo de trabajo dentro de la conferencia sectorial que va a dar cabida a múltiples mejoras sobre este asunto de la mano de las comunidades autónomas.


Con esto completo, señor presidente, mi exposición sobre el reparto de cuotas pesqueras en la Unión Europea y las tres solicitudes de comparecencia previstas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra, en su turno como solicitante de la comparecencia, la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor secretario de Estado, quiero darle las gracias por su comparecencia y por esta exhaustiva explicación que nos ha dado tanto de las cuestiones relacionadas con el reglamento de la PCP, como con estos otros
asuntos que nos acaba de exponer.


Atendiendo a su intervención, sobre todo a su explicación sobre la negociación de la PCP dentro del Consejo Europeo, tenemos que manifestar una vez más nuestra impresión de que la Unión Europea se plantea el tema de la pesca como algo
anecdótico. Entendemos que para Europa pueda ser así, pero desde Galicia no lo podemos ver de esa manera, porque es una zona altamente dependiente de la pesca. La economía gallega, y por tanto una estructura social muy importante, está vinculada a
la pesca: pesca de altura, pesca de bajura, pesca artesanal, pero pesca en definitiva. Por tanto, muchas de las consideraciones que se hacen en el Consejo Europeo son incomprensibles para nosotros, en la medida en que parece que la Unión Europea
no comprende lo que representa la pesca para Galicia. No podemos entender que a día de hoy aún se siga con la dinámica de los derechos de pesca y que las cuotas se sigan repartiendo sobre la base de los derechos históricos o de la estabilidad
relativa, como la conocemos, que sigue siendo en Europa una cosa intocable. Lo acaba de decir usted, lo dijo el ministro el otro día y nosotros no lo podemos entender. Usted acaba de comentar -no es la primera vez- que hay Estados que no llegan a
pescar la cuota que tienen, mientras que el Estado español necesita más cuota. Esto puede llevar a situaciones tan dantescas como que en un sitio en el que sobran peces en la pesquería, como sucedió con la caballa el año pasado, se tengan que tirar
por la borda porque hay una restricción de pesca de la Unión Europea. En este caso, no es un problema de situación biológica del caladero, sino simplemente una cuestión de mercado y, ahí, una zona altamente dependiente de la pesca como Galicia no
tiene defensa en la Unión Europea, porque año tras año las cosas siguen siendo así. Usted no ha hecho ningún comentario al respecto, por lo que le pregunto concretamente sobre la posición del Gobierno en relación con la distribución de cuota que en
este momento se está discutiendo en Europa. Las noticias que nosotros tenemos vuelven a ser totalmente negativas. Vuelve a haber un recorte de cuotas en caladeros que están, desde el punto de vista biológico, recuperados -esta es la información
que tenemos- y, en cambio, se vuelve a castigar a la flota del Estado español, y por tanto a la gallega, con una reducción de cuotas que nos resulta incomprensible. Para nosotros estos son dos aspectos, el de las cuotas y el de la estabilidad
relativa, que el Gobierno debería estar defendiendo en la Unión Europea en este momento como cuando defiende, por ejemplo, los derechos relativos a otras cuestiones como el aceite o las naranjas, algo en lo que en su momento el Estado hizo mucho
hincapié, mientras que en el tema de la pesca no fue así.


Por otro lado, se habla de la diversificación en el sector pesquero como alternativa a estas restricciones de pesca que marca la Unión Europea, pero esto -usted mismo lo decía- en zonas dependientes de la pesca no tiene mucho sentido. Usted
ha dado ejemplos de proyectos turísticos en Galicia que me provocan un poco de sonrisa, porque en Galicia el tiempo turístico puede ser de dos meses malamente, por lo que comprenderá que no es una alternativa. Mientras usted hablaba, estaba
pensando en la diversificación que tuvo que hacer el sector de zonas costeras importantes cuando hubo el problema del caladero de Canarias, que fue irse a Canarias a trabajar en la construcción. Esa es la diversificación de la pesca que se puede
hacer en un país como el nuestro.


En relación con los fondos de la Unión Europea, ha comentado usted algo de lo que está defendiendo el Estado español, pero nos parece importante que en los paros biológicos y en los paros temporales de la flota

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por cualquier razón, como en este momento por la falta de acuerdos con Guinea Bissau, la Unión Europea no elimine estos fondos. Estamos hablando no solamente del perjuicio económico general a un sector, sino de las propias circunstancias de
los tripulantes de esas embarcaciones. La cuestión de los fondos europeos para los paros temporales y definitivos nos parece fundamental.


Otro tema, señor secretario general, es que seguimos sin entender cuál es la posición del Gobierno en relación con la flota artesanal. Nosotros seguimos defendiendo que en esta PCP se debería definir de una vez por todas la pesca artesanal
y tratar el tema dentro de la política común de pesca. Sabemos que no hay disposición en el Consejo de llevarlo a cabo, pero no sabemos cuál es la posición del Gobierno. Somos conscientes de que en el propio sector hay diferencias. Evidentemente,
no todos tienen la misma posición en relación con la flota artesanal, porque la propia costa es diversa y la flota artesanal también es diferente, pero el Gobierno debe tener una posición de acuerdo con la realidad de la flota artesanal y
defenderla, como también debería defender ante la Unión Europea que no fuera incluida en el mismo sistema de cuotas y TAC, como se está haciendo en este momento.


En cuanto a los descartes, entiendo que es un tema muy complejo, y aunque lo que se aprobó el otro día parece en principio positivo, lo es de forma muy relativa, en la medida en que es un pequeño logro. Nos gustaría saber, señor secretario
general, si dentro de la flexibilidad que se acordó de prolongar las fechas para la eliminación de los descartes, se habló de aquellas cuestiones que hacen verdaderamente interesante esa flexibilidad, es decir, que en ese tiempo haya una adaptación
de las artes de pesca de manera que el descarte sea por la propia arte de pesca y no porque se comercialice ni porque se tire al mar. Tenemos que avanzar en algo que el propio sector tiene planteado, que es una mejora de las artes de pesca de
manera que sean seleccionadoras de las diferentes especies en las pesquerías donde estén. No sabemos si en esa reunión se habló de esta cuestión.


Se han comentado aquí muchas cosas, pero las preguntas concretas eran: En relación con las cuotas que en este momento se están discutiendo en la Unión Europea, de acuerdo con lo que usted acaba de comentar, si se sigue manteniendo la
estabilidad relativa; en relación con los descartes, si tienen planteado el tema de las artes; en relación con los fondos, si hay posibilidades de llegar a acuerdos positivos y, concretamente -es una pregunta que no figuraba en la petición de
comparecencia, pero le agradecería que nos contestase-, la predisposición del Gobierno con la flota recientemente paralizada por el problema de Guinea Bissau.


Se me acaba el tiempo y el presidente me está mirando, pero han sido muchas cosas las que usted nos ha comentado y necesitaríamos mucho más tiempo, un tiempo también de reflexión, para analizar algunos aspectos que ha planteado. Para
finalizar, quiero hacerle más que una pregunta una petición. Sabemos que el Gobierno ha hecho llegar a los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo sus propuestas. Nos gustaría que nos hicieran llegar esas mismas propuestas, porque en este
momento no sabemos cuál es la posición concreta del Gobierno en relación con la tramitación que se está haciendo en el Parlamento, con las enmiendas o con las alegaciones al reglamento. Nos gustaría comprobar si muchas de las cosas que se aprobaron
en esta Comisión por unanimidad cuentan con el respaldo del Gobierno para ser defendidas. En todo caso, señor secretario general, en estas cuestiones que parece tan difícil que puedan ser entendidas en la Unión Europea, pedimos al Gobierno no
solamente rigor sino también esfuerzo y que sea completamente consciente de que en la Unión Europea la pesca, desde el punto de vista económico y social, tiene un peso muy pequeño, pero en el Estado español, concretamente en Galicia, cuando la flota
gallega es el 80% de la flota del Estado, no es una cosa anecdótica, porque la extracción supone el 6% de su PIB, pero en todo el tema pesquero, incluida la transformación, pasamos del 12% y hay momentos en los que llegamos al 15%. Comprenderá que
esto, en un momento de crisis como este, no es un tema baladí, es algo muy serio, de una seriedad que no vemos en la Unión Europea cuando se trata de estos temas. No estamos satisfechos con el papel que hace el Gobierno, y no solamente este
Gobierno, porque nuestra insatisfacción es con todos los Gobiernos que en el Estado español han tenido la obligación de defender los intereses pesqueros ante la Unión Europea a partir del momento en el que España se incorporó al Mercado Común. Eso
es así de claro. En este momento, vemos a este Gobierno en la misma posición que los anteriores.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, la estaba mirando porque estaba interviniendo, nada más.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Tapia.


La señora TAPIA OTAEGI: En primer lugar, quiero agradecer al secretario general su comparecencia y las amplias explicaciones que nos ha dado. También quiero disculparme, porque probablemente no podré esperar a su respuesta, porque me tengo
que marchar. Lamento decirlo. Leeré atentamente su respuesta.


Voy a hacer referencia en primer lugar al motivo de nuestra solicitud de comparecencia, que es el acuerdo con Gabón. Por sus explicaciones entiendo que va a ser imposible lograr ningún tipo de acuerdo, aunque sea transitorio, para todos
esos atuneros que faenan en las aguas de Gabón principalmente en verano. Nos ha comentado que la primera ronda se inició el año pasado en julio y va a ser un año, por lo que las conversaciones se están llevando a cabo en este momento con el objeto
de que fructifiquen para verano de 2013. Nos gustaría saber si, en el caso de que las conversaciones vayan lentas o se bloqueen, va a haber algún tipo de alternativa,

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porque ya son dos veranos seguidos en los que todos esos pesqueros no pueden acudir a faenar a esas aguas, lo que va a suponer un problema bastante importante. Nos gustaría saber si están barajando alternativas y si sería posible buscar
algún tipo de acuerdo para este año aunque fuera transitorio.


Por lo que se refiere a la Política Común Pesquera, me gustaría ahondar un poco en la pesca costera y artesanal. Al final de sus explicaciones ha dicho usted que hay que favorecer ese sector de pesca artesanal y costera. Estamos totalmente
de acuerdo, tanto por su valor económico, en lo que se refiere al tejido laboral y empresarial, porque normalmente son pymes, empresas familiares, cofradías y cooperativas, como por su valor social, en cuanto a la cohesión de los municipios costeros
y al equilibrio territorial que suponen. Estamos totalmente de acuerdo en esto. En lo que no estamos tan de acuerdo es en cómo definen ustedes la pesca artesanal y costera. Hacen ustedes referencia a la eslora. ¿Por qué 15 metros? ¿Por qué no
12? Estamos más de acuerdo en que la definición esté más ligada al tipo de productos o al tipo de artes que se utilizan o al tiempo -esas mareas de veinticuatro horas- o al entorno en el que se realiza la actividad. Debemos alejarnos un poco del
tamaño del barco y ligarla más a cómo se realiza esa actividad, en cuanto a tiempo y tipo de empresas, para desligarla de la pesca más industrial, más de grandes empresas. Ahí es donde, a nuestro juicio deberíamos hacer hincapié, porque esas pymes
de pesca son realmente importantes en los ámbitos en los que nos movemos.


En ese sentido, me gustaría hacer referencia a la importancia de introducir aspectos de innovación tecnológica en toda esa pesca, porque puede ser algo que dé valor añadido a nuestros pesqueros. También debemos reconocer el papel que las
mujeres tienen en todo ese ámbito, sobre todo en pequeños municipios y en la pesca artesanal y costera, no tanto en la industrial. Hay que reconocer su trabajo, porque muchas veces se nos olvida que sin ellas no podría continuar esa actividad. No
voy a ahondar más en ese aspecto.


Por último, para no agotar el tiempo, ha dicho usted al final de su comparecencia, cuando hablaba de las cuotas, que ha constituido un grupo de trabajo para su estudio. Nos gustaría que no se hiciera nada en relación con las cuotas sin
tener en cuenta cómo se encuentran esas pesquerías y sin contar con todas esas personas que faenan en bajura, artesanal, costera o como se quiera denominar, cofradías, cooperativas y todo ese ámbito; que no se haga sin ellos, porque ellos tienen
mucho que decir. Y desde luego, pedimos que se haga un especial hincapié en todas esas pescas que vamos a denominar ilegales o en esos buques-empresas que están inmersos en ciertos problemas con la Unión Europea. Tenemos que hacer frente a esos
aspectos, porque redundan también en la cuota y en nuestro papel y nuestra imagen en Europa.


El señor PRESIDENTE: Para defender la petición de comparecencia formulada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Señor secretario general, comparece usted esta tarde con una acumulación de comparecencias en las que los diferentes grupos hemos planteado cuestiones diversas. Yo, si me permite, me voy a centrar en el proceso de
reforma de la política pesquera común, que era el objeto de la comparecencia que solicitó el Grupo Socialista. Además, creo que todas las cuestiones están íntimamente relacionadas con este procedimiento de reforma de la política pesquera común.


Antes de entrar en contenidos, quiero hacerle dos consideraciones previas. Por un lado, quiero decirle que compartimos la necesidad del consenso, del acuerdo político en una materia como esta. Mi partido y mi grupo parlamentario no se
cansan de demostrárselo, pero eso no quiere decir que vayamos a convertirnos en los invitados y las invitadas de piedra en una fiesta en la que ustedes solos pescan, guisan y comen. Me quiero explicar. La posición de España ha de ser consensuada
ante las instituciones europeas, por supuesto, pero consensuada quiere decir acordada, quiere decir pactada, quiere decir debatida por el mayor número de personas, por el mayor número de grupos parlamentarios, y a día de hoy mi grupo parlamentario
no ha recibido ni un papel, ni una llamada, ni una petición de reunión, absolutamente nada. Es verdad que en el Senado se creó un grupo de trabajo que llegó a unas conclusiones de una manera además bastante fácil, sin ningún problema. En otros
parlamentos autonómicos, por ejemplo en el de mi tierra, Galicia, aunque no ha habido consenso en el documento final, se ha trabajado desde el Gobierno con los grupos parlamentarios en un tema tan importante como este. Aquí nada, ni una llamada a
la portavoz de pesca -que no soy yo, yo soy la viceportavoz-, ni una llamada durante este tiempo ante un proceso tan potente como el que tenemos por delante y que tenemos que negociar. Quiero dejar esto bien claro, porque así no se logran los
consensos. Es verdad que en este tema hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Nos unen muchas cosas como país, nos unen muchas cosas como sector y como espacio común europeo. Esto es absolutamente obvio, pero el camino no es este.
Quiero dejarlo claro hoy para que después no vengan diciendo, en caso de que haya un acuerdo, y ojalá lo haya, que ha sido fruto del diálogo. Tampoco lo que ahora está sobre la mesa es tan bueno. Creo que usted lo puede compartir también. No todo
lo que está hoy planteado para esta reforma tan importantes de cara al futuro es tan bueno. Se han conseguido cosas, pero, punto uno, no están los objetivos que necesita y pide el sector de este país y, punto dos, el partido no ha terminado. El
trabajo conjunto y ese consenso al que vuelvo a apelar hoy son fundamentales. Es curioso que se lo esté pidiendo la oposición y que no sea el Gobierno el que esté pidiendo en este momento consenso y apoyo y haciendo gestos a

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los partidos de la oposición, que además se lo están ofreciendo. No he sido yo la única; me alegro de que la señora Fernández Davila haya hecho también una reflexión sobre esta cuestión.


Otro aspecto que quiero señalar y que hay que tener en cuenta en este proceso de reforma es que, aunque buscamos una reglamentación única en relación con la pesca para todos los Estados que integran la Unión, si esta reforma quiere resultar
eficaz y útil, la normativa común debe respetar la pluralidad de formas de organización de todo el sector que existe en Europa. Usted ha hecho alguna referencia a esta cuestión. Poco tienen que ver, por citar algún ejemplo y un ejemplo nacional,
las pequeñas flotas artesanales con la flota de altura, con la flota de bajura o con las que operan a miles de kilómetros de su puerto de origen. No son lo mismo y por tanto no tienen las mismas necesidades y hay que tratarlas de forma
diferenciada. Al hilo de lo que han planteado algunas compañeras, quiero preguntarle si piensan defender un trato específico para la pesca costera y artesanal y, por cierto, si van a hacer algo ante la ausencia clamorosa del marisqueo a pie -la
representante del Grupo Vasco hacía referencia al papel de las mujeres en la pesca- practicado en la Comunidad Autónoma de Galicia por mujeres casi en su totalidad y que está absolutamente ausente dentro de esta política. Nos parece una ausencia
clamorosa. No podemos olvidar tampoco que la política pesquera común en muchas ocasiones no solo contribuye a mantener una actividad económica, una industria, sino también una forma de vida -y vuelvo a enlazar con la importancia de la pesca
artesanal- que consideramos deseable preservar. En este punto me quiero referir a la pesca artesanal como un elemento que debe estar dotado de un tratamiento específico, porque presenta notas peculiares que indudablemente la diferencian del resto.


Paso ahora a otras cuestiones. El consumo del pescado y productos derivados ha experimentado y sigue experimentando un notable incremento en el espacio europeo. De hecho, la FAO considera que el consumo mundial va a seguir aumentando en
los próximos años. Esta situación ha llevado a una sobreexplotación de los caladeros, es verdad. Es sabido que en torno al 80% de las pesquerías están sobreexplotadas en el Mediterráneo y en torno al 60% en el Atlántico. Por tanto, corremos el
riesgo de mantener unas flotas sobredimensionadas que no tengan caladeros donde pescar. Esta es una de las razones por las que tenemos que ver el fenómeno de la pesca desde un punto de vista global, que integre no solo una perspectiva económica,
sino también social y medioambiental.


En relación con el rendimiento máximo sostenible -usted ha hablado sobre esta cuestión-, que estableció Naciones Unidas en el año 2002 en la Cumbre de Desarrollo Sostenible -justamente hoy se están debatiendo documentos importantes en
Río+20-, el límite se fijó en el 2015. Este tema lo hemos debatido en esta Comisión. Se ha debatido una proposición no de ley y los grupos hemos expresado nuestra opinión. Tenemos que seguir fijándonos el objetivo, no nos confundamos. Desde el
Grupo Parlamentario Socialista estamos a favor del rendimiento máximo sostenible. Estamos a favor de que se ponga una fecha, que nos manejemos con fechas. Es verdad que no podemos apostar para que en el 2015 este tema esté resuelto, porque es
imposible, según los datos técnicos y los informes que tenemos. Me imagino que igual que los que tienen ustedes. Tenemos que entender que esta intención es absolutamente loable. En ningún momento debemos perderla de vista, pero entendemos que
debería resultar más realista fijar objetivos de seguridad biológica inmediata para aquellas especies que se encuentran en peligro real, ahora mismo ya, y establecer plazos más flexibles para las demás en función de diversos parámetros. Con esto
mantenemos el objetivo final claro, sin afectar de manera irreversible a la flota pesquera. Le pido que haga una reflexión al respecto después, si tiene tiempo.


Por ir apurando, y en relación con los descartes, el objetivo también lo tenemos claro. Se trata de eliminar una práctica medioambientalmente perversa y económicamente ruinosa, pero debemos ir hacia ese objetivo de forma progresiva,
teniendo en cuenta el contexto regional y las prácticas y problemas específicos de cada pesquería. Los descartes no son solo especies que carecen de valor comercial y que se desechan. En el caso de una parte de nuestra flota, de la flota del
norte, de la flota de Galicia, los descartes son sobre todo por agotamiento de la cuota concedida en determinadas especies de alto valor comercial, como la caballa, la merluza, el jurel, y que no pueden desembarcarse. Este tema tampoco lo podemos
obviar, porque también hay este tipo de descartes. Mientras no se adecuen las cuotas a la realidad pesquera española seguiremos teniendo ese problema más allá de cualquier meta temporal que se acuerde.


Respecto a las cuotas, quiero recordar también algunos datos. La señora Fernández Davila ha hecho referencia a algunos de ellos. Es verdad que el sector pesquero, incluida la acuicultura, genera en Europa unos ingresos anuales de más de
34.000 millones de euros y crea entorno a 350.000 puestos de trabajo. Es muchísimo. No solo los puestos de trabajo que directamente genera la pesca, sino que estamos hablando de puestos indirectos en el procesamiento y la comercialización del
producto. Es verdad que se concentra de forma especial en determinadas regiones. Nuestro país, España, es una de esas zonas. La señora Fernández Davila ha hecho referencia también a esta cuestión. España es el país que mayor flota pesquera tiene
de la Unión Europea, y dentro de la misma indudablemente Galicia, y es uno de los países que más empleo genera en este ámbito. Sin embargo, esto, sobre todo con determinadas especies, no se corresponde con las cuotas que tenemos asignadas. Hay un
ejemplo clamoroso. España tiene el 24% de la flota pesquera europea, pero solo dispone del 7% de cuota. Sin embargo, Dinamarca tiene el 4% de la flota europea y dispone del 23% de cuota. No deja de resultar paradójico

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y es un tema tremendamente importante. Solo en España hay 35.844 personas -es el último dato al que hemos tenido acceso- trabajando en el sector de la pesca. Esto quiere decir que son 23 veces más personas que en Dinamarca que tiene más
cuota.


La Comisión autorizó para el 2012 un total admisible de capturas de 3,08 millones de toneladas repartidas en 195 áreas de pesca. En 105 de estas áreas de pesca no hay datos científicos que nos digan el estado real del caladero ni el estado
de las especies. ¿Qué significa esto? Que habrá un porcentaje de cuota para la pesca accidental. Esto es lo que le queremos preguntar: ¿Se detraerá de la cuota adjudicada a cada especie y país? ¿Habrá un incremento de cuota que cubra esta
contingencia? Esto es una cuestión importante. Nos parece bien la reforma de la organización común de mercados de pesca. Hay que apostar por la innovación y el desarrollo. Aquí también se ha hablado de ello. Hay que tener en cuenta la dimensión
exterior de la política pesquera común e impulsar la firma o renegociación de los acuerdos pesqueros de la Unión Europea con terceros países, desde luego que es imprescindible.


Termino con una cuestión importante, más allá de lo que también se ha dicho sobre la financiación y sobre esta negociación en la reforma del nuevo fondo de pesca, le quiero hacer dos pequeñas reflexiones. Una, el Parlamento de Galicia
aprobó un documento que fija la posición de mi comunidad autónoma sobre la reforma de la política común de pesca y entre los puntos destacados está la revisión del mal llamado principio de estabilidad relativa. Aquí la señora Fernández Davila ha
hecho referencia también a esta cuestión. El propio presidente del Partido Popular, que comparte color político con este Gobierno de España, manifestó públicamente que la Xunta de Galicia está estudiando la posibilidad de recurrir jurídicamente
ante los tribunales de la Unión Europea este modelo de gestión pesquera. Me gustaría saber cuál es la posición del Gobierno de España ante esta cuestión. Dos, después de treinta años de política pesquera común ya va siendo hora de que la pesca se
integre en la Unión Europea como cualquier otro sector económico. Me gustaría saber su opinión al respecto.


El señor PRESIDENTE: Ahora tienen la palabra los grupos parlamentarios que lo deseen para fijar posición respecto a las comparecencias que hemos debatido. Saben, señorías, que el orden es de menor a mayor. ¿Grupos que desean intervenir?
(Pausa). Por UPyD, el señor Cantó tiene la palabra por un tiempo de seis minutos, aunque voy a ser flexible.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Me sobra tiempo, porque quería hacer solamente tres o cuatro preguntas.


En primer lugar, me parece esencial reconocer que es razonable que se haya postergado la entrada de ciertas medidas restrictivas en cuanto a cuotas y descartes de modo que haya un tiempo de adaptación, pero también me parece que deberíamos
tener la honestidad y la valentía de ser autocríticos. Ha habido bastantes ocasiones en que una política comunitaria transitoria de adaptación solo ha llevado a un incremento de problemas preexistentes, porque tal tiempo no ha sido suficientemente
aprovechado ni por el sector ni políticamente ha habido un impulso. Esperamos que esta vez no suceda lo mismo.


Dicho esto, voy a comentar cuatro materias y hacer una última pregunta. Hay dos flotas claramente diferenciadas, ya se ha dicho aquí, la puramente industrial y la artesanal. En cuanto a la artesanal nos gustaría saber alguno de los
detalles -el diablo está en los detalles- en cuanto al ecoetiquetado. ¿Cómo va a ser? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Cómo se podrá acceder desde la flota artesanal, que ha sido siempre una utilizadora de artes respetuosas con el medio ambiente y
prácticas que ahora podríamos llamar sostenibles, a tales certificaciones? ¿Habrá, por parte del Gobierno, formación, información, apoyo y agilidad administrativa para que quienes queramos consumir ese tipo de pescado sostenible, podríamos llamarlo
biológico, podamos identificarlo realmente y haya una herramienta más para que esa flota tenga una actividad empresarialmente viable? Esta sería la primera parte de lo que nos gustaría saber.


En segundo lugar, qué políticas de acompañamiento va a haber para facilitar la innovación. Esto podría engarzar con algo que se ha hablado aquí en todas las intervenciones, lo de los descartes. ¿Cómo podríamos conseguir una mayor
eficiencia para reducir esa morralla, esos descartes? ¿Cómo se pueden lograr sistemas competitivos que no dañen al medio ambiente, como ocurre con ciertos sistemas de arrastre y otras que podríamos llamar malas artes? ¿El Gobierno tiene pensado
impulsar una cooperación efectiva con universidades o con sectores que nos puedan ayudar con ese tipo de innovación? ¿Cuáles son esas posibilidades? En cuanto a la innovación, ¿cómo ve usted el trabajo de innovación que es necesario hacer en
piscifactorías, en piscicultura?


Respecto al rendimiento máximo sostenible, nos parece bien ese periodo transitorio hasta el 2015 siempre -y esto nos parece importante enfatizarlo- que se controle que está siendo aprovechado. Le pido una concreción. ¿Cómo quedan las
pesquerías con diversas especies o mixtas? ¿Cuál es la opinión del ministerio? Finalmente, hay un problema social que nos preocupa, porque esto ocurre en ciertas zonas. Hay un relevo generacional que, como ocurre con la ganadería, es complicado.
Estamos hablando de oficios muy duros, muy sacrificados y quizá debería decir que no están apreciados socialmente. ¿Cómo se contempla la profesionalización y el apoyo al relevo generacional desde el ministerio? Como ocurre en la agricultura, nos
parece que uno de los problemas que tiene la pesca artesanal tiene que ver con el asociacionismo. Adquirir un volumen adecuado para poder ser un interlocutor más fuerte con todo lo que les rodea. No se nos escapa -sé que a usted tampoco- que es un
sector en el que es difícil conseguir

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esta comunicación entre los pescadores, que están siempre fuera, que no tienen liberados y que es complicado que se puedan reunir y asociar a nivel estatal. Nos gustaría saber su opinión.


En último lugar, respecto a las reservas marinas, si tienen ustedes pensado crear más, porque nos parece muy importante para ayudar a que se mantengan los stocks. También en cuanto a algo que nos parece preocupante en las poquitas reservas
que existen, probablemente debido a las dificultades económicas, la vigilancia se ha relajado mucho y no están cumpliendo con el papel que debieran cumplir, no son eficientes. Nos gustaría conocer su opinión. Puede que no esté en el momento en el
que me responda, pero seguiré su respuesta con atención.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por La Izquierda Plural, doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: También quiero agradecerle su comparecencia, pero nos gustaría que hubiera venido antes, sobre todo por la de cosas que se están decidiendo a nivel europeo -usted habla del calendario- y por la opinión que está
emitiendo el Gobierno español en Europa sobre esta reforma y todavía no habíamos tenido la oportunidad de hablar mínimamente de cuál es esa posición y de tener un debate en esta Cámara. Creo que el asunto lo merece. En otros países, el Congreso o
los parlamentos tienen un papel importante en la participación, no solo de los distintos grupos parlamentarios, sino de la sociedad civil, en esa opinión del Gobierno. Es fundamental, porque nos jugamos el futuro de una actividad como es la pesca,
tan importante en nuestro país, pero también nos jugamos el futuro de la vida de nuestros mares. Es un debate que debe hacerse conjuntamente en este Parlamento con la máxima accesibilidad por parte de todos los actores.


Antes de empezar a hablarle de la reforma de la política pesquera común, quería hacer una mención a que estos días se está celebrando la cumbre de Río+20 y precisamente la salud de los océanos y de los mares es uno de los temas
fundamentales. Nos preocupa, porque ni en su discurso ni en el propio discurso del ministro ni tampoco en el del resto del Gobierno vemos ninguna preocupación por la mala salud y el mal estado de nuestros océanos y de nuestros mares, cuando es una
de las principales preocupaciones políticas hoy de muchos Estados. Nos jugamos mucho, porque parece que como está debajo del mar es invisible, pero la pérdida de biodiversidad es tres veces mayor en los mares que en la tierra y esta debería de ser
una de las preocupaciones.


En cuanto a los datos, más allá de esta primera puesta en consideración sobre cuál es el debate a nivel global, en Europa seguramente estamos peor que en muchas partes del mundo, porque partíamos de unos caladeros muy productivos hace
treinta años y hoy tenemos que el 80% de los stocks están sobreexplotados en las aguas comunitarias. Es importante empezar hablando de esto, porque la posición del Gobierno español y de muchos grupos es muy cortoplacista y muy miope. Ahora que
estamos hablando de la reforma de la política pesquera común, y precisamente porque España se juega mucho con la pesca, debería ser el país que liderara precisamente un discurso que protegiera la biodiversidad de nuestros mares y los caladeros,
porque precisamente nos jugamos el futuro. Si no mantenemos la vida y la biodiversidad de nuestros mares no habrá pesca de muchas especies a diez años vista. Nos preocupa que el discurso del Gobierno, como en otras muchas cuestiones, contraponga
constantemente la sostenibilidad económica y social con la sostenibilidad medioambiental. Es que no hay o no habrá una sin otra. Usted constantemente va regateando los hechos y los datos que es lo que nos preocupa.


Voy a entrar en otra cuestión. Decía que la posición del Gobierno ha sido flexibilizar en varias cuestiones, en el tema de cuotas y en el de descartes. El tema de la sobrepesca está generando hoy la pérdida de muchísimos puestos de
trabajo. Ya los hemos perdido, especialmente en el sector artesanal, pero también estamos perdiendo dinero y puestos de trabajo futuros, precisamente en la protección. Una cuestión de esta miopía y de la posición que usted argumenta, pero que es
compartida por muchas otras personas, genera una doble injusticia. Por un lado, porque nos privará del futuro de la pesca, y, por otro lado, porque mantiene un status quo que es completamente injusto. Dentro de los actores que se dedican a la
pesca, la situación actual y la sobrepesca, donde tiene más impacto precisamente es en la pesca artesanal. Decía que debemos tener especial consideración en el sector de la pesca artesanal, pues son los grandes damnificados de la irresponsabilidad
de otros y de la de los Gobiernos que no han querido hacer los deberes. Son los más damnificados, porque son los que no pueden ir lejos, porque son los que tienen unas artes sostenibles y selectivas y los que son más coherentes con esa
sostenibilidad, pero ellos son las víctimas de que los caladeros estén sobreexplotados.


Su discurso es incompatible con su deseo de ser sensible con la pesca artesanal. Puede que tenga que ver con la definición que hace de la pesca artesanal. Nos gustaría que nos aclarara si simplemente la define por el tamaño de la
embarcación y por las veinticuatro horas que se dedican, porque la pesca artesanal sobre todo tiene que ver con el tipo de arte de pesca que se utiliza. Hablar de pesca artesanal y de arrastre no es compatible. Deberíamos avanzar en ese sentido,
sobre todo si queremos hacer pedagogía en Europa. Si queremos hacer pedagogía en Europa con la pesca artesanal definámosla como debemos y seguramente tendremos más seguidores y podremos convencer más.


¿Qué le pedimos? Le pedimos que no contraponga la mejora económica y social a la mejora medioambiental. ¿Cuál es la situación a la que nos ha llevado? La política pesquera actual nos ha llevado a una situación que no ha mejorado la
cuestión. España ha tenido muchos subsidios

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en los últimos años. Ha ofrecido algunos datos de cómo ha cambiado la flota, la adaptación de la flota pesquera, nos gustaría que nos diera más datos y si no lo puede hacer hoy que nos los dé por escrito, porque sabemos que del 2000 al 2006
entre 50 y 53 barcos recibieron este tipo de subvenciones, pero eran mayores de 25 metros. El 95% de los barcos eran menores de ese tamaño. Nos gustaría saber los datos de los últimos años, en qué se ha gastado, cómo se ha gastado y qué tipo de
embarcaciones lo han recibido.


Nos preocupa mucho la posición del ministro y cómo fue la reciente reunión sobre rendimiento máximo sostenible para el 2015. Teníamos tiempo, porque hemos tenido diez años para adaptarnos a esa cuestión. Al regatear con el tiempo acabamos
penalizándonos a nosotros mismos. Evidentemente hay la situación que hay, pero deberíamos haber hecho los deberes y cuanto más alarguemos la puesta en marcha del rendimiento máximo sostenible, peor estarán los caladeros y peor estaremos de aquí a
unos años en la productividad de nuestros mares y económicamente.


Hablaba de cuotas, comparto que debe de haber racionalidad en la propia situación. Usted ha dicho una frase sobre las cuotas, que era el principio por el que se guiaba, que es adaptarlo a aquello que somos capaces de capturar. Sinceramente
esta frase es el fin de la pesca. Si tenemos que adaptar las cuotas a todo aquello que somos capaces de capturar nos quedamos sin peces en nada. Además es desincentivadora de las prácticas sostenibles, porque si vamos adaptando las cuotas a
aquello que somos capaces de capturar, esto genera un efecto perverso, nos gustaría que rectificara ese principio. Sobre los permisos de pesca transferibles, tampoco creemos que ese sea el camino. Esto nos parece una privatización del mar, cuando
el mar es de todos y comercializar con esos derechos precisamente no debe ser el camino. Además llevaría seguramente a concentrar en pocas manos los recursos.


En cuanto a los descartes,...


El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, simplemente para recordarle que lleva un 30% más del tiempo disponible. Vaya resumiendo.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Voy terminando, señor Presidente.


Una vez que podemos hablar de pesca seis minutos es un tiempo realmente muy limitado para poder hablar.


El señor PRESIDENTE: Son las reglas del juego. Ya sabe que se está interpretando con flexibilidad. Le pido que vaya resumiendo por favor.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: De acuerdo.


En cuanto a los descartes, debería incluir que el problema de los descartes no tienen tanto que ver -que también- con la parte de las cuotas, sino con el tipo de arte que se utiliza, si es selectivo o no. Porque de eso varía entre un 20 y
un 70% el número de descartes. Me gustaría que precisamente las ayudas y el apoyo fueran a aquellas artes de pesca que sean selectivas y con eso cumpliríamos mucho más la cuestión de los descartes. Me gustaría preguntarle si tienen pensado hablar
de una futura reforma de la representatividad del sector pesquero. Cuando le hablaba que el sector artesanal no se siente representado es porque no se siente representado por el discurso del Gobierno en Europa, pero tampoco se siente representado
por las organizaciones tal y como están ahora articuladas. Nos gustaría saber si el Gobierno tiene pensado incluir esto.


Ya termino. Sobre diversificación del sector y sostenibilidad, usted se oponía a que hubiera diversificación fuera del sector pesquero y hablaba de la acuicultura. Queremos hablar de la acuicultura sostenible, porque hablar de la
acuicultura como la salida a la sobrepesca es hacernos trampas al solitario. Porque hoy según qué métodos de acuicultura se utilicen se acaba también sobreexplotando los mares, ya que se alimentan con especies salvajes. Nos gustaría también que
nos hablara de las reservas marinas y que aclarara más el etiquetaje y la trazabilidad de los productos, que son fundamentales para la pesca artesanal.


El señor PRESIDENTE: Se le ha acabado su tiempo.


Por Convergència i Unió tiene la palabra don Carles Pàramo.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señor secretario general, por su presencia aquí en el Parlamento.


Voy a hacer tres intervenciones, casi podríamos decir cuatro. La intervención del señor ministro, un documento que es el posicionamiento de Cataluña en la reforma de la política pesquera común y finalmente las enmiendas presentadas en el
Parlamento europeo por los diputados de Convergència i Unió, señores Sedó y Tremosa. El señor ministro se refirió a un desafío, el de llegar a un equilibrio entre sostenibilidad medioambiental y rentabilidad a largo plazo de la actividad pesquera
y, en otro aspecto importante, la reforma de la política común pesquera en la pesca artesanal para la que el Gobierno defiende la inclusión de los pesqueros menores de 15 metros o que hagan mareas inferiores a 24 horas. Estamos absolutamente de
acuerdo con este posicionamiento. Como igualmente estamos de acuerdo en lo que dijo a continuación: esta flota tiene que disponer de ayudas a las paralizaciones definitivas y temporales de la actividad durante todo el periodo de programación de
este fondo. Nosotros añadiríamos: es conveniente que las ayudas contemplen -quizás es una singularidad- la modernización y adecuación de los motores de nuestra flota. Un barco desguazado conlleva la eliminación de no menos de 5 ó 6 puestos de
trabajo. Adecuar motores, menos consumo y menos potencia, equivale a una disminución del esfuerzo pesquero y a mayor rentabilidad, manteniendo vivos los puestos de trabajo, es decir, sostenibilidad

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social y medioambiental. Más adelante el señor ministro prosiguió con una de las afirmaciones que compartimos en buena parte. En ese contexto el Gobierno permanentemente viene solicitando una revisión de lo que se considera pesca artesanal
en la que predomina más el componente socioeconómico, para salvaguardarla del sistema de concesiones de pesca transferibles. Siempre sobre el tema de la pesca artesanal.


Frente al proceso de negociación del nuevo plan de política pesquera común, la generalitat de Catalunya elaboró un documento: 'Posicionamiento del sector pesquero de Cataluña'. Estudio que estoy convencido en sus líneas generales puede ser
compartido por todo el sector pesquero mediterráneo. Se lo puedo enviar, si no se lo han hecho llegar ya, señor secretario General. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se ve plenamente coincidente con el posicionamiento que el
Gobierno nos transmite y por tantas coincidencias, señor secretario, le pedimos que estudie atentamente nuestras aportaciones. Es el resultado de recoger un conjunto importante de sentimientos, de sensibilidades expresadas por muchas personas y
recogidas también por muchas personas -entre las que me cuento yo mismo- a pie de barca, en los muelles y en las lonjas de nuestro litoral. Sabemos de primera mano de las precariedades y de las amenazas que atenazan y angustian a nuestros
pescadores. Es más, en muchos puertos del Mediterráneo si estuviéramos viviendo una situación normal que no fuera de crisis, la mayoría de las embarcaciones estarían paralizadas por falta de mano de obra, de pescadores, atendiendo a lo muy poco que
están ganando. Básicamente pedimos que hagan suyas las enmiendas que han presentado los señores Sedó y Tremosa en el Parlamento europeo sobre la base de institucionalizar la enorme diferencia existente entre el concepto de flota de altura y de gran
altura y el correspondiente a la flota costera. Es sumamente importante -estamos en línea con el señor ministro- asimilar los buques de eslora igual o inferior a 15 metros o que realicen mareas diarias a la pesca artesanal. Al menos para el
mediterráneo hay que institucionalizar y defender un nuevo concepto englobando su flota bajo la denominación de flota costero-litoral. Para romper esas sensibilidades de gente que se puede sentir ofendida por la definición de flota artesanal,
busquemos otro término que es el de flota costero-litoral. Nuestro grupo parlamentario propone, en coordinación con el Gobierno de Cataluña y con nuestros diputados europeos, que el Gobierno de España defienda la incorporación de la nueva
definición pesca costero-litoral a aquella que se realiza por buques que acceden a caladeros locales que aglutina el tejido social tradicional de las poblaciones pesqueras gestionadas por pymes y empresas familiares de tradición generacional que
realizan mareas diarias y no congelan ni procesan sus capturas a bordo.


Otra enmienda, la número 18, con permiso de sus señorías y a título de ejemplo, permítanme que signifique cuál es la diferencia mayor entre el esfuerzo pesquero que soportan los caladeros donde opera la flota de altura y gran altura y los
caladeros de la flota costero-litoral. Los barcos de arrastre de la flota que pedimos que sea denominada costero-litoral, por ejemplo, Rosas, municipio del que soy alcalde, trabaja no más de 245 días al año, con un esfuerzo efectivo y contrastado
de seis horas diarias, 1.470 horas anuales de arrastre. La flota de altura y la flota de gran altura arrastran no menos de 300 días al año cada barco, 24 horas diarias, es decir, no menos de 7.000 horas anuales. No son casuísticas comparables. La
diferencia es sustancial. El esfuerzo de los caladeros mediterráneos es cinco veces inferior al estándar, lo que obliga a marcar la diferencia. No podemos consentir que este segmento del sector pesquero español, el más débil, se convierta en
cabeza de turco o chivo expiatorio a favor de las apetencias de las grandes compañías pesqueras que faenan a su gusto por todo el mundo. Este es el tópico que se ve desde Europa y sobre el que hay que reflexionar. Por experiencia propia, hablando
con personas responsables del mundo de la pesca en Europa, en Bruselas, es un descubrimiento que las embarcaciones de arrastre de la costa mediterránea tienen esta actividad que he definido anteriormente.


Otra de las enmiendas, la número 8, presentada por nuestros parlamentarios en Europa dice: las características específicas y la vulnerabilidad socioeconómica de la flota costera justifican la limitación a los grandes buques pesqueros cuando
el plan pesquero comunitario trata de incluir a los operadores como contribuyentes, al sufragar los costes en el régimen de control, inspección y ejecución. En otro orden de cosas, sin dejar de hacer hincapié en la necesidad de que los plazos que
se apliquen a las medidas encaminadas a establecer el rendimiento máximo sostenible se aplacen hasta el 2020, sin obviar que también estamos por un enfoque ecosistémico, a fin de garantizar que las actividades pesqueras tengan un impacto limitado en
el ecosistema marino, teniendo en cuenta que no solo la pesca incide en este medio y buscando el equilibrio entre los objetivos ambientales, sociales y económicos. Deseamos contribuir a asegurar un nivel de vida adecuado a aquellos que dependen de
la actividad pesquera, añadiendo, con especial consideración, las actividades marisqueras y acuícolas a la pesca costera.


Me permite un minuto, señor presidente. Voy terminando.


El señor PRESIDENTE: Un minuto.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Un minuto.


A título de resumen, pedimos equidad entre las vertientes económicas ambiental y social en la política pesquera común; mantener las ayudas destinadas a la adaptación de la capacidad de la flota; paradas temporales, instalación de motores
sostenibles y desguace; garantizar el acceso a la financiación para el sector; incorporar medidas estructurales dirigidas; desburocratizar y avanzar en la simplificación administrativa, a

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través del plan pesquero comunitario; flexibilidad para adaptar políticas específicas a las diferentes regiones y caladeros; reconocer el protagonismo de las administraciones regionales, por el camino de una mayor participación;
reiteramos la necesidad de un régimen diferenciado para la flota costero-litoral; reclamamos que la excepción de la obligatoriedad del régimen de concesiones de pescas transferibles incluya la flota costero-litoral y, finalmente, analizar la
problemática de los descartes de forma singular en cada pesquería y que se propongan soluciones adaptadas a cada realidad.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, don Joaquín García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Permítame, señor presidente, que antes de entrar en el análisis de esta comparecencia, en nombre de esta Comisión, donde estamos hablando de pesca una vez más -y estoy seguro que se sumarán todos los integrantes de la
misma-, traslademos, como ha hecho ya el secretario General de Pesca y como ha hecho el ministro y como ha hecho la máxima autoridad de este país, su majestad el rey, todo nuestro apoyo a todos los pescadores y marineros que están faenando en
difíciles momentos en las aguas de la bahía de Algeciras. (Aplausos). Lo merecen, y no solamente hay que poner patente aquí a veces nuestras discrepancias, sino que también es importante hacerles llegar nuestro cariño, nuestro aliento y nuestro
apoyo.


Señor secretario General de Pesca, acabo de escuchar hace muy pocos instantes que debería haber venido aquí antes y que para una vez que se habla de pesca, a ver si hablamos un poco más. Yo no sé si estoy en distintas comisiones o en
distintas épocas o momentos, pero creo que es la segunda vez que viene usted aquí en pocos meses y que el ministro de su departamento ha comparecido también al menos en dos ocasiones para hablar exclusivamente de pesca. No sé si es una frase que
cada uno tiene apuntada en su manual y que reitera sin tener en cuenta la realidad. En nombre del Grupo Popular, le agradecemos, una vez más, el nivel y el detalle de todas sus explicaciones, que ha sido reconocido incluso por los portavoces de los
grupos de la oposición en sus anteriores comparecencias.


Por falta de tiempo no voy a entrar en todo lo que ha enumerado en las comparecencias y me referiré solamente a dos de ellas, porque lo de Gabón está muy reciente, ya que el día 30 del mes pasado celebramos una reunión de la Comisión en la
que aprobamos una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, consensuada con otros grupos -porque se ha nombrado aquí la palabra consenso, a la que me referiré después-, y no le voy a poder dedicar ahora más tiempo. Hablaré ahora de
reforma de la política pesquera común. Yo escuché, y todos los que estábamos presentes en las comparecencias a las que me he referido, especialmente la del señor ministro de hace unos días, cómo se valoraba positivamente y se calificaba de clara
mejora lo conseguido en el último Consejo de Ministros europeo de pesca. Ahora acabamos de escuchar a la portavoz socialista decir que, en realidad, lo alcanzado, a lo que usted se ha referido y que ha resumido perfectamente, seguía siendo una mala
posición, un objetivo escaso, y le ha dedicado algunos otros calificativos. Le voy a recordar -y lo hago con todo respeto y cariño- que hasta ahora la única posición conocida del Gobierno español la presentó el Gobierno presidido por el señor
Rodríguez Zapatero, y que en el Consejo de Ministros europeo celebrado hace muy pocas fechas se han conseguido grandes avances respecto a la misma. Si le parece mal la actual, que califique ella misma lo que le parece la presentada por el anterior
Gobierno.


Para nosotros, obviamente, esta postura merece una valoración muy positiva. Cómo no la van a merecer algunos de los aspectos que ha reseñado aquí el señor secretario general de Pesca. Cuando sea posible, el rendimiento máximo sostenible
-lo hemos dicho en una de las PNL debatidas recientemente- será mucho más realista que en 2015, que es imposible. Mantener el acceso a las aguas de las 12 millas para los Estados miembros es algo que va directamente ligado a la defensa de la flota
artesanal, de la que aquí se ha hablado. Por cierto, se ha dicho que no se conoce la posición del Gobierno español. Yo le acabo de escuchar, señor secretario general de Pesca, hablar de esloras inferiores a 15 metros y de jornadas de pesca de
menos de veinticuatro horas. Ya estamos introduciendo elementos para definir la flota artesanal, pero quien tiene que definirla no es el Gobierno español sino la Unión Europea, y ahí está dando la batalla nuestro Gobierno y se ha empezado a
flexibilizar la postura inicial que hablaba de 12 metros, así como en otras cuestiones que no se tenían en cuenta. Cómo no va a ser importante lo conseguido en el último Consejo de Ministros cuando se incluye por primera vez la valoración
socioeconómica, además de lo que son los informes técnicos y científicos, a la hora de alcanzar decisiones tan importantes como las que se nos han expuesto hoy aquí. Creo que es muy importante; era una demanda que nuestro grupo parlamentario había
realizado en muchas ocasiones.


Se ha hablado de consenso en esta Cámara. Señora Seara, se lo digo a usted personalmente. Sabe que este portavoz y este grupo parlamentario siempre han estado, cuando era oposición y ahora que es Gobierno, en esa línea de buscar el
consenso. Lo conseguimos desde la oposición en la pasada legislatura y ahora como Gobierno lo estamos ofreciendo constantemente. Por favor, no nos hable de no recibir ni una llamada ni de ser invitados de piedra, porque no quiero decirle cuántas
llamadas he recibido de los responsables de pesca del Gobierno socialista en los últimos ocho años; comprobaría que el teléfono estaba vacío. Vamos a mirar hacia delante y a ofrecer una imagen que interesa mucho en este momento, igual que ha
ocurrido esta mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados -donde, por cierto, afortunadamente

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su grupo ha modificado la postura anunciada inicialmente-, que es la de unión en temas importantes. Aquí estamos hablando de un tema primordial, como se ha manifestado por todas sus señorías cuando han hablado del tema de la pesca. (El
señor Alonso Núñez: Como en 2010.-La señora Seara Sobrado pronuncia palabras que no se perciben). Por favor, estoy en el uso de la palabra y le agradecería que me dejara continuar, porque yo no he interrumpido a la señora Seara ni a ninguno de los
intervinientes anteriores. Creo que es muy importante que no hagamos demagogia con este tema, porque esta postura va a provocar un doble efecto: va a dar una posición común ante los Estados miembros, ante la Unión Europea, pero también un apoyo
claro al sector. No olvidemos -como ya se ha recordado- que queda camino por recorrer, y ese camino va a estar, fundamentalmente, en sede parlamentaria, en el Parlamento Europeo. Ahí nos tendrán como grupo parlamentario, y espero que también
sumemos los esfuerzos de todos.


Termino ya, porque también se termina mi tiempo, con el tema de las cuotas.


El señor PRESIDENTE: Señor García Díez, esta Presidencia será flexible con usted, como lo ha sido con los demás portavoces.


El señor GARCÍA DÍEZ: Se lo agradezco. Procuraré no abusar de su generosidad, señor presidente.


Decía que termino con el tema del reparto de cuotas, al que se ha referido quien me ha precedido en el uso de la palabra. Parece que aquí también a alguien le falla la memoria. Se habla de que no es realista, de que no se está dando la
batalla en este tema, de que el Partido Popular, a través del Gobierno, no está poniendo toda la carne en el asador, y en algunas intervenciones se nos culpa de esta situación. Es verdad que se ha dicho que ven a este Gobierno en la misma posición
que los anteriores, y quien lo ha dicho es quien no ha formado nunca parte de un Gobierno y probablemente -lo digo con todo respeto- tenga serias dificultades de formar parte de los sucesivos. Pero es que también han dicho aquí que este Gobierno no
está consiguiendo nada, que no ha conseguido nada en este tema, y lo curioso es que quien ha dicho esto pertenece al mismo partido político y al mismo grupo parlamentario que quien, cuando se negociaron las condiciones en las que entró España en la
Unión Europea, en aquel momento Mercado Común Europeo, aplicó el principio de estabilidad relativa que ahora nos exigen que cambiemos en seis meses. Ese principio de estabilidad relativa, señoras y señores diputados, está así desde ese momento,
como nos ha recordado el secretario general del Mar, perdón de Pesca -antes era del Mar y ahora es de Pesca, y en otra comparecencia se hablaba de que había desaparecido la palabra pesca-. Repito que son los mismos que aceptaron aquellas
condiciones, que ahora, vamos a ser realistas, es muy difícil cambiar. ¿Qué país está dispuesto a ceder algo a cambio de que otro lo obtenga? Lo ha dicho muy bien el secretario general de Pesca, incluso los países que se han ido incorporando en
estos últimos años no quieren oír hablar de este tema. Sin embargo, se está dando la batalla y se está planteando. Me quedo con las palabras de don Carlos Domínguez: Hay que ser realistas y no demagogos, como he escuchado aquí esta tarde.


Ahora sí que termino, señor presidente. Frente a todos esos comentarios, y a pesar de todos ellos, evidentemente que va a haber consensos, que los vamos a buscar, que hay iniciativas planteadas por muchos de los grupos que estamos
representados hoy aquí y esperamos que salgan adelante. Frente a toda esa -perdonen que lo diga así- demagogia que he escuchado en algunas intervenciones -se lo dije al señor ministro hace una semana, cuando se habló aquí de pesca, y hoy se lo digo
al secretario general de Pesca-, yo me quedo con la PPRS -la bauticé así la semana pasada-, la política de pesca rigurosa y seria que está practicando este Gobierno. Espero que tenga mucha suerte, como la ha tenido en esta última intervención en el
Consejo de Ministros de pesca, siendo conscientes de que queda mucho camino. Nos tendrán siempre a su lado apoyándoles y presentando iniciativas para ayudar en todo lo posible. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Carlos Domínguez.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA (Domínguez Díaz): Puesto que la señora Tapia no ha podido quedarse, y con su permiso, ahora que no está aquí, dejaré para el final algunas de sus consideraciones respecto al acuerdo de Gabón.


Quisiera comenzar respondiendo a algunos de los asuntos que se han planteado sobre el estado de la reforma de la política común de pesca. Advierto que lo haré con carácter general, porque muchas de las cuestiones se han repetido. Tengo la
impresión de que a pesar de la extensión de la intervención ha habido algunos detalles que, quizá por ser excesivamente técnicos, no han quedado claros. Espero poder explicarlos en esta segunda intervención. En primer lugar, quiero referirme a
que, efectivamente, cuando el 31 mayo se plantea la Presidencia danesa una discusión de tipo político sobre las reacciones de los Estados miembros a la propuesta de la Comisión en los tres consejos de ministros anteriores, en pocos días, les puedo
decir que en cuatro o cinco días, cambia completamente la perspectiva de ese Consejo de Ministros de junio. Esto no lo digo como excusa, simplemente les explico cuál ha sido el proceso que ha llevado a la discusión y a la aprobación de ese enfoque
político en el Consejo del mes de junio. La Comisión Europea y la Presidencia probablemente pretendían llevar el ejercicio de reflexión técnica un poco más adelante con el objetivo de lograr una convergencia de los calendarios del Consejo del
Parlamento hacia

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finales de este año 2012 o quizá a mediados de 2013. Sin embargo, la Presidencia danesa, probablemente inspirada por la Comisión Europea, decide cambiar y en las primeras fechas del mes de junio se lanza a la aprobación apresurada de este
enfoque político general del que les he estado hablando. Les confirmo -ha habido varios comentarios al respecto- que la posición defendida por España ha sido la consensuada en los últimos meses del año pasado y durante todo el año 2011, con las
comunidades autónomas y con el sector. Repito que esa ha sido la posición que ha defendido este Gobierno tanto en los anteriores consejos de ministros como en el del mes de junio. Por tanto, lo que me he limitado a hacer en esta comparecencia ha
sido comparar los resultados del Consejo con la posición española, consensuada, como digo, con el sector y con las comunidades autónomas desde hace muchísimos meses.


Planteaba doña Olaia Fernández que en la Unión Europea la pesca se considera como algo anecdótico; también la señora Seara decía que a ver cuándo la PCP es finalmente una política económica más de la Unión Europea. Solo llevo veinte años
en esto de la pesca, pero desgraciadamente esto no es nuevo, es así porque España es el país pesquero por excelencia de la Unión Europea, lo era antes de su adhesión y continúa siéndolo, incluso ahora más porque muchos Estados miembros han ido
abandonando la estructura de su sector pesquero. Desgraciadamente, en una Unión Europea con veintisiete Estados miembros, en la que España es prácticamente el único Estado pesquero, es difícil obtener mayorías cualificadas en contra de las
propuestas de la Comisión Europea. Desde ese punto de vista, me sorprende que se diga que en este último Consejo de junio los avances conseguidos, que coinciden con la posición defendida hasta ahora por España, no son un logro destacable o son algo
un poco desdeñable. Es difícil lograr mayorías cuando prácticamente hay veintiséis Estados miembros, veinticinco si contamos a Francia a nuestro lado, a los que la pesca les importa muy poco. ¿Cómo se ha conseguido eso en los puntos clave, en
concreto en los descartes? No es cuestión de magia. Cuando uno no tiene una mayoría cualificada tiene que buscarse un aliado de peso, que en este caso ha sido la Comisión Europea. Desde el primer Consejo de pesca en el mes de marzo, este Gobierno
ha procurado buscar una alianza estratégica con la Comisión Europea, entendiendo que el único actor en esta reforma de la política común de pesca que nos puede garantizar que en su propuesta esté contemplado aquello que puede beneficiar a España y
evitar los perjuicios de la reforma es la Comisión Europea. En este Consejo de junio así se ha revelado, porque la Comisión Europea es la que ha conseguido, manejando los hilos de la Presidencia, que se mantengan las salvaguardas necesarias en
materia de descartes para la flota española que impidan que esta tenga que parar el día 31 de marzo de cada año. Insisto en que no es mérito especial de nadie, lo que quiero decir es que había que hacerlo, se ha hecho y se ha conseguido que
coincida con nuestros objetivos. Creo que esto no es desdeñable.


En relación con el rendimiento máximo sostenible ha habido varias intervenciones, básicamente contraponiendo la seriedad de la fecha de 2015 y de los objetivos medioambientales con una cierta laxitud que se mostraría por el hecho de ir
retrasándolo hasta el año 2020, porque en el largo plazo quién sabe si va en perjuicio de los stocks. Sólo quiero traer aquí a colación que desde la primera intervención del señor ministro, en su comparecencia en el inicio de la legislatura, ha
quedado claro que la Administración pesquera de este Gobierno apuesta por una sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros y del medio ambiente que de él depende. No creemos en visiones cortoplacistas, como parece que ha insinuado la
señora Ortiz, sino que pensamos que el futuro del sector pesquero pasa por un estado sano de los stocks a largo plazo. Ahora bien, si desconocemos la realidad económica de la pesca -algunas señorías lo han mencionado de manera muy particular-
podemos caer en una gestión de los recursos en el vacío, y eso no es posible. Si un stock se encuentra al 70% de su biomasa de rendimiento máximo sostenible y queremos llevarlo a la biomasa de rendimiento máximo sostenible en el corto plazo, en un
año, podemos hacerlo, pero probablemente tendremos que parar la flota durante todo ese tiempo; seguro que el año que viene la biomasa estará en ese rendimiento máximo sostenible, pero no hay empresa que aguante un año parada. Tenemos que conjugar
los dos objetivos. Al final del proceso queremos un stock en estado sano que nos dé lo máximo que podamos obtener de él, desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo al final del proceso queremos tener una flota que sea capaz de
aprovecharlo. Para eso hay dos instrumentos. En primer lugar, los planes plurianuales. Ya he explicado que la Comisión quiere hacerlo, la flota se puede programar a más largo plazo, sabe cómo va a ser la evolución de las cuotas y, por tanto,
puede decidir si le compensa o no seguir faenando en esas condiciones. En segundo lugar, los instrumentos financieros para la adaptación de la capacidad de pesca. Si en ese segmento y para ese stock existe un exceso de capacidad de flota, se puede
incentivar la retirada de capacidad o la disminución del esfuerzo mediante las ayudas a las paradas temporales, paros biológicos, o a las paralizaciones definitivas. Este es el enfoque que estamos defendiendo. En su propuesta, la Comisión Europea
defendía otro totalmente distinto, que es: yo pongo unos objetivos biológicos a muy corto plazo, muy rígidos; el que se arruine se arruinó, con eso nos quitamos la capacidad, y a partir de ahora seguimos los que seamos capaces. Desde un punto de
vista socioeconómico, nosotros creemos que eso es una barbaridad. Ni siquiera con la introducción de las cuotas individuales transferibles o concesiones de pesca transferibles se obtendrían suficientes recursos para reconvertir masivamente el
sector pesquero español, en zonas altamente dependientes de la pesca, como el caso de

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Galicia, a ese futuro reino mágico de pesca de la comisaria Damanakis. Por ahora hemos logrado dar algún paso, en concreto en lo que se refiere al reglamento base, que es que el rendimiento máximo sostenible, por supuesto si es posible, se
alcanzará en el año 2015, si no lo es, se hará progresivamente hasta 2020, porque creemos que no hay excusa para no alcanzarlo antes de esa fecha, y mientras tanto en esos instrumentos financieros pedimos un apoyo a la flota.


Posición sobre las cuotas. También se ha referido a esto la señora Fernández, así como otros intervinientes. Señorías, he intentado decírselo de la manera más clara posible. Como les he comentado antes, obtener una mayoría cualificada en
el Consejo, que en el caso de ser contraria a la propuesta de la Comisión tendría que ser, además, unánime contra la Comisión, para modificar el reparto de cualquier cuota, de cualquier TAC en la Unión Europea es poco menos que misión imposible,
aunque podemos dedicar a ello declaraciones institucionales, declaraciones de consenso de todas las fuerzas políticas, de las comunidades autónomas y del sector pesquero. Nosotros preferimos dedicarnos ahora otra cosa, que es decir: Si eso no es
posible, qué podemos hacer para mejorar las posibilidades de pesca de nuestra flota, porque eso es lo que nos piden constantemente, por lo menos es lo que me demandan todos los días en las reuniones que tengo con ellos. En mi intervención he
intentado desgranar cuáles son todas esas posibilidades, y no les ocultaré que al preparar esta comparecencia he dudado si incluir alguna de ellas, no porque sus señorías no merezcan esta transparencia sino porque a algunos Estados miembros, que
siguen muy atentamente los debates parlamentarios que aquí se celebran, no les va a gustar lo que van a leer, pero esta es la posición española y es lo que vamos a defender. En esto no hay medias tintas y les puedo asegurar que el debate técnico
que nos queda para superar el problema de los descartes en nuestras especies accesorias en Gran Sol va a ser bastante difícil y muy duro. Afortunadamente, como digo, la Comisión Europea está de nuestro lado al demostrar que quiere que se pueda
capturar aquello que de forma natural entra en nuestras artes de pesca. De ahí venía la frase citada por la señora Ortiz, quizá fuera de contexto, de adaptar las cuotas a lo que somos capaces de capturar. No se trata de tener tantas posibilidades
de pesca como nuestros barcos pueden conseguir pescando 365 días al año, no; se trata de adaptar las cuotas a aquella composición natural de las capturas que tiene nuestra flota en aguas comunitarias y no como hasta ahora, que tenemos unos cuotas
que van por un lado y unas capturas que de manera espontánea entran en nuestras artes, que es algo completamente distinto.


La pesca artesanal, que también ha sido citada por distintos intervinientes, cobró mucho protagonismo durante la discusión del reglamento base como consecuencia de quedar excluida de las obligaciones de las concesiones de pesca
transferibles, y partiendo de esa premisa se construía toda una posición sobre la pesca costera y artesanal. A esa necesidad respondía inicialmente nuestra formulación de una definición con unos determinados parámetros de eslora y de tiempo de
permanencia en la mar, por cierto, demandada insistentemente por el sector y por las comunidades autónomas, y en línea con la posición acordada en años anteriores. El problema de la definición de la pesca artesanal no es añadir criterios sino que
la definición sea manejable por la Comisión Europea -sobre todo por la Comisión Europea-, que es quien luego tiene que aplicarla; en este caso, la política estructural y la política de ayuda, que es lo que ahora mismo nos interesa. Podemos añadir
criterios de dimensión empresarial, que el propietario o armador del barco solo tenga uno y no tenga más, criterios de artes, etcétera, pero con ello estaríamos complicando la definición y la Comisión encontraría un argumento fantástico para volver
a su propuesta original, es decir, solo 12 metros, con lo cual quedarían fuera muchos barcos y a día de hoy en nuestros puertos y en nuestras costas nos dirán que si ellos no son artesanales, entonces quiénes lo son. En este caso creo que hay que
conjugar la practicidad con las aspiraciones maximalistas. Yo sé que las artes de caña de los boniteros del Cantábrico son artesanales en el sentido de que no incorporan avances tecnológicos, pero quizá por su capacidad de pesca, por los
rendimientos económicos y la dimensión empresarial no encajarían en otras definiciones. Es un compromiso al que tenemos que llegar y seguramente, como esta discusión no está terminada, continuaremos durante el debate del reglamento. A propósito de
esto, aunque no sea estrictamente pesca artesanal, quiero decir que entendemos que el marisqueo a pie está incluido en la propuesta de compromiso y en el reglamento base en el ámbito de la PCP, artículo 1.1 a). No está citado como tal, como tampoco
lo están otras cosas. Por cierto, nosotros vamos a introducir, aunque no se refiere en este caso a la Comunidad Autónoma gallega pero sí a la comunidad de la que soy originario, las almadrabas, que no están consideradas y vamos a pelear para que se
incluyan en el reglamento estructural. Vamos a intentar que tanto el marisqueo a pie como las comunidades de rederas y neskatillas estén incluidas en el reglamento del fondo como destinatarias de ayudas. De todas formas, repito, que no hemos
empezado a discutir el reglamento del fondo, pero por ahí seguiremos.


Mejoras de la selectividad. No lo había mencionado por no ser exhaustivo, pero en el acuerdo político se ha incluido, como mejora respecto a la propuesta de la Comisión Europea, la aplicación de incentivos económicos para la introducción de
medidas que mejoren la selectividad de las flotas. Esto va a ser muy importante, porque nuestra flota será una de las que tenga que hacer esfuerzos para evitar las capturas no deseadas y, por tanto, es muy positivo poder beneficiarse de incentivos
económicos. Esta es una cuestión que la comisaria ha propiciado desde el principio y creo que nos puede venir muy bien. Esto se ha hecho, además, en contra de la delegación alemana, que no quería ni oír hablar de incentivos

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económicos. Está previsto acompañar la reducción de los descartes con la mejora de la selectividad de las artes. En relación con esto, no tengo más remedio que dejar muy claro, porque se ha citado en más de una ocasión, que esta
Administración pesquera, este Gobierno, como creo que ha sucedido en ocasiones anteriores, no está por la labor de demonizar ningún arte de pesca sino de mejorar la selectividad y reducir los impactos no deseados sobre el medio ambiente marino;
pero, repito, no estamos por la labor de demonizar ningún arte de pesca, y ahora mismo me estoy refiriendo concretamente al arrastre. Creemos que si hay mejoras que hacer se harán, pero el arte de arrastre es uno más, como cualquier otro arte de
pesca, y hay especies que no podríamos capturar si no fuera mediante este arte de arrastre.


Quiero hablar también brevemente del ecoetiquetado, porque ha sido mencionado por varios intervinientes. Lo que se le pide a la Comisión Europea es que elabore un marco europeo de ecoetiquetado, de manera que no estemos exclusivamente en
manos privadas y, sobre todo, que las flotas artesanales y costeras no estén pendientes de que su producto sea catalogado o no como ecológicamente sano o biológico, etcétera, a través de esquemas de certificación privada que, al fin y al cabo, son
caros. Queremos que sea la Comisión Europea la que elabore un marco, una normativa dentro de la cual sea posible catalogar esos productos con una determinada denominación y no tener que depender de la iniciativa privada.


No forma parte específicamente de los temas de la comparecencia, pero, señor presidente, puesto que se ha mencionado, no tengo inconveniente en referirme al tema de las reservas marinas. Quiero dejar claro -creo que ya lo hicimos el día que
comparecimos para explicar los presupuestos- que con dificultades presupuestarias o no nosotros no vamos a rebajar la vigilancia en las reservas marinas porque no podemos permitirnos perder el efecto reserva y los beneficios que hemos conseguido a
lo largo de tantos años. Podremos realizar la vigilancia marina de distintas formas, podremos articular mecanismos de cooperación con el sector pesquero, con las cofradías, podremos poner otros medios propios de inspección y de control de la
Administración pesquera que no sean la vigilancia propia de la reserva marina, que es uno de los elementos, pero desde luego no vamos a permitir, bajo ningún concepto, que se pierda ese efecto de reserva. Quiero aprovechar para dejar esto claro,
porque no es la primera vez que se suscita la cuestión. Esta misma mañana hemos tenido una reunión con la Armada, en la que se nos han ofrecido, precisamente a la luz de las actuales restricciones presupuestarias, para contribuir a la vigilancia de
la actividad pesquera, en concreto en la zona del mar de Alborán, que es una reserva muy importante para nosotros.


Creo, señor presidente, que me he referido a los temas más importantes. Si sus señorías tienen alguna otra cuestión que plantear, con mucho gusto volveré sobre ello.


El señor PRESIDENTE: Las señorías presentes saben que si ha quedado pendiente alguna cuestión, pueden formular una petición a esta Mesa por escrito, que se tramitará para que usted pueda contestarla también por escrito. En nombre de toda
la Comisión, le doy las gracias por su comparecencia hoy aquí y por su amplia y exhaustiva información sobre todos los asuntos planteados.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA (Domínguez Díaz): Disculpe, señor presidente. Había dejado a la señora Tapia para el final, porque no estaba, y ella me había planteado una cuestión relativa al acuerdo de Gabón, que era objeto de una
de las comparecencias. Quiero señalar simplemente que la flota que faena al amparo del acuerdo de Gabón no es una flota que faene de manera exclusiva en esas aguas, sino que lo hace conforme el pescado va pasando por esa zona económica exclusiva.
Por tanto, a día de hoy no está prevista ninguna alternativa específica. Los barcos continúan faenando en otras aguas del golfo de Guinea y, desgraciadamente, siguiendo la normativa comunitaria, no son posibles las licencias privadas pagadas a
título individual para que las empresas puedan faenar en Gabón. Por otro lado, esto probablemente perjudicaría la consecución del acuerdo, que es lo que deseamos lo antes posible.


El señor PRESIDENTE: Damos por finalizada la sesión.


Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.


CORRECCIÓN DE ERROR


En el 'Diario de Sesiones' número 122 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sesión número 7, celebrada el miércoles 13 de junio de 2012, en la página 7, primera columna, línea 19, donde dijo: 'Queremos recuperar el
espíritu del Plan hidrológico nacional de 2011...' quiso decir: 'Queremos recuperar el espíritu del Plan hidrológico nacional de 2001...'