CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 96

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO

Sesión núm. 3

celebrada el miércoles,

16 de mayo de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Cermi, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Pérez Bueno), para:


- Plantear las demandas de la discapacidad organizada para los próximos años. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 219/000001). ... (Página2)


- Explicar las sugerencias y propuestas del citado Comité. A petición del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 219/000035). ... (Página2)


- Explicar a la Cámara la situación actual de las personas con discapacidad, así como sus demandas. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000036). ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Iniciamos la sesión de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad con la comparecencia del representante del Cermi. Antes, quiero comunicar a todos los miembros de la Comisión -creo que ya lo saben,
pero lo hago por la importancia del tema y por si alguna persona no lo supiera- que mañana recogeremos el premio que nos ha otorgado el Consejo General del Poder Judicial, el Foro Justicia y Discapacidad. Es la 5.ª edición de los premios de este
foro y la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha sido una de las premiadas. Yo, como presidenta de la Comisión, recogeré el premio en nombre de todos. Todos los miembros de la Comisión ya tenían
conocimiento de la entrega de dicho premio, por lo que vendrán a la celebración del acto los que hayan confirmado su presencia.


Vamos a comenzar la comparecencia de don Luis Cayo, presidente del Cermi, a petición del Grupo Parlamentario Convergència i Unió. Pregunto a los miembros de la Comisión, puesto que la solicitud de comparecencia formulada por el Grupo
Parlamentario Popular ha sido registrada en la Cámara el día 8 de mayo, si quieren darla por sustanciada con la comparecencia de la tarde de hoy. ¿Están los grupos de acuerdo? (Asentimiento). En ese caso, se da por sustanciada la solicitud de
comparecencia del Grupo Parlamentario Popular.


Tiene la palabra don Luis Cayo, al que agradezco su presencia en esta Comisión en la tarde de hoy.


El señor PRESIDENTE DEL CERMI, COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Pérez Bueno): Señora presidenta, miembros de la Mesa, portavoces, señorías, amigos, amigas -hay alguna otra señoría de otro Parlamento autonómico
que se encuentra al fondo y fue trabajador de esta Cámara-, enhorabuena por ese premio del Foro Justicia y Discapacidad a esta Comisión. Asistiremos mañana y estaremos muy honrados de que esta Comisión y esta Cámara sean reconocidas por el Foro
Justicia y Discapacidad, del que el Cermi forma parte. Hemos sido miembros del jurado, por supuesto, hemos apoyado esta candidatura y les traslado nuestras felicitaciones.


En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al grupo solicitante, al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por pedir la comparecencia del Cermi, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y al resto
de grupos parlamentarios, con los que he de señalar que tenemos una excelente relación, muy fluida, muy intensa, muy provechosa y productiva para el grupo social al que representamos, por haberla acordado.


Iniciamos una legislatura, un nuevo mandato del Poder Legislativo, de esta Cámara y, como movimiento social de la discapacidad en España, en todo el Estado, hemos de felicitarnos por el mantenimiento de esta Comisión, ya que su existencia,
su labor, su actividad es muy apreciada -no son palabras retóricas, créanme- por la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, por las personas con discapacidad, por sus familias y por toda esa miríada de asociaciones, de fundaciones, de
entidades de iniciativa social no lucrativa que trabajan por la causa de las personas con discapacidad. Siempre hemos sentido al legislador como el poder más cercano a la ciudadanía y nos da pruebas de ello tanto el contacto como el diálogo y las
consecución en hechos y en realizaciones prácticas, que ayudan a cambiar la todavía dura vida de los hombres y mujeres con discapacidad. Se hace más fácil gracias a su labor y así tenemos que señalarlo. No es la primera vez en esta misma
legislatura, señora presidenta y algunos de los portavoces que acudieron, que hemos estado como Cermi compartiendo nuestras inquietudes, nuestras demandas, nuestros anhelos con esta Comisión. En su primer desplazamiento fuera de esta Cámara en este
mandato tuvimos el honor de que asistiera una representación de esta Comisión a la propia sede del Cermi, donde abordamos gran parte de la agenda política de la discapacidad para esta legislatura. Asimismo, hace semanas fuimos recibidos también por
el presidente del Congreso, acompañado por la presidenta de la Comisión, con quienes genéricamente tratamos estos temas y agradecimos la sensibilidad y el compromiso del Congreso de los Diputados con las personas con discapacidad. Otro hecho que
consideramos digno de mención y de gratitud en todo caso -así nos lo han transmitido- es que esta es la primera comparecencia en esta Comisión durante esta legislatura y que hayan elegido al Cermi, a este movimiento social y a su representante, nos
llena de satisfacción, de orgullo y esperamos estar a la altura de las esperanzas que han depositado en nosotros en lo que tenemos que trasladarles y plantearles.


No quisiera agotar el tiempo con presentaciones que son de rigor, pero también es obligado hacer referencia a la entidad que presido, al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, una entidad de la sociedad civil que
agrupa a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, relativamente joven en el tiempo -este año es nuestro 15.º aniversario- y que es la expresión de la sociedad civil articulada en torno a esta realidad de la
discapacidad. ¿Y qué buscamos? Nuestro fin, nuestro objetivo, nuestro propósito no es otro que situar la discapacidad, los cambios necesarios en esta realidad social, en la agenda política, en la agenda legislativa, en la agenda de atención de los
medios de comunicación, de los prescriptores de opinión, para ayudar a esa generación de cambio que necesitan las personas con discapacidad y sus familias. En ese sentido, como uno de los focos de poder de decisión y de acuerdos, de seguimiento
legislativo, que produce cambios en la sociedad es esta Cámara, tenemos una relación muy intensa con todas sus señorías, con todos los grupos parlamentarios y

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tratamos de incidir con nuestra labor y con nuestra acción representativa transversalmente. Estamos muy contentos y muy satisfechos de que exista una Comisión de Discapacidad -la hemos reclamado y agradecemos su existencia-, pero también
actuamos con el resto de comisiones porque la discapacidad no se agota en un compartimento, sino que abarca toda la realidad y todos los momentos en todos los órdenes de la vida, y en la vida política y legislativa. Por eso tenemos una excelente
relación con los grupos y con el resto de órganos de esta Cámara.


El Cermi agrupa alrededor de 7.000 asociaciones y entidades, que a su vez forman parte de grandes organizaciones de ámbito estatal de discapacidad, con familias y voluntarios. En estos quince años hemos conseguido con dificultades -porque
nunca es fácil cohesionar y articular a la sociedad civil relacionada con la discapacidad- vertebrarnos en una única entidad que actúa no de modo único, sino unitario, que agrupa las distintas voces, la pluralidad inherente que hay en la
discapacidad, y que trata de establecer un factor común en el que se identifiquen todas las personas con discapacidad, más allá de su tipo concreto de discapacidad, de su situación o de su procedencia territorial.


Sería conveniente hacer un recordatorio común de las grandes cifras de la discapacidad en España y de la realidad de partida. Tenemos información sobre población con discapacidad en España relativamente reciente, que se va actualizando:
casi un 10% de la población presenta una discapacidad en España, lo que supone más de 4 millones de personas. Esta cifra es la que se considera normal, habitual en los países adelantados, en las sociedades avanzadas. Podríamos compararnos en
términos homogéneos con otros países de nuestro entorno cultural, social y de desarrollo económico. A finales de este mes vamos a celebrar un hecho importante, un hecho normativo, un hecho legislativo en esta Cámara, junto con el Legislativo, el
Gobierno y el movimiento social, que es la celebración de los treinta años de la primera ley amplia, integral, sistemática sobre discapacidad que se promulgó en España, la conocida Lismi, Ley de integración social de los minusválidos, que desarrolla
el artículo 49 de la Constitución española y que por primera vez dedica un artículo específico a las personas con discapacidad y a sus familias. Aludo a la Lismi como frontispicio de que en nuestra etapa democrática se ha hecho mucho por los
derechos de las personas con discapacidad, pero pese a esos avances, que son innegables y objetivos, evidenciados y que no vamos a discutir, esos casi 4 millones de personas con discapacidad son un grupo social estructuralmente excluido y presenta
todavía severos déficit de ciudadanía, de inclusión, de bienestar y de acceso a derechos básicos, a derechos humanos que consideramos ordinarios, logrados, conquistados por el resto de ciudadanos, de hombres y mujeres. Que las personas con
discapacidad y sus familias no estén todavía en una situación de normalidad democrática, de normalidad cívica y ciudadana, se está viendo agravado por la situación de aguda crisis económica que estamos padeciendo en todo el mundo occidental,
especialmente en Europa y en España, que puede arruinar y dar al traste, si continúa con esta crudeza, con los avances en normalización y en presencia logrados en los últimos años para las personas con discapacidad. En nombre de esas miles de
asociaciones y entidades me gustaría trasladar el mensaje de que las políticas de discapacidad no deben cesar, no deben acabar porque hayamos alcanzado un nivel de inclusión que nos pueda parecer mínimamente aceptable. Sigue existiendo una
necesidad imperiosa de legislaciones y de políticas públicas, de acción social, de conciencia, de empoderamiento, siempre en clave de derechos, que es la única forma digna y presentable de acercarse a la discapacidad y de situar a estas personas, a
todos y a todas, en posiciones de igualdad de oportunidades. Queremos elegir nuestro proyecto de vida y que no nos coloquen en una situación de permanente petición o solicitud a otros para ser nosotros mismos, para realizarnos como personas;
queremos estar en disposición de dar y de aportar a la sociedad. La sociedad no puede permitirse bajo ningún concepto no contar con la creatividad, las oportunidades, la riqueza de todo tipo, humana, incluso económica, de las personas con
discapacidad a las que, por estar apartadas, por estar marginadas, por no participar en el curso ordinario de la vida social, se les impide hacerlo.


Tras esta presentación genérica me gustaría centrarme en el objeto de la comparecencia, que no es otro que plantearles las grandes demandas para esta legislatura, ya que estamos en los meses iniciales de la misma, que este movimiento social
de la discapacidad desea hacer presente a los grupos parlamentarios y a esta Cámara. Me permitiría, porque son infinitas -nuestra agenda es abultadísima y corro el riesgo no solo de absorber toda su tarde sino de ser contraproducente-, ordenarlas y
priorizarlas en tres órdenes o en tres ámbitos de especial significación en estos momentos y de cara a los próximos años, hasta 2015. Por un lado, la situación económica, a la que ya he aludido, la situación de grave crisis social que impacta con
preferencia en los grupos vulnerables, como son las personas con discapacidad y sus familias, nos obliga a algo que puede parecer defensivo, reactivo, a algo que puede parecer de mera resignación, que es mantener los logros sociales alcanzados con
tanto esfuerzo, con la militancia de tantas personas, con el esfuerzo enorme a lo largo de décadas de muchos activistas, de muchas personas y familias de personas con discapacidad. Es necesario ser creativos, poner toda nuestra voluntad e
inteligencia para que las conquistas en términos de derechos, en términos de inclusión y de bienestar, sean mantenidas -nunca vamos a renunciar a ello-, porque hay todavía recorrido para avanzar. Este sería el primer gran orden de cuestiones.


El segundo orden iría referido a la necesaria activación de las personas con discapacidad. Como decía antes, no está liberado todo el potencial que ellas pueden aportar a la sociedad y se ven en una posición de inactividad o

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de no realización de toda su capacidad para no ser solo ciudadanos obligados a pedir, a recibir apoyo, sino también a dar y a contribuir con su esfuerzo al sostenimiento de las cargas sociales y a una vida mejor para todos, no solo para
ellos sino para toda la ciudadanía. La activación tiene que ver necesariamente con el empleo, pero no se agota solo en el empleo.


El último gran orden en el que queremos concentrar nuestras peticiones, nuestras demandas, sería en la plenitud de derechos para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad somos seres humanos, por si alguien tiene dudas
-sé que en esta Comisión no- y tienen los mismos derechos reconocidos internacionalmente, en el ámbito europeo y en el ámbito estatal, que todos los demás, pero existen todavía severísimas restricciones para que puedan ejercer y acceder a sus
derechos en términos comparables al resto de población que no tiene discapacidad. No tenemos derechos humanos, derechos civiles o derechos políticos, sociales o culturales distintos, diferentes, porque somos iguales, pero no nos llegan con el mismo
alcance, contenido e intensidad. En este sentido, existe un déficit -antes me refería a ello- de ciudadanía importante.


He enumerado los tres órdenes y ahora quiero descifrar algunas medidas concretas. Me gustaría comenzar por ese campo de la activación. Señorías, gran parte de los casi 4 millones de personas con discapacidad son mayores de sesenta y cinco
años y, por tanto, están socialmente fuera del ámbito del mercado de trabajo, del ámbito de la actividad económica productiva. De los que quedan dentro del ámbito de trabajo solo el 36% que están en edad laboral están realizando algún trabajo o
buscándolo y el resto está en una situación de inactividad forzosa. Si fuera una inactividad deseada, voluntaria, deliberada, porque uno mismo puede mantenerse y sostenerse, allá cada cual, pero es una inactividad forzosa, aquella en que uno no
está participando en la producción de bienes, en la realización de una actividad a través de la que se realiza y se inserta en su medio social, es una inactividad forzada. Necesitamos que más de 600.000 personas con discapacidad en edad laboral que
están inactivas den un paso hacia su plena inclusión laboral, que es el prolegómeno necesario e ineludible de una plena inclusión social, porque van a tener autoestima, van a tener relaciones sociales, van a poder socializarse en un medio ordinario
y van a tener autonomía económica para decidir su vida, para decidir su derrotero existencial, hacia dónde quieren ir y qué quieren hacer con sus vidas. Eso, ahora mismo, no se está produciendo para cientos de miles de personas con discapacidad.
¿Y cómo traducimos eso en una demanda que pueda ser canalizada a través del Parlamento, a través del Congreso de los Diputados? Antes me refería a ello. Nuestro ordenamiento legal del empleo de personas con discapacidad proviene de esa ley que
citaba anteriormente, de la Lismi, una ley que tiene treinta años de vida y muchas modificaciones. Pero, en lo sustancial, en la normativa laboral de las personas con discapacidad y en las políticas activas derivadas de la misma estamos abrevando
todos del esquema de la Lismi, un esquema que se remonta treinta años atrás. Puede parecer una pregunta retórica pero ¿en qué se parece el mercado de trabajo hoy -en que los cambios son tan vertiginosos, en que cada día, cada minuto, casi cada
fracción de segundo nos encontramos con un cambio, con todo lo que ha supuesto la revolución tecnológica aplicada a la actividad económica- al de hace treinta años? Esta ley se hizo bien, se hizo con ambición y enorme creatividad en una época
también dificilísima como fue la de hace treinta años. Creo que se parece en muy pocas cosas.


Nuestra primera petición sustancial a esta Cámara -se la hemos hecho también al Gobierno, como es preceptivo- es dotarnos de un nuevo marco legal de inclusión laboral de las personas con discapacidad para esta legislatura, que esta
legislatura diera como fruto esa nueva ley, una ley de ámbito estatal que regulara con criterios innovadores, pegada a la realidad, con el cambio sociológico en términos educativos, formativos y de propia conciencia que han tomado las personas con
discapacidad y que permitiera que en unos años -quizá en ese horizonte de 2020 en el que ponemos tantas esperanzas-, al finalizar esta década, al menos 10 o 15 puntos más de personas con discapacidad pudiéramos acercarnos al nivel de actividad que
tiene el resto de la población. Eso sería esencial para nosotros y creo que es una cuestión que puede abordarse sin especiales dificultades, siempre que haya voluntad y consenso y que se traslade o se haga eco del sentir generalizado de una parte
de la ciudadanía tan significada como son las personas con discapacidad y sus familias. Es cierto que hay que tomar decisiones más coyunturales, más parciales y más fragmentarias en relación con el empleo y con la activación, pero necesitamos un
nuevo marco normativo sobre empleabilidad, sobre inclusión laboral y creo que eso solo se lograría con una ley integral ambiciosa que nos permitiera corregir muchas de las disfunciones, deficiencias e incongruencias de nuestro sistema. Por ejemplo,
llamo su atención porque el sistema español de protección social y el sistema de promoción de empleo son contradictorios, muchas veces van a la zaga, no comparten lógicas ni objetivos, y a veces medidas de protección social están disuadiendo de
trabajar a personas que con cierto apoyo público podrían hacerlo. Me estoy refiriendo a la normativa de Seguridad Social o a la de la discapacidad sobrevenida.


La discapacidad ha cambiado de rostro. Antes, fundamentalmente, se adquiría con el nacimiento o en los primeros estadios de la vida. De ahí venimos fundamentalmente todas las personas con discapacidad que estamos ahora en una edad adulta.
Eso está cambiando, cada vez nacen menos niños y niñas con discapacidad -las concausas y los efectos podrían dar para muchísimos análisis-, cada vez más la discapacidad se produce en la juventud, en las personas adultas y, como no, con el
envejecimiento de la población y de pronto cambia la vida de personas que antes no sabían lo que era la

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discapacidad y nunca la habían tenido presente ni siquiera potencialmente en su horizonte vital. Y eso no lo tienen en cuenta, en el grado que se está produciendo numérica y cualitativamente en nuestra realidad, ni nuestro sistema de empleo
ni nuestro sistema educativo ni asistencial. Esto, como no lo hagamos intentando definir un nuevo sistema de promoción y activación del empleo, difícilmente vamos a conseguirlo. Por tanto, reitero como gran demanda de la discapacidad esa nueva ley
inclusión laboral para personas con discapacidad.


Otro ámbito al que me refería es el de la plenitud de derechos. Como saben, desde 2006 existe la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada en el seno de Naciones Unidas. Es un texto jurídico
internacional que ha sido firmado y ratificado por el Reino de España con autorización de esta Cámara y, por tanto, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. La convención internacional -en la que España jugó, tanto en su gestación como
aprobación y después rápida ratificación y adaptación normativa a nuestro ordenamiento, un papel pionero, y así ha sido reconocido por la comunidad internacional, que pone también en evidencia la importancia que en la agenda política española se le
dan a las cuestiones de discapacidad- es la gran transformación que se ha producido en este siglo XXI, el llevar un tratado de derechos humanos a las personas con discapacidad. No crea nuevos derechos, como decía antes, pero sí trata de hacer
efectivos los derechos que todas las personas tienen reconocidos. A esa convención yo la he llamado revolucionaria -en el mejor sentido de la palabra- porque cambia formas de ver consolidadas, ideas recibidas y opiniones hechas, que parecían fruto
de una fatalidad, sobre el modo de ver la discapacidad y por tanto sobre el modo de hacer políticas y legislaciones sobre la discapacidad en el mundo. Es una carga de profundidad a muchas de las instituciones, de las normativas y de las cuestiones
que aceptamos como habituales en el mundo de la discapacidad en los últimos treinta, cuarenta o cincuenta años. Este Parlamento, en relación con esa convención, ya hizo un trabajo ímprobo y muy valioso en la anterior legislatura a fin de hacer una
primera adaptación normativa, o sea que puso el contador de nuestro ordenamiento jurídico interno previo a la convención en consonancia con los preceptos, mandatos y valores de esa convención que, como digo, es muy exigente y muy transformadora y no
se queda en un mero brindis al sol, sino que exige de los Estados una acción continua y permanente.


La segunda gran cuestión legislativa que plantearíamos a este Parlamento es una nueva remesa legislativa en materia de adaptación normativa a la convención que entrara en las leyes orgánicas y civiles que regulan instituciones civiles
básicas; me estoy refiriendo al Código Civil, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a leyes concomitantes, a todas las leyes orgánicas que regulan las instituciones judiciales, al Código Penal, a la Ley Orgánica de Educación, a la Ley Orgánica de
Universidades. En la primera adaptación que se hizo en la legislatura anterior se obvió entrar, por las dificultades de todo tipo -de contenido pero también incluso de mayoría parlamentaria-, en la aprobación o modificación de leyes orgánicas, pero
ha llegado el momento y esta es la legislatura en que hay que hacerlo.


Señorías, quiero llamar la atención sobre hechos que son muy crudos y que pueden parecer demagógicos pero que no lo son. Algunas personas con discapacidad en España están privadas del derecho de voto por razón de su discapacidad. Si están
incapacitadas judicialmente o están internadas en un establecimiento psiquiátrico se autoriza a la justicia, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a que les prive de su derecho de sufragio activo y pasivo. Eso se mantiene, no ha sido
tocado. Las personas con discapacidad que están incapacitadas judicialmente por decisión de instancias distintas de ellas pueden ser esterilizadas, pueden ser privadas de la función que cualquier humano tiene de tener hijos y crear una familia.


Las personas con discapacidad por razón de su discapacidad se ven obligadas, en contra de los mandatos de la convención, a asistir o a escolarizarse en sistemas distintos de los ordinarios -tendría que desaparecer la palabra si todo fuera
normalizado y ordinario- e ir a escuelas específicas o se ven también en la necesidad no querida de ir a vivir de forma paralela a la vivienda habitual que cada uno tiene o la forma de vida que quiere hacer y se ven, a veces, institucionalizados,
recluidos en instituciones específicas; también contrariando, siempre que no es voluntariamente, lo que dice la convención internacional antes citada.


A ello habría que sumar los graves problemas de accesibilidad. La ausencia de accesibilidad es una discriminación difusa. Nadie concibe, proyecta o diseña un entorno, un edificio, un medio de comunicación o un sistema dispositivo
tecnológico con la voluntad de excluir a las personas con discapacidad, pero si no se tiene en cuenta el efecto es ese, que muchas personas quedan fuera de una vida social normalizada, de acceder a bienes, productos y servicios de uso común, de uso
generalizado, porque tienen una discapacidad y no pueden hacer uso o no pueden acceder a los mismos. La ausencia de accesibilidad también es una de las discriminaciones, de la ausencia de igualdad de oportunidades más insidiosa, pero más letal para
el desarrollo de los derechos, para la calidad de vida, para unas condiciones aceptables de vida de las personas con discapacidad. Si a esto añadimos también las cuestiones de autonomía personal y vida independiente, las personas con discapacidad
estamos en el paradigma de que decidan por ellas mismas, de que no estén al albur de decisiones de otras instancias. Serán familiares cuando sean como los demás niños y niñas, y mientras estén en minoría de edad, pero después de eso ni una
instancia pública, ni una instancia distinta de ellas debe tomar las decisiones trascendentales sobre su vida, sobre su forma de vida o

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sobre cómo realizar o cómo llevar a cabo su proyecto vital.


Esta plenitud de derechos que debemos impregnar en toda la acción legislativa, en toda la acción normativa y de definición de políticas públicas necesita una revisión, necesita una actualización de nuestro ordenamiento, que es amplísimo y
que tiene regulaciones como el Código Civil, que puede venir del siglo XIX, o el Código Penal en el que hay aspectos previos incluso a la etapa democrática o pueden ser de hace veinte o treinta años. Tenemos que acomodar al menos los grandes
gruesos de nuestra legislación a las exigencias de la convención internacional, que responden a ese enfoque de derechos humanos exigibles y efectivos también para las personas con discapacidad.


Estas políticas y legislaciones han de hacerse, y creemos que han de estar presididas por tres enfoques: el enfoque inclusivo, que las personas con discapacidad estén en disposición de elegir cómo vivir y de estar siempre incluidas en su
entorno social de pertenencia y que no puedan ni estén obligadas a llevar vidas paralelas, vidas al margen de la corriente social; el enfoque de género, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Las mujeres con discapacidad son
numéricamente mayoría en este grupo de población, son casi el 60%, y sistemáticamente están en peores condiciones que los varones con discapacidad en cualquier elemento indicador, índice educativo, formativo, de acceso a bienes y servicios, de
prestaciones públicas, de grado de decisión sobre las cuestiones trascendentales de su vida o se ven sometidas, por ejemplo, a malas prácticas, como decía antes, en referencia a la esterilización. Todas las personas con discapacidad incapacitadas
pueden ser susceptibles de esterilización, pero el hecho es que de las que se esterilizan el 90% son mujeres, eso quiere decir que en esas malas prácticas hay un factor discriminatorio, hay un factor especialmente excluyente de las mujeres con
discapacidad. Es un ejemplo, pero se puede extender a muchísimos ámbitos, Por tanto, el enfoque de igualdad entre hombres y mujeres dentro de la discapacidad es absolutamente esencial mantenerlo.


Como les decía antes, otro enfoque necesario es que la discapacidad es muy plural, es muy diferente, y no todos necesitan las mismas medidas. En el sistema Lismi, tan benemérito por otra parte, desde que tenías el reconocimiento oficial del
grado de discapacidad, que estaba situado en ese límite del 33% hasta el cien por cien, apenas había diferencia en el grado de apoyo, en el grado de recursos, en el grado de acompañamiento público, prestacional o de otro tipo, que tenían que recibir
las personas con discapacidad.


Señorías, yo tengo un 37% de discapacidad y, por ejemplo, en términos de empleo o en términos educativos recibo los mismos apoyos que compañeros o compañeras mías que pueden tener el 90, el 99 o el cien por cien. Eso es inequitativo. Esto
lo debemos decir y lo debemos decir desde la propia discapacidad. Por eso es necesario hacer una consideración especial a los grupos que tienen especiales dificultades, dentro de la propia discapacidad, además del factor género. Por ejemplo, para
las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral, con daño cerebral adquirido, hemos definido, hemos ido configurando unos grupos de especial atención, de especial necesidad de actuación donde la acción
positiva sea más intensa, que debe extenderse a todas las políticas de discapacidad. Creo que es absolutamente necesario, sin que nadie pierda derechos. Por supuesto, no estamos pidiendo eso, pero es preciso atender y dar más intensidad en el
apoyo, en la protección en su caso, a aquellos que más lo necesitan.


Todas estas políticas, todas estas legislaciones por mandato normativo de nuestra propia legislación, de la propia convención a la que aludía, deben hacerse a través del principio de diálogo civil. Creo que sería un fracaso hacer políticas,
hacer legislaciones sin tener en cuenta o sin haber llamado a participar activamente, incluso me atrevería a decir a coparticipar y a codecidir, a los movimientos sociales articulados en torno a esa realidad que es destinataria de la norma o de la
acción pública. En este sentido -y creo que el movimiento social de la discapacidad en España ha dado muestras de ello-, somos entidades maduras que sabemos hacernos corresponsables de la situación y que queremos no estar en un papel pasivo, de
mera consulta cuando la haya, sino de participar activamente en la toma de decisiones que nos afectan. Existe un famoso lema, que es el lema de la discapacidad europea: Nada para las personas con discapacidad, sin ellas, sin las personas con
discapacidad. Creo que en España se ha avanzado y se ha hecho en los últimos años un importante modelo de política de diálogo civil en este ámbito, en el ámbito de la discapacidad, pero es necesario ahondar y profundizar en ello porque, a la vez
que es lo justo, es lo necesario, pero es también lo más productivo. Respecto a las normas, no tenemos que estar de acuerdo completamente con cualquier cosa que se haga en los matices y en los detalles, pero el grueso de las cuestiones que se tomen
debería hacerse con el movimiento asociativo de la discapacidad, que ha hecho el esfuerzo de articularse, de cohesionarse, de superar diferencias, de superar visiones legítimas distintas, de aparcar egoísmos y de buscar ese factor común al que antes
aludía. Esto es fundamental hacerlo, y esta Cámara y esta Comisión lo han demostrado.


Voy concluyendo, señorías. Creo que el movimiento asociativo de la discapacidad en España y en estos momentos, siempre, pero especialmente en estos momentos de terribles dificultades, tiene un papel trascendental que tiene que ser
reconocido porque somos un motor de inclusión de personas y familias, somos motor de empoderamiento de las personas. La situación no cambiará hasta que cada persona con discapacidad, cada familia en que haya una situación de discapacidad tome
conciencia de su dignidad inherente, de sus derechos y de que él o ella es la principal llamada a exigir ese cumplimiento y a que no se encuentre trabas, restricciones, discriminaciones que le impidan llevar la vida libremente

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elegida. Creo que ahí las organizaciones somos ese motor de empoderamiento, de hacer de cada persona el agente de su propia inclusión social, exigiendo derechos y apoyos y una posición de igualdad de oportunidades. Somos también el motor
de las políticas públicas de discapacidad, estamos permanente presionando, incidiendo, a los grupos, a los partidos, a las formaciones políticas, a los gobiernos en sus distintos niveles, a la opinión pública para que se tenga en cuenta la
discapacidad, para que se meta en la agenda política, para que se avance con decisiones de cambio social efectivo. Y en estos momentos -y quiero poner el énfasis ahí- somos un complemento ineludible de la acción siempre limitada de los poderes
públicos, cada vez más limitada por todos los condicionamientos económicos y presupuestarios, a los que estamos hoy como ayer y seguro que menos que mañana habituados, no diré que resignados pero con difícil visibilidad de salir de esta situación, y
sobre todo también como red última contra la exclusión y el abismo social que significa la exclusión. Donde el poder público, donde el Estado, donde la comunidad autónoma, el ayuntamiento o la diputación no pueden llegar, seguro que hay una
organización de personas con discapacidad, de familia del tercer sector, que está haciendo lo humano y lo inhumano para que no ocurra una situación de tragedia social, de pérdida de alguien que estaba incluido que deje de estarlo o de alguien que
pudiendo estarlo no lo está. Ahí también como red última contra ese absoluto deterioro social el movimiento asociativo en general y el de la discapacidad está a disposición de los poderes y es necesario y muy positivo que se reconozca esa labor:
un reconocimiento jurídico, un reconocimiento social y un reconocimiento de sostenibilidad económica, que no necesariamente es más dinero o más subvenciones, sino repensar el modelo y repensar las mejores formas de gestión y de ser más eficientes
para llegar a más personas de mejor modo y a ser posible con los recursos adecuados.


Es evidente que el programa es ambicioso -no he querido descender a toda esa retahíla de peticiones concretas, que ahora en el turno de preguntas estaré encantado de poder precisar, añadir o aportar alguna información, pero concluiría con
esa confianza, que es una confianza sincera, que creemos que es recíproca, en el Poder Legislativo como un aliado, quizá como el primer aliado de la causa de transformación, de cambio para las personas con discapacidad y para sus familias. Por eso
con tanto interés, con tanta alegría acudimos siempre a la llamada de la Cámara, a la llamada de esta Comisión, y estamos dispuestos tanto en el nivel del Cermi, como gran plataforma que agrupa a toda la discapacidad, como en el de sus
organizaciones miembro -y tengo entendido que habrá sucesivas comparecencias de personas significadas de otras entidades que hablarán de su concreta realidad, de su aspecto, el que incide más en su discapacidad- a colaborar absolutamente con
entrega, con dedicación y con confianza con el poder legislativo.


Muchas gracias y quedo a las cuestiones, preguntas, consideraciones o críticas que puedan hacerme en el turno de intervenciones.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias a don Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que ha expuesto aquí las demandas de la discapacidad organizada para esta legislatura, para los próximos
años.


Ahora toca el turno de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, tendrá la palabra la representante de Convergència i Unió, que es la primera de las solicitudes de comparencia que están registradas. No obstante, tengo que
anunciar a la Comisión que la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista, que no está en el orden del día, tiene fecha de registro del día 9 de mayo, igual que ha pasado con la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario
Popular. Si la Comisión está de acuerdo, se tienen por sustanciadas. (Asentimiento). Por unanimidad se entienden sustanciadas. Tiene la palabra Convergència i Unió y posteriormente los otros dos grupos en virtud de la fecha de presentación de la
solicitud. Tiene la palabra doña Concepción Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: En esta Comisión siempre es un honor y un placer la comparecencia de los representantes del Cermi, en este caso de su presidente, es casi un clásico que la primera comparecencia sea la voz del movimiento
asociativo organizado. Por lo tanto, bienvenido una vez más a esta Comisión y le agradecemos en nombre de nuestro grupo parlamentario las explicaciones y ese recordatorio y repaso que nos ha hecho de todo lo que representa el mundo de la
discapacidad.


Como no puede ser de otra manera, estamos muy de acuerdo prácticamente con todo lo que ha dicho. Es muy importante, y lo ha remarcado, que después de estos treinta años de la Lismi, de ese gran paso que representó en su momento, ahora que
lógicamente ha quedado anticuada hagamos una nueva legislación por la necesidad de empleo que en estos tiempos es tan importante. Además, las dificultades que hay en el mundo laboral afectan y castigan a todo el colectivo de la discapacidad. Es
necesaria la colaboración y ayuda de los grupos parlamentarios; nuestro grupo, Convergència i Unió también estará allí y ya le anuncio que próximamente haremos iniciativas en ese sentido.


Repasando su intervención, hay un tema que a nosotros nos interesa usted lo ha explicado muy bien, que es que dentro del mundo de la discapacidad hay una gran pluralidad inherente a ella. No hay dos discapacidades iguales, pueden estar
catalogadas dentro de un mismo grupo, pero a veces son diferentes entre sí. Hay unos grandes grupos ya divididos, ya pactados y arreglados con una protección especial y sabe también el presidente del Cermi cómo desde otros muchísimos grupos se
reivindica también la necesidad de incluir y de potenciar

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todo lo que representa la discapacidad sobrevenida o la discapacidad producida por esas enfermedades neurológicas discapacitantes que hace muchas veces que sea tan difícil llegar a un baremo que les reconozca sus dificultades, y sobre todo
que por esa falta de reconocimiento no puedan seguir con su trabajo laboral normal y estén excluidos de ese campo. Se quedan aparte, no es que se excluyan ellos, de hecho el 33% de ese colectivo están buscando empleo, pero muchas veces la falta de
ayudas, la falta de reconocimiento, el no poner al día los baremos, el no tener completamente configurado este tipo les dificulta mucho y los expulsa del sistema normal. En este sentido, me consta también su sensibilidad y desde Convergència i Unió
continuaremos, como lo hemos venido haciendo en la otra legislatura, intentando dar un impulso y defender estos aspectos.


Son aspectos que nos llevan a otros puntos de plena actualidad hoy, y digo hoy, la tarde de hoy, porque mañana vamos a tener aquí una discusión de un decreto importante, se va a aprobar en el Pleno un decreto sobre medidas sanitarias
urgentes que afectan muchísimo al mundo de la discapacidad. En la última sesión de la Comisión que celebramos quedó sobre la mesa el acuerdo de todos los grupos de hacer una actualización de todo el sistema ortoprotésico. Supongo que ustedes
también comparten la necesidad de dicha actualización. En el libro blanco que ustedes editaron no hace mucho se explica muy bien la necesidad de poner al día ese catálogo. Ese catálogo se verá afectado por una aportación económica que dice el
decreto que será similar a la prestación farmacéutica. Yo creo que no debemos hacer similitudes entre lo que es una aportación económica farmacéutica según unas ganancias totales y la aportación a las personas que necesitan prótesis que son
imprescindibles para ellas y sobre todo que son imprescindibles para ir a ese mundo laboral y no ser expulsados de él. Porque si para una familia con una persona con discapacidad el coste económico ya es más elevado que el de otra familia sin
ninguna persona con discapacidad; si a esa familia le ponemos además todos los costes añadidos que contempla este real decreto, a nosotros, desde nuestro punto de vista y aun estando de acuerdo en su conjunto y en su base, no nos parece lógico que
no se hagan distinciones y no se traten de manera diferente. Me gustaría oír su opinión y sus propuestas al respecto.


Otro tema sobre el que nuestro grupo parlamentario ha hecho bandera en defensa de este mundo de la discapacidad y del que usted ha hablado y ha denunciado, es todo lo que representa la falta de empleabilidad. ¿Qué acciones cree que
podríamos hacer, aparte de los cambios legislativos, en los que estamos de acuerdo, el cambio de esa nueva Lismi a la que yo me he referido así, entre comillas, porque tenemos que empezar a cambiar el nombre de esa Lismi y empezar una nueva
legislación? ¿Qué es lo que desde aquí podríamos promover? Hace muy pocas fechas que ha entrado en vigor la adaptación normativa de la convención. Allí estuvimos luchando mucho para cambiar y adaptar esa convención: medidas positivas de empleo
que favorezcan o quizá prioricen y puntúen a las empresas en los contratos con este colectivo; incluso los que cumplan con las mismas leyes que les dicen los colectivos que tienen que tener, el tanto por ciento que deben tener de empleados, que
esas empresas tengan una preferencia o que puntúen más; es decir, todos esos aspectos que en su momento no pudieron ser recogidos como nos hubiera gustado a algunos grupos, y si cree que deberíamos seguir insistiendo o en qué puntos más tendríamos
que intentar avanzar para conseguirlo.


Espero sus respuestas y quiero mostrarle, como siempre, nuestro apoyo, nuestra admiración por su trabajo en el campo de las asociaciones de la discapacidad, porque todas hacen una gran labor. Usted ha dicho que muchas veces personas
individuales quedarían excluidas si no fuera por muchas de estas organizaciones y si no fuera por el trabajo que se realiza desde el tercer sector. Desde aquí también quiero reivindicar ese trabajo y pedir también más apoyo económico para todas
estas entidades y asociaciones que trabajan para el tercer sector.


La señora PRESIDENTA: Don Luis, si le parece vamos a hacer una ronda con los grupos parlamentarios y luego otra para que puedan contestar a cada uno de ellos. Le toca ahora el turno al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don
Francisco Varió. Tiene la palabra.


El señor VAÑÓ FERRE: En primer lugar, señor presidente del Cermi, don Luis Cayo, bienvenido a esta su casa donde una vez más comparece y además con mucho sentido porque desde mi grupo siempre hemos considerado muy interesante que afloren
los problemas de esos cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que desgraciadamente todavía no tienen resuelta toda su problemática y no están en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos de este país. Mientras siga la
situación como está en la actualidad -y no quiero buscar culpables, simplemente es una situación a la que se empezó muy tarde a dar solución y no tiene solucionada, por lo tanto, su problemática-, estará más que justificado que una Comisión como la
que se está sustanciando hoy aquí, la Comisión de Discapacidad, tenga sentido en esta Cámara. Por lo tanto deseo agradecer esa presencia y espero que podamos ir sembrando lo que el día de mañana va a ser la posibilidad de que las personas con
discapacidad consigan esa inclusión en igualdad de condiciones.


Considero tan importante la Comisión y tal importancia le doy hasta el extremo de que yo quiero justificar a todos mis compañeros de la Comisión de todos los partidos, no estoy hablando de los míos, porque casualmente hoy hay varias
comisiones y todo el mundo está diciendo: tengo que asistir a otra Comisión donde tengo que votar. Yo creo que en el fondo es porque

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hay una justificación en ese sentido de que se está pendiente de varias comisiones, cada diputado pertenece a varias comisiones y hay que cumplir con todas, pero lamento que no puedan un día en el que se celebra la primera comparecencia del
Cermi, la del representante del sector, como muy bien está definido, representativo de la discapacidad, el sector autorizado para hablar de la discapacidad en España, que representa a más de 7.000 asociaciones. Creo que tiene sentido escuchar cuál
es la problemática, cuáles son las posibles soluciones, las alternativas que desde el sector de la discapacidad proponen para que desde esta Cámara, en lo que afecta al Poder Legislativo, tratemos de ir dando soluciones en el sentido de mejorar las
condiciones de vida de las personas con discapacidad.


Déjeme -y no es por galanteo- felicitar la trayectoria del Cermi. No es la primera vez que lo digo: creo que el Cermi ha sabido consolidarse como una cúpula del movimiento asociativo con pragmatismo, con seriedad, con buen trabajo que
afortunadamente está dando sus frutos y está consiguiendo que se escuche y se atienda a las demandas porque estas son siempre reales que obedecen a situaciones que están todavía pendientes de solucionar y la forma de plantearlas como problema y
posibles alternativas siempre es algo que estimula y ayuda a trabajar. Y yo creo que eso se transmite en comisiones como esta donde, ideología aparte, hay una tendencia al pacto -siempre lo hemos dicho y no solo yo, sino también los responsables de
otros partidos-, hay una tendencia al acuerdo dado que todos somos conscientes de que hay una especie de deuda -por decirlo de alguna manera- con el sector. Todavía hay algo que le debemos a la discapacidad que no ha hecho la sociedad adecuadamente
para que el disfrute de esos derechos no sea accesible a todas las personas con discapacidad. Por lo tanto, tiene sentido y justificación.


A usted, como veterano compareciente, yo le he interpelado en algunas ocasiones y en áreas distintas, no solo en esta de discapacidad sino en otras porque al ser un tema transversal afecta a todas las actividades de la vida diaria de esta
Cámara y de la sociedad en general, lógicamente el sector de la discapacidad tiene demandas en todos los ámbitos. Hemos coincidido y verá que muchas cosas son reiterativas, pero yo prefiero dejar constancia y ser un poco pesado -entre comillas, en
lenguaje coloquial- de que todavía está pendiente o que todavía estamos en la vocación de solucionar. En ese sentido, oirá una serie de lugares comunes y a lo mejor usted dirá que esto ya lo hemos tratado. Sí, afortunadamente somos conscientes de
que lo hemos tratado, somos conscientes de que tenemos el problema y que tenemos que solucionarlo, y si no lo hemos solucionado, por lo menos somos conscientes de que todavía queda pendiente; pero no pasamos página sin llevarlo adelante.


Déjeme que le diga dos cosas. Yo he leído con detenimiento, en nombre de mi partido y mi partido es consciente y así me lo ha transmitido, la agenda política de la discapacidad que hemos aprendido de su manifiesto o escrito, en donde nos
marca un poco las líneas en las que el sector de la discapacidad de todas las patologías, tanto físicos como psíquicos o sensoriales, consideran que es primordial y sería el orden en que deberían afrontarse situaciones para ir resolviéndolas.
Entendemos que hay que mantener las conquistas, indudablemente no podemos ir atrás, y en ese sentido creo que la colaboración de todos la va a encontrar porque nos ha costado mucho a todos. No quiero adjudicar el mérito a nadie ni perjudicar a
nadie en ese sentido, aquí hemos sido todos colaboradores necesarios para estar donde estamos. Sabemos que todavía queda mucha distancia para llegar a la situación que pretendemos, pero esa mejora ha sido sustancial y, por lo tanto, hay que
mantenerla con arreglo a ese criterio de su agenda política. También entendemos que la mayor presencia de los que venimos ya trabajando mucho en este sector y lo conocemos bien desde distintos ámbitos tenemos que ser optimistas porque recuerdo que
hasta el año 1982 una comparecencia como esta era inconcebible. Hasta el año 1982 era absolutamente inconcebible que el representante de las personas con discapacidad se sentase en esa mesa e incluso hasta que estuviese como público. En ese
sentido, hay que ser optimista. En estos tiempos que corren en los que parece que el pesimismo preside todo, quiero ser optimista, pero no conformista. Optimista no significa que diga que estamos en el mejor de los mundos, porque hay que seguir
trabajando en ello. Hay que hacer constante esa mayor presencia. Ahora, cuando estábamos hablando de que se incorporasen las solicitudes del resto de los grupos, tanto del Grupo Socialista como del Grupo Popular, a esta comparecencia, estaba
pensando que en el fondo no debería importarnos, tanto al Grupo Socialista como a mí -no digo que lo hayamos hecho mal- que usted viniese con más frecuencia, porque quizá serviría para refrescar esas necesidades que a lo mejor usted ya ha planteado
desde esa mesa y que, por lo que sea -no quiero buscar culpables-, todavía no se llevan a cabo. En los últimos años -tampoco quiero citar años para que nadie se sienta aludido, no quiero hablar ni de diez ni de quince ni de ocho-, todavía no hemos
llegado a esas soluciones a las que quizá debería haberse llegado. Por tanto, a lo mejor era interesante que cada comparecencia se sustanciase por su cuenta para que usted viniese a dar aldabonazos en nuestras puertas de lo que queda pendiente por
resolver.


En cuanto a candidatos con discapacidad, quiero felicitarme también. Insisto que mi intervención va a ser de reclamación y de ayuda a sus propuestas, pero también quiero transmitir un cierto optimismo, porque creo que se cargan mejor las
pilas con optimismo para seguir afrontando lo que nos queda todavía por conseguir. Pienso que ha habido una evolución ostensible. Por ejemplo, en cuanto a candidatos, todo el mundo es consciente de la cantidad de candidatos con discapacidad en
todos los ámbitos y en todos los partidos, y hoy concretamente

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en esta sala tiene usted a dos diputados en silla de ruedas, cosa inhabitual hace veinte años -más que inhabitual, inconcebible-. Recuerdo que éramos objeto de tratamiento, pero no protagonistas. En ese sentido, tengo que transmitir ese
entusiasmo, ese optimismo y que eso nos ayude a seguir trabajando.


En cuanto al diálogo civil y a la participación de las políticas públicas, creo que no queda duda. Usted ha entrado aquí con más naturalidad que entro yo probablemente, conoce usted a más gente que yo y tiene más amistad con más grupos
políticos, aunque yo también la tengo. Lo que quiero decir es que el diálogo civil está abierto, que todos los partidos políticos, todos, están en disposición y con ganas de mejorar y fomentar ese diálogo y seguir avanzando. A raíz de la
convención de Naciones Unidas aprobada en 2006 y que entró en vigor aquí en España en mayo de 2008 -ahora se van a cumplir cuatro años y se supone que es un derecho en España, pero hasta que las cosas cuajan, aunque debería ser, todavía no es y
debemos seguir empujando en ese sentido-, en estos cuatro años, desde entonces a ahora, creo que ha habido un cambio de mentalidad. Estamos empezando a convencer a la sociedad, entre todos -ustedes tienen ahí la mayor parte del trabajo que hacer-,
de que los servicios sociales deben pasar a derechos sociales; la beneficencia debe desaparecer en favor del derecho. A estos derechos, como cualquier ciudadano, tienen que acceder las personas con discapacidad y, por tanto, hay que hacerlos
efectivos. ¿Cómo? Pues supliendo, fomentando y mejorando la accesibilidad, las condiciones de vida, la empleabilidad, la educación, mejorando una serie de cosas que usted ha reclamado muy bien y que todavía no están. Uno de los problemas
principales -también lo ha dicho usted muy bien- es la tasa de inactividad; no el paro, no el desempleo, sino la tasa de inactividad. Mucha gente, por tradición o por hábito, no se considera capaz o no se considera con posibilidades de entrar en
el mercado laboral porque dicen: no, no van a contar conmigo. Eso es disuasorio, aparte de otras cosas que también ha dicho usted y que pueden ser otros motivos. Fundamentalmente, llega un momento en que la gente, a fuerza de no darle cauce, ni
se plantea entrar en el círculo. Por tanto, hay que cambiar eso y creo que deberíamos llegar a ese 50% en este programa, en este proyecto, y hacerlo entre todos.


Por supuesto, el enfoque inclusivo. En la accesibilidad universal, que es otra cosa que también nos preocupa a todos -se lo he oído a todos los grupos y quiero hacer hincapié en ello-, ya hemos roto afortunadamente la imagen de que la
accesibilidad universal, la accesibilidad en general, era accesibilidad física, era accesibilidad al medio urbano, al entorno. Ya hemos roto la imagen de la accesibilidad a escaleras. Eso ya lo hemos roto y ahora entendemos que la accesibilidad es
a entorno, productos, medios, servicios e incluso a mucho más, al transporte, al conocimiento. Hay que facilitar que esa accesibilidad universal sea un hecho y, en ese sentido, luego hablaré de una posible estrategia. Debemos ir hacia ahí, hacia
esa accesibilidad universal. En temas como la coordinación sociosanitaria, también deberemos, a través de todos los grupos, buscar un acuerdo para ir mejorando en esta legislatura y evitar otra cosa que usted ha citado y estoy muy de acuerdo con
usted: la exclusión dentro de la exclusión; o sea, dentro de la discapacidad hay algunas que son más invalidantes o más condicionantes y está claro que hay que establecer una discriminación positiva en favor de los más gravemente afectados porque
lógicamente no todos están en las mismas condiciones y, si pensamos en el más gravemente afectado y solucionamos su papeleta, solucionamos la de todos.


Por ir acabando -creo que me estoy alargando un poco-, quería remarcar dos o tres cosas que quiero que usted repita, si las ha dicho, o si no que las especifique para que nos queden a todos bien claras para trabajar en ese sentido. Primero,
cuál sería la gran demanda legislativa, la primera, la más importante, en esta legislatura que casi acaba de empezar; cuál sería la más necesaria, la que el sector asociativo reclamaría con más perentoriedad. Hay otra cosa -se lo he oído decir a
usted y eso habla bien del Cermi-, y es que no todo se soluciona con dinero. Ya sabemos que estamos en una época de crisis, que los presupuestos han tenido que ser muy limitados, que si no tenemos el dinero no se puede gastar, y si encima tampoco
nos lo prestan, pues no podemos. Por tanto, hay que buscar medidas imaginativas, medidas con mucho sentido de pragmatismo, de saber dónde estamos, dónde vamos y qué camino podemos utilizar que no sea el del dinero para llegar a mejorar esas
condiciones de vida. Entre todos, haciendo una tormenta de ideas, con una colaboración, con una vocación de participación y de cooperación entre todos se pueden llegar a conseguir esas condiciones de vida. Cermi siempre habla del diálogo civil, de
la participación y de la corresponsabilidad. En ese sentido, qué puede aportar el Cermi a la sociedad civil organizada, a mejorar el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad, y no solo de las personas con discapacidad, también de
sus familias, porque muchas veces esas personas con discapacidad condicionan la vida de sus familias y también hay que pensar en las familias de esas personas con discapacidad.


A partir de la entrada en vigor de la convención de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad ha habido una serie de modificaciones en la legislatura anterior. No quiero entrar en protagonismos ni de una legislatura ni de
otra, ni de un grupo ni de otro. En este caso concreto de su comparecencia, quiero hablar de los avances de la discapacidad y de las posibilidades que tenemos. Creo que hubo un avance. A lo mejor ustedes esperaban más, quizá se quedó corto, es
probable, pero creo que todo lo que sea avanzar es positivo. Veámoslo desde el punto de vista del optimismo, que es el que en un principio le transmitía. Creo que ha habido una mejora, una adaptación y también soy consciente de que quedan muchas
cosas por adaptar. No se llegó a la mejor adaptación de nuestra legislación, ya que hay que

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modificar cerca de cien leyes y a lo mejor se hizo en sesenta, pero no nos lamentemos, no nos dediquemos a criticarnos mutuamente: ustedes no hicieron, debieron haber hecho, yo quise hacer y usted no. No, se hizo algo y queda mucho por
hacer, vamos a seguir en ello. Me gustaría que usted incidiese en ello para saber en qué aspectos fundamentales -tampoco lo vamos a resolver todo de un golpe- podríamos mejorar la legislación.


Para terminar, simplemente quiero felicitarles por el hecho de que esas seis grandes organizaciones sociales llegaran al acuerdo de crear esa plataforma del tercer sector. Espero y deseo lo mejor para esa plataforma porque es muy necesaria,
muy útil, pero egoístamente y desde el punto de vista de esta asociación, ¿qué mejoras va a sacar la discapacidad?, porque a ver si por juntarnos en lugar de mejorar diluimos y salimos a menos. Con todos mis respetos a todos, porque no quiero
establecer criterios del tipo: este es mejor que el otro, por tanto, este merece más. No, simplemente se trata de que haya un reparto equitativo, para todos por igual.


Este es casi un deseo personal, una reflexión, con la que acabo. Igual que la Unión Europea aprobó una estrategia europea para la discapacidad 2010-2020, me gustaría -y es un ruego que le pido a usted, ya que es un muy buen coordinador de
todos los grupos políticos, y al resto de grupos político- que nos ayude, que hagamos un esfuerzo por llegar a un acuerdo en crear una estrategia española consensuada, debatida, con objetivos, con recursos y con un calendario con los que estemos de
acuerdo, para conseguir que la discapacidad en España -que está siendo uno de los sectores mejor atendidos de la discapacidad en Europa e incluso en el mundo, en muchos aspectos es envidiable la situación que tenemos, aunque estemos todavía tan
lejanos de la situación óptima- siga por ese camino. Me brindo al Cermi y al resto de los grupos para buscar encuentros y acuerdos para poder mejorar.


La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Laura Seara.


La señora SEARA SOBRADO: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quisiera darle la bienvenida a esta Comisión, agradecer su presencia y aprovechar la oportunidad que esta nos da para mostrarle el reconocimiento que el
Grupo Socialista quiere hacerle a usted de manera muy particular, pero también de forma general a la organización que representa. El Cermi, además de ser una plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad,
es una plataforma de encuentro y de acción política de las personas con discapacidad. Hablaba usted del activismo, de a dónde hemos llegado gracias al activismo de tantas personas. A mí la palabra activismo me gusta, porque habla de mucho
compromiso, de participar en una organización social, de estar dentro de un tejido asociativo por una u otra razón, pero además adquirir un compromiso personal y propio. Eso es lo que significa el activismo y la reivindicación, y el papel del Cermi
durante estos años ha sido excelente en este aspecto, agrupando cada vez a más colectivos. Han desarrollado y han hecho un trabajo magnífico en el territorio, en las diferentes comunidades autónomas, agrupando a más de 8.000 organizaciones
relacionadas con la discapacidad en nuestro país. Por tanto, estamos hablando de que su voz hoy aquí, señor Pérez Bueno, sus conocimientos, su experiencia, su representatividad son inmensas y, por tanto, su opinión es imprescindible para el buen
trabajo y el buen hacer de esta Comisión. Desde luego, hemos escuchado sus palabras con muchísima atención, también las de los otros portavoces que han participado antes que nosotros en este debate, y comparto, y lo voy a decir con claridad, el
entusiasmo y el optimismo del señor Vañó, que es necesario, pero aprovechando su presencia aquí, nos gustaría hacer algunas reflexiones y trasladarle algunas cuestiones a las que ya otros portavoces han hecho referencia en esta Comisión. Usted es
una voz muy autorizada, por no decir la más autorizada, en esta cuestión en nuestro país y, por tanto, más allá de reflexiones y de muchos puntos en común que tenemos los grupos de esta Cámara en esta Comisión, es necesario poner el acento en
determinadas cuestiones. Usted sabe -lo sabe la inmensa mayoría de los grupos que están aquí, algunos lo pueden reconocer más y otros menos, porque cada uno lo ve con su propia óptica- que, históricamente, el Partido Socialista y, de hecho, de
manera particular el Grupo Parlamentario Socialista, se ha volcado con las políticas de bienestar y de atención a la discapacidad. Para nosotros, insisto, ha sido una prioridad y va a seguir siéndolo donde los ciudadanos decidan que tengamos que
estar. En el Gobierno lo ha sido, durante estos últimos ocho años, y desde luego en la oposición lo va a seguir siendo y las acciones que presentaremos en esta Cámara políticamente irán en esta línea.


Antes hablaba de pasar de servicios sociales a derechos sociales. Por eso, a mí me hubiera gustado que se mantuviera el nombre del ministerio como Ministerio de Política Social y no Ministerio de Servicios Sociales. Yo vengo de la política
de igualdad, donde el significado de las palabras y cómo se dicen tiene mucha importancia. En este ámbito, creo es correcto hacer esta matización, porque comparto lo que ha dicho el señor Vañó respecto a pasar de los servicios sociales a los
derechos sociales, y en esto el lenguaje, como en casi todo, tiene también su importancia. No me quiero extender demasiado en algunos de los hitos de estas últimas legislaturas, porque no es lo que hoy debemos hacer aquí los diferentes grupos, pero
efectivamente ahí están la Ley de la Dependencia; el aumento de las prestaciones por hijo con discapacidad hasta equipararse con la pensión no contributiva, garantizando cuantías mínimas para viudas y huérfanos con discapacidad; el empleo de las
personas con discapacidad, que durante la primera legislatura del Gobierno socialista aumentó un 10%, gracias a la mejora

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de las bonificaciones a la contratación y aprobación de la estrategia global de acción. Se aprobó la ley que reconoce la lengua de signos, una reivindicación histórica, que tiene que ver también con el apoyo a la comunicación oral de las
personas con discapacidad auditiva y también sordociegas. Se mejoraron los permisos y ayudas para el cuidado de familiares con discapacidad. Se incrementó la protección en caso de reducciones de jornada y excedencias y la prestación por nacimiento
o adopción en caso de personas o hijos con discapacidad, que ascendía a 3.500 euros. Se realizó un enorme esfuerzo en la creación e impulso de centros de referencia estatales. Ustedes los conocen, muchos han coparticipado. Me refiero, por
ejemplo, al de trastorno mental grave de Valencia, al de enfermedades raras de Burgos o al de promoción de la vida independiente de Extremadura, que además tiene que ver con otras de sus reivindicaciones, que son los nuevos rostros de la
discapacidad, esas nuevas discapacidades, diferentes, que necesitan de una atención especializada y directa. Por eso, se hizo el esfuerzo con los centros de referencia. Por primera vez se implantó el Plan ADO Paralímpico. Esto en la primer
legislatura, porque en la segunda, donde había una situación de inmensa dificultad económica, donde ya había problemas económicos debido a la crisis económica y financiera, se puso encima de la mesa la estrategia española sobre discapacidad
2012-2020, como marco de referencia y también como directriz de todas las política públicas que se desarrollan en nuestro país en materia de discapacidad. La estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad 2008-2012, por
la cual se realizaron más de 200.000 contrataciones a personas con discapacidad. El real decreto de voto accesible, la Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Ley General de
la Comunicación Audiovisual, que regula el subtitulado y la autodescripción. Como en este Parlamento, señor Pérez Bueno, se habla mucho de herencia, a mí hoy también me apetecía hablar de herencia, me apetecía hablar de estos últimos ocho años de
trabajo realizado en esta materia. Efectivamente, queda mucho por hacer, sí, pero todo esto se ha hecho.


Frente a esto, y le hablaba de la Ley de la Dependencia de una manera muy general al principio, quiero señalar que este grupo está tremendamente preocupado, y así lo hemos trasladado en diferentes ocasiones la portavoz de Política Social,
señora Aguilar, la responsable política y compañera de esta Cámara y del Partido Socialista, la exministra y responsable además de muchos de estos logros, doña Trinidad Jiménez, y diferentes diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista
ante el impacto de la crisis en la situación de las personas con discapacidad, que se va a intensificar de manera dramática como consecuencia de las políticas de recortes en materia de dependencia, de servicios sociales, de sanidad, de educación y
de políticas activas de empleo. Durante los últimos años las prestaciones por dependencia en el calendario de implantación de la ley estuvieron garantizadas, a pesar de los graves problemas económicos que había, tanto en los años de bonanza
económica, como en la etapa en la que la crisis no solo estaba a las puertas de este país, sino que estaba ya dentro de este país. El señor Rajoy el día 19 de diciembre de 2011, y nosotros aplaudimos sus palabras, afirmó su voluntad de mantener y
mejorar los servicios públicos y el servicio de la dependencia. Le puedo asegurar que muchos de nosotros respiramos aliviados, pero esto duró poco, porque no habían transcurrido ni dos semanas desde que escuchamos estas palabras en el hemiciclo
cuando el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, introducía la modificación de la disposición final primera de la Ley de
Dependencia; en todo caso, un inmenso varapalo para miles de ciudadanos y ciudadanas que esperaban ser atendido y que, debido a esta modificación del calendario, ven aplazado sine die el ejercicio de sus derechos. No voy a entrar al detalle de los
grados y de los niveles, pero saben que muchos se van al año 2013, otros muchos a 2014 y que las prestaciones del sistema pasan a dividirse en dos colectivos, en función exclusivamente de la fecha de su valoración, lo que nos preocupa enormemente.
Además, y por si esto fuera poco, para la entrada de nuevos beneficiarios del grado I nivel 2 el proyecto de ley de presupuestos vino a cerrar totalmente esta posibilidad mediante una nueva modificación en el calendario que introducía un nuevo
requisito al colectivo que todavía, a pesar de las modificaciones del real decreto, tenía posibilidad de beneficiarse del sistema. Ante esta cuestión descrita -aparte de un recorte de 283 millones de euros más una cantidad muy parecida en el caso
de las comunidades autónomas, que saben que han modificado completamente el sistema de financiación-, me gustaría saber cuál es su postura, cuál es su posición, cual es la opinión que tiene un organismo tan plural, tan plural -eso lo sabemos todas y
todos los que nos sentamos aquí- como el Cermi, que representa tantas sensibilidades desde todos los puntos de vista, qué opinión tiene sobre las repercusiones que estas medidas van a tener en el colectivo de personas con discapacidad y cuál va a
ser el tipo de discapacidad más afectado por estos recortes.


Para ir terminando quiero hablar de lo que tiene que ver con la materia sanitaria, porque aquí mi compañera de Convergència i Unió ya ha hecho algunas reflexiones al respecto. Nosotros entendemos que el ahorro previsto por el Gobierno en su
decreto sanitario es pequeño si se compara con el golpe que sufrirá el colectivo de las personas con discapacidad. Creemos que las modificaciones afectan directamente a los discapacitados físicos que necesitan las prótesis externas -sillas de
ruedas, piernas ortopédicas, corsés-, por las que se establece un copago igual que el de los fármacos. Lo que está claro es que este recorte dificultará significativamente la integración de estas personas tanto en lo que se refiere a la

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inserción social como en el mercado laboral. Como se hablaba antes aquí, un nuevo palo a las personas vulnerables. Entendemos que la prestación ortoprotésica en ningún caso debe ser considerada como prestación suplementaria y, por lo
tanto, no sometida nunca al copago, dado que estos productos de apoyo son esenciales para una mínima, mínima -hablo de mínima- autonomía personal. Nos preocupa también la situación en la que se quedan las personas con enfermedades crónicas;
entendemos que deberían quedar exoneradas de cualquier aportación en relación con los medicamentos que se le prescriban como consecuencia de esa cronicidad. Además, creemos que debería regularse de manera específica la prestación del transporte
sanitario para que las personas con discapacidad que lo precisan para acudir a los tratamientos, a las terapias o a los cuidados médicos relacionados con su discapacidad estén exentos de copago. A nosotros nos gustaría mucho saber su opinión sobre
esta cuestión. Es verdad que hemos visto algunos comunicados del Cermi oficiales pidiendo y solicitando a esta propia Cámara que tramitara este real decreto como una ley para que, efectivamente, estas cuestiones pudieran ser modificadas. Sabemos
que esta ha sido su posición y la de su entidad pero, si hay tiempo, nos gustaría que profundizara más en esta cuestión.


Por último, señora presidenta, me gustaría hacer algunas referencias al área de servicios sociales; a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el programa 231.F, otros servicios sociales del Estado, que, tal y como viene recogido en los
propios Presupuestos Generales del Estado, cuyo presupuesto ha disminuido un 24,29% respecto al ejercicio anterior, y esta disminución repercute directamente y de manera relevante en partidas que tienen que ver con las políticas integrales de la
discapacidad. Por ejemplo, le puedo hablar del Plan concertado, que es el instrumento fundamental para el desarrollo de las prestaciones básicas. Estamos hablando de lo básico, de lo más básico, con lo que trabajan los ayuntamientos más pequeños
de este país a través del Plan concertado con las comunidades autónomas, que sufre un recorte de más de 37 millones de euros, lo que supone un 43,1% menos que en el año 2011. Esto ocurre mientras el número de usuarios de estos servicios está
experimentando un incremento en torno al 37%, lo que va a acabar acrecentando esta brecha brutal de desamparo a las personas que más lo necesitan. Lo mismo le podría decir del Plan de acción de personas con discapacidad, que se recorta al cien por
cien. Es cierto que la ministra ha hablado de que va a haber un nuevo plan para las personas con discapacidad, pero yo quiero recordar a los miembros de la Comisión -aunque estoy segura de que todos lo saben, y mucho más usted, señor Pérez Bueno-
que es verdad que si esto se queda paralizado, mientras no se pone en marcha el nuevo plan - y no tiene financiación la última fase de este plan ni el inicio del nuevo plan- estaremos hablando de que más de 25.000 personas en este país podrían dejar
de beneficiarse de las ayudas de este plan, entre otros, por ejemplo, 44 proyectos existentes. Yo creo que esto es importante. Es verdad que los gobiernos tienen que hacer sus propias estrategias y sus propios planes pero, en fin, se da una
situación paradójica a efectos económicos y financieros que desde luego a nosotros nos preocupa. Lo mismo le ha pasado a los centros de subtitulado, tanto el que tiene que ver con la Carlos III como el que tiene que ver directamente con la
Federación Estatal de Personas Sordas, cuya bajada es muy importante; se han presentado enmiendas al respecto y han sido todas rechazadas. Yo sé que la situación es complicada desde el punto de vista económica, y eso lo hemos compartido en casi
todas las comparecencias, no solo en esta Comisión sino en todas. Desde el Partido Socialista hemos considerado con el máximo rigor y responsabilidad la situación económica a la hora de abordar no solo el estudio de los Presupuestos Generales del
Estado sino también a la hora de poner encima de la mesa algunas medidas de austeridad, como algunos las llaman. Insisto en que lo hemos hecho con la mejor de las intenciones, pero entendemos que en este momento también hay que poner encima de la
mesa esta realidad. Sé que personas como el señor Vañó, tremendamente conocedoras -solo faltaría- de este colectivo y que han formado parte del mismo, son personas sensibilizadas con este tema. Creo que todas las personas presentes en esta
Comisión estamos porque queremos, porque nos gusta la política social y porque peleamos para que las personas con discapacidad tengan más y más derechos cada día; pero la verdad es que hoy, señor Pérez Bueno, que tal y como están hoy las cosas
encima de la mesa, nosotros tendríamos que plantear este debate, nos parece interesante. Como le dije al principio, su opinión es clave para el desarrollo de las políticas que de esta Comisión se vayan haciendo, pero creo que también es muy
importante que determinados partidos, sobre todo el principal partido de esta Cámara, que es el que sostiene la acción del Gobierno, le escuchen. Sé que el Gobierno le escucha y sé que la relación de organizaciones como el Cermi con todos los
gobiernos es tremendamente fluida, eso está fuera de toda duda, pero a mí sí me gustaría que en estas cuestiones tan relevantes, en materia sanitaria, de servicios sociales y de dependencia, nos dijera cuál es su opinión.


Aquí lo dejamos. No tenemos réplica. A mí me gustaría entrar en otras cuestiones en las que sé que ustedes están muy implicados, como lo que tiene que ver con el apoyo a la paternidad de las personas con discapacidad o lo que tiene que ver
con cuestiones sobre las que ya hemos hablado en otras reuniones fuera de esta Comisión, como la Ley de igualdad de trato y no discriminación, que se ha quedado en el cajón y que es también una ley importante para el colectivo con discapacidad, pero
creemos que hoy, momento en que usted ha venido a comparecer, efectivamente estos debates no es que estén de actualidad, es que la gente y desde luego mi grupo está tremendamente preocupado y muy atento a la opinión que tiene su entidad.

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La señora PRESIDENTA: Una vez finalizado el turno de los grupos que han presentado la solicitud de comparecencia, pasamos al turno de los demás grupos parlamentarios, para lo que tendrán un tiempo flexible, pero aproximadamente de cinco
minutos. Digo flexible porque anteriormente el tiempo era de diez minutos y ha sido de un cuarto de hora. Por lo tanto, lógicamente les daré flexibilidad en una comparecencia de estas características.


En primer lugar, como representante del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Caridad García.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señor Pérez Bueno, usted ya sabe la letra del tango: veinte años no es nada, treinta años son diez más; efectivamente. Es verdad que pueden no ser nada o pueden ser muchos. Una ley no es inamovible, una ley no
se aprueba y ya durante treinta años no se hace absolutamente nada; ni durante veinte ni durante treinta, una ley hay que estar constantemente revisándola y adaptándola a los tiempos. No es necesario generar nuevas normas legales, sobre todo es
necesario, a nuestro entender, ir adaptando la normativa a los tiempos que corren. Cuando no se adapta es cuando efectivamente surgen los problemas, y ahora, aunque no queramos estar ni caer en el pesimismo, cuando las noticias que nos llegan no
nos dan para la alegría, pues resulta que tenemos que ir adaptando y reformando las leyes o haciendo otras nuevas. Le digo esto con sinceridad porque creo que es lo que se debería haber hecho y haber reclamado durante todo este tiempo,
agradeciéndole también -permítame que se lo diga, se me ha olvidado al principio con la letra del tango- su presencia hoy aquí. Creo que a lo largo de todo este tiempo ha habido -siendo redundante- tiempo suficiente para ir reclamando que la ley o
las leyes se fueran adaptando a las necesidades reales de cada momento y de cada instante, y estos momentos desde luego no son los mejores.


Usted ha hablado de cosas que nos han parecido realmente interesantes e importantes. Ha hablado de la defensa del tercer sector y nosotros no vamos a poner pegas a que exista un tercer sector; sí le podemos poner pegas a la capacidad o a
lo que tenga que asumir ese tercer sector, de lo cual ya iremos debatiendo en otros momentos. También nos gustaría que nos dijera qué opina usted sobre lo que está sucediendo en comunidades autónomas con otros Cermi que están en las mismas y que se
están oponiendo frontalmente a los recortes que afectan a las políticas sociales concretamente. Nos gustaría conocer su opinión a ese respecto porque es algo importantísimo.


Estamos de acuerdo con lo que decía y la preocupación que sentía la portavoz del Grupo de Convergència i Unió, estamos de acuerdo en todo lo que atañe directamente a los recortes del decretazo sanitario que mañana se convalidará y nos
gustaría que nos dijera su opinión al respecto. Usted ha hablado de una cosa que nos ha parecido interesante; a esta diputada que le habla siempre le ha parecido muy interesante y nunca ha llegado a una conclusión. He sido diputada en la
Comunidad de Madrid durante varios años, hemos hablado siempre de lo sociosanitario y al final no hemos sabido nunca dónde estaba lo socio y dónde lo sanitario. Teníamos verdaderos problemas para converger en una postura común en ambos aspectos por
eso que ustedes han dicho y que también ha dicho el portavoz del Partido Popular. No se ha reconocido nunca el tema social como un derecho -en este caso tiene que ser subjetivo, pero derecho al fin y al cabo- en las políticas y compaginar después
ambos términos no resulta fácil cuando uno es un derecho objetivo y universal y el otro es subjetivo y lo de universal está por ver. Por tanto, quedan ahí una serie de elementos que no casan y entre todos deberíamos ver cómo llegamos a esa
conclusión, a esa convergencia que todos reclamamos pero que no somos capaces de conseguir, y eso que no han pasado veinte ni treinta años pero sí unos cuantos años en los que estamos hablando de lo mismo sin llegar a nada. Cuando se habla de
nuevos pactos sociales o de nuevos pactos, con todo lo que supone la política de recortes, reconocerá conmigo que fácil no lo tenemos.


Hay otra cosa que usted no ha mencionado pero que, si es tan amable, me va a permitir que yo sí lo haga. Usted ha hablado del término educativo, de formación, de no discriminar o de no meter en guetos a personas que tengan discapacidades
por el hecho de tenerlas sino que estén en un ámbito educativo formativo normalizado para que sean vistos por el resto de la sociedad de una manera normal, momento en el que empecemos a ver todas y todos lo mismo. Me gustaría sinceramente que me
dijera, aparte de haber hablado de algo tan importante como es el decretazo que mañana se va a convalidar, qué opinan ustedes sobre los recortes que se hacen en materia educativa y cómo afectarían a personas con discapacidad que a lo mejor no tienen
las mismas garantías -entrecomíllese- para acceder a estados de excelencia, que es lo que parece que gusta ahora, personas que a lo mejor no serán excelentes desde el punto de vista formativo pero que sí lo son como seres humanos, como individuos.


Usted habla de participación y lo dice en el documento que hemos podido ver. Habla de la participación de la ciudadanía, en este caso de las entidades a las que usted representa, en las políticas que se hacen en el día a día. Qué quiere
que le digamos si nosotros creemos en la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en las políticas que hay que hacer y no creemos que los ciudadanos tengan que participar para decirnos que hay que bailar una jota y que nosotros bailemos
sevillanas. Con esto quiero decirle que si hay que bailar jotas, bailémoslas todos juntos y dejemos las sevillanas para otro momento y otro espacio. Por tanto, no puedo decirle más que estamos absolutamente de acuerdo.


Termino con una cosa que ha dicho y que tanto a mí como a mi grupo nos preocupa especialmente, y que es la doble exclusión, que existe y que se da. Nos preocupa

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doblemente por el hecho de que se dé, de que se pueda aumentar, y ahora mismo tiene todos los visos de que se pueda aumentar -ya le decía antes que hay poco margen para el optimismo-, pero que además las más perjudicadas en este sentido sean
mujeres. Si no hay políticas activas en esta dirección, no hay políticas activas de verdad para la igualdad de oportunidades de los discapacitados y mucho menos de las mujeres.


La señora PRESIDENTA: Es el turno del representante del Grupo Parlamentario de UPyD, don Antonio Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor Pérez Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su pronta comparecencia. Me estoy debatiendo entre una duda que tengo, y es que como tengo una cita con usted el viernes -tendré la suerte de poder
estar con usted en persona y por tanto podré profundizar más en algunas de las cosas que le quería preguntar- no sé si debo o no decir algo después de escuchar a mis compañeros y viendo el panorama de hoy. Creo que sí, que me voy a lanzar, que debo
decirlo; sí, lo voy a decir.


Esta es una de las comisiones en las que reina lo políticamente correcto, y creo que sabe muy bien de lo que estoy hablando. Uno empieza a estar cansado de lo políticamente correcto; desearía ver más gente aquí y desearía que en las
comisiones se hablara de más cosas que terminaran reflejadas en los presupuestos y menos del léxico políticamente correcto, etcétera. Creo que sabe bien de lo que estoy hablando. Ya he dicho algo parecido en esta Comisión en el pasado mientras
contestaba a propuestas de compañeros y mientras intentaba que se aprobara una propuesta mía sobre asistencia personal, etcétera. Probablemente también sabe de lo que hablo.


Me siento en la obligación, por la razón por la que estoy aquí, de decirlo y de manifestar mi queja por que me parece que lo políticamente correcto es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en muchos ámbitos en este país hoy en
día, y que esta Comisión, este ámbito de trabajo, es uno de esos lugares donde muchas veces nos escudamos, como decían algunos compañeros, en el léxico y a la hora de la verdad no hacemos nada, y esto me preocupa. He estado debatiéndome entre si
debía decirlo o no pero creo que es bueno que lo haga, dicho lo cual, voy simplemente a esquematizar seis ámbitos sobre los cuales queríamos hablar con usted, como he dicho, con un poco más de profundidad este viernes, el día en que podremos vernos.


En primer lugar, la reforma sanitaria; algún compañero ya ha hablado de ello. Es cierto que ustedes han pedido que se tramite como proyecto de ley para que se puedan presentar enmiendas y quisiéramos saber cuáles son sus demandas
principales. En segundo lugar, hablando de dependencia, y después de cinco años de la puesta en marcha de la ley -de nuevo volvemos a hablar de cómo a veces la realidad es la que realmente nos retrata y no tanto lo que decimos ni de las buenas
palabras que soltamos aquí-, ¿qué está fallando, según usted, para que siga después de tanto tiempo y después de que hablemos tanto de ella sin implementarse? Sobre educación, el Plan de inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales,
me gustaría saber cómo se considera según ustedes que se está desarrollando el plan y si se ha avanzado o no; tengo mis temores al respecto. Protección de las familias; este es otro ámbito que nos parece especialmente importante porque es muy
baja la protección de las familias en nuestro país, sobre todo si nos comparamos, como en muchos otros ámbitos, con Europa. Ustedes dicen que además se necesitan nuevos dispositivos públicos de asistencia y apoyos, ¿cuáles serían esos dispositivos?
Usted ha hablado de esterilización. Este es un lugar políticamente incorrecto, y no hablo de este lugar físico sino de lo que usted está planteando. Nosotros hemos hecho una pregunta por escrito al Gobierno y tenemos ganas de leer lo que nos va a
contestar porque probablemente muy pocos ciudadanos de este país conocen siquiera de su existencia y me gustaría conocer su opinión. Voy a ir más allá, me gustaría conocer su opinión acerca de los dos plazos diferentes que hay en la actual Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque esta es otra realidad que nuestros ciudadanos probablemente tampoco conocen y que en una conversación durante una reunión con algunas personas con discapacidad recuerdo como uno de los momentos que más me
tocaron. Hubo un momento en esa conversación en la que ellos me hablaban de la diferencia de plazos que se establecía cuando existe una discapacidad. Ya sé que va a haber mucha gente en la Comisión, sobre todo a mi derecha, que me va a decir que
estoy cayendo en la demagogia, pero yo debo decir lo que me toca cuando me pongo en conversación con estas personas, y cuando me dijeron aquello de: borra la palabra discapacidad y pon negro, por ejemplo, a mí me hicieron pensar. Tengo ganas de
abrir este diálogo con usted, de escucharles a ustedes y de profundizar un poco más en este ámbito, a pesar de que me puedan tachar de lo que me tachen. Eso me preocupa mucho menos. ¿Cuál sería, según ustedes, el tratamiento de una futura ley
reguladora en este tema en concreto?


Como no puede ser de otra forma, no pueden dejar de estar ustedes, sino todo lo contrario, cerca del gran problema del país en estos momentos, que es todo aquello que tiene que ver con el empleo. Cermi ha planteado la necesidad de aprobar
un nuevo modelo legal de inclusión laboral para personas con discapacidad. ¿Cuáles deberían ser las bases de ese nuevo modelo y cómo ha afectado la reciente reforma laboral a los objetivos del sector de la discapacidad respecto al empleo? Eso en
primer lugar. Son tres cosas. Ustedes han reclamado un pacto por el empleo de las personas con discapacidad que permita elevar en cinco años la tasa de actividad de este grupo social y aumentarlo en diez puntos, pasando desde el 35 actual al 45.
¿Hay alguna negociación abierta con el Gobierno en este punto? Nos gustaría saberlo.

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En cuanto al ámbito del empleo protegido, para terminar, ¿qué medidas inmediatas se deben poner en marcha, según ustedes, para mantener y aumentar la ocupación de personas con discapacidad? Muchas gracias por su atención y espero poder
profundizar más con usted este viernes.


La señora PRESIDENTA: Ya no queda ningún otro grupo parlamentario que vaya a tomar la palabra. Por tanto, tiene la palabra para contestar a los diferentes grupos parlamentarios don Luis Cayo Pérez Bueno.


El señor PRESIDENTE DEL CERMI, COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Pérez Bueno): Yo creo que la cantidad de preguntas denota un interés real y cierto sobre esta situación de las personas con discapacidad, y no me
siento interrogado, sino requerido y satisfecho porque aprecio y estimo un gran interés por todo lo que tiene que ver con la discapacidad, que es el objeto último de lo que hace Cermi y de los que trabajamos desde el movimiento social de la
discapacidad. He intentado agrupar las distintas reflexiones, consideraciones, preguntas y cuestionamientos de sus señorías por cada portavoz que ha intervenido y así voy a responder. Creo que es más fácil, sobre todo a efectos de que sería
imperdonable que olvidara alguna de las cuestiones, todas muy sugestivas, todas muy pertinentes, que han ido planteando.


En relación con la primera intervención de doña Concepció Tarruella le agradezco esa predisposición siempre favorable de su grupo a las demandas de la discapacidad, que demuestran en hechos. Nos felicitamos por la coincidencia en muchos de
los análisis y en las medidas que hay que adoptar para mejorar la situación de las personas con discapacidad, sus derechos, su bienestar y su inclusión. En las cuestiones concretas que ha ido desgranando -discapacidad sobrevenida, las
discapacidades de raíz neurológica y el baremo de discapacidad- le tenemos que manifestar que en nuestra agenda política de peticiones está -no me he podido referir a todo, porque sería más larga todavía la comparecencia de lo que va a ser- un nuevo
baremo, pero esa nueva visión de la discapacidad tiene una justificación filosófica y doctrinal.


Desde hace poco, la discapacidad está liberada del esquema médico, del esquema de entendimiento de que era una anomalía, una disfunción, una patología que le pasaba a una persona que se separaba de la media de normalidad imperante, del canon
de normalidad. Por tanto, era la persona la que tenía que salir de esa situación a través de atención médica o de terapias para acercarse, para rehabilitarla y ponerla lo más cercana posible a ese canon de normalidad que muchos hemos sentido como
impuesto. Esto ha cambiado y ahora entendemos que la discapacidad es un hecho personal, pero también es un hecho social, inducido por un entorno en gran parte que discapacita porque no entiende, no acepta o no gestiona la diferencia en la
diversidad humana que incorpora la discapacidad. Históricamente en el sistema de la Lismi tenemos un modelo médico, un modelo asistencial de atender la discapacidad, y el baremo responde a eso. El baremo actual, que es de 1999, en el decreto,
abreva en esa consideración de la discapacidad y establece un catálogo de posibles situaciones de salud o de funcionamiento de salud que te da la situación de tener una discapacidad o no tenerla en función incluso, hablando en su terminología, de su
gravedad o de su afección. Tenemos que emigrar de ese baremo, que responde al modelo médico de entender la discapacidad, a un modelo social que mida los factores sociales. El actual los mide, pero muy atenuadamente. En ese sentido sí necesitamos
un nuevo baremo social de la discapacidad, y hay nuevos instrumentos, como la clasificación internacional del funcionamiento de la OMS, del año 2000, que tiene que ser traspuesta, y tenemos que incorporar esa nueva forma de entender cuándo hay una
situación de discapacidad.


Conectando con algunas cosas que se han dicho aquí por parte de sus señorías y para huir -yo creo que todos huimos o debemos huir- de lo políticamente correcto, hay algunos países o algunas formas de ver que entienden que no debería haber un
baremo y que las situaciones de discapacidad no deberían etiquetarse. Esto está en algunos países. De hecho, hay países que no tienen modo oficial de medir la discapacidad: hay una situación de hecho que necesita un apoyo y se le da, no tienes
que venir con un DNI que diga si tienes o no discapacidad, con lo que eso supone. Nosotros somos partidarios de un nuevo instrumento que mida la necesidad de apoyos a las personas según su realidad personal y su entorno social, sus apoyos
familiares, su edad, de sus conocimientos, su grado de integración y su grado de poder sobre sí mismo. Ese debería ser el que en el futuro nos dijera qué apoyos debe tener esa persona, y desde lo público se le deben dispensar o pagar o
proporcionar.


Hay algunas discapacidades, como las neurológicas, que conoce muy bien la señora diputada, que están muy mal medidas, muy mal valoradas por el baremo actual, porque hay discapacidades que cursan con intermitencia, que no son siempre igual, y
esta valoración es muy estática y mide a la persona el día que la han valorado, sin tener en cuenta que quizá ha podido levantarse en una pésima situación, se ha podido encontrar a las doce en una situación más aceptable y a las doce de la noche
vuelve a la situación de partida. Eso no lo tiene en cuenta. Lo hemos dicho, lo hemos planteado, hemos ofrecido todo nuestro conocimiento -también somos valoradores de la discapacidad porque lo vivimos- y se está pendiente de acometer esa nueva
modificación o aprobación del nuevo baremo de discapacidad.


Real Decreto-ley sobre el Sistema Nacional de Salud y prestaciones sanitarias. Nos hemos pronunciado públicamente y nos hemos dirigido a todas sus señorías. Entendemos que se han producido en ese real decreto-ley objetivamente retrocesos
para la discapacidad. Cuando

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hemos pedido explicaciones al Gobierno se nos ha dicho que no hay una voluntad deliberada de atacar o de reducir, pero la interpretación que damos es que por la precipitación, por haberse hecho de esa manera tan rápida, por no haber
consultado -y aquí hay un déficit de diálogo civil, de conversación, de apertura, de contraste de opiniones con los sectores afectados-, se han introducido aspectos contrarios a las personas con discapacidad y al grado de protección sanitaria o de
atención a la salud que se había ido consiguiendo en los últimos años con el Sistema Nacional de Salud. Cuestiones concretas. Desde la Lismi, desde esa ley de hace treinta años, las personas con discapacidad que no tuvieran por derecho propio
título -bien directo por trabajar, por estar en la Seguridad Social o por ser beneficiarios de otra persona de su familia que trabajara o por ser perceptores de pensión-, que no estuvieran en el Sistema Nacional de Salud, lo estaban por tener un
grado de discapacidad a partir del 33%. Eso está en la Lismi y en un decreto de prestaciones de la Lismi que no está derogado del año 1984. Ahora en el decreto se pone que esa condición de beneficiario para los mayores de veintiséis años es el 65%
de grado de discapacidad, con la duda de qué pasa con esas personas que entendemos que numéricamente son pocas y que hacen escaso uso de los servicios de salud por ese título de personas con discapacidad. ¿Qué pasa con ellas? ¿Quedan fuera del
sistema? ¿Van a entrar solo en el caso de que tengan umbral de renta inferior cuando se apruebe reglamentariamente? Nosotros entendemos que sigue vigente el decreto de 1984 de la Lismi que les ampara, pero la ley no lo dice claramente. Se produce
una omisión y una duda muy razonable de protección. Por tanto, queremos que se vuelva a esa situación de la Lismi que nadie ha puesto en cuestión y que no genera esa desviación de gasto que se ha pretendido atacar con este real decreto.


Prestación ortoprotésica. Entendemos también que no es aceptable sacar la prestación ortoprotésica de la cartera común o de la cartera básica de servicios y convertirla en una prestación suplementaria. Es verdad que la prestación
ortoprotésica venía de una situación muy deficiente. Lo hemos dicho muchas veces en esta Comisión y lo llevamos a la Comisión de Sanidad. Recuerdo que en la legislatura anterior hicimos una comparecencia específica para esto. Por eso hemos
promovido la elaboración de un libro blanco de la prestación ortoprotésica en España hecho con la industria, una vez el sector de personas destinatarias y la industria nos hemos juntado y hemos elaborado un libro, porque las administraciones
públicas apenas tenían información de la cartera ortoprotésica. Ello se debe a que no lo han estudiado, porque es ínfima en su coste, en el sistema es menos de un 5%. Por tanto, no hay motivos de ahorro. A las personas con discapacidad no se les
puede aplicar el mismo copago para medicamentos que para la prestación ortoprotésica, porque no es exactamente el mismo, porque en algunos casos los límites están eliminados y estaría en razón del precio de referencia del producto. Algún tipo de
ayuda técnica o el producto de apoyo más visible para todos, que es una silla de ruedas electrónica, puede llegar a precios enormes -lo digo para quien no esté habituado a esto-, puede llegar a 10.000 o 12.000 euros, y después el mantenimiento de
ese producto. Si uno tiene que aportar hasta el 60% de eso, cada tres, cada cuatro o cada cinco años, es inasumible, cuando ese instrumento para la persona es fundamental para su dignidad, para su autonomía y para su inclusión social, para que no
genere más dependencia de prestaciones públicas porque si tiene buenos instrumentos podrá trabajar. En el transporte sanitario ocurre igual. Hay muchas personas con discapacidad. Otra cuestión es cómo se racionaliza el transporte sanitario y si
todas las personas tienen que ir en ambulancia a recibir servicios, ya que es una mala gestión del sistema. Imagínense un enfermo de diálisis que tiene que ir cada cierto tiempo desde un medio rural al hospital más cercano, comarcal o provincial, a
hacerse la diálisis. Si él tiene que asumir ese gasto, a qué se le está invitando o condenando a la persona. En los crónicos nos quedan dudas sobre si la medicación que necesitan ligada a su situación de cronicidad va a seguir o no como hasta
ahora en situación de gratuidad y sin copago. Nos dicen que sí, pero también hay alguna duda razonable.


Con esto contesto a grandes rasgos a todas las cuestiones que se han planteado sobre el decreto-ley del Sistema Nacional de Salud. No apreciamos una voluntad deliberada de menoscabar derechos ya conquistados. Lo planteamos para que se
corrijan, bien en la tramitación parlamentaria, si es que se va a tramitar así, y esto será decisión de esta Cámara, o bien en el desarrollo reglamentario, porque en el desarrollo reglamentario también se pueden corregir todos esos aspectos. Para
nosotros es fundamental. Si tuviera que poner un énfasis sería en el tema de la prestación ortoprotésica, que ya venía de una pésima situación, ya que desde que el Insalud traspasó las competencias no se había renovado. Los productos nuevos, los
productos tecnológicos que se implantan en atletas y que a todos nos maravillan no están en nuestra cartera, no están siendo proporcionados cuando para un grupo de personas que numéricamente no es alto es esencial para su vida. Creemos que sin
hacer demagogias el Sistema Nacional puede asumirlo y no es un foco de ahorro como se puede pretender imponer por alguna parte.


Me ha preguntado también la señora Tarruella qué acciones de empleabilidad podríamos proponer. Algunas están aprobadas por esta Cámara y solo falta ponerlas en marcha. Por ejemplo, en la Ley de adaptación normativa del año pasado, en la
convenció, se aprobó equiparar a las personas con inteligencia límite. Volvemos al baremo. Las personas con inteligencia límite no están reconocidas oficialmente como personas con discapacidad porque no llegan a ese 33%. La Cámara aprobó una ley
que dice que se les asimila a efectos laborales. Falta el desarrollo reglamentario para que esas personas, que tampoco son numéricamente muy cuantiosas, puedan acogerse a los

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beneficios generales que hay para el empleo de personas con discapacidad. Echemos mano de las cláusulas sociales. Consiste que en las licitaciones para la contratación pública se tenga en cuenta, por ejemplo, si hay empleo para personas
con discapacidad. Si hay una ley como la Lismi que obliga a que toda empresa que tenga 50 o más empleados tenga el 2% de trabajadores con discapacidad, no dejemos que esa empresa acuda a una licitación pública y gane un concurso público porque no
está cumpliendo la ley, que es de hace treinta años. La cuota del 2% se aprobó en 1970, en plena dictadura franquista, y la Lismi la revalidó. El Estado hace muy bien. No deja contratar con la Administración pública a las empresas que no estén al
día en el pago de la Seguridad Social o en sus contribuciones a la Hacienda pública. Como usted está incumpliendo una ley no le dejo contratar. Haga eso mismo con las leyes sociales. ¿Por qué las leyes sociales tienen que tener un menor rango?
¿Por qué no son tan valiosas como la recaudación vía Seguridad Social? Eso no implica más coste. Es introducir esas cláusulas sociales. Esta es una, no dejar participar a quien no acredite que cumple la ley con una declaración responsable. No
pedimos que le den un certificado. Que él lo diga, y si miente, que se atenga las consecuencias. O que se premie más a quien hace más esfuerzos, si alguien supera el 2, el 3, el 4 o el 5%. Hay grandes empresas que lo están haciendo. Es posible
incluir a personas con discapacidad en el ciclo productivo. ¿Por qué no se le premia sino que se le da el mismo trato que al que no cumple las leyes sociales? Eso no tiene más coste para el Estado. Se hace política social, se hace política de
inclusión a través del mismo gasto, porque tú vas a seguir adquiriendo productos, servicios o contratando elementos que necesitas para el funcionamiento de las administraciones públicas.


Otra medida que mejora la protección social sin gasto para el Estado, saludamos la intención del Ministerio de Empleo de llevarla a cabo, en concreto del área de Seguridad Social, es el convenio especial de Seguridad Social. Es aquella
posibilidad que se le da a los trabajadores, hasta ahora era solo a los trabajadores que habían trabajado, que habían sido afiliados y estaban dados de alta en la Seguridad Social, para completar con aportaciones propias su carrera de seguro para
llegar a los años que se piden para generar una prestación de jubilación, los quince años, etcétera. Muchas personas con discapacidad no han trabajado antes por la inactividad. Nunca han podido desarrollar una actividad o ha sido muy intermitente
y no han tenido tiempo para cotizar esos quince años. Dejemos a aquellos que puedan o sus familias que hagan una aportación y que generen su propia pensión de jubilación o de muerte y supervivencia con su aportación. Abramos el sistema. Son más
recursos para la Seguridad Social y stamos generando un derecho propio de alguien que ha cotizado en unas condiciones que favorecen esa cotización. Saludamos el proyecto de real decreto del Gobierno porque parece que va en la buena dirección. Son
medidas para dar protección social a alguien que no las iba a tener por sí mismo porque nunca había trabajado. A veces son generaciones perdidas por edad, por situación, por formación, por expulsión del mercado de trabajo que no iban a tener otra
oportunidad. Hay una serie de medidas que no tienen un impacto directo en coste, porque si es hablar de dinero, nada, como nos sucede cuando vamos a cualquier Administración, pero hay otra serie de medidas que requieren creatividad, cierto ingenio
y cierta voluntad política de llevarlas a efecto y lo van a tener en la vida diaria de las personas, mejorando su situación o sus posibilidades. Creo que he contestado a la señora Tarruella.


En cuanto al señor Vañó, compañero Vañó, porque es persona que viene del movimiento asociativo y nos conocíamos antes de sus labores políticas. le agradezco el apoyo de su grupo, en concreto el suyo, de que en la agenda política de la
discapacidad estén las cuestiones que sugerimos desde el Cermi. Ha hecho unas preguntas muy concretas. Cuál sería la gran demanda legislativa que proponemos como sector. Reitero lo que he dicho. Creo que va con la necesidad del país y con el
momento. Sería bueno aprobar un nuevo modelo legal de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Sería el disparadero para activar a más personas. En los últimos años, desde 1999, se han incorporado al mercado de trabajo en torno a
150.000 personas con discapacidad que estaban en la inactividad. Hemos pasado de un 18% de actividad a un 36% con gobiernos de distinto signo. Que nadie se atribuya más mérito. Es un valor de país, es un logro social. ¿Por qué no nos podemos
plantear que en 2015 podamos llegar al 40 o al 45 y en 2020 al 50%? Todavía nos quedaría un 20% para la media del país. Con esto conecto con la diputada de La Izquierda Plural. No ha sido por falta de voluntad que no se modifiquen, adapten o se
actualicen las leyes. Recuerdo que la Lismi es de hace treinta años pero en 2003 hubo una ley importantísima, que fue la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, que comenzó a enfocar nuestra legislación a esa
visión de derechos de accesibilidad, de igualdad de oportunidades y de no discriminación, a esa nueva visión de derechos de la discapacidad; pero hay un momento en que ya una norma no da más de sí. Si hablamos de recortes y de cortes, un vestido,
un traje, ya no da más de sí y se queda hecho un harapo. En algún momento, y no nos debe asustar, hay que emprender una nueva. Una ley que ha durado treinta años con beneficio, que todo el mundo ha considerado positiva, con sus incumplimientos
sistemáticos pero que en general ha dejado un buen sedimento, me parece que ha cumplido con suficiencia. Ojalá todas las leyes y toda la producción legislativa de las Cámaras tuviera esa vocación de permanencia. Cuando estuvimos con el presidente
del Congreso y le dijimos que había una ley que duraba treinta años, él mismo se sorprendió y dijo: Parece que hacemos algo bien. Perdonen que tome la palabra del presidente, pero lo dijo. Yo creo que ha llegado el momento. Esa ley fue buena
pero tiene una visión que no es la actual, y o la

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cambias del todo y es casi una modificación absoluta o haces una nueva. Hay un consenso amplio; el sector lo ve, los especialistas lo ven, los estudiosos lo ven, en los partidos parece que se puede ver. ¿Por qué no, por qué tener miedo a
acometerla?


Ha indicado también el señor Vañó qué medidas imaginativas podíamos proponer. Algunas he dicho ya en términos de empleo, las cláusulas sociales por ejemplo. Si lo llevamos al ámbito de las leyes de subvenciones, nuestra Ley de Subvenciones
da subvenciones públicas o permite que se den a empresas que no acreditan el cumplimiento de leyes sociales en tema de cuota de empleo. Hagamos otro tanto, mutatis mutandi, aquellos que no acrediten que cumplen, estando obligados, que no puedan
recibir subvenciones públicas; ya vería el efecto espiral que eso lleva, para no perder cualquier tipo de ayuda pública, a cumplir las leyes, a ponerse al día. Eso tendría un efecto. Una medida que aquí se ha propuesto, que usted conoce bien,
señor Vañó, es por ejemplo, como ocurre en otros países, la exención de peaje en autopistas para personas con discapacidad, con movilidad reducida, que tienen que hacer un uso mucho más intensivo a su costa del transporte privado, del vehículo,
porque en general todavía los transportes públicos no tienen el grado de accesibilidad o el grado de disponibilidad para su desplazamiento. Eso ocurre en otros países; personas con paraplejia, con tetraplejia, usuarios de sillas de ruedas o con
grandes problemas de movilidad no pagan los peajes. ¿Eso necesariamente es coste para el Estado? Se pueden replantear los convenios entre las concesionarios y el Estado, los plazos de tiempo que dura la concesión. Son muchas las fórmulas que no
tienen un impacto directo y que pueden dar un beneficio concreto a muchas personas con discapacidad.


Nosotros, y entronco con temas de autonomía personal y dependencia, hemos propuesto medidas que todavía no se han tenido en cuenta, pero que generarían más recursos a disposición de las administraciones. Ustedes saben que hay en el Código
Civil del siglo XIX una disposición que dice que el dinero de aquellas personas que mueran sin hacer testamento y que no tengan herederos forzosos va a las arcas públicas. Se repartirá y se destinará, con una regulación decimonónica, en una
comisión que hay en cada gobierno civil, que ya ni existe, y se distribuirá para obras benéficas, para la corporación a la que perteneciera el finado... Nosotros hemos propuesto: cambiemos eso y todos los productos que vengan de las herencias que
recibe el Estado dediquémoslos a fines sociales. Alguna pregunta parlamentaria instamos en su momento para saber cuánto dinero heredaba el Estado; y hay un dinero, no es mucho, no nos va a sacar de pobres, pero hay un dinero ahí. Son fórmulas
imaginativas. Otra fórmula: las cuentas corrientes o libretas de ahorro que están en las entidades bancarias, cuando no se usan, pasado un tiempo, se cancelan y ese dinero y los intereses van al Banco de España y nutren. Hay fórmulas para buscar
que no incrementan el gasto público, que son nuevos recursos, en la medida que sea, pero son nuevos recursos. Algún tipo de prestación perentoria social o algo que todos entendamos que es absolutamente necesario, más en estos momentos, se podría
dedicar. Estas son reflexiones que, si se analizan más y con el poder que tiene el Estado de analizar sus propios sistemas, seguro que se encontrarían muchas más.


¿Qué puede aportar en virtud del diálogo civil el Cermi, no solo el Fermi sino en general los movimientos sociales, el movimiento de la discapacidad? Yo creo que por desgracia los poderes públicos exclusivamente ya no pueden asegurar el
bienestar de la ciudadanía. Hay muchos condicionamientos, económicos, externos, y me parece que los movimientos sociales podemos ser un aliado enorme, al menos para atender o para tratar de atenuar las necesidades sociales más virulentas y que
tienen una mayor dificultad de respuesta desde lo público. Nos ponemos a disposición de los gobiernos, del Estado, de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales; lo venimos haciendo, no es algo que sea para que nos llamen heroicos o
que nos deban reconocer. Está en nuestro elemento constitutivo como sociedades ese impulso solidario que anida en esta parte de la ciudadanía que se ha comprometido por esta vía. No somos en este momento el elemento que critica -que tendremos que
criticar-, el elemento que pone el borrón, que señala el defecto, que denuncia un recorte. Por supuesto que eso lo haremos, pero somos también un aliado enorme en llegar donde el Estado no puede o en hacer de otro modo, con más cercanía, lo que
quizá es dificilísimo o de una enorme complejidad hacerlo desde lo público con más rapidez, con más agilidad. Esto no significa sustituir a lo público y a su inderogable necesidad de que lo público atienda sus responsabilidades, pero se pueden
hacer bastante más cosas creyendo que es un sector, una parte de la sociedad que puede ayudar y que no son nuestros enemigos o no son refractarios a la acción de gobierno.


¿Qué aspectos hay en la convención, qué aspectos faltan por adaptar? Hay aspectos muy considerables todavía. España fue sometida, y se atrevió -cosa que no ha hecho Alemania, cosa que no ha hecho Francia, cosa que no han hecho otros
países-, se ha sometido al juicio, y un juicio severísimo; ya me gustaría... Yo estuve en Ginebra, asistiendo con el Gobierno, como entidad que supervisa el cumplimiento de la convención en España, al Comité de Derechos Humanos de la Discapacidad,
y vi allí un dictamen de que España no está cumpliendo con la convención. Ha señalado cosas que yo he dicho, y que ya no es cuestión del Cermi u opinión de alguien por más impolíticamente incorrectas que sean, ha dicho a España que tiene que
eliminar de su Código Penal la posibilidad de la esterilización forzosa. Ya no es una opinión moral; no es me parece que sí, es una cuestión jurídica. Usted tiene que eliminar eso porque va en contra de la convención internacional; es cuestión
ya de tiempo. Le ha dicho también -conecto con la cuestión que después ha planteado en el tema de la interrupción

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del embarazo- que no se pueden poner plazos distintos en función de la discapacidad posible o potencial del feto, porque cuando se detecta que hay un síndrome de Down en ese momento no lo hay, lo habrá cuando nazca. Eso se lo ha dicho. Ni
el comité, ni la ONU, ni Cermi entran en los temas de aborto sí, aborto no, interrupción sí, porque eso no forma parte de la agenda política de la discapacidad. Es un tema que, yo, como Luis Cayo, Juan, Ana, pensaremos o dejaremos de pensar, porque
somos ciudadanos más allá de nuestra militancia o de nuestro activismo de la discapacidad; pero cuando un elemento de discapacidad se convierte en un trato distinto no justificado hay una discriminación. Entonces, estamos en contra, lo hemos hecho
públicamente, pedimos en su momento al Defensor del Pueblo que recurriera, porque nosotros no podíamos recurrir ante el Constitucional esa ley, y hemos aportado toda nuestra información y nuestra visión, que está publicada en libros y en folletos,
sobre esta materia, que es una materia vidriosa, que incluso dentro de nuestro movimiento social tuvo su debate, y eso está bien, que haya debate, pero al final se impone la visión de derechos humanos. Eso hay que corregirlo. El que ciertas
personas no puedan votar, que una persona con síndrome de Down no puede votar porque está incapacitada judicialmente y el juez la ha privado del derecho de sufragio, eso es inasumible en esta sociedad; la sociedad lo tiene que saber y tiene que
reformarlo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que eso no ocurra. Lo mismo pasa con que sigan existiendo escuelas especiales para niños o niñas con discapacidad. Eso tiene que acabar. La convención lo dice, habla de educación
inclusiva, de educación para todas las personas; no existen ya la ordinaria y la especial. Tiene que haber una educación con apoyos, que no sea una mera nominalidad de dejar a los niños o niñas con discapacidad con los otros, pero sin el auténtico
apoyo que necesitan, porque la falta de apoyos o de ajustes razonables es una discriminación; no solo tenerlos aparte, sino tenerlos en un entorno pretendidamente ordinario sin apoyos. Eso está ahí. Es verdad que la convención y el comité dicen
que se tiene que hacer de hoy para mañana, pero es imposible. España no parte mal en cifras de educación ordinaria -está en un 80-20%- y Alemania tiene el 80% de las personas con discapacidad en centros especiales; aquí es al revés, pero todavía
nos queda un 20% que en cinco, diez años, o en los que sea, tenemos que pasar y asegurarles una adecuación inclusiva. Esa es una de las cuestiones graves que tenemos todavía ahí con mayor estridencia, con mayor conflicto, con la convención. Son
fundamentalmente cuestiones de derechos civiles, de ejercicio de derechos humanos. Hay otros aspectos. El comité -su dictamen de septiembre del año pasado lo dice muy claramente- llama la atención del Estado sobre qué tiene que corregir. Señalo
solo las que a nuestro juicio suponen una mayor carga violatoria de derechos.


¿Qué podemos aportar a esa recién nacida plataforma del tercer sector? La agenda de la discapacidad tanto el Cermi como sus entidades la defienden, la plantean, pero hay aspectos transversales a todo el tercer sector que difícilmente ni
legítimamente se tiene la suficiente capacidad para defenderlos. Me estoy refiriendo a la sostenibilidad de todo el tercer sector, la sostenibilidad económica. Se habla, y como tercer sector queremos que haya mejores leyes fiscales que estimulen
la participación privada mediante donativos, compromiso económico de personas, de familias, de empresas con la iniciativa social. Pues eso, como Cermi podemos decir que en general afecta a todas las personas que hacen un donativo, que hacen una
contribución -muchos voluntarios en horas, en tiempo, en dedicación- pero otras lo hacen con dinero. Queremos que España no sea el país donde exista el efecto fiscal menos incentivador de toda la Unión Europea, donde dar dinero a una ONG, dicho
así, en román paladino, tenga el menor efecto para desgravarte en tu renta o para una empresa en su impuesto de sociedades. Eso lo tenemos que hacer junto con otros, con los que luchan contra la pobreza, con los que luchan a favor de los derechos
de las mujeres, con los que luchan en el medio rural y con todos los que están en ese combate por hacer de la inclusión una realidad para todos los sectores, especialmente para los más vulnerables. No tenemos -estamos en la casa en la que se hacen
las leyes- una ley del tercer sector. Tenemos la Ley de Asociaciones y la Ley de Fundaciones. Algunos sectores tenemos más legislación que otros, por ejemplo la discapacidad, y después hay leyes que nos tocan de aquella manera, a unos sí y a otros
no, pero necesitamos una carta de identidad del tercer sector que recoja qué obligaciones tiene con lo público, qué obligaciones de transparencia tiene. Nosotros somos los primeros interesados en que se impongan por ley obligaciones de
transparencia a las ONG para que nadie ponga en duda, -y si hay casos, que se sancionen, que se corrijan- cómo tiene que ser nuestra relación con la ciudadanía.


En cuanto a la estrategia española de discapacidad, no podemos estar más de acuerdo en la necesidad de planificar, de que las políticas se planifiquen. La Unión Europea lo ha hecho con una estrategia europea aprobada en 2010, fijándose ese
horizonte casi simbólico de 2020, y esto también se tiene que hacer en España. Se aprobó una con el anterior Gobierno en los últimos meses de mandato y ahora estamos pendientes, porque tenía dos planes de acción, con una primera parte hasta el 2015
y el resto hasta el año 2020. Estamos absolutamente de acuerdo en que exista una estrategia que nos diga que no actuemos a golpe de momento, de situación o de capacidad de influencia de unos más que de otros, sino que proyectemos en esa senda que
marca la convención y este nuevo modo de ver la discapacidad para que las políticas públicas y las legislaciones vayan en ese sentido con anticipación.


En cuanto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecerle ese reconocimiento al Cermi, compartir ese valor del activismo, tanto en el plano nacional o estatal, que es del que estoy hablando

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como en los autonómicos. Tienen que saber ustedes que hay Cermi autonómicos en cada una de las comunidades o ciudades autónomas de España que desempeñan un trabajo similar, a veces mejor que el que hacemos nosotros en el ámbito estatal. Si
hemos de hacer un balance social de la ejecutoria de los distintos gobiernos en estos últimos treinta años, en estos últimos quince años de vida del Cermi con gobiernos de distinto signo la discapacidad ha avanzado, y desde luego, aunque la
situación a veces nos lleve a aparentar otra cosa, ganas, voluntad, optimismo y fuerza no nos faltan. Si nos faltaran, no estaríamos militando en este mundo. Además, las personas con discapacidad vivimos críticamente el día a día...


Voy acabando porque me piden que vaya acelerando. Si a alguna pregunta no respondo de forma exhaustiva, discúlpenme. ¿Qué decir de los recortes? Pues que evidentemente nadie quiere recortes, nadie los aprueba y para nosotros, que somos un
sector que ha llegado con mucho retraso al nivel de protección que se ha alcanzado en otros, ser de los primeros en recibir esas consecuencias es un hecho desastroso. He comenzado mi intervención, después de las palabras de rigor, diciendo que hay
que mantener las conquistas. Es fundamental. Eso no quiere decir cerrarse a no buscar mejores eficiencias o modelos que sean más productivos, o aferrarse a lo que tenemos porque es lo que tenemos y no salir de ahí. No, esa visión no es nuestra ni
la queremos. Por eso pedimos que en una situación crítica, casi catastrófica, de país, que se consulte también con las organizaciones sociales, que se practique el diálogo civil y se vea qué se puede mejorar, qué se puede ajustar, qué se puede
incluso atemperar, sin necesidad de llegar a medidas drásticas. En ese sentido, por supuesto que no a los recortes y sí a mejores políticas, sí a mejor gestión y sí mayores eficiencias, porque los primeros interesados en que los dispositivos
públicos de promoción, de atención, de inclusión, somos nosotros. No queremos que se derroche, que se malgaste o que se sea improductivo, como se venía haciendo, apelando a una herencia que en todo caso no era la correcta.


En materia sanitaria, creo que me he pronunciado sobre las cuestiones. Sí a tramitar para corregir o, si no, en el desarrollo reglamentario, veremos qué cuestiones son las más importantes. Respecto de la Ley de Autonomía Personal y
Dependencia, daría para otra comparecencia. ¿Qué podemos decir aquí? Que es una ley que no está implantada, que no está desplegada, que no está desarrollada y que ya está en cuestión. Si miramos atrás, en la discapacidad con la dependencia -a
nosotros no nos gusta llamarla dependencia, nos gusta llamarla autonomía personal, la parte primera; bien que nos costó que esta Cámara cambiara el nombre de la ley en su momento- tenemos una sensación de ambivalencia, porque sí a darles todos los
apoyos a las personas que los necesitan para su autonomía personal porque son todas personas con discapacidad y las que más situación de necesidad tienen, pero ha ocurrido que en estos últimos cinco años la dependencia ha casi diluido la
discapacidad, ha hecho una vis atractiva de que todo era dependencia. Se ha confundido, ha borrado o atenuado la configuración, la identidad propia de la discapacidad. Eso ha provocado que los recursos que había para discapacidad se trasvasaran a
dependencia, a autonomía personal y dependencia. Es decir, ahí hemos visto que un santo ha servido para desvestir a otro que estaba mal vestido. Esto ha sido así. Por tanto, hemos tenido una situación de ambigüedad respecto de esta ley, tras
haber tenido tantas dificultades en su implementación. ¿Qué se comience a recortar? Yo recuerdo que los recortes comenzaron en el año 2010, con los retrasos o con las prestaciones generadas y no pagadas, y ha continuado con el tema de la
prolongación a otros años del grado 1 o de la suspensión del nivel concertado o acordado. Nosotros ya comparecimos en la Comisión del Pacto de Toledo en el año 2003 y creemos que es el momento, primero, de aplicar la ley que tenemos. Hay un
mandato de este Parlamento y hay una ley que obliga a todos. Si se quiere otro modelo, que se cambie la ley, bien sea a través de un debate social y en la Cámaras con un debate político. Hasta ese momento de cambiar el modelo, nosotros entendemos
que una ley de autonomía personal solo es sostenible si entra en el marco de la Seguridad Social. No se hizo y entendemos que en parte adolece de esa deficiencia de no haber entrado en un marco sostenido, con recorrido histórico, con formas de
actuar y que no hubiera impedido en absoluto que su gestión hubiera correspondido a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Estamos pagando ciertos pecados originales que se hicieron mal, y ahora volvemos a una situación en que la
ley puede estar en el alero, sin haberse desplegado ni desarrollado de modo adecuado.


La diputada que ha planteado cuestiones como el apoyo a la paternidad e igualdad de trato sabe que la discapacidad tiene su propia normativa de no discriminación, la Liondau de 2003, la Ley de igualdad de oportunidades, pero entendemos que
todos los sectores necesitan una ley transversal de no discriminación, y así lo obligan las normas de la Unión Europea. Por tanto, estamos a favor de esa petición. Ya en su momento cuando hubo una iniciativa sobre la mesa nos manifestamos
plenamente a favor de ella, más allá del debate que los términos concretos de la misma pudieron dar.


En cuanto a la diputada Caridad García, creo que ya he contestado a algunas de sus cuestiones. El tema de la nueva ley entendemos que es necesario, al menos en empleo. La Lismi no da más de sí y la hemos modificado. En principio somos
prudentes, no pedimos leyes por pedirlas sino cuando vemos que están agotadas las posibilidades. Ya me he referido al tema de los recortes sanitarios, creo que lo doy por contestado. Lleva usted toda la razón en cuanto al espacio sociosanitario.
No se ha generado un espacio sociosanitario porque convergen dos sistemas que han nacido que tienen regímenes y visiones distintas. Las propias personas estamos al servicio

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de los sistemas, no los sistemas al servicio de la persona. Yo, como una persona con discapacidad, con una enfermedad rara o con un daño cerebral, tengo que ir a ver qué me da lo social y a ver qué me da lo sanitario, pero entro ellos no
hablan, están de espaldas, son compartimentos estancos. Nosotros hemos planteado que haya un itinerario de apoyos y que exista un sistema donde se vea a la persona, se detecten sus necesidades, lo que ella quiere y que después se responda en plan
individualizado de atención. Me da igual qué sistema responda, eso ya no es cuestión de la persona, pero aquí obligamos férreamente a que eso exista. Algunas discapacidades -pienso en la enfermedad mental, en las enfermedades raras, en el daño
cerebral adquirido, en discapacidades que necesitan grandes apoyos-, como no existe ese espacio sociosanitario, no van a estar en ningún momento bien atendidas o con un grado de satisfacción de sus necesidades básicas. Se obliga a las personas a
peregrinar; algunas si están en el circuito y van a asociaciones tienen más posibilidades que otras que por sí mismas se quedan al margen de todavía los pocos beneficios o las pocas prestaciones que existen.


En el tema de participación y doble exclusión de la mujer, yo creo que - lo digo críticamente también para los movimientos sociales- la gran cuestión nuestra es resolver el tema de género y de igualdad de trato a las mujeres, porque también
en las organizaciones sociales son mayoritarias. Todavía están infrarrepresentadas en los órganos de gobierno. Como trabajadoras son numéricamente mayoritarias también en todas las estructuras asociativas y productivas de nuestras entidades. No
se ha resuelto todavía su presencia y su codecisión o copoder en estas organizaciones. Ese es un lastre que llevamos, entiendo, porque venimos de las sociedades que venimos, y participamos de ese lastre. Y en la agenda política, ya no solo hacia
dentro sino hacia fuera, es esencial que la inclusión de las personas con discapacidad en el futuro -hablo a tres, cuatro o cinco años- pasará en qué hagamos en tema de mujer con discapacidad. Es esencial. Desde el Cermi intentamos que ese sea
siempre, sabiendo que hacemos menos de lo que deberíamos, no ya un eje más o el eje transversal sino que sea el gran eje, la gran línea de acción de todo el movimiento representativo de la discapacidad.


Paso a responder al señor Cantó, que se ha tenido que marchar. Algunas cosas ya las he dicho. Creo que en Cermi no tenemos miedo a lo políticamente incorrecto, otra cosa es que seamos educados y corteses a la hora de plantearlo. Cuando
nos hemos tenido que pronunciar sobre aspectos que son vidriosos, porque hay enfoques diversos como el aborto eugenésico, la esterilización y la institucionalización -esta última consiste en obligar a personas que no quieren ese sistema de vida a
vivir en residencias o en sitios apartados al margen de la corriente; no se las puede obligar salvo que lo haga un juez y haya posibilidades de que te interne, pero si no les das otros recursos u otras alternativas, por vía de hecho le estás
obligando a vivir en un medio institucional, cerrado y ajeno a la vida de los demás; a eso no se puede obligar a nadie-, nos hemos pronunciado, lo hemos dicho en todos los órganos y públicamente nos hemos expresado. No tenemos miedo, porque
creemos que nos asiste la razón y nuestra visión de cómo debe ser la inclusión de las personas con discapacidad. Hay veces que la sociedad no está preparada para ciertos mensajes, y lo entendemos, pero tenemos que decirlo y en ese caso ser
pioneros. Otras cuestiones que ha planteado el señor Cantó, creo que las he ido contestando porque han sido coincidentes con otras intervenciones.


Por mi parte, quiero dar las gracias a todas sus señorías, a la Comisión.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, don Luis Cayo. Con su intervención y respuesta a todos los grupos parlamentarios vamos a dar por finalizada esta comparecencia y esta sesión. Le agradecemos sinceramente su comparecencia porque,
qué duda cabe, es un instrumento imprescindible para el trabajo de todos los parlamentarios que componen esta Comisión.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.