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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 593, de 19/01/2015
cve: BOCG-10-D-593
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
19 de enero de 2015
Núm. 593
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a facilitar el acceso de los ciudadanos a la información del Portal de Transparencia ... (Página5)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003326 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las relaciones de España con Cuba ... (Página6)
Comisión de Justicia
161/003328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el indulto a doña Sara González ... (Página8)
Comisión de Defensa
161/003305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a proceder a la rescisión de la concesión de los servicios de limpieza de las dependencias del Ministerio de Defensa
adjudicadas a la empresa Cleanet en Galicia ... (Página9)
161/003306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la situación generada por los incumplimientos de la empresa Cleanet, concesionaria de los servicios de limpieza de las dependencias del Ministerio
de Defensa ... (Página10)
Comisión de Economía y Competitividad
161/003329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre regulación del uso de la moneda virtual Bitcoin ... (Página11)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Plan de Comprobación de los Precios de Transferencia declarados por las Multinacionales en España ... (Página12)
161/003297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento de la subgerencia del catastro con sede en Vigo (Pontevedra) ... (Página13)
161/003298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre realización de forma urgente de una nueva ponencia de valores catastrales en la Vila Joiosa (Alicante) ... (Página15)
161/003333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de las viviendas de la barriada de El Tagarete en Almería ... (Página16)
161/003337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre respeto a las carreras funcionariales, capacidades y dignidad profesional de los funcionarios públicos ... (Página17)
Comisión de Fomento
161/003294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la inclusión en el 1,5 % Cultural de la rehabilitación y reforma de la Plaza de Abastos de Ourense ... (Página19)
161/003295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el puerto de San Cibrao ... (Página19)
161/003301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación de un mapa de viviendas y a la posterior transformación del Fondo Social de Viviendas, a los efectos de cubrir la
demanda de vivienda social existente ... (Página20)
161/003310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso de las infraestructuras del Estado en Asturias ... (Página22)
161/003311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración de Servicio Público Obligatorio para los vuelos desde Eivissa y Menorca a la península y entre islas ...
161/003312 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acondicionamiento de vías férreas en Galicia ... (Página24)
161/003334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las infraestructuras logísticas de la Bahía de Cádiz, conexión ferroviaria Aletas-Cabezuela ... (Página25)
Comisión de Educación y Deporte
161/003302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de adoptar medidas para la erradicación de comportamientos violentos en los eventos deportivos ...
161/003309 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la incorporación de la Ciudad Autónoma de Ceuta a la Conferencia Sectorial de Educación ... (Página28)
161/003319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la inclusión del papel de las víctimas en el desarrollo curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato ...
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los efectos laborales y sociales de la silicosis por exposición a sílice cristalina ... (Página30)
161/003330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de las personas discapacitadas en cualquier momento de su
vida ... (Página34)
161/003331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el reconocimiento profesional de los formadores en el sector de la formación profesional para el empleo ...
161/003332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la calidad de los planes de recolocación a los que obliga la reforma laboral para aumentar la empleabilidad de los trabajadores
despedidos ... (Página37)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la adopción de medidas que estimulen la reactivación del sector de la construcción a través de la rehabilitación industrial ...
161/003323 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento del turismo de compras ... (Página39)
161/003327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre aprobación de un plan de reindustrialización de la comarca de Camp de Morvedre ... (Página40)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aleta de tiburón ... (Página41)
161/003314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implantación de un sistema de control de la pesca homogéneo en la Unión Europea ... (Página42)
161/003315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la diversificación y emprendimiento del sector pesquero ... (Página43)
161/003316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la creación de un Registro Nacional de Posibilidades de Pesca ... (Página44)
161/003317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los acuerdos de pesca con terceros países ... (Página45)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección social de los MIR extracomunitarios ... (Página47)
161/003313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación de un comité de crisis para garantizar el acceso equitativo a los nuevos tratamientos de la hepatitis C con
el objetivo de su erradicación ... (Página48)
161/003320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización y el desarrollo de la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad ...
161/003322 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la calidad de los establecimientos ortoprotésicos ... (Página50)
161/003324 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la autorización de las pequeñas explotaciones ganaderas
de aves de corral y lagomorfos para el sacrificio y la comercialización en sus propias instalaciones ... (Página52)
Comisión de Cultura
161/003300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Castillo de San Felipe en Ferrol ... (Página53)
161/003336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús ... (Página53)
Comisión de Igualdad
161/003318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer el Día de la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal y la Corresponsabilidad ...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo a la discapacidad en el marco del próximo Plan Integral de Apoyo a la Familia ... (Página55)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información del Portal de Transparencia, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La transparencia de nuestras instituciones es una demanda social creciente, esta es consecuencia tanto de los cambios de una sociedad en tránsito hacia una sociedad en red, más conectada, exigente y en la que acceso a la información y a la
transparencia se convierten en valores positivos; como a causa de la desconfianza en las instituciones públicas que provocan demandas sobre acceso a la información sobre las decisiones políticas. Ante esta realidad, se hacen imprescindibles
iniciativas políticas de transparencia en particular, así como de gobierno abierto en general. Actualmente, la recuperación de la confianza en nuestras instituciones es una cuestión crítica para nuestra joven democracia.
La desconfianza en la política se mantiene en crecimiento continuo y sostenible, tanto el Gobierno como los partidos políticos deberían tener voluntad y empeño en revertir esta tendencia. Así, la corrupción es el primer problema para el
63,8, y la política para el 23,3 % (CIS noviembre 2014). El 75 % de personas considera que la transparencia mejoraría la confianza en el Gobierno (Estudio de la demanda y Uso del Gobierno abierto en España, febrero 2013, ONTSI).
La transparencia es una demanda de la ciudadanía ineludible por las instituciones. El acceso de la ciudadanía a la información pública se convierte en un elemento más relevante en las democracias del siglo XXI, dado que estamos en
construcción de la sociedad de !a información y el conocimiento, en que el acceso a la información se convierte en un elemento que afecta de forma determinante a las oportunidades económicas, laborales, sociales y también democráticas de las
personas.
En la era de la sociedad red, para construir una ciudadanía responsable y plena es necesario que esta tenga acceso a la información de las administraciones públicas. Así, el acceso a la información pública es un elemento indispensable para
construir una democracia más plena y saludable.
Un año después de la entrada en vigor de la ley de transparencia el Gobierno ha inaugurado el portal http://transparencia.gob.es . Este debería ser el espacio en la red que facilitara el acceso universal a todas las personas, en cualquier
momento y desde cualquier lugar a la información gubernamental; en cambio, no se trata de un espacio que facilite el acceso a la información.
El portal de transparencia por su estructura, apariencia y organización dista de ser un espacio amigable, y que facilite a la ciudadanía el acceso a la información y datos públicos, para que de esta manera puedan informarse, hacer
seguimiento y controlar del Gobierno.
Uno de los objetivos de la trasparencia es facilitar el control de la ciudadanía hacia los gobiernos e instituciones. Es fundamental que el portal de transparencia se adapte para poder convertirse en un espacio al servicio de la ciudadanía
que sirva para que esta pueda informarse y ejercer el derecho democrático de control al Gobierno.
La ciudadanía encuentra diversas barreras en el portal de transparencia. Barreras de comprensión, fruto de que el portal no está diseñado pensando en el lenguaje de la ciudadanía. La información aparece en un lenguaje burocrático y está
organizada según la estructura gubernamental. El portal de transparencia debería mostrar y estructurar la información pensando en el lenguaje e intereses de la ciudadanía.
Barreras en el acceso se producen por los requisitos excesivos para poder solicitar información. Con el fin de facilitar el acceso a la demanda de información se deberían eliminar el requisito de registro previo en el portal, inexistente en
otros países de referencia, y el hecho de tener que realizar la solicitud con certificado o DNI-electrónico, que actualmente utiliza una minoría de la población.
Barreras en la obtención de información; se producen por el hecho que los datos mayoritariamente no aparecen publicados en archivos, y en el caso de existir archivos estos no están en formatos abiertos.
El Gobierno debería recoger las propuestas realizadas por las diversas entidades especializadas en transparencia y rendición de cuentas públicas, incorporando una serie de mejoras en el portal de transparencia con la finalidad que este sea
un espacio amable y facilitador del acceso a la información gubernamental para la ciudadanía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar la barrera para la demanda de información de la ciudadanía en el portal de transparencia transparencia.gob.es, suprimiendo los requisitos de identificación previa para poder realizar una petición de información, o el requisito
de identificarse con certificado digital o DNI-electrónico.
2. Modificar, en el plazo de 2 meses, la apariencia, organización y presentación de la información en el portal para que este sea un entorno amable, entendible y facilitador del acceso a la información pública.
3. Publicar todos los archivos de información en formatos abiertos para facilitar el uso posterior de la información por parte de la ciudadanía.
4. Publicar todos los archivos con permiso para la reutilización de los datos por parte de la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2014.-Lourdes Muñoz Santamaría y María González Veracruz, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el las
relaciones de España con Cuba, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 17 de diciembre de 2014 Estados Unidos y Cuba anunciaron la normalización de sus relaciones diplomáticas, cuya ruptura se había producido en 1961. Se trataba de un acuerdo que se había preparado durante varios años entre los dos países,
con la participación del Vaticano como mediador y de Canadá como país anfitrión de las reuniones.
En su intervención ante la prensa, el Presidente de Estados Unidos de forma explícita admitió el fracaso y la inutilidad de la política de aislamiento durante 53 años con Cuba. Por su parte, el Presidente de Cuba afirmó su voluntad de
dialogar mencionando específicamente cuestiones como democracia y derechos humanos, y manifestó la necesidad de aprender a convivir, aceptando las diferencias. Tras las alocuciones de ambos Presidentes, una encuesta realizada por la Universidad
Internacional de Florida, donde se encuentra el mayor número de residentes de origen cubano, indicó que el 68 % de estos son receptivos a avanzar hacia la normalización de las relaciones con Cuba; la cifra sube al 88 % en el caso de los menores de
30 años. Estos datos evidencian una evolución en la posición de los ciudadanos cubano-americanos, que además, según ese mismo sondeo, se muestran mayoritariamente partidarios de acabar con el embargo económico y comercial (62 % favorable, en la
franja de población más joven).
La puesta en práctica de las medidas anunciadas por el Presidente de Estados Unidos ha comenzado en enero de 2015 con negociaciones directas entre los dos países, pero esas negociaciones, para ser eficaces, deberán salvar las posiciones
dispares en el seno del Comité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense, al que corresponde aprobar el presupuesto para la ejecución de las medidas, así como dictaminar sobre el eventual Embajador de EEUU en La Habana, y derogar el embargo
codificado en la llamada ley Helms-Burton.
La explicación de estas medidas excepcionales acordadas entre Estados Unidos y Cuba tras más de cinco décadas de distanciamiento se produce a partir de la convicción de que la diplomacia requiere ineludiblemente el diálogo como instrumento
para la influencia. Propiciar la ruptura diplomática implica, al mismo tiempo que un signo evidente de divergencia, dejar en manos de otros actores la solución de esa divergencia, o, como mucho, en la decisión unilateral del país con el que se
rompen las relaciones diplomáticas, sobre la idea de que esa ruptura, habitualmente acompañada de un embargo económico y comercial, ejercerá presión suficiente sobre ese país para corregir las diferencias. El resultado de estos 53 años de ruptura
entre Estados Unidos y Cuba pone de manifiesto lo infructuoso de esas medias y la necesidad de recuperar el camino de la diplomacia a través del diálogo.
La posición común de la Unión Europea sobre Cuba, impulsada por el Gobierno español, aprobada en 1996 y reforzada por las sanciones de 2003, se alineaba con el enfoque que había dado Estados Unidos a sus relaciones con Cuba en 1961. Sin
embargo, la realidad del mundo, y en particular de América Latina, a finales de los años 90 no era ya la de los primeros años 60, y la comparación resulta aún mucho más incomprensible si se traslada el escenario de esos primeros años 60 a la hora
actual. Sin duda, este análisis del contexto internacional, es lo que propició, de facto, una superación de aquella posición común, a través de la adopción de medidas de acercamiento a las autoridades de Cuba, adoptadas en noviembre de 2011, con el
objetivo de alcanzar un acuerdo de cooperación UE-Cuba.
No obstante, y a la luz de la nueva situación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, así como de las relaciones de Cuba con su entorno más inmediato, las Américas -cuya próxima Cumbre de Panamá en abril de 2015 prevé profundizar en
la intensificación de las relaciones de la isla con el conjunto del continente, lo que podría desembocar en el regreso de Cuba al seno de la OEA-, las medidas de la UE iniciadas en noviembre de 2011 requieren de un nuevo impulso, tanto en lo que se
refiere a su enfoque político, como en lo que atañe a las acciones de cooperación, económicas y comerciales. Todavía hoy, Cuba sigue siendo el único país latinoamericano con el que la UE no tiene un acuerdo bilateral de cooperación y diálogo
político, aunque se está comenzado a negociar un acuerdo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba desde la primavera de 2014. Particularmente respecto al enfoque político, intensificar el diálogo diplomático regular al más alto nivel
-no solo a través de las rondas negociadoras en curso- resulta inexcusable para al mismo tiempo recuperar la influencia. Diálogo frente a confrontación. Como ocurre con otros países de la región, y de otros continentes, la Unión Europea incluye en
ese diálogo la proyección de los valores consustanciales a la Unión, específicamente los relativos a los derechos humanos, incluidas las libertades políticas e individuales.
Esta decisión compartida por Estados Unidos y Cuba abre un nuevo período de esperanza para el pueblo cubano, en el que se impone construir puentes de entendimiento rotos durante demasiados años. En ese proceso, que no será exclusivamente
bilateral, España y la Unión Europea, pueden y deben desempeñar un papel más activo, más influyente, propiciando un nuevo impulso político del conjunto de la comunidad internacional en sus relaciones con Cuba.
En este sentido, a España, por sus lazos históricos con Cuba, pero también por la intensidad de su relación presente con el pueblo cubano, desde los puntos de vista social, cultural o económico, le
corresponde asumir el liderazgo en las propuestas, entendiendo también que la posición internacional de España depende, en gran medida, de su influencia en el ámbito iberoamericano. Para ello resulta necesario abandonar posiciones
anteriores del Gobierno de España, muy vinculadas a la posición común adoptada en el seno de la Unión Europea y en muchas ocasiones desmentidas por la propia realidad, para dar paso a una plena normalización e impulso de todo tipo de relaciones
entre Cuba y España y asumir un papel de liderazgo en el seno de la Unión Europea para la normalización de las relaciones entre esta y Cuba.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Saludar el acuerdo conseguido entre Estados Unidos y Cuba el pasado 17 de diciembre, fruto de la política y el diálogo como instrumento de resolución de conflictos y desencuentros históricos y, en consecuencia, respaldar el proceso de
normalización de relaciones diplomáticas que dicho acuerdo abre entre los dos países.
2. Impulsar las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales, culturales y de cooperación entre España y Cuba, en el convencimiento de que la normalización de las relaciones de toda índole entre los dos países es el camino para construir
un marco sólido de relación entre ambos.
3. Impulsar, en el seno de la Unión Europea, que con carácter definitivo se modifique la posición común en relación con Cuba, apoyando decididamente el giro adoptado por la UE, expresado por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores en
su reunión de 10 de febrero de 2014, en orden a consolidar un diálogo político bilateral que culminará en el Acuerdo de Cooperación entre ambos sujetos que se viene negociando desde la primavera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de enero de 2015.-Trinidad Jiménez García-Herrera, Meritxell Batet Lamaña y Francisco González Cabaña, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/003328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
indulto a doña Sara González, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Según se ha conocido a través de los medios de comunicación, Sara González fue condenada por utilizar unas tarjetas bancarias para comprar y revender móviles a compañías telefónicas, en septiembre de 2012 a una pena de un año y nueve meses
por un delito de falsificación y otros nueve meses por un delito de estafa. En febrero de 2013 la primera de las penas mencionadas fue suspendida por ser la primera condena. La segunda le fue conmutada por una multa de 1.440 euros.
Sara González no pagó la multa, alegando insolvencia, lo que pudo ser consecuencia de un mal asesoramiento. En cuanto tuvo conocimiento de que debía pagarla, lo hizo pero ya fuera del plazo legal establecido.
Cinco años después, ante el impago de esa multa, Sara González habrá de ingresar en prisión.
La situación de la condenada ha cambiado notablemente. No ha vuelto a cometer ningún delito, y, en la actualidad, se encuentra recuperada de las enfermedades (bulimia y anorexia) que la llevaron a delinquir y tiene dos hijas menores de edad
-de cuatro años y dos meses, respectivamente-.
El indulto está previsto, como medida de gracia de carácter excepcional, que permite la remisión de las penas impuestas por sentencia firme siempre que con ello no se cause perjuicio a terceros o se lastimen sus derechos. En atención a la
situación de desamparo en que quedarían estas dos menores y, por tanto, por razones estrictamente humanitarias es necesario defender el indulto de Sara González.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a pronunciarse favorablemente en relación con el indulto de Sara González.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2015.-Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/003305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el articulo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de
Ley por la que se insta al Gobierno a proceder a la rescisión de la concesión de los servicios de limpieza de las dependencias del Ministerio de Defensa adjudicadas a la empresa Cleanet en Galicia, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Los servicios de limpieza de diversas dependencias del Ministerio de Defensa han sido concedidos a través de concurso a la empresa Cleanet que inició dicha función el 1 de mayo de 2013. Las dependencias del Ministerio cuya limpieza depende
de dicha empresa se encuentran en Ferrol, A Coruña, Marín y en el aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela.
La plantilla de dicha empresa en Galicia está compuesta por 85 personas de las cuales 54 prestan sus servicios en Ferrol, 20 en Marín, 10 en A Coruña y 1 en Santiago.
Estas trabajadoras se encuentran en una situación totalmente injusta ya que la empresa concesionaria del servicio a Defensa ha dejado de abonar sus salarios desde el pasado mes de agosto por lo que han iniciado una huelga indefinida y, en el
caso concreto de Ferrol, comenzaron el pasado día 5 de diciembre una acampada de protesta ante las puertas del Arsenal Militar.
Esta situación fue debatida en el pleno del Ayuntamiento de Ferrol el pasado día 27 de noviembre con la intervención, en nombre de la totalidad de la plantilla, de una de las trabajadoras de la empresa, que dio cuenta a la corporación de la
gravísima situación que atraviesan tanto ellas como sus familias. Moción que fue aprobada por todos los grupos que componen el pleno de dicho Ayuntamiento.
Previamente al inicio de la huelga y durante la misma, las trabajadoras han agotado todos los recursos de diálogo tanto con la empresa como con el Ministerio de Defensa, como responsable último de la realización y calidad del servicio, sin
obtener respuesta satisfactoria por parte de ninguna de las mencionadas instancias.
Al tiempo, han mantenido una reunión con el Valedor do Pobo de Galicia que aseguró que procederá a dar traslado a la Defensora del Pueblo para solucionar dicha situación ya que este tema depende directamente de las gestiones que el
Ministerio de Defensa debe abordar para hacer cumplir a la empresa con todas y cuantas cláusulas se recogen en el pliego de condiciones a través del cual se le ha adjudicado la concesión del servicio.
No obstante, el Ministerio de Defensa no solo está desatendiendo las justas demandas de las trabajadoras sino que, por omisión y dejación de funciones, desatiende los servicios encomendados a la citada empresa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la rescisión de la concesión de los servicios de limpieza de las dependencias del Ministerio de Defensa adjudicadas a la empresa Cleanet en Galicia, por incumplimiento de sus
compromisos, y proceder a una nueva concesión de este servicio con la garantía de la subrogación de los contratos a la plantilla actual de trabajadoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2014.-Paloma Rodríguez Vázquez, Miguel Ángel Cortizo Nieto, María del Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la situación generada por los incumplimientos de la empresa Cleanet, concesionaria de los servicios de limpieza de las dependencias del Ministerio de Defensa, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Los servicios de limpieza de diversas dependencias del Ministerio de Defensa han sido concedidos, a través de concurso, a la empresa Cleanet, que se ocupa de dicha función desde el pasado 1 de mayo de 2013. Dichas dependencias del
Ministerio de Defensa, cuya limpieza ha sido adjudicada a la mencionada empresa, se encuentran en diversas localidades españolas: A Coruña, Ferrol, Santiago, Marín, Murcia, Cartagena, Alcantarilla, San Javier, Granada, Sevilla, Córdoba y Rota.
La plantilla de dicha empresa, integrada fundamentalmente por mujeres, se encuentra en una situación totalmente injusta, ya que la empresa concesionaria del servicio al Ministerio de Defensa ha dejado de abonar sus salarios desde el pasado
mes de agosto por lo que han iniciado una huelga indefinida y, en algunos casos, acompañan la huelga con acampadas de protesta ante las dependencias del Ministerio en diversas localidades. En algunos de estos municipios se ha dado una solución
parcial, a toda luz insuficiente.
Esta situación está apoyada extensamente por la ciudadanía de cada una de las localidades, e incluso ha sido debatida en plenos de los ayuntamientos correspondientes, como el caso de Cartagena y de Ferrol, donde ha intervenido una de las
trabajadoras de la empresa en nombre de toda la plantilla dando cuenta a la corporación municipal de la gravísima situación que atraviesan tanto ellas como sus familias.
Esta situación no es nueva sino que tiene lugar desde el primer momento en que se adjudicó la concesión con retrasos en los pagos; retrasos convertidos en la actualidad en impagos y falta de información que ha derivado en la desaparición de
los responsables de la empresa dejando a la plantilla sin interlocución posible para negociar una solución.
Desde el inicio de la situación de impago, las trabajadoras de la empresa han tratado de conseguir que el Ministerio de Defensa cumpla con la legislación vigente, rescinda, a la mayor brevedad, el contrato con la actual empresa concesionaria
a la que ya se le ha abonado el importe correspondiente y, sin embargo, no está cumpliendo con el servicio. Es imprescindible la reposición del servicio y de las retribuciones a las trabajadoras, por lo que la plantilla solicita que el Ministerio
de Defensa contrate el servicio con alguna empresa con la liquidez y garantías necesarias para el cumplimiento de la función en condiciones idóneas, tanto para el Ministerio de Defensa como para las trabajadoras.
En este momento, las trabajadoras han agotado todos los recursos de diálogo tanto con la empresa como con el Ministerio de Defensa, como responsable último de la realización y calidad del servicio, sin obtener respuesta satisfactoria por
parte de ninguna de las mencionadas instancias.
Al tiempo, se dirigirán y darán traslado de esta situación a la Defensora del Pueblo para instar a la búsqueda de una solución, ya que este tema depende directamente de las gestiones que el Ministerio de Defensa debe abordar para hacer
cumplir a la empresa con todas y cuantas cláusulas se recogen en el pliego de condiciones a través del cual se le ha adjudicado la concesión del servicio.
No obstante, el Ministerio de Defensa no solo está desatendiendo las justas demandas de las trabajadoras sino que, por omisión y dejación de funciones, desatiende los servicios encomendados a la citada empresa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la rescisión de la concesión de los servicios de limpieza de las dependencias del Ministerio de Defensa adjudicadas a la empresa Cleanet por incumplimiento de sus compromisos y
proceder a una nueva concesión de este servicio con la garantía de la subrogación de los contratos a la plantilla actual de trabajadoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-María González Veracruz, Pedro Saura García, Paloma Rodríguez Vázquez, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Carmela Silva Rego, Miguel Ángel Cortizo Nieto, Consuelo Rumí Ibáñez,
Antonio F. Pradas Torres, Mamen Sánchez Díaz, Manuel Pezzi Cereto, Antonio Hurtado Zurera, Felipe Sicilia Alférez y Javier Barrero López, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/003329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la necesidad de regular el uso de la moneda virtual Bitcoin, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Bitcoin es una moneda o divisa virtual convertible, que puede ser intercambiada entre los usuarios y que, asimismo, puede ser convertida en dólares, euros u otra moneda de curso legal real o virtual.
Según el Banco Central Europeo, y de acuerdo con las directivas de la Unión Europea, estas divisas virtuales no están respaldadas por divisas reales, ni denominadas en ellas, y por tanto no se pueden considerar dinero electrónico, por lo que
no les resulta de aplicación esa legislación específica.
La citada moneda digital fue creada en 2009. Como consecuencia de fuertes procesos especulativos, su valor se ha multiplicado exponencialmente. En España se calcula que pueden existir unos 40.000 usuarios. Existen empresas de apuestas
online que utilizan Bitcoin.
El precio del Bitcoin se determina por la oferta y la demanda. Su valor se ajusta siguiendo un protocolo matemático ideado en 2008 por el japonés Satoshi Nakamoto. La oferta de Bitcoins, por construcción del algoritmo, se muestra como
extremadamente inflexible. Hay un número limitado de Bitcoins en circulación y los nuevos son creados a una velocidad predecible y decreciente. Hasta el momento, la oferta de Bitcoins crece lentamente en el tiempo, con una oferta máxima posible de
21 millones de Bitcoins, que se espera alcanzar en 2140.
Aunque, en la actualidad, Bitcoin no supone un gran riesgo, si la tendencia expansiva continúa y siguen aumentando las plataformas de pago, es posible que se puedan producir grandes fluctuaciones, causadas por los movimientos especulativos
de unos pocos agentes.
Las principales ventajas para el usuario de esta moneda virtual son:
- No pertenece a ningún Estado o país y puede usarse en todo el mundo por igual.
- Está descentralizada. No es controlada por ningún Estado, banco, institución financiera o empresa. Es posible enviar y recibir cualquier cantidad de dinero instantáneamente a cualquier parte del mundo, sin fronteras, sin días festivos,
sin límites, etc.
- Es muy difícil su falsificación o duplicación, gracias a un sofisticado sistema criptográfico.
- No hay intermediarios. Las transacciones se hacen directamente de persona a persona. No hay posibilidad alguna de que se cobren cargos inesperados, como con otros métodos de pago.
- Es posible cambiar Bitcoins a euros u otras divisas y viceversa, como cualquier moneda.
- No es necesario revelar la identidad al hacer negocios y preserva la privacidad. Los pagos con Bitcoin pueden hacerse sin necesidad de dar ningún tipo de información personal del usuario.
- El dinero no puede ser intervenido por nadie, ni las cuentas pueden ser congeladas.
No obstante, esta moneda virtual no está exenta de riesgos, siendo el principal la falta de regulación sobre la compra-venta de Bitcoins. Se trata de una actividad no regulada ni supervisada por una autoridad pública. Por tanto, los
usuarios están sometidos a la inseguridad jurídica que rodea a estos esquemas, ya que pueden ser utilizados por delincuentes para llevar a cabo actividades ilegales o blanqueo de capitales.
Esta falta de regulación y supervisión, por otro lado, podría tener un impacto negativo en la reputación de los bancos centrales. Dadas las características compartidas con los demás sistemas de pago, cualquier incidente podría percibirse
como una dejación de funciones por parte de las autoridades públicas bancarias.
Además, la alta volatilidad de la moneda y su escasa seguridad jurídica puede provocar serios problemas a los usuarios. La autoridad bancaria europea (EBA) publicó un informe el 4 de julio de 2014 en el que identificaba más de 70 riesgos
que afectan a los usuarios, a los participantes del mercado, a la integridad financiera (al facilitar el lavado de dinero y otros delitos financieros), a los sistemas de pago existentes y a las autoridades reguladoras. Dicho informe alerta sobre la
necesidad de que las autoridades nacionales tomen medidas regulatorias a corto plazo.
La evolución de las divisas virtuales no presenta un futuro fácilmente predecible. Con el volumen de transacciones actual y el importe asociado a su cotización, el mercado de Bitcoins no representa un riesgo elevado para la estabilidad
financiera. No obstante, en previsión de una posible evolución al alza, la tendencia actual de los gobiernos y organizaciones internacionales es la de intentar regular las operaciones relacionadas con este tipo de activos, para reducir el riesgo
asociado a su uso y prevenir la escalada de actividades ilegales respaldadas por estas divisas (como la evasión fiscal y el blanqueo de capitales).
No obstante, hasta el momento España se ha mantenido al margen de esta tendencia internacional y Bitcoin no está regulado en España. También resulta necesario aclarar en qué medida le afectan las regulaciones ya existentes referidas a los
sistemas de pagos electrónicos, la limitación de pagos en efectivo o el blanqueo de capitales.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular adecuadamente el uso de Bitcoin, aclarando en qué forma le afectan las normas ya existentes y, si es preciso, mediante nuevas regulaciones específicas, para mejorar la seguridad de
los usuarios y prevenir la comisión de delitos como el blanqueo de capitales o el fraude fiscal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2015.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a la Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación con un Plan de Comprobación de los Precios de
Transferencia declarados por las Multinacionales en España, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
Es de todos sabido que las grandes multinacionales pagan muy pocos impuestos ya que desvían sus beneficios a la jurisdicción que más les conviene, entre otras fórmulas, a través de la fijación de precios de transferencia que no responden al
principio de libre concurrencia. Por ejemplo, una multinacional de refrescos puede eludir pagar impuestos subiendo mucho los precios de transferencia que paga a otra sociedad del grupo, por los extractos de refresco, por la propia patente y por
otros muchos conceptos. Estos precios de transferencia los fija el mismo grupo y pueden ser utilizados para evitar pagar impuestos en España. Según la normativa interna española y los acuerdos internacionales suscritos por España, estos precios de
transferencia deben ser fijados como precios de plena competencia.
Esta es una clara forma de elusión y fraude fiscal.
Se hace necesaria una comprobación rigurosa para evitar esta forma frecuentemente utilizada de eludir el pago de impuestos. Este trabajo requiere de medios materiales y humanos altamente cualificados con los que cuenta la Agencia
Tributaria. Pero Hacienda dedica demasiados recursos a la comprobación y a la explotación de su gran base de datos referente a rentas sometidas a retención, fundamentalmente rentas del trabajo y escasos recursos a la comprobación de las grandes
multinacionales.
La fiscalidad ha de ser justa y progresiva. Por ello, hemos de priorizar en la lucha contra el fraude fiscal la eliminación de esta realidad que desmotiva a todos los ciudadanos a cumplir con las obligaciones tributarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la puesta en marcha de un Plan Especial de comprobación de los precios de transferencias declarados por las multinacionales en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2014.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
mantenimiento de la subgerencia del catastro con sede en Vigo, para su debate en la Comisión Hacienda y Administraciones Públicas.
Motivación
El viernes 26 de septiembre de 2014 se publicó en el BOE el Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, por el que se acometen varias modificaciones que afectan a la organización y estructura del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
En este Real Decreto se establece que quedan suprimidos los siguientes órganos previstos en el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda:
a) La Subgerencia Territorial del Catastro de Cartagena.
b) La Subgerencia Territorial del Catastro de Gijón.
c) La Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera.
d) La Subgerencia Territorial del Catastro de Vigo.
La supresión de estos órganos, en particular, de la Subgerencia Territorial del Catastro de Vigo, no sirve al objeto relatado en el primer párrafo del citado Real Decreto 802/2014 '... profundizar en las medidas de racionalización,
eficiencia, transparencia y disciplina presupuestaria...'.
Cuando la Dirección General del Catastro (hace aproximadamente 5 ó 6 años) publicaba un ranking de cumplimiento de objetivos de todas las gerencias y subgerencias, la Subgerencia de Vigo estaba siempre entre las 5 primeras.
Lejos de aprovechar esta fortaleza -ampliando sus competencias- se ha hecho precisamente lo contrario, se ha integrado un órgano más eficiente en otro de menor eficiencia. Esta afirmación se basa en datos objetivos.
Así:
La subgerencia territorial de Vigo atiende un total de 258.580 inmuebles, de los cuales 209.874 corresponden a Vigo y el resto a los municipios de Bayona, Gondomar y Nigran.
Desde hace aproximadamente 2 años esta Subgerencia Territorial viene tramitando transmisiones de dominio de todos los municipios de la zona sur de la provincia (24 municipios) así como atención a los titulares catastrales y procedimientos de
regularización.
De este modo, la Subgerencia de Vigo venía gestionando la tramitación completa de un tercio de los bienes inmuebles de la provincia y la tramitación parcial (901) de los 24 municipios añadidos, siendo el nivel de eficiencia de esta
subgerencia muy positiva.
Por otra parte, hay que señalar que la supresión de la Subgerencia Territorial del Catastro de Vigo supone un grave deterioro de la calidad de los servicios catastrales para los ciudadanos de Vigo e incluso para la Administración Municipal
cuyo sistema de gestión está incardinado en herramientas GIS y bases de datos gráficas geo referenciadas y alimentadas por la base de datos catastral, entre otras, a través del sistema LOCALGIS.
El Ayuntamiento de Vigo viene invirtiendo año tras año en la gestión catastral a través del Convenio de Colaboración firmado en el año 2001 un importe aproximado de 400.000 euros/año.
Ha aplicado muchos recursos al desarrollo de aplicativos GIS que mejoran la gestión de los servicios municipales a los vecinos de la ciudad y además está desarrollando un proyecto SMART CITY en cuya optimización es imprescindible una
información territorial de calidad que incorpore las variaciones que se producen en la realidad en tiempo mínimo.
La incorporación a la Gerencia Territorial de Pontevedra supone una demora en la incorporación de las variaciones catastrales tanto físicas como económicas y jurídicas que va desde el periodo quincenal con que se incorporaban hasta el
presente en la Subgerencia Territorial del Catastro de Vigo hasta la periodicidad trimestral que rige en la Gerencia Territorial de Pontevedra.
Los ciudadanos de Vigo disponen de certificaciones catastrales tanto graficas como alfanuméricas gratuitas en el punto de información catastral (PIC) instalado en los Servicios Tributarios del Concello.
La fiabilidad de estas certificaciones se verá afectada por la demora en la incorporación de alteraciones catastrales.
Los Servicios Tributarios del Concello, en particular, las dependencias del impuesto de Plusvalías municipal, asisten a los titulares catastrales en la cumplimentación de impresos 901 de cambios de dominio, lo que sin duda colabora a la
eficiencia de los órganos catastrales del Ministerio de Economía y Hacienda.
La creación de estas subgerencias territoriales obedeció precisamente a que la realidad catastral es mucho más relevante en el ámbito de las subgerencias que en la propia capital de provincia y en el caso de Vigo la realidad es aplastante.
Vigo tiene casi 4 veces más población que Pontevedra, constituye el motor económico de Galicia, cuenta con una gran factoría de automóviles y una industria auxiliar muy competitiva e internacionalizada, tiene el sector de construcción naval
privado más importante de España, es líder mundial en el sector pesquero, su universidad cuenta con una importante capacidad investigadora, es el centro de atención sanitaria de un área de cerca de 500.000 personas, es el centro de servicios de una
gran área metropolitana.
De hecho, es esta especificidad la que ha obligado a que existan en la ciudad olívica, desde hace mucho tiempo, delegaciones provinciales con sede en Vigo, tales como:
- Instituto Social de la Marina.
- Servicio Provincial de Empleo Estatal.
- Tesorería General de la Seguridad Social.
- Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- Agencia Comunitaria del Control de la Pesca.
- Delegación de Vigo de la AEAT del Ministerio de Economía y Hacienda...
Esta realidad de la ciudad viguesa y en aras a la racionalización que se defiende en el Real Decreto 802/2014 es necesario que se revierta la equivocada decisión de suprimir la Subgerencia Territorial del Catastro con sede en Vigo.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 802/2014 con el objetivo de que se mantenga en la ciudad de Vigo una Subgerencia Territorial del Catastro y permitir una gestión más racional, eficiente y eficaz de
la actividad catastral de la urbe.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-Carmela Silva Rego, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la realización de forma urgente de una nueva ponencia de valores catastrales en la Vila Joiosa, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El artículo 23.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, dispone que 'el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado'. Por
otra parte, el articulo 28.2 del citado RDL establece que 'el procedimiento de valoración colectiva de los bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del Ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a una pluralidad
de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto 'diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación del planeamiento
urbanístico o de otras circunstancias'. Esta situación se está produciendo en La Vila Joiosa.
La intención inicial del gobierno local de La Vila Joiosa, en 2010, era solicitar a la Dirección General del Catastro una nueva ponencia de valores para todo el municipio. A finales de 2012 decretó una rebaja del tipo impositivo del IBI
para compensar la subida del 10 % establecida para este año por el Gobierno. Pasó así del 0,5 al 0,46. Fue en 2013 cuando el gobierno local cambió el paso, renunció a una revisión catastral general y buscó otras alternativas para corregir la
situación. De un lado, solicitó una ponencia de valores parcial que afectara al suelo urbanizable de hasta 36 planes parciales y seis unidades de ejecución. Para el resto del municipio acordó acogerse a los coeficientes reductores que el Gobierno
de España fijará en los Presupuestos Generales del Estado para 2014.
El Alcalde de La Vila Joiosa afirmó en su momento que la ponencia de valores catastrales de 1990 'es injusta para los ciudadanos de La Vila porque más de un 30 % de las viviendas pagarían un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) muy elevado'.
También afirmaba en su momento que los coeficientes del tipo impositivo permitirían bajar el valor catastral de las viviendas y bienes de las zonas urbanas alrededor de 'un 15 %' en 2014. Un porcentaje que podría llegar a ser de hasta el 25 % si
para 2015 el Ayuntamiento volviera a acogerse a ellos. Esta reducción del 15 % 'pondría los valores catastrales al precio que estaban en 2004, que es el precio actual de mercado para el Gobierno'.
Ahora, una vez visto el resultado de la ponencia parcial solicitada por el Ayuntamiento al Catastro y la aplicación de los diferentes coeficientes que se han ido barajando, se constata la injusticia de esta última revisión parcial.
La solución definitiva pasa por la apertura de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de todos los inmuebles del término municipal de Villajoyosa.
La Plataforma Moderem l'IBI de La Vila Joiosa ha convocado varios actos en los últimos años, contando con una amplia presencia ciudadana, especialmente en la reunión informativa del 15 de febrero, y en la manifestación del 21 de ese mismo
mes, en la que participaron más de 6.000 personas. En el comunicado leído al final de la manifestación hicieron referencia a la 'engañosa bajada' que hace unos días anunciaba el alcalde del municipio y que dejaba el tipo en el 0,58 % después de
aprobar hace un mes una subida al 0,64 %. Este incremento dejará los recibos en un 23 % más caro que ahora en algunos casos. También apelaron a la mala gestión de los gobiernos populares que han pasado por el Ayuntamiento, a la 'nefasta Dirección
del Catastro' y a las sentencias que han hecho que se vuelva a la ponencia de valores de 2005 que consideran que no refleja la realidad actual del municipio.
Además alegaron que es 'imposible' que la población asuma otro incremento del impuesto y que en muchos casos se tiene que elegir entre hacer frente a este gasto o a otros más necesarios. La plataforma volvió a reiterar su petición, que
también es la de las asociaciones de vecinos: no al incremento del lBl, bajada al 0,4 % para 2014 y una nueva ponencia de valores 'justa' para 2015.
El Tribunal Supremo se pronunció el 11 de julio de 2013 sobre la validez de la ponencia de valores que sirvió de base para el catastrazo de 2005 de La Vila Joiosa. En la sentencia ha corregido al Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJ), que en 2011 anuló la ponencia por no contar con el preceptivo 'estudio de mercado'.
La sentencia que ahora ha llegado al Supremo no anula la ponencia de valores, pero sí deja sin efecto -como ya hiciera el TSJ- la liquidación de IBI que se hizo a la particular afectada en este caso. Y es que según el fallo, esta
liquidación no se hizo bien, ya que se calculó por un sistema que no tocaba.
La reclamación que ha originado esta sentencia del Supremo no será, previsiblemente, la única que llegue al alto tribunal. Fuentes jurídicas han señalado que, en nombre del Catastro, la Abogacía del Estado ha recurrido ante el Supremo todas
las sentencias que han ido saliendo del TSJ favorables a vecinos. El futuro de estas sentencias -y por tanto de esas liquidaciones de IBI anuladas- está ahora en el aire y no se sabrá qué pasa con ellas hasta que el Supremo no las analice una a
una.
Es necesario acabar con la situación de inseguridad jurídica, arbitrariedad y valores desmesurados que no se corresponden con la realidad actual.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través de la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, abra de forma inmediata un procedimiento de valoración colectiva de carácter general
de todos los inmuebles del término municipal de Villajoyosa, aprobando una reducción de la valoración catastral, acorde con la situación actual del mercado inmobiliario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-Herick Manuel Campos Arteseros y Joaquín Puig Ferrer, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
situación de las viviendas de la barriada de El Tagarete en Almería, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
En marzo de 1960 la Jefatura provincial de las FET y de las JONS en Almería acordó constituir, bajo su patrocinio, una entidad benéfica denominada 'Patronato de Viviendas 10 de Abril' destinada a la construcción de viviendas de renta
limitada.
Conforme a esta finalidad, el Patronato patrocinó la construcción de 22 bloques en la barriada de El Tagarete, con un total de 284 viviendas que fueron entregadas a beneficiarios en régimen de alquiler con acceso a la propiedad.
Dado el tiempo transcurrido, parece evidente que los beneficiarios de estas viviendas han amortizado las viviendas ya que el plazo fijado en los contratos de cesión de la vivienda era de 20 años. No obstante, transcurrido sobradamente el
plazo del abono del arrendamiento y la cuota de amortización, no han visto formalizadas las escrituras públicas del contrato de compraventa de las mismas a su favor.
Esta falta de diligencia de la Administración del Estado supone a casi trescientas familias una situación de inseguridad jurídica que debe resolverse.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Atender por parte del consorcio con las distintas administraciones implicadas los aspectos derivados de la rehabilitación efectuada en las viviendas y que sean consecuencia y responsabilidad de una defectuosa intervención por parte de
las mismas.
2. Realizar con la mayor diligencia y en el menor tiempo posible los trámites administrativos oportunos para otorgar las escrituras de propiedad a los beneficiarios de estas viviendas que han amortizado el precio fijado en su origen de las
citadas viviendas y acabe con la actual situación de inseguridad jurídica que afecta a casi trescientas familias almerienses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2015.-Consuelo Rumí Ibáñez y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
respeto a las carreras funcionariales, capacidades y dignidad profesional de los funcionarios públicos, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El funcionario don Jaime Nicolás Muñiz tiene un currículo académico y profesional envidiable por cualquier empleado público. Nivel 30 desde hace más de 26 años y con 41 de antigüedad, se licenció en Derecho en Madrid y en Ciencias Sociales
en la Universidad de Constanza (Alemania). Es administrador civil del Estado y ha sido letrado del Tribunal Constitucional. Hasta su cese en 2012 fue el Director de Gabinete del Presidente del Consejo de Estado. Con anterioridad ejerció de asesor
ejecutivo de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, dirigió el Centro de Estudios Superiores de la Función Pública, fue director del instituto Oficial de Radio y Televisión y director de Estudios y Prospectiva en RTVE y subdirector
de Investigación del Centro de Estudios Constitucionales (hoy CEPC), organismo que llegó a dirigir en funciones. Ponente, conferenciante, asesor en procesos de democratización, germanista, autor de decenas de estudios sobre constitucionalismo y
gobernanza. Un perfil que se rifaría cualquier departamento de una administración exigente.
Sin embargo, el Sr. Nicolás se ha visto obligado a reclamar judicialmente ante la Audiencia Nacional por lo que se conoce habitualmente como mobbing laboral. Cuando salió del Consejo de Estado tardó dos meses en reingresar en su puesto
funcionarial en el Ministerio de Interior. Finalmente se le acabó
destinando a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de ese Ministerio, un puesto en el que estuvo año y medio sin que se le encargaran trabajos, periodo en el que se quejó reiteradamente de su incomprensible situación. De esas
pesquisas dedujo que existían instrucciones superiores para mantenerle en esa situación y elevó una denuncia al propio Ministro, al tiempo que pedía la apertura del expediente preceptivo en las denuncias de acoso laboral. La denuncia fue extraviada
o secuestrada por casi tres meses en la Secretaría de Estado de Seguridad, que no la dio el registro ni el trámite debidos, sin que las gestiones posteriores satisficieran su demanda de protección, restablecimiento de su carrera y de reparación
moral. Y, en consecuencia, se puso la citada demanda.
Determinar el origen probable de tal extraña actitud con un alto funcionario obviamente capacitado no era fácil. Pero la prensa encontró una posible relación que hubiera podido motivar la inquina del Ministerio del Interior. Cuando era
funcionario del Instituto Nacional de Administración Pública, el Sr. Nicolás denunció públicamente que sus trabajos eran plagiados y publicados con su nombre por el entonces Director del INAP, el Sr. Rodríguez Arana, que había sido subsecretario
del Ministerio de Administraciones Públicas. Y la prensa publicó que el Sr. Rodríguez Arana era director de un grupo de meditación y oración de miembros del Opus Dei entre los que se encontraba habitualmente el actual Ministro del Interior, Sr.
Fernández Díaz.
En primera instancia, La sentencia judicial sobre el caso reconoció paladinamente acreditada la existencia de una situación de 'inactividad' durante año y medio y una 'pasividad a la hora de fijar competencias y funciones' por parte del
Ministerio, pero no llegó a apreciar 'mobbing' porque no hay una situación de hostigamiento y acoso. Reveladoramente, la sentencia, que criticaba expresamente el despilfarro que ello suponía, añadía que 'no se justifican situaciones como la
analizada de destinar a puestos carentes de trabajo y funciones y con las inevitables consecuencias en el derecho al cargo y a la dignidad profesional'.
Y en apelación, la Sala de lo Contenciosos-administrativo de la AN, anulando la sentencia de instancia por razones formales, declaró, como fundamento de su decisión, la existencia de un acoso moral, con menoscabo del derecho a la dignidad
del funcionario, plasmado en una marginación prolongada y materializada en vías de hecho del ministerio al margen de toda legalidad. Por si eso fuera poco, la sentencia, al calificar el acoso como un caso de 'bossing' (acoso por superiores
jerárquicos), apuntaba directamente a la responsabilidad directa tanto de Ministro como de Secretario de Estado.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista presenta la siguiente,
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
a) Respetar escrupulosamente las carreras funcionariales, capacidades y dignidad profesional de los funcionarios públicos y a terminar con situaciones de inactividad completamente injustificadas.
b) Investigar exhaustivamente este tipo de situaciones y proceder tanto a la exigencia de responsabilidades a los superiores jerárquicos como a la reparación moral de los empleados públicos de este modo maltratados.
c) Abstenerse de emplear la administración o la dependencia de los funcionarios para la satisfacción de intereses privados ajenos a los intereses públicos tutelados y proteger la dignidad profesional de los funcionarios de los ataques de que
pueda ser objeto por causas ajenas a tales intereses generales.
d) Ofrecer una reparación profesional y moral a los funcionarios que se hayan visto sometidos a injustificados periodos de inactividad y activar los protocolos existentes para la prevención, detección y reparación de este tipo de casos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2015.-Ignacio Sánchez Amor, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/003294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de incluir en el 1,5 % Cultural la rehabilitación y reforma de la Plaza de Abastos de Ourense.
Exposición de motivos
Para los Presupuestos Generales del Estado 2013, el BNG demandó en la presentación de enmiendas 3 millones de euros para un Convenio destinado a la mejora y racionalización de la Plaza de Abastos de Ourense. Una propuesta que no fue
aceptada por parte del Grupo Popular.
Actualmente, se está demandando desde sectores económicos, sociales y políticos la reforma y rehabilitación del mercado de Abastos de Ourense a cuenta del 1,5 % Cultural. Una de las pocas plazas de abastos que quedan por mejorar en el
Estado español. Un edificio que ha sido declarado Bien de Interés General.
La inclusión en el 1,5 % Cultural puede ser solicitada desde las entidades locales, desde las CC.AA., desde las diputaciones provinciales o forales y desde fundaciones públicas o entes públicos como las universidades.
El ayuntamiento de Ourense ha solicitado al Ministerio de Fomento, tras varios encuentros con representantes de la Plaza de Abastos, el 1,5 % Cultural para la reforma del edificio del mercado. De hecho, incluso se ha constituido una
comisión de seguimiento de este tema.
Como bien sabe el Gobierno, la Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1,5 % a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Cultural Español o
al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno.
Hasta hace poco se conocía a esta partida como el 1 % Cultural, pero en octubre de 2013, el Ministerio de Fomento acordó con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aumentar el porcentaje al 1,5 % para sus obras públicas.
Resulta pertinente poner de manifiesto que Ourense nunca ha sido perceptora de inversiones procedentes del 1,5 % Cultural para realizar rehabilitaciones de su patrimonio histórico, y un buen comienzo podría ser el Mercado de Abastos.
El proyecto presentado prevé una inversión de 5,6 millones de euros, del cual, unos 4,2 millones se espera que vayan a cargo del 1,5 % Cultural, y el resto sería sufragado por el ayuntamiento.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Incluir la rehabilitación y reforma de la Plaza de Abastos de Ourense en el 1,5 % Cultural, dado su interés patrimonial por su condición de Bien de Interés Cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Puerto de San Cibrao para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El puerto de San Cibrao fue construido por la Sociedad Aluminio-Aluminia, hoy Alcoa, en 1978 por una concesión administrativa que caduca en 2023 y está asignado a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
Este puerto desarrolla una importante actividad que genera a la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao ingresos crecientes por conceptos como tasas de mercancías y tasas de actividad, mientras los ingresos procedentes del Puerto de Ferrol son
cada vez menores.
Es absolutamente desproporcionada la pequeña inversión que la Autoridad Portuaria hace en la Mariña Lucense, en cuyo territorio se genera una parte importante de los ingresos de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, frente a su inversión
total. Por ejemplo, el centro interpretativo de Cabo Prioriño.
La justificación que a lo largo de estos años dio la Autoridad Portuaria para esta distribución de las inversiones es que en Lugo no tienen territorio en el que poder hacer esas inversiones.
Una solución para ese problema sería que la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao firme convenios con otras instituciones que sí podrían hacer las inversiones necesarias en infraestructuras como el demandado Puerto Deportivo de Cervo o en
otros fines sociales que puedan repercutir en el empleo o la atención de la población de A Mariña.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva que la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao firme convenios con los ayuntamientos de la Mariña Lucense y con Puertos de Galicia para contribuir al desarrollo económico y social
de la zona y así compense los beneficios que obtiene por la actividad del puerto de San Cibrao.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2014.-Margarita Pérez Herraiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa a la creación de un mapa de viviendas y a la posterior transformación del Fondo Social de Viviendas, a los efectos de cubrir la demanda de vivienda social
existente.
Antecedentes
Desde inicios del año 2008 se han producido anualmente decenas de miles de lanzamientos de personas de sus viviendas, según las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial.
Demasiado a menudo, los desahuciados son familias que han perdido el empleo o que han avalado créditos de hijos y familiares. Muchos son pensionistas y generalmente no tienen otro lugar donde habitar.
Esta realidad coincide con la existencia de infinidad de viviendas vacías propiedad de promotores en quiebra, de entidades financieras, procedentes de ejecuciones hipotecarias, o fondos de inversión, que las han adquirido a lo largo de todo
este período.
Esta es una de las consecuencias más negativas de la crisis económica y financiera que afecta al Estado español. Las personas que sufren una ejecución hipotecaria y pierden la vivienda a menudo siguen manteniendo una elevada deuda con la
entidad financiera que difícilmente podrán devolver. Esto conlleva a que, en muchos casos, estas familias quedarán condenadas a vivir en el umbral de la pobreza de por vida y a depender en buena parte de los servicios sociales.
Ha sido la crisis, la pérdida de empleo y de actividad económica lo que ha propiciado esta situación, pero debe recordarse también que la regulación de la actividad financiera había sido excesivamente laxa en lo que se refiere a la concesión
de hipotecas que nunca debieran haberse otorgado.
¿Dónde está la acción de los poderes públicos destinada a promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada?
¿Qué soluciones se han adoptado para dar salida a un parque de viviendas vacías que evite la exclusión residencial?
Desde el inicio de la crisis se han abierto más de 350.000 procedimientos de ejecución hipotecaria y de desahucios, de los cuales 172.000 se han ejecutado. Quedan más de 178.000 casos pendientes de ser ejecutados, aparte de los que irán
incorporando a medida que avance la crisis.
Las normas que regulan el impacto de los desahucios sobre las familias se han ido adaptando a la nueva jurisprudencia estatal y europea ofreciendo soluciones a situaciones donde anteriormente el desahucio operaba de forma automática.
A pesar de ello, un importante problema a resolver radica en las personas que han sufrido el lanzamiento de su vivienda habitual y, por la precaria situación económica que padecen, sufren exclusión social residencial.
Existe una gran necesidad de vivienda en alquiler social que contrasta y coexiste con un gran parque de viviendas vacías en todo el territorio.
Nos referimos, sobre todo, a las viviendas, procedentes de ejecuciones hipotecarias en municipios con demanda, que están en posesión de la SAREB, el denominado 'banco malo', de fondos de inversión que han adquirido paquetes de viviendas a
entidades financieras y a las mismas entidades financieras que actualmente no están dando ningún uso al mismo.
Es preciso habilitar mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos que sufren exclusión residencial.
Es cierto que ya se han dado pasos en esta dirección, por ejemplo en Catalunya se han firmado convenios con la SAREB, Catalunya Caixa y Bankia para que cedan, inicialmente, 1.230 viviendas vacías para que se destinen al alquiler social. Sin
duda un número importante, pero insuficiente.
Urge ampliar este tipo de actuaciones de forma genérica, ya que una sociedad cuyos ciudadanos se encuentren amparados por políticas de vivienda digna siempre serán capaces de hacer frente a la crisis con mayor solidez que una sociedad
desestructurada, con miles de familias desahuciadas, conviviendo en ciudades donde también hay miles de viviendas vacías, ocupaciones ilegales, viviendas que no se pueden mantener adecuadamente y que, consecuentemente, generan problemas e
inseguridad.
El 17 de enero de 2013 se creó el Fondo Social de Viviendas para dar respuesta más generalizada a esta problemática, pero la gestión del mismo no está siendo eficiente ni eficaz por, entre otras razones, el grave desequilibrio entre las
zonas de mayor demanda y la ubicación de las viviendas existentes -así como el estado de conservación y habitabilidad de las mismas no ha sido el adecuado-.
Es por ello necesario arbitrar nuevas medidas: por un lado, debería impulsarse la elaboración de un mapa del parque de viviendas vacías de todo el Estado, procedentes de ejecuciones hipotecarias, propiedad de entidades financieras y fondos
de inversión, en municipios con demanda, a efectos de conocer la disponibilidad real de activos inmobiliarios en condiciones de ser habitados para destinarlos a vivienda social.
En segunda instancia, debe transformarse el Fondo Social de Viviendas, constituido el 17 de enero de 2013, para que sea un instrumento efectivo y cumpla con la finalidad con la cual fue creado: actuar en beneficio de los colectivos
desprotegidos por una situación de desahucio sobrevenida. En concreto, debe sustituirse el Fondo por un Parque de Viviendas Sociales formado por las viviendas de las entidades financieras y los fondos de inversión, procedentes de ejecuciones
hipotecarias, susceptibles de ser destinadas a alquiler social. Estas viviendas deben ser gestionadas per las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en colaboración con las entidades sociales.
En tercer lugar, debería impulsarse la regulación de una ley de segunda oportunidad para proteger a los ciudadanos sobreendeudados por cuestiones hipotecarias, con la exoneración parcial de la deuda restante de la ejecución hipotecaria, de
acuerdo con las nuevas posibilidades económicas sobrevenidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un mapa del parque de viviendas vacías, procedentes de ejecuciones hipotecarias y propiedad de las entidades financieras o fondos de inversión, a los efectos de conocer la situación de las viviendas susceptibles de ser
destinadas a alquiler.
2. Transformar el Fondo Social de Viviendas en un Parque de Viviendas Sociales en el que las viviendas de municipios con una elevada demanda sean cedidas por las entidades financieras y los fondos de inversión a las comunidades autónomas,
para que sean gestionadas en colaboración con los Servicios Sociales autonómicos y municipales.
3. Impulsar un Proyecto de Ley de segunda oportunidad que facilite la reestructuración de deudas a las familias y autónomos, que hayan entrado en situación de sobreendeudamiento a causa del contexto socioeconómico actual. La
reestructuración de deudas deberá operar de forma similar al mecanismo concursal que puede utilizar una sociedad mercantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el
impulso de las infraestructuras del Estado en Asturias, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Con la llegada del Gobierno Rajoy a la Moncloa se inició una drástica reducción de las cantidades presupuestadas en los PGE para la Comunidad Autónoma de Asturias, especialmente las correspondientes al Grupo Fomento.
El siguiente cuadro demuestra que estamos en los niveles más bajos de inversión de la última década.
Año;Grupo Fomento;;
;Inversión presupuestada;Inversión ejecutada;% ejecución
2004;485.197;473.987;97,7 %
2005;542.408;435.497;80,3 %
2006;614.388;515.228;83,9 %
2007;723.029;786.039;106,0 %
2008;803.118;815.081;101,5 %
2009;810.663;659.603;81,4 %
2010;783.178;515.066;65,8 %
2011;449.567;260.432;62,3 %
2012;435.928;280.942;64,4 %
2013 (a 30/11/2013);363.942;216.126;59,4 %
A la carencia de un decidido compromiso político por parte del Ministerio de Fomento, que se tradujo en un bajo ritmo de construcción o la paralización de infraestructuras en marcha del Estado en Asturias, se unió el incumplimiento, año a
año, de lo programado, de manera que en 2012 y 2013, únicos años de los que hay datos, la ejecución presupuestaria estuvo siempre por debajo del 65 %, la menor en los últimos diez años.
Todo ello se tradujo en la paralización de importantes proyectos para las comunicaciones asturianas: Gijón al Norte y la Autovía del Suroccidente entre Doriga y Sala, el olvido de otros ya programados: los accesos al Musel en Gijón y el
soterramiento de la barrera ferroviaria en Avilés y la ralentización de otros: la Variante Ferroviaria de Pajares y la Autovía del Cantábrico, lo que impidió, en este último caso, que se cumpliera el compromiso del actual Ministerio de Fomento de
finalizarla en 2013.
Del brusco frenazo en el desarrollo de estos dos últimos proyectos son buena muestra, dos datos: entre 2012, 2013 y este 2014 se ejecutó menos obra en la Variante de Pajares que la inversión media anual que tuvo entre 2005 y 2011, y los 283
millones de euros que la actual Ministra de Fomento, Ana Pastor, dedicó a la Autovía del Cantábrico en Asturias es un 34 % de lo que destinó a la misma la Ministra Magdalena Álvarez.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes infraestructuras de su titularidad en Asturias, reiniciando las obras o incrementando su ritmo de ejecución y programando su finalización conforme al siguiente
calendario:
- Comprometer la inversión necesaria para reiniciar en 2015 el paralizado proyecto de Gijón al Norte.
- Reiniciar en 2015 los tramos de la Autovía del Suroccidente de Asturias, Doriga-Cornellana, Cornellana-Salas y Salas-La Espina (segunda calzada), para finalizarlos en 2017.
- Iniciar la ejecución de los accesos al Musel por carretera en 2015 para finalizarlos en 2018.
- Completar el proyecto de soterramiento de la barrera ferroviaria de Avilés en 2015 para iniciar su construcción en 2016.
- Poner en funcionamiento la Variante Ferroviaria de Pajares en 2015.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2014.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, María Luisa Carcedo Roces y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/003311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
declaración de Servicio Público Obligatorio para los vuelos desde Eivissa y Menorca a la península y entre islas, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Cualquier actividad humana de las llles Balears tiene la obligada servidumbre, doble para las islas menores, del desplazamiento aéreo, sea a la capital de la comunidad autónoma, sea a la capital de la nación. Esta servidumbre se extiende a
otras capitales del litoral mediterráneo, especialmente Barcelona, cuando se trata de cuestiones económicas, empresariales e incluso de asistencia sanitaria.
El transporte marítimo no logra satisfacer, ni en frecuencias, ni en rapidez, esa conectividad necesaria para que los insulares, especialmente ibicencos y menorquines, puedan acudir a Madrid o a Barcelona y en una sola jornada resolver
cualquier trámite.
Entendemos junto con los 23.215 ciudadanos, que se han adherido con su firma al manifiesto en defensa del transporte aéreo que promueve la plataforma 'El transporte Aéreo Ahoga Menorca', que la conectividad de nuestras islas debe responder a
los mismos criterios que permiten las comunicaciones por tren o carretera en la península.
Nuestra economía insular está basada en una parte importante en el turismo, que necesita de comunicaciones suficientes con la península durante el período estival, pero también en épocas tradicionalmente bajas con el propósito de extender
más allá del 'sol y playa' nuestra oferta insular en el sector del turismo rural, deportivo y cultural.
Desde antaño se bonificó la insularidad con un descuento sobre el precio de los billetes que evolucionó desde un 20 % de los años 80 hasta el actual 50 %.
El Govern Balear logró la declaración de Servicio Público Obligatorio para los vuelos entre islas, con suficiencia de plazas, frecuencias y horarios.
Además de lo anteriormente expuesto y al amparo del Preámbulo de la Constitución y sus artículos 2, 138 y 139 y del artículo 16 del Reglamento (CE) 1008/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, que establecen un marco legislativo que favorece el desarrollo de medidas especiales sobre las obligaciones de servicio público que garanticen los enlaces adecuados entre las regiones
insulares y las regiones centrales de cada Comunidad.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La Declaración de Servicio Público Obligatorio para los vuelos entre Eivissa y Menorca con la península y, en su caso, la convocatoria de concurso que garantice un número de plazas, horarios y frecuencias que permitan un día de trabajo
en Madrid y/o Barcelona sin necesidad de pernoctar.
2. La modificación de la declaración de Servicio Público Obligatorio para los vuelos entre islas y, en su caso, la convocatoria de concurso que mantenga suficientes plazas, horarios y frecuencias.
3. La reducción de las tasas aeroportuarias a las compañías aéreas que operan en Illes Balears.
4. La disminución de las tasas de navegación aérea a los tres aeropuertos insulares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2014.-Guillem García Gasulla, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación con el acondicionamiento de vías férreas en Galicia, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Galicia cuenta únicamente con seis kilómetros de vía verde, la Vía Verde del Eo, compartida con Asturias, antiguo trazado del tren acondicionado como rutas de senderismo o carril bici que, a pesar de su escasa longitud, tiene un uso
importante por parte tanto de la población autóctona como de las personas que visitan la zona. Constituye la única vía verde que se ha construido en la comunidad desde que nació el proyecto de Vías Verdes, en 1993.
Actualmente con la progresiva entrada en servicio de la vía férrea por la que circulará el tren de velocidad alta ha provocado, ya, el desmantelamiento de 45,5 kilómetros de la antigua vía convencional. Los raíles han sido arrancados y solo
queda la plataforma, un terreno que sigue afectado al uso ferroviario y que, legalmente, no es posible dedicar a ninguna otra actividad.
Como consecuencia, parajes y entornos naturales de Galicia se ven atravesados por tramos férreos antiguos o en desuso que podrían destinarse a la promoción económica y turística de diversas zonas.
El corredor donde más kilómetros de vía se han inutilizado para ese fin es el de Santiago a Coruña, con 39 kilómetros de raíles levantados. De ellos, 11 kilómetros corresponden al enlace de A Sionlla y Oroso (que incluye las estaciones de A
Sionlla y Berdía); otros 21 kilómetros son los correspondientes a las vías que unían Oroso y Cerceda (con las estaciones/apeadero de Oroso, Garga-Transmonte, Ordes-Pontraga, Gorgullos-Tordoia y Queixas-Londoño). Además hay otros siete kilómetros
de vías eliminados entre Boedo (Bregua) y Uxes, que incluye el cierre de la propia estación de Bregua.
En esta situación, varios ayuntamientos de la zona proyectan desde el año 2008 la creación de una vía verde que discurra por los municipios de Santiago, Ordes, Oroso, Tordoia y Cerceda. Se trataría de una vía verde de aproximadamente 25
kilómetros en municipios de interior y aunque parte de ellos no responderán al trazado continuo del tendido férreo, en esos casos, se dará continuidad a la ruta a través de caminos intermedios.
La creación de dicha senda verde, que sería la primera de Galicia, es la mejor opción para mantener estos espacios públicos, evitar que la maleza los invada y recuperar zonas verdes para el uso de la población, espacios, que una vez
acondicionados, resultarían muy fáciles de transitar, tanto en bicicleta como caminando, y constituirían un espacio de gran atractivo por el interés natural, paisajístico y sociocultural.
Tomando en consideración la propuesta inicial de los ayuntamientos interesados, la vía verde sería acondicionada para el paseo peatonal y para el tránsito de bicicletas y estaría dotada de varios servicios a lo largo del recorrido ya que en
él existen varias estaciones en desuso. Este itinerario, que carece ya de raíles y traviesas, seguiría en paralelo una parte del cauce del río Sionlla, y mayormente el del Lengüelle, su afluente más importante, con lo que abriría una zona de
importante interés paisajístico y medioambiental.
Por ello, esta propuesta no sirve únicamente para dar servicio a las vecinas y vecinos de la zona sino que constituye una oferta de gran atractivo turístico que posibilitaría incrementar los tiempos de estancia media en Santiago de
Compostela y beneficiar a los restantes ayuntamientos con la afluencia de turismo verde y alternativo.
La transformación de ese tramo en el primer Sendero Verde de Galicia tendría una gran trascendencia y repercusión en el desarrollo socioeconómico y en la promoción turística de la zona, en la medida en que enlazaría por una ruta alternativa
la capital de Galicia con los municipios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de tos Diputados insta al Gobierno a proceder al acondicionamiento de las zonas por las que discurren las antiguas vías férreas de los municipios de Tordoia, Santiago, Ordes, Oroso y Cerceda y la cesión de dichos espacios en
desuso a los mencionados ayuntamientos con el fin de la creación de un Sendero Verde que será gestionado desde el ámbito municipal de forma cooperativa y corresponsable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2014.-Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las
infraestructuras logísticas de la Bahía de Cádiz, conexión ferroviaria Aletas-Cabezuela, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La logística es un sector emergente de la actividad económica, en el que la provincia de Cádiz tiene la oportunidad de tener una presencia cada vez más relevante, en razón de su posición geoestratégica, en la confluencia de dos mares, dos
continentes y dos culturas.
En el desarrollo de la logística tienen un papel determinante las infraestructuras y equipamientos básicos con los que cuenta un territorio, especialmente los relacionados con:
- Las infraestructuras del transporte: carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.
- La disponibilidad de suelos productivos equipados con las mejores tecnologías disponibles: ZAL, PTA, Las Aletas, etc.
- La confluencia coordinada de todos los instrumentos técnicos y financieros, habilitados por las administraciones públicas para el fomento de la actividad económica y el empleo.
- El acceso a la energía y las telecomunicaciones en condiciones de competitividad, en términos de eficiencia técnica y costes económicos.
En el ámbito de la Bahía de Cádiz, el proyecto Las Aletas, junto a la Zona Franca, la Universidad y el Puerto Bahía de Cádiz deben ser los elementos básicos para conformar una propuesta para el desarrollo
logístico de la zona, en equilibrio territorial con lo que suponen la ZAL del Campo de Gibraltar y el Puerto Bahía de Algeciras, así como el PTA y el Aeropuerto de Jerez con sus respectivas áreas.
En la articulación de todas las sinergias es de vital importancia favorecer la conectividad viaria y ferroviaria de los diferentes espacios productivos de la Bahía de Cádiz: Las Aletas-Polígono Industrial Trocadero-Río San
Pedro-Airbus-Navantia-Cabezuela-Dragado off Shore, etc.
La conexión ferroviaria Las Aletas-Cabezuela es una necesidad largamente demandada por la Comunidad Portuaria de la Bahía de Cádiz, con el apoyo de las instituciones públicas, las organizaciones empresariales y los sindicatos más
representativos, que entienden que el desarrollo de esta dársena y sus planes de crecimiento futuros pasan por la disponibilidad de este servicio. El trazado previsto permitiría también el acceso ferroviario a instalaciones industriales de
referencia tales como Airbus, Navantia y Dragados Off Shore.
En respuesta a esa demanda el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, el Consorcio Aletas y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz suscribieron en 2008 el Protocolo de colaboración para la ejecución del ramal
ferroviario a las instalaciones portuarias en La Cabezuela. En el marco de esa colaboración, el Ministerio de Fomento contrató en 2009 las obras de ejecución del citado ramal y se acometió el desarrollo de la red ferroviaria interior en las
instalaciones portuarias.
Las obras del ramal de conexión se paralizaron en 2010 y el contrato quedó suspendido al presentar concurso voluntario de acreedores una de las empresas de la UTE contratada.
Posteriormente, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Puerto Real firmaban en 2012 un Convenio de colaboración en el que, entre otras cuestiones, se establecía el compromiso de este último de aportar terrenos para el desarrollo de
las obras del ramal de acceso, contribuyendo por esta vía al esfuerzo inversor necesario.
Desde el punto de vista presupuestario, en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 se incluye en una partida denominada 'Operación Bahía de Cádiz' dotada con 5,6 millones de euros, aunque la asignación para el acceso ferroviario a La
Cabezuela fue de 450.000 euros, bajando la asignación a esta obra en los PGE 2015 a 200.000 euros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar un compromiso firme en la ejecución de la conexión ferroviaria Aletas-Cabezuela, buscando soluciones y fórmulas que permitan garantizar la financiación necesaria (Desde el
convencimiento de que esta conexión ferroviaria es la única alternativa para dotar a los operadores portuarios, al polígono industrial Trocadero-Río San Pedro y a las grandes industrias de la zona: Airbus, Navantia y Dragados off Shore, de un
servicio esencial que les permitirá ser competitivos en los mercados nacionales e internacionales).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2015.-Francisco González Cabaña, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/003302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Educación y Deporte, una Proposición no de Ley sobre la necesidad de adoptar medidas para la erradicación de comportamientos violentos en los eventos deportivos.
El deporte se ha asociado desde siempre al compañerismo, al juego limpio, a la sana competitividad y al deseo de superación. En general la tendencia es asociar el mundo del deporte a valores positivos y saludables desde un punto de vista no
solo físico sino también moral.
Y sin embargo el aumento de las conductas violentas y los comportamientos racistas e intolerantes no cesan de aumentar en las competiciones deportivas. En algunos casos los enfrentamientos entre hinchas radicales de equipos rivales acaban
incluso con víctimas mortales y decenas de heridos, como ocurrió en noviembre de 2014 en la batalla campal que tuvo lugar entre aficionados de los clubes Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña en los aledaños del estadio del equipo
madrileño.
En aquel caso un total de 21 personas fueron detenidas y unas 90 identificadas, según los datos de la Policía Nacional. Los arrestados eran miembros del Frente Atlético, del Riazor Blues ('ultras' del Deportivo), de Alkor Hooligans
('ultras' del A.D. Alcorcón), y dos de Bukaneros ('ultras' del Rayo Vallecano). Durante el operativo policial fueron intervenidos palos y otros instrumentos agresivos, de acuerdo con las fuentes policiales. Especialmente preocupante en aquel caso
fue que los aficionados implicados en la batalla campal hubieran quedado a través de las redes sociales para pegarse.
Poco después de aquel incidente se produjo un nuevo brote de violencia, en esta ocasión entre seguidores del F.C. Barcelona y del Paris Saint Germain, en la ciudad de Barcelona, que acabó con dos heridos, uno de ellos de gravedad, ambos
seguidores del equipo francés. Los altercados también ocurrieron en este caso fuera del Estadio en el que se había celebrado el partido.
Pero estos no son hechos aislados. Es conocida por cualquier persona aficionada o no al deporte, y especialmente al fútbol, y también por los propios clubes deportivos, la existencia de grupos de seguidores especialmente fanáticos y muy a
menudo cercanos a posiciones políticas radicales y de extrema derecha, que desvirtúan por completo el espíritu de cualquier competición deportiva. Es absolutamente necesaria, por parte de los clubes, una mayor implicación en la solución del
problema de la violencia en el ámbito del deporte y son fundamentales acciones y medidas eficaces por parte del Gobierno.
Estos grupos radicales o extremistas que practican la violencia aprovechan partidos de fútbol y otros eventos deportivos de masas, por vivirse en ellos una cierta permisividad en cuanto a la forma de exaltar los sentimientos. Precisamente
contra esa permisividad debe lucharse de forma contundente, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación española cuenta con la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, cuyo
objetivo es precisamente prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia en el deporte, así como cualquier tipo de comportamiento racista o intolerante, como ocurrió con la relativamente reciente avalancha de comentarios antisemitas a raíz de una
competición de baloncesto entre un equipo español y otro israelí, en el deporte.
Es evidente que algo no está funcionando cuando estos hechos se repiten de forma periódica y en los casos más graves acaban dejando victimas mortales. Las conductas violentas han aumentado de forma general en nuestra sociedad y ese aumento
se refleja también en el ámbito del deporte, especialmente entre los aficionados que acaban utilizando los espectáculos deportivos como una válvula de escape a su agresividad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- En colaboración con los clubes deportivos tomar las medidas necesarias para que estos prohíban la entrada en los estadios y campos de juego de aquellos individuos o grupos radicales, aunque sean seguidores propios, que actúen de manera
violenta o realicen actos de incitación o apología de la violencia, en aplicación de la legislación vigente.
- En colaboración con las Comunidades Autónomas tomar medidas pedagógicas, con campañas publicitarias y con programas exclusivos para el comportamiento cívico y racional, con el fin de erradicar los comportamientos violentos y racistas de
los eventos deportivos.
- Dotar a las Comunidades Autónomas de los recursos económicos necesarios para el desarrollo e impartición de campañas educativas que promuevan los valores del respeto, la tolerancia y el juego limpio en el deporte y condenen las actitudes
violentas, racistas y xenófobas en todos los ámbitos.
- Colaborar con las distintas Federaciones Deportivas para desarrollar programas de concienciación contra la violencia y el racismo en el ámbito del deporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la
incorporación de la Ciudad Autónoma de Ceuta a la Conferencia Sectorial de Educación, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Tal y como se evidencia año tras año en las distintas pruebas de evaluación nacionales e internacionales, Ceuta sigue siendo el territorio con mayor índice de fracaso y abandono escolar de toda España. Los retos de la Educación en Ceuta son
conocidos y exigen una acción decidida que vaya más allá de la mera recepción de recursos aunque estos sean fundamentales y resulten siempre escasos.
Si las referencias a la educación en la Ciudad Autónoma de Ceuta vienen siempre acompañadas de insoportables índices de abandono escolar temprano resulta necesario analizar las causas que lo provocan. La diversidad cultural de la sociedad,
tan evidente en este territorio, constituye una riqueza que debe aprovecharse y los centros escolares son espacios privilegiados para vivir y aprender en y desde esa diversidad. Pero la misma, unida a otras propias de un sistema educativo
universal, obligatorio y gratuito, puede también constituir una fuente de problemas para el desarrollo de la práctica educativa. Hacer más visible dicha riqueza y valorar las actuaciones y propuestas para solucionar los problemas que puedan
ocasionarse, es lo que hace necesaria una mayor capacidad de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
La situación del sistema educativo en la Ciudad Autónoma y su mejora exigen un cambio de estrategia que pasa por una profunda transformación de los instrumentos organizativos, sobre todo de los que afectan a la toma de decisiones, con el
objetivo de alcanzar un mayor protagonismo en la gestión de la educación. Si la comparamos con otros territorios, Ceuta cuenta con una gran desventaja al no tener competencias en educación, con lo que se reduce significativamente la capacidad de
adaptar y contextualizar a su propio ámbito las decisiones que se acuerdan en la Conferencia Sectorial de Educación. Su ausencia del órgano donde se toman los acuerdos más importantes en materia educativa dificulta la resolución directa de los
problemas que se plantean en el proceso de enseñanza-aprendizaje así como los derivados de la asignación de los recursos necesarios para afrontar los desajustes en el ámbito de la política educativa de Ceuta.
Si queremos nivelar las desigualdades económicas y sociales que sufre la Ciudad con respecto al resto del territorio nacional, propiciar la movilidad social, acceder a mejores niveles de empleo, elevar las condiciones culturales de la
población, ampliar las oportunidades de los y las jóvenes, aumentar los valores cívicos, impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y avanzar democráticamente en el fortalecimiento del Estado de Derecho, es necesario potenciar el sistema
educativo en todo el territorio, también en Ceuta; y si queremos que esa potenciación sea más eficaz en la Ciudad Autónoma, esta debería tomar parte en las decisiones que le afecten en el terreno educativo de una manera mucho más activa, directa y
real de lo que hasta el momento se ha producido.
El Grupo Parlamentario Socialista, a la vista de las conclusiones de los informes tanto nacionales como internacionales, que ponen en evidencia la insuficiente evolución de la educación en la Ciudad, sus malos datos educativos y los escasos
resultados de las medidas propuestas para su mejora, considera que Ceuta necesita aumentar su capacidad de decisión, por lo que debe dotarse de una mayor autonomía en materia educativa que facilite la organización, gestión y adaptación tanto del
currículum como de las distintas realidades y situaciones que puedan darse en el proceso de enseñanza-aprendizaje curricular, como forma de superar la situación actual que sufre la Ciudad Autónoma.
Todo ello nos lleva a considerar necesaria e inevitable la participación activa, directa y real de Ceuta en la Conferencia Sectorial de Educación.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas oportunas para que la Ciudad Autónoma de Ceuta esté presente como miembro de pleno derecho en la Conferencia Sectorial de Educación.
Además, deberá diseñar conjuntamente con la comunidad educativa y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la forma de ampliar la coparticipación y la asunción, como competencia compartida, de la responsabilidad y capacidad de decisión de
forma activa, directa y real en los ámbitos de competencia educativa como los planes de estudio, la ordenación curricular, el régimen de becas y ayudas al estudio estatales, los criterios de admisión de alumnos, la ordenación del sector y de la
actividad docente, los requisitos de los centros y la gestión de los centros privados sostenidos con fondos públicos, entre otros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2014.-Gaspar Zarrías Arévalo y Mario Bedera Bravo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión del papel de las
víctimas en el desarrollo curricular de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, establece en su Preámbulo que los principios de 'Memoria, dignidad, justicia y verdad' fundamentan el dispositivo normativo recogido
en la misma, buscando la reparación integral de la víctima.
El valor de la memoria aparece como la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su
libertad como consecuencia del fanatismo terrorista. El recuerdo es un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva del uso de la violencia a través de su deslegitimación social.
Asímismo, el artículo 59 de la citada Ley, establece que las administraciones educativas, con el objeto de garantizar el respeto de los derechos humanos y la defensa de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia,
impulsarán planes y proyectos de educación para la libertad, la democracia y la paz, en los que se procurará la presencia del testimonio directo de las víctimas del terrorismo.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad Educativa obliga a tener en cuenta en los currículos de las diferentes etapas de la educación básica el aprendizaje de los valores que sustentan la democracia y los
derechos humanos, donde se debe incluir en todo caso la prevención de la violencia de género y el estudio del Holocausto como hecho histórico.
La aprobación del Real Decreto 26/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, ampara entre otras disposiciones la inclusión como elementos trasversales de valores como la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista; también el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo así como la prevención del terrorismo y
de cualquier tipo de violencia.
De la misma manera, establece la posibilidad de que sean realizadas acciones informativas y de sensibilización social en centros docentes con la incuestionable y fundamental colaboración de las víctimas, de sus asociaciones y fundaciones,
todo ello a través de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Promover y divulgar los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la pluralidad y la libertad de los ciudadanos, es el camino adecuado para que la sociedad del futuro, a través de sus jóvenes, mantenga viva la memoria de los
valores que las víctimas representan de manera objetiva y veraz.
Por ello, se considera fundamental que en el conocimiento de la historia de España se traslade a los estudiantes el relato auténtico del terrorismo, lo que ha ocurrido en nuestro País en los últimos cincuenta años a través de los contenidos
y de los testimonios de las víctimas las cuales constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático.
A pesar de que el estudio de estos principios y valores democráticos en la educación primaria constituye un avance fundamental de nuestro Estado de Derecho, es necesario afianzar esta formación en nuestros adolescentes y jóvenes incluyéndola
en la educación secundaria y el bachillerato.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el desarrollo curricular de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato el papel desempeñado por las víctimas del terrorismo, como representantes de los valores éticos y
democráticos frente al terrorismo'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2014.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
los efectos laborales y sociales de la silicosis por exposición a sílice cristalina, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La silicosis es una enfermedad pulmonar resultante de la inhalación y acumulación de polvo inorgánico de sílice en el pulmón. El riesgo de enfermedad está relacionado con la exposición acumulada durante toda la vida y con la cantidad de
sílice libre cristalina inhalada que, a su vez, depende de la concentración y del tamaño de las partículas respirables (<5 µm), y de la propia susceptibilidad individual. La prevención de esta enfermedad se basa en el control del polvo respirable y
actualmente no existe tratamiento curativo. La silicosis crónica es la presentación clínica más común, que aparece clásicamente en los mineros tras la exposición a concentraciones bajas durante un largo período de tiempo (>15-20 años). Las formas
cristalinas más frecuentes de sílice en los puestos de trabajo son el cuarzo, la tridimita y la cristobalita.
En los últimos años, se han declarado agrupaciones de casos en relación con las nuevas exposiciones ocupacionales en varios países.
Algunas están relacionadas con los procedimientos de mecanización (corte, calibración y pulido) utilizados en la fabricación e instalación de encimeras de cocina elaboradas con aglomerado de cuarzo, material con alto contenido en sílice
libre cristalina.
En el caso de los aglomerados de cuarzo las concentraciones en el aire de sílice cristalina por oscilan entre 70-90 % -según colores y acabado-, con mayor poder lesivo de estas partículas por su menor tamaño - < 3,5 µm, y de ellas un gran
porcentaje inferiores a 2 µm por ser fundamentalmente cristobalita, lo que las hace permanecer más tiempo en suspensión en el aire y ser respirables, llegando a lo más profundo de los alvéolos pulmonares donde generan no solo el demostrado efecto
cancerígeno en humanos de estas formas cristalinas de sílice (cuarzo, cristobalita y tridimita) -clasificadas dentro del grupo 1 según la International Agency of Research on Cancer (IARC)-, sino también un efecto irritativo, inflamatorio, sin
tratamiento alguno, que acaba en una fibrosis pulmonar con dificultades respiratoria, y en algunos casos la muerte; todo esto refleja las posibles complicaciones de esta nueva silicosis con el paso del tiempo. Tan pequeñas son las partículas y tan
profundo llegan que la realización de radiografías no sirve, en muchos casos, como medio de diagnóstico de la enfermedad, al existir una afectación tan difusa y generalizada de todo el pulmón, siendo precisa la realización de TAC de alta resolución
para diagnosticar la enfermedad en fases tempranas. Ello ha podido determinar el que no se diagnosticase la enfermedad en fases iniciales a muchos de estos enfermos y hayan seguido expuestos al riesgo hasta que la enfermedad ha avanzado. Esto ha
dado lugar a que durante largos años, se han estado manipulando los
aglomerados de cuarzo en condiciones claramente insalubres y de un gran riesgo para la salud, fruto del desconocimiento y la ignorancia del peligro que entrañaba esta actividad, de manera que hasta los empresarios también enferman, téngase
en cuenta que en su mayoría son pequeños empresarios trabajando a la par que sus empleados.
Por todo ello los trabajadores que están expuestos a altas concentraciones de sílice cristalina respirable, acaban enfermos de silicosis tras períodos de latencia relativamente cortos.
Esta nueva situación es muy grave pues más de tres millones de trabajadores europeos estaban expuestos a la sílice libre cristalina a comienzos de los 90.
En España la incidencia de la silicosis parece ir en aumento. Los casos notificados al instituto Nacional de Silicosis (INS) disminuyeron gradualmente desde 2003 (375 casos) a 2007 (115 casos), pero aumentaron desde entonces cada año hasta
256 casos en 2011. Otra fuente oficial, el Observatorio de Enfermedades Profesionales, declaró un incremento de 95 a 295 casos en el mismo período.
Aunque el INS reconoce un subregistro importante, un cambio de tendencia cualitativamente relevante se detectó en 2011 en relación con las exposiciones ocupacionales: por primera vez, el número de casos entre los trabajadores de la minería
del carbón fue menor que el del resto de profesiones, principalmente trabajadores de la piedra ornamental. Según el Observatorio, los trabajadores de la industria manufacturera representaron el 78 % de los casos.
Después de la aparición en 2009 de los primeros casos de silicosis relacionados con la fabricación de encimeras de cocina en el sur de España, se observó un número inesperadamente alto de casos en la zona.
En un reciente estudio publicado en el International Journal of Occupational and Environmental Health/2014 VOL. 20 NO. 1/, en el que se analiza la mayor serie de casos de silicosis por sílice cristalina actualmente estudiada en España, se
describe una nueva forma de silicosis en trabajadores de los compactos o aglomerados de cuarzo, productos estos utilizados profusamente en la construcción, más frecuentemente en encimeras de cocina pero también usados, y cada vez más, en suelos,
baños, paramentos, etc. Una silicosis muy distinta de la tradicional sufrida por los mineros, tanto en su expresión clínica, periodo de incubación, evolución, y gravedad, así como en su modo de adquisición. En el citado artículo se establece un
corto periodo de incubación, si tenemos en cuenta la antigüedad laboral como tal, la mediana de fue de 11 años (media: 12,8; el 50 % entre 9-17 años), lo que condujo a que los casos fueran personas muy jóvenes, su mediana de edad en el momento del
diagnóstico fue de 33 años (el 50 % de ellos entre 29-37 años), y el 26 % de los trabajadores tenía menos de 30 años cuando fue diagnosticado. El diagnóstico fue de silicosis crónica simple en el 91,3 % de los casos y silicosis crónica complicada
en el 8,7 % restante, aun así su futuro es incierto pues sabemos que los casos aparecidos tras exposiciones intensas en muy poco tiempo a sílice cristalina tienen peor pronóstico. Si tenemos en cuenta el periodo de incubación para definir el tipo
de silicosis, nos encontraríamos con Silicosis acelerada en la mayoría de los casos, que se define como 'resultante del contacto con niveles más altos de sílice cristalina y se presenta 5 a 15 años después del contacto'. Tan grave es que de los 72
casos censados a fecha de hoy solo en Cádiz a tres de ellos se les indicó trasplante pulmonar, y uno de estos ya ha fallecido a la edad de 32 años.
Obviamente estos casos son fruto de un evidente incumplimiento por todas las partes interesadas (fabricantes, servicios de prevención de riesgos laborales, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y empresarios), pero
también ha concurrido el hecho de que nos hallamos ante nuevos productos, con nuevas características, sometidos a nuevas tecnologías y procesos de producción, y nuevos entornos laborales, que generan una manifestación nueva de una enfermedad
tradicional.
Del mismo modo cabe pensar y contemplar la situación en canteras de granito o minas y explotaciones de pizarra.
Por todo ello debemos actuar de forma distinta, no solo acometiendo acciones preventivas a todos los niveles -ya se han presentado en esta Cámara iniciativas en los aspectos de su prevención, etc.-, sino también y especialmente amortiguando
en los trabajadores afectados el daño generado, no solo con el reconocimiento de la enfermedad profesional que es, sino compensando en la medida de nuestras posibilidades la pérdida de su futuro laboral, personal, económico y social que supone esta
nueva enfermedad, muy agresiva, con alta mortalidad, y cuya evolución, que sabemos rápida, aún desconocemos con exactitud, generando en los afectados una angustiosa incertidumbre.
Actualmente estos trabajadores afectados de silicosis en sus distintos estadios están reclamando una situación de 'Incapacidad permanente total para su trabajo habitual' -se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión
habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de
las fundamentales tareas de dicha profesión, aunque pueda dedicarse a otra distinta- en coherencia con lo dictaminado por el Instituto Nacional de Silicosis, la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, así como diversos Servicios
Médicos, en especial de Neumología, que se han pronunciado señalando que estos pacientes no pueden continuar expuestos a ambientes pulvígenos, ni a sustancias irritativas respiratorias, es decir, el cese absoluto de la exposición a estas sustancias
asociadas a su trabajo habitual. En muchos casos se les está reconociendo como tal por el INSS, y es sistemáticamente impugnado ante los tribunales de Justicia por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social .MATEPSS -que tienen que asumir tanto pago de pensiones como la atención sanitaria de estos casos- basándose en la Orden de 15 de abril de 1969 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez
en el Régimen General de la Seguridad Social, y más concretamente en su artículo 45, en el que se establecen unas condiciones especiales de acceso a los distintos grados de incapacidad para los casos de silicosis. En ocasiones los Tribunales dan la
razón a los trabajadores y en otras a las MATEPSS.
La situación de estos trabajadores es desesperada tanto su nulo futuro profesional, como por las posibilidades de mantener a su familia en un momento laboral con millones de desempleados, con una enorme caída de la construcción -su fuente de
trabajo habitual-, y por su situación de salud, cuando ya son conocedores de la situación de fallecimiento o indicación de trasplante pulmonar de sus compañeros.
La argumentación de las MATEPSS en la mayoría de los casos es que estos trabajadores se encuentran en el primer grado de silicosis, que comprenderá los casos de silicosis definida y típica, que no origine, por si misma, disminución alguna en
la capacidad para el trabajo, y por tanto no tendrá la consideración de situación constitutiva de incapacidad. Siendo con ello susceptibles de reubicar en la empresa en un nuevo puesto de trabajo de similar categoría no expuesto a riesgos.
Esto tendría sentido en los años sesenta, en los mineros, cuando la concentración de sílice cristalino en el aire era poca en comparación con la generada por los aglomerados de cuarzo, y de partículas grandes, necesitándose exposiciones de
treinta años o más para enfermar. Actualmente los trabajadores de Industrias extractivas eran en 2008, 7.238 carbón y 29.912 extracción de rocas y minerales metálicos, que pasaron en 2012 a 4.730 y 18.965 respectivamente. En tanto que las
industrias relacionadas con la fabricación de productos cerámicos y las de corte, tallado y acabado de la piedra suponían 82.029 en 2008, y 44.655 en 2012. La posibilidad de reubicar en otro lugar de la empresa a un trabajador afecto de silicosis,
no era difícil en la minería de los años sesenta. Según el Anuario de 1960 del INE en el año 1959 en las 566 minas existentes en España trabajaban 103.495 personas, de las cuales en el interior de las minas estaban 20.998 picadores y 46.539 no
picadores, y en el exterior 46.539. En el exterior había más puestos de trabajo que de picadores y por tanto más donde reubicar evitando exposición a riesgos, y además el régimen especial de la minería permitía a los mineros jubilarse antes,
desarrollando en muchos casos la silicosis en sus estadios más graves fuera del entorno laboral.
Esa situación ha cambiado radicalmente a la luz de todo lo expuesto anteriormente.
No se puede exigir al empresario que los reubique, cuando la mayoría de estas empresas son pequeñas y con escasas o nulas posibilidades de reubicación interna. Ya no hay 'exterior, porque la gran mayoría de los casos, e in crescendo, ya no
se dan en minas. No hay lugar seguro para ellos en estas empresas, pues se han descrito casos de personas que no trabajaban directamente los aglomerados de cuarzo, y que estando en otros lugares de la empresa respiraron este sílice cristalino y
enfermaron. En particular, en el sector de la manipulación y elaboración de la piedra, no resulta posible identificar puestos de trabajo exentos de riesgo de exposición al polvo de sílice, dado lo específico de la actividad. En este tipo de
empresas, tan solo existen puestos en talleres o montaje y en ambos casos existe exposición al riesgo.
Hay que evitar el riesgo a toda costa, pues así lo establece la propia Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15, punto primero 'El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de
prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a. Evitar los riesgos' y así lo interpreta la jurisprudencia en sentencia del Juzgado de lo social de fecha 9-11-20012, cuando dicta: la norma va
'dirigida a separar al trabajador del peligro, así como a evitar mayores costes al empleador e incluso a las entidades colaboradoras, quienes acabarían asumiendo unas consecuencias más gravosas que las actualmente deducibles, de evolucionar la
enfermedad a estadios más agresivos a cuenta de una continuidad en !a exposición'.
No se puede devolver al mercado de trabajo a un trabajador con una enfermedad incurable, que evoluciona inexorablemente hacia la gravedad y la muerte. Entre otras razones porque sus posibilidades
de recontratación en un trabajo distinto al que ha desarrollado durante años, y en la mayoría de los casos el único, son escasas o nulas, especialmente ahora con millones de personas a la búsqueda de empleo, y con toda seguridad más
preparadas para su trabajo habitual que los afectados de silicosis que deberían aprender ex novo otro oficio lejos de la construcción, etc. Nadie quiere contratar a un trabajador con estas perspectivas ni hay Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales que lo apruebe tras el reconocimiento previo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que modifique la norma preconstitucional -Orden de 15 de abril de 1969- por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General
de la Seguridad Social, y más concretamente su artículo 45 Normas particulares para la silicosis, con la nueva redacción siguiente:
A) Modificación del artículo 45 de la Orden de 15 de abril de 1969, que quedaría redactado así:
1. El primer grado de silicosis, que comprenderá los casos de silicosis definida y típica, aunque no origine, por si misma, disminución alguna en la capacidad para el trabajo, tendrá la consideración de situación constitutiva de incapacidad
total para la profesión habitual.
Por lo que en todo caso, dicho grado se equiparará:
a) Al segundo grado de silicosis, al que se refiere el número 2 del presente artículo.
b) Al tercer grado de silicosis al que se refiere el número 3 del presente artículo, mientras aquella concurra con afecciones tuberculosas que permanezcan activas.
En el caso de que dentro de la empresa exista un puesto de trabajo, exento de riesgo para el trabajador diagnosticado de silicosis, y así se constate por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el trabajador afectado tendrá derecho
preferente a ocuparlo y, entretanto, no será declarado afecto de incapacidad permanente total.
2. El segundo grado de silicosis, que comprenderá los casos de silicosis definida y típica que inhabiliten al trabajador para desempeñar las tareas fundamentales de su profesión habitual, tendrá la consideración de situación constitutiva de
incapacidad permanente y se equiparará al de incapacidad total para la profesión habitual.
3. El tercer grado de silicosis, que comprenderá los casos en que la enfermedad se manifieste al menor esfuerzo físico y resulte incompatible con todo trabajo tendrá la consideración de situación constitutiva de incapacidad permanente y se
equiparará al de incapacidad absoluta para todo trabajo.
4. El trabajador declarado silicótico de segundo grado tendrá derecho, cualquiera que fuese su edad, a la pensión vitalicia prevista en el número 2 del artículo 15, sin perjuicio de que pueda acogerse a las medidas de recuperación
procedentes, en cuyo caso, además de la pensión, percibirá solo las becas y salarios de estímulo que puedan corresponderle.
B) Asimismo, se propone que se dicte una nueva regulación de los sectores con riesgo de enfermedad profesional de silicosis, al objeto de establecer una obligación de reserva de puestos de trabajo exentos de riesgo, en favor de los
trabajadores diagnosticados de silicosis, especialmente de primer grado, a la par que se establezcan ayudas o mecanismos para la formación profesional de los mismos en nuevas actividades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2014.-Francisco González Cabaña, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de las personas discapacitadas en cualquier momento de su vida para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece, en su apartado 1, que tendrán derecho a la pensión de orfandad los hijos del causante que, al fallecer aquel, sean menores de 18 años o estén incapacitados para el
trabajo.
A su vez, el apartado 2 del mismo artículo, eleva la edad de 18 a 22 años cuando el hijo del causante no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores en cómputo
anual a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, y a 24 años cuando, dándose tales circunstancias, fuera huérfano absoluto o tuviera una discapacidad superior al 33 %.
Por su parte, el artículo 9.1 del Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, asimila la condición de estar 'incapacitados para el trabajo' a que 'tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez'. En este caso la pensión será, en principio, vitalicia en tanto no se modifiquen las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento.
El artículo 141.2 de la LGSS establece que 'las pensiones vitalicias en caso de discapacidad absoluta o de gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido y que
no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión'.
Por consiguiente, al asimilarse el concepto de 'incapacidad para el trabajo' que da derecho a la pensión de orfandad, con esa reducción de la capacidad de trabajo en 'un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o
gran invalidez', hay que entender (y así se viene haciendo) que el artículo 141.2 de la LGSS es también aplicable a estos supuestos de la pensión de orfandad.
Actualmente la Seguridad Social solo reconoce ese grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez en cualquier momento de su vida a aquellas personas que hayan cotizado previamente (Real Decreto 1799/1985, de 2 de octubre, para la
aplicación de la Ley 26/1985, de 31 de julio, en la materia de racionalización de las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, capítulo II, artículo 4, afectado por la nueva redacción dada al artículo 138.2 de la LGSS, dada por la Ley
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, y por la disposición adicional séptima del Real Decreto 4/1998, de 9 de enero). A la persona discapacitada que no ha podido trabajar nunca, no se le reconoce dicha incapacidad
hasta que fallece el causante, para tener entonces derecho a la Pensión de Orfandad.
La presente Proposición no de Ley tiene por objeto establecer que toda persona con hijos discapacitados a cargo que estén 'incapacitados para el trabajo' en situaciones de discapacidad claramente irreversibles, por la patología que las
origina y el grado calificado y que, por tanto, no hayan trabajado nunca ni cotizado al sistema, puedan solicitar en cualquier momento una valoración en el Instituto de la Seguridad Social correspondiente, con el fin de recibir la calificación de
incapacidad permanente absoluta para todo trabajo a efectos de una orfandad vitalicia.
La valoración del hijo discapacitado con carácter previo al hecho causante de la pensión de orfandad (fallecimiento del progenitor) tiene como fundamento que los ciudadanos asegurados en el Sistema de Seguridad Social (activos o
pensionistas) con hijos discapacitados a cargo que estén 'incapacitados para el trabajo' en situaciones de discapacidad claramente irreversibles tengan la información previa sobre el posible derecho futuro a pensión de orfandad vitalicia de sus
hijos tras su fallecimiento, con objeto de permitirles planificar de esa manera el futuro de los mismos, así como agilizar las gestiones requeridas para su concesión una vez ellos falten. Tal reconocimiento, mientras no suceda el fallecimiento del
causante, no dará lugar a la prestación.
De esta propuesta quedarían excluidas aquellas personas que hayan cotizado previamente a la Seguridad Social y hayan generado el derecho a una prestación contributiva, ya que a estas se le puede reconocer su incapacidad permanente absoluta o
gran incapacidad en cualquier momento de su vida, sea
por accidente laboral o por enfermedad y acceder a la prestación que le corresponda. El supuesto que se pretende proteger es el de aquellas personas que presentan una discapacidad grave, congénita o no, que dificulta su acceso a la
actividad laboral.
Por todo lo anterior, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer posible el reconocimiento en cualquier momento de su vida de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, de las personas discapacitadas ?incapacitadas para el trabajo' en
situaciones de discapacidad claramente irreversibles, aunque el derecho a la prestación de la pensión de orfandad no se aplique hasta el fallecimiento del causante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2015.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/003331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de ley sobre el reconocimiento profesional de los formadores en el sector de la formación profesional para el empleo para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Las denuncias e investigaciones realizadas en el sector de la Formación Profesional para el Empleo (FPE) desde sus inicios, y especialmente las informaciones aparecidas en los años 2013 y 2014, demuestran que la regulación y supervisión de
la FPE es insuficiente para controlar con eficacia y rigor los fondos públicos destinados a ella.
Esta situación de alta irregularidad de la FPE no se limita a los últimos años, sino que existe todo un largo historial de malversaciones y fraudes. Por poner algunos ejemplos destacados, según fuentes periodísticas: desde el año 1998 se
conocen casos de fraude e irregularidades; en 1998 se produce el caso Imefe, relacionado con redes empresariales; en 1999 aparece el caso Pallerols, vinculado a Unión Democrática de Catalunya; en Galicia dimitió, en el año 2000, el presidente de
la patronal gallega, al detectarse 6 millones de euros de subvenciones utilizados para sufragar gastos corrientes de la organización; en el año 2002, se informa sobre el caso FORCEM. Entre 2000 y 2012, numerosos casos han aparecido en prensa,
constituyendo esta información únicamente la punta del iceberg (lo detectado) de la inapropiada gestión de los fondos de formación para el empleo. Durante los años 2013 y 2014, se ha podido confirmar que el fraude en los fondos de formación es
grave y de gran cuantía. Destaca la actual investigación en UGT-Andalucía y empresas proveedoras, así como el caso Aneri en la Comunidad de Madrid. Actualmente, parecen surgir casos en otras Comunidades.
Formando parte de esta situación de irregularidades en la gestión de los fondos, existe un aspecto de fundamental importancia que se olvida continuamente por parte del Gobierno y las administraciones: la situación de los profesionales que
realizan tales acciones y cursos de formación. No cuentan con reconocimiento profesional o laboral, parece negarse su existencia en sus relaciones con la administración y, por lo tanto, se niega el 'derecho a tener derechos' de todo ese colectivo
por la propia Administración responsable de la distribución de los fondos públicos de formación.
Esto facilita que se produzcan situaciones de abuso laboral, retribuciones por debajo de cualquier convenio base, así como cotizaciones laborales inferiores al tiempo real de trabajo. La formación para el empleo parece ser la única
formación que no requiere preparación, elaboración de materiales, ni tutorías con alumnos; en muchas ocasiones los contratos son por horas de impartición. Exigir a los formadores resultados no basta, cuando las condiciones son de abuso y de
ausencia de recursos y apoyo a su trabajo. Los resultados de la formación dependen de todo el sistema, empezando por la Administración, y no pueden, ni deben recaer solo en ellos.
Sin embargo, ninguna Administración parece considerarse responsable de que los fondos destinados en teoría a una formación para el empleo de calidad, con recursos materiales y profesionales adecuados, estén dedicándose a menudo en la
práctica a temas ajenos, olvidando la necesaria calidad formativa y la contratación de profesionales en condiciones adecuadas para la realización de su trabajo.
Una inspección de los expedientes de la formación para el empleo a nivel nacional requiere claramente la investigación de las condiciones laborales de los profesionales de la formación. Cabe destacar que los técnicos de control de los
cursos no parecen tener entre sus funciones analizar las condiciones de trabajo de los profesionales formadores, ni evaluar con los propios formadores la situación de la formación, lo cual indica el escaso interés existente por controlar el uso
adecuado de los fondos de formación y la calidad formativa.
Estamos, por tanto, hablando de sistemas contrarios a la generación de conocimiento, la profesionalidad y la calidad del aprendizaje. Un sistema de formación que verdaderamente busque la empleabilidad y el conocimiento, difícilmente puede
partir del olvido de los profesionales que lo realizan, ni de la indiferencia ante sus condiciones de trabajo, su ausencia de derechos y su falta de reconocimiento profesional.
El Ministerio de Empleo y los Servicios de Empleo establecen una serie de requisitos para impartir la formación, pero parecen negar toda responsabilidad en la situación de los profesionales que la imparten. Los profesionales formadores
carecen de relación con la Administración responsable, ya que esta no lo considera pertinente, no siendo la situación laboral de los formadores, aparentemente de interés para ella. Sin embargo, resulta una variable clave para comprender los
presupuestos de formación y sus malos usos.
Las administraciones solo se relacionan con las entidades y centros de formación, pero no directamente con sus profesionales. Los formadores habitualmente son falsos autónomos, trabajadores por cuenta ajena encubiertos. Deben realizar su
trabajo en los tiempos y formas, y con las retribuciones, que marca el Centro de Formación. En la práctica, son un trabajador más de la empresa, pero sin tener los derechos de los trabajadores por cuenta ajena (ni vacaciones, ni asuntos propios, ni
baja por enfermedad...) y pudiendo ser despedidos en cualquier momento sin indemnización ni prestación alguna.
El perfil de los profesionales del sector de la formación (formadores, expertos en aprendizaje, tutores, coordinadores, etc.) requiere unas competencias específicas, así como una regulación desde parámetros de calidad y uso transparente de
los fondos públicos.
Un sector de tal importancia requiere profesionales cualificados, acreditados y reconocidos por la administración como sujetos de derecho. El no reconocimiento de la existencia de este colectivo profesional facilita la oscura gestión de los
fondos de formación (por ejemplo, en la contratación de estos profesionales), así como el inadecuado control de su uso.
La formación para el empleo difícilmente puede alcanzar parámetros de calidad y eficacia si los profesionales que la realizan carecen de regulación laboral y reconocimiento profesional por parte de la propia administración. Esta situación
va en detrimento de la calidad de la formación, alejando la realidad del sector de su finalidad teórica.
El reconocimiento de un colectivo acreditado, cualificado, regulado y sujeto de derechos facilitará la organización profesionalizada de la formación para el empleo, así como la mejora de su calidad y el control de los fondos públicos
destinados a la misma.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el reconocimiento profesional y la acreditación de los formadores en el sector de la formación profesional para el empleo, la mejor definición de sus funciones, así como la
regulación de sus condiciones laborales, para mejorar la calidad de dicha formación y la transparencia en el uso de los fondos públicos a ella destinados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2015.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/003332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la calidad de los planes de recolocación a los que obliga la reforma laboral para la aumentar la empleabilidad de los trabajadores despedidos para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La reforma del mercado laboral, que entró en vigor el 10 de febrero de 2012, introdujo la obligación de ofrecer un programa de recolocación en aquellos expedientes de regulación de empleo que afectasen a 50 o más trabajadores. El objetivo
era promover una reincorporación de estas personas al trabajo lo más rápida posible; se confiaba el lograrlo a las empresas privadas de recolocación.
El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (tras la modificación operada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral), y el artículo 9 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos y de reducción de jornada, obligan a las empresas (cuando el despido colectivo afecte a más de cincuenta trabajadores) a ofrecer un plan de
recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas, con una duración mínima de 6 meses, que incluya medidas de intermediación, formación y orientación profesional, atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de
empleo.
Casi tres años después de la entrada en vigor de esta medida, varias compañías del sector denuncian importantes deficiencias en su aplicación práctica. La obligación legal de ofrecer planes de recolocación ha generado una nueva demanda y ha
tenido un efecto llamada, que ha supuesto el aumento del número de empresas que ofertan dichos planes. La competencia en este sector ha provocado una reducción de los precios de sus servicios, pero también la aparición, en demasiados casos, de
planes de recolocación que no desempeñan su cometido, sino que se quedan en un mero formalismo para cumplir en apariencia con el requisito legal.
Un plan de recolocación debería proporcionar, entre otros elementos: una atención continuada por un período no inferior a 6 meses (aunque 18 meses sería el período óptimo); atención personalizada y específica de mayor intensidad a los
trabajadores afectados de mayor edad; formación y orientación en técnicas de búsqueda de empleo; orientación en formación profesional y de reciclaje dirigida a la capacitación de los trabajadores; búsqueda activa de empleo en sesiones de
dinamización laboral, en las que se realice un seguimiento de las búsquedas de cada participante y se potencia la prospección de ofertas de trabajo del mercado.
Adicionalmente, sería deseable que la ley obligase a hacer un seguimiento del plan, que incluya encuestas de satisfacción a los participantes, con el fin de evaluar su utilidad y garantizar la calidad del programa, así como el cumplimiento
del objetivo social perseguido por el legislador.
Por otro lado, el artículo 10 del Real Decreto 1483/2012 proporciona la base legal para que la autoridad laboral (dentro de su labor de asistencia durante la fase de consultas) analice el contenido e implantación del plan de recolocación
externa.
Por todo lo anterior, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a evaluar la calidad y los resultados de los planes de recolocación ofrecidos como consecuencia de los cambios legales introducidos en la reforma laboral, así como a tomar las medidas
necesarias para garantizar que los planes presentados satisfagan realmente los requisitos establecidos por la legislación vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2015.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Industria, Energía y Turismo, una Proposición no de Ley para adoptar medidas que estimulen la reactivación del sector de la construcción a través de la rehabilitación industrial.
Antecedentes
En los años pre crisis, la incidencia del sector de la construcción sobre la economía (PIB) y el empleo era muy relevante. Una vez estalló la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, el sector entró en un proceso de profunda destrucción
de actividad económica y de empleo. Ha sido este el sector más afectado por la crisis y el que más ha incidido sobre el paro, con el agravante de que muchas de las personas afectadas tenían bajas cualificaciones profesionales, con lo que su
recolocación está resultando muy complicada.
Es preciso puntualizar que el sector de la construcción trasciende las empresas constructoras e inmobiliarias. Directa e indirectamente está estrechamente vinculado a numerosos sectores industriales, como el sector siderúrgico, el cemento,
la cerámica, la metalurgia, el vidrio, la carpintería, el mobiliario, el textil.... Entre otros muchos, además de todas las actividades de servicios vinculadas al sector de la construcción, lo cual pone de manifiesto su transversalidad y su efecto
tractor.
Desde el Grupo Parlamentario de CiU entendemos que el sector de la construcción, más allá de la crisis que ha vivido y que ha determinado el cierre de una gran parte de empresas que forman parte, directa o indirectamente, del mismo, es un
sector que deberá seguir siendo un sector relevante en nuestra economía y empleo. Se estima que entre el 50-55 % de su actividad económica repercute directamente en el sector de la construcción y afines, mientras que el resto repercute sobre otros
sectores diversos de la economía. Si es cierto que muchas de las empresas vinculadas al sector construcción se han visto abocadas a incrementar su actividad exterior, otras han tenido más dificultades para hacerlo y siguen dependientes de la
demanda interna.
En este contexto la rehabilitación industrial y del sector de la vivienda constituye una palanca de reactivación de la demanda interna del sector de la construcción y a su vez de la reactivación industrial. Así, la rehabilitación contribuye
a la sostenibilidad en tres vertientes. En primer lugar desde la vertiente económica, al tratarse de una actividad productiva que genera valor, genera actividad de proximidad y crea riqueza; el 60 % del parque de viviendas español fue construido
entre los años 40 y 80, su rehabilitación incorporando mejoras en eficiencia energética sería un activo, asimismo, la rehabilitación industrial constituiría un activo para la Industria y para el sector; sin olvidar la presencia muy importante de
PYMES y Autónomos en esta actividad.
En segundo lugar, contribuye también a la sostenibilidad ambiental y a la sostenibilidad, eficiencia y racionalización energética, tal como constantemente señala la Unión Europea.
En tercer lugar, la rehabilitación contribuye al desarrollo sostenible desde su vertiente más social, incidiendo en la integración, en la cohesión social, mejorando las condiciones de vida e incidiendo en aspectos de salud, higiene y
confort, especialmente en la vida de personas mayores con menor capacidad de abordar reformas y a las que planes específicos de rehabilitación pueden contribuir de manera clara a mejorar su calidad de vida. La contribución por tanto a la cohesión
social de la rehabilitación es un factor también muy relevante.
Hay otras externalidades positivas asociadas a la rehabilitación. Por ejemplo, su carácter de trabajo-intensivo y su incidencia sobre el empleo, lo cual también comporta que una parte importante del gasto se materialice en rentas salariales
y, por tanto, en consumo. Asimismo es destacable la aportación del sector en términos de participación local en los beneficios generados, estimándose según un estudio realizado por Construmat que alrededor del 80 % de la repercusión económica queda
dentro de la Comunidad Autónoma en la que se ha realizado la inversión y otro 13 % afecta al resto de comunidades autónomas siendo escasa la demanda exterior que requiere. Por último, en referencia a las Pymes y autónomos que
forman parte de este sector, las menores exigencias de capital permiten que iniciativas de pequeño tamaño sean competitivas en este mercado y, por tanto, la dinamización del sector tendría un impacto relevante en empresas de menores
dimensiones muy afectadas por la crisis y muy vinculadas al tejido productivo local.
Desde nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, creemos que el sector de la construcción a través de la actividad de la rehabilitación industrial y de viviendas debe estimularse y puede constituir una palanca de reactivación en
términos de actividad económica y de empleo. Son diversos los estudios que señalan la importancia de las actividades de rehabilitación en la economía y en el empleo, así como los efectos positivos que aporta dicha inversión en rehabilitación.
Concretamente, se estima que por cada euro invertido en rehabilitación, se genera una actividad productiva de 1,85 euros, por cada puesto de trabajo directo en la rehabilitación se generan 1,67 puestos de trabajo y por cada euro de PIB generado por
la actuación se generan 1,83 euros de PIB en el global de la economía española.
El retorno económico, social e industrial es claro y evidente también por efecto de la transversalidad de este sector y de su efecto tractor sobre otros sectores o subsectores industriales.
Es por ello que presentamos una Proposición no de Ley para impulsar la rehabilitación industrial, entendiendo que es necesario que Gobierno elabore un Plan específico con medidas de fomento de actividad de rehabilitación industrial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Plan para la reactivación de la actividad industrial a través de las actividades de rehabilitación industrial y de viviendas, que contemple medidas específicas de estímulo para el
sector de la construcción en rehabilitación, con especial atención a medidas fiscales, financieras y de empleo orientadas a mejorar la sostenibilidad ambiental y a la sostenibilidad, eficiencia y racionalización energética, además de la propia
competitividad de las actividades industriales involucradas, con la participación del sector público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento del turismo de
compras para su debate en Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Con el desarrollo de nuevas tendencias en el panorama turístico actual, diversos tipos de turismo han adquirido una relevancia especial, como es el caso del turismo de compras.
El turismo de compras o 'shopping' ha sido siempre una actividad presente en los viajes, ya sea de forma complementaria o principal. Hace unos años era un accesorio para el viaje pero hoy en día se convierte en una de las causas por las que
elegir destino.
El turismo de compras se ha convertido, por tanto, en uno de los principales motores económicos para el desarrollo del sector turístico y comercial en muchos países.
Tal y como ha comentado el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Talef Rifai 'las compras es una de las actividades relacionadas con el turismo en todas partes del mundo, puesto que se suele hacer en familia o en
grupo y además anima a gastar dinero, lo que ayuda a la economía'.
Dentro de este segmento, China es uno de los mercados con mayor potencial. Este país se sitúa como la región más dinámica del mundo en términos económicos, demográficos y turísticos.
Las cifras de turismo emisor chino y de gasto realizado en sus viajes al exterior revelan un crecimiento sostenido en los últimos años y auguran un incremento de esas cifras en el corto y medio plazo.
Según las cifras de la China National Tourism Administration (CNTA), en los últimos años el turismo emisor chino ha registrado un crecimiento medio anual del 15 %, pasando de 34 millones de turistas chinos en el año 2006 hasta alcanzar los
más de 97 millones en 2013. Así mismo, según los datos de gasto turístico emisor de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2012 China se situó en la primera posición del ranking mundial por volumen de gasto en sus viajes al extranjero,
superando a Alemania y Estados Unidos que en los últimos años habían ocupado la primera y segunda posición respectivamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar adoptando medidas de fomento del turismo de compras con especial atención al mercado chino y demás mercados emergentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2014.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para aprobar un plan de reindustrialización de la comarca de Camp de Morvedre, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La Comarca del Camp de Morvedre está sufriendo de manera paulatina la desaparición de empresas vinculadas a la industria siderometalúrgica. La multinacional Bosal, S.A., fabricante de tubos de escape, ha comunicado a sus trabajadores el
cierre de su planta en Sagunto, que cuenta con 222 empleados. Con este cierre, que se suma a la reciente desaparecida planta de producción de la empresa multinacional Thyssenkrupp Galmed, S.A., se están generando altas tasas de desempleo y el
consecuente impacto negativo sobre la economía del territorio y sobre el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.
Estamos asistiendo a un proceso acelerado de desindustrialización que es necesario revertir porque la industria juega un papel fundamental en el desarrollo económico de los territorios. La evidencia empírica nos demuestra que las economías
con un tejido industrial importante, aportan mayor estabilidad y factores de crecimiento económico.
Para ello, es imprescindible una política industrial que permita la generación, consolidación y mantenimiento de una industria potente, con el objetivo de conseguir el impulso de un nuevo modelo de crecimiento, basado en la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar los acuerdos necesarios para:
1. Aprobar de manera coordinada con la Generalitat Valenciana y con los agentes sociales un plan de reindustrialización de la comarca de Camp de Morvedre, con sus correspondientes dotaciones presupuestarias para mantener la actividad
industrial y mejorar las infraestructuras logísticas a través del apoyo a la actividad portuaria.
2. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar el cierre definitivo de la planta de producción de la planta de la empresa Bosal en Sagunto, así como que, en todo caso, se respeten en su integridad todos los derechos de los
trabajadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2015.-Patricia Blanquer Alcaraz, Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick Manuel Campos Arteseros y José Luis Ábalos Meco, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la aleta de tiburón para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Reglamento de la Unión Europea 1185/2003 sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques prohibía cercenar en los barcos las aletas de tiburón y tirar el resto de cuerpo al mar.
Si permitía la transformación a bordo y comprobar posteriormente la proporción entre aletas y cuerpos. Permitía también que aletas y canales se desembarcaran en diferentes puertos. Alegando que la proporción entre unas y otros es difícil
de controlar y de hacer cumplir, y también permitía la recogida de datos para determinar especies y poblaciones y para poder establecer medidas de conservación y gestión de las pesquerías.
En julio de 2013 se modificó este Reglamento con el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 605/2013, de 12 de junio, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1185/2003, sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones en
los buques, que obliga a desembarcar el cuerpo de los tiburones entero.
Esta restricción solo obliga a los países de la Unión Europea y no tienen ninguna similar países como China, Corea y Japón, que pescan cantidades importantes, lo que coloca a la Unión Europea en inferioridad de condiciones y esto afecta de
manera muy importante a la flota gallega.
La Comisión tiene el compromiso de informar el 1 de enero 2016 de la evaluación de la aplicación de este Reglamento pero los resultados hasta ahora están siendo lo suficientemente gravosos como para pedir que esa evaluación se haga con
anterioridad y se pueda compensar a las flotas de los países afectados por las pérdidas económicas ocasionadas y reconocer su esfuerzo para mantener la sostenibilidad del sistema marino.
Consideramos necesario mantener la prohibición de tirar al mar el cuerpo de los tiburones después de haber cercenado las aletas pero la medida adoptada por la UE está suponiendo un incremento de los costes que los barcos que se dedican a
esta pesquería no pueden asumir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Solicitar que la Unión Europea anticipe la evaluación de la aplicación del Reglamento 605/2013, prevista para enero de 2016.
Solicitar de la Unión Europea el establecimiento de una certificación que ponga en valor el cumplimiento del Reglamento 605/2013 y la compensación por las pérdidas económicas ocasionadas por la aplicación del Reglamento 605/2013.
Demandar de la Unión Europea que haga un llamamiento a los Estados miembros de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) para que eliminen los vacíos legales que permiten a algunas flotas continuar realizando
la práctica de cercenar las aletas de tiburón, como desde julio de 2013 hacen los buques de palangre de superficie españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-Margarita Pérez Herraiz, Laura Carmen Seara Sobrado y Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de un
sistema de control de la pesca homogéneo en la UE para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Reglamento (UE) n.º 1380/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común (PPC), establece como objetivo de la PPC, garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean
sostenibles ambientalmente a largo plazo, y que se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios.
La pesca ilegal, no declarada, o no reglamentada (INDNR o IUU, en sus siglas en inglés) se ha convertido en una de las mayores amenazas a la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y para la biodiversidad marina y contraviene
tanto los principios que rigen la PPC como los esfuerzos internacionales por lograr un mejor gobierno de los mares, de acuerdo con el principio fijado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecho en la Bahía de Montego el
día 10 de diciembre de 1982, de la que el Reino de España es parte.
Así, tanto la legislación comunitaria como la nacional, han desarrollado una serie de instrumentos para llevar a cabo la consecución de estos objetivos, entre los que se incluyen el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones
encaminado desde la perspectiva punitiva y preventiva, a garantizar los sistemas de gestión de las pesquerías.
El Reglamento (CE) n.º 1224/2009, del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la PPC, impone a los Estados miembros, tanto para sus
buques, como de los de otros Estados miembros y países terceros, velar en sus aguas jurisdiccionales del correcto cumplimiento de la PPC, mediante el establecimiento un sistema unitario de puntos asignados a las infracciones tipificadas como graves,
teniendo en cuenta los criterios establecidos, tanto por la normativa europea como por la nacional.
De acuerdo con este sistema de puntos, se impondrá al titular de una licencia de pesca un número de puntos como consecuencia de la realización de actividades consideradas como infracciones de las normas de la PPC, y así la acumulación de un
determinado número de puntos por el titular de una licencia de pesca dará lugar automáticamente a su supresión durante los periodos establecidos. El sistema de puntos por infracción de la PPC alcanza también al capitán o patrón del buque que
corneta una infracción grave, pudiendo llegar por reiteración de infracciones graves a la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por periodos determinados.
Para un fácil control por parte de la UE, el indicado reglamento de control obliga a los EEMM a disponer de un registro nacional donde se anotarán todas las infracciones graves de las normas de la PPC, indicando las sanciones impuestas y el
número de puntos asignados, al igual que deberán anotarse en este registro las infracciones cometidas, por buques pesqueros que enarbolen su pabellón o por sus nacionales que se hayan cometido en otros Estados miembros.
En España, la legislación comunitaria ha tenido transposición a nuestro ordenamiento jurídico y la misma viene aplicándose, circunstancia esta todavía no reflejada en algunos otros Estados miembros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente,
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando en las instancias comunitarias para conseguir que el resto de países de la UE implanten sistemas de control y sanciones homogéneos con los ya implantados en España, en
aplicación de la legislación comunitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2014.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la diversificación y
emprendimiento del sector pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los actuales desafíos socioeconómicos a los que se enfrenta el sector pesquero en España exigen establecer compromisos de apoyo a la diversificación y emprendimiento, a fin de generar en las comunidades pesqueras nuevas fuentes de empleo e
ingresos y, al mismo tiempo, impulsar la creación de servicios que ayuden a las zonas dependientes de la pesca a seguir siendo económicamente viables.
La falta de relevo generacional y la reducida importancia que se le da al papel de la mujer en la actividad pesquera, son dos problemas esenciales que deben abordarse para lograr la modernización de este importante sector de la economía
española. Estos dos colectivos, jóvenes y mujeres, representan un elevado potencial emprendedor que debe promoverse para aumentar el atractivo del sector pesquero, y garantizar la viabilidad de las comunidades costeras, impulsando el crecimiento
económico y el empleo.
El reciente encuentro mantenido por la 'Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero' (una organización de carácter nacional promovida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de
Pesca, con el objetivo de impulsar el papel de la mujer en el sector pesquero, el asociacionismo, la comunicación y el intercambio de iniciativas y mejores prácticas entre las mujeres que trabajan o desean trabajar en el ámbito de la pesca) así lo
ha puesto de manifiesto, por lo que se hace evidente que el sector pesquero ha de contar con jóvenes y mujeres para estructurar el futuro de su diversificación económica.
Se pueden identificar cuatro áreas que pueden ser consideradas hoy como las que contribuirían de la manera más eficaz en la diversificación, emprendimiento e innovación en el sector pesquero: el turismo, la transformación y
comercialización, el medio ambiente y el ámbito social. Todos ellos destacan por su rentabilidad económica, por implicar nuevas salidas comerciales, por contribuir a una gestión sostenible de los recursos naturales y al desarrollo sostenible de las
zonas de pesca.
Hay que resaltar positivamente la estrecha interacción entre estas cuatro áreas de diversificación, que se hace más patente en el caso del área social, ya que existen actuaciones de carácter social como el emprendimiento, la cooperación y la
formación que son importantes en el resto de las áreas mencionadas.
En el ámbito medioambiental, la situación de los caladeros y los objetivos de la Política Pesquera Común establecen la necesidad de adecuar las capturas al 'rendimiento máximo sostenible' de cada especie (definido como el nivel más elevado
de capturas que puede extraerse de una población de peces a lo largo de un periodo indefinido sin dañarla) y de minimizar los descartes, es decir, la pesca que se devuelve al mar, ya sea por su escaso valor comercial intrínseco o para evitar
contabilizar ese pescado en la cuota pesquera.
En definitiva, apostar por la diversificación y el emprendimiento es la mejor manera de buscar alternativas, mejorar la competitividad laboral y fomentar el crecimiento económico de las personas que
se dedican a la pesca y las comunidades que tienen en la pesca una de sus actividades económicas más importantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar la iniciativa empresarial en el sector pesquero de forma que contribuya a la diversificación de los ingresos de los pescadores mediante el desarrollo de actividades complementarias, como los servicios ambientales, actividades
educativas o turísticas.
2. Apoyar a las organizaciones de productores pesqueros para mejorar la comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, particularmente para afrontar las nuevas exigencias en materia de etiquetado, calidad y trazabilidad.
3. Apoyar la sostenibilidad ambiental, facilitando un modelo de explotación pesquera basado, cuando sea posible, en el rendimiento máximo sostenible y mediante la introducción gradual de la prohibición de los descartes.
4. Promover el capital humano y el diálogo social, mediante el intercambio de experiencias entre las organizaciones dedicadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el fomento del diálogo social con la
participación de pescadores; y la formación permanente. Debe, igualmente, promoverse la creación de empresas por jóvenes pescadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2014.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un Registro
Nacional de Posibilidades de Pesca, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la reforma de la Política Pesquera Común, introduce un sistema obligatorio de concesiones de pesca transferible de manera que sea aplicable, a partir de 2014, a todos los
buques, con excepción de aquellos que tengan menos de 12 metros de eslora y que utilicen artes pasivas. Estas concesiones son derechos de explotación (en general una cuota de capturas) sobre un recurso marítimo, durante un tiempo limitado. Los
derechos de Pesca se pueden comprar, vender y alquilar con una serie de condiciones estrictas: solamente pueden adquirirlos los propietarios de buques matriculados y en activo que tengan el propósito de utilizarlas en un buque autorizado y en
activo, se respetará el principio de estabilidad relativa, que establece un reparto fijo de las cuotas pesqueras entre países.
La propuesta de Reglamento incorpora un artículo específico que ha tenido la aceptación de todos los Estados miembros y que consiste en mantener un registro de concesiones de pesca transferibles y de posibilidades de pesca individuales por
Estado Miembro.
La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, dispone en su artículo 5, que la política de pesca marítima en aguas exteriores se realizará a través de 'Medidas de gestión de la actividad pesquera, distribuyendo las
posibilidades de pesca de modo que se consiga una mayor racionalización del esfuerzo pesquero, en desarrollo del sector'.
Las posibilidades de pesca según fija el artículo 28 de la citada ley, en base a los criterios establecidos, 'en el caso de distribución de las posibilidades de pesca, estas serán transmisibles con autorización previa del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y previo informe de la Comunidad Autónoma del puerto base del buque, siguiendo el procedimiento que reglamentariamente se determine'.
En un conjunto de flotas, entre las que podemos encontrar la conocida como 'flota de los 300', la flota de los palangreros con una capacidad de menos de 100 toneladas de Registro Bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la zona
del convenio de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (NEAFC), la flota que faena en aguas de Atlántico Noroeste (NAFO), etc., son diversas las normativas que regulan la actividad de las mismas mediante el sistema de censos cerrados. La
Ley 23/1997, de 15 de julio, de ordenación del sector pesquero de altura y gran altura que opera dentro de los límites geográficos de la NEAFC, permitió que las empresas pesqueras incluidas en este censo pudieran enajenar, ceder o transmitir, entre
sí, total o parcialmente, los derechos de acceso a las diferentes zonas de pesca, previa autorización del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Cada año, se publica en el BOE la actualización de los distintos censos, en los que se refleja nominalmente, las variaciones por bajas o sustituciones de los buques que tienen acceso a cada caladero, así como, las habidas con posibilidades
de pesca individuales de cada buque.
Las posibilidades de pesca se utilizan, por tanto, para una mejor asignación anual de las cuotas individuales de los stocks pesqueros, y de los días anuales de presencia en el caladero, aspecto este último que se aplica para la distribución
y gestión de las cuotas asignadas a España de diferentes especies en aguas comunitarias no españolas.
De igual manera, se asignan individualmente posibilidades de pesca a los buques de las flotas que capturan atún rojo o pez espada, para poder distribuir las cuotas de especies sometidas a 'TAC y cuotas' que regula la Comisión Internacional
de para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).
En el caladero nacional, el sistema de reparto ha alcanzado a algunas especies sometidas a 'TAC y cuotas', como es el caso de los arrastreos del Cantábrico-Noroeste, y en el futuro podrá alcanzar a otras modalidades de pesca y especies.
Considerando los antecedentes expuestos y que, por tanto, ya existe la posibilidad de transmisión de derechos de pesca entre los buques de un mismo censo, y teniendo en cuenta la demanda del sector pesquero de creación de un registro de
posibilidades de pesca, donde, además, queden reflejadas claramente todas las operaciones de transmisión que se efectúan, y las pignoraciones que sufren en cada caso, resulta necesario crear un Registro Nacional de Posibilidades de Pesca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo la creación de un Registro Nacional de Posibilidades de Pesca.
2. Que el Registro incorpore a todas las flotas españolas que tengan constituido un régimen de posibilidades de pesca, con distribución individual por buque o almadraba en el caso de la pesquería del atún rojo.
3. Que el citado Registro quede adscrito a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2014.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los acuerdos de pesca con
terceros países para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En la UE existe un déficit considerable en productos pesqueros que le obliga a mantener una política exterior muy dinámica para poder alcanzar acuerdos con terceros países que permitan obtener en aguas lejanas los recursos pesqueros que
necesita.
El mercado comunitario de productos de la pesca experimenta año a año una mayor demanda que no es atendida suficientemente por la oferta comunitaria. Los datos publicados por FAO en el año 2012 reflejan esta situación, la producción de
pesca y acuicultura en la UE es de aproximadamente 6.400.000 toneladas, y las importaciones de terceros países es de 5.400.000 toneladas, mientras que las exportaciones solo alcanzan un 1.800.000 toneladas.
Referente a España la producción de pesca y acuicultura es del orden de 1.000.000 de toneladas, las importaciones son de 1.500.000 toneladas, y las exportaciones de 1.000.000 de toneladas.
Si consideramos la totalidad de las necesidades de abastecimiento comunitario, incluyendo los productos pesqueros no destinados a la alimentación humana, la dependencia del exterior del mercado comunitario alcanza casi el 50 %. Este valor
constituye un hecho insólito en el conjunto de la economía comunitaria, si exceptuamos el sector energético, con un nivel de dependencia exterior del mercado tan acusado como el sector pesquero.
Nuestra dependencia como país miembro de la Unión es superior, alcanzando el 60 %.
Recientemente la UE ha aprobado el Reglamento sobre la reforma de la Política Pesquera Común que incorpora una parte destinada a la política exterior, con un título dedicado a los acuerdos de colaboración de pesca sostenible, precisando que
estos acuerdos se celebrarán con terceros países en un marco de gobernanza jurídica, medioambiental, económica y social para las actividades de pesca llevadas a cabo por buques pesqueros de la Unión en aguas de terceros países, por lo que estos
países recibirán una contribución financiera de la Unión.
Anteriormente el Parlamento Europeo había aprobado en noviembre de 2012 una resolución sobre la dimensión exterior de la PPC en la que los acuerdos de pesca bilaterales o acuerdos de pesca sostenibles, han de basarse en la explotación
responsable y sostenible de los recursos por parte de los buques de la UE y beneficiar a ambas partes al facilitar al tercer país recursos económicos, experiencia técnica y científica, así como apoyo a una gestión pesquera mejorada y de buena
gobernanza.
La flota española que se ve afectada por los acuerdos de pesca comprende, las modalidades de pesca tradicionales de los buques de altura y gran altura, arrastre, palangres de superficie, palangres de fondo y atuneros cerqueros congeladores,
con una participación aproximada de 250 buques y una capacidad de 190.000 toneladas de registro.
La dependencia de esta flota de los acuerdos de pesca es alta, y podríamos decir que una parte de ella se vería abocada a ser desguazada de no tener acceso a la pesca en las aguas de terceros países.
Hay que resaltar que las obligaciones derivadas de las exigencias comunitarias en cuanto a una explotación responsable y sostenible de los recursos por parte de los buques comunitarios, para la flota española no es nuevo, ya lo venía y lo
sigue realizando en los países en los que tiene acceso en sus aguas, dándose la circunstancia que en aquellos países que ha estado presente la estabilidad pesquera ha estado garantizada, no así, en otros países que ha tenido que abandonar por no
renovarse el acuerdo que mantenía la UE.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando en las instancias comunitarias las mejoras técnicas y la renovación de los acuerdos de pesca en vigor, así como la firma de nuevos acuerdos que permitan nuevas
oportunidades a nuestra flota pesquera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2014.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de !os Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la protección social de los MIR extracomunitarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El sistema MIR (médico interno residente) es un sistema de formación de especialistas que existe en España desde 1978. Se accede a través de un concurso oposición conocido como examen MIR. Existe una sola convocatoria anual en la cual se
oferta un porcentaje de plazas para residentes extracomunitarios.
En los últimos meses, algunos de los MIR extracomunitarios han recibido una notificación que les comunica que dejan de cotizar por desempleo. Se fundamenta dicha decisión en la disposición adicional decimosexta del Real Decreto 557/2011, de
20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que señala que en las contrataciones de los extranjeros titulares de las autorizaciones de
trabajo para actividades de duración determinada y para estudiantes no se cotizará por la contingencia de desempleo.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en su artículo 20.3.f), señala que durante la residencia se establecerá una relación laboral especial entre el servicio de salud o el centro y el especialista
en formación.
Así pues, los MIR tienen una relación laboral de carácter especial, cuya regulación les es de aplicación con independencia de su nacionalidad y del tipo de autorización del que sean titulares.
El Real Decreto 1146/2006, de 6 octubre por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, en su artículo 1.4, señala que los derechos y obligaciones concernientes a la
relación laboral de carácter especial de residencia se regularán por este Real Decreto y, con carácter supletorio, por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
la demás legislación laboral que le sea de aplicación, por los convenios colectivos y por la voluntad de las partes manifestada en los contratos de trabajo, sin que en ningún caso se puedan establecer en ellos condiciones menos favorables al
trabajador o contrarias a las previstas en las disposiciones legales y convenios colectivos antes referidos.
Por su parte, el artículo 2 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece como principio de la política inmigratoria la igualdad de trato en las
condiciones laborales y de Seguridad Social. Y el artículo 14 de la misma Ley establece que los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.
La previsión de la disposición adicional decimosexta del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril constituye una excepción a la norma general y como tal debe interpretarse de manera restrictiva, especialmente en un supuesto, como es el de los
MIR, que cuenta con su propia regulación especial.
Tan dudosa es la aplicación de la citada disposición adicional al colectivo de MIR extracomunitarios que durante años han estado cotizando al desempleo, estando vigente el Real Decreto 557/2011. En la actualidad, se da la circunstancia de
que no todas las Comunidades Autónomas siguen el mismo criterio y en algunas de ellas los MIR de origen extracomunitario continúan cotizando en las mismas condiciones que los comunitarios.
Desde el punto de vista de la igualdad de trato no es admisible que unos MIR coticen y otros no, como tampoco lo es que, sin que haya habido ningún cambio de circunstancias, antes cotizaran todos y ahora no.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas que procedan para que, de forma inmediata, se garantice el derecho a cotizar por la contingencia de desempleo de todos los MIR, con independencia de su nacionalidad de origen o
tipo de autorización, y a que desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se dicten las instrucciones para aclarar estos extremos.
2. Restituir los derechos de aquellos MIR extracomunitarios que debían haber cotizado por la contingencia de desempleo y no lo hubieran hecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2014.-María del Puerto Gallego Arriola, Gracia Fernández Moya, María Guadalupe Martín González y José Martínez Olmos, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un
Comité de crisis para garantizar el acceso equitativo a los nuevos tratamientos de la hepatitis C con el objetivo de su erradicación, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Actualmente se estima que en España unas 500.000 personas están afectadas de manera crónica por hepatitis C, de las que solo un 34 % conoce su diagnóstico y unas 30.000 se encuentran en situación más grave. El propio Gobierno habla de
700.000 portadores, 450.000 infectados y 50.000 diagnosticados. Los pacientes se organizan y mantienen encierros, el último sin que el Gobierno ni siquiera los haya escuchado y recibido, al cabo de doce días. Las Sociedades científicas critican la
estrategia confusa y restrictiva del Gobierno, que plantea graves problemas de accesibilidad y equidad en el tratamiento de la hepatitis C.
El pasado 24 de septiembre de 2014, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señalaba que se 'ha alcanzado un principio de acuerdo con el laboratorio fabricante del medicamento para la hepatitis C Sovaldi (sofosbuvir) para
incluir este fármaco en la financiación pública, y asegurar así que está a disposición de los médicos para prescribirlo a los pacientes que lo necesiten'. Sin embargo, el medicamento no ha llegado aún a los pacientes.
El Gobierno solo autoriza la financiación pública de los nuevos fármacos mediante una estrategia restrictiva que no da cobertura ni al diez por ciento de los enfermos prioritarios: los trasplantados y los aquejados de cirrosis.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha un Comité de crisis integrado por la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las sociedades científicas y las Asociaciones de pacientes para consensuar estrategia,
guía terapéutica y presupuesto para garantizar el acceso equitativo a los nuevos tratamientos de la hepatitis C con el objetivo de su erradicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización y el
desarrollo de la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso alcanzaban en 2005 la dimensión de epidemia en el mundo, pues más de mil millones de adultos padecían entonces sobrepeso y 300 millones de ellos, obesidad.
Junto con los efectos perjudiciales directamente ocasionados por la obesidad en el organismo, otros efectos negativos en la salud que contribuyeron entonces a alertar a la OMS fueron las cifras de morbilidad y mortalidad de las patologías
cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la artrosis y ciertos tipos de enfermedades respiratorias y de cáncer relacionadas, precisamente, con el sobrepeso de los pacientes.
Lejos de ser una excepción, y de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, España registró en 2005 un índice de obesidad del 14,5 por ciento y de sobrepeso del 38,5 por ciento en los adultos comprendidos entre los 25 y
los 60 años. En una línea similar e igual de preocupante, los porcentajes en la población infantil y juvenil (considerada entre los 2 y los 24 años), alcanzaban el 13,9 por ciento en el ámbito de la obesidad y el 26,3 por ciento en lo relativo al
sobrepeso.
Como respuesta a esta situación, y partiendo de lo pautado en iniciativas internacionales como la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud aprobada en mayo de 2004 por la 57 Asamblea Mundial de la Salud, el
Ministerio de Sanidad decidió poner en marcha la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad.
Desarrollada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y la Dirección General de Salud Pública, la comúnmente conocida como Estrategia NAOS fue diseñada en coordinación con los ministerios de Educación y de Agricultura, las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos con la finalidad de sensibilizar a la población sobre el problema que la obesidad representa para la salud, así como para impulsar iniciativas con las que lograr que los ciudadanos -especialmente los niños y
los jóvenes- adoptasen hábitos de vida saludables mediante una alimentación equilibrada y la práctica regular de ejercicio físico.
Fomentar políticas y planes de acción para mejorar los hábitos alimenticios y aumentar la actividad física en la población; promover la educación nutricional en el medio familiar, el escolar y el comunitario; propiciar un marco de
cooperación con las empresas del sector alimentario para que sus productos favorezcan la alimentación equilibrada; sensibilizar a los profesionales del Sistema Nacional de Salud para impulsar la detección sistemática de la obesidad y el sobrepeso,
y realizar el seguimiento de las medidas propuestas y la evaluación de los resultados obtenidos, fueron, esencialmente, los objetivos principales contemplados en la redacción inicial de la Estrategia NAOS.
Para favorecer la consecución de estas metas, el Ministerio de Sanidad fue poniendo en marcha con el transcurso de los años diversas iniciativas de comunicación, educación y promoción de hábitos saludables complementarias a la Estrategia
NAOS. Es el caso del Programa piloto escolar de referencia para la salud y el ejercicio contra la obesidad (Perseo); el Plan Nacional de consumo de fruta y verdura en las escuelas; el Programa 'Actívate: aconseja salud'; el Código de
Autorregulación de la Publicidad de Alimentos dirigida a Menores, Prevención de la Obesidad y Salud (PAOS); el Decálogo 'Gustino' para restaurantes; los convenios suscritos con entidades como la Federación Española de Industrias de la Alimentación
y Bebidas, y la Federación Española de Hostelería y Restauración, y la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
No obstante, los resultados mostrados en 2013 por el 'Estudio de Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad' (Aladino, elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición entre 2010 y 2011 sobre una
muestra de 7.659 niños de 6 a 9 años en 144 centros educativos de 19 Comunidades Autónomas), sitúan la prevalencia del sobrepeso en el 26,2 % y la incidencia de la
obesidad en el 18,3 %, lo que supone, en conjunto, que prácticamente uno de cada dos niños españoles tiene exceso de peso teniendo en cuenta los patrones de crecimiento establecidos por la OMS.
Ante este desafío, tanto desde la perspectiva asistencial como desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema sanitario, el Gobierno ha dado prioridad a la lucha contra el exceso de peso desde el comienzo de la X Legislatura
mediante un abordaje global, interdisciplinario y multisectorial que se ha traducido en iniciativas como el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad, el Plan Cuídate+2012, el nuevo Código PAOS o el convenio firmado con la 'Fundación
Alimentum' en enero de 2013.
En este contexto, coincidiendo con el cumplimiento del décimo aniversario de la puesta en marcha de la Estrategia NAOS en 2015, y teniendo presente lo establecido en la Guía para hacer frente a las desigualdades en el sobrepeso y la obesidad
2014 de la OMS; en la iniciativa de vigilancia de la obesidad infantil de la Región Europea de la propia OMS (Iniciativa COSI); en las conclusiones alcanzadas en el Consejo sobre la Nutrición y la Actividad Física de la Unión Europea celebrado en
2014, y en el Plan de Acción Europeo sobre Políticas de Nutrición y Alimentación 2015-2020,
El Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir desarrollando medidas de sensibilización, informativas y formativas con las que impulsar la prevención y mejorar el abordaje transversal y multidisciplinar del sobrepeso y la obesidad
en España, actualizando para ello la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad desde la coordinación de los ministerios asociados, así como de las Comunidades Autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones
de pacientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2014.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la calidad de
los establecimientos ortoprotésicos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La ortopedia forma parte de las prestaciones de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluida en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece dicha Cartera y el procedimiento para su
actualización. Constituye un derecho de todos los españoles, que emana del principio rector de la política social y económica recogido en el artículo 43 de la Constitución de 1978 y de la Ley General de Sanidad de 1986.
La prestación ortoprotésica consiste en la utilización de productos sanitarios, implantables o no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o bien modificar, corregir o facilitar su función. Abarca los
elementos precisos para mejorar la calidad de vida y autonomía del paciente.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, define discapacidad como situación que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
La ortopedia es la prestación sanitaria que potencia la autonomía personal de las personas con discapacidad, bien sea temporal o permanente, lo que ayuda a su inclusión social al favorecer su incorporación activa en la vida familiar, social
y laboral. Esta prestación se facilita por los servicios de salud o da lugar a ayudas económicas, en los casos y de acuerdo con las normas que reglamentariamente
se establezcan por parte de las administraciones sanitarias competentes. Esta descentralización administrativa, promovida desde la Constitución, justificada como un medio de ganar en eficacia al acercar las decisiones de gestión de las
administraciones a los ciudadanos, está creando agravios comparativos en la atención recibida por parte de las distintas comunidades autónomas.
En concreto, los establecimientos comerciales de ortopedia, que deben de pasar los requisitos mínimos de calidad establecidos por cada comunidad autónoma, en ocasiones no están debidamente acondicionados y organizados a efectos de garantizar
la plena accesibilidad. Esto hace necesario establecer unos principios comunes en asuntos tales como: definición de los establecimientos ortoprotésicos y sus modalidades; refuerzo de su carácter de establecimiento sanitario; homogeneización de
los requisitos técnicos y sanitarios de los mismos; procedimientos de autorización de apertura y funcionamiento; tipos de autorización para el inicio; modificación o cese de la actividad; registros de establecimientos, señalización, organización
y distribución del establecimiento por zonas, condiciones de seguridad y de salubridad de los locales; perfiles y cualificación del personal y registro del mismo; aspectos documentales y formales; protección de datos; infracciones y sanciones y
vigencia y caducidad de las autorizaciones y que los establecimientos sean de fácil acceso a usuarios de silla de ruedas, eliminando las barreras arquitectónicas existentes.
La Ley 5112003, de 3 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, estableció el principio de accesibilidad universal entendido como 'la condición que deben cumplir
los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma
más autónoma y natural posible'. Esta regulación, y su posterior desarrollo normativo a través de distintos Reales Decretos, se ha erigido en un magnífico instrumento para superar las barreras físicas que impiden o dificultan la participación
social de un amplio grupo de personas con discapacidad. No obstante, también es necesario que las administraciones públicas incidan más y vigilen su cumplimiento.
Por lo expuesto, seria necesario abordar dos supuestos fundamentales. Por un lado, la necesidad de una suficiencia regulatoria estatal, en lo relativo a las bases normativas comunes en el territorio nacional, lo que requiere abordar una
actualización del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, de bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, en lo relativo a ortopedias, y por otro, superar la excesiva dispersión de criterios que se
observa en la normativa autonómica, y que precisa de una actualización con criterios de calidad y de cohesión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas a:
1. Impulsar cuantas medidas sean convenientes para mejorar la calidad de los establecimientos ortoprotésicos conforme a estándares básicos comunes y válidos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, de modo que se garantice la
igualdad en el acceso a estas prestaciones a las personas con discapacidad.
2. Constituir, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un Grupo de Trabajo para que se acuerden y definan las medidas antes citadas y se promuevan las modificaciones normativas correspondientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2014.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la autorización de las
pequeñas explotaciones ganaderas de aves de corral y lagomorfos para el sacrificio y la comercialización en sus propias instalaciones, para su debate en la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Exposición de motivos
El Parlamento Europeo aprobó en diciembre de 2013 por amplia mayoría de los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (22 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones) la Propuesta de Resolución (2013/02096(INI)) sobre
el futuro de las pequeñas explotaciones agrícolas.
Tal y como muestra el informe emitido por el Parlamento Europeo sobre la citada iniciativa -que fue publicado el pasado 15 de enero de 2014-, la propuesta de resolución hace referencia a las pequeñas explotaciones agrícolas como entidades
que representan un modelo de agricultura social y que no solo cumplen una labor productiva, sino que desempeñan también funciones culturales relacionadas con la naturaleza y el paisaje.
Partiendo de esta consideración, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural europea acordó preservar tradiciones, diversidad biológica y productos regionales, concretando en la propuesta de resolución condiciones favorables y respetuosas
con el medio ambiente y el bienestar animal, y procurando evitar, al mismo tiempo, la despoblación del medio rural, especialmente en regiones de montaña, comunidades desfavorecidas y zonas ultraperiféricas como pueden ser las islas Baleares y las
islas Canarias en el caso concreto de España.
Por otra parte, la propuesta de resolución insta a que se incremente la venta directa, refiriéndose especialmente a los mercados locales y los regionales, y solicita a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión que creen una
plataforma de intercambio de buenas prácticas sobre el modo de regular y controlar la transformación llevada a cabo por las pequeñas explotaciones.
Es precisamente en este ámbito en el que las pequeñas explotaciones españolas de aves de corral y lagomorfos requieren cambios en la legislación nacional -desde el respeto a las disposiciones comunitarias en materia de higiene, producción y
comercialización, y acatando también el reglamento europeo relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza- para favorecer su viabilidad, su competitividad y su subsistencia.
En consecuencia, y teniendo presente que se trata de una actividad ya permitida en países europeos como Reino Unido y Francia, así como en Estados Unidos,
El Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recabar la opinión de las Comunidades Autónomas, y de los sectores afectados, respecto a la posibilidad de venta directa de aves de corral y lagomorfos sacrificados en explotación, al objeto
de buscar un consenso que permita llevar a cabo la modificación del Real Decreto 640/2006, del 26 de mayo, en lo referido a la prohibición en España de la venta directa de aves de corral y lagomorfos sacrificados en explotación, dando así respuesta
a la Propuesta de Resolución [2013/02096(INI)] del Parlamento Europeo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2014.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/003300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
al Castillo de San Felipe en Ferrol, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Castillo de San Felipe, construido en el siglo XVI, constituye uno de los elementos emblemáticos de la ría de Ferrol encontrándose bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el
Patrimonio Histórico Español.
El Castillo de San Felipe es una de las fortalezas más importantes de la ría de Ferrol, forma parte del patrimonio de Ferrol y constituye un elemento fundamental con relación al turismo cultural siendo visitado cada año por un número
aproximado de 25.000 personas, fundamentalmente entre los meses de julio y agosto.
Durante el mandato del anterior gobierno local, se gestionó con el Ministerio de Cultura la cesión de los fondos necesarios para proceder a la rehabilitación del castillo de San Felipe, por un importe de 300.000 euros al año, Con cargo a
esta partida se recuperó la Casa del Gobernador, edificación central del interior del castillo y se procedió al acondicionamiento de los jardines de la fortaleza permitiendo la limpieza de los mismos y el cuidado del entorno.
El gobierno local actual no muestra en absoluto interés en agilizar las gestiones necesarias para la continuidad en la rehabilitación y mantenimiento de esta edificación por lo que en estos momentos la fortaleza se encuentra en total estado
de abandono que afecta tanto a las edificaciones como a las zonas ajardinadas internas y externas con las consecuentes repercusiones negativas en relación al desarrollo de la industria turística y cultural de la zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a gestionar los fondos necesarios, en colaboración con las autoridades locales, para proceder a la continuidad de la rehabilitación, acondicionamiento y conservación del Castillo de San Felipe
de Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2014.-Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El 28 de marzo de 2015 se conmemora el V Centenario del nacimiento de Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida por Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. Fue fundadora de la orden femenina y masculina de los Carmelitas Descalzos, doctora
de la Iglesia Católica y patrona de los escritores españoles.
De Santa Teresa de Jesús se ha dicho que fue una mujer extraordinaria, adelantada a su tiempo, perspicaz psicóloga y pedagoga. Sobre su figura se han publicado numerosos estudios históricos y literarios que han dado a conocer su dimensión
espiritual, doctrinal y literaria. Además, fue reconocida con el título de Capitana de los Reinos de España y la Universidad de Salamanca la distinguió como Doctora Honoris Causa.
Su literatura mística es sin lugar a dudas una de sus facetas de más alto valor cultural y constituye un referente de la lengua española. Teresa de Ávila hizo una gran aportación a la literatura española; avivando, junto a otros autores,
el 'Siglo de Oro'. Fue un referente y 'fuente inagotable' de la poesía lírico-religiosa. Sus obras más importantes son 'Camino de perfección' (1562-1564), 'Conceptos del amor de Dios' y 'El castillo interior' (o 'Las moradas)', siendo también
destacables su poemario de escritos breves y sus 409 cartas, que fueron publicadas en distintos epistolarios y traducidas a varios idiomas.
La conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús ofrece una gran oportunidad para acercarse a la figura de Santa Teresa, para recordar quién fue y conocer cuáles fueron sus obras, para comprender su vida y su
espiritualidad, y para analizar su aportación al mundo de las letras y de la cultura española.
Aunque Teresa de Ávila guarda una especial relación con la Comunidad de Castilla y León por el importante patrimonio cultural asociado a su vida y obra, sus fundaciones se han extendido por buena parte de la geografía española, pues hay
Ciudades Teresianas en Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha (o que hace que esta celebración tenga carácter nacional.
Además, el V Centenario ha sido declarado como acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.
A tal efecto, se ha creado la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, por Real Decreto 816/2013, de 18 de octubre. La Comisión ha recibido ya numerosos proyectos de instituciones
públicas y privadas, para conmemorar desde todas las disciplinas artísticas y culturales la vida y obra de Teresa de Ávila.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar a la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús para promocionar, fomentar y difundir con carácter nacional e internacional la
figura de Teresa de Jesús y su obra literaria, mediante el desarrollo de las siguientes actuaciones:
1. La celebración de exposiciones, festivales, seminarios y encuentros en torno a la figura de Teresa de Jesús.
2. El fomento de la lectura de la obra literaria de Teresa de Jesús.
3. La difusión de su figura y obra en el ámbito digital.
4. El turismo cultural vinculado a la figura de Santa Teresa de Jesús.
5. La colaboración, cooperación y coordinación entre las Administraciones implicadas y entre estas y la sociedad civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2015.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/003318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a establecer el Día de la
Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal y la Corresponsabilidad, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La Organización Internacional del Trabajo promueve desde hace años la importancia de legislar para hacer compatible la vida familiar y laboral sobre la base de políticas y programas que fomenten la corresponsabilidad social y hagan posible
que las tareas familiares sean compartidas entre hombres y mujeres, y favorezcan la puesta en marcha de medidas tanto por parte de los gobiernos, como de las empresas que faciliten esta conciliación.
En España, se han producido en los últimos años avances significativos en la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Estos avances han sido más notables en el ámbito de la Administración que en la empresa privada.
La conciliación de la vida familiar, laboral y personal, así como la corresponsabilidad, siguen siendo una de las asignaturas pendientes en nuestro país, y para aprobarla es necesario no solo el compromiso de las administraciones y de las
empresas, sino también de toda la sociedad. Es fundamental un cambio de mentalidad que favorezca una mejor aceptación de la 'doble jornada' de trabajo fuera y dentro de casa.
Las dificultades para conciliar los papeles de trabajadora y madre, según el estudio 'Fecundidad y trayectoria laboral de las mujeres en España' del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han supuesto que un tercio de las
mujeres que trabajan hayan tenido que tomar decisiones que coartan su carrera profesional. Además, un 26 % de las mujeres han tenido que abandonar temporalmente su trabajo, frente a un 4,8 % de hombres que han tornado la misma decisión y un 11 % de
las mujeres han abandonado su actividad profesional definitivamente tras ser madres.
Del mismo modo, es necesario hacer un mayor esfuerzo de sensibilización social con el objetivo de avanzar en una mayor corresponsabilidad, es decir, que exista un mayor compromiso por parte de los hombres a la hora de compartir las tareas
del hogar y de la familias ya que, aunque se han producido avances importantes en este sentido, sobre todo entre las parejas más jóvenes, todavía es necesario incidir en la sensibilización respecto a este compromiso.
Al igual que ocurre con otros muchos temas, el establecimiento de un día en una fecha concreta que se dedicara a sensibilizar y a reivindicar mayores avances en materia de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y de
corresponsabilidad sería importante para continuar avanzando en este camino y concienciar a la sociedad de que invertir en conciliación es hacerlo en un bien social y económico.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer de forma consensuada, la celebración del Día de la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal, y la Corresponsabilidad, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la
sociedad sobre la importancia de avanzar en estas materias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2014.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo a la
discapacidad en el marco del próximo Plan Integral de Apoyo a la Familia para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La familia es la institución que enlaza a la persona con la sociedad y viceversa. Constituye un elemento natural y fundamental de la sociedad que da estabilidad y solidez a las relaciones personales, lo que la hace merecedora de una
protección especial, tal y como señalan numerosos instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Carta Social Europea de 1961.
Por su parte, la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 39 que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Los cambios sociales, tales como la prolongación de la esperanza de vida, el descenso de la natalidad, la necesidad de conciliar la vida personal, familiar y laboral, la atención a personas en situación de dependencia, la crisis económica,
etc., han afectado a la forma de organización familiar y han hecho surgir nuevas necesidades básicas que deben de ser atendidas por parte de las actuaciones públicas, estableciendo políticas basadas en el desarrollo de la calidad de vida de las
familias, potenciando la función de protección social que siempre han tenido en momentos de dificultad y garantizando una respuesta eficaz ante los supuestos de especial vulnerabilidad.
El Gobierno firme a su compromiso de apoyar y proteger a esta institución y consciente de su insustituible papel en nuestra sociedad, está desarrollando medidas articuladas a favor de la misma. Cabe destacar, entre otras, las novedades
recogidas en la reforma de la legislación de la infancia que convertirán a España en el primer país del mundo en incorporar la defensa del interés superior del niño en todos los ámbitos. La reciente reforma fiscal, que recoge nuevos beneficios para
las familias favoreciendo especialmente a los hogares con hijos menores de edad o con personas con discapacidad, o los avances recogidos en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 para facilitar la conciliación y
corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal.
A pesar de todas estas iniciativas, todavía queda mucho camino por recorrer, por ese motivo el Ejecutivo está trabajando en nuevas medidas que se concretarán en el nuevo Plan Integral de Apoyo a la Familia, el último tuvo vigencia de
2001-2004 y desde entonces no hubo ningún plan específico de apoyo a la familia, ocho años en los que se desatendió una institución que hoy es la que soporta, con mayor dureza, las consecuencias de la crisis.
Por otro lado, es conveniente destacar que existen familias en situaciones especiales como las que cuentan entre sus miembros con alguna persona con discapacidad, en un total de 3,3 millones de hogares españoles reside al menos una persona
que afirma tener una discapacidad, lo que supone un 20 % de los mismos tal y como establece la Estrategia sobre Discapacidad 2012-2020, en estos casos la realidad familiar es más difícil. Por ese motivo, estas familias precisan de una mayor
atención de los poderes públicos, y en el diseño de políticas de familia se debe tener en cuenta la perspectiva de la discapacidad.
De ese modo, en el ánimo de promover el impulso y el refuerzo de las políticas públicas dirigidas a apoyar a las familias el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente,
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas, y, en el marco del futuro Plan Integral de Apoyo a la Familia, desarrollar medidas a favor de aquellas familias que entre sus miembros cuenten con
alguna persona con discapacidad, así como a promover iniciativas que permitan sensibilizar a los ciudadanos de los obstáculos a los que se enfrentan diariamente estas familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2015.-Rafael Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.