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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 277, de 27/05/2013
cve: BOCG-10-D-277
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de mayo de 2013
Núm. 277
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Defensa
161/001693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para derogar la Orden DEF/609/2013 del Ministerio de Defensa, publicada en el BOE de 4 de abril de 2013 ...
161/001694 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno que pida disculpas a las víctimas del nazismo, prohíba homenajes a personajes vinculados con el nazismo y destituya a la Delegada
del Gobierno en Cataluña ... (Página4)
161/001695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la determinación de la zona de seguridad de la instalación militar denominada Acuartelamiento 'Teniente Coronel Valenzuela', en el término municipal de
Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura (Las Palmas) ... (Página5)
Comisión de Fomento
161/001690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el soterramiento de las vías del tren en la ciudad de Murcia ... (Página6)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de aumentar las plantillas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debido a los enormes retrasos en resolver los expedientes de empresas en
quiebra ... (Página8)
161/001697 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre moratoria de los despidos económicos ... (Página9)
161/001698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de fomento de empleo en actividades vinculadas a la artesanía, la agricultura, la ganadería y la pesca tradicionales ...
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre financiación selectiva de medicamentos ... (Página11)
Comisión de Igualdad
161/001689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el apoyo a la igualdad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales a través de la aprobación de una Ley Integral
contra la LGTBfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica ... (Página12)
161/001692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de prevención e intervención contra la discriminación y el acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Defensa
161/001693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para derogar la Orden DEF/609/2013 del Ministerio de Defensa, publicada
en el BOE de 4 de abril de 2013, para su debate en la Comisión de Defensa.
En la Subinspección de Canarias del Ejército existe una instalación militar denominada Acuartelamiento 'Teniente Coronel Valenzuela', situada en el término municipal de Puerto del Rosario, Isla de Fuerteventura (Las Palmas). Se trata de una
instalación militar de escaso uso y utilizada en esporádicas ocasiones para prácticas de tiro y ejercicios de adiestramiento menor.
El pasado 4 de abril a través de la publicación en el BOE de la Orden DEF/609/2013 del Ministerio de Defensa, se pasa a considerar esta instalación como incluida en el Grupo Primero de los regulados en el artículo 8 del Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, declarando como zona próxima de
seguridad, la comprendida entre el perímetro de la instalación militar y el polígono materializado por la unión de los siguientes puntos de coordenadas UTM:
Coordenadas UTM;;;;;
N.° Vértice;HUSO;EASTING
X (m);NORTHING
Y (m);COTA
Z (m);DATUM
1;28;610628;3146945;;WGS 84
2;28;610628;3147421;;WGS 84
3;28;610589;3147513;;WGS 84
4;28;610407;3147675;;WGS 84
5;28;610353;3147784;;WGS 84
6;28;610338;3147885;;WGS 84
7;28;609039;3148176;;WGS 84
8;28;608690;3146826;;WGS 84
9;28;610208;3146279;;WGS 84
10;28;610290;3146538;;WGS 84
11;28;610449;3146491;;WGS 84
Es decir, a la primera parcela de propiedad militar de 1.377.959,61 metros cuadrados, se le viene a sumar lo declarado en esta orden ministerial (1.169.220,89 metros cuadrados) lo que supondrá destinar más de 2,5 millones de metros cuadrados
de territorio insular para uso exclusivo militar, lo que supondrá la militarización de toda la isla de Fuerteventura tras las distintas declaraciones como de interés militar de otros parajes e instalaciones realizadas con anterioridad.
Esta medida, que se ha realizado sin contar con ninguna de las instituciones afectadas como son el ayuntamiento de Puerto del Rosario, el Cabildo de Fuerteventura o Gobierno de Canarias, afectará al trazado de uno de los tramos de la
autovía, a la ampliación del aeropuerto internacional de Fuerteventura y a la expansión urbana del barrio de El Matorral, que quedarán o bien directamente dentro de la nueva ampliación, o disminuirá el valor de sus terrenos por el peligro para la
seguridad que entraña. En este aspecto no hay que olvidar que la economía de Fuerteventura se fundamenta básicamente en el turismo, y en la ganadería caprina, por lo que depende fundamentalmente de la calidad de su territorio y de sus costas, así
como de la seguridad como destino turístico, viéndose afectado por el uso militar de su territorio que junto a las prospecciones petrolíferas frente a sus costas, condenará a la Isla de Fuerteventura a la miseria más absoluta.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
- Derogar la Orden DEF/609/2013 del Ministerio de Defensa, restableciendo de esta forma las zonas de seguridad previas a la publicación en el BOE de la citada Orden y
- Adoptar las medidas necesarias para que Canarias sea Plataforma para la Paz, y no plataforma de ejércitos extranjeros que invaden territorios, generando desastres humanos como está sucediendo en la zona del Sahel, lo que nos podría
convertiría en cómplices de masacres y genocidios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2013.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
que el Gobierno pida disculpas a las víctimas del nazismo, prohíba homenajes a personajes vinculados con el nazismo y destituya a la Delegada del Gobierno en Catalunya, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Delegada del Gobierno español en Catalunya participó en un acto de homenaje a la División Azul, organizado en un Cuartel de la Guardia Civil. En este acto, María de los Llanos de Luna, entregó un diploma a la Hermandad de Combatientes de
la División Azul, que iban vestidos para la ocasión con traje falangista.
Sin duda, un acto de homenaje a combatientes del Ejército nazi en unas instalaciones de titularidad pública, por parte de un cuerpo policial español, como es la Guardia Civil, que ha sido legitimado por la democracia española, no solo es
sorprendente, sino preocupante. Pero especialmente grave es que la representante directa del Gobierno español en Catalunya sea la encargada de entregar el diploma a los soldados fascistas homenajeados.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados condena cualquier homenaje a soldados que lucharon a favor del régimen nazi, insiste en la necesidad de recordar y reparar a las víctimas del nazismo e insta al Gobierno español a:
1. Destituir inmediatamente a la Delegada del Gobierno español en Catalunya.
2. Pedir disculpas a las víctimas del nazismo y sus organizaciones representativas por el homenaje realizado por la Guardia Civil y la Delegada del Gobierno en Catalunya a los soldados fascistas que combatieron a las órdenes de Hitler.
3. Prohibir la celebración, en cualquier espacio público o a cargo de cualquier administración u organismo público, de homenajes a personas vinculadas con el nazismo o a episodios de exaltación de este régimen genocida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2013.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la determinación de la zona de seguridad de la instalación militar denominada Acuartelamiento 'Teniente Coronel Valenzuela', en el término municipal de Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura (Las Palmas), para su debate en la Comisión de
Defensa.
Exposición de motivos
El pasado día 16 de abril de 2013 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado número 91, la Orden Ministerial del Departamento de Defensa, Orden DEF/609/2013, de 4 de abril, por la que se señala la zona de seguridad de la instalación
militar denominada Acuartelamiento 'Teniente Coronel Valenzuela', en el término municipal de Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura (Las Palmas).
En dicha Orden se determina la zona próxima de seguridad, cuya finalidad, según el artículo 9, punto 2, del Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, es garantizar
en todas las direcciones el aislamiento y defensa inmediata de las instalaciones de que se trate y asegurar el empleo eficaz de sus medidas sobre los sectores de actuación que tuviere encomendados, así como garantizar la seguridad de las propiedades
próximas.
El cuartel 'Teniente Coronel Valenzuela' es una instalación militar de limitado uso y utilizada en esporádicas ocasiones para prácticas de tiro y ejercicios de adiestramiento menor. La determinación de la zona de seguridad realizada por la
Orden DEF/609/2013 implica ampliar las instalaciones militares en más de un millón de metros cuadrados como zona de seguridad. En concreto, dichas instalaciones se encuentran ubicadas en una parcela de 1.377.959,61 metros cuadrados, a lo que hay
que sumarle, tras la declaración, 1.169.220,89 metros cuadrados, por lo que tendrá una superficie total de más de 2,5 millones de metros cuadrados.
Tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario han mostrado su rechazo a esta decisión del Ministerio de Defensa, por afectar al trazado de uno de los tramos de la autovía, a la ampliación del aeropuerto de
Fuerteventura y a la expansión urbana del barrio de El Matorral.
Desde la llegada del PP al Gobierno de España, el Ministerio de Defensa ha duplicado sus terrenos en la isla de Fuerteventura. En ese tiempo se ha ampliado el área afectada por el campo de tiro de Pájara, se han llevado a cabo las obras en
las instalaciones de la Montaña de La Muda, ampliando también su área de afección, y ahora la ampliación del acuartelamiento de El Matorral. Todo ello sin dialogar, sin consultar y sin escuchar a las administraciones locales de la isla. Esta falta
de diálogo por parte del
Ministerio de Defensa no obedece a los principios de colaboración y coordinación que deben imperar en las relaciones entre las diferentes administraciones.
Consideramos que el Ministerio de Defensa debe abrir un proceso de diálogo con las administraciones públicas canarias, en especial con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo Insular de Fuerteventura, Instituciones que tienen en
tramitación sus respectivos instrumentos de planeamiento, como son el Plan General de Ordenación Urbana y Plan Insular de Ordenación del Territorio, que se verían ahora afectados, y que podrían servir de soporte a convenios mediante los cuales se
viesen satisfechas las necesidades en materia de Defensa Nacional y, además, las aspiraciones de progreso y desarrollo de los habitantes de Fuerteventura.
El Gobierno de España debe ser sensible al agotamiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Fuerteventura por las numerosas instalaciones de carácter militar que se emplazan en la isla y, en especial, en los municipios de Puerto del
Rosario y Pájara, que deben ser valoradas en el necesario proceso de diálogo que debe abrirse, poniendo además sobre la mesa en dicho diálogo la necesidad de disponer, por parte del Ministerio de Defensa, de dos acuartelamientos en el municipio de
Puerto del Rosario con apenas a 8 kilómetros de distancia entre ambos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abrir una mesa de diálogo entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a los efectos de compatibilizar las instalaciones y necesidades del Acuartelamiento
'Teniente Coronel Valenzuela' con el desarrollo del núcleo poblacional de El Matorral, del Aeropuerto de Fuerteventura y las infraestructuras viarias de carácter insular ya planificadas.
2. Hasta tanto no se haya adoptado un acuerdo que compatibilice las instalaciones y necesidades del Acuartelamiento 'Teniente Coronel Valenzuela' con las necesidades de carácter insular ya planificadas, se proceda a suspender la Orden del
Ministerio de Defensa DEF/609/2013, de 4 de abril, por la que se señala la zona de seguridad de la instalación militar denominada Acuartelamiento 'Teniente Coronel Valenzuela', en el término municipal de Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura
(Las Palmas), publicada en el BOE de 16 de abril de 2013.
3. Incluir en ese diálogo la recuperación de las instalaciones del Acuartelamiento 'Puerto del Rosario', de forma que se convierta de un espacio público de uso ciudadano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2013.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/001690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el soterramiento de las vías del tren en la ciudad de Murcia, para
su debate en la Comisión de Fomento.
Al parecer en estas últimas semanas de lo que más se ha hablado en Murcia es de la instalación de una estación provisional a las afueras de la ciudad con el fin de acoger la llegada del AVE en 2016. Esta estación, sobre la que Fomento
todavía no se ha definido pues está estudiando la propuesta, se ubicaría en un espacio que ya habría propuesto el Ayuntamiento en la pedanía de Los Dolores.
Por parte del presidente de la CCAA de la Región de Murcia, Sr. Valcárcel, y del Consejero Sr. Sevilla, se ha llegado a comentar en prensa que la estación podría ser definitiva, valorándose la misma por parte de este Consejero en la
Asamblea regional en 65 millones de euros.
Los vecinos están en contra de esta propuesta pues supondría dar carpetazo al soterramiento y no resolvería en modo alguno el problema ni del paso de viajeros (el AVE debe enlazar con Almería) ni del paso de los trenes del corredor de
mercancías que seguirían atravesando Murcia (porque también deben de enlazar con Andalucía). Una inversión de este calibre estaría también en contra del acuerdo del Ayuntamiento en el que se expresó que de forma unánime en el Pleno de octubre de
2012 en el que se recoge que 'salvo el pago a los expropiados, la principal prioridad del municipio en materia de inversiones es el soterramiento de las vías del tren', hecho corroborado en el Pleno extraordinario del pasado 30 de abril cuando el
alcalde ha ratificado que el soterramiento es irrenunciable y que solo aceptará una estación provisional de bajo coste, es decir, un apeadero provisional para el AVE.
A nadie que conozca la ciudad de Murcia se le oculta la eterna promesa que ha supuesto el soterramiento de las vías y la necesidad del mismo para no estrangular el crecimiento de la ciudad de Murcia, así como para poder dar servicio a una
parte importante del municipio de la ciudad de Murcia.
El soterramiento, tanto para los barrios afectados directamente por el paso en superficie de las vías, como para aquellos más lejanos supondría un cambio en el urbanismo de la ciudad de Murcia, algo a lo que el presidente de la Comunidad
Autónoma en su discurso de investidura se comprometía a velar, mientras que el Alcalde indicaba que sería la mayor operación de mejora urbanística para esta ciudad en el último siglo y que permitiría la comunicación de los ciudadanos con el centro
de la misma, al tiempo que permitiría el paso del tranvía con destino a las diversas pedanías del sur de la ciudad, algo que se vería imposibilitado con la continuidad de las vías en superficie.
Llegados a este punto hay que recordar que nuestro grupo parlamentario ya presentó enmiendas a los PGE para 2013 en las que dispusimos de la cantidad presupuestada de 75 millones de euros para hacer un oleoducto que pasa bajo el embalse del
Cenajo perteneciente a las obras del oleoducto Cartagena-Puertollano para a cambio proceder al soterramiento de las vías del tren, entre otras infraestructuras. Proponíamos una inversión en 3 años (de 25 millones/año). Los 75 millones cubrirían la
inversión de Fomento que estaba prevista en el convenio de 2006. Enmiendas que fueron rechazadas por más que tuviéramos muy claras cuáles eran nuestras prioridades que venían a coincidir con la de muchos vecinos de Murcia
En este mismo sentido podríamos añadir el gasto de entre 500 y 600 millones de euros, que tiene previsto realizar Fomento para rescatar a la Autopista AP7 (Cartagena-Vera), una autopista surgida al calor de la especulación urbanística. Se
hizo esta carretera (que corre paralela a la autovía) para un acceso más directo a la urbanización de Marina de Cope que ahora no solo está paralizada por la burbuja inmobiliaria, sino porque hay varias sentencias en contra de la desprotección
medioambiental de este entorno que era parque regional.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de acuerdo y en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de la ciudad de Murcia:
1. Se proceda a satisfacer, de la forma más rápida posible, la necesidad irrenunciable de soterrar las vías del tren en los términos establecidos en el Convenio firmado entre las tres Administraciones, con fecha 22 de junio del 2006 y que
el Plan Especial del Carmen sea el instrumento de desarrollo básico a la hora de establecer dicho proyecto.
2. La llegada del AVE al Municipio de Murcia no interfiera ni condicione el proyecto de soterramiento de las vías del tren, para lo cual se deberán realizar las modificaciones necesarias en los proyectos básicos y constructivos que
garanticen que la llegada del AVE en ningún caso se produzca en superficie en el tramo en el que estaba previsto soterrar, atendiendo prioritariamente el pago que se pueda derivar de las expropiaciones necesarias para ello.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de aumentar las plantillas del Fogasa debido a los enormes retrasos en resolver los expedientes de empresas en quiebra, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tiene, entre sus funciones, garantizar que los trabajadores de empresas en quiebra, cobren una parte de sus salarios e indemnizaciones adeudadas. Sin embargo, según nos consta, en Galicia acumula en
dichos pagos un retraso medio de hasta casi un año, que incluso puede llegar a alcanzar los dos años en algunos casos.
Tal y como ponen de manifiesto los representantes sindicales, si a esos retrasos se les suma la tramitación judicial previa de quiebras, despidos o reclamaciones de cantidades, algunos trabajadores se pueden ver en el trance de esperar casi
tres años desde que es despedido hasta que cobra todo lo que se le adeuda.
Los mismos responsables del Fogasa en algunas provincias de Galicia, ponen de manifiesto que acumulan miles de expedientes, y que les resulta prácticamente imposible acudir a todas las vistas judiciales en las que el Fondo debe acreditar si
una empresa es insolvente y si debe asumir la parte de deuda de las empresas con sus trabajadores.
Confiesan que 'solo asisten a los juicios importantes que cifran en torno al 10%'.
El Ministerio de Empleo, indicaba en abril que existían en Galicia 10.711 expedientes pendientes de tramitar, y que los afectados por estas grandes demoras pueden alcanzar los 15.000 trabajadores. A nivel estatal, en el año 2008, el Fogasa
tenía una plantilla de 393 trabajadores para 59.109 expedientes, y en 2012 existían 212.167 expedientes y 395 trabajadores,
Los medios humanos del Fogasa en Galicia son totalmente deficitarios para asumir este volumen de trabajo. Se contabilizan 25 personas en plantilla para toda Galicia. Con lo cual, la falta de personal es evidente.
La solución pasa por incrementar los trabajadores del Fogasa en Galicia y poder dar un servicio ágil y rápido puesto que estamos hablando de trabajadores que se han quedado en el paro y necesitan el dinero que se les adeuda. Desde luego, en
ningún caso el refuerzo debe pasar por la privatización o externalización del servicio.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto,
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aumentar las plantillas del Fogasa, especialmente en Galicia, a fin de tramitar adecuadamente los expedientes de empresas en quiebra que acumulan enormes retrasos debido a la falta de medios, y para realizar cuanto antes los pagos
correspondientes a los trabajadores afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
una moratoria de los despidos económicos, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Motivación
Transcurrido más de un año de la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, posteriormente Ley 3/2012, de 6 de julio, observamos cómo esta reforma, lejos de incrementar
el empleo o reducir su destrucción, está provocando una pérdida masiva del mismo.
Durante el año 2012 y lo que llevamos de 2013 se han perdido más de 1.200.000 puestos de trabajo. La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2013 ya muestre una caída en la ocupación de 322.330 personas. El número de parados
ha crecido en este primer trimestre en 237.400 personas, alcanzando la cifra de 6.202.700 personas desempleadas. La tasa de paro se sitúa en el 27,16 %, más de cuatro puntos por encima de la registrada en el cuarto trimestre de 2011. Casi dos
millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro y prácticamente tres millones y medio de personas en paro buscan empleo desde hace más de un año. La tasa de paro de nuestros jóvenes supera el 57 %.
La reforma laboral ha provocado la destrucción de empleo. El debilitamiento de los mecanismos de negociación colectiva, a favor del poder unilateral del empresario tanto en flexibilidad interna como, sobre todo, en flexibilidad externa, ha
facilitado esta destrucción de empleo. La modificación del régimen jurídico de los despidos, y en especial de los despidos por razones objetivas, los ha facilitado y abaratado en un momento de crisis económica, haciendo recaer en el trabajador el
fundamental coste de esta crisis.
Las previsiones del Gobierno que trasladan la creación de empleo más allá del final de la legislatura son descorazonadoras, mientras el Gobierno solo reclama paciencia a los ciudadanos. Pero si no hay un impulso decidido y excepcional para
estimular el crecimiento en España y en buena parte de Europa, las cosas podrían ir todavía peor.
Urge, pues, que el Gobierno acuerde con los interlocutores sociales medidas que permitan evitar la sangría de la destrucción de empleo que está padeciendo nuestro mercado laboral, con repercusiones severas en nuestro sistema público de
protección social.
Por ello, se propone una moratoria de los despidos por causas económicas apoyada en un Programa especial de mantenimiento del empleo con ayudas a las empresas que se comprometan a no despedir y opten por la reducción de jornada. El coste de
puesto de trabajo mantenido correrá a cargo del empresario y del Estado a partes iguales, excepto en el supuesto de mayores de 50 años, en cuyo caso el Estado asumirá el 60%.
Este programa, ya puesto en práctica en Alemania -denominado Kurzarbeit- a la par que permite mantener un puesto de trabajo también supone un ahorro para las arcas del sistema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Gobierno, con carácter inmediato, acordará con las organizaciones sindicales y empresariales una moratoria de los despidos por causas económicas durante 2013, 2014 y 2015, articulando paralelamente un 'Programa especial de mantenimiento
del empleo', con el objetivo de detener la destrucción masiva de empleo.
En dicho programa se contemplarán ayudas a las empresas que se comprometan a no despedir a sus trabajadores y opten por una reducción de jornada. En este caso, el trabajador percibirá su salario reducido en la proporción en que se ajuste su
jornada y la correspondiente prestación de desempleo parcial. El coste del puesto de trabajo que se mantenga correrá a cargo del empresario y del Estado, a partes iguales. En el caso de trabajadores de más de 50 años, la aportación del Estado
alcanzará el 60 %.
Estas ayudas se sufragarán con cargo a las partidas presupuestarias de políticas activas de empleo, a cuyo efecto, deberán dotarse suficientemente.
Transcurrido un año desde la moratoria, Gobierno e interlocutores sociales analizarán su impacto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2013.-María Concepción Gutiérrez del Castillo, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas de fomento de empleo en actividades vinculadas a la artesanía, la agricultura, la ganadería y la pesca tradicionales, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La situación económica por la que atraviesa España, se traduce en más de seis millones de parados y una tasa de desempleo que supera el 27 %. Esta situación es escandalosa e insoportable para la ciudadanía, con incidencia especialmente en
el medio rural, y en las actividades artesanales, culturales, agrícolas, etc., que podrían generar empleo a amplios colectivos de trabajadores autónomos o a pequeñas empresas cuyo objetivo es promover ocupaciones relacionadas con actividades
patrimoniales, culturales, artesanales y agrícolas ligadas con nuestras tradiciones.
Es normal ver, en nuestros pueblos y ciudades, ferias y otros eventos de similares características en los que se pone de manifiesto la riqueza y variedad de una serie de actividades originarias de cada territorio. Es, por tanto, necesario
estimular lo que ha sido tradicionalmente la oferta de productos que dan empleo a muchas familias en el medio rural.
La artesanía, la agricultura, la ganadería o la pesca, en su laboreo tradicional, están siendo la actividad principal, o en muchos casos complementaria, del día a día de muchas familias en Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Galicia,
etc., que afectadas por esta crisis económica, ven como, al contrario que otros sectores, no gozan de ningún tipo de atención o apoyo que les permita continuar mínimamente con su actividad.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que este tipo de actividades, en las que los autónomos, pequeños empresarios o trabajadores por cuenta ajena ayudan a evitar una mayor despoblación de nuestro medio rural y a mantener unas
actividades vinculadas a la historia y tradición de cada territorio, deberían tener una consideración específica en el tratamiento de su contribución a la Seguridad Social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Favorecer el desarrollo de las actividades artesanales en el medio rural como generadoras de empleo.
2. Desarrollar el sistema de cotización del Régimen especial de autónomos para la dedicación a tiempo parcial
3. Adoptar medidas que permitan bonificar o reducir las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos y pequeñas empresas dedicadas a actividades vinculadas a la artesanía, la agricultura, la ganadería y la pesca
tradicionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.-Víctor Morlán Gracia y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre financiación selectiva de medicamentos, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
En la mayoría de los países, una cosa es el mercado libre, los medicamentos legalmente comercializados, y otra muy distinta, más restrictiva, el mercado de los medicamentos financiados por los sistemas públicos de salud. En España, sin
embargo, se ha financiado el 99% de los medicamentos comercializados en los últimos años.
La Ley de Garantías y Uso racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios del año 2006 contemplaba diversas estructuras para la financiación selectiva: el Comité de Evaluación de la Utilidad Terapéutica de los Nuevos Fármacos, una red
de colaboradores, la aprobación de un código ético y la fijación de precios. Nada de esto se ha desarrollado en los años sucesivos.
Por ello, los servicios de salud autonómicos, ante la inacción del Estado, han establecido sistemas de selección de medicamentos centralizados para su ámbito territorial.
En los últimos meses, el Gobierno del Partido Popular, ha anunciado un nuevo decreto de financiación selectiva.
El Real Decreto 16/2012, tan negativo para el sistema público, en este aspecto incorpora la definición de financiación selectiva teniendo en cuenta criterios generales, objetivos públicos, y la utilización en la fijación de precios de
criterios de coste-efectividad e impacto presupuestario. El Real Decreto 16/2012 describe los organismos sobre los que se basará la evaluación: una Red Española de Agencias de ETS y un Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del SNS.
Sin embargo, desde hace unos meses se está procediendo a la financiación selectiva en la práctica de una reducida serie de nuevos medicamentos. Sorprendentemente no se están utilizando las herramientas previstas. Se están publicando unos
informes llamados 'de posicionamiento terapéuticos' que carecen de evaluación económica, y por otro lado, la Dirección General de Cartera Básica y Farmacia del Ministerio está realizando las evaluaciones económicas.
En definitiva, después de tantos años de espera para tener en España un sistema de financiación selectiva, asistimos a una puesta en práctica precipitada, opaca, no basada en normativa alguna y contradictoria en sus métodos.
Por todo ello, se presenta la siguiente,
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar un modelo de financiación selectiva de medicamentos:
1. Basado en el acuerdo y consenso, incluyendo a los grupos parlamentarios, las Comunidades Autónomas y los sectores profesionales expertos en evaluación de medicamentos, en línea de las mejores experiencias internacionales.
2. Un modelo de financiación transparente que clarifique la composición de los Comités técnicos y la autoría de los informes de posicionamiento terapéutico, los criterios utilizados y el procedimiento que incluya debate público y
alegaciones.
3. Un modelo de organización que en definitiva garantice:
a) La composición del nuevo medicamento con las alternativas terapéuticas existentes.
b) La evaluación coste-efectividad y el precio a pagar por la ganancia en efectividad por el Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Igualdad
161/001689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a la igualdad de lesbianas, gais, transexuales y
bisexuales a través de la aprobación de una Ley integral contra la LGTBfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En los últimos años la diversidad sexo-genérica ha marcado la agenda política a través del reconocimiento jurídico de los derechos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB). Estos avances en favor de la igualdad, como no podría
ser de otra manera, responden a la movilización ejercida por parte de diversos colectivos y asociaciones hacia ciertos sectores de la sociedad que se resistían a reconocer los derechos y libertades civiles de toda la ciudadanía. Gracias a este
trabajo de sensibilización y concienciación social, hoy las personas LGTB del Estado español disfrutan de ciertos derechos que les eran negados hasta hace apenas unos años.
No obstante, la conquista de estos históricos avances no permite afirmar que las personas LGTB gocen en la actualidad de la plena ciudadanía. Por desgracia, diferentes circunstancias hacen que aún hoy sean jurídica y socialmente
consideradas como ciudadanos y ciudadanas de segunda.
Con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en España se avanzó considerablemente en libertad e igualdad; nuestro país se convirtió en el tercero del mundo en reconocer un derecho reivindicado desde hacía mucho tiempo por
personas que vivían sus relaciones afectivo-sexuales en la sombra. Gracias a este hito, la sociedad española en su conjunto dio un decidido paso en favor de la igualdad. Aun así, los retos no han parado de crecer, los ataques constantes contra los
derechos de las personas LGTB denotan todavía una discriminación que se agudiza en los entornos laborales, escolares y de ocio. Los ambientes en los que crece y se desarrolla la persona todavía están repletos de prejuicios hacia las personas LGTB,
que recalcamos, no son diferentes, sino parte y riqueza de nuestra sociedad. Frente a ello se demanda un cambio desde las instituciones públicas a favor de la adopción de medidas que palien las injusticias y discriminaciones que aún persisten.
Como ejemplo de esta situación, y según datos de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), más del 50 % de los adolescentes y jóvenes LGTB sufre acoso escolar LGTBfóbico, de ellos casi la mitad (43 %)
llega a plantearse el suicidio y el 17 % incluso llega a atentar contra su propia vida. Ante esta dramática realidad se hace más que evidente que las personas LGTB no gozan hoy de la plena igualdad real y efectiva. Más aún, ni siquiera los
sucesivos gobiernos han propiciado que se reconozca de forma completa, integral y transversal su igualdad formal completa.
Para ejemplificarlo, traemos a colación los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, referidas a la igualdad de derechos e igualdad ante la ley. Debe contemplarse el reconocimiento efectivo de los derechos de
este colectivo social, que aún padece una fuerte discriminación. No podemos tampoco obviar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/2007), que es menospreciada ante cada ataque que padecen las personas que poseen una
orientación sexual y una identidad de género diferente a la heterosexual/bisexual.
El problema de la fobia contra lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, afecta a diversos aspectos y ámbitos, por lo que se impone la necesidad de un tratamiento integral y transversal de esta realidad. La lacra social de la
discriminación contra estas personas no puede combatirse solo con medidas de aceptación y consolidación de ciertos derechos y libertades reconocidos previamente al resto de la población. La aversión de algunos sectores de la sociedad a la
diversidad sexo-genérica debe atajarse con un completo paquete de medidas que estén orientadas tanto a la educación y sensibilización, como a la visibilización de las personas LGTB, ya sea tanto de manera individual como colectiva.
Este problema que ponemos de manifiesto, es lo suficientemente importante, posee tanta complejidad y afecta a tal cantidad de personas, que la mejor forma de abordarse es de manera estructural. El actual marco jurídico ofrece espacio más
que suficiente para abordar estas problemáticas. Lo único necesario ahora es demostrar la voluntad política para aplicar estas necesarias medidas, que, sin duda, contribuirán
a mejorar considerablemente la calidad de vida de miles de ciudadanas y ciudadanos de manera casi instantánea, además de crear empleo de calidad y con derechos.
La profundización de la igualdad jurídica y el avance hacia la igualdad real y efectiva, lo que reconocería la plena ciudadanía a toda la población sin cuestionar su orientación sexual y/o su identidad de género, requieren aprobar y
desarrollar de forma prioritaria las siguientes medidas contra la LGTBfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, junto al tejido asociativo LGTB, y a presentar en la Cámara Baja un Proyecto de Ley Integral contra la LGTBfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica que incluya las
siguientes medidas:
1. Aplicación efectiva del Código Penal español en sus artículos 22, 314, 510, 511, 512 y 515, en los que se tipifica como delito, entre otros, la discriminación, el odio y la violencia por motivos de orientación sexual. Asimismo,
modificación de dichos artículos del CPE para explicitar también como agravante la discriminación por motivos de identidad de género.
2. Creación de un Observatorio de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: no solo como mero organismo para la sensibilización, sino con la equipación necesaria en servicios, recursos y herramientas efectivas, que
plasme el resto de medidas de la Ley. Este debe ser un órgano vinculante y participativo, no debe tener un perfil exclusivamente administrativo-gubernamental.
3. Creación de una Fiscalía Específica contra la Discriminación a las Personas LGTB, que se encargue de canalizar judicialmente de oficio todos los casos de incumplimiento de la Ley en esta materia.
4. Implementación de medidas en apoyo a las personas LGTB, iniciativas tales como la creación de un servicio telefónico de atención a las personas discriminadas o maltratadas por razón de su orientación sexual y/o identidad de género; así
como un servicio público de atención inmediata en cuestiones jurídicas, psicológicas, sanitarias, etc.
5. Retirada inmediata de toda subvención o ayuda económica del Estado a las entidades públicas o privadas (políticas, sociales, religiosas...) que con sus actuaciones o declaraciones fomenten el odio o la discriminación hacia las personas
LGTB o cuestionen sus derechos de plena ciudadanía.
6. Lanzamiento de un plan de subvenciones públicas en apoyo económico a las organizaciones sociales LGTBI que trabajan por el respeto a la diversidad sexo-genérica.
7. Garantía de reconocimiento de los derechos de filiación de las parejas del mismo sexo que no han deseado casarse o que tuvieron hijos/as antes de la aprobación de la Ley que modificó el Código Civil para reconocer el matrimonio
igualitario (13/2005).
8. Desarrollo de políticas de igualdad de género más plurales: orientadas a la inclusión de la realidad de las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales en los planes de igualdad entre hombres y mujeres, y en las políticas de mujer en
general.
9. Inclusión del enfoque LGTBI en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, la actual Ley del Menor, con el objetivo de atajar el acoso por razón de orientación sexual y/o identidad de género en personas menores de edad.
10. Actuación en pos de hacer efectiva la Ley 20/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a través tanto de la prestación oportuna de esta información a las personas migrantes, como de la
creación de medios en general para la concesión efectiva de asilos, en especial en el supuesto explícito de persecución por orientación sexual y/o identidad de género.
11. Inclusión de la realidad y la problemática de las personas menores de edad e inmigrantes en las políticas destinadas a las personas transexuales.
12. Garantía de inclusión en la Sanidad Pública, a través del catálogo general del Servicio Nacional de Salud, del proceso integral de atención a personas transexuales, incluyendo las cirugías de reconstrucción genital.
13. Eliminación de los conceptos de 'disforia de género' y 'trastorno de la identidad' de la legislación pública y del marco normativo y administrativo médico español.
14. Garantía efectiva del derecho de acceso de las mujeres lesbianas y bisexuales al proceso de reproducción asistida incluido en el sistema sanitario público.
15. Impulso a la adecuada formación de profesionales sanitarios en las necesidades específicas de la salud sexual y reproductiva de las personas LGTB, especialmente de las mujeres lesbianas, transexuales
y bisexuales. Además, desarrollo de los oportunos programas de investigación sanitaria vinculada a la diversidad sexo-genérica, con especial énfasis en la intersexualidad.
16. Invitación de las diversas organizaciones sociales LGTB a participar en el Consejo Social de Salud con el objetivo de aportar su enfoque con respecto a las problemáticas relativas a la diversidad sexo-genérica en la sanidad.
17. Creación de planes de formación específicos para el profesorado en materia de diversidad sexo-genérica, extensivos también a monitores/as, cuidadores/as, animadores/as socioculturales, etc. De igual manera, creación de contenidos
integrales en favor de la diversidad y la convivencia y contra la discriminación por LGTBfobia y su inclusión en el currículum escolar.
18. Creación de programas, recursos y actividades tanto de sensibilización como de asistencia para el tratamiento de la diversidad sexo-genérica en general y la prevención de la LGTBfobia. De igual manera, diseño de programas de atención
al acoso escolar o bullying LGTBfóbico (materiales pedagógicos, departamentos de orientación, tutorías de atención a la diversidad, coordinación con servicios sociales, seguridad, etc.).
19. Establecimiento de garantías para el respeto al derecho a la propia identidad de género en los trámites administrativos educativos, en relación a las personas transexuales.
20. Invitación de las diversas organizaciones sociales LGTB a participar en el Consejo Escolar del Estado con el objetivo de aportar su enfoque con respecto a las problemáticas relativas a la diversidad sexo-genérica en la educación.
21. Desarrollo de políticas específicas destinadas a las edades infantiles y juveniles, estimulando el asociacionismo LGTB juvenil, favoreciendo la creación de escuelas de madres y padres y desarrollando programas formativos para familias
sobre diversidad sexo-genérica.
22. Apertura de una línea de actuación específica de los servicios sociales, coordinados con centros educativos, con el objetivo de abordar casos de expulsión del hogar familiar por motivos de LGTBfobia.
23. Creación y puesta en marcha de planes de formación específicos para el personal de los servicios sociales en materia de diversidad sexo-genérica, teniendo en cuenta la realidad y la problemática específicas del colectivo LGTB.
24. Reafirmación efectiva del derecho a la libre expresión de la orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral, con persecución efectiva e imposición de sanciones administrativas contra las situaciones discriminatorias.
25. Establecimiento obligatorio de la inclusión de la perspectiva LGTB en convenios colectivos y en planes de igualdad en las empresas y centro de trabajo.
26. Diseño de un plan específico de fomento del empleo para personas transexuales, desarrollando medidas de acción positiva en las contrataciones, así como planes de empleo y formación para las personas LGTB en riesgo de exclusión laboral.
27. Impulso a la formación específica de los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la realidad de la diversidad sexo-genérica y diseño e implementación de protocolos específicos para la atención al colectivo LGTB
y los casos de discriminación o violencia por LGTBfobia.
28. Creación de un apartado específico en el registro de delitos de la Policía Nacional que recoja aquellos casos de odio y discriminación por LGTBfobia, para poder cuantificarlos objetivamente, así como para dar respuesta urgente a los
casos de violencia por razón de la orientación sexual y/o identidad de género de las personas agredidas, tal y como se hace actualmente con la violencia de género a través de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección del Cuerpo Nacional de
Policía.
29. Adopción de medidas positivas para el tratamiento respetuoso y digno del colectivo LGTB en el ámbito informativo, como el diseño de un protocolo de control de estereotipos y prejuicios en los medios de comunicación, así como la
implementación de contenidos específicos de igualdad en medios de titularidad pública.
30. Elaboración de una memoria económica debidamente detallada, con el fin de prever y proveer con antelación los recursos que se estimen necesarios para el desarrollo de las medidas contempladas en esta Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001692
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre medidas de prevención e intervención contra la discriminación y el acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que la propuesta de incluir los trabajos encomendados a una Subcomisión se efectuaría por los cauces que reglamentariamente correspondan, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas de prevención e intervención contra la discriminación y el acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978, en su artículo 27, establece el derecho fundamental a la educación. La inclusión de este derecho en la Sección primera del Capítulo II del Título I, le hace gozar de un máximo de garantías por ser fuente de
derechos y libertades.
De este derecho a la educación surge, en su aspecto objetivo, una garantía institucional cuyo contenido viene delimitado, entre otros, por los principios y fines constitucionales de la acción educativa. El propio artículo 27. 2 de nuestra
Constitución proclama que 'la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales'.
Así mismo, el artículo 9.2 de la Constitución establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra, sea real y efectiva.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en su artículo 1, entre los principios inspiradores del sistema educativo español, La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y
circunstancias. También incluye en estos principios, la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de estos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
La citada Ley Orgánica fija en su artículo 2, apartado 1, letra a), como uno de los fines del sistema educativo, el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. En la letra o) incluye entre estos fines, la
educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y su resolución pacífica.
Un reciente informe, publicado por la FELGTB y COGAM, pone de manifiesto la problemática existente en torno al acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes lesbianas, gais y bisexuales (LGB).
El suicidio, según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística, es una de las principales causas externas de fallecimiento en adolescentes y jóvenes. Dentro de este grupo de población, no es posible conocer una
aproximación numérica entre personas LGTB, puesto que no existen datos fiables en nuestro país.
Sin embargo, el estudio realizado por la FELGTB y COGAM sobre esta materia, se ilustra de la realidad existente en otros países occidentales de que el problema es una realidad de una magnitud muy dolorosa.
Por otro lado, no se puede obviar las vivencias personales, atestiguadas ante estos colectivos sociales, por muchos jóvenes LGTB. En diversos documentos elaborados por la doctrina, profesionales y diferentes organismos, se ha podido
comprobar que cuando se ofrece el protagonismo debido a estas víctimas, ellas y ellos narran en primera persona sus experiencias de sufrimiento y riesgo de suicidio.
Es importante tener en cuenta que estos jóvenes, pasan el mayor tiempo de esa edad en centros educativos, donde se puede comprobar la homofobia existente en la sociedad y se aplica directamente sobre ellos, en forma de acoso.
Estaríamos ante un problema que precisa de una respuesta, tanto de las familias, como de los responsables de las políticas educativas y sanitarias. No es admisible que en nuestra sociedad, los centros educativos no sean espacios seguros
para los/las jóvenes LGTB. Es necesario luchar contra el elevado índice de acoso escolar discriminatorio por orientación sexual e identidad de género. El sistema educativo español debe dar una respuesta eficaz a estas cuestiones.
Profesionales de la psicología, han puesto de manifiesto las graves consecuencias de estas situaciones insostenibles que se traducen en: angustia, ansiedad, depresión, abandono escolar, tendencia al abuso de sustancias tóxicas... y
suicidio. A pesar de todo esto, los estudios llevados a cabo en España sobre el suicidio entre jóvenes, ignoran completamente la variable homofóbica. Sin embargo, en países de nuestro entorno, como por ejemplo en Francia, se dedican importantes
fondos a prevenir el suicidio entre jóvenes LGTB.
Debemos ser conscientes que se puede producir, además del estigma sobre el reconocimiento del suicidio como causa del fallecimiento, el estigma al descubrir que el/la joven era lesbiana, gay, bisexual o transexual. Ello no puede impedir la
actuación de los poderes públicos para trabajar en la prevención del suicidio o la tentativa de suicidio.
La orientación sexual y la identidad de género no son un problema si el entorno no lo percibe como tal. Nadie se suicida por ser homosexual, bisexual o transexual, sino por sufrir la violencia inaguantable de la discriminación por
orientación sexual e identidad de género.
Los poderes públicos deben ofrecer, una respuesta con carácter proactivo y sin más demora; impulsando los valores de respeto y aproximación crítica y positiva al conflicto, que conlleve una educación en la convivencia, tan necesarios para
la consolidación de una sociedad democrática, capaz de promover y respetar el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos.
Es necesario sentar las bases de un sistema educativo en el ejercicio pacífico de derechos, en su defensa activa y en el respeto a la diversidad de la ciudadanía, con el fin de hacer efectivos los propios derechos y permitir que los demás
ejerzan los suyos, en una sociedad cada vez más diversa.
Por todo ello, y con la finalidad de proporcionar unas políticas educativas y sanitarias para la prevención del acoso escolar dirigido contra los/las jóvenes LGTB, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Proceder a una ampliación de los sistemas de recogida y de registros estadísticos que permitan conocer los casos de suicidio entre la población adolescente y joven LGTB,
- Realizar un estudio con datos oficiales sobre los casos de suicidio entre la población adolescente y joven LGTB, así como establecer un programa de prevención sobre esta problemática.
- Incluir en el contenido de la formación del profesorado, tanto inicial como permanente, la formación específica en materia de atención educativa a la diversidad y contra el acoso escolar discriminatorio por orientación sexual e identidad
de género.
- Proceder para que la Administración educativa otorgue, en el currículo de todas las etapas educativas, una atención especial al derecho de igualdad de trato y no discriminación. Asimismo, a que fomente la inclusión, en los planes de
estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad de trato y no discriminación.
- Promover que las Administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus competencias, desarrollen acciones para prevenir cuantas consecuencias tenga para la salud el acoso escolar discriminatorio por orientación sexual e identidad de
género, que podrán consistir en el desarrollo de planes y programas de adecuación sanitarias.
- Integrar, en el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 aprobado por el Consejo de Ministros de 5 de marzo de 2013, medidas que estén específicamente dirigidas a informar, prevenir e intervenir en los casos de
violencia, intimidación o acoso escolar por motivos de orientación e identidad sexual.
- Incluir en los trabajos encomendados a la Subcomisión parlamentaria sobre violencia contra los niños y las niñas, el análisis de las situaciones de discriminación por motivos de orientación e identidad sexual que se producen en el entorno
educativo y de nuestra sociedad, con el fin de avanzar en las respuestas específicas a adoptar en el marco jurídico de intervención de las autoridades públicas en materia de protección de la infancia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2013.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.