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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 266, de 08/05/2013
cve: BOCG-10-D-266
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
8 de mayo de 2013
Núm. 266
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Interior
161/001629 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre elaboración de un Plan que garantice la plena accesibilidad a los servicios de emergencias 112 de las personas con discapacidad auditiva ...
(Página6)
161/001634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ciberseguridad ... (Página7)
Comisión de Defensa
161/001628 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del III Centenario del nacimiento de Jorge Juan Santacilla Canicia ... (Página8)
Comisión de Economía y Competitividad
161/001642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la homogeneización de la práctica y exigencias de colegiatura en España ... (Página9)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/001636 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cesión del histórico edificio de correos al Ayuntamiento de Almería ... (Página12)
161/001638 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la eliminación del límite territorial de las actuaciones de recaudación ejecutiva de las entidades locales ...
161/001639 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a mejorar la fiscalidad de las personas con discapacidad en el autoempleo ...
Comisión de Fomento
161/001635 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cesión del uso de la antigua estación de ferrocarril al Ayuntamiento de Almería ... (Página14)
Comisión de Educación y Deporte
161/001632 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre retirada del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) ...
161/001633 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de un Plan de Acción que impulse programas de Atención a la Diversidad en los centros educativos ... (Página17)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el atún rojo. Corrección de error ... (Página18)
161/001631 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la defensa de las almadrabas andaluzas ... (Página18)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001630 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la mejora de la cobertura del tratamiento y la atención de las personas diagnosticadas de enfermedades raras ...
161/001643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para armonizar la creación de infraestructuras sanitarias de forma que se garanticen a todos los ciudadanos el acceso a los
servicios en condiciones de igualdad ... (Página23)
161/001647 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Centro de Referencia Estatal para personas con graves discapacidades neurológicas 'Stephen Hawking' de Langreo ...
Comisión de Igualdad
161/001641 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de intensificar las actuaciones económicas, políticas y sociales para combatir la violencia de género ...
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001640 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para consensuar una normativa única respecto al uso de la bicicleta en ciudad ... (Página27)
161/001644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Dirección Electrónica Vial ... (Página28)
161/001645 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Plan de Gestión de la Velocidad ... (Página28)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001646 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la difusión de estereotipos vejatorios hacia el colectivo de las personas aquejadas de disfemia ... (Página30)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/000930 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre fecha prevista para desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo ... (Página30)
Comisión de Interior
181/000929 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre fecha prevista para desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo ... (Página31)
Comisión de Economía y Competitividad
181/000931 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre fecha prevista para desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo ... (Página31)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/000927 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre fecha prevista para desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo ... (Página31)
181/000940 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre cifra y cálculo del ahorro anual que resultaría de las propuestas que limitan el número de los cargos electos y asesores que podrán percibir retribución por
su dedicación exclusiva, según el anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ... (Página32)
181/000941 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre cálculo del ahorro que resultará de la eliminación de competencias a los ayuntamientos, prevista en el anteproyecto de Ley para la racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local ... (Página32)
181/000942 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre número de alcaldes que cobran una retribución por dedicación exclusiva en los ayuntamientos ... (Página32)
181/000943 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre número de asesores de que disponen los ayuntamientos como personal eventual ... (Página33)
181/000944 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre cuantía media de la retribución que por dedicación exclusiva cobren los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos ... (Página33)
181/000945 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre número de concejales que cobran un retribución por dedicación exclusiva en los ayuntamientos ... (Página33)
Comisión de Fomento
181/000933 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre entrega por la empresa Sociedad de Estudios del Territorio e Ingeniería, S.A. del proyecto constructivo de la nueva 'Estación de Viajeros de
Chapela', en el término municipal de Redondela, en Pontevedra, así como previsiones acerca de la construcción de la misma ... (Página34)
181/000937 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre planes del Gobierno para poner las viviendas de protección vacías a disposición de las familias desahuciadas ... (Página34)
181/000939 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre número de viviendas protegidas vacías existentes ... (Página34)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000928 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre fecha prevista para desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo ... (Página35)
181/000935 Pregunta formulada por la Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), sobre funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo ... (Página35)
181/000938 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre cambios previstos en materia de jubilación y pensiones ... (Página35)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000932 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre cuantía estimada por el Gobierno que adeudará el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en impagos a proyectos en marcha al final
del ejercicio 2013 ... (Página35)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000934 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre evaluación de los recortes en Sanidad realizados en el último año y, en particular, consecuencias en la atención sanitaria a los inmigrantes ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000936 Pregunta formulada por la Diputada doña María Virtudes Monteserín Rodríguez (GS), sobre aportaciones para apoyar las necesidades humanitarias de la población desplazada como consecuencia del conflicto sirio en los campos de
refugiados en 2012 y 2013 ... (Página36)
Comisión de Igualdad
181/000926 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD), sobre medidas para crear un Plan integral de apoyo a la conciliación familiar ... (Página37)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000153 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 6851/2010 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el apartado cinco del artículo 5 -en cuanto da nueva
redacción al artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales- la disposición transitoria cuarta y la disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio ... (Página37)
233/000087 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 3296/2011, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
respecto del artículo 64.4 a) de la Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008, por posible vulneración de los artículos 36 y 149.1.1.ª y 18.ª de la Constitución española ...
233/000088 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 4596/2011, promovida por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el
artículo 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por
posible vulneración de los artículos 149.1.6 y 149.1.18 de la Constitución española en relación con los artículos 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la Constitución española ... (Página39)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
161/001629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de un Plan que
garantice la plena accesibilidad a los servicios de emergencias 112 de las personas con discapacidad auditiva, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
A pesar de que el servicio telefónico de emergencias 112 está regulado para su uso en toda la Unión Europea desde el 29 de Julio de 1991, en la actualidad todavía son pocos los territorios donde está adaptado a las personas con discapacidad
auditiva.
Este servicio se utiliza para solicitar la asistencia de los servicios públicos que se requieran para urgencias sanitarias, extinción de incendios, salvamento, seguridad ciudadana y protección civil, cualquiera que sea la Administración
Pública de la que dependan.
Actualmente, el acceso a este servicio en España se realiza de forma gratuita a través del número de teléfono 112. Al otro lado de la línea del 112, un operador atiende a los usuarios en diferentes idiomas -español, inglés, alemán, francés
o italiano- y frente a cualquier tipo de emergencia. Sin embargo, no puede atender al 2,5 % de la población que representan los ciudadanos con problemas de sordera, excluyendo a millones de personas -sordas, con discapacidad auditiva y con
problemas del habla- de un servicio fundamental de emergencias.
El 24 de noviembre de 2011, la Confederación Estatal de Personas Sordas, junto a las asociaciones nacionales de personas sordas integradas en la Unión Europea de Personas Sordas (EUD), consiguieron reunir una cantidad récord de firmas entre
los parlamentarios europeos para apoyar su campaña de sensibilización en la accesibilidad al servicio de emergencias.
Esta masiva recogida de firmas dio lugar a una Declaración escrita por parte del presidente del Parlamento Europeo 'Sobre la necesidad de accesibilidad al servicio de emergencias 112'; en ella se insta a los gobiernos a poner en marcha las
medidas necesarias para garantizar la plena accesibilidad de estos servicios a las personas sordas europeas; y se llama a impulsar propuestas legislativas y de estandarización para lograr que el servicio 112 sea completamente accesible para todos
los ciudadanos.
Ahora corresponde a las instituciones europeas y parlamentos de cada país actuar en consecuencia con la Declaración realizada por el Parlamento Europeo. Por ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar junto a las Comunidades Autónomas medidas que garanticen la plena accesibilidad al servicio de emergencias 112 de las personas sordas, con discapacidad auditiva y dificultades del
habla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001634
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la ciberseguridad.
Acuerdo
Teniendo en cuenta la corrección remitida mediante escrito número de registro 58034 y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite corno Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento,
y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la ciberseguridad para su
debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La seguridad adquiere cada vez con mayor intensidad una dimensión tecnológica. El ciberespacio constituye un entorno abierto, complejo, y por tanto requiere una apuesta decidida e integral para proteger los activos de organizaciones
públicas y privadas, así como a sus propios usuarios.
El masivo e intensivo uso tecnológico en nuestra sociedad dibuja un panorama que interconecta diariamente a 2.400 millones de personas a lo largo del planeta y condiciona cotidianamente nuestras vidas. El sector de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) es responsable del 5 % del PIB europeo y han contribuido han contribuido a alrededor de la mitad del crecimiento de la productividad en la Unión Europea.
Fruto de este fenómeno, los responsables políticos y policiales han configurado las llamadas estrategias de 'ciberseguridad' como un conjunto de herramientas y acciones que prevengan y protejan de los delitos cibernéticas a personas,
empresas y países. Estrategias que reconocen la ciberseguridad como condición necesaria para el adecuado aprovechamiento de la eficiencia y competitividad que aporta la Sociedad de la Información, así como la necesidad de aplicar un enfoque
integral que contemple todos los actores implicados en el ciberespacio.
Tal y como se recoge en el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo Europeo de Budapest, el elenco de riesgos es extraordinariamente amplio, abarcando el terrorismo, el cibervandalismo, la piratería,
el robo de dominios, la difusión de virus, la extorsión o la violación de secretos, entre otros. Sin embargo, hay dos características que se repiten en los delitos de esta tipología: Pueden ser cometidos a gran escala y sus efectos se
alejan geográficamente del lugar de la comisión del delito.
Desgraciadamente, el informe Nadan de 2011 concluye que el coste neto total del cibercrimen a nivel mundial asciende a 388.000 millones de dólares. Una cifra que supera al mercado mundial de marihuana, cocaína y heroína juntas.
Por su parte, McAfee en 2011 ofrece cifras todavía más espectaculares, apuntando que el cibercrimen genera más de 1.000.000 millones de dólares al año.
De todo ello se desprende que la respuesta requiere esfuerzos coordinados, globales y contundentes desde todas las instancias y países. Y así lo han entendido tanto la Unión Europea como nuestros socios transatlánticos, con el desarrollo de
estrategias y la constitución de organismos especializados en la materia. En España, se trabaja actualmente en el desarrollo de la Estrategia Española de Ciber-Seguridad en la que colaboran, de forma coordinada, todos los agentes implicados.
España cuenta con un avanzado marco normativo en el área de la ciberseguridad, con cualificadísimos especialistas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Además, el Gobierno español participa activamente en organizaciones
internacionales que promueven la defensa del ciberespacio y cuenta con entidades especializadas en la materia.
Pero, sobre todo, España cuenta con un sector empresarial vinculado a esta actividad, con experiencia en investigación e innovación, capaz de ser referente internacional y con un muy importante potencial de desarrollo, lo que sin duda
repercutirá en términos de actividad económica y creación de empleo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, en línea con la Estrategia Española de Seguridad, insta al Gobierno a:
- Apoyar el desarrollo de empresas privadas nacionales en el sector de la ciberseguridad.
- Dotar al sector público de las capacidades necesarias para velar por la ciberseguridad con especial atención a las tecnologías para la soberanía, de forma que no existan dependencias exteriores en cuestiones de tal criticidad e interés.
- Fomentar la formación en el ámbito del desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
- Promover el uso de estándares de seguridad y de certificación de comunicaciones tanto en el ámbito público como privado, con especial atención a la protección de información, protocolos y elementos en entomos críticos como es, por ejemplo,
la red de distribución eléctrica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/001628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y las siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
conmemoración del III Centenario del nacimiento de Jorge Juan Santacilla Canicia, para su debate ante la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Jorge Juan Santacilia Canicia 1713-1773 nació en el 'Fondonet' de Novelda (Alicante), el día 5 de enero de 1713. Inició sus estudios en Alicante, y los continuó en Zaragoza. A los doce años marchó a Malta donde fue paje del Gran Maestre de
la Orden de la Orden de San Juan de Jerusalén, ingresando en
dicha Orden al siguiente año. En 1729 regresó a España e ingresó en la Real Academia de Guardiamarinas. Posteriormente, en 1734, fue elegido, junto a D. Antonio de Ulloa para acompañar a una expedición científica francesa a la América
Española, con el objeto de medir un grado del Meridiano, para llegar a conocer la verdadera figura de la tierra, Embarcaron rumbo a América el día 26 de mayo de 1735. Las mediciones científicas se realizaron en condiciones extremas, trabajando en
alturas de hasta 5.000 metros, Durante el tiempo que permanecieron en tierras americanas realizaron además observaciones astronómicas, proyectaron fortificaciones, construyeron navíos y embarcaron en misiones de guerra.
A los diez años regresaron a Europa. Desembarcó Jorge Juan en el pueblo francés de Brest el 31 de octubre de 1745. En París fue nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias y, una vez en España y junto a Ulloa, fue ascendido por el Rey
a Capitán de Navío.
En 1749 parte a Londres con el fin de captar expertos en diferentes oficios, A su llegada, para pasar desapercibido se hace pasar por inglés, aunque descubierto, tuvo que huir hacia España, embarcando en el mercante 'Santa Ana'. De regreso
a España, el Rey le nombró Director para la construcción de navíos y empresas ajenas. Proyecta y dirige los arsenales de Cartagena y El Ferrol. En 1751 proyectó y realizó la ventilación de las minas de Almadén. A principios de 1752, reuniendo en
Madrid a los constructores de barcos, redactó un método general para la construcción de navíos. En el año 1754 construyó el observatorio astronómico de Cádiz y fue nombrado por el Rey Consejero de la Junta General de Comercio y Moneda. Estableció
en su casa de Cádiz la 'Asamblea Amistosa Literaria', antecedente de la Academia de Ciencias, publicó su obra 'Compendio de Navegación' y se le encomendó la embajada extraordinaria a la Corte de Marruecos. En 1771 se publicó el 'Examen Marítimo' su
obra magna.
Aproximándose a los trecientos años del nacimiento de Jorge Juan y por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Conmemorar el III Centenario del nacimiento de Jorge Juan.
2. Divulgar, promover y colaborar con este motivo en la celebración de actividades por parte de las instituciones culturales, educativas y militares.
3. Fomentar la colaboración de instituciones privadas que deseen aportar medios para la consecución de los fines de esta Proposición no de Ley.
4. Realizar todo ello sin que haya aumento de gasto para las instituciones del Estado involucradas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Competitividad
161/001642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada Doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la homogeneización de la práctica y exigencias de colegiatura en España, para su debate en comisión.
Exposición de motivos
La liberalización de los servicios profesionales en España ha experimentado un desarrollo significativo tras la aprobación de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios
en el mercado interior y su transposición en nuestro ordenamiento interno a través de dos normas, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas Leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, leyes denominadas como Ley Paraguas y Ley Ómnibus, respectivamente.
La obligación de colegiación constituye una restricción de la competencia, según ha indicado en diferentes ocasiones la Comisión Nacional de la Competencia. Los Colegios Profesionales introducen ciertas restricciones al libre acceso a la
actividad laboral. Hay barreras económicas como las cuotas de inscripción o colegiación, elevadas en numerosos casos, y especialmente cuando la colegiación otorga una ventaja competitiva significativa a los miembros colegiados porque suponen una
barrera de acceso con el efecto de desanimar, retrasar o impedir la entrada de nuevos competidores.
Las cuotas de colegiación son una forma de financiación tradicional de los Colegios Profesionales pero, incluso cuando no implican situaciones de exclusión, es necesario analizar sus costes y sus beneficios a fin de que no sean
discriminatorias, abusivas o constituyan una práctica anticompetitiva y una barrera de acceso al ejercicio de la profesión. Otras prácticas colegiales menos habituales, como el establecimiento de fianzas, pueden tener el mismo resultado. La fianza
se deposita al colegiarse y es devuelta cuando cesa la colegiación, pero en una cuantía menor al momento en que se depositó por no remunerarse al precio variable del mercado.
Los Colegios Profesionales también pueden abusar de su monopolio para predeterminar o restringir la contratación de determinados productos o servicios a, por ejemplo, un tercero designado por el propio Colegio, limitando la libre competencia
de modo considerable. Algunos Colegios incluyen como requisito para colegiarse la contratación de un seguro de responsabilidad civil o la afiliación a determinados grupos de previsión social que el Colegio Profesional determine, lo que puede
suponer un abuso de posición y limitación de la libertad del colegiado para elegir productos y servicios. Esta práctica sigue existiendo pese a que la Ley Paraguas lo prohíbe expresamente.
Por estos motivos es necesario establecer de forma clara, y basada en motivos adicionales a los que justifiquen la reserva de la actividad, las razones de la obligatoriedad de colegiación, que deberá ser una medida proporcionada y no
discriminatoria, de acuerdo con lo recogido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio: 'Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los
destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o
jurídica de las personas físicas'.
Sin embargo, el desarrollo normativo nacional no se ha seguido siempre por la correspondiente adaptación en las Comunidades Autónomas, desfase que ha creado problemas corno una importante restricción para la movilidad profesional, o
complejas barreras de entrada en el mercado laboral.
El análisis de diferentes normativas autonómicas evidencia que muchas regiones todavía no han adaptado el nuevo marco básico estatal, manteniendo normativas que se alejan de lo establecido en el marco legal común, cuando no de un sentido
totalmente contrario a éste. Esta incongruencia puede suponer sanciones al Reino de España por incumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo, y la del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios
en el mercado interior.
Las actuales normas colegiales autonómicas implican restricciones a la competencia profesional, la movilidad de los trabajadores y la libre prestación de servicios profesionales debido a la creación de barreras de acceso al mercado laboral.
Son barreras de acceso para ciertos colectivos profesionales la obligación de la colegiación según la Comunidad Autónoma, la existencia de dificultades para poder colegiarse mediante diferentes tasas, fianzas o cuotas de mantenimiento, o las
restricciones territoriales del efecto jurídico y laboral de esa colegiación.
Tampoco existe un Registro único de profesiones de colegiación obligatoria. La Ley Ómnibus no las determina, aunque dispone un plazo para que el Gobierno lo haga. Y en su Disposición transitoria cuarta, determina la obligatoriedad de
colegiación para aquellos 'casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control de ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que pueden verse
afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como es la protección a la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas'.
Además, la normativa mediante la que se pretendía armonizar e impulsar la actividad de los colegios profesionales no derogó las obligaciones de colegiación existentes en el momento de su entrada en vigor, sino que las mantenía
transitoriamente hasta que el Gobierno determinase por ley las profesiones de colegiación obligatoria. Algo que, transcurrido tres años desde la entrada en vigor de la norma, no se ha hecho. En consecuencia, el mapa de colegiaciones obligatorias
vigente a fa fecha de entrada en vigor de la Ley Ómnibus quedó congelado, provocando una situación de incertidumbre jurídica e inseguridad laboral en diferentes profesiones.
Unidas a ese vacío legal, las diferentes y divergentes normas autonómicas han complicado también la representación y obligaciones deontológicas de los profesionales. De acuerdo con el artículo 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales, el Colegio tiene como fin esencial la representación de la profesión de manera exclusiva. Cuando un profesional domiciliado en un territorio en el que no existe la colegiación obligatoria actúa en una Comunidad donde sí es
obligatoria queda vinculado a la representación del Colegio Profesional de esa Comunidad, pero sin poder intervenir en éste, al no estar colegiado, ni poder ser representado por otra asociación diferente.
El principio de colegiación única busca erradicar estas incongruencias normativas y las barreras de acceso y movimiento entre Comunidades Autónomas, logrando una mayor integración del mercado nacional, permitiendo una mayor movilidad y
promoviendo un entorno más competitivo. La actual colegiación múltiple para determinadas profesiones eleva los costes de funcionamiento del sistema, y también supone una infracción de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales,
que en su artículo 3.3 señala que bastará la colegiación a un solo Colegio Profesional, que será el del domicilio profesional principal, para ejercer en todo el territorio español.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un registro de las profesiones que requieren de colegiación obligatoria para su ejercicio de acuerdo con lo recogido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
2. Analizar y homogeneizar las normativas existentes sobre Colegios Profesionales en el territorio nacional, en colaboración con las Comunidades Autónomas, para adaptar estas normas a las leyes horizontales básicas de ámbito nacional.
3. Promover la modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, así como las leyes modificatorias de la primera en el sentido de:
a) Fusionar, por cada una de las profesiones, los distintos Colegios Profesionales autonómicos a un único Colegio Profesional de rango estatal que desarrollará las actividades encomendadas descritas en la Ley.
b) Hacer que la colegiación obligatoria consista en un registro, del que el profesional cargará con las costas de la inscripción y cuyo coste de mantenimiento será simbólico y proporcionado.
c) Obligar a los Colegios Profesionales a dar cuenta en sus páginas web, al menos con carácter anual, de las actividades llevadas a cabo y de sus cuentas económicas, posibilitando que los colegiados estén informados y ejerzan un control
efectivo de las actividades de las organizaciones colegiales.
d) Privar a los Colegios Profesionales de la representación institucional exclusiva de las profesiones cuando su ejercicio no requiera colegiación obligatoria.
e) Liberar al profesional colegiado de la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil necesariamente vinculado al Colegio Profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/001636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
la cesión del histórico edificio de correos al Ayuntamiento de Almería para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La antigua oficina central de Correos y Telégrafos de Almería se encuentra clausurada desde 2011, año en el que se produce el traslado del servicio a otras dependencias de la ciudad.
La finca cuenta con una superficie total de 806 m2 y una superficie construida de 3.706 m2 y está situada en pleno centro histórico y comercial de Almería. Actualmente ésta parcela está calificada como suelo urbano consolidado dotacional
público.
A finales de 2012, el Ayuntamiento de Almería y la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. acuerdan un convenio urbanístico en virtud del cual el Ayuntamiento de Almería se obliga a recalificar dicha parcela como suelo urbano no
consolidado con uso residencial compatible con terciario, a cambio de obtener el 15 % de su aprovechamiento urbanístico.
Dicho Convenio, por tanto, permite la construcción de locales comerciales y viviendas en una zona de la ciudad ya de por sí colmatada desde el punto de vista urbanístico, y lo hace en detrimento de un equipamiento público privilegiado tanto
por su tamaño como por su situación geográfica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., de capital cien por cien público, perteneciente al Grupo Correos y por tanto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
1. Renuncie al Convenio Urbanístico acordado con el Ayuntamiento de Almería para el cambio de clasificación y calificación del suelo donde actualmente se encuentra el antiguo edificio central de Correos y Telégrafos.
2. Ceda gratuitamente dicho edificio al Ayuntamiento de la ciudad, para su uso como equipamiento público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2013.-Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia Fernández Moya, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la eliminación del límite territorial de las actuaciones de recaudación ejecutiva de las entidades locales.
Una de las dificultades de las entidades locales cuando pretenden recaudar las deudas de derecho público en período ejecutivo, a través del embargo de bienes, es que éstos se hallen situados fuera de su término municipal. El apartado 1 del
artículo 171 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
limita el embargo a bienes o derechos dentro del ámbito territorial que corresponda a la jurisdicción respectiva de cada Administración tributaria ordenante del embargo.
Al mismo tiempo, el artículo 8 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece que las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de
efectuarse fuera del territorio de la entidad local, en relación con los ingresos de derecho público propios de ésta, serán practicadas por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma o del Estado. Además, diversas resoluciones de la Dirección
General de Registros y del Notariado, como la del 9 de marzo del 2006 o la del 23 de diciembre del 2008, ratifican la normativa de la Ley de Haciendas Locales, estableciendo la imposibilidad del recaudador municipal para ordenar el embargo de un
inmueble o de una cuenta bancaria fuera de su término municipal.
Esta regulación impide optimizar la capacidad de recaudación de los entes locales en la vía ejecutiva. Si bien los órganos de recaudación municipales ostentan la competencia para pedir información y trabar bienes o embargar cuentas
corrientes que se hallan en su término municipal, no pueden hacer lo mismo cuando los bienes se hallan en otros territorios municipales.
Convergència i Unió considera necesario perfeccionar la normativa actual al objeto de mejorar la eficacia y eficiencia financiera de las administraciones públicas. En este caso, se trata de extender la capacidad de retención o embargo de
las cuentas bancarias o bienes correspondientes a las deudas municipales, con independencia de si se encuentran situados en el mismo territorio municipal o no.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el apartado 1 del artículo 171 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el fin de establecer que las actuaciones en materia de recaudación ejecutiva, que lleven a cabo los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias y en relación con tributos e
ingresos de derecho público propios de éstos, tengan plenos efectos en todo el territorio del Estado, pudiéndose practicar el embargo de bienes y derechos de los deudores, de conformidad con el orden de prelación establecido, y en cuantía suficiente
para cubrir las deudas en vía ejecutiva, independientemente del territorio donde dichos bienes o derechos se hallen situados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al gobierno a mejorar la fiscalidad de las personas con discapacidad en el autoempleo.
La actual crisis económica ha comportado un impacto negativo general sobre toda la actividad económica y laboral, pero uno de los colectivos más perjudicados son las personas con discapacidad. Ello es consecuencia de que las personas con
discapacidad constituyen un grupo poblacional con especial riesgo de sufrir más rápidamente y de forma más violenta, los efectos de una situación económica adversa.
La Constitución tipifica en su artículo 49 la obligación de los poderes públicos de mejorar las condiciones de vida de las personas con alguna discapacidad, implementando políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración.
A pesar de ello, en la actualidad las personas con discapacidad constituyen un colectivo especialmente desfavorecido en relación con la actividad laboral, dadas las especiales dificultades de adaptación y rendimiento que, en la mayoría de
los casos, origina su situación. Ello se traduce en unas tasas de
actividad y empleo muy bajas, que dificultan su independencia personal y su integración social. Según datos del Ministerio de Sanidad, en el 2012, en España el número de personas que declaran tener alguna discapacidad asciende a 3.847.9000
personas, lo que supone un 8.5 % de la población.
Convergència i Unió ha sido una firme defensora de promover el autoempleo en las personas con discapacidad como opción de inserción laboral y desarrollo profesional de los mismos y más en una situación económica como en la actual, donde la
reducción del desempleo debe constituir una prioridad fundamental para el Gobierno,
Es por ello, que es preciso seguir reforzando los incentivos fiscales orientados a la integración laboral de las personas con discapacidades y, en particular, el autoempleo.
En primer lugar, se propone incrementar en un 8 % la reducción del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva, en el caso en que los contribuyentes sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 %.
Y en segundo lugar, se propone incluir dentro de los índices correctores para empresas de pequeña dimensión, índices incrementados para el caso en que el titular de la actividad sea además una persona física con discapacidad, con un grado
igual o superior al 33 %.
Estas dos medidas mejorarán la capacidad para generar ingresos de las personas que padecen una discapacidad, patente en el caso de aquellas personas con discapacidad que además son titulares únicos de la actividad, sin ningún tipo de
personal a cargo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la fiscalidad de las personas con discapacidad, que además sean titulares de la correspondiente actividad económica. Para ello, procederá a modificar la Orden HAP/2549/2012, de 28 de
noviembre, por la que se desarrollan para el año 2013 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de implementar las
siguientes medidas:
- Incrementar en un 8% la reducción del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetivo, en el caso en que los contribuyentes sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.
- Incluir, dentro de los índices correctores para empresas de pequeña dimensión, índices incrementados para el caso en que el titular de la actividad sea además una persona física con discapacidad, con un grado igual o superior al 33 %.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Fomento
161/001635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
la cesión del uso de la antigua estación de ferrocarril al ayuntamiento de Almería, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Antigua Estación de Ferrocarril es uno de los edificios más emblemáticos de Almería por su valor histórico-artístico. En 1985 es declarada Bien de Interés Cultural y constituye un símbolo de identidad para una ciudad que a finales del
siglo xix comienza a salir de su aislamiento gracias a la llegada del ferrocarril y al impulso que el transporte de minerales supone para su economía.
En 1892 la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España comienza los trabajos de construcción de la línea férrea Almería-Linares-Almería con el objetivo de transportar minerales desde Sierra Morena al Puerto de Almería. Esta línea
pronto propició la llegada de otros minerales y de pasajeros.
En 1893 la compañía comienza a levantar la estación en compensación y agradecimiento al Ayuntamiento de la ciudad por la concesión del acceso permanente de sus trenes al puerto.
La estación permanece en servicio hasta 2005, año en el que se inaugura la nueva Estación Entermodal de Almería. Desde entonces ha permanecido cerrada, y la ausencia de un adecuado mantenimiento de sus instalaciones hace que su deterioro
sea cada vez más evidente.
Por sus innegables cualidades arquitectónicas y artísticas, su importancia histórica y su privilegiada localización en pleno centro de la ciudad y a escasos metros del nudo de comunicaciones más importante del municipio, su puesta en valor y
la utilización de sus más de 600 m2 como espacio de uso público, podrían convertirla en un elemento estratégico para la oferta cultural y turística de Almería.
Por todo ello, es innegable la necesidad de devolver este emblemático edificio a la ciudad y a sus ciudadanos, y corresponde al Ayuntamiento de Almería, como administración competente para la gestión cultural y turística de la ciudad, la
titularidad de su uso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento que tiene encomendada en virtud de la Ley 39/2003, del Sector
Ferroviario, la gestión de las infraestructuras ferroviarias de titularidad estatal, ceda el uso de la Antigua estación de Ferrocarriles al Ayuntamiento de Almería para su uso público con fines sociales y culturales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2013.-Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia Fernández Moya, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/001632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley solicitando la retirada del Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE), para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Desde la llegada del Gobierno del PP, hace poco más de un año, los recortes educativos han ascendido a 5.212 millones de euros, lo que ha supuesto un mayor deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en
las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios
esenciales, como el comedor o el transporte escolar).
Por otra parte, la inversión pública educativa en España ha descendido en casi 8.000 millones de euros en los últimos años, y para 2015 el gobierno del PP se ha comprometido a rebajarla hasta el 3,9 % del PIB, lo que supondrá retroceder a
los años 80 situándonos a la cola de la UE y de la OCDE.
Estamos ante una propuesta de Ley que, es en realidad, una reforma educativa en primer lugar antipedagógica, que muestra una profunda ignorancia acerca del funcionamiento de los procesos educativos y es contraria a lo que la investigación
científica nos viene enseñando sobre las insuficiencias de una enseñanza basada en la presión del examen, que sólo puede conducir al aumento del abandono y del fracaso escolar, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones
del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas.
Es a su vez una reforma impuesta, sin un diagnóstico riguroso y compartido, sin debate previo y de espaldas a la comunidad educativa. Se plantea además sin recursos suficientes y en medio de brutales recortes que degradan la calidad
educativa y atentan contra su equidad.
Tiene un marcado enfoque mercantilista, pues supedita la educación a intereses economicistas, anteponiendo las exigencias de los mercados a la formación integral, y suprimiendo materias y contenidos considerados poco 'útiles' para la
'empleabilidad'. Es también una reforma privatizadora, que incluye a los 'agentes privados' como parte del Sistema Educativo, que permite crear centros privados con recursos públicos, que fomenta los conciertos y otorga un papel subsidiario a la
escuela pública.
Es una reforma segregadora, que restaura viejos itinerarios segregadores desde los 13 años, devalúa la FP y convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes.
Es una reforma antidemocrática, que suprime competencias de la comunidad educativa en la gestión de centros y opta por una dirección unipersonal nombrada por la administración.
Es una reforma competitiva, que promueve la competitividad entre los centros, en lugar de la cooperación, y su especialización para poder seleccionar a su alumnado, estableciendo clasificaciones según resultados o ranking, que permitirán
obtener mayor financiación.
Es una reforma adoctrinadora, que potencia la enseñanza de la religión e impone una alternativa 'dura y evaluable' al gusto de la jerarquía católica. Es también una reforma sexista, que permite la enseñanza separada por sexos asegurando
financiación pública a los centros ultraconservadores que la practican. Es en fin una reforma recentralizadora, que menosprecia la diversidad lingüística y cultural de las CCAA, invade sus competencias imponiendo buena parte de los contenidos
curriculares, y revela una gran desconfianza hacia el profesorado.
En definitiva, los principales cambios que introduce esta reforma responden a un pensamiento clasista y segregador. Se apuesta claramente por clasificar y segregar al alumnado, excluyendo del sistema educativo común, desde edades muy
tempranas, a quienes tienen más dificultades y necesitan mayor apoyo escolar. Y se opta también por consolidar dos redes de centros educativos, financiadas con dinero público, pero dirigidas a un alumnado bien diferenciado: los centros públicos
como red asistencial, dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población; y los centros privados concertados, destinados a satisfacer cierta 'demanda social' mediante la selección de su alumnado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retirar de forma inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), por haberse gestado sin el necesario debate previo, sin contar con el profesorado y de espaldas a la comunidad educativa y a la
investigación pedagógica.
2. Promover un amplio debate público, con participación de expertos y de todos los sectores del ámbito escolar, para alcanzar realmente un diagnóstico riguroso y compartido sobre las causas de los principales problemas de nuestro sistema
público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas y recursos suficientes para extender y mejorar nuestra educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que permita asegurar el éxito escolar de todo el alumnado y la formación de
personas más iguales, más libres, más críticas, más creativas y más solidarias, comprometidas en la construcción de un mundo más justo.
3. Tomar las medidas legales necesarias para blindar el gasto público educativo frente a cualquier tipo de recortes presupuestarios, aplicar al sistema público educativo un 'rescate' similar al que se ha llevado a cabo con entidades
bancarias y grandes grupos financieros, aumentando las cuantías destinadas a educación en los Presupuestos Generales del Estado y en los Presupuestos Autonómicos hasta lograr su equiparación con la media europea (UE-15) en porcentaje de PIB.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
elaboración de un Plan de Acción que impulse programas de Atención a la Diversidad en los centros educativos, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Los distintos sectores de la comunidad educativa han manifestado en numerosas ocasiones su total oposición a los recortes presupuestarios que en materia de educación ha ejecutado el actual gobierno. Esta cuestión ha derivado en una honda
preocupación por las consecuencias que, producto de dicha minoración de recursos, se está causando en la calidad de nuestro sistema educativo público.
La atención a la diversidad, elemento clave en un modelo de educación inclusiva, es una de las áreas donde, a juicio de los propios afectados y constatable en las partidas presupuestarias, más están afectando los recortes en educación.
Un problema que se agrava más si tenemos en cuenta los recortes que a su vez se están produciendo en la mayoría de las Comunidades Autónomas en materia educativa y que afectan en gran medida a la atención a la diversidad, entre otras
cuestiones por la desaparición de programas anteriormente ofertados por el gobierno central.
Nuestro sistema educativo debe garantizar, de forma inexcusable, un modelo de educación inclusiva real que, para ello, debe contar con los recursos materiales y humanos precisos para así asegurar una puesta en marcha con los recursos
materiales y humanos necesarios y la calidad debida.
El panorama actual de la atención a la diversidad no parece el más halagüeño y, lo que es más importante, el futuro próximo parece conformar un marco que podría provocar una deriva en un sentido contrario al deseado. De hecho, los textos
legales que el gobierno tiene anunciados parecen confirmar un temor que es compartido por el conjunto de la comunidad educativa.
La educación inclusiva, y dentro de ella la atención a la diversidad, no pueden ser puestas en duda como pilares que deben soportar la arquitectura de nuestro sistema educativo. Pero además este sostén no puede limitarse a una declaración
de principios, sino que debe estar anclado en realidades contrastables en actuaciones, programas, recursos y, obviamente, reflejarse de forma conveniente en los presupuestos anuales elaborados por el gobierno.
Por ello, y en función de estos argumentos, es necesaria una acción proactiva por parte del gobierno para que, en necesaria colaboración con el conjunto de las administraciones educativas, potencie, respalde y asegure la consolidación de un
conjunto de programas destinados a optimizar la atención a la diversidad en nuestro sistema educativo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar y presentar ante esta cámara, antes de la finalización del actual curso escolar, un Plan de Acción que, dentro del modelo de una auténtica Educación Inclusiva, impulse programas de Atención a la Diversidad en los centros
educativos con el fin de asegurar los medios y recursos adecuados para prestar al alumnado la atención debida que supone el reconocimiento del derecho a la diferencia sin diferencia de derechos.
2. Que dicho Plan cuente con el aval de la comunidad educativa, representada en el Consejo Escolar del Estado y de las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Educación.
3. Elaborar una Memoria Económica Plurianual para lo que resta de legislatura que dé soporte a este Plan y que, en todo caso, deberá compensar, como mínimo, los recortes que en el conjunto del Estado se han producido en los programas
educativos que atienden esta área.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2013.-Guillermo Meijón Couselo y Mario Bedera Bravo, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001551
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre el atún rojo.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 259, de 23 de abril de 2013.
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ana María Oramas González-Moro, diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, solicita que sea subsanado el siguiente error en la Proposición no de Ley sobre el Atún Rojo que fue presentada el
pasado 10 de abril y número de registro de entrada 54318.
En el apartado a)
Donde dice: 'Modificar la cuota de atún rojo asignada a Canarias, llegando al 7 % del total de España, ...'
Debe decir: 'Modificar la cuota de atún rojo asignada a Canarias, llegando al 9 % del total de España, ...'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para la defensa de las almadrabas andaluzas, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Tras las, en principio, esperanzadoras noticias que para el sector almadrabero andaluz suponía la recomendación del ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún) de permitir aumentar el conjunto de capturas para el atún rojo
-debido a la mejora contrastada en la situación de la especie-, el proyecto de Orden Ministerial por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo ha supuesto una profunda decepción para el sector almadrabero
andaluz, a pesar de haber
sido en los últimos años uno de los principales protagonistas en la contención del esfuerzo pesquero para la recuperación del atún.
En efecto, entre los contenidos del citado proyecto perjudiciales para las almadrabas andaluzas podemos citar los siguientes:
- La asignación de la totalidad del aumento de cuota propuesto por el ICCAT para España al llamado Fondo de Maniobra. Dicho aumento de capturas alcanza las 93 toneladas las cuales, repartidas adecuadamente entre la flota, podrían suponer un
cierto respiro laboral y económico, en particular, para las almadrabas. Tradicionalmente, la totalidad de la cuota asignada por la UE a España se distribuía entre los buques y almadrabas incluidas en los censos autorizados y, sólo si se conseguían
posibilidades de pesca adicionales, éstas pasaban a integrarse en el Fondo de Maniobra. La nueva regulación que contempla el proyecto, por el contrario, nutre al Fondo de Maniobra directamente de la cuota asignada a España; y lo hace además sin
establecer límites ni procedimiento permitiendo que cada año difiera del anterior, es decir, institucionalizando un sistema proclive a la arbitrariedad y ajeno al necesario control de la decisiones administrativas.
- La asignación de parte de la cuota nacional a flotas que realizan capturas fortuitas. Esta asignación supone, a la larga, una vía indirecta de distribución de la cuota nacional entre flotas no orientadas a la pesca activa del atún rojo ni
autorizadas para ello.
- La alteración del criterio utilizado para el reparto interno de cuotas, basado en criterios históricos, al referirlo solo al periodo 2002-2006. Este corto periodo de tiempo supone en la práctica un claro perjuicio a las almadrabas en
favor de la flota de cerco mediterráneo, dado que dicho período 2000-2006 coincide con el de mayores capturas de dicha modalidad de pesca debidas al sobredimensionamiento que a principios de los 2000 se hizo de la flota de cerco, con tan desastrosas
consecuencias para la pesquería del atún rojo. Con independencia de lo anterior, se siguen sin tener en cuenta para el reparto, otros criterios como las características técnicas de las artes y las pesquerías. Dichos criterios, aplicados
racionalmente, deberían beneficiar a las almadrabas, por tratarse de una modalidad de pesca artesanal, fijo, selectivo y cualificadamente sostenible, que lo han hecho merecedor, tanto por parte tanto del IEO (Instituto Español de Oceanografía) como
del ICCAT, de la consideración como fuente de información única sobre el estado y evolución del stock de atún rojo.
- La adición de trabas suplementarias a las trasmisiones pesqueras. Dichas transmisiones se han revelado como una práctica herramienta que hasta la fecha ha venido posibilitando al sector nacional aguantar la fortísima reducción de las
posibilidades de pesca que no por necesaria es menos gravosa. Resulta difícil de entender en el proyecto de orden citado el empecinamiento de impedir las transmisiones parciales de cuota, obligando a que estas sean totales y que, además, se
realicen a un único adquirente.
En otro orden de cosas, no se contempla en la actualidad mantener la consideración de las almadrabas como observatorio científico de la especie. Con independencia de la renuncia a un instrumento privilegiado de observación científica, la
retirada de esta consideración dificulta la percepción del subsidio de desempleo por parte de los trabajadores, al no alcanzar estos el tiempo de cotización necesario debido a la corta duración de las campañas por las escasas cuotas de pesca
permitidas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que se proceda a:
1. Repartir con criterios racionales de sostenibilidad el exceso de cuota de pesca del atún autorizado para 2013 entre las distintas pesquerías y modalidades de pesca del Estado.
2. Dotar el llamado Fondo de Maniobra con las posibles cuotas adicionales de otros países que, eventualmente, pudieran conseguirse.
3. Suprimir la asignación de cuotas a otras flotas en concepto de capturas fortuitas.
4. Extender el período de cálculo de capturas históricas para el reparto de capturas al período más largo posible, siempre de, al menos, 30 años.
5. Suprimir para las transmisiones pesqueras de las exigencias relativas a la transmisión de la totalidad de la pesca y a que ésta se realice a un único adquirente.
6. Mantener la consideración de las almadrabas como observatorios científicos para el seguimiento de la especie.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la mejora de la cobertura del tratamiento y la atención de las personas diagnosticadas de enfermedades raras, para su debate en Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Las enfermedades raras son aquellas patologías que poseen una incidencia baja en la población. Para que una enfermedad sea considerada como rara, debe afectar a un número limitado de personas, concretamente, a menos de 5 personas cada
10.000 habitantes según la definición oficial de la Unión Europea. El número de personas afectadas por enfermedades raras o de baja prevalencia en Europa alcanza los 36 millones de ciudadanos, habiéndose calculado para España la existencia de cerca
de tres millones de casos. Esas cifras han sido significativas para identificar este tipo de patologías como un problema prioritario de Salud Pública en el entorno comunitario.
Una de las peculiaridades de este tipo de patologías es su número. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que existen cerca de 7.000 enfermedades raras que podrían afectar una cifra de personas cercana al 7% de la población
mundial.
Las enfermedades raras se caracterizan por un gran número y diversidad de desórdenes y síntomas que varían no sólo de enfermedad a enfermedad, sino también dentro de la misma patología, ya que pueden tener manifestaciones clínicas
significativamente diferentes de una otra persona. Incluso para muchos desórdenes, hay una gran diversidad de subtipos de la misma enfermedad. La peculiaridad de estas patologías y en diferentes casos, la complejidad etiológica y terapéutica, hace
que las personas afectadas por enfermedades raras posean una capacidad limitada tanto de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria de una forma normal, así como poseer un proceso terapéutico que abarque todos los ámbitos que la
enfermedad correspondiente abarca. Esta peculiaridad, unida a una baja incidencia de las enfermedades raras, hace que muchas veces los tratamientos para estas enfermedades no posean interés significativo para la industria farmacéutica o equipos de
investigación sufragados por fondos públicos.
Históricamente las asociaciones de personas que poseen enfermedades raras y sus familias han exigido una mejora de la acción e implicación institucional, en el cuidado y tratamiento de los ciudadanos que poseen patologías de baja incidencia.
Las enfermedades raras aparecen en los primeros años de vida en un número elevado de casos, acompañando los signos y síntomas a estas personas el resto de sus vidas. La cronicidad que suponen las enfermedades raras y su incidencia en
diferentes ámbitos de la vida, hace que casi la totalidad de afectados necesiten de tratamientos desde una edad temprana. Esto supone una complicación añadida y más en una situación económica como la actual. Numerosas veces los tratamientos no se
encuentran cubiertos por la Seguridad Social por lo que su obtención supone un impacto significativo en la economía familiar de los enfermos. Diferentes estudios señalan que en una parte mayoritaria de enfermedades raras, el 30 % del coste total
anual no se encuentra cubierto por la Seguridad Social. Existen enfermedades
en las que por su complejidad terapéutica, las familias deben costear hasta un 80% del gasto total anual en el tratamiento de éstas como puede ser en los casos de X-frágil o Epidermosis Bullosa.
Las enfermedades raras no solo suponen un factor crónico, sino también invalidante, necesitando por tanto, cuidados especializados de por vida y con una complejidad mayor según avanza la enfermedad. Este factor invalidante se conjuga con un
elevado riesgo de aislamiento social del enfermo y su familia, una consecuencia que debe ser tenida en cuenta por los diferentes ámbitos profesionales que intervienen en el cuidado y tratamiento de estas personas.
La normativa española, sin embargo, no reconoce este tipo de enfermedades como crónicas. Una situación legal que dificulta el acceso de manera adecuada a los tratamientos y supone además, una carga económica para muchos pacientes y sus
familias, que en la actual situación económica no pueden costear. La dificultad en el acceso al tratamiento se ve profundizada con las nuevas medidas puestas en marcha por el actual Gobierno con el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la
Seguridad Social. Con las modificaciones del presente Ejecutivo sobre la dispensación hospitalaria de fármacos, asociando ésta a la aportación económica del usuario, y la exclusión de las personas afectadas por enfermedades raras de las excepciones
previstas del copago farmacéutico de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 16/2012, no se facilita desde las administraciones el acceso a los tratamientos adecuados para estas personas. La Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER) señala que el promedio estimado de los ingresos anuales destinados por las familias al tratamiento de estas patologías alcanza el 20 %, destinándose la mayor parte de los gastos a costear productos sanitarios accesorios al tratamiento o el
tratamiento de la patología. Las ayudas técnicas y de ortopedia, el transporte adaptado, la asistencia personal y la adaptación de la vivienda son otros de los gastos más corrientes de las personas afectadas por enfermedades raras.
FEDER señala como necesario impulsar medidas para asegurar el acceso en equidad a medicamentos de uso vital para los pacientes y familias con enfermedades raras incluyendo los Medicamentos Huérfanos (MHU) dentro de los fármacos sufragados
por la Seguridad Social, preferiblemente a través del Fondo de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, como la forma de garantizar el acceso equitativo a estos tratamientos indiferentemente de la Comunidad Autónoma en la que residan los afectados
por enfermedades raras. Actualmente no existe una homogeneización de criterios de accesibilidad entre las diferentes Comunidades Autónomas para evitar el retraso y minimizar el riesgo de inequidad frente al acceso a este tipo de tratamientos.
Los afectados por las enfermedades raras no solo reclaman una mayor especialización de los cuidados en enfermedades raras en el sistema sanitario, sino que señalan constantemente la falta de información que desde las administraciones se les
facilita sobre los centros y especialistas en este tipo de enfermedades. La elaboración de un mapa de especialistas y unidades especializadas en la atención y cuidado de enfermedades raras, Unidades de Referencia a nivel estatal, así como la
elaboración de un registro de recursos sociosanitarios en enfermedades raras en todo el territorio nacional por parte del Centro de Referencia Estatal para las Personas con Enfermedades Raras (CREER) supondría un significativo paso en el acceso a la
información y tratamiento por parte de estas personas.
La falta de información sobre recursos sociosanitarios y centros de tratamiento especializados en enfermedades raras ha supuesto, hasta el momento, una barrera importante a la hora de acceder a los tratamientos adecuados por parte de los
afectados. Los desplazamientos a diferentes provincias de la geografía española ya sea para realizar pruebas diagnósticas, recibir tratamientos o simplemente para acceder a la medicación necesaria ha sido la norma general en diferentes enfermedades
raras. Según FEDER la distancia media recorrida en esos desplazamientos es de 520 kilómetros, teniendo incluso muchas personas que salir de España para poder acceder al diagnóstico, tratamiento o fármacos para su enfermedad. Por ello es necesario
establecer rutas de derivación que faciliten el correcto acceso de las personas con enfermedades raras a las unidades de referencia, sin importar el lugar de residencia de los afectados, que permita garantizar una atención real y efectiva de todos
los ciudadanos afectados por patologías de baja incidencia eliminando las situaciones de desigualdad existentes hoy en día, entre las diferentes Comunidades Autónomas en este ámbito. La ruta de derivación supone además que las Unidades de
Referencia a nivel estatal deben trabajar en estrecha coordinación con los Hospitales y Centros de Salud a nivel local, cuya cercanía con los pacientes es mayor, ya que será vital para garantizar
la calidad de la atención en la etapa de diagnóstico y seguimiento permitiendo, además, ahorrar en desplazamiento minimizando los costes económicos que origina el peregrinaje de estos enfermos.
El diagnóstico de las enfermedades raras numerosas veces supone un plazo de tiempo amplio que puede abarcar en algunos casos incluso una década. El acceso a un diagnóstico de manera eficaz es vital para un tratamiento precoz de los signos y
síntomas de muchas enfermedades raras que merman la calidad de vida de los afectados. Para evitar el descenso de la calidad de vida de los enfermos y las consecuencias biopsicosociales que ello conlleva, es necesaria la creación de Unidades
Multidisciplinares de Información y Atención General a los afectados por enfermedades raras en las Comunidades Autónomas. Actualmente es necesaria una atención multidisciplinar para el diagnóstico de diferentes enfermedades raras y la canalización
de los potenciales afectados hacia centros de referencia especializados que puedan detectar de manera eficaz y prematura la patología.
La detección y cuidado precoz de las enfermedades raras son elementos necesarios para garantizar un desarrollo biopsicosocial de los afectados por estas patologías permitiéndoles desarrollar las actividades básicas de la vida diaria de la
manera más normal posible. Para ello es necesario elaborar programas que respondan a las necesidades especiales de este colectivo en todos los procesos de su vida. Un ejemplo claro es la escolarización de las personas con enfermedades raras, ya
que los recursos específicos para su patología se encuentran concentrados la mayor parte de las veces en Centros de Educación Especial y en centros de integración preferente, lo que supone que niños con enfermedades poco frecuentes, con una
capacidad cognitiva totalmente funcional que les permite alcanzar el currículo establecido para su edad, con los apoyos pertinentes, se estén escolarizando en Centros de Educación Social, con las implicaciones para el desarrollo social de estas
personas que implica.
La implantación de medidas de apoyo a la mejora del acceso a diagnóstico, tratamiento y fármacos por parte del colectivo de personas con enfermedades raras es una de las asignaturas pendiente de todas las administraciones públicas con estos
ciudadanos. La preocupación por la ausencia de un sistema eficiente en la detección, tratamiento e investigación de las enfermedades raras ha sido manifestada por diferentes formaciones políticas, tanto presentes en el Congreso de los Diputados
como en el Senado.
En marzo de 2010, la IX Legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó con un amplio consenso una Moción consecuencia de Interpelación urgente con modificaciones para propiciar una mejor calidad de vida y acceso a los tratamientos en
igualdad de condiciones a los afectados por enfermedades raras.
Sin embargo, según el Gobierno en una respuesta del mes de mayo de 2012 sobre las actividades y políticas llevadas a cabo para cumplir con los términos de la moción aprobada, todavía existían numerosas deficiencias para cumplir con los
objetivos de la moción. Según el Gobierno no se habían incluido la totalidad de los procedimientos, productos sanitarios y cirugías especializadas imprescindibles para el tratamiento de los pacientes de enfermedades raras en la Cartera de Servicios
del Sistema Nacional de Salud. La compatibilidad y coordinación de los registros tanto de las Comunidades Autónomas como de la administración central todavía era incompleta y se encontraba en una fase inicial. También señala en la respuesta que no
todas las enfermedades raras poseen una derivación específica a Centros, Servicios o Unidades de Referencia (CSUR), solo algunas de ellas. Por lo que es necesario seguir impulsando la acreditación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia para
este tipo de enfermedades.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar a las enfermedades raras como enfermedades crónicas en el Sistema Nacional de Salud.
2. Eximir del copago farmacéutico a las personas con enfermedades raras.
3. Elaborar un mapa de expertos y profesionales de referencia en enfermedades raras existentes actualmente en España.
4. Acreditar los centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) para enfermedades raras en el Sistema Nacional de Salud, dotando a estos centros de los recursos suficientes para garantizar su calidad, sostenibilidad y la investigación
en este tipo de enfermedades.
5. Establecer y publicar la ruta de derivación que garantice la efectiva atención de las personas con enfermedades raras en cualquier punto de la geografía española.
6. Incluir en la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras las propuestas e indicadores del Informe EUROPLAN a fin de mejorar la incidencia de dicho Plan en la atención de las personas con enfermedades raras.
7. Apoyar la Directiva de Movilidad Sanitaria Transfronteriza con las propuestas de las asociaciones de personas con enfermedades raras más representativas.
8. Que en colaboración con todas las administraciones autonómicas se cree en todas ellas Unidades Multidisciplinares de Información, seguimiento, control y Atención integral de las personas con enfermedades raras.
9. Utilizar fa Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, liderando el IMSERSO la homogeneización de los criterios de valoración a la discapacidad en las enfermedades raras en las Comunidades
Autónomas.
10. Impulsar la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y enfermedades raras en los centros ordinarios incorporando recursos educativos y de asistencia sanitaria necesarios y se fomente la creación de protocolos
entre centros educativos y hospitales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/001643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre medidas para armonizar la creación de infraestructuras sanitarias de forma que se garantice a todos los ciudadanos el acceso a los servicios en condiciones de igualdad, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La decisión de construir una nueva infraestructura sanitaria, bien sea ésta un hospital, un centro de especialidades o un centro de salud, debe fundamentarse en estudios técnicos que valoren la necesidad de la misma en función del
crecimiento de población previsto, el estado de salud de dicha población y sus necesidades asistenciales, las transformaciones y los nuevos retos de la práctica clínica y la gestión sanitaria, así como la posibilidad de mantener dicha
infraestructura a lo largo del tiempo, valorando posibles alternativas, su coste, y su impacto en el funcionamiento de la red sanitaria existente previamente.
Desde que se completaron las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas en 2002 y aprovechando el período de bonanza económica, en España se han construido hospitales, centros de especialidades y centros de salud sin haberse
valorado adecuadamente las consecuencias a medio y largo plazo. Muchas de las veces incluso la construcción de estos centros ha correspondido a intereses puramente electoralistas puesto que una vez finalizadas las obras no existían fondos
suficientes para poner en marcha dichos centros.
Esto sucede ya que al contrario de lo que pueda ocurrir en otros sectores, el coste más relevante que generan las infraestructuras sanitarias no se produce en el momento inicial en el que se construyen, sino cuando se ponen en funcionamiento
y se gestionan a lo largo del tiempo.
La demanda sanitaria de la población tiende a infinito, y corresponde al gestor sanitario decidir cuál es la forma más eficiente de destinar los recursos disponibles para conseguir los mejores resultados en salud posibles. Frente a esto, en
nuestro país hemos visto cómo se promovía para determinada localidad 'el mayor hospital de Europa', aunque esta localidad diste mucho de ser la mayor de Europa, o se aprovechaba un mitin electoral para anunciar la construcción de un nuevo hospital.
El uso y abuso de sistemas de financiación que permiten maquillar el déficit público a través de sistemas de colaboración público-privada ha sido otro acicate relevante en la burbuja hospitalaria vivida en España en los últimos años. Los
compromisos con las empresas concesionarias han llevado a la paradoja de que en mitad de una profunda crisis económica se hayan puesto en funcionamiento hospitales cuando existían alternativas cercanas.
La principal consecuencia de esta burbuja es que hoy desde algunas administraciones públicas se pretende culpar a los ciudadanos de un gasto sanitario que en realidad ellos no han demandado y ven como se privatiza la gestión de hospitales
construidos hace pocos años o se cierran centros de atención rural de urgencias, sin que las necesidades ni la demanda asistencial haya cambiado sustancialmente. Ni el crecimiento económico justificaba la implantación de estos servicios, ni la
crisis económica justifica su cierre. Los pacientes asisten perplejos a la ineptitud de sus gobernantes, a la crispación de los profesionales sanitarios y a la confusión derivada de la incapacidad para explicar los procesos de toma de decisiones y
de la opacidad con la que gestiona cada una de las Comunidades Autónomas nuestro Sistema de Salud.
Actualmente en España existen tres hospitales ya construidos pero que no han sido puestos en funcionamiento por falta de fondos (en Gandía, Llíria y Collado-Villalba), siete con las obras paralizadas (en Toledo, Vigo, Cáceres, Salamanca,
Guadalajara, Cuenca y Granada) y varios anunciados o proyectados pero que no han llegado a construirse (en Torrent, Vall d'Uxo, Peñíscola, Ontinyent, Benidorm, Cádiz, Málaga, Jaén y Eibar). También existen centros de salud y servicios de urgencias
de atención primaria pendientes de dotación tras haber sido construidos.
La construcción de estos centros ha cumplido las funciones propagandísticas con que se diseñaron sin que en muchos casos se haya conseguido una mejora real de los parámetros que permiten evaluar la eficiencia del conjunto de un servicio
sanitario como listas de espera quirúrgica y diagnóstica, derivaciones a centros concertados, etc.
Es importante transmitir a la ciudadanía desde los poderes públicos que el centro sanitario más cercano no siempre es el mejor, sino que es necesario que determinadas enfermedades poco frecuentes se concentren en ciertos centros para
permitir a los equipos de profesionales sanitarios adquirir la experiencia y habilidad clínica imprescindibles para un manejo adecuado.
Urge tomar medidas que eviten que el electoralismo, el localismo, y la ausencia de planificación transparente y verificable primen a la hora de tomar decisiones relevantes y estratégicas para nuestro sistema sanitario. Es fundamental que la
administración general del Estado recupere un papel que nunca debió perder a la hora de autorizar y evaluar los proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructuras sanitarias para garantizar la equidad y sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud, avalando su continuidad al margen de vaivenes políticos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas necesarias para que:
1. La construcción de una nueva infraestructura sanitaria del Sistema Nacional de Salud requiera una autorización previa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad.
2. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad garantice que la construcción de una nueva infraestructura sanitaria cuente con un estudio previo que analice la demanda asistencial prevista, las alternativas posibles para
satisfacer dicha demanda, el impacto que la puesta en funcionamiento de dicha infraestructura tendrá sobre la red existente y la viabilidad económica a medio y largo plazo de mantener la infraestructura en funcionamiento.
3. El Gobierno fomentará la máxima transparencia de la planificación sanitaria de manera que dicho estudio deberá ser publicado en la página web del Ministerio.
4. Se establezcan los mecanismos necesarios de coordinación entre comunidades autónomas para que la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias se realice de forma armónica y pueda repercutir en una mejora de la atención sanitaria de
los ciudadanos que viven en comunidades limítrofes a aquella en la que se produzca la inversión. Para ello, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad promoverá la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructuras Sanitarias dentro
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/001647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Centro de Referencia estatal para personas con graves Discapacidades Neurológicas 'Stephen Hawking' de Langreo, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Los Centros de Referencia Estatal (CRE) son dispositivos de servicios sociales creados con el fin de promover en todos los territorios de las Comunidades y Ciudades Autónomas en que se articula el Estado español la innovación y mejora de la
calidad de los recursos dirigidos a un sector determinado de personas en situación de dependencia.
Con este criterio se ha construido en Langreo, Asturias, el Centro de referencia para la discapacidad para enfermedades neurológicas graves, especialmente con lesiones medulares y esclerosis lateral amniotrófica.
Para su puesta en marcha se firmó, en su día, un Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (hoy competente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad), el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Langreo.
Con fecha 15 de diciembre de 2011 se decide la firma de una prórroga de la vigencia del acuerdo hasta finales de 2013.
Los retrasos acumulados hacen inviable su correcto funcionamiento en el plazo previsto. Es necesario completar la dotación de equipamiento de materiales y recursos humanos que permitan a este centro cumplir la función para la que fue
creado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo la prórroga del Acuerdo Marco de Colaboración con objeto de culminar la puesta en marcha del CRN 'Stephen Hawking', en Langreo.
2. Completar la dotación de equipamiento de materiales y recursos humanos que permitan a este centro cumplir la función para la que fue creado, es decir, servicios dirigidos al fomento y desarrollo de estudios e investigaciones, a la
formación especializada, a la difusión de información y conocimientos, así como a la atención de personas con daño cerebral sobrevenido y esclerosis lateral amiotrófica.
3. Elaborar un plan de gestión como Centro de Referencia Estatal para enfermos de ELA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2013.-María Luisa Carcedo Roces y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/001641
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de intensificar las actuaciones económicas, políticas y sociales para combatir la violencia de género.
Exposición de motivos
En el reciente informe presentado por el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial, se incluyen datos estadísticos que indican que las denuncias por violencia de género se han reducido en un
10%, así como datos que demuestran que ha aumentado la retirada de denuncias.
En dicho informe, se identifica el factor de la dependencia económica de las mujeres como el principal a la hora de decidirse a poner fin a un calvario de violencia, y procurase un futuro para ellas y también para sus hijos. La dependencia
económica es un muro demasiado alto para muchas mujeres víctimas de violencia de género que les paraliza a la hora de terminar con un círculo infernal.
Estos datos y otras consideraciones aportadas por el Observatorio, se pueden verificar en la realidad cotidiana que gestionan muchas asociaciones que se ocupan de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Mujeres condenadas
a convivir con su maltratador por falta de alternativas y protección.
Aunque desde la Secretaria de Estado de Igualdad se asegura que la dependencia económica se trata de paliar con recursos asistenciales, lo cierto es que se han reducido, sobre todo en lo que respecta a prestaciones económicas, y en otros
muchos casos se han eliminado.
Sigue existiendo una deficiente atención a las mujeres en situación de violencia de género que acuden a las dependencias policiales a presentar una denuncia. Nos constan incluso casos como el de la comisaría de Lugo que han eliminado el
servicio 'especializado' y que lo han reinstaurado debido a las iniciativas parlamentarias registradas por el BNG y las denuncias sociales y políticas realizadas en la ciudad lucense.
El artículo 31 de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas contra la violencia de género, es claro en este sentido: ordena al Gobierno establecer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención de la
violencia de género y en el control de las medidas judiciales adoptadas.
En este mismo artículo se indica, además, toda una serie de funciones, que han de contar con el protocolo correspondiente, destinadas a incidir en las actuaciones de colaboración necesarias entre los diferentes cuerpos de seguridad. Del
mismo modo, el artículo 32 indica que los poderes públicos han de elaborar los planes de colaboración que con el mismo objeto de prevención y atención a estas mujeres se han de [levar a cabo entre los cuerpos de seguridad y otras administraciones
como Sanidad, Justicia, Educación y Servicios Sociales.
La lucha contra la lacra de la violencia de género no permite treguas ni paralizaciones. Sin embargo, a la luz de los hechos, mucho nos tememos que se hayan relajados esfuerzos para combatirla. Esfuerzos que, por cierto, nunca han sido
suficientes pero han servido para concienciar y hacer ver que la violencia contra las mujeres no tiene justificación alguna y debe ser denunciada.
El BNG siempre se ha mostrado contrario a los recortes en materia social, educativa y sanitaria porque está demostrado que son políticas que cargan contra los más débiles, los más desprotegidos y desamparados de la cadena social. Es lo que
está sucediendo con las mujeres maltratadas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Intensificar las actuaciones políticas, económicas y sociales destinadas a combatir la violencia de género, de modo que se garanticen:
- Recursos asistenciales suficientes para atender las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos, tanto desde el ámbito de la asistencia sanitaria, de los servicios sociales y educativos. En ese sentido,
aprobar la dotación financiera necesaria a transferir a las CC.AA. a fin de reforzar las medidas para luchar contra esta lacra social.
- Prestaciones económicas destinadas a facilitar la emancipación económica de las mujeres maltratadas y que les permitan reiniciar sus vidas.
- Establecer unidades especializadas en la atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en todas las comisarías, a fin de que se ofrezca una adecuada atención a las mujeres que denuncien.
- Coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y la administración de Justicia con el objetivo de actuar en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres, y en el cumplimiento
de las medidas acordadas por los órganos judiciales, así como en el resto de administraciones implicadas en este problema social.
- Campañas de información y formación destinadas a concienciar socialmente contra la violencia de género y a extender la implicación social ante el conocimiento de este tipo de casos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para consensuar una normativa única respecto al uso de la bicicleta en ciudad para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Actualmente la reforma del Reglamento General de Circulación se encuentra en proceso de borrador y envuelto en polémicas con el colectivo ciclista, entre otras por la obligatoriedad del uso del casco en ciudad. El actual Reglamento General
de Circulación apenas recoge unas pocas normas sobre bicicletas mientras los ayuntamientos mantienen diferentes ordenanzas creando confusión entre ciclistas y conductores cuando cambian de municipio. De hecho, de acuerdo al 'Informe sobre el uso de
la bicicleta en vías urbanas' de la Fundación CEA (Comisariado Europeo del Automóvil): 'Un ejemplo de las discrepancias existentes entre varias ciudades y la misma Dirección General de Tráfico es una ordenanza del Ayuntamiento de Valencia, que
prohíbe circular por la acera a las bicicletas. Sin embargo la DGT, en el Reglamento General de Circulación, permite su uso siempre que el pavimento tenga 3 metros o más de ancho. En el lado opuesto a la ordenanza valenciana encontramos Barcelona
donde, siguiendo la línea marcada por la DGT, permite la circulación de las bicicletas en las aceras anchas cuando no haya una aglomeración que pueda generar peligro. Por otra parte, al igual que ocurre en otros ámbitos, no existen tarifas únicas
para las sanciones, lo que conlleva una discriminación a los ciudadanos que cometen la misma infracción en dos municipios distintos'.
En el mismo informe se recoge una encuesta realizada entre conductores del club que revela que el 92,83% no conoce las normas de circulación para la bicicleta y un 97,91% reclama más campañas informativas al respecto.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las modificaciones legales necesarias para consensuar en colaboración con los ayuntamientos y los colectivos de ciclistas una normativa única respecto al uso de la bicicleta en ciudad aplicable en todos los municipios.
2. Retirar de la reforma del Reglamento General de Circulación el uso obligatorio del casco en ciudad para los ciclistas.
3. Desarrollar campañas informativas sobre las normas de circulación de la bicicleta destinadas a conductores, peatones y ciclistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/001644
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Dirección Electrónica Vial, para
su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Ley 18/2009, de 23 de noviembre, de reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y seguridad vial, introdujo en su artículo 59 bis la figura de la Dirección Electrónica Vial (DEV).
De forma inicial, la Dirección Electrónica Vial tenía como objetivo básico ser un sistema alternativo de notificación en los procedimientos sancionadores de tráfico, demanda que venían reclamando especialmente sectores profesionales del
automóvil. Pero, junto a esta pretensión inicial, el apartado 6 del citado artículo 59 bis también señala que en la DEV se practicarán los avisos e incidencias relacionadas con las autorizaciones administrativas para conducir y para circular, y
este es un aspecto importante que es necesario potenciar.
La Dirección General de Tráfico se relaciona de forma habitual con conductores y/o titulares de vehículos más allá de las notificaciones de las sanciones. A los ciudadanos les interesa saber cuándo les caduca su permiso de conducir, o la
ITV o el seguro de su vehículo, cuántos puntos tienen de saldo, conocer la situación registral de su vehículo, o saber las últimas novedades en materia de legislación de tráfico o de seguridad en los automóviles. El canal de relación ya está
diseñado y en funcionamiento, y es necesario potenciarlo para que sea la vía preferente de comunicación, acorde con la sociedad en la que vivimos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar en la Dirección Electrónica Vial servicios para comunicar mejor a las personas físicas y jurídicas aspectos importantes relacionados con los permisos de conducir o con los
vehículos de los que son titulares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre Plan de Gestión de la
Velocidad, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El exceso de velocidad y/o la velocidad inadecuada (lo que los expertos denominan speeding) es quizás el problema endémico más grave, junto con la falta de una cultura vial, que todavía subyace en el sistema de tráfico en España.
Nadie duda que la velocidad se ha convertido en un problema social muy extendido ya que, normalmente, al menos el 50% de los conductores supera los límites de velocidad legalmente establecidos.
Más allá de estas consideraciones, es un hecho irrefutable la presencia de la velocidad como factor determinante y/o concurrente en los accidentes de tráfico con víctimas, así como su papel de potenciador del riesgo de accidente y, sobre
todo, de sus consecuencias. O dicho de otra forma, al aumentar la velocidad, llegando a ser 'inadecuada', se incrementa el riesgo de accidente a la vez que crece la probabilidad de que las lesiones derivadas del accidente sean graves o muy graves.
En España, los datos relativos a la siniestralidad vial derivada de la velocidad son suficientemente esclarecedores y ponen de manifiesto la necesidad de actuar para reducir la presencia de este factor determinante y/o concurrente en los
accidentes de tráfico. Así lo acreditan los hechos siguientes:
- En 2011, el 15 % de los vehículos que circularon por vías secundarias lo hicieron con, al menos, 10 km/h de exceso de velocidad sobre el máximo permitido; por su parte, en el 23 % de los accidentes con víctimas se identificó la velocidad
inadecuada como factor determinante y/o concurrente.
- Anualmente, por término medio, desde 1999, al menos 1 de cada 5 accidentes con víctimas se debe a una infracción de velocidad siendo precisamente la velocidad inadecuada la infracción más frecuente (el 82 %) de las relacionadas con este
factor.
Teniendo en cuenta estas evidencias, así como la mencionada escasa percepción del riesgo que supone el exceso de velocidad por parte de los conductores, no es de extrañar el impacto positivo que la entrada en vigor del carné por puntos, la
reforma del Código Penal, la puesta en marcha de un ambicioso plan de radares y la reforma de la Ley de Seguridad Vial han tenido sobre la seguridad vial en España y, en particular, sobre la presencia de la velocidad en los registros de
siniestralidad.
Sin embargo, una política de seguridad vial que busque la mejora continua de los resultados, sobre la base del desarrollo de un sistema seguro de circulación, no puede construirse exclusivamente sobre acciones coercitivas que, si bien
resultan necesarias para generar resultados en el corto plazo, pierden progresivamente eficacia con el tiempo.
Resulta importante, en consecuencia, complementarlas con otras de carácter técnico relacionadas con la priorización de las vías, básicamente en función del tipo de tráfico, y con la definición de nuevos límites de velocidad acordes con el
resultado de dicha priorización. También con otras acciones formativas, como las vinculadas a la obtención del permiso de conducir, cursos de recuperación de puntos y educación vial, e informativas, a través de campañas divulgativas, de
sensibilización, etc.
En síntesis, no es suficiente revisar los límites de velocidad y ampliar el desarrollo normativo, buscando exclusivamente por medio de la sanción la implantación de la estrategia, para influir de manera sostenida en la conducta de los
usuarios de la vía (principalmente, sobre los conductores de los vehículos a motor).
Es imprescindible, además, definir e implantar, de manera eficiente y eficaz, un verdadero Plan de Gestión de la Velocidad que, enmarcado dentro del llamado 'Sistema Seguro de Circulación', combine de manera equilibrada una serie de medidas
dirigidas a conseguir que los vehículos circulen siempre a una velocidad eficiente y segura, adecuada al tipo de vía; entendiendo por velocidad adecuada un nivel de velocidad que tiene en cuenta la seguridad vial como objetivo principal, dentro de
un contexto de movilidad sostenible, y considerando las condiciones del entorno que prevalecen en cada momento.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y presentar un Plan de Gestión de la Velocidad que logre el máximo equilibrio entre las diferentes medidas a aplicar y que englobe, al menos, los siguientes elementos:
- Medidas específicas de educación e información orientadas a los usuarios y a los responsables, directos e indirectos, de las estrategias de seguridad vial.
- Definición de la velocidad adecuada para cada tipo de vía, sobre la base del riesgo de accidente en función de la carretera (tipo, trazado, arcenes, etc.), de la concurrencia de factores externos agravantes (falta de alumbrado por la
noche, lluvia, etc.), de la presencia de usuarios vulnerables y de la composición del tráfico.
- Mejoras en las infraestructuras, orientadas a conseguir vías más seguras.
- Revisión de la normativa actual referente al control y a la sanción de las infracciones por velocidad excesiva y/o inadecuada, con el fin de mejorar su eficacia, adaptarla a los nuevos criterios surgidos del plan de gestión de la velocidad
e integrar la labor de vigilancia preventiva imprescindible y de control, que realizan los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y diferentes Cuerpos de Seguridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la difusión de estereotipos vejatorios hacia el colectivo de las personas aquejadas de disfemia, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En mayo de 2006 se firmó un acuerdo entre la Fundación Española de Tartamudez y las radios y televisiones públicas, exactamente con RTVE y FORTA, que tenía como objetivo evitar la difusión de imitaciones de tartamudos o gangosos con fines
humorísticos, en todas sus programaciones y emisiones.
Al objeto de profundizar en ese objetivo, que no deja de ser el de conseguir que se vea a las personas aquejadas de distemia como una persona a la que hay que respetar como a cualquier otra,
El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar la iniciativa para conseguir que las radios y televisiones privadas de nuestro país subscriban un acuerdo, con un contenido similar al que llegaron los organismos públicos del mismo
sector, en mayo de 2006, al objeto de evitar en sus programaciones y emisiones la difusión de estereotipos vejatorios o despreciativos hacia el colectivo de personas que tartamudean.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2013.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Justicia
181/000930
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Cuándo piensa el Gobierno desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Interior
181/000929
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Cuándo piensa el Gobierno desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Economía y Competitividad
181/000931
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Cuándo piensa e! Gobierno desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/000927
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Cuándo piensa el Gobierno desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
181/000940
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
¿Cuál es la cifra y cómo se ha calculado el ahorro anual que resultaría de las propuestas que limitan el número de los cargos electos y asesores que podrán percibir retribución por su dedicación exclusiva, según el Anteproyecto de Ley para
la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.
181/000941
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
¿Cómo se ha calculado el ahorro anunciado por el Ministerio que resultará de la eliminación de competencias a los Ayuntamientos, prevista en el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.
181/000942
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
¿Cuántos alcaldes cobran una retribución por dedicación exclusiva en la actualidad en los Ayuntamientos españoles, desglosado su número según los niveles de la tabla poblacional que figura en la Disposición Adicional 3.ª del Anteproyecto de
Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.
181/000943
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
¿Cuántos asesores disponen en la actualidad los Ayuntamientos como personal eventual, desglosados por cada uno de los niveles de la escala poblacional que se incluye en la Disposición Adicional Novena del Anteproyecto de Ley para la
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que a su vez establece una limitación de asesores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.
181/000944
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
¿Cuál es la cuantía media de la retribución que por dedicación exclusiva cobran en la actualidad los Alcaldes y Alcaldesas de los Ayuntamientos españoles en cada uno de los niveles de la tabla poblacional que figura en la Disposición
Adicional Tercera del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2013.-Odón Elorza González, Diputados.
181/000945
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
¿A la vista del objetivo que ha señalado el Ministerio y a efectos comparativos, cuántos concejales cobran en la actualidad una retribución por dedicación exclusiva en los Ayuntamientos españoles, desglosado su número para cada uno de los
niveles de población que figura en la Disposición Adicional Decima del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000933
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Meijón Couselo
Texto:
¿Se ha procedido a la entrega por parte de la empresa Sociedad de Estudios del Territorio e Ingeniería, S.A., del proyecto constructivo de la nueva 'Estación de Viajeros de Chapela', en el término municipal de Redondela, en Pontevedra? De
ser así, ¿en qué fecha? En caso contrario, ¿cuáles son las causas del retraso en la entrega? ¿serían causas atribuibles a la empresa o al Gobierno?, ¿cuál es el calendario previsto para la entrega definitiva del proyecto por parte de la empresa?
Asimismo, ¿ha renunciado el Gobierno a la construcción de dicha Estación, correspondiente al nuevo trazado férreo del Eje Atlántico? De no ser así, ¿cuál es la situación actual de esta actuación?, ¿qué calendario y qué presupuesto maneja el
gobierno para las distintas fases hasta su total finalización?, ¿a qué partidas presupuestarias se aplicará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2013.-Guillermo Meijon Couselo, Diputado.
181/000937
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Qué planes tiene el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, para poner las viviendas de protección vacías a disposición de las familias desahuciadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/000939
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Tiene la Administración del Estado datos acerca del número de viviendas protegidas vacías en estos momentos, incluyendo sus características, localización y estatus administrativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputados.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000928
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Cuándo piensa el Gobierno desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
181/000935
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña Pilar Lucio Carrasco
Texto:
¿Cuando tiene previsto la Ministra convocar el Consejo del Trabajo Autónomo? ¿Ha realizado alguna consulta a dicho órgano consultivo? ¿Sobre qué materias? ¿Cuál es el plan de trabajo previsto por el gobierno respecto de este consejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2013.-Pilar Lucio Carrasco, Diputada.
181/000938
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Qué cambios piensa introducir el Gobierno en materia de jubilación y pensiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000932
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Qué cuantía estima el Gobierno que adeudará el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en impagos a proyectos en marcha al final del ejercicio 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000934
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputado don Luis Tudanca Fernández
Texto:
¿Cómo evalúa el Gobierno los recortes en Sanidad que ha realizado en el último año, y, en particular, las consecuencias en la atención sanitaria a los inmigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000936
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputada doña María Virtudes Monteserín Rodríguez
Texto:
El Ministro de Asuntos Exteriores anunció el pasado 22 de abril la necesidad de otorgar más ayudas a los refugiados sirios. Al objeto de determinar el alcance del mencionado anuncio político y dadas las necesidades que diversas
organizaciones han puesto de relieve en relación a las condiciones en las que se desarrolla dicho trabajo en los diferentes campamentos de refugiados sirios habilitados a tal efecto.
¿Cuáles han sido las aportaciones concretas que España ha realizado para apoyar las necesidades humanitarias de la población desplazada como consecuencia del conflicto sirio en los diferentes campos de refugiados, a lo largo del ejercicio
2012 y en el periodo transcurrido de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.-María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/000926
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputado don Antonio Cantó García del Moral
Texto:
¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno para crear un Plan integral de apoyo a la conciliación familiar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS
E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000153
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad
Autor: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 6851/2010 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el apartado cinco del artículo 5 -en cuanto da nueva redacción al artículo
3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales-, la disposición transitoria cuarta y la disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Sala Segunda del Tribunal, compuesta por don Ramón Rodríguez Arribas, Presidente; don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y doña Encarnación
Roca Trías, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6851-2010 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el apartado cinco del art. 5 -en cuanto da nueva redacción al art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
sobre colegios profesionales-, la Disposición transitoria cuarta y la Disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado D. Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 22 de abril de 2013.
233/000087
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad
Autor: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por dicho Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3296/2011, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia respecto del artículo
64.4 a) de la Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008, por posible vulneración de los artículos 36 y 149.1.1.ª y 18.ª de la Constitución española.
Acuerdo:
Tornar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Ramón Rodríguez Arribas, presidente; don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y
doña Encarnación Roca Trías, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3296-2011, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia respecto del artículo 64.4 a) de la Ley 16/2007, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008, por posible vulneración de los arts. 36 y 149.1.1.ª y 18.ª de la CE. Han comparecido y formulado alegaciones el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado,
así como la Xunta y el Parlamento de Galicia a través de sus representantes legales. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, por tanto, declarar inconstitucional y nulo el inciso 'que tengan centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus actividades en el ámbito territorial de la delegación de
la Conselleria de Economía y Hacienda correspondiente' del art. 64.4 a) de la Ley 16/2007 de Presupuestos Generales de Galicia para el año 2008.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 22 de abril de 2013.
233/000088
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad
Autor: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por dicho Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 4596/2011, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el artículo 2 de la Ley de
Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de
los artículos 149.1.6 y 149.1.18 de la Constitución española en relación con los artículos 9.3, 24.1, 106.1, 11.7 y 118 de la Constitución española.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Ramón Rodríguez Arribas, presidente; don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Herrando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y
doña Encarnación Roca Trías, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4596/2011, promovida por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que
se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts. 149,1.6 y 149.1.18 CE en relación
con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 CE. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Parlamento y el Gobierno de Cantabria, así corno el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Pérez de los Cobos
Orihuel, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1.° Estimar parcialmente la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes apartados de la disposición adicional sexta de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, introducida por el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril:
a) Del párrafo quinto del apartado 4.º, tan sólo en cuanto se refiere a los procesos de ejecución de resoluciones judiciales.
b) Del apartado 5.° en su totalidad.
2.° Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 22 de abril de 2013.